Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Mayo de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:23 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 33 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de mayo del año 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
CELEBRADA EL JUEVES TREINTA
DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
DANIEL AMADOR GAXIOLA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con cinco minutos del jueves treinta de abril de dos mil quince, con una asistencia de treinta y tres legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

El Presidente dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su distribución a los legisladores.

Se sometió a la consideración de la Asamblea un Acuerdo de los representantes de los Grupos Parlamentarios en relación con la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

 

 

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de instalación de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Tercer Año del Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.

El Presidente de la Mesa Directiva instruyó comunicar por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y a las legislaturas de los Estados, de la instalación de la Comisión Permanente y de la elección de la Mesa Directiva.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para realizar Sesión Solemne el día 8 de mayo de 2015 para recibir la visita del Excelentísimo Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia.- Fue aprobado en votación económica.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las veinte horas con treinta y un minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles seis de mayo, a las once horas.

Fin de la sesión

El acta de la sesión de instalación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallego: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los informes anuales correspondientes a 2014 de Petróleos Mexicanos.







 

Y de la Comisión Federal de Electricidad.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítanse ambos informes a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que nos hace llegar el documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del gobierno federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento al artículo 107 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que se remite copia del informe sobre el ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase el informe referido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su primer informe trimestral 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase el informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, su informe de labores 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicho informe a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibieron dos oficios de la Cámara de Diputados, por los que informan las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Unión Interparlamentaria Mundial.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, con la que remite Acuerdo que en su resolutivo Tercero determina que corresponde a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona la Presidencia de la comisión.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia del Acuerdo a la Secretaría Administrativa y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea se da por enterada. Remítase a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito el Acuerdo relativo a las sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE



En esa virtud, está a discusión. No habiendo integrante de esta Comisión Permanente que haya pedido el uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para normar las sesiones y el Orden del Día de la Comisión Permanente.

El documento que se acaba de aprobar se les distribuirá impreso y se les hará llegar a través de sus correos electrónicos.

Adicionalmente, se instruye a que se publique en el portal electrónico, de manera permanente.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se le solicita a la Senadora haga un pronunciamiento relacionado a que este día se conmemora un evento muy importante relacionado con la salud de la mujer.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar con mi intervención, el día 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Ovario.

El día de hoy tuvimos un evento que pone de manifiesto la gran problemática que tiene en la salud de las mujeres mexicanas.

Yo agradezco, enormemente, al coordinador de mi bancada, al Senador Emilio Gamboa Patrón, por su presencia, pero sobre todo por el compromiso que hiciera en un evento tan importante. Hubo una marcha, hubo una exposición fotográfica de las sobrevivientes, y la demanda es muy clara.

Nosotros estamos buscando se etiqueten recursos para parar este problema silencioso, el cáncer de ovario, que es la tercer causa de muerte en el país, y que todavía en el Seguro Popular, en gastos catastróficos, no ha alcanzado el nivel de atención que se requiere.

Nosotros estamos buscando esto, y yo estoy segura, señor Presidente, conociendo la sensibilidad que le caracteriza, que lucharemos no solamente por etiquetar recursos, sino porque exista la norma oficial para este cáncer de ovario, lo existe para el cáncer de mama, lo existe también para el cervicouterino, pero para un problema silencioso, como es el cáncer de ovario, que ha causado muchas muertes, que no tenemos terapia, que no tenemos los aditamentos necesarios, nosotros tendríamos que estar trabajando en ese sentido.

Muchas gracias por su atención y la oportunidad que me da, señor Presidente, a nombre de la Comisión de Igualdad, de mi grupo parlamentario, hablar de un problema que tiene que ver con la causa de vida de las mujeres.

Muchas gracias.

Quiero presentar a su consideración una iniciativa a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y son varias las fracciones que estamos proponiendo modificar, es una modificación a las fracciones II, IV, V, VI y VII del artículo 19, y los párrafos primero y segundo del artículo 20; y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI y XII del artículo 19, así como los párrafos tercero y cuarto del artículo 20 de esta ley que he citado.

Esta ha sido una demanda de la sociedad civil, en lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo de la CNDH.

Ustedes saben que el Consejo Consultivo se integra por hombres y mujeres que tienen una hoja de vida en la defensa de los derechos humanos, que se ha significado por esta lucha; sin embargo, nosotros estamos buscando que el Consejo Consultivo tenga una vida más activa, autónoma, práctica y que tenga mayores facultades.

Consideramos que el Consejo Consultivo, como vida de la CNDH, debería de participar activamente en las decisiones de esta comisión, por eso nosotros estamos proponiendo esta modificación, reformas y adiciones para darle mayores facultades al Consejo Consultivo de la CNDH.

Y me permito solamente nombrar algunas de éstas: el artículo 19, fracción II, agregar lo que tiene que ver con la metodología estadística de gestión institucional interna y la metodología estadística de violaciones de derechos humanos, estudios académicos y de opinión pública, de campaña, de comunicación institucional, y así como la planeación estratégica institucional.

También estamos proponiendo no solamente que opine el Consejo Consultivo, también que apruebe proyectos del informe anual, así como solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, y contar con las facultades, a partir del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Consultivo, para reorientar, ampliar, reclasificar o modificar el sentido de las recomendaciones.

Asimismo, conocer previamente, opinar y aprobar todo lo que tiene que ver con los resolutivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es toda una serie de modificaciones que le dan vida y sustento al Consejo Consultivo, que dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe, y que queremos que la gente que en él participa tenga una actividad propia y se involucre no solamente como una figura emblemática, sino como una figura de decisión, de opinión y de aprobación, sobre todo en un momento tan importante en materia de derechos humanos para este país.

Por su atención, señor Presidente, estimados compañeros, muchas gracias.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Diva Gastélum. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Les quiero rogar a las integrantes y a los integrantes de la Comisión Permanente, podamos tener presente que este recinto es un recinto pequeño, en donde los diálogos que tenemos, bilaterales o multilaterales, se escuchan más, y se provoca una desatención a quien está haciendo uso de la palabra.

Les ruego a los asesores puedan ocupar algún lugar que no genere obstrucción al andar de las y los Diputados y Senadores, y que no provoquen la alteración en el orden, les ruego, por favor.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Rocío Reza Gallegos, a nombre de la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, a nombre de la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su venia, señor Presidente.

Efectivamente, es una iniciativa que presento a nombre de la Diputada federal Cinthya Noemí Valladares, y es una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen lo que ha dado a conocerse como la Carta Internacional de Derechos Humanos, así, la codificación de los derechos humanos ha quedado, en gran medida, completada.

En todo el mundo en los diferentes niveles socioculturales y económicos existen personas con discapacidad, pero las causas y consecuencias de la misma, varían de acuerdo a las medidas que adoptan los Estados para el ejercicio de sus derechos humanos y, a favor de mejorar la calidad de vida y el bienestar de este sector de la población.

Hay muchas circunstancias concretas que han influido en las condiciones de vida de las personas en esta condición: la ignorancia, el abandono, la superstición, el miedo, todos estos son factores sociales que, a lo largo de la historia, han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo.

En la actualidad, en materia de discapacidad se observan avances significativos en materia de derechos humanos, ya que se han realizado acciones pertinentes para cambiar la percepción de las personas sobre este tema.

México fue el país promotor del primer tratado internacional de derechos humanos con la aprobación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la cual fomenta la plena integración y desarrollo de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida.

Esta perspectiva de derechos humanos se ve materializada en el año 2011, cuando se decreta la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En congruencia con el texto de esos ordenamientos internacionales, de los cuales México es Estado Parte, se han dado importantes avances en la armonización del marco jurídico nacional con las disposiciones previstas en ellos. Es así que, entre otras adecuaciones a la legislación, se incorpore en la Constitución Política el interés superior de la niñez y se dota al Congreso de la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

No obstante, se hace necesario que la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad, incluya en su texto el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

A través de la presente iniciativa, se busca adicionar un cuarto párrafo al artículo 1 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para señalar de manera explícita que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán la protección necesaria para el ejercicio igualitario de todos sus derechos, en términos del principio del interés superior de la niñez.

Por otro lado, en el artículo 2 se incorpora la definición de las medidas de inclusión o nivelación con el objeto de generar los instrumentos adecuados para atender situaciones evidentes de desigualdad o condiciones o acciones de exclusión o diferenciación que limitan a las personas con discapacidad en el ejercicio y goce de sus derechos en condiciones de igualdad.

Además, se busca incorporar como un sexto párrafo la obligación de las dependencias y entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios, de adoptar medidas de inclusión o nivelación y de establecer los ajustes razonables y el diseño universal para garantizar la integración social de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Finalmente, la propuesta busca con la reforma a la fracción IV del artículo 5, que los principios que deberán observar las políticas públicas en el respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños y, de su derecho a la identidad, también estén considerados los adolescentes con discapacidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal CINTHYA NOEMÍ VALLADARES COUOH integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados en 1966, constituyen lo que ha dado a conocerse como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y en efecto, desde 1948, los derechos humanos y las libertades fundamentales han quedado codificados en cientos de instrumentos universales y regionales, tanto vinculantes como no vinculantes, que abarcan casi todos los aspectos de la vida humana y se refieren a una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así, la codificación de los derechos humanos ha quedado en gran medida completada. Ahora la tarea fundamental que queda por hacer en nuestros días es llevar a la práctica las normas adoptadas.

A pesar de las normas, los reglamentos y los principios que ha establecido la comunidad internacional, nacional y estatal en materia de derechos humanos, distamos mucho de vivir en el mundo liberado del temor y de la miseria al que aspiraban los fundadores de las Naciones Unidas.

En todo el mundo en los diferentes niveles socioculturales y económicos existen personas con discapacidad, pero las causas y consecuencias de la misma, varían de acuerdo a las medidas que adoptan los Estados para el ejercicio de sus derechos humanos y, a favor de mejorar la calidad de vida y el bienestar de este sector de la población.

En lo referente a la discapacidad hay muchas circunstancias concretas que han influido en las condiciones de vida de las personas en esta condición: la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo, todos estos son factores sociales que a lo largo de la historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo.

En la actualidad en materia de discapacidad se observan avances significativos importantes en materia de derechos humanos, ya que se han realizado acciones pertinentes para cambiar la percepción de las personas sobre este tema, así como el establecimiento de disposiciones a su favor en ordenamientos nacionales e internaciones.

México fue el país promotor del primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, pasaron cinco años entre el llamado que hizo el gobierno de México durante el LVI periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 13 de diciembre de 2006, fecha en la que durante su LXI periodo de sesiones la Asamblea General aprobó “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Esta Convención fomenta la plena integración y desarrollo de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida. Sugiere para ello un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto a sus derechos. Esta Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entraron en vigor el 3 de mayo de 2008.

México ha realizado importantes esfuerzos para otorgar atención a las personas con discapacidad desde tiempos muy remotos, pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el tema cobró mayor auge, aunque desde una perspectiva centrada fundamentalmente en la rehabilitación.

Subsecuentemente, se adoptaron diversas políticas públicas que establecían una íntima relación entre la discapacidad y la asistencia social, pero desde una concepción que terminó por estigmatizar a las personas con discapacidad como sujetos que requieren apoyos o subsidios por parte del Estado, negando hasta hace algunos  años la posibilidad de potenciar la igualdad de oportunidades y la integración social de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos.

Esta perspectiva de derechos humanos se ve materializada en el año  2011, cuando se decreta la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual entre otras cosas establece quien conforma el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de este sector vulnerable, así como los lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, basándose en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo estipulado en esta Ley.

Otro ordenamiento internacional en materia de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento legal es vinculatorio para nuestro país, al igual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y establece en su artículo tercero, párrafo 1, que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Además, en relación a las niñas y niños con discapacidad, prevé en el artículo 23, párrafo segundo, que: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.”

En congruencia con el texto de estos ordenamientos internacionales, de los cuales México es Estado parte, se han dado importantes avances en la armonización del marco jurídico nacional con las disposiciones previstas en ellos. Es así que, entre otras adecuaciones a la legislación, se incorpora en la Constitución Política el interés superior de la niñez y se dota al Congreso de la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además, se publica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se les reconoce como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, esta Ley establece que: “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión    debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.”

En este sentido, se hace necesario que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad incluya en su texto el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. De esta manera se armoniza la Ley en materia de discapacidad con lo previsto en la Carta Magna, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que respecta al interés superior.

En este orden de ideas, a través de la presente iniciativa se busca adicionar un cuarto párrafo al artículo primero de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para señalar de manera explícita que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, recibirán la protección necesaria para el ejercicio igualitario de todos sus derechos en términos del principio del interés superior de la niñez.

El principio del interés superior de la niñez, implica que este debe ser considerado como un criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas, así como para el diseño y ejecución de las políticas públicas, lo cual es particularmente necesario cuando nos referimos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Por otro lado, en el artículo segundo de la Ley, se incorpora la definición de las medidas de inclusión o nivelación con el objeto de generar los instrumentos adecuados para atender situaciones evidentes de desigualdad o condiciones o acciones de exclusión o diferenciación que limitan a las personas con discapacidad en el ejercicio y goce de sus derechos en condiciones de igualdad.

Es importante incluir en la Ley, la disposición que especifique que las acciones o medidas afirmativas que buscan promover la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad, no sean consideradas discriminatorias, por ello, se adiciona un cuarto párrafo en el artículo cuarto de la Ley en dichos términos.

Además, en el mismo precepto, esta iniciativa busca incorporar como un sexto párrafo la obligación de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los Municipios, de adoptar medidas de inclusión o nivelación, y de establecer los ajustes razonables y el diseño universal para garantizar la integración social de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Finalmente, la propuesta busca con la reforma a la fracción IV del artículo 5, que los principios que deberán observar las políticas públicas en el respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños y, de su derecho a la identidad, también estén considerados los adolescentes con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 5 y; se adicionan, el cuarto párrafo del artículo 1, la fracción XIX del artículo 2 recorriéndose las subsecuentes, el párrafo cuarto del artículo 4 recorriéndose los subsecuentes y, el párrafo sexto del mismo artículo, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

El Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, bajo el principio del interés superior de la niñez, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. 

Artículo 2. …

I a XVIII…

XIX.Medidas de Inclusión o Nivelación. Las acciones y disposiciones de carácter preventivo o correctivo, que permitan a las personas con discapacidad el acceso efectivo y en condiciones de igualdad de oportunidades, al ejercicio y goce de sus derechos y libertades;

XX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;

XXI. a XIX. …

Artículo 4. …

Las acciones o medidas afirmativas que buscan promover la igualdad real de oportunidades de las personas con discapacidad, no se considerarán discriminatorias.

Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de inclusión o nivelación, y establecerán los ajustes razonables y el diseño universal para garantizar la integración social de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Artículo 5. …

l.  a lll. …

lV. El respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;

V.  a Xll. …

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Fed. Cinthya Valladares Couoh.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Reza Gallegos. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, reglamentaria de los artículos 6o. y 134 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6o. Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, con su venia, señor Presidente.

Establecer un marco regulatorio claro y preciso sobre la publicidad y la comunicación institucional, constituye un asunto de medular importancia para controlar los excesos en el uso de recursos públicos destinado a medios de comunicación que usan muchos actores de la vida pública para promover sus carreras políticas; para limitar indirectamente a los medios de comunicación o para usarlos como instrumentos de propaganda con intereses personales o de grupo.

El 13 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos se adicionaron tres párrafos al artículo 134.

Los objetivos fundamentales de dicha reforma eran elevar a rango constitucional las disposiciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales. Con ello se pretendía impedir que actores ajenos al proceso electoral tuvieran incidencia en las campañas electorales y en sus resultados a través de los medios de comunicación.

En suma, lo que el espíritu del legislador pretendía era dar respuesta a dos de los más graves problemas en un proceso electoral como el que vivimos en el 2006:

El elevado costo de la democracia mexicana; y el uso y abuso de los medios de comunicación.

Tres propósitos se enumeraron entonces en esa reforma política del 2007.

1.- Por una parte, en política y campañas electorales, menos dinero y más sociedad.

Mucho muy diferente a lo que hoy vivimos en particular con el Partido Verde Ecologista, que al 2 de mayo de 2015 lleva acumuladas multas impuestas, tanto por las autoridades electorales como administrativas y jurisdiccionales, por más de 193 millones de pesos, muy cercanas a las multas que le impusieron en el 2012.

En tan sólo cinco meses del proceso electoral, del 2014 al 2015 el Partido Verde Ecologista acumuló más de 30 quejas por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes y normas en materia electoral; y 2 quejas por presunto financiamiento ilegal.

2.- En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad.

Lamentablemente en este rubro vemos hoy que las omisiones por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales han sido diversas.

El INE ante peticiones de miles de ciudadanos de iniciar un proceso con todas las garantías legales para quitar, en el marco del derecho y conforme a sus facultades, el registro a dicho Partido Verde, se ha limitado a decir que sean los electores los que decidan, a sabiendas que derivados de su coalición con el PRI el Verde no perderá, obviamente, su registro por esa vía.

En claros actos anticipados de campaña, el tribunal electoral ha resuelto que no ha habido, con criterios poco claros y ambiguos; también la sala regional del tribunal resolvió que el programa gubernamental para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, vales de medicina y su discusión a través de su boletín, no vulneró para ellos la norma electoral, convirtiéndose así en cómplices del Partido Verde Ecologista de México, y al estado de derecho en una simple formalidad jurídica.

3.- En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones.

Así las cosas, pues, en México.

Por ello, precisamente estamos nosotros presentando esta reforma a la reglamentación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ha querido verse sólo como una necesidad netamente electoral. Sin embargo, tanto éste como en el artículo 6o. constitucional, contienen disposiciones que tienen que ver con uno de los derechos humanos más trascendentes de toda sociedad que se jacte de llamarse democrática: la libertad de expresión.

De ahí que la presente iniciativa de proyecto de ley está orientada a regular los mecanismos de publicidad y comunicación institucional que realizan en particular los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputada, permítame.

Les ruego nuevamente a las y los integrantes de esta Comisión Permanente, pongamos atención a la oradora, les ruego a los asesores contribuyan con ese mismo propósito, y les ruego a los asistentes que están en la parte de arriba, pongan atención, porque hacen diálogos que se vuelve un conjunto de ruidos que impiden que la oradora sea escuchada.

Adelante Diputada, por favor.

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor Presidente.

El derecho fundamental de la libertad de expresión cobra particular relevancia a partir de la orientación de las reformas constitucionales de 2012 en donde se favorece, por sobre todas las cosas, las garantías fundamentales del hombre. Una de éstas lo constituye el derecho de todo hombre con el derecho a la expresión, a la información, a no ser discriminado por sus posiciones políticas y, en general, a contar con servidores públicos apegados a los principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos.

En conclusión, compañeros Diputados y Senadores, aunque existe la obligación constitucional de aprobar desde hace más de 7 años una ley reglamentaria al artículo 134 constitucional, ello simplemente, o sospechosamente, no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Este problema tiene serias consecuencias a cuatro aspectos fundamentales:

1.- La aceptación al derecho de libertad de expresión al hacer uso faccioso de los recursos públicos en materia de publicidad y comunicación política.

2.- Se acepta el principio de equidad en las contiendas electorales como yo la especifiqué, en particular con el caso del Partido Verde.

3.- Se afecta el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos.

4.- Se afecta al principio de derecho a la información del ciudadano de contar con información pública, veraz y oportuna, libre de tendencia de carácter político o ideológico alguno.

La ausencia de esta regulación adecuada de la publicidad y comunicación institucional en cada estado, en cada municipio, en cada órgano de gobierno, seguirá generando serios vacíos legales que traerán como consecuencia, lo que hemos visto hasta ahora, abusos tanto en la asignación y el ejercicio del gasto público en medios de comunicación, como en la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de servidores públicos que, ahora casualmente, andan en campaña.

Por ello, propongo a esta Soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de Decreto.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6o Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Establecer un marco regulatorio claro y preciso sobre la publicidad y la comunicación institucional constituye un asunto de medular importancia para controlar los excesos en el uso de recursos públicos destinado a medios de comunicación que usan muchos actores de la vida pública para promover sus carreras políticas; para limitar indirectamente a los medios de comunicación o para usarlos como instrumentos de proganda con intereses personales o de grupo.

ARGUMENTACIÓN

El 13 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos se adicionaron tres párrafos al artículo 134, quedando de la siguiente manera:

Artículo 134.…

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades de los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de acciones, programas, políticas públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo, que emprendan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en los respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Los objetivos fundamentales de dicha reforma eran elevar a rango constitucional las disposiciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales. Con ello se pretendía impedir que actores ajenos al proceso electoral tuvieran incidencia en las campañas electorales y en sus resultados a través de los medios de comunicación.

En esencia, de manera directa lo que se estaba reformando era el modelo de comunicación política entre sociedad y partidos, con el que se replantean las relaciones entre política y medios de comunicación estableciendo principios de imparcilidad de los servidores públicos en sus estrategias de publicidad y comunicación institucional.

Se destacaba entonces el derecho a la Libertad de Expresión como una garantía individual ante el Estado y la protección que los primeros tienen ante los eventuales abusos del poder público. En la Exposición de motivos se planteaba "Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política".

En suma, lo que el espíritu del legislador pretendía era dar respuesta a dos de los más graves problemas que el proceso electoral de 2006 había reflejado: el elevado costo de la democracia mexicana y el uso y abuso de los medios de comunicación.

Tres propósitos se enumeraron entonces en la reforma electoral de 2007:

1. En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;

2. En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y

3. En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones.

Así las cosas, se estableció un plazo de 30 días para realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes federales a partir de la vigencia de dichas disposiciones. Situación que no se cumplió.

Para subsanar dicha omisión, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2008. Disposición reglamentaria que sólo constituyó un paliativo ante la ausencia de la ley reglementaria correpondiente.

Un segundo plazo para dar cumplimiento con lo constitucionalmente establecido fue el 30 de de abril de 2014. Tampoco se cumplió. Aunado a lo anterior, el 7 de octubre de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral abrogó el reglamento citado en el párrafo anterior, argumentando reiteraciones con otras disposiciones legales, criterios superados o pérdida de eficacia de dichas disposiciones.

Nuevamente, y en cumplimiento del Transitorio TERCERO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en el que se establece:

"El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del Artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos".

De igual manera, se establece en el artículo transitorio VIGÉSIMO TERCERO:

Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 de esta Ley, en relación con los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, deberá ser regulado en la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor lo previsto en el referido párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no se expida y entre en vigor la regulación anterior en dicha ley.

La reglamentación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha querido verse como una necesidad netamente electoral. Sin embargo, tanto éste como el artículo 6º constitucional contienen disposiciones tienen que tienen que ver con uno de los derechos humanos más trascendentes de toda sociedad que se jacte de llamarse democrática: la Libertad de Expresión. De allí que la presente iniciativa de Proyecto de Ley está orientada a regular los mecanismos de publicidad y comunicación institucional que realizan en particular los poderes Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El derecho fundamental de la libertad de expresión cobra particular relevancia a partir de la orientación de las reformas constitucionales de 2012 en donde se favorece, por sobre todas las cosas las garantías fundamentales del hombre. Una de éstas lo constituye el derecho de todo hombre con el derecho a la expresión, a la información, a no ser discriminado por sus posiciones políticas y, en general, a contar con servidores públicos apegados a los principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos.

Son distintos los instrumentos internacionales que reconocen desde hace mucho tiempo a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales para el entendimiento de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia. Dentro de dichas normas se encuentran: La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13); la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19); Convención Europea sobre Derechos Humanos (artículo 10); Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20); la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en múltiples informes regionales de América Latina, las formas directas e indirectas que tienen los gobiernos de la región para afectar ilegítimamente la libertad de expresión de los individuos. Dentro de los Principios sobre la Libertad de Expresión de dicha Comisión, en el numeral 13 se señala: "la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley".

La Declaración de Chapultepec, sucrita en la Ciudad de México en 1994 contiene 10 Principio fundamentales para una prensa libre en las sociedades democráticas. El presupuesto básico de dicha Declaración es que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa sin importar el medio de que se trate. Al respecto, conviene destacar los siguientes principios: 1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. 2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. 6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga. 10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

En conclusión, aunque existe la obligación constitucional de aprobar desde hace más de 7 años una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, ello no ha ocurrido.

Este problema tiene serias consecuencias en 4 aspectos fundamentales: 1. Afectación al derecho de libertad de expresión al hacer un uso faccioso de los recursos públicos en material de publicidad y comunicación política; 2. Se atenta al principio de equidad en las contiendas electorales, 3. Se afecta el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y 4. Se afecta al principio de derecho a la información del ciudadano de contar con información pública veraz y oportuna, libre de tendencia de carácter político o ideológico alguno.

La ausencia de una regulación adecuada de la publicidad y comunicación institucional seguirá generando serios vacíos legales que traerán como consecuencia abusos tanto en la asignación y ejercicio del gasto público en medios de comunicación como en la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de servidores públicos.

FUNDAMENTO LEGAL

Quien suscribe, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Diputada Federal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

Con base en lo que antecede, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se expide la LA LEY GENERAL DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6o Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley establece el régimen jurídico de las campañas de publicidad y de comunicación de carácter institucional contratadas o no, por los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como de las demás entidades de carácter público establecidas en los distintos órdenes de gobierno.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia general para todos los servidores públicos que se desempeñen como tales en los órdenes de gobierno municipal, estatal y de la federación en el territorio nacional.

Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Comité Técnico Asesor de Publicidad y Comunicación Institucional; al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales locales en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 4. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo14 de la Constitución.

Artículo 5. Serán sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, así como sujetos de responsabilidades en términos de las leyes aplicables:

a) Todo servidor público que sea integrante de los Poderes Ejecutivo que comprende a los servidores de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; Legislativo que comprende a legisladores federales y estatales, de manera individual o conformados en grupos parlamentarios; y Judicial, tanto de las entidades federativas como del ámbito federal.

b) El Presidente de la República. Será sujeto de responsabilidad administrativo por la violación a la presente ley. (Modificación del Artículo 108 constitucional, párrafo segundo).

c) Los servidores públicos que forman parte de los órganos autónomos constitucionales, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas

d) Cualquier otra persona de derecho público sujeta a uno o varios ordenamientos jurídicos, creada por un acto legislativo, que realizan funciones o actividades del Estado, con facultades de decisión y ejecución que pueden llegar a afectar unilateralmente a los particulares en los ámbitos federal, estatal y municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las restricciones

Artículo 6. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda publicidad y comunicación institucional tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los siguientes casos:

a) Que promuevan la cultura nacional; transparencia; derecho de acceso a la información; protección de datos personales; políticas de promoción turística, de carácter educativo, fiscal, hacendaria y de protección civil; lotería nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública; censos económicos y de población y para la promoción de eventos deportivos y festejos nacionales.

b) Que los sujetos obligados realicen en cumplimiento del ejercicio de sus responsabilidades de caracter industrial, comercial o mercantil que desarrollen.

c) Todas las disposiciones de carácter normativo, resoluciones y actos administrativos o judiciales, así como las actuaciones de carácter público que en ejercicio de la función pública deban publicarse o difundirse por mandato legal.

d) Que en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales implementen las autoridades electorales para efectos de promoción del voto, inscripción en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, participación ciudadana, educación cívica y, en general lo relativo a los instrumentos de participación ciudadana.

CAPÍTULO TERCERO

De las Campañas de Publicidad y Comunicación Institucional

Artículo 7. Se entenderá como Campaña de Publicidad Institucional toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje, anuncio o espacio dirigido a una pluralidad de destinatarios, contratado o administrado por alguno de los sujetos obligados por la presente Ley, ya sea solventado con recursos públicos o privados, en cualquier medio de comunicación.

Artículo 8. Se entenderá como Campaña de Comunicación Institucional la que, utilizando formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de los sujetos obligados que sea informativa, educativa o de orientación social para informar a la sociedad sobre sus fines institucionales, políticas públicas y programas que, en cumplimiento del marco normativo, sea de interés público.

Artículo 9. Las notas periodísticas, fotografías, y la información de las redes sociales o en los portales de internet no constituirán promoción personalizada siempre y cuando sea de carácter informativo.

Artículo 10. Independientemente de su naturaleza, los medios de comunicación que violen las presentes disposiciones ya sea de manera directa o indirecta, explícita o velada, serán sancionadas severamente por las instancias correspondientes hasta con la pérdida de la concesión de que se trate.

Artículo 11. Los sujetos obligados por la presente Ley estarán sujetos a las políticas que en materia de publicidad y comunicación institucional apruebe anualmente el Comité Asesor de Publicidad y Comunicación Institucional.

Artículo 12. Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos:

a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales y legales.

b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

c) Informar a los ciudadanos sobre la realización de los procesos electorales y ejercicio de instrumentos de participación ciudadana, vigentes en los ámbitos de jurisdicción correspondientes.

d) Difundir el contenido de disposiciones constitucionales y legales que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general.

e) Advertir a la población de la adopción de medidas de protección civil o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios.

f) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio cultural.

g) Difundir las tradiciones de carácter nacional o regional, así como el patrimonio histórico y cultural.

h) Promover el conocimiento de los fines, estructura, organización, recursos materiales, humanos y financieros de los sujetos obligados.

i) Informar de los procedimientos para realizar consultas y, en su caso, interponer quejas o sugerencias.

Artículo 13. Por ningún motivo la publicidad y comunicación institucional contendrá elementos que condicionen o induzcan el voto ciudadano, a un beneficio que se oferte o para evitar un posible perjuicio de carácter político electoral.

Artículo 14. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias que en ejercicio de la función pública tienen los sujetos obligados.

Artículo 15. Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la sociedad. Se establecerán de manera tal que pueda ser accesible la información a todos los sectores sociales, incluidos aquéllos que tienen acceso limitado o carecen de las nuevas tecnologías.

Artículo 16. Las campañas de publicidad y de comunicación institucionales se ajustarán invariablemente a los siguientes principios: interés público, lealtad institucional, veracidad, transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, pluralismo informativo, responsabilidad, eficacia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos.

Artículo 17. No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación:

a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos obligados por la presente Ley.

b) Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias.

c) Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales.

d) Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al normativo vigente.

e) Que induzca a la confusión o al error a los destinatarios.

f) Que sea engañosa o sea utilizada para fines distintos de la comunicación legitima.

g) Que constituyan propaganda encubierta de los sujetos obligados carentes de interés público y lealtad institucional o que estigmatice a sectores opositores o críticos del gobierno.

Artículo 18. Los mensajes o la presentación de las campanas institucionales de publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier partido político, agrupación política o ente vinculado con alguno de éstos.

Artículo 19. No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad o de comunicación que no identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa del ente obligado por la presente Ley, promotora o contratante.

Artículo 20. La información publicada en los portales de internet de los sujetos obligados debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible, oportuna, de fácil acceso y estar actualizada mensualmente.

Se procurará el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Artículo 21. Todos los sujetos obligados por la presente Ley estarán sujetos a las disposiciones legales correspondientes para la contratación de sus campañas de publicidad y comunicación institucionales, respetando estrictamente en todo momento los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, publicidad, concurrencia, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Artículo 22. En los procesos de contratación de publicidad y comunicación institucional se establecerán, entre otros, los siguientes elementos:

a) Los mecanismos de seguimiento de las distintas etapas que van desde la venta de las bases de licitación hasta las resoluciones a los posibles casos de impugnación en la adjudicación.

b) Los mecanismos mediante los cuales se involucrarán a los órganos de control interno que correspondan en dichos procesos.

c) Los mecanismos de defensa existentes tanto los de carácter administrativo como jurisdiccional.

Artículo 23. Todos los sujetos obligados por la presente ley tendrá el deber de elaborar su Padrón de Proveedores de Publicidad y Comunicación Institucional, a los cuales se verán obligados a convocar en los procesos de licitación correspondientes. Dicho padrón se sujetará a los lineamientos establecidos por el Comité Técnico Asesor en Publicidad y Comunicación Institucional (Comité Técnico).

Artículo 24. Los medios de comunicación, independientemente de su naturaleza, informarán al Comité Técnico de los contratos establecidos con los sujetos obligados de la presente ley, de acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por el propio Comité.

Artículo 25. El Comité Técnico deberá aprobar a más tardar el 15 de diciembre previo al año de su aplicación un Plan General de Publicidad y Comunicación Institucional, en el que se contemple la publicidad y comunicación institucional a ejecutarse por el sujeto obligado, tanto con recursos presupuestados como en uso de los tiempos oficiales. Este Plan será obligatorio para los sujetos obligados y publicado en los portales de internet de los mismos.

Artículo 26. A más tardar en el mes de agosto del año previo a su aplicación, todos los sujetos obligados remitirán de manera electrónica a dicho Comité sus propuestas de publicidad y comunicación, en las que se especifiquen entre otros, los siguientes aspectos: objetivos institucionales, costos estimados, programación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, población objetivo y las instancias públicas involucradas.

Artículo 27. Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Comité, la autorización de campañas de publicidad o de comunicación no previstas en el Plan Anual. En todo caso, dichas excepciones serán de carácter urgente o imprevisto, justificando las razones para ello y sujetándose en todo momento a lo establecido por la presente ley y a las disposiciones complementarias aprobadas por el Comité.

Artículo 28. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los sujetos obligados de la presente ley podrán declarar la información relativa a la publicidad y comunicación institucional como información reservada o confidencial.

CAPÍTULO CUARTO

Del Comité Técnico Asesor en Publicidad y Comunicación institucional

Artículo 29. La Cámara de Diputados aprobará, como resultado de una consulta abierta a la ciudadanía, colegios de profesionistas e instituciones académicas, el Comité Técnico Asesor de Publicidad y Comunicación Institucional. Dicho Comité estará integrado por 5 personalidades de reconocido prestigio que serán nombradas de la siguiente manera: 1 comisionado para un periodo de 5 años, 2 comisionados para un periodo de 3 años y 2 personas para un periodo de 2 años. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán reelegirse. Contará además con un Secretario Técnico designado para un periodo de 3 años, pudiendo reelegirse por una sola ocasión. Éste será elegido por la mayoría de los Comisionados, de entre las propuestas que cada una presente en el pleno.

Artículo 30. El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

a) Planificar la estrategia de publicidad y comunicación institucional, objeto de la presente ley.

b) Elaborar el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional.

c) Establecer mecanismos de coordinación y asistencia técnica para los sujetos obligados.

d) Establecer Lineamientos para la información, seguimiento y evaluación de publicidad y comunicación institucional mismos que serán comunicados oportunamente a los sujetos obligados.

e) Constituir el mecanismo más adecuado para escuchar a los interesados tanto en el diseño, como en el desempeño y evaluación de sus responsabilidades en materia de publicidad y comunicación institucional.

f) Crear las Comisiones al interior del Comité necesarias para el desarrollo de sus funciones.

g) Constituir el Reglamento Interior del Comité en el que se determine la organización y funcionamiento del mismo.

h) Autorizar, en su caso, por una mayoría de votos, las campañas no previstas en el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional.

i) Resolver las denuncias realizadas por violaciones a las disposiciones de la presente ley.

j) Establecer de manera oficiosa mecanismos correctivos ante las violaciones a los principios rectores de la publicidad y comunicación institucional.

k) Establecer los criterios que deberán aplicar los sujetos obligados de la presente ley para evitar las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos en la contratación de publicidad y comunicación institucional. Dentro de dichos criterios deberá estar lo relativo a la producción, distribución y asignación de pautas publicitarias.

l) Aprobar los lineamientos y formatos mediante los cuales todos y cada uno de los medios de comunicación informen al Comité de las pautas de comunicación contratadas o en uso de los tiempos oficiales realicen los sujetos obligados de la presente ley.

m) Establecer los lineamientos por los que los sujetos obligados publicarán en sus portales de internet toda la información relativa a la publicidad y comunicación institucional, entre la que se encuentra: i) marco normativo para procesos de producción, contratación y adjudicación. Ii) criterios de contratación, iii) Motivos de asignación, iv) Presupuestos, gastos y contratos publicitarios, v) montos de publicidad por tipo de medio, campaña de publicidad o comunicación y responsable de la contratación.

n) Establecer los lineamientos y formatos a los que se sujetará todo sujeto obligado para la conformación del Padrón de Proveedores de Publicidad y Comunicación Institucional. Dicho padrón tendrá como propósito facilitar la transparencia y la objetividad en la contratación, mismo que deberá ser flexible, evitando requisitos desproporcionados o discriminatorios.

o) Aprobar los criterios de asignación de publicidad y comunicación institucional a que se deben de sujetar los sujetos obligados con el objeto de evitar i) La discrecionalidad y las sospechas de favoritismos políticos y de cualquier otra índole; ii) Castigar o premiar contenidos editoriales e informativos de los medios; iii) Discriminar bajo cualquier modalidad a los medios de comunicación tanto como personas morales como físicas.

p) Aprobar los lineamientos y formatos mediante los cuales los sujetos obligados fundarán y motivarán los criterios y parámetros utilizados en la adjudicación de las campañas de publicidad y comunicación institucional. Dentro de dichos parámetros deberá de encontrarse: el perfil del público al que está destinado; los costos; el raiting o las mediciones de circulación y audiencia del medio respectivo, certificado por empresas creibles y de reconocido prestigio.

En ningún caso dichas mediciones serán utilizadas como una herramienta para restringir de manera directa o indirecta el ejercicio de la libertad de expresión al marginar a ciertos medios de comunicación del otorgamiento de publicidad oficial. Para dichos efectos, en la asignación de las pautas de publicidad y comunicación tendrá que tomar en cuenta a aquéllos medios que no tengan como propósito criterios comerciales o de mercado, considerando a los de carácter comunitario o alternativo.

q) Establecer recomendaciones para los órganos de control interno de los sujetos obligados en la fiscalización de los recursos presupuestados y ejercidos para efectos de publicidad y comunicación institucional.

r) Aprobar al Secretario Técnico del Comité, así como la estructura básica de apoyo para sus funciones.

s) Solicitar el presupuesto anual para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 31. El Comité Técnico presentará anualmente a la sociedad un informe detallado de la Publicidad y Comunicación Institucional, en el que se establezcan de manera desglosada entre otras, la siguiente información: i) grado de cumplimiento del Plan Anual en cuanto a los objetivos planteados, la población objetivo y los recursos presupuestados; ii) grado de cumplimiento con los principios rectores de la publicidad y comunicación institucional; iii) grado de cumplimiento con los recursos presupuestos y los ejercidos; iv) relación de los adjudicatarios de los contratos celebrados; v) status de los procedimientos sancionatorios y, vi) las recomendaciones sugeridas para los sujetos obligados y, en general, para el perfeccionamiento de las estrategias de publicidad y de comunicación institucional.

En dicho informe también se reflejará el grado de cumplimiento de las obligaciones que establece la presente ley para los medios de comunicación y la congruencia entre lo reportado por éstos y por los sujetos obligados.

Artículo 32. Los sujetos obligados deberán informar mensualmente al Comité de los procesos de asignación de contratos de publicidad y comunicación institucional, bajo los lineamientos y formatos que al efecto apruebe dicho Comité. Dichos informes serán publicados en los portales de internet correspondientes a más tardar los primeros 5 días del mes siguiente de que se informe.

Artículo 33. Para efectos de la materia electoral en los ámbitos federal y local, el Instituto Nacional Electoral será el órgano competente para conocer de violaciones de los servidores públicos y de los sujetos obligados que en materia electoral que violen los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales siempre y cuando:

a) Las conductas infractoras de los sujetos obligados incidan en los procesos electorales federales.

b) Cuando las infracciones cometidas incida en los procesos electorales federales y en elecciones locales concurrentes y que, por su naturaleza, sea imposible la división de la queja.

c) En tratándose de publicidad y comunicación institucional que sea transmitida en radio y en televisión.

d) Si el INE asume la organización de los procesos electorales en los Organismos Públicos Locales, en términos de lo dispuesto por el Título quinto, capítulo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Cuando la infracción sea cometida por un servidor público no esté relacionada con alguna elección y no se pueda identificar el cargo de elección popular para el que se promueva.

f) En violaciones a la presente ley, vinculadas a la materia electoral en los casos de ejercicios de participación ciudadana regulados en materia electoral.

g) Cuando las disposiciones en materia electoral así lo establezcan.

En los casos de las entidades federativas tendrán competencia los Organismos Públicos Locales Electorales.

CAPÍTULO QUINTO
Del uso de recursos públicos
en materia electoral

Artículo 34. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

1. Los informes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser presentados en el mes de enero, con excepción del año en que se realice la jornada electoral, en el que se presentarán durante el mes de diciembre.

2. Se considera como promoción personalizada con fines electorales la propaganda que se difunda a través de medios impresos o electrónicos, mantas, bardas, anuncios espectaculares, cualquier modalidad de publicidad exterior, volantes, o cualquier otro medio de comunicación que contenga, de manera enunciativa más no limitativa, alguna de las características siguientes:

3. Promocione explícita o implícitamente a un servidor público destacando su imagen, fotografía, voz, cualidades o calidades personales, logros político o económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, que denoten logros o acciones de gobierno adjudicados al mismo y no a la institución que representa, así como cuando el nombre y las imágenes contenidas se utilicen haciendo apología del servidor público para posicionarlo en la ciudadanía con fines político-electorales;

4. Utilice expresiones vinculadas con el sufragio, o con las distintas etapas del proceso electoral; difunda mensajes tendentes a la obtención del voto; mencione o aluda la pretensión de ser precandidato o candidato a un cargo de elección popular; haga cualquier referencia a los procesos de selección interna de los partidos; contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, o calumnie a las personas;

a) Cuando contenga o infieran las expresiones o referencias a voto, vota, votar, sufragio, sufragar, comicios, elección, elegir, proceso electoral, jornada electoral, y cualquier otra similar; así como locuciones relacionadas con las distintas etapas del proceso electoral;

b) Utilice colores, emblemas, símbolos, lemas, logos o cualquier otro elemento que relacione a los servidores públicos con partidos políticos, coaliciones, candidatos, precandidatos o procesos electorales o inclusive cuando se
utilice la misma tipografía o combinación de colores o características de las campañas electorales que hayan efectuado previamente.

c) Que sea contratada con recursos públicos o privados y que sea difundida en cualquier momento a través de medios impresos, electrónicos o cualquier que la técnica permita.

Artículo 35. Los servidores públicos que desplieguen campañas de difusión de sus informes de gestión serán los responsables de quitar la propaganda que haya desplegado, so pena de ser sancionado hasta en un 300% del costo erogado por las autoridades administrativas correspondientes. Si dichas autoridades no quitan la propaganda electoral entre los días 6 al 10 posteriores a la presentación de los informes incurrirán en violación a la presente ley y pudiendo ser sancionados por las instancias correspondientes.

Artículo 36. Dentro de los 10 días posteriores a la presentación de los informes, los servidores públicos presentarán al INE un informe sobre el origen y destino de los recursos erogados, mismo que será publicado en los portales de Internet del Instituto y de los órganos electorales locales.

Artículo 37. Los programas gubernamentales utilizados en las campañas de publicidad y comunicación institucional deberán proporcionar información que contribuya al debate público y a propiciar la generación de un voto razonado. En ningún momento y por motivo algunos dichos programas serán utilizados para promoción personal de los servidores públicos.

Artículo 38. Está expresamente prohibida la utilización de los programas sociales como mecanismo de inducción del voto, tanto en los procesos de elección popular como en los ejercicios de participación ciudadana.

Artículo 39. Toda publicidad y comunicación institucional será violatoria del presente ordenamiento independientemente de los medios utilizados para su difusión y bastará que en el contenido de los mensajes se advierta la finalidad de obtener adeptos o aprobación en la forma de Gobierno.

CAPÍTULO SEXTO
Del Régimen de Sanciones

Artículo 40. Sin perjuicio de las vías de recurso previstas en otros ordenamientos, cualquier persona física o jurídica afectada en sus derechos o intereses legítimos podrá solicitar la cesación inmediata o la rectificación de aquéllas campañas que incurran en alguna de las prohibiciones contenidas en esta Ley.

Podrán además solicitarlo, sin necesidad de acreditar un derecho o interés jurídico, aquéllas entidades jurídicas que tengan por objeto o finalidad velar por el respeto de los valores y principios consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los interesados podrán solicitar la cesación o rectificación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Electorales Locales en lo relativo a publicidad y comunicación institucional vinculada a la materia electoral; en todos los demás casos, ante el Comité Técnico.

Dichas instancias podrán tomar medidas inmediatas tales como la suspensión provisional inmediata de la campaña de publicidad o comunicación política.

En ningún caso podrá resolver después de más de 3 días hábiles las medidas provisionales, y no más de 15 días naturales el fondo del asunto. Su resolución, que será ejecutiva, pondrá fin a la vía administrativa.

Durante el curso del procedimiento, la Comisión de publicidad y comunicación institucional podrá recabar de las entidades afectadas cuanta información estimenecesaria para su resolución.

Artículo 41. Las instancias competentes implementarán los procedimientos sancionadores a los servidores público y sujetos obligados por la contravención a disposiciones de la presente ley.

Analizarán y determinarán, en su caso, si resulta procedente dar vista o presentar denuncia ante las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento de posibles delitos o faltas en materia de responsabilidades políticas o administrativas.

Artículo 42. En materia electoral se atendrán a las reglas que la autonomía de dichas autoridades les concede. En el caso del Comité, el procedimiento sancionador se sujetará al siguiente procedimiento:

a) Al recibir la queja o denuncia, el Secretario Técnico del Comité, previo análisis de la misma y de ser procedente, integrará un expediente que será remitido a todos y cada uno de los integrantes del Comité.

b) Si el Secretario valora que deben dictarse medidas cautelares, lo propondrá a los Comisionados para que, en pleno, resuelvan lo conducente en un plazo no mayor a 3 días naturales.

c) El Comité, previa sustanciación del procedimiento administrativo sancionador definirá la posible responsabilidad de algún sujeto obligado o servidor público en particular en la comisión de transgresiones a la presente ley.

Artículo 43. Las sanciones serán aplicadas y ejecutadas de manera directa por el Comité Técnico Asesor en Publicidad y Comunicación Institucional y serán las siguientes:

a) Multa de 2,000 a 3,000 salarios mínimos, de su propio pecunio al servidor público que transgreda las disposiciones de la presente ley. En caso de reincidencia, la destitución del encargo y la remisión al órgano de control interno para el correspondiente inicio de procedimiento de inhabilitación para la ocupación de cargos públicos.

b) En caso de ser una persona de carácter moral, amonestación de carácter público en por lo menos 3 medios de comunicación de carácter nacional del sujeto obligado que haya transgredido las disposiciones de la presente ley. Dichas publicaciones serán con cargo al pecunio personal del titular del sujeto obligado. En caso de reincidencia, la destitución del titular y principales funcionarios involucrados.

c) Sanciones de 5,000 a 50,000 salarios mínimos a los medios de comunicación que trangredan el presente marco normativo. En caso de un segunda reincidencia, el doble del monto señalado. En caso de una tercera incidencia, la perdida de la concesión o el permiso de que se trate.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se hayan iniciado durante la vigencia de la presente Ley deberán concluirse conforme a los ordenamientos aplicables al momento de la comisión de la infracción.

En la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 6 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Rosas Montero. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 47 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7o. Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano)

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

La iniciativa que el día de hoy pongo a consideración de esta Asamblea, tiene por objeto, por un lado, establecer en la Ley General de Educación que la educación que imparta el Estado deberá infundir el conocimiento y la práctica de la ética y la ciudadanía, además de la democracia como la forma de gobierno y convivencia.

Esto que parece una perogrullada no lo es, si ustedes recordarán en el año 2002, el llamado gobierno del cambio, aparte de desaparecer de los libros de texto de historia temas, episodios de la guerra entre liberales y conservadores y la formación del sistema político mexicano postrevolucionario, también decidió eliminar las asignaturas de civismo y ética.

Con esa decisión se retiraron definitivamente los temas de estas asignaturas en la educación básica, pero lo más grave es que se pierde, con ello, la oportunidad de formar desde los tiempos tempranos educativos de niños y adolescentes, a ciudadanos que participen constantemente y de manera responsable en la toma de decisiones en este país, como ocurre en las sociedades avanzadas.

El concepto de ciudadanía ha recorrido un largo camino desde la Grecia clásica y romana, pasando por la época medieval, hasta llegar a la modernidad en la época contemporánea.

En estas etapas, el término ciudadanía ha variado; sin embargo, el día de hoy adquiere mayor vigencia porque explica la virtud democrática y el fin último de la política y la moralidad.

Si la ciudadanía supone una cierta comunidad, vivimos entonces como los demás, y eso todo ciudadano debe tomarlo en cuenta.

La convivencia, compañeras y compañeros, es una necesidad, quien no sabe vivir en sociedad, o es una bestia o es un dios. Para vivir en sociedades necesitamos construir con ética y con visión de ciudadanía el desarrollo, un clima social y humano de mayor seguridad y un orden político democrático.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostiene que la ciudadanía dota a las personas de la capacidad de construir y transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos.

Mientras los tomadores de decisiones y representantes populares, como nosotros, no entendamos lo anterior, de manera injusta estaremos condenando a la pobreza ciudadana a nuestra población.

Sabemos que es importante formar ciudadanos. A partir de 2004, se consideró que el desarrollo de la ciudadanía europea era una de las principales prioridades de acción de la Unión Europea, por lo que todos los países de esta ahora imparten esta asignatura de educación para la ciudadanía.

En México, por el contrario, no tenemos para nuestros estudiantes una materia en esta naturaleza. Lo más dramático es que ninguno de los artículos de la Ley General de Educación, que se refieren a los planes y programas educativos en el nivel básico contempla, ya ni por asomo, siquiera incluir asignaturas cívicas.

Señoras y señores, la emergencia nacional que vivimos es producto de la descomposición estructural de un sistema que hemos dejado caer, los alarmantes niveles de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social son producto de la crisis de expectativas y de los niveles de inseguridad y violencia sin precedentes.

Eso debiera ser motivo suficiente para pensar en que desde las aulas vayamos nuevamente redignificando al ciudadano y enseñándole cómo debe comportarse en un ámbito de convivencia social.

Si a ello sumamos que la política está desprestigiada, necesitamos darle al ciudadano razones para volver a creer en la vida pública y para participar de manera activa en ella.

La regeneración del tejido social, el desarrollo económico y cultural, la convivencia social armónica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas sólo se logra formando hombres y mujeres de bien, conscientes de sus derechos y obligaciones.

José Martí escribió hace muchos años una sentencia que hoy cobra vigencia absoluta. Decía que tenía que formar hombres y mujeres libres, la patria que quisiera salvarse.

Creo que en esta hora nacional, es tiempo en que volvamos a darle al ciudadano razones para creer en la vida pública.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7O. Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La emergencia nacional que vivimos es producto de la descomposición estructural, de los alarmantes niveles de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social, de la pérdida de valores, de la crisis de expectativas  y de los niveles de inseguridad y violencia sin precedentes. Esto debe ser motivo suficiente para dignificar al individuo y replantear el modelo de convivencia social.

En el año 2002, el mal llamado gobierno del cambio, aparte de haber desaparecido de los libros de texto de historia temas y episodios que causaban malestar para la élite gobernante (como la guerra entre liberales y conservadores y la formación del sistema político mexicano posrevolucionario), también decidió eliminar las asignaturas de Civismo y Ética.

Con esa decisión, se retiraron no sólo definitivamente los temas de esas asignaturas de ciencias sociales en la educación básica, sino que se cerró la puerta para formar ciudadanos activos que participaran constantemente en la toma de decisiones públicas y ejercieran un control celoso y escrupuloso hacia los gobernantes. Tal y como ocurre en sociedades democráticas avanzadas.

La presente Iniciativa, que el día de hoy someto a consideración de esta H. Asamblea, tiene por objeto establecer en la Ley General de Educación, que en los planes y programas de estudio de la enseñanza básica, se incluya la asignatura de “Educación Ciudadana”.

El concepto de ciudadanía ha recorrido un largo camino desde la Grecia clásica y Roma, pasando por la época medieval, hasta llegar a la modernidad y a la edad contemporánea. En todas estas etapas el término ciudadanía ha variado y su función también, dependiendo del contexto, sin embargo, “pasado, presente y futuro de la ciudadanía están relacionados a través de un principio que explica la virtud democrática y el fin último de la política y la moralidad”.1

“Aristóteles fue el autor que primero formuló una tesis completa sobre la idea de ciudadanía (y, en general, es el primer teórico de la democracia). Como por todos es sabido, para este pensador el hombre es un zoon politikon, es decir, un animal cívico o político (en muchas ocasiones se suele utilizar esta última traducción, aunque sería más adecuada la primera), y eso quiere decir que sólo puede desarrollarse plenamente en el interior de su comunidad social y política”.2

El estagirita categóricamente estableció que: “La ciudadanía supone una cierta comunidad; vivimos con los demás y eso todo ciudadano siempre debe tenerlo en cuenta. La convivencia es una necesidad: el que no sabe vivir en sociedad es una bestia o un dios. Pero para vivir en sociedad necesitamos de la ética y de la moral, únicas vías para poder conocer y desarrollar la virtud ciudadana”.3

La ciudadanía ampara no sólo a los derechos humanos de corte civil, político y social. Su construcción abona al desarrollo, a un clima social y humano de mayor seguridad, a consolidar un orden político democrático con más participación de las personas en los asuntos públicos y a difundir el bienestar hacia quienes tienen menos acceso a los beneficios de la modernidad.

La obtención de la igualdad requiere varias transformaciones sociales, una de ellas es la de formar ciudadanos como sujetos políticos plenos, con derechos y obligaciones. Los niños y jóvenes son ciudadanos en formación y qué mejor que la educación ciudadana en las aulas para que comprendan que “la ciudadanía va más allá de percibirse como titulares de derechos, ya que implica también la participación y el compromiso con el destino de la sociedad”.4

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) sostiene que: “la ciudadanía dota a las personas de la capacidad de construir o transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos”.5

Este concepto contempla el ámbito objetivo y el subjetivo. El primero se relaciona con las condiciones externas que garantizan un efectivo cumplimiento del derecho que le asiste a la persona, éstas son de orden legal, institucional y financiero; las de orden legal posibilitan la exigibilidad de derecho, el institucional crea los organismos necesarios para su ejercicio y el orden financiero permite el ejercicio del derecho. El segundo se refiere a la habilitación de la persona para ejercer sus derechos, lo que implica la necesidad de conocerlos para participar en la creación de reglas de conducta y el desarrollo de capacidades personales acordes con el ejercicio y la protección de sus derechos.6

Mientras los tomadores de decisiones y nosotros como representantes populares no entendamos lo anterior, de manera injusta estaremos condenando a la “pobreza ciudadana” a nuestra población.

En el entendido de que pobres no son sólo aquellas víctimas de una mala distribución de la riqueza, sino aquellas personas cuyos recursos materiales e inmateriales no les permiten cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige. Por eso, cuando se habla de pobreza ciudadanía se hace referencia a aquella situación social en la que las personas no pueden obtener las condiciones de vida que les posibilite desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos culturales para integrarse como miembros de una sociedad.7

Actualmente, un dato que resulta revelador es que, sabedores de la importancia de educar ciudadanos, y a partir de 2004 a través del comunicado “Construir nuestro futuro común. Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)”, se consideró al desarrollo de la ciudadanía europea como una de las principales prioridades de acción de la Unión Europea, por lo que todos los países de la Unión Europea imparten en la enseñanza básica la asignatura de “Educación para la ciudadanía”.8

En México, por el contrario, no tenemos para nuestros estudiantes una materia de esta naturaleza. Lo más dramático es que ninguno de los artículos de la Ley General de Educación que se refieren a los planes y programas educativos en el nivel básicocontempla la importancia de incluir en éstos las asignaturascívicas. Por tal motivo, es ineludible que en dichos planes y programas educativos se incorpore como obligatoria la asignatura de “Educación Ciudadana”.

Por último, la regeneración del tejido social, el desarrollo económico y cultural, la convivencia social armónica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, sólo se logra formando hombres y mujeres de bien; ciudadanos activos en el uso de sus libertades, derechos y obligaciones inherentes a su condición, y eso implica que la educación ciudadana juegue un papel decisivo.

En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7º; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 7o; y se adiciona la fracción V y un último párrafo al artículo 47, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- …

I.- a IV.- …

V.-Infundir el conocimiento y la práctica de la ética y la ciudadanía, así como de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- a XVI.- …

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- …

I.- a IV.- …

V.- Los contenidos que permitan a los educandos de nivel básico desarrollarse  a plenitud y ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones como ciudadanos, a partir de los valores éticos y democráticos.

La Secretaría deberá determinar en los planes y programas de estudio la asignatura de Educación Ciudadana para cumplir con lo que dispone la fracción V del presente artículo.

Texto actual de la Ley General de Educación

Texto propuesto

Artículo 7o.- …

I.- a IV.- …

V.-Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- a XVI.- …

Artículo 7o.- …

I.- a IV.- …

V.-Infundir el conocimiento y la práctica de la ética y la ciudadanía, así como de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- a XVI.- …

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- …

I.- a IV.- …

 

 

 

 

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- …

I.- a IV.- …

V.- Los contenidos que permitan a los educandos de nivel básico desarrollarse  a plenitud y ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones como ciudadanos, a partir de los valores éticos y democráticos.

La Secretaría deberá determinar en los planes y programas de estudio la asignatura de Educación Ciudadana para cumplir con lo que dispone la fracción V del presente artículo.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.-Las autoridades educativas tendrán como plazo para incorporar en los planes y programas educativos la asignatura de “Educación Ciudadana”, hasta el ciclo escolar 2017-2018.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, en el Senado de la República,
el 6 de mayo de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado González Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

1 Horrach Miralles, Juan Antonio. “Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos”. Revista de Filosofía Factótum, p. 1. Disponible en: http://www.revistafactotum.com/revista/f_6/articulos/Factotum_6_1_JA_Horrach.pdf [Última consulta: 22 de diciembre de 2014]

2 Ibíd., p. 4.

3 Ibíd., p. 5.

4 Bojórquez, Nelia. “Ciudadanía”, p. 1. Disponible en: http://www.uam.mx/cdi/derinfancia/5nelia.pdf [Última consulta: 22 de diciembre de 2014]

5 Ibíd., p. 2.

6 Ídem.

7 Ibíd., p. 3.

8 La Unidad Europea de Eurydice, la Red europea de información en educación, publica el documento titulado “La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo”, mayo de 2005. Disponible en: http://www.oei.es/valores2/055ES.pdf [Última consulta: 26 de febrero de 2015]





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar, a nombre del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Minera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY MINERA

(Presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, a nombre del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente; y con la venia de la Asamblea:

Esta iniciativa que pretende establecer la prohibición de actividades de minería con el uso de cianuro en sus procesos de producción, o aquellos que impliquen la remoción de metales tóxicos en los procesos de excavación, como es el fracking, así como la modificación del paisaje en Áreas Naturales Protegidas, tiene la intención de que se acabe con el abuso de no solamente las áreas que hasta hoy se han considerado protegidas, sino también del medio ambiente de este país en un proyecto de desarrollo sustentable que pareciera que ha quedado solo en los discursos.

Los países, como todos sabemos, han tenido que adoptar modelos de desarrollo en los que la sobreexplotación de los recursos naturales es la nota determinante. Esto para mantener los ritmos de crecimiento económico insustentables, definitivamente, y determinantes a largo plazo para la supervivencia y la sobrevivencia del ser humano y las demás especies.

Uno de los instrumentos de la política ambiental que mayor aceptación y éxito han tenido en la creación de estas Áreas Naturales Protegidas, es la creación de territorios de zona de protección de la naturaleza, esta es una costumbre de todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta hoy.

Estas áreas han respondido a la necesidad de cuidar los territorios por razones ambientales, culturales y religiosos de preservación de recursos finitos o por el paisaje del mismo.

De la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, se desprende que en las Áreas Naturales Protegidas se prohíben todas aquellas actividades que no cumplan con el supuesto de aprovechamiento sustentable.

Por lo que, como consecuencia, no sería posible llevar a cabo actividades relacionadas con el uso de aprovechamiento de recursos naturales no renovables, recursos no renovables como el carbón, minerales, metales, gases naturales, depósitos de agua subterránea, entre otros.

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, se supone, y lo digo con todas sus letras, se deberían de encargar de regular las actividades económicas de recursos naturales no renovables y la protección al ambiente; sin embargo, ejemplos como el fracking, que ya empezará a tomar vigencia en los próximos días, y la contaminación del Río Sonora donde la Secretaría de Economía simplemente dejó pasar la inspección que debería haber hecho y que nunca hizo, es el ejemplo de que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía están en esta lógica de un desarrollo no sustentable.

Las políticas de aprovechamiento carecen, pues, de planes y programas que definan las tasas de extracción, la protección a los recursos naturales, sobre todo en qué medida se podrán explotar estos recursos no renovables, los territorios susceptibles de explotación, prioridades de extracción, de conformidad con la demanda de producción en el país, y las condiciones técnicas.

Existen en el país 176 áreas naturales que representan 25 millones 394 mil 779 hectáreas divididas en nueve regiones. Es necesario, pues, que la ley prohíba explícitamente otorgar concesiones y autorizaciones para la explotación minera en Áreas Naturales Protegidas, e insistiría yo en esta etapa que revise concesiones que han cometido ya actos de contaminación, como lo ha sucedido con el Río Sonora, y el intocable Grupo México, que pareciera que la Secretaría de Economía ni ve ni oye ni entiende.

Es por ello necesario modificar el artículo 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que queden protegidas estas áreas, pero sobre todo, para que generemos un programa de desarrollo verdaderamente sustentable donde no sea solamente el crecimiento y la sobreexplotación la marca que sea la línea del desarrollo de este país.

Si no nos preocupamos ahora por el medio ambiente, si no castigamos estas actividades, entonces, y aunque suene a un cliché, qué le vamos a heredar a nuestros hijos y, en el caso de muchos de ustedes, a sus nietos.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, Diputado Federal coordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta comisión permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY MINERA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creación de territorios como zonas de protección de la naturaleza ha sido una costumbre de todas las civilizaciones que han habitado el mundo desde hace más de cuatro mil años. Los argumentos para justificar su creación giran en torno al cuidado, total o parcial, de flora, fauna, agua, servicios ambientales, culturales, religiosos o por el paisaje mismo.

El espíritu de crear áreas naturales protegidas es el de mantener sus procesos ecológicos y evitar cualquier tipo de alteración que modifique su estatus por la acción del hombre.

Egipcios, griegos, romanos, hindúes, incas, mayas y aztecas, crearon áreas naturales protegidas, de diversos tamaños, acordes a su cosmovisión temporal y a las previsiones de agotamiento y/o extinción de los componentes de la naturaleza en su entorno.

El desarrollo de tecnologías para la producción, transporte y salud, han permitido el establecimiento de modelos de desarrollo en el que la sobreexplotación de los recursos naturales es la nota determinante para mantener ritmos de crecimiento económico insustentables y que ponen, a la larga, en riesgo la supervivencia humana.

Esta situación ha generado cualquier cantidad de estímulos y expresiones para reorganizar a la sociedad mundial en torno a la búsqueda de alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Quizás, uno de los instrumentos de política ambiental, que mayor aceptación y éxito ha tenido es la creación áreas naturales protegidas.

A finales del siglo XIX, adquiere relevancia, en muchos países del mundo, la creación de territorios sujetos a protección especial, denominados parques nacionales. La preocupación por el cuidado de ciertos ecosistemas, ante la acción antropogénica de sobreexplotar la naturaleza, fue creciendo durante todo el siglo XX y mantiene su postura en el siglo actual.

El crecimiento de la población demanda de más tierras para ampliación y/o creación asentamientos humanos, agricultura, ganadería e industria, demanda que se traduce en reducción del hábitat para la flora y la fauna, modificando los procesos ecológicos de la naturaleza y poniendo, cada vez, en riesgo la disponibilidad de agua tanto en cantidad como en calidad. Debemos recordar, que el agua es el recurso que está escaseando cada vez más en la mayor parte del territorio nacional.

Por otra parte, los procesos generalizados de producción y de consumo están agotando los recursos naturales, no sólo por la sobreexplotación, sino que adicionalmente, al tener a la naturaleza como sumidero de desechos, enfrentamos el problema de contaminación de agua, suelo y aire, que reduce su disponibilidad y afecta la calidad de vida de la población.

Las áreas naturales protegidas son zonas de protección establecidas con el objeto de mantener la biodiversidad existente, los servicios ambientales y conservar, en extremo, el germoplasma de la flora y fauna del territorio, elegido precisamente por su valor intrínseco.

Entre los beneficios ecológicos que obsequian las áreas naturales protegidas destacan los siguientes:

• Dan continuidad a los procesos evolutivos, mantienen la diversidad de especies y el patrimonio genético de la nación.

• Son los hábitats para las especies de flora y fauna.

• Protegen las cuencas hidrológicas.

• Proporcionan la captación, transporte y saneamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas.

• Proporcionan las condiciones ideales para la producción de agua y alimento así como para la generación de energía hidroeléctrica.

• Protegen contra la erosión y la sedimentación.

• Regulan el clima.

• Regulan la composición química de la atmósfera (oxígeno).

• Generan la biomasa de nutrientes para las actividades productivas.

• Proveen recursos y materias primas.

• Generan oportunidades para la recreación y el turismo con los innumerables paisajes naturales.

• Protegen las costas.

• Dotan de campo para la investigación científica y tecnológica.

• Proporcionan un control biológico de plagas y enfermedades.

En México, la conservación de la naturaleza ha tenido diversas etapas y criterios ambientales y ecológicos. Pero invariablemente, se ha procurado no sólo el cuidado de la naturaleza, sino que adicionalmente ir modificando las formas de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, con una visión de futuro, en la lógica de que su aprovechamiento permita a las generaciones futuras continuar disponiendo de ese capital natural.

Así, las áreas naturales protegidas se han convertido en el instrumento de política ambiental más vigoroso en el objetivo de establecer la modalidad del desarrollo integral y sustentable, modelo jurídicamente garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25.

Para lo anterior, la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, define y establece que las áreas naturales protegidas son:

1) superficies que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conformen y 2) Con relación a las divisiones y subdivisiones territoriales establece que en las subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales.

Adicionalmente, en las áreas naturales protegidas, solo se permitirán aquellas actividades que:

a) sean para beneficio de los habitantes de las áreas naturales protegidas, residentes al momento de la declaratoria, b) generen beneficios públicos, c) sean de aprovechamiento sustentable y d) propicien el desarrollo integral de la comunidad y aseguren la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

A partir de estas disposiciones, es evidente que se prohíben, de manera implícita, en las áreas naturales protegidas, todas aquellas actividades que no cumplan con el supuesto de aprovechamiento sustentable.

Esta parte adquiere relevancia en virtud que es una condición sine qua non que el aprovechamiento sustentable aplica específicamente al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo que excluye, para el tema de las áreas naturales protegidas, las actividades relacionadas con el uso o aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de extracción y de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos.

Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación.

Algunos de los recursos no renovables son: el carbón, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, en el caso de acuíferos confinados sin recarga.

Los órganos de gobierno que tienen a su cargo la regulación de las actividades económicas de los recursos naturales no renovables están en las Secretarías de Economía y de Energía. Si bien es cierto que las atribuciones que se les confieren, permiten establecer diversas políticas para el aprovechamiento de estos recursos, también es cierto que estas instituciones carecen de planes y programas que definan, no sólo las tasas de extracción de los recursos naturales no renovables, sino que adicionalmente se establezcan los territorios, susceptibles de explotación, con prioridades de extracción, atendiendo los elementos de la demanda planteados por los sectores productivos de nuestro país, así como las condiciones técnicas de extracción y sus impactos ambientales y sociales, así como la capacidad institucional que regula la actividad minera y los valores sociales y las circunstancias económicas que definen la evaluación costo-beneficio social.

La falta de políticas, estrategias y programas para el aprovechamiento de los recursos no renovables, en particular con la minería, se hace más evidente, y preocupante, al haberse otorgado concesiones que equivalen a poco más de la mitad del territorio nacional a empresas nacionales y extranjeras. Las empresas canadienses tienen el 74% de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía. Esto acentúa la consolidación del modelo neocolonial-extractivista vigente, economicista y alejado del objeto constitucional del desarrollo.

Por otra parte, con relación a la actividad minera, no podemos negar que es una actividad altamente contaminante y en algunos casos severamente toxica.

Los residuos contaminantes de la actividad minera afectan el suelo, aire y aguas superficiales y subterráneas.

En el pasado la minería metalífera causó graves daños ambientales, que hoy se trata de disminuir mediante cambios tecnológicos, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, técnicas de mitigación de impactos y cierre final de minas. No obstante, la realidad mundial muestra que a pesar de ello, la minería metalífera sigue causando variados impactos sobre el agua, el suelo, el aire, los seres vivos, el paisaje y las comunidades, en países pobres como ricos.

Como en otras actividades económicas, los impactos mineros sobre el ambiente de mayor repercusión mediática son debidos a accidentes. No sólo en el pasado, sino en las últimas décadas, se han producido cientos de ellos en minas de todos los continentes, debido a roturas de los diques de colas o pilas de lixiviación, y a accidentes durante el transporte de cianuro, ácido sulfúrico, explosivos u otros insumos.

Además de los accidentes, la actividad minera produce daños menos mediáticos pero mucho más frecuentes. Entre esos problemas se encuentran el drenaje ácido de minas desde las escombreras y diques de colas, debido a la presencia de sulfuros en las rocas de relaves expuestas al agua, formando ácido sulfúrico. A su vez, esto favorece la liberación de metales pesados a las aguas superficiales y/o subterráneas. Para evitar esto, se suelen colocar membranas para evitar filtraciones bajo los diques de colas. Sin embargo, es común que esa membrana falle por diversos motivos. Sería irresponsable afirmar que todas las minas, sin excepción, contaminan fuertemente el agua, pero la realidad muestra que los riesgos son muy altos. En Estados Unidos, 17,000 km de cursos fluviales están contaminados por el drenaje ácido de minas, viejas o nuevas.

Especialmente durante la explotación, concentración y refinamiento, pero también en otras fases, la minería puede impactar de otros modos sobre el agua (disminución de caudales, desecación de napas, fusión acelerada de glaciares por deposición de polvos), el aire (emisión de material particulado, polvos tóxicos y anhídrido sulfuroso, vibraciones y ruidos), el suelo (modificación de la topografía, residuos y efluentes contaminantes, erosión hídrica y eólica), la flora y fauna (destrucción de la vegetación y de hábitat, desplazamiento de la fauna) y el paisaje (fuerte transformación).

En las regiones áridas, es de particular importancia el requerimiento de agua de las grandes minas, de varios cientos de litros por segundo, que dejan de estar disponibles para riego y consumo. El consumo energético (combustibles y electricidad), es siempre muy elevado

Frente a estos riesgos, muchos pueblos del mundo han optado por prohibir ciertas técnicas mineras. En Montana, de larga historia minera, la lixiviación con cianuro fue prohibida por plebiscito en 1998, y aunque las empresas gastaron más de 3 millones de dólares en publicidad, los ciudadanos ratificaron su rechazo en 2004. Numerosos países han adoptado igual medida, como Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur, Australia (2000), Costa Rica (2002), Alemania (2002), recientemente y con el objeto de cuidar los recursos hídricos, el 10 de septiembre (2014), Eslovaquia prohíbe el uso de cianuro en tecnologías mineras.

Por estas razones el 5 de mayo de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide a la Comisión se prohíba el uso de cianuro en la minería dentro del territorio de la UE antes de que acabe el 2011 con el fin de proteger el medio ambiente, la salud humana y la diversidad biológica; desafortunadamente, este resolutivo fue vetado por la Comisión Europea.

Varios estados de la república mexicana padecen los daños generados por la minería de los tiempos de la colonia y de la minería moderna, con mayor capacidad de extracción de minerales y con tecnologías que están contaminando el ambiente, afectando actividades económicas y daños en la salud humana. El ejemplo, lamentable, más reciente es el del estado de Sonora. A esto, habrá de sumársele la afectación al erario público, por la elusión fiscal.

Hay una gran desconfianza social frente a la minería y los procesos extractivos. A este sentimiento hay que agregar que las múltiples experiencias negativas, vividas en las comunidades por conflictos socioambientales, que esté creciendo una actitud ciudadana de rechazo a la minería.

Otro elemento del análisis es el tema de la transferencia de los excedentes generado por la actividad extractiva, bajo la forma de regalías. Este componente, como lo demuestran diversas experiencias en América Latina, no compensa en la mayoría de los casos los efectos ambientales y sociales negativos que causa.

La sociedad percibe que los efectos desfavorables son mayores que los favorables y, más aún que la distribución de los beneficios está demasiado concentrada y no beneficia integralmente a los ciudadanos sociedad.

En síntesis, la explotación minera puede generar deterioro o destrucción de servicios ecosistémicos o ambientales que, al perderse, dan lugar a un importante impacto negativo sobre el bienestar humano. Esto se expresa en disminución de la calidad de vida y empobrecimiento de una región. Hay que revisar con criterio social y visión de largo plazo las concesiones mineras y en algunos casos no otorgar licencia de explotación para la extracción de recursos naturales no renovables identificados y con título minero asignado.

Entonces, dado que la minería metálica es una actividad NO SUSTENTABLE, genera contaminantes peligrosos, modifica el paisaje de manera significativa, es altamente consumidora de agua y altera las corrientes subterráneas; los polvos tóxicos residuales, por una lado contaminan las corrientes superficiales y subterráneas, y por otro, son arrastrados por los vientos a tierras agropecuarias, afectando flora y fauna silvestre, actividades turísticas y recreativas en su área de influencia y la disminución de los servicios ambientales, contribuyendo a favorecer el cambio climático.

Por todo esto, es que sustentamos que es jurídica y ambientalmente irracional que se reciban trámites y se otorguen concesiones y autorizaciones para la explotación minera en áreas naturales protegidas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley Minera, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS

 

Artículo Primero.- Se recorre la actual fracción V para pasar a ser la VIII; y se adicionan las fracciones V, VI y VII todas del artículo 49, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 49.- . . . .

De I a IV.- . . . .

V. La realización de actividades de minería metálica con tecnología de cianuro y/o mercurio en sus procesos de producción y/o que implique la remoción, directa o incidental, de metales tóxicos del subsuelo en los procesos de excavación, así como la excavación a tajo abierto.

VI. El petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo;

VII. Los minerales radiactivos

VIII. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven.

. . . .

Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 49 Bis., así como un párrafo segundo y tercero al mismo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 49 Bis..- En las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido:

La realización de actividades de minería metálica con tecnología de cianuro y/o mercurio en sus procesos de producción y/o que implique la remoción, directa o incidental, de metales tóxicos del subsuelo en los procesos de excavación, así como la excavación, para la extracción de minerales a tajo abierto.

Se extiende esta prohibición en un radio de 85 kilómetros alrededor del polígono de las áreas naturales protegidas.

Artículo Tercero.- Se reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 6; y el párrafo segundo del artículo 20, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con excepción de las áreas naturales protegidas en las que no se autorizan actividades de minería metálica, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos en áreas naturales protegidas, ni frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, no está decretada una área natural protegida, si se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

. . . . .

De 7 a 20.- . . .

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente Decreto.

Dado en la sede legislativa de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Atentamente

Dip. Fed. Alberto Anaya Gutiérrez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Aguilar Gil. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.





 

LEGISLATURAS

Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales, al Decreto de reformas constitucionales en materia de disciplina financiera.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos.

(Se realiza el escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 24 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria.

Les solicito ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Gracias, Diputados y Senadores.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.





 

En el siguiente apartado del Orden del Día, la Mesa Directiva acordó suscribir un pronunciamiento relativo a los hechos delictivos suscitados el 1º de mayo de 2015, en el estado de Jalisco. Este tema fue registrado inicialmente por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

En consecuencia, se le concede la palabra al Senador Arturo Zamora, para presentar el pronunciamiento descrito.

PRONUNCIAMIENTO

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores; compañeras y compañeros Diputados:

El viernes 1º de mayo los mexicanos enfrentamos una de las jornadas más violentas ocasionadas por el narcotráfico en México.

La implementación de un operativo, el “Operativo Jalisco”, ocasionó que al verse afectados integrantes de una organización criminal reaccionaran con violencia extrema, y estos ataques tuvieron como consecuencia la pérdida de la vida de seis soldados del Ejército Mexicano, de seis elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, así como también de un agente de la policía investigadora de esta entidad.

Por esa razón, estimadas y estimados amigos legisladores, consideramos que es oportuno condenar el uso de la violencia criminal que amenaza, de alguna manera, la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, y particularmente de los jaliscienses.

También es importante destacar, en este lugar, nuestra solidaridad, la solidaridad que se debe tener con los servidores públicos de las corporaciones de seguridad, de las Fuerzas Armadas de este país, de la Marina de este país, de la Policía Federal de este país, y de todas las organizaciones del Estado que trabajan de manera conjunta para eliminar ese flagelo que es la violencia, producto de la delincuencia.

Y considerar muy intensamente que el trabajo que hacen todos ellos es un trabajo para protegernos a nosotros, es un trabajo que realizan para proteger a la comunidad, es un trabajo que realizan de manera coordinada para tutelar los derechos de la población, para proteger la vida, para proteger las libertades, para proteger los patrimonios de la comunidad.

Por esa razón, nuestra solidaridad a los familiares de todos estos elementos que han perdido la vida en los hechos del día 1º de mayo, en el estado de Jalisco.

También es importante expresar nuestro total respaldo y apoyo a la determinación que ha tomado el Estado mexicano de llevar a cabo el “Operativo Jalisco”, con una gran intensidad y resultados que seguramente van a devenir en garantizar la tranquilidad de los jaliscienses, en ese esfuerzo que está haciendo el gobierno federal con las entidades federativas y con los municipios, muchos de ellos que han sentido los efectos precisamente de la violencia.

Por esa razón, estimadas amigas y amigos, también quiero reconocer el trabajo del Diputado Danner González Rodríguez, y también el trabajo de la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, que lo hacen precisamente en función de solidarizarse con las Fuerzas Armadas, con un discurso de Estado que es muy importante, es un momento clave para el Estado mexicano, en donde tenemos que trabajar todos los Poderes del Estado en función de garantizar el principio de la legalidad y de garantizar, ante la reacción violenta de las organizaciones criminales, un trabajo que nos vincule con la sociedad y un trabajo que nos vincule hacia el respeto del derecho y de las libertades de los demás.

Por esa razón, agradezco a la Mesa Directiva esta sensibilidad que ha tenido hoy por la mañana, a todos sus integrantes, Secretarios, Vicepresidentes y Presidente, en el hecho de que tengamos un pronunciamiento de todo este grupo parlamentario que tiene la iniciativa, pero también PRD y PAN, y los demás partidos políticos que se suman a este pronunciamiento de solidaridad, que es precisamente parte de las funciones del Estado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

A ver, compañeros integrantes de la Comisión Permanente, estamos desahogando un pronunciamiento de la Mesa Directiva, no un punto de Acuerdo, para que no se confunda que tenemos que poner a consideración de la Asamblea si se admite a discusión.

Por tanto, es un debate que se acordó en la Mesa Directiva y que se acordó la forma de su desahogo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente, y al público que nos sigue a través del Canal del Congreso.

Hay que decirlo con toda claridad: El 1º de mayo, el crimen organizado planteó un reto al Estado mexicano, el “Operativo Jalisco”, que tiene como principal objetivo generar la paz en el estado, tuvo una acción, un operativo, un convoy que manifestaba una actividad inusual, ahí actúa el Ejercito Mexicano, ahí actúa la Policía Federal, y estos desalmados, estos criminales, porque hay que decirlo con todas sus letras, tumbaron un helicóptero.

Nunca en la historia de nuestro país, el crimen organizado se había atrevido a derribar un helicóptero. Ellos se atrevieron y lo hicieron, y ese es el reto para el Estado mexicano.

El cártel “Nueva Generación” demostró capacidad en fuerza, demostró organización estructurada, demostró sincronización paramilitar, demostró voluntad agresiva contra objetivos civiles y externos que no estaban involucrados en esta batalla.

Estos acontecimientos revelan un nivel de reacción al crimen organizado nunca antes visto. Significa este reto, al Estado mexicano, y debe responderse con la misma fuerza del Estado mexicano; nuestro apoyo debe de ser total a las Fuerzas Armadas.

Y en estas palabras, y en este posicionamiento del Partido Acción Nacional, no podemos olvidar a los soldados caídos.

Sé, y estoy consciente que muchas de las palabras que expresemos desde aquí no van a poder curar la tristeza de sus familiares. Pero sí debemos expresar nuestro respeto y nuestra solidaridad con todos aquellos que dan su vida todos los días por nuestro país, que se enfrentan al crimen organizado, que tienen la capacidad, que tienen la preparación, pero que sobre todo tienen la lealtad con nuestro país y lo hacen con un amor profundo a nuestro querido México.

Como lo dijo el general Cienfuegos, el día de ayer: “La impunidad es el caldo de cultivo y hay que terminar con ella”.

Y si bien los miembros de la Comisión Permanente, la clase política no puede agarrar un fusil e irse a enfrentar con estos criminales, lo que sí debemos de hacer, y está es nuestra responsabilidad, es que nuestras instituciones sean fuertes, que cumplamos con la ley, que todos los elementos que tenemos para que los mexicanos vivan en paz funcionen de manera adecuada.

Es por eso que desde aquí hacemos un llamado al gobierno de Jalisco, a cumplir con su deber constitucional y garantizar la paz social en el estado en este proceso electoral, pero pasando el proceso electoral también.

Lo que debemos de decir con toda responsabilidad es que el gobernador hoy tiene una misión. Él fue votado por los jaliscienses, y él tiene un deber constitucional de poder garantizar la paz y la seguridad en ese territorio, y debe de contar con el apoyo de esta Comisión Permanente, del Poder Ejecutivo, pero sobre todo de esa sociedad civil que está deseosa de tener la paz.

Los jaliscienses merecen la paz.

Los mexicanos merecemos la paz.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Adame Alemán.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero expresar nuestra honda preocupación por el enorme deterioro que está viviendo el país y por el baño de sangre que se está sufriendo.

Deseo precisar algunos hechos que hoy culminan con esta gravísima situación que todos pudimos conocer a través de los medios de comunicación, pero que muchos mexicanos y mexicanas vivieron porque forman parte y viven en la región en donde se sufrieron estos hechos delictivos que los lastiman y que los lesionan.

Parto de algunos datos muy recientes.

102 funcionaros estatales y municipales en Jalisco han sido asesinados en el actual periodo, en la actual administración. Nos resulta menor el dato, 102 funcionarios estatales y municipales asesinados en este periodo.

Pero soy más concreta en el tiempo. Yo diría, el tiempo más corto, del 28 de febrero a la fecha.

¿Qué sucedió el 28 de febrero?

El 28 de febrero fue detenido, en Puerto Vallarta, en un hecho poco publicitado, en una acción realizada por la Marina, el líder de un cártel conocido como “Los Cuinis”.

El 9 de marzo se dio un hecho delictivo en el que diversos policías de Jalisco fueron asesinados.

No solamente, sino que el 31 de marzo sufrió un atentado el Comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, afortunadamente salió ileso.

Y el 6 de abril, ya veíamos con enorme preocupación el hecho, la información, el dato de que 15 policías habían sido emboscados y asesinados en Puerto Vallarta, 15 policías.

¿Qué sucedió frente a esto? Que el 8 de abril, en un hecho que generó, por supuesto, ciertos reclamos, el Departamento del Tesoro Norteamericano declaró que había dos cárteles, dos grupos delictivos que gozaban de enorme poder en nuestro país, y hacía referencia a dos cárteles que no habían sido mencionados con frecuencia anteriormente, hablaba precisamente de este Cártel de los “Cuinis” y del Cártel “Jalisco Nueva Generación”.

Y el Departamento del Tesoro Norteamericano ponía el acento en dos elementos que caracterizan la actuación de estos cárteles: violencia y corrupción.

Violencia y corrupción son dos asuntos que resultan profundamente preocupantes, porque lesionan a la sociedad.

Pero lo que resulta verdaderamente grave, es que están vinculados violencia y corrupción. De otra manera, no podría explicarse esto.

El 26 de abril fue asesinado, en Zacatecas, el abogado Antonio de Jesús Diocleciano, que según expertos en seguridad, consideran un personaje clave también en esta trama.

Y el 1º de mayo hubo 39 bloqueos, 39 vías de comunicación bloqueadas. Varios estados de la República del occidente del país vivieron hechos de violencia en el cual se incendiaron no solamente gasolineras, hubo bancos, hubo comercios, una situación extremadamente preocupante. Algo está pasando aquí.

¿Debemos expresar nuestra simpatía y nuestra solidaridad con los miembros de las corporaciones que han perdido la vida con sus familias? Por supuesto que sí, absolutamente sí.

¿Con los miembros de las Fuerzas Armadas? Por supuesto y sin ninguna duda.

El asunto, sin embargo, no se resuelve ahí. Algo está pasando, algo está mal que la violencia continua en nuestro país.

Yo tocaría, de manera muy breve y puntual, lo que le toca, por lo menos, al gobierno norteamericano, en el caso de las causas.

El tráfico ilegal de armas, nuestra región, México, Centroamérica, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras, están inundados de las armas que vienen de los Estados Unidos, se cruzan por esa frontera, que ya incluso tiene una parte de un muro construida, y sin embargo las armas están aquí, es uno de los elementos que contribuyen, pero no es el único.

Yo diría que, incluso con los cerca de 9 mil puntos de venta de armas que hay en los Estados Unidos frontera con México, y la industria armamentista norteamericana, con su enorme poder y con su decisión de continuar con el negocio, hacen responsable a los Estados Unidos, pero no atienden toda la cuestión, incluso si se atendiera al control del tráfico de armas, que resulta ya insoportable, hay otros más.

Y es que el tráfico de estupefacientes continúa, y el negocio de las drogas, en su carácter de ilícito, continúa.

Hay voces que se han levantado planteando que debería haber una discusión sobre qué hacer con los estupefacientes, pero no es suficiente tampoco eso, porque cuando se habla de violencia y corrupción, algo, como decía Shakespeare, algo está podrido, aquí algo está mal, y algo tiene que revisarse e investigarse.

Tenemos, por supuesto, la disposición de sumarnos a esta declaración, pero no la consideramos suficiente.

La política de seguridad nacional y las estrategias que se han implementado no han resuelto la situación de inseguridad, de deterioro y de desastre que hay en el país, tiene que irse mucho más allá.

Pero resulta preocupante que estos hechos se den en un periodo previo a las elecciones, lo peor que puede suceder a una sociedad, a la ciudadanía, a los hombres y las mujeres, es que prive el temor y que no salieran a votar con libertad.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar las mejores condiciones para que en paz, en libertad, con respeto, dependiendo de su libre voluntad, salgan a votar el primer domingo de junio los hombres y las mujeres de este país, y tiene que discutirse a fondo el problema de la gravísima inseguridad que priva en nuestro país.

El actual gobierno, a pesar de que comprometió su palabra con que se resolvería este deterioro gravísimo que atraviesa a México, no ha logrado una solución.

Por eso es que respaldamos este pronunciamiento; de cualquier manera, creemos que se tiene que ir mucho más allá.

Y consideramos pertinente que si limitara, y yo propongo, a nombre de mi grupo parlamentario, que se turne a comisiones la solicitud para que venga el Secretario de Gobernación, y para que hagamos un examen a fondo de la situación de deterioro e inseguridad que priva en el país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Amalia García.

Senador Zamora Jiménez, ¿con qué propósito?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitar muy atentamente a la Mesa Directiva, también si son tan amables, que tengamos un minuto de silencio en memoria de los funcionarios caídos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Así lo tenemos previsto. Le propongo que pudiera ser una vez que concluyan las intervenciones y daremos curso a eso.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, como ya se ha dicho aquí, este pasado 1 de mayo los jaliscienses vivieron una jornada de estos lamentables hechos que alteraron, sin duda alguna, su vida cotidiana.

Para el grupo parlamentario del Partido Verde, es muy importante el pronunciamiento que, de manera consensuada, está aprobando esta Comisión Permanente, por lo menos nos unimos al llamado, a ser solidarios con lo que planteó en esta tribuna mi colega el Senador Arturo Zamora, por los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno que de manera patriota hicieron frente a ese deleznable desafío planteado por el crimen organizado al Estado mexicano.

De manera muy especial, desde luego, y también tal y como lo acaba de referir el Senador Zamora Jiménez, en su petición al Presidente, nos unimos, queremos unirnos a este homenaje que la Comisión Permanente pueda rendir, un homenaje mínimo, por lo menos, que podamos rendir desde esta Soberanía a esos mexicanos que ofrendaron su vida en defensa de la seguridad de nuestros compatriotas.

Por eso también expresamos nuestra solidaridad con esos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía Estatal, que entregaron su vida este 1º de mayo, lamentablemente en cumplimiento de su deber.

Se trata de un momento muy importante para la nación, es un momento clave, es un momento en el que todos los mexicanos, y desde luego todas las fuerzas políticas que representan, debemos hacer un esfuerzo para mantener la unidad, para construir esa unidad que en momentos como este, requiere una nación.

Es importante, y celebro que haya consenso de todos los grupos parlamentarios para que hagamos, por un lado, un reconocimiento a esos mexicanos que, ya señalé, perdieron la vida el 1º de mayo, pero también queremos un reconocimiento a los esfuerzos del Estado mexicano por combatir este flagelo que sí afecta todavía a miles de familias mexicanas en distintas entidades de nuestro país.

Lo que nos corresponde es apoyar, en todo momento, esos esfuerzos, nos corresponde reconocer el valor de los servidores públicos que en esta ocasión entregaron su vida, pero que sabemos, y ya se hizo mención aquí también de otros mexicanos, de otros servidores públicos que lamentablemente han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

Nos corresponde, como Comisión Permanente, en esta etapa de la vida de nuestra Nación, trabajar por construir la unidad de nuestro país, para que salgamos fortalecidos y podamos hacer frente todos juntos a este lamentable flagelo que sí, hoy nos aqueja, pero estoy seguro que en unidad lo vamos a superar, y muy pronto, en el curso de algunos años podremos todos estar tranquilos y seguros de que hicimos un buen trabajo al abonar en la unidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Es importante, primero, expresar nuestro respeto y solidaridad, no solamente a los soldados caídos, al Ejército Mexicano, sino también a sus familias.

Así como hemos sido críticos de esta institución, hoy respetuosamente nos unimos al lastimoso ataque que le ha dado a la misma y, como consecuencia, al Estado mexicano.

Lo que presenciamos el 1º de mayo debe alarmar a todos, sin importar colores.

Pareciera un episodio de una serie de narcotraficantes de esos que hoy están muy de moda; sin embargo, lo que es en realidad, es un desafío, o si lo tomamos con mayor seriedad, es una declaración de guerra al Estado mexicano, y lo que nos tiene que quedar claro aquí, es que el enemigo, a diferencia de como se piensa por muchos políticos, no está en otros partidos políticos, no está en otros colores, el enemigo del Estado mexicano está en el crimen organizado, está en la delincuencia, y es frente a ellos a los que tenemos que hacer un frente común, más allá de nuestros colores y de nuestras ideologías.

Los hechos ocurridos el 1º, 2 y 3 de mayo son una forma en la que la delincuencia organizada ha demostrado su poderío al gobierno estatal y federal.

La capacidad que tienen para que en unas pocas horas, en unas pocas horas, las regiones más productivas y supuestamente seguras del país, se vengan abajo, nos han demostrado que pareciera que aunque en 2006 se ha adoptado la estrategia estadounidense empleada contra el terrorismo islámico, denominada “El Hardy van Target”, con el fin de atacar desde arriba el crimen organizado, hoy, los hechos del 1º, 2 y 3 de mayo nos hacen poner en duda, si este sistema está funcionando y si existe verdaderamente en el Estado mexicano, un sistema de inteligencia consistente y concatenado que permita dar respuesta a estos ataque contra el Estado mexicano.

Porque mientras se ponen todos los reflectores en la detención de grandes cabezas, como sucedió con el caso del Chapo Guzmán, no sabemos realmente cómo funcionan ni la inteligencia civil, ni la inteligencia militar en este país.

El momento más crítico, entonces, que ha sufrido el Estado mexicano en este año, se dio el pasado 1º de mayo, cuando el gobierno federal lanzó la “Operación Jalisco”, con el fin de capturar a las cabecillas del Cártel “Jalisco Nueva Generación”, 19 miembros detenidos, entre ellos, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel “Jalisco Nueva Generación”, y ese mismo día, la delincuencia organizada derribó, en respuesta, un helicóptero del Ejército. Realizó 39 bloqueos en las principales avenidas de Guadalajara y otros 25 municipios del estado; se realizaron numerosos incendios a comercios, dignos de escenas de guerra de aquellos países donde no existe el estado de derecho.

Los ataques entonces se expandieron a Michoacán, Guanajuato y Colima. Y la forma en que reaccionó el Cártel “Jalisco Nueva Generación”, da cuenta no solamente de su capacidad de planeación, sino de su conocimiento anticipado, y eso no hay que dejarlo de lado, de las estrategias en materia de seguridad del gobierno. Pareciera que el Estado mexicano solamente estaba respondiendo a lo que el cártel le estaba aventando ahí, para que éste reaccionara.

Durante cinco años, el Cártel “Jalisco Nueva Generación” mantuvo un perfil bajo, solo se escuchaba en noticias aisladas. Hoy, el cártel se considera el brazo armado de los “Cuinis”, que en su conjunto, para que sepamos de qué estamos hablando, se considera por la DEA la asociación criminal económicamente más poderosa del mundo.

Está comprobado y hay reportes de seguridad en este tema, que los “Cuinis” han recaudado fondos estrafalarios a través de la recaudación del crimen organizado.

La creación de nuevos cárteles cuando el anterior se desmantela y la continuidad de la violencia, entonces no muestran dignos de éxito de esta estrategia, que tanto se ha anunciado por el gobierno federal.

La violencia ha llegado al punto de poner en riesgo, uno de los pilares de la democracia y los derechos humanos. La libre elección de quienes no gobiernan.

Derivado de los ataques de la región, los candidatos de la región han tenido que suspender sus campañas políticas. Es por eso que nos parece inminente que esta Comisión Permanente, primero, llame a una reunión de trabajo al Comisionado Nacional de Seguridad, Rubido García, para dar cuenta de los acontecimientos en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, registrados el 1º, el 2 y el 3 de mayo.

Y, sobre todo, desde esta Comisión Permanente, que tomemos todas las acciones necesarias para que las elecciones del 7 de junio se lleven a cabo; para garantizar que los tres órdenes de gobierno podamos tomar las medidas pertinentes para brindar la seguridad a los ciudadanos que estos merecen, para que el día de las elecciones, no se acabe definitivamente con el estado de derecho en el estado de Jalisco.

Y, sobre todo, termino diciendo: que es pertinente hacer un llamado, no solamente al gobierno de Jalisco, sino a los tres órdenes de gobierno, a los municipios y al gobierno federal, para que nos encarguemos de la seguridad nacional, lo hagamos con estrategia, con inteligencia y con efectividad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

El filósofo Tzvetan Todorov, escribió: “Una máxima para el siglo XXI podría ser, para empezar, no combatir el mal en nombre del bien, sino cuestionar las certezas de la gente, que siempre asegura que sabe dónde se encuentra el mal y dónde el bien”

Pese a que las autoridades digan que la inseguridad y la violencia han disminuido, la realidad termina por imponerse.

A tres años de iniciada esta administración federal, hay indicadores que señalan y argumentos de sobra para decir que la estrategia está fallando.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, de 2007 a 2009, se contabilizaron 39 mil 526 homicidios dolosos.

En 2013, 2014 y hasta marzo de 2015, se tiene ya registro de 37 mil 837 homicidios dolosos.

De manera particular, en el estado de Jalisco, de 2007 a 2009, se registraron mil 421 homicidios dolosos y 45 secuestros.

En lo que va de esta administración, se han incrementado estos delitos, al pasar a dos mil 313 homicidios y los secuestros a 97.

¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso que éstas, que son cifras oficiales?

Las autoridades de Jalisco están rebasadas por la violencia y han quedado reducidas hoy a meros observadores.

Es la incapacidad del gobierno federal la que se expresa hoy con elocuencia.

Hace unos días fue Guadalajara, sitiada, aterrorizada, ¿qué sigue? Preguntamos. ¿El Distrito Federal o Monterrey acaso?

Este modus operandi que vimos en Jalisco, no es un hecho aislado y pasajero. Se está haciendo ya rutinario y duradero.

La disputa es por el poder hegemónico. Es el monopolio de la violencia, que hace mucho dejó de corresponder al Estado.

En síntesis, este fin de semana Jalisco dio muestra de ser un estado fallido, en el entendido de que este adjetivo hace referencia a la situación de colapso o derrumbe inminente por factores de inseguridad o violencia.

La seguridad pública entendida como acciones gubernamentales encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, que comprenden la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, no se ha realizado en Jalisco.

El terror, la zozobra, el miedo de la gente, los autos quemados, los comercios incendiados, son un epitafio triste para una autoridad incapaz.

Cada vez se escucha con más fuerza el reclamo social y ciudadano condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones.

Yo propuse hoy un punto de Acuerdo, para que la Comisión Permanente condene enérgicamente los actos de violencia; pero también para que exhorte al titular del Ejecutivo Federal a coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales, para que exhorte al gobernador Aristóteles Sandoval para garantizar la seguridad pública.

Nos sumamos también a la solicitud que hace la compañera Diputada Amalia García, para que se cite a comparecer al Secretario de Gobernación.

Bajo ninguna circunstancia es tolerable, que grupos que actúan al margen de la ley, pongan en jaque a Jalisco, a los estados aledaños y a sus ciudadanos.

En Movimiento Ciudadano condenamos enérgicamente los hechos ocurridos en Jalisco. Refrendamos, por supuesto, nuestra solidaridad con los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron su vida.

Pero también tenemos preguntas, ¿por qué no se ha dicho nada del origen de las armas empleadas? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido aún una investigación sobre la posibilidad de que se trate de armas de “Rápido y Furioso”?

Exigimos, también, que el gobierno del estado haga su tarea, es la vida de sus ciudadanos la que peligra, no deben jugar con eso, no pueden tomar como bandera electoral un hecho tan serio. Lo digo por lo siguiente:

Hoy Julio Hernández, en La Jornada, consigna algo que es evidente, y dice: “que no sólo es una virtual declaración de guerra, cito textualmente, sino una claudicación del poder civil, una sesión más en la espiral de control castrense y una toma de control militar justo cuando Jalisco, sigo citando textualmente a Julio, vive una campaña electoral que parece tener arrinconados al PRI, al gobernador Aristóteles Sandoval, con una fuerte vocación de voto en favor de Enrique Alfaro para la Presidencia municipal de Guadalajara y de otros candidatos de Movimiento Ciudadano”.

El día de ayer, Benjamín Guerrero Cordero, apoderado jurídico del PRI en Jalisco, solicitó a la PGR que investigue a partir de una publicación periodística que pretende involucrar al jefe de escoltas de Enrique Alfaro con el narcotráfico.

No se vale que empecemos a enlodar hechos tan lamentables, en donde lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, la seguridad de los jaliscienses, con temas electorales. Más que una estrategia de seguridad, lo que está sucediendo hoy parece una medida de carácter electorero y eso no podemos permitirlo.

Que no se nos olvide que cuando suceden hechos tan lamentables como estos se da pie para que se justifiquen endurecimientos y excesos.

Que no se nos olvide aquí Tlatlaya, que no se nos olvide Atenco, que no se nos olvide que de lo que se trata es de garantizar la seguridad de los jaliscienses.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores:

Los grupos del crimen organizado en todo el país se han visto amenazados por la actuación efectiva de los Poderes del Estado.

Ante estas acciones y las detenciones de muchos de sus mandos, la reacción ha sido de extraordinaria violencia queriendo afectar directamente a la sociedad civil.

En Nueva Alianza condenamos los hechos sucedidos el pasado 1º de mayo en el estado de Jalisco, cuando grupos de la delincuencia organizada realizaron bloqueos en diversas vías de comunicación en la entidad, provocando incendios en gasolineras y bancos y derribando un helicóptero militar.

En primer lugar, quiero reiterar nuestras condolencias, a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio, a las familias de los 6 soldados del Ejército Mexicano y de la gente de la policía de investigación del estado que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Para ellos todo nuestro reconocimiento por su sacrificio, ya que son el ejemplo de que hay mexicanos comprometidos con su nación, que están dispuestos a dar la vida por su país. Su heroísmo y entrega son apreciados y valorados plenamente.

En segundo término, quiero mencionar que Nueva Alianza está de acuerdo con las acciones de la “Operación Jalisco” que el gobierno ha puesto en marcha para detener el avance de la delincuencia organizada, que prosperó en esa entidad ante las omisiones que contribuyeron, sin duda, al crecimiento del Cártel “Jalisco Nueva Generación”.

La delincuencia organizada cuenta con un armamento y poderío capaz de poner en jaque a las fuerzas federales y derribar un helicóptero del Ejército.

Ese avance armamentista no se dio de la noche a la mañana, hizo falta un gobierno complaciente u omiso para desarrollar tal poderío.

Para nosotros, entonces, es imperativo investigar: ¿cómo se ha gestado el poder de esas organizaciones criminales? ¿Qué autoridades lo han permitido, han sido omisas en su actuación?

Y si dichas omisiones han conducido a la complicidad de la autoridad, y de encontrar a los responsables castigarlos conforme a derecho. Es lo menos que podemos hacer o pedir para los que cayeron en este evento.

Por lo tanto, no debe de haber un espacio más para la impunidad.

Y, finalmente, reiteramos nuestra condena a todos los actos de violencia y nos comprometemos, como lo señala el punto de Acuerdo, a seguir impulsando y otorgando las herramientas legislativas para el efectivo combate a la delincuencia en un combate permanente y extenso a lo largo y ancho de todo el país, y que acabemos, de una vez por todas, con los espacios de la impunidad, que mucho daño le han hecho a nuestro país y, en el caso particular, a Jalisco.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Cerda Franco.

Finalmente, tiene el uso de la palabra el Diputado José Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente; amigos de los medios de comunicación:

Nos sumamos al pronunciamiento de mi compañero Senador de la República, Arturo Zamora.

Queremos asentar aquí, primero, reconocer la decisión del señor Presidente Enrique Peña Nieto, de intervenir de forma frontal para recomponer y devolver el estado de derecho al relanzar el “Operativo Jalisco”.

Abrazar con nuestro pésame a las familias de los 6 militares y un agente de la Fiscalía caídos en cumplimiento del deber, en los hechos violentos del pasado viernes 1º de mayo en Jalisco.

Nuestro respaldo y apoyo a las instituciones en las acciones que implementan día con día en su lucha contra el crimen organizado, al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional; al Almirante Francisco Soberón Sanz, de la Armada de México; al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; a la Policía Federal y las Áreas de Inteligencia; a los elementos de seguridad de los estados que, de igual forma, han caído en cumplimiento de su deber.

Desde aquí nuestro reconocimiento a todos sus elementos por su lealtad y entrega de sacrificio por un México mejor y en paz para los mexicanos.

También, desde aquí, nuestra solidaridad y apoyo a los ciudadanos jaliscienses que están pasando por este momento difícil, pero, sin duda, será superado y de nuevo volverán a ser el gran estado que ha sido.

Hoy nos une a todas las fuerzas políticas este hecho, no dejemos de remar hacia el mismo objetivo, que es el horizonte del bien y de un mejor país.

Somos más los mexicanos que buscamos el bien y un mejor país.

Nadie es más fuerte que la fuerza del Estado, por lo que, sin duda, no hay grupo criminal que pueda vencer al gobierno y a los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado José Alejandro Montano.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si aprueba este pronunciamiento de la Mesa Directiva.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el pronunciamiento de la Mesa Directiva. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por unanimidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. Se aprueba el pronunciamiento que fue presentado por la Mesa Directiva.





 

MINUTO DE SILENCIO

Como lo solicitó el Senador Arturo Zamora, les pido ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los efectivos de las fuerzas del orden, fallecidos con motivo de los ataques ocurridos en el estado de Jalisco el pasado 1º de mayo.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, pueden tomar asiento.





 

Se concede la palabra al Diputado Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor Presidente.

El “mar de fondo” es un fenómeno que provoca desplazamientos de aguas oceánicas hacia las costas por lluvias o vientos que forman marejadas y oleajes intensos, aumento del nivel del mar y reducción de las playas.

Un fenómeno de esta naturaleza ha venido a afectar gravemente a diversas entidades con litoral en el Océano Pacífico a lo largo de los últimos días; desgraciadamente justo cuando muchas playas esperaban el arribo de turistas como consecuencia del fin de semana largo, lo que ha significado un duro golpe a la economía de estas regiones.

Hasta el día 3 de mayo, las autoridades de Guerrero habían reportado daños en más de 400 viviendas y establecimientos en cuatro municipios de la costa grande, así como en Acapulco.

Una marejada ocurrida en las primeras horas del pasado domingo ocasionó una inundación en la Avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, la cual debió ser cerrada por segundo día consecutivo.

En Puerto Marqués, una playa con gran destino turístico también en el municipio de Acapulco, dos restaurantes quedaron destruidos en el sector tres a un costado de la Marina Majahua.

La Secretaría de Protección Civil guerrerense informó que el Mar de Fondo afectó a los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Petatlán y Acapulco, donde 218 viviendas y 199 enramadas sufrieron graves daños. Además, 165 personas fueron llevadas a albergues.

Especial atención merecen los municipios, como ya lo dije, de Acapulco, San Jerónimo y Tecpan de Galeana ya que fueron afectados restaurantes y casas de cientos de familias que viven en nuestra costa.

Desgraciadamente, el fenómeno ha dejado en la entidad 8 lesionados, un muerto y un desaparecido.

En el estado hermano de Colima, el municipio de Tecomán cerró el acceso a la playa Boca de Pascuales, donde las marejadas alcanzaron más de 8 metros de altura y comenzaron a inundar hoteles; el “mar de fondo” afectó a 48 restaurantes y hoteles, arrastró al menos 4 vehículos e inundó las dos vialidades principales.

Fueron desalojadas unas 150 personas en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, en Colima; además en esa zona quedaron destruidas al menos 48 enramadas.

El fenómeno también obligó a cerrar el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, además a embarcaciones menores, y causó daños en los municipios de Salina Cruz, Santa Cruz, Huatulco, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Las autoridades de protección civil de esta última entidad indicaron que en Puerto Escondido hubo olas de 10 metros de alto que afectaron a 28 restaurantes.

Es indudable que los daños ocasionados por el “mar de fondo” han venido a alterar la vida de distintos municipios del Pacífico Mexicano, aunque es obvio que las peores afectaciones las ha padecido el estado de Guerrero.

Es por ello que a fin de auxiliar a las víctimas, reparar los daños, recuperar la vida cotidiana y provocar el retorno a las actividades productivas, es que se vuelve necesaria la actuación de las autoridades federales como solidariamente lo han hecho de manera permanente en el estado de Guerrero.

Se ha dejado constancia del apoyo de la Federación, y particularmente del Presidente Enrique Peña Nieto, como fue el poder regresar el Tianguis Turístico en Acapulco donde nunca debía de haberse ido.

Con fundamento en los artículos 19, fracción XI, 21, 58, 59, 61, 62 y 64 de la Ley General de Protección Civil; 102 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil; 59, fracciones I, XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 3, fracción I del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales"; y 10 del “Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN", exhortamos a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que emita la declaratoria de emergencia correspondiente.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que proceda a  emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia  de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima y Sinaloa.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Propuesta

El que suscribe, Diputado MANUEL AÑORVE BAÑOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El mar de fondo es un fenómeno que provoca desplazamiento de aguas oceánicas hacia las costas por lluvias o vientos, que forman marejadas y oleaje intensos, aumento del nivel del mar y reducción de las playas.

Un fenómeno de esta naturaleza ha venido a afectar gravemente a diversas entidades con litoral en el Océano Pacífico a lo largo de los últimos días, desgraciadamente, justo cuando muchas playas esperan el arribo de turistas como consecuencia de un fin de semana largo, lo que ha significado un duro golpe a la economía de estas regiones.

Hasta el día 3 de mayo, las autoridades de Guerrero habían reportado daños en más de cuatrocientas viviendas y establecimientos en cuatro municipios de la Costa Grande, así como en Acapulco. Una marejada ocurrida en las primeras horas del pasado domingo ocasionó una inundación en la avenida costera Miguel Alemán, en Acapulco, la cual debió ser cerrada por segundo día consecutivo. En Puerto Marqués, también en Acapulco, dos restaurantes quedaron destruidos en el sector 3, a un costado de la marina Majahua.

La Secretaría de Protección Civil guerrerense informó que el mar de fondo afectó a los municipios de Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Petatlán y Acapulco, donde 218 viviendas y 199 enramadas sufrieron daños; además, 165 personas fueron llevadas a albergues.

Especial atención merecen los municipios de Acapulco, San Jerónimo y Tecpan de Galeana, ya que fueron afectados restaurantes y casas de cientos de familias que viven en la costa.

Desgraciadamente, el fenómeno ha dejado en la entidad ocho lesionados, un muerto y un desaparecido.

En Colima, el municipio de Tecomán cerró el acceso a la playa Boca de Pascuales, donde las marejadas alcanzaron más de ocho metros de altura y comenzaron a inundar hoteles. El mar de fondo afectó 48 restaurantes y hoteles, arrastró al menos cuatro vehículos e inundó las dos vialidades principales.

Fueron desalojadas unas 150 personas en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, en Colima. Además, en esa zona quedaron destruidas al menos 48 enramadas.

El fenómeno también obligó a cerrar el puerto de Mazatlán, Sinaloa, a embarcaciones menores, y causó daños en los municipios de Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Las autoridades de Protección Civil de esta última entidad indicaron que en Puerto Escondido hubo olas de 10 metros de alto, que afectaron a 28 restaurantes.

Es indudable que los daños ocasionados por el mar de fondo han venido a alterar la vida de distintos municipios del Pacífico mexicano, aunque es obvio que las peores afectaciones las ha padecido el estado de Guerrero. Es por ello que, a fin de auxiliar a las víctimas, reparar los daños, recuperar la vida cotidiana y provocar el retorno a las actividades productivas, es que se vuelve necesaria la actuación de las autoridades federales de protección civil, por lo que, con fundamento en los artículos 19, fracción XI, 21, 58, 59, 61, 62 y 64 de la Ley General de Protección Civil; 102 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil; 59, fracciones I, XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 3, fracción I del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales"; y 10 del “Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN" (LINEAMIENTOS), exhortamos a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que emita la declaratoria de emergencia correspondiente.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que proceda a  emitir una declaratoria de emergencia como consecuencia  de los daños ocasionados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima y Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Manuel Añorve Baños.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Habiéndose votado para admitirse a discusión, ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Martín Heredia Lizárraga, del grupo parlamentario del PAN, y la Diputada Lizbeth Rosas, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Martín Heredia Lizárraga: Muchas gracias, señor Presidente.

Es indudable que los fenómenos meteorológicos, marítimos y de toda clase que afectan a nuestro planeta están teniendo consecuencias más severas cada día.

Yo soy habitante de uno de los estados costeros afectados, en Sinaloa; investigando sobre este fenómeno de “mar de fondo” que se ha estado presentando en los últimos días, no hay memoria alguna en el histórico de daños de esta magnitud, y cuando recoge uno los testimonios como los que presentaba el Diputado Añorve hace unos momentos, pues obliga no solamente a hacer ese tipo de exhortos, que ni siquiera deberíamos estarlos haciendo, porque al final de cuentas pues es una obligación irrestricta de la Secretaría de Gobernación tener una respuesta de inmediato a través de los fondos destinados que existen para este tipo de emergencias, como es el FONDEN.

Insisto en que se tengan que hacer estos exhortos, porque generalmente estos apoyos nunca llegan de manera oportuna.

La costa del Pacífico ha sido severamente afectada en varios estados. Hay lugares en donde las playas dejaron de existir. Este fenómeno marítimo que sí se ha presentado en algunas otras ocasiones, y como refería hace un momento, jamás con la severidad que se ha presentado en el Pacífico en estos tiempos.

La prevención que debe de hacerse para este tipo de fenómenos debe no solamente estar a través de boletines y alertas sino debe de ser, yo creo ya, una política destinada a crear consciencias sobre eventuales fenómenos que se van a presentar y que se van a seguir manifestando por el deterioro de nuestro planeta. Creo que hoy obliga a generar nuevos acuerdos, nuevas políticas y nuevas legislaciones.

Obviamente, en el grupo parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a este planteamiento, pero no solamente exhortando, sino de verdad a que esta declaratoria debería haberse manifestado de manera inmediata.

La Secretaría de Gobernación tiene sus mecanismos de monitoreo inmediato y no queremos pensar que esta dilación obliga a ser muy selectivo con la aplicación de recursos. De verdad, las zonas costeras del Pacífico están muy dañadas, están deterioradas.

En Sinaloa hay playas, insisto, que desparecieron, como en la zona del municipio de Guasave.

Entonces, esta emisión de la declaratoria de emergencia con el fenómeno conocido como “mar de fondo” en el pacífico obviamente es avalada de manera puntual por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Heredia Lizárraga.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Lizbeth Rosas, del PRD.

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Muchas gracias, señor Presidente.

Para referirme al tema, en el grupo parlamentario del PRD estamos totalmente de acuerdo con esta declaratoria de emergencia; aunque creemos que la Secretaría de Gobernación desde un inicio debió de haber tomado cartas en el asunto de manera urgente, inmediata y también voy a tocar un tema que para todos es muy importante y tiene que ver precisamente con las medidas de prevención.

Nosé en el caso del Senado, pero cuando menos en la Cámara de Diputados solamente ha asistido una sola vez el titular de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y fue dentro de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, en donde nos hicieron algunos de los trabajos que están iniciando; pero están inconclusos, están incompletos.

Considero que este tema debe de ir más allá del exhorto para que haya los fondos suficientes que el gobierno federal debe de prever para estas situaciones de emergencia, sino de que debemos de estar verdaderamente preparados y tomar este tema como lo que es.

Quizás para otros países no representa lo mismo, pero para México un problema de esta envergadura, como el “mar de fondo”, representa una seria amenaza a la seguridad nacional.

Cualquier fenómeno que pueda desatarse en nuestro país, en este tipo de materia, debe de tomarse con la mayor seriedad posible, además, creo que el exhorto debe de ir también al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados que van a estar involucrados o van a ser beneficiados de estos recursos federales.

Sobre todo porque, no quiero ser desconfiada, pero estamos en proceso electoral, y no quisiera ver que esos recursos que van dirigidos a la población desprotegida que en este momento requiere de ese recurso de manera urgente con escasez de agua, de víveres, en fin, vaya a las campañas electorales de algunos de los candidatos.

Yo quiero insistir en este tema, ha sucedido, ha habido pruebas contundentes de que esto sucedió en muchos otros procesos electorales, y lo que queremos es precisamente sumarnos al exhorto, pero dejar claro que el grupo del Partido de la Revolución Democrática vamos a estar vigilantes de que esos recursos del FONDEN se dirijan para lo que realmente son, que son para ayudar a la gente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Rosas Montero.

En uso de la palabra el Diputado Rubén Acosta Montoya, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, señor Presidente.

Como se ha expresado aquí por mis compañeros, las costas del Pacífico central y sur de nuestro país se han visto seriamente afectadas por un fenómeno climatológico llamado “mar de fondo”, y que es solo una expresión del deterioro que ha sufrido nuestro ecosistema en todo el mundo.

Es necesario tomar cartas en ese asunto, pero al mismo tiempo, antes de entrar a la necesidad de exhortar a la Secretaría de Gobernación en este tema, quisiéramos expresar también nuestras más sinceras condolencias a las personas que fallecieron en los estados de Guerrero, que son tres personas; Colima, que es una más; y Michoacán, también una, derivado de este fenómeno climatológico.

Y también expresar nuestra solidaridad con los estados de Guerrero, de Oaxaca, Colima, Michoacán, Chiapas y Sinaloa, que se han visto seriamente afectados en su actividad económica precisamente por este mismo fenómeno que ha causado daños serios a la población. También aclarar que nos queda claro que la Secretaría de Gobernación actuó en tiempo y forma en la medida en que este fenómeno climatológico se lo permitió.

El 2 de mayo, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta oportuna para coordinar a las entidades federativas del litoral del Pacífico mexicano con el fin de salvaguardar la integridad de las mexicanas y los mexicanos que viven en esas costas.

Se mantuvo una estrecha coordinación y vigilancia con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y la Policía Federal través de la gendarmería quienes trabajaron para dar resguardo y salvaguardar a toda la población.

En este sentido queremos expresar de nuevo nuestra solidaridad con los mexicanos y mexicanas que viven en esos estados y, por supuesto, felicitar al promovente por este punto de Acuerdo, por este oportuno punto de Acuerdo.

El grupo parlamentario del Partido Verde expresa que se pronunciará a favor del mismo, a fin de que la Secretaría de Gobernación emita lo más pronto posible la alerta correspondiente para proteger a estas entidades federativas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Acosta Montoya.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, con la venia de la Asamblea.

Hace unos momentos hablábamos todos los grupos parlamentarios del estado de derecho, de poner en riesgo una lección del uso de la violencia contra los ciudadanos, y sin embargo hoy, en el Orden del Día, se ha decidido omitir un punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, que ha presentado su servidora en relación a las elecciones de Sonora.

Esto no es poca cosa, porque es exactamente de lo que hablábamos hace unos momentos. Sonora, el gobernador Padrés, al que se le ha perdonado el ecocidio más grande que hay en este país, y su complicidad con el Grupo México.

Padrés al que se le ha perdonado la acumulación ilegal de agua, con aquella presa que luego tuvo que desaparecer, para después desaparecer el cuerpo del delito, y pareciera entonces que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay una cierta complicidad para no tocar a sus gobernadores.

Y es por eso que hoy voy usar parte de mi tiempo para hablar de lo que está sucediendo en Sonora, a pesar de que no se ha querido tratar el punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que yo he promovido.

El gobernador Padrés, en Sonora, para arrebatar la elección, como es la tentación de muchos gobernadores, lo está llevando a medidas extremas por no decir al borde.

Las condiciones que imperan actualmente en el proceso electoral de Sonora son la indebida intromisión del gobernador Guillermo Padrés, con interés de favorecer a sus candidatos del Partido Acción Nacional, la distribución de propaganda negativa. Lo atiendo, señor Presidente.

Y el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Alberto Navarro, se ha convertido en el principal activo electoral del gobernador.

Señor Presidente, voy a utilizar solamente un minuto más y hablaré del tema en comento porque me parece importante hablar de este tema. Para qué es esta tribuna, sino para hablar de los temas importantes de la nación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputada, si me permite, una mención solamente por eso que mencionó, que el Senado y Diputados tienen un comportamiento de complicidad con gobernadores, no es así, hay un punto listado por su grupo parlamentario y por usted sobre este tema, que está en el Orden del Día, y que será abordado una vez que corresponda. Digo, no sé si tienen a la vista todos el Orden del Día, y así está contenido.

Se lo digo por si usted quiere reencauzar su intervención, solamente por eso, y respeto mucho lo que diga usted en tribuna.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: La reencauzaré, señor Presidente, y le agradezco su generosidad y su información, sabemos que está en el Orden del Día, pero también sabemos que probablemente el tiempo no nos dará para atender este punto de Acuerdo.

Este punto de Acuerdo del que yo hablaba, que se ha presentado como de urgente y obvia resolución, solicita dos cosas en específico.

Primero. El reconocimiento de la LGIPE, de la violación que está haciendo el órgano electoral local sobre actos de parcialidad en la elección y la solicitud de atracción que se considera no solamente en la Constitución, sino en la misma LGIPE, para que el Instituto Nacional Electoral atraiga el control de la elección en Sonora.

Este es el punto que me parece que es importante, adicionalmente al que estamos tratando.

Y lo pongo a consideración de esta Asamblea para que si se da el tema de que no llegue a exponerse en esta tribuna, en comisiones se sepa qué es lo que realmente está sucediendo en Sonora y que tomemos cartas en el asunto como el Poder Legislativo que somos.

En el tema del “mar de fondo”, y sé que me queda poco tiempo, yo simplemente me hago solidaria a aquellas familias, a aquellas personas que han sido víctimas de este fenómeno de la naturaleza, y nos solidarizamos con el iniciador para que se tomen las medidas pertinentes en el tema.

Yo agradezco su generosidad, señor Presidente, y el de la Asamblea para escuchar lo que su servidora tiene qué decir.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Diputada.

En uso de la palabra la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, Senador Presidente. Y con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores.

El Servicio Meteorológico Nacional nos alerta que las condiciones de “mar de fondo” persistirán en las costas del Pacífico Central y Sur de México, desde Chiapas hasta el Sur de Sinaloa y Baja California, Sur.

Gracias a la amplia cobertura de los medios de comunicación y las redes sociales, conocemos los pormenores de este fenómeno meteorológico, cuyas olas, algunas de más de cien metros de altura, han afectado severamente diversos puertos y localidades del país, la mayoría de ellos conocidos destinos turísticos, por lo que sus efectos son aún más graves al trastocar no sólo al medio ambiente, sino que han dañado la fuente sustento de miles de familias que dependen de la actividad turística para sobrevivir y mejorar su calidad de vida.

Es difícil prever qué hacer ante un fenómeno, que si bien es cierto beneficia a los ecosistemas marinos, es dañino a las economías aledañas a las costas, playas y mares de nuestro mar Pacífico.

Es de suma importancia, entonces, que ante los hechos ocurridos y lo imperioso que resulta la recuperación de la vida cotidiana de miles de familias; las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno colaboren y se coordinen eficientemente para mitigar sus efectos y auxiliar a los afectados.

Compañeras, compañeros legisladores: Nueva Alianza se suma al respetuoso exhorto que se hace, en primer término, a la Secretaría de Gobernación para que, en estricto apego a las normas establecidas, agilice sus mecanismos institucionales a fin de que proceda a emitir la declaratoria de emergencia para los estados afectados por el fenómeno conocido como “mar de fondo”, fenómeno meteorológico que se presenta ocasionalmente, pero que hacen obligatorio promover los protocolos necesarios a través de Protección Civil.

De igual manera, coincidimos con la atenta proposición a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Agua y a la dependencia responsable de Protección Civil, a nivel federal, en los estados y municipios afectados para que colaboren intensamente con la población afectada, pues ello contribuirá a la pronta recuperación y reparación de los daños ocasionados en esta situación.

Y finalmente, desde esta respetuosa tribuna, y a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentamos nuestras condolencias a las familias mexicanas que desde Chiapas hasta la Península de Baja California han sido afectadas en su patrimonio y, sobre todo, en la pérdida de alguno de sus familiares o amigos.

Reciban nuestra solidaridad y estima en estos momentos de agobio y pesar, y que las pérdidas económicas y materiales pronto puedan ser recuperadas.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Cerda Franco.

Finalmente, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, sobre el mismo tema.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: El tema de “mar de fondo”, que por cierto no es reconocido por la Oceanografía, creo que tendríamos que empezar por eso, porque es un tsunami en escala menor pero que deja grandes daños.

Yo me quiero referir especialmente a mi municipio, a Guasave, Sinaloa, nosotros tenemos un serio problema y me gustaría mucho que fuera integrado en el punto de Acuerdo porque es pertinente revisar toda la costa del Pacífico.

No hay una barda de contención que pueda proteger, especialmente en el caso de Guasave hay la construcción de dos escolleras que lo único que ha hecho, además de este fenómeno de “mar de fondo”, se ha adentro el mar siete calles adentro del campo pesquero la Boca del Río y Playa Las Glorias.

A mí me parece que tendríamos que hacer un trabajo más contundente, y sí estoy de acuerdo con Lizbeth, el tema de los fondos para la gente que vive en los campos pesqueros, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos distraer más que para el propósito para el cual los fondos, el FONDEN está establecido.

A mí no me gustaría, a nadie de nosotros nos gustaría, que a propósito de las campañas políticas solamente se aplicara exactamente en mi municipio con ese fin, con un fin que tuviera un afán político.

Al contrario, el problema de Las Glorias en Guasave, Sinaloa, tiene muchos años y han perdido viviendas, los pequeños restaurantes que hay.

Nosotros hemos insistido mucho en la gestión de poder restablecer estas viviendas para que llegue la ayuda directamente a la gente que ha sido, que ha tenido deterioro en su patrimonio.

Ojalá que el problema de “mar de fondo” se analice en todas sus especificaciones y se agregue como uno de los daños más importantes que está teniendo la Costa del Pacífico y seguramente toda la Costa del país, pero especialmente la Costa del Pacífico.

Yo, por lo que respecta a mi municipio, me gustaría mucho no solamente eso, sino que revisaran el tema de las escolleras mal hechas y sin concluir que tiene la Playa Las Glorias y Boca del Río, y que los fondos se destinen exactamente para el propósito que es: no tengan banderas de colores de ninguna especie.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señor Presidente.

Antes de comenzar, le entrego a la Mesa Directiva la versión final del presente punto de Acuerdo, con la modificación de sus resolutivos. Muchas gracias.

Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En noviembre del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación presentó seis denuncias ante la Procuraduría General de la República, en contra de funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz, por el desvío de casi 2 mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a la salud y educación del estado.

Al día de hoy, la PGR no ha ejercido acción alguna en contra de los responsables.

El día de hoy dimos a conocer seis nuevas denuncias presentadas igualmente por la Auditoria Superior de la Federación ante la misma Procuraduría, que acreditan un indubitable desvío de más de 2 mil 100 millones de pesos provenientes de fondos federales para la misma cuestión. Es decir, estamos hablando de 4 mil 600 millones de pesos de los veracruzanos.

En estas denuncias aparecen como presuntos responsables 2 exfuncionarios del gobierno del estado de Veracruz, que actualmente son candidatos a una diputación federal:

Antonio Tarek Abdalá, por el Distrito de Cosamaloapan, y Edgar Spinoso, por el Distrito de Martínez de la Torre.

La omisión del ministerio público federal nos hace pensar en una protección política a dos candidatos que no debieran estar haciendo campaña sino sometidos a proceso por el presunto desvío de recursos.

Las pruebas son indubitables, se trata de auditorías ya concluidas y dictaminadas, apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por si fuera poco, por documentos donde el propio gobierno del estado de Veracruz reconoce el desvío de los recursos y se compromete a devolverlos, lo que no ha sucedido, pero aunque fueran devueltos, el delito ya está cometido.

En las mismas denuncias aparecen también como presuntos responsables otros funcionarios y exfuncionarios, es el caso de Tomás Ruiz González, actual Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Gabriel Deantes, actual Secretario de Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre, actual Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Vicente Benítez, actual Oficial Mayor de la Secretaría de Educación; Lorenzo Antonio Portilla, actual Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y Antonio Ferrari, actual Director de Patrimonio del estado.

En todas estas denuncias se acredita que los referidos funcionarios desviaron estos recursos realizando movimientos bancarios, primero, con el objeto de ocultar las irregularidades detectadas por esa entidad de fiscalización para después retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas sin que se pudiera acreditar el destino final de los mismos.

Es fundamental reiterar que las presentes denuncias no fueron presentadas por nuestro partido político, ni por un servidor, fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación como se demuestra, que se caracteriza, además, por su autonomía, por lo cual, y en virtud de que recientemente se aprobó un Sistema Nacional Anticorrupción, se le debe dar la importancia debida.

El Partido Acción Nacional reprueba la simulación y el engaño.

En este Congreso de la Unión hemos hablado de manera constante del combate a la corrupción y de nuestro compromiso con la transparencia, pero en los hechos no lo vemos reflejado.

La falta de acción de la PGR, durante el proceso de selección a candidatos a Diputados federales, devela el verdadero objetivo de estos: obtener el fuero constitucional para evitar que pueda procederse en su contra por los delitos que han cometido.

El Partido Acción Nacional exige que el gobierno apegue su conducta a la legalidad y a la constitución, y que de manera inmediata se integre la averiguación previa para que se actúe en contra de quienes han saqueado las arcas públicas causando un grave daño a los veracruzanos.

La PGR no debe estar sujeta a su actuación en tiempos políticos.

El imperio del estado de derecho no debe interrumpirse durante los procesos electorales. Al contrario, los órganos encargados de procurar y administrar justicia deben enviar mensajes claros de que México está cambiando, y que sin duda, el cambio más importante es el establecimiento de un estado de derecho pleno.

Por lo anterior, el presente punto de Acuerdo exhorta a la Procuraduría General de la República a integrar de inmediato la averiguación previa correspondiente para que los presuntos responsables de lo señalado en la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación, destinados en el desvío de recursos de educación y salud, sean sancionados con todo el rigor de la ley.

Igualmente, se solicita a la Procuraduría informe de inmediato a esta soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo en relación con estos graves hechos a partir del mes de noviembre de 2014 en que las denuncias fueron presentadas.

Compañeras y compañeros:

En el periodo ordinario de sesiones que recién concluyó, Diputados y Senadores aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca terminan con la impunidad en nuestro país, principalmente por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos. Les solicito que actuemos en congruencia.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar en contra de este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Consideramos, y estamos de acuerdo que todo hecho que representa duda para los ciudadanos sobre el actuar y quehacer de cualquier funcionario, este sea investigado en las instancias de las instituciones que sean las responsables de las mismas.

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el caso que nos ocupa, ha sido, en diversas formas, mencionado y anunciado mediáticamente sobre estos hechos.

Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación hizo algunas inconsistencias, también es cierto que el estado de Veracruz está en el término que marca la ley para solventarlas o aclararlas.

Por lo que pido, respetuosamente, no politicemos este tema y vayamos a que sea la autoridad correspondiente, que en tiempo y forma aplique o deslinda responsabilidades.

No buscamos defender a nadie, sino que sea justa la impartición de justicia, de lo contrario, aquí estaremos queriendo que se haga, como en otros tiempos, armas expedientes y luego veamos salir a los detenidos porque eran, a fin de cuentas, expedientes a modo. Ya ese tiempo pasó, y no queremos que vuelva de nuevo.

Demos paso a que se cumpla el debido proceso, y que con autonomía, la Procuraduría General de la República, indique lo que corresponda en este caso.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Montano Guzmán.

En el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar a favor de la propuesta de punto de Acuerdo.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: (Desde su escaño) Es a favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Usted habló a favor o en contra?

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: (Desde su escaño) A favor.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Que se registre que la intención era a favor, aunque el contenido era en contra.

Adelante, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Estimados legisladores.

El momento que vive el país es de gran visibilidad, y hoy lo que queremos subrayar es que queremos estado de derecho, no estado de chueco, y queremos transparencia, y queremos rendición de cuentas.

La preocupación que mi grupo parlamentario expresa el día de hoy, es que en este caso estamos hablando de 12 denuncias presentadas, y que en seis meses no hay una evidencia clara de lo que ha hecho la Procuraduría General de la República.

Esas denuncias no fueron formuladas por un partido político, fueron hechas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso, lo que esperamos en el corto plazo es que haya una actuación conforme a la realidad, conforme a la verdad, y que los veracruzanos y los mexicanos sepamos qué es lo que está aconteciendo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Diputada Lizbeth Rosas, para hablar a favor del punto de Acuerdo.

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor Presidente.

Como no hablar del tema de Veracruz, cuando es un tema que duele por la marginación y la pobreza que viven muchos de los ciudadanos de allá, y cómo no hablar precisamente de la tierra de mi madre, que tanto amo.

Y en ese sentido, el grupo parlamentario del PRD, no solamente nos sumamos sino iremos más allá en este tema, porque verdaderamente la PGR, a pesar de que la titular tiene poco de que entró, tiene una larga fila de pendientes por resolver, y pareciera, de manera muy clara, que hay la intención de estar en el cajón del olvido los que son temas más trascendentes para nosotros con Cámara de Senadores y con Cámara de Diputados.

Como integrante, precisamente, que fui de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, este caso, como el desvío de recursos en Veracruz, más en temas tan complicados, y en donde vemos una situación tan marginal, como es la educación, como es el tema de salud, no se escapa.

Este estado ha venido denunciando la situación de irregularidad por diversos medios, desde los programas de desarrollo social, y ahora esto por muchos, muchos años.

Y desafortunadamente gobernadores van, gobernadores vienen de un mismo partido, y la situación no se resuelve con la pobreza de nuestro estado, de Veracruz San Martín.

Aquí, lo que nosotros también queremos sumarnos es, precisamente, a que la Auditoría Superior de la Federación, al igual que en la reforma que se acaba de aprobar con este órgano anticorrupción, pueda ir más allá; que precisamente no sea a todo pasado, cuando estemos resolviendo las situaciones de impunidad y de ilegalidad en todo lo que tiene que ver con la aplicación de recursos, sobre todo, de los fondos federales.

Que pueda haber esa fiscalización real en tiempo, para que no sea después de que los funcionarios ya salieron del gobierno, y que ahora andan de flamantes candidatos, cuando además, se supone que cada partido iba a tener reglas o candados para que candidatos que fueran cuestionados o de alguna forma identificados con algunas situaciones de carácter irregular, no fueran promovidos en este proceso electoral.

Qué pena, la verdad, que este sea el caso, pero también queremos, y me sumo a hacer un exhorto a mis queridos compañeros Senadores.

El órgano anticorrupción, el titular, ya debió haber sido nombrado, estamos a contrarreloj, ojala y se apuren, para que este tipo de situaciones de impunidad, que nos duelen, como en el estado de Veracruz, no vuelvan a suceder, y a la titular de la PGR, a que se ponga las pilas, porque tiene mucho trabajo qué sacar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Rosas Montero.

El Diputado Danner González Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Vengo a hablar de dos temas que son muy relevantes y de gran preocupación para los veracruzanos, educación y salud.

Durante la fiscalización de la cuenta pública 2013, se generaron 186 observaciones, que derivaron en 201 acciones, el monto total, señalado en el monto de aportaciones para la educación básica y normal, dice la Auditoría Superior del a Federación que los recursos sin comprobar en el ejercicio del gasto son mil 769 millones 398 mil 700 pesos, 130 millones 499 mil pesos destinados a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la SEP y 91 millones 479 mil 300 pesos para pagos que se realizaron indebidamente a trabajadores.

En el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud hay 325 millones 968 mil 900 pesos por aclarar, ya que los servicios de salud de Veracruz, al 31 de diciembre del 2013, no devengaron recursos.

Podríamos seguirle en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, en el Fondo de Aportaciones Múltiples, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para el Fortalecimiento de las entidades federativas, en los recursos para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso, a los estados.

En los recursos, en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se detectó que el estado de Veracruz, durante el 2013, no ejerció recursos por un importe de 233 millones 627 mil pesos.

En los recursos federales transferidos a través de subsidios para centros de educación, se determinó un monto por aclarar de 496 millones 892 mil 500 pesos.

Hace unos días, como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pregunté al auditor superior, ¿qué estaba haciendo la Auditoria al respecto? Y me contestaron lo que nos gusta contestar en este país: “que se llegaría hasta las últimas consecuencias, que se actuaría responsablemente, que se deslindarían responsabilidades”.

Ese es el discurso del que ya están cansados los ciudadanos, esa es la farsa de esta justicia, palabrería hueca; mientras Veracruz fue uno de los cinco estados que más recursos recibió en 2013 no registra avances en el mismo año en materia de combate a la pobreza; además, como todos sabemos, cuando los recursos no se utilizan, pues vienen recortes importantes que afectan directamente a la salud de los mexicanos, a la educación de los veracruzanos, al futuro de nuestro estado.

A mí como veracruzano, me preocupa desde luego, que se esté haciendo un uso irresponsable de los recursos en dos temas tan sentidos. Me parece que tenemos que actuar con mayor responsabilidad y, sobre todo, cuando se trata del porvenir de nuestros hijos, de nuestras familias.

Cuál es el futuro que vamos a dejarles, los veracruzanos a las generaciones que vienen, si no estamos haciendo buen uso de los recursos y, además, estamos propiciando con ello, que cada día se reduzcan más los presupuestos para educación, para salud.

Yo he propuesto, en este sentido, por ejemplo, que las ANUIES empiecen a recibir recursos directamente de la federación que no tengan que pasar por el Estado, es un engorro que tienen que estar los rectores de las universidades de tras de los gobernadores, y se convierten en momentos, incluso en objetos políticos, para que les puedan liberar los recursos.

Señoras y señores, necesitamos actuar con mucha responsabilidad en el tema de la educación.

Por eso, en Movimiento Ciudadano, vamos a votar a favor de este exhorto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado González Rodríguez.

Para hablar a favor de la propuesta, la Diputada Lilia Aguilar, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea.

El mal manejo de recursos públicos a favor de un carácter partidista o de un partido político, de una elección, muestra no solamente una visión patrimonialista del gobierno, sino una visión corta del mismo.

En el menor de los casos, genera elecciones inequitativas y mala información a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos, y qué es lo que deben de hacer los ciudadanos para poder acceder a lo que le pertenece a todos los mexicanos, a lo que debería de ser la gestión para todos.

Y entonces, estos gobernadores que se creen tlatoanis y dueños de sus estados, resulta que no les importa, porque en la lógica de la impunidad todo se vale.

El desvío de 2,500 millones de pesos provenientes de recursos federales para el sector salud y educación, cuyos presentes responsables son funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, que fue descubierta, además por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, nos demuestra específicamente esto: una visión torcida y patrimonialista del ejercicio del gobierno, del ejercicio que debería de ser de todos.

Porque en un estado ideal, los gobernadores, los presidentes, los presidentes municipales, deberían de hacer una gestión para absolutamente todo el mundo.

Sin embargo, lo que se ha descubierto en Veracruz, a partir de noviembre pasado, y que ha sido el resultado de interponer cinco denuncias por el desvío de 2,100 millones de pesos de recursos federales, es el ejemplo claro de esta corrupción, de esta impunidad, de este sentido de que está un poco podrido el gobierno.

Y que como ya se ha dicho en esta tribuna, tiene hartos a los ciudadanos. Los ciudadanos que no se cansan ya de escuchar sobre ejercicios de corrupción en Veracruz, en Sonora y en todos los estados de este país, que ven esta sesión permanente y están ahora solamente recibiendo los señalamientos de unos con otros.

Me parece que el punto de Acuerdo es pertinente. Me parece que no solamente hay que apoyarlo, y votar a favor del mismo, sino solicitar a la PGR que inicie las labores de investigación pertinentes sobre las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación.

Es por eso y porque creemos que la anticorrupción no debe de ser nada más una ley o un discurso, sino deben de ser hechos y los hechos se comprueban, también, castigando a los de casa, que estamos a favor de este punto de Acuerdo.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Lilia Aguilar.

En uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor de la propuesta.

El Senador David Penchyna Grub: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo al igual que el señor Diputado Montano, a hablar a favor de este punto de Acuerdo, propuesto por el Senador Fernando Yunes, y que entiendo que todos acompañamos.

Y venimos como priístas a favor de esta propuesta, porque nosotros lo que queremos es que se aplique el estado de derecho.

Valdría la pena recordar y ojalá en otros puntos de Acuerdo que siempre tienen una inmediatez, no puede ser despojada del contenido político y entiendo la intención política; que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados, que lo elegimos nosotros, para su función.

Yo tuve la suerte de ser legislador federal, cuando fue electo Juan Manuel Portal y un equipo de profesionales que han sido ratificados por el propio Congreso, como su órgano de vigilancia, que creo que los distingue su profesionalismo, su capacidad técnica, probada a lo largo de muchas décadas, que es el caso del auditor superior de la Federación.

El auditor ha observado recursos de diferentes ejercicios, en el caso particular de fondos federales, que asisten a los estados, de diferentes ejercicios fiscales, y ha consignado dicho expediente, a la Procuraduría General de la República.

Nosotros vamos a favor. Llama la atención y lo digo con respeto y con cariño, porque lo saben mis compañeros legisladores del PAN, que plantean este punto de Acuerdo, que pareciera que queremos establecer plazos legales, cuando estamos en la casa donde se hacen las leyes, regidos por el derecho público, donde la norma expresamente mandata a la autoridad, qué es lo que tiene que hacer, y en donde no estoy y no tengo ninguna duda, de que la señora Procuradora General de la República, recién electa por nosotros, que ha designado a un gran equipo de profesionales, está haciendo su trabajo.

Intentar marcar plazos, eso si ya es otro boleto, yo no me prestaría a ello. Ni en este caso ni en ninguno.

Hay un proceso de averiguación previa. Hay un proceso de una auditoría, de un órgano colegiado llamado Auditoría Superior de la Federación, que es nuestro órgano colegiado, que cuida y vigila los recursos, y que, por cierto, le acabamos de dar nuevas herramientas, que estoy seguro que van a ser bien utilizadas en favor de la transparencia.

Ahora, en la inmediatez de lo electoral y de lo político, yo no quisiera pensar que esto se quiere usar para ello, démosle seguimiento y votemos a favor del exhorto.

Un exhorto que si no lo hiciéramos, no le quita la obligación y la responsabilidad a la PGR de hacer lo que tiene que hacer; pero nosotros queremos dejar claro como priístas, que no tenemos nada que esconder.

Quien haga mal uso de los recursos, llámese como se llame, en este país debe de ser un compromiso de todas las fuerzas políticas, por dar una batalla en los hechos, por la transparencia; pero que esa transparencia, ojalá, un día, sin intentar e inventar plazos desde esta tribuna, le demos sus plazos legales que tiene contenida la ley, máxime en la casa donde se hace la ley.

Entonces, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Estamos a favor, sin dudar de lo que hizo profesionalmente la Auditoría Superior de la Federación y de lo que estoy seguro hará la Procuraduría General de la República, en los plazos que determina la ley, no el contentillo del fragor electoral.

Muchísimas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para presentar a nombre propio y de los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ordenar el retiro de la propaganda ilegal del PVEM.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor  Presidente.

Solo aprovecharé su gentileza y sensibilidad, 30 segundos.

Fui respetuoso del Acuerdo de esta Mesa Directiva, sobre el punto de Jalisco.

Solo quiero decir algo muy breve. Hace más de 30 años se detuvo a Caro Quintero, precisamente en Jalisco. Eso significó un escalamiento en lo que se llama guerra contra las drogas, profundo, esta lógica militar; para querer enfrentar este problema, y la verdad es que después de estos años, bien podemos hacer un corte de caja.

Estamos mucho peor, la violencia se desborda cada vez más, cada vez llegamos a niveles que ni siquiera imaginamos. Ahora ya derriban helicópteros con misiles, eso es muy grave.

Y yo lo que digo es, mientras no revisemos la política de drogas, los cambios que se hagan serán cosméticos.

¿Cuándo le vamos a entrar al asunto de esa cruzada moral, que nos tiene rozando el rosario sobre cosas comunes?

Somos el segundo productor de mariguana en el mundo, el segundo productor de amapola en el mundo. La morfina está escasa en nuestros hospitales, y en Estados Unidos ya están regulando: 24 entidades con la mariguana ya regulada. Es un proceso ya avanzado, creciente, irreversible.

Puerto Rico, acaba de regular la mariguana medicinal, y aquí, nuestras autoridades en salud, estamos en el oscurantismo, en el oscurantismo conservador, dándose golpes de pecho, mientras nuestro bono demográfico está en las tumba, en las cárceles o desaparecidos.

Bueno, perdón, no podía omitir este tema. Gracias, por su tolerancia.

Esta proposición que hacemos tiene que ver con la equidad en el proceso electoral.

Es verdaderamente patético, yo diría, que a pesar de la opinión pública, a pesar de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Partido Verde insista con la propaganda ilegal.

Es más, insista con la propaganda que el Tribunal Electoral ya determinó que es ilegal.

Entonces, ¿a qué están jugando?

Obviamente están retando a la autoridad electoral.

Por supuesto, hay que pedirle también al Instituto Nacional Electoral, que no le dé la vuelta a la propuesta de más de 140 mil ciudadanos que piden que tomen una posición respecto a eso.

Por cierto, Juan Pablo Adame también presentó una denuncia al respecto y espero que se sostenga.

Que diga el Instituto Nacional Electoral: “Sí hay violación grave, dolosa y sistemática de un partido a la Ley Electoral”.

Yo me sorprendo, porque a partir de todo esto que ha sucedido en la sociedad, exigiendo que haya equidad en la contienda, y que el Partido Verde se someta a la ley, el Partido Verde insiste.

Apenas acaban todavía de demostrar que siguen entregando boletos para el cine, es decir, no hay ningún intento de recular por parte del Partido Verde; está confiado que las autoridades electorales no se van a atrever a aplicar la ley, en eso está confiando.

Como, por supuesto, también está confiado Andrés Manuel López Obrador, que en el 2018 el instituto no va aplicar la ley por la propaganda anticipada. Confían en que las autoridades no tendrán el valor para aplicar la ley, en esto se igualan.

Y uno se pregunta, bueno, ¿porque, además, ya no es nuestra palabra, no es el debate público, no son los 140 mil ciudadanos que lo piden, son las autoridades electorales, es el Tribunal Electoral? que ya dijo que esta propaganda es ilegal, y a pesar de eso insisten, tienen 200 millones de pesos en multas.

Hay que decir que el viejo régimen tiene sus buenos filósofos.

Gonzalo Santos decía: “La moral es un árbol que da moras”.

Decía Hank González que: “Un político pobre, es un pobre político”.

Otro político de ese viejo sistema, del Partido Revolucionario Institucional, decía: “Lo que se paga con dinero es barato”.

Y eso esperan, no importan las multas, no importan, de todas maneras tenemos patrocinadores; porque el Partido Verde no es un partido de militantes, de ciudadanos organizados, es un partido de consorcios.

No digo que los consorcios no tengan derecho a ser representados, también son parte de la sociedad y pueden hacerlo.

Pero lo que es evidente es que esperan, con los votos que consigan ilegalmente, pagar esas multas o las van a conseguir con sus patrocinadores.

Cuando vean que hay, por lo menos, 300 mil spots por fuera de los tiempos del estado, ¿cuánto es eso? Y si no han roto la equidad en la contienda.

Y una pregunta que dejo aquí para que la respondamos todos: ¿Por qué un partido en el gobierno? Porque el Partido Verde es el partido en el gobierno, y si alguien me recuerda una sola votación en donde el Verde no haya votado con el PRI, porque, la verdad, eran, han votado todo exactamente igual.

¿Por qué un partido en el gobierno está generando inestabilidad?, ¿por qué un partido en el gobierno es el que ha puesto el principal elemento de controversia electoral?, ¿no debiera el gobierno ser el principal interesado en que las elecciones salieran sin ningún problemas, en que salieran impecables?, ¿por qué desde el gobierno están implementando esto que lesiona la equidad, la contienda, que adelanta, quizás, conflictos postelectorales?

Perdón, ¿a qué le están jugando?, ¿a qué le están jugando, además, exhibiendo a la autoridad electoral como débil, como incapaz de hacer cumplir la ley?, ¿hasta dónde quieren llegar?

La verdad, lo único que digo es que uno pensaría que después de todo lo que ha pasado, de las multas, el Partido Verde diera un paso atrás.

Pero siguen llegando los boletos del cine, siguen haciendo lo mismo, es decir, no sólo no hay ninguna autocrítica, es su campaña electoral, así la pensaron: sobre la ley, contra la ley, sobre las instituciones.

Y sí, ahí también se parecen, han dicho: “Al diablo con las instituciones”, y siguen violando la Ley Electoral.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo en materia electoral  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde antes que empezara el actual proceso electoral el PVEM ha venido realizando una estrategia de campaña anticipada valiéndose de una sofisticada logística publicitaria y utilizando cuantiosos recursos de procedencia aún no determinada, para la contratación de diversos medios de propaganda fundamentalmente en radio, televisión, salas de cine, vías públicas con espectaculares, tarjetas y monederos electrónicos, parabuses y una larga lista de objetos utilitarios.

Como es del dominio público esta estrategia ya ha sido descalificada por las violaciones  graves y sistemáticas a la legislación electoral, en particular al modelo de comunicación política, al sistema de financiamiento, por la sobreexposición mediática, la personalización de su propaganda, la evidente anticipación de actos de campaña y el fraude a la ley en que ha incurrido desde el año pasado y en general, por dañar la equidad en la contienda electoral.

Estas violaciones van desde el uso de recursos públicos y privados de origen ilegal; la contratación y adquisición de 300 mil spots en televisión, lo cual está prohibido, por el modelo de comunicación política vigente en la legislación electoral; la contratación de espectaculares y propaganda fija de manera ilegal en un incontable número de espacios en la vía pública; compra de los llamados “cineminutos” a precios preferentes en las salas cinematográficas del país; contratación de inserciones en revistas del grupo Televisa; distribución de tarjetas de descuento; utilización de programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicina; utilización de materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios y el uso ilegal de datos personales del padrón electoral, por sólo citar algunos de los conceptos de violación a la ley electoral que ha cometido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Derivado de estas reiteradas violaciones, incluyendo desde las medidas cautelares, las resoluciones administrativas y sentencias, dictadas por las autoridades electorales del INE y del propio TEPJF,  le han impuesto a este partido una larga lista de multas, cuyo monto alcanza ya casi los 200 millones de pesos, lo que representa casi el 50% de sus prerrogativas, y marca un hecho inédito de trasgresión a la ley cometido por algún  partido político en todo el historial electoral de nuestro país, desde que se fundó la institución electoral como un órgano autónomo, lo cual es calificado por muchos analistas como un grave retroceso democrático.

Sin embargo, frente a estos hechos, la actitud del PVEM, como se sigue observando,  es de resistir a toda costa  los subsiguientes mandatos judiciales, como parte de su estrategia de campaña, pese al descrédito que le está acarreando frente a la opinión pública y a la solicitud de varios sectores de la sociedad para la cancelación de su registro como partido político.

Como parte de esa resistencia,  en una actitud de abierto desafío, se persiste en mantener  aún esta propaganda y la estrategia de campaña misma, a pesar de que ha sido señalada caso por caso,  por la autoridad electoral como ilegal al incurrir en alguna causal que así lo disponga, manteniéndola en los múltiples lugares en los cuáles originalmente se colocó o en los medios de comunicación impreso en los que se sigue insertando la misma propaganda electoral.

Por todo ello, es que el grupo parlamentario del PRD, propone a esta soberanía el presente exhorto al Instituto Nacional Electoral para que ejerza sus facultades como árbitro  de la contienda, haga valer el Estado de Derecho y restablezca las condiciones mínimas de equidad para la contienda electoral que se está llevando a cabo en el país.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE  para que en ejercicio de sus facultades, ordene a la brevedad el retiro de la propaganda ilegal del PVEM, que se sigue exhibiendo en diversos medios,   que han sido objeto de sentencias y resoluciones de las autoridades electorales en las que se ordena su suspensión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Suscriben,

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Amalia García Medina- Dip. Lizbeth Rosas.-
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. No se considera de urgente resolución.

Hago saber a los coordinadores que una reunión de Mesa Directiva, que precede a la instalación de esta Comisión Permanente y que es práctica en el Senado, una de cada propuesta de punto de Acuerdo de los grupos parlamentarios se admite a discusión, no hay obligación de aprobarlo, se admite a discusión, y yo lamento mucho que se haya violentado este Acuerdo, que todos sabemos existe.

Así no se construye la estabilidad en un gobierno de la Comisión Permanente.

Los acuerdos políticos no están sobre el Reglamento. Yo aquí lamento que se haya violentado un Acuerdo a la vista de todos, cuando hemos estado cumpliendo los grupos parlamentarios con este Acuerdo.

Permítame, por favor, no es con grititos, es con palabras.

Adelante, Senador Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

La palabra empeñada se cumple y se ha cumplido en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Este punto de Acuerdo no fue comentado a ningún coordinador, yo no tenía conocimiento de él, creo que el Senador coordinador del PAN tampoco, ni los Diputados, no sé si el PRD.

Vamos a respetar la palabra, hablémonos, no es a petición de que me sumo, presento un punto de Acuerdo y porque es de un partido tengamos la obligación de votar a favor.

Nosotros vamos a votar en congruencia, y los acuerdos a los que lleguemos y a los que se llegaron hoy, lo hicimos dando el ejemplo.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Gamboa Patrón, no se admiten los diálogos, y el Presidente no tiene la intención de provocar un diálogo ni una réplica, sólo que no se trata de anunciar ni de hablar de los puntos de Acuerdo.

Es una propuesta de cada grupo parlamentario que será admitida por todos para admitirse a discusión, una, y esta es la propuesta que las gentes de su bancada sabían que era prioridad del PRD.

Nada más dejémoslo así para que quede perfectamente claro de qué se trató esto que no arranca bien.

Yo estoy en un diálogo, no es a contentillo, es cumplimiento de Acuerdo, señor Senador, la palabra honra la política.

Túrnese a la Primera Comisión.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a atraer el proceso electoral del estado de Sonora.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente.

Y como sé que yo tampoco voy a tener la suerte que este punto de Acuerdo se considere de urgente resolución, y que será turnado a comisiones; trataré de hacer una exposición clara de qué es lo que estoy proponiendo en el mismo, no sin antes agradecer la intervención de esta Presidencia para que este punto de Acuerdo pudiese ser presentado el día de hoy.

La situación que vive Sonora, no solamente con los excesos que ya he denunciado en repetidas ocasiones del gobernador Padrés, que como he dicho, igual que en el caso de Veracruz, se sienten los pequeños tlatoanis de sus territorios y que hoy pretenden, muy abiertamente con acciones claras y con el uso del miedo, quedarse en el poder o permanecer en el poder, es lamentable.

Me parece que es necesario que esta Soberanía tome cartas en el asunto.

Las condiciones que actualmente imperan en el proceso electoral del estado de Sonora son, primero: la indebida injerencia del gobernador Guillermo Padrés con el interés de favorecer no solamente a su candidato, sino de mantener inclusive la mayoría en el Congreso.

La distribución de propaganda negativa, que ya se ha hablado por otro partido político, y estos, junto con el uso de la violencia y junto con el uso del miedo, nos dejan evidencia clara de que hay una intención autoritaria del gobierno de Sonora, de perpetuarse en el poder.

No solamente por lo que se pueda suponer que serán las irregularidades que quiere que se le cubran por el siguiente gobierno, como es costumbre cuando se cambia de gobernador a gobernador; sino también por lo que puede parecer los grandes negocios que han quedado en evidencia en la complicidad del gobernador Padrés con el Grupo México, y en la complicidad del gobernador Padrés y el perdón de algunos impuestos que ha quedado, ya evidenciado de amigos y socios del mismo gobernador.

El Procurador de Justicia, en el uso del miedo, Carlos Alberto Navarro se ha convertido pues en el principal operador electoral en Sonora; lleva a cabo detenciones a personas cuyo único delito es llevar a cabo denuncias o detenciones, o lleva a cabo detenciones a aquellos que por alguna razón se atreven a señalar al PAN de alguna manera.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro se ha dedicado solamente a justificar estos actos que se cometen en contra de los sonorenses.

Pareciera pues, como en el caso de Veracruz, que en Sonora hay impunidad, y que no solamente el gobierno federal no hace nada, sino que tampoco lo hace la autoridad electoral, que se encuentra permeada de parcialidad, porque ya que lejos de contribuir al desarrollo democrático, claro del estado, se niega a investigar los hechos y se niega a verificar la existencia de las anomalías y a ordenar la suspensión de las actividades ilegales.

Yo le pediría, señor Presidente, si llama al orden en la sala.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les pido a los integrantes de esta Comisión Permanente, y a los asesores, pongamos atención a la oradora.

Adelante Diputada Aguilar Gil.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias señor Presidente.

Octavio Grijalva, actual consejero electoral; porque aquí es donde se demuestra que la reforma política que promovió el PAN, el PRI y el pacto, pues no tiene efectos.

Octavio Grijalva, consejero local del órgano electoral fue candidato del PAN a la presidencia municipal.

El órgano electoral no solamente está controlado por el Partido Acción Nacional evidentemente, sino que no cumple con sus responsabilidades.

Qué lejos, compañeras y compañeros del Partido Acción Nacional, han quedado aquellos discursos donde se decía que la designación de los órganos locales electorales a través del INE iba a evitar que los gobernadores controlaran a los órganos electorales.

Qué lejos aquella falacia y aquella mentira; lo único que se cambió es dónde se hacían las negociaciones, ya no se hacen en Sonora, ya no se hacen en Chihuahua, ya no se hacen en Baja California, sino que se hacen aquí, en el INE, y las cuotas siguen vigentes, y lo digo con todas sus letras, las discusiones aquellas de la reforma política que decían que se iban a transparentar los órganos electorales ha sido una gran mentira.

Existe pues una negación a proveer acción alguna para constatar las notorias irregularidades y dar cuenta de ella.

Se hizo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral que presuntamente la junta local era ejecutiva de dicho instituto de Sonora a cargo del vocal ejecutivo, Eduardo Manuel Trujillo, junto con el candidato del Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña, alteraron el padrón electoral para migrar militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional a distritos electorales que les benefician.

Las denuncias ciudadanas innumerables que explican cómo han sido visitadas por personas que se ostentan con identificación como servidores públicos del INE, y que tratan de amedrentar y cooptar su voto, están ahí, solamente para el olvido.

Los recursos públicos que también se han desviado para apoyar a la campaña de Acción Nacional son claros; yo terminaré, solamente hablando de lo que pide este punto de Acuerdo.

La LGIPE, señor Presidente; miembros de la Asamblea, habla de las violaciones en las que incurren los funcionarios públicos incluidos en ellas los integrantes de los órganos electorales locales, y el incumplimiento del principio de imparcialidad es uno de ellos.

También la LGIPE, pues, tiene en su marco jurídico y en la Constitución la capacidad de atracción de las elecciones, y desde esta tribuna digo que el fracaso de la reforma política ha sido evidente y que es necesario que el Instituto Nacional Electoral atraiga las elecciones de Sonora para garantizar que no se utilice la violencia, ni tampoco el desvío de recursos públicos, de los que todos aquí ya se pronunciaron, para ganar o modificar esta elección en Sonora.

Sí a la democracia y no al manejo de los recursos públicos a favor de unos u otros candidatos; termino, señor legislador, si es que le molesta lo que digo, está abierto al debate.

Muchas gracias.

Propuesta

La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ATRAER EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 DEL ESTADO DE SONORA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Sonora, existe claramente injerencia del Gobernador Guillermo Padrés Elías, al querer favorecer a sus candidatos del Partido Acción Nacional, por lo que la población vive un ambiente que pone en riesgo el orden público y su derecho al voto.

Por lo que es fundamental que en el proceso electoral en Estado de Sonora sea el Instituto Nacional Electoral quien supervise de manera directa con su personal, el proceso electoral de este siete de junio.

El actuar parcial de la Autoridad Electoral Local, lejos de contribuir con acciones a una democracia de la entidad, existe una negativa para conceder el ejercicio de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos, verificar la existencia de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades ilegales, simplemente evade de todas las anomalías que se están reportando todos días en todo el territorio del Estado.

Por otra parte Procurador de Justicia del Estado de Sonora, se ha convertido en el principal activo electoral; pues lleva a cabo detenciones de personas que lo único delito cometido es llevar a cabo denuncias o detenciones de activistas mal intencionados del Partido Acción Nacional que distribuyen propaganda negativa y de mentiras contra los adversarios de Guillermo Padrés.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, desde el inicio del Proceso Electoral ha justificado operativos policiacos para intimidar a los ciudadanos.

En Sonora hay impunidad, porque el Partido Acción Nacional hace uso de servidores públicos abiertamente para favorecer a su candidato.

En este sentido, es de fundamental importancia destacar que en materia electoral, en el apartado C, base V del artículo 41 de la Constitución la figura de la atracción al establecer que:

“En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

(…) 

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación”.

Por lo que en él artículo35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE): establece que

“El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto”.

Y el artículo 44 de la LEGIPE:

• Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en la Ley Electoral.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral atraer el proceso electoral 2014-2015 del Estado de Sonora.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Lilia Aguilar Gil.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Primera Comisión.

Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente. En el Reglamento del funcionamiento de la Comisión Permanente, que le llaman el reglamentillo; en los Acuerdos está establecido de manera muy clara el tiempo en las intervenciones de la presentación de los puntos de Acuerdo, de las iniciativas, de las intervenciones en el debate.

En el Senado hemos sido muy tolerantes en el tiempo en que un legislador hace uso de la tribuna; éste no es el Senado, esta es la Comisión Permanente.

Vamos a aplicar el Reglamento, pero les ruego que acompañemos las decisiones que tome la Mesa Directiva con un principio, que es por lo que menos tense la reunión, y muchas veces sólo por el tiempo se provocan las mayores tensiones en el desahogo de unas, se los propongo y vamos a irnos tratando con toda prudencia y tranquilidad para que esto se resuelva bien cada sesión.





 

Honorable Asamblea: Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió también el Acuerdo por el que se integran las comisiones de trabajo de esta Comisión Permanente.

El Acuerdo está disponible en el monitor de su escaño, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión. No habiendo interesada o interesado en hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por aprobarlo, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por rechazarlo, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.

Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a proporcionar el apoyo técnico y logístico necesario a las comisiones para sus reuniones de instalación y para los trabajos que habrán de desarrollar durante el receso.





 

Solicito a la Secretaría, dé cuenta con las comunicaciones que recibimos de la Secretaría de Gobernación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con la primera comunicación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el comunicado que contiene la terna que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, A.C., propone para la designación del Comisario de Petróleos Mexicanos, integrada por las siguientes personas:

1. Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena.

2. Arturo Ortiz Hidalgo

3. Francisco Javier Soní Ocampo.

Por lo anterior, me permito remitirle anexo al presente la comunicación original, así como los datos curriculares de las citadas personas; solicitando a usted que de conformidad con la petición que formula el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, la propuesta se turne a la Junta de Coordinación Política para que seleccione a uno de los integrantes de la terna que será propuesto al Pleno de ese órgano legislativo.





 

Doy cuenta con la segunda de las comunicaciones:

De conformidad por lo dispuesto por el artículo 120 de Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el comunicado que contiene la terna que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, A.C., propone para la designación del Comisario de la Comisión Federal de Electricidad, integrada por las siguientes personas.

1. Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen.

2. Emilio Antonio Mendoza Saeb.

3. Ricardo Gutiérrez Muñoz.

Por lo anterior, me permito remitirle anexo al presente de la comunicación original, así como los datos curriculares de las citadas personas solicitando a usted que de conformidad con la petición que formula el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, la propuesta se turne a la Junta de Coordinación Política para que seleccione a uno de los integrantes de la terna, que será propuesto al Pleno de ese órgano legislativo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. Túrnense ambos documentos y sus respectivos expedientes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.





 

Compañeros legisladores, legisladoras: Informo a ustedes que las demás iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por los Diputados Martha Loera Arámbula y Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Dip. MARTHA LOERA ARÁMBULA y el Dip. JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, Diputados Federales a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las modificaciones constitucionales aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos Locales, es la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, a través de la cual se reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y todos los tratados Internacionales de los que México es parte, en este sentido se protegen todos los sectores sociales y se coadyuva al desarrollo socio-jurídico del país.

Tal como lo señala el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), existen diversos grupos sociales que desafortunadamente, sufren algún grado de discriminación, tal es el caso de: adultos mayores, afrodescendientes, migrantes, mujeres, grupos indígenas, personas con discapacidad, jóvenes y niñas y niños, por señalar algunos. Dichos grupos representan gran parte de la población y desafortunadamente son aislados o maltratados, por lo cual existen leyes que pugnan por su protección, garantizando el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Las niñas y niños de México son pieza clave para el fortalecimiento institucional del país, asimismo representan el 28% de la población total con poco más de 33 millones y medio de menores de 15 años. Pero para asegurarles un buen futuro, es preciso crear un marco regulatorio que garantice el pleno ejercicio de sus derechos consagrados en el párrafo noveno del artículo 4° constitucional, derivando en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre los objetivos consagrados en la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes, se encuentra el de Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por lo cual el estado mexicano se ha dado a la tarea de constituir diversas herramientas que asegure el sano desarrollo de todos sus derechos, siendo esencial fortalecer los mismos y buscar mayores y mejores mecanismos para el mencionado propósito de la ley.

Actualmente uno de los derechos más importantes para los menores de edad es a la seguridad jurídica y al debido proceso, que como lo señala la ley en la materia, las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables (artículo 82). Pero este derecho nace (entre otras cosas) de diversos tratados internacionales, en los cuales se otorga el pleno acceso a la justicia.

A nivel internacional, nuestro país ha signado diversos instrumentos a fin de garantizar los derechos de los menores de edad, entre ellos los derechos jurisdiccionales; tal es el caso del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que en su artículo 44, inciso 1, señala que: “Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos […]”.

Tras los multiples informes presentados por México, el CRC ha señalado que Si bien toma nota de la información de la delegación del Estado parte de que los niños pueden presentar quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, preocupa al Comité que únicamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reciba quejas de los propios niños, mientras que la interposición de quejas ante todas las comisiones de derechos humanos estatales está sujeta a la aprobación paterna. Le preocupa asimismo la escasa independencia y capacidad de las comisiones de derechos humanos a nivel de los estados1.

Tal como lo señalamos en la proposición con punto de acuerdo presentada el 14 de abril del año en curso, tan solo las Comisiones de Derechos Humanos del estado de Hidalgo y del Distrito Federal cuentan en su legislación la posibilidad de que las niñas, niños y jóvenes presenten una queja ante dicho organismo, por tal motivo y con el fin de dar seguimiento a la recomendación del Comité, es necesario que las Comisiones de Derechos Humanos locales y nacional puedan recibir de forma directa las quejas por los menores de edad.

En esta línea de ideas, es preciso que a través de la normatividad en la materia se garanticen los derechos jurisdiccionales de las niñas, niños y jóvenes, ya que, como lo señala la experta en Derechos Humanos García Chavarría, el acceso a la justicia de las niñas y los niños debe considerarse desde las diferentes posiciones en que aquellos pueden encontrarse frente a la administración de la justicia. Sobre este punto, la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derecho exige, indudablemente, el reconocimiento y estricto respeto del conjunto de derechos y garantías que en el sistema tutelar les fue negado2.

Es importante garantizar los derechos de todas las personas en sus diversas etapas, por lo cual resulta idóneo homologar nuestro marco jurídico a las recomendaciones surgidas de los instrumentos internacionales obligatorios para nuestro país, pero principalmente que responda a las necesidades sociales y, en este caso, los derechos de los menores de edad.

La presente iniciativa, al igual que la proposición con punto de acuerdo ya presentado, busca que la legislación que regula el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contemple, al igual que la ley que regula las Comisiones de Hidalgo y el Distrito Federal, la presentación de denuncias por parte de niños, niñas o incapaces, lo cual permitirá el ejercicio de este organismo nacional más incluyente y plural.

La propuesta de modificación no solo responde a las recomendaciones internacionales, sino que también es acorde a los principios protectores de las niñas, niños y jóvenes como el interés superior de la infancia, la tutela plena y respeto a sus derechos fundamentales, garantizando a plenitud el pleno ejercicio de los mismos.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar de la siguiente manera:

Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 25.- (…).

Podrán denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y quejas sobre las mismas sin necesidad de representante los niños, niñas o incapaces cuando se ponga en peligro su vida, libertad o integridad física o psicológica, salvo que no esté en aptitud para presentar la queja, ésta podrá ser presentada por cualquier persona y en caso de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga conocimiento de alguna de estas situaciones iniciará queja de oficio.

(…).

(…).

TRANSITORIOS.

Único.- El presente decreto entrada en vigor al día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Martha Loera Arámbula.- Dip. Javier Filiberto Guevara González.

1 Secretaría de Relaciones Exteriores. Informes de México sobre los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativos a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y a la Participación de Niños en Conflictos Armados, México, 2011. Pág. 126. Disponible en línea en ttp://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/inforni.pdf

2 GARCÍA CHAVARRÍA, Ana Belem, nota 6, p. 78.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS 2, 17 BIS 1, 17 BIS 3, 17 BIS 4, 18 BIS 1 Y 43 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8º BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado Federal ERNESTO GERMÁN SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS 2, 17 BIS 1, 17 BIS 3, 17 BIS 4, 18 BIS 1 Y 43 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; Y SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8º BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, a tenor delo siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los abusos que se cometen en contra de los usuarios y/o consumidores de diversos productos financieros se han limitado con las últimas reformas Y sin duda alguna el Estado ha buscado la vía para que se proteja, tanto a los oferentes como a los demandantes de éste tipo de productos. Préstamos de dinero, compra de artículos a plazos, son los que más destacan a la hora de hablar de una falta de pago o un abuso en el cobro.

La iniciativa, no pretende ir en contra de lo que ya se aprobó el año pasado, sino de enriquecer el fortalecimiento a la ley correspondiente, de manera que los abusos que cometen los despachos de cobranza sigan a la baja.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de mayo del 2013 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja, la Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores1.

En la exposición de motivos el Ejecutivo Federal planteó que “…esta iniciativa contempla una serie de herramientas con las que se pretende lograr un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con los usuarios de sus servicios…”.

De igual forma, en dicha iniciativa se contemplaba que los contratos de adhesión que celebren las instituciones Financieras no deberán contener cláusulas abusivas y la facultad de la COMDUSEF para establecer disposiciones secundarias en las que se definan las actividades que se apartan de las sanas prácticas.

Derivado de lo anterior y del proceso parlamentario con el que se mandata dar cumplimiento; el 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y el 7 de octubre del 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza.

En éste último, en su Capítulo II clausulas Tercera y Cuarta se enlistan los actos a los que las entidades financieras están obligadas a cumplir por mandato o de abstenerse con los usuarios deudores de productos o servicios, y por las que de aplicarse correctamente, no deberían de seguir existiendo abusos y peor aún, no se cometerían injusticias como las que siguen cometiendo quienes se acreditan falsamente con una orden judicial y se presentan para embargar los bienes materiales de los deudores.

Cabe hacer mención de que en las disposiciones emitidas se estableció un plazo de 90 días para cumplir con ésta obligación, plazo que llegó a su término el pasado 5 de enero.

La Ley faculta a la CONDUSEF para imponer sanciones que van desde los 200 a 2000 días de salario mínimo a las instituciones financieras que no hubiesen cumplido en tiempo y forma con ésta obligación, o que no demuestren que dicha cartera fuera vendida al despacho que ahora realiza la gestión de cobranza y con el cual ya no mantiene ninguna relación.

Ahora bien, es imperante destacar que aunque la CONDUSEF está facultada para imponer sanciones a las entidades financieras, no está facultada para sancionar a los despachos de cobranza, ya que en uno de los párrafos de las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza2, es tajante y no deja ninguna duda al respecto: “…Las penalizaciones por el incumplimiento a lo previsto en la presente disposición, deberán estar contenidas en los contratos de prestación de servicios que las Entidades Financieras suscriban con los Despachos de Cobranza3.”. por lo que se comprende que dichas penalizaciones sólo se conocerán por tres partes: la CONDUSEF, las entidades financieras y los despachos de cobranza, éstos últimos en el contrato que ambas partes celebrarán por la prestación de los servicios, pero que la CONDUSEF no está facultada para sancionar a los despachos de cobranza, sino las mismas entidades financieras, son las que tienen esta facultad por lo que se deja a la discrecionalidad dichas sanciones.

De tal forma que, primero, las instituciones financieras tienen la obligación de registrar ante el organismo a los despachos con los que trabajan, para que los usuarios los puedan reconocer y denunciarlos por faltar o incumplir con alguna de las reglas establecidas. Segundo, si la institución financiera no registró a un despacho y éste ejerce acciones de cobranza, la CONDUSEF le llamará la atención o multará a la institución financiera y ésta tendrá que poner límites o ya no trabajar con ellos.

Durante el año 2012, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió un total de 35 mil 675 acciones de atención en contra de despachos de cobranza bajo el concepto de “gestión de cobranza y ofensa”.

De dichas acciones, el 75% de los motivos de queja por parte de los usuarios correspondieron a que no eran el cliente deudor, el 18% a que los agentes de cobranza realizaron la gestión con maltrato; y el 7% se debió a que el crédito ya había sido pagado.

Al mes de mayo del 2013, sumaron 9 mil 212 las acciones de atención por este motivo que la CONDUSEF ha realizado.

Es importante señalar, que existe un Código de Ética4 de las obligaciones para con los deudores y público en general inserto en el capítulo IV de los Estatutos Sociales de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C.5, el cual tiene el propósito de establecer el respeto mutuo a la dignidad entre deudores, acreedores y sus representantes. Si bien, dicho código ha ofrecido avances, las cifras antes referidas reflejan la necesidad de que las entidades financieras cuiden las prácticas de cobranza.

Aunado a todo lo anterior y teniendo en cuenta la Reforma Financiera que se discutió y aprobó y que fue publicado el paquete en el Diario Oficial de la Federación, es que resulta relevante hacer mención, de que aunque efectivamente se logró un avance significativo respecto a la protección de los usuarios de las entidades financieras, así como un verdadero respaldo a los deudores; ya que no se niega la deuda por quienes sí se encuentran inmersos en esa situación, lo que se debe intentar hasta el fin es llegar a un mutuo acuerdo de las partes, y no a un abuso de autoridad, que en la mayoría de las veces, los despachos de cobranza ejercen sobre los deudores, a través de las siguientes acciones:

• Cartas enviadas a los deudores en las que los despachos de cobranza les exigen el pago del total de la deuda o una parte o el embargo y prisión por el delito de fraude. Y luego se presentan en el domicilio del deudor con una supuesta orden de embargo, que en realidad ninguna autoridad judicial ordena.

• Cartas que simulan ser documentos judiciales.

• Colocación de calcomanías acusando al deudor de fraude.

• Usurpación de profesiones y funciones públicas, al hacerse pasar por abogados o empleados judiciales.

• Embargos extrajudiciales.

Estas son algunas de las prácticas ilegales que quedaron asentadas con la reforma financiera, y que en las disposiciones de carácter general publicadas por la CONDUSEF están muy bien delimitadas. Por lo que los despachos de cobranza han realizado modificaciones en sus actos, y aunque ya no son tan intimidantes, siguen acosando a los deudores ilegalmente.

En síntesis, la presente iniciativa pretende no dejar ningún hueco por el que puedan seguir cometiendo éste tipo de abusos. La posible deuda no se niega. Pero ello no implica que los deudores deban ser tratados con abuso, ilegalidad y discriminación.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 Bis 2, 17 Bis 1, 17 Bis 3, 17 Bis 4, 18 Bis 1 y 43 de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 8º. Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 10 Bis 2. Las Entidades podrán contactar a sus clientes, que expresamente así lo hayan autorizado, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio financiero, en el horario acordado. Las Entidades en todo caso deberán verificar el registro de usuarios a que se refiere el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 17 Bis 1.- Las Entidades a través de medios electrónicos y en sucursales, deberán tener a disposición de sus Clientes, los datos suficientes de identificación de los despachos externos, que incluirán a terceros o representantes que realicen la cobranza de los créditos que otorguen, así como de aquellos que apoyen en las operaciones de negociación y reestructuración de créditos con sus Clientes o con aquellas personas que por alguna razón sean deudores frente a las Entidades.

Los contratos de prestación de servicios que las Entidades Financieras suscriban con los Despachos de Cobranza, así como las penalizaciones por el incumplimiento de lo previsto en la presente disposición, deberán ser públicos a través de su Portal de Internet actualizado.

En el momento en el que las Entidades Financieras otorguen los datos del cliente a los despachos de cobranza para que se inicie la recuperación de los créditos otorgados, las Entidades Financieras quedan obligadas a notificar de forma personal a los clientes por escrito de que su información acaba de ser transferida al despacho de cobranza a fin de llegar a un convenio de restauración o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos a los que se llegue. 

Artículo 17 Bis 3.- Las EntidadesFinancieras supervisarán constantemente las actividades realizadas por sus despachos de cobranza, así como también el estado de los reclamos presentados, permitiéndole al Cliente dar seguimiento a los mismos.

Al momento de realizar los cobroso requerimientos de pago extrajudicial,el personal adscrito al despacho de cobranza y la Entidad Financiera, deberán ser identificables plenamente, y de existir requerimientos extrajudiciales quedan obligados a lo siguiente:

a) Deberá emitir el Despacho de Cobranza oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Estatal o Municipal, a fin de informar que se harán requerimientos de pago extrajudicial, esto para efectos de que salvaguarden la integridad física del requirente como del deudor.

b) Deberán de girar oficios a la Secretaría de Seguridad Pública, para informar el domicilio en el que se constituirán día a día a fin de hacer el requerimiento extrajudicial de forma personal.

c) Deberán estar identificadas con credencial y uniforme de la persona física o moral que representan.

d) Si se encontrase con un menor, un adulto mayor o una persona que no habla español o no saber leer, se deberá de retirar del domicilio y tendrá que presentar inmediatamente su demanda en la autoridad jurisdiccional competente.

e) En la documentación, oficios o similares, el acreedor omitirá utilizar la palabra “embargo”.

Artículo 17 Bis 4.- En el ámbito de sus competencias, tanto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como la Procuraduría Federal del Consumidor, podrán emitir disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza, y sancionar a la Entidad Financiera o Despacho de Cobranza que incumpla con esta Ley.

Artículo 18 Bis 1. …

Las Entidades sólo podrán elevar el límite de crédito en créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, a Clientes que tengan un comportamiento de cumplimiento en sus compromisos crediticios, en cuyo caso la Entidad deberá formularle una oferta para elevar el límite de su crédito, préstamo o financiamiento, la cual deberá ser aceptada expresamente por el Cliente en forma escrita o por medios electrónicos en términos de la legislación aplicable.

Artículo 43. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sancionará con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario, a las Entidades Financieras que:

I. … a XII. …

XIII. A las Entidades Financieras que no hagan públicos los contratos de prestación de servicios con los Despachos de Cobranza, a través de sus Portales de Internet o que incumplan los términos del artículo 17 Bis 1 de la presente Ley.

XIV. A los Despachos de Cobranza que incumplan con los contratos de prestación de servicios con las Entidades Financieras y que no hagan públicos los acuerdos de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos a los que lleguen con los Deudores, a través de su Portal de Internet y por escrito a la Entidad Financiera y al Deudor.

XV. Cuando existan contratos de cesión o venta de cartera que suscriban las Entidades Financieras con cualquier persona física o moral salvo las previstas en el artículo 93, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán cumplir con lo dispuesto en esta Ley en el mismo grado de responsabilidad, las Entidades Financieras y los cesionarios o adquirentes.

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 8o. Bis.- …

Las Instituciones Financieras deberán hacer públicos a través de su Portal de Internet y en sus sucursales los contratos de prestación de servicios que realicen con los Despachos de Cobranza que gestionen su cartera. Así como también recibir y suscribir los acuerdos de pago, negociación o restructuración de los créditos, préstamos o financiamientos a los que lleguen los Despachos de Cobranza con los Deudores.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de mayo de 2015

Suscribe

Dip. Ernesto Germán Sánchez Jiménez.

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=10&day=07

3 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=10&day=07

4 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2008/codigo_etica.pdf

5 http://www.impcob.com/index.php?url=0&sacar=2 Cabe destacar que en la página de dicha Asociación no están publicados dichos Estatutos. Por lo que el mencionado Código de Ética únicamente es posible encontrarlo fraccionado a través de la CONDUSEF.





 

Como lo permite el resolutivo décimo segundo del Acuerdo que aprobamos este día, las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo décimo tercero del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional Electoral a atraer las elecciones para gobernador en Sonora y así salvaguardar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de dichas elecciones en favor del sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe el Lic. WILLIAMS OCHOA GALLEGOS, Diputado Federal por el Estado de Chiapas, en el 6° Distrito, en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que las Autoridades Electorales, Federal o Local, tienen la obligación constitucional de garantizar que las elecciones para Gobernadores de los Estados, se realicen mediante los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; con el fin de favorecer el sufragio universal, libre, secreto y directo; que es un derecho político-electoral de los ciudadanos;

2. Que los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, son elementos fundamentales de una elección democrática, de orden público, de obediencia inexcusable y así mismo irrenunciables, mismos que por su naturaleza electoral contemplan:

I. Que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad;

II. Que la organización de las elecciones se realice a través de un organismo público y autónomo que desarrolle las elecciones con base en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;

III. Que en los medios de comunicación social, exista el principio de equidad para el acceso de los partidos políticos; pero sobre todo, se respete los derechos universales de honra y reputación de los candidatos; y

IV. Que el control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, sean actos de una Autoridad Electoral que respete los elementos y principios antes citados;

3. Que en Sonora la población vive un ambiente que pone en riesgo el orden público y su derecho al voto, por la indebida injerencia del Gobernador Guillermo Padrés con el evidente afán de favorecer a su Candidato del Partido Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña.

Siendo notorio lo anterior, porque antes del iniciar los comicios hasta el día de hoy, no existen las condiciones políticas idóneas para el correcto desarrollo del proceso electoral en el Estado de Sonora; debido a que el Gobernador de dicha entidad federativa el C. Guillermo Padrés Elías, ha coordinado tanto a su gabinete, como a

las autoridades locales para incitar el voto a favor de Javier Gándara Magaña y realizar acciones negativas en contra de la Candidata del Partido Revolucionario Institucional, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; actos ilegales que contravienen los principios de neutralidad, imparcialidad y no intromisión que nuestra Carta Magna obliga acatar a los servidores públicos.

De igual forma, es clara la participación en favor del Candidato por el Partido Acción Nacional, del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, el C. Ernesto Munro Palacio, al girar la instrucción de aprender a dos oficiales bajo su cargo, que detuvieron a personas que repartían propaganda electoral negativa y calumniosa en contra de la Candidata a la Gubernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano;

4. Que el Candidato Javier Gándara Magaña, ha demostrado ser capaz de romper los principios de paridad y equidad de género al calumniar públicamente la imagen de la Candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano;

Además, ha ocupado las creencias religiosas en campaña para favorecer su simpatía ante la población; e incluso participó en la Convención 2015 de la Iglesia de Dios en México, donde más de 13,000 espectadores fueron testigos de su proselitismo; violentando el principio rector constitucional de la separación entre el Estado y la Religión;

5. Que entre el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su Candidato Javier Gándara Magaña, existe una estrecha relación, porque ambos, en asociación o individualmente, realizan actos delictivos que solo benefician su patrimonio, en detrimento de los pobladores sonorenses.

Es así lo anterior, que a la fecha, como es del conocimiento público, el Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sigue con su Presa, ilegalmente construida, sin importarle el gran daño que causa a la población; y en complicidad con el Candidato Javier Gándara Magaña, ha realizado actos que presumen ser evasiones del pago de impuestos, que actualmente son investigados por la autoridad fiscalizadora.

Por lo anterior, es evidente, que el Gobernador Guillermo Padrés Elías, quiere proteger su salida del Gobierno del Estado de Sonora; y la única forma de lograrlo es posicionar y hacer ganar a cualquier costo, al Candidato por el partido político del cual es militante y representante;

6. Que la Autoridad Electoral Local, lejos de contribuir con acciones en el reencauzamiento de la vida democrática del Estado, ha sido reiterativa en su negativa para conceder el ejercicio de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos, verificar la existencia de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades ilegales, evidenciándose que prevalece un actuar parcial por parte del Consejero Electoral Octavio Grijalva Vásquez, en su carácter de  Presidente de la Comisión Permanente de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, quien no solo se niega a transparentar y respetar el principio de máxima publicidad, sino que se niega reiteradamente a proveer acción alguna para constatar las notorias y denunciadas anomalías;

7. Que se hizo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral, que la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en Sonora, a cargo del Vocal Ejecutivo Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, junto con el Candidato Javier Gándara Magaña, alteraron el padrón electoral para migrar militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional a Distritos Electorales donde tenían la minoría de votantes con el afán de ganar dichos Distritos, y burlar la ley ad hoc;

8. Que en este sentido, es de fundamental importancia destacar que la reciente reforma política electoral, incorporó al marco jurídico electoral en el apartado C, base V del artículo 41 de la Constitución la figura de la atracción al establecer que:

“En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

(…) 

C Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación”.

9. Que en correspondencia con ello, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en sus artículos 41, numeral 1 inciso e) y 121 a 124, los procedimientos y requisitos para que el Consejo General del INE ejerza dicha facultad; 

10. Que la abierta y flagrante intervención de las autoridades estatales en la elección para la renovación de la gubernatura en el estado de Sonora, le han impuesto dicho proceso condiciones de total y absoluta inseguridad jurídica que no solo afectan los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas sonorenses sino que impiden la realización de comicios equitativos y justos, por lo que se amerita la urgente intervención del Instituto Nacional Electoral, a efecto de garantizar condiciones esenciales  que aseguren la realización una jornada electoral en que se respete la voluntad y la decisión de la sociedad de Sonora; y por ello:

11. Propongo ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con carácter de Urgente y Obvia Resolución, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Dr. Lorenzo Córdova Vianello, en su carácter de Consejero Presidente y a los demás Consejeros del Instituto Nacional Electoral, para solicitar la atracción de las elecciones para Gobernador en Sonora, ante la indebida injerencia e intromisión del Gobernador Guillermo Padrés Elías, de su Gabinete y de las Autoridades Administrativas, Judiciales y Electorales, para favorecer a su Candidato del Partido Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña; actuaciones que vulneran los derechos políticos electorales de los ciudadanos sonorenses y de la Candidata del Partido Revolucionario Institucional, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

Atentamente,

Dip. WillIams Ochoa Gallegos.





 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en materia de seguridad ciudadana. Se turna a la Primera Comisión.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo  en materia de seguridad ciudadana  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El grupo parlamentario del PRD expresa su más enérgica condena, frente a los graves hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en diversas  regiones, con enfrentamientos entre bandas de delincuentes y fuerzas policiales en el occidente del país que han arrojado como saldo  un número importante de  efectivos muertos, como sucedió en Ocotlán, Jalisco donde fueron asesinados un importante número de policías estatales que realizaban una operación de reconocimiento.

De manera particular, esta situación   escaló de manera extrema el pasado fin de semana en varias entidades de esta región del país, como Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, con un saldo trágico de siete personas muertas y una veintena de heridos, en una operación del crimen organizado, en la cual se realizaron más de 40 narcobloqueos y fue derribado un helicóptero de las fuerzas armadas. Ante todos estos hechos, el gobierno federal debe reconsiderar su estrategia de seguridad y de combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Ahora resulta que, siguiendo la versión del gobierno federal el repunte de la violencia en el occidente del país, sería una respuesta al Operativo Jalisco, implementado para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y garantizar la seguridad de los ciudadanos y reducir los índices delictivos, mediante la integración de Centros de Mando y comunicación, de bases mixtas de operación entre diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Aunque queda  abierta la duda sobre la validez de esta afirmación, tomando en cuenta que estos hechos demostraron un nivel de coordinación y un despliegue de fuerzas y logística de una enorme envergadura, que al decir, de muchos analistas, dejan entrever no una respuesta improvisada de esta banda criminal a la puesta en marcha del operativo, sino más bien y eso es lo preocupante, un verdadero desafío al Estado Mexicano, con una presencia que ha alcanzado una mayor cobertura y operatividad frente a otros cárteles  en esta misma región del país.

Esta organización delictiva que ha crecido al amparo de la corrupción, la impunidad, la ausencia y complicidad de la autoridad, se vio favorecida de manera indirecta, por la estrategia del gobierno federal en el estado de Michoacán, contra los caballeros templarios, la operación de autodefensas sin la debida aplicación de controles de confianza y por el desmantelamiento de otras organizaciones que tienen presencia regional, nacional o hasta internacional, con lo que pudieron proyectar su crecimiento a otras entidades como Jalisco, Veracruz, el propio Michoacán y Guanajuato.

Lo verdaderamente preocupante, es la crisis institucional que vive nuestro país y la ausencia del Estado de derecho, pese a la presencia de una enorme cantidad  de efectivos de las fuerzas federales y a  los operativos que recorren las regiones, lo que demuestran que sigue la militarización de la estrategia de seguridad, donde se pone de manifiesto la incapacidad de la policía federal y de la gendarmería a su cargo, para afrontar al crimen organizado.

Lo más alarmante es que en medio de estos operativos y la reacción de los delincuentes, se deja a la población civil a merced de los grupos delincuenciales, abandonando amplias zonas del país a su poder de facto, para que poblaciones enteras que viven en la pobreza sean víctimas de la violencia, de verdaderas levas, del cobro de piso y  la extorsión, o en la necesidad del desplazamiento interno.

Ante esta ausencia del Estado de derecho, que se manifiesta endémico en amplias regiones del país en medio queda la población civil que está  a merced de las acciones y al arbitrio de estos grupos, como se observó a raíz de estos hechos, en los que aparentemente los criminales decidieron no emprender acciones contra la integridad física de las personas, y sin embargo, la población civil queda totalmente expuesta a la reacción y respuesta de los mismos delincuentes o de las fuerzas policiacas.

Por ello, consideramos que es imprescindible que el gobierno federal incluya en  su estrategia de seguridad y de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, de manera  prioritaria la implementación de  esquemas  proactivos y  preventivos,  así  como la protección de la población civil y la debida  información de medidas preventivas que eviten mayores riesgos para la integridad física de las personas y a su patrimonio.

A todo esto habría que sumarle el asesinato del candidato del PRI, a la Alcaldía de Chilapa,  Guerrero, que condenamos enérgicamente, lo que viene a enrarecer aún más el clima de crispación electoral que se vive en la entidad.

Por  las anteriores consideraciones, el  grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estima urgente que se cite a comparecer al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la Comisión Permanente, con el fin de que explique a esta soberanía sobre la situación de inseguridad y violencia  en el país y dé cuenta de las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para enfrentar estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que considere en su estrategia de seguridad y de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, como prioridad la implementación de esquemas de seguridad ciudadana, con carácter  proactivo y  preventivo,  así  como la protección de la población civil y la debida  información  con medidas de alerta preventiva que eviten mayores riesgos para las personas y en su patrimonio, en el marco del respeto a sus derechos humanos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a comparecer ante esta soberanía, con el fin de que explique la situación de inseguridad y violencia  en el país y dé cuenta de las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para enfrentar estos hechos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de mayo del 2015.

Suscriben,

Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Lizbeth Rosas.- Dip. Amalia García Medina.- Dip. Fernando Belaunzarán.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita una nueva estrategia de contención del brote de chikungunya en el estado de Guerrero. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DEL BROTE DE CHIKUNGUNYA EN EL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud está trabajando con los países en la respuesta a la aparición del virus del chikungunya, que se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, provoca fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular.

El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden desarrollar dolores en las e inflamación en las articulaciones de manera crónica.

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.). Es de vital importancia mencionar a esta representación que no existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus, lo que incrementa el costo social para los estratos más vulnerables de la población, y eleva la presión sobre las finanzas públicas del sector público.

Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. A partir de 2004, se han reportado brotes intensos y extensos en África, las islas del Océano Índico, la región del Pacífico incluyendo Australia y el sudeste asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia). En 2007 el virus ocasionó un brote en Italia, en la región de Emilia-Romagna, al ser trasmitido localmente por Ae. albopictus. Antes de la primera confirmación de la transmisión autóctona, en la región se habían registrado varios casos importados de viajeros que habían vuelto con el virus de Asia o África.

Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti (que también puede transmitir el dengue y la fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de los Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina). A este mosquito se lo reconoce fácilmente porque tienen unas rayas blancas circulares en las patas. Cuando estos mosquitos pican a una persona con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión.

La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. Se habla extraoficialmente que el número de casos se triplica, ya que las instituciones de salud solamente tienen cuantificado las personas que acuden a ellos para su tratamiento.

De acuerdo a la representante de la Organización Panamericana de la Salud el virus del chikungunya continuará extendiéndose en la región de Centroamérica y el Caribe, puesto que en esta región existen las condiciones para la propagación del virus, por lo que "no será una sorpresa ver más incidencias". De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que México tiene 678 casos confirmados de chikungunya de transmisión autóctona y 22 importados, acumulados desde el año 2013 hasta 17 de abril de este año.

Sin embargo,  de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero advierte que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en dengue, con 614 casos y también en chikungunya, con un registro de 255 pacientes con esta enfermedad, de la cual existen también 2 mil 70 sospechosos, de los cuales están notificados oficialmente 255 casos de Chikungunya y 2 mil 70 casos sospechosos de este padecimiento, sin ningún deceso. Por otro lado, la situación del dengue, Guerrero ocupa los primeros lugares a nivel nacional en esta enfermedad viral, con 614 casos confirmados de enero a la fecha, estas dos enfermedades es de la mayor preocupación frente a la nueva temporada de lluvias y a las condiciones

En cuanto a las regiones que presentan mayor cantidad incidencia de Chikungunya, de los 255 casos confirmados, 213 pacientes corresponden en Acapulco, 27 casos en Costa Chica, 15 en Costa Grande. En Acapulco en 35 colonias de acuerdo a datos de salud estatal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay casos de Chikungunya en los municipios de Juchitán hay 8 pacientes con esta enfermedad, 10 en Zihuatanejo;7 casos en San Marcos; Petatlán 2, Ometepec 4, Azoyu 1. En Chilpancingo se tiene 3 casos, en Tecpan 2, Tlacoachistlahuaca 1, Tecoanapa, 1, Florencio Villareal 1 y Copala 3.

La geografía y clima de Guerrero siempre han sido un adecuado ambiente para el desarrollo del Dengue, y frente a la nueva temporada de lluvias, la administración federal y estatal debe realizar esfuerzos extraordinarios para evitar un posible incremento en los índices larvarios y que puedan elevarse las estadísticas de dichas enfermedades.

La Comisión Permanente, como representante en funciones del Congreso de la Unión, debe responder al llamado de alerta que hace la población de los distintos municipios que están afectados por Chikungunya y Dengue, con el objeto de exhortar de manera inmediata acciones extraordinarias para contener la propagación y atender a la población afectada, antes de que supere las capacidades de respuesta del sector salud.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de Chikungunya y Dengue que afecta a la población del Estado de Guerrero, así como desplegar una campaña con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los afectados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 6 de mayo de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Diputada Martha Villarreal Rangel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del programa nacional de becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita Diputada Federal, MARTHA VILLARREAL RANGEL, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo tercero de la Carta Magna establece el derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. La educación pública en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas. Entonces, como ahora, corresponde al Estado, junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta.

La secretaria de hacienda, envió a esta soberanía el documento denominado “Pre-Criterios” de política económica para el 2016 relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene como objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2016.

En dicho documento, se plantea una reducción de 7,161.40 millones de pesos en Programas Presupuestarios Prioritarios, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Becas que pasa de 12,253.80 millones de pesos en 2015, a  11,886.20, en los planteamientos previstos para 2015, siendo una diferencia de  367.60 millones de pesos.

Este programa tiene como finalidad  fin de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante el otorgamiento de apoyos para el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil, así como ser coadyuvante con la ampliación de la cobertura educativa a través del otorgamiento de becas, a fin de favorecer el acceso y disminuir y prevenir el abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad.

Por ello y para cumplir con el objeto planteado en El Plan Nacional de Desarrollo que señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios, limitando también su capacidad de insertarse exitosamente en actividades altamente productivas. Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual, es indispensable garantizar un monto digno.

El mismo PND señala que para la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar se requieren becas y apoyos a las familias que contribuyan a su permanencia en la escuela. Reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos, es esencial para contar con cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión. Asimismo resulta indispensable reforzar las oportunidades de formación de la población adulta en condición de rezago educativo.

De reducirse el monto en el programa nacional de becas, se corre el riesgo de que no se cumpla con el objetivo del Sistema Educativo Nacional, el cual  debería ser una prioridad, abatir la deserción de los niños y los jóvenes que aún no terminan la educación básica. De esta manera, los alumnos que dejan temporalmente la escuela tendrán una mayor edad y por ende mayores riesgos de reprobación y de reincidencia en la deserción, lo cual se traduce en menores oportunidades de completar la educación básica en las edades normativas, es decir, que se encuentren estudiando el grado correspondiente en relación con la edad que tiene cada alumno.

En virtud de lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Por virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, en la elaboración e integración que realice del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, incremente el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Martha Guadalupe Villarreal Rangel.





 

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA NACIONAL DIF A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 4 de diciembre de 2014, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha Ley, con enfoque garantista, considera a los niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, previendo las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos.

Esta ley se crea con el objeto de:

a) Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progesividad; en los términos que establece el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales a los que México se ha suscrito y a lo establecido también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Crear, regular y vigilar el funcionamiento y la organización del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de brindar garantía en cuanto a protección, prevención y restitución integral de sus derechos, cuando hayan sido vulnerados.

d) Fijar los lineamientos y establecer las bases generales para la     instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

e) Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.

f) Garantizar y promover el pleno goce, respeto, protección y promoción y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; y

g) Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

De manera enunciativa, considera y desarrolla una serie de derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes, tales como el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad y a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Así como las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en relación a los mencionados derechos.

Igualmente, para la debida garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevé la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, conformado por el Poder Ejecutivo Federal, representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil. Así mismo contempla la integración de los Sistemas de Protección Locales y Municipales para así focalizar el fortalecimiento en los puntos de contacto entre los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de unificar las acciones y políticas gubernamentales con miras a la satisfacción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Efectivamente, por su ámbito de aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno, y en ese sentido, es deber de las entidades federativas adecuar los respectivos ordenamientos jurídicos a fin de aplicar dicha normativa. Aunado a que la misma establece la obligación de armonizar la legislación, en un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, plazo que concluye el 3 de junio de 2015.

Las recientes reformas a la constitución en materia de derechos humanos, traen consigo el reconocimiento de normas jurídicas internacionales que amplían y revolucionan la relación entre el Estado y las personas o grupos, que para este caso particular, también incluye a los niños, niñas y adolescentes; revaloriza los tratados internacionales e introduce observaciones generales y otros insumos provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, de órganos jurisdiccionales que defienden los derechos humanos enumerándolos para relacionar las obligaciones internacionales a los deberes de un País.

Así queda estipulado en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Y en el Artículo 4° de la misma:

Artículo 4°.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”

Por su parte, Miguel Cillero, plantea algunas funciones vinculadas al interés superior del niño, referidas como:

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña.

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo".

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.1

Por otro lado, la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abre la puesta a que los 32 Congresos Locales lleven a cabo un minucioso trabajo de armonización. Pero este no es el único reto. Sino también, cumplir con lo estipulado en los artículos transitorios.

Pues estos son creados en forma consecutiva en un tratado, ley o reglamento que tiene una vigencia momentánea o temporal. Su carácter es secundario, en la medida que actúa como auxiliar de los artículos principales, para precisar el momento de la entrada en vigor del nuevo texto legal o para determinar otras especificaciones sobre las condiciones en que la nueva legislación comenzará a surtir efectos legales.

La ley en comento, en su SEXTO Transitorio, prevé:

SEXTO: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.

Para efectos del párrafo anterior el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de formalice la creación de la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas administrativas.

Dado que hasta el momento de la elaboración del presente, no se cuenta con información pública mediante la cual pueda tenerse certeza de que el Sistema Nacional DIF ya haya hecho las modificaciones comentadas, la que suscribe considera indispensable, garantizar que se lleve a cabo dicha modificación, pues de no ser así, se correrá el riesgo que de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no sea contemplada en el siguiente Ejercicio Fiscal de la Federación. Por ello es que se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Por el cual, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional DIF a que con base en lo establecido en el párrafo segundo, del Sexto Transitorio de la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; realice las acciones a que haya lugar a fin de que su Estatuto Orgánico contemple la formalización de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con sus respectivas unidades administrativas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete.

1 Miguel Cillero Bruñol, “El Interés Superior del Niño, la Niña y Adolescentes” 1998.




 

De la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

El uso de los recursos públicos para beneficio de candidatos y de partidos políticos ha sido una de las prácticas más añejas y deleznables dentro de nuestro sistema electoral mexicano. Pese a las reformas constitucionales y legales que en dicho sentido han sido aprobadas en los años más recientes, el fenómeno persiste.

Lo anterior cobra relevancia en momentos en que nos encontramos en el proceso de renovación de la Cámara de Diputados y de diversos cargos de elección popular en la República Mexicana y que han existido múltiples denuncias de dicho fenómeno en los órganos responsables de la organización de los procesos electorales.

Así, el diagnóstico concluye que están siendo utilizados por diversos funcionarios públicos los programas sociales tales como la Cruzada Nacional contra el Hambre; Programas de Empleo Temporal; Programas de Útiles Escolares y Uniformes; Programa Prospera, entre otros.

Según reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de acuerdo con el Listado Federal 2014, y los Inventarios Estatal (2012) y Municipal 2012-2013, hay en las República Mexicana 5904 Programas y Acciones de Desarrollo Social en todo el país: 233 de carácter federal; 3788 de carácter estatal y 1883 de carácter municipal.

Por lo anterior, los servidores públicos de dichos programas deben de asumir el compromiso de hacer de los recursos públicos un instrumento de justicia social y no una herramienta para la consecución de fines personales o de grupo, particularmente para beneficio electoral.

De acuerdo con el Coneval, la pobreza en México es de más de 45% de su población, y en extrema pobreza poco más de 12 millones de habitantes. Por lo anterior, es menester que esta H. Cámara de Diputados realice un posicionamiento institucional, para evitar que los servidores públicos sigan utilizando los recursos públicos en objetivos que no son los pretendidos por los programas sociales, a partir de un exhorto a los órganos de control interno para que refuercen sus estrategias de supervisión e informen de manera inmediata a esta soberanía de las acciones realizadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, EXHORTA a los Órganos de Control Interno de las dependencias federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan mecanismos de reforzamiento en sus estrategias de supervisión en la aplicación de los recursos públicos. Lo anterior aplica para las dependencias de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; de los Poderes Legislativo y Judicial federal y local, así como de los organismos autónomos constitucionales y locales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a todos y cada uno de los órganos de control interno para que informen a esta soberanía respecto de los mecanismos de supervisión en el uso de recursos públicos implementados, especialmente con motivo de la realización del proceso electoral 2014-2015. Dichos informes deberán contener por lo menos la siguiente información: a) Cuáles han sido los mecanismos impulsados para supervisar la aplicación de recursos públicos en el presente período electoral; b) Cuáles sus resultados; c) Cuáles han sido las áreas de oportunidad detectadas; d) Cuáles serán sus acciones inmediatas; e) Cuáles han sido sus estrategias, así como los resultados de las mismas para difundir las normas, los controles y las asesorías en la materia; f) Cuáles han sido las quejas y los procedimientos instaurados, así como las personas sancionadas por las razones anteriores; g) Cuáles han sido los mecanismos de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al erario público.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en un término no mayor a 5 días lo especificado en el resolutivo segundo. Con particular énfasis en los órganos de control interno de las dependencias que realizan funciones en el ámbito rural, por el fenómeno más acentuado de aprovecharse de la pobreza de las comunidades rurales, indígenas y marginadas.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015

Suscribe,

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero.





 

De los Diputados Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales. Se turna a la Segunda Comisión.

Los que suscriben, Diputado JAIME CHRIS LÓPEZ ALVARADO y Dip. JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde su nacimiento, los medios de comunicación han sido de gran ayuda para la sociedad, al punto de ser indispensables para toda persona; es por ello que su evolución ha sido muy acelerada a tal grado de llegar a herramientas tan esenciales y a la vez tan innovadoras como el celular, Tablet, computadora, software, correo electrónico y redes sociales.

La gran diversidad de medios tecnológicos ha tenido gran influencia en nuestro país, siendo el segundo lugar de América Latina en adoptar herramientas tecnológicas, tan sólo por debajo de Brasil. Al respecto, Mauricio González, vicepresidente de Empresas para Latinoamérica de Adobe, señaló que en México hay un gran interés por acceder al mundo digital y ocupar las herramientas que se encuentran en el mercado para hacer tareas más precisas y con mejor calidad en diversos sectores1.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta tecnológica indispensable para toda persona, ya que independiente de sus actividades o a que se dedique, este medio facilita el contacto con todos, de tal suerte que hasta el momento 4,000 millones de personas alrededor del mundo tienen una cuenta de red social, siendo las más famosas Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube, Tuenti, QZone y Sina Weibo2.

En México, el internet y las redes sociales han tenido gran influencia en toda la población, a tal grado de ser el país con mayor alcance en sitios de redes sociales en el mundo con un 98.2%, siendo las personas de entre 15 a 24 años quienes hacen mayor uso de las mismas3.

Por su parte, un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) revela que el 51.2% de la población general hace uso del internet, de los cuales las personas de entre 13 – 18 lo ocupan más (24%), seguido de las personas de entre 19 – 24 años (21%), 35 – 44 años (18%), 45 – 55 años (13%), 6 – 12 años (12%), 45 – 55 años (8%) y más de 55 años (4%). Este mismo estudio señala que la actividad más común en internet es el uso de correo electrónico (71%), búsqueda de información (64%) y uso de redes sociales (40%)4.

A pesar de los beneficios que trae consigo la gran apertura del internet y los múltiples usos que se le hacen al mismo, también representa peligros latentes para quienes irresponsablemente lo ocupan, tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes, quienes a través de las redes sociales tienen la costumbre de compartir intimidades, fotografías y aceptar en su espacio electrónico a cualquier persona, sin mantener las precauciones correspondientes.

En el mismo estudio realizado por la AMIPCI, se señala que 8 de cada 10 niños de padres internautas usan internet, principalmente en la escuela para la búsqueda de entretenimiento, por lo que en promedio se convierten en internautas a los 10 años de edad5.

Si bien el internet y los diversos medios electrónicos abren un espacio de información y beneficios a los menores de edad, también los mantiene en un riesgo latente si es que no saben usar adecuadamente. Tal como lo señala Isabel Plaza Medina, experta en el uso infantil de Nuevas Tecnologías y responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Alia2: de las nuevas formas de comunicarse han surgido nuevos riesgos o formas de acoso con un impacto fatal como el grooming, el sexting o intercambio de fotografías o vídeos con contenido erótico entre los propios jóvenes y el ciberbullying.

El acoso cibernético, mejor conocido como grooming, consiste en acciones deliberadas por  parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual6.

Desafortunadamente en nuestro país el acoso cibernético es uno de los más comunes, afectando principalmente a los menores de edad, siendo ellos los más vulnerables ante abusadores cibernéticos. Al respecto, Lénica González, de Sparki Guardian,señaló que los depredadores sexuales inician en redes sociales con un porcentaje entre 70 y 80% y más de 50% de los niños contactados por un extraño comparten su información personal7.

Son los altos niveles de internautas menores de edad que se encuentran en nuestro país lo que eleva los índices de acoso sexual a través de redes sociales. Datos arrojados por la Comisión para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Comisión Nacional de Seguridad, advierten que de 2006 a 2012 se registró un aumento de los casos de acoso electrónico de 86 a 1,2698.

La gran apertura a redes sociales y herramientas tecnológicas que han tenido los menores de edad en los últimos años, ha permitido el aumento de casos de acoso cibernético; tal como lo señala la Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet,30% de los niños de entre tercero y cuarto de primaria entran a la red desde un celular, 12% pasa cinco o más horas al día, 18% ha declarado ser molestado en internet y 44% se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en la web. Además, 12% aceptó hablar de sexo a través de internet y 17% conoce a un amigo que ha enviado imágenes suyas desnudo o semidesnudo9.

Es necesario crear una conciencia de responsabilidad en el uso de redes sociales entre las niñas, niños y jóvenes, asimismo es urgente el que los padres de familia presten mayor atención al tiempo que dedican sus hijos al internet, así como el uso que le dan al mismo. Tal como lo señala Mauricio Angulo, de la Asociación Mexicana de Internet, muchos padres no perciben la tecnología como una amenaza o problema y educan a sus hijos con base en su experiencia y no entienden mucho del acoso cibernético y tratan de resolverlo con medidas punitivas (a los menores de edad) en vez de estar informados, enfrentar el problema y denunciarlo10.

Existen diversas organizaciones que señalan formar de prevenir el acoso cibernético, tal es el caso del Centro Sin Violencia en Internet A.C. (SIVI), quien expone como recomendaciones para el uso responsable del internet: proteger datos y privacidad, no contestar mensajes que nos hagan sentir amenazados o confundidos, bloquear a las personas que nos envían este materia, contarlo a un adulto de confianza, guardar toda la evidencia, denuncia11.

Asimismo la integrante de la fundación Alia2 Plaza Medina, señala como consejos que deben seguir los menores de edad en redes sociales: mayor privacidad, considerar que las personas que se conocen en internet no son amigos, no publicar información personal, tener cuidado en las fotos que se suben, mantener un respeto en internet, desconectar el geolocalizador, contarle a los padres lo que no haga sentir cómodo y denunciar12.

Lo importante en el combate del acoso cibernético o grooming, es el actuar con cautela y responsabilidad en el uso de redes sociales y tener conocimiento de los riesgos en el actuar de las mismas. Si bien todas las personas nos encontramos susceptibles de caer en este acoso, los menores de edad son los más vulnerables, al no medir las consecuencias de su actuar o el alcance que puede tener el confiar en un desconocido.

Peligros como el secuestro, el acoso, el hostigamiento y la violación, entre otros, son algunos en los que se encuentran inmersos las niñas, niños y adolescentes en el mundo cibernético, por lo que es prioritario mantener a los menores de edad bien informados de todo lo que implica tener un perfil en redes sociales, asimismo es idóneo que padres de familia sepan las acciones que deben de tomar para prevenir y actuar en caso de acoso cibernético.

Resulta casi imposible controlar a los menores en redes sociales las 24 horas del día o evitar que hagan uso de alguna herramienta tecnológica, pero sí es posible combatir cualquier acoso u hostigamiento cibernético, manteniendo a todas las personas bien informadas y principalmente denunciar en el momento oportuno.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que se lleven a cabo programas de difusión dirigido a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes sociales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Jaime Chris López Alvarado.- Dip. Javier Filiberto Guevara González.

1 http://www.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2014/mexico-segundo-pais-herramientas-tecnologicas-95565.html 23 de febrero de 2015 18:34 horas.

2http://www.diariodesevilla.es/article/tecnologia/1713499/mas/millones/personas/son/usuarios/redes/sociales.html 23 de febrero de 2015 19:23 horas.

3 http://www.forbes.com.mx/mexico-primer-lugar-en-penetracion-social-media/ 23 de febrero de 2015 19:27 horas.

4https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf 23 de febrero de 2015 19:50 horas.

5 Ídem.

6 http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/ique-es-el-grooming

7 http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/sociedad/040n2soc 24 de febrero de 2015 10:35 horas. m

8 http://www.redpolitica.mx/nacion/se-eleva-acoso-sexual-por-internet-buscan-combatirlo 24 de febrero de 2015 14:53 horas.

9 http://www.redpolitica.mx/nacion/se-eleva-acoso-sexual-por-internet-buscan-combatirlo 24 de febrero de 2015 17:50 horas.

10 http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/sociedad/040n2soc 24 de febrero de 2015 18:10 horas.

11 http://www.centrosivi.org/ 24 de febrero de 2015 18:25 horas.

12 http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/internet-y-las-redes-sociales-riesgos-para-los-ninos/ 24 de febrero de 2015 18:33 horas.





 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice una reunión de trabajo al seno de la Comisión Permanente para que informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos para llevar a cabo la revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, particularmente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo declarado por el titular del Ejecutivo Federal el 1º de mayo, en el marco de la celebración del “Día del Trabajo”. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

CONSIDERACIONES

Con motivo del Día del Trabajo, el pasado 1º. de mayo fueron convocados a un evento en los Pinos líderes obreros y patronales, acto en el cual, entre otros aspectos, el Titular del Ejecutivo Federal declaró que se impulsará una revisión a fondo de los mecanismos de la justicia laboral, destacadamente de las juntas de conciliación y arbitraje.

Un Día del Trabajo, con poca participación, con fracturas y con un balance que es absolutamente contrario al respeto a los derechos de los trabajadores. Lo que es un elemento más que muestra la debilidad nacional y el alejamiento cada vez mayor de la justicia social.

Y, bien, la izquierda, ha tenido como bandera persistente a lo largo de los años, la necesidad de cambios sustanciales de la justicia laboral, lo que debe comenzar con la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Sólo mediante la supresión de estas Juntas se alcanzará una verdadera justicia a favor de las y los trabajadores, pues éstas se han transformado en un antípoda de la legalidad y la equidad, desde el momento en que se encuentran subordinadas jerárquicamente al Ejecutivo Federal o ejecutivos locales, según la naturaleza de los asuntos, y por tanto a intereses políticos y económicos inadmisibles.

El procedimiento laboral es parte consustancial al logro de la justicia social en bien de los trabajadores. Por más que la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo establezca en su favor un cúmulo de derechos, esto será poco significativo si su parte procesal da facilidades para que la impunidad penetre todos sus tejidos, para que en la práctica se anulen tales derechos, incluidos  los derechos colectivos.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido llevadas a un estado de plena descomposición; por lo que las mismas son uno de los principales obstáculos contra la equidad en bien de los trabajadores, sus familias y entorno, y luego han encaminado a la clase trabajadora a un creciente arrinconamiento histórico frente al poder. La constitución de las Juntas en su origen buscó el equilibrio entre los factores de producción sin dejar de lado la tutela hacia las personas que viven de su trabajo, y en algunos momentos alcanzaron laudos memorables a favor de los trabajadores, como el dictado a favor de los trabajadores petroleros que llevó de la mano hacia la Expropiación Petrolera.

Sin embargo, en la medida en que los gobiernos han marchado hacia la derecha, y han usado todos los medios, legales e ilegales para debilitar a los trabajadores en sus derechos, especialmente a sus sindicatos, las Juntas, en su gran mayoría, han anulado a la justicia expedita que ordena el artículo 17 Constitucional, justicia expedita que ha emigrado al reino de la fábula, y se han transformado en nido de violencia y todo tipo de corruptelas. El golpe de gracia, se ha dado con la contención de los salarios caídos a un periodo delimitado de sólo 12 meses en el marco de la contrarreforma laboral, ya no hasta la cumplimentación del laudo como sucedía antes, lo que lleva a que los procedimientos carezcan de equidad y hasta de racionalidad, pues por una cantidad mínima se tendría que pelear durante prolongados años y, eso si el trabajador gana el juicio. Lo que desalienta la interposición de las demandas, y abre camino ancho a la impunidad.

Las Juntas surgieron en el marco de la Constitución de 1917, y si bien en algunas etapas de historia, con gobiernos nacionalistas y progresistas, como el del General Lázaro Cárdenas, otorgaron una tutela real a favor de los trabajadores, tanto respecto a sus derechos individuales como colectivos; en la etapa actual de neoliberalismo que domina el país, se han transformado en jueces de consigna.

Más independientemente, de la inclinación política que domina el país; las Juntas tienen un problema de esencia, como antes se dijo: dependen jerárquicamente del Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales, que suelen estar subordinados a las centros de poder nacional e internacional, razón por la cual las Juntas carecen de autonomía e imparcialidad.

Así pues, su constitución tripartita, en los hechos, se vuelve en contra de los trabajadores, ya que el representante del gobierno, no actúa como fiel de la balanza, sino que los tres integrantes se unen en contra de los trabajadores: los representantes de los sindicatos “charros”, de los patrones y el gobierno.

Urge pues, sobre todo en este bache de la historia del mundo del trabajo, que sea el Poder Judicial quien conozca y resuelva de los conflictos laborales en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin dejar los principios protectores del derecho procesal laboral.

Los ejes sobre los que debería girar esta reforma son:

1) La sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por jueces laborales.

2) Estos jueces formarían parte del Poder Judicial Federal o poderes judiciales locales, según la competencia que les marca la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

3) Los jueces laborales en el desahogo de los juicios, observarían las mismas tutelas sustantivas y procesales a favor de los trabajadores, ya establecidas por el artículo 123 Constitucional., los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte y, la Ley Federal del Trabajo.

4) La transformación de las Juntas en juzgados de lo laboral, se hará en respeto de los derechos de las y los trabajadores que actualmente laboran en tales Juntas.

No se debe partir que la creación de los juzgados laborales, sea una panacea; es sólo es primer paso para alcanzar una justicia imparcial y profesional.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO. La Comisión Permanente, solicita una reunión de trabajo con Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que informe y responda todos los cuestionamientos sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la anunciada revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo declarado por el Titular del Ejecutivo Federal el pasado 1º de mayo, en el marco de la celebración del “Día del Trabajo”.

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de mayo del 2015.

Suscribe

Dip. Gloria Bautista Cuevas.





 

De la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

Derivado de la más reciente reunión que sostuve con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca,  el pasado 30 de marzo, para revisar el caso en relación con esclarecimiento del homicidio de ERNESTO FIDEL LOPEZ NELIO, reconocido líder y activista social, quién el pasado 7 de febrero del año en curso quien fue privado de la vida junto con 2 personas más en el Municipio de Santiago Juxtlahuaca en esa entidad federativa; y debido a la tardanza y nulos resultados que la actuación de esa autoridad estatal ha arrojado, todas las irregularidades, omisiones y anomalías que ha incurrido a fin de apoyar a los familiares que claman por justicia y que se castigue a los autores materiales e intelectuales de este aborrecible hecho, a continuación le describo para que conozcan lean y consideren todas las observaciones de un experto criminólogo, uno de los mejores de México, quien al tener el expediente a la vista y revisar cada uno de los elementos contenidos en él, informa lo siguiente existe una total carencia de:

“CONSIDERACIONES CRIMINALISTICAS/CRIMINOLOGICAS, POR EJEMPLO:

1. CÓMO Y QUIÉN PRESERVÓ EL LUGAR DE LOS HECHOS

CUÁL FUE EL RADIO DE PROTECCIÓN

CUÁL ES EL PASILLO ÚNICO DE ENTRADA Y SALIDA

QUÉ MEDIDAS SE TOMARON CON EL CUERPO QUE NO SE ENCONTRABA DENTRO DEL VEHÍCULO

2. PATRONES DE LOS INDICIOS

CUÁL FUE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR ANTES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICO OCULAR

PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICO OCULAR CUÁL FUE EL ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

CUÁLES FUERON LOS PRIMEROS DATOS BÁSICOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICO OCULAR

SE REALIZÓ LA CONSULTA DEL VEHÍCULO MEDIANTE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (VIN)

CÓMO SE PLANIFICÓ LAS ACTIVIDADES EN EL LUGAR DEL HECHO

3. FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

CUÁLES FUERON LOS MÉTODOS O TÉCNICAS EMPLEADOS EN LA FIJACIÓN, REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LA SITUACIÓN, TANTO GENERALES COMO PARTICULARES, DEL ESPACIO FÍSICO.

FIJACIÓN DESCRIPTIVA, FOTOGRAFÍA DE POSICIONES DE LOS CUERPOS, VIDEOGRÁFICA

CUÁLES FUERON LOS MÉTODOS O TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, BÚSQUEDA Y TRATAMIENTO DE INDICIOS

CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS DE CARÁCTER NO LOFOSCÓPICO

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN OCULAR

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS (INSPECCIÓN JUDICIAL) TRAYECTORIAS EN VEHÍCULOS

POSICIÓN VÍCTIMA-VICTIMARIO

EN CUANTO TIEMPO SE LIBERÓ EL LUGAR DE LOS HECHOS

5. INFORME O ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICO OCULAR (FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR)

6. METODOS APLICADOS EN LA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO

7. FOTOGRAFÍAS DE LA NECROPSIA

8. ESTUDIO BALÍSTICO COMPARATIVO

9. ANÁLISIS DACTILAR DE LOS CASQUILLOS Y DEL VEHÍCULO

10. MECÁNICA, DINÁMICA Y SECUENCIA DEL DELITO

11. ESTUDIO PARA DETERMINAR TRAYECTORIAS Y DISTANCIA DE LOS DISPAROS
EN LAS VÍCTIMAS

12. ANÁLISIS DE SANGRE ALREDEDOR DEL VEHÍCULO

13. ESTUDIO VICTIMOLÓGICO

14. INFORMACIÓN FORENSE QUE NO SE CONSIDERÓ (ACTIVIDAD SEXUAL RECIENTE)

15. TIEMPO DEL DELITO

16. QUIÉN REPORTÓ EL DELITO

17. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DELICTIVO DE LA ZONA

18. TIPO Y ESTILO DE HOMICIDIO

19. RIESGO VICTIMAL

20. RIESGO DEL VICTIMARIO

21. FACTORES DE LOCALIZACIÓN

22. ANÁLISIS DEL MODUS OPERANDI (ALTO O BAJO RIESGO) Y CONDUCTAS

Está por demás señalar importancia que cada uno de estos puntos tiene, pues de manera individual parecen inconexos; pero, al analizarlos en conjunto son los que permiten tener la plena certeza en la investigación y no fabricar delincuentes.

Algunos ejemplos son:

1.- Fotografías nos sirve para:

a. Ilustrar el lugar, los rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado.

b. Demostrar la existencia del hecho.

c. Establecer un posible móvil.

d. Identificación y documentación de los indicios.

e. Ubicación geográfica del lugar de los hechos.

f. Registrará el lugar en su estado original.

g. Conocer el acceso al lugar.

h. Vistas generales, medianas y de primer plano, aspecto general y de acercamiento desde diferentes ángulos.

i. Los indicios con los números correlativos de identificación.

j. Los daños materiales con las letras de identificación y el testigo métrico.

k. El cadáver desde varios ángulos antes y después de habérsele practicado el reconocimiento.

l. Las lesiones, en acercamiento y en aspecto general para la ubicación de la región anatómica del cuerpo en donde presente un orificio de entrada o de salida en el caso de que la muerte haya sido producida con arma de fuego y de las heridas con arma blanca.

No olvide que debe tomar fotografías mostrando el testigo métrico.

m. Fotografía identificativa del rostro del cadáver.

n. Fotografías de las personas curiosas y los vehículos, las cuales deberán ser incluidas en el álbum fotográfico previa coordinación con el MP.

o. Fotografías de acercamiento a las huellas que se encuentren en el lugar.

Con las fotografías obtenidas se elabora un álbum fotográfico con una secuencia lógica y con un pie de gravado que indique lo que se observa en cada fotografía, tomando en cuenta la directiva para la elaboración y administración de álbumes fotográficos en las secciones de inspecciones oculares.

2.- Balística. Estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante el disparo de un proyectil (balística interna), su trayectoria desde el momento que abandona la boca de fuego del arma hasta su impacto (balística externa) y los efectos producidos en el organismo durante el recorrido (balística de efectos), al igual que las formas y características de las armas de fuegos y sus municiones.

a. Armas de fuego. Su valor en la investigación es con fines comparativos y de identificación (IBIS), revelado de huellas dactilares, presencia de fluidos biológicos, restauración de números de serie, su estado de funcionamiento y si la misma ha sido disparada. Tomar número de serie y registro y detallar cualquier característica especial.

b. Cartuchos. Posibilita la búsqueda de huellas dactilares, de marcas del cargador y determinación de su calibre.

c. Casquillos y proyectiles. Permite la búsqueda de elementos de estudio para su identificación, número de armas participantes, su calibre o en su caso el arma de fuego que lo percutió o lo disparó y posible número de participantes.

d. Residuos de disparo de arma de fuego. Identificar y determinar la naturaleza química de los residuos recolectados

3.- Sangre

a. Fresca. Determinar la especie, grupo o tipo sanguíneo, estudios de ADN, así como precisar en función de su morfología la dirección, distancia y movimientos de víctima-victimario.

b. Seca. Determinar la especie, grupo o tipo sanguíneo, estudios de ADN, así como precisar en función de su presencia o morfología la dirección, distancia o movimientos de la víctima o del victimario.

Los ejemplos son sólo eso. Es decir que de manera individual aportan algo. Pero al correlacionarlos aportan una gran cantidad que si se logra conjuntar el trabajo pericial con el policial entonces verdaderamente se realizó una investigación del hecho; y ello puede llevar a la resolución del caso.

OPINIÓN

Está por demás señalar que son notorias las deficiencias en la investigación del caso. Todos los elementos que faltan en la misma permiten demostrar que el funcionamiento del Sistema de Justicia Adversarial, al menos en Oaxaca y en especial en la Procuraduría de Justicia, tiene severas deficiencias; las cuales se reflejan en la investigación de los homicidios de Carlos Martínez Villavicencio, Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista.

La deficiente preservación y mal procesamiento del lugar de los hechos, de inicio provoca que no se pueda reconstruir de manera adecuada el suceso. Lo anterior entonces impide esclarecer con prontitud el suceso, pues da oportunidad a quienes lo cometieron incluso de fugarse. Además, la falta de peritajes y análisis coadyuva a que no haya una buena investigación.

Es por ello que el resguardo, la protección y conservación del lugar del hecho y la correcta realización de las distintas medidas probatorias tendientes a la identificación de los hechos y de sus presuntos autores se presentan como focos nodales de interés y requieren para su abordaje del conocimiento técnico-científico que aporta la Criminalística y la Criminología.

Sólo el conocimiento científico, el ejercicio y la aplicación de las mejores prácticas en materia de preservación y conservación aséptica del lugar del hecho, de recolección de datos, elementos e indicios con rigor científico garantizarán el éxito de la investigación y el trabajo posterior de los peritos en distintas especialidades.

El rigor científico con que se desarrollen los primeros pasos en la investigación constituye la base fundamental para reconstruir el cómo, el dónde, el cuándo y tener la certeza de atribución de responsabilidad penal, individualizando a los autores y/o partícipes del delito. Contrariamente la ineficiencia en esas tareas, a modo de ejemplo la contaminación del lugar del hecho, la toma deficiente de muestras, la inversión del orden de realización de las pruebas, la ausencia de rigor científico pone en peligro el esclarecimiento de un hecho.

Es decir las deficiencias en la metodología de intervención criminalística provocan que no se esclarezca el hecho delictivo y da pauta a la impunidad.

Una buena preservación y procesamiento de todos los indicios, los cuales se convertirán en evidencia y prueba durante un juicio permitirán generar convicción, no sólo en el juzgador al momento de dictar su fallo, sino que le dará certeza a la familia de que se juzgó al verdadero responsable de los hechos y no se crearon falsos delincuentes.”

Por todo lo antes expuesto y en razón de que todas estas omisiones son inadmisibles, es necesaria una reformulación total de la investigación a través de las autoridades federales, que revisen la actuación esa autoridad estatal y en su caso inicien las acciones pertinentes que propicien una rápida, efectiva y pronta acción de la justicia y con ello se propicie una cero impunidad, por acciones y también por omisiones de servidores públicos.

Es inaplazable transitar hacía el total esclarecimiento del asunto materia del escrito en comento, dado que se trata de hechos constitutivos de delito, presumiblemente  realizados por integrantes de la delincuencia organizada en contra de quienes en vida abanderaron y defendieron diversas causas legítimas y democráticas en el Estado de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Mtra. Arely Gómez González, titular del Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la brevedad atraiga el caso del asesinato del reconocido líder y activista social Ernesto Fidel López Nelio, ocurrido el pasado 7 de febrero del año en curso en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

SEGUNDO.- Atentamente se solicita conocer en un término no mayor a 5 días contados a partir de la aprobación del presente, las acciones realizadas por la PGR en relación a la solicitud, sobre este mismo tema, formulada mediante escrito de fecha 19 de febrero del presente año, signado por quien suscribe y otros (as) compañeros Diputados, incluido el entonces presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso dela Unión.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Suscribe.

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero.





 

De los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal anual como apoyo para garantizar el agua para riego a los productores agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan y el suministro de agua para la ciudad de Reynosa del estado de Tamaulipas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, diputados federales de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del PRI del Estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El desarrollo del campo nacional y en especial el de Tamaulipas como asunto que hoy me ocupa, requiere de óptimas condiciones de infraestructura, apoyos gubernamentales y la intervención adecuada por parte del estado, destacando que los productores agrícolas del Distritos de Riego 026 Bajo Río San Juan están enfrentando serios problemas para hacer producir sus tierras y contribuir a la soberanía alimentaria del país.

Sabemos que el agua es un recurso básico para la conservación de la vida  y lo es más ahora, que se ha incluido como derecho humano  en nuestra Carta Magna.

También sabemos que el agua es un insumo indispensable para la producción agrícola y que si no existe disponibilidad suficiente, difícilmente se obtendrán  buenas cosechas de productos del campo  para la alimentación de los ciudadanos mexicanos.

Para ello atender nuestras regiones de manera oportuna será la diferencia entre un campo productivo y uno paralizado.

Por otro lado, somos  frontera con los Estados Unidos de América y compartimos como límite internacional el Río Bravo, por tanto también compartimos  la disponibilidad de agua para desarrollar las actividades económicas, mismas que  se ven afectadas por la sobreconcesión y sobreexplotación del recurso, derivado de una deficiente  administración del agua al interior del país.

Los Distritos de Riego 050 Acuña Falcón, 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, ubicados en esta zona casi invariablemente están sujetos a limitaciones en el suministro de agua para  riego en sus cultivos, dado el incumplimiento del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que obliga a nuestro país a la entrega anual de 431.7 millones de m3 de aguade seis ríos denominados afluentes aforados de la Cuenca del Río Bravo, por lo que debemos entregar  en  ciclos de 5 años a los Estados Unidos de América un volumen total de 2,159 millones de m3.

Además que en la Cuenca del Río Bravo se ubican diez distritos de Riego y una gran cantidad de unidades de riego que se abastecen de diversos acuíferos y  del propio río y  sus afluentes.

Cabe precisar que el Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan, está integrado por una superficie regable de 76 mil 676 hectáreas de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Reynosa, siendo sus principales cultivos sorgo, maíz, algodón y su insumo principal el agua de riego, cuenta con una infraestructura hidroagrícola concesionada por la Comisión Nacional del Agua desde el año 1992, que de origen se transfirió en malas condiciones y tiene un volumen de agua anual concesionado de 549.67 millones de metros cúbicos para 3 mil 861 productores agrícolas.

Por los motivos expuestos, acudo a esta tribuna para presentar la situación que enfrentan miles de productores para llevar a cabo la producción agrícola en el Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan del Estado de Tamaulipas y sometemos a  consideración de esta soberanía, para resolver esta situación, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua a incluir una asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinada a cubrir los gastos de operación de la Planta de Bombeo AnzaldúasRode, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan y la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015.

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.- Dip. Enrique Cárdenas del Avellano.





 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California Sur. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los mexicanos hoy en día sufren con diversos fenómenos, existe falta de credibilidad en las elecciones y en sus candidatos.

Los esfuerzos del Poder Legislativo por crear mecanismos de control que permitan la equidad en la contienda electoral son prioridad.

Es un esfuerzo conjunto de todos los mexicanos garantizar el respeto a las instituciones, para que sean funcionales y sirvan a los ciudadanos.

Existen tenciones de poder, que alejan  de la realidad normativa a muchos candidatos, lo que pone en riesgo no sólo la elección, sino todo un gobierno.

Recientemente se ha documentado en medios de comunicación, presumiblemente una llamada telefónica realizada entre los candidatos a gobernadores por el Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servien del Estado de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.

En dicho audio de la llamada se escucha a Francisco Dominguez, Candidato a Gobernador por Querétaro por el PAN, comentándole que un personaje nombrado como “Kors”, compromete ayuda a Carlos Mendoza Davis, Candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur por el PAN, dando 6 kilos (millones) mensuales a cambio de favores que no especifican en la llamada, por un lapso de cinco meses, lo que nos da un total de 30 millones de pesos.

Lo declarado en esa conversación esta fuera de toda lógica, es insana, corrupta y contraviene la equidad en la contienda electoral.

Además habla de descomposición y urgencia por ganar a toda costa, sin conocer que se solicita a cambio; ello irremediablemente impacta a la sociedad.

Es por ello, que derivado de la situación de incredulidad, hartazgo y peligrosidad de lo difundido por los medios de comunicación, se solicita el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE INVESTIGUEN, INFORMEN Y EN SU CASO SANCIONEN,  SOBRE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, PRESUMIBLEMENTE DERIVADO DE LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL ESTADO DE QUERÉTARO  Y CARLOS MENDOZA DAVIS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Dip. Alejandro Rangel Segovia.





 

De los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del pan a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Diputados Federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

 
A un mes de que se celebre la jornada electoral a través de la cual se elegirán a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados; se renueve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos de 16 entidades; a los jefes delegacionales y presidencias municipales de 15 estados; así como la gubernatura de 9 estados: Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur, es fundamental vigilar que en el desarrollo del proceso electoral prevalezca la legalidad.

Por lo que respecta a la elección de gobernador del estado de Baja California Sur, en días recientes se dio a conocer un audio en el que se escucha al candidato del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis, exigiendo al secretario de Finanzas de la entidad, Isidro Jordán Moyrón, que pague el costo de la encuesta contratada.

De acuerdo con medios de comunicación, a la letra, en el audio se escucha lo siguiente: “Oye, en otro tema, lo de las encuestas,… porque ya están aquí estos batos y no van a arrancar hasta que no se les ponga en la mano eso eh, (el dinero)”.

La gravedad de asunto radica en que si bien es cierto, las encuestas son mecanismos inherentes al desarrollo de los procesos electorales, también lo es que en el caso del estado de Baja California Sur, las mismas no son pagadas con los recursos destinados por ley a la campaña del candidato del PAN, sino que son a través de la Secretaría de Finanzas, con recursos del Gobierno del estado.

Los hechos referidos contravienen claramente los principios que por imperio de ley deben observar los servidores públicos de los tres órdenes: integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

Los hechos constituyen un delito electoral, en este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos que establece la ley, asimismo, señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos electorales, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Cabe mencionar que hasta el momento dichas imputaciones no han sido desmentidas ni por el candidato ni por gente de su equipo de campaña.

Aunado a lo anterior, el día 04 de abril de 2015, en redes sociales comenzó a circular un audio en el que supuestamente se escucha a Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, Senadores con licencia y actuales candidatos por el Partido Acción Nacional (PAN), a las gubernaturas de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente.

En dicho audio conversaban sobre un apoyo económico por 30 millones de pesos que les otorgaría un empresario identificado como el “Cours” para la campaña en Querétaro. Bajo esta tesitura, es preciso destacar que por el propio desarrollo de la conversación, se infiere que ese mismo esquema aplicaría para financiar la campaña de Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur.

Es necesario que se investiguen los audios que involucran al candidato del PAN a la gubernatura de Baja California Sur, porque además de generar condiciones de inequidad en la contienda electoral, se vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía e incluso se incurre en la comisión de conductas tipificadas como delitos electorales.

En cuanto a la intervención del Instituto Nacional Electoral, así como de su homólogo estatal, es oportuno señalar que el numeral 2, del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que: La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.

El artículo 192 del propio ordenamiento jurídico, señala que el Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la que entre otras, tiene las siguientes atribuciones: Supervisar de manera permanente y continua las auditorías ordinarias, de precampaña y de campaña; Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia; y Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

En cuanto a la comisión de delitos, cuando menos se estaría en el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que a la letra dispone lo siguiente: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.”

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que en medida el éxito del presente proceso electoral radica en garantizar contiendas equitativas a través del estricto cumplimiento de la norma, por ello consideramos de vital importancia que los hechos que motivan la presente proposición con punto de acuerdo, sean esclarecidos y en su caso, se actué conforme a derecho proceda.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes  en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado, y en su caso se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.

Segundo.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una revisión exhaustiva de los gastos de campaña de Carlos Mendoza Davis, candidato por el PAN a la gubernatura del estado.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 6 de mayo de 2015.





 

Las intervenciones de la agenda política y las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

Del grupo parlamentario del PRI, sobre los hechos que tuvieron lugar el 25 de abril del año en curso en la República Federal Democrática de Nepal.

La mayor tragedia sucedida este año, ha sido el terremoto de Nepal, la intensidad registrada en los centros meteorológicos fue entre 7.9 y 8.1, con réplicas hasta de 6.7, lo que llevo a la caída de varios edificios, casas, escuelas, entre otras edificaciones.

Las cifras de muertos aumentan día a día y está cerca de las diez mil. Nuestro país también se ve afectado por las placas tectónicas y con ello los sismos, la  suma de esfuerzos para enviar ayuda humanitaria, médica, de reconstrucción no debe cesar.

Las necesidades de Nepal están creciendo, se teme se desaten pestes por todo el país, el medicamento es necesario, el hambre pega  a sus ciudadanos, la falta de un techo también, se documenta en medios que aproximadamente tres mil quinientas personas viven ahora en la calle.

El deslizamiento de la placa tectónica india  por debajo de la placa tectónica  asiática ha sido impactante, el movimiento natural de la tierra, hizo en segundos una catástrofe para miles de familias asiáticas.

Nosotros no podemos permanecer tranquilos ante tal situación, debemos activar mecanismos de apoyo para los habitantes de Nepal y sobretodo tener certeza que los mexicanos que habitan aquel país están sanos y salvos.

Debemos tomar conciencia de los riesgos de los sismos de alta intensidad y generar mejores controles de prevención de riesgos, evacuaciones y apoyos después de las catástrofes, ya que no somos ajenos a que en nuestro país suceda algo similar.

El apoyo conjunto es trabajo de equipo que sale avante en beneficio de todos. Seamos siempre conscientes de lo que pasa en nuestro mundo y tomemos acción.

Gracias

Del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la "situación política nacional". (Sin texto)

Del grupo parlamentario del PRD, para referirse a la escalada de violencia que se vive en varias entidades federativas del país. (Sin texto)





 

EFEMÉRIDES

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el aniversario de la “Batalla de Puebla”.

EFEMÉRIDE “BATALLA DE PUEBLA”

5 de Mayo: 153 Aniversario de la Batalla de Puebla.

En junio de 1861, dada la precaria situación económica de nuestro país, el Presidente Juárez tomó la decisión de declarar la suspensión del pago de la deuda internacional por un periodo de dos años. Esta acción significó que los representantes de los gobiernos de España, Francia e Inglaterra establecieran una alianza para exigir el pago de la deuda por un monto mayor a los 80 millones de dólares.

Fue así como a principios de 1862, los tres países acreedores desembarcaron en el puerto de Veracruz, en un intento de invasión; acto por el que el Presidente Juárez se vio en la obligación de realizar una negociación diplomática con ingleses y españoles a través de los acuerdos de La Soledad; sin embargo, el ejército francés desembarcó en Veracruz en marzo de 1862.

Mientras que el general Lorenz comunicaba al ministro de Guerra de Francia que los franceses gozaban de “superioridad de raza, de organización, de disciplina, moralidad y elevación de sentimientos” y que prácticamente podía informarse al emperador Napoleón III, que con seis mil soldados ya era el “dueño de México”; la tensión se apoderaba de las enérgicas fuerzas mexicanas.

La gloriosa batalla de Puebla dio comienzo en la mañana del 5 de mayo. Fue una epopeya que duró hasta el anochecer, cuando las fuerzas francesas huyeron perseguidas sobre todo por la brigada al mando de Porfirio Díaz.

El General Ignacio Zaragoza informó en su parte al secretario de Guerra, como general en jefe del Ejército de Oriente, el 9 de mayo de 1862: “Las armas nacionales, ciudadano Ministro, se han cubierto de gloria, y por ello felicito al primer Magistrado de la República, por el digno conducto de usted; en el concepto de que puedo afirmar con orgullo, que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo”.

Hay dos razones en el gran significado que tuvo la batalla de Puebla para México. Por un lado, el frente unido de la población mexicana, reforzó la identidad nacional y por la otra, la experiencia de la invasión, contribuyó a definir algunos de los principios fundamentales de la política exterior de México, vigentes en las relaciones internacionales: El respeto por la soberanía y la integridad territorial; la no agresión; la no interferencia en los asuntos internos de otros estados; la conciliación de diferencias a través de la negociación y no a través de la fuerza, y la coexistencia pacífica.

Recordar y conmemorar una fecha tan especial como el 5 de mayo, en la que defendimos la soberanía nacional, es de relevante importancia ya que muestra los logros que como Estado podemos alcanzar si trabajamos en unidad, a la vez nos sirve para reflexionar que si en ese momento el problema de la invasión extranjera tuvo como respuesta inmediata el uso de las armas, ahora las dificultades y crisis que padece nuestro país deben ser resueltas mediante el diálogo y las propuestas.

Después de 1867, se instituyó la celebración cívica del 5 de mayo, para conmemorar la defensa de los mexicanos contra el dominio extranjero en este día celebramos con orgullo nuestra identidad.

Es cuanto.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

EFEMÉRIDE “3 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA”

La libertad de expresión ha sido uno de los derechos fundamentales del hombre, porque es la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad.

La libertad de expresión al igual que el derecho a estar informado se ha convertido en los últimos tiempos en garantía de las libertades de los mexicanos, no se puede entender la construcción del actual estado sin el ejercicio de ellas.

La libertad de expresión es lo que permite la formación de la opinión pública, esencia para darle contenido a los principios del Estado, como lo son: el derecho a la información, de petición o los derechos en materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa.

La libertad de prensa está ligada a la libertad de todos los ciudadanos para hablar y expresarse de la manera que mejor les parezca.

El poder legislativo debe ser colaborador en el cumplimiento irrestricto por parte del Estado, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión tal y como lo mandata nuestro Máximo precepto legal.

Pasamos al siguiente asunto.

La Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Señoras y señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente, en la sesión pasada, les pido un momento de su atención.

En la sesión anterior, aprobamos celebrar una sesión solemne de la Comisión Permanente, este viernes a las 10:30 de la mañana. Estará el Presidente de la República de Colombia, así es que hay la obligación, el compromiso para que podamos recibir en sesión solemne de la Comisión Permanente a este dignatario.





 

Se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne en la que recibiremos la visita del Presidente de Colombia, el viernes 8 de mayo a las 10:30 horas en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, ubicado en la planta baja de este edificio.

CITA

Asimismo, se cita a la siguiente sesión pública el miércoles 13 de mayo a las 11:00 horas en este recinto.

(Se levantó la sesión a las 14:19 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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