Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 27



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Abril de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (13:14 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 106 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 28 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del  día jueves veintitrés de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiuno de abril de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, informe de su participación en la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada el 15 de abril de 205, en San Juan, Puerto Rico.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, la presentación del libro “América del Norte: retos y oportunidades en el siglo XXI” y el beneplácito de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte por la flexibilización del gobierno de Canadá respecto al requisito de visa para mexicanos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, por la que solicita se reactiven los trabajos legislativos sobre el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibida en el Senado el 12 de marzo de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría, remitido por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, relativo al Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014.- Fue aprobado en votación económica. Se turnó a la Auditoría Superior de la Federación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a los acontecimientos que se están presentando en el Valle de San Quintín, ubicado en el municipio de Ensenada en Baja California, con el fin de vigilar el estricto respeto de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda  y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales  y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche humana.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a cinco dictámenes:

1) Delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco” (AMP 02), a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) de la Armada  de México, efectúe el crucero de instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, que se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015 en las costas de San Diego, California, Estados Unidos de América.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, que se realizará del 15 al 24 de junio de 2015, en las costas de Belice.

5) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVI”, que se realizará en el mes de octubre de 2015, en las costas de Chile.

Los cinco dictámenes quedaron de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, para presentar los dictámenes intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del PAN. Los cinco dictámenes fueron aprobados por 88 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 225 y adicionar un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para modificar la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.

3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cáncer infantil.

4) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar la fracción XVI Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de diabetes infantil.

5) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de Salud.

Sin discusión, los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado en que se encuentran los zoológicos y los centros para la conservación e investigación de la vida silvestre y sobre los estudios o prospecciones realizados para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto del 9 de enero de 2015, sobre la capacidad para albergar a más ejemplares de vida silvestre.

2) Que exhorta a diversas secretarías de estado a evaluar el costo y beneficio del “Proyecto Zonarida".

3) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre el estado de los procedimientos que se siguen en contra del proyecto Dragon Mart, en el estado de Quintana Roo.

4) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir información sobre la importancia de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

5) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir información sobre la importancia de brindar un trato digno y respetuoso a la fauna silvestre.

6) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos de manejo especial y peligroso, en particular los residuos de pilas.

7) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir la elaboración, publicación e implementación del Plan de Manejo para los Televisores Analógicos Desechados, producto de la transición a la televisión digital terrestre.

8) Que exhorta a la Secretaría de Economía a solicitar la realización del análisis de la aplicación, los efectos y la observación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, sobre residuos de manejo especial.

Sin discusión, los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a difundir la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes” presentada el 23 de enero de 2015; asimismo, exhorta a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Javier Corral  Jurado del PAN. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; Jesús Casillas Romero del PRI, a favor; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de  las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre de las comisiones. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general, intervino el Senador David Monreal Ávila del PT, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya se insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya se insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que  la Cámara de Diputados hizo llegar una fe de erratas, consistente en la incorporación de la frase “de esta ley”, para que los artículos que   se mencionan queden plenamente identificados como de la ley de la materia. La Asamblea autorizó su incorporación al dictamen, para su discusión. Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de las comisiones. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”.- Para presentar el dictamen, intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre de las comisiones. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros se insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman el inciso c, fracción I del artículo 5; la fracción III del artículo 9; y la fracción VII del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra las Senadoras: Margarita Flores Sánchez del PRI, a favor; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 99 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras entregaron una adecuación al proyecto de Decreto para poner el nombre correcto del Acuerdo que se señala en el artículo segundo transitorio, la discusión del proyecto se realizó con dicha adecuación. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de Planeación.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 98 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora María Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

La Presidencia informó de la autorización de la Mesa Directiva del retiro de los siguientes asuntos:

1) Del proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Producción Orgánica, de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presentado el 12 de febrero de 2013.

2) Del proyecto de Decreto para modificar el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del Senador Luis Armando Melgar, presentado el 20 de noviembre 20 de 2013.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con aval de Grupo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Bienes Nacionales.-Se turnóa las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear el derecho al ingreso básico ciudadano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención médica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Reglamento del Senado, para favorecer la armonización entre la denominación y la naturaleza de las normas que emanan del Poder Legislativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de pago por generación de agua limpia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular, para establecer la placa vehicular única.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez a nombre propio y de Senadores de los Grupos Parlamentarios, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Síndrome de Down.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de centros de alojamiento para familiares de personas con enfermedades crónico degenerativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación y se adiciona una fracción al artículo 69 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de acoso escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 100, párrafo 9º, y 123, inciso b), fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II recorriéndose las subsecuentes del artículo 61 y se reforma el párrafo primero y adicionan un párrafo segundo  y tercero del artículo 62, ambos de la Ley General de Salud, en materia de salud materna perinatal para la prevención de la preeclampsia/eclampsia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 329 bis y se adiciona la fracción VII al artículo 338 de la Ley General de Salud, en materia de identificación de donadores de órganos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de inglés y computación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras y los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Roberto Albores Gleason, Víctor Salinas Balam y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 25 y se reforma la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de embarazo y lactancia en mujeres indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de becas contra el abandono escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 50 y se adiciona un nuevo artículo 70 TER a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 39 bis y 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes a informar el estatus presupuestario y jurídico de las obras compensatorias y de modernización en el Puerto de Manzanillo, Colima.-  Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que explique las razones por las que los programas sociales que dirige han tenido fines distintos para los cuales fueron creados.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la roya naranja.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a remitir un informe con relación a las denuncias hechas por la ciudadana Freda Berenice Cárdenas de la Fuente, agente del Grupo Beta.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya, a fin de incrementar la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a citar comparecer ante la Cámara de Senadores al titular del Consejo de Vigilancia Deportiva.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal enviar al Senado de la República el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, para su ratificación.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar y fortalecer la producción y comercialización de los cultivos y productos subutilizados en México; asimismo, establecer una campaña de difusión para que el consumidor final conozca de sus beneficios.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte a elaborar un informe respecto al seguimiento del programa “Ponte al 100”.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y sus municipios a que se coordinen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para establecer políticas públicas y acciones con el fin de erradicar la esclavitud laboral infantil.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances y el estatus de la página de internet que debió de elaborarse y desarrollarse para la publicación del informe anual de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático, de Acuerdo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un censo nacional en el cual se informe la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional de la Madre Tierra”, amplíen, impulsen o, en su caso, implementen campañas de información y concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones en contra del Director General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el delegado de la SCT en Sonora y del subsecretario de infraestructura, Raúl Murrieta y, en su caso, determine las responsabilidades e imponga las sanciones a que haya lugar, por la modificación indebida a las bases de licitación por las obras carreteras que beneficiaron a empresarios sonorenses.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Guerrero a establecer el diálogo abierto y responsable con el sindicato de servidores públicos del poder judicial del estado, a fin de atender y resolver sus demandas laborales de manera expedita.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, al Gobernador del estado, a la Procuraduría General de Justicia del mismo, así como al Tribunal Estatal Electoral de Sonora a establecer medidas a fin de prevenir y erradicar cualquier modalidad de violencia política en razón de género en la entidad, garantizando así el ejercicio de los derechos políticos de las candidatas a cualquier cargo de elección popular.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Juan Fernández Sánchez Navarro y María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la Secretaría de la Función Pública por no cumplir con las tareas para las cuales fue designado, particularmente con lo relativo a la investigación instruida sobre las operaciones inmobiliarias de la señora Angélica Rivera de Peña y del Secretario de Hacienda y Crédito Público con la empresa del Grupo Higa.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Economía y de Gobernación a analizar el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, con la finalidad de garantizar la seguridad de este sector.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto y de las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República realice un reconocimiento a artistas intérpretes de música popular mexicana.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incrementar la vigilancia en los puntos de ingreso de mercancías del país, con la finalidad de detectar la introducción de clembuterol; asimismo, se coordine con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dar seguimiento al destinado final del clembuterol y se evite que la sustancia sea utilizada  para la alimentación de ganado.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar e implementar políticas públicas y programas que erradiquen la discriminación laboral indígena en México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones para el buen funcionamiento del fondo minero, con el fin de que los estados y municipios en donde se realiza esta actividad puedan recibir los recursos de manera oportuna.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil y trabajos forzados de niñas y niños.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a rendir un informe respecto de los sectores vulnerables que cuentan con una alta tasa de desempleo en el país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la instalación de un módulo de consulta de la Biblioteca Melchor Ocampo en la nueva sede del Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de diversas secretarías de estado a agilizar la entrega de los recursos presupuestales del Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, Sección México, a enviar un reporte de la entrega y saldos por pagar en cantidad de agua para los años 2010 al 2014.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas acciones respecto de la sustracción y retención ilícitas de menores de dieciséis años de edad de nacionalidad mexicana en el extranjero.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a LICONSA a analizar la viabilidad de incrementar la adquisición de leche de los pequeños y medianos productores del país.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que han obtenido recursos para ejecutar acciones en materia de atención a víctimas, así como los montos de los recursos asignados.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a revisar las condiciones sanitarias en las que se lleva a cabo la venta de productos perecederos y no perecederos de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores para que informe sobre el estado que guardan las concesiones otorgadas a Grupo México para la explotación del agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir un Decreto para la creación de la comisión nacional ejecutiva del suelo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de considerar los recursos presupuestales para la instalación y operación de la misma.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Paludismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diecinueve minutos y citó a la siguiente el martes veintiocho de abril a las once horas.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su participación en la XXIII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Encuentro Parlamentario sobre Transparencia Legislativa, organizados por el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, celebrados el 9 y 10 de abril de 2015, en Panamá.








Dos, de la Comisión de Población y Desarrollo, con las que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio y su programa anual de trabajo 2014-2015.








Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de sus actividades, en su calidad de miembro ante la Unión Interparlamentaria, sobre los trabajos de la “132ª Asamblea de la UIP y reuniones conexas”, celebrada del 27 de marzo al 1 de abril de 2015, en la ciudad de Hanoi, Vietnam.








Y una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo por el que se integra una subcomisión plural que realizará una visita al Valle de San Quintín, Baja California, e informará sobre la situación que atraviesan los jornaleros agrícolas de esa región.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el que remite el informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem al extinto Soldado de Infantería José Elías Hernández Méndez.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de Panamá, Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los turnos de las iniciativas inscritas en la agenda de hoy, y que se remitirán directamente a comisiones.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta de los turnos de iniciativas de este día.

La del Senador Eviel Pérez Magaña, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 20 y 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, 20 Y 20 BIS DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI)

El Senador Eviel Pérez Magaña: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



Iniciativa








La del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de Familia. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ASISTENCIA A MADRES Y PADRES SOLOS JEFES DE FAMILIA

(Presentada por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del PAN)








La del Senador Benjamín Robles Montoya, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS AL MECANISMO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra nación, en la relación entre el gobierno y la sociedad, es la del combate a la corrupción. A pesar de que nuestro país posee un marco jurídico basto este mal siempre logra transgredirlo y continuamente son descubiertos actos que medran de manera significativa la confianza de la sociedad en las instituciones.

En consecuencia hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola, como una conducta derivada de una responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias violando normas legales.1 De modo que, advertimos que esta conducta gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción entorno al ejercicio del poder público.

El propósito de esta iniciativa es el de coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado para combatir la corrupción, es el otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana.

En el ámbito internacional se han llevado a cabo campañas de combate a la corrupción y de la manera en que la ciudadanía se inserta en esta lucha, subrayando dos aspectos que englobarían acertadamente el carácter de estos esfuerzos:

1. El abuso o mal uso del poder por aquéllos servidores públicos que despachan para obtener una ganancia privada.

2. El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, para la obtención de ventajas indebidas, de forma más amplia que mediante simples actos públicos concretos2

Estos dos aspectos, nos permiten notar que el tema de la corrupción no sólo se puede inscribir en la idea de lo que suponemos que es la corrupción, sino que advertimos claramente que estamos hablando de acciones intencionales del mal uso del servicio público ó la desviación deliberada de los recursos públicos para los que estaban destinados3. Esta circunstancia es la que ha dado pie a la elaboración de un sinfín de normas en contra de sobornos, responsabilidades de los servidores públicos en todo el mundo.

Por otro lado el derecho a la participación ciudadana se remite a la idea de explicar la calidad de las democracias en función del equilibrio de fuerzas en su interior, mediante el estricto reconocimiento por parte del Estado de los derechos básicos o fundamentales de las personas. En este sentido el ciudadano puede considerarse como titular de esos derechos esenciales y en consecuencia como ejecutor de los mismos.

En el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos en lo conducente se estipula:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

El derecho a la participación al que se refiere la disposición antes citada tiene que ver con tres manifestaciones:

1) La participación directa en la conducción de los asuntos públicos;

2) El derecho de votar y ser votado y

3) El acceso en condiciones de igualdad a la función pública.4

En este orden de ideas, podríamos enmarcar la participación ciudadana en las siguientes consideraciones:

• La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de derechos y deberes por parte del sujeto titular de los mismos;

• La pertenencia a una comunidad política determinada (normalmente, el Estado-nación)

• La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y cultural) de la comunidad de adscripción a la que se pertenece.5

De tal modo la participación ciudadana implica invariablemente el ejercicio de los derechos fundamentales, es decir, la facultad de los individuos que forman parte de una comunidad política, de intervenir en la toma de decisiones sobre la conducción de los asuntos públicos.

Abonando a lo anterior, podemos señalar que la participación social, refiere un ejercicio encaminado a una convicción política que la persona adquiere y que la impulsa a desear incidir en la manera en que se toman las decisiones en el ámbito político. Este concepto lo encontramos depositado en la fracción V del artículo 3, de la Ley General de Desarrollo, que establece:

Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.

En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras instituciones.

La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros, conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país. La finalidad es la de incorporar acotes sociales a la esfera de lo público como una estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.

Este mecanismo de participación social es un modelo de incidencia institucionalizado que busca, en esencia, posibilitar a los ciudadanos para vigilar de manera constante la gestión de los funcionarios públicos para exigir que los recursos públicos se ejerzan con los fines para los que fueron destinados.

Es importante destacar la este modelo de incidencia participativa es de carácter institucionalizado ya que su ámbito de desarrollo se encuentra determinado por en normas, reglamentos, reglas de operación y manuales.

Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de nuestra iniciativa, ya que, nuestro objetivo es precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General de Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia.

Lo que buscamos es que a partir de la Ley quede más definido el papel de la contraloría social, incluyendo desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas.

Como todos sabemos, existen otros mecanismos de participación ciudadana tendientes al control social de la gestión gubernamental, la Secretaría de la Función Pública reconoce el monitoreo ciudadano, los observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias y el Testigo Social.

Sin embargo, la contraloría social es reconocida como uno de los mecanismos más eficaces para inhibir los actos de corrupción, la discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque su papel no es determinante para garantizar completamente una gestión adecuada de los recursos.

De tal manera, que la contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones.

Este tipo de rendición de cuentas está diseñado para que la incidencia de los ciudadanos no se limite a un interés de llevar a cabo un control social sobre el modo en que las administraciones públicas ejercen el gasto público, sino que busca que los vínculos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos se acrecienten mediante la implementación de mayores dispositivos de incidencia participativa.

El instrumento de participación ciudadana de mérito, surgió en nuestro país como la intención de desarrollar sistemas de atención ciudadana y la creación de comités de beneficiarios a efecto de vigilar los procedimientos de contratación de obras y servicios públicos.6

Esta situación originó que las contralorías sociales se redujeran a simples buzones de quejas, empero a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social creció de manera significativa la creación de comités ciudadanos de control social auspiciados por los programas de desarrollo.

Un ejemplo de la implementación de este mecanismo de rendición de cuentas lo observamos en un análisis realizado por la Universidad de la Sierra del Sur de Oaxaca denominado Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de Miahuatlán de la Región Sierra Sur de Oaxaca, efectuado en el periodo comprendido de octubre de 2011 a septiembre de 2012.7

Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y funcionamiento de la contraloría social desarrollada por las beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo anterior mediante la instalación de comités de promoción comunitaria integrados por vocales con labores de vigilancia, nutrición, salud y educación cuyo trabajo fue el de conformar vínculos entre las beneficiarias del citado programa a efecto de canalizar y darle cause a sus peticiones y sugerencias.

La herramienta analítica arrojó datos que conformaron informes estadísticos que permitieron determinar, entre otras cosas, las condiciones socioeconómicas de la población del Distrito de referencia. Los resultados finales del estudio advirtieron que existen aún áreas de oportunidad en razón de mejorar los procedimientos de focalización de los beneficiarios, así como los mecanismos de quejas y denuncias.

El análisis también concluye que el resultado de la implementación del programa Oportunidades en la región de estudio ha sido mínimo al señalar que todavía el 84.5% del Distrito oaxaqueño continua viviendo en condiciones de pobreza, aun cuando el programa está cubriendo a una población del 78% de la familias del Distrito de Miahuatlán de la Sierra Sur.8

En este orden de ideas, el proyecto en cita valoró en la práctica la actuación de los vocales de vigilancia, nutrición, salud y educación a través del resto de los beneficiados del programa Oportunidades, ya que se planteó la necesidad de comprobar que los recursos estaban destinándose a las personas que más lo requerían y que los sistemas de quejas y denuncias estuvieran funcionando adecuadamente. Lo anterior en virtud de que se sabía, sin conocimiento pleno, que había denuncias hacia médicos, enfermeras, enlaces municipales y los propios vocales.

Lo antes expuesto resulta relevante ya que nos da la pauta para reconocer que hay mucho trabajo por realizar en relación a la participación de los ciudadanos en el control y vigilancia de los programas sociales, sobre todo, en la manera en que estos se deben involucrar en la contraloría social para hacer más efectiva su incidencia y lograr con esto, que la participación ciudadana impacte de manera determinante en las políticas públicas.

Por lo que hace a la norma, la Ley General de Desarrollo Social establece en su Capítulo VIII. De la Contraloría Social las disposiciones por las que se establece el mecanismo de rendición de cuentas, las citamos a continuación para pronta referencia:

Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 

Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones; 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación; 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos; 

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y 

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.

Advertimos que las disposiciones se enmarcan de manera general, por lo que sostenemos que podríamos precisar los preceptos a efecto de delinear de una mejor manera las atribuciones del mecanismo y también las responsabilidades de los funcionarios que incurran en una falta para los fines de la Contraloría, así como la inclusión en la norma secundaria de la previsiones que deben tenerse a fin de integrar a las comunidades indígenas en los mecanismo de control y evaluación de los programas sociales contemplando los recursos necesarios para que la autoridad les brinde la asesoría necesaria acorde a sus formas internas de convivencia y organización, sus propios sistemas normativos, sus lenguas y cultura, que no están contemplados de manera explícita, para que su participación dentro de las contralorías sea incluyente y efectiva.

En este orden de ideas, el 11 de abril de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social que tienen por objeto el de establecer las bases para el funcionamiento del mecanismo de rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 69.- Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

La Contraloría Social que verifique el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas, contará con los recursos necesarios que el Gobierno Federal determine para su debida organización y funcionamiento; incorporando, a su vez, el principio de libre determinación y autonomía dispuesto en la fracción VIII del artículo 1º de esta Ley.

Los servidores públicos que nieguen a facilitar el acceso a los integrantes de las comunidades indígenas, así como a la información necesaria para el debido funcionamiento de la Contraloría Social, será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a la normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 N.S. Nye, “Corruption and Political Development,” American Political Science Review, vol. 6, no. 2, 1967.

2 5 Indira Carr y OpiOuthwaite, “Surveying Corruption in International Business,” The Manchester Journal of International Economic Law, vol. 5, no. 2, 2008.

3 Hans Holmén “NGOs and Corruption- who’s values count,” documento de trabajopresentado en el taller Civil Society Organizations Fighting Corruption: Theory and Practice enjulio de 2012, en la Universidad de Surrey, ReinoUnido.

4 Pacto de San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió al Pacto el 2 de marzo 1981 y es derecho nacional vigente desde el 24 de marzo del mismo año.

5 Ángel Sermeño “Ciudadanía y teoría democrática,” en Metapolítica, número 33, volumen 8, enero-febrero de 2004.

6 Rendición de cuentas social en México Evaluación y control desde la sociedad civil. COORDINACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL, Gobierno del Estado de Oaxaca.

7 Moyado, Flores, Socorro, “Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios de la Sierra Sur de Oaxaca”, Universidad de la Sierra Sur  UNSIS). www.unsis.edu.mx

8 SEDESOL 2011.






La de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vale por el primer empleo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VALE POR EL PRIMER EMPLEO

(Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VALE POR EL PRIMER EMPLEO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los jóvenes por su condición humana particular, representan un potencial que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad. No obstante, el desempleo es un grave problema que aqueja a la población económicamente activa del país, y un problema al que se enfrentará la población joven que se encuentra próxima a concluir sus estudios y buscar integrarse formalmente al sector laboral nacional; los jóvenes al igual que otros sectores de la población, sufren la precarización que se ha presentado desde hace varios años en la oferta laboral, las condiciones de trabajo del país, bajos niveles salariales y cada vez menos prestaciones sociales, entre otras.

Así, los jóvenes mexicanos tienden a insertarse en un mercado laboral que por lo general les ofrece condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales, por ello el Partido Verde propone impulsar mecanismos que les permitan su adecuada inserción, haciéndolos más competitivos y con mejores expectativas laborales. Derivado de esta situación, pretendemos impulsar la entrega del VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, con el objetivo de premiar su esfuerzo y desempeño en el sector económico del país, generando un escenario positivo en el cual las empresas o los sectores productivos nacionales brinden a nuestros jóvenes la oportunidad de insertarse en el mercado laboral formal bajo esquemas que incluso permitan a las empresas incentivos fiscales por ello.

La población de México se encuentra en pleno proceso de transición demográfica: su volumen, dinámica y estructura han sufrido profundos cambios. La relevancia de las y los jóvenes dentro del contexto nacional, radica no solamente en su importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares.

La atención a la juventud debe ser integral, se deben impulsar acciones que tengan que ver con educación, empleo, justicia, salud, deporte, recreación, cultura, medio ambiente y participación política, así como en la definición de las estrategias en la vida pública que definirán el futuro de nuestro país.

En México, la proporción de la población joven con respecto al total de la misma, disminuyó de 29.4 a 26.3 por ciento. Lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes. Se estima que para el año 2022, su tasa de crecimiento anual sea negativa (-0.03% respecto a 2021) y su monto vaya disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050.

De conformidad con estudios del INEGI, en cuanto a su estructura por edad y sexo, del número de jóvenes estimados en 2014, 35.6% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (33.7%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada diez (30.7%) tienen entre 25 y 29 años de edad. Los adolescentes son el único grupo quinquenal de esta población que cuenta con un mayor número de hombres que de mujeres. De hecho, a partir de los 20 años la relación de hombres-mujeres es menor de cien y su tendencia se mantiene más o menos estable (aproximadamente 90 hombres por cada cien mujeres), lo que obedece a un efecto acumulativo y constante de la sobre mortalidad masculina, la cual se da en todas las edades, pero en el grupo de jóvenes resulta ser un rasgo distintivo.

Otro aspecto que influye en la composición por sexo es la migración, la cual tiene un efecto dual en la medida que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, sobre todo cuando los cambios de residencia se dan al interior del país, pero en la población joven, la migración internacional es predominantemente masculina.

Ante este escenario y el importante potencial laboral que representa la población joven del país, resulta preocupante que el Gobierno Federal reporte que en México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 fue del 8.4%, un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen el mayor nivel de desocupación.

Además, se reconoce que uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. Del mismo modo se ha aceptado que aún y cuando los jóvenes se encuentren ocupados en un empleo formal, los bajos salarios que perciben les obligan a sub-ocuparse en otras actividades e ingresar al mercado informal.

Esto ubica a la población joven del país en un estado de vulnerabilidad, el cual continua presente una vez que consiguen obtener un empleo, ya que en dichos casos reciben un menor ingreso por su trabajo; datos del INEGI al 2014 determinan que la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 17.7%; uno de cada tres (32.2%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (17.1%) no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 67% de la población joven que se ocupa de manera informal.

De esta forma, los jóvenes mexicanos se insertan en un mercado laboral que, por lo general, les ofrece condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales, por ello el Partido Verde propone impulsar mecanismos que permitan a los jóvenes su adecuada inclusión, haciéndolos más competitivos y con mejores expectativas laborales, por lo que se impulsará la entrega del VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, con el objetivo de impulsar su esfuerzo y desempeño en sector económico del país.

Cabe señalar que el VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, únicamente representará un incentivo para que los jóvenes tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, pero los patrones mantendrán la libertad de emplear al personal que mejor les convenga, cumpliendo el orden de preferencia que, en igualdad de circunstancias, opera de conformidad con el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo vigente, que establece lo siguiente:

“Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida.”

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VALE POR EL PRIMER EMPLEO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 154.

El Servicio de Administración Tributaria entregará un vale por el primer empleo a los jóvenes que, conforme a la legislación fiscal vigente, soliciten su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Los patrones que emplean jóvenes como primer empleo formal, al momento de llevar a cabo la contratación, recibirán del empleado el vale por el primer empleo, el cual será un recibo deducible de impuestos por un monto de 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio fiscal correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir las disposiciones administrativas necesarias para reglamentar la entrega del vale por el primer empleo a los jóvenes que soliciten su inscripción al registro federal de contribuyentes, así como la manera en que los patrones podrán acreditarlo contra los impuestos a su cargo.

TERCERO.- Para efectos del presente Decreto, se considerarán jóvenes todas aquellas personas en edad laboral, de conformidad con la legislación vigente, y hasta antes de cumplir 30 años.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.






La de las Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI)

SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ Y MELY ROMERO CELIS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, Y EL TERCER PARRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El Informe mundial sobre la violencia y la salud y la Consulta de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevención del abuso infantil distinguen cuatro tipos de maltrato infantil: abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales y psicológicos, desatención, Así mismo menciona:

Abuso físico

El abuso físico de un niño puede definirse como el uso deliberado de la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Se incluyen en este concepto los golpes, palizas, patadas, zarandeos, mordiscos, estrangulamientos, abrasamientos, quemaduras, envenenamientos y asfixia. Gran parte de la violencia infantil en el hogar responde al propósito de castigar al niño.

Abusos sexuales

El abuso sexual puede definirse como la participación de un niño en actividades sexuales que no comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de causa o para las que no está suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o tabúes sociales. Los niños pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos o de otros niños que, o en razón de su edad o de su estado de desarrollo, estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder en relación con su víctima.

Abusos emocionales y psicológicos

Los abusos emocionales y psicológicos pueden manifestarse tanto en incidentes aislados como en una reiterada dejación por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno inapropiado a su desarrollo y carente de apoyo. Los comportamientos de este tipo dañarán muy probablemente la salud física o mental del niño, o bien su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Se incluyen en esta categoría: las restricciones de movimientos, el menosprecio continuado, la culpabilización, las amenazas, los actos de terror, la discriminación o ridiculización, y otras variantes no físicas de rechazo o de trato hostil.

El abuso y maltrato infantil genera, de igual forma, un cambio en el comportamiento, lo mismo puede limitar la interacción social del menor que volverlo completamente agresivo ignorando o atacando cualquier símbolo de autoridad. Actualmente en el 70% de los hechos delictivos que se registran en el país están involucrados niños y jóvenes cuya condición de pobreza es aprovechada por las bandas criminales para incorporarlos a la comisión de delitos.

De acuerdo con datos de Unicef, en México seis de cada 10 niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres muestran que el maltrato que se ejerce contra los menores son determinados por factores familiares y por género.

En el caso de los niños varones el maltrato es más alto cuando viven con otros familiares y/o donde no hay presencia de padre ni de madre (22.3 y 30.9 por ciento, respectivamente); el emocional es más común en hogares donde hay madre y padrastro (61.6 por ciento); el que se da por negligencia y abandono es más frecuente donde viven el padre y la madrastra (22.4 por ciento); el abuso sexual tiene una prevalencia más elevada en los hogares con padre y madrastra (7.1 por ciento).

Las cifras sobre el abuso contra niñas revelan que el maltrato físico, y físico severo presenta prevalencia más alta en las que viven con otros familiares (25 y 20 por ciento); el emocional por negligencia y el abuso sexual son más frecuentes en hogares donde viven la madre y el padrastro (66.3, 10.6 y 15.3 por ciento, respectivamente).

Con base en lo anterior, es por lo que se pretende especificar en la Ley de Asistencia Social, los tipos de maltrato en los       que puede afectarse a niñas, niños y adolescentes como son el abuso físico, emocional y psicológico.

Ley de Asistencia Social vigente en nuestro país, fue pública en el año 2004, y se fundamenta en las disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, El Distrito Federal y los sectores social y privado.

Dicha Ley, en su artículo 4, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que pos sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Así mismo enuncia un catalogo de sujetos preferentes en la asistencia social, entre ellos se encuentran todas las niñas, niños y adolescentes, este mismo artículo menciona que serán especialmente los que se encuentren en situación de riesgo.

La presente iniciativa tiene como primer propósito especificar en el inciso c) de la Fracción I del artículo en mención, que las niñas, niños y adolescentes pueden ser afectados por maltrato o abuso físico, emocional y psicológico. No se puede dejar de mencionar en este apartado de la Ley de Asistencia Social, los tipos de abuso a los que están sujetos las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Debido a que en muchas de las ocasiones el abuso emocional o psicológico pasa desapercibido dentro de las familias y de la sociedad en cualquiera de sus ámbitos.

El segundo propósito es adecuar el párrafo tercero del artículo cuarto de la multicitado Ley, con la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Textualmente el párrafo tercero menciona:

Para los efectos de esta Ley, son niñas y niñas las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El pasado diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que con esta nueva Ley, se requiere hacer las adecuaciones pertinentes en las normas que refieren a derechos de niñas, niños y adolescentes.

Tal es el caso de la Ley de Asistencia Social vigente en nuestro país, la cual hace referencia a la ya derogada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que se considera totalmente viable reformar el tercer párrafo del artículo cuarto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el inciso c) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I.-Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a)…

b)…

c) Maltrato o abuso físico, emocional y psicológico;

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.-…

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, tal como lo establece el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.- Sen. Mely Romero Celis.






La de la Senadora Silvia Garza Galván, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN)








La de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

(Presentada por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD)








La de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Código Penal Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 Y 63 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 46 Y 63 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día los altos índices de asentamientos humanos irregulares en prácticamente todo el territorio nacional deben considerarse como preocupantes, ya que la gran mayoría de ellos se ubican en zonas vulnerables a fenómenos climáticos o naturales, representando un potencial importante de pérdidas humanas, económicas y degradación ambiental, así como áreas de especial valor ambiental como cañadas y barrancas. Si bien es cierto, dentro del marco normativo nacional se han desarrollado diversos instrumentos de planeación para tratar de revertir el desarrollo de asentamientos irregulares e invasión de predios federales, debemos reconocer que estos esfuerzos se han centrado en temas estrictamente urbanísticos e incluso recientemente climatológicos ante el incipiente problema que representa el cambio climático, pero no se han explorado otras soluciones que vengan a fortalecer estas políticas y atender el problema de integralmente.

Lo anterior queda en evidencia cuando se conocen los resultados de las estadísticas en torno al tema, pues a pesar de que el estado mexicano ha desarrollado e impulsado políticas públicas encaminadas a garantizar el crecimiento urbano organizado y programas de regularización de viviendas, las estadísticas y evaluaciones nacionales evidencian que los mecanismos empleados hasta hoy, no han sido suficientes para poder revertir el problema que representan los asentamientos irregulares, más aún se reconoce que muchos de ellos se localizan en zonas de conservación como barrancas, además de otras vulnerables a efectos climatológicos y que han devenido en los últimos años en importantes pérdidas económicas y humanas.

Muchas investigaciones han concluido que la pobreza permite el desarrollo de clientelismos políticos como detonantes de los asentamientos humanos irregulares e invasión de zonas de conservación entre las que encontramos a las barrancas, por ello, esta Iniciativa de Reforma plantea tipificar estas conductas dentro del Código Penal Federal y responsabilizar a los servidores públicos que por acción u omisión, provoquen, impulsen o consientan el desarrollo de asentamientos humanos irregulares.

Actualmente, el crecimiento poblacional en México es de 112.336.538 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el año 2010, lo que nos ubica como onceavo país más poblado del mundo. Sin embargo el crecimiento demográfico no ha sido proporcional al desarrollo económico del país, la población ha sufrido, desde mediados de los años ochenta, la pérdida de poder adquisitivo. En el año de 1976 el salario mínimo era de 6 mil 500 pesos, si traemos su valor a pesos actuales. Para 2011 había bajado a mil 766 pesos, una pérdida de 73%. Si bien no todo el personal ocupado percibe el salario mínimo, su aumento es un parámetro que rige el crecimiento de otros salarios. Buena parte de la estrategia económica de los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por debajo del aumento de los precios. A diferencia de los años sesenta y setenta, cuando la meta era crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto público y de la inflación.

La pobreza ha jugado un papel determinante para inducir la instalación de asentamientos humanos irregulares, puesto que la sociedad busca incrementar su calidad de vida obteniendo oportunidades para salir de esta condición. Del mismo modo, se reconoce que las políticas de las décadas de 1980 y 1990, en el rubro de vivienda dieron prioridad al objetivo económico, con un abandono rápido y progresivo de la dimensión social, orientándose por la dinámica del mercado y la búsqueda de la ganancia inmobiliaria. Esto trajo como consecuencia una constante en el rezago habitacional a nivel nacional, en el futuro los cambios demográficos se traducirán en un incremento en la demanda de vivienda, en la densidad poblacional y una mayor actividad en el mercado de predios. A manera de muestra: la densidad pasará de 57.1 a 75.6 habitantes por km2 entre 2010 y 2040.

Desafortunadamente, la tendencia actual en la demanda de vivienda y el rezago económico en que se encuentra el país han propiciado un alarmante aumento en las viviendas que se asientan en zonas irregulares, al mes de noviembre de 2010 la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que derivado principalmente de la falta de acceso a créditos de vivienda, en nuestro país se asientan de manera irregular 80 mil hogares al año. Adicionalmente por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, se estimo que 77% de la población en situación de pobreza se encuentra en hogares cuyo jefe no está afiliado a los institutos de seguridad social, y por lo tanto no cuenta con acceso a créditos por ese medio.

Hay que precisar que solo en algunos municipios y estados tienen información sobre el número de asentamientos humanos irregulares que tienen, sin embargo no existe información fidedigna que contabilice o exponga la situación del país en esta materia. La parte sureste del país es la más afectada por este tipo de asentamientos, no obstante, en todo el país se tiene esta problemática ya sea en propiedad federal, privada, urbana o de propiedad ejidal y comunal. Ni siquiera el INEGI cuenta con información actual de la problemática, puesto a que no integra en su encuesta nacional si la vivienda se encuentra en suelo regular o irregular, debido a la naturaleza de la pregunta y el margen de confiabilidad de las respuestas no sería una manera objetiva de obtener la información.

Resulta lamentable que las invasiones sean una forma de escapar de las altas rentas de alquiler y un instrumento de especuladores, incluyendo los propietarios de los predios. La lógica de invadir, lleva al individuo a nuevas perspectivas de lucha, de gestión ante los obstáculos que presentan al momento de llevar a cabo tal acción y donde involucra a su familia, amigos e inclusive vecinos, lo que produce distintos procesos de interacción social, que los convierte por parte de las instituciones Gubernamentales, en centro de atención para el desarrollo de programas comunitarios que beneficien a la mayoría del grupo social. Por ello se puede establecer que la invasión es un medio para crear una situación de ilegalidad, con lo que se busca una cohesión social que permita al grupo organizado que los poderes públicos tomen a su cargo la necesidad de vivienda que se tiene y dar a ellos atención prioritaria y los regularicen. El mercado informal y las invasiones  se han constituido en el principal mecanismo de acceso al suelo, según la CEPAL en su artículo sobre “Pobreza y acceso al suelo urbano”, uno de los grandes ejemplos de ellos es la Ciudad de México en donde se han asentado la mitad de sus poblaciones bajo mercados ilegales de tierras, sin embargo, esta problemática no sólo debe abordarse desde la óptica civil en torno al fortalecimiento de programas de regularización, sino también a la prevención de las conductas incorporando al derecho penal como mecanismos de control, debido al interés predominante y que debe salvaguardarse, el general, un trabajo de la Universidad de Barcelona sobre los actores que participan en el desarrollo de los asentamientos irregulares en América Latina, establece que los grupos de ciudadanos se organizan para llevar a cabo la ocupación ilegal de ciertos predios, por lo que ante la ocupación los actores públicos, regularmente representados por las áreas de Gobernación, asumen posiciones contradictorias dentro de los procesos, ya que en un principio reprimen la invasión, para luego iniciar negociaciones con los invasores.

En estos actos regularmente se encuentran inmersos grupos políticos antagónicos en términos locales; sin embargo, lejos de penalizar estas ocupaciones por parte de las autoridades los estados han impulsado programas de regularización sin aparejar las acciones que impidan el aumento de los asentamientos.

Por si no fuera poco, el desarrollo y presencia de los asentamientos humanos irregulares representa un grave riesgo no sólo a la población debido al aumento de su vulnerabilidad, sino también a los ecosistemas ya que el cambio de los usos del suelo permite la pérdida de cobertura forestal y la diversidad biológica, además de fomentar la erosión, pérdida del suelo y los servicios ambientales que brindan estas áreas.

Todo tipo de asentamiento humano, trae consigo la demanda de servicios, al tratarse de asentamientos de carácter irregular, las autoridades se ven impedidas para brindar los servicios públicos básicos, lo que redunda en un aumento al impacto ambiental y el detrimento de las condiciones de vida de estos núcleos poblacionales, ya que se realiza una disposición inadecuada de los residuos sólidos de generación domiciliaria, aumenta la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua, lo que representa riesgos a la salud pública de los pobladores y habitantes de las áreas contiguas.

Se ha demostrado que las condiciones en que se encuentra la población dentro de los asentamientos irregulares son las idóneas para una elevada incidencia y prevalencia de enfermedades parasitarias, además de que se encuentra acreditado mediante estudios de salud pública que estos padecimientos, no sólo son frecuentes como infección y como enfermedad, sino que en ocasiones provocan la muerte o dejan complicaciones y secuelas; además de daño referente en el área social y económica no solo del individuo que las padece, sino en lo familiar e institucional, así como en la productividad del desarrollo social

Actualmente la Ley General de Asentamientos Humanos, fija las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos yla fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población1, asimismo, establece el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de oblación, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural2.

De forma general esta Ley, busca ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio nacional, por ello, en su artículo 40 establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos, sin embargo este objetivo, no se la logrado y desafortunadamente existen nuevos asentamientos humanos irregulares que afectan las zonas de ocupación.

A estos se considera de gran preocupación el establecimiento de asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas y en zonas federales, pues estas deben ser conservadas por la importancia que revisten su objeto de creación y determinación como zona federal.

Ejemplo de lo anterior, son tres asentamientos humanos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en donde, representantes de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, solicitaron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la regularización de sus asentamientos3.

Gracias a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el penúltimo párrafo indica que en las áreas naturales protegidas no podrán autorizarse la fundación de nuevos centros de población, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, negó la regularización de dichos asentamientos.

Sin embargo, debemos generar acciones que eviten generar mas asentamientos irregulares dentro de las áreas naturales protegidas y en general dentro de las zonas federales, por ser de gran importancia ecológica y de conservación para México.

Los asentamientos irregulares generan impactos negativos en las zonas no aptas para el desarrollo urbano como contaminación del agua y suelos, el deterior ambiental y la desertificación que sufren nuestros bosques y zonas forestales que se agrava con incendios forestales.

Por ello en esta iniciativa se pretende que en las áreas naturales protegidas, se genere una veda forestal, considerando que este término es utilizado para prohibir el aprovechamiento de algún recurso natural.

Con esta propuesta, se busca proteger los recursos naturales de mayor importancia e interés para México y pretende junto con la iniciativa presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 23 de abril del 2013, la protección de los recursos naturales especialmente los bienes forestales, que sirven como grandes sumideros de carbono, es decir grandes fuentes de almacenamiento de bióxido de carbono, y con ello disminuir la emisión de gases efecto invernadero.

Por tal situación la presente iniciativa tiene dos objetivos particulares

• Fortalecer en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la prohibición de autorizar la fundación de nuevos asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, a través de la responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Federal.

• Tipificar como delito la responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión consientan o fomenten el desarrollo de asentamientos humanos irregulares.

Con lo anterior, se propone:

Establecer como responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Federal.

Coordinación entre la federación, entidades federativas, municipios y propietarios y poseedores de predios, para evitar nuevos centros de población en Áreas Naturales Protegidas

Pena de 3 a 9 años de prisión y de 300 hasta 3,000 días multa(de $21,030 hasta $210,300 pesos), al funcionario público que consienta, fomente u ordene el establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Definir asentamientos humanos irregulares, como persona o grupo de personas establecidas en un terreno dividido o lotificado para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes en términos de la normatividad urbana o ambiental.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 46 Y 63 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el penúltimo párrafo del artículo 46 y penúltimo párrafo del artículo 63 de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:

I. a XI.- …

En la superficie total de las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población, siendo la Secretaría la responsable de vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Federal.

ARTÍCULO 63.-

La Secretaría en coordinación con las autoridades Estatales, Municipales y del Distrito Federal, así como con los propietarios y poseedores de predios en áreas naturales protegidas, llevarán a cabo acciones que eviten la fundación de nuevos centros de población.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un Articulo 420 Quinquies, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420 Quinquies.- Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al funcionario público que consienta, fomente u ordene el establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular dentro de áreas de protección forestal y áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción III recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta la fracción XXII del Artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para que dar como sigue:

ARTICULO 2o.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a II. …

III. Asentamiento humano irregular: Persona o grupo de personas establecidas en un terreno dividido o lotificado para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes en términos de la normatividad urbana o ambiental.

IV.  a XXII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-La Secretaría de Medio Ambiente en un plazo no mayor a 180 días, deberá realizar las adecuaciones en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 Fracción II del artículo 1 de la Ley General de Asentamientos Humanos

2 Artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos






La de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, INCISO B) DEL ARTÍCULO 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE DERECHOS PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

(Presentada por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD)








La del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM)

SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA

EL SUSCRITO, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este año para México es uno muy importante en materia de consolidación de las reformas estructurales que ha impulsado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estos ajustes legales permitirán a nuestro país tener un crecimiento económico más acelerado en los años por venir. Los beneficios, claro está, han empezado a verse, pero los mejores resultados se obtendrán en el mediano y largo plazos.

En este contexto, una de las reformas más importantes para garantizar la fortaleza de las finanzas públicas, como lo fue la reforma Hacendaria, requiere dar un paso adelante. Se vislumbra un panorama adverso en el entorno internacional de corto y mediano plazos para el país. En este sentido, factores como la posible normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, una baja en nuestra producción petrolera y que según el consenso de los especialistas los precios del petróleo continuarán presionados durante varios años más, nos obligan a plantear soluciones reales y permanentes.

Por eso, el ejercicio del gasto público, herramienta principal de la que dispone cualquier gobierno, deberá volverse más eficiente y con énfasis en el gasto que fomenta la productividad y la competitividad, como el destinado a infraestructura. Será sin duda un desafío mayúsculo el hacer más con menos, lo que con responsabilidad ya ha señalado el Ejecutivo desde la Secretaría de Hacienda.

No se trata de ninguna manera de proponer un retroceso en los programas de combate a la pobreza, sino por el contrario, el objetivo es que se evite la duplicidad del gasto, y que la permanente evaluación de dichos programas, nos lleve a incentivar más aquellos que resulten exitosos, y a abandonar los que resultan costosos y regresivos. La transparencia y la rendición de cuentas, jugarán un rol preponderante por tratarse de dinero de los contribuyentes.

Esta aspiración, para ser permanente, debe quedar plasmada a nivel de nuestras leyes, empezando por nuestra Carta Magna, de manera que la política de eficiencia, inversión productiva y combate a la pobreza, quede determinada como una política de Estado, con independencia del origen partidario del gobierno en turno.

En este sentido, se propone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, evolucione hacia una construcción “base cero”. Es decir, que en vez de tener una construcción inercial con mínimas variaciones cada año con base en el índice inflacionario, cada entidad de la Administración Pública Federal así como organismos autónomos sean responsables de integrar sus presupuestos justificando cada rubro y cantidades a ejercer en cada período. Lo anterior obligará a una revisión integral, año con año, de los programas en marcha, la eficacia de sus resultados, su adecuación y adaptación bajo el principio de máxima eficiencia con el mínimo de recursos.

Ahora bien, debido a que este esfuerzo requerirá de una amplia reingeniería de la Administración Pública Federal, y a los tiempos establecidos en la ley para la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la plena aplicación del principio de presupuesto “base cero” entraría en vigor hasta el que se elaborará para el ejercicio fiscal de 2016. Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2015, el gobierno Federal deberá implementar, como ya lo ha anunciado, la primera fase de este proyecto, reestructurando el presupuesto pero respetando aquellos programas y fondos que por ley deben tener recursos asignados.

Cabe señalar que según el documento “El Presupuesto Base Cero”, publicado en 2005 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, este tipo de plan de gastos “Consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir se elabora como si fuera la primera operación de la empresa, y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro.”1 Es decir, el presupuesto se realiza basado en las expectativas para el año siguiente, sin referencia a los anteriores. La intención última es la de reorientar los recursos con mayor efectividad.

Ahora bien, existen otras definiciones del Presupuesto Base Cero (PBC), por ejemplo, la de Peter Sarant, ex director de Análisis de Gestión en la Comisión de la Administración Pública durante el gobierno del presidente estadounidense James Carter, que puede aplicarse al sector público y privado. Dicha definición es la siguiente: “El PBC es un método que completa y enlaza los procesos de planificación, presupuestación y revisión. Identifica métodos alternativos y eficientes de empleode los recursos limitados en la consecución efectiva de los objetivos seleccionados. Es unenfoque flexible de la gestión que suministra una base fiable para reasignar los recursos,mediante la revisión y justificación sistemática de los niveles de financiación y ejecución de los programas corrientes”2.

Dicho de otro modo, en un método presupuestario en que cada año se empieza de nuevo, y requiere que cada unidad decisoria justifique con detalle la totalidad de sus necesidades presupuestarias, debiendo demostrar el porqué debe establecerse su presupuesto y si es rentable.

Pyhrr, a quien se le atribuye haber creado de manera exitosa esta técnica presupuestaria, lo definió en 1970 como “un proceso operativo de planificación y presupuesto que exige a cada administrador justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias desde el principio (base cero)”.3

De conformidad con lo descrito, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el fundamento constitucional para que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Poder Ejecutivo Federal remita cada año a la Cámara de Diputados, sea elaborado bajo el aludido principio de “base cero”.

Cabe mencionar que el concepto de “base cero” requiere ser definido e incorporado en la legislación secundaria, por lo cual, como complemento a la presente iniciativa de reforma constitucional se presenta por separado una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a III. …

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá priorizar el gasto de inversión para fomentar la productividad y competitividad del país, sobre el gasto corriente. Para ello, cada año será elaborado bajo el principio de “base cero”. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

V. a VIII. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 El Presupuesto Base Cero, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2005, México. http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf

2 Citado en Fortalezas y debilidades del Presupuesto Base Cero, José Barea y José Antonio Martínez, UNED, España, http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF  

3 Pyhrr, P. A.: “Zero‐Base Budgeting”, en Harvard Business Review, 1970, citadoenhttp://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF






La de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, en materia de violencia obstétrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA

(Presentada por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del PRD)








La del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM)

SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA

EL SUSCRITO, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México enfrenta retos enormes en materia presupuestaria de cara el Ejercicio Fiscal de 2016. La Secretaría de Hacienda ya ha planteado la necesidad de recortar el gasto público, de manera que esta herramienta de política fiscal se ajuste a una nueva realidad de menores ingresos. Lo anterior, a causa en primer término de un complejo entorno económico global en el cual, motores como la Unión Europea, Japón y China, parecen entrar en una dinámica de bajo o nulo crecimiento.

En este entendido, a pesar de que la mayoría de las previsiones auguran un buen desempeño para la economía de Estados Unidos en el corto plazo, no puede soslayarse que este empuje podría traer como consecuencia una elevación de las tasas de interés en ese país. De hecho, el consenso entre los analistas es que la Reserva Federal, banco central estadounidense, elevaría los tipos de interés este mismo año. De ocurrir, el panorama económico- financiero de México podría complicarse.

Por ello, en un ejercicio de responsabilidad, el gobierno de la República ha plateado que, a partir del próximo Ejercicio Fiscal, la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación sea bajo el principio de “base cero”.

Debido a lo anterior, el suscrito acompaña a la presente, una Iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como obligación la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación bajo el aludido principio de “base cero”. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas”.

La Iniciativa que reforma nuestra Carta Magna, aludida en el párrafo anterior, establece también que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá priorizar el gasto de inversión para fomentar la productividad y competitividad del país, sobre el gasto corriente.

Lo anterior hace necesario el establecimiento de la definición de “base cero” en la legislación secundaria. No obstante, es conveniente revisar algunos de sus antecedentes.

En primer término, es oportuno explicar que esta técnica presupuestaria ha sido analizada y puesta en práctica por distintas empresas y gobiernos desde su nacimiento formal a finales de la década de los años ’60 del siglo pasado, y en particular, desde 1970, cuando Peter A. Pyhrr, su creador formal, la implementó con éxito en la empresa “Texas Instruments”1. Posteriormente, Pyhrr fue contratado por la administración estatal de James Carter en Georgia, Estados Unidos, con el objetivo de generar ahorros en el presupuesto público de dicha entidad federativa americana.2 Más tarde, se hizo lo propio en la administración que el propio Carter encabezó a nivel federal. En ambos casos, el objetivo fue presentar propuestas concretas de reducciones de gastos.

El Presupuesto “Base Cero” es entonces una metodología de planeación y presupuesto que trata de revaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad o empresa. En su preparación se establecen programas, metas, objetivos y se toman decisiones. Se analizan las actividades que se deben llevar a cabo para implementar las alternativas que permitan obtener resultados positivos de mejor y más eficiente manera, pero idealmente con menos recursos.

Dado que Pyhrr fue el primer responsable de su puesta en marcha de manera exitosa, es conveniente revisar su definición de presupuesto “base cero”, al que puntualiza como “un proceso operativo de planificación y presupuesto que exige a cada administrador justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias desde el principio (base cero)”.3

La anterior definición va en línea con las necesidades de ajuste presupuestal que demanda la Administración Pública Federal. Debido a ello, el suscrito presenta esta Iniciativa que mandatará a los Poderes Legislativo y Judicial, a los entes autónomos, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, así como dependencias y entidades del Gobierno Federal a elaborar sus presupuestos mediante el principio de “base cero”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2 y se reforman los artículos 5, 16 y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a IV. …

IV Bis. Base Cero: principio de elaboración presupuestal detallado, consistente en la obligación de justificar el monto y necesidad de cada renglón de gasto solicitado anualmente, sin partir de los antecedentes históricos del mismo.

V. a LVII. …

Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;

b) a f) …

II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación:

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

b) a d) …

III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones:

a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

b) a c) …

Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán bajo el principio de Base Cero con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. a VI. …

Artículo 29. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos de presupuesto bajo el principio de Base Cero y con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la Secretaría establezca.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 El Presupuesto Base Cero, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2005, México. http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf

2 Fortalezas y debilidades del Presupuesto Base Cero, José Barea y José Antonio Martínez, UNED, España, http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF

3 Pyhrr, P. A.: “Zero‐Base Budgeting”, en Harvard Business Review, 1970, citadoenhttp://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF






La del Senador Zoé Robledo Aburto, con proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley de la Industria Eléctrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD)

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, nos diría Eduardo Galeano en ese mítico 1971 y podemos estar o no de acuerdo con él. Lo cierto es que ser pobre en México es caro, existen costos subyacentes en la desigualdad que pagan aquéllos que menos tienen. Como Nación, somos doblemente injustos con los sectores de bajos ingresos. Las deficiencias en los servicios básicos llevan a las familias desfavorecidas a gastar más, en proporción de sus ingresos, en algo que otros dan por sentado.

Prueba de ello son las tarifas eléctricas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del INEGI, los Deciles más bajos de la economía gastan en promedio 5% de sus ingresos corrientes en energía, mientras que el Decil más alto sólo un 3%. No es, como se ha querido ver, un asunto exclusivo de Chiapas, ni siquiera del Sureste mexicano, es un caso de marcada desigualdad que nos afecta a todos, que nos hiere a todos, como país.

Hogares por la Composición de los grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral según Deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral (Miles de pesos)

Deciles

Gasto Corriente Monetario

Gasto en Electricidad y Combustibles

Porcentaje del gasto dedicado a Electricidad y Combustibles

I

23 800 012

1 147 193

5%

II

32 889 323

1 739 593

5%

III

40 415 114

2 199 718

5%

IV

47 469 818

2 258 047

5%

V

56 637 773

2 709 426

5%

VI

65 437 164

3 173 616

5%

VII

78 054 103

3 397 489

4%

VIII

97 391 532

4 245 014

4%

IX

126 641 929

4 912 907

4%

X

237 759 159

7 936 457

3%

Total

806 495 926

33 719 460

4%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH). Nueva construcción. Tabulados básicos

Actualmente las Tarifas Eléctricas en México se miden siguiendo lo dicho en el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, que señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. Sin embargo, esto no ha sido así, se ha reconocido que en tanto la Comisión Reguladora de Energía emite las directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y      Crédito Público seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos.

El transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala que las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias. Por acuerdo emitido por el C. Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2015, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos para el año 2015. En ese sentido y con esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 015/2014 por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

Quedando siete tipos de tarifas de uso doméstico determinando los siguientes rangos: Tarifa 1 de Servicio Doméstico, 1A: Temperatura límite 25 grados centígrados (°C); 1B: Temperatura límite 28°C; 1C: Temperatura  límite  30°C; 1D: Temperatura límite 31°C; 1E: Temperatura límite 32°C y 1F: Temperatura límite 33°C. Es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua la encargada de reportar la Temperatura Media que afectan las tarifas de la 1A a la 1F. Dicha clasificación de temperaturas da lugar a diferentes rangos de kilowatts-hora (KWH) de consumo y diferentes precios dando lugar a 42 diferentes cuotas aplicables que buscan apoyar a los sectores menos privilegiados de la sociedad.

Estos esfuerzos, aunque loables han mostrado ser insuficientes. Prueba de ello es que tan sólo en la LXII Legislatura se han presentado cinco iniciativas para modificar las tarifas desde diferentes enfoques. La propuesta del Diputado Mario Francisco Guillén Guillén, tiene por objeto facultar a la Secretaría de Hacienda para fijar tarifas eléctricas especiales; la del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya establecer tarifas eléctricas compensatorias para determinadas demarcaciones; el Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela propuso exentar de pago por el servicio de suministro de luz eléctrica a las escuelas de todos los niveles; mientras que el Diputado Faustino Francisco Félix Chávez propuso como derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica que las lecturas de los medidores se efectúe bimestralmente, caducando el cobro de energía después de 4 meses sin que se haya hecho la lectura respectiva ni entregado el recibo correspondiente, entre otros; y, por último, el Diputado Simón Valanci Buzali junto con todos los legisladores priistas por Chiapas proponen combatir el alto costo de las tarifas eléctricas y establecer los recursos de reconsideración y apelación. Las últimas dos han sido dictaminadas en negativo, mientras que las tres primeras se encuentran pendientes en comisiones; no obstante han dejado de ser jurídicamente pertinentes al modificarse la estructura legal de las tarifas con la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica pero no de ser socialmente pertinentes.

Por tal motivo presento esta iniciativa que busca dotar de capacidades a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan perfeccionar la forma en la que se miden las tarifas de consumo eléctrico en el país y atiendan de una mejor manera a sus objetivos de proteger los intereses de los usuarios y de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, respectivamente. El actual estado de la fórmula de medición de tarifas responde a una clara intención de volverlas socialmente justas, entendiendo las necesidades de los desfavorecidos, de las diferencias regionales y de las particularidades locales; siguiendo con este espíritu se plantea una ponderación de la Fórmula para definir las tarifas eléctricas en cinco ámbitos: Sensación Térmica, Zonas de Atención Prioritaria, Región Productora de Energía, Pueblo Originario y Porcentaje de Cobertura.

En primer lugar se propone modificar la Temperatura Media Mínima por la de Sensación Térmica, existen las herramientas técnicas y la logística necesaria para que se pueda llevar a cabo esto. No podemos soslayar que hay una polémica abierta sobre la validez de las mediciones actuales de temperatura, como la hora en la que se toman las muestras o los lugares donde esto se hace, de igual forma se cuestiona lo que esto representa para el ser humano en términos reales, ¿realmente son comparables 28 grados centígrados en un ambiente seco a uno extremadamente húmedo? No, no lo son. Y no podemos pretender que así lo sea sólo por decreto. La Sensación Térmica considera todas estas cuestiones en un modelo más inclusivo e integral que retoma factores como el viento y la humedad en el ambiente, entre otros.

En segundo lugar, se busca dar soporte a las estrategias de un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo, reforzando lo hecho con los programas de gobierno como el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Este beneficio, vale la pena recalcar, es para consumo doméstico y pretende mejorar el acceso a otros servicios por parte de los ciudadanos que habitan en estas zonas. El artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social establece que la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determinar anualmente las Zonas de Atención Prioritaria. Se plantea con esto una reducción especial y concurrente con estas declaratorias, al mismo tiempo que se plantea la pérdida del beneficio con la salida de esta categoría.

En tercer lugar, es imperativo reconocer que existen externalidades negativas en la producción de energía y que son las comunidades donde se asientan los megaproyectos energéticos quienes pagan estos costos. Como un elemento de mínima justicia debemos compensar, cuando no mitigar y subsanar estos hechos. Se propone que la Región Productora de Energía reciba incentivos adicionales por su contribución a la economía nacional.

En cuarto lugar, según lo declarado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 82.6 por ciento de los municipios indígenas se encuentra en condiciones de alta y muy alta marginación. En lo que se refiere a la población indígena, 74.4 por ciento vive en municipios con condiciones de alta y muy alta marginación. Focalizar en estos municipios recursos para hacer más digna la vida de sus ciudadanos permitirá acelerar el desarrollo de estos. Por último, en quinto lugar, se deben generar incentivos suficientes por medio de tarifas que promuevan que se logre una cobertura total del servicio de energía eléctrica.

Por tal motivo, se propone modificar los artículos 138 y 139 para incorporar los elementos señalados de Sensación Térmica, Zonas de Atención Prioritaria, Región Productora de Energía, Pueblo Originario y Porcentaje de Cobertura en la forma en la que se fijan las tarifas. Lo anterior como una continuación del esfuerzo que ha prestado el Estado mexicano de volver más justo y equitativo el cobro por servicios eléctricos a los hogares. Pido a ustedes se sumen también a este esfuerzo, que no es sólo benéfico para una entidad federativa concreta, sino para que México en su conjunto avance en el camino de la justicia social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se adiciona un cuarto párrafo y se recorre el cuarto párrafo vigente del artículo 138; se modifica el segundo párrafo del artículo 139; se modifican las fracciones V y VI y se adicionan las fracciones VII a la XI del artículo 140, todos los anteriores de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 138.-

I. a la V. …

La CRE deberá prever dentro de las metodologías para determinar el cálculo de las tarifas establecido en el párrafo anterior, variables que le permitan establecer menores tarifas de la energía eléctrica en temporadas con condiciones climáticas adversas que incrementen el consumo, en localidades sin cobertura total de energía, en localidades de escasos recursos y en localidades productoras de energía

Artículo 139.-

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. Asimismo, mediante Acuerdo, podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas para beneficiar usuarios de bajos recursos o población de grupos vulnerables, principalmente adultos mayores o indígenas.

Artículo 140.-

I a la IV.

V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente;

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista;

VII. Fomentar el desarrollo regional en zonas prioritarias;

VIII. Promover la cobertura total de energía en el país;

IX. Beneficiar localidades de escasos recursos o con permanencia de población vulnerable;

X. Compensar las zonas productoras de energía, y

XI. Ponderar los costos de la energía eléctrica en temporadas con condiciones climáticas adversas que incrementen el consumo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deberán emitir las metodologías establecidas en el presente decreto en un término no mayor a 180 días hábiles.

TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en un término no mayor a 120 días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






La del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil Federal, en materia de alienación parental. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE ALIENACIÓN PARENTAL

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD)








Otra, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de nombramiento de contralores de los órganos constitucionales autónomos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE CONTRALORES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD)








Una más, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD)








Otra, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 73 y 120 constitucionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-V AL ARTÍCULO 73 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA OTORGARLE RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD)








La de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD)








La de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 10 y 23 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5, 10 Y 23 BIS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONAN EL INCISO D DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 5 Y EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La población mundial está envejeciendo. Esto es un hecho innegable que solo depende del paso del tiempo, ya que actualmente los avances en la medicina han permitido aumentar tanto la calidad de vida, como el número de años que vive una persona, lo que muestra una transición demográfica de joven a una de personas de edad avanzada.

Es por ello que tenemos la urgente necesidad de trabajar en hacer mejor el marco jurídico y las políticas destinadas a proteger y garantizar los derechos de este sector de la población.

El llegar a una edad mayor también contempla una serie de retos en múltiples aspectos, tanto para la persona que envejece, como para la sociedad, motivos por los cuales la discriminación, exclusión y una serie de abusos es cometido en contra de este grupo de la población.

La situación es tan delicada, que la comunidad internacional ha ido realizado una serie de esfuerzos encaminados a reducir estas brechas con el firme propósito de concientizar al resto de la población y propiciar a las personas de edad avanzada un entorno que les permita disfrutar de una vejez placentera, digna y que cuenten con oportunidades para seguir integrados a sectores económicos o puedan realizar sus actividades cotidianas sin ser objeto de ningún tipo de rechazo. El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrentará nuestro gobierno, en tanto que habrá una gran demanda de sistemas de seguridad social, de asistencia sanitaria y de atención y cuidado de las personas mayores.

En los últimos años, el fortalecimiento del marco en materia de derechos humanos, se ha caracterizado por otorgar una protección especial, según la condición de la persona que sea portadora de derechos colectivos o de grupos como son trabajadores, refugiados, niños, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros, para superar la discriminación histórica y asegurar un trato equitativo.

En este sentido, en 1991 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se incluyó de manera explícita en sus principios, a las personas de edad, referidos a la reciprocidad y equidad con que se deben elaborar las políticas y planes dirigidos a este sector, con el propósito de desarrollar una sociedad donde sus estructuras y funcionamiento permitan mejorar y elevar la calidad de vida de las personas mayores, así, el papel de la ONU en el tratamiento de esta situación ha sido especialmente importante, al proporcionar los avances e iniciativas que han permitido establecer los principios sobre los cuales ha de abordarse la problemática actual y futura, esfuerzos que iniciaron desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena, en 1982, en donde se adoptó el Plan Internacional sobre Envejecimiento que contemplaba medidas sobre el empleo y seguridad económica, nutrición, vivienda, educación y bienestar social.

En el caso de México, la situación no es diferente, la población ha ido evolucionando a la par de los avances en diferentes materias en atención al beneficio y protección del amparo de la ley hacia este sector de la población, además, nuestra nación ha firmado y ratificado tratados en materia de derechos humanos y como consecuencia de ello, tiene obligaciones jurídicas internacionales vinculantes, muchas de las cuales, aún están en proceso de cumplirse cabalmente, ya que en ocasiones, la práctica dista mucho de lo que establece la ley.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente en nuestro país existen 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total, con una tendencia constante de incrementarse gradualmente y transformar nuestra pirámide demográfica, invirtiendo su sentido y pasando de tener más jóvenes a mas adultos mayores en menos de 30 años, siendo para el 2050 un porcentaje mayor, mismo que requerirá atenciones especiales y un fuerte marco jurídico e institucional que atienda sus necesidades.

Ahora bien, si tomando en consideración los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del 2014, solo el 33.7% de personas de más de 60 años participa activamente en algún sector de la economía, lo que deja a un porcentaje mayor sin ingresos propios y genera lógicamente una dependencia económica hacia algún tercero, ya sea familiar o no, o incluso los limita a vivir únicamente de limosnas en el caso de encontrarse en abandono total.

Solo una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión, de acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) que se llevó a cabo en el 2013 por el INEGI y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS)1, lo cual, nuevamente tiene como consecuencia que muchas de estas personas no reciban ingresos de ninguna manera, ya que no son integrados en el mercado laboral, ni cuentan con alguna pensión adicional, motivos que impiden que puedan cubrir con sus gastos personales y en ocasiones que no puedan atender sus enfermedades o comprar lo necesario para cubrir sus gastos adicionales producto de sus propias afecciones generadas por su edad en el mejor de los casos, y en el peor, incluso se encuentran limitados para satisfacer su alimentación o pagar un lugar donde vivir, debido a que carecen parcial o totalmente de ingresos.

Por lo tanto, ante esta situación, no podemos permitir que este grupo de personas sigan siendo objeto de explotación y víctimas de abusos debido a su situación de vulnerabilidad, misma que en principio es originada por su edad, pero agravada al no contar con los medios que les permitan tener una vejez digna y en muchos casos los lleven directamente al abandono, al ser considerados como una “carga” al dejar de producir dinero tanto para la familia como para las empresas, lo que lleva a que la sociedad en general los ignore y excluya de los medios laborales, es increíble que a pesar de las iniciativas que nuestro país ha ido implementando a través del tiempo, aun hoy en día existan casos en los cuales estas personas no tienen siquiera recursos para trasladarse a un centro médico o pagar sus alimentos, condición que ocasiona, por tanto que el Estado se encuentre lejos de garantizar íntegramente sus derechos.

Ante esta situación, el desafío se centra en cómo enfrentar este reto a través de la definición de estrategias claras que garanticen, junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir objetivos fundamentales de la política presupuestaria y económica, para que no se discriminen y excluyan de la sociedad, propiciando que envejezcan de una manera sana, evitando preocupaciones adicionales y en atención de sus necesidades y retos naturales.

La presente Iniciativa tiene el objetivo de impactar directamente en el gasto que lleva a cabo este sector de la población en cuanto al pago de servicios básicos para su vivienda y de uso común.

Por ello, se propone como una estrategia de apoyo que se otorgue un beneficio del 50 por ciento en tarifas de agua, luz, predial, gas y gasolina, estableciendo los mecanismos de acceso en la Ley eje de sector y su marco reglamentario.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción XIII del artículo 10 y se ADICIONAN el inciso d de la fracción IX del artículo 5 y el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a VIII. (…)

IX. Del acceso a los Servicios:

a. hasta c. (…)

d. A contar con un subsidio preferente, de al menos el 50 por ciento del total, en las tarifas de agua, luz, predial, gas y gasolina.

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XII. (…)

XIII. Establecer las bases para la asignación de subsidios para el pago de servicios básicos, beneficios sociales, descuentos, exenciones para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. a XX. (…)

Artículo 23bis. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Establecer los mecanismos de acceso y compensación para el subsidio a agua, luz, predial, gas y gasolina para adultos mayores,

II. En coordinación con las Haciendas Públicas Estatales y Municipales y la Iniciativa Privada, el establecimiento de convenios para hacer accesible un subsidio de, al menos, el 50 por ciento de la tarifa en agua, luz, predial, gas y gasolina.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 28 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/702825058777.pdf





Y otra, de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, RECORRIÉNDOSE LA NUMERACIÓN SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principales fines que persiguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es dar a niños y jóvenes un buen comienzo en la vida, por ello, muchos Estados se esfuerzan cada vez más por incorporar las opiniones de los jóvenes en su trabajo y en las políticas, a fin de mejorar su presente y su futuro, e incentivando la incorporación del sector hacia actividades laborales con el objetivo de combatir la grave situación de desempleo que se vive alrededor del mundo a causa de las políticas de estabilidad macroeconómica que benefician el desempeño inflacionario por encima de la generación de empleos y el mejoramiento salarial.

Los jóvenes son una fuente inagotable de desarrollo, cambio y progreso. Invertir en los niños y los jóvenes del mundo mejora su calidad de vida, lo que origina beneficios sociales, económicos y políticos invaluables.

A principios de 2012, la población mundial superó los 7 mil millones de personas menores de 30 años, lo que representa a más de la mitad; de éstos, el llamado grupo "NI-NI" (ni estudian, ni trabaja ni recibe formación), a menudo constituye en los países, al menos,el 10% de la población juvenil1, lo que evidencia datos alarmantes en cuanto al número de jóvenes que están sin realizar actividad alguna, mismo que están  creciendo de manera permanente.

En este contexto, las Naciones Unidas y diversos órganos regionales están impulsando y apoyando acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social a que legítimamente aspiran.

Con esto, el sector juvenil se encuentra al centro de la agenda de las políticas públicas de gobierno, al ser además, un importante factor que de manera indirecta apoya la economía de las familias.

Una de las principales preocupaciones para las y los jóvenes mexicanos es obtener un empleo con buen salario y estabilidad laboral a partir de un empleo formal, según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVJ) del Instituto Mexicano de la   y la UNAM.

Lamentablemente el 85 por ciento de los jóvenes ocupados no gana más de 6 mil pesos al mes y apenas una cuarta parte de los empleos formales que se crearon en el último año fueron para ellos. En consecuencia, la mayoría recurre a la informalidad. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), han coincidido en que la situación laboral de los jóvenes poco ha cambiado tras la crisis de 2009, pues la economía no crece y no se está invirtiendo lo necesario para generar nuevos empleos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo para los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad es del 9.5 por ciento y los temas que más le preocupan a la juventud mexicana son la inseguridad y el desempleo.

De acuerdo con  la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), la tasa de desocupación en México para jóvenes de 15 a 24 años en 2013 fue de 9%, contra 4% en adultos de 25 años.

En este contexto, el Gobierno Federal ha implementado una serie de políticas y programa para apoyar de manera específica a jóvenes emprendedores de entre 18 y 30 años.

Sin embargo, a pesar de que existe una estructura institucional que apoya a emprendedores a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y 250 incubadoras en el país, lo cierto es que el sector requiere una mayor atención y cuidado para poder llegar de manera efectiva hacia los sectores que mayores necesidades tienen.

La presente Iniciativa parte de esta necesidad, al plantear 4 ejes fundamentales que, en opinión de distintos expertos, son necesarios para los jóvenes emprendedores:

1. Financiamiento a fondo perdido

Se calcula que el 40 por ciento de proyectos desisten por razones económicas, tales como que los jóvenes no suelen ser sujetos de crédito para la banca comercial, misma que exige un periodo de dos años de incubación para comprobar solvencia empresarial; además debe estar dado de alta en Hacienda.

2. Simplificación administrativa

En la actualidad los procesos de revisión llegan a durar meses, el uso de tecnologías de la información permite que este proceso se vuelva más ágil y solvente, en donde incluso la presencia física solo debe requerirse en contadas ocasiones. Esto además aporta transparencia al proceso ya que en todo momento se conoce la situación de los trámites.

3. Vinculación empresarial

Este punto se refiere a la generación de convenios con empresas ya consolidadas para generar experiencia entre los jóvenes emprendedores.

4. Difusión

Se trata de vincular lo mayor posible al sector, se tiene conocimiento de universidades y lugares, sobre todo en zonas rurales, en donde no se tiene conocimiento de este tipo de programas y apoyos.

Como puede verse, con la presente Iniciativa, se pretende que el Instituto Mexicano de la Juventud, en su carácter de organismo rector de la política sectorial facilite la incubación de células empresariales como incentivo para el desarrollo de las ideas que muchos de nuestros jóvenes planean y buscan llevar a cabo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción XII y se ADICIONA la fracción XV, recorriéndose la numeración subsecuente, del artículo 4de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral y esquemas de emprendimiento e incubación de negocios, con la asignación de fondos a capital perdido donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. a XIV. (…)

XV. Fomentar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, y de los Gobiernos Estatales y Municipales, un programa de apoyo y fomento para jóvenes emprendedores; en donde se contemplen recursos a fondo perdido, simplificación administrativa, vinculación empresarial y difusión.

XVI. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 28 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

Son todas las iniciativas, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Mesa Directiva ratifica los turnos mencionados por la Secretaría.

1 Global Employment Trends for Youth, International Labor Office, 2012, p. 9





Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Los dictámenes para primera lectura son:

Uno, de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 88 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3º Y 28 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Dos, de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada el 22 de octubre de 2013 por la Senadora Mónica Arreola Gordillo.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada el 22 de octubre de 2013 por la Senadora Mónica Arriola Gordillo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 22 de octubre de 2013, la Senadora Mónica Arriola, representante del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno del Senado de la República Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

3. La Presidencia de la Comisión turnó a su vez copia de la misma a los integrantes de este cuerpo colegiado para cumplir con lo que dispone el artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de generar el presente dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La Senadora Mónica Arriola Gordillo presenta una propuesta de reforma que modifica, adiciona y deroga diferentes artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la finalidad primordial de fomentar una participación más comprometida de los municipios y las entidades federativas en lo que se refiere a los bienes culturales declarados monumentos o zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Desde esa perspectiva propone incorporar, mediante la figura jurídica de la “opinión previa”, la participación de las autoridades locales en donde se localicen los monumentos arqueológicos, artísticos e Históricos.

También propone considerar de utilidad pública la recuperación y la promoción de los monumentos artísticos y zonas arqueológicas, conjuntamente con la conservación e investigación ya consideradas previamente en la misma ley y en la legislación que regula al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adicionalmente, propone la incorporación de las autoridades en materia de desarrollo indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a fin de garantizar la eficaz observancia a los derechos consagrados en nuestra carta magna a favor de las comunidades originarias. De acuerdo con la proponente, de esta forma se les otorgará la participación que merecen las autoridades encargadas de velar por las comunidades originarias.

La modificación al artículo 8, en palabras de la proponente, busca eliminar la discrecionalidad del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la colaboración que pudiera tener y acordar con las autoridades de los Estados de la República y los Municipios de las Entidades Federativas. La colaboración se ceñirá únicamente a los términos que establezca la Ley y su Reglamento, y no sólo la voluntad y los términos del INBA.

Por lo anterior, se propone la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 12 y en el artículo 32, respectivamente, con la finalidad de que la autoridad municipal pueda, por una parte, actuar en auxilio del INAH o del INBA, según corresponda, para ordenar la suspensión provisional de obras de restauración y conservación que sean ejecutadas sin la autorización o permiso correspondiente. Igualmente, para el caso en que se ejecuten trabajos que violen la autorización previamente concedida.

La modificación al artículo 14 de la referida Ley busca homologar las disposiciones relacionadas con el destino, o cambio de destino, de inmuebles de Propiedad Federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, para que se realicen conforme a la Ley General de Bienes Nacionales y no, simplemente, mediante decreto del Ejecutivo Federal.

Se plantea la adición de un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley, con el objeto de establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales a emitir una opinión sobre la idoneidad de los trabajos proyectados para descubrir o explorar monumentos arqueológicos. Estos trabajos continuarán siendo atribución del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero las autoridades locales podrán emitir una opinión no vinculante, de carácter técnico, económico, turístico o cualquier otra condición que pudiera afectar a los bienes y zonas protegidas por esta Ley.

En el artículo 31 se establece la obligación del INAH para referirse a las recomendaciones del párrafo anterior, ya sea que las acepte o rechace, en el momento en que otorgue las autorizaciones para realizar los “trabajos materiales” para explorar monumentos y zonas arqueológicas.

Se propone una modificación al artículo 34 con la finalidad de conceder un asiento en la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos al representante del Municipio en que se encuentre un bien que pudiera ser declarado monumento artístico o zona de monumentos artísticos.

La modificación al artículo 52 de la Ley busca hacer más gravosas las sanciones pecuniarias a aquella persona que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico. La multa por dicho daño se duplicaría hasta por dos veces el valor del daño causado.

Finalmente, se busca eliminar del artículo 3 la mención al hoy inexistente Secretario del Patrimonio Nacional, como una de las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley.

La proponente sostiene que, resulta inexplicable la exclusión de las comunidades indígenas en las facultades y tareas relacionadas con la preservación y difusión de los bienes creados por esas mismas culturas. En su opinión con las reformas propuestas se subsana tan injusta omisión.

El conjunto de la propuesta contiene los siguientes elementos:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto Original

Propuesta normativa

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

 

 

 

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación y promoción, de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto  Nacional de Lenguas Indígenas, las autoridades estatales, municipales,             del gobierno del Distrito Federal, delegacionales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- El Secretario de Educación Pública;

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional;

IV.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y

VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- El Secretario de Educación Pública;

III.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

IV.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

V.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y

VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho Instituto.

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije esta ley.

ARTÍCULO 12.- Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en casos urgentes en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

Lo anterior será aplicable a las obras a que se refiere el párrafo segundo del artículo 6o.

Las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, serán por cuenta del interesado. En su caso se procederá en los términos del artículo 10.

En estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, el que haya ordenado la obra y el que dirija su ejecución.

ARTÍCULO 12.- Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública.

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse conforme a la Ley General de Bienes Nacionales.

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización.

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización.

Para otorgar la autorización a que se refiere el párrafo que antecede, la autoridad estatal y municipal emitirá una opinión sobre la idoneidad de los trabajos proyectados.

ARTÍCULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

ARTÍCULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalará los términos y condiciones, justificando su aceptación o rechazo de la opinión emitida por las autoridades locales, a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

ARTÍCULO 34.- Se crea la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, la que tendrá por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos artísticos y de zonas de monumentos artísticos.

La opinión de la Comisión será necesaria para la validez de las declaratorias.

La Comisión se integrará por:

a) El Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien la presidirá.

b) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

c) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.

d) Tres personas, vinculadas con el arte, designadas por el Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.


ARTÍCULO 34.- Se crea la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, la que tendrá por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos artísticos y de zonas de monumentos artísticos.

La opinión de la Comisión será necesaria para la validez de las declaratorias.

La Comisión se integrará por:

a) …


b) …


c) …


d) …

 

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa y del Gobierno Municipal, en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.

ARTÍCULO 52.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

ARTÍCULO 52.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de hasta dos veces el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de hasta dos veces el valor del daño causado.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen bajo las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Al ser los momentos arqueológicos, artísticos e históricos una materia constitucional regulada por el Congreso Federal, como lo estipula el artículo 73, fracción XXV, corresponde a este orden su regulación, depositando la responsabilidad de su conservación en los institutos correspondientes. Así lo mandata la ley en estudio los artículos 44 y 45, que expresamente señalan:

ARTÍCULO 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

ARTÍCULO 45.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

CUARTA.-La competencia señalada en la ley a los institutos se fundamenta además en criterios técnicos, precisamente por la naturaleza física de los bienes desde el punto de vista de los materiales con los que fueron elaborados. El ámbito competencial recoge elementos que se aplican en la protección y, en especial, a la restauración o intervenciones necesarias para garantizar la conservación de los bienes. Incluso, la profesionalización y formación técnica de los especialistas a cargo de quienes están las labores de investigación, recuperación, identificación, registro, catalogación y demás actividades que supone la protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural, es de muy diverso orden y atiende una multiplicidad de disciplinas.

QUINTA.- En opinión de los integrantes de las comisiones unidas que elaboran el presente dictamen, la preocupación expresada en la iniciativa de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, constituye un análisis serio por involucrar a un mayor número de actores en las labores de protección de los monumentos y, al mismo tiempo, conferirle mayor participación a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal que, muchas veces, por el carácter Federal de los bienes culturales, desincentivan la participación local, incluso, cuando condiciones de emergencia requieren de una intervención inmediata de la autoridad más cercana.

SEXTA.- Esta circunstancia tiene una amplia historia y ha sido motivo de controversias entre la Federación y las entidades federativas. Tal vez la de mayor impacto normativo se dio en el año de 1932, cuando en abril de ese año, el procurador General de la República presentó una controversia en contra del Estado de Oaxaca con el objeto de que la zona arqueológica de Monte Albán quedara bajo la jurisdicción de la Nación y no de esa entidad. La Suprema Corte resolvió a favor de la Federación señalando el dominio nacional de los bienes arqueológicos, antecedente de la Ley sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural de 1934.La sentencia se publicó en el Suplemento del Semanario Judicial de la Federación del año de 1933, en las páginas 144 a 223 y 416 a 422.

SÉTIMA.- El número de monumentos registrados en la actualidad, conforme lo señala el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México 2010, informa de los siguientes datos sólo en relación con bienes inmuebles:

Sitios arqueológicos registrados:

42,614

Zonas arqueológicas abiertas al público:

176

Zonas de monumentos arqueológicos:

47

Monumentos históricos registrados:

101,578

Monumentos históricos abiertos al público:

79

Zonas de monumentos históricos:

57

Sitios Patrimonio cultural de la Humanidad:

31

Inmuebles artísticos identificados:

18,791

En el caso de los bienes muebles históricos, se estima que existen alrededor de un millón de los mismos y cuyo estado de avance alcanza a 71 mil 717 cédulas correspondientes a mil 165 inmuebles históricos catalogados. El Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural no informa respecto de las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos artísticos, sin embargo, se han emitido nueve declaratorias de artistas cuya obra se considera monumento y la declaratoria de 14 monumentos inmuebles y una zona de monumentos.

OCTAVA.- Sin duda la labor de conservación, protección, investigación y registro, entre otras actividades, constituye una labor inmensa para los institutos, trabajo que lleva a considerar la necesidad de involucrar a más actores en las tareas de preservación de los monumentos, sin embargo, la jurisdicción de los mismos guarda una estrecha relación con la especialización de las áreas de investigación, registro y restauración, fundamentalmente. De ahí que la naturaleza de los preceptos de la legislación vigente en materia de monumentos no sea necesariamente consistentes con una visión federalista, por lo cual, los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen, consideran que no todas las propuestas contenidas en la iniciativa son procedentes y por ello hacen una valoración individual de las mismas cuando se considera que presentan antinomias jurídicas, sin dejar de reconocer propósitos legítimos para la protección de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

NOVENA.- Desde esta perspectiva se considera que son procedentes las propuestas contenidas en los artículos 2°, 3°, 8°, 12, 14, 32 y 34, porque en el fondo se trata de consideraciones potestativas cuando incluyen la participación de otras autoridades y que, de una u otra forma, ya estaban previstas en el marco jurídico, dejando intacto el principio de actuación de la autoridad Federal en las funciones sustantivas relacionadas con los monumentos, sobre todo en los aspectos de conservación, restauración, intervención y demás funciones que, por lo demás, incluyen el principio de responsabilidad de la autoridad en casos de omisión o negligencia.

DÉCIMA.- Con respecto a la propuesta de que el destino o cambio de destino quede bajo la regulación de la Ley General de Bienes Nacionales propuesto como modificación en el artículo 14, debe señalarse que la categoría de monumentos es una excepción dentro de los mismos, que tiene tratamientos particulares precisamente por el carácter inalienable, imprescriptible y de propiedad de la Nación de los bienes arqueológicos, aquellos inmuebles históricos señalados en la fracción I del artículo 36 de la ley y los artísticos de propiedad Federal. Esta consideración se hace en correspondencia con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece la competencia exclusiva a la Secretaría de Educación Pública respecto de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos (fracción XXI del artículo 38), facultades de las que carece la Secretaría de la Función Pública. No obstante, la Ley General de Bienes Nacionales establece preceptos específicos respecto de los monumentos, en especial, el último párrafo del artículo 4°, que expresamente señala:

Artículo 4°.-

….

….

Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

DÉCIMA PRIMERA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que resulta improcedente la propuesta contenida en los artículo 30 y 31, consistentes en la emisión de una opinión, por parte de las autoridades estatales y municipales, respecto de los trabajos y permisos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia haga o autorice con motivo de los trabajos de exploración en monumentos arqueológicos, pues contravendría lo dispuesto en el artículo 2° de la propia ley que expresamente señala:

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

DÉCIMA SEGUNDA.- Se considera que al ser de interés nacional como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de utilidad pública las diferentes intervenciones que la autoridad lleva a cabo sobre los monumentos, como lo establece la ley, se deja sin efectos la relevancia de un dictamen que, por lo demás, demandaría una capacidad técnica y conocimiento especializado al que no están obligadas las autoridades de las entidades federativas ni de los ayuntamientos. En todo caso, podría convertirse en un instrumento de los más variados fines para detener trabajos de intervención urgente sobre monumentos ya descubiertos o en proceso de investigación.

DÉCIMA TERCERA.- Por último, estas comisiones dictaminadoras consideran que las acciones que lleve a cabo el Estado como son las campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, requieren de un presupuesto asignado específicamente para dicha finalidad, consecuentemente, se establece en el régimen transitorio del Decreto, lo conducente a efecto de dar certeza respecto del monto de los recursos que se destinarán para llevar a cabo estas acciones.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente proyecto de Decreto:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafo del Artículo 2°; el artículo 3°, el artículo 8°, el segundo párrafo del artículo 12, el artículo 14 y el cuarto párrafo del artículo 34; se adiciona un segundo párrafo al artículo 32; todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación y promoción, de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y los demás institutos culturales del país, incluidos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de las autoridades estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.


ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- El Secretario de Educación Pública;

III.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

IV.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

V.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y

VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los Estados y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije la ley.

ARTÍCULO 12.-…..

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con base en las disposiciones aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales.

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

ARTÍCULO 34.-

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa y del Gobierno Municipal, en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.


TRANSITORIOS

PRIMERO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento integral a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2014.

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Y otro, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE”, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

Las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, recibieron de parte de la Mesa Directiva del Senado de la República, el proyecto de Decreto por el que se declara el día 28 de noviembre de cada año “Día Nacional del Artista Intérprete”, suscrito por los Senadores Mariana Gómez del Campo, Blanca María Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa Huerta, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Zoé Robledo Aburto.

Con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de noviembre de cada año Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante con base en los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES

1. El 10 de diciembre de 2014, los Senadores Mariana Gómez del Campo, Blanca María Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa Huerta, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Zoé Robledo Aburto, suscribieron un punto de Acuerdo para declarar el día 28 de noviembre de cada año “Día Nacional del Artista Intérprete”.

2. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera el proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de noviembre de cada año “Día Nacional del Artista Intérprete”.

3. Las presidencias de las comisiones dictaminadoras hicieron llegar la propuesta a los integrantes con el propósito de dar por recibido el proyecto de Decreto.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del proyecto de Decreto a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza, reconoce que la diversidad cultural es una característica esencial de los pueblos y naciones porque acreciente la gama de posibilidades que nutren las capacidades y valores humanos. La cultura es uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades y un elemento estratégico de las políticas del desarrollo nacionales e internacionales. Asimismo, se reconoce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece disposiciones a efecto de garantizar la libertad de expresión, propiciar la calidad de la educación artística, además del reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación mexicana.

Asimismo, se advierte que en todas las culturas existen diferentes manifestaciones que comunican emociones, tradiciones, formas de pensamiento e interpretación del entorno que comúnmente denominamos expresiones artísticas, desde el moldeado de barro característico en muchas civilizaciones, las expresiones de la dramaturgia y el teatro griego, hasta los denominados permformans artísticos, todos contienen mensajes a través del cuales podemos entender los valores culturales de los pueblos y naciones.

A esta circunstancia no es ajeno nuestro país, una nación integrada por civilizaciones y tradiciones culturales de muy diverso orden y generador de grandes artistas reconocidos en a nivel mundial por la calidad de su trabajo y la influencia de su obra en la vida cultural de otros países. De hecho, México goza de un mayor conocimiento en el extranjero por la obra y trayectoria de sus artistas que por otro tipo de actividades.

Tomadas en cuenta las motivaciones de la propuesta del decreto, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales.

SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde las vasijas de barro testimonio de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional, las expresiones del arte prehispánico, los diferentes géneros y momentos del arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran relevancia de los siglos XX y XXI, entre otras, la pintura mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas que ocupan un lugar destacado a nivel mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor cultural y un producto de su propia cultura.

TERCERA.- La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961, ratificada por México el 17 de febrero de 1964 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1964, hace referencia a los artistas intérpretes siempre de manera conjunta con los ejecutantes, unificados por la expresión copulativa “o” para definirlos en el artículo 3 del citado instrumento de la siguiente manera: Artista intérprete o ejecutante, todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística.

CUARTA.- Desde esta perspectiva, en términos de los derechos de autor y los derechos conexos a que dan lugar las obras artísticas y literarias, es correcto referirse sistemáticamente a esta figura como artista intérprete o ejecutante. Así lo hace la Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo artículo 116 establece: “Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en esta definición”.

QUINTO.- En el calendario de celebraciones de orden cívico, a través de los cuales se rinde homenaje, celebra o conmemora una persona, actividad o circunstancia, no existe una fecha especial para distinguir a los artistas intérpretes o ejecutantes, hecho que representa la oportunidad de designar un día para que, en ocasión a los artistas intérpretes o ejecutantes, se puedan llevar a cabo el reconocimiento a una trayectoria destacada, de las que existen muchas personalidades en el país. Con la asignación de una fecha para celebrar a los artistas intérpretes o ejecutantes, es posible que instituciones públicas, sociedades de gestión colectiva, agrupaciones artísticas o cualquier otra forma de organización social, lleve a cabo programas que permitan destacar y difundir las actividades de interpretación o ejecución de artistas mexicanos de gran trayectoria.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera y para los efectos de lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de Decreto:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL DÍA 28 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE”

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 23 de abril del 2015.

COMISIÓN DE CULTURA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 416 Y 417 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA COMPETENCIA “FUERZAS DE COMANDO 2015”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 12 AL 24 DE JULIO DE 2015, EN POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN, REPÚBLICA DE GUATEMALA

(Dictamen de primera lectura)








Seis, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el artículo 17 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforman los artículos 47, 56 y 76 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47, 56 Y 76 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se adiciona el artículo 60 bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Y otro por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Tenemos también dos dictámenes de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 7 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Dictamen de primera lectura)








Y otro por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos un dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primerade la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictaminación una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de noviembre de 2014,Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objeto que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

CONSIDERACIONES

1. La Comisiones Unidas reconocen la importancia de continuar trabajando a favor del respeto de los derechos de las personas que por su condición de vida necesitan de acciones afirmativas que los coloquen en una igualdad de condiciones en el disfrute de sus derechos.

De acuerdo con la Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, clasificados de acuerdo con fenotipo y, en un cada vez más importante número de casos, con defectos de genes y/o de sus proteínas, de los cuales cada tipo presenta necesidades diferentes, siendo la falta de movilidad uno de los principales problemas, aunado a otros de salud que son adherentes a su condición.

Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas con los padecimientos anteriores, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les imponen su entorno social, lo cual les impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Sin embargo, hasta el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un padrón de personas con enanismo en nuestro país, que entre otros, nos permita identificar en qué condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más difícil conocer la realidad actual de este sector vulnerable para con ello diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión.

2. A nivel internacional, entre la normativa a favor de las personas con enanismo o cualquier otra displasia tenemos:

• Conferencia Internacional de Derechos Humanos: En la Proclamación de Teherán se exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: Señala que son personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2002.

Por su parte, en Latinoamérica hay países que tiene legislación dirigida especialmente a las personas de talla pequeña, como el caso de Colombia y Guatemala.

3. Desde tiempos antiguos, señalan las y los integrantes de las Comisiones Unidas, la figura de personas de talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades llamándoles (bufones, fenómenos y seres mágicos).

Existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como también limitada información seria sobre la real naturaleza del enanismo.

Las personas de talla baja viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición.

Así, un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre otras.

Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano,  baños públicos, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio y no en aquellos a los que muchos llaman “ENANOS” en forma despectiva.

Todo esto causa limitaciones en quienes no alcanzan la medida; algunos, al grado de preferir quedarse encerrados en sus casas, o bien, les es más difícil desenvolverse en su cotidianeidad, necesitan esforzarse más, rodar un banco o taburete, subirse a él y llegar hasta donde se quiere llegar.

Nada es imposible para ellos, con un poco más de esfuerzo, todo lo que deseen lo pueden realizar. Pero no falta quienes miden su inteligencia y capacidad mental, con el tamaño que en estatura logran alcanzar.

4.- En cuanto al trabajo legislativo en la materia, recientemente se modificó el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el que se especifica que el concepto de "talla pequeña" no será motivo de exclusión. El texto indica que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad.

Asimismo, se presentó en julio del año pasado una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objetivo de incluir a las personas de talla pequeña en incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México misma que se encuentra en estudio para su dictaminación.

En ese tenor se presentó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República.

5. Estas situaciones a las que se enfrentan, han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar para mejorar la calidad de vida de la gente pequeña; ya sea porque viven con enanismo, porque algún familiar lo presenta o simplemente por un ánimo filantrópico y, por lo mismo, han creado una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña.

En ese sentido, las personas de talla pequeña han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover la Conmemoración del “Día Nacional de las Personas de Talla Baja” el día 25 de octubre de cada año.

Cabe reconocer que la iniciativa surgió en México y se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más relevante a nivel internacional en el rubro.

A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público.

Para esta conmemoración se propone que a los participantes se les distinguirá por un listón verde, en alusión a su significado de vida, teniendo como objetivo, crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo.

6.-Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, situación ligada a la accesibilidad y diseño de espacios, que va desde el uso de un sanitario en espacios públicos, abrir una puerta, apagar una luz o subir a un autobús;  tareas que para la mayoría de personas son normales y cotidianas; sin embargo, para la Gente Pequeña son una verdadera proeza, en especial porque en México aún falta por construir la infraestructura que sea accesible para las personas con discapacidad en diversas áreas y ciudades.

Es por lo anteriormente expuesto, que la propuesta de la presente Iniciativa va encaminada a que el 25 de octubre de cada año se declare como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

Único.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Tenemos también los siguientes dictámenes.

Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)








Tres, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se reforman las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)








Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se reforman el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

(Dictamen de primera lectura)








Y otro, por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)








Así también, tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyectos de Decreto:

Por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de noviembre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. Con fecha 10 de noviembre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada misma que se turnó a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.
II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo el enriquecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), para lograr el cumplimiento de su objeto; de este modo las adiciones propuestas establecen atribuciones para integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil; así como proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Relaciones Exteriores, de Reforma Agraria, y de Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil.

Con estas adiciones se redefinen las atribuciones del Instituto a fin de que adopte un papel más preponderante, y emprenda acciones transversales con las dependencias y entidades federales competentes en la planificación de estrategias que permitan a los jóvenes mexicanos insertarse al mercado productivo; también se propone la integración de un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector las posibilidades de emplearse y autoemplearse, proponiendo para ello adicionar dos nuevas fracciones XV y XVI al artículo 4 para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.…

I. a XIV....

XV.Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil;

XVI.Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;

XVII.Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y

XVIII.Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

II. CONSIDERACIONES

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señaló en su dictamen que México tiene hoy el mayor número de jóvenes en su historia, si se parte de que, tal como lo señala la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, el número de jóvenes en México esquívale a 36.2 millones según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa a más de un tercio de la población total del país, de los que 17.8 millones son hombres y 18.4 millones mujeres.

Señala que México cuenta con el mayor número de jóvenes que representan una oportunidad histórica de desarrollo económico para cualquier nación en esa situación, por lo que el gobierno tiene el reto de trabajar en la construcción de una política de Estado eficaz, que otorgue oportunidades de desarrollo personal y profesional a la población en general, pero particularmente a los jóvenes que día con día se incorporan a la población económicamente activa de nuestro país.

Considera fundamental fortalecer jurídicamente las facultades del Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud; tomando en consideración que el gobierno federal realiza esfuerzos para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, como la creación y operación de los siguientes programas, citados por el promovente: Apoyo al Empleo (PAE), Empleo Temporal (PET), Fomento al Empleo (PFE), Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas (PETU), Preservación del Empleo (PPE), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Opciones Productivas, entre otros.

Argumenta que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como atribuciones específicas las de emprender acciones transversales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, particularmente con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes con el objeto de proponer programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo de los jóvenes. Asimismo expone el porqué de la atribución para integrar, actualizar, publicar y difundir un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector juvenil opciones de empleo y autoempleo.

Resalta que la reforma propuesta no contraviene ninguna disposición jurídica del orden federal ni duplica disposiciones, por el contrario, enriquece las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud permitiendo que el trabajo de las distintas dependencias de la administración pública federal dirigido a los jóvenes tenga mayor difusión entre el sector e impacto en sus objetivos al brindarles mayores oportunidades de empleo y autoempleo.

CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera procedieron al estudio de la Minuta turnada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las iniciativas que se consideraron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de brindar a la juventud nacional un mejor instrumento legal que les permita integrarse mediante mejores opciones laborales con mayor plenitud a las decisiones y desarrollo de nuestro país.

Reconocemos que la población joven se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico del pasado.

Aproximadamente, uno de cada tres mexicanos tiene un rango de edad entre 12 y 29 años, con el consecuente reto que implican la salud, la educación, la recreación, la cultura y la creación de oportunidades laborales integrales para ellos.

Desean espacios plurales de participación, en el que expresen sus ideales, sus aspiraciones, sus problemas y propongan formas para alcanzar unos y resolver otros.

Para avanzar hacia la elaboración de una propuesta de atención a los jóvenes hay que considerar que éstos, son un sector de la población con características y demandas sumamente heterogéneas, que tienen en común algunos tipos de comportamiento relativamente novedoso en la sociedad  y cuya atención plantea un conjunto de retos que deben ser asumidos adecuadamente por el Estado.
Todo lo anterior, confirma la necesidad de una política de Estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que tenga a los jóvenes como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción pública.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados,hemos considerado conveniente y favorablemente promover la propuesta de nuestra colegisladora de adicionar la Ley del Instituto mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Artículo Único.-Se adiciona el artículo 4, con las fracciones XV y XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones, a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4.…

I. a XIV....

XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil;

XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil;

XVII. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y

XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-Las acciones que, en su caso, deba realizar el Instituto Mexicano de la Juventud para cumplir con el presente Decreto, deberán solventarse atendiendo a sus recursos disponibles.

Senado de la República, a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Y por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de octubre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis ala Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. Con fecha 20 de octubre de 2011, durante la LXI Legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citadamisma que se turnóa las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.


II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta motivo del presente Dictamen tiene como propósitoel incluir como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud el diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural, asimismo, diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes, proponiendo para ello adicionarlos artículos 3, con una fracción VII, y 4 con una fracción X Bis para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.…

I. a IV.

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos;

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.

Artículo 4.…

I. a X.

X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;

XI. a XVI.

II. CONSIDERACIONES

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, destacó en su dictamen que los jóvenes por su condición particular representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero por su condición, también constituyen una etapa de formación, de conocimiento y de experiencias nuevas que requieren el apoyo de sus familias y del Gobierno a fin de garantizar su desarrollo integral dentro de la sociedad.

Señaló que resulta primordial contar con un marco legal garante de los derechos de la población, particularmente de aquellos grupos que por su condición, como lo expone la diputada promovente, se encuentran en una situación de desventaja, a partir del cual las Instituciones del Estado lleven a cabo los programas y acciones que garanticen el desarrollo integral de los jóvenes.
Observó que los números que muestran la realidad de nuestra nación justifican la necesidad de actualizar la legislación para garantizar el acceso de los jóvenes a la cultura ya que México cuenta con una población total de 107 millones de personas de las cuales, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33% del total de la población mexicana es de jóvenes.

Resaltó que de estos jóvenes, el 60% de los hombres afirma que se le respeta su derecho a disfrutar de la cultura, el 20% que si pero parcialmente y el otro 20% señala que no se le respeta este derecho. Por parte de las mujeres jóvenes, el 56% indicó que si se le respeta este derecho, el 23% indicó que si pero parcialmente, y el 19% dijo que no se le respeta este derecho, de conformidad con la Encuesta Nacional de Juventud 2005.

Argumentó que si bien es cierto que más de la mitad de los jóvenes perciben que si se les respeta el derecho de acceso a la cultura, también es cierto que una tercera parte, en promedio, afirman que no se les respeta este derecho, poco más de 11 millones de jóvenes. Esto representa un foco de atención para un país privilegiado como el nuestro al contar con un acervo cultural, arqueológico e histórico sumamente rico.

Consideró no solo viable sino necesaria y oportuna la reforma promovida ya que si bien la Constitución, en su artículo 4 último párrafo, reconoce el derecho al acceso a la cultura para todas las personas, también es cierto que no está suficientemente garantizado su respeto en la legislación secundaria, particularmente en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en lo relativo a la protección del derecho de los jóvenes para acceder a la cultura.

CONCLUSIONES

Quienes integramos de manera plural las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera estamos conscientes de que la problemática y los nuevos perfiles de la juventud nacional, demandan la creación y aplicación de instrumentos jurídicos que permitan un mejor desarrollo hacia este sector de la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de fomentar acciones que promuevan el reconocimiento y protección de su ciudadanía en circunstancias de igualdad.

En ese contexto y con referencia a la propuesta contenida en la minuta motivo del presente Dictamen consideramos que bajo la dinámica de actualizar el texto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en lo concerniente al desarrollo y gestión de la cultura, es que valoramos la conveniencia de redefinirla constitución y ámbito de actuación de la Institución representante del Gobierno Federal en la materia en el diseño y coordinación de planes y programas destinados al fomento y desarrollo cultural de nuestra juventud nacional.

Asimismo creímos conveniente actualizar el marco jurídico para un sector de gran importancia tanto en la sociedad como en nuestra nación; reconociendo y resaltando la gran importancia de la juventud mexicana, así como el establecimiento de los respectivos mecanismos para el mejor ejercicio y desarrollo de su participación en la vida nacional.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, hemos considerado conveniente y favorablemente promover la propuesta de nuestra colegisladora de adicionar la Ley del Instituto mexicano de la Juventud.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la Minuta, motivo del presente Dictamen acordado, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Artículo Único.-Se adicionan los artículos 3, con una fracción VII, y 4, con una fracción X Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3.…

I. a IV.

V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos;

VI. Fungir como representantes del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural.

Artículo 4.…

I. a X.

X Bis. Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo de las manifestaciones culturales y habilidades artísticas de los jóvenes;

XI. a XVI.

TRANSITORIO

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y el Reino Hachemita de Jordania.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 6 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)








Cuatro, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyectos de Decreto:

Por el que se aprueba el Acuerdo entre México y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO, EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se aprueba el Acuerdo entre México y la República de Costa Rica, para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)








Otro, por el que se aprueba el Acuerdo entre México y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, HECHO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

(Dictamen de primera lectura)








Y uno más, por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SANTA LUCÍA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, HECHO EN CASTRIES Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 Y 9 DE JULIO DE 2013

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos ahora la discusión de 12 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos, todos se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes.

Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto para adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN XXIX-R AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Uno, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reformas en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 23 de abril de 2014, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De conformidad con la exposición de motivos el objetivo de la iniciativa en estudio propone establecer que el deporte, la cultura, la educación y la activación física fortalezcan, promuevan y estimulen la actividad y recreación física como un medio importante para la preservación de la salud y prevención de enfermedades.

La Senadora señala que los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, el Distrito Federal ylos Municipios, deberán de manera obligatoria fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, de acuerdo a las características de cada área de trabajo y oficina, con programas de activación física donde durante la jornada laboral se dediquen al menos 20 minutos a esta actividad. Asimismo, deberán promover recesos activos a mitad de la jornada laboral de aproximadamente 10 minutos, para realizar actividades de estiramiento y respiración. También deberán realizar campañas de comunicación, que promueva el uso de las escaleras; primero con apoyos visuales y con mensajes positivos que motiven, para hacer un hábito el uso de las escaleras, señalando los beneficios de tiempo y salud, con la finalidad de contribuir en la prevención de enfermedades crónicas, como el estrés físico y psicológico, el sobrepeso y la obesidad.

Afirma que en la actualidad, existen numerosos estudios que evidencian la importancia de implementar en los centros de trabajo, políticas que intenten compatibilizar el trabajo con la vida personal y de esta manera se puedan equilibrar las necesidades familiares y profesionales de los trabajadores.

Se coincide con los argumentos previstos en la Exposición de Motivos de la propuesta, en el sentido de que la combinación de la actividad física y una buena alimentación correcta mejora la calidad de vida de las personas, ya que favorecen el mantenimiento y conservación de la salud y pueden ayudar a evitar o retardar la manifestación de enfermedades crónicas, y las complicaciones de salud asociadas con el sobrepeso y la obesidad.

III CONSIDERACIONES

Sobre la argumentación anteriormente señalada por la Senadora promovente, creemos conveniente señalar que el 7 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley vigente, prevé a lo largo de su amplio articulado, diversas cuestiones relativas al fomento, estímulo y promoción de la actividad física como medio importante en la preservación de la salud.

En lo que se refiere a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 1 de la ley materia del presente dictamen, es necesario resaltar, que quienes dictaminamos, creemos que el texto propuesto no corresponde en congruencia con el contenido del propio artículo de la ley vigente,  ya que este, se refiere a la aplicación de la Ley y de los ordenamientos jurídicos de la cual se deriva, precisando que reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, reconocemos que el contenido de la propuesta al artículo 1, ya se encuentra previsto como una de las finalidades de la propia ley, la cual señala en la fracción IV del artículo 2 lo siguiente: “Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades”.

Respecto a la propuesta de reformar las fracciones IV y XI del artículo 2 de la ley que nos ocupa, encontramos que en relación a los temas de obesidad y estrés, ya se encuentran previstos en el artículo 51 de la Ley vigente, en donde se señala que las Asociaciones Deportivas Nacionales fungen como agentes colaboradores del Gobierno Federal y de las funciones que deben ejercer bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y que en la fracción IV estipula “Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca”.

Por lo que se refiere a  la adición de un segundo párrafo al artículo 6 de la ley,  estimamos que en esta, ya se prevé que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores. El contenido del artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y del Deporte señala que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. Asimismo, los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural. Para estar en posibilidades de cumplir con lo anterior se podrán celebrar acuerdos de colaboración con la Comisión Nacional del Deporte. No obstante lo anterior, este precepto legal también prevé la posibilidad de impulsar la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones oficiales.

De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte (CONADE) han emitido la "Guía de Actividad Física Laboral", la cual tiene por objeto crear, desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población trabajadora a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física en el trabajo. En esta guía se propone una rutina de actividad física compuesta por 3 fases: a) calentamiento; b) parte medular, y c) relajación. En la parte de calentamiento se realiza una actividad física mediante el cual se acondiciona al cuerpo con la finalidad de evitar lesiones. En esta parte se sugiere realizar movimientos en la que se muevan las articulaciones y músculos del cuerpo por un lapso de 3 minutos. En la segunda fase, se proponen ejercicios con mayor esfuerzo y dificultad por un periodo más prolongado, los cuales elevan la temperatura corporal así como la frecuencia cardíaca y respiratoria. Finalmente, en la última fase se realizan ejercicios con la finalidad de estabilizar al organismo, a través de ejercicios lentos y pausados, para lo cual se recomienda que estos sean por un periodo de 2 minutos.

Es conveniente señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha adoptado esta guía de actividades en la que, a través de carteles para su difusión en las diversas áreas, se sugiere realizar diversas actividades que tiene como finalidad implementar la actividad física en los trabajadores.

Asimismo, no omitimos señalar que la fracción XXV, del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece como una obligación patronal, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Por su parte el artículo 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, señala que durante las horas de jornada legal, los trabajadores tendrán obligación de desarrollar las actividades cívicas y deportivas que fueren compatibles con sus aptitudes, edad y condición de salud, cuando así lo disponga el titular de la dependencia respectiva.

Quienes dictaminamos reconocemos la constante preocupación de la Senadora promovente por combatir el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el estrés y las enfermedades crónicas, a través de la realización de actividades físicas, lo cual ha quedado ya de manifiesto en la iniciativa aprobada por esta Comisión en el sentido de Decretar el día 6 de abril de cada año como el “Día del Deporte, la Activación y Salud Física”. Lo cual estamos seguros contribuirá a crear programas y políticas públicas en la materia.

IV. CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la promovente, cuya finalidad es la de  reformar diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte para  abatir el sedentarismo y prevenir y erradicar la obesidad y el estrés, así como para establecer que las dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios fomenten obligatoriamente la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores. Concluimos:

Primero.- Ponderamos que el contenido de la propuesta se encuentra ya atendido dentro de texto comprendido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo.- Estimamos que la propuesta de iniciativa es innecesaria en virtud de que la legislación en materia de trabajo vigente, ya prevé, como derechos de los trabajadores, participar en actividades físicas y deportivas con la finalidad de mejorar su condición de salud.

Tercero.- Consideramos innecesaria su aprobación, ya que como ha quedado de manifiesto en el capítulo anterior, ya existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que la propuesta pretende resolver.

Como resultado de los razonamientos expuestos, estas Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, han considerado no favorable la aprobación de la iniciativa motivo del presente Dictamen y de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, someten a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Uno, de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 8º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen a discusión)








Otro, de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto para reformar los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 66 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen a discusión)








Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Dictamen a discusión)








Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Dictamen a discusión)








Tres, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con relación a los siguientes proyectos de Decreto:

Para adicionar el artículo 27 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN XXI AL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Para adicionar el artículo 25 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Y para reformar el párrafo segundo del artículo 3º constitucional.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto para modificar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social.

PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen a discusión)








Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Dictamen a discusión)








Y uno de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 51, segundo párrafo y 65; y se adicionan los artículos 56 con los párrafos segundo y tercero, y 106, con un párrafo segundo a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 113,117,135,176,178, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la minuta descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 6 de octubre de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4° y 73 fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho  de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia.

III. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De conformidad con el contenido de la minuta el objeto de la misma incluye los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento.

Asimismo faculta a la CONADE para entregar estímulos y apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, mediante la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que se definirá el objetivo, los montos, y los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos; asimismo, podrá suspender o cancelar la entrega de los mismos.

Y establece que los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales, tendrán la obligación de realizar visitas periódicas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, para convivir y dar pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte y los valores sociales.

En ese sentido la colegisladora consideró reformar los artículos 51, segundo párrafo y 65; y  adicionar los artículos 56 con los párrafos segundo y tercero, y 106 para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus Estatutos Sociales, de acuerdo con los principios de democracia, representatividad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 56. ...

La CONADE entregará los estímulos y apoyos directamente a las Asociaciones Deportivas Nacionales, que cumplan con lo previsto en el presente artículo, mediante la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que se definirán los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos, además de los requisitos previstos en otros ordenamientos aplicables.

La CONADE podrá suspender o cancelar la entrega de los estímulos y apoyos cuando no se cumpla con lo previsto en dichos convenios, sin menoscabo de las disposiciones y responsabilidades aplicables.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que determine la CONADE, o las autoridades competentes en la materia.

Artículo 106. ...

Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la CONADE para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte, y los valores sociales.

La colegisladora argumentó que  la cultura física y la práctica del deporte, son un instrumento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican, y como un factor de corrección de desequilibrios sociales, al crear hábitos favorables de inserción social; asimismo, que el deporte es un vínculo que abre nuevos horizontes, promueve la educación y fortalece los lazos entre las comunidades; que el deporte no sólo es fuente de salud y desarrollo para los individuos sino también para la sociedad; que el deporte engloba los principios e ideales que tanto valoramos como el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la victoria con humildad, el respeto de las reglas y en general un mundo más pacífico para los niños y jóvenes; y en resumen, que el deporte tiene beneficios sociales que conllevan hacia un mejor desarrollo.

Por otra parte consideró que la transparencia y la rendición de cuentas clara y suficiente permitirán identificar nuevos desafíos, reorientar las políticas en materia de cultura física y deporte y sobre todo, contribuirá a mejorar la toma de decisiones, y recuperar la confianza de la población en nuestras instituciones y asociaciones deportivas nacionales.

Todo ello con la finalidad de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas por las asociaciones deportivas nacionales en el ejercicio de los recursos públicos que les son otorgados, ya que se carece de disposiciones que conlleven a estos fines, situando a diversas asociaciones deportivas en un estado de opacidad en materia del uso de recursos públicos y en muchos casos poniendo en duda su trabajo y administración, siendo que por su propia y especial naturaleza surgen con fines puramente deportivos y no de lucro.

III CONSIDERACIONES

Sobre los antecedentes así como el contenido de la Minuta, derivado de las consideraciones señaladas y argumentadas propiamente por la colegisladora, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la cual se reconoció como derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte.

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió el 7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogó a la Ley motivo de la minuta en estudio.

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contemplalos principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento.

Por otra parte considerando el objeto de la minuta de establecerprincipios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como establecer mecanismos para la entrega de estímulos y apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, además de establecer la obligatoriedad de los deportistas que gocen de estímulos por parte de la CONADE, para atender las convocatorias que ésta consideré deberán participar; dichos preceptos se encuentran regulados en los actuales artículos 50, 55, 58, 66 y 117 de la actual Ley como se observará según lo siguiente:

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes.

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine.

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el siguiente ejercicio.

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe semestral de los resultados alcanzados en la materia.

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la CONADE.

IV. CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, procedido el estudio de la minuta turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida en 2003, por lo que hemos creído conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 con la expedición de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte.

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior  de su articulado contiene disposiciones en las que se prevén los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas; así como mecanismos mediante los cuales se regulan la estructura y funcionamiento de las diversas Asociaciones Deportivas Nacionales.

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en el ordenamiento vigente en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la minuta con proyecto de Decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se estima sin materia la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 6 de octubre de 2011durante la LXI Legislatura.

SEGUNDO.- Se desecha, para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

TERCERO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Senado de la República a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Están a discusión.

Al no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la SAGARPA e implementar y ejecutar un programa nacional de pesca ribereña integral, en beneficio de las comunidades pesqueras del país.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, está a discusión.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de Acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 16 de abril de 2015, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

La Mesa Directiva turnó dicho punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.


CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por los proponentes en que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México poco más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 90 por ciento son mujeres, asimismo, una de cada tres no concluyó la primaria, tres de cada diez no finalizó la secundaria y una de cada tres son de origen indígena.

La Ley Federal Trabajo (LFT), en su capítulo décimo tercero, regula lo concerniente a los derechos y obligaciones de los trabajadores domésticos y de acuerdo a esta legislación “son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”.

Asimismo, establece que los patrones deben abstenerse de todo maltrato de palabra o de obra. De igual forma, tienen la responsabilidad de proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica alimentación sana, así como condiciones de vida que aseguren su vida y la salud.

Por ejemplo, en caso de enfermedad, tienen la obligación de pagar al trabajador hasta un mes de salario que le corresponda. También establece el derecho de los trabajadores domésticos de un día y medio de descanso a la semana, preferentemente sábado y domingo.

El bajo de nivel de instrucción de las trabajadoras domésticas y un desconocimiento de sus derechos las coloca en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de las ocasiones deriva en diversos abusos. De acuerdo con cifras de la encuesta “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadores y las empleadoras”, el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas desconocen que exista alguna legislación que contemple sus derechos.

El estudio antes citado, señala que los principales abusos de los que han sido objeto las trabajadoras domésticas o que han visto que otra compañera los haya sufrido son: discriminación por ser indígenas (33%); que se le prohíba hablar su lengua indígena (25%); despido injustificado y acusaciones de robo (16%); que les hayan revisado sus pertenencias (16%); maltrato verbal a través de gritos y humillaciones; acoso sexual (12%) y discriminación por ser trabajadora doméstica (11%).

El acceso a prestaciones sociales por parte de las trabajadores domésticas es prácticamente inexistente, solo 1 de cada 10 tiene un contrato por escrito, 8 de cada 10 no está afiliada al IMSS ni tiene pensión de retiro. En contraste, 6 de cada 10 empleadores les descuentan el día cuando no trabajan por estar enfermas, dejando de manifiesto una clara contravención a lo establecido en ley sustantiva en la materia.  

En el año 2012 con la Reforma Laboral se incorporaron importantes avances para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Entre los cambios más significativos están la modificación del artículo 333 de la LFT, para que los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios disfruten de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, anteriormente solo se establecía de manera genérica el derecho a reposos suficientes.

También se modificó el artículo 336, que en su redacción anterior se refería a la fijación de los salarios mínimos y actualmente trata sobre el derecho de los trabajadores domésticos a contar con un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferentemente en sábado y domingo.De igual forma se estableció la posibilidad que mediante acuerdo entre el empleador y trabajador se puedan acumular los medios días en periodos de dos semanas, sin dejar de disfrutar un día completo de descanso en cada semana.Las cifras son contundentes y demuestran la discriminación y el maltrato que existe hacia las trabajadoras domésticas, como sociedad tenemos que erradicar estas prácticas.

En virtud de lo anterior, resulta impostergable hacer visible esta problemática y sumar esfuerzos para dignificar el trabajo doméstico. No debemos olvidar, que através de éste, más de dos millones de mexicanas logran sacar adelante a sus familias.

En el Congreso, seguiremos trabajando para garantizar mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas, tenemos el firme compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica de la cual dependen millones de familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Primero. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y a los Gobiernos de las treinta y dos entidades, para que en el ámbito de sus facultades promuevan una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de abril de 2015.






Y otro, que exhorta a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas.

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas.

La Mesa Directiva turnó dicho punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por los proponentes, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que constantemente tienen que migrar para encontrar fuentes de trabajo, y que esta situación ha motivado que en varias ocasiones sean violentados sus derechos humanos y laborales.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en 2013 la población potencial era de 6.02 millones de jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares. De esta población, 1.55 millones de personas correspondían a jornaleros agrícolas y 4.47 millones de personas eran integrantes de los hogares de los jornaleros agrícolas.

En México se ha avanzado en este tema, ya que se cuenta con un marco jurídico y de apoyo a las víctimas, asimismo, se tiene un marco de justicia penal que criminaliza algunas formas de esclavitud moderna como lo es la trata de personas. De la misma forma, se cuenta con programas de inspección tutelados al derecho de los trabajadores para hacer cumplir el Estado de derecho laboral en favor de los mexicanos.

El artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil, asimismo, la fracción XII del mismo artículo señala que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

Los proponentes exponen que en contraste a estos avances, en los últimos días se tuvo conocimiento del rescate por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de cerca de 200 indígenas tarahumaras. Que en este operativo se encontraban hombres, mujeres y niños, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua y eran explotados laboralmente por la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, en Baja California Sur. La información refiere que estos indígenas eran trasladados con engaños y trabajaban en la cosecha de papa, en condiciones de hacinamiento y de explotación, ya que recibían únicamente 200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

Ante este panorama, hay que reconocer al programa “México, con Trabajo Digno” de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ya que los inspectores comisionados confirmaron una denuncia, y aunque el proceso llevó su tiempo, se constató que trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.

En esta Comisión dictaminadora estamos a favor del ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores y, por supuesto, en favor de los grupos vulnerables. Rechazamos cualquier forma de esclavitud  y de actos que vulneran el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, en particular de indígenas, mujeres y niños.

Esta dictaminadora considera pertinente señalar que está de acuerdo en lo expuesto en el Punto de Acuerdo, sin embargo, considera oportuno subrayar que el informe pormenorizado sea por escrito para agilizar así su respuesta, asimismo es de resaltarse que en la reunión ordinaria de trabajo, las diversas expresiones políticas expresadas en la Comisión se pronunciaron por respaldar unánimemente este punto de acuerdo para así poder contribuir al bienestar de nuestras mujeres, niños y hombres jornaleros agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. Asimismo solicita envíe a esta soberanía un informe escrito y pormenorizado de las acciones implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, Baja California Sur.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de abril de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Secretaria. Están a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 11 dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.

Uno, por el que se solicita un informe sobre la atención proporcionada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro, que exhorta a fortalecer las acciones y políticas instrumentadas para garantizar la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Uno más, por el que se solicita promover el fortalecimiento de las estrategias e instrumentos jurídicos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar las manifestaciones homofóbicas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, implementar reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro más, que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer en el Presupuesto de Egresos para 2016, los recursos destinados a los programas, políticas e instituciones relacionadas con la vigencia de los derechos humanos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que el Senado de la República condena los homicidios de Adrián Rodríguez y Wilson Castro, defensores de los derechos humanos de los migrantes.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro más, por el que el Senado rechaza la práctica de la mutilación genital femenina.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que fortalezcan los programas de capacitación en materia de derechos humanos de sus fuerzas de seguridad pública.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Uno más, por el que se solicita llevar a cabo las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Otro, en torno a los acontecimientos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








Y otro, por el que se solicita un informe sobre las actividades desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes de los cuales ha dado cuenta la Secretaría.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes con puntos de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente; con el voto en contra de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, en relación con el dictamen por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, implementar reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






A continuación, tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Cultura, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé cuenta con las materias de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta a establecer los acuerdos necesarios para mantener en funciones el Teatro "Julio Jiménez Rueda".

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTRA

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes a mantener en operación el teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar y preservar el legado cultural en la ciudad de México.


ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 10 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Secretaria de Educación Pública para que mantenga en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar y preservar el legado cultural en la Ciudad de México.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República.

3. La proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de acuerdo suscrita por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete tiene como propósito solicitar a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Secretaria de Educación Pública a mantener la operación del Teatro Julio Jiménez Rueda, teatro que forma parte de la infraestructura cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y sede de la Compañía Nacional de Teatro.

La solicitud se origina con motivo de una serie de comunicaciones entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, respecto de los inmuebles que ocupan el predio en donde se ubica el teatro. De hecho, el 9 de mayo de 2014, la Dirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, a cargo del Licenciado Florentino Castro López, emitió un comunicado a la titular del INBA en el que informa que, con motivo del dictamen estructural realizado a los inmuebles ubicados en Avenida de la República 134, 140 y 154, en la colonia Tabacalera, se han desalojado dos inmuebles “frente al riesgo evidente de un sismo” y que requiere de una reunión de trabajo a efecto de “concretarse el desalojo del edifico” que alberga el Teatro Jiménez Rueda.

La proponente refiere que el teatro constituye una de las actividades culturales y artísticas de mayor contenido humano, porque en el tiempo y en el espacio de la representación escénica se desarrolla e integra la colaboración solidaria de actores y espectadores. Esta disciplina artística representa un universo de posibilidades en donde dramaturgos, actores, directores, escenógrafos, coreógrafos, iluminadores, tramoyistas y demás personas involucradas en el arte teatral, transportan al público a las más diversas realidades, propiciando en ellos la apreciación artística así como la reflexión y crítica sociales.

De manera particular, el teatro Julio Jiménez Rueda es un escenario que ha cumplido ampliamente con la función de presentar una oferta cultural diversa que, por más de cinco décadas, ha estrechado la relación entre el público y la comunidad teatral. Este escenario fue Inaugurado en el año de 1965, como resultado de un Decreto presidencial publicado en el años de 1961 que estableció, de acuerdo a lo postulado por la proponente, la incorporación de los terrenos frente al Monumento da la Revolución al ISSTE y la construcción en el mismo predio de un teatro que sería administrado por la Secretaría de Educación Pública.

Con motivo de los anuncios emitidos por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: primero, en términos de que el teatro operaría hasta el día 30 de marzo de este año y, más tarde, de que no sería cerrado sino que continuaría con su programación habitual, se ha despertado la inquietud sobre el destino de este inmueble y sobre la condición estructural del mismo.

Bajo estos supuestos, la proponente solicitó resolver sobre tres aspectos: exhortar al ISSSTE y a la Secretaría de Educación Pública para que mantenga en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar y preservar el legado cultural de la ciudad de México; solicitar al ISSSTE, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura información sobre la posesión, situación jurídica, operación y condiciones actuales del teatro Julio Jiménez Rueda y al Gobierno del Distrito Federal solicitar información referente al peritaje estructural del inmueble ubicado en la Avenida de la República número 154, colonia Tabacalera, que actualmente alberga al teatro Julio Jiménez Rueda.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El sábado 1 de abril de 1961 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que desincorpora del dominio público de la Federación y se retira del servicio de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el predio ubicado en el número 154 de la prolongación de la Avenida Juárez, de esta ciudad, enajenándose en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho predio había estado en posesión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública desde el año de 1949, organismo que lo había destinado al almacenamiento de material y equipo, así como para estacionamiento.

SEGUNDA.- En el mismo decreto se establece la necesidad del ISSSTE de contar con un predio para construir y adaptar en él un local que funcione como ampliación de sus actuales oficinas y, al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de la Secretaría de Educación Pública “de disponer de una sala de espectáculos en el Distrito Federal con una adecuada ubicación para fomentar las actividades artísticas y culturales que tanto interesan al Ejecutivo Federal”.

TERCERA.- En atención a la legislación vigente, en el decreto se señala que la enajenación de predios federales sólo pueden realizarse en caso de evidente utilidad pública que, en este caso, se cumplió cabalmente con la asignación de un nuevo destino al predio de la Lotería Nacional para efectos de la construcción de un inmueble para el ISSSTE y un teatro que sería administrado por la Secretaría de Educación Pública.

CUARTA.- La Secretaría de Patrimonio Nacional procedió a la enajenación del predio, en la modalidad fuera de subasta y mediante pago al contado, a favor del ISSSTE con base en la cantidad fijada, en su oportunidad, por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, de modo que el predio quedó desincorporado del patrimonio Federal y en propiedad del ese instituto.

QUINTA.- El artículo tercero del decreto establece: “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al erigir en el predio que se le enajena el edificio, para ampliación de sus oficinas y servicios conexos, construirá y adaptará una sala de espectáculos que se destinará al servicio de la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con el convenio que suscriban dichas entidades”. De modo que al adquirir el pleno dominio sobre el predio a que se hace referencia en el Acuerdo, el ISSSTE edificó una sala de espectáculos que fue entregada en su oportunidad, por conducto de la Secretaría de Patrimonio Nacional, a la Secretaría de Educación Pública para, señala el decreto, “los efectos del destino que este ordenamiento se le otorga”.

SEXTA.- Con fecha 4 de noviembre de 1965, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el escritor e historiador José Luis Martínez, comunica mediante oficio número 14449, al Licenciado Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento del Distrito Federal, sobre la resolución de la Secretaría de Educación Pública para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial del 15 de febrero de 1961, el Instituto Nacional de Bellas Artes recibiera el teatro Julio Jiménez Rueda, con el propósito de que se destine al fomento a las actividades artísticas y culturales. Desde entonces a la fecha, el teatro Julio Jiménez Rueda forma parte del patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, conforme lo establece y lo faculta la fracción VII del artículo cuarto de la Ley que Crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

SÉPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de observar la inquietud que generó en la comunidad teatral el posible cierre temporal o definitivo del teatro Julio Jiménez Rueda, sobre todo, en el contexto en el que las actividades teatrales no han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. De ahí que la comunidad haya manifestado una serie de expresiones públicas bajo la frase “Ni un teatro menos”, en el sentido de que resulta contrario a la política cultural pública reducir los escenarios, es especial, de un teatro en que se ha sido una pieza importante de la infraestructura cultural de nuestro país.

OCTAVA.- Asimismo, esta dictaminadora no cuenta con elementos, evidencias o documentos sobre presuntos daños estructurales del inmueble ubicado en Avenida de la República 154, correspondiente al teatro Julio Jiménez Rueda, que hagan inevitable su desalojo, demolición o permuta por un nuevo predio o inmueble en donde se pueda reubicar el teatro. Es de señalarse que no corresponde a esta dictaminadora emitir una opinión técnica al respecto, pues no se tienen las atribuciones para emitir una resolución sobre el tema, sin embargo, los integrantes de la comisión conminan a las autoridades involucradas, tanto del ISSSTE como del INBA, a establecer los acuerdos necesarios para garantizar que la actividad teatral no reduzca su oferta cultural y educativa.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer los acuerdos necesarios para mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar la actividad teatral en nuestro país o, en su caso, establecer los acuerdos necesarios que refrenden el compromiso de ambas instituciones con las artes escénicas y que se cumpla el propósito de que no haya ni un teatro menos.

SEGUNDO.- Se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informar a esta Soberanía sobre los acuerdos o determinaciones respecto del destino del teatro Julio Jiménez Rueda.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2015.

COMISIÓN DE CULTURA.






Y otro, en torno a los vestigios localizados en Puebla, que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa.

COMISIÓN DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE CULTURA

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del Estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla localizados en el centro de esa ciudad.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 11 de marzo de 2014, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del Estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla localizados en el centro de esa ciudad.

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República.

3. La proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición con punto de acuerdo suscrita por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz sostiene que los vestigios y restos de las civilizaciones que habitaron el que ahora conforma el territorio nacional, constituye un vasto patrimonio cultural que fue objeto de una destrucción, tanto en el orden material como en el simbólico, a cargo de los conquistadores de lo que más tarde se denominó la Nueva España. Muchos de estos vestigios fueron objeto de sustitución una vez consumado el proceso de conquista, lo que propició que en ocasiones sus edificaciones fueran destruidas o incluso encubiertas, ocupando en su lugar nuevas edificaciones que a la postre también conformarían un nuevo y vasto patrimonio arquitectónico y colonial. Tal es el caso de las ciudades de México, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí o, incluso, localidades más pequeñas, como Cholula o Tepotzotlán, cuyo valor histórico es reconocido internacionalmente.

Este patrimonio, sostiene la proponente, ha sido protegido bajo diferentes figuras jurídicas. En la actualidad se les considera monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, figuras que los inscriben a un régimen jurídico especial de protección para garantizar su preservación en el tiempo. Es de destacarse que el Estado mexicano ha realizado una importante labor durante décadas para llevar a cabo acciones de investigación, preservación y acceso al disfrute del patrimonio en el país  a través de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin embargo, también es cierto que dada la magnitud de nuestra riqueza histórica, se requiere de cuantiosos recursos para conservar lo hasta ahora  puesto en valor y hacer frente a los nuevos hallazgos que requieren investigación y que contribuyen a enriquecer el conocimiento sobre lo ocurrido en distintos momentos y lugares del territorio nacional.

De acuerdo con la Senadora que propone el exhorto, este es el caso de los hallazgos encontrados durante 2013 y 2014 en el centro de la ciudad de Puebla que, a decir de los especialistas, representan tan sólo una pequeña muestra de una gran cantidad de objetos que se esconden debajo de la superficie y constantemente son localizados sin que se reporten como descubrimientos. Las piezas y sitios a que se hace referencia en el barrio de Santiago, son evidencias materiales de una trinchera utilizada por las fuerzas nacionales durante la intervención francesa y la muy reconocida batalla de Puebla. Se trata, aseveran algunos especialistas en la materia, de enseres domésticos que muy probablemente fueron usados por los combatientes nacionales y cuyo lugar natural de destino podría ser el Museo de Sitio del fuerte de Guadalupe, en la misma capital poblana o, incluso, como patrimonio del museo de las intervenciones en la Ciudad de México.

Adicionalmente, se localizaron túneles de aproximadamente 30 metros de largo que fueron usados para el abastecimiento de las tropas, construidos por el año de 1863, los cuales lamentablemente fueron objeto de uso y saqueo, lo que dejó sin protección a muchos bienes, probablemente robados y con el riesgo que representa para la seguridad de las personas una construcción del siglo antepasado.

Por tal motivo solicita emitir un exhorto tanto a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como del gobierno del Estado de Puebla para que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios recientemente localizados en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyos objetivos son realizar investigación científica sobre antropología e historia relacionada con la población del país, la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico así como la promoción y difusión de las materias y actividades que tiene encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es competente en todo lo relacionado con la recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico.

SEGUNDA.- El INAH se fundó en el año de 1939, momento en el que se concreta institucionalmente una vocación del Estado mexicano por mantener en la esfera de protección de la Nación los bienes de las culturas que habitaron el territorio nacional antes de la hispánica y de todos aquellos bienes que, en su oportunidad, constituyeron el legado de la época colonial y las primeras etapas del México independiente de interés nacional. En el primer caso, los bienes arqueológicos fueron declarados propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. En el caso de los bienes muebles e inmuebles históricos, adquirieron la misma condición cuando estuvieran bajo el dominio de la Nación y, los de propiedad particular, sujetos a condiciones de uso, conservación y traslado de dominio.

TERCERA.- Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de preservación del legado cultural del país. Esta circunstancia ha posibilitado mantener una política de preservación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico uniforme, permanente y ligada a los propósitos de la educación y el desarrollo social, además de la promoción internacional del legado cultural de México al mundo.

CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura tienen conocimiento del amplio y vasto patrimonio del Estado de Puebla, en donde el pasado arqueológico, e histórico, reúnen expresiones de manera particular en distintas regiones, ya sea Cuetzalan, Cholula o, incluso, la misma ciudad de Puebla, por lo cual no deja de ser una entidad cuya riqueza y diversidad cultural es de obligada preservación para la autoridad Federal y para las autoridades del Gobierno del Estado, cada uno de ellos en las materias de su competencia.

QUINTA.- Por su situación geográfica, en el centro del territorio nacional, de paso obligado en las rutas comerciales desde la época prehispánica, durante la colonia y los siglos XIX y XX, los habitantes de esta región pudieron participar en el desarrollo de un sin fin de actividades productivas, como son la agricultura, el comercio y la industria, incluso esta última antes que en otras partes del país, las cuales incidieron en el desarrollo de una vasta arquitectura que se fue modificando y enriqueciendo en el curso de los siglos XVI al XVIII, es decir, de una arquitectura colonial a una francesa románica, de las cuales aún existen testimonios representativos.

SEXTA.- El territorio que hoy ocupa la ciudad de Puebla ha sido escenario de innumerables acontecimientos históricos, desde la instalación de la Colonia en toda su plenitud, los viajes de la Nao de China, la época de Independencia, así como momentos relevantes de la Revolución Mexicana. No obstante, especial mención merece la heroica defensa de la Ciudad de Puebla durante la intervención francesa, en el año de 1863 y, más tarde, la confrontación con el ejército liberal, en el año de 1867.

SÉPTIMA.- Testimonio de las diferentes confrontaciones, durante el Siglo XIX, se construyeron una serie de fortines, fosas y zanjas en la ciudad de Puebla, concebidos para la defensa militar originada por los conflictos internos y externos que, durante varias décadas, dieron origen a diversas disputas por el poder público Nacional. Los fortines militares se construyeron en forma circular rodeando la traza urbana de aquel entonces y, además, se construyeron dos fortificaciones, una concebida como polvorín, denominado Loreto, y otra denominada el Fuerte de Guadalupe.

OCTAVA.- Durante la defensa heroica de la ciudad de Puebla en contra de la intervención francesa, en el año de 1863, fueron ocupados todos los fortines, fosos y trincheras por los ejércitos mexicanos, los cuales constituyeron una base estratégica para la contención de las fuerzas militares enemigas y testimonio de las tácticas defensivas de aquel momento. Al día de hoy, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene registrados diecisiete fosos e identificadas algunas trincheras utilizados en la defensa de la ciudad en aquel entonces.

NOVENA.- Los hallazgos encontrados en el centro de la ciudad de Puebla, en lo que podría ser vestigios de trincheras y fosos durante 2013 y 2014, a decir de los especialistas, representan tan sólo una pequeña muestra de una gran cantidad de objetos que se esconden debajo de la superficie y que constantemente son localizados sin que se reporten como descubrimientos. Como es señalado en el Punto de Acuerdo propuesto, muy probablemente sean enceres utilizados por los soldados y restos materiales de una trinchera utilizada por las fuerzas nacionales durante la intervención francesa. Se trata de bienes históricos que, dependiendo su valor, podrían tener como destino natural el Museo de Sitio del fuerte de Guadalupe, en la misma capital poblana o, incluso, como patrimonio del museo de las intervenciones en la Ciudad de México. Con independencia de ello, deberá hacerse la exploración en los túneles localizados de aproximadamente 30 metros de largo, pues muy probablemente fueron la vía de avituallamiento de las tropas, mismos que lamentablemente, por las noticias con que se cuenta, fueron objeto de uso y saqueo, lo que dejó sin protección a muchos bienes, probablemente robados y con el riesgo que representa para la seguridad de las personas una construcción del siglo antepasado.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Gobierno del Estado de Puebla lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios recientemente localizados en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 23 de abril de 2015.

COMISIÓN DE CULTURA.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los mismos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






A continuación, tenemos la discusión de nueve dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé cuenta con las materias de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.

Uno, por el que el Senado se congratula por la elección del Señor Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Otro, que exhorta a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Uno más, que exhorta a suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Otro, que exhorta enviar a la Cámara de Senadores la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Uno más, que exhorta al Ejecutivo a enviar al Senado el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Otro, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta para liderar un proceso diplomático para negociar un instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Uno más, que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el estado que guardan los preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas y la posición de México.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que el Senado se congratula por el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal sobre la reanudación de la participación gradual del Estado mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








Y uno más, por el que el Senado se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas nucleares.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes.

No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los mismos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






Esta Directiva saluda la presencia y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes    de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, quienes asisten al Senado para presenciar la sesión y ser testigos del desarrollo del propio proceso legislativo.

Sean ustedes bienvenidos.

A continuación, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por el que se desecha la proposición que citaba a comparecer a los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Debido a que este dictamen se encentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría dé cuenta de la materia del mismo, e inmediatamente lo ponga a discusión.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por el que se desecha la proposición que citaba a comparecer a los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se deseche, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Municipal, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de las materias de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy cuenta de las materias de los dictámenes.

Uno, por el que se desecha la proposición que exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a solicitar una auditoría de la Cuenta Pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el periodo comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014.

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)








Y otro, por el que se desecha la proposición que exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato a investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, Guanajuato, respecto a unos contratos con particulares.

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Están a discusión los dictámenes.

No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






Pasamos ahora a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Federalismo, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del contenido de las materias de cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Informo de las materias de los dictámenes.

Uno, por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al titular de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1º de noviembre de 2012.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)








Y otro, por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los muros del Congreso".

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Están a discusión los anteriores dictámenes.

En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






Tenemos ahora la discusión de seis dictámenes en sentido negativo que proponen desechar el mismo número de proyectos de la Colegisladora.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día. En consecuencia pasamos a la discusión de manera conjunta, la votación la realizaremos de la misma manera.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR LOS INCISOS I) Y M) A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 28 de octubre de 2012, la Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, en materia de homeópatas.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 11 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, publicó en su Gaceta, Prevención a la Comisión de Salud, para que se dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud en comento.

3. Con fecha 28 de diciembre de 2012, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicitó a la Mesa Directiva, mediante Acuerdo, prórroga para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud en comento.
4. Con fecha 10 de enero de 2013, la Mesa Directiva autorizó prórroga para dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud en comento.

5. Con fecha 19 de marzo de 2013, se aprobó en la Asamblea de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, con una votación de 423 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

6. Con fecha 20 de marzo de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

En la misma fecha se turnó a la Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La presente Minuta tiene por objeto reformar el numeral 2 del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a fin de depositar la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, los médicos homeópatas.

Ley  General de Salud Vigente

Propuesta de la Minuta

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1.Médicos;

2. Homeópatas;

3. Cirujanos Dentistas;

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas             y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. Médicos;

2. Médicos homeópatas;

3. Cirujanos dentistas;

4. Médicos veterinarios en el área de su competencia; y

5. Licenciados en enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico los medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social,            de cualquiera de las carreras mencionadas y los enfermeros          podrán prescribir ajustándose a               las especificadas que determine la secretaría.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Es importante mencionar que la Ley General de Salud establece que se entiende por medicamento a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

Por lo que la clasificación de medicamentos de la Ley General de Salud, contempla por su naturaleza a los medicamentos homeopáticos, denominándolos como toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional.  Por lo que no sería viable eliminar a los profesionales de la homeopatía como facultados prescribir medicamentos.

C. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran innecesaria dicha reforma, toda vez que duplica el contenido del propio artículo 28 Bis numeral 2, así como de los artículos 28, fracción II, y 50 del Reglamento de Insumos para la Salud, en virtud de que dichas disposiciones especifican que los homeópatas (quienes tienen la calidad de médicos) se encuentran facultados para prescribir medicamentos. Así pues, queda claro, por una parte, que los homeópatas son médicos y por lo tanto son profesionales de la salud facultados para la prescripción de medicamentos en la materia de su competencia, en este caso, la homeopatía.

Para tener mayor claridad se plasman los artículos mencionados que a la letra dicen:

REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD

SECCIÓN TERCERA
PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 28. La receta médica es el documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y podrá ser emitida por:

1.Médicos;

II. Homeópatas;

III. Cirujanos dentistas;

1. Médicos veterinarios, en el área de su competencia;

2. Pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras anteriores, y

3. Enfermeras y parteras. Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes, enfermeras y parteras podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.

ARTÍCULO 50. Únicamente podrán prescribir los medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta especial o con receta médica que debe retener la farmacia que la surta o con receta médica que puede surtirse hasta tres veces, los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que tengan cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes:

1. Médicos;

2.Homeópatas;

3. Cirujanos dentistas, para casos odontológicos, y

IV. Médicos veterinarios, cuando los prescriban para aplicarse en animales.

D. Por lo otro lado, cuando en el numeral 2 del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, señala “homeópatas”, según el texto del inicial del referido numeral, se refiere explícitamente a profesionales, por lo que se entiende que son profesionales homeópatas, es decir, médicos homeópatas, lo cual no se puede confundir con otro grado académico que no sea el nivel profesional de licenciatura o de especialidad, ni se puede confundir con otra profesión distinta de la medicina alopática o homeopática, por lo que estas comisiones dictaminadores consideran que resulta innecesario adicionar el término “médico” al numeral 2 del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

E. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es inviable por los argumentos plasmados en el apartado de consideraciones, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 28 de la Ley General de Salud, por los argumentos que se vierten en el presente dictamen.






De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que la Ley General de Cultura Física y Deporte, propuesta por la Quincuagésima Primera Legislatura del Estado de Morelos.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica     del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177,  178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reformas en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 27 de julio de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, propuesta por la Quincuagésima Primera Legislatura del Estado de Morelos.

II. El 12 de octubre de 2011, se público en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4° y 73 fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho  de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia.

III. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De conformidad con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa en estudio es el de proponer que los tres órdenes de gobierno, en coordinación, deberán garantizar que en ciertos espacios públicos destinados al esparcimiento de la población, cuenten con un profesional del deporte y acondicionamiento físico dispuesto para capacitar, instruir, enseñar y apoyar a las personas en la técnica para garantizar y potencializar el aprovechamiento de la actividad física y el correcto desempeño en la práctica deportiva.

Asimismo, pretende que el Ejército Mexicano y en general, las Fuerzas Armadas, instruyan a los mexicanos durante la prestación del servicio militar nacional de las nuevas clases o remisos, en las disciplinas deportivas y actividades físicas para acondicionarlos e inculcarles la importancia de mantener el cuerpo ejercitado y en forma, garantizando el establecimiento de reservas militares de calidad para una posible movilización de las reservas humanas para hacer frente a algún conflicto de carácter interno o externo.

Al respecto, la Legislatura Local argumenta que la iniciativa motivo del presente Dictamen pretende realizar una aportación al orden jurídico nacional que contribuya al desarrollo sistemático de las actividades deportivas y físicas en México, a partir de la obligación que deberán tener en coordinación los tres órdenes de gobierno para contratar personal calificado que encada instalación, espacio o simple área pública destinados al esparcimiento y la convivencia social comenzando por los jóvenes hasta las personas de la tercera edad, tengan aptitudes para tutelar a los individuos de la comunidad en la práctica más adecuada de un deporte, de una disciplina o el desarrollo de alguna actividad física con la que pretendan ejercitar el cuerpo para mantenerse en forma física y saludables

Señala que en nuestro país ante los problemas de obesidad es ineludible reconocer que se tiene frente  a las instituciones de salubridad un severo problema de salud pública, siendo una opción el atacarlo a manera de prevención a través de la práctica asidua del deporte, así como por medio de estimular la actividad física en la población, acostumbrando a los mexicanos a adaptar sus costumbres y horarios para ejercitarse.

Manifiesta que es más adecuado que el Estado mexicano invierta recursos per cápita por habitante para obtener adeptos al deporte y a la actividad física, que, para atender enfermos en hospitales y consultorios del sector salud por sobrepeso.

Por otra parte resalta que otro aspecto no menos importante, es vincular la obligación de todo ciudadano mexicano al alcanzar la mayoría de edad para prestar el servicio militar a la nación, de acuerdo con lo que establece la fracción II del artículo 31 de la Constitución General de la República, y aprovechar todo el potencial que tiene el ejército mexicano, no sólo para adiestrar a los nuevos ciudadanos en el uso de las armas y conocimiento de la disciplina militar, sino también, para recibir acondicionamiento físico y preparación para transmitirlo.

III CONSIDERACIONES

Sobre los antecedentes así como el contenido de la iniciativa, derivado de las consideraciones señaladas y argumentadas propiamente por la Legislatura Local, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la cual se reconoció como derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte.

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió el 7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogó a la Ley motivo de la iniciativa en estudio.

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contiene disposiciones en las que se prevén los mecanismos a emplear por los tres órdenes de gobierno, respecto a la coordinación, para garantizar espacios públicos destinados al esparcimiento de la población.

Por otra parte considerando el objetivo de la iniciativa de proponer que los tres órdenes de gobierno, en coordinación, deberán garantizar que en ciertos espacios públicos destinados al esparcimiento de la población, así como que el Ejército Mexicano y en general, las Fuerzas Armadas, instruyan a los mexicanos durante la prestación del servicio militar nacional de las nuevas clases o remisos, en las disciplinas deportivas y actividades físicas para acondicionarlos e inculcarles la importancia de mantener el cuerpo ejercitado y en forma; dichos preceptos respecto de la propuesta al artículo 6, se encuentran ampliamente regulados en los artículos 6, 7, 32 y 33 de la actual Ley como se observará según lo siguiente:

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias.

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia.

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

Respecto de la propuesta de reforma al artículo 7 con relación a la participación del ejército mexicano y las fuerzas armadas, hemos de resaltar que dicha propuesta en principio no es materia de regularse en la Ley General de Cultura Física y Deporte, pues las atribuciones de ambas dependencias se rigen de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 29 y 30 respectivamente.

Asimismo no es atribución de la misma Ley General de Cultura Física y Deporte regular lo concerniente al contenido de los programas a desarrollarse durante la prestación del Servicio Militar Nacional, pues dichos contenidos son materia de la propia Ley del Servicio Militar.

No obstante lo anterior, la actual Ley General de Cultura Física y Deporte da cabida a la participación de ambas dependencias en el desarrollo y fomento de la actividad física y deportiva como se puede observar en los artículos 8 y 18 como se puede observar según lo siguiente:

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada una de las siguientes Dependencias:

a) Secretaría de Educación Pública;

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

c) Secretaría de Relaciones Exteriores;

d) Secretaría de Gobernación;

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Secretaría de la Defensa Nacional;

g) Secretaría de Marina;

h) Secretaría de Salud;

i)Secretaría de Desarrollo Social, y

j) Procuraduría General de la República.

IV. CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la Legislatura Local, cuya finalidad es la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida en 2003, por lo que hemos creído conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 con la expedición de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte.

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior  de su articulado contiene disposiciones en las que se prevén los mecanismos a emplear por los tres órdenes de gobierno, respecto a la coordinación, para garantizar espacios públicos destinados al esparcimiento de la población.

Por otra parte se ha observado la legislación competente para la participación del ejército mexicano y las fuerzas armadas en su participación respecto de la promoción y fomento de la actividad física.

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en el ordenamiento vigente en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se estima sin materia la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 27 de julio de 2011durante la LXI Legislatura.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Senado de la República, a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto para reformar los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 2, 12 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29  de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 113,117,135,176,178, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la minuta descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a" CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 27 de abril de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29  de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4° y 73 fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia.

III. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De conformidad con el contenido de la minuta como objetivo de la misma se propone establecer que la Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones.

En ese sentido la colegisladora consideró reformar los artículos 2 fracción IV, 12 fracción I, y 29 fracción XXI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2....

I. a III. ...

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud, en la prevención de enfermedades, y en el combate a las adicciones;

V. a XI. ...

Artículo 12....

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional, como medio para preservar la salud, prevenir las enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito;

II. a V. ...

Artículo 29....

I. a XX. ...

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para preservar la salud, prevenir las enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito;

XXII. a XXIV.

En respaldo a lo anterior la colegisladora argumentó que  la cultura física y el deporte, más allá de ser sólo medios de recreación, representan un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora; le permite al individuo desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a mejorar su calidad de vida; juega un papel preponderante para preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, además de constituir una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares y de combate a la obesidad; y que es uno de los medios más idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Concluyendo que con las modificaciones planteadas a la ley en la materia, además se establecería un vínculo de congruencia entre lo que la sociedad necesita y lo que la ley debe establecer para darle respuesta.

III CONSIDERACIONES

Sobre los antecedentes así como el contenido de la Minuta, derivado de las consideraciones señaladas y argumentadas propiamente por la colegisladora, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la cual se reconoció como derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte.

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió el 7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogó a la Ley motivo de la Minuta en estudio.

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contempla a lo largo de su amplio articulado, diversas cuestiones relativas al fomento, estímulo y promoción de la actividad física como medio importante en la preservación de la salud.

Asimismo para quienes integramos de manera plural las Comisiones que dictaminan es indudable que la actividad física y el deporte transmiten valores propios de la sociedad en la que está inmersa; consideramos que el deporte educa cuando permite desarrollar las aptitudes motrices y psicomotrices relacionadas con lo afectivo, cognitivo y social de la personalidad de quien lo practica, es decir, formaliza una educación por conocimientos (técnica, fundamentos individuales, táctica) y también una educación en aptitudes que configuran el ámbito de la personalidad, basado en una serie de valores propios a la actividad que se  realiza, coadyuvando a una formación personal con autonomía y libertad, como medida preventiva ante las adicciones, así como para prevenir el delito.

Por otra parte considerando el objeto de la Minuta de establecer que la Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones; dichos preceptos se encuentran regulados en los actuales artículos 2 y 30 de la actual Ley como se observará según lo siguiente:

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades.

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito.

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito.

IV. CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida en 2003, por lo que hemos creído conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 con la expedición de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte.

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior de su articulado contiene disposiciones en las que claramente se establece que la Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones.

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la Minuta con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se estima sin materia la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 27 de abril de 2011durante la LXI Legislatura.

SEGUNDO.- Se desecha, para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29 la Ley General de Cultura Física y Deporte.

TERCERO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Senado de la República, a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto para reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Una vez recibida por las  comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de noviembre de 2014, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen que comprende la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. Con fecha 13 de noviembre de 2014, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

3. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo, de acuerdo con las consideraciones expuestas por la colegisladora, incluir en el texto normativo el que se garantice la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público y se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia, que deberán estar contenidos en la norma oficial mexicana correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

La Colegisladora estimó pertinente destacar la necesidad de perfeccionar la concepción en torno a los parámetros de diseño, dimensiones, economía, acceso, utilidad y aprovechamiento que caracterizan la infraestructura destinada a la práctica de los deportes y que está destinada al uso de deportistas, jueces, entrenadores, espectadores, etcétera.

Refirió que las instalaciones deportivas representan en la actualidad elementos indispensables para el desarrollo de la función social y saludable que trae aparejada la práctica del deporte, haciendo necesario que su diseño, construcción, control y mantenimiento sean etapas cuidadosamente planeadas y calculadas, lo cual generará que la infraestructura deportiva de nuestro país, responda a las necesidades de la población e influya de manera positiva en la promoción y el desarrollo de hábitos saludables en nuestra sociedad.

Argumentó que numerosos instrumentos internacionales respaldan que el entorno físico influye o desmotiva de manera fundamental la práctica del deporte, por ello; la calidad en la creación de la infraestructura deportiva, que responda a criterios de sustentabilidad y pertinencia, atendiendo a criterios técnicos, adecuación a los entornos físicos, la necesidad de la población, la posibilidad real de mantenimiento de los mismos, entre otros factores; constituye una variable que es preciso considerar en las políticas públicas encaminadas al desarrollo del deporte en México; en tal sentido, la emisión de los instrumentos jurídicos necesarios, como lo es la norma técnica correspondiente; son elementos auxiliares que facilitan la labor de la administración pública en todos sus niveles.

Proponiendo por ello reformar el artículo 91de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

Al respecto quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que:

A través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el congreso de la unión ha incentivado, apoyado, protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario.

En ese contexto el objeto y espíritu del actual artículo91 de la Ley en estudio y motivo del presente dictamen, consiste en establecer los requisitos mínimos para la construcción de instalaciones deportivas.

Asimismo consideramos que en el texto vigente cuando el artículo 91 refiere a que “La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la norma oficial mexicana”, en ello se sobreentienden los criterios que se pretenden incluir, independientemente de que se deberá cumplir con los requisitos que marca la propia norma, por lo que no observamos necesidad de reformar el artículo en comento.

Por otra parte hemos de resaltar que la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con el denominado “Cuadernillo para la Integración de Expediente Técnico” mediante el cual se describen los requisitos administrativos, financieros y técnicos que regirán el desarrollo propio de cada obra a construir, incluyendo los criterios que se pretenden adicionar.

En respaldo a lo anterior creemos conveniente exponer lo establecido en el reglamento de la propia Ley General de Cultura Física y Deporte que en su artículo 71 señala lo siguiente:

Artículo 71. Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno Federal se deberán proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar, por parte de la CONADE, atendiendo las disponibilidades presupuestarias existentes, y cumplirán con:

I. Las Normas Oficiales Mexicanas sobre instalaciones deportivas;
II. Integrar el expediente técnico correspondiente;

III. Disponer espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de personas con alguna discapacidad física, durante la elaboración de los proyectos respectivos;

IV. Expedir sus normas de seguridad y operación;

V. Obtener la licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente, con el apoyo del Gobierno del Estado de que se trate;

VI. Designar un responsable técnico, para su operación y mantenimiento;

VII. Mostrar en lugar visible y accesible los servicios deportivos que se prestan dentro de la instalación, así como las cuotas o tarifas por dichos servicios, y

VIII. Contar con un reglamento de uso de instalaciones.

Es por lo anterior que consideramos reiterativo incluir el texto propuesto al artículo 91 de la Ley, por lo que derivado del análisis a la propuesta contenida en la Minuta de referencia no se observa relevancia en la misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la Ley en la materia.

Por lo que no es de considerarse necesaria la aprobación de la Minuta remitida por la colegisladora toda vez que la reforma propuesta ya se encuentra prevista en el ordenamiento vigente en la materia.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que el objetivo de la reforma propuesta a la Ley General de Cultura Física y Deporte ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la Minuta con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha, para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.

Senado de la República, a 25 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes.

No habiendo oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los proyectos a que se refiere este dictamen.

Informo a la Asamblea que estos son dictámenes en sentido negativo, a proyectos que nos envió la Colegisladora, razón por la cual tienen que ser votados de manera nominal.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, informo el resultado de la votación: 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, quedan desechados los proyectos de Decreto descritos.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.






A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas  de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático, que propone que las entidades federativas tengan, además de las atribuciones y facultades enumeradas en la ley general, las que se señalen en otras disposiciones jurídicas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que hoy discutimos consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación del anterior proyecto de Decreto y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al Senador Francisco Chahuán Chahuán, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de Chile, y a quienes lo acompañan; y al Excelentísimo señor Ricardo Núñez Muñoz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Chile ante México. Asisten a este recinto legislativo con el objeto de fortalecer el diálogo político y las relaciones bilaterales, estamos seguros que su visita será provechosa para ambos países.

Sean ustedes bienvenidos a México y al Senado de la República.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Informo a las Senadoras y Senadores que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se hayan recibido fuera del sistema electrónico, en el reporte de votación de este asunto.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA PARA EVITAR  LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE LOS CABOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002, HECHO EN NUSA DUA, BALI, EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar éste y el siguiente dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Con base en la facultad constitucional otorgada a la Honorable Cámara de Senadores para la aprobación de instrumentos internacionales suscritos por el gobierno federal, hago uso de esta tribuna haciendo referencia al Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia y al Protocolo que modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

Estos documentos a que he hecho referencia, son el resultado de que México ha sostenido con sus contrapartes de Indonesia, unas largas negociaciones.

Constituyen el marco legal para otorgar mayor certidumbre jurídica a las relaciones entre ambos países a favor de una mejor vinculación económica, comercial, turística y de inversiones.

De manera general, señoras y señores Senadores, estos convenios forman parte de una estrategia integral que busca otorgar al Estado mexicano elementos para reinsertarse plenamente en las cadenas productivas de Asía-Pacífico, que es la región, como ustedes saben, más dinámica del mundo.

Destaco que actualmente Indonesia es el décimo cuarto inversionista de nuestro país dentro de los países del sureste asiático.

Pero, en el espacio micro, Indonesia representa un puente para México en sus relaciones con el sureste asiático, así como el Estado mexicano representa un enlace importante para Indonesia con los países de América Latina.

El Convenio sobre Servicios Aéreos facilitará, sin duda, las operaciones aéreas entre México e Indonesia con el propósito de favorecer a los diversos sectores como el turístico, el económico, el comercial; y resulta, sin duda, estratégico para incrementar la conectividad aérea de México con el mundo y tener intercambios más frecuentes con el sureste asiático.

Asimismo, este convenio va a dar certidumbre legal para que las líneas aéreas de ambos países puedan operar dentro de un marco jurídico que beneficie a ambas naciones, bajo el principio de reciprocidad y de mercados equivalentes.

Al aprobar, Senadoras y Senadores, los convenios que estoy haciendo mérito, México podrá conectarse de manera indirecta y directa con más de 600 aeropuertos, y llegar a varios millones de pasajeros que viajan anualmente hacia y desde Indonesia.

De aprobarse por ustedes este convenio, estaremos uniendo a los aeropuertos mexicanos con Yakarta, que es considerado dentro de los 15 aeropuertos más importantes del mundo, que recibe 50 millones de pasajeros anualmente.

Hace algunos días, la Organización Mundial del Turismo confirmó que México es uno de los 10 países del mundo que atraen a más turistas internacionales; mientras que la región de Asia-Pacífico es la segunda región a nivel global con mayor número de turistas.

En este sentido, si México aumenta su conectividad aérea con estos países se podrá beneficiar al sector turístico que representa alrededor del 8 por ciento de la economía nacional, y superar los 29 millones de turistas que realmente fueron anotados en el 2014.

Adicionalmente, se abrirán más oportunidades en el sector de negocios para facilitar la presencia, traslado y movilidad de empresarios y compañías indonesias en México. Esta conectividad, además, facilitará el traslado de conglomerados empresariales deseosos de establecerse en el territorio nacional.

Quiero señalar que, además, tenemos un Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

Dicho protocolo permite fortalecer la lucha contra la evasión y los fraudes fiscales con base en nuevas estrategias de inteligencia financiera y mejorará las condiciones económicas para promover una mayor inversión en México de estos países asiáticos.

Quiero destacar que las relaciones económicas entre ambas naciones se han visto beneficiadas gracias a la suscripción del Acuerdo para Evitar la Doble Tributación, firmado en el 2013.

Un ejemplo de estos beneficios es el comercio bilateral que se ha triplicado en los últimos años.

Señoras y señores Senadores, destacar que ambos instrumentos internacionales no lesionan la soberanía nacional ni contravienen lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario puntualizarlo.

Quiero, finalmente, hacer un reconocimiento a los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, a sus Presidentes, a la Senadora Gabriela Cuevas, al Senador José Francisco Yunes Zorrilla y al Senador Javier Lozano Alarcón, quienes gracias a su disposición, a su talento, a sus propuestas y oficio político pudimos integrar los presentes dictámenes en sentido positivo.

Por su atención, Senadoras y Senadores, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador David Monreal Ávila, quienes asisten al Senado con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

Asimismo, también le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, quienes asisten también con la misma finalidad de presenciar el desarrollo de los trabajos legislativos de este Senado.

Sean ustedes bienvenidos.

En el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Senador José Rosas Aispuro Torres, Senador por el Estado Libre y Soberano de Durango. Señoras y señores Senadores:

En mi carácter de Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, mi intervención tiene que ver con la aprobación de dos instrumentos internacionales que han sido suscritos y remitidos a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El primero de ellos ha sido procesado por las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tiene el objetivo de prever que las autoridades competentes tengan facultades para solicitar e intercambiar información relativa a los impuestos, de cualquier clase y naturaleza, exigidos tanto por México como por Indonesia.

La aprobación del mismo permitirá que las autoridades hacendarias mexicanas puedan verificar, en el futuro, que los contribuyentes paguen las cantidades que correspondan conforme a la legislación establecida en cada uno de los países.

Asimismo, y por lo que respecta al segundo instrumento, el Convenio de Servicios Aéreos fue remitido a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tiene como objetivo establecer el marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y nuestro país hermano de Indonesia, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el desarrollo de diversos sectores de ambas economías.

Por supuesto que estoy de acuerdo en la aprobación de ambos instrumentos, pues son necesarios para trascender el actual estado de relaciones de México con nuestro país hermano, un Estado democrático con el que estamos próximos a cumplir 62 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Señoras y señores: En el Senado mexicano estaremos al pendiente para impulsar mecanismos e instrumentos que seguramente abrirán un nuevo capítulo de nuestras relaciones bilaterales en beneficio de la gente de ambas naciones.

Nuestra agenda bilateral debe ser más amplia. Estoy seguro que a partir de la buena disposición y del ánimo que aquí hoy nos contagia, será posible ampliar, estrechar y fortalecer la relación entre las Repúblicas de Indonesia y México, esta relación debe deparar a nuestros pueblos prosperidad y desarrollo. Hago votos para que así sea.

Ya para concluir, señor Presidente, Senador Rosas Aispuro, solamente comentarles, que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, donde está el Canciller Meade, como también la Secretaría de Turismo, donde está la Secretaria Ruiz Massieu, nos han apoyado muy fuertemente para que este convenio entre México e Indonesia de conectividad aérea sea posible.

Nosotros esperamos y exhortamos al Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Secretario Ruiz Esparza, para que también, así como el Canciller Meade ha impulsado este convenio, y que también la Secretaria de Turismo federal, la Secretaria Ruiz Massieu ha impulsado este convenio, lo haga también y lo materialice el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, para que en el breve, en el breve tiempo posible, ya podamos contar con vuelos directos de la Aerolínea de Indonesia a acá, a México, y que también aerolíneas mexicanas lleguen en vuelos directos a Indonesia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Ávila Ruiz.

Informo a la Asamblea que la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, quien es la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, hizo llegar el documento que fundamenta éste y el siguiente dictamen.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Con su venia Presidente:
Estimados compañeros:

El día de hoy, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; y de Comunicaciones y Transportes; ponemos a su consideración dos dictámenes de instrumentos internacionales.

Ambos se suscribieron con Indonesia, país que cuenta con cerca del 40% del total de la población del sudeste asiático.

Por la talla de su economía, Indonesia ocupa el primer lugar en la región y la posición número 18 a nivel mundial. De hecho, es el único país, después de China e India, en haber registrado crecimiento económico durante los peores meses de la crisis financiera internacional.

A pesar de ello, y de que México estableció relaciones diplomáticas con Indonesia hace poco más de 60 años, no hemos sabido aprovechar este acercamiento para consolidar una posición en el Sudeste Asiático.

Por ello, las Comisiones Dictaminadoras consideramos importante que el pleno del senado apruebe estos dos dictámenes.

El primero de ellos se refiere a la aprobación del Protocolo que modifica el Acuerdo entre México e Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.

La modificación de este Acuerdo, que entró en vigor en octubre de 2004, tiene el objetivo de actualizar las disposiciones sobre el intercambio de información tributaria para incorporar los nuevos estándares internacionales.

Entre los principales cambios podemos mencionar que a partir de ahora, la información tributaria podrá utilizarse para fines del combate a la corrupción y lavado de dinero con el acuerdo de ambos Estados. Además, es de resaltarse que los Estados Parte no podrán negarse a intercambiar información por no tener un interés interno en la información solicitada ni tampoco cuando la misma sea detentada por un banco u otra institución financiera.

Actualmente, México cuenta con 54 Acuerdos similares que se encuentran en vigor.

El segundo dictamen se refiere al Convenio sobre Servicios Aéreos entre México e Indonesia, hecho en Bali, el 6 de octubre de 2013.

Con este instrumento se establecerá un marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre ambos países a fin de desarrollar diversos sectores. Entre otras cosas, se establecen los derechos que ejercerán las aerolíneas de México e Indonesia como la posibilidad de sobrevolar el territorio del otro Estado, hacer escalas para fines no comerciales, y hacer escalas en el territorio del otro Estado con el fin de llevar a bordo o desembarcar en tráfico internacional a pasajeros, equipaje, carga y correo.

Asimismo, se establece que las tarifas correspondientes se establecerán por cada línea aérea, con base en consideraciones de carácter comercial a niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta todos los factores pertinentes, incluido el costo de operación y una ganancia razonable.

Esto permitirá a nuestro país ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas para su operación.

Estoy convencida de que México como país parte de la Alianza del Pacífico tiene que buscar acerarse al Sudeste Asiático y ahora es cuando podemos relanzar y fortalecer la relación. Por ello, solicito su voto a favor de estos dictámenes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Igualmente, informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta Directiva el documento relacionado con su intervención sobre este dictamen.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Este dictamen se reservará para su votación de manera conjunta con el siguiente dictamen.






Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre México e Indonesia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA, HECHO EN NUSA DUA, BALI, EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen.

En virtud de no haber más oradores, además de quienes ya en el dictamen anterior hicieron alusión a este propio dictamen, tanto el Senador Teófilo Torres Corzo como el Senador Daniel Ávila, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de éste y del anterior dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los proyectos de Decreto sobre estos instrumentos internacionales.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, se aprueban los Decretos que contienen:

El Protocolo que modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.

Y el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.

Se remiten al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.






A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación, sobre planeación de recursos ambientales y sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Y en primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen y como Presidenta de la Comisión de Cambio Climático.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen incorpora como fines y objetivos que debe de tener la planeación nacional, el tema del medio ambiente, el cual debe formar parte de los objetivos y fines de la planeación de las políticas.

No sólo los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos son importantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4º el derecho del medio ambiente sano y en diversos artículos establece el desarrollo sustentable y el uso sustentable de los recursos naturales. Los cuales son derechos fundamentales de todos los habitantes de este país, por lo que deben de estar plasmados de manera clara y directa en la Ley de Planeación.

También se incorpora que se deberá atender el principio de respeto irrestricto de los derechos humanos y de sus garantías como parte de la planeación del país.

Es por ello que solicito su voto a favor de este dictamen tan importante, y así nuestra Ley de Planeación contemplará la materia ambiental y esto nos garantizará esas políticas públicas transversales de todas las dependencias para llegar a una sola consecuencia: proteger nuestros recursos naturales y, por ende, vamos a proteger la salud de todos los mexicanos y mexicanas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

Esta Presidencia saluda y le da más cordial bienvenida al artista plástico Antonio Delmar Ayala Gress, tlaxcalteca de adopción, quien ha puesto el paisaje de Tlaxcala en los ojos del mundo. Hoy expone, por cierto, su obra en este Senado de la República, invitado a este evento, a esta exposición, por la Senadora Martha Palafox.

Sea usted muy bienvenido a este Senado y nuestro reconocimiento, desde luego, a su trabajo, a su obra que ha trascendido las fronteras de México.

Igualmente, le damos la más cordial bienvenida y nos es grato contar con la presencia del matador tlaxcalteca, Rodolfo Rodríguez “El Pana”, emblema de este estado y referente internacional del arte taurino a nivel mundial, a quien le damos una cordial bienvenida a este Honorable Senado de la República, invitado, también, por la Senadora Martha Palafox.

Gracias, sea usted bienvenido.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Informo a la Asamblea que los votos que se hayan recibido fuera del sistema electrónico, se acreditarán en el reporte de votación de este asunto.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, sobre migraciones por cambio climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Y en primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro de este dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, Senador Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores.

Este dictamen es de suma importancia y de relevancia en este tema tan importante que es el cambio climático.

Este dictamen incorpora el tema de las migraciones por causa de los efectos negativos del cambio climático a las disposiciones relativas a la adaptación de la Ley General de Cambio Climático.

Como todos sabemos, nuestro país es altamente vulnerable a este fenómeno.

Debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, se está provocando un aumento de temperatura y, con esto, una serie de reacciones, un cambio de temperatura en los océanos, pero también en las corrientes marinas, y esto viene a intensificar la temperatura en tierra precisamente por las corrientes de viento que están chocando.

Y, además, incide precisamente en los elementos más importantes, incide precisamente en que ese aumento de temperatura ocasiona la escasez de agua y, con ésta, la degradación de los suelos, y con esto, problemas en la alimentación, pero también en la salud, ya que el radio de los vectores se agranda y ahora pueden estar en lugares donde históricamente no se encontraban.

De acuerdo con datos del Índice de Riesgo Mundial del 2014, de un total de 171 países, nuestro país ocupa el lugar número 91 con un grado de riesgo medio ante la ocurrencia de desastres naturales.

Se estima que en el mediano y largo plazo, las temperaturas en el país se incrementarán en más del 6 por ciento con relación a la media histórica.

Una de las consecuencias derivadas de los efectos del cambio climático es la migración de personas, y hablo internamente, pero también a nivel mundial.

Es por ello que esta propuesta integra el concepto de desplazamiento interno de personas provocado por los fenómenos relacionados con el cambio climático. Que se integre a las acciones que se establecen en la Estrategia Nacional, en el Programa Especial de Cambio Climático y en los programas estatales.

Con esto, antes que nada, le doy las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, a su Presidenta, la Senadora Ninfa Salinas. Gracias por el apoyo, Senadora.

Muchísimas gracias a mis compañeros.

Y pido el favor para este importante dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

No habiendo más oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del anterior proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 88 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas  de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, SE ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura el día 14 de diciembre del año pasado, 2014, y se encuentra publicado en la Gaceta de ese día; asimismo, está a su disposición en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a la parte expositiva y al articulado de este dictamen, las cuales someteremos a su consideración. Si la Asamblea las acepta, la discusión del dictamen será con las modificaciones incorporadas.



Este documento se encuentra disponible en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren las modificaciones descritas al dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las propuestas descritas se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten las modificaciones al dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que autorizó la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Enrique Burgos García: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Conforme a nuestras normas internas, presento a ustedes el dictamen formulado por cinco comisiones en torno a nueve iniciativas en materia de reformas a las instituciones políticas y de gobierno del Distrito Federal, que identificamos como Reforma Política de la Ciudad de México, y al cual se le dio primera lectura el pasado 14 de diciembre, aprobándose hoy por el Pleno la admisión de un Acuerdo de modificaciones planteadas por las Juntas Directivas de las comisiones dictaminadoras, con relación a diversos temas en los cuales los grupos parlamentarios convinieron en seguir dialogando y construyendo acuerdos viables, que son los que hemos presentado.

Dejo testimonio del reconocimiento a los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, por sus contribuciones tan importantes; así como a los Senadores que conforman las Comisiones del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda; y a sus respectivos Presidentes, los Senadores Mario Delgado, Graciela Ortiz, Raúl Gracia y Alejandro Encinas, por el trabajo desplegado para la conclusión y presentación de este dictamen.

Por supuesto que también reconocemos la participación, muy particular, de las Senadoras y Senadores que aportaron sus puntos de vista a los entendimientos y acuerdos en este tema: a las Senadoras Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo; a los Senadores Héctor Larios, Roberto Gil, del Partido Acción Nacional; a los Senadores Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Joel Ayala, y no menciono más para no hacer ninguna exclusión.

Todos sabemos que este es un tema de singular relevancia: El régimen constitucional de la Capital de la República y de sus instituciones políticas y de gobierno.

En nuestro análisis consideramos, desde septiembre del 2013, diversas iniciativas que para diciembre de ese año entrañaban cinco propuestas de carácter integral y cuatro planteamientos de cuestiones específicas, que referimos con detalle en nuestro dictamen.

A partir de esas propuestas, se desplegó una tarea de conocimiento y comparación de diagnósticos, de identificación de objetivos de la reforma, de desarrollo de entendimientos y de construcción de acuerdos en torno a un modelo.

Sin duda, ha sido un trabajo largo y no exento de dificultades.

A la pluralidad de las reflexiones y propuestas, se agrega la necesidad de hacer síntesis para evolucionar, con base en una concepción que preserve el interés general, a partir de refrendarlo como el interés del Estado mexicano.

Hoy presentamos a su consideración esa síntesis:

El fortalecimiento de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, la construcción de instituciones en cauces democráticos para el poder federal, en su sede, y para las autoridades locales, afirmando la gobernabilidad y la funcionalidad de la gran urbe que se desarrolló en el Valle de Anáhuac a lo largo del siglo pasado.

El modelo planteado tiene dos elementos característicos, que me parecen esenciales: Uno, el régimen del Estatuto de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos como sede constitucional de los poderes federales; y, por otra parte, la expedición de la legislación por parte del Congreso de la Unión para garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.

La capacidad de la Ciudad de México para determinar lo relativo a su régimen interior, a través de la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de la Ley Suprema de la República, un aspecto de importancia singular a destacar es la integración y funcionamiento del órgano constituyente.

En revisión de la propuesta hecha, en diciembre último, para dotar a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la función de órgano constituyente. En esos análisis y discusiones ahora se logra una propuesta para la conformación de una Asamblea específica, que sería de 100 Diputados; 60 de los cuales serán electos por el principio de representación proporcional, en una sola circunscripción para la Ciudad de México, y 40 designados por órganos de representación federal, este Senado, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo de la Unión, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, una integración federal y local con base en el voto popular y la nominación de órganos con responsabilidad constitucional basada también en el sufragio.

Quienes sean constituyentes de la Ciudad de México no percibirían emolumento alguno por sus servicios. Los actuales órganos de gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Distrito Federal, se transformarían en poderes locales con esas funciones.

El primero, se integrará por miembros electos cada tres años con posibilidad de tres reelecciones adicionales consecutivas.

El segundo, por un titular electo popularmente para un mandato de seis años.

Y el tercero, es decir, el Poder Judicial conformado en los términos que dicte la Constitucional local con base en la actuación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y a quienes se les dotará de las garantías para su desempeño imparcial.

Cabe destacar que el modelo aspira a transformar de raíz sistemáticamente el artículo 122 constitucional vigente, en el cual hoy existe un amplio señalamiento de atribuciones a los órganos de gobierno del Distrito Federal, a partir de su enunciación para la Asamblea Legislativa, para que ahora contemple las normas esenciales que se desarrollarán en la Constitución Política de la Ciudad de México.

En la propuesta se afirma la competencia del futuro Poder Legislativo local en términos homólogos a los de las legislaturas de los estados, es decir, con el ejercicio de las facultades no conferidas expresamente al Poder Legislativo Federal, salvo la restricción expresa que se haga en la Constitución General de la República.

Por otra parte, se encomienda la titularidad de la administración pública local al Jefe de Gobierno, con características relevantes en la concepción unitaria de la ciudad, para su adecuado funcionamiento en la hacienda pública en materia de presupuesto, en materia patrimonial, en seguridad pública, así como en la prestación de servicios de carácter integral como el agua potable, el drenaje, alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales.

Vale resaltar que se plantea una nueva forma de gobierno para las demarcaciones territoriales de la ciudad; las alcaldías, integradas por el alcalde a cargo de la función ejecutiva, y un órgano colegiado de concejales con atribuciones para la aprobación del proyecto de presupuesto anual, la supervisión y evaluación de la gestión pública y el control del ejercicio del gasto. Será un órgano con la representación plural emanada de comicios para elegirlos con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

En este tema, les informo que el trabajo de comisiones permitió establecer normas inherentes a las funciones de las alcaldías con base en el precedente de las que han ejercido las jefaturas delegacionales, hoy existentes.

Se plantea, además, un conjunto de normas para encauzar y afirmar la adopción de políticas metropolitanas entre la Federación, la ciudad, los estados y los municipios de la conurbación del Valle de México. Ese fenómeno geográfico y demográfico será atendido por el Consejo de Desarrollo Metropolitano, en los ámbitos de los asentamientos humanos: La protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el transporte, el tránsito, el agua potable y drenaje, la recolección, tratamiento y la disposición de desechos sólidos y la seguridad pública.

Señaló también que la articulación de los acuerdos permitió arribar a soluciones plenamente respetuosas de los derechos adquiridos de los trabajadores de las instituciones de gobierno del Distrito Federal y para sustentar la política de promoción y respeto a los derechos humanos de la Ciudad de México.

Por el tiempo transcurrido entre diciembre último y esta fecha, así como por el trabajo del órgano revisor de la Constitución en otros temas, las adecuaciones al dictamen incorporan lo ya aprobado por este Senado, y en algunos casos también, desde luego, por la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados, en materia de justicia para adolescentes, de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, y para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Honorable Asamblea senatorial, nos hallamos ante una propuesta de gran aliento para transformar la vida política de la Ciudad de México, a partir de su situación como Distrito Federal y entidad federativa regida por los poderes federales, y los órganos de gobierno del Distrito Federal se transformará en una entidad con la posibilidad de darse el orden constitucional para su régimen interior, estableciéndose por la Federación las normas inherentes al pleno cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Nos parece que es un planteamiento de avance a favor de nuevos estadios para el ejercicio del derecho político de quienes forman el pueblo de esta entidad federativa, y de renovada transformación de la convivencia de dos órdenes de gobierno en la sede de los Poderes de la Unión, en la convivencia democrática de derechos políticos ciudadanos y de autoridades con ámbitos de competencia y jurisdicciones propios, determinados por nuestro orden constitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras, compañeros.

En muy pocos casos en el mundo se da, ocurre que una ciudad le da nombre a un país, como en nuestro caso. El día de hoy acudimos a una reforma histórica y muy importante para la ciudad capital de todos los mexicanos.

Por fin se hará justicia con esta ciudad y se le dará su autonomía, incluso en una cuestión que parece de forma pero que tiene mucho fondo, deja de existir el Distrito Federal para darle paso a la Ciudad de México, sede de los Poderes de la Unión y Capital de la República, una entidad con derechos políticos plenos como sucede en las demás entidades federativas.

Ya ha explicado aquí el Senador Burgos las principales características de esta reforma, una reforma que ha tardado muchos años en llegar. Esta ciudad, que siempre ha sido el motor de la democratización de nuestro país, se había quedado rezagada en algunos aspectos políticos que hoy se subsanarán.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será ahora el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se reconoce expresamente a la ciudad como integrante del Pacto Federal con carácter libre y soberano, se desaparece o se abre por fin la posibilidad de que al ser una ciudad autónoma tengamos nuestro propio congreso local y, por lo tanto, que las reformas constitucionales en nuestro país, la ciudadanía de la capital pueda opinar, no como ocurría actualmente, que la Ciudad de México no podría opinar sobre las reformas constitucionales al no formar parte del Constituyente Permanente, es uno de los derechos políticos que quedan subsanados con esta reforma.

De los temas principales que siempre se habían marcado como una inequidad, el tema de la seguridad pública, que el Presidente de la República era el encargado de nombrar al encargado, el Presidente conservará el mando de la fuerza pero el Jefe de Gobierno nombrará directamente al Secretario de Seguridad Pública.

El Senado de la República ya no podrá remover al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual era residuo del intervencionismo del Poder Federal sobre la ciudad.

Se mantiene la exención que tienen los inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México para el pago del predial, se mantiene el esquema de deuda pública para la Ciudad de México, donde la deuda de la ciudad es deuda federal, fundamentalmente porque el esquema de deuda pública ha cambiado en nuestro país, y donde el resto de las entidades federativas pueden gozar de la garantía federal por la Constitución que recientemente ha sido modificada en tal sentido.

Me parece que el esquema de la deuda se podría ir un poco más allá, para que la ciudad tuviera completamente esa atribución y pudiera adquirir la capacidad de planeación que no tiene al no controlar su financiamiento.

Se reconoce la condición de capital de la República Mexicana. En el artículo 44, y en el 122 se mandata al Congreso a considerar un bono de capitalidad, reconocer que tiene costos para esta ciudad el ser la Capital de la República y que su financiamiento debe ser compartido por la Federación.

Tendremos la primera Constitución de la Ciudad de México, la primera consecuencia de esta autonomía es que necesitaremos una Constitución.

Esta ciudad que siempre ha sido gobernada bajo un régimen de excepción, tendrá que dar paso a elaborar el documento más importante en la historia de esta ciudad capital, nuestra propia Constitución.

¿Cómo se hace una Constitución en estos tiempos?

¿Cómo se hace una Constitución en la ciudad mejor comunicada, más politizada, más participativa de todo el país?

¿Cómo logramos un Congreso Constituyente que sea representativo de lo que es actualmente nuestra ciudad, una ciudad viva, participativa y muy politizada?

¿Cómo logramos una representación en medio de esta crisis de representatividad que tienen los partidos políticos?

Desde noviembre del 2012, propusimos que hubiera un Constituyente especialmente electo para tal fin, que la Constitución de la Ciudad de México no podía tener el trato de una ley más, de tal forma que la Asamblea Legislativa tuviera facultades extraordinarias de Constituyente y que la iniciativa del Jefe de Gobierno fuera procesada como una ley más.

Necesitábamos tener un Constituyente electo especialmente para tal fin.

¡Qué bueno que se ha optado por esa fórmula! Habrá en junio de 2016, si es de aprobarse esta reforma, una elección para que de manera directa sean los ciudadanos quienes elijan a los Diputados constituyentes, un Congreso Constituyente, una Asamblea Constituyente es el poder originario, y el poder originario reside en el pueblo; por lo tanto, esta Asamblea tiene que ser muy representativa de la gente.

Se ha, además de los Diputados electos, se ha optado por una fórmula de designaciones. Nos parece muy desafortunada esta designación donde quince Diputados serán electos por el propio Senado, y quince Diputados por la Cámara de Diputados, más cinco representantes del Jefe de Gobierno y cinco del Presidente de la República.

Me parece que una representación que no se gana de manera directa en las urnas, no la puede dar la Cámara de Diputados, ni el Presidente de la República, ni el Jefe de Gobierno, porque se distorsiona el concepto de Asamblea Originaria, de Congreso Constituyente, vamos a presentar una reserva en este sentido.

Pero quisiera seguir hablando de los aspectos más importantes de esta reforma, los que tienen que ver con la gente, qué va a cambiar la relación de la gente con su gobierno.

El tercer nivel de gobierno, el que es más cercano a la ciudadanía, el que conocemos ahora como delegaciones políticas, es un modelo obsoleto de gobierno, un modelo que genera falta de representatividad, que genera falta de equilibrios y, sobre todo, mucha ineficiencia en la administración de los servicios públicos.

Se modifica para llegar a una figura de alcaldía.

Durante años tuvimos el debate de que si la Ciudad de México se convertía en el estado 32 o no, un debate que se agotó por ser claramente insuficiente, por tratar de meter en la camisa de fuerza de un estado y de los municipios a esa gran ciudad, teníamos que optar por una figura que no cayera en esta trampa del municipalismo, necesitamos una figura que fuera distinta y adecuada para esta ciudad.

Se están proponiendo las alcaldías, las alcaldías van a sustituir a las delegaciones, van a tener una representación política muy parecida a lo que hacen actualmente los cabildos.

Las alcaldías ejercerán de manera autónoma su presupuesto, tendrán derecho a recibir recursos de los fondos y ramos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se mantendrá la unicidad de la hacienda pública local, de tal manera que esas alcaldías no podrán contraer deudas ni obligaciones.

La elección de las alcaldías será acompañada por concejales, planillas entre siete y diez candidatos que darán lugares a un consejo entre 10 y 15 concejales, que serán un contrapeso al alcalde, será un contrapeso a la hora de tomar decisiones, y en una de las funciones más importantes, le tendrán que aprobar su presupuesto.

Esta mayor representatividad provocará que estos concejales estén más cerca de los barrios y colonias de la ciudad, y que las necesidades de estos barrios y colonias estén en la mesa de la toma de decisiones.

Por supuesto que para que este modelo de gobierno funcione, no sólo en la parte de representación política, sino también en el lado a la eficacia de gobierno a la hora de ofrecer servicios públicos en la Constitución de la Ciudad de México, y eso es algo en lo que ya no podemos nosotros intervenir, porque sería una paradoja de querer dar autonomía en la ciudad y ponerle desde la Constitución una camisa de fuerza, tendrá que definir, con mucha claridad, ¿cuáles son las atribuciones de estas alcaldías y cuáles son las atribuciones del gobierno central para que haya un cambio importante en cómo administramos y se gobierna esta ciudad?

Hay, por supuesto, grandes líneas a este respecto en esa reforma, pero no se puede ir a un detalle, porque sería un contrasentido.

Se establece también que en la Constitución local deberá definirse una fórmula y criterios para la enajenación del presupuesto de esta alcaldía y los ingresos que le corresponden: participaciones federales, impuestos locales, ingresos por la prestación de servicios a su cargo. Se les va a dar certeza en materia presupuestal a estas alcaldías.

Otro cambio que es muy importante en esta reforma, es que por primera vez se sientan bases constitucionales para la coordinación metropolitana. Somos un país donde la mayoría de la población vive en ciudades; sin embargo, toda nuestra estructura político-administrativa está hecha en municipios, estados y Federación. Está basado en esos conceptos, y el concepto ya no existe en la Constitución; sin embargo, los mexicanos vivimos el 80 por ciento en ciudades, y la gran mayoría de ellos ya conforman zonas metropolitanas.

El impacto de esta reforma que tiene como origen la ciudad, va a tener un impacto en el resto del país, porque habrá bases para tener legislación y coordinación en las zonas metropolitanas, no sólo en la zona centro del país, del Valle de México, sino el resto de las zonas metropolitanas en materia, pues, de asentamientos humanos: protección al medio ambiente, transporte, tránsito, agua potable, drenaje, desechos sólidos y seguridad pública, todos, temas eminentemente metropolitanos.

El tema de las alcaldías. Se propone que sean electas a partir del 2018, y un tema que ha generado mucho ruido y que se había metido de manera inadecuada en el proyecto de dictamen que estaba del 14 de diciembre de 2014, es el tema de los trabajadores de la Ciudad de México, que estarán sujetos al régimen que la legislatura local configure y no que se defina desde la Constitución.

Tendremos que hacer algunas leyes secundarias, la ley de coordinación entre poderes federales y poderes de la Ciudad de México, y la ley sobre coordinación administrativa entre los diferentes órganos de gobierno conurbados.

Vamos a hacer finalmente también una propuesta en materia de referéndum, de que la Constitución de la Ciudad de México que sea aprobada por este Constituyente, antes de ser publicada por el Jefe de Gobierno, la gente tenga la posibilidad de votar.

Es una buena reforma para la ciudad, sin duda, es un avance importante para los capitalinos, destaco también el contexto político en el que ocurre, un contexto donde quien gobierna la ciudad, las fuerzas mayoritarias en la ciudad no tienen la mayoría en las Cámaras federales para poder impulsar una reforma de mayores alcances.

Pero, en una evaluación, en una perspectiva histórica considerando que esta ciudad siempre ha vivido bajo un régimen de excepción, me parece que hoy estamos logrando una muy buena reforma, por supuesto que alertamos sobre el tema de la Asamblea Constituyente, sobre el tema de referéndum y algunos otros más, donde presentaremos reservas, pero qué bueno que por fin haya la madurez política para que se siga adelante con esta reforma para nuestra ciudad.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Mario Delgado.

En uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, quien presenta el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muy buenas tardes, con su permiso, señor Presidente.

Vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar el dictamen que estamos proponiendo a este Pleno.

Este dictamen comprende dos iniciativas de reformas constitucionales sobre el régimen político y sobre las instituciones de gobierno del Distrito Federal, que proceden de la LXI Legislatura del Senado de la República, y a su vez se considera en el mismo el análisis y estudio de cinco iniciativas de modificaciones a la Constitución General de la República, en la materia que nos ocupa, y que fueron presentadas durante esta LXII Legislatura del Senado de la República.

Para arribar a un consenso sobre este dictamen, las comisiones unidas tomamos como referencia la importancia de la conformación política y administrativa de la Ciudad Capital, como el espacio territorial donde residen los órganos que encabezan la dirección política de un Estado-nación, en la que se toman decisiones y se dirigen las acciones políticas, económicas, sociales y culturales del país.

Por esta razón, se le ha dado un tratamiento jurídico especial en atención a la concentración y centralización que ejercen diversos planos, a la vez de establecer claramente las reglas de coordinación entre la ciudad y la Federación.

El gobierno de la Ciudad de México ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los últimos años, principalmente como consecuencia de las transformaciones políticas económicas, sociales y culturales que han sucedido en nuestro país.

Esto ha permitido su evolución como un ente político-jurídico con particularidades propias de una entidad federativa, y a la vez limitantes que no le permiten homologarse debidamente con los demás estados de la unión.

Por tal motivo, la propuesta de reforma que se está planteando en esencia transforma de fondo la naturaleza jurídica del Distrito Federal, y a efecto de lograr su autonomía para determinar su régimen interior en condiciones similares a las de las demás entidades federativas que integran nuestro Pacto Federal, manteniendo dos características que no deben modificarse: ser la Capital de la República y a la vez la sede de los Poderes de la Unión.

Esta ambivalencia es consecuencia del proceso histórico de una ciudad que por su crecimiento poblacional debió hacer frente a mayores demandas sociales desde instancias cada vez más locales, y esto nos tiene el día de hoy en este punto.

En este contexto, las comisiones dictaminadoras estimamos pertinente proponer a este Pleno un conjunto de reformas de carácter integral a la Constitución General de la República, sobre la base de establecer a la Ciudad de México como una entidad federativa con un rango de autonomía propia que entrañe dictarse su Constitución Política a la luz de las previsiones de esta ley fundamental, y considerándose esta doble condición de la que ya hablamos, de capital de los Estados Unidos Mexicanos y, al mismo tiempo, ser sede de los Poderes de la Unión.

Así, las reformas sustanciales concernientes al nuevo régimen de la Ciudad de México, se sitúan básicamente en nueve artículos constitucionales; no obstante, se adecua también el texto de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para armonizarlos a este nuevo régimen que se propone. Por lo tanto, el proyecto de Decreto contempla modificaciones a un total de 50 preceptos constitucionales, y me permito destacar solamente algunos de los más relevantes.

Se realiza, por ejemplo, la modificación del texto del artículo 122 constitucional, para transformarlo de una disposición amplia sobre el régimen político y de gobierno del Distrito Federal a partir de la enunciación de facultades que corresponden a los Poderes de la Unión y las atribuciones que competen a los órganos de gobierno.

Se esclarece en el artículo 44 constitucional el carácter de la Ciudad de México como Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión. Desde luego, bajo el supuesto de que se trata de una parte integrante de la Federación mexicana y, en este sentido, de una entidad federativa.

Se realizan adecuaciones a los distintos artículos de la ley fundamental para hacer referencia a la Ciudad de México en lugar de al Distrito Federal, como hasta ahora lo hemos conocido, y a las entidades federativas en vez de a los estados y el Distrito Federal, de acuerdo a la sistemática exposición vigente de nuestro texto constitucional.

Se precisa que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, por lo que va a tener, al igual que los estados de la Unión, la posibilidad de darse su propia Constitución Política.

El Poder Legislativo se depositará en un órgano colegiado en los términos que establezca la Constitución Política local, cuyos integrantes serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo por un periodo de 3 años, bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

Se establece, además, el principio de la división territorial de la Ciudad de México para su organización político-administrativa sobre la base de que en cuanto a su número, denominación y demarcación territorial se definan conforme a lo que prevea la Constitución Política local, y el gobierno de las demarcaciones territoriales a través de organismos denominados alcaldías, cuya integración, organización administrativa y facultades se establecerán en la Constitución Política y las leyes locales, tomando como base las atribuciones que actualmente confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a las delegaciones, las que van a acceder a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de Coordinación Fiscal.

Se establecen también las previsiones en torno a las relaciones entre los poderes federales y la Ciudad de México, y se precisa que el gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar, en todo tiempo y conforme a las previsiones de la Constitución General de la República, las condiciones necesarias, y esto es importante decirlo, para que los poderes federales ejerzan sus facultades constitucionales.

Se prevé el modelo de un órgano constituyente de la Ciudad de México distinto a la Asamblea Legislativa Ordinaria del Distrito Federal, cuya elección se realizaría en junio de 2016, y se conformará por 100 Diputados; 60 electos por los ciudadanos del Distrito Federal y 40 por los órganos constitucionales de representación popular de carácter federal o local.

Después del importante trabajo realizado por todos los integrantes de las comisiones, de los grupos parlamentarios y las áreas técnicas, ésta es, pues, señoras y señores Senadores, la propuesta que consideramos con más sustento jurídico para ser factible esa transformación del Distrito Federal y el proceso subsecuente de elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Me parece, señoras y señores Senadores, que esta Reforma Política del Distrito Federal, pues es un paso importante en dirección a recuperar la eficacia, la eficiencia del sistema local a través de la reorganización de sus instituciones, fortalecer a la Ciudad de México y, sobre todo, dar soluciones eficientes a las demandas sociales de esta gran, gran Ciudad de México.

Esperamos, en el grupo parlamentario del PRI, en la Comisión de Estudios Legislativos, que así sea, y que éste sea el principio de una mejor etapa para esta ciudad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Graciela.

En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Barbosa. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo quisiera coincidir plenamente con lo que han señalado aquí mis compañeros Senadores, mis compañeras Senadoras, respecto a que el día de hoy celebramos un debate histórico, uno de los más importantes en la historia del Congreso de la Unión.

Sin embargo, sin minimizar, ni negar la importancia y transcendencia de esta reforma que dota de autonomía y de una Constitución propia a la Ciudad de México, que establece sus poderes locales, así como alcaldías integradas por órganos colegiados de gobierno, debo confesar que guardo un cierto grado de escepticismo derivado del fracaso de las experiencias, que en dos ocasiones anteriores frustraron esta reforma en los primeros años del presente siglo.

Y no es para menos. Este es un debate, el debate que hoy esperamos superar data de hace 194 años; es un debate que ha estado presente a lo largo de los dos siglos de vida del México independiente, y que surge en 1821, tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, donde se integra la soberana Junta Provisional Gobernativa, que dirige como Emperador Agustín de Iturbide, y que en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano ratifica a la Ciudad de México como su capital, nombrando a los integrantes de la regencia del imperio.

Fue hasta 1823, tras el derrocamiento de Iturbide, cuando el Congreso declaró nulos los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, y cuando las diputaciones provinciales votaron a favor de la implantación de una República Federada, y en la cual se creó una comisión especial encargada de designar el lugar en que debían residir en lo sucesivo los Supremos Poderes de la Federación.

Y es a partir de ese momento cuando se presenta un fuerte debate en quienes defendían la conformación de una República Centralista y quienes defendían, como hoy lo hacemos, la existencia de una verdadera República Federal, de una verdadera Federación, y de una verdadera unión entre los distintos estados que conforman a nuestra nación.

Y desde entonces, con la Constitución de 1824 se acordó contar con un territorio que no fuera la Ciudad de México, a fin de evitar fragmentar el territorio del Estado de México, que en aquel entonces, desde 1786, tenía como capital a San Agustín de las Cuevas, hoy Delegación Tlalpan, cuando el país estaba organizado en intendencias.

Y esto debo señalarlo también como Senador que soy del Estado de México, porque la entonces intendencia de México comprendía lo que hoy son los estados de México, de Querétaro, de Hidalgo, de Morelos, gran parte de Guerrero y el Distrito Federal, ya que a partir de la promulgación de Cádiz, en 1812, el Estado de México se constituyó como la diputación provincial de la Nueva España, la cual funcionó hasta 1824, a partir del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, en donde la intendencia de México se convirtió en el Estado Libre y Soberano de México, esto lo quiero subrayar porque no fue la formación del Distrito Federal, como muchos suponen, que fragmentó el territorio del Estado de México, sino fue una decisión política, como lo veremos más adelante.

Por eso en la Constitución de 1824 se estableció: "Que sólo podría establecerse la capital federal en un lugar que no fuera capital de un estado", por lo que se dispuso la facultad exclusiva del Congreso General para elegir un lugar de residencia de los Supremos Poderes de la Federación, y así ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un estado.

El resultado de esa nueva Constitución, creo que lo sintetiza de manera muy clara una frase de Fray Servando Teresa de Mier, quien dice: "Proponíamos un gobierno federal e integral en el nombre y centralizado en la realidad", porque desde 1824, efectivamente, seguimos hablando de un gobierno federal, pero día a día se favorece la descentralización del poder público.

Así, el 30 de octubre del 24, se aprobó el Decreto para que la Ciudad de México fuera el Distrito Federal, cuyo territorio fuese exclusivamente el comprendido en un círculo cuyo centro sea la Plaza Mayor de esta ciudad y un radio de 2 leguas, y quedó integrado por 7 municipios, lo que hoy podríamos ubicar como el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Pero en 1835, cuando Antonio López de Santa Anna ocupó por primera vez la Presidencia de la República, el Congreso Federal, que contaba con una mayoría conservadora, aprobó lo que se conoció como las bases para una nueva constitución que marcó una etapa de centralismo político y que transformó a las entidades federativas en departamentos, desapareciendo, incluso, a la figura de Distrito Federal, para adoptar una forma de gobierno conocida como República Representativa Popular.

Como decía Arnaldo Córdova, retomo sus palabras y lo cito: "El dictador no pensaba en los términos de una capital nacional, sino de una base de operaciones o de un reducto militar lo suficientemente dotado de recursos como para permitirle una residencia efectiva contra cualquier enemigo potencial".

Por eso, la segunda base constitutiva de estas leyes estableció un cuarto poder, el llamado "Supremo Poder Conservador", cuya misión era regular los actos de los otros poderes, con ello fue conocido como la "Segunda Constitución Centralista", con lo cual prácticamente se disolvió de nueva cuenta al Distrito Federal, y es hasta 1847, tras el restablecimiento de la Constitución de 1824, cuando se otorgó por primera vez a los ciudadanos del Distrito Federal el derecho a elegir dos Senadores y votar en la elección por el Presidente de la República al igual que cualquier otra entidad federativa.

Yo creo que éste fue el primer paso para la democratización de la Ciudad de México, que posteriormente se conculcó por la presencia y el regreso de Santa Anna, en 1853, y el Plan del Hospicio, en donde ese ordenamiento mantuvo a la capital como Capital de la República a la Ciudad de México, pero cambió de nombre el Distrito Federal, para denominarse el Distrito de México.

En febrero de 1854, y aquí hablo de nueva cuenta como Senador del Estado de México, en detrimento del territorio de este estado, Santa Anna emitió el Decreto para la comprensión del Distrito de México, ampliando los límites territoriales de la ciudad a San Cristóbal Ecatepec, a Tlalnepantla, a Los Remedios, Santa Fe, San Ángel, Coyoacán, Mixcoac, Tlalpan, Tepepan, Xochimilco, Iztapalapa, el Peñón Viejo y lo que era la medianía de las aguas del Lago de Texcoco, situación que solamente duró 18 meses, ya que con la promulgación del Plan de Ayutla y la restitución de la Constitución del 57, pues se restableció el régimen correspondiente al Distrito Federal.

Y esto, por primera vez en la historia, se presentó una discusión para que el Distrito Federal contara con una Constitución propia y un gobierno similar al de los otros estados, en 1857, lo que esperamos superar el día de hoy.

La discusión en ese Congreso se estableció, fundamentalmente, entre quienes sostenían, como fue el caso de León Guzmán, que no podían coexistir dos poderes soberanos en el mismo territorio, sin que surgieran conflictos entre los mismos poderes. Y también, quienes defendían la idea fundacional del Distrito Federal, como entidad soberana, en igualdad de condiciones que el resto de las entidades de la República.

Retomo, en este debate, los argumentos presentados en este Congreso, por Francisco Zarco, y lo cito: "Se ha dicho que es imposible que existan en un mismo punto, el gobierno general y el de un estado, y así se propaga una idea falsa de Federación; pinta al gobierno de la Unión como una planta maldita, que seca y esteriliza cuanto esté alrededor. Porque el gobierno que sólo debe ocuparse del interés federal, ha de ser un obstáculo a la libertad local".

Aunque, por supuesto, si el Constituyente definió en aquel entonces el estado del Valle de México, como una entidad que debería fundarse cuando los supremos poderes federales se trasladaran a otro lugar de la República, y con ello, de nueva cuenta, a pesar de este debate, la soberanía local le fue negada, de nueva cuenta, al Distrito Federal y su derecho a contar con una Constitución.

Durante la Guerra de Reforma, el gobierno itinerante de Juárez expidió dos Decretos relativos al Distrito Federal. El primero de ellos, el 4 de mayo de 1861, conocido como Arreglo para Elecciones de Ayuntamientos, Jueces y otros funcionarios del Distrito Federal, que establecía que el ayuntamiento de la Ciudad de México disponía también de la posibilidad de elecciones directas para gobernador, Presidente y magistrados del tribunal, jueces y miembros de los ayuntamientos, restituyendo los derechos políticos de los capitalinos.

Y en el segundo Decreto, modificó la división política del Distrito Federal, donde se reconocía, además de la existencia de municipalidades y de cuatro partidos, que el gobernador podía actuar como autoridad local en la municipalidad de México y los partidos contarían con prefectos nombrados por el gobernador del Distrito Federal.

Más aún, en 1865, con Maximiliano de Habsburgo y el Segundo Imperio Mexicano, se emite la Ley sobre la División Territorial del Imperio Mexicano, a partir de la cual se creó el Departamento del Valle de México, del cual la Ciudad de México fue su cabecera, así como también la Capital del Imperio.

Y con el triunfo de la República, la restauración de la Constitución del 57, el país se dividió, de nueva cuenta, en estados y municipios, y el Distrito Federal regresó a la figura establecida en 1862, donde se restituyó el derecho de los habitantes de la ciudad a elegir y estar representados por Senadores de la República.

Porfirio Díaz impulsó un conjunto de reformas profundamente contradictorias. Redefinió en tres ocasiones los límites territoriales de la ciudad, en 1899 se establecieron municipalidades; en 1901 se suprimió la elección popular de los ayuntamientos; y en 1903 aumentó el número de prefectos y de partidos políticos, a quienes se reconocía como agentes del gobierno, Presidentes natos de los ayuntamientos y jefe de policía de los partidos existentes en el territorio del Distrito Federal, lo que conculcó de manera definitiva los derechos de los habitantes del Distrito Federal y de sus órganos de representación, pues en 1901, se suprimió el régimen electoral en el Distrito Federal y se disolvieron los ayuntamientos.

En el caso del Constituyente de 1917, y valga hacer la reflexión y la memoria histórica. La discusión volvió a concentrarse en torno a la conveniencia de establecer o no la capital, en la capital un régimen municipal, tal como el resto de la República y la eventual contradicción de la existencia de ayuntamientos, con la de la presencia de los Poderes de la Federación en un mismo territorio.

A partir de preservar los ayuntamientos, hubo argumentaciones importantes, como las del Diputado Heriberto Jara, quien sostuvo: "No sé por qué va a haber incompatibilidad entre los poderes federales y el municipio. Si esto tuviéramos en cuenta, entonces admitiríamos que no es posible la existencia del Pacto Federal de la República. Si fuésemos a admitir que los poderes federales se lesionan por alguna disposición municipal, entonces admitiríamos, también, que las disposiciones municipales no pueden existir donde residen los Poderes de un Estado".

Y Jara decía: "No hay por qué temer a que exista un conflicto".

Sin embargo, también hubo discursos categóricos en contra. Y que seguramente volveremos a escuchar el día de hoy, con los mismos argumentos. Como fue la intervención del Diputado conservador Félix Palavicini, quien decía: "La Ciudad de México no es una ciudad autónoma ni nada, vive de los recursos de la Federación. Esto es legítimo, a esto tenía derecho la Ciudad de México, pero a esto no tienen derechos los munícipes de la Ciudad de México. Lo que ha invertido toda la vida la Ciudad de México, han sido los fondos de la Federación, lo vamos a escuchar en un rato, porque la renta del municipio no bastaría para sostener el lujo de la Ciudad de México y que es imprescindible para el decoro que existen los poderes federales".

Esto lo debatiremos, al igual que en 1917, hace casi un siglo, seguramente con algunos compañeros Senadores, este día.

Finalmente, bueno, en esta rémora de cambios, todavía siendo candidato, por segunda ocasión a la Presidencia de la República, Álvaro Obregón promovió una reforma constitucional para desaparecer a los ayuntamientos de la Ciudad de México y desaparecer la figura de gobernador del Distrito Federal. Que incluso contó con el apoyo de algunos presidentes municipales, como fueron los presidentes municipales de Tacuba y de Mixcoac, quienes decían: "Estamos convencidos que el municipio libre en el Distrito Federal no es sino una rémora para la marcha y buen gobierno del mismo; renunciamos a todos los derechos, decían los munícipes, que pudiéramos tener y nos adherimos entusiastamente al proyecto de reformas mencionado".

En defensa de este modelo municipal salió Vicente Lombardo Toledano, quien además de defender la vida municipal de la capital, convocó a salvaguardar el régimen de libertad y autonomía que la Constitución ya había otorgado al Distrito Federal, y concluía en su disertación: "Que si el municipio no había funcionado, como no funciona actualmente, por problemas de orden técnico y político, en lugar de suprimirlo, debería aprovecharse la oportunidad para reafirmar la libertad municipal, señalando, cita textual, que los vicios de la democracia no habrán de corregirse, sino en la democracia misma".

Así se suscitaron diversas modificaciones legales, dejando siempre en manos del Presidente de la República el manejo de la Ciudad de México, la que fue erigiéndose como la ciudad del Presidente, ya que el gobierno del Distrito Federal, se estableció, estaría a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercerá por conducto del órgano y órganos de gobierno que determine la ley respectiva.

Así, en 1928, Portes Gil promulgó la Ley Orgánica del Distrito Federal y los territorios federales, donde ratifica que el gobierno de la ciudad estará a cargo del Presidente de la República, por medio del Departamento del Distrito Federal, y que el Jefe del Departamento del Distrito Federal será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo de la Unión, y fue como el día 1º de enero de 1929, se entrega el último gobernador de la Ciudad de México, Primo Villa Michel, entrega al primer regente, el primero de 23 regentes, José Manuel Puig Casauranc, el gobierno de la ciudad para convertirlo en una dependencia del gobierno federal.

Posteriormente, en 1941, se promulga la Ley Orgánica del Departamento del DF; en 1970, se crean las 16 delegaciones políticas; vienen distintas reformas, pero en 1985 los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y otras entidades, el 19 de septiembre, también sacudieron y pusieron a temblar las anacrónicas estructuras de gobierno del Departamento del Distrito Federal.

Y así, por ejemplo, en 1986 se presenta, por primera vez, una iniciativa en el Congreso de la Unión firmada por varios partidos, esa sí la recuerdo ya, la presenta el Diputado Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México, con el aval del Partido Acción Nacional, lástima que no estén los que se oponen a la reforma, del Partido Demócrata Mexicano y de otros partidos de esa legislatura, en la cual se proponía la creación del estado 32, conocido como el estado de Anáhuac, iniciativa que, por cierto, nunca fue dictaminada.

En 1988, la insurgencia electoral del cardenismo y el Frente Democrático Nacional obliga a ciertos cambios de apertura, particularmente los que resultan del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993, que obliga al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a promover una reforma para establecer la figura de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el cual, de acuerdo a la reforma de Salinas de Gortari, sería elegido por el Presidente de la República, entre los representantes de la Asamblea del Distrito Federal, los Diputados federales o los Senadores.

Aunque esta reforma se aprobó, nunca se aplicó. Se atravesó, más adelante, el levantamiento zapatista en 1994, que obligó a esta apertura, a cuenta gotas, a crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual carecía de facultades legislativas y dio paso también a la Reforma Política en 1996, que permitió la existencia del primer gobierno democrático en el Distrito Federal, la elección del primer gobierno democrático en 1997, con la elección de Jefe de Gobierno y de la primera Asamblea Legislativa; y en el año 2000, la elección por primera ocasión de los jefes delegacionales.

A partir del año 2000, se promovieron diversos esfuerzos plurales que lamentablemente se frustraron y que alientan mi escepticismo.

En el año 2001, tras un largo proceso de discusión, y qué bueno que está por aquí José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue, sin lugar a dudas, el principal promotor de esa iniciativa, el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea, todos los partidos políticos con registro en el Distrito Federal, llegaron a un consenso para promover de manera conjunta una iniciativa de reformas constitucionales, la cual fue aprobada por unanimidad como una iniciativa de la Asamblea Legislativa.

Esta iniciativa se concentraba en dos aspectos específicos: las facultades conferidas a los poderes federales por tener su asiento territorial en el Distrito Federal y en dotar de autonomía al gobierno del Distrito Federal.

Para ello, se proponía conservar la naturaleza del Distrito Federal como entidad federativa, sede de los poderes federales y Capital de la República, un modelo muy similar al que espero aprobemos el día de hoy.

Y esta iniciativa no solamente se aprobó por unanimidad en las Comisiones de la Cámara de Diputados, sino que esta reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados por 358 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones. Ese mismo día, esa minuta se remitió a este Senado de la República, y es la fecha en que esa minuta, gracias al boicot que se hizo por la mayoría, nunca se dictaminó.

Un proceso similar sucedió en la LXI Legislatura, la legislatura anterior, cuando de la misma manera todos los órganos de gobierno y los partidos políticos del Distrito Federal presentaron una iniciativa al Senado de la República con el compromiso político de dictaminarla, y vaya sea la hora que tampoco se dictaminó en ese momento.

Por todo lo anterior, mantengo mi escepticismo, hemos logrado un gran acuerdo político, el más importante de los que hasta ahora hemos alcanzado, que crea una nueva entidad, una categoría de ciudad capital, que es la Ciudad de México, que contará con un Congreso Constituyente originario, una Constitución propia que lo dotará también de autonomía política, al que se le reconoce como ciudad capital, sede de los poderes federales, con pleno goce de derechos políticos para sus habitantes, poderes locales constituidos, a las alcaldías integradas por consejos, asumidos como órganos colegiados de gobierno y una visión metropolitana.

Por supuesto, tenemos algunas diferencias, particularmente la integración del Congreso Constituyente, el Congreso originario, que por lo menos logramos tuviera un Congreso Constituyente y no fuera la Asamblea Legislativa que se erigiera en el mismo, pero éste debió haberse electo en su totalidad y no crear la figura de constituyentes designados por otros Poderes de la Unión.

Habrá asuntos que no resolvimos en esta reforma que puede resolver el propio Congreso Constituyente, no solamente entre las facultades y atribuciones de las alcaldías y sus consejos, sino, por ejemplo, el establecer el referendo ciudadano para que sean los capitalinos y las capitalinas quienes puedan avalar y ratificar la Constitución que surja de ese Congreso Constituyente.

Y espero que también esto dé paso a una nueva visión federalista.

Lástima que no esté Juan Carlos Romero Hicks en este debate, aunque lo tuvimos la semana pasada, porque lejos de demeritar el modelo federalista y municipalista en nuestro país, yo espero que entremos a una discusión para discutir el rediseño del municipalismo en el país, que hoy ha fracasado, revisar a fondo las facultades y competencias de una verdadera República Federal, hoy en un proceso acelerado de descentralización de nueva manera, y discutamos nuevas modalidades de gobierno a futuro.

No hay que pensar en el pasado, si queremos un nuevo federalismo, un nuevo municipalismo, debemos entender que hoy dos terceras partes de la población del país vive en 59 zonas metropolitanas que requieren de otras modalidades de gobierno, que rebasan con mucho el ámbito de los territorios jurisdiccionales y de las competencias locales, y que en este nuevo diseño podamos fortalecer realmente lo que es la vida federal y un municipalismo viable y no obsoleto que sigue cargando con las responsabilidades, sin tener ni los recursos ni los mecanismos, ni las facultades para cumplir con su responsabilidad.

Deseo, sinceramente, que no se frustre nuevamente este acuerdo, que en la Cámara de Diputados y en el Constituyente Permanente se honre la palabra y los compromisos asumidos, y que podamos celebrar, efectivamente, este día como un día histórico para el país, para los capitalinos y para el Senado de la República.

Espero que logremos la votación requerida.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Alejandro. Cumplió usted su amenaza de hablar 30 minutos, pero escuchamos con atención la historia de la Ciudad de México.

Antes de pasar a la fase de posicionamientos de grupos parlamentarios, informo a ustedes que las comisiones entregaron una adecuación en las páginas 40, 58 y 59 del documento que se les consultó al iniciar la discusión de este dictamen y del que se manifestaron por incorporar su contenido al mismo.

Las tres páginas que acabo de mencionar están disponibles, para su consulta, en el monitor de sus escaños.

Designo al Vicepresidente Luis Sánchez, para que funja como Secretario en este momento, que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación de las modificaciones aplicadas en las páginas 40, 58 y 59.

El Secretario Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación de las modificaciones que acaba de explicar el Presidente de la Mesa Directiva. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la discusión será con la nueva adecuación aceptada.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno.

El uso de la palabra le corresponde al Partido del Trabajo, en voz de su coordinador, el Senador Manuel Bartlett.

Antes, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes, a nivel preparatoria, del Colegio Alemán, Plantel Xochimilco, invitados por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

Bienvenidos, jóvenes estudiantes.

También damos la bienvenida a habitantes del municipio de Zacatlán, estado de Puebla, invitados por su servidor, Miguel Barbosa.

Bienvenidos, paisanos.

Saludamos a integrantes del Movimiento Único Nacional de Jubilados y Pensionados de los municipios de Tulancingo, Cuautepec y Santiago Tulantepec, del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes testimonian los trabajos de este Pleno en este tema tan importante.

Adelante, don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos a concluir, en unas horas, la mitad de nuestro mandato, la Legislatura que se termina y empezará otra.

Y vamos a concluir como empezamos, vamos a concluir con procedimientos absolutamente contrarios a la democracia y a la elaboración de dictámenes y acuerdos fuera del Senado, esa ha sido la característica de este Senado.

Iniciativas que llegan de fuera, cambios a la mera hora, adéndums no discutidos, esa ha sido la regla.

Quiero decirles que nosotros no conocíamos el dictamen hasta este momento, pese a que en una reunión de la Junta de Coordinación Política, que convocó Emilio Gamboa, compañero de alegría, una reunión de la Junta de Coordinación con la presencia del Presidente de la Mesa, se nos dijo: "Ya está todo planchado, eso va a entrar". Nunca nos dijeron quiénes eran las planchadoras ni en dónde estaba la mesa de la plancha, y no supimos nada hasta hoy.

Discusiones en la prensa, aquí y allá, que tampoco son muy confiables porque también ahí se arreglan cosas. De manera que mi planteamiento, de entrada, es: estamos en contra, vamos a votar en contra por una primera razón, más otras. La primera es que no puede haber democracia aquí cuando a una de las fracciones se le oculta todo. Eso es una violación absoluta al sistema democrático.

Como nosotros no estamos en el Pacto, como nosotros no participamos de todos esos arreglos, pues estamos fuera. De manera que no podemos aceptar que hoy aquí, a estas horas, se nos diga que hay una reforma histórica, que no conocemos, arreglada y manipulada afuera varias veces, según la prensa.

Por eso digo: "Esta Legislatura termina como empezó, a través de una dictadura mediática de los medios, a través de un acuerdo a espaldas del Senado mismo y a través de un acuerdo a espaldas de la población, que es aún más agravio".

Ya oímos todo lo que se ha hablado de este gran avance en la estructura constitucional del Distrito Federal, lo conocemos, ha habido muchos intentos, ya lo sé, algunos a punto, otros no. Pero el caso es que el Distrito Federal es un área en la que gobierna, desde hace años, la izquierda, vamos a ponerle comillas o no, como quieran.

Aquí gobierna la izquierda hace muchos años, una gran conquista, independientemente de las reformas o no reformas; independientemente de que separaron aquellas reformas que ya venían y que habían arreglado con el PRI, y la otra acá, o los avances graduales que aparecieron y otras medidas poco a poco.

Pero aquí gobierna la izquierda, y ese es el problema que tiene la derecha, ese es el principal problema de deserción.

¿Cómo quitarle a la izquierda esos grupos? Y el gobierno de la Capital de la República de esa zona, que es la caja de resonancia del país, aquí donde está el mayor desarrollo, ¿cómo quitarle a la izquierda ese control?

Esa es la preocupación de Peña Nieto desde que llegó; la preocupación del PAN.

¿Y qué es lo que se logra? Pues cambiar esa relación.

Fíjense, sin reforma, sin Constituyente, sin estos añadidos que son positivos aquí y allá, que lo sabemos, se han discutido años, sin ellos esta zona de la Capital de la República la gobierna la izquierda.

Ahora resulta que, ya no digamos la no participación nuestra, yo sé que les estorbamos porque no somos del Pacto, aunque seamos pocos o seamos lo que ustedes quieran, pero no estamos en el Pacto, y entonces no les gusta discutir enfrente de quienes no están en el Pacto, porque entonces enseñan la ropa interior, porque ahí es donde: "Tú sabes, yo estuve acá", "Yo te apoyé acá, qué pasó, estábamos de acuerdo".

Se gobierna antidemocráticamente el país porque han constituido un pacto antiguo ya, con el desliz del PRI abiertamente a la derecha, con la asociación con el PAN, primero, y después con el PRD.

El gran avance es que hay una constitución que no estaba en el primer acuerdo y que se cayó porque la participación de estas jóvenes panistas del Distrito Federal, echaron abajo lo que estaba aún peor. Muy bien, se echó para atrás.

Pero, ¿qué encontraron? Ya tiene un Constituyente aquí, el Constituyente, bueno, nada más que ese Constituyente es un bodrio, ¿cómo pueden hablar de un Constituyente constituido así?, ese no es Constituyente, ese es un regalo entre ustedes, descarado, eso pasaron por encima, lo que ustedes democráticamente exigieron, me acuerdo muy bien.

Ahora vámonos a repartir contra la participación a la ciudadanía, la democracia, a espaldas de la ciudadanía se presenta hoy aquí este bodrio que se llama Constituyente.

No sé si lo hayan oído ustedes porque se distraen mucho, casi no hay Senadores aquí, estarán por allá para votar, pero no soy miembro del Pacto, ténganme un poco de compasión, me estoy enterando ahorita de esto que hicieron ustedes, ahorita, que poca dignidad podríamos tener.

Miren ustedes, el Constituyente es: 60 Diputados, van a ser pluris, o sea, los partidos, la lista de los partidos, el 60 por ciento, luego 14 van a ser Senadores de aquí, ¿de dónde inventaron esa cuestión?, 14 constituyentes van a ser Senadores, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que seguramente esa sí, Emilio Gamboa va a convocar, que sorpresa nos va traer la Junta de Coordinación Política, ¿va a ser una repartición democrática como las que ha venido haciendo estos tres años?

No, la Junta de Coordinación Política tiene un dominio claro con las reglas, con el número de Senadores y todo eso, entonces ahí vamos a tener a 14 Senadores impuestos, 14 Senadores van a ser al mismo tiempo Senadores y constituyentes, ¿qué facha esa,  cómo no les da vergüenza? La rebatinga es la rebatinga, dame y te doy, 14 van a ser Diputados, el mismo procedimiento, 14 Diputados van a ser constituyentes, van a ser elegidos por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política de allá; 14 y 14.

¡Ah!, pero faltaba más, ¿y Peña Nieto qué? Seis a Peña Nieto, por qué, porque ese fue el arreglo, seis constituyentes a Peña Nieto, ¡bravo, que negociación espléndida!, seis va a designar Peña Nieto, como él quiera, seis el Jefe de Gobierno, seis el Presidente, seis el Jefe de Gobierno.

¿Y qué nos da esto? Nos da no un consenso que se ha dicho mucho, no, nos da una alteración política del Distrito Federal, una alteración política del Distrito Federal.

Miren, el Distrito Federal sin Constituyente, el Distrito Federal sin reformas y sin todas estas monerías, tiene el 60 por ciento de la Asamblea Legislativa, ¿y cómo va a quedar aquí? Eso se perdió, ya se negoció.

Qué necesidad tienen de decir "ya se hizo la gran reforma, ya tenemos un Constituyente", es hechizo ese Constituyente, es una facha, cómo van a plantear a ese Constituyente con un acto de Estado, sin la participación de ningún ciudadano, todo es élite, esa que les cae muy bien a la opinión pública nacional, la clase política va a repartirse esto.

Y del 60 por ciento que tiene hoy la izquierda, que no es propiedad de nadie, ese 60 por ciento no es propiedad del PRD, ni de nadie, son varios años de mantener esa fuerza con muchas organizaciones del PRD y otras más que no están en el Pacto.

Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una entrada del PRI a una posición en la que no está, el PRI que tiene una votación del 22 por ciento, va a tener el 32 por ciento del cálculo de estas cosas que están haciendo.

El PRI es el ganón, ¿por qué creen que es el ganón? Por eso les dijo que no, no hay reforma. Otra vez a discutir, otra vez. El que gana aquí es el PRI, señores, el PAN queda más o menos, el PRD más o menos, no gana nada, nada gana, y otros fuera.

¿Es entonces una gran Reforma Política? Es una gran claudicación, es una gran entrega que han logrado sin constitución, sin monerías, sin reformas, ahí está el gobierno desde hace años sin esta reforma, del 60 por ciento que tiene van a pasar al veintitantos. Es una gran reforma, eh.

Peña Nieto tiene seis, y esos seis qué son, qué son seis, seis de Peña Nieto, el "Rey" nombra y para que esté igual ahí el Jefe de Gobierno pone otros seis, quieren elegir estos seis.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, democrática como ha sido siempre, va a elegir a los suyos, bravo, bravo, pero sepan bien, el que gana ahora es el PRI, ya les dijo, bueno, está bien, les voy a dar, pero a veces con condiciones, ¿es la gran reforma? Es una vergüenza.

Quien va a explicarle a la población. Este Constituyente es una vergüenza, señores Senadores, no puede aceptarse, no pueden salir a decir ya ganamos porque al final de cuentas, fíjense ustedes, de 1492 a la fecha, hemos dado un paso adelante, han dado un paso atrás.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

En uso de la palabra el Senador Pablo Escudero, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad de las cosas es que esta reforma llega mal y llega tarde, hay que decirlo, trabajamos y vamos trabajando mucho tiempo en ella, no logramos los consensos necesarios para que de verdad esta reforma pueda servir a la gente.

Y lo que no podríamos permitir, o lo que no debe de ser, es que los ciudadanos del Distrito Federal tengan una esperanza diferente de lo que se está aprobando el día de hoy.

La verdadera reforma, la verdad de las cosas, no la vamos a saber hoy, ni ahora que se vaya a la Cámara de Diputados, si es que se aprueba; la verdadera reforma la sabremos el 31 de enero de 2017, ahí de verdad sabremos si hemos hecho algo por esta ciudad; lo demás, la verdad es que es una reforma cosmética, es una reforma incompleta, hay que decirlo, hay que leer a los compañeros Senadores lo que han escrito, sus publicaciones, nadie está de acuerdo, le falta, no sirve a los ciudadanos, no combate la corrupción, no modifica el tema de las delegaciones, están ahí los apuntes de todos, están ahí, sin duda, las grandes ausencias que pudieron haber estado.

Uno de los temas más importantes para el Distrito Federal, sin duda, era el tema de la corrupción que no queda resuelto, no tiene controles democráticos, no combate la corrupción, no tiene elementos de transparencia, no tiene elementos de fiscalización, ni mucho menos elementos de control internos.

Esos son los problemas más delicados que viven los ciudadanos todos los días en el gobierno del Distrito Federal.

Al final del día, las delegaciones y una gran parte del gobierno, se han convertido en La Cueva de Alí Babá y los 40 Ladrones.

Hay que decir, los ciudadanos del Distrito Federal los ubican bien, la Línea 12 del Metro, las luminarias, las llantas, los videos que hemos visto, las conversaciones, y también hay que hablar de la Asamblea.

Hace poco veíamos un tema escandaloso, donde este personaje de las redes, de nombre Anonymous subía un video y amenazaba al oficial, y le decía: "si no renuncias, vamos a dar a conocer tus vínculos con el narcotráfico". Todos pensamos que lo que iba a pedir era protección, iba a salir a defenderse, iba a pedir un apoyo solidario de los Asambleístas, de los Diputados, nadie podía permitir una extorsión de esta magnitud en un órgano tan importante como es la Asamblea, y el resultado fue otro, de manera rápida renunció.

Deficiencias están ahí, la falta de visión federalista, sin duda, muchos apostábamos a que se creara el estado número 32, la participación ciudadana se pudo haber mejorado muchísimo, los temas de movilidad quedaron ausentes, no encontramos, como decía hace un rato, en las delegaciones, ningún cambio, más que un cambio cosmético.

Es decir, no hemos encontrado las razones suficientes para estar tan contentos como están algunos el día de hoy. Encontramos inconsistencias, inconsistencias como de que el Jefe de Gobierno será el único que podrá presentar el proyecto de Constitución para el Distrito Federal.

¿Qué es eso?

¿Por qué sólo el Jefe de Gobierno puede presentar este proyecto para hacer la Constitución del DF?

Es absurdo, es fuera de lugar, cualquiera de los que estén en esa Asamblea Constituyente podría presentar un proyecto.

Desde aquí estamos viendo toda esta serie de inconsistencias, en las alcaldías debemos de poner contralorías, contralores votados desde la Asamblea. Es decir, ejercer controles claros, reales, presupuestales, económicos. Sin duda le ha faltado mucho.

Y la razón de por qué vamos a apoyar este dictamen, que no nos gusta, que nos parece incompleto, es porque se ha planteado que este Constituyente Permanente pueda hacer estas grandes reformas que tendría de fecha al 2017, estamos apostando a ese espacio de oportunidad, hemos confiado en los buenos oficios del Presidente Miguel Barbosa, así nos los ha pedido; del Coordinador Emilio Gamboa, que así nos los ha pedido, que abramos ese espacio, que hagamos un intento por ir a esa Asamblea Constituyente, para desde ahí tratar de modificar todo lo que le hace falta al Distrito Federal.

Es por eso que el día de hoy nuestro voto es a favor, porque honramos la palabra, honramos el compromiso y vemos una puerta, una ventana, un espacio de oportunidad para ir a esa Asamblea Constituyente y poder cambiar a esta Ciudad de México que tanto lo requiere.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Escudero.

En uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, para fijar nuestra posición, respaldando, por supuesto, a este dictamen.

Como todos sabemos, como todos nos hemos dado cuenta, sin duda, una de las batallas más importantes de la izquierda, de manera permanente, de manera dinámica, ha sido la búsqueda de esta tan esperada Reforma Política para el Distrito Federal.

Nuestra lucha por garantizarle derechos plenos a los capitalinos, al igual que el resto de los estados de la República, nuestra búsqueda por contar por primera vez con nuestra propia Constitución Política.

Esa es una batalla que hemos dado y que, por supuesto, el día de hoy nos anima conocer de esta posibilidad, de una vez por todas, después de tantos intentos, el poder contar efectivamente con esta posibilidad.

Han sido muchos años, efectivamente, los que ha estado al frente de esta ciudad la izquierda, y que aún sin contar con todo este andamiaje jurídico con el que el resto de las entidades cuentan, a pesar de ello, hoy por hoy seguimos siendo la ciudad de avanzada, la ciudad de vanguardia en nuestro país.

Es esta ciudad, la que hoy cuenta con el sistema de protección social más grande, no sólo de nuestro país, sino de América Latina, hay que revisar todos los programas sociales que se están replicando en diferentes estados de la República; adultos mayores, las becas para nuestros jóvenes, útiles, uniformes, todos estos programas que hoy nos distinguen en la capital.

A pesar de no tener este andamiaje jurídico en igualdad de circunstancias al resto de los estados, seguimos siendo, con todo y lo difícil de esta situación, seguimos siendo la ciudad más segura en nuestro país, aún y cuando tenemos nuestros derechos limitados en materia de seguridad y procuración de justicia, aún y cuando no estamos exentos de todos los impactos de la inseguridad, habría que ver qué pasa en el resto de los estados.

Y también hay que reconocer que, a pesar de estar permanentemente ante un reparto inequitativo de recursos en nuestro país hacia la ciudad, siempre nos hemos asumido los capitalinos como una ciudad solidaria, como la capital de los mexicanos, y lo hemos demostrado con todo el soporte y el respaldo que le hemos dado a la dinámica de una ciudad capital, como lo ha sido a la fecha esta ciudad.

Hemos ya compartido, para aquellos que siguen en duda y que le han regateado recursos a la ciudad, esta ciudad es la que ha concentrado a estas 80 embajadas, por lo menos en el Distrito Federal, 180 edificios de gobierno federal, siete, por lo pronto, oficinas de comités ejecutivos nacionales de partidos políticos, el propio aeropuerto capitalino, que son todos estos edificios, todas estas ubicaciones no pagan impuesto predial, y se les sigue dotando, a pesar de ello, de todos los servicios, agua y todos los servicios de seguridad con los que deben contar.

No nos quejamos, pero nos parece importante que esto sea reconocido, porque estamos hablando por lo menos de 12 mil millones de pesos que la ciudad dirige para poder soportar este tipo de gastos de servicios.

Un estudio reciente, también del CIDE, nos ha confirmado que del 2008 a 2012, la ciudad registró una pérdida de 10 mil millones de pesos, y esto fue precisamente considerado por todo lo que ha implicado el asumirnos como una ciudad capital, sin tener hasta el momento la posibilidad de este fondo de capitalidad con el que hemos contado ya, por gestiones del propio Jefe de Gobierno, pero que a partir de esta reforma se considera ya parte de un ingreso obligado hacia la ciudad.

Es importante también reconocer que en esta ciudad estamos domiciliados casi 9 millones de capitalinos, pero que diariamente tenemos una población itinerante de más de 4 millones de personas que acuden a esta ciudad a presentarse a su fuente de trabajo o a servicios médicos, servicios educativos, que nos da mucho gusto, queremos seguirlo haciendo, pero es importante que esta dinámica de la ciudad también sea reconocida.

Es importante, entonces, reconocer que el día de hoy, con todo y las dudas, el escepticismo que pueda haber, por supuesto que estamos logrando un avance importante.

La aprobación de esta reforma, sin duda, es un avance importante para nuestra ciudad, para sus habitantes, porque nos da la oportunidad, como ya lo hemos señalado, de tener derechos al igual que el resto de los habitantes de otros estados de la República; nos da derecho a asumirnos y ser reconocidos, efectivamente, como un ciudad capital jurídicamente, no solamente en la práctica, actuarlo, y todo esto por supuesto que será en beneficio de la población.

Compañeras, compañeros, como todos sabemos, una Constitución es el conjunto de valores que una sociedad comparte, es el conjunto de ideas a las que les damos prioridad quienes habitamos una entidad, y por ello hemos ubicado, nos hemos distinguido en la capital, sus habitantes, por tener una visión progresista, una visión libertaria como mexicanos.

Y no obstante al no tener el andamiaje jurídico que se requiere, hemos hecho un esfuerzo importante, hablo de la izquierda, por supuesto, para poder garantizar y poder seguir avanzando en los derechos de los capitalinos, lo hemos hecho con las herramientas que han estado a nuestro alcance, ha sido la Asamblea Legislativa la que nos ha permitido desde ahí garantizarle derechos plenos a las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, el matrimonio libre, el respeto a la diversidad sexual, en esta ciudad a nadie se le persigue por su ideología, por su religión; no existe prácticamente, y trabajamos para que no exista discriminación. Y, por supuesto, un logro importante ha sido el abrir el espacio para la participación ciudadana a través de estas figuras de comité ciudadano, pero que garantizan que la gente sea tomada en cuenta, que participe en las decisiones más básicas, más cercanas en sus colonias, en sus calles.

Y, bueno, aún y cuando efectivamente reconocemos que éste es un avance importante, es un trabajo por el que hemos luchado desde hace muchos años, nos preocupa y queremos decirlo con claridad, no obstante que vamos a respaldar este dictamen, nos preocupa esa figura que hemos venido impulsando, que hemos venido promoviendo también desde la izquierda, y que es el contar con una segunda Asamblea, la Asamblea del Constituyente, quienes van a tener en sus manos la posibilidad de darle vida a esta Constitución para una ciudad de vanguardia, una ciudad de avanzada y que creemos que debe de garantizar esta visión en su conformación. Nos es importante ponerle atención a esta parte de este Constituyente, porque lo que nosotros buscamos de fondo es que exista esa legitimidad, que exista esa participación de la ciudadanía y que esto sea reflejado en nuestra Constitución.

Nos preocupa que no haya habido condiciones, desde esta propuesta, para que quedara plasmada ya la obligación de que una vez que ese Constituyente elaborara ese andamiaje jurídico, esa Constitución, pudieran someterla a referéndum, pudieran ponerla a consulta con la ciudadanía para que siguiera involucrándose en este esfuerzo.

Ojalá que este Constituyente tenga la sensibilidad, tenga la posibilidad de garantizar esta figura del referéndum.

Y también, lo quiero decir de manera respetuosa, pero sin duda confirmando con algunas intervenciones que se han estado dando aquí en el Senado, pero además, lo que hemos visto a lo largo de nuestra lucha por sacar adelante esta reforma, nos interesa garantizar la participación de los capitalinos en la construcción de nuestra Constitución, de nuestro conjunto de valores que compartimos como capitalinos; y nos preocupa porque hemos escuchado aquí algunas intervenciones, insisto, lo digo de manera respetuosa, que confirman que no se tiene conocimiento sobre lo que se está hablando, que a partir de esta reforma hay algunos compañeros, algunas compañeras, que por primera vez intervienen en esta reforma y que entonces descalifican todo el esfuerzo que aquí se ha venido haciendo.

Hay quienes creen que por no tener una Constitución, lo acaban de decir aquí, no rendimos cuentas, no somos auditados, no tenemos toda una serie de obligaciones, que efectivamente ahí están, ahí están dando cuenta de esto y que nos preocupa porque reflejan el desconocimiento que se tiene de nuestra ciudad.

Así hemos vivido muchos años en esta capital, no descalificamos el origen, y mucho menos, de ningún estado de la República, pero hemos preguntado a Chiapas, a Tlaxcala, a Tabasco, al Estado de México, a todas las entidades hemos preguntado sobre temas de seguridad, por ejemplo, nombramientos de nuestro Secretario de Seguridad Pública, Procurador, y no queremos que esto siga ocurriendo; creemos, estamos seguros que los capitalinos tenemos el tamaño, la experiencia, el nivel para poder sacar adelante nuestras propias definiciones, y eso es lo que queremos que suceda a partir de este momento.

No puedo dejar de señalar que no estamos de acuerdo con estos planteamientos que se acaban de hacer por el Senador del Partido Verde, donde se hace alusión a una serie de excepciones que evidentemente no tenemos, que quiero pensar que la señala porque no conoce a detalle cuál es la dinámica de la capital, pero que, por supuesto, de ninguna manera estamos en una situación de excepción de rendición de cuentas ni mucho menos.

Es lo que queremos seguir haciendo, queremos contar con su solidaridad para que podamos ser los capitalinos los que decidamos nuestra propia Constitución, y por ello vamos a respaldar este dictamen, insistiendo en que reconocemos que no está todo resuelto, pero nos parece, sin duda, un avance importante y nos parece que es importante, pues, el resolver esta deuda que el país, que el Congreso, que este Senado en particular, tiene con los capitalinos, con la gente de esta ciudad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

En uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Con atención he escuchado las participaciones de algunos de los que me antecedieron, y me parece que en el ánimo de querer minimizar, denostar este dictamen, fallan a la verdad, y fallan a la realidad que hoy estamos queriendo empezar a cambiar en la ciudad capital, en el Distrito Federal.

Algunos datos sobre el Distrito Federal para tener claro en magnitud qué significa esta ciudad en la que viven alrededor de 8 millones de mexicanos y mexicanas.

Es la entidad número uno en estabilidad económica; el DF ocupa el primer lugar en la aportación al Producto Interno Bruto Nacional con el 17.1 por ciento del PIB, en 2012.

El PIB per cápita, en 2012, se ubicó en alrededor de los 247 pesos; el tercer lugar en atracción de inversión extranjera directa; la deuda pública per cápita en la capital del país ocupa el lugar 28 a nivel federal; la entidad cuenta con el mejor plazo de vencimiento de deuda.

Compañeros, sin duda alguna, estos datos hablan de una ciudad, de una entidad, como esperamos que a partir de estos cambios esté entendida en nuestra Constitución, que es una locomotora en el país, y lo que esperamos es que no solamente sea una locomotora económica, como lo ha venido siendo, sino que vuelva a ser, en términos jurídicos, la locomotora política que en este momento requiere el país.

Hablar de un poder constituyente en este momento, para el próximo año, es de la mayor trascendencia. Por eso no logro entender al Senador Escudero, siendo representante de esta entidad, cuando viene y minimiza el dictamen.

Cuando el principio básico de una democracia es tener una posibilidad de tener el marco jurídico que uno decide, no el que otros Senadores o Senadoras, venido de otros estados, Diputados o Diputadas venidos de otros estados, le den al lugar en el que uno vive.

Y es minimizar un debate de 200 años, es nuevo, sin duda alguna, en el debate del Distrito Federal el Senador Escudero, y queda mal con sus votantes, cuando lo que estamos conquistando en este momento es que después de una visión centralista de 200 años, se tenga la oportunidad para los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad capital de poder elegir un poder constituyente, porque quien elige un poder constituyente tiene la capacidad de definir los retos de sus derechos económicos, la visión profunda de sus derechos sociales y, sobre todo, fortalecer y sentir ser parte de esos derechos políticos de los cuales los mexicanos y las mexicanas que viven en esta ciudad capital han estado impedidos desde hace ya 200 años.

De tal manera, que venir a minimizar este dictamen es no conocer la realidad de esta ciudad capital, o tal vez, solamente venir a hacer un discurso político de oposición, como el que me tocó de parte del Senador Bartlett, con poco contenido, pero también de parte del Senador Escudero, que al final del día trata de tomar posición política cuando no nos tocó escuchar ninguna de esas críticas en sendas mesas que en el debate, sobre este tema, nos tocó tenerlo enfrente.

Entonces, compañeros y compañeras, quiero decirlo en su justa magnitud. Este es un dictamen de avanzada para los capitalinos, es un dictamen importante porque logra modificaciones trascendentes que le habían sido negadas a la gente que vive en esta ciudad capital.

El Jefe de Gobierno, que ahora será Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no tendrá que ser quitado por el Senado.

Se constituye este poder constituyente con la finalidad de ser capaz de construir una constitución de vanguardia.

Hoy, en este momento, en el que la vida jurídica del país se encuentra tan demeritada por la lógica política en la que está metido el país, pues puede ser una bocanada de oxígeno pensar, desde la ciudad capital, dónde tenemos que avanzar en materia de derechos políticos, en materia de derechos económicos y en materia de derechos sociales.

Yo quiero destacar que el resultado de este dictamen ha sido una larga lucha de la izquierda, no solamente del Partido de la Revolución Democrática.

Estos temas los enarboló el Partido Socialista Unificado de México, fueron temas que tuvo la izquierda en principio, inclusive, antes del PSUM, con el propio Partido Comunista, porque era una visión de cómo se tiene que vivir frente al poder presidencial, que asentaba en la regencia capitalina una forma omnipresente de ese poder que representaba el régimen priista.

Hoy, con este dictamen, viene una nueva etapa de la discusión, pero esa discusión podrán darla los capitalinos, podrán darla con ese poder constituyente, y estamos convencidos de que será un debate de altura, que permitirá que las luchas de izquierda se sigan reivindicando desde el Distrito Federal, desde la ciudad capital en beneficio de todo el país; esa es la lucha que estamos hoy dando; este es el dictamen que hoy está construido, ésta fue, hay que decirlo y hay que rescatar ese planteamiento, fue una iniciativa del actual Jefe de Gobierno, de Miguel Mancera.

Decía Pablo Escudero: "Que no llega a tiempo este asunto".

Ya nos tocó estar aquí en dos ocasiones esperando que se dé esta votación. Por distintas condiciones, no hemos podido votar este tema.

Hoy hay un acuerdo político de la mayor dimensión que abre la puerta para una nueva etapa, pero ya no una etapa en donde sean los poderes centrales, los poderes federales los que decidan por los capitalinos, sino que sea a través de un poder constituyente, que ese es el candado que se está quitando el día de hoy, que es un candado que se mantuvo durante 200 años y que hoy, con esa iniciativa que planteaba Miguel Mancera, se abre por el acuerdo que se tiene por todas las bancadas aquí representadas.

Entiendo cuando hay la intención de demeritar un dictamen por pose o posición política de distinta naturaleza. Pero, como alguien que tiene familia en la ciudad capital, como una ciudad capital que ha absorbido a millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de la historia, estoy convencido de que con este dictamen se abre una nueva etapa para que a través de ese poder constituyente y las fuerzas representadas de la izquierda, sigamos haciendo que el país avance.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Armando Ríos Piter.

En uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente.

El Distrito Federal es parte esencial de lo que somos, y estoy segura que también de lo que seremos como país.

Grandes acontecimientos que han sacudido la historia reciente de México ocurrieron también en las calles del Distrito Federal:

No olvidamos el Movimiento Estudiantil de 1968 y lo ocurrido en Tlatelolco, que marcó para siempre la lucha de nuestra sociedad contra el autoritarismo, y mucho menos la desgracia provocada por el sismo de 1985, que despertó a la sociedad e hizo patente una de las más grandes virtudes de los mexicanos, nuestra solidaridad y fraternidad, misma que sirvió para sobreponernos a la ineficiencia del gobierno en esos momentos.

Estos dos últimos acontecimientos cimbraron al régimen, y junto con el impulso de una sociedad cada vez más demandante y educada, logramos transitar hacia la democracia.

Traigo aquí la historia porque nada, absolutamente nada puede entenderse sin ella. No pueden comprenderse los problemas y los retos de la Ciudad de México si se desconoce su pasado.

Los capitalinos nos sentimos muy orgullosos de lo que somos: honrados por ser la sede de los Poderes de la Unión, pero al mismo tiempo nos sentimos profundamente inconformes con la forma de organización política y administrativa que rige.

Hemos vivido en el limbo por décadas, tenemos una cita pendiente con la modernidad y una gran deuda en materia democrática.

En 1928, desaparecieron los municipios y la apuesta fue hacia la centralización.

En 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes, por primera vez se reconocieron ciertos derechos políticos a los capitalinos.

Tuvieron que pasar 10 años más, para que en 1997 pudiéramos elegir directamente Diputados a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y se abrió la puerta para que 3 años después, en el año 2000, eligiéramos en las urnas a los jefes delegacionales.

Basta imaginar el retraso al darnos cuenta que hace 190 años se creó el Distrito Federal, pero fue apenas hace 18 años que se comenzaron a reconocer nuestros derechos.

Han sido décadas de profunda inequidad, como siempre lo he dicho: "Vivimos en una entidad, que en muchos casos es referente a nivel nacional, pero la calidad del trato hacia los ciudadanos es la peor de todo México".

Hoy estamos dando un paso, estamos haciendo lo que está en nuestras manos para ayudar a construir ciudadanía.

Significa lo que estamos haciendo: reconocimiento de derechos, ampliación de la esfera jurídica del ciudadano, esa es la principal virtud de la Reforma Política que hoy hemos construido.

Lograr que los capitalinos dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda y permitir que gocemos de derechos similares a los que tiene un habitante de cualquier otra entidad federativa.

De ahora en adelante, nuestra voz será escuchada en las reformas a la Carta Magna, y por fin tendremos una Constitución Política para la Ciudad de México.

De lo que hoy se trata, señoras y señores Senadores, es de hacer del Distrito Federal una auténtica parte del Estado federal. Capaz de participar, como todos los demás estados, en las reformas a la Constitución y de contar, como todos los demás estados, con una Constitución propia que será, no tengo duda, la más moderna del país; no por la fecha de su promulgación, sino por la de los conceptos y derechos que enarbole.

De lo que se trata hoy, es que las autoridades más cercanas al ciudadano tengan la potestad suficiente para resolver los problemas cotidianos de la gente.

Nos falta mucho por hacer desde este Senado de la República, para así lograrlo y tener gobiernos más eficientes en la Ciudad de México.

La lucha por darle a la ciudad esta Reforma Política, nació en el PAN, la primera iniciativa fue en 1967, el PAN propuso una Reforma Política para la Ciudad de México.

Estamos refrendando ese compromiso, estamos entregando a este Pleno el resultado de un proceso de dictaminación de nuevas iniciativas presentadas por todas las fuerzas políticas; representa el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, para así construir este acuerdo, por lo menos, con un piso mínimo para que la ciudad vaya avanzando.

Es hora de romper con las inercias que han provocado que el Distrito Federal ocupe entre 54 municipios y 16 delegaciones estudiadas, el lugar 33, por la calidad de vida; el lugar 41 por la satisfacción de servicios; el lugar 38 por la satisfacción en el desempeño de los alcaldes, según el estudio, "Las ciudades más habitables de México", hecho por el Gabinete de Comunicación Estratégica.

El D.F., a los ojos de sus habitantes, está reprobado. Podríamos pensar que estas pésimas calificaciones se deben a la falta de recursos o a un trato injusto, porque no se nos compensa ser la capital, pero en realidad somos la quinta entidad con mayor crecimiento de recursos del Ramo 33, después de Chiapas, Estado de México, Puebla y Guanajuato.

Con un 13.5 por ciento más recursos, pasamos de poco más de 10 mil millones de pesos en 2013, a 11 mil 651 millones de pesos, en 2014.

Si eso fuera poco, también recibimos 3 mil millones de pesos adicionales por el Fondo de Capitalidad, y así podríamos hablar, también, de más y más recursos.

La realidad, es que aquí existe un monumento a la centralización, a partir del gasto público. Un gasto que se ha orientado a generar una supuesta política social, y digo supuesta, porque en los hechos es un completo fracaso en materia de desarrollo humano, pero sí un triunfo en materia electoral.

En el Distrito Federal, las dádivas a las que se les ha querido llamar "Programas Sociales", no han dado resultados. La muestra es que, según el CONEVAL, el número de pobres ha aumentado, rebasando los dos millones y medio de personas, esto quiere decir, el 28.9 por ciento de la población, y tiene dos de los once municipios con el mayor número de personas en pobreza, que serían la delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo A. Madero.

En este contexto, la Reforma Política es un gran paso, pero queremos dejarlo muy claro. Para el PAN, esta reforma abre la puerta a algunos cambios pero sigue sin ser suficiente, sigue sin ser contundente y sigue sin ser ciudadana. Incluso, podría correrse el riesgo de que su ejecución termine siendo una mera simulación o solamente una transformación cosmética.

Aplaudimos que el Distrito Federal reciba de ahora en adelante, el nombre de Ciudad de México. Celebramos que se eliminen las distinciones y que participemos en las reformas constitucionales; que exista una migración de facultades federales para asignarlas al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa.

Reconocemos, también, que puede existir una Asamblea Constituyente y que las delegaciones se transformen en alcaldías donde exista pluralidad.

Todos estos temas los hemos defendido como condiciones mínimas.

Sin embargo, hay que decir, también, que quedan pendientes por atender.

Que si bien se fortalecen las facultades del Jefe de Gobierno, sigue siendo ambigua la distribución de facultades a las alcaldías e incluso no sabemos cuáles serán las competencias de los consejos.

No se asume, ni se implementa por completo, un modelo municipalista renovado, como el que todos hubiéramos deseado.

Hubiéramos querido también, que las alcaldías, desde la Constitución, pudieran incidir, por ejemplo, en materia de seguridad pública, que es la principal preocupación de los capitalinos; que contaran con facultades en materia de movilidad, no sólo para proponer, sino para implementar acciones de gobierno para mejorar las vialidades y la circulación.

También en materia educativa. Hoy las delegaciones no son autónomas para el mantenimiento o rehabilitación de las escuelas. Es más, ni para colocar bebederos. Para ello tienen que seguir los lineamientos que imponga la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal.

Otro ejemplo son las facultades en materia de desarrollo urbano. Las delegaciones, a diferencia de los municipios, no pueden comprar reservas territoriales para construir infraestructura. Tampoco participan, sino que sólo opinan sobre la concesión de servicios públicos o sobre los convenios que suscribe el gobierno del Distrito Federal con la Federación, los estados y municipios.

Incluso, llegamos al extremo de que no tienen atribuciones en materia de cultura, y hasta para el mantenimiento y administración de los mercados públicos, están acotadas.

Algo muy importante, tampoco hay certeza de un nuevo arreglo presupuestal y financiero a favor de las alcaldías. En particular, este tema es delicado, porque no queremos que se eternice el actual esquema de sometimiento a la voluntad del Jefe de Gobierno, para que los delegados, ahora alcaldes, cuenten con recursos.

Es inconcebible una ciudad moderna, en la que las delegaciones que atiendan los servicios básicos de 8.8 millones de habitantes, es decir, del 100 por ciento de la población, apenas reciben el 16 por ciento del presupuesto total de la Ciudad de México.

Y siete de cada diez pesos terminan en el pago de nómina, y menos de dos pesos se destinan hoy a obra pública, en consecuencia, a dar resultados.

Tampoco compartimos que sea el Jefe de Gobierno quien envíe el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente. Si bien logramos que ese proyecto sea modificado y adicionado, hubiera sido deseable sacarle las manos al Jefe de Gobierno del proceso de creación de la norma fundamental de la ciudad.

La lógica que hemos defendido, es que no queremos que ésta sea una reforma que beneficie al Jefe de Gobierno y a sus grupos de interés, sino que tenga como origen y razón de ser a los ciudadanos.

El PAN propuso la creación de un cuarto nivel de gobierno: Las entidades de gestión metropolitana, pensando en que no existen barreras físicas que nos separen de otras entidades. En la ciudad, pasar de una delegación a un municipio, es cuestión de cruzar solamente de una banqueta a otra.

De la misma forma, concebimos que debieran de tratarse ciertos temas, como el transporte, el abasto de agua potable, la movilidad, el tratamiento de la basura y los residuos sólidos, pero encontramos oídos sordos.

La misma suerte corrió la posibilidad de ciudadanizar esta reforma, en temas tan sensibles como la definición del uso de suelo para evitar que las colonias, barrios y pueblos sigan siendo afectados por el crecimiento desordenado, irregular e irresponsable fomentado, en muchos casos, por las mismas autoridades corruptas.

Otra propuesta que no fue contemplada, fue la posibilidad de que la Constitución, una vez aprobada por la Asamblea Constituyente, fuera sometida a referéndum para que los capitalinos se expresaran y su voz fuera escuchada. Ninguna de estas alternativas para ciudadanizar esta reforma prosperó.

La evolución política del Distrito Federal ha sido gradual, nunca radical, esta reforma no cumple con el propósito de cambiar radicalmente la situación del Distrito Federal como lo hubiéramos deseado, pero es un paso más hacia su democratización.

Los avances y los acuerdos alcanzados son mejor que no haber hecho nada o que nos hubiésemos quedado con los brazos cruzados esperando a la siguiente legislatura.

Desde aquí, tendremos qué advertirlo: Acción Nacional seguirá dando la batalla desde esa Asamblea Constituyente para que desde ahí podamos seguir completando la obra que ahora apenas se inicia en este Senado de la República.

Los legisladores de Acción Nacional, en el afán de que algunas de estas grandes deficiencias puedan solventarse, impulsamos que la Asamblea Constituyente sea una Asamblea distinta a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Que sea electa por los capitalinos y en la que participen los ciudadanos.

Quiero finalizar recordando que esta LXII Legislatura será recordada por darle al país las reformas que necesitaba, pero también por dar un paso muy importante, aunque no definitivo, a favor de la autonomía y democratización de la capital.

Hoy, para los capitalinos es un día histórico, es un día que será recordado durante décadas. Hagamos cuanto está en nosotros para que estas transformaciones legales se traduzcan en los cambios que la gente nos exige en las calles de la ciudad para mejorar su calidad de vida y para tener servicios públicos eficientes y servidores públicos también eficaces.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

En uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros. Señor Presidente.

La primera vez que tuve oportunidad de votar la Reforma Política del Distrito Federal fue en la LVIII Legislatura, hace 13 años.

Sin duda, el recuento histórico que hemos escuchado es importante, pero hago esta aclaración porque es increíble que después de tantos años sigamos debatiendo la Reforma Política para nuestra ciudad.

Y sí celebro que hoy, por fin, aunque sean estos avances, puedan llegar a la votación del Pleno de este Senado de la República.

Es real, y hay que decirlo con total sinceridad y transparencia, a esta reforma le falta federalismo y le urge ciudadanía.

Le falta federalismo porque si bien se homologan distintos artículos de la Constitución para establecer, incluyendo al Distrito Federal, o esperemos en un futuro cercano, la Ciudad de México como una entidad federativa, la realidad es que homologar no es sinónimo de federalismo, la realidad es que ni se está creando el estado 32, ni tampoco estamos haciendo municipios en la Ciudad de México, y hay que decirlo, por ello, con claridad y con sinceridad, acotando las expectativas que se pueden tener sobre esta reforma.

También seamos reales, veamos qué es lo que hay atrás del tema incluir el fondo de capitalidad aquí, y no una legislación fiscal o presupuestaria, y lo que tiene que ver con incorporar aquí el fondo de capitalidad, no es dotar a la ciudad de más recursos como quisiéramos que sucediera, sino que se trata de dejar en la Constitución una negociación que obligará al Jefe de Gobierno a pactar año con año con quien esté en la Presidencia de la República.

Y si nos vamos al tema de las delegaciones, o en un futuro alcaldías, vemos que la promesa de federalismo no puede ser más falsa, las delegaciones sufrirán tan sólo, y por decirlo así, un mero bautizo y tendrán por nombre alcaldías.

Pero no hay cambios sustantivos, la definición constitucional permanece intacta y permanecen como órganos político-administrativos.

Eso, compañeras y compañeros, no es percepción ni opiniones políticas, es el texto que está en la Constitución y el texto que permanece en el dictamen.

Si le seguimos rascando al tema del federalismo en las alcaldías, también podemos observar que no tendrán personalidad jurídica ni patrimonio propio. Es más, fue una larga lucha y largos debates que al menos se estableciera que tuvieran como piso de facultades aquellas que tienen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Eso fue en una reforma que se diría federalista, una batalla que si bien fuera una reforma federalista, ni siquiera hubiera tenido qué librarse.

Pero también, compañeras y compañeros, a esta reforma le urge ciudadanía, la realidad es que es una reforma de políticos para políticos. En esta reforma, las y los capitalinos no ganan ni voz ni voto, no hay un solo párrafo en la reforma donde las y los capitalinos puedan tener un nuevo derecho, como durante tanto tiempo se les ha prometido, tampoco esta es una reforma que esté enfocada a solucionar los problemas de las y los capitalinos.

En esta reforma no se habla de la inseguridad, no se habla de la procuración de justicia y mucho menos de la calidad de los servicios; no se habla del medio ambiente; no se habla del desarrollo urbano; no se habla de la calidad y el precio de las viviendas en el Distrito Federal que obligan a nuestros ciudadanos a irse a los espacios conurbados a esta ciudad.

No hay, en síntesis, una sola solución a los problemas que vivimos todos los días en la Ciudad de México.

También es importante destacar que permanece el modelo de administración que se ha demostrado que no funciona, un modelo de administración que es excluyente, que es corporativo y que es ineficaz.

Y en lugar de revisar en esta reforma qué es lo que no está funcionando para la vida cotidiana de los ciudadanos, el enfoque es, y sí lo subrayo, el de una mera reforma Política para el Distrito Federal. Aquí sí tenemos una deuda, y hay que decirlo, con los ciudadanos de nuestra querida capital de la República.

Propuestas para ciudadanizar la política en el Distrito Federal hay y ha habido muchas.

Se habla aquí de que tenemos una ciudad de vanguardia, una ciudad que sabe adelantarse a los tiempos. Y coincido con esos comentarios, pero esa visión no está plasmada en esta reforma, aquí no se está ciudadanizando la política, como bien se criticó en otras reformas, aquí no hay una legitimación social, como también se reclamó en otras reformas, aquí los grandes olvidados son los ciudadanos.

En términos muy claros, y que sea como tal, aquí únicamente pierde el Presidente de la República y pierde el Congreso de la Unión, en términos de facultades constitucionales, y gana el Jefe de Gobierno y gana el Congreso de la Ciudad de México, también en términos de facultades, pero quien no gana absolutamente nada, es la ciudadanía.

Y si bien, con todo lo que he expresado, he decirles, colegas, que mi voto será a favor de esta reforma. Y será a favor por tres razones principalmente: en primer lugar, porque estoy convencida de que el Distrito Federal, en un futuro la Ciudad de México, merece tener su propia Constitución.

Los capitalinos merecemos más que un Estatuto de Gobierno que sea modificado por el Congreso de la Unión. Merecemos nuestra propia Constitución; merecemos la posibilidad de elaborarla, de modificarla; y merecemos también poder opinar, a través de nuestras instituciones, en las reformas constitucionales que se lleven a cabo.

En segundo lugar, me parece muy importante el que se incorpore la figura de concejales en la dinámica de los gobiernos locales, delegaciones, en un futuro, alcaldías.

¿Por qué? Y debo decirles que tengo hasta sentimientos encontrados en esta materia, me parece que los concejales brindarán transparencia, pluralidad y representación en las decisiones de las delegaciones o alcaldías.

Pero también he de decirlo, y tal vez es por una experiencia personal, habiendo sido jefe delegacional, no estoy segura de que teniendo exactamente las mismas y escasas facultades las alcaldías, que lo que hoy tienen las demarcaciones territoriales, sea un modelo que vaya a funcionar.

Me preocupa que, por el contrario, se conviertan en rehenes los jefes delegacionales o alcaldes tanto de esos concejales, como del Jefe de Gobierno. Y sí, sí es un riesgo, hay un riesgo institucional ahí dentro, pero esperando a equivocarme a estos riesgos, sí sostengo que es importante la incorporación de decisiones más plurales, colegiadas y más transparentes en las alcaldías.

Y, sin duda, mi tercer tema, y me parece que aquí todo el proceso de negociación obliga, sí es de reconocerse la dedicación y la vocación de consenso que he encontrado en las comisiones dictaminadoras, en el Presidente de este Senado de la República, en los coordinadores, en don Porfirio Muñoz Ledo, que también nos estuvo acompañando, y en todas las Senadoras y Senadores y funcionarios de la ciudad, del gobierno federal, que constantemente estuvimos buscando cómo ponernos de acuerdo y entregar lo mejor de este consenso a la Ciudad de México.

Y claramente esa vocación de consenso también obliga a reconocer los acuerdos y, por ello también, me siento obligada moralmente a votar a favor de estos acuerdos que durante tantos meses, y me atrevería a decir años, hemos construido.

Parte de este proceso de negociación pasó por tres temas muy importantes, y que sí hay que decirlo, porque son un avance para la Ciudad de México.

Durante muchos años, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal buscamos que existiera una Ley de Coordinación Fiscal Local, buscamos que los jefes delegacionales no tuvieran que estar a merced del Jefe de Gobierno o de la Asamblea Legislativa para poder negociar un presupuesto.

Por más que buscamos el establecimiento de fórmulas o de una legislación, fue imposible. Y hoy, en este dictamen, sí contamos con un transitorio que da un piso base, pero no máximo, para los presupuestos de las alcaldías, y ese es un gran avance.

En segundo lugar, también me parece muy importante y que fue producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, tiene que ver con las facultades de las alcaldías.

Hoy las alcaldías ya no correrán el riesgo de tener menos facultades, como sucedió en la administración anterior del gobierno capitalino, donde día con día las delegaciones perdieron facultades y se concentraban más y en más poder, en un gobierno del Distrito Federal completamente autoritario.

Ahora, con este nuevo transitorio, sí queda claro el respeto a las facultades que hoy tienen las delegaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Y en tercer lugar, también hay que decirlo, se incorporaron procedimientos muy importantes y muy transparentes para distintos nombramientos.

Compañeras y compañeros: Estoy cierta, convencida y preocupada de que ésta es una reforma de políticos para políticos.

Hoy, desde esta tribuna, hago este reconocimiento, también, dejando claro que tenemos una deuda con la ciudadanía, una deuda que debe traducirse en verdadera voz y verdadero voto en las instituciones y en las decisiones que tome el poder público en cada una de sus esferas.

El reto, y que todavía nos falta, es construir una ciudad para ciudadanos, no una ciudad de políticos; una ciudad para ciudadanos donde tengan la posibilidad y la claridad de que los problemas que nos aquejan todos los días podrán ser solucionados.

Aún así, y a pesar de todo lo que se ha vertido en esta tribuna, no sólo por mí, sino por muchos oradores, me parece que sí hay que reconocer en esta reforma un avance. Tal vez no de la magnitud que deseamos, pero sí de una magnitud posible y que nos lleva y nos motiva a votar en consenso.

Enhorabuena, compañeros del Senado de la República.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

En uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente. Compañeras; compañeros:

Una vez más, los habitantes de la capital del país cuentan con el PRI para fortalecer su vida democrática, para contribuir a la autonomía de sus instituciones.

Lo hicimos siendo gobierno en 1987, en 1993, en 1996; lo impulsamos siendo oposición en 1999, y después, hay que reconocer que hubo muchas propuestas de priístas que, desafortunadamente, no alcanzaron, en su momento, los acuerdos deseados.

Lo refrendamos hoy en 2015, conscientes de la complejidad social que tiene esta ciudad.

Creemos en la importancia fundamental que tiene, para todos nosotros, la capital del país, sede de los Poderes de la Unión y centro de una amplia metrópoli, en la cual no sólo habitan los 8.6 millones que nos reporta el censo; transitan, laboran, estudian y coexisten más de 20 millones de mexicanos, por lo que constituye, sin duda, una de las aglomeraciones más importantes del mundo.

Esta reforma, justo por eso, considera la singularidad del hoy Distrito Federal, por la naturaleza jurídica que lo identifica, como la sede de los Poderes de la Unión; pero sienta los primeros pasos, y yo coincido con lo que han expresado aquí otras compañeras y compañeros, apenas los primeros pasos del enorme reto que preserva su funcionalidad. Eso es lo que la sociedad está esperando de todos nosotros.

Y es que esta ciudad no es un territorio aislado, sus 16 delegaciones, más de 59 municipios del Estado de México, 1 del estado de Hidalgo, conforman la zona metropolitana más grande y más compleja del país, lo que exige, nada más, pero nada menos, que la corresponsabilidad de las autoridades involucradas.

Vamos a votar a favor de un Consejo de Desarrollo Metropolitano responsable de acordar acciones en materia de asentamientos humanos, de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección de residuos, tratamiento y disposición de éstos y, desde luego, seguridad pública.

Primero, porque actualmente esta zona metropolitana tiene comisiones que carecen de una figura administrativa que conjunte las necesidades y coordine la toma de decisiones entre las entidades que la conforman. Dotar de servicios suficientes y de calidad a millones de personas es apenas un esbozo en este proyecto, que como cualquier otro, también debemos decirlo, susceptible de ser perfeccionado.

Estamos sentando un precedente en el ámbito de lo metropolitano, ¿pero qué creen? En la casa del federalismo nos quedamos cortos, regular una adecuada coordinación entre los niveles de gobierno es un tema obligado en el trabajo legislativo venidero de esta Cámara, y en el que, por fortuna, hay un consenso entre las diferentes fuerzas políticas.

Mirémonos en el espejo del Valle de México para avanzar en la regulación metropolitana en todo el país antes de que la realidad nos siga no alcanzando, hay que reconocer que ya nos rebasó la realidad.

Si de verdad queremos planear ciudades con una visión incluyente, regional, de largo aliento, consejos como éste deberán plantear a las entidades federativas responsabilidades compartidas y soluciones de carácter integral.

Habrá que analizar, por ejemplo, los subsidios que se dan en agua en las zonas metropolitanas, por qué no verlo de manera integral para que no sean meras acciones populistas, pero hay que ver también la parte de responsabilidad.

Necesitamos ponderar por qué hay entidades como ésta que no tienen un esquema para la conservación de bosques, para estas fábricas de agua que estamos perdiendo. Quiero aclarar que en mi estado, el Estado de México, sí hay un esquema que conserva los bosques de agua, que por cierto, también llega al Estado de México.

Cualquier democracia que se precie de serlo ha de tener en cuenta la pluralidad de la sociedad y la necesidad de contrapesos, que era algo que ya le hacía mucha falta a esta ciudad.

Necesitamos poner en el centro de los objetivos, y me parece que esta reforma de entrada lo logra, a la gente, a las personas, y no a la clase política. Por eso cobra relevancia el acuerdo al que hemos llegado para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Se trata de un proceso eminentemente plural, sí, subrayadamente transparente, también, en el que se guardan los equilibrios de la representación y se cierra el paso a los excesos.

Cabe aclarar que los 100 integrantes de esta Asamblea Constituyente lo harán con un carácter honorario, no van a cobrar un solo peso, se va a sesionar en la antigua casona de Xicoténcatl, antigua sede de esta representación del Pacto Federal.

Y en el PRI celebramos que así sea, aún cuando hubo voces discordantes que recientemente, y ante estos acuerdos a los que hoy por fortuna llegamos, intentaron descalificar este proceso para la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Reconocemos, sí se los reconocemos, que por encima de ambiciones personales o de grupo prevaleció un espíritu democrático, el reconocimiento a la que, hay que aclararlo, sigue siendo la capital de todas y todos los mexicanos.

A ninguna fuerza política en este Senado se le puede regatear su participación y su interés en construir la reforma a la que hoy llegamos.

Pero yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir que no se escatime al Presidente Enrique Peña su voluntad política y el compromiso que asentó en el punto 5.4 del Pacto por México, para que estemos hoy discutiendo y aprobando esta reforma.

Por otra parte, el Poder Legislativo de la Ciudad se va a depositar en un órgano colegiado, facultado para aprobar el presupuesto de egresos y para revisar la cuenta pública a través de una fiscalía dotada de autonomía técnica y de gestión, esto atiende una añeja y justa demanda, me parece, del Distrito Federal sobre la autodeterminación presupuestal de la capital.

Pero también queremos señalar que es una herramienta poderosa para combatir la corrupción. ¿En qué cabeza cabe que un Jefe de Gobierno guarde por 25 años la información de una obra tan importante de infraestructura como un segundo piso?

¿Cómo necesitamos planear la ciudad, una ciudad incluyente, cómo aspiramos a ser una ciudad incluyente si tenemos segundos pisos que lejos de ser una solución sólo generan contaminación y más exclusión? Porque habría preguntarnos cuánta gente en esta ciudad tiene un vehículo para circular por ellos.

O qué decir hoy, a más de un año de la suspensión de la Línea 12 del Metro, con casi medio millón de usuarios afectados, para ya no hablar del presupuesto invertido, mejor aplicado, decimos, la sociedad nos sigue preguntando, ¿qué pasó, por qué no hay a estas alturas un solo responsable? Así que yo creo que abona también a este debate.

Con esta reforma abonamos también al contrapeso en el que hasta hoy es el único ente de gobierno, en todo el país, que ejerce el poder de manera unipersonal, las demarcaciones territoriales, denominadas en lo sucesivo alcaldías, que tendrán en los concejales una especie de cabildo que supervise, equilibre el actuar de los alcaldes, pero que también represente a las minorías en esta ciudad.

Avanzamos también en la capacidad económica de éstas, que con esta reforma tendrán autonomía de ejercicio presupuestal y dejarán de estar subordinadas a la autoridad del Jefe de Gobierno, porque, por poner un ejemplo, en 2015, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal le destinó a Cuajimalpa un monto de cuatro millones 300 mil pesos, que bajo el régimen actual no pueden ser ejercidos sin la autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Con esta reforma aspiramos a que esto ya no pase, y que este gobierno cercano, las alcaldías puedan dar realmente respuesta a las necesidades de la sociedad.

Para mí hay un tema fundamental, la Reforma Política que hoy vamos a aprobar, es un paso adelante, sí, en la vida democrática de la capital del país, pero debe ser un ejercicio de reflexión de fondo, la Ciudad de México no puede sustraerse a esta reflexión.

Mayores facultades obligan a mayores responsabilidades, y yo espero, y mi grupo parlamentario también, que la Asamblea Constituyente dé respuesta a este reto, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas, nos preguntamos cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal y fiscal.

Permítanme darles algunos datos duros de lo que conozco de mi estado, el Estado de México, que por cierto, abraza geográficamente a la capital del país, y con el que tenemos una interrelación muy intensa todos los días.

Cuando nosotros vemos los montos absolutos del presupuesto asignado a las entidades federativas, nos damos cuenta que, efectivamente, el Estado de México ocupa el primer lugar en la asignación presupuestal; sin embargo, basta hacer un sencillo comparativo per cápita para saber que en realidad el Estado de México ocupa el lugar número 30 del país en la recepción de recursos.

Más ejemplos. En 2015, el Fondo de Participaciones, este Ramo 28, que es de libre disposición, otorgó aquí al Distrito Federal 65 mil millones de pesos para 8.5 millones de habitantes; y en contraparte, 76 mil 900 millones de pesos para los 16 millones de mexiquenses que hay en mi estado.

El año pasado, el gobierno del Estado de México, por concepto de participaciones, recibió 75 mil millones de pesos para 16 millones de personas, es decir, 4 mil 680 pesos por habitante, mientras el Distrito Federal recibió poco más de 63 mil millones de pesos para 8.5 millones de capitalinos, lo que representó 7 mil 100 pesos por persona.

La pregunta que nos hacemos en muchos de los estados es si habemos mexicanos de primera o de segunda. Lo mismo sucede en el Ramo 33, donde el año pasado el DF recibió cinco mil 220 pesos per cápita, mientras que en mi estado fueron apenas 3 mil 899 pesos por persona, y eso sin mencionar que la capital del país no paga la totalidad de sus host piales y tampoco su educación; tan sólo en educación, el gobierno federal gasta aquí 36 mil millones de pesos, mientras que el Fondo Educativo de los mexiquenses es de 33 mil millones de pesos.

Aún con esas restricciones, hoy el Estado de México es la entidad que más invierte en educación, pues aporta el 60 por ciento del gasto educativo que ejerce y que asciende a más de 70 mil millones de pesos.

En el PRI reiteramos, y con esto concluyo, queremos que les vaya bien a los capitalinos, que tengan autoridades más cercanas y con mayores facultades para dar respuesta a sus demandas, pero también queremos que asuman a plenitud su responsabilidad como integrantes del Pacto Federal.

El crecimiento de nuestra capital, que siempre será bienvenido, no puede darse en detrimento de la calidad de vida en el resto de las entidades, éste debe ser, compañeras y compañeros, el comienzo para replantearnos nuestro federalismo, para lograr una auténtica coordinación entre los órdenes de gobierno, pero también un trato más justo e igualitario que reconozca el esfuerzo del resto de las entidades federativas.

La sociedad, que por cierto no distingue fronteras políticas, exige de nosotros soluciones concretas, pero también de largo aliento.

Por eso hoy, como en 1969, que un gobierno priista creó el Sistema de Transporte Colectivo Metro; como en 1987, que impulsamos la primera reforma para democratizar la vida de la ciudad, el PRI deja testimonio de su voluntad, de su capacidad de acuerdo para seguir avanzando en la capital del país, pero también deja claro que tenemos varios debates pendientes y queremos erradicar las muchas desigualdades que prevalecen a lo largo y ancho del territorio nacional.

El reto de la Asamblea Constituyente es que dote de facultades suficientes a las autoridades para que hagan un buen gobierno, pero también de la responsabilidad necesaria frente a la sociedad para rendirle cuentas claras, para ser parte responsable de este Pacto Federal.

Habemos mexicanos, mexicanas, que no queremos quedarnos hoy con la sensación de contribuir a un régimen de excepción y de privilegio, habemos mexicanas y mexicanos que estamos convencidos de que no queremos quedarnos con la sensación de que estamos aprobando un lugar donde prevalezca lo mejor de ser estado sin serlo, lo mejor de ser municipio sin asumir la corresponsabilidad que el país hoy nos demanda a todos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

En uso de la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI concretamos esta tarde un largo debate, no me voy a referir a los 194 años que mi compañero, el Senador Encinas, ya nos  señaló, creo que ha sido exhaustivo en su presentación, tampoco a los 200 que hacía referencia el Senador Ríos Piter, pero es evidente que en esta reforma, más allá del patrimonialismo, estamos retomando debates de otros momentos; lo estamos  haciendo de las discusiones del 96, de las discusiones del 2001, del 2011 y del 2013, por mencionar algunas de las más recientes.

Y lo que también es evidente, es que esta tarde estamos perfilando la Reforma Política del Distrito Federal como uno de los logros democráticos importantes de la actual Legislatura.

Refleja, efectivamente, la responsabilidad a la que debemos corresponder los legisladores que asumimos los grupos parlamentarios en el reto de lograr acuerdos y de encontrar un objetivo común, pero al mismo tiempo, da cuenta del compromiso que asumimos quienes integramos el Senado mexicano, de atender un tema particularmente sensible a los ciudadanos de la capital de la República.

Es importante destacar que en estos años no hemos estado exentos de diferencia, pero los aspectos de mayor relevancia han transitado de manera favorable, de modo que este día hemos coincidido en dotar a esta gran ciudad, en eso sí coincidimos, de la autonomía constitucional necesaria en cuanto a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

Al mismo tiempo, también queremos dejar sentada la relevancia que tiene la ciudad como la sede de los Poderes de la Federación, y que como capital de todos los mexicanos, su pertenencia, su identidad, corresponde al país entero, sin excepción.

Con la reforma constitucional que sometemos hoy a consideración de esta Soberanía, realizamos un cambio constitucional significativo, como aquí ya lo han referido quienes me han antecedido en el uso de la voz.

Se está constituyendo al Distrito Federal como una entidad federativa, pero en otras palabras, también lo estamos equiparando en muchos de los temas como el resto de las entidades de la Federación, y se busca, al mismo tiempo, tener claridad en lo que implica una relación armónica y regulada entre la Federación y la propia Ciudad de México, de modo que cada orden de gobierno tenga claridad en sus atribuciones y en sus competencias.

El propósito, como ya ha quedado asentado, es superar la situación intermedia en la que se encuentra el gobierno de la Ciudad de México, y que por décadas, en opinión de algunos, ha resultado benéfica; en opinión de otros, se considera terriblemente asimétrica.

Es evidente que, de esta manera, estamos también buscando restituir a la ciudadanía un anhelo pospuesto por muchos años, ese anhelo en el que no podríamos dejar de hacerlo, estaríamos siendo incongruentes con lo que en otra legislación hemos estado ya avanzando.

Sin embargo, déjenme decirles que en este balance de argumentos que hemos escuchado a lo largo de esta jornada, me parece que más allá de los temas a favor por los que estaremos votando en el Grupo Parlamentario del PRI, queremos dejar cuenta de cuáles son los desafíos, no se trata, de ninguna manera, compañeras y compañeros, de poder venir a votar aquí un cheque en blanco de lo que va a suceder hacia adelante.

Varios son los desafíos, cinco anotaré de manera muy rápida:

El primero, el tema de las alcaldías. Es evidente que la transformación de las delegaciones a las alcaldías, en el caso del PRI, es uno de los temas más relevantes, porque, efectivamente, con ella estamos buscando que se haga más compatible la democracia que tiene nuestro país y dé cabida a la pluralidad política en la esfera gubernamental que se encuentra más próxima a la comunidad.

Se trata, sin duda, de que podamos encontrar una instauración de pesos y contrapesos que, sin duda, deban mejorar el desempeño gubernamental en la capital del país, en cada demarcación territorial, la presencia de un alcalde y de un órgano plural denominado consejo, tendrá que velar por los intereses, de a de veras, de los ciudadanos en todos los actos de la autoridad.

Efectivamente, nos interesará que en la próxima constitución local tengamos claridad en cómo se va a lograr la aprobación del proyecto de presupuesto de las alcaldías, qué vamos a hacer para poder concretar la supervisión y evaluar todos los actos de gobiernos realizados por los alcaldes, cómo vamos a controlar el ejercicio del gasto público de estas alcaldías y, por supuesto, nos interesa que fortalezcamos la rendición de cuentas, el resguardo de la disciplina financiera y que garanticemos que las aportaciones federales se den en los términos que disponga la Ley de Coordinación Fiscal, y tienen razón, será oportuno que revisemos las propias características de la Ley de Coordinación Fiscal, que podamos lograr que en la Ciudad de México, como en el resto de las alcaldías del país, podamos responder con equidad, pero también con eficacia.

Señoras y señores, así como en el caso de las alcaldías, en el caso del PRI nos interesa, por supuesto, otros temas relevantes que aquí han quedado asentados, tener una visión metropolitana de a de veras, que no vaya en detrimento, como en muchas de las ocasiones se ha señalado, de la visión de los capitalinos en relación con la gente de la provincia.

Creo que hoy más que nunca necesitamos una relación de respeto, de armonía y de coordinación.

Nos parece, del mismo modo, conveniente y hasta congruente, que estemos incorporando fórmulas, señor Presidente, que resulten exitosas como sucede en el resto de la vida democrática que aquí hemos aprobado.

Nos parece realmente muy extraño que a estas alturas, todavía en la actual Asamblea Legislativa no se hayan incorporado la integración de todos los grupos representados, y que efectivamente a través de la fórmula del 8 por ciento podamos lograr, como hoy tenemos en el Senado, la presencia de un Presidente del Senado de otro grupo parlamentario que no necesariamente corresponde al grupo que somos el mayor número que estamos aquí acreditados.

Temas como éste, que habían quedado simplemente rezagados, me parece que será importante que de una vez por todas puedan quedar incorporados. Por supuesto que mucho habrá de discutirse en relación con el Congreso Constituyente, lo que es evidente es que es para el PRI será necesario que, efectivamente, ese órgano electivo a pesar de que sea en la lista cerrada, dé paso también a la presencia de las candidaturas independientes, que permita que quienes en un momento dado sea por mandato de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados estén formando parte de este consejo, efectivamente electivos, que estén a la altura de su responsabilidad con la Capital de la República, pero también con los estados que forman el Pacto Federal.

En fin, muchas razones podríamos seguir esgrimiendo, pero me parece que lo más importante es que tengamos claro que la oportunidad que hoy estamos asumiendo de poder legislar en relación con la Ciudad de México, tiene que ser un compromiso de cara a los ciudadanos, que va más allá de los partidos políticos, que permita exigir verdaderamente cuentas y un ejercicio eficiente a las autoridades de la Ciudad de México, y por supuesto, que pueda construir para todos una visión viable que lo que implica este enfoque social, cultural y económico para toda la República y, por supuesto, para los capitalinos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Les informo que el registro de oradores para el debate de este dictamen en sus diferentes etapas está a su disposición en el monitor de sus escaños. Este registro se irá actualizando conforme a las solicitudes de las y los Senadores, y los acuerdos de los grupos parlamentarios.

Hemos concluido la etapa de posicionamiento de los grupos parlamentarios, y vamos a pasar a la discusión en lo general en términos del artículo 199, numeral 1, de la fracción III del Reglamento.

Se ha inscrito la siguiente lista de oradores:

El Senador Manuel Bartlett Díaz; la Senadora Dolores Padierna Luna; el Senador David Monreal Ávila; el Senador Carlos Alberto Puente Salas; el Senador Omar Fayad Meneses; el Senador Zoé Robledo Aburto; el Senador Juan Carlos Romero Hicks; el Senador Miguel Ángel Chico Herrera; la Senadora Lisbeth Hernández Lecona; la Senadora Angélica de la Peña Gómez; el Senador Isidro Pedraza Chávez; el Senador Víctor Hermosillo, ¿es en contra, verdad, Senador?, bueno, ahorita lo intercalo para que sea conforme al Reglamento, tenemos a la Senadora Iris, a favor.

Bueno, son los nombres que están ahorita, intercalamos sus participaciones, ya los tenemos registrados.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, rogarle que si pudiera decir cómo queda intercalada la lista.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ya lo leí, Senador.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Es que yo escuché que me había puesto entre los oradores a favor. Reiterando, señor Presidente, rogarle nos pudiera definir cómo queda la lista intercalada entre oradores a favor y en contra, porque pareciera ser que se escuchó invertidos los nombres de dos legisladores, uno que va a favor y otro que va en contra; si nos pudiera usted determinar el orden, qué oradores somos, quiénes a favor y quiénes en contra, para que queden intercalados.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, sí lo hice en el orden como estoy mencionando: Manuel Bartlett, en contra; Dolores Padierna, a favor; David Monreal, en contra; Carlos Alberto Puente Salas, a favor; Omar Fayad Meneses, en contra; Zoé Robledo Aburto, a favor; Juan Carlos Romero Hicks, en contra; Miguel Ángel Chico Herrera, a favor; Víctor Hermosillo, en contra; Lisbeth Hernández Lecona, a favor; Iris Vianey Mendoza Mendoza, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez, a favor; Angélica de la Peña, a favor; e Isidro Pedraza Chávez, a favor.

En uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estaba yo buscando en el diccionario la palabra contubernio, y dice el diccionario, contubernio es una alianza secreta, ilícita e irreprochable.

Entonces, esto es un acuerdo fuera del Senado, insisto, es una cuerdo entre la clase política, es una acuerdo que expulsa a la ciudadanía, que tanto quieren defender, la expulsa totalmente de la participación, están fuera.

Para construir esta extraordinaria invención, que lo único que busca es alterar la relación de fuerzas de la Capital de la República. Esa es la esencia, por eso yo digo que es reprobable.

Si volvemos a ver, miren, el PRI tiene 9 Diputados en la Asamblea, hace tiempo, y creo que veo 1 ó 2 en las últimas cinco. El PAN tiene 13; Movimiento Ciudadano 3; el PT 3; el Verde 2; y llegamos al 60 por ciento, decíamos, de la izquierda.

Y este acuerdo altera esta relación, es brutalmente antidemocrático, brutalmente ajeno a la voluntad que se ha manifestado durante años en la capital de la República; en donde entonces estamos haciendo algo positivo para el Distrito Federal. Todo el discurso aquí que se ha hecho, porque hay grandes avances; un discurso bastante extraño, como hemos oído ya en muchas ocasiones, una crítica de fondo hecha a esta reforma, al dictamen; una crítica absolutamente de fondo y votan a favor; y votan a favor, se dice, porque se los pidió el PRI y el Verde.

Eso es lo peor, le falta esto, le falta lo otro, pero el PRI se los pidió.

¿Quién gana en esto, señores de la izquierda? El PRI, hombre, este es un regalo al PRI, que está fuera del panorama, fuera del panorama político del Distrito Federal, están desesperados por inventar algo. Ya les dieron su Constitución, pero, qué Constitución.

Esta es una derrota de los ciudadanos a quienes no se consulta. ¿Por qué una derrota a los ciudadanos? Porque ellos han expresado, año tras año, estos números, y ahora los alteran sin consultárselos, ¿verdad?, con esa extraña composición que no resiste ningún análisis de constitucionalismo, ninguno, los 6 del Presidente Peña, pues, por qué no.

Los pluris, no hay uno de mayoría, no hay uno, todos son pluris. ¿Cómo pueden decir que esto es democrático? Todos son pluris.

¿Y quién hace la lista de las pluris? Pues la élite, la clase política, todos son pluris ¡eh!

No hay elecciones.

Bueno, algunos Senadores estarán ya queriendo ser por ahora, por un tiempo van a ser Diputados constituyentes, qué maravilla de Diputados constituyentes, Diputados y Senadores.

Ahora, si podemos comentar aquí, salvo algunas exposiciones francamente a favor del que hicieron 2 Senadoras del PRI; francamente a favor, no tiene pérdida, es una maravilla, pues yo no oí nada de acá, de este lado, a favor, de esa manera ¡eh! ¡Nada! Y por tanto, yo diría que el PAN debía votar en contra. ¿Por qué? Pues el mismo interés de que ese voto cambie.

Esta iniciativa es del Jefe de Gobierno, lo que habían objetado aquí válidamente, pero los constituyentes pueden cambiarlo, pueden hasta discutir, pueden hasta discutir.

Con el pueblo, con el voto no se está haciendo esto, es un acuerdo, un acuerdo con una gran alianza para estos fines ilegítimos, fuera del Senado, y reprobables.

Hay falta de federalismo, dicen unos, todos los que hemos oído, porque además entraron 2 por cada fracción, del PAN.

Le falta federalismo, no existe federalismo aquí. ¡Claro!, le falta federalismo.

Le falta ciudadanía, dicho aquí, de este lado.

No se crea, ni el estado, ni los municipios son reales, las alcaldías que aparecen. ¡Ah! Parece el regreso a antes de la reforma de Obregón, alcaldías, pues es un cambio, porque sigue un órgano político, un órgano político dependiente.

Le urge ciudadanía. Este es un acuerdo, muy buena frase del PAN.

Este es un acuerdo o una reforma de políticos para políticos. Faltaría decir, ¿de qué políticos, para qué políticos? Pero es una reforma cupular, en ese acuerdo en donde tienen sus ventajas.

De manera que no he encontrado realmente una posición en los defensores de este atentado contra la ciudadanía.

Ríos Piter, que por ahí anda o ya se fue, o regresará, dice: "Que yo argumenté realmente sin fondo".

¿Quieren más? Qué más fondo que esos números.

Qué más fondo que ese diseño.

¿Qué representación proporcional puede tener esa gran constitución que le están dando? Bueno, es la verdad, es obvio, es una cosa absurda, es una serie de derechos que no tienen derecho a tener. ¿Verdad?

El hacer una constitución en donde todos son pluris, o sea, los que deciden en las cúpulas, en donde el Presidente y el Jefe de Gobierno tienen el derecho real de nombrar, esa es una tomadura de pelo; no es un avance, es un arreglo interesado para dañar a los que no están en el Pacto.

Si hacemos las cuentas, se las hacía yo hace un rato, el que gana más que todos, en relación con las intenciones de voto, que todos conocen, bueno, el que gana es el PRI, el que gana es el PRI con mucho de los 12 puntos que tiene a veintitantos. Los otros, ahí se van, pero el propósito claro de este contubernio es, a los que no están aquí, echarlos para afuera, y eso le conviene a todos.

Hay que ver, nada más, y no quiero convertirlo en una defensa particular de nadie, pero hagan la cuenta. Los que no están pierden, de manera que es una perversión política; no es una salida democrática con un gran avance constituyente, es una tomadura de pelo.

Por eso el PRI les estuvo haciendo el caldo gordo, y sigue ahí, iban, cómo no, veamos, y ya avanzaban, y estamos a punto, y nos aparecen, a final de cuentas, con esto. ¿Por qué? Porque el que gana es el PRI.

Entonces el PRI, que está perdido en el Distrito Federal, hace años, el PRI que está perdido va a ganar, va a subir su votación en su representación ficticia en ese constituyente falso. Él es el ganón, el PRI.

Por eso, qué maravilla que les dieron su constituyente. Yo creo que les dieron otra cosa.

Es cierto, es un contubernio.

Los otros, más o menos quedan, pero el PAN se queda sin lo que ha peleado siempre, y aquí lo dijeron las Senadoras del Distrito Federal, con gran experiencia y valentía, se quedan con lo mismo, sin nada de lo que han pedido; y el PRD pierde.

¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de este arreglo de esta última hora en esta concesión que hace el PRI?

Es mantener el Pacto en sus términos, impedir que ninguna fuerza real, ajena al Pacto aparezca. No importa que se vea muy mal, ni que sea un absurdo ese constituyente.

Que aquí está Porfirio Muñoz Ledo, que ha hecho muchos mejores proyectos que éstos.

Porfirio, ¡perdieron, eh! Perdieron porque el ánimo es otro, porque no están buscando, ni aquí, ni acá, sino una sola cosa dirigidos por el PRI: "Recuperar por la puerta de atrás el Distrito Federal". Pero no lo van a lograr, porque esas trampas y esas argucias van a caer muy mal, con todo y las televisoras que digan lo que aquí se ha dicho de ese gran avance constitucional, bueno, vamos a establecer principios constitucionales admirables al mundo.

Cómo escamotear el voto de la población, que tendría que tener como principalísimo objetivo, principalísimo objetivo que la población participara y creara su constituyente, bueno, no va a participar nadie en la creación del constituyente, que es la esencia, que es la vista a futuro, aquí se ha dicho, no van a participar. Eso se lo reservan, se lo reserva la clase política, o sea, quienes estuvieron secretamente en el contubernio.

Es una desgracia que pierdan esta oportunidad quienes supuestamente la tenían y estuvieron jugando con la zanahoria, ahí va, con la zanahoria, hasta que ya, salivando con su zanahoria, les dieron otra cosa, ¡eh!, pero no importa, no importa.

Hay que triturar a los demás. Hay que luchar contra los que no están en el Pacto. Pero yo estoy seguro que esa votación no la van a alterar, ni con el Rey de la Basura, ni sus secuelas, no, no la van a alterar, lo único que van a hacer es perder.

El PRI se mete por la puerta de atrás, el PAN se mantiene. Aquí los señores están pensando que ya acabaron con los que no están en el Pacto, pues no. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué? Porque los que van a votar lo saben, porque solamente quien comulgue con fueras de molino, puede decir que éste es un constituyente bueno, no es un constituyente, es un contubernio, con todo lo que ello implica.

Yo les agradezco que me lleven el tiempo, pero no hay que decir mucho. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, ustedes están llevándose al contubernio, sin siquiera conocer, la mayoría de ustedes, no tienen ni idea de lo que están aprobando, más que las ventajas, que les dicen aquí su cúpula que van a tener.

Van a perder, eh, Peña Nieto no puede ganar nada, Peña Nieto traicionó al pueblo de México, Peña Nieto y su partido van a tener que salir, tarde o temprano.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente. Ciudadanas, ciudadanos, Senadoras, Senadores:

El día de hoy el Senado de la República salda, aunque parcialmente, una deuda histórica con los habitantes de la Ciudad de México.

Las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República, habíamos demorado injustificadamente el compromiso de reconocer derechos plenos de las y los ciudadanos de la capital de la República.

No había ninguna razón que justificara una falta que sólo evidenciaba que la voluntad política de algunos, para consolidar la democracia, no es del todo genuina.

De aprobarse el proyecto de reformas que se presenta a esta Soberanía, la Capital de la República logrará su autonomía política y administrativa.

La Ciudad de México se igualará en derechos con el resto de los estados del país, al tiempo que se mantiene como la capital de todas y todos los mexicanos, como el corazón de nuestro gran país.

El lugar común dice que los capitalinos han alcanzado la mayoría de edad política. Nada más falso. Los habitantes de la Ciudad de México nunca hemos dejado de ser mayores de edad, políticamente hablando, pero nos topamos siempre con la mezquindad y el talante autoritario de quienes han estado en los más altos cargos del país, que siempre negaron; por temor o por cálculo político, una reforma de elemental justicia y vital para la democracia mexicana.

En estos tiempos oscuros que sufre nuestro país, en esta época que los aires autoritarios soplan nuevamente, la aprobación de la Reforma Política de la Ciudad de México, con el acuerdo y el concurso de todas las fuerzas políticas, es un buen mensaje para el conjunto del país y, obviamente, para las y los capitalinos.

Esta tribuna ha sido el escenario de múltiples debates, de apasionadas polémicas en torno a los grandes temas de la agenda nacional, es hoy el escenario de acuerdos y consensos, como lo prueba esta reforma.

Por ello, debe reconocerse la voluntad y el trabajo de todas y todos.

La Reforma Política de la Ciudad de México es pieza esencial del programa político del PRD. Es un enorme compromiso que tenemos con los habitantes de esta hermosa, generosa y gran ciudad, y vamos a cumplir, porque esta reforma es un avance de la mayor importancia, aunque sea dentro de la gradualidad tortuguista que lleva casi dos siglos.

Derechos plenos, legitimidad política, autonomía, eficacia administrativa, todos estos conceptos están contenidos en el espíritu y en la letra de esta reforma.

Así, la Ciudad de México se mantendrá como la capital de la nación, sede de los Poderes Federales, lo cual será reconocido, no sólo en términos constitucionales, sino también para efectos presupuestales para la Cámara de Diputados y será una obligación legal.

La Ciudad de México se convertirá en una entidad federativa, en un estado con autonomía política y administrativa; contará con tres poderes locales, con los órganos autónomos que establece nuestra Carta Magna, con una administración centralizada y con una hacienda unitaria.

El Jefe de Gobierno tendrá la dirección de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y, por tanto, la facultad de nombrar y remover al titular que tenga el mando directo de la fuerza pública.

Se creará, por mandato constitucional, un Consejo de Desarrollo Metropolitano, para atender a los estados vecinos y toda la problemática de la zona metropolitana del Valle de México y la ciudad será parte del Poder Constituyente del país, como se establece en el 135 constitucional.

En 1928, Álvaro Obregón desapareció los gobiernos municipales en la Ciudad de México. Han tenido que pasar 87 años para que se restituya la figura de los gobiernos colegiados y electos en la ciudad, a través de las alcaldías en las demarcaciones territoriales.

Tales órganos de gobierno serán integrados por un alcalde y concejales, electos por voto universal y por planillas. Habrá concejales de mayoría y de representación proporcional, en una figura similar a los cabildos en los municipios.

La Constitución de la Ciudad de México definirá el número, nombre y extensión territorial de las demarcaciones, además de sus facultades.

Por lo pronto, en 2018 se elegirán las alcaldías a partir de las 16 demarcaciones existentes. No habrá más gobiernos unipersonales en las delegaciones, sino órganos colegiados en las alcaldías; además de representación de las fuerzas políticas, con presencia en los territorios de la ciudad.

Se permitirá la reelección, por un solo periodo consecutivo, a partir de la elección de 2018.

Contará, a más tardar el 31 de enero de 2017, con su Constitución local. Una vez que en junio de 2016, las y los ciudadanos elijan a las y los Diputados del Congreso Constituyente, que será instalado el 5 de septiembre de ese año.

Los artículos transitorios de esta reforma definen la integración y los tiempos para la elección y el trabajo del Congreso Constituyente.

El Congreso Constituyente tendrá una composición de 100 legisladoras y legisladores: 60 serán electos por la ciudadanía, pero se propone y ello es lo que ensombrece, un día que debería de ser de fiesta, que 40 constituyentes sean designados: 14 por la Cámara de Diputados; 14 por el Senado; 6 por el Jefe de Gobierno y 6 por el Presidente de la República.

Esa sola idea de que existan Diputados por designación, es negar los más elementales principios democráticos, en aras de objetivos inmediatos y constituye una desgracia para todo el sistema político.

La soberanía radica en el pueblo. El pueblo de la Ciudad de México debe elegir libremente a sus representantes; designar representantes carece de sustento legal y político, y además es un acto antidemocrático.

Designar y no elegir al 40 por ciento de los constituyentes, es un retroceso, por más que una sola parte de quienes designen hayan sido electos por el pueblo, me refiero a la Cámara de Diputados y Senadores.

La designación equivale a una elección de segundo grado. Es a leguas una regresión en términos de derechos políticos y civiles, que opaca, ensombrece los importantes avances.

Aún con los avances que contiene esta reforma, a pesar de que nos coloca en la ruta deseada, debemos lamentar que persistan los reflejos autoritarios que pretenden regatear conquistas largamente anheladas por las y los capitalinos.

La resistencia que se expresa en la propuesta de designar a una importante proporción de los constituyentes, camina en sentido contrario al otorgamiento de derechos plenos a la Ciudad de México y sus habitantes.

La tutela y el centralismo no tienen lugar en una verdadera democracia, la Ciudad de México es el epicentro de la vida política, económica y cultural de toda la Nación.

Este territorio cuenta orgullosamente con una porción importante de ciudadanía muy grande que es crítica, activa, progresista y libertaria, es la más libertaria, la más progresista del país que no van a permitir que sus derechos sean escamoteados, que se quiera ganar en los acuerdos cupulares lo que no se puede conquistar en las urnas.

La reforma integral del Estado mexicano estará mocha mientras no se concrete una reforma política que dote a la Ciudad de México de una Constitución propia que permita a sus ciudadanos ejercer plenamente sus derechos democráticos, comenzando por la elección de los representantes populares que redactarán la máxima norma local.

Si tenemos que dar esta discusión, es porque México no termina de consolidar un sistema genuinamente democrático.

Las visiones autoritarias se empeñan en echar atrás el reloj de la historia para fortalecer el presidencialismo, el centralismo, el verticalismo y empujan contra los reclamos democráticos de vastos sectores sociales, de las fuerzas progresistas y democráticas de la Ciudad de México.

La efectiva democratización de México seguirá siendo un gran tema pendiente en tanto continúen las resistencias a la democracia directa.

Estamos en falta mientras persistan el abuso de poder o el uso de la información y la vía judicial para ensuciar y sacar de la contienda a adversarios políticos.

Mientras, como sucede ahora, el gobierno y algunas fuerzas políticas pretenden afianzarse como los únicos facultados para tomar decisiones y que se convoque a los ciudadanos solamente para legitimar decisiones sin consenso y asumidas por un puñado de personas.

Compañeras y compañeros Senadores: La Ciudad de México es la ciudad nación, el lugar donde las transformaciones y los avances del país se dan con intensidad.

La Ciudad de México es el escenario principal de la gesta estudiantil popular de 1968, que terminaría por erosionar profundamente los pilares del sistema hegemónico y autoritario; 17 años después los habitantes de la Ciudad de México dieron una lección de ciudadanía, de valor y de solidaridad a un régimen que no tuvo sino torpes balbuceos frente a la tragedia en el sismo de 1985.

Pero en 1988, la capital del país fue el epicentro de una contienda que cambiaría para siempre el mapa político y electoral del país.

En todos estos hechos y muchos más, todos de trascendencia histórica, la Ciudad de México ha estado siempre en primerísima fila, así fue en 1996, cuando se conquistó la reforma que permitió la elección por voto directo del Jefe de Gobierno y los jefes delegacionales, y que convirtió a la Asamblea en un órgano legislativo real. En 1997, la mayoría ciudadana decidió que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fuese el primer Jefe de Gobierno electo, y, desde entonces, las y los ciudadanos han marcado claramente su visión democrática y progresista y de plenos derechos.

Ninguno de los logros podrá ser borrado, así se impongan los Diputados constituyente a dedo. Tarde o temprano, como la ha hecho en otros vitales momentos históricos, la población de esta gran ciudad dará una lección a quienes pretendan achicar sus derechos y sus libertades democráticas.

¡Que vivan los derechos plenos de los habitantes de la capital!

¡Que viva la Ciudad de México!

¡Que vivan las fuerzas democráticas y progresistas de la Ciudad de México!

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En el uso de la palabra el Senador David Monreal.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Con la Reforma Política de 1996-1997 se les reconoció a los ciudadanos del Distrito Federal su derecho a elegir a sus representantes de elección popular.

Esta modificación es un parteaguas para la vida democrática de la capital del país; sin embargo, fue insuficiente por ser sede de los Poderes de la Unión. Su régimen político-jurídico es desigual al resto de las entidades federativas.

Resulta esencial que la Reforma Política del Distrito Federal empodere realmente a los capitalinos a fin de que actúen sobre aquellos temas que ellos consideren importantes. Uno de ellos, sin duda, es la conformación de la Asamblea Constituyente.

El dictamen que está a discusión de este Pleno contempla la formación de una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo primordial será la creación de la Constitución Política del Distrito Federal.

Estará integrada por 100 constituyentes, 60 electos por el principio de voto de los ciudadanos y 40 designados por el Ejecutivo Federal, Jefe de Gobierno y Congreso de la Unión, es decir, la Asamblea será una combinación de legitimidad, sufragio popular y una designación por dedo, condicionada por los poderes que hoy en día carecen de legitimidad.

Es contradictorio que se le pretenda dotar de cierta autonomía al Distrito Federal con una Asamblea integrada con aquellos actores que han lastimado a los capitalinos.

Si el espíritu de esta reforma es independizar a la capital del país de la Federación, entonces se debería iniciar por reconocer el derecho a los ciudadanos a elegir a todos y cada uno de los integrantes de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, la visión paternalista y patrimonialita por parte de los partidos políticos preponderantes, una vez más, se hace presente en el menoscabo de los ciudadanos del Distrito Federal.

No quiero ser pesimista, pero un texto surgido de la élite política no será un texto que satisfaga las necesidades de la sociedad capitalina. No hay que cometer los mismos errores de las reformas estructurales, en las cuales los ciudadanos no fueron consultados.

Transformar al Distrito Federal debe hacerse de manera responsable, teniendo objetivos claros, asegurando la participación ciudadana en todo el proceso de reorganización del poder político en el Distrito Federal.

La Reforma Política de la Ciudad de México que hoy se discute, va encaminada a modificar su régimen interno y su organización política-administrativa, lo cual es un avance, pero se desconoce la percepción de los ciudadanos.

Esta reforma carece de espacios de participación ciudadana, al grado que esta reforma se ha desarrollado en la paradoja de pretender cambiar a la Ciudad de México, pero sin sus ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, si realmente se quiere escuchar la voz de las y los capitalinos, ¿por qué el Congreso de la Unión no convoca a una consulta popular, derivado de que se trata de un tema de trascendencia nacional?

Que la ciudadanía decida la forma en que se deberá integrar la Asamblea Constituyente.

No hay que engañar a los habitantes del Distrito Federal, este Congreso de la Unión legisla para transformar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, pero, en concreto, sólo están homologando términos.

La Ciudad de México no será el estado 32, el ciudadano no verá ningún beneficio real con este cambio constitucional.

Por ejemplo, hay una transferencia de atribuciones del Presidente de la República y el Congreso de la Unión al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sin embargo, no la hay hacia las delegaciones, a cambio, a éstas simplemente se les cambiará el nombre de alcaldías, pero la definición de la Constitución sigue siendo la misma, Órganos Políticos Administrativos.

Si la reforma política realmente le quitara la injerencia al Ejecutivo Federal sobre la capital del país, y así tener una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, esto sería una autonomía que valdría la pena. Como no lo es así, mi voto será en contra de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador David Monreal.

En uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, y votaremos a favor porque el Partido Verde quiere y tiene una visión política integral y rechazamos posturas políticas parciales.

El Partido Verde siempre se ha manifestado a favor de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el empoderamiento de los ciudadanos.

Es por ello que, además de votar a favor, debemos subrayar que a este dictamen le falta, y le falta mucho para responder, efectivamente, a las demandas de los capitalinos.

Hay pendientes por atender, entre ellos, consolidar los mecanismos de transparencia, el marco de responsabilidad de la función pública, así como aclarar las facultades del modelo de las alcaldías en la Ciudad de México.

Demandas de democracia sustancial, de instituciones fuertes, exigencias de transparencia y rendición de cuentas, no se atendieron. La actual naturaleza jurídica del Distrito Federal responde a que en él se encuentran los tres poderes de la Unión.

Efectivamente, el presente dictamen modifica la naturaleza jurídica de la capital. Todos entendemos la trascendencia de estas modificaciones.

Los capitalinos contarán con una Constitución propia, se instalarán poderes locales constituidos, se menciona que habrá autonomía en su labor legislativa.

Pero, ¿cómo asegurar que la etapa formativa de una nueva entidad se desarrolle favoreciendo derechos y garantías ciudadanas si no se establecen, desde este momento, los controles efectivos?

¿Cómo asegurarles a los más de 9 millones de capitalinos que la nueva dinámica de su ciudad se va a diseñar en favor de ellos y de sus familias? Si no pudimos incluir en este dictamen ni los controles mínimos para el gobierno capitalino y el uso de los recursos públicos.

Efectivamente, este dictamen establece un importante proceso constituyente. La aprobación del dictamen, que estamos discutiendo, define un momento de referencia en la historia de nuestro país.

No demeritamos los trabajos de nuestros compañeros Senadores y de todos los ciudadanos que opinaron y participaron activamente en la conformación de esta reforma trascendental para todos.

Pero es parte de la tarea legislativa el debate y la posibilidad de darles voz a todos. Reiteramos, en este dictamen se pudo haber hecho más.

El objetivo, en todo momento, fue dotar al Distrito Federal de capacidad para planear con independencia su desarrollo, pero los cambios superficiales no ayudan a la democracia ni a la transparencia; la corrupción es una preocupación constante en los ciudadanos del Distrito Federal y no estamos resolviendo esta grave problemática.

Esta reforma histórica debió ser por y para la gente, no a favor del Jefe de Gobierno ni de ninguna clase política en particular.

Un proceso constituyente reconoce e integra la voluntad de los ciudadanos; la Academia nos dice que el proceso constituyente es el acto a través del cual se crea un Estado democrático en el que se reconoce la voz de los gobernados.

Es por ello que no entendemos cómo en un proceso constituyente se deja afuera a la ciudadanía y se faculta exclusivamente al Jefe de Gobierno para presentar el proyecto de su primera Constitución.

Hoy en día, se afirma que el Distrito Federal es una ciudad de vanguardia, pero cómo una ciudad de vanguardia deja afuera del proceso de creación, de su Constitución, la voz de sus ciudadanos.

Confiamos en que en este proceso de creación, de lineamientos constitucionales, se convierta en un referente histórico. Confiamos en que la tendencia en temas, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, en lo que en mucho hemos aportado desde este Senado, se incluya en este proceso constituyente para la Ciudad de México.

Lo advertí en un principio, votaremos a favor de este dictamen confiando en que la pluralidad y la voluntad de la gente sea considerada en el diseño de la nueva Constitución de la capital.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que la democracia sustancial se logra ampliando la esfera de los derechos y garantías de los gobernados.

El proceso de conformación de una Constitución debe dar lugar a la pluralidad, a la transparencia y a la participación ciudadana.

Mayores facultades a las autoridades conlleva a mayores responsabilidades, un cumplimiento pleno de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y el compromiso de ofrecer soluciones concretas y responder efectiva y eficientemente a las demandas de la ciudadanía.

Confiamos en que esta reforma histórica sea a favor de los capitalinos, y que la nueva estructura no sea únicamente a favor de la centralización del poder en reducidas esferas político-partidistas.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

En uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Creo que la gran mayoría de ustedes conoce mis expresiones públicas respecto de la necesidad de hacer una importante reforma política y administrativa al Distrito Federal.

Lo he dicho hace muchos años, muchos de ustedes me han acompañado en discusiones, mesas de trabajo, debates, y saben que coincido plenamente con lo que debe ser una profunda reforma política democratizadora en el Distrito Federal, y tampoco es desconocido que he expresado, en apoyo a esa reforma, mi simpatía por las ideas y expresiones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo malo, y por eso decidí hacer uso de la tribuna el día de hoy, es que nada de eso que hemos platicado hace muchos años, y aquí está Porfirio Muñoz Ledo en el Senado, presente, y no me va a dejar mentir, que hace diez años estábamos en este tema, lo platicado no quedó contemplado en este Frankenstein, porque así es como se puede calificar este pegotero de ideas que creo que en nada abona a la democratización del Distrito Federal.

La vedad es que es una pena porque creo que estamos haciendo una reforma que simplemente pretende maquillar lo que es inmaquillable, es una simulación, no es posible que digan que a alguien se le da presupuesto y autonomía presupuestal cuando no le dan la chequera para gastarlo, es un absurdo, es una vacilada eso.

La verdad es que no podemos compartirlo, porque de veras me da a mí la impresión de que se está aquí tratando de defender lo indefendible.

Miren, hace ocho días compartía yo con ustedes alguna de sus expresiones sobre el tema de los regímenes especiales. No hagamos regímenes especiales, no claro, que no, "en los bueyes de mi compadre", no porque cuando se trata del tema éste aquí sí están pidiendo todo un régimen especial para el Distrito Federal, ojalá nos permitieran algunas entidades de la República tener sí un esquema político a modo, y lo peor de todo, que ni siquiera tomar en cuenta lo más importante que debiera estar presente en esta reforma política, que es a los ciudadanos del Distrito Federal.

No deja de ser simplemente una reforma cosmética, cambiarle de nombre a las delegaciones, ahora por demarcaciones, ¿eso es una reforma de fondo? Les pregunto a todas y a todos ustedes, porque ese es el simple cambio, que ahora se llame Ciudad de México y que se llamen demarcaciones territoriales y no delegaciones, cuando menos el término de delegación tenía una concepción clara de compartir atribuciones, funciones y responsabilidades con el funcionario que atendía una demarcación geográfica, ahora ni eso, nada más le cambiaron el nombre de delegados, ahora no son delegados, alguien muy inspirado y que seguramente con muchas pretensiones le puso el nombre de alcaldías, pero que en la esencia lo que pretendíamos era darle verdadera autonomía presupuestal y de gasto, era verdaderamente darles las atribuciones necesarias, la personalidad jurídica necesaria y los elementos necesarios para que pudieran funcionar, y ustedes conocen, algunos, mi propuesta, Porfirio la sabe perfectamente bien sobre lo que era hacer los municipios en el Distrito Federal, esto lo hemos empujado desde la Reforma del Estado, pero no quedó plasmado, no les permitas que no hagamos un esfuerzo hoy por corregir estos detalles que me parecen fundamentales.

Hoy estamos en un régimen especial. Imagínense que maravilla, como nos va a calificar la historia cuando se plantee el análisis de lo que fue el Constituyente Plurinominal. Me queda muy claro que lo debió haber planteado alguna compañera o compañero que tiene esa característica en este Senado de la República, pero un elemental sentido de democracia, y coincido con Dolores Padierna, creo que lo ha dicho aquí claramente.

Lo señaló Gaby Cuevas en una, que me parece fue una extraordinaria intervención para decírselos con toda precisión, no estemos maquillando las cosas y hoy tenemos la oportunidad de hacer una reforma de fondo. No podemos dejar ese bodrio, nos lo va a criticar la historia, no podemos dejar ese bodrio de Asamblea Constituyente, plurinominal, no se vale que lo hagamos.

Pero además me asombra que tantas cosas que he escuchado con mucha atención de compañeras y compañeros con las que coincido cuando se habla de transparencia, de elementos de transparencia, cuando se habla de combate a la corrupción, en el mismo sentido los regímenes especiales.

La semana pasada, cuando se trataba de algo del Presidente, entonces es muy malo y por qué no quisieron tocar tampoco el fuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no, ese no, el de los otros sí, éste no, no queremos regímenes especiales, pero presentamos uno y lo venimos a defender.

No, digo, hay que ser congruentes con lo que se ha dicho aquí, con lo que han planteado a lo largo de todos estos meses en los que hemos trabajado sendos Decretos, cuando he venido a defender otro, nunca dejo reconocer la valía de trabajo de las comisiones, pero creo que en esta ocasión nos hemos pasmado.

Yo estoy y estaré siempre por la protección de los derechos políticos plenos, de cualquier ciudadano mexicano, cuanto más del Distrito Federal. No hagamos ciudadanos de primera y de segunda, y entidades de primera y segunda, con estos regímenes de excepción.

Me parece a mí que no debe de sustentarse este dictamen en la tesis de que ésta es la gran y profunda reforma que habíamos platicado, porque esto no es lo que a lo largo de los últimos diez años, desde aquella iniciativa que platicábamos en los albores del año 2000 en la Cámara de los Diputados. Creo que no conservó ni remotamente ninguno de los principios que hemos trabajado y luchado para que queden plasmados en una reforma tan importante y tan trascendente.

No quiero dejar de decir que algunas de las disposiciones que quedan plasmadas en el dictamen, por supuesto que coincidimos con ellas, que algunas de las expresiones ahí señaladas nos parece que bueno, cuando menos en algunas cosas hay de hoy en adelante para los capitalinos algo bueno, no quiere decir que no esté en contra de su propia Constitución, estoy a favor de su propia Constitución, defiendo la posibilidad que tengan su propia Constitución, pero ojo, para que no se vayan a confundir en el debate, no a través de un Constituyente Plurinominal, que es un principio fundamental de la democracia el que se pueda elegir a las personas, y no simplemente ser representantes de dedo de los órganos legalmente constituidos o constitucionalmente legales.

Yo en verdad los invito a que hagamos una reflexión, habría que hacerle los ajustes que fueran necesarios para que lográramos un mayor consenso en una reforma que nos parece trascendente, es una reforma fundamental para la vida del país, y es una reforma en la que tenemos que ir a fondo en la democratización.

Queremos derechos plenos para los ciudadanos del DF, este es el momento, pero de verdad no cambiándole de nombre a las delegaciones políticas, me parece verdaderamente absurdo, se dejan de llamar delegaciones, ahora se van a llamar demarcaciones, pero siguen conservando las mismas funciones y atribuciones.

Y además déjenme comentarles algo que me parece importante, que se dijo en las mesas, lo subió en las mesas a discusión el compañero Larios, del Partido Acción Nacional, exijamos para la Asamblea del Distrito Federal y pongámoslo aquí, el mismo trato que aquí todos exigen, de rotación de la Mesa Directiva, de democratización verdaderamente de la Asamblea del Distrito Federal. Hagamos verdaderamente un esfuerzo por todo lo que peleamos aquí, pues también lo reflejemos en esta iniciativa que hoy se plantea para ya.

Creo que sería muy justo para todos el que se pudiera hacer una revisión profunda para que en esta reforma pudiéramos incluir, además de las cosas buenas que tiene el dictamen, como el tema de su propia Constitución, algunos conceptos de democracia elementales, algunos conceptos de transparencia elementales, algunos conceptos de combate a la corrupción elementales, y sobre todo, algo que hemos defendido, y con esto empezamos el tema hace muchos años, que es el federalismo.

Aquí se han dado verdaderos atentados al federalismo, sin duda, y éste va a ser uno más de estos atentados al federalismo si no corregimos en este texto todo aquello en lo que debe haber un mayor consenso para lograr un reforma exitosa.

Apoyemos al Distrito Federal, volteémonos en apoyo a los ciudadanos del Distrito Federal, y ojo, no en ese apoyo hagamos un régimen de excepción que entonces aspiren a tenerlo todos los demás gobiernos de los estados.

Hay que hacer una cosa verdaderamente equilibrada, una cosa seria, justa y democrática, y si es así, creo que todas y todos vamos a salir ganando, no solamente que vivan los derechos plenos de los habitantes del Distrito Federal, que vivan los derechos plenos de todos los habitantes de la República, y reitero, no queremos mexicanos de primera y de segunda, y no queremos entidades federativas de primera y de segunda, hay que ser congruentes, recuerden lo dicho la semana pasada y todas las anteriores, y vamos a corregir este bodrio, este Frankenstein, que no refleja ni remotamente el espíritu de lo que los mexicanos queremos para la Constitución en materia del Distrito Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien compañeros, la suerte está echada y la moneda está en el aire.

Hoy nos han querido hablar de congruencia, quienes han representado y han sido paridos por el autoritarismo, en este país.

Quienes han estado de manera permanente y recurrente cobijándose en un partido arcaico, y que ha negado durante mucho tiempo estas libertades democráticas, hoy vienen a demostrar la verdadera cara de quiénes son los que frenaban la Reforma Política en el Distrito Federal, le echaban la culpa que eran los panistas, que no dejaban, porque no había acuerdo y finalmente sacaron las uñas y dijeron cuáles son las cosas que los escandalizan en términos de eso.

Y qué bueno que aquí se vengan a desnudar, compañeros, porque en esta tribuna tiene que verse de cara y de frente a la Nación.

Solamente para irle corrigiendo al compañero Senador Omar Fayad, que seguramente no ha leído el dictamen, que el artículo 122 de la Constitución que se está presentando a reformar, establece las formas de representación que van a tener los órganos de la Cámara de Diputados en esta Ciudad de México.

Ahí se establece claramente la forma de rotación, y hay que revisarlo para poder comprender los alcances y no espantarse de algo que es tan simple, normal y natural, que darle la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de estar representados.

Se habla de que esto debería de ser una reforma democratizadora y que hay una simpatía para que esto pudiera caminar, y sin embargo, compañeros, no llegamos más allá, porque aquí se ha regateado precisamente profundizar en los alcances de esta reforma.

Se ha buscado darle, incluso más allá de lo que aquí nos han querido dar, pero había que establecer el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, que son cosas que están lejos de las propuestas que hemos recibido y que solamente por parte de mis compañeros de partido, se han presentado como iniciativas, como el caso del Senador Mario Delgado.

Yo creo que cuando habla de que se les niegan los recursos a las alcaldías, y que no hay una verdadera autonomía de gestión para los ayuntamientos, pues desconoce cómo se gobierna esta ciudad, porque a diferencia de los estados y de los municipios, el gobierno central de la Ciudad de México, tiene una dinámica diferente, aquí se invierte, precisamente de los recursos de estas centrales, que se recogen en el transporte público, que es el transporte público subsidiado más barato que tenemos en el país, aquí se invierte en recolección de basura, se invierte en varios servicios que nuestro compañero que acaba de hacer uso de la palabra, desconoce y en el absurdo quiere tener chequera, como si de verdad, en los municipios donde ellos gobiernan a los ayuntamientos, donde nosotros formamos parte, no les negaran ni regatearan los recursos y los asfixiaran para hacerlos y obligarlos a condicionarlos a trabajar con ellos.

Estas prácticas que se habla, se dice de lo que se carece, en este sentido aquí, nos están demostrando esas prácticas antidemocráticas que ellos han venido sosteniendo durante mucho tiempo.

Nos dicen que tenemos ciudadanos de primera y de segunda, y que así los vamos a hacer. Quiero decirles que fue precisamente el autoritarismo presidencial, el que desde 1928 dejó a esta ciudad sin la posibilidad de elegir a sus gobernantes, y solamente 86 años después, hasta el 97, pudieron elegir a sus autoridades legítimamente.

De tal suerte que este avance, ha sido un avance propuesto por la izquierda, que ha estado buscando la manera de que los ciudadanos recobren plenamente sus derechos políticos en esta ciudad.

Por eso es fundamental para la vida del país, que esta reforma pueda hacerse en la forma como se ha planteado, porque de esta suerte vamos a poder irrumpir en la vida política de los estados para poder democratizar también la vida de las entidades.

Tenemos un gran atraso en materia democrática en nuestro país, hemos dado los primeros pasos, apenas si llegamos a la alternancia y en los estados espantan los feudos que ustedes han estado estableciendo y en la manera de controlar los recursos como lo vienen haciendo.

Dicen que ésta es una verdadera aberración, que haya una Asamblea de representación proporcional, es proporcional, no plurinominal, y creo que hay una gran diferencia en lo que se está planteando, es proporcional, y va a ser en base a una lista, y en los parlamentos, cuando menos en el 95 por ciento de los parlamentos del mundo, la representación es proporcional a lo que se tiene y a como se integran los parlamentos.

Y ésta es la más perfecta forma de expresar la presencia política de una fuerza que pueda ser hegemónica y mayoritaria para conducir y representar la voz de la ciudadanía.

Los compañeros que tengan el mandato de integrar esta Asamblea Constituyente, no van a ir a hacer su capricho, llevan un mandato de la sociedad en términos de cómo deban hacerse las cosas.

Está perfilado en este documento, ya esbozadas, las grandes cuestiones que tienen que abordarse.

Y esto, compañeros, es algo que se ha ido conquistando paso a paso.

Hoy finalmente llegamos, después de 1928, a continuar esa discusión que perdieron los liberales de aquella época cuando nos impusieron el centralismo.

Por eso esta modificación, hasta en el nombre de la Ciudad de México, es importante para los mexicanos.

Se requiere, entonces, un poco conocer de qué se está hablando y poder establecer de qué nosotros estamos presumiendo, aquí se nos presume de lo que se carece, no hemos logrado saber verdaderamente de una vocación democrática del PRI, si han mostrado particularmente su rostro autoritario en muchos rubros de la actividad política de este país.

Por eso, compañeros, este dictamen hay que votarlo a favor, hay que apoyarlo, y hay que poderlo procesar, difundir y que se empiece ya a darle estos derechos que tienen años de retardo para los mexicanos que viven en esta Ciudad de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias, Senador Pedraza.

Senador Fayad, ¿con qué propósito, Senador?

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Obviamente para alusiones personales, y si me lo permite desde aquí, desde mi escaño.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Por supuesto que sé de lo que hablo, y lo sé perfectamente, si hoy ataco esta composición de bodrio de esta Asamblea plurinominal es porque sé de lo que hablo.

Los egos de algunos personajes aquí que quieren ser constituyentes, la única manera que ven su acceso al constituyente es a través de la vía plurinominal, por eso sé de lo que hablo, y sé perfectamente; dejen ese ego, no vayamos a hacer una Asamblea de plurinominales, mejor vaya quien quiera ser constituyente y gánese el voto de la ciudadanía.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que hoy nos ocupa versa sobre una reforma trascendente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la cual ahora la Ciudad de México contará con su propia Constitución Política que vendrá a reforzar los derechos políticos de sus habitantes, el sostenimiento de la gobernabilidad en esta demarcación territorial y garantizará la funcionalidad de sus instituciones.

Facultar a la Ciudad de México para expedir su propia Constitución representa un avance histórico para consolidar su autonomía en el territorio nacional.

Esta constitución sustituirá al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y regulará el ejercicio y funcionamiento del poder político para que las instituciones locales respondan eficazmente a las demandas de la ciudadanía.

Como máxima expresión de la democracia y la pluralidad en la representatividad para la Asamblea Constituyente se designarán 100 Diputados, 60 electos por el principio de representación proporcional en una sola circunscripción para la Ciudad de México; mientras que los otros 40 serán designados por órganos de representación federal y local.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Una pregunta, por favor.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se tiene usted que dirigir a la Presidencia, para que la Presidencia consulte al orador si admite la pregunta que usted pretende hacerle, y como tal, yo le pregunto al orador, si admite la pregunta del Senador Pedraza.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: No, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No se admite.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Mientras que los otros 40 serán asignados por órganos de representaciones federales y local, el Senado, Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes tendrán, entre otras tareas, la de discutir esta Constitución y de distribuir y designar competencias y facultades entre los órganos de gobierno que se diseñen, es decir, determinar el régimen interior de gobierno de la Ciudad de México.

La elección de los primeros 60 Diputados se llevará a cabo el primero domingo de julio del año 2016, comicios en los que podrán participar todos los partidos políticos, como candidatos independientes.

Cada Cámara del Congreso de la Unión designará por mayoría calificada a 14 Diputados constituyentes; el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal designarán cada uno por su cuenta a seis personas que también formarán parte de este órgano colegiado.

Esta Asamblea se instalará el 15 de diciembre de 2016, y deberá concluir sus trabajos a más tardar el 31 de enero de 2017, fecha en que deberá aprobarse la primera Constitución de la Ciudad de México.

El pluralismo político con la que se integrará la Asamblea Constituyente, sin duda alguna, proveerá la mayor legitimidad a la ley suprema de la Ciudad de México.

Ahora contará con poderes locales en las funciones del ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, cuyo actuar será con apego y con las limitaciones establecidas al marco de la Constitución General de la República.

El rediseño de la forma de gobierno de la ciudad capital de todos los mexicanos incorpora la figura de alcaldías integradas por el alcalde y un órgano colegiado conformado por concejales.

Figuras dotadas de representación plural que surgirán a través de ejercicios comiciales mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Precisión de importancia es que la Constitución de la Ciudad de México deberá recoger los lineamientos y principios establecidos en la Reforma Político-Electoral que aprobamos en mayo del año pasado.

Compañeros y compañeras Senadoras: Como representantes de los estados, estamos frente a una reforma que avanza en mayor claridad e independencia en la vida política de la Ciudad de México, esperando que con esta reforma no se repitan Líneas 12 que podrían, y también que podemos regresar la frescura a esta gran Ciudad de México, a esta Ciudad de los Palacios, desterrar el caos en la que se han sumido estos dos últimos gobiernos; desterrar el botín político que han hecho del DF y evitar que los programas sociales se usen como temas electorales para ganar elecciones.

Por lo anterior, manifiesto mi voto a favor del presente dictamen, al igual que mi bancada, el Grupo Parlamentario del PRI, quien se comprometió a ser impulsor de estas reformas y al diálogo y al acuerdo.

Sin duda, hoy demostramos una vez más que el compromiso que tiene el PRI con la ciudadanía se traduce en reformas que realmente beneficien a los habitantes de esta compleja urbe.

Finalmente, deseo expresar mi amplio reconocimiento al trabajo plural y de consenso realizado por todos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que han arrojado una reforma que atiende la exigencia de la población capitalina, de tener un mejor gobierno con mayores herramientas para iniciar en la vida política.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Chico Herrera.

En el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia.

Este trabajo ha merecido un gran esfuerzo, y quiero que aún con mi argumentación a continuación, todos los legisladores han hecho un gran propósito, lamento que el resultado no sea suficiente.

Esta reforma nació muerta, de un mal acuerdo político que todavía no acabamos de entender.

La Ciudad de México merece una Reforma Política amplia y de fondo, ésta no la es.

La ciudad capital, una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo, 9 millones de habitantes, donde hacen su vida varios millones de personas es un mosaico del país, donde se mezclan tradiciones, personas, culturas, ideologías; y es también la ciudad global abierta al mundo y conectada al universo.

La discusión sobre cuál es el mejor régimen político para la Ciudad de México debe ser clara en objetivos y requiere reciprocidad con sus habitantes y todos los habitantes del país.

¿Qué queremos todos los mexicanos?

Una ciudad capital de todos que siga siendo orgullo internacional, que sea democrática, donde los ciudadanos se sientan representados con sus delegados, sus concejales, sus autoridades, quien quiera que sean, que resuelvan los problemas de todos los días y de los usuarios de la ciudad, que sea más eficiente, ya sea en movilidad, en su desarrollo social, en servicios básicos, en agua, limpieza, seguridad pública, orden y transparencia.

Que en el Pacto Federal no sea menos que un estado, que no reciba menos recursos, que no tenga un trato discriminatorio, que no tenga funciones y facultades atemperadas, pero que en justicia sea igual que el resto de los 31 estados del país.

Que no tenga ventajas fiscales, ni políticas, ni administrativas para hablar de un estado y de la Ciudad de México, como si esto fuera en demérito.

Que esté ordenar al bien común, a los ciudadanos, que son quienes pagan, quienes mandan y no los acuerdos entre altas esferas políticas.

La reforma que aquí se plantea no responde a muchas preguntas, entre otras, 3:

Primero. Ni es estado, ni es municipio y quiere todos los derechos y todas las obligaciones.

Segundo. No fortalece el Pacto Federal.

Tercero. No queda claro cuál es el beneficio concreto, específico, para la ciudadanía.

¿En qué hace este modelo mejor a la Ciudad de México?

¿En qué nos hace un mejor país como Estados Unidos Mexicanos?

¿Por qué no la volvemos un estado más de la unión, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones?

¿Cuál es el impacto real esperado de esta reforma, más allá de lo que sueñan algunos que nos han dicho cuáles son sus aspiraciones?

Las respuestas a estas preguntas no se escuchan, no se dicen, no se presentan, y todos queremos una mejor ciudad.

¡Claro! no queremos deudas históricas, ni insatisfechas; queremos más democracia, queremos que el Valle del Anáhuac, que ha buscado durante años, no parta de enunciados dogmáticos, ni de clientelas de segunda categoría.

La razón es muy sencilla. La reforma planteada es estética, parece más una cirugía plástica que recuerda el viejo adagio: "Cambiar las cosas para que sigan igual", que una verdadera reforma.

Reformar quiere decir: volver a formar, dar una nueva forma, y este dictamen que aquí se discute no reforma, sólo renombra, sí, renombra, es decir, cambia los nombres de las cosas sin muchos cambios, que a continuación voy a explicar.

Existen en el mundo muchos modelos de capitales de Estado, y no hay que preocuparnos solamente por copiar otros modelos de países, tenemos que buscar identidad, congruencia, compromiso, pasión y acompañamiento.

Si queremos una reforma seria, pues demos el paso histórico, el del verdadero federalismo, el de la democracia.

Convirtamos al Distrito Federal en un estado más, en el número 32, con todos los derechos y con todas las obligaciones para que siga siendo la capital orgullosa del país, y pueda seguir siendo la sede de los poderes federales.

Pero para que sea un estado verdaderamente libre y soberano, cuando se hagan cargo de la educación de sus niños, de la salud de sus habitantes, y de todos los servicios.

Quiero referirme a 4 imperfecciones muy delicadas que no están aquí debidamente atendidas.

Primero. No transforma, sino simula, es nominalista.

Segundo. Gravísimo, no modifica el régimen fiscal.

Tercero. No hay un avance democrático, ni una política significativa de fondo.

Y por último, el diseño de la Asamblea Constituyente no es plenamente democrático.

Primero. Simula y no transforma, es nominalista. Es decir, cambia el nombre a las instituciones, pero no las renueva de fondo. Lo repito: renombra, pero no reforma, no la convierte en un estado y no convierte a las delegaciones en municipios, solamente las maquilla, no tiene personalidad jurídica propia, no administran patrimonio, no atienden a los ciudadanos.

El día que entendamos que un ayuntamiento es como un resonador potente que registra las vibraciones de una población, entonces estaremos hablando de una reforma de importancia.

No hay cambios reales en atribuciones de la ciudad, ni en las demarcaciones, ni en las alcaldías, al grado que en el Décimo Transitorio señalan con una concesión graciosa que vamos a imitar, al menos, y conservar lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Ejecutivo Federal ya tiene como vigencia.

Pues de poco sirve cambiarle el nombre, incluso agregarle un cuerpo colegiado a autoridades delegacionales, si solamente tienen competencia en materias de que ya el día de hoy atienden: contabilidad gubernamental, asentamientos humanos, protección al ambiente, protección civil, cultura física y deporte, turismo, derecho de niñas, niños y adolescentes, en archivos.

Para quienes quieran el día de mañana ser gobernadores, o quienes hayan sido ya alcaldes, o quieran serlo, van a recordar nuestras palabras. Esto no fortalece al Pacto Federal.

Segundo. Gravísimo. No es una modificación al régimen fiscal. El tratamiento fiscal ha sido inequitativo para el Pacto Federal, y la ciudad seguirá recibiendo más recursos y más derechos, y menos obligaciones, y sería celebrarle si decidiera también obligaciones, lo mismo pasa en el caso de las demarcaciones.

Si queremos a una reforma, hay que convertir a la ciudad en un estado, y a las demarcaciones en municipios, y si no, solamente estamos simulando, el diseño parecería maquiavélico. Maquiavelo diría: "No es necesario ser, sólo basta parecer".

Por ejemplo, no se le entregan a la ciudad aspectos importantísimos que cualquier gobierno de cualquier parte del mundo atiende, por ejemplo, la educación es un tema de justicia.

La recaudación federal se da en 31 estados, más que colaboran solidariamente con toda la unión mexicana.

Por ejemplo, mi entidad federativa produce y se factura en la Ciudad de México. Y no es contra la Ciudad de México, es simplemente un régimen fiscal que tiene que darle a cada cual lo que le corresponde; 31 estados, que por sus problemas y de sus vecinos son muy importantes.

Cada lugar de México, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por Guanajuato, es un trozo del alma. Y hay que decirlo claro y fuerte: "No queremos que sigan existiendo estados con menores capacidades fiscales, y sí queremos también una Hacienda Pública del Distrito Federal que tenga dignidad jurídica, la misma calidad fiscal, los mismos derechos, las mismas responsabilidades".

Por ejemplo, el habitante de esta ciudad recibe el doble del habitante de la mayor parte de los estados del país, y esto no es contra el habitante de la Ciudad de México, es porque tenemos que revisar el Pacto Federal, y tenemos que revisar la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercera omisión. No hay un avance democrático, ni político, significativo; hay un cambio de fondo. Las delegaciones no ganan autonomía, que es un principio fundamental.

Cuando hay gobiernos locales, cuando se descentralizan facultades y no es un capricho ideológico, ni una dicha política, es simplemente que los problemas se tienen que resolver por la autoridad más cercana.

Si algo fortalece esta reforma, lamentablemente es darle mayor autoridad al Jefe de Gobierno. No habrá gobernador que pueda competir con él, eso no es un sentido democrático; ni tampoco se plantea una administración de la ciudad, porque permanece unitaria, centralizada, que no entrega nuevas atribuciones a las delegaciones.

Las alcaldías se quedan en una intención. Parecería un avance de delegaciones que tienen autoridad colegiadas, sin embargo, de poco sirve si no hay atribuciones y si no hay realmente un sentido de mayor responsabilidad. Es como tener policías desarmados, profesores sin aulas o médicos sin medicamento.

Entendemos que hoy la realidad pide un régimen especial por el estado metrópolis, o de la zona metropolitana. Pero decir que no pueden y que no deben ser municipios, que es una falacia y es una ofensa a los 60 municipios que rodean la Ciudad de México y a los estados que también lo hacen, pues hoy también tenemos que reconocer que la Asamblea Constituyente es necesaria, sin embargo, ésta es la otra omisión, su diseño, ni es democrático, ni es representativo, ni garantiza mejores resultados el día de mañana.

Si la Ciudad de México está recibiendo autonomía en su Constitución, pues nace debilitada en una forma de integración, que lamento tener que no coincidir con algunas personas que aquí lo han expresado.

A toda la República le conviene municipios fuertes, los 2 mil 457 municipios del país, los 31 estados, y queremos una Ciudad de México fuerte, autónoma, responsable, pero esta iniciativa lamentablemente perdió el rumbo.

En conciencia, como ciudadano mexicano, como aspirante, junto con ustedes en la democracia y en la reforma, yo no puedo votar por la simulación.

Mi conciencia y mi amor, y mi admiración por la ciudad y por sus habitantes, por la gran Tenochtitlan, por la Ciudad de los Palacios, no me lo permiten.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

En uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Ya es común frente a las reformas constitucionales, estructurales, se repita el argumento, de que no es la mejor, le falta mucho, es sólo lo posible, faltó el trecho de lo deseable, se quedó a media, en fin.

Prácticamente se repite ese argumento, cada vez que aprobamos una reforma, y sobre todo, una reforma de gran calado.

Y ese argumento es común, por una simple y sencilla razón, es al final de cuentas, el mundo de la política.

La tensión permanente y constante entre lo posible y lo deseable. Porque lo posible lo definen los consensos, los grados de aproximación, la voluntad política, las circunstancias concretas de un tiempo y de un espacio. Y lo deseable, al final de cuentas, es el parámetro de medición de la responsabilidad presente y de la responsabilidad futura.

No hay reforma perfecta. Porque no hay obra humana perfecta.

La pregunta que nos tenemos que hacer, es si esta reforma cambia sustancialmente la forma de organización política del actual Distrito Federal y de la futura Ciudad de México.

Lo primero que hay que decir, es que esta reforma no se trata de dineros. Se trata de derechos.

No podemos quedarnos atrapados en ese viejo argumento, de que el Distrito Federal y sus habitantes son los parásitos recurrentes de la riqueza generada en algún otro rincón del país.

No podemos mantenernos en estas tensiones regionalistas, que asumen y dicen, que la Ciudad de México, sus habitantes, no merecen tener los mismos derechos, porque no son exactamente igual que los estados, porque tienen características diferentes, porque son el centro del país, porque son la capital de la República, y porque son, es, la sede de los Poderes Federales.

Esos fueron los argumentos que se utilizaron constante y recurrentemente durante prácticamente todo el siglo XX, para negarles a los habitantes de la Ciudad de México, los mínimos derechos políticos.

Acción Nacional, desde los años 60, el Diputado Manuel Gómez Morín, el Diputado Christlieb Ibarrola, el Diputado Carlos Castillo Peraza, ya insistía en la necesidad de igualar a los mexicanos y a los habitantes de la Ciudad de México, en derechos políticos. Y por eso, Acción Nacional exigió que las autoridades políticas del Distrito Federal fueran popularmente electas.

Por eso insistimos en que la Asamblea Legislativa fuese una auténtica Cámara de Representación Popular. Por eso insistió Acción Nacional en que las demarcaciones territoriales funcionasen, fuesen auténticos gobiernos de proximidad.

Todas ellas, evoluciones que se han dado afortunadamente en nuestro sistema político, que fueron banderas de Acción Nacional frente al PRI y mucho antes que naciera el PRD.

Son tesis históricas de Acción Nacional, que estaban sustentadas en nuestra convicción federalista. Porque una convicción federalista genuina reconoce que un ciudadano lo es, independientemente del lugar que habita o en el lugar que nació.

Y los habitantes de la Ciudad de México, merecen exactamente los mismos derechos que los habitantes de Puebla, de Guanajuato, de Baja California o de Yucatán.

Y eso es justamente lo que tienen los habitantes de la Ciudad de México.

La principal deficiencia del sistema constitucional, con respecto al Distrito Federal, es que les niega a los ciudadanos del Distrito Federal, la función de la autodeterminación; de configurar su régimen político; de definir sus derechos y obligaciones; de crear, configurar y limitar el poder que interactúa en esta comunidad.

Ese es esencialmente el problema del Distrito Federal: la ausencia de la potestad básica, de autodeterminación; de una comunidad que es un hecho social, es un hecho cultural y es un hecho histórico.

Porque a diferencia de cualquier ciudadano de otra entidad federativa, en el Distrito Federal no se puede participar en la conformación básica de la estructura de poder y de gobierno; no se puede reivindicar una facultad, a menos que se le pida permiso al Congreso de la Unión; porque los poderes constituidos del Distrito Federal, sólo tienen aquellas atribuciones que le dan, como si fueran concesiones graciosas, los poderes de la República.

Ese es justamente lo que estamos cambiando. Y aquí se ventila el argumento, de que en efecto, el Distrito Federal, antes de reconocer los derechos de los habitantes, sus derechos políticos, debiera avanzar en la igualdad presupuestal o la igualdad financiera.

Se dice, con muchísima facilidad, que el problema del régimen político del Distrito Federal, es que no paga lo mismo que otros habitantes de las entidades federativas.

No, señoras Senadoras, señores Senadores, el problema de esas diferencias presupuestales y financieras, es consecuencia del traslape funcional entre la Federación y un orden de gobierno local. Si hay lógica de subsidios, por ejemplo, a ciertos servicios, es por la sencilla razón de los reflejos estructurales, de gobiernos corporativistas y clientelares que se generaron precisamente por el tutelaje de la Federación, sobre los habitantes de la Ciudad de México.

Si hoy tenemos vacíos de gobierno en el Distrito Federal, y ciudadanos de segunda, es precisamente porque nunca le hemos dado a los ciudadanos del Distrito Federal, la posibilidad de regularse y gobernarse a sí mismos.

Porque mientras la Federación, con todo lo que implica en términos de representación política, siga mandando por encima de los habitantes de la Ciudad de México, la Ciudad de México y sus habitantes seguirán siendo ciudadanos de segunda clase.

Y de eso se trata esta reforma. Es una reforma de expansión de derechos. Y es verdaderamente sintomático, que quienes vengan a oponerse a esta reforma, sean legisladores de otras entidades federativas.

Yo nací en el estado de Chiapas, me críe en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Ciudad Juárez, y la Ciudad de México, el Distrito Federal ha sido mi casa desde 1995.

He visto como ciudadano y como habitante, el avance tibio, tímido, en materia política y democrática de esta Ciudad de México.

Pero no es cierto que el ciudadano que habita, que reside, que participa e interactúa con otros en la Ciudad de México, tenga los mismos derechos que los ciudadanos de otras entidades federativas.

Los poderes constituidos del Distrito Federal, no toman parte, por ejemplo, del proceso de reforma constitucional, no tienen nada que decir en los cambios estructurales de nuestra forma de gobierno, de los derechos de los ciudadanos, de la conformación de nuestro régimen federal, de la forma en que se distribuyen las competencias.

Les pregunto, ¿en todas las reformas que hemos hecho en materia de transparencia, energía, telecomunicaciones, educativa, por qué le hemos negado a los habitantes de la Ciudad de México, la posibilidad de tomar parte de esos asuntos públicos a través de sus representantes?

La respuesta es tan obvia, es tan obvia, que simplemente, hasta la pregunta parece ofender.

Les hemos negado esa posibilidad, porque no les hemos reconocido sus derechos, porque no tienen esos derechos. Porque seguimos insistiendo en que la Ciudad de México requiere el paternalismo de la Federación, para cuidarse de sí hace 20 años, la estabilidad política de la República.

Porque el argumento del PRI, durante todo el siglo XX, fue niéguenle a los ciudadanos del Distrito Federal los derechos básicos, para que en el Distrito Federal no haya pluralidad; para que no se abra el boque de régimen político; para que no haya competencia; para que no haya ciudadanos participativos, precisamente para que el régimen político se mantenga incólume en su fisonomía autoritaria.

No querían que la pluralidad avanzara en el Distrito Federal, que no tuviésemos derechos para votar a nuestras autoridades políticas para que no hubiese alternancia. Claro, decían, la alternancia puede poner en riesgo la estabilidad política, cómo un gobierno de izquierda o distinto al PRI, en la Ciudad de México, se pone en riesgo la integridad de la República. Esos son los argumentos de hace 25, 30 años, que venían del PRI, y que hoy desafortunadamente vienen de prácticamente todas las fuerzas parlamentarias.

Esta es una reforma de derechos, señoras Senadoras, señores Senadores, de derechos individuales, de derechos fundamentales.

Es una reforma de avance democrático, sí, sin duda, tiene muchas deficiencias como toda obra política, se quedó a medias en muchas cosas. Por cierto, muchos de esos faltantes podrán corregirse en el proceso constituyente y en el contenido de la Constitución local y en las leyes que de esa Constitución emanen, porque de eso se trata también esta reforma, de devolverle a la Ciudad de México la posibilidad de configurarse a sí misma como una comunidad política y como un hecho social, de regular aquello que no está en la Constitución, porque eso lo define una mayoría democrática, una mayoría democrática que se ha negado permanentemente a los habitantes de la Ciudad de México.

Se acusa de bodrio el proceso constituyente que se ha diseñado para estos propósitos.

Esa afirmación simplemente revela una absoluta ignorancia conceptual y política de los procesos constituyentes.

Hay procesos constituyentes, órganos constituyentes mixtos, electivos y de designación.

Hay constituyentes que derivan del órgano constituido y hay constituyentes de facto. Eso dice la experiencia histórica e incluso en nuestro propio país.

Decir que un Constituyente es más o menos democrático en función de la integridad total de miembros electos, es simplemente un reflejo de ignorancia.

El proceso Constituyente y el órgano Constituyente de la Ciudad de México no solamente tiene que salvaguardar los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal que se salvaguardan a través de sus representantes, no; es un Constituyente atípico, porque no solamente tendrá que regular el hecho político del Distrito Federal, sino también sus relaciones con los poderes federales. Por eso alguien tiene que cuidar los intereses del Pacto Federal y precisamente por eso el diseño del poder constituyente ha incluido la representación del órgano congresional de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que, por cierto, les recuerdo, tenemos legitimidad democrática directa, fuimos votados por el pueblo, somos representantes populares y en esa condición podemos salvaguardar el Pacto Federal en la conformación de la Constitución del Distrito Federal.

Qué paradoja que el Grupo Parlamentario del PRI, que hoy se rasga las vestiduras con el proceso constituyente que se ha diseñado, proponía que fuese el Congreso de la Unión quien emitiera la Constitución del Distrito Federal.

Se les han olvidado sus propios planteamientos en las comisiones, precisamente para salvaguardar los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal y, al mismo tiempo, salvaguardar los intereses del Pacto Federal se ha diseñado un Constituyente mixto que tiene referentes internacionales, que tiene referentes históricos y que tiene referentes intelectuales, porque la teoría ya demostró que un proceso constituyente se define por su fin y no solamente por su proceso de integración.

Señoras Senadoras y señores Senadores: Esta reforma puede ser insuficiente, pueden quedarse o haberse quedado muchos asuntos en el tintero, pero, sin lugar a dudas, es la mejor obra que seres humanos con limitaciones han podido construir en una circunstancia política.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente, estaba yo levantando la mano para formular una pregunta, pero lo haré para hechos.

El Senador que acaba de hacer uso de la palabra, le quería yo preguntar, si entró a esta Cámara por la vía plurinominal o fue a competir en una elección, porque lo que dije es muy claro, aquí se está pretendiendo hacer una Asamblea Constituyente por una vía distinta, en condiciones que no necesariamente tienen que ser las que operaron hace cien años en este país ¿no?

Si queremos hacerlo en esas condiciones, y si esas son las que ponen de parámetro, lo que deberíamos de hacer es verlo así en muchas otras reformas que hemos planteado.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

El Senador Gil Zuarth quiere hacer alguna referencia en relación a lo dicho por el Senador Fayad.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Contestarle la pregunta, que entiendo que me hizo. Sí soy Senador electo por el principio de representación popular, y si mi condición electiva le insulta, creo que tendría que pedirle perdón a muchos de sus compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadores, les suplico que preservemos el orden en nuestras expresiones.

En uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el Senador Gil Zuarth, de los valores y de los derechos, pero lo que no veo es que los ciudadanos no lo conocen, no se le han dicho al pueblo del Distrito Federal estas cosas, más bien, la reforma ha sido una reforma de políticos, en que los debates que yo he estado en algunos, el principal tema es cómo se reparten los puestos, los organigramas de poder, eso es lo primero que se ve; no el bien de los ciudadanos, ¡qué bueno que se pusiera hacia el bien de los ciudadanos!

Yo no sé, están muy confusas las cosas, que si alcaldes con presupuesto, que si con regidores o algo parecido, todo quedó en una terrible confusión.

El querer ser una especie de estado, porque así están, debería de ser como todos los demás estados: con sus derechos y obligaciones.

El presupuesto de la Ciudad de México es muy favorecido por la federación, no pagan educación y salud, dos rubros de gran importancia para los demás estados.

En el estado de Baja California, el 90 por ciento del presupuesto se va para pagar conceptos de educación, digo, no queda dinero en un estado que crece y que crece para poder hacer las instalaciones y la infraestructura que merece el estado de Baja California. Se alejan y se alejan precisamente de tener una infraestructura digna porque no alcanza el dinero y porque en el DF no es el mismo trato; o todos vamos a ser iguales, tenemos que tener otro pacto que nos obligue a todos como estados.

Además, grandes obras se realizan en la capital, con dinero federal, muy por encima del gasto en proporción con los demás estados. Pues sí, han hecho de esta ciudad una cosa tan grande y tan poderosa que la tienen que atender, y la atienden mejor que a cualquier lado de la República.

La concentración de poder en la capital fuerza a los mexicanos a gastar muchos recursos en esta capital; los trámites, permisos, arreglos que tienen que venir todo el tiempo en la vida nacional, los de provincia, hace una derrama muy grande en hoteles, restaurantes, servicios, es una sociedad privilegiada precisamente por ese hoyo negro que tiene de poder. Aquí todos tenemos qué venir a arreglar asuntos, muchas veces de ellos innecesarios que se pudieran hacer con una llamada por teléfono, pero el sistema de poder y ven tú aquí donde yo estoy, hace que la provincia gaste muchísimo dinero en la Ciudad de México, y la hace precisamente una ciudad más rica, teatros, museos, instalaciones, se concentran en la gran metrópoli.

Los grandes negocios que por necesidad se tienen que concentrar en la Ciudad de México, para poder negociar con el gobierno favores, trámites, arreglos y grupos de poder, invierten en esta ciudad fondos que obtienen a lo largo y a lo ancho de toda la República.

La Ciudad de México es el fruto del centralismo, favoritismo y feudalismo de nuestro país, no por antes se decía que fuera de México todo era Cuautitlán.

Se me hace una reforma en lo que discutimos demuestra una gran controversia toda ella, es una reforma que no nos pusimos de acuerdo, es una reforma en que hay grandes antagonismos.

Pero en algunos de los tribunos tuvo un tinte de resignación, como decir: "Pues vamos a hacerla, no queda de otra". Por lo tanto, indica que algo falló, cuando hay resignación indica que algo falló.

Fayad la calificó hasta de Frankenstein. No hay emoción en el recinto, vean cómo está el recinto.

La provincia se ha desarrollado a pesar del favoritismo hacia el centro, que de siempre se ha tenido en nuestro país. Es una situación que se tiene que tomar muy en cuenta.

Aquí se dice que no tenemos que hablar de cosas económicas, pero se tiene que hablar de cosas económicas.

La Ciudad de México concentra, digamos, de una manera fuera de proporción, la fuerza del país. Ahora queremos hacer una reforma para el Distrito Federal, pues hagámosla bien, hay muchas dudas aquí.

Yo creo que por primera vez algunos Senadores, de diferentes partidos, no han votado en grupo, ha habido discusión, pocas veces hay; ha habido polémica, eso indica que algo anda mal.

Y yo pienso que lo que demos hacer es una reflexión y no lanzar una situación de esta manera. Yo, por eso, estoy en contra de la reforma.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Hace un rato que estaba platicando con un compañero legislador, que le tengo un enorme aprecio, él escuchó que yo estaba en la lista de oradores y me dijo: "Y tú por qué vas a participar si eres de Chiapas. No tienes vela en este entierro".

Yo le diría, con mucho respeto y afecto, que yo, como Senador, tendría razones suficientes para subir a hablar en este dictamen, como integrante de dos de las comisiones dictaminadoras: como Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, y como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no lo voy a hacer en ninguna de estas dos condiciones, lo hago en mi calidad de provinciano, en mi calidad de chiapaneco.

Porque a final de cuentas, la Ciudad de México es un espacio de todos, capitalinos o avecindados, y así lo hemos adoptado, así nos hemos adaptado a esta condición.

Ya Efraín Huerta, que era de Guanajuato, le había declarado su amor a la ciudad, y eso que no era de acá, entonces sí se vale preocuparse por la ciudad aunque uno sea de fuera.

Por eso creo que es importante recordar algunos datos.

Primero, 49 por ciento del total de quienes inmigran legalmente en el país lo hacen a esta ciudad, y esta ciudad tiene, entre sus habitantes, 37 por ciento de personas que no nacieron aquí. Para el caso deberíamos de estar discutiendo si de los 100 Diputados constituyentes 37 tuvieran que ser de provincia, toda vez que eso sí sería una representación mucho más efectiva.

Pero más allá de eso, yo sí quisiera plantearles, compañeras y compañeros, que estamos ante una votación histórica, histórica porque estamos comenzando un proceso de construcción constitucional desde cero, algo que no hemos visto desde hace 40 años, desde el 9 de enero de 1975, fecha en que se promulgaron las constituciones de los estados de Baja California Sur y de Quintana Roo, los cuales habían sido territorios hasta el 8 de febrero de 1974.

Seguramente muchos, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, recuerden, estarían, quizás, empezando su desarrollo y su carrera política en ese entonces, y hay que recordar que en aquel entonces fue el Senado de la República el que nombró a los gobernadores provisionales, que tuvieron como única y principal responsabilidad, convocar a los congresos constituyentes.

Éstos, a la vez, tuvieron y eligieron a 7, solamente a 7 Diputados cada uno, y las decisiones las tomaron, hay que decirlo, en un contexto de total hegemonía política. No voy a cuestionar ni a calificar cómo habrá sido el proceso de constituyente de esos dos estados hace 40 años, pero es fácil imaginarlo.

Simplemente revisando, haciendo una breve revisión hemerográfica, veía yo esta nota de "El Universal" del 25 de agosto de 1974, que decía: "El licenciado Luis Echeverría, Presidente de la República, someterá a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa para que los territorios de Baja California Sur y de Quintana Roo se transformen en estados libres y soberanos de la Federación, al iniciarse el próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo".

El primer magistrado dio a conocer la noticia, allá en Los Pinos, en una reunión de trabajo, en la que participaron los gobernadores de tres entidades, representantes de diversos sectores de las mismas y tres Secretarios de Estado, los cuales tributaron al Jefe del Poder Ejecutivo Federal una cerrada ovación cuando dio a conocer su acuerdo.

Quizá eso es lo que nos hace falta en esta reforma para que todos tributen un estruendoso aplauso, que tuviera que venir del Ejecutivo. ¡Qué bueno que no fue así! ¡Qué bueno que esta construcción se dio a partir de la conjunción de varias iniciativas de diferentes grupos parlamentarios!

Yo no quiero creer que esa es la verdadera motivación de quienes están hoy en contra, y que están en contra confundiendo términos de representación popular, con designación, que confunden y que no alcanzan a leer que sí va a haber participación ciudadana en el constituyente.

Se han escuchado una serie de imprecisiones que preocupan y que revelan las verdaderas intenciones de querer lastimar el trabajo acucioso de cinco comisiones legislativas del Senado de la República.

Estamos construyendo un proceso constitucional muchísimo más plural, será un ejercicio rico en opiniones, y no debemos de olvidar que esta Ciudad de México sigue siendo casa de todos, asiento de los poderes federales, y ahora, adicionalmente, se le reconocerán todas las facultades inherentes a la calidad de entidad federativa.

Finalmente, compañeras y compañeros, yo sí quisiera que recordáramos y que tuviéramos muy en cuenta algo de literatura sobre el tema de cómo hacer constituciones, cómo y por qué hacer constituciones.

Yo me voy a permitir recomendarles este libro de Gabriel Negretto, "Creando Constituciones: Presidentes, Partidos y Elección Institucional en América Latina".

Es una revisión desde 1900 hasta el 2008, de procesos de creación y de reforma constitucional en todo el continente. Y qué es lo que apunta, creo que vale la pena traerlo a colación en esta tribuna el día de hoy.

La hipótesis de Negretto es que las constituciones han pasado de ser un instrumento de legitimidad del gobierno a un mecanismo de selección institucional. Y eso es lo que deberíamos de estar discutiendo.

Lo valioso de esta hipótesis es que he estudiado las instituciones en contextos de debilidad institucional, quizá como en el que nos encontramos el día de hoy actualmente, y que es, en este tipo de contextos políticos y sociales cambiantes, en los que los cambios institucionales profundos son menos costosos y generan menor incertidumbre.

Yo les preguntaría si no es eso lo que queremos para los ciudadanos del Distrito Federal.

Por eso, porque ese contexto es el que vivimos, es que los cambios constitucionales son hoy, más que nunca, necesarios para incrementar la probabilidad de éxito democrático y estabilidad institucional.

De otra manera, la crisis política empezará a crecer en su viabilidad y será nuestra responsabilidad haber hecho inconveniente mantener estas instituciones vigentes.

Para muchos la Constitución es la suma de decisiones políticas fundamentales. Yo pienso que la Constitución es una delimitada y clara lista de responsabilidades y de dispositivos de autolimitación y arreglos para evitar abusos de poder, ni más ni menos.

¡Qué bueno que han traído a tribuna, los legisladores de otros partidos, los temas de transparencia, de anticorrupción, de participación ciudadana! Bienvenidos a la preocupación permanente, que desde hace 2 años hemos intentado contagiarles. Al parecer ya lo logramos.

¡Qué bueno! Y eso simplemente para mí es el primer producto positivo de esta legislación.

Hace algunos años Cuauhtémoc Cárdenas dijo: "Después de luchas emancipadoras, imperiales, reformistas, revolucionarias, que cambiaron su perfil y modificaron su aspecto durante casi dos siglos, la ciudad se transforma, pero mantiene la reserva de sus recursos y el vigor de su gente".

Que ese vigor se vea plasmado en el próximo constituyente, que con ideas, los que les toque representar al Senado, lo hagan con la calidad que han expresado desde esta tribuna, porque capitalinos o provincianos, residentes o visitantes tenemos mucho que decir y hacer por la ciudad, al final de cuentas es cierto, la Ciudad de México es el gran acontecimiento nacional.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robledo.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores.

La discusión sobre la conversión del Distrito Federal en una entidad federativa con todos los derechos civiles y políticos reconocidos al resto del país es una discusión larga, es una discusión que legislatura tras legislatura se intenta siempre buscar los consensos para lograr la reforma constitucional, y desde la reforma del 96 creo que esta reforma a la Constitución para constituir una entidad sui géneris, la Ciudad de México, con preceptos que son distintos al de las entidades federativas, al de los 31 estados de la República tienen que ver mucho con la evolución de esta discusión en el Congreso de la Unión de manera particular.

Yo identifico cuatro temas básicos que están inscritos en la Constitución de manera general, el que tiene que ver con la extensión territorial del Distrito Federal; el que tiene que ver con los derechos políticos locales de sus habitantes; el que tiene que ver con la definición de las relaciones políticas con los órganos de gobierno de la federación, particularmente con el Congreso y con el Ejecutivo y; por supuesto, el que tiene carácter representativo y grado de autonomía tanto del gobierno propio del Distrito Federal como el de sus unidades territoriales.

Yo creo que en esta discusión hay toda una historia que quizá el más avezado para hablarnos de la misma y que fungió como asesor del gobierno del Distrito Federal, es precisamente Porfirio Muñoz Ledo, que hoy está aquí y que por supuesto él conoce perfectamente bien, porque ha vivido este proceso, yo no encuentro a alguien tan avezado en el conocimiento del proceso desde esta visión de Estado para buscar lograr los consenso hacia esta evolución en las reformas a la Constitución para lograr, insisto, considerar a la Ciudad de México como sui géneris como el lugar donde están asentados los poderes de la Unión y que ciertamente está avanzando.

No es lo que quisiéramos, aquí ha habido una gran cantidad de intervenciones de Senadoras y Senadores que lo han dicho, pero es sin duda un avance importante.

Yo quiero circunscribirme en un tema de una gran relevancia y celebro muchísimo que haya sido uno de los artículos que quedaron inscritos en este acuerdo de las comisiones en el proceso de primera lectura, segunda lectura, y que me parece que es de tal importancia que quiero mencionar, es el que refiere a la fracción II, parte de la fracción I del artículo 122, inciso A, tiene que ver con la definición de que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de esta Constitución.

¿Por qué lo digo? Aquí una Senadora, la Senadora Cuevas, decía, es cierto, la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia.

Aquí se ha mencionado también que, lo decía la Senadora Barrales, es una ciudad que ha logrado un gran capital en el reconocimiento de la política social, sobre todo para lograr equidad social entre quienes menos tienen.

Me parece que eso ha distinguido efectivamente el proceso de los gobiernos del Distrito Federal y lo que se ha avanzado también, tengo que decirlo, por parte de la Asamblea Legislativa, sobre todo en la configuración de derechos civiles.

El Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han configurado una serie de reformas importantes, garantistas, que tienen que seguir preservándose, por mencionar algunas solamente.

El divorcio exprés, fue la primera entidad, me parecen muy importantes los avances para proteger en la exigibilidad de alimentos, entre otras reformas importantes al Código Civil, y en el Código Penal, bueno, el avance también importante hacia un garantismo, configurar distintos preceptos para la protección de personas, sobre todo de diversidad sexual, el castigo claro, determinante en el Código Penal contra la homofobia y, por supuesto, también el avance que ha tenido el Distrito Federal en la configuración del delito del feminicidio.

Aquí junto con el Estado de México, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las primeras entidades en discutir el tipo penal del feminicidio, a diferencia de cómo quedó inscrito en el Estado de México, el Distrito Federal es un tipo penal efectivo y ahí están los datos.

Me parece que esos avances importantes que se tienen en la legislación del Distrito Federal tienen que quedar inscritos en función de lo que determina este artículo 122 de la Constitución, para que no haya una regresión en lo que se ha logrado.

Puedo mencionar otros preceptos, el caso de la ILE, el caso también de la protección de personas que se encuentran como únicas jefas de sus familias, puedo mencionar, por ejemplo, el que se haya logrado, en función de este principio pro persona, avanzar en distintos preceptos antidiscriminatorios.

Yo creo que el enfoque de estos principios del 1º constitucional, de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, efectivamente inscritos en este 122, permiten que la Constitución de la Ciudad de México siga siendo de avanzada, insisto, a favor de las libertades, porque esa es una de las características importantísimas de la Ciudad de México, la ciudad de las libertades.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

El Senador José María Martínez Martínez.

El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senador Presidente.

Aquí se ha venido a exponer un tanto de que quienes estamos en contra de esta reforma, lo hacemos en razón de regionalismos, de provincialismos, ¡no!, la verdad es que no es ese el argumento.

Al igual que los que habitan en el Distrito Federal, también nosotros queremos que a los capitalinos les vaya bien, que el Distrito Federal siga siendo una ciudad potente a nivel mundial y sea un referente a nivel mundial, esa es una premisa con la que estamos partiendo.

Pero es importante aquí destacar tres cosas:

Una. No prestarse a la simulación, los opositados de antes, los progres, hoy dicen sí pero no, hoy nos dicen que hace falta, que es un avance, que es una aproximación, pero esto no resuelve absolutamente nada, nada.

Incluso un Senador del PRD vino a hablar de federalismo aduciendo que desde el gobierno central del D.F. se reparten los recursos a las delegaciones, del gobierno central, esa fue su afirmación, y hoy esta reforma precisamente tiene ese sustento, tiene el sustento de solamente beneficiar a un gobierno central, no está reconociendo ni a los ayuntamientos, ni a los concejales, ni les está dando mayores atribuciones, ni tampoco recursos, y menos aún, a todos los ciudadanos les está dando la posibilidad de poder tener el gobierno que ellos tienen.

Seguimos dotando al gobierno del Distrito Federal, a partir de la figura central, y no es necesariamente una culpa del PRD, es un resabio histórico, es un resabio jurídico, del cual se adoptó una vez que se constituyeron las figuras de elección popular.

Pero hoy estamos en esa posibilidad, de poderle dar al gobierno del Distrito Federal mayores atribuciones, pero también a partir de dotar administrativamente de mayores facultades a lo que hoy serían las alcaldías o las consejerías.

Eso no es así, hoy cabe, y se hace vigente la afirmación que haría en el pasado seminario sobre la Constitución el Senador José Barragán Barragán. La Constitución debe de dejar de ser un pacto entre los políticos, y una vez que esto suceda, habremos de pensar en los ciudadanos, no solamente en una constitución para fortalecer a un Jefe de Gobierno del Distrito Federal, independientemente del partido que éste sea.

Dos, ¿es un tema de diseño institucional? No, es un tema de capricho de quienes hoy gobiernan el Distrito Federal, es un tema de control, es un tema de cooptación, es un tema de estar a gusto exactamente con lo que está aquí planteado, y no lo hablo con desconocimiento de causa. Estuve en la primera etapa de la negociación de esta reforma y los representantes del PRD nunca hablaron de darle atribuciones a lo que hoy son las delegaciones, y tendrían que pasar a ser órganos colegiados, plurales y democráticos, pero sin atribución alguna, nunca, muy por el contrario, seguían afirmando que el gobierno central debería fortalecerse a partir de los servicios de transporte, recolección y de recaudación.

Los representantes del PRD jamás quisieron un gobierno democrático y mucho menos federalista.

Tres, y con esto concluyo, esto no tiene nada que ver con el federalismo, quienes han venido aquí a defender el federalismo, que no se han preguntado aún si las entidades federativas existen, les hemos expropiado la materia electoral, les hemos expropiado la materia de responsabilidades de los servidores públicos, les hemos expropiado  las entidades federativas, el tema de transparencia y protección de datos, les hemos expropiado ya desde la Corte, también la materia civil o entidad común.

¿Existen verdaderamente las entidades federativas o también estamos hablando de una simulación?

Por tanto, mi voto será totalmente en contra.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias, señor Senador José María Martínez.

En uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Buenas noches, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

El día de hoy estamos escribiendo una página más de la historia que va a cambiar al Distrito Federal.

Desde hace varios años ya se viene trabajando en el tema de la reforma política de la Ciudad de México, que sin duda, será a favor de los capitalinos.

Si bien, hasta ahora el Distrito Federal, en su connotación más amplia, es una entidad federativa a formar parte integrante de la Federación mexicana, a la fecha no tiene la misma estructura jurídica y régimen de gobierno que tienen las demás entidades federativas.

Sabemos que la Ciudad de México es una de las regiones geográficas más complejas de todo nuestro territorio, su carácter de capital del país, su situación jurídica como Distrito Federal mexicano y su pertenencia a la mancha urbana conocida como Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca todo el territorio de la capital, así como algunos municipios conurbados del Estado de México y funcionalmente de algunas entidades federativas, son aspectos que fueron considerados para llegar a esta reforma constitucional.

Con alto sentido de responsabilidad y compromiso, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional llevamos a cabo una profunda reflexión de los cambios políticos, históricos y sociales, así como las condiciones actuales del Distrito Federal, pero sobre todo, fueron consideradas las necesidades de nuestra capital del país como un ente jurídico-político integral.

El proyecto de dictamen que se encuentra en nuestras manos y que todos conocemos, es un trabajo integrado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Es un documento que integra las necesidades que tiene el Distrito Federal, que para que se convierta en una entidad federativa con similares características a las demás, pero conservando la peculiaridad de ser sede de los Poderes de la Unión, y por lo tanto, capital de la República Mexicana.

Este dictamen es el resultado del esfuerzo de todos y cada uno de los partidos políticos que integramos el Senado de la República, lo cual presenta un trabajo legislativo, que no sólo abarca la representación de estas legislaturas, sino de legislaturas anteriores.

En consecuencia, el dictamen que plantea la Reforma Política del Distrito Federal, refleja la voluntad plural del Senado, que tiene como objetivo fundamental el modificar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, siendo indispensable puntualizar que la Ciudad de México seguirá siendo sede de los Poderes.

En este sentido, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, impulsamos porque este tema vaya más allá de los intereses de una u otra bancada, sino que prevalezca la salvaguarda y seguridad jurídica a favor de los habitantes de la Ciudad de México.

Estamos conscientes que la reforma constitucional es perfectible, pero marcará la pauta para seguir trabajando en la legislación que permita dar cumplimiento a los objetivos que se plantean en ella.

Dentro de algunos alcances jurídicos que se logran con la reforma constitucional, es la de dotar al Distrito Federal de los derechos que gozan el resto de los habitantes de las entidades federativas en materia política, administrativa, presupuestaria y de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, no pasa desapercibido para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que uno de los aspectos que tuvieron, que se tuvieron presentes para lograr este consenso como factor determinante en que se encuentra y cómo se encuentra la Ciudad de México, es el pertenecer a la zona metropolitana como una ciudad de grandes contrastes y polarizada en casi todos los órdenes, sea político, social, cultural y, sobre todo, económico.

Ya que, por un lado, encontramos los inmensos conjuntos financieros y comerciales, pero por otro lado, abunda el comercio informal y las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en precarias condiciones.

Sin duda, la reforma constitucional, reiteramos, surgirá la necesidad de que la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, los estados y municipios de la zona metropolitana, deban establecer mecanismos de coordinación administrativa, con el fin de prever la planeación del desarrollo, sobre todo en la ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos.

En este mismo contexto se puntualiza en la responsabilidad que recae en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, en tanto a que a éste corresponderá a acordar las acciones en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, el cuidado del transporte, del agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad.

En el régimen jurídico, se reconoce que dos de los objetivos que alcanzan con la reforma constitucional, consisten en que se otorgará mayor autonomía a las autoridades locales, así como se logrará el establecimiento de un régimen jurídico específico en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Finalmente, impulsaremos para seguir trabajando en establecer los medios necesarios para lograr un mayor acercamiento entre los gobiernos y las necesidades de la comunidad.

Por esta razón, estamos a favor de un nuevo nivel de gobierno que acerque a los ciudadanos con sus autoridades, ya que sabemos que la descentralización de funciones permite que los gobernados tengan un mayor acercamiento con las autoridades y cada órgano de gobierno se dedique a realizar las funciones básicas necesarias para satisfacer las necesidades de la población.

Por lo anterior y en virtud de que en este Estado federal, como es México, deben coexistir necesariamente el orden jurídico del Estado federal y los ámbitos de competencia en las entidades federativas, es que en este sentido nuestro voto será a favor de la reforma constitucional, esperando que sea realmente para beneficiar a las capitalinas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias, Senadora Lisbeth.

En uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, buenas tardes a todas y a todos.

Quiero, antes de comenzar, hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros que se han esforzado bastante en esta reforma, a la compañera Alejandra Barrales, a Dolores Padierna, a Alejandro Encinas y a nuestro coordinador del grupo parlamentario.

La Reforma del Distrito Federal ha sido un gran tema, un tema de importancia para todos los habitantes de esta ciudad y del país, y hablo de esta importancia histórica, política y jurídica, pues durante muchos años se han negado importantes derechos a los ciudadanos de este bastión de la izquierda mexicana, que además ha demostrado la calidad de gobierno que somos capaces de ofrecer, un gobierno donde realmente se respetan las libertades.

No tengo la menor duda de que el espíritu de la reforma favorece el sistema federalista de nuestro país.

Es una reforma necesaria, es un hecho que el Distrito Federal requiere ser revestido de una estructura de Estado reconocida como tal, que abone a los derechos plenos de los habitantes del Distrito Federal; que cuente de una vez por todas con su propia constitución, lo que le dará mayor orden, mayor certeza jurídica a su organización interna.

Otro derecho indiscutiblemente reconocido es el poder participar en el procedimiento de la reforma constitucional, que no es otra cosa que precisamente la garantía de este federalismo, y por su parte contar ahora con todos los derechos y prerrogativas de los estados.

Sin embargo, en esta ocasión votaré en contra de este dictamen, ya que no comparto el hecho de que considero una gran contradicción, muy grande, del espíritu de la reforma en la integración de esta Asamblea, de esta Asamblea Constituyente que creará la constitución política que dará vida y que como la misma expresión lo dice, constituirá a esta ciudad con autonomía que durante tantos años ha anhelado y se le ha negado.

La Reforma Política es, sin duda, necesaria y los ciudadanos del Distrito Federal requieren de derechos plenos, sin embargo, la propuesta que se conoce como integración del congreso constituyente es incongruente. Incongruente de manera total con el objetivo.

Considero que no debe aprobarse la designación de Diputados; no debe haber integrantes designados, todas y todos deben ser electos de forma directa, y los ciudadanos deben conocer su propuesta para la organización democrática de la ciudad capital.

Esta Asamblea, como ya se ha comentado, estará integrada por 100 ciudadanos, de los cuales, 60 serán electos en las listas de los partidos políticos; 14 serán designados por los Senadores; 14 serán elegidos por Diputados, ambos por las dos terceras partes de las cámaras, y lo más aberrante es que 6 de ellos serán nombrados por el Presidente de la República y 6 más por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

¿Y los ciudadanos? ¿En qué momento se da la apertura para que ellos puedan participar?

De entrada, esta estructura de constituyentes excluye la participación ciudadana que supuestamente ya era una conquista y un avance constitucional a raíz de las reformas constitucionales y electorales de febrero de 2014.

Es inaceptable que no se contemple la oportunidad de participación directa de la ciudadanía en la integración de esta Asamblea.

Es tan incongruente como que hayamos dado pasos importantes en la legislación para candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, y hoy con esta reforma le damos para atrás a este tema tan importante.

Tan incongruente como cuando legislamos en equidad y en paridad y nombramos un órgano para que vigile que estos derechos se apliquen, integrado por 8 hombres y 3 mujeres.

Por otro lado, no debe aprobarse la designación de Diputados y Senadores.

¿Cuál es el objeto de que haya legisladores en esta Asamblea?, y miembros del Congreso que deberíamos estar impedidos en un nuevo congreso constituyente.

¿Cómo es posible que se piense que integrantes designados por dedazo van a realizar un trabajo sin consigna?

Todos los miembros de una Asamblea Constituyente deben ser electos de forma directa por la ciudadanía, y tienen que presentar, presentarse públicamente y presentar una propuesta de organización para la ciudad, para esta ciudad capital, y que sea la ciudadanía quien decida si les favorece con su voto o no.

Por éstas y otras tantas razones he decidido votar en contra del dictamen y de esta reforma, tan necesaria pero tan deficiente desde mi perspectiva.

Considero que es momento de oponerse a tal planteamiento porque la izquierda ha luchado mucho por impulsar la participación ciudadana y democrática.

La constitución de una Asamblea Constituyente con esas características solamente nos lleva a tener la certeza de que este documento constitucional que se llevará a cabo no contará con el respaldo social ni con las aportaciones de la ciudadanía.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza.

En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Gracias, Senador Barbosa.

La verdad es que resulta paradójico cómo en los momentos donde los órganos representativos de nuestro país atraviesan por la peor crisis de credibilidad; todos los órganos de representación popular; las instituciones públicas, los partidos hagamos un esfuerzo tan profundo por demeritar y desvirtuar nuestro propio trabajo.

Porque la verdad, si revisamos con detenimiento el contenido de la reforma, con la sola excepción de la integración por designación del 40 por ciento del congreso constituyente, estamos dando un paso que, sin lugar a dudas, va a marcar no solamente una diferencia profunda en el ejercicio de la vida democrática y en el ejercicio de los derechos políticos de la Ciudad de México, sino que va a abrir un nuevo espacio a modalidades de organización y de participación ciudadana distinta.

Y uno de estos ejercicios novedosos es la elección del 60 por ciento del constituyente a partir de una lista de una sola circunscripción, lo cual es propio de muchos sistemas parlamentarios en el país; es el caso de España, es el caso de Italia, es el caso de otros países donde en el régimen parlamentario, la lista define la composición de los órganos legislativos y eso no demerita su origen y legitimidad democrática.

Y lamentablemente, como lo advertí desde mi primera intervención, seguimos regresando a la vieja discusión que tiene ya más de un siglo, en esta lógica de que la Ciudad de México es el fiel reflejo del centralismo, cuando no se quiere entender que el centralismo no está en el gobierno de la Ciudad de México, sino que el centralismo es la desmedida concentración de facultades políticas y de manejo de los recursos públicos en el gobierno federal.

Y hay que diferenciar el gobierno federal y el centro, de lo que es el gobierno del Distrito Federal, y no creo que sea un asunto, en ocasiones, de regionalismo o de provincianismo, yo creo que a veces es desconocimiento, falta de información, aunque también hay que señalar que esa visión regionalista y esa actitud que se acendró durante muchas décadas en contra de los habitantes del Distrito Federal, llegó a situaciones extremas en el estado de Jalisco, en los años 60 y 70, con aquella consigna que decía: "Haz patria y mata un chilango", y eso es justamente lo que hay que erradicar en esta discusión y en este tipo de concepciones, porque insisto, el centralismo no está en la capital de la República, está en la desmedida concentración del poder público en el gobierno federal.

Y aquí se han señalado algunos de los supuestos privilegios de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal. Que tienen un trato presupuestal privilegiado, lo tuvo, yo lo dije en mi primera intervención, cuando ésta se erigió en la ciudad del Presidente.

Pero a partir de la elección de los gobiernos democráticos, no solamente han ido disminuyendo significativamente cada año las participaciones federales que le corresponden, sino que también de manera inducida se reportaron la posibilidad de obtención de mayores recursos a la ciudad, donde recuerdo, cuando es electo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Jefe de Gobierno, por primera ocasión, aquí en el Distrito Federal, se hereda una deuda de 18 mil millones de pesos de los gobiernos del PRI, del Departamento del Distrito Federal, que tuvo que asumir el gobierno de la Ciudad de México.

En ese año, y en los subsiguientes, el gobierno federal nunca pagó 2 mil 800 millones de impuestos sobre la nómina que debió haber enterado a la ciudad, y a la fecha no lo hace, e incluso, en 1998, en la Cámara de Diputados no se autorizó el techo de endeudamiento de la ciudad, y se habla de favorecer a la Ciudad de México con el subsidio a la educación y a los servicios de salud.

Yo quiero recordarles, que en el convenio, en el proceso de descentralización educativa, lo que se acordó fue, no solamente descentralizar la administración de los servicios educativos a los estados, sino los recursos económicos de la federación para asumir esos gastos, lo que no sucedió.

Al Distrito Federal, en el momento de la descentralización educativa, se le recortaron 14 millones de pesos de participaciones, supuestamente para sufragar el costo que implicaría la descentralización a los otros estados de la República. Y lo que sucedió es que el gobierno federal no cumplió con la obligación de entregar las participaciones que le correspondían más que en el primer año.

Y hoy están en el colmo de lo absurdo, porque hoy en los estados, ni administran los servicios educativos federales, ni sirven los planes y programas de estudio, ni incide en la contratación y en las condiciones generales de trabajo que les impone el gobierno federal a los maestros, ni inciden en el ingreso de promoción y permanencia de los maestros a partir de la creación de la reforma educativa y el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, y ni siquiera pagan la nómina, ni definen las comisiones de los maestros en su estado.

Aquí la discusión debería ser al revés. Lo que deberían de plantearse hoy los estados de la República es regresarle al gobierno federal los servicios educativos, porque solamente descentralizaron la administración del conflicto y no administraron la prestación de los servicios educativos, y eso es lo que hay que discutir en serio, porque además nunca quisieron descentralizar los servicios educativos al Distrito Federal, primero, porque establecieron como condición en el convenio de descentralización, que hubiera acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por supuesto, porque no solamente el SNTE quería conservar el control sobre los maestros del Distrito Federal y una Subsecretaría de Educación Pública en el ámbito federal, sino porque sabían la enorme fuerza que implicaría darle a la izquierda el poder incidir en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de la educación en la Ciudad de México, porque incluso ésta es la relación negativa con el gobierno federal, que teniendo una ley que otorga los útiles escolares a todos los estudiantes de las escuelas públicas, la SEP no permite al gobierno de la Ciudad entrar a las escuelas a entregar, ni los libros de texto, ni los útiles escolares, ni los uniformes gratuitos a los estudiantes de las escuelas públicas, y otros componentes, como el caso del sector salud.

Yo nada más, por economía de tiempo, voy a dar algunos datos que actualmente existen, por ejemplo, el día de hoy, el 21 por ciento de los estudiantes de las escuelas públicas, en primaria y secundaria, del Distrito Federal, provienen del Estado de México; el 21 por ciento de las atenciones médicas de los servicios de salud del Distrito Federal, se proporcionan a habitantes de otras entidades, principalmente del Estado de México, pero también de Hidalgo, de Guerrero, de Oaxaca, de Morelos, de Tlaxcala, de Jalisco.

El 36 por ciento de las atenciones en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México, es para atender a población de otras entidades del país.

El 90 por ciento de las emergencias médicas del Estado de México se atienden en el Distrito Federal.

El 46 por ciento de los usuarios del Metro, que está subsidiado su boleto, provienen del Estado de México y de Hidalgo, particularmente, y qué bueno que eso suceda, porque tiene que entrarnos en la cabeza que este país cambió, éste ya no es un rancho, éste es un país que vive en zonas metropolitanas que tienen relaciones de interdependencia común, y así como el Estado de México abastece en cerca del 33 por ciento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México, no solamente al Distrito Federal, porque el 65 por ciento del abasto de agua del Distrito Federal viene de los acuíferos de la ciudad, hoy hay que entender esa relación de reciprocidad, y por eso los avances en materia de desarrollo metropolitano.

No subestimemos lo que estamos haciendo. Yo soy crítico de la composición del Congreso Constituyente, pero lo que estamos logrando hoy es lo que, por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Madrid no nos otorgó en 86, porque ni siquiera quisieron dictaminar una reforma política para el Distrito Federal; o como nos sucedió en 91, que el PRI, en el Senado, echó para atrás la votación mayoritaria de la Cámara de Diputados de una reforma que daba autonomía a la ciudad.

Tomemos decisiones en función de los intereses de los ciudadanos. Yo sé que aquí ya hubo quien inició su campaña por la Jefatura de Gobierno, descalificando la reforma, no se la quieren dar en prenda al Gobierno de la Ciudad, por eso ese demérito, por eso juego electoral por esa forma de reacomodo y de no reconocer el mérito de la misma, pero yo lo digo: no me gusta la integración del Congreso Constituyente, pero hoy, les guste o no, hemos logrado las principales reformas y demandas que la izquierda se propuso, que la izquierda se propuso para lograr la autonomía y los derechos plenos para los habitantes de la ciudad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si considera que este asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria Senadora.

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Se han registrado las siguientes reservas:

El Senador Manuel Bartlett Díaz, el artículo 122, así como las comisiones dictaminadoras.

Artículo Séptimo Transitorio, el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Pablo Escudero Morales.

Artículo Noveno Transitorio, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

Y Artículo Décimo Séptimo Transitorio, Senadores del Partido Acción Nacional, encabezados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Está claro que cuando mencioné las reservas de las comisiones dictaminadoras, son los documentos que se agregaron al inicio de la discusión, en relación al artículo 122.

El Senador Mario Delgado, el Artículo Séptimo Transitorio, Octavo Transitorio y Noveno Transitorio, en relación a una propuesta de referéndum.

El Artículo Séptimo Transitorio, en relación a un Constituyente Ciudadano.

Artículo Séptimo Transitorio y Noveno Transitorio, en relación a la facultad de presentar proyecto de Constitución.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un monto máximo de endeudamiento de la Ciudad de México.

Los artículos 2 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la autonomía constitucional de la Ciudad de México.

Para adicionar un Décimo Octavo Transitorio, Senador Mario Delgado, sobre remuneración de los concejales de las alcaldías.

Y dice así otra, se adiciona Décimo Noveno Transitorio, sobre método de determinación del abono de capitalidad.

Entonces, esos son los artículos que quedan.

Sonido en el escañó del Senador Juan Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para hacerle notar, que yo también había solicitado la reserva, promoví una reserva en el caso del Artículo Décimo Transitorio, que no escuché que me haya mencionado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tomamos nota, Senador Juan Gerardo Flores.

¿Alguien más pretende hacer alguna reserva?

Sonido en el escaño del Senador Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo quisiera referirle que tramité tres paquetes de reservas, para que fueran considerados como reserva en esta discusión. Pero entiendo los acuerdos parlamentarios y los consensos que se deben de lograr. Y yo quiero hacer honor a la palabra de mi grupo parlamentario.

Bajo esa tesitura, de esos tres paquetes, en donde había varias reservas a artículos muy importantes de este Decreto, yo quiero pedirle, para abonar a la fluidez que se dé la discusión y la votación, que en el caso particular, retire, si es que mi grupo parlamentario está presentando los tres paquetes de reservas.

Quisiera no presentar absolutamente ninguna reserva. Y decirles que abonemos a la rapidez con la que saquemos adelante, algo a lo que creemos, los que hemos estado discutiendo toda la tarde, que hay un consenso de grupos parlamentarios y tenemos que honrar una palabra y no vayamos estar aquí toda la madrugada, sabiendo que tendremos la oportunidad de revisar, de mejorar y de perfeccionar lo que hoy se vaya votar aquí.

A sabiendas de que no queremos ir artículo por artículo, que nos lo voten en contra, por favor, retire mis propuestas. Y yo invito a otros compañeros, a que retiren propuestas, en virtud de que hay un Acuerdo, hay un consenso, y que si lo vamos a respetar, pues no entretengamos al Senado de la República hoy, hasta altas horas de la madrugada, en trámites absolutamente infructuosos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senador Fayad.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no hizo el registro de ningún paquete de reservas.

Pero le agradecemos, de verdad, su disposición y su voluntad para poder desahogar este trámite de este proceso legislativo.

Gracias, Senador Fayad.

Háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron un total de 116 votos, contando el voto de la Senadora Lilia Merodio, de ellos, 88 a favor, 27 votos en contra y 1 abstención.

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado por más de dos tercios de los Senadores presentes. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.

Por tratarse de una reforma constitucional, la discusión en lo particular y las propuestas de modificación las desahogaremos bajo la prescripción del párrafo dos del artículo 224 del Reglamento, que exige que la discusión debe realizarse artículo por artículo, cada Senador hará la presentación de su propuesta de reserva para cada artículo en el momento en que se aborde, discutiremos cada artículo de forma separada en orden progresivo, de la misma forma realizaremos su votación.

Con fundamento en el artículo 202 del Reglamento del Senado, se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse al artículo 2 del proyecto de Decreto.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para retirar la reserva del artículo 2 y del artículo 40, por favor.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recibir la votación de estos dos artículos en los términos del dictamen, el 2 y el 40.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se recibieron un total de 111 votos, tomando en cuenta los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico. En total, 86 votos a favor, 24 votos en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Por una mayoría, mayor a dos tercios, quedan aprobados los artículos 2 y 40 del proyecto de Decreto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse a la reserva del artículo 73 del proyecto de Decreto.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Este es uno de los artículos que representa los claroscuros en lo que hoy se está aprobando.

Curiosa autonomía que se aprueba, en donde no se tiene la posibilidad de controlar el financiamiento. Si no se controla la posibilidad de endeudamiento, desde el congreso local de la Ciudad de México, pues seguirá el sometimiento que tiene la ciudad en esta materia, a las coyunturas políticas que se van presentando año con año en la negociación presupuestal.

Desde 1997, en que esta ciudad ya no es gobernada por un funcionario designado por el Presidente de la República, ésta ha sido una de las fuentes de chantaje político permanente al gobernante en turno.

Es una gran paradoja que se haga esta reforma para darle autonomía a la ciudad y se renuncie a tener el control del financiamiento. Si se quiere ser autónomo, pues hay que tener, hay que atreverse a dar el paso de controlar el financiamiento.

He escuchado muchos discursos aquí respecto del federalismo, pero se olvidan que el debate del federalismo tiene que ser permanente, porque este Congreso, este Senado ha aprobado, con Senadoras y Senadores que han venido a hablar aquí de que esta reforma es poco federalista, han aprobado reformas que son golpes contundentes al federalismo, como el de la educación, o precisamente, como el artículo 73 constitucional, donde se cambió el modelo de endeudamiento público de las entidades federativas para darle la posibilidad que el Secretario de Hacienda otorgue garantías al financiamiento, endeudamiento de los estados.

No hay mayor control que el presupuestal, no hay mayor control que el tener, el Secretario de Hacienda, la posibilidad de controlar a quién le da financiamiento y a quién no.

Como Secretario de Finanzas me tocaron varios capítulos, en donde se le negaba a la ciudad la posibilidad de tener el endeudamiento que se pedía.

Cuauhtémoc Cárdenas cuenta en sus memorias, que una de las primeras experiencias que tuvo como Jefe de Gobierno, fue recibir una llamada del Secretario de Gobernación para decirle que la Cámara de Diputados no iba a aprobar la deuda que estaba solicitando la ciudad, si no se callaba, por cierto, quien nos visita por aquí, a Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, en el tema del FOBAPROA.

Es decir, ha sido una fuente de chantaje político permanente que no deberíamos permitir que esto siga sucediendo, porque curiosa autonomía que se va a tener en la ciudad, que se permite, al mismo tiempo, esta variable, que es de control político estrictamente.

Entonces, ¿cuál es el impacto de que la ciudad no controle este financiamiento? Qué la ciudad pierde su capacidad de planeación.

¿Por qué no tiene esta ciudad una planeación de largo plazo del desarrollo de su infraestructura? Porque no puede controlar este financiamiento.

Y ha dado muestras esta ciudad, de tener una gran responsabilidad fiscal. Si vemos la evolución de la deuda de la Ciudad de México, es una de las más controladas, una de las más moderadas, donde en términos reales no ha crecido, como ha crecido, desafortunadamente, de manera desordenada y descontrolada en otras entidades.

Aquí hay un buen control de la deuda, que es auditada por la Contraloría local, por la Auditoría Superior Local, por la Auditoría Superior de la Federación al ser deuda federal, y, además, al tener colocaciones en bolsa, por distintas calificadoras públicas.

Ha habido un buen comportamiento del endeudamiento público, y es una decisión que han tomado los gobiernos de la ciudad, de ser responsables y dedicar ese endeudamiento exclusivamente a lo que dice la Constitución, que es al financiamiento de infraestructura.

Entonces, si se quiere ser autónomo, bueno, pues hay que tener la capacidad de tomar las riendas del financiamiento.

Entonces, la petición o la propuesta de modificación que hoy se hace, es el suprimir el párrafo del artículo 73 constitucional, fracción VIII, para que ya no sea el Ejecutivo Federal quien tutele la deuda pública de la Ciudad de México.

Si se quiere ser autónomo, se tiene que terminar con este tutelaje, que es fuente de chantaje político permanente.

Aún con esta reforma, en caso de que pase en Cámara de Diputados y sea aprobada por el Constituyente Permanente, va a ocurrir exactamente la misma situación cada diciembre.

El Jefe de Gobierno va a tener que ir a hacer una negociación política con la fuerza política dominante, con la mayoría de los Diputados, para poder tener su deuda. Va a tener que explicarles a Diputados de Chihuahua, de Guanajuato, de todos los estados, de por qué se está solicitando determinado monto de endeudamiento y qué es lo que se va a financiar. Pues esa no es mucha autonomía que digamos.

Me parece un artículo fundamental, que le daría, insisto, a la Ciudad de México la capacidad de planear el desarrollo y financiamiento de su infraestructura en el mediano y largo plazo y, por lo tanto, la posibilidad de competir en términos de productividad con otras ciudades región en el mundo.

La petición es darle autonomía a la ciudad en la decisión del manejo de su deuda.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Mario Delgado.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del Senador Mario Delgado, relativa al artículo 73. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 73 en los términos del dictamen.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, de conformidad con el registro del sistema, más los votos aquí solicitados, se emitieron un total de 102 votos, de los cuales, 81 votos fueron a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto, por haber obtenido una mayoría superior a dos tercios de los votos emitidos.

Hago la siguiente declaratoria, para informarles que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico en el proyecto de reporte de votación de este asunto. Así será en cada una de las votaciones, es decir, la votación que esté referida en el sistema electrónico, más los votos tomados fuera del mismo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para referirse a su reserva al artículo 122 del proyecto de Decreto.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Proponemos la reserva al artículo 122, inciso A, fracción I, segundo párrafo, para quedar en los siguientes términos.

Artículos 122 dice: "La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de esta Constitución".

La norma debe decir: "Artículo 122. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución, además contendrá el referéndum para la aprobación de reformas constitucionales y legales trascendentes y la revocación de mandato en los términos que dispongan las leyes".

El dictamen no promueve la democracia participativa, lo hemos dicho en varias intervenciones, proponemos por ello, atendiendo a esta falta de ciudadanía, ausencia de ciudadanía, proponemos que el dictamen realmente haga participar a la soberanía aunque sea ya después de imponerle una Constitución en la que no ha participado, cuando menos que establezca ahí el referéndum y la revocación de mandato.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Esta es su reserva don Manuel, del artículo 122?

Como es una reforma constitucional, don Manuel, debe ser artículo por artículo. Ahorita le preguntamos a la Asamblea, sólo porque usted nos lo pide.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la modificación presentada al artículo 122 por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

La Secretaría Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la reserva presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, con relación al artículo 122. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación del artículo 122 presentadas por las comisiones, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a la propuesta presentada por las comisiones al artículo 122 constitucional, fracción VIII.

Dice: "La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública local y los particulares, y estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados y regulará el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones".

Debe decir:

"Fracción VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

El tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública local y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos.

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados.

La investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin prejuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

Atentamente

Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Rúbrica.

Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal. Rúbrica.

Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Rúbrica.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Rúbrica".



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta propuesta presentada por las comisiones dictaminadoras.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las propuestas presentadas por las comisiones correspondientes que dictaminaron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. No habiendo oradores interesados en hacer uso de la voz, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, se aprueba la propuesta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, la propuesta de modificación aprobada se incorpora al artículo 122 para su votación nominal.

Hago la aclaración, una mención pertinente, que los documentos que fueron incorporados a la discusión presentados por las comisiones dictaminadoras, fueron admitidos y votados en la votación en lo general, porque no fue reservado ningún artículo de su contenido.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 122 con la propuesta aprobada.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, en total se recibieron 103 votos, incluyendo los dos votos de manera directa; fueron 85 votos a favor, 18 votos en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

Como ya lo he mencionado, la Secretaría de esta Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico en el reporte de votación de este asunto.

En consecuencia, queda aprobado el artículo 122 del proyecto de Decreto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos a desahogar las reservas al Artículo Séptimo Transitorio.

Don Manuel Bartlett, sonido en su escaño.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Le recuerdo que le dije hace un momento que tenía yo una reserva al artículo 122 A, fracción II, párrafo sexto, y me dijo usted que teníamos que desahogar la primera y luego la segunda, de manera que sigue éste, si así lo dispone usted, señor Presidente de la Mesa.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel, cuando usted me dijo al terminar su intervención, lo que yo escuché o entendí fue que tenía dos reservas, lo que yo le dije es que se presentaban de manera separada, artículo por artículo, y si hay más de una reserva para un artículo se desahogan y se vote el artículo; este artículo ya fue votado, debió haber sido presentada su reserva antes de que se votara, pero le propongo algo don Manuel, porque ya fue votado, no podemos abrir el debate a un artículo que ya está votado, que venga usted a tribuna a exponer su propuesta y que se registre en el Diario de los Debates, ¿le parece esa propuesta, don Manuel?

Usted sabe que usted y yo nos entendemos bien, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Agradeciéndole al Presidente poder presentar algo que ya fue votado, no obstante que ya lo había yo pedido, esta reserva es para lo siguiente.

Corresponde a la entidad de fiscalización revisar la cuenta pública del año anterior, la cual será un órgano constitucional autónomo cuyo titular será electo por voto directo de los ciudadanos. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Una vez revisada la cuenta pública, la entidad de fiscalización promoverá las acciones de responsabilidad que correspondan.

La entidad de fiscalización debe ser un órgano constitucionalmente autónomo, independiente de la Asamblea Legislativa y su titular debe ser electo por los ciudadanos, que está en la misma línea del Senador Delgado, que establece toda clase de frenos a la supuesta autonomía.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel, por qué no se queda usted en tribuna. Sobre su exposición, queda registrada en el Diario de los Debates, pero tiene usted una reserva al Artículo Séptimo Transitorio, y ya le toca, sí, no es viernes, pero ya le toca.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Presentamos una reserva al primer párrafo del Artículo Séptimo Transitorio en los siguientes términos.

Por eso no entienden al pueblo, señor Emilio Gamboa, no atiende usted las presentaciones más importantes, señor Emilio Gamboa, ahí voy.
Dice, "La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá de 100 Diputados constituyentes que serán elegidos...".

La norma debe de decir: "…La Asamblea Constituyente se compondrá de 66 Diputados constituyentes, elegidos según el sistema electoral que se encuentre vigente para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal...".

El método electoral que propone el Artículo Séptimo Transitorio del dictamen para la Asamblea Constituyente es elitista, antidemocrático; este método se propone que los Diputados constituyentes sean elegidos por el principio de mayoría.

El sistema o método propuesto en el dictamen en el Séptimo Transitorio es para que el Presidente de la República y las élites de todos los partidos definan la composición del Constituyente del DF sin darles a los ciudadanos la posibilidad de elegirlos por mayoría.

Siguiente reserva al Artículo Séptimo Transitorio.

En la norma dice: "…es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del DF elaborar y remitir el proyecto de Constitución de la Ciudad de México para que sea discutido…".

Debe de decir: "…es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los Diputados constituyentes electos y de los ciudadanos elaborar proyectos de Constitución Política de la Ciudad de México, todos los que serán discutidos, en su caso modificados, adicionados y votados por la Asamblea Constituyente sin limitación alguna en la materia…".

Justificación de la reserva.

Es elitista, insistimos, que sólo el Jefe de Gobierno y los Diputados constituyentes intervengan en el diseño de la nueva Constitución.

Los ciudadanos también deberían tener el derecho de presentar iniciativas de nueva Constitución para que sea discutida y aprobada por el constituyente.

En esta línea se ha avanzado cuando se habla de iniciativa ciudadana que aquí tampoco tiene ninguna posibilidad de expresarse.

Y la tercera reserva es, al último párrafo del Artículo Séptimo Transitorio.

La norma debe decir: "…el texto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente será sometido a referéndum para que el pueblo decida por mayoría de votos de los electores que participen en el día de la jornada respectiva, si el proyecto adquiere el carácter de Constitución, en caso de que el texto sea aprobado por el pueblo mediante referéndum, se publicará en el Diario Oficial del Distrito Federal, sin necesidad de promulgación ni de referéndum.

La justificación.

La ciudadanía debe de tener la última palabra para determinar si el texto aprobado por la Asamblea Constituyente adquiere el carácter de Constitución.

El dictamen propuesto sin referéndum es profundamente antidemocrático.

Eso es todo, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por don Manuel Bartlett Díaz, relacionadas indudablemente con el Artículo Séptimo Transitorio.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Manuel Bartlett, relacionadas con el Artículo Séptimo Transitorio. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan y no se admiten a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Para referirse al mismo artículo del proyecto de Decreto, es decir, el Séptimo Transitorio, se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales.

El Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

Yo he retirado las primeras dos reservas, solicitándole que quede en el Diario de los Debates, porque estas reservas que he presentado, tres reservas, desde el principio de la exposición, que evidentemente lo dijimos y votamos a favor de esta reforma, tenía carencias; tenía problemas serios, graves, que están sucediendo en el Distrito Federal, y no era correcto abstraernos de esta discusión sin que quedara en el Diario de los Debates, sin que pudiéramos dar de frente a los ciudadanos del Distrito Federal nuestra opinión.

El Distrito Federal atraviesa por una crisis de corrupción, esa es la verdad al día de hoy; una crisis de corrupción en el Distrito Federal.

Hace rato escuchaba a alguna compañera mía que decía, las reservas de los segundos pisos, y nos recordaba esas historias.

Yo quisiera recordarles lo que sucede ahora, lo que sucede hace unas cuantas semanas, hace unas cuantas semanas que el Gobierno del Distrito Federal no nos deja saber cuántas luminarias compra, cuántos focos compra; esta información se ha reservado por cuatro años.

El Gobierno del Distrito Federal no nos deja conocer la licitación de la compra de focos. Ese es el nivel de corrupción que existe en el Distrito Federal.

Una compra de 158 mil luminarias, 158 mil focos. ¿Cuánto costó? Una erogación de 2 mil 600 millones de pesos.

Un ciudadano, un ciudadano del Distrito Federal quiso acceder a esta información. ¿Cuál fue la respuesta? Reserva de información que fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios.

¿Qué alegaron? ¿Qué alegaron en ese momento? que los datos podrían derivar en una manipulación de un tercero, y alegaron que podían malinterpretar.

Al cabo de unas denuncias ciudadanas, se descubrió que parte de estas licitaciones las ganó la esposa del Secretario de Obras. Más de 60 millones que el Secretario de Obras le dio a su esposa. Esos son los niveles de corrupción que existen en el Distrito Federal.

Y quisiera compartir con ustedes las encuestas, la encuesta del INEGI.

¿Qué es lo que dice la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental?

¿Qué es lo que dice respeto al Distrito Federal?

¿Cuál es la principal problemática, lo que le preocupa al ciudadano del Distrito Federal?

De 6 millones 243 mil personas; 4 millones, 4 millones de ciudadanos dijeron que era inseguridad y delincuencia; 3 millones 244 mil, dijeron que era corrupción. No sólo eso, no hablemos sólo de las cifras del INEGI, vamos con unos buenos conocidos, que aquí siempre nos acompañan en los debates y en los foros.

Transparencia Mexicana empezó, hace unos años, a recoger, a recabar información y a realizar un Índice Nacional de Corrupción y de Buen Gobierno, ese es el trabajo que ha hecho Transparencia Mexicana. Y ahí, hay que decirlo: es una vergüenza.

Tenemos en el Distrito Federal el primer lugar en el Índice Nacional de Corrupción, comparado con todas las entidades federativas.

¿Cómo es posible?

¿Cómo es posible que no traigamos este tema a la tribuna, que dejemos esa preocupación clara y consistente?

Que los ciudadanos del Distrito Federal que nos ven desde sus hogares no digan: ¿Y qué sucede con la corrupción?

Está ahí lo que le preocupa al ciudadano, está ahí la corrupción que se vive el día a día.

Nos dice Transparencia Mexicana: pago de predial, solicitar un beca para pagar algún tipo de estudios, recibir apoyo o incorporarse al programa de gobierno, introducción o regularización de servicios de agua y drenaje, conexión o reconexión de agua, obtener o acelerar actas de nacimiento. Esa es la preocupación que existe, día a día, en el Distrito Federal.

Por eso he dicho que estos temas que hemos planteado aquí, que nos ocupan y que nos preocupan, serán temas que forzosamente tendremos que discutir en la Asamblea Constituyente.

Aquí hemos realizado un acuerdo, un acuerdo parlamentario que vamos a honrar, como siempre hemos honrado nuestra palabra.

Por eso, señor Presidente, le pido que se retire esta reserva y que se registre en el Diario de los Debates la problemática que hemos expuesto aquí.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Toda vez que retiró la propuesta de modificación y abrir un debate, solicito la palabra para hechos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Debemos de consultar, don Alejandro, si se admite a discusión o no. Sí, subió a razonar el retiro de sus reservas, pero no está a discusión aún. Se va a consultar si se admite, o no se admite a discusión.

Hágalo, Secretaria Senadora, por favor.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica, se consulta a la Asamblea, si se admite a discusión el retiro de la reserva presentada por el Senador Pablo Escudero.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Perdón, hay que corregir los errores, y éste es uno mío.

¿Cómo voy a preguntar a la Asamblea si está a discusión, si ya retiró la reserva?

En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar las reservas sobre el mismo artículo, que ya no sé si existe o no existe, pero adelante.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Aunque no lo crean, coincido con el orador anterior, que hay una crisis de corrupción en la Ciudad de México, sobre todo en las Lomas de Chapultepec, donde están pululando casas que nadie nos puede explicar cómo han sido financiadas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador.

Le voy a pedir a los asambleístas, a las asambleístas que conservemos el decoro, ha sido un debate rico, ha sido un debate respetuoso.

También exhorto al Senador que está en tribuna que trate de ser cuidados o en las aseveraciones para no provocar respuestas públicas.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Senador, pero, quien inició este debate fue el orador anterior.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame.

Usted está presentando una reserva, no está contestando al debate, a ningún debate.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Regreso a las reservas.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No está a discusión, Senador Mayans, no está a discusión, está presentando una reserva.

Se somete a consideración de la Asamblea si se admite a discusión, si se aprueba, habrá discusión a favor y en contra y todas las reglas que se aplican en el Reglamento.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Bueno, quiero presentar el resto de mis reservas, señor Presidente, si así me lo autoriza, en esta exposición, se trata del Séptimo Transitorio, del Octavo, del Noveno, y adicionar un Décimo Octavo y un Décimo Noveno.

Hablamos aquí de que haya bases importantes para la Ciudad de México, sin duda que los hay. Pero el corazón de la Reforma de la Ciudad de México, es dotarla de una Constitución.

La materialización de su autonomía radica en tener un texto que nunca ha tenido la ciudad, que sea reflejo de los sueños y aspiraciones, derechos y obligaciones de los capitalinos, que sea un gran acuerdo de hacia dónde vamos como ciudad y qué queremos ser.

De tal manera que es muy importante, pues, la definición que se hace en estos artículos transitorios de ¿quién va a hacer la constitución? ¿A quién le encargamos que haga la constitución?

En la capital de la República, el motor de la democratización en nuestro país, donde están los ciudadanos más informados, más participativos, más politizados, mejor comunicados de todo el país.

Por ello, desde noviembre del 2013 propusimos una iniciativa para que se hiciera un Congreso Constituyente, electo expresamente para tal fin, para ello, y que abriera espacios a los ciudadanos.

Y no es una cuestión menor, esta ciudad así lo exige. Es el reconocimiento a que la democratización de la capital, ha sido un logro de la ciudadanía, informada, crítica, y ha marcado la agenda democrática, no sólo en la ciudad, también en el país.

Y hoy, cuando estamos en medio de una crisis de credibilidad en los partidos, del alejamiento de los mismos con la gente y de una crisis terrible de confianza, ya no sólo en los partidos, sino en el sistema de partidos y en nuestra democracia para lograr una transformación del país, le cerramos la puerta a la ciudadanía; en lo que debería ser un momento fundacional en la historia de la capital y detonar con ello una revolución ciudadana en el resto del país.

Efectivamente, se está proponiendo una fórmula para permitir que haya candidaturas independientes, que haya una representación plural más amplia en el Constituyente. Pero ya sabemos que estás fórmulas siempre son muy inequitativas para los ciudadanos.

Una pregunta, ¿por qué después de tantos años, hoy el PRI está de acuerdo en esta reforma? Cuando todo lo que hemos visto, desde su regreso al poder, ha sido una centralización y la destrucción del federalismo con las múltiples reformas que aquí se han aprobado.

Puse de ejemplo, la de deuda, pondría la de Educación, la creación del INE, en fin, todas son reformas que van centralizando el poder y en contra del federalismo.

Porque hay un pago de esta reforma. El costo de esta reforma, es entregarle una representación artificial al PRI, que los habitantes de la ciudad le han negado una y otra vez con su voto desde 1997.

En las negociaciones, en esta legislatura, en este Senado, siempre se pretendió que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, electa en el 2015, se le dieran facultades extraordinarias para que aprobara una Constitución, cuyo proyecto era enviado por el Jefe de Gobierno. Como si fuera una ley cualquiera, con un cálculo político de muy corto plazo. Que revelaba que en realidad no se quería la gran transformación de la ciudad, sino tener una bandera de una supuesta victoria política.

¿Y por qué de repente se abandonó esa idea?

¿Por qué de repente optaron por un Congreso Constituyente?

¿Se habrán vuelto de repente progresistas?

No, simplemente las cuentas ya no les empezaron a salir. Ese cálculo que tenían, que se hizo hace un par de años, año y medio, de que iba a ser un día de campo la aprobación de la Constitución, con la mayoría que estaba planteando esta vía de aprobación de la Constitución, pues ya de repente no les salen las cuentas, porque hay un equilibrio que se está configurando en la capital, diferente.

Sin embargo, pues este cambio de opinión, para apoyar el Constituyente, que propusimos, pues tiene truco. Es un Constituyente a modo, al incorporar designaciones, por parte del Congreso, por parte del Presidente y por parte del Jefe de Gobierno.

Por supuesto que hay modelos parecidos, no se está cuestionando la legalidad de este Constituyente, porque es una reforma constitucional, pero sí la legitimidad de lo que se está haciendo, de lo que significa.

El Poder Constituyente es el pueblo, es el poder de origen. El poder originario radica en el pueblo.

Entonces, si queremos un Constituyente más representativo, tendríamos que abrir la representación, no solamente al sistema de partidos.

No se trata de hacer una distribución de poder entre los partidos y el gobierno, sino entre la gente. Lo que se propone, es una Asamblea corporativa de los partidos, desde una visión partidocentrista.

El Constituyente de la Ciudad de México debe representar la devolución del poder a los ciudadanos.

Un proceso de distribución del poder, que tenga como destinatario principal a la ciudadanía, a sus organizaciones, al tejido de lo que llamamos la sociedad. Como dice Porfirio Muñoz Ledo.

El mantener estas designaciones, en el fondo lo que revela, es que todavía hay un rezago de tutelaje, de paternalismo, de miedo al cambio, a que sea esta comunidad política que vive en la capital, la que decida plenamente.

Entonces, si tenemos un Constituyente con estas características, ¿qué podemos esperar como Constitución? Si proviene de un Constituyente de esta naturaleza, que es un arreglo, una distribución de poder entre los partidos.

¿Con esto garantizamos que estén las mejores ideas progresistas?

¿Cómo vamos a darle a esta ciudad el texto que necesita, que realmente la represente, que sea una Constitución que respete los derechos humanos, que tenga ideas progresistas?

Pues estamos planteando que será un acuerdo, reflejo de intereses de un partido y no un gran acuerdo ciudadano. Un momento fundacional.

Por eso, se echa a perder todo el esfuerzo de esta reforma política, porque este acuerdo, para pactar este Constituyente y controlarlo y que el PRI esté sobrerepresentado y que pueda incluso el Presidente tener a enviados de manera directa, pues echa al traste con todo lo que se pretende ganar.

También se propuso, desde 2013, en una iniciativa, que este Constituyente o de que fuera además muy abierto, que en él no recayera la aprobación final de la Constitución, sino que fuera a un referéndum, para que todos los ciudadanos en la capital de la República nos volviéramos constituyentes.

Todos los que habitamos aquí, tenemos algo que decir; todos debemos ser constituyentes, la aprobación final debería estar en el pueblo.

Por eso, presentamos esta reforma, para que el proyecto que se apruebe, pues tenga carácter de anteproyecto y la aprobación final recaiga en la gente, a través de un referéndum. Es lo que esta ciudad se merece.

Y por último, el artículo, bueno, quisiera decir también, que si va a haber designaciones, si se está planteando la fórmula de designación, si se quiere validar ese modelo de designaciones, decir, no es algo que se está inventando, es algo que es legal. Bueno, pues abrámosla a los ciudadanos.

Qué tal si ponemos en el Séptimo Transitorio, que los requisitos para ser electo, en este Constituyente, pues sean, que sean ciudadanos reconocidos, luchadores de los derechos humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, académicos, especialistas, en fin, aprovechar el gran capital humano que tiene esta Ciudad de México, la principal ventaja que tiene sobre muchas ciudades en el mundo.

Y por último, estamos pidiendo un artículo transitorio adicional, que sería el Décimo Octavo, para pedir que estas nuevas figuras de concejales, que estarán en las alcaldías, pues que no se convierta en un botín político. Que no se vaya a convertir en una estructura gubernamental que represente un gasto oneroso para la capital de la República.

Hemos visto como en muchos municipios del país, hay regidores, hay síndicos que tienen sueldos estratosféricos. Tenemos que poner, sé que hay limitaciones, en cuanto qué podemos desde esta Constitución; pero me parece que en un transitorio sí podríamos hacer un exhorto a que haya un límite a estos ingresos que recibirán estos concejales y evitar que se vuelva en un gran botín político.

A mí me parece que más allá podrían ganar entre 15 y 20 mil pesos, lo que gana actualmente un Jefe de Departamento en nuestra ciudad, sería más que suficiente, estas personas estarán asistiendo a las reuniones de consejo dos o tres veces por semana, y no debe constituir su principal fuente de ingresos, no debe de ser su modus vivendi, porque entonces se va a volver a viciar esta representación que se trata de tener, en donde los concejales estén cerca de los barrios y las colonias, y sean un contrapeso efectivo a la hora de tomar decisiones por parte del alcalde.

Creo que una fórmula de blindar esto y evitar lo que ha pasado en muchas partes sería limitar esta ganancia.

Y por último, sugiero, propongo, adicionar un Décimo Noveno Transitorio.

A ver, otra de las cuestiones que se presenta como un gran avance en esta reforma es la definición de capitalidad y que se reconozca, efectivamente, como se está planteando, que para la ciudad tiene un costo ser la capital de la República, y hay costos que tienen que ser compartidos.

Qué bueno que se plantee que el Congreso debe de determinar anualmente el fondo de capitalidad, pero si no le ponemos reglas, va a ser otra variable más de chantaje político, igualito al de la deuda pública, va a negociar ya sea con el Presidente o con su mayoría en la Cámara de Diputados para ver cuánto va a ser el bono en ese año.

Me parece que eso no le ayuda a la ciudad, no le da certidumbre sobre los recursos que va a tener a futuro.

Y lo que estamos proponiendo es que este bono de capitalidad, este fondo de capitalidad sea posteriormente incorporado en la Ley de Coordinación Fiscal para que quede establecido por fórmula y, entonces, sí sean ingresos que la Ciudad de México pueda aprovechar plenamente y que no sea una variable política más, una variable que se preste al chantaje año con año.

Estas son las reservas que estamos presentando, compañeros y compañeras, me parece que si ya estamos en el camino de darle una Reforma Política a la ciudad, creo que es la gran oportunidad que le demos a la ciudad la reforma que se merece, abramos la posibilidad de que los ciudadanos sean parte del Congreso Constituyente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Delgado.

A ver, el Senador Delgado pidió que en una sola intervención pudiera presentar las reservas que tenía él sobre el Artículo Séptimo Transitorio, el Artículo Octavo Transitorio, el Artículo Décimo Octavo Transitorio y adiciones, o sea, el propósito de adicionar un Décimo Séptimo Transitorio nuevo y un Décimo Noveno Transitorio nuevo, quiero ser explícito, aunque redundante, pero explícito.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las propuestas presentadas, que he dado referencia, por el Senador Mario Delgado Carrillo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las reservas presentadas por el Senador Mario Delgado, correspondientes a los Artículos Séptimo, Octavo y Noveno Transitorio; y dos adiciones respectivas de un Décimo Octavo y un Décimo Noveno Transitorio. Quienes estén porque se acepten estas modificaciones, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Artículo Séptimo Transitorio se reserva para su votación conjunta con los otros artículos que han sido reservados, hablo de la votación en los términos del dictamen, en tablero electrónico, lo mismo que el Artículo Séptimo Transitorio se reserva para su votación conjunta con los otros artículos transitorios.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para pedirle, retiré una reserva al artículo 122 y al Octavo Transitorio, solicitarle que puedan ser insertadas en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senadora, lo tenemos presente para hacer la declaratoria, la voy a hacer en este momento.

La Mesa Directiva recibió el texto de las intervenciones del Senador Benjamín Robles Montoya sobre este dictamen, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Con la venía del Senador Presidente,

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Antes de finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones, justo al aprobar el presente dictamen, inauguraremos lo que a postre será: el nuevo paradigma constitucional y político de la Ciudad de México.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, desde el año 1997, en esta Ciudad de México, -eje del desarrollo económico, político y cultural del país- dio inicio la transición democrática misma que hoy no tiene retroceso.

Permítanme referirme a la sociedad capitalina, a ella que la participación política le resulta intrínseca desde inicios del siglo pasado; a ella, a la cual le debemos en parte, los cambios institucionales y estructurales que ha sufrido el Estado mexicano, y con ello, basta con referenciar la gestación de movimientos sociales en los últimos 50 años.

Hoy, a esa sociedad, que nos demuestra con más del 70% de participación efectiva  que su gobernante en turno es electo con mayoría razonada y determinante.

Es a ella a quien el Senado le tenía una gran deuda que hoy se cumple.

Permítanme señalar que: Si en México se vive una elección con altos registros cívicos, propio de países con cultura democrática elevada, es justamente la ciudadanía de la Capital de México.

Por ello, me complace formar parte del Dictamen que busca modernizar la estructura política en la Ciudad de México.

De esta manera, hacemos justicia a la larga espera de la Ciudad de México para ser reconocida como una entidad más con suficiencia hacendaria y soberanía política, toda vez que,  por su condición de sede de los poderes federales, la Ciudad de México tenía un estatus jurídico distinto del concierto federalista.

Es un primer paso para los ciudadanos de la capital mexicana,  pero también es de resaltar que contamos en este momento con la voluntad propositiva del Congreso de la Unión  y que pronto nos congratularemos con la  promulgación de una Constitución Política al Distrito Federal, por ello, parafraseando al teórico italiano Norberto Bobbio que en algún momento señaló: "la democracia se fundamenta en la coexistencia del consenso y del disenso o más precisamente,  sobre un consenso tal que no excluya al disenso,  y sobre un disenso tal que no nulifique el consenso".

Hoy, es justo reconocer el carácter y voluntad del Constituyente Permanente del Congreso de la Unión por dotar del carácter federal a nuestra Ciudad de México, recibimos con beneplácito la modificación constitucional y elevamos nuestros votos por la salud de las instituciones que hoy se erigen en ella.

Por ello, aprovecho mi participación para manifestar que a la Ciudad de México le esperan los mejores momentos de su andamiaje jurídico, político y sobre todo social.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: De igual forma, se integrarán al Diario de los Debates las propuestas de modificación que fueron anunciadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo a los artículos 122 y Octavo Transitorio del proyecto de Decreto.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para referirse al Artículo Noveno Transitorio del proyecto de Decreto.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Vengo a esta tribuna a abordar un tema que me parece elemental y tiene que ver con la facultad para los integrantes de la Asamblea Constituyente de algo tan sencillo como sería presentar iniciativas.

En el dictamen que hemos votado dice en el Artículo Noveno, fracción I, inciso d): "discutir las iniciativas que presenten sus integrantes, discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México", pero en ningún momento se faculta a los integrantes a presentar iniciativa alguna, es decir, la única iniciativa a discutir sería aquella que presente el Jefe de Gobierno, nada más, y cualquier modificación, discusión o adición, versará sobre quién sabe qué documento, pero no sobre una iniciativa.

Con esto se restringe el debate y se restringe también la posibilidad de dar mayor participación, mayor voz y, sin duda, mayores potestades a aquellos que integren la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

La propuesta es que ese mismo inciso, el inciso d) diga: "discutir las iniciativas que presenten sus integrantes, así como modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México".

Insisto, es algo elemental como darle facultad de iniciativa a aquellos que estén en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y que también debo de decir en honor a la verdad, hasta diciembre era un acuerdo tomado por consenso en este Senado de la República, que de pronto desapareció del proyecto de dictamen.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, al Artículo Noveno Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

El Artículo Noveno Transitorio se reserva para su votación conjunta con los otros artículos del mismo rango, transitorios.

Se concede la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar reserva al Artículo Décimo Sexto Transitorio del proyecto de Decreto, a nombre propio y de diversos Senadores del Partido Acción Nacional.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia.

Esta propuesta la hacemos a nombre de ocho Senadores de Acción Nacional: El de la voz, Pilar Ortega, Ernesto Ruffo, Juan Alejandro Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo, Octavio Pedroza, Martín Orozco y Francisco Búrquez.

Toda vez que esta Soberanía se ha pronunciado sobre aprobar el nuevo régimen para la Ciudad de México, con el afán de mejorarlo, el Senado, como espacio de liberación y de representación del Pacto Federal debe ver por la Ciudad de México y por toda la Federación.

El artículo del proyecto de Decreto señala lo siguiente: "Las alcaldías accederán a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de Coordinación Fiscal".

Este artículo propuesto es incompleto, ya que no es capaz de prever el tránsito del régimen actual al nuevo régimen por cuatro razones: primero: legalidad, es de orden práctico todos los fondos del llamado Ramo 33, contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, son fondos destinados a tareas exclusivas con fórmulas equitativas para su distribución y con reglas específicas para su operación.

La ley busca que no se repartan recursos sólo por repartirlos, sino para tareas específicas: educación, salud, infraestructura, social, estatal y municipal, fortalecimiento municipal y del Distrito Federal, educación tecnológica y seguridad pública.

Coloquialmente se les dice "recursos etiquetados", y significa que solamente se pueden usar en la materia que la ley prevé. Las alcaldías no están ganando nuevas atribuciones, por lo que no podrían ejercerlas sin incurrir en el riesgo del desvío de recursos. No pueden ser gastos en materia de agua potable o de seguridad pública, ya que estas materias quedarían reservadas para el gobierno de la ciudad.

Segundo criterio; justicia y equidad.

El objeto en la Ley de Coordinación Fiscal es dar equidad y justicia al gasto federalizado, recursos que también le corresponden a la ciudad y a las demarcaciones, pero recursos que el Pacto Federal decidió, como ya explicamos, etiquetar para funciones específicas, por lo que se debe de prever un mecanismo para que la ciudad, toda vez que mantiene una organización política híbrida. A veces tendrá facultades de Estado y a veces el Constituyente Permanente pretende que tenga tareas que realicen los municipios, pueda obtener recursos para tareas que mantienen centralizadas, como son en los casos de seguridad y agua potable.

Tercer criterio; actualización.

El régimen de coordinación fiscal requiere revisarse en su conjunto, fondos como el de aportaciones para infraestructura social cada vez representan mayores dificultades para su ejercicio, ya que pide que los recursos se utilicen en zonas de alto rezago social y pobreza extrema.

El CONEVAL, que es el órgano constitucional que mide la pobreza en el país, ya no utiliza el término de "pobreza extrema", y por las características de la ciudad, las 16 delegaciones actuales tienen un grado más bajo de rezago social, siendo una de las pocas entidades hoy con todos los municipios, entre comillas, en este caso demarcación, calificados con muy bajo índice de rezago social.

Con sólo cuatro localidades clasificadas con alto rezago, por lo que aún recibiendo los recursos no podrían gastarlos o vivirán sujetos a procesos de posible responsabilidad administrativa.

Cuarto criterio; reciprocidad.

El espíritu de la Ley de Coordinación Fiscal, y de estos fondos, tiene que ver con que la facultad originaria de cobrar varios impuestos se entregó a la federación originalmente mediante un pacto, con la condición de que la federación regresaría una parte de lo recaudado sin etiquetarlo, la parte justa correspondiente a cada entidad por lo recaudado, y utilizaría otra parte para apuntalar el desarrollo nacional en áreas prioritarias, de tal forma que, en materia de estos fondos, todos los estados y todos los municipios merecen el mismo trato en cuanto a obligaciones y derechos.

Por los cuatro considerandos anteriores, proponemos una modificación para que el transitorio quede de la siguiente manera:

Artículo Décimo Sexto Transitorio, cito: "Se revisará el régimen de coordinación fiscal, previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de que las 32 entidades federativas participen de los fondos previstos en la ley y en la distribución de los recursos recaudados en condiciones de equidad y corresponsabilidad respecto a los recursos y a las obligaciones derivadas de sus atribuciones. Las alcaldías de la Ciudad de México sólo podrán recibir los recursos contemplados para las áreas en las que tengan la facultad de ejercer el gasto y la atribución en la materia.

Para las atribuciones y competencias que esta Constitución y sus leyes reglamentarias otorguen a los municipios y la Constitución de la Ciudad de México, reserve como atribuciones exclusivas del gobierno de la ciudad, éste accederá a los recursos en condiciones de equidad con los demás municipios del país".

Es cuanto.

Esta es la propuesta a su consideración.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Juan Carlos Romero Hicks.

Ha sido muy vasta la exposición que hizo el proponente, por tanto, sin necesidad de ser leída su reserva, Senadora Secretaria, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, con relación al Artículo Décimo Sexto Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta y no se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Artículo Décimo Sexto Transitorio se reserva para su votación conjunta con los otros artículos de la misma naturaleza.

Sonido en el escaño del Senador Juan Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco la atención.

Sólo le quería comunicar que he decidido retirar la reserva sobre el Artículo Décimo Séptimo Transitorio.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Así queda registrado. Le agradecemos, Senador Juan Gerardo Flores.

Se han agotado las reservas a los artículos transitorios reservados, se van a someter a votación en el tablero electrónico todos en su conjunto, no así las adiciones del nuevo transitorio Décimo Octavo y Décimo Noveno, propuesto por el Senador Mario Delgado Carrillo, porque fueron desechadas y no forman parte del dictamen.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los Artículos Transitorios Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Sexto y Décimo Séptimo en los términos del dictamen.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, informo el resultado de la votación. De un total de 95 votos, incluyendo los votos directos, fueron 76 votos a favor, 19 votos en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. Quedan aprobados los artículos transitorios referidos, por más de dos terceras partes de los presentes.

Compañeros Senadores, informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico en el reporte de votación de este asunto.

En consecuencia, quedan aprobados los Artículos Transitorios Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Sexto y Décimo Séptimo del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.

Gracias a todos y a todas.

Les informo que a petición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, la Presidencia autoriza que la iniciativa que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, quede turnada en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Les informo ahora que todas las proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán a comisiones. Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. Se turna a la Comisión de Cultura.

Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La lectura es instrumento fundamental para el desarrollo de la creatividad pues estimula la imaginación, de igual forma, su papel es crucial para la adquisición de nuevos conocimientos. A través de la lectura reforzamos otros elementos que son fundamentales para la el proceso de aprendizaje: como la escritura y el lenguaje.

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, hacía referencia a la lectura de la siguiente manera: “Aprendí a leer a los cinco años (…) Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.”

Los beneficios de la lectura para el desarrollo humano son incuestionables, por ello uno de los grandes retos del Estado Mexicano, es fomentar el hábito de la lectura entre la población.

La Encuesta Nacional de Lectura (ENL), 56% de los mexicanos manifestó haber leído un libro alguna vez, un sexenio después, datos de ENL 2012, indican que este porcentaje disminuyó 10%. Por otra parte, en 2006 los mexicanos leían un promedio de 2.9 libros por año, para 2012 este promedio fue de 2.94, es decir, en seis años el promedio de lectura se mantuvo prácticamente igual.

El Estado Mexicano ha sido uno de los principales impulsores de la lectura, basta mencionar que de los 330.7 millones de libros que se produjeron en 2012, 57 por ciento, corresponden al sector público. Por otra parte, el 31 por ciento de los libros producidos por el sector privado fueron para abastecer a diversos programas de gobierno como: Bibliotecas de Aula y Escolares, textos gratuitos para Educación Secundaria y el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica.

En México, la formación de lectores está íntimamente relacionado con la educación dentro de las aulas escolares, por ello el gran reto del Estado mexicano es el de lograr el surgimiento de lectores autónomos que después de su vida académica arraiguen el hábito de la lectura.

En el Senado de la República, no somos ajenos ha está problemática, por ello durante la actual legislatura, aprobamos la iniciativa que realizó diversas adiciones al artículo 14 de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro.

Con esta medida, se incorporó a la Comisión Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a: El Director General del Fondo de Cultura Económica; el Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistemas de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

El propósito de esta medida fue el de contribuir a que en la Comisión Nacional de Fomento para el libro y la lectura se tenga la visión de las instancias antes mencionadas y de esta forma contribuir a que se produzcan libros clásicos y de vanguardia a bajo costo; conocer la visión de los autores e instancias que regulan y garantizan los derechos de éstos. Asimismo, que la producción de libros pueda llegar gratuitamente a todos los niños y jóvenes del país.

En el grupo parlamentario del PRI en el Senado, somos conscientes de la importancia de la lectura en el desarrollo humano, por ello estamos convencidos en llevar las acciones necesarias para fomentar la lectura.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALCONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA PROMOVER EL FOMENTO A LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN MEXICANA.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente






De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, supervisar, atender y plantar nuevas líneas de acción encaminadas a la protección de jornaleros y miembros de sus familias, a los que se les han vulnerado sus derechos laborales y humanos en el Municipio de Manzanillo, Colima. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Aproximadamente, nueve millones de personas están directamente ligadas al trabajo del campo en México, entre jornaleros y sus familias. Desafortunadamente dicho sector ha permanecido sometido al abuso por parte de sus empleadores, ya que no cuentan con las condiciones adecuadas mínimas para su correcto desarrollo laboral ni bienestar personal.

Generalmente estas personas son llevadas a dichas condiciones laborales a través de engaños. De estados como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz los trabajadores del campo migran hacia las zonas agrícolas del norte del país con la promesa de que tendrán un empleo bien remunerado y un lugar con buenas condiciones en donde podrán vivir junto con sus familias.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Social en 2010, de los un poco más de dos millones de jornaleros 90% carece de un contrato formal de trabajo; 48.3% tiene ingresos de tres salarios mínimos y 37% de dos salarios mínimos; 54.8% está expuesto a productos agroquímicos de forma cotidiana; y  en cuanto a los grupos de edad 36.6% son menores de 15 años, 32.7% tiene entre 16 y 30 años, 21.1% entre 31 y 50 años y 8.3% se ubica en el rango de  51 a 80 años. Con base en estas cifras podemos observar que aproximadamente 727 mil 527 de estos jornaleros son niños, niñas y/o adolescentes, lo cual es alarmante y preocupante en el afán que ha tenido este H. Pleno en proteger a este sector.

En las últimas semanas hemos sido testigos de las precarias condiciones en que dichos jornaleros y sus familias se encuentran. Es evidente la falta de seguridad social, prestaciones, salarios dignos y jornadas laborales justas. El pasado 21 de marzo fueron rescatados en el estado de Colima 49 jornaleros mixtecos originarios del estado de Guerrero, de los cuales 13 eran menores de edad, que se encontraban en condiciones precarias. Dichos jornaleros declararon estar sometidos a jornadas de 10 horas en la que se les paga $3 por cubeta de pepino, además de no contar con seguridad social. Pero, desafortunadamente este no es un caso aislado, es sólo una muestra de la forma en la que operan distintos miembros de la delincuencia organizada que explotan y someten a prácticas de esclavitud a los jornaleros agrícolas, alejándolos de su lugar de origen con la esperanza y la promesa de mejores condiciones de vida.

Además, como lo mencionan en algunos medios de comunicación como es “El Correo de Manzanillo” en la zona de Manzanillo, Colima, como ya se había anunciado, hace poco más de un año, sobre las condiciones infrahumanas en que viven cerca de 2 mil jornaleros agrícolas que llegan de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca  y Chiapas, y quienes viven en viviendas humildes de palos y plásticos para protegerse del sol y la lluvia, sin servicios sanitarios, con salarios de hambre y jornadas laborales de más de 14 horas diarias. Fuente: http://elcorreodemanzanillo.mx/mas-de-2-mil-jornaleros-agricolas-llegan-a-manzanillo-cada-ano/

En tanto, Bernardina Comonfort, representante de la comunidad Oaxaqueña en Manzanillo y grupos indígenas del sur, dijo que se tiene un estimado de 2 mil jornaleros agrícolas que llegan a Manzanillo a trabajar, incluyendo niños y mujeres que desarrollan largas jornadas de 14 horas diarias y con salarios raquíticos, dichas familias provienen de los estados del sur del país y vienen en busca de trabajo, ya que allá no hay nada para sostener a la familia.

Cabe destacar que el trabajo ennoblece al hombre, lo malo es la explotación laboral, ya que esas familias requieren por lo menos un techo digno para vivir con piso de cemento, baños, cocinas para preparar los alimentos y educación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que investigue la existencia de conductas de abuso de jornaleros y sus familias en toda la zona agrícola del municipio de Manzanillo, Colima; y de cumplimiento de una manera más acuciosa al Programa Anual de Inspección, con especial atención a aquellos en donde existan antecedentes de este tipo de abuso.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, a medida del avance en sus investigaciones e inspecciones relativas al abuso laboral de jornaleros, rinda un informe detallado de las situaciones laborales que prevalecen en las zonas agrícolas de municipio de Manzanillo, Colima.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que coadyuve en las inspecciones que se lleven a cabo, para corroborar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en el municipio de Manzanillo, Colima; con la finalidad de que se garanticen los derechos humanos a dichas personas.

Atentamente

SEN. IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 23 días del mes de abril de 2015.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto de su creación, atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de junio de 2014, presente proposición con punto de Acuerdo, por el que exhortaba, a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario; y establecer el objetivo de la misma.

En la Proposición manifiesto la preocupación, que el día de hoy cobra más vigencia, sobre el contexto en el que se aprobó esta Comisión; puesto que no existen motivos, ni razones para dar sustento a la aprobación de una comisión ordinaria, habiéndose solicitado de aprobación una comisión especial, tal y como aparece en el punto de Acuerdo, presentado en el mes de junio del año pasado.

Es importante destacar que en la creación de cualquier Comisión Ordinaria, se requiere cumplir el procedimiento legislativo para reformar el artículo 90 de la LOCGEUM que establece el listado de las mismas; hecho contrario a lo que sucede con las comisiones especiales, en las que basadas en el misma ley solo se requiere de la aprobación por parte del pleno de esta soberanía.

En el micrositio de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, se señala que su misión es la de “trabajar a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas”.

Pese a ello, esto no se cumple, una muestra de lo expresado  es la Exposición Fotográfica llamada “Expovida” en la que se muestra una seria de imágenes, fuera de contexto y sin ningún sustento, sobre la “conveniencia de no abortar y preservar la vida”, rebasan toda proporcionalidad con la realidad: querer equiparar la Interrupción Legal del Embarazo con esas fotografías con fetos destrozados, es lo menos, una vulgaridad.

No es admisible que se denoste una acción legal de la Ciudad de México con mentiras y en todo caso, no nos negamos a debatir civilizadamente todas las vertientes de la discusión sobre el aborto.

Creemos que las mujeres deben de decidir sobre su propio cuerpo, hay quienes piensan distinto, por eso siempre es necesaria la mesura, el respeto y la tolerancia para evitar enfrentamientos estériles, esto no lo cumple la comisión en referencia.

Sólo provoca, por ejemplo que la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se pronunció a propósito de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y señalando que “es imperativo crear políticas que protejan a las familias, a las mujeres, a las niñas, niños y personas jóvenes en un marco de respeto por los derechos humanos, sin olvidar los distintos tipos de familias y la relevancia de la autonomía reproductiva de las mujeres, conforme al artículo 4º de la Constitución.

A nivel internacional el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) cuyo origen es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ha señalado que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico, y observa con preocupación que el aborto sigue siendo una de las causas principales de las defunciones relacionadas con la maternidad. Al Comité “le preocupa que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”.

El COCEDAW recomienda a los Estados Partes “aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.

En la esfera regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se ha pronunciado respecto al concepto de familia que no debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial, ni a un concepto unívoco e inamovible de familia. Este precepto de la CoIDH es objetivamente acorde a la realidad de las sociedades.

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se ha pronunciado a propósito de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y señala que “es imperativo crear políticas que protejan a las familias, a las mujeres, a las niñas, niños y personas jóvenes en un marco de respeto por los derechos humanos, sin olvidar los distintos tipos de familias y la relevancia de la autonomía reproductiva de las mujeres, conforme al artículo 4º de la Constitución.

Una muestra más de la urgente revisión del objetivo de la Comisión de la Familia son las declaraciones del Senador Víctor Hermosillo y Celada las cuales atentan contra el Estado laico, las libertades y los derechos protegidos por el marco jurídico nacional e internacional, además, contravienen los artículos 1 y 4 constitucionales, que señalan la obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos de las mujeres, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

A continuación transcribo una parte de la versión estenográfica del discurso hecho por el Senador Hermosillo y Celada:

…..

“Entonces nosotros vemos en nuestro país y vemos en los países europeos que las parejas prefieren tener un perrito a tener un hijo, eso es absurdo y ahí andan con su perrito: ¡Fifi!, ¡Fifi! y lo llevan para todos lados.

……

Y otra cosa que también las mujeres en su libertad que disque tomaron, pues le ha ido peor porque ahora los hombres se agasajan y no se cansan están muy a gusto.

…….

Por otro lado hay una confusión, descrédito de las situaciones religiosas, descredito de la iglesia católica, errores fuertes de la iglesia católica que no deberíamos de haber hecho, pero yo también pienso que los sacerdotes son iguales que todos nosotros: son humanos, son humanos y hacen errores y tenemos que tener el talento sobre todo también (inaudible) de precisamente que no suceda.”

Es indignante que en el Senado de la República, que es la representación de la Soberanía nacional, se promuevan este tipo de eventos y más aún que sean utilizados para que se emitan discursos alejados del espíritu y el trabajo de todos y cada uno de los que integramos esta legislatura.

Lamentamos que un legislador cuya investidura y responsabilidad lo obligan a defender los derechos que garantiza nuestra Constitución, ofenda a todas las mujeres de México al expresar prejuiciosamente que, con el ejercicio de su derecho a la libertad y a la libertad de elegir y decidir, ‘les ha ido peor.

Estas expresiones constituyen una ofensa hacia las mujeres debido a que las encasilla en ciertos deberes estereotipados, en vez de promover, como le corresponde, la igualdad entre los géneros.

Estas declaraciones tuvieron un impacto en las redes sociales convirtiéndolas en trendingtopic con el hashtag #PropongoComoSenadorPanista, convirtiéndose así en un reclamo por parte de los usuarios en redes sociales a los comentarios “misoginos” del Senador.

A lo referente a las declaraciones sobre la iglesia católica y principalmente los hechos en los que se han visto involucrados sacerdotes, de acuerdo al senador, es necesario perdonarlos, sin importar que hayan cometido delitos del fuero federal como es el caso de la pederastia, prostitución y lavado de dinero, por el simple hecho de ser hombres.

Ante tales hechos, es claro que las intenciones de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano se alejan del objeto que debe imperar en toda comisión de trabajo parlamentario y legislativo en el Senado; en el aspecto fundamental y primordial de garantizar y respetar los derechos humanos de todos los integrantes de la familia; al pretender imponer una visión única y religiosa de ésta, simplemente se cae en la intolerancia, pero tampoco corresponde a la realidad.

Consideramos en concreto que la comisión está obligada a conducirse con respeto a los derechos humanos y sin discriminación; obligaciones que ha contraído el Estado mexicano en materia de no discriminación hacia todo tipo de familias así como el derecho a una maternidad libre y voluntaria de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta, a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto de su creación atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional.

Segundo.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política rechazar toda expresión discriminatoria, misógina o sexista; sustentada en visiones patriarcales, discriminatorias y violentas que insisten en controlar a las mujeres, y hacer un llamado a todos los órganos del Senado para que no se aliente estos retrocesos.

Dado en el Salón de Sesiones a los 28 días del mes de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.






Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación a la publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, con base en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gran riqueza de ecosistemas y de especies de flora y fauna silvestre posiciona a México dentro de los 17 países considerados mega diversos. Con el 10 por ciento de la biodiversidad mundial, nuestro país está comprometido a nivel internacional para proteger y conservar sus recursos naturales.

Ejemplo de lo anterior es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual México es parte desde 1993 y que está encaminado a crear medidas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

Las áreas naturales protegidas (ANP), han sido una estrategia para la conservación de la biodiversidad, las cuales se regulan de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

En la Ley se definen estas áreas como las zonas en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservados y restaurados1.

Los objetivos de la ANP, son diversos, pero destacan en ellos la salvaguarda de la diversidad genética de las especies silvestre y el aseguramiento de la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.

Para lograr sus objetivos, se debe promover la participación de los habitantes, propietarios, pueblos indígenas y organizaciones sociales públicas o privadas permitiendo así el desarrollo integral de la comunidad en cada una de ellas.

Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, el Gobierno Federal debe realizar estudios que justifiquen su constitución y realizar una declaratoria en el Diario Oficial de la Federación en la cual se determinarán diversos aspectos para la protección de la zona, como2:

● Delimitación de área

● Descripción de actividades que pueden llevarse a cabo en el área

● Lineamientos generales para la administración

● Lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Para lograr el objetivo de preservación dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cada una de ellas, debe contar con un Programa de Manejo, el cual de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debe ser formulado dentro de un plazo de un año a partir de la declaratoria como ANP en el Diario Oficial de la Federación.

Estos programas son el documento oficial en el que se determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas.

Actualmente contamos con 176 áreas naturales protegidas de competencia Federal, cuya superficie, se desglosa de la siguiente forma:

Categoría ANP

No. de ANP

Superficie (ha)

Reservas de la Biosfera

41

12,733,362

Parques Nacionales

66

1,411,545

Monumentos Naturales

5

16,268

Áreas de Protección de Recursos Naturales

8

4,535,990

Áreas de Protección de Flora y Fauna

38

6,786,886

Santuarios

18

148,332

Total

176

25,632,383

Fuente: Elaboración Propia de Base de Datos Estadísticos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, módulo biodiversidad, áreas naturales protegidas, pagina consultada el 30 de marzo 2015

Es necesario, indicar que para determinar la categoría de áreas naturales protegidas, la LGEEPA, establece en su artículo 46, que éstas pueden ser reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios.

La primera área natural protegida decretada fue el Parque Nacional Desierto de los Leones, el 27 de noviembre de 1917, a partir de esta fecha y hasta el 2012, se registraron el total actual de áreas naturales protegidas.

El número de áreas naturales protegidas, resguardan una superficie de 25 millones de hectáreas lo que equivale al 13% de la superficie total del territorio3 de las 196 millones de hectáreas con las que cuenta nuestro territorio.

De las 176 Áreas Naturales Protegidas, es importante mencionar que el 51.7% de las áreas cuentan con Programas de Manejo, situación que limita la protección en la superficie protegida en el 48% de las Áreas Naturales.

Categoría ANP

No. de ANP

Superficie (ha)

Con PM

Superficie

Reservas de la Biosfera

41

12,733,362

36

12,192,074

Parques Nacionales

66

1,411,545

29

962,117

Monumentos Naturales

5

16,268

5

16,268

Áreas de Protección de Recursos Naturales

8

4,535,990

0

0

Áreas de Protección de Flora y Fauna

38

6,786,886

19

4,995,532

Santuarios

18

148,332

2

147,546

Total

176

25,632,383

91

18,313,537

Fuente: Elaboración Propia de Base de Datos Estadísticos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, módulo biodiversidad, áreas naturales protegidas y pagina de la CONANP apartado áreas naturales protegidas con programa de manejo, páginas consultadas el 30 de marzo 2015

Los programas de manejo son el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida4.

Por ello, los programas de manejo son de gran importancia para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

La elaboración de los programas de manejo de acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deben promover la participación de:

I. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva;

II. Dependencias de la Administración Pública Federal que, por su competencia, pudieran aportar elementos al programa;

III. Los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, y

IV. Las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

Asimismo y de acuerdo con los términos de referencia para la Elaboración de los Programas de Manejo de las ANP de competencia de la Federación, su diseño e implementación se fundamentan en seis ejes:

● Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico.

● Diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional.

● Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta.

● Zonificación, generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso del territorio (terrestre, dulceacuícola, marino, costero e insular), así como los ordenamientos territoriales vigentes.

● Reglas Administrativas, que definen los elementos normativos derivados del decreto de establecimiento del área protegida, de la categoría, la LGEEPA, el Reglamento de ANP y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, entre otras, para regular las actividades que se desarrollen en el área protegida.

● Evaluación de la integración funcional del sistema.

El desarrollo de estos ejes temáticos permite un análisis ordenado que apoya la toma de decisiones orientadas hacia la localización óptima de las actividades de conservación, de las áreas de conservación y de las áreas sometidas a amenazas naturales, el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación de espacios al lograr la optimización del uso actual del territorio y consolidar las formas que sean compatibles con las cualidades y aptitudes del mismo, buscando alternativas para aquellas que sean inadecuadas.

Situación, que dificulta su publicación en el tiempo requerido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anterior es destacable, que del año 2013 a la fecha fueron publicados 22 programas de manejo en el Diario Oficial de la Federación, es decir el 32% del total publicados y que abarca una superficie del 26% de la que cuenta con programas de manejo.

Área

Superficie (ha)

Fecha de publicación

APFF Médanos de Samalayuca

63,182

2-abril-2013

APFF Pico de Tancítaro

23,406

2-abril-2013

APFF Valle de los Cirios

2,521,988.00

2-abril-2013

PN Iztaccíhuatl Popocatépetl

39,819

2-abril-2013

APFF Boquerón de Tonalá

3,912

3-abril-2013

MN Río Bravo del Norte

2,175

3-abril-2013

PN La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl

46,112.00

3-abril-2013

RB Marismas Nacionales Nayarit

133,854

3-abril-2013

RB Sierra del Abra Tanchipa

21,464

31-octubre-2013

APFF Tutuaca

436,986

1-noviembre-2013

RB Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes

387,957

5-noviembre-2013

RB Zicuirán-Infiernillo

265,118

6-noviembre-2013

PN Lagunas de Chacahua

14,896

11-noviembre-2013

PN Benito Juárez

2,592

27-diciembre-2013

MN El Cerro de la Silla

6,039.00

06-enero-2014

APFF Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

30,571

06-enero-2014

Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental

145,565

21-febrero-2014

PN Exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo

48,655

19-enero-2015

PN Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo

58,443

20-enero-2015

PN Cofre de Perote o Nauhcampatépetl.

11,531

21-enero-2015

APFF Manglares de Nichupté.

4,257

22-enero-2015

RB Sian Ka’an

528,148

23-enero-2015

22

4,796,670

 

De los programas de manejo publicados en los últimos 2 años, debo destacar dos programas, el del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el de la Reserva de la Biosfera de Sian ka´an:

1.-El Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, es de gran importancia, pues para los habitantes de Quintana Roo representa un gran valor ecológico al encontrarse inmerso en la zona urbana y turística de Cancún.

Su importancia consiste en que es el relicto de humedales más importante, asociado al Sistema Lagunar Nichupté, que permite el mantenimiento y desarrollo de la dinámica ecológica lagunar y de los arrecifes que conforman el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano5.

Esta Área Natural Protegida, es el ejemplo del compromiso y la importancia que revisten los Recursos Naturales, para los diversos sectores de la sociedad, pues ésta, se logró con el apoyo del Gobierno del Estado, quien mantuvo el uso de suelo de la zona como de preservación ecológica, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) quien apoyó el estudios técnico justificativo para el Establecimiento del Área Natural Protegida Manglares de Nichupté, el cual fue la base para la donación de 3,512 hectáreas para la declaración de la zona, en 2008.

En esta Área Natural Protegida se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, entre las que destacan el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle negro (Avicenniagerminans), el mangle botoncillo (Conocarpuserectus), el mangle blanco (Lagunculariaracemosa) y la palma chit (Thrinax radiata).

Con el programa de manejo, ahora se pretende que la preservación de los humedales a través de la participación activa del Gobierno, de la sociedad y de diversos actores que permitirán que los factores que inciden en la disminución de especies nativas, contaminación y perdida del ecosistema, se reviertan y permitan que esta zona sea en gran medida una de las áreas de mayor beneficio ecológico en la zona turística de Cancún.

2.- El Programa de Manejo del complejo de Sian Ka´an, involucra tres áreas naturales protegidas

Reserva de la Biofera Sian Ka´an
Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil
Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an

La razón es derivada a las características biológicas comunes y la continuidad del transecto que va del mar abierto, arrecife coralino, laguna arrecifal, playa, duna costera, selva mediana, laguna costera, manglares, petenes, lagunas interiores, ríos subterráneos, sabanas y selvas medianas.

Desde mi perspectiva este Programa de Manejo ha sido uno de los de mayor importancia y complejidad, pues es una de las áreas naturales protegidas mejor conservadas en nuestro país.

Asimismo, es importante destacar que el complejo Sian Ka´an, forma parte de diversos convenios internacionales, como la Convención de Patrimonio Mundial y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO; así como de la Convención RAMSAR para la protección de humedales.

Por lo anterior, el punto de acuerdo que presento tiene dos objetivos:

● El primero es reconocer la labor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al publicar en tan solo dos años, una tercera parte de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas; y

● El segundo es, invitar a estas dependencias a continuar con la elaboración de Programas de Manejo para que se asegure la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscriben pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión reconoce la labor, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lograr la publicación de 22 programas de manejo de áreas naturales protegidas en tan solo dos años de gestión, lo cual corresponde al 32% por ciento del total de Programas Publicados.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para qué continúen trabajando en la conclusión de los Programas de Manejo de las 85 áreas naturales protegidas, que aún no cuentan con este documento.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince.

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA.

1 Artículo 3 fracción II  y 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2 Artículo 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3 Superficie del territorio mexicano, 196,437,500 ha.

4 Artículo 3 fracción XI del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas

5 Programa de Manejo Área de Protección e Flora y Fauna Manglares de Nichuptéhttp://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2015/Manglares_de_Nichupté.pdf






De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el hecho de que agentes de la Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento e ilegalmente y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso de investigación y se impongan las sanciones que procedan en contra de los involucrados. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LLXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 del  Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A unos cuantos días de que hemos votado un catálogo de buenos deseos, sin la opinión de la participación ciudadana, que debía vigilar y controlar el poder, con una reforma constitucional contra la corrupción,  mayor transparencia, la Ley sobre los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes, de haber permitido que autoridades norteaméricanas puedan portar armas en nuestro país,  la pregunta que nos hacen los ciudadanos es: ¿si estas nuevas disposiciones van a servir para algo  o solamente son buenas intenciones?

Un ejemplo muy claro es lo que ha sucedido, no es posible que violando la Soberanía nacional agentes de la INTERPOL hayan sustraído de la Telesecundaría  Sor Juana Inés de la Cruz, a la menor Alondra Luna Núñez, el pasado 16 de Abril, después de que la Juez de Primera Instancia de los Reyes, Michoacán Cinthia Mercado García haya ordenado su entrega sin hacer comprobación alguna de la justificación de tal acto, no obstante que la menor solicitó se le realizara un análisis de su ADN y sin hacer caso de su petición, fue entregada a las autoridades de la INTERPOL y trasladada a los Estados Unidos.

Considero que la Procuraduría General de la República debe hacer un análisis profundo de la presunta responsabilidad de dicha funcionaria, ya que todo acto debe estar debidamente justificado, con todas las pruebas que así lo acrediten, dijo la Juez “que no está obligado a investigar si se trata o no de la persona reclamada, ni ordenar pruebas de ADN, simplemente cumple instrucciones”, por lo que la Procuraduría, debe atraer el caso e investigarlo.

De la misma forma  me gustaría preguntar  y la Secretaría de Relaciones Exteriores que hizo,  cual es la responsabilidad de las autoridades que deben participar ante una solicitud en un supuesto de restitución internacional.

Como ciudadana mexicana Alondra Luna Núñez, debe tener la protección a sus derechos constitucionales, los que siempre deben ser en beneficio de los menores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado un expediente de queja por la sustracción de la menor y su envió a los Estados Unidos de Norteamérica,  deseamos que por esta vez se impongan las sanciones que procedan contra todos los responsables.

Por las razones antes expuestas, me permito someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORME SOBTRE EL HECHO DE QUE AGENTES DE LA INTERPOL SE HAYAN LLEVADO A UNA CIUDADANA MEXICANA A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SIN SU CONCENTIMIENTO E ILEGALMENTE, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE ATRIGA EL CASO DE INVESTIGACIÓN Y SE IMPONGAN LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.






De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República Federal Democrática de Nepal y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo registrado el 25 de abril del presente año. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 25 de abril ocurrió un sismo de 7.8 grados Richter con epicentro ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Katmandú, capital de la República Federal Democrática de Nepal.

Las primeras cifras señalaban que este evento había dejado más de 1,400 muertos; sin embargo, al pasar las horas, esta cifra se ha actualizado. El día lunes 27 de abril los reportes del Gobierno de Nepal habían contabilizado a 3,862 muertos, más de 7 mil heridos y un número no determinado de desaparecidos.

Si bien la mayoría de las víctimas están en Nepal, también se han registrado perdidas de vidas  en India y China.

Ante esa difícil situación el gobierno de Nepal declaró desde el sábado el estado de emergencia y solicitó ayuda a la comunidad internacional.

Es necesario mencionar que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha informado sobre el estado en el que se encuentran mexicanos registrados oficialmente en Nepal, los cuales se encuentran vivos y fuera de peligro.

Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI manifestamos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República Federal Democrática de Nepal y expresamos nuestras más sinceras condolencias por las víctimas que ha dejado este sismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos y los gobiernos de la República Federal Democrática de Nepal, de la República Popular de China y de la República de la India, asimismo, expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo registrado el pasado sábado 25 de abril del presente año.

Dado en el Senado de la República, a 28 de abril de 2015.

Atentamente.






De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar exhaustivamente el caso de la sustracción del país de la menor Alondra Luna Núñez, se sancione debidamente a los responsables y se rindan los informes relacionados. Se turna a la Comisión de Justicia.

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Repúbli