Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 25

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Abril de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Pablo Escudero Morales, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, del PT; Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM; Armando Ríos Piter, del PRD; María Marcela Torres Peimbert, del PAN; y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del PRI.

En la discusión en lo general, intervienen los Senadores:

Manuel Bartlett Díaz, en contra; Angélica de la Peña Gómez, a favor; Fernando Torres Graciano, a favor; Daniel Amador Gaxiola, a favor; Zoé Robledo Aburto, a favor; Laura Angélica Rojas Hernández, a favor; Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor; Ángel Benjamín Robles Montoya, a favor; Javier Corral Jurado, a favor; David Penchyna Grub, a favor; Dolores Padierna Luna, a favor; Fernando Enrique Mayans Canabal, en contra; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a favor; Omar Fayad Meneses, a favor; María del Pilar Ortega Martínez, a favor; Graciela Ortiz González, a favor; María Alejandra Barrales Magdaleno, a favor; Sonia Rocha Acosta, a favor; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, a favor; y Mario Delgado Carrillo, a favor.

Adicionalmente, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Graciela Ortiz González, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Javier Cordero Arroyo e Isidro Pedraza Chávez. El Presidente de la Mesa Directiva informa que los textos de las intervenciones de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Francisco Salvador Lopez Brito, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Luciano Borreguín González, Gerardo Sánchez García, David Monreal Ávila, Silvia Guadalupe Garza Galván, Arturo Zamora Jiménez y Rabindranath Salazar Solorio, se insertan en el Diario de los Debates.

El proyecto de ley fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 99 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones.

En la discusión en lo particular, intervienen los Senadores para presentar las reservas a los artículos:

La reserva al artículo 22, del Senador Zoé Robledo Aburto y del Senador Benjamín Robles Montoya, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 76 votos en pro, 16 en contra y 4 abstenciones.

Las reservas al artículo 73, de los Senadores Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín González, a nombre propio y de la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, Martín Orozco Sandoval y Javier Corral Jurado, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 67 votos en pro, 28 en contra y 2 abstenciones.

La reserva al artículo 74, del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, no se admite a discusión. Se aprueba en los términos del dictamen por 69 votos en pro y 33 en contra.

Las reservas al artículo 79, de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, María de los Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Manuel Bartlett Díaz, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 85 votos en pro, 14 en contra y 1 abstención.

Las reservas al artículo 108, de los Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Manuel Bartlett Díaz, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 68 votos en pro, 27 en contra y 5 abstenciones.

Las reservas al artículo 109, de los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 83 votos en pro y 9 en contra.

Las reservas al artículo 113, de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel a nombre propio y del Senador Javier Corral Jurado, y David Monreal Ávila, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 76 votos en pro y 11 votos en contra.

Las reservas al artículo 114, de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, no se admiten a discusión. El artículo se aprueba en los términos del dictamen por 71 votos en pro, 12 votos en contra y 1 abstención.

La reserva al Artículo Segundo Transitorio, del Senador Armando Ríos Piter, no se admite a discusión. Se inserta el texto de su reserva.

La reserva al Artículo Quinto Transitorio, del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, no se admite a discusión.

La reserva al Artículo Décimo Primero Transitorio, del Senador Zoé Robledo Aburto, no se admite a discusión.

Los Artículos Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorios se aprobaron en los términos del dictamen por 75 votos en pro y 12 en contra.

Las propuestas de adición del Senador Armando Ríos Piter a los artículos 61, 111, 112 y 114, se retiran.

La propuesta de adición de un Artículo Décimo Segundo, del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, no se admite a discusión.

La reserva de adición al artículo 111, de los Senadores Javier Corral Jurado, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, así como la del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, no se admite a discusión.

Se declaran aprobados los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113, 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorios del proyecto de Decreto, en los términos del dictamen. Se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.



































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Se abre la sesión del martes 21 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día jueves dieciséis de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la Cumbre Anual WIP, en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, del 23 al 25 de marzo del año en curso.- Quedó de enterado.

Se recibió de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Francisco Búrquez Valenzuela, el informe de su participación en la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada los días 25 al 27 de febrero de 2015, en París, Francia.- Quedó de enterado.

Se recibió de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez y María Lucero Saldaña Pérez, el informe de su participación en el 59º Período de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en Nueva York, los días 9 al 12 de marzo de 2015.- Quedó de enterado.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del Secretario de Gobernación y de la Procuradora General de la República, la solicitud de Declaratoria de entrada  en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de Agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.- El Presidente de la Mesa Directiva formuló la declaratoria de entrada en vigor. Se remitió el proyecto a la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que se reforma la fracción V del artículo 5° de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdo con el nombramiento de la Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,  oficio con el que remite diversos planteamientos en materia laboral, relativa a la reforma política del Distrito Federal.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, en materia de reciprocidad internacional ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Con dispensa de segunda lectura, para presentar el dictamen intervino la Senadora María Elena Barrera Tapia del PVEM. En la discusión en lo general intervino la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado por 72 votos en pro. Se remitió a la  Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades y de difusión conmemorativas al “Día Nacional de la Familia”, así como del “Día Internacional de la Familia”.- Intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Vivienda, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional para Prevenir la Discriminación a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes de de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas de talla pequeña.

2) Que exhorta a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.

3) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las modificaciones legales pertinentes, con el objeto de armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad.

4) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a informar sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

5) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar un registro de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores.

6) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores.

7) Que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo  Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, que se encuentran en territorio nacional.

8) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, mejor conocido como “65 y Más”.

9) Que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; y exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fomentar y coordinar la elaboración de programas encaminados a generar empleos para las personas con discapacidad en el país.

10) Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a fortalecer y difundir con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

Los diez dictámenes se discutieron de manera conjunta, intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para presentar los dictámenes; Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; e Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a redoblar esfuerzos que fortalezcan las acciones y medidas de protección a la vaquita marina.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar y fortalecer el Programa de Acción para la Conservación de la especie manatí en el sistema lagunar de Catazajá.

3) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un inventario de las áreas consideradas como bienes nacionales ubicadas en la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Cakakmul, Campeche.

4) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coadyuvar con los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas en la promoción de la instalación de centros de acopio de árboles de navidad en la temporada navideña 2015-2016.

5) Por el que se solicitan diversas acciones en materia de cambio climático.

6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir información actualizada sobre el estado que guarda la elaboración del Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático.

7) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, en el estado de Michoacán de Ocampo.

8) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal a continuar implementando acciones de restauración en los 81 sitios de manglar con relevancia biológica.

9) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, de la Comisión Nacional del Agua y al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar y/o fortalecer las acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas, su zona aledaña y mejorar la calidad del agua de mar en la playa Principal, en Zihuatanejo, Guerrero.

10) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Ejecutivo del estado de Tabasco a informar sobre el impacto que la ampliación de la carretera No. 186 Villahermosa–Escárcega, ha ocasionado en la población del mono saraguato negro.

11) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estado en que se encuentra el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos.

Sin discusión, los once dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Alejandro Tello Cristerna por las comisiones. En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; y, Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 70 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibió el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, el cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibieron los textos de la intervención de los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Daniel Ávila   Ruiz, los cuales se insertaron al Diario de los Debates.  El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Anabel Acosta Islas del PRI, a favor; Fernando Enrique Mayans Canabal del PRD, a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; y Marcela Guerra Castillo del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.- El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 77 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la Sesión. Quedó de primera lectura.

(Iniciativa)

Los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses y Alejandro Encinas Rodríguez, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Presidencia dio cuenta con las rectificaciones y ampliaciones de turnó que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día:

1) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras, que se presentara el 24 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; y de Estudios Legislativos, Segunda y con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y

2) A la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 11 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 29, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo sobre las convocatorias de aguas someras para la adjudicación de contratos de producción compartida de la Ronda Uno.- Se turnó a la Comisión de Energía.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus homologas estatales, a implementar políticas que promuevan de forma activa la agricultura urbana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para garantizar el acceso y la permanencia a la escuela de los menores de 15 años.- Se turnó a la Comisión de Educación.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo respecto de los posibles casos de uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos y el sector hidrocarburos, en favor de las empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2015, en el contexto de la reforma energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Carlos Puente Salas, Ernesto Ruffo Appel, Marco Antonio Blásquez Salinas, Mariana Gómez del Campo Gurza y Ana Gabriela Guevara, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a los institutos de cultura física y deporte de las entidades federativas, y al del Distrito Federal a coordinar y promover la constitución de las comisiones del deporte profesional.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar cabal cumplimiento al programa anual de inspección.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones para la adecuación técnica y operativa con el fin de corregir las irregularidades en el entronque carretero "La Pochota".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no recortar el gasto de los programas sociales propuestos en los pre-criterios de política económica de 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a explicar las causas por las cuales el precio del gas natural en Nuevo León es el segundo más caro en el país y a exponer porqué existe la disparidad en la tarifa de distribución entre las dos únicas prestadoras del servicio de gas natural en el estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Don Ignacio Mariscal Fagoaga.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 146 aniversario de la erección del estado de Morelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con tres minutos y citó a la siguiente el martes veintiuno de abril a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite su Segundo Informe de Labores Legislativas.







 

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de su participación en las Reuniones de la Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas del 16 al 19 de marzo de 2015, en Panamá.







 

Y una, del Senador Fernando Torres Graciano, con la que remite el Informe de su participación en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 28 de enero al 1º de febrero del año en curso.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibieron dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



Y ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Controlaría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Ejecutivo Semestral de la Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores Julio-Diciembre de 2014.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. El Informe queda en poder de la Secretaría, para consulta de los ciudadanos Senadores, y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Informo a la Asamblea, que se retiraron de la agenda del día de hoy, los dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente.

Uno, por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015.

Y otro, para reformar el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ambos dictámenes estaban inscritos para su primera lectura, los cuales fueron retirados del Orden del Día.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Los dictámenes para primera lectura son:

Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL PÁRRAFO SEGUNDO A SER TERCERO, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, del proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos  113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, 150, 177 numerales 1 y 2, 178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado de “Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados y turnada como minuta a la Cámara de Senadores.

En el apartado de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el apartado de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la minuta enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 11 de octubre de 2012, el Diputado Federal con licencia Fernando Jorge Castro Trenti, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura, presentó “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.

En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó turnar la referida iniciativa a las siguientes comisiones:

a. A la Comisión de Economía para efectos de dictaminación, y

b. A la Comisión de Competitividad para efectos de opinión.

2. En sesión de trabajo de la Comisión de Economía celebrada el 06 de marzo de 2013, los Integrantes de la Comisión, aprobaron la iniciativa en comento con 24 votos a Favor, 0 Abstenciones y 0 en Contra.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 19 de marzo de 2013, se aprobó con 438 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones, la referida iniciativa.

En esa misma fecha, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió para efectos constitucionales, el expediente que contiene la minuta con proyecto Decreto de la iniciativa en comento, a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

5. El 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, acordó turnar a las Comisiones Unidas de Comercio Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda dicho proyecto para su correspondiente dictaminación.

III. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta tiene por objeto reformar los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En adelante, LDCMIPYME).

a. En el artículo 3, fracción III, de la LDCMIPYME se propone definir a las MIPYMES como Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, agrupadas por sector, ampliando los rangos de estratificación siguientes:

i. Tamaño,

ii. Sector,

iii. Rango de número de trabajadores,

iv. Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos, y

v. Tope máximo combinado.

La Ley vigente, dispone que las MIPYMES, estarán estratificadas de común acuerdo por las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, y deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios de “Estratificación por número de trabajadores” que dispone la Ley vigente son:

i. Sector/Tamaño, 

ii. Industria,

iii. Comercio, y

iv. Servicios.

b. En el artículo 10, fracción IX, se propone reformar el segundo párrafo, para establecer que la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En adelante, CICOAPFMIPYMES), emitirá recomendaciones y propondrá las acciones necesarias, así como las obligaciones de las dependencias y entidades de la materia, en la planeación de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública destinadas a las MIPYMES, que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal.


IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

Primera.- Que la LDCMIPYME tiene por objeto regular a las Micro, pequeñas y medianas empresas.

a. Definición de MIPYMES.

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III, de la LDCMIPYME, las MIPYMES son consideradas las Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

b. Objetivos de las MIPYMES.

En términos de lo dispuesto por el artículo 4, de la LDCMPME, son objetivos de esta Ley:

i. El “Establecimiento” de:

• Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las MIPYMES.

• Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, de los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES.

• Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial, y

• Las bases para que la Secretaría de Economía elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES.

ii. La “Promoción” de:

• Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales.

• La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPYMES.

• El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes.

• Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación de los Sectores.

• La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa aplicable.

• Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas.

• Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES.

• La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, y

• La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas Productivas.

Segunda.- Que los criterios de “Estratificación de las MIPYMES se encuentran regulados en los siguientes marcos jurídicos:

a. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMIPYME).

La Ley LDCMIPYME, dispone en su artículo 3, fracción III, que la “Estratificación de las MIPYMES”, se establecerá de común acuerdo por las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, y deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios de “Estratificación por número de trabajadores” que dispone la Ley vigente son:

i. Sector/Tamaño,

ii. Industria,

iii. Comercio, y

iv. Servicios.

v. ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (AEMIPYMES) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se catalogarán las Micro, pequeñas y medianas empresas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo, del ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (En adelante, AEMIPYMES), se establecen cinco criterios de estratificación a saber:

I. Tamaño,

II. Sector,

III. Rango de número de trabajadores,

IV. Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos, y

V. Tope máximo combinado.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la LDCMPME y el AEMIPYMES.

LDCMPME

AEMIPYMES.

Estratificación por Número de Trabajadores

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Estratificación

Tamaño

Sector

Rango de Número de Trabajadores

Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos

Tope máximo combinado*

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Mediana

Comercio

Desde 31 hasta 100

Desde $100.01

235

Servicios

Desde 51 hasta 100

hasta $250

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa=(Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Tercera.- Que Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CICOAPFMIPYMES), fue creada por Decreto el 15 de enero de 2009, a través del ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ACICOAPFMIPYMES).

a. Funciones de la CICOAPFMIPYMES.

De conformidad con el ARTÍCULO PRIMERO, del ACICOAPFMIPYMES, la CICOAPFMIPYMES, tiene por objeto emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público.

Además tendrá las siguientes funciones:

• Coordinarse, cuando lo estime conveniente, con otros órganos colegiados cuyo objeto sea el desarrollo de acciones de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, para el adecuado ejercicio de sus respectivas funciones;

• Emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que considere necesarias para fomentar una creciente participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos, así como para fortalecer el Programa de Compras del Gobierno Federal y el Programa de Cadenas Productivas, a cargo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo referente a compras de gobierno;

• Evaluar en forma periódica los avances de las acciones y medidas adoptadas en términos de lo previsto en el presente Acuerdo, y Aprobar sus reglas de funcionamiento.

b. Integración

La Comisión estará integrada por los titulares de las secretarías de:

• Economía, quien la presidirá,

• Hacienda y Crédito Público

• Función Pública, Y la Banca de Desarrollo por conducto de su Director General de:

• Nacional Financiera,

• Sociedad Nacional de Crédito, y

• Institución de Banca de Desarrollo.

Cuarta.- De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Economía, las MIPYMES en México, representan el 99.8% de las unidades económicas, mismas que aportan el 34.7% de la Producción Brutal Total y generan 73.8% de los empleos (21.7 millones de puestos laborables.

La mayoría de las MIPYMES reportan un bajo nivel de productividad. En promedio las grandes empresas en México son 4.6 veces más productivas que las micros y pequeñas (En la Unión Europea las grandes empresas son 1.5 veces más productivas que las micro y pequeñas). Esta situación pone en riesgo su permanencia en los mercados internacionales y domésticos.

Sin embargo, en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013, 2014, y 2015, se observa que la Secretaría de Economía ha venido destinando recursos económicos a los siguientes programas:

a. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)/Fondo Nacional Emprendedor.

b. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 2012 (mdp)

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña       y Mediana Empresa (Fondo PYME) 2013 (mdp)

Fondo Nacional Emprendedor 2014 (mdp)

Fondo Nacional Emprendedor 2015 (mdp)

7,048

7,291

9,377

8,907

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

2012 (mdp)

2013 (mdp)

2014 (mdp)

2015 (mdp)

269

155

115

119.2

Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”

En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de las secretarías de Economía (En adelante, SE) y de Hacienda y Crédito Público (En adelante, SHCP) por tratarse de un tema del ámbito de la competencia de ambas dependencias gubernamentales con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

a. Secretaría de Economía.

La SE dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos:

“…La Secretaría está de acuerdo con la iniciativa en comento que contempla:

• Conceder atribuciones a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para emitir recomendaciones y proponer las acciones necesarias para el logro de la meta de 35% de compras de gobierno a las Micro, pequeñas y medianas empresas, conforme la normatividad aplicable.

El decreto pretende reformar el artículo 3, fracción III, que señala el significado de la MiPyMe, por lo que se recomienda verificar y en su caso modificar el contenido del texto relacionado con el apartado del de Decreto Único, ya que se aprecia un error (3, fracción II).

La adecuación de la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, para coincidir con el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. Se está de acuerdo ya que resulta indispensable cumplir con un desarrollo integral, sostenible y competitivo, que propicie el equilibrio entre los sectores y mejore la distribución del ingreso.

Es necesario homologar los diferentes criterios normativos vigentes que coexisten para definir a las MiPYMES con el fin de contar con certeza jurídica necesaria para identificar a las empresas hacia las cuales están dirigidos los beneficios de apoyo derivados de los diferentes programas de Gobierno Federal y la participación de las mismas en las contrataciones públicas…”

b. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La SHCP dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos:

“…Impacto Presupuestario. La aprobación de la iniciativa podría implicar un impacto presupuestario en razón de las nuevas funciones que tendría que desempeñar la Federación.

La propuesta de eliminar la facultad que tienen la SE y la SHCP de establecer la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, es contraria a la fracción XXIV del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (En adelante, LOAPF) que establece que corresponde a la SE promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales.

La CICOAPFMIPYMES actualmente es presidida por la SE, y no se conforma por la totalidad de las Secretarías, por lo que la propuesta podría ir en contra de la LOAPF, que establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna (art 10).

Por lo anterior, no es viable que la Comisión establezca obligaciones, pues la SE no tiene preeminencia sobre el resto de las secretarías.

La CICOAPFMIPYMES, actualmente se ocupa de emitir recomendaciones y proponer acciones, pero no puede establecer obligaciones, en atención a que todas las Secretarías de Estado tienen igual rango y no se puede dar preeminencia a alguna en particular.

Asimismo, se comenta que en la regla sexta del acuerdo que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la micro, pequeña y mediana empresa, destaca la referida igualdad al establecer: Los integrantes de la Comisión promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación de las acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma ...”

V. MODIFICACIONES A LA MINUTA

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, no obstante desde el punto de vista jurídico, es pertinente realizar diversas adecuaciones con la finalidad de armonizar el marco jurídico vigente.

1. Definición y Estratificación de las MIPYMES (Reforma al artículo 3, fracción III, de la LDCMIPYME.

a. Definición de MIPYMES.

En cuanto a la propuesta de modificar la definición de las MIPYMES en la LDCMIPYME, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora en definirlas como Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, y eliminar la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de la “estratificación” de las MIPYMES, como se encuentra en el texto vigente.

Las ventajas que se tendrían con el establecimiento de esta propuesta serían la permanencia de los criterios de estratificación de las MIPYMES en la LDCMIPYME, lo que impediría recurrir a cambios en las variables a través de publicación de acuerdos.

Por lo que se refiere a la observación de la SHCP, en cuanto a que la propuesta de eliminar la facultad que tienen la SE y la SHCP de establecer la estratificación de las Micro, pequeñas y medianas empresas, es contraria a la fracción XXIV del artículo 34  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (En adelante, LOAPF), es imprecisa, por el contrario, fortalece aún más la decisión planteada por la Colegisladora, toda vez que la SE, es la dependencia gubernamental encargada de promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regula la organización de productores industriales, facultades que expresamente no tiene la SHCP de acuerdo con la LOAPF.

Aunado a lo anterior, la LDCMIPYME le otorga diversas facultades a la SE como la de ser la autoridad encargada en la aplicación de esta Ley, cuyo objeto principal es la promoción del desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de Micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Así estas Dictaminadoras, proponen aprobar en sus términos la reforma al artículo 3, fracción III de LDCMIPYME planteada por la colegisladora.

LDCMPME

Minuta
Cámara de Diputados

Dictamen
Comisiones Unidas
CFI y ELS
Cámara de Senadores

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación siguiente:

b. Estratificación de las MIPYMES.

En cuanto a la “Estratificación” de las MIPYMES, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora, en el sentido de establecer las variables de estratificación contenidas en el ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

En cuanto a la observación de la SHCP, en el sentido de que de aprobarse la iniciativa podría implicar un impacto presupuestario en razón de las nuevas funciones que tendría que desempeñar la Federación, estas Comisiones Dictaminadoras, estiman que este criterio es inaplicable, toda vez que la LDCMIPYME dispone en su artículo 2, párrafo tercero que: “El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior…”

Por lo que, desde la publicación del AEMIPYMES en el año 2009, la SHCP, no se pronunció en contra de este ACUERDO por tener un impacto presupuestario.

Como se describe en la consideración número 4, del presente dictamen, los Presupuestos de Egresos han venido destinado recursos de apoyos a las Mipymes a través de programas como el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)hasta el año 2013, -hoy Fondo Nacional Emprendedor-.

Por el contrario, la SHCP y la Colegisladora desatendieron lo dispuesto en el artículo 2, párrafo tercero de la LDCMIPYME, toda vez que el Fondo Nacional Emprendedor trae una disminución presupuestal para este ejercicio fiscal de 2015 en comparación con el año 2014.

En este sentido, estas Dictaminadoras, proponen aprobar en los términos propuestos por la Colegisladora, en cuanto a la modificación en la estratificación de las MIPYMES planteada en el artículo 3, fracción III, de LDCMIPYME.

LDCMPME

Minuta
Cámara de Diputados

Dictamen Comisiones Unidas CFI y ELS
Cámara de Senadores

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …

III. …


Estratificación por Número de Trabajadores

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …

III. …


Estratificación de la Mipyme

Tamaño

Sector

Rango de Número de Trabajadores

Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos

Tope máximo combinado*

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Mediana

Comercio

Desde 31 hasta 100

Desde $100.01

235

Servicios

Desde 51 hasta 100

hasta $250

 

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa=(Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …

III. …

Se aprueba en los términos de la Minuta de la Cámara de Diputados.

2. Facultades a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CICOAPFMIPYMES).

En cuanto a la propuesta de establecer en la LDCMIPYME, que la CICOAPFMIPYMES emita recomendaciones y proponga las acciones necesarias, así como las obligaciones de las dependencias y entidades de la materia, en la planeación de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública destinadas a las MIPYMES, que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal.

Estas Comisiones Dictaminadoras, estiman que jurídicamente es inadecuado introducir la figura de esta Comisión en la LDCMIPYMES:

a. La LDCMIPYMES no regula la figura de la CICOAPFMIPYMES, por lo que al introducir esta figura, necesariamente se tendría que regular su naturaleza jurídica y funciones en esta Ley, de no atenderse estos aspectos daría lugar a vacíos jurídicos en la Ley;

Recordemos que actualmente, la CICOAPFMIPYMES se encuentra regulada por el ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

b. En cuanto a la observación de la SHCP, en relación al ARTÍCULO SEXTO del AEMIPYMES, estas Comisiones Dictaminadoras comparten la preocupación de la SHCP, en el sentido de que no es viable que la CICOAPFMIPYMES establezca “obligaciones a las dependencias y entidades en la materia en materia de MIPYMES”.

Actualmente, la función principal de la CICOAPFMIPYMES es emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público (ARTÍCULO PRIMERO DEL AEMIPYMES).

De conformidad con el ARTÍCULO TERCERO del AEMIPYMES, la CICOAPFMIPYMES estará integrada por los titulares de las secretarías de:

• Economía, quien la presidirá,

• Hacienda y Crédito Público

• Función Pública,
Y la Banca de Desarrollo por conducto de su Director General de:

• Nacional Financiera,

• Sociedad Nacional de Crédito, y

• Institución de Banca de Desarrollo.

Así las cosas, el ARTÍCULO SEXTO del AEMIPYMES, establece que: “…Los integrantes de la Comisión promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación de las acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma ...”

Por lo que al establecer en la Minuta de la LDCMIPYMES que la CICOAPFMIPYMES, emitirá las recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la consecución de los objetivos de las MIPYMES, no tiene implicación jurídica, toda vez que actualmente tiene estas funciones.

No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que es innecesaria regular esta función en la LDCMIPYMES, toda vez que actualmente la naturaleza jurídica y funciones de la CICOAPFMIPYMES están regulada en el AEMIPYMES.
VI. RESOLUTIVO

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero; se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. y II. …

III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación siguiente:

Estratificación de la Mipyme

Tamaño

Sector

Rango de Número de Trabajadores

Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos

Tope máximo combinado*

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Mediana

Comercio

Desde 31 hasta 100

Desde $100.01

235

Servicios

Desde 51 hasta 100

hasta $250

 

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa=(Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

IV. a XVII. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa publicado el 30 de junio de 2009.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


2 Informe de Labores 2013-2014. Secretaría de Economía, México, 2014.





 

Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de primera lectura)







 

Cuatro de las Comisiones Unidas del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, que contienen los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de Planeación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3º, 21 Y 27 DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de primera lectura)







 

Y por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de primera lectura)







 

Asimismo, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo entre México e Indonesia, para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA PARA EVITAR  LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE LOS CABOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002, HECHO EN NUSA DUA, BALI, EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de primera lectura)







 

Y, por último, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre México e Indonesia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA, HECHO EN NUSA DUA, BALI, EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos, sólo en la parte que tiene que ver con sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura con las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares de los ejecutivos estatales de las entidades federativas a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, por el que el Senado de la República condena los actos humillantes y las expresiones discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Nayarit; y del gobernador de Baja California.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Se le concede el uso de la palabra, en primer término, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a todos los dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente.

Los tres dictámenes que pone la Comisión Para la Igualdad de Género a la consideración de este Pleno, tienen que ver con distintos puntos de Acuerdo, en donde aborda temas que son de una gran trascendencia para el país.

Es muy importante que se siga avanzando en el Presupuesto de Egresos y la etiquetación de recursos, también en el ámbito local, para que puedan las instancias estatales de las mujeres, los mecanismos de mujeres que existen en las entidades federativas, tengan posibilidades de implementar y de lograr que las distintas reformas legislativas puedan tener una aplicabilidad efectiva.

De tal manera que es muy importante ese punto de Acuerdo, junto con el que también está dirigido al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que se tomen medidas y se prevenga y sancione eventualmente a quienes discriminan a mujeres en los cargos de elección.

Hay una reforma muy importante en la Constitución, en el artículo 41, que obliga a los partidos políticos a registrar candidatas y candidatos de manera paritaria para competir en la Cámara de Diputados y también en los congresos locales. Sin embargo, hay congresos locales, prácticamente la mitad de los que están en la contienda electoral en estos momentos, que también lograron incluir en sus preceptos la obligatoriedad de que la paridad la implementen también en la contienda municipal.

Hay una gran cantidad de JDC que distintas mujeres de todos los partidos políticos han presentado ante las instancias del Tribunal Electoral, para exigir sus derechos políticos y que estos preceptos legales ciertamente sean totalmente respetados por los partidos.

De tal manera que en distintos estados se ha tenido que tomar medidas, desde los institutos estatales electorales, para obligar a los partidos políticos a registrar, cuando menos, a la mitad de candidatas mujeres para garantizar la paridad.

Así tenemos procesos en, cuando menos, una media decena de estados: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Querétaro y otros estados, incluido por supuesto también Guerrero; de tal manera que ahora este punto de Acuerdo pide que también el CONAPRED pueda emprender acciones que sancionen cualquier tipo de violencia contra las mujeres en esta aspiración de ser candidatas a puestos de elección en cualquier parte del país.

De tal manera que es un punto muy importante, y que viene a sumarse, insisto, reitero, a esta dinámica de exigibilidad judicial a través de JDC en distintos lugares del país, de diversas mujeres, para que puedan ser reconocidos sus derechos políticos, a estar de manera paritaria en los puestos de elección que hoy, por supuesto, hay una gran cantidad de resistencias por parte de los señores en los partidos políticos para cumplir con la norma legal.

Ya habrá momento de una revisión puntual de cuáles son los obstaculizadores diversos que se están enfrentado en los estados del país que hoy tienen elecciones, y que tienen que ver con distintas argucias que se siguen usando para tergiversar el sentido de este precepto constitucional inscrito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en las constituciones locales de diversos estados del país.

De tal manera que es muy importante que se distinga que ésta es una forma de discriminación, es una forma de violencia de género; la violencia política contra mujeres que aspiran a ser reconocidas plenamente en sus derechos políticos y civiles, acorde a lo que plantea lo que ya es un precepto fundamental en nuestra Carta Magna.

El tercer punto que se pone a consideración de ustedes, señoras Senadoras, señores Senadores, es el que tiene que ver también de una preocupación que ha sido evidenciada por distintas Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, en relación a la actuación de las autoridades, en este caso del presidente municipal de San Blas, Nayarit, que ha hecho escarnio con las mujeres, de manera particular lo que todo mundo vimos en una fiesta, en la forma de cómo de manera irrespetuosa, alevosa, toma a una jovencita, baila y le sube la falda reiteradamente.

De tal manera que este punto de Acuerdo plantea que el Senado exhorte a las autoridades locales del estado de Nayarit para que, en el ámbito de su competencia, sancionen el comportamiento del ciudadano Hilario Ramírez Villanueva, que funge como presidente municipal de San Blas, en el entendido de que en el ejercicio del poder público se debe comportar de manera ética, respetuosa, conforme lo señalan las normas legales; por cierto, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado.

El segundo punto tiene que ver con exhortar al Congreso del Estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y, en su caso, inicie los procedimientos para sancionar los actos cometidos por éste aún presidente municipal de San Blas, Nayarit.

El tercer punto de este Acuerdo tiene que ver con la exigencia, al presidente municipal en comento, para que ofrezca, en lo inmediato, una disculpa pública y asuma un compromiso real en lo que está en el puesto.

Creemos que tendría que revisarse este caso por parte del congreso del estado y dar una muestra, una prueba al país de que este tipo de hechos no van a ser permitidos nunca más; de tal manera que él tendría que rectificar a partir de un compromiso real a favor de la política de igualdad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Son, en resumen, los distintos puntos de Acuerdo que se ponen a consideración a todos ustedes.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo asunto.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

El motivo de esta participación es que, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, podamos avalar los dictámenes de estos puntos de Acuerdo que la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República ha tenido a bien resolver favorablemente.

¿Cuál es el hilo conductor de estos tres dictámenes?

Uno, es fortalecer el camino a la igualdad entre las mujeres y los hombres en nuestro país; y el otro es eliminar obstáculos discriminatorios, falta de inclusión, o bien aquellos actos que difamen, que obstruyan el acceso, la permanencia de las mujeres en el ámbito político.

Y en el sentido de fortalecer a los mecanismos, nos referimos, desde los institutos de las mujeres, que si bien desde los 90´s iniciamos en el país con los primeros institutos antes que existiera a nivel nacional; en mi caso, se fundó el Instituto Poblano de las Mujeres 3 años antes de que existiera a nivel nacional.

Y aquí en el Senado aprobamos, en el 2006, el poder tener una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor precisamente ese año.

Todo este avance requiere de evaluaciones constantes, y estos puntos de Acuerdo van precisamente a fortalecer liderazgos, a fortalecer los mecanismos, las unidades, hablar de no discriminación en el ámbito político. Y seguimos insistiendo, ya tenemos en el lenguaje coloquial el término de “violencia política de género”, pero todavía no lo hemos aprobado, y es que con las reformas electorales requerimos de que nuevamente las comisiones del Senado, ya hay iniciativas, podamos debatir el término de violencia política de género y que nuestro país considere como delito precisamente que por el hecho de ser mujeres tienen mayor vulnerabilidad en el espacio público, ya sea de representación o como funcionaria.

Y el tema de la necesidad de que haya un rechazo ante toda expresión que sea denigrante al ser humano, y en este caso a las mujeres, como fue el caso del alcalde en el estado de Nayarit, pretendemos que se respalde el rechazo a esa expresión denigrante de la dignidad humana y que podamos que en ámbitos públicos también hagamos de esta manera un rechazo unánime.

No queremos dar ejemplos de que esta cultura cobija estas expresiones misóginas, excluyentes y denigrantes, considerando menores o inferiores a otros seres, en este caso las mujeres.

Por eso respaldamos estos tres puntos de Acuerdo, en los cuales también agradezco ser proponente en algunos.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos del Bachillerato Oficial Tehuiloyocan, estado de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.





 

Tenemos ahora la discusión de veinte dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus materias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta informar los avances para mantener erradicada la poliomielitis en México.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las acciones para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de febrero de 2015, el Senador Arquímedes Oramas Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que:

• A reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica;

• Eficientes recursos presupuestales;

• Difunda información preventiva a la población y

• Fortalezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, señala la importancia de reforzar acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.


III. CONSIDERACIONES

A. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Dicho virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o a través de agua o alimentos contaminados y se aloja y multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Aproximadamente de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible y entre el 5 y 10% de los casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

Este virus puede afectar a niñas y niños menores de 5 años, no tiene cura pero se puede prevenir a partir de una vacuna. Afortunadamente la prevalencia de dicho virus se ha reducido en un 99%, tan sólo en 1988, se reportaron 350 mil casos en 125 países del mundo, en 2013, solo se reportaron 416 casos en tres países que son Afganistán, Nigeria y Pakistan.

No obstante, mientras haya un solo niño infectado en el mundo, se corre el riesgo de alrededor de 200 mil casos anuales.

B. El último caso de poliomielitis en México, registrado es de 1990, no obstante, la alerta sigue latente, toda vez que se dio un brote en los últimos meses, con casos confirmados en Camerún, Etiopía, Iraq, Israel, Somalia y Siria y dicha enfermedad se puede exportar a través de los viajeros, poniendo en grave riesgo a la población infantil del mundo entero.

C. En México, de 1940 a 1980, es decir en 40 años, se registraron entre mil 200 y mil 300 casos, no obstante, gracias a las acciones oportunas en esta materia, se controló dicho brote quedando 100% erradicado en nuestro país, para 1990.

Actualmente el sector salud, tiene una cobertura de prevención y control de la enfermedad superior al 95% del territorio nacional, con casi 20 millones de vacunas en contra de dicho virus. Dicha vacuna se suministra en diversas etapas del menor de 5 años, con la finalidad de eliminar la probabilidad de contraer dicho virus, siendo los 2, 4 y 6 meses de edad, fundamentales en la aplicación de dicha vacuna y un refuerzo a los 18 meses de edad.

Como ya se mencionó, los nuevos brotes surgidos en los países señalados, representan para la Organización Mundial de la Salud, un evento extraordinario, que supone un riesgo para la salud pública. Por ello se hizo un llamado a una coordinación a nivel mundial, para erigir acciones oportunas y contener dicho brote y la posibilidad de nuevos brotes en otros países y continentes.

No obstante, el pasado 09 de diciembre de 2014, se aprobó un exhorto en los términos propuestos, por lo que por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide que es fundamental conocer de manera puntual las acciones y medidas oportunas que se llevan a cabo para evitar un brote de poliomielitis en nuestro país y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe los avances en torno mantener erradicada la poliomielitis en México.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, que exhorta a incluir en el Programa Universal de Vacunación las aplicaciones médicas contra la hepatitis A y varicela.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que a través del Consejo Nacional de Vacunación, se incluya en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y la varicela.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de febrero de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, a través del Consejo Nacional de Vacunación, se incluya en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y varicela.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de Acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud a que, a través del Consejo Nacional de Vacunación, se incluya en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y varicela.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en la importancia de que a través del Consejo Nacional de Vacunación, se incluya en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y varicela.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular el tema de vacunación para la hepatitis A y varicela.

C. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.

Hay que señalar que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, tétanos, tosferina y sarampión. La cobertura de vacunación mundial (proporción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años.

D. La Organización Mundial de la Salud, OMS, está colaborando con los países y los asociados a fin de mejorar la cobertura, en particular mediante las iniciativas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012.

El Plan de acción mundial sobre vacunas es una hoja de ruta destinada a prevenir millones de defunciones mediante el acceso más equitativo a las vacunas. Los países están procurando alcanzar para 2020 una cobertura del 90%. Si bien el Plan debería acelerar el control de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la erradicación de la poliomielitis se ha fijado como el primer hito. Además, el plan se orienta a impulsar la investigación y el desarrollo de la próxima generación de vacunas.

E. Es importante mencionar que cada año, la OMS y sus asociados celebran en la última semana de abril la Semana Mundial de la Inmunización. La Semana tiene la finalidad de acrecentar la sensibilización del público respecto de la manera en que la inmunización salva vidas, alentando a las personas de todas partes a vacunarse, tanto ellas como a sus infantes, contra enfermedades mortales.

En 2014, bajo el lema global " ¿Está usted al día? " más de 180 países, territorios y regiones dieron relieve a esa semana por medio de actividades, especialmente campañas de vacunación, talleres de capacitación, mesas redondas y campañas de información pública.

F. En nuestro país contamos con el Consejo Nacional de Vacunación, que desde el 24 de enero de 1991, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se crea dicho Consejo.

El CONAVA tendría como objeto primordial promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento delPrograma de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, el cual es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etc.).

Así mismo el 3 de julio del 2001 se crea el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA),quien debe establecer, implementar y supervisar las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propicien la equidad en salud entre todos los mexicanos.

G. Hay que destacar que al día de hoy, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita de 14 vacunas, a saber:

1. Vacuna Hepatitis B.

2. Vacuna Poliomielitis Sabin.

3. Vacuna contra Rotavirus.

4. Vacuna triple viral SRP y SR contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

5. Vacuna BCG.

6. Vacunas contra neumococo.

7. Vacunas Pentavalente, la cual protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b.

8. Vacuna DPT, protege contra difteria, tos ferina y tétanos.

9. Vacuna Td, que protege contra tétanos y difteria.

10. Vacuna contra Influenza

11. Vacuna Tdpa, protege contra tétanos, difteria y tos ferina.

12. Vacuna VPH, que protege a las niñas contra algunos de los tipos más comunes de Virus del Papiloma Humano y cáncer, entre otras.

En México contamos con un esquema de vacunación bastante amplio, sin embargo,como observamos no contempla todas las vacunas sugeridas por los pediatras, tal como varicela y hepatitis A.

La hepatitis A y la Varicela son quizá dos de las enfermedades más comunes en la infancia, al menos en México, y se adquieren principalmente en la primera década de la vida.

Cabe señalar que un pequeño porcentaje de las niñas y niños infectados pueden tener complicaciones graves que incluso pueden provocar la muerte. Por lo que es ampliamente recomendable la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad, que esperar a ver si un menor contrae el padecimiento y más aún si éste se complica.

Dado lo anterior, es que los padres de familia o tutores se ven obligados a acudir con médicos particulares a efecto de que sus menores reciban estas vacunas, lo cual representa un importante gasto de bolsillo.

H. Se han hecho esfuerzos en el tema, sin embargo, al no incluirse la vacuna de la Hepatitis A y de la Varicela en el esquema de vacunación básico, el acceso a la salud queda restringido únicamente a aquellas personas que pueden pagar por él, volviéndose una situación difícil y perjudicando la salud del menor.

Es por lo anterior que esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente y considera viable el Acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través del Consejo Nacional de Vacunación, se incluya en el Programa Universal de Vacunación las aplicaciones médicas contra la hepatitis A y varicela.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, en torno al Programa de Unidades Médicas Móviles.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre diversas estrategias para el fortalecimiento del Programa de Unidades Médicas Móviles.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de marzo de 2015, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre diversas estrategias para el fortalecimiento del Programa Unidades Médicas Móviles.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición de mérito señala la importancia de dar seguimiento a la operación del Programa de Unidades Médicas Móviles, que da cobertura de salud a un importante sector de la población mexicana y cuyos beneficios no se pueden ver obstaculizados.

III. CONSIDERACIONES

A. La Secretaría de Salud puso en marcha el Programa Caravanas de Salud desde 2007, actualmente denominadas Programa Unidades Médicas Móviles, que ha tenido por objeto atender a las poblaciones dispersas de comunidades que se caracterizan por tener una población pequeña, cuya ubicación geográfica es de difícil acceso y que les impide obtener los servicios de salud.

De acuerdo con la Evaluación en torno al Programa Caravanas de Salud, de 2008, se inició con una cobertura del 27% de las entidades objetivo prioritarias que eran siete, con una atención de poco más de 90 mil personas y se planeaba la extensión del beneficio a más de 5 mil localidades que tienen las mismas condiciones de difícil acceso a los servicios de salud.

B. Como bien señala la legisladora proponente, el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, CONEVAL, consiste en la valoración de la información presentada por el programa Caravanas de la Salud, cuya operación se logra con Unidades Médicas Móviles con diversos niveles de capacidad resolutiva en rutas programadas, con un paquete básico de 128 intervenciones de atención médica ambulatoria y 20 preventivas.

Dicha Evaluación señala que la población potencial para este Programa, en 2012, era de 3 millones 900 mil personas y la población objetivo era de poco más de 4 millones, lo que resultó en la atención de 3 millones 839 mil 056 personas atendidas, es decir, el 93.95% de lo proyectado.

Al respecto, dicha atención se brindó en las 32 entidades federativas de México, en 1,009 municipios, que abarcaron 17 mil 484 localidades. Para lograrlo, se incrementó el presupuesto para dicho Programa, de aproximadamente 400 millones de pesos en 2008 a poco más de 680 millones de pesos en 2012, no obstante, se debe continuar trabajando para que se garantice el presupuesto suficiente para los recursos humanos y materiales que hagan funcionar debidamente este programa.

C. Por su parte El CONEVAL, desataca entre los avances del Programa en el Ejercicio Fiscal 2013:

• La actualización de la vigencia de contratos de comodato de bienes de ejercicios anteriores hasta 2010;

• Cumplimiento de gestiones para los recursos del Sistema de Protección Social en Salud para la operación del Programa;

• Elaboración de 33 convenios para la transferencia de recursos específicos;

• Se cuenta con el programa de supervisión operativa para las 32 entidades federativas y está en elaboración el programa de mantenimiento y aseguramiento;

• Se encontraba pendiente:

- De las 133 Unidades Médicas Móviles programadas para la formalización del comodato, se entregaron 13, es decir, el 10%;

- El proyecto “Red de servicios de telemedicina a través de las Unidades Médicas Móviles”;

- La autorización de nuevas plazas para 88 rutas, recursos adicionales por 50 millones de pesos para la operación del Programa;

- La validación de nuevas rutas para fortalecer los 400 municipios que se contemplan en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

D. A partir del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Unidades Médicas Móviles, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2014, se establece que dicho programa orientará su crecimiento a los municipios priorizados en el Programa de la Cruzada contra el Hambre, como se señaló en el párrafo anterior, lo cual implica un retroceso con respecto al 2012, año en que como ya se mencionó, se cubrió un total de 1,009 municipios.

Lo anterior resulta importante, si se toma en consideración que en nuestro país, existen poco más de 192 mil localidades, de las cuales 98.1% son rurales, con una población de aproximadamente 26 millones de personas, más de 103 mil localidades del total enunciado, tienen menos de 20 habitantes, mismas que de acuerdo con el objetivo del Programa, deberían ser beneficiadas y poco más de 36 mil localidad, cuentan con entre 21 y 99 habitantes, razón por la cual más de 139 mil localidad cumplen con la característica de tener una población menor y por ser rurales, geográficamente poco accesibles, por ello, limitar nuevamente a sólo 400 municipios priorizados por la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sería retroceder en el número de la población que debería ser beneficiada.

E. Finalmente, pero no menos importante, se ha suscitado en diversas entidades federativas, la inquietud de los trabajadores del Programa Caravanas de la Salud, desde 2015, Programa Unidades Médicas Móviles, por el retraso de su salario, problemática que no solo afecta la economía de dichos trabajadores, sino que puede repercutir en el impacto de la población que se ve beneficiada a partir de dicho Programa.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que brinde un informe detallado a esta Soberanía, sobre la existencia de rezagos  en el pago de los salarios de los trabajadores del Programa Caravanas de la Salud, actualmente Programa Unidades Médicas Móviles, y de ser así, las causas de este retraso y las estrategias que se están implementando para garantizar a la brevedad su derecho de ser remunerados en tiempo y forma.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se informe a esta Soberanía, sobre las acciones que está realizando, con la finalidad de resolver el deterioro constante que sufren las Unidades Médicas Móviles, e incrementar su número, mejorar el equipamiento y abasto de las mismas, para que los profesionales de la salud puedan cumplir con la finalidad de brindar los servicios de salud integrales y de calidad, asimismo se informe sobre las estrategias para el establecimiento de un sistema de información, para la elaboración del padrón de beneficiarios.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a continuar ejecutando el Programa de Unidades Médicas Móviles, no sólo en los municipios que prioriza la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sino en por lo menos aquellos en que ya se había recibido el beneficio.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que solicite mayores recursos para el Ejercicio Fiscal 2016, para el Programa Unidades Médicas Móviles, con la finalidad de garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para su óptima operación e informe a esta Soberanía al respecto.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones para evitar accidentes viales, así como programas de capacitación y educación vial.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de marzo de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones para evitar accidentes viales, así como programas de capacitación y educación vial.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes consideran importante reforzar las acciones en materia de cultura y prevención vial, con la finalidad de evitar accidentes que menoscaban la salud de las personas e incluso causan su muerte.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, con cifras de 2012 señala que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras a nivel mundial, y entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, causados por los accidentes viales, pero aquellos traumatismos que son mortales, constituyen la principal causa de defunción entre las personas que van de los 15 a los 29 años de edad.

Aunado a lo anterior, la OMS nos ofrece cifras que indican que el 90 por ciento de las muertes en carretera, se producen en los países de ingresos bajos y medianos, a los que solo corresponde el 48 por ciento del parque vehicular.

Así mismo, el 46 por ciento de las personas que fallecen en el mundo a consecuencia de accidentes de tránsito, son peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas.

La OMS también señala que se prevé para 2030, que los traumatismos por accidentes de tránsito, se convierta en la quinta causa de defunción más importante, con una tasa anual de mortalidad de 2.4 millones de personas.

B. En México, de acuerdo con el Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2013, destaca que anualmente fallecen en México, alrededor de 16 mil 500 personas a causa de accidentes viales.

Así mismo señala que los accidentes viales continúan siendo un importante problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Tan sólo en 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, poco más de 6 millones 900 mil personas fueron víctimas de un accidente, de las cuales más de 1 millón 400 mil tuvieron como consecuencia una discapacidad, tomando en cuenta que los datos son respecto de accidentes en general.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcula que hay 287.7 vehículos en México, por cada 1000 habitantes.

En 2011, los accidentes de tránsito fueron la octava causa de muerte, en el año 2000, se registraron 14 mil 028 muertos y en 2011 la cifra aumentó a 16 mil 615 decesos, por causa de accidente automovilístico, si la tendencia continua en el mismo tenor, para 2020, dicha cifra se proyecta en 19 mil 612 muertes por esta causa, no obstante, de acuerdo con el Decenio de Acción de la Seguridad Vial, la meta es reducir al 50 por ciento los decesos, por lo que en México debería haber tan solo 9 mil 806 decesos por causa de accidente vial.

C. Lamentablemente, como ya se señaló, los accidentes viales no sólo involucran a las personas que manejan el o los vehículos involucrados en un accidente, sino los que se encuentran en el entorno del mismo, que van como pasajeros o que son peatones.
Por ello se deben seguir las siguientes recomendaciones que realiza la propia OMS y que consisten en:

• El control de la velocidad, con la finalidad de evitar accidentes por exceso de velocidad y tener mayor capacidad de reacción ante cruces de peatones, ciclistas y motociclistas, particularmente en zonas urbanas y zonas donde el camino de las carreteras se convierte en un peligro si se maneja a exceso de velocidad;

• Se recomienda que el límite máximo de alcoholemia, se fije en 0.05 gramos por decilitro en la sangre, toda vez que una gran cantidad de los accidentes ocurridos son a causa de conductores en estado de ebriedad;

• En el caso de vehículos de dos ruedas, se recomienda tanto para conductor como para pasajero, el uso de casco, ya que este llega a prevenir incluso la muerte, por traumatismos severos;

• Se recomienda también, el uso de cinturón de seguridad, mismo que reduce el riesgo de defunción para pasajeros delanteros, hasta entre 40 y 65% y para los pasajeros de asientos traseros, se reduce la probabilidad de muerte entre 25 y 75%;

• En el mismo sentido, se recomienda el uso correcto de asientos para niños menores de 5 años de edad, ya que pueden reducir el número de defunciones infantiles entre un 54% y un 80%.

D. Finalmente, se considera importante, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno competentes, enfoquen sus acciones tendientes a reducir los accidentes vehiculares, a modificar la cultura de la población, para que tomen en cuenta las recomendaciones que son para beneficio de ellos mismos y que en la mayoría de los casos les pueden salvar la vida o disminuir el riesgo de contraer una discapacidad a partir del traumatismo ocasionado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares yreducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que en el marco de sus atribuciones refuercen los programas de capacitación y educación vial con el objeto de reducir los accidentes vehiculares.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención, atención y tratamiento de la osteoporosis en la población mexicana.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo que exhorte a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de marzo de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes consideran importante exhortar a la Secretaría de Salud, para que se diseñen y fortalezcan las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.


III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 20 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, dicha enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, dicha enfermedad consiste en la disminución de la masa ósea que provoca el aumento de la fragilidad de los huesos y por ende, la facilidad de fracturas.

La definición correcta de dicha enfermedad, se dio en 1991, y señala que la osteoporosis, es una enfermedad esquelética sistémina, caracterizada por baja masa ósea y deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, que origina fragilidad ósea aumentada con el consecuente aumento en el riesgo de fractura.1

Derivado de ello, casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año y alrededor de 200 mil mueren por consecuencia de esa fractura.

Los factores de riesgo para la osteoporosis se relación con cinco categorías principales:

1. Edad: Cada década aumenta el riesgo entre 1.4 a 1.8%

2. Influencia genética: La raza blanca y oriental tienen mayor riesgo de esta enfermedad, en comparación con la raza negra y polinésica; así mismo, tienen mayor riesgo las mujeres que los hombres.

3. Influencias ambientales: como las nutricionales que son la ingesta cálcica o de vitamina D deficientes, además de sedentarismo, carga mecánica excesiva; en cuanto al consumo de fármacos, aumentan el riesgo de esta enfermedad los anticonvulsionantes, corticoides, furosemide y sedantes, otros tienen que ver con el tabaquismo y la ingesta excesiva de café y alcohol.

4. Factores endocrinos: Como el hipogonadismo, hipercortisolismo, hiperparatoroidismo, hipertiroidismo;

5.  Enfermedades crónicas: Como gastrectomía, daño hepático crónico, insuficiencia renal crónica;

6. Características físicas del hueso: Masa ósea, tamaño y geometría, microarquitectura, remodelamiento óseo y fracturas previas.

Ante la problemática, se recomiendas tres tipos de atención de esta enfermedad:

1. Prevención primaria

El objetivo es bloquear e interferir la acción de eventuales factores de riesgo en su contacto con sujetos susceptibles. Conocidos los factores de riesgo, pueden desplegarse medidas específicas. Particular importancia tienen una nutrición y aporte de calcio adecuado, particularmente en la adolescencia y durante los embarazos, ejercicio físico moderado, no catabólico (considerado como deporte de alta exigencia) y el control de factores de riesgo como tabaquismo y consumo de alcohol.

Existe consenso en que estas medidas preventivas deben comenzar a operar de manera temprana en la vida y perdurar toda la vida del sujeto.
2. Prevención secundaria

En este caso el objetivo es diagnosticar la enfermedad lo más oportunamente posible y tratarla adecuadamente. Desde la perspectiva epidemiológica, la aplicación de programas de tamizaje puede permitir separar la población en diferentes grupos de riesgo osteoporótico.

3. Prevención terciaria

El objetivo más importante es la reducción del riesgo de las complicaciones propias de la enfermedad, considerando un daño basal ya establecido. Estas medidas se concentran principalmente en el control de los factores asociados a fracturas en general y buscan reducir la incidencia de fracturas en hueso osteoporótico.

B. En México la osteoporosis afectan a aproximadamente 10 millones de personas, del total que padecen esta enfermedad, alrededor de 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años de edad y 3.5 millones personas mayores 60 de edad.

En México, en 2009 había una población del 17% de personas con 50 años de edad o más, para 2050 se prevé que este porcentaje se incremente a 37%.

CIFRAS OSTEOPOROSIS EN MÉXICO2

 

MUJERES

HOMBRES

Osteoporosis columna lumbar en la población de 50 años y más

17%

9%

Osteoporosis cadera en la población de 50 años y más

16%

6%

Probabilidad de fractura de cadera en población de 50 años y más

1 de cada 12 mujeres

1 de cada 20 hombres

En 2005, se registraron alrededor de 21 mil fracturas de cadera, no obstante, se espera que para 2050 la cifra aumente a aproximadamente 110 mil casos, lo cual equivale a un incremento de 431%.

Al respecto, en el año 2006 se reportaron costos directos de más de 97 millones de dólares por fractura de cadera, esto para 2025 se estima que costará entre 213 y 466 millones de dólares y para 2050 entre 555 y 4 mil 88 millones de dólares.

Sin embargo, existen otro tipo de fracturas relacionadas con la osteoporosis, que tienen que ver con la muñeca, el húmero, las vertebrales y la pelvis, que también generan una problemática de salud para las personas adultas mayores.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención, atención y tratamiento de la osteoporosis en la población mexicana.

COMISIÓN DE SALUD.

1 Epidemiología de la Osteoporosis, Boletín de la Escuela de Medicina, Vol. 28, No. 1-2, 1999, http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/osteoporosis/epidemiologiaosteoporosis.html

2 Epidemiología, costos y carga de la osteoporosis en México, Revista Metabolismo Óseo y Mineral, Volumen 8, Núm. 5, septiembre-octubre, 2010.





 

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, tres proposiciones con punto de Acuerdo relativas a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de febrero de 2015, los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 10 de febrero de 2015, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente una campaña nacional de detección temprana y difusión de algún tipo de cáncer en niñas, niños y adolescentes, mediante la aplicación no sistemática de pruebas de detección en los servicios de salud rutinarios.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 17 de febrero de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que diseñen y fortalezcan los programas para la prevención y atención del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los proponentes coinciden entre sí con el mismo objetivo para que mediante proposición con punto de Acuerdo, se exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

B. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general conduce a la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado y oportuno. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son: de piel, pulmón, mama, cérvico-uterino y colorrectal.

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y se muestra como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

C. En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se enquista más en nuestra sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, entre 1980 y 2011 creció 56%, según la Secretaría de Salud. En esos años, esta tasa pasó de 39.5 muertes por cada 100 mil habitantes a 61.7 por cada 100 mil.

Así mismo desde 1990 se considera a la morbilidad y a la mortalidad por cáncer como un problema de salud pública.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias).

De acuerdo con los registros del INEGI, en el periodo de los diez años señalados, han fallecido 718 mil 424 personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 casos se trató de personas del sexo masculino; mientras que en 366 mil 458 se trató de casos de mujeres.

D. El cáncer de mama constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres y hombres, y por ende, para el bienestar de las familias, así como para los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto.

A nivel mundial se estima que una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su vida, lo cual equivale al 12% de la población femenina actual en el mundo que presenta o presentará esta enfermedad.

Según el Banco Mundial, si no se toma una acción global para hacer frente a la enfermedad, en 2030 la incidencia del cáncer aumentará un 70% en los países de ingresos medios y un 82% en los países más pobres.

En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó son los de órganos genitales femeninos y masculinos (21.9%), de mama (18.9%) y de los órganos digestivos (18%).

Si bien el cáncer de mama no se ubica entre los principales para los varones, se presenta en 2 de cada 100 egresos. Mientras en las mujeres, la morbilidad hospitalaria por neoplasias más alta, es debida al cáncer de mama y se presenta en 30 de cada 100 mujeres, seguido de los tumores en los órganos genitales con 24 de cada 100 casos y en órganos digestivos en 14 de cada 100 egresos.

En 2011, la incidencia más alta de neoplasias mamarias entre las mujeres de 20 años y más, se ubica en la población de 60 a 64 años de edad, con 61 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, seguida de las mujeres de 50 a 59 años con 51 casos por cada 100 mil mujeres y en las de 45 a 49 años, 45 casos nuevos, razón por la que la normatividad mexicana en este sentido, establece que las mujeres a partir de los 45 años, deben realizarse una mastografía cada dos años.

E. Por su lado el cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento, en países en desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nervioso central.

La misma OMS, señala que a nivel mundial son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil niños menores de 15 años de edad; aproximadamente la mitad de estos originados en menores de 4 años de edad, señalando que a escala mundial se estiman aproximadamente unos 160,000 nuevos casos y 90, 000 muertes en menores de 15 años de edad, cada año.

F. Por su parte, la leucemia es otro caso a destacarse, es un tipo de cáncer que afecta en más de 50% a niñas, niños y adolescentes menores de 20 años. Se trata de uno de los padecimientos más agresivos que pueden afectar a la niñez, y que también muestra una tendencia creciente, aunque en menor medida que los otros casos señalados, en los últimos diez años.

Así, entre 2004 y 2012 han fallecido en el país 38 mil 598 personas por este tipo de cáncer, con un crecimiento de casi 14% entre el número de casos registrados en 2004 respecto de los contabilizados en 2013.

G. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte y tratándose de cáncer en niñas y niños menores de 12 años, la frecuencia se aumenta de manera progresiva, ubicándose como la primera causa de muerte por enfermedad, teniendo que cada cuatro horas muere una niña o niño por cáncer en México.

Hay que señalar que de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México, el impacto social y económico que provoca actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa que, del 65 al 90 por ciento de las familias sin seguridad social, no cuente con recursos económicos para su atención y tengan que enfrentarse a gastos e inclusive al abandono del tratamiento por falta de recursos

H. Existen algunos tipos de cáncer que podrían detectarse y curarse, por lo que las defunciones que ocurren por estos tipos son consideradas en el marco de la mortalidad en exceso evitable. Ejemplos de ello son el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata. Pero ello se debe redoblar esfuerzos ya que la parte toral para evitarlo es la prevención.

Cabe señalar que estos tipos de cáncer están en su mayoría asociados a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y deficiente equipamiento de unidades médicas, así como a la insuficiencia de personal capacitado para la adecuada interpretación de resultados, o bien para generar diagnósticos y tratamientos oportunos; en el mismo nivel se encuentra la falta de cobertura de servicios de salud, o la insuficiente calidad de los mismos para el seguimiento de las y los pacientes.

Sabemos que en México se han hecho esfuerzos importantes desde acciones y estrategias de prevención hasta cambiar la normatividad de Normas para prevenir este grave problema de salud pública. Sin embargo, falta mucho por hacer es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con los proponentes y considera viable el tema.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus funciones legales, y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se redoblen esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de las instancias correspondientes, diseñen y fortalezcan de manera específica, los programas para la prevención y atención del cáncer en niñas, niños y adolescentes. Puntualizando una campaña nacional de detección temprana y difusión de síntomas, mediante la aplicación no sistemática de pruebas de detección en los servicios de salud rutinarios.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a participar en la Estrategia Nacional de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018; asimismo, exhorta a los congresos estatales y a los ayuntamientos a mejorar la legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños establecimientos.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar diversas estrategias para prevenir y reducir el consumo de alcohol.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de febrero de 2015, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país y del Distrito Federal a hacer propia y participar al máximo de su capacidad, en la nueva Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones anunciada por el Presidente de la República, el pasado 28 de enero de 2015.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 19 de febrero de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a implementar acciones para prohibir la venta de bebidas alcohólicos en predios contiguos a carreteras federales y estatales, así como a desalentar su consumo mientras se conducen vehículos automotores.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Las proposiciones con puntos de Acuerdo, tienen la finalidad de inhibir el consumo de alcohol para disminuir el riesgo de accidentes y posibles dependencias a la substancia líquida en un futuro y el desarrollo de adicciones en general.

III. CONSIDERACIONES

A. Con las adicciones, como el tabaco, tanto hombres como mujeres adolescentes, tienen una edad promedio de 14.6 años, al tener el primer contacto con un cigarrillo, esta cifra es muy importante, ya que el cigarrillo es la principal sustancia que puede causar adicción y de ella se deriva el consumo de alcohol y otras drogas.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional Contra las Adicciones, la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años de edad, en 2011, es de 21.7% lo que equivale a 17.3 millones de personas de las cuales 12 millones son hombres y 5.2 millones son mujeres.

B. El consumo de alcohol, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, ENA 2011, demostró entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que aumentó significativamente la prevalencia mensual, pasando en el caso de los hombres y mujeres que consumieron alcohol en el último mes de 11.5% a 17.4% y de 2.7% a 11.6%, respectivamente, es decir, un aumento del consumo de alcohol, en hombres de aproximadamente el 50% y en mujeres de casi 400% más, la dependencia a esta sustancia afectó a 4.1% de los adolescentes en 2011, tres hombres por cada mujer y representa 2 adultos por cada adolescente afectado.

El inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, comenzando en promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: nuestro país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil personas al año.

Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes cantidades (5 copas o más para hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 millones (26 millones 828 mil 893) de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre al menos una vez al mes y diario; indicando que aunque no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes cantidades.

C. En el caso de las drogas, de acuerdo con la ENA 2011, la prevalencia de su consumo se mantuvo tanto en hombres como en mujeres respecto de 2008, el consumo de marihuana con la mayor prevalencia, seguido de la cocaína y los inhalables. Entre las principales causas que arrojó dicha Encuesta, respecto de la razón por la que se consume una droga, están:

• que fueron expuestos a las drogas,

• que no fueron expuestos a la prevención de su consumo,

• porque no estudian,

• porque no conocen el riesgo que representa,

• tolerancia del mejor amigo a drogas,

• no trabajan, entre otras.

En términos absolutos, se registró un incremento de 1 millón 051 mil 593 en 2008 a 1 millón 198 mil 685 usuarios en 2011, que consumieron cualquier droga ilegal en el último año, es decir, más de 147 mil personas que experimentaron con alguna droga por primera vez.

D. Los retos que se presentan, a partir del Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018, consisten en:

• Consolidar el esquema de atención integral a los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en el Sistema Nacional de Salud;

• Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios para la atención integral de personas con problemas por el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de favorecer el acceso universal a estos servicios, con énfasis en los municipios prioritarios y

• Reforzar la coordinación interinstitucional e intersecretarial para facilitar el diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de adicciones, fortaleciendo el marco normativo y posicionando el liderazgo de nuestro país en el ámbito internacional.

Finalmente por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con los legisladores proponentes y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones participen en la Estrategia Nacional de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas y a los Ayuntamientos a mejorar la legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños establecimientos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a las entidades federativas a continuar con la implementación de Programas que desincentiven la conducción de vehículos, bajo el influjo del alcohol.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, en torno a la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de Acuerdo relativa exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cervicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV, Así mismo a dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994.

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de Abril de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de Acuerdo en materia de cáncer cervicouterino para exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cervicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 7 de Abril de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de Acuerdo en materia de cáncer cervicouterino para exhortar a la Secretaría de Salud para que a dote a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cervicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV, Así mismo a dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el cáncer cervicouterino es un problema de Salud Pública que debe ser combatido.

El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para todas las acciones necesarias y las que marca este instrumento legislativo para contrarrestar el grave problema en salud que representa el cáncer cervicouterino.

B. Según la Organización Mundial de la Salud, cáncer es el término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis, éstas son la principal causa de muerte por cáncer.

En síntesis, se trata de un padecimiento genérico que puede ser abordado desde tantas perspectivas como tipos haya. En este orden de ideas, resulta fundamental delimitar los alcances del presente punto de acuerdo, siendo lo relativo a la atención, prevención y tratamiento del cáncer -de los más de 100 tipos que existen-.

C. Por su lado el cáncer cervicouterino, significa la aparición de tumores en el útero, sobre todo en su cuello y en el endometrio. Los factores de riesgo de este tipo de cáncer pueden ser el comienzo de una vida sexual a edad temprana, antecedentes familiares, o la edad.

D. Datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) reporta 39,000 nuevos casos por año, ocupando el tercer lugar de los canceres ginecológicos. Existen 3 tipos de Epitelial, Germinal y del Estroma, donde el primero representa el 96% de los casos y es el más frecuente entre las mujeres mayores de 40 años, el segundo representa solo el 4%, donde resulta tener la posibilidad de ser curable y el tercero que se origina en las células productoras de hormonas sexuales y muy poco frecuente, por esta razón no se cuentan con datos oficiales que refleje y morbilidad o mortalidad.

E. Cabe puntualizar que se deben tener presentes algunas cifras para ver el contexto de este tipo de cáncer; según Globocan 2012, de la Organización Mundial de la Salud, cada dos horas muere una mujer por causa de esta enfermedad, en total 4500 mujeres mueren cada año, tiene una tasa de incidencia de 23.3 por cada 100 mil habitantes, casi 14 mil casos nuevos al año. A diferencia de EUA y Europa, en México la detección del cáncer cervicouterino se realiza en las etapas más tardías, lo cual indica que las campañas de prevención no son lo suficientemente efectivas.

F. Actualmente, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre las mujeres de 25-64 años. Así mismo más del 12% de los casos se detectan en etapas avanzadas. Los estados que tienen mayor tasa estandarizada de mortalidad por esta enfermedad son: Campeche (13.3%), Chiapas (15.4%), Guerrero (11.0%), Morelos (12.6%), Nayarit (11%), Oaxaca (10.9%), Quintana Roo (12.2%), Tamaulipas (11.2%), Veracruz (13.2%) y Yucatán (11.2%), lo cual refleja una tendencia hacia la región sur del país que cuenta con mayores índices de marginación.

G. Hoy en día se han venido realizando acciones que se traducen en avances en la atención del cáncer cervicouterino; en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud y en los programas de Acción Específica de Cáncer de la Mujer y de Igualdad de Género, sin embargo falta mucho por hacer ya que las cifras obligan a redoblar esfuerzos.

H. Cabe señalar que los tratamientos que recibe una paciente con cáncer cervicouterino cuando acude a alguna de las instituciones de salud pública están determinados por la Guía de Práctica Clínica (en el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex) y por el Protocolo Técnico del Seguro Popular, en ellos se establecen los procesos y terapias a las que deben sujetarse las pacientes de acuerdo con la progresión de su cáncer.

Los avances de la medicina crecen a pasos agigantados es por ello que estos instrumentos se deben actualizar constantemente con el fin de garantizar que las pacientes reciban los tratamientos más novedosos y mejorar su calidad de vida. Como por ejemplo en nuestro país la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cervicouterino no ha sido actualizada.

I. Es menester decir que el estudio más eficiente para la detección oportuna del cáncer cervicouterino es el Papanicolaou, el cual es una prueba diagnóstica que consiste en recoger una muestra de células del cérvix o cuello del útero y del canal cervical para enviarlas al laboratorio y someterlas a estudio.

Por otro lado cabe señalar que para que las Políticas Públicas en materia de salud sean efectivas, se requiere que existan las siguientes condiciones en los centros de salud:

• personal bien capacitado

• capacidad financiera

• una mayor cobertura de atención para esta enfermedad

• salas de examen y laboratorios bien equipados con todos insumos de materiales y aparatos necesarios;

• los enlaces pertinentes, cosa que incluye el transporte a laboratorios confiables con técnicos capacitados;

• técnicas para asegurar la calidad de las muestras y la exactitud de la interpretación de los resultados;

• sistemas probados para notificar oportunamente a las mujeres examinadas de los resultados del Papanicolaou;

• sistemas de remisión y seguimiento efectivos para el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías detectadas;

• campañas de difusión para realizar exámenes

• entre otros

J. Por otro lado la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2-1994, para la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, contiene un listado el cual marca el equipo necesario para realizar un examen de Papanicolaou.

Por último es que se deben redoblar esfuerzos para disminuir las desagradables cifras que se marcan en este dictamen, y tener una mayor prevención en el tema toral.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y del Consejo de Salubridad General, se actualicen la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cervicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, relativo al tratamiento de hepatitis viral de tipo “C”.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice detecciones con instrumentos no invasivos e incorpore tratamientos de última generación que han comprobado su eficacia en la erradicación del virus de la Hepatitis C.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10 de abril de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que realice detecciones con instrumentos no invasivos e incorpore tratamientos de última generación que han comprobado su eficacia en la erradicación del virus de la Hepatitis C.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente señala la importancia de que se realicen detecciones con instrumentos no invasivos e incorpore tratamientos de última generación que han comprobado su eficacia en la erradicación del virus de la Hepatitis C.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es la importancia de la Hepatitis C en nuestro país.

B. La salud es trascendente para el pleno desarrollo de una persona, actualmente la hepatopatía es un problema de salud publica en nuestro país. En los últimos años la incidencia de enfermedades del hígado ha aumentado, actualmente ocupan el cuarto lugar como causas de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus.

C. El hígado es un órgano sumamente importante, es nuestra fábrica química del organismo, lleva más de 5000 funciones indispensables para nuestra salud, ahí se asimilan sustancias nutritivas para el crecimiento, como glucosa, grasas, vitaminas, proteínas y minerales, así mismo transforma el azúcar , grasas y proteínas en energía, fabrica enzimas, almacena energía, así mismo sirve de barrera para los microbios, y sobre todo funciona como el gran filtro para eliminar de nuestro organismo las      toxinas.

D. Las enfermedades hepáticas son trastornos que alteran las funciones del hígado generando un daño agudo y crónico, la mayoría de las veces esté es atacado por virus, sustancias toxicas, medicamentos etc. Existen muchos tipos de enfermedades hepáticas, algunas de ellas son causadas por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Otras pueden ser a consecuencia de medicamentos, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol como la Cirrosis hepática, así mismo encontramos la Ictericia, Ascitis, Encefalopatía hepática, y hay que señalar que el cáncer puede afectar el hígado. Otras enfermedades hepáticas pueden ser hereditarias, como por ejemplo, la hemocromatosis.

MUCHAS VECES EL DOLOR ABDOMINAL, EL COLOR AMARILLO DE LA PIEL O LOS OJOS SON ALGUNOS SÍNTOMAS QUE SE TRADUCEN EN UN PROBLEMA CON EL HÍGADO. SUS SÍNTOMAS SON POCOS POR ENDE NOS VUELVE VULNERABLES Y TRADUCE SUS ENFERMEDADES EN SILENCIOSAS POR UN BUEN TIEMPO. SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR QUE EL HÍGADO ES TAN FUERTE QUE AUN DAÑADO EN SUS DOS TERCERAS PARTES SIGUE TRABAJANDO. POR ELLO LA PREVENCIÓN Y EL CHEQUEO QUE NOS REALICEMOS SON PARTE MEDULAR PARA PREVENIR UN DAÑO FUERTE A NUESTRA SALUD.

E. En México la prevalencia de la Hepatopatía  se estimó en un 0.5 a 1.4% de acuerdo a la encuesta nacional de salud, la organización mundial de la salud (OMS) estima que en nuestro país existen unos 700 mil pacientes infectados sólo por el virus de la hepatitis c.

F. Así mismo el hígado graso es una enfermedad silenciosa y evolutiva, que puede verse afectado por virus, bacterias, parásitos, hongos, sustancias toxicas, enfermedades autoinmunes, metabólicas y genéticas.

G. Datos de la Secretaría de Salud, marcan que al 2012, el grupo de edad más afectado fue de 5-9 años con una incidencia de 69.0 por cada 100 mil habitantes seguido del de 1-4 años y de 10-14 con una incidencia de 52.0 y 29, respectivamente. La mortalidad varia de 0.1 a 0.3% y en adultos mayores de 50 años al 1.8%.

Por otro lado, la hepatitis D, sólo los enfermos del tipo A pueden adquirirla, ya que le aplican las mismas características y prevención de la hepatitis B, razón por lo cual la vacunación oportuna es de vital importancia.

Así miso la hepatitis viral de tipo “C” (anti-VHC positivos) es una de las que más daña al hígado y se estima que su prevalencia en México es de 400 mil a un millón 400 mil personas infectadas aproximadamente y de éstas, el 80 por ciento desconoce que son portadores. De éstos, se calcula que de 200 mil a 700 mil casos presentan viremia activa y requieren tratamiento antiviral.1

Según reconoce la propia Secretaría de Salud Federal, a través de su Dirección General de Epidemiología, los genotipos de VHC que predominan son el 1a y el 1b y en una menor proporción el 2a y el 3b, desafortunadamente los pacientes que presentan genotipo 1b son más resistentes al tratamiento con interferón pegilado y ribavirina.2

H. Como observamos se habla de un tema muy delicado para la calidad de vida en nuestro país, la problemática de la salud hepática esta abarcando cada día más terreno por ello esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en que se deben tomar medidas necesarias e ir erradicando dicho problema.

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para la introducción de nuevos antivirales que han probado su eficacia enel tratamiento de hepatitis viral de tipo “C” libre de Interferón.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para adquirir equipos de vanguardia en diagnóstico de fibrosis (cirrosis) y esteatosis (hígado graso), no invasivos, sustitutos de biopsias hepáticas.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para modernizar clínicas y hospitales para que cumplan con los criterios y estándares de acreditación necesarios para proporcionar los servicios definidos en el Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC). Con la finalidad de ejercer el recurso destinado a la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) de hepatitis viral.

CUARTO.-Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe sobre los resultados de la implementación del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Hepatitis Viral en el Sector Salud a efecto de contar con información veraz y confiable que permita la caracterización epidemiológica de estos padecimientos.

QUINTO.-Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice campañas de diagnóstico y concientización que permita la detección temprana de riesgos y la implementación de acciones de prevención y control de Hepatitis C.

COMISIÓN DE SALUD.

1 Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Página de internet:
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/12_2012_Manual_

2 ídem





 

Otro, que exhorta al gobierno federal a diseñar los instrumentos y las políticas necesarias que reduzcan el gasto de bolsillo en las familias mexicanas.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de Noviembre de 2014,la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente pretende mediante proposición con punto de Acuerdo solicitar al Poder Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas por parte de la Secretaría de Salud.

El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud estén al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para solicitar al Poder Ejecutivo Federal que se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

B. En nuestro país la medicina y la investigación han avanzado, sin embargo, siempre se ha hecho atendiendo los aspectos y principios de Bioética y derechos humanos, en temas trascendentales como lo es la experimentación embrionaria y la clonación de seres humanos, los cuales incluyen temas éticos.

Es importante señalar que la investigación científica en beneficio del ser humano es trascendental cuando se busca sanar enfermedades, aliviar el sufrimiento, la optimización de recursos, etc. Sin embargo, no podemos olvidar la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los seres humanos y su involucramiento ético. Por ende, ante la posibilidad de abusos y atentados contra la dignidad de la persona así como del tráfico de órganos y la clonación de seres humanos, la comunidad internacional ha elaborado diferentes códigos éticos y normativas legales en la búsqueda de respetar a los individuos y proteger sus derechos. 

Es por ello que se originó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa.

C. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, también conocido como Convenio de Oviedo, entró en vigor de forma general el 1 de diciembre de 1999 y actualmente cuenta con 29 ratificaciones y adhesiones.

El Convenio de Oviedo busca salvaguardar y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales, respetando al ser humano como persona y reconociendo su dignidad. Éste tiene como finalidad evitar poner en peligro al ser humano mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina.

Así mismo, obliga a los países firmantes a incorporar en sus ordenamientos jurídicos, un conjunto de principios que se reflejen en la elaboración de las leyes y se convierte en uno de los documentos normativos más valiosos en el campo de las ciencias de la salud. El documento fue abierto a la firma en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ha servido de guía para la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. Posteriormente, en 1999 se elaboró el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo el cual prohíbe la clonación de seres humanos, entrando en vigor en el 2001.

D. Por otro lado, hay que mencionar que el Código de Nüremberg de 1947, que establece por primera vez la obligatoriedad del consentimiento informado, y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964 (revisada en Tokio, 1975; Venecia, 1983; y Hong Kong, 1989), son los dos pilares fundamentales de la regulación de la experimentación sobre seres humanos. Esta Declaración consta de una introducción y de tres apartados: principios básicos, investigación médica combinada con la atención médica e investigación biomédica no terapéutica.

Por su parte, el Convenio de Oviedo del Consejo de Europa se basa en los siguientes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

• El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950;

• El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales del 16 de diciembre de 1966;y

• La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.

E. Hay que mencionar que la clonación es la acción de reproducir a un ser de manera perfecta en el aspecto fisiológico y bioquímico de una célula originaria, quiere decir que a partir de una célula de un individuo, se crea otro exactamente igual al anterior, ya que los caracteres que puede mostrar un ser humano se deben a los genes que ha heredado de los progenitores.

Mediante la clonación se obtiene que el individuo tenga los mismos genes que el padre o la madre, la reproducción sexual se sustituye por la reproducción artificial, pero los genes los aporta una única persona, el individuo tendrá los mismos genes, pero está demostrado científicamente, que es posible que sus rasgos puedan oscilar.

Existen efectos éticos y jurídicos para prohibir la clonación, la duplicación de seres humanos es éticamente criticada debido a que no se respeta el sentido de la sexualidad humana y de una gran característica que nos diferencia de los demás seres: que somos únicos e irrepetibles.

En el ámbito genético, las especies evolucionan en forma constante y permanente, de manera que las generaciones sucesivas aprovechan las variaciones pretéritas, adaptándolas a sus nuevas necesidades, para luego trasmitirlas genéticamente a la generación siguiente y sucesivamente. Si se permite la repetición idéntica de dos seres,el material genético se trunca, lo cual implicara un serio riesgo para la supervivencia de la especie.

En la clonación de seres humanos se prescinde de gametos, es decir, provenientes de cada una de las células masculinas y femeninas cuya unión durante la fecundación da origen al huevo o a una nueva vida. No es éticamente aceptado que las personas sean rebajadas a cosas, creadas por un tercero bajo la condición de objeto fabricado en serie, como si fuera un producto. Es por ello que este fenómeno provoca un gran rechazo en el ámbito mundial.

El ser humano debe ser protegido para salvaguardar la integridad de la especie como valor en sí mismo y la dignidad de cada uno de sus miembros, ya que posee una identidad genética específica y su personalidad no puede reducirse únicamente a características genéticas y ser tratado como un objeto.

Así mismo la experimentación embrionaria contrae diversos aspectos éticos los cuales no salvaguardan al embrión así como la vida.

F. Es por lo anterior que México debe adherirse al Convenio destacando el siguiente objetivo:

• Reafirmar nuestro compromiso ante la comunidad internacional y el Consejo de Europa, así como nuestra búsqueda de salvaguardar y fomentar los derechos humanos.

• Evitar poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina.

• Respetar al ser humano como persona, asegurando investigaciones y actuaciones eficaces.

• Promover la cooperación internacional en esta materia.

• Reforzar el tema del consentimiento en materia de salud y experimentación, previa información adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como el respeto a la intimidad y el acceso a la información.

• Robustecer nuestra regulación en razón de la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con fines de trasplante, del Genoma Humano, la clonación de seres humanos así como la prohibición de lucro y utilización de una parte del cuerpo humano.

• Contar con mayores elementos para evitar que la clonación humana, el tráfico de órganos, experimentación sin consentimiento o mal informada, etc.

Es por lo anterior, que esta Comisión dictaminadora considera viable el punto de Acuerdo y observa que la adhesión a dicho Convenio y a su Protocolo Adicional por parte de nuestro país, representaría un gran avance respecto a salvaguardar y fomentar los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, Oaxaca.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de febrero de 2015,los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXII Legislatura, presentaron punto de Acuerdo que exhorta exhortar a la Secretaría de Salud así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los proponentes pretenden mediante proposición con punto de Acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud así como al gobierno del estado de Oaxaca, a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es tener la información necesaria de la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular este tema importante como lo es el saber el estatus de la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

C. Un hospital es un establecimiento sanitario destinado al cuidado de enfermos y al restablecimiento de la salud, atendido por profesionales de la medicina y personal sanitario calificado, que se encargan de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

En un hospital se puede encontrar diferentes servicios entre los cuales se destacan: servicios asistenciales médicos en diferentes áreas, internamiento de pacientes, cuidados de preventivos, de convalecencia y paliativos, exámenes clínicos, físicos, por imágenes y de laboratorio, intervenciones quirúrgicas menores y mayores, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y no invasivos, entre otros.

Los hospitales, se clasifican en diversas categorías según, el área geográfica de influencia, la calidad de recursos con que cuenta y la especialidad de su atención, dividiéndose en: hospitales públicos o privados, locales, regionales de alta especialidad, federales de referencia, nacionales, institutos especializados en cardiología, neurología, nefrología, neumología, hematología y oncología, oftalmología, pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía general y laparoscópica, traumatología, entre otros.

D. Con base en ello podemos considerar que el acceso a los servicios de salud es de suma importancia para el desarrollo y calidad de vida de una sociedad.

Por tal motivo, en el estado de Oaxaca se trabaja en consolidar un sistema de salud, moderno eficiente y justo, que garantice en todo momento su acceso, con servicios de calidad y al alcance de todos.

E. Lamentablemente, existen omisiones que forman parte de una serie de acontecimientos que han dejado de manifiesto la inadecuada infraestructura hospitalaria de la entidad, la falta de camas y medicamentos, asimismo, la carencia de médicos, especialistas y personal de enfermería que existe en las comunidades y regiones del estado de Oaxaca.

Ante esta problemática, el5 de febrero de 2014 se colocó la primera piedra del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, el cual contará con 60 camas y beneficiará a más de 117 mil habitantes de la región Mixteca, esto será posible con una inversión de 285 millones de pesos y que se construirá en una superficie de 30 mil metros cuadrados y contará con los servicios de consulta externa, urgencias, terapia intermedia, diálisis y unidad de cuidados intensivos, autoridades estatales anunciaron su construcción.

F. Por lo anterior, la finalidad del proyecto en su conjunto, es garantizar el acceso a los servicios de salud, así mismo se deberán atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para generar las condiciones de operación clínica que prevengan la atención de emergencias obstétricas.

Se debe dar certeza de brindar el servicio de salud con calidad en esta región ya que ello representará un avance en la salud y mejor calidad de vida. Por ende, es que esta Comisión dictaminadora considera viable el punto de Acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones y conscientes de la importancia del cumplimiento por parte del gobierno del estado de Oaxaca en sus obligaciones básicas en materia de salud, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud así como al gobierno del Estado de Oaxaca, para que se presente ante esta Soberanía un informe sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud en la entidad.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, en torno al tratamiento de cáncer renal.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Secretaria de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la inclusión del tratamiento de cáncer renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de marzo de 2015, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la inclusión del tratamiento de cáncer renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo que somete la proponente, pretende exhortar a la Secretaria de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la inclusión del tratamiento de cáncer renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

B. El Cáncer renal comprende del 2 al 3% de todas las neoplasias, presentándose en población promedio de 65 años. Así mismo cabe decir que cerca del 90% de los tumores renales son canciroma de células renales, y de ellos el 85% corresponde a canciroma de células claras.

Los factores de riesgo comúnmente identificados son:

• Obesidad

• Tabaquismo

• Hipertensión

• Cuestiones clínicas hereditarias

• Síndrome de Birt- Hogg- Dube

• Leimiomatosis hereditaria

• Exclerosistuberrosa

Cabe hacer mención que el cáncer de células renales (también llamado cáncer de riñón o adenocarcinoma renal) es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón (en la corteza renal).

El carcinoma de células renales tiene 5 tipos histológicos:

1. Células claras, representan un 75% de los casos, tienden a tener origen en el túbulo proximal y se presentan con tumores de células inusualmente claras por el citoplasma rico en glucógeno y lípidos. Es generalmente el tipo de cáncer renal con modificación genética, por lo general una deleción en el cromosoma 3.

2. Tumores cromofílicos o papilares, representan un 15% de los carcinomas de células renales, tienden a ser bilaterales o multifocales y pueden tener una trisomía 7 y/o 17. Crecen en forma papilar y por lo general provienen de células del túbulo proximal de la nefrona.

3. Células poligonales largas, a pesar de tener un citoplasma pálido, tiende a ser reticular, tienen un curso indolente y forman tumores sólidos o sarcomatoides. Tienden a ser células hipodiploides y provienen de células del conducto colector cortical. Representan aproximadamente 3% de los carcinomas de células renales.

4. Oncocitoma renal, consiste predominantemente de células eosinofílicas que raramente causan metástasis y no exhiben citogenética como las anteriores. Constituyen un 3% de los casos y provienen de células del conducto colector cortical.

5. Carcinoma de células colectoras, es una variante poco frecuente, usualmente menos del 2% caracterizado por un curso clínico agresivo de células que provienen del túbulo colector medular.

C. El Cáncer Renal a pesar de que ocupa el lugar catorceavo lugar en incidencia y el dieciseisavo en mortalidad a nivel mundial. La tasa de incidencia es de 15.1 por cada 100,000 habitantes, con una edad media de aparición de 64 años.

En México satos del INEGI, reportaron 74.685  muertes por cáncer en 2010 (13% muertes en México) de las cuales 2,193 (2.5%) son por este tipo de Cáncer, ubicándose  en el doceavo lugar en nuestro país, con un índice de fatalidad de 0.52, es decir, el 50% de los pacientes muere a causa de este padecimiento al año. El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHPNM 2003) advierte que hasta 30% de los pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que, después de la nefrectomía, entre 20% y 30% de los pacientes desarrolla metástasis. Las metástasis pulmonares son las más frecuentes presentándose entre el 50-70% y el tiempo medio de recurrencia es de 1 a 2 años.

D. El Cáncer Renal no es un conjunto de tumores que comparten su origen histológico. Afortunadamente el 85% de los cánceres de células renales son adenocarcinomas, en su mayoría de origen tubular proximal. La mayoría de los restantes son carcinomas de células de transición de la pelvis renal.

E. En la actualidad, la mayoría de los tumores renales son asintomáticos y se detectan accidentalmente durante un examen de imagenología, por lo general, en busca de causas no relacionadas.

Otros signos pueden incluir:

• Color anormal de la orina (marrón, rojizo, cobre, etc) debido a la aparición de hematíes en la orina.

• Pérdida de peso y apariencia malnutrida.

• El principal síntoma puede ser debido a una enfermedad metastásica, tal como la fracturapatológica de un hueso por diseminación ósea.

• Varicocele o agrandamiento de un testículo por bloqueo de la vena gonadal, por lo general del lado izquierdo debido a la compresión por el tumor de la vena renal-la vena gonadal drena directamente a la vena cava inferior.

• Anormalidades en la visión.

• Palidez por hipervolemia.

• Hirsutismo- crecimiento excesivo de vello en las mujeres.

• Estreñimiento

• Hipertensión arterial

• Valores elevados de calcio (Hipercalcemia)

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, con fundamento en los artículos 28 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud, incluya el “tratamiento de cáncer renal”, al fondo contra gastos catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud para cáncer renal.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, con fundamento en el artículo 77 bis 5 inciso a) fracción III de la Ley General de Salud, emita los manuales operativos correspondientes a efecto de que el grupo “Cáncer Renal” se haga efectivo y cumpla con la normatividad aplicable al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que emita los lineamientos correspondientes para que a través del Seguro Popular se atiendan los siniestros relacionados con el grupo “Cáncer Renal”.

COMISIÓN DE SALUD





 

Otro, relativo a un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para el tratamiento del labio y paladar hendido.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la creación de una norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de marzo de 2015, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la creación de una norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición de mérito señala la importancia del tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido, por lo que presenta un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, para que sea analizado por la Secretaría de Salud y en su caso tomado en cuenta para dicho padecimiento.


III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, conforme a su Informe Técnico No. 438, de los Factores Genéticos y Malformaciones Congénitas, en lo que respecta al labio leporino y el paladar hendido, señala que las malformaciones del tubo neural son causas de mortalidad muy importantes durante la vida intrauterina y en los infantes recién nacidos.

Las tasas de frecuencia varían entre 0,6 y 1,6 por cada mil nacimientos, en su mayoría afecta al género masculino y algunos de los factores externos que pueden desencadenar en estos padecimientos tienen que ver con la exposición de la madre a la rubeola o diabetes.

Además de lo anterior existen factores genéticos que ocasionan estos padecimientos, entre los que se encuentran los Genes mutantes, las aberraciones cromosómicas entre otras causas multifactoriales.

B. El paladar hendido y el labio leporino, se manifiestan físicamente, cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, durante los primeros meses de embarazo de la mujer, generalmente por las causas que ya señalamos.

Además de la complicación física, también puede haber complicaciones para comer, hablar, infecciones de oídos que pueden llevar hasta la pérdida de la audición y problemas con la alineación de los dientes.

Como bien señala la legisladora proponente, la Norma Oficial Mexicana NOM 034SSA2-2010 Para la Prevención y Control de los defectos del Nacimiento, en sus numerales 3.28 y 7.2.3.3, se refieren al paladar hendido de manera aislada.

Y esta Comisión coincide con la proponente en que el tema debe ser analizado y atendido de manera integral, e incluirse en la atención médica integral, dadas las complicaciones que se pueden originar a partir de una atención tardía.

Finalmente por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a tomar en consideración el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que se anexa al presente como propuesta, para el tratamiento del labio y paladar hendido e informe a esta Soberanía al respecto las acciones que se están realizando para brindar una atención adecuada a quien padezca de paladar hendido.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las políticas y estrategias en materia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a que en el marco de los programas de atención a la salud de niños y adolescentes, implementen estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes tipo 1.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de Marzo 2015, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al centro nacional para la salud de la infancia y la adolescencia a que en el marco de los programas de atención a la salud de niños y adolescentes, implementen estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes tipo 1.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública como lo es la Diabetes, por ello la preocupación del proponente es que con esta proposición con punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud y al centro nacional para la salud de la infancia y la adolescencia a que en el marco de los programas de atención a la salud de niños y adolescentes, implementen estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes tipo 1.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con punto de Acuerdo, como lo es el combate a la diabetes tipo 1, es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana.

B. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

En el mismo sentido, la diabetes es un padecimiento que se puede prevenir, o en su caso retardar su aparición, vinculado a dicha enfermedad, se debe advertir a la población acerca de los riesgos de la obesidad y el exceso de peso, mediante un plan de alimentación saludable y actividad física adecuada.

C. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen más de 371 millones de personas que padecen diabetes; 4 de cada 5 personas viven en países de ingresos bajos y medios; la mitad de las personas que padecen la enfermedad no están conscientes de su condición; la mitad de los fallecimientos atribuibles ocurre en personas con menos de 60 años de edad; 4.8 millones de fallecimientos y 471 miles de millones de dólares en gastos sanitarios fueron atribuibles a este padecimiento en el 2012. 

D. Por otra parte, la Federación Mexicana de Diabetes publicó los siguientes datos en torno a esta enfermedad, con base en la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012:

• La diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México.

• 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes.

• La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2%, en tanto que en la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 fue de 4.6% y, en 2006 fue de 7.3%.

• La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años.

• Los estados con prevalecías más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

• Esta enfermedad representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones.

• El incremento en la actividad física, la adopción de una dieta adecuada y la reducción de peso, disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre el 34% y 43%.

Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%), señala:

• Poco más del 80% recibe tratamiento.

• 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 2006 únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control).

• 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas.

• El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud).

• 24.7% está en riesgo alto y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer las complicaciones.

• 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial.

• Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e hipertensión.

• Son bajos los porcentajes de la población que se realiza mediciones de hemoglobina glucosilada y microalbuminuria, además de la revisión de pies.

• En nuestro país, el 23 de noviembre de 2010, la Secretaría de Salud expidió la NOM 015- SSA2- 2010para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus que establece los procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

E. Por su parte la Diabetes tipo 1, es causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la insulina que necesita. No se sabe por qué ocurre esto, la enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero generalmente se presenta en niños o adultos jóvenes.

Las personas con este tipo de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los niveles de glucosa en sangre ya que sin insulina, una persona con diabetes tipo 1 puede morir. Este tipo representa el 3-5% del total de casos de diabetes en el mundo.

F. La diabetes tipo 1 es una de las afecciones endócrinas y metabólicas más comunes en la infancia. El número de niños que desarrollan este tipo de diabetes está aumentando rápidamente cada año, especialmente entre los niños más pequeños.

Para las personas con diabetes tipo 1 el tratamiento con insulina es necesario para la supervivencia y es para toda la vida. Una persona con diabetes tipo 1 tiene que seguir un plan de autocontrol estructurado, incluyendo el uso de la insulina, el control de la glucosa en la sangre, actividad física y una dieta sana.

G. De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 8.2% de la población entre 20 y 69 años de edad, padece diabetes, y cerca del 30% de los individuos afectados, desconoce que tiene dicho padecimiento. Es importante señalar que una importante proporción de personas, desarrolla dicho padecimiento antes de los 45 años de edad, situación preocupante para cualquier gobierno.

Son cifras que no podemos pasar por alto, por ello es importante la creación de acciones preventivas que realizan los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para su detección, diagnóstico, tratamiento y control.

H. Sin duda, las acciones de prevención y detección son prioritarias para que niños y jóvenes no desarrollen esta enfermedad. Por ello se considera necesario que se exploren diversas opciones de políticas públicas enfocadas en proporcionar la información necesaria a la población respecto de la diabetes tipo 1, pues ello permitiría a los familiares detectar los síntomas y acudir a los centros de salud para detectar de forma oportuna esta enfermedad.

La detección oportuna cobra relevancia, dado que la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 detectan la enfermedad, cuando ya presentan complicaciones como la Cetoacidosis diabética (CAD) que ocurre cuando una persona tiene niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre, una severa falta de insulina y un incremento de las hormonas que trabajan contra de las acciones de la insulina (glucagon, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento), lo que conduce a la descomposición de la grasa para energía, y como resultado, hay sustancias químicas (cetonas)que se acumulan en la sangre y la orina.

Es por ello esta comisión dictaminadora está de acuerdo con el proponente a que se realicen estrategias y acciones de detección oportuna de la diabetes tipo 1 y con ello poder contrarrestar el avance de esta enfermedad en nuestra sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que envíe un informe relativo a las políticas y estrategias en materia de Diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a que en el marco de los Programas de Atención a la Salud de niñas, niños y adolescentes, implemente estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la Diabetes tipo 1.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como el reforzamiento de campañas de difusión y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de febrero de 2015, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición de mérito señala la importancia del tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido, por lo que presenta un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, para que sea analizado por la Secretaría de Salud y en su caso tomado en cuenta para dicho padecimiento.

III. CONSIDERACIONES

A. El tamiz neonatal ampliado, para la detección de errores innatos del metabolismo, es un estudio con el objetivo de detectar la presencia no manifestada derivados de:

• Trastorno de metabolismo de los aminoácidos;

• Trastornos de la oxidación de ácidos grasos;

• Hemoglobinopatías;

• Grupo Mixto de trastornos como: Hipotiroidismo suprarrenal congénita, pérdida de la audición, Fibrosis Quística, entre otros.

El diagnóstico de éstos y más padecimientos, desde el nacimiento del bebé, puede prevenir y paliar la presencia de ciertos padecimientos que modificarían la vida del infante y la persona adulta si no se tratan con oportunidad.

De acuerdo con el Censo 2010 en México residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo. No obstante, las niñas y niños con menos de un año de edad es de 2 millones y en ellos resulta crucial la implementación de políticas que permitan su sobrevivencia.

En el mismo sentido se destaca que datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2011 fallecieron 13.7 niños y niñas menores de un año por cada mil nacimientos, siendo Guerrero, Chiapas y Oaxaca las entidades con las tasas más altas (por encima de las 17 defunciones por cada mil).

Las principales causas de muerte, conforme al registro de defunciones 2011, indican que las tres primeras causas en los niños menores de un año son las infecciones originadas en el periodo perinatal (51%), las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (23.4%) y la neumonía (4.6%), que en conjunto representan ocho de cada diez fallecimientos. En cuanto a las causas de muerte, el grupo de 1 a 4 años muestra una estructura muy parecida a las que se presentan durante el primer año de vida, pero con intensidades diferentes: uno de cada siete (15.6%) fallece por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; le siguen los accidentes de transporte (7.8%) y la neumonía (6.8%), que en conjunto, representan 30.2% de las defunciones ocurridas en este grupo de edad.

Aunado a lo anterior, uno de los principales desafíos en México es garantizar que todas las niñas y niños gocen de buena salud y de una buena calidad de vida. En México, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2010), 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

B. De igual manera, cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, indican que 520 mil niños y niñas de 0 a 14 años tienen dificultades para la realización de tareas de la vida diaria. Ellos representan 9.1% de la población con discapacidad y 1.6% del total de niños del país. La discapacidad más frecuente se relaciona con las limitaciones para caminar o moverse (29.5 por ciento); le siguen las dificultades para hablar (28.3%), la limitación mental (19.3%), la dificultad para ver (17.8%), poner atención (15.9%), escuchar (7.4%) y atender su cuidado personal (7.3 por ciento). Por grupos de edad, de 0 a 4 años sobresalen las discapacidades para caminar o moverse (44.2%) y hablar (30%); de 5 a 9 años, para hablar (32.9%) y caminar (28 por ciento); mientras que de 10 a 14 destacan las dificultades para caminar (25.4%), hablar (23.4%) y ver (22.0 por ciento).

Conforme a lo anterior, ha resultado necesario establecer estrategias de detección temprana y tratamiento oportuno para atender de manera preventiva la discapacidad y enfermedades que puedan afectar el mejor desarrollo de niñas y niños.

En este sentido, uno de los derechos más fundamentales cuando un niño o niña nacen es garantizar su derecho a la vida y consecuentemente su derecho a la salud, a la supervivencia y al desarrollo. Es por ello, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recientemente publicada, establece que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, la supervivencia y el desarrollo y a gozar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad.

Para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a realizar acciones que garanticen el desarrollo y a prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia. Así mismo, a reducir la morbilidad y mortalidad, a asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesaria, haciendo hincapié en la atención primaria y a promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y nutrición, entre otras.

Bajo este contexto, nuestro país ha implementado políticas de carácter preventivo como el tamiz neonatal, el cual, es un examen que se realiza en México desde 1974 que consiste en obtener unas gotas de sangre del cordón umbilical o del talón del pie del recién nacido para detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste, además de que permite iniciar un tratamiento adecuado y evitar consecuencias graves para la salud y el desarrollo de niñas y niños desde una discapacidad física, mental o hasta la muerte.

c. Desde enero de 2013 con la entrada en vigor de la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, se realiza la prueba de tamiz neonatal ampliado para los recién nacidos en hospitales del sector público, el cual tiene como objetivo la detección de errores innatos del metabolismo (EIM). Algunos estudios [*] señalan que en México el tamiz neonatal ampliado se realiza para detectar cuatro enfermedades: hipotiroidismo congénito, galactosemia clásica, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita.

En 1988, la Secretaría de Salud emitió una norma técnica que estableció la prevención del retardo mental causado por hipotiroidismo congénito a través de la realización del examen de tamiz a todos los recién nacidos, y quedó incorporada con carácter de obligatoriedad en la Norma Oficial Mexicana en 1995.

Sin embargo, los resultados del tamiz neonatal ampliado, han demostrado que si se realiza para la detección de 54 enfermedades o más, es conveniente primero, realizar pruebas especiales para cada padecimiento que nos indique el tratamiento disponible, ya que la frecuencia de los EIM tiene importantes variaciones regionales y poblacionales.

El Hospital infantil de México señala, que dado que el tamiz neonatal es un programa de salud pública, para su aplicación se requiere tanto de financiamiento como de los mecanismos logísticos de las agencias gubernamentales, en virtud de que las decisiones sobre el camino que dicha práctica sigue, son tomadas de manera general por los encargados de las instancias del gobierno que dirigen el programa.

Actualmente en México, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaria Salud es el encargado de operar el programa de tamiz neonatal, no obstante, el sistema de salud en nuestro país resulta complejo e incluye a múltiples instituciones, cada una de ellas con distintas fuentes de subvención y con sus propios lineamientos, y en el caso específico del tamiz neonatal, no existe un convenio que unifique las políticas interinstitucionalmente sobre el tamiz neonatal en nuestro país.

Un estudio elaborado por la Secretaría de Salud en conjunto con otras instituciones, señala que en México, entre 2001-2002, se encontró una prevalencia del 4.12 casos por cada 10,000 recién nacidos con respecto al hipotiroidismo congénito. De igual manera establece que la incidencia con respecto a este trastorno reportada por el Instituto Nacional de Perinatología de 1997 a 2003 fue dos a tres veces mayor que la reportada a nivel nacional, sin embargo el estudio fue realizado en mujeres de alto riesgo.

Al respecto la Ley General de Salud establece un capítulo específico para la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. Además de que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende diversas acciones entre ellas:

La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; la aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar, entre otras.

No obstante, especialistas en la materia han señalado que “él éxito continuo de los programas de tamiz metabólico ampliado depende del desarrollo de las capacidades de vigilancia y mejora continua. Además, los resultados de salud de los niños afectados por estos trastornos deben ser monitoreados para tener una mejor comprensión de la respuesta de los tratamientos clínicos y para la elaboración de nuevos enfoques de tratamiento”.

Para lograr estos objetivos, también es fundamental la sensibilización, educación, preparación y compromiso del personal de salud involucrado en el proceso (enfermeras, médicos, pediatrías, endocrinólogos, médicos especialistas, técnicos, trabajadoras sociales, etc.), así como la difusión y sensibilización dirigida a la población en general.

Actualmente en México, a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002 el tamiz neonatal debe practicarse de manera obligatoria por el personal de salud que brinda atención en el campo de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, resulta una preocupación de la que suscribe la necesidad de difundir y promover el toda la población, especialmente en la mujeres embarazadas la relevancia del tamiz neonatal, así como informarlas durante las consultas prenatales de la importancia y beneficios de esta prueba en los recién nacidos.

Finalmente por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud diseñe e implemente acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como el reforzamiento de campañas de difusión y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos, dirigida a la población en general y de manera más específica a las mujeres embarazadas.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe puntualmente a esta Soberanía sobre los resultados e impacto en la salud de la población que ha tenido el programa de tamiz neonatal ampliado que opera el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, relativo al VIH-SIDA.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de Acuerdo, que exhortan a la Secretaría de Salud Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas con VIH-SIDA y prevenir la discriminación.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de marzo de 2015, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza todo tipo de discriminación en contra de las personas que viven con VIH.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 24 de marzo de 2015, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud a las personas con “VIH” en dicho estado.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes consideran importante que la Secretaría de Salud refuerce acciones para prevenir y erradicar la discriminación hacia las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humano.

Así mismo, se propone una serie de acciones, con la finalidad de que la Secretaría de Salud en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, garanticen el abasto oportuno de medicamentos para personas con VIH-SIDA, así mismo que exista el personal profesional de la salud suficiente y capacitado para la atención adecuada de las personas con este virus y la instalación de establecimiento de salud, para la atención de esta enfermedad.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Dicha enfermedad es considerada como un grave problema de salud pública a nivel internacional, con mayor prevalencia en países de ingresos bajos y medios.

Tan solo en 2012, se reportó un total de alrededor de 10 millones de personas que estaban recibiendo terapia antirretrovírica en países de ingresos bajos y medianos, no obstante, existen alrededor de 16 millones de personas con las condiciones para recibir dicha terapia y no tienen acceso. En total, con cifras de la OMS, en 2012 había 35.3 millones de personas infectadas por el VIH, de las cuales hay 2.1 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Se estima que ese año hubo aproximadamente 2.3 millones de nuevas infecciones y 1.6 millones de decesos.

En el mismo sentido, se calcula que en 2012 había alrededor de 3,34 millones de infantes infectados a causa de la transmisión materno-infantil durante el embarazo, el parto o la lactancia, con una prevalencia en niños de 700 infecciones diarias.

B. Actualmente en México, de acuerdo con la Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos de Sida al Primer Trimestre de 2014, de la Dirección General de Epidemiología, se han notificado desde 1983 a 2014, un total de 170 mil 963 casos de VIH-SIDA, de los cuales permanecen con vida 115 mil 862, (65 mil 365 con Sida y 50 mil 497 con VIH). En 2013 se diagnosticaron poco más de 10 mil casos con una tasa de mortalidad de 4.2 por ciento, es decir, alrededor de 4 mil 974 defunciones.

Así mismo se destaca que las entidades federativas con mayor incidencia son:

Casos de Sida por cada 100/mil hab.

Casos de VIH por cada 100/mil hab.

Campeche

5.4

Yucatán

4.9

Chiapas

3.6

Campeche

3.7

Yucatán

3.6

Distrito Federal

3.4

Guerrero

3.5

Oaxaca

2.6

Morelos

3.0

Tamaulipas

2.6

De los casos notificados por Sida, el 82.1% son hombres, lo que equivale a poco más de 140 mil personas y el 17.9% son mujeres, lo que equivale a poco más de 30 mil personas. En el mismo sentido, de acuerdo con el tipo de transmisión, el mayor número de casos lo concentra, la transmisión sexual.

C. En materia del tratamiento del VIH, se utilizan los antirretrovirales, que consisten en la combinación de dos o tres medicamentos que tienen como objetivo reducir la carga viral en la sangre del paciente e impedir que el virus ataque al sistema inmunológico, para evitar el contagio de enfermedades que ataquen letalmente a una persona que padece VIH.

El control viral restaura y preserva la función inmune de los individuos, disminuye la morbi-mortalidad relacionada o no al SIDA, mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de transmisión. Estos beneficios requieren la prescripción oportuna de la terapia, la vigilancia de su efecto supresor viral sostenido y la prevención de complicaciones relacionadas a los fármacos antirretrovirales.

El tema del tratamiento para personas con VIH, es un tema sumamente importante que conlleva a una corresponsabilidad entre las instituciones de salud, que deben contar con la disponibilidad de medicamentos para su población objetivo y los pacientes que deben ser constantes en seguir dicho tratamiento.

Lo anterior se debe destacar, ya que la toma de retrovirales que no es constante, puede derivar en una resistencia a los medicamentos por parte del organismo y por ende, perder su efectividad, dicha constancia en el tratamiento, solo se logrará si el paciente encuentra disponible el medicamento en su institución de salud y si los pacientes son constantes con su tratamiento.

D. En materia de infraestructura a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, se han impulsado los denominados Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, CAPASITS, que tienen como finalidad proporcionar servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria, a través de éstos, también se logra el acceso a tratamiento antirretroviral, sin importar que no cuenten con cobertura algún tipo de seguridad social. Y los Servicios de Atención Integral SAI, se encuentran instalados en hospitales, ambos otorgan los siguientes beneficios para las personas con VIH o enfermedades de transmisión sexual:

• Atención Médica Integral (hombres, mujeres, mujeres embarazadas e infantes)

• Medicamentos Antirretrovirales (GRATUITOS)

• Atención Psicológica;

• Enfermería;

• Trabajo Social;

• Estudios de Laboratorio, y

• Talleres de Adherencia

Actualmente existen en nuestro país 75 CAPASITS, con por lo menos uno por entidad federativa y 61 SAI, donde encontramos que 12 entidades federativas como Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Campeche y Baja California Sur, no cuentan con SAI, y que de ellas, 4 son entidades que ya se señalaron como aquellas que tienen una alta prevalencia de VIH-SIDA en su población.

F. Finalmente pero no menos importante, se debe destacar que desde 2001, se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1º, la prohibición de la discriminación de cualquier tipo, entro otros, precisamente la discriminación motivada por las condiciones de salud, siendo un derecho humano, coincidimos que la falta de información hacer de enfermedades como el VIH-SIDA, pueden ocasionar una serie de conductas discriminatorias a las personas que portan dicho virus.

Sin embargo, se considera importante que la Secretaría de Salud informe a la población en la materia, de manera integral, tanto tipos de transmisión del virus como riesgos al estar infectado y de esta manera concientizar a la población en general sobre las formas en que puede ser contagiado y prevenir y eliminar la discriminación a estas personas en cualquier contexto social, sea desde el seno familiar, hasta el ámbito escolar o laboral, por señalar algunos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, se pronuncia en contra de cualquier tipo de discriminación hacia las personas que viven con VIH-SIDA.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se realicen las acciones de capacitación y sensibilización, para los servidores profesionales de la salud, enfocada en los derechos humanos de pacientes con VIH-SIDA, para erradicar todas las formas de discriminación hacia estas personas.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Quintana Roo para que en conjunto realicen las acciones necesarias para garantizar el abasto oportuno de antirretrovirales, en el Estado de Quintana Roo.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Quintana Roo a garantizar elpersonal profesional de la salud, suficiente para el otorgamiento de los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y en los Servicios de Atención Integral para Personas con VIH.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Quintana Roo, para que se evalúe la pertinencia de instalar un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, en Playa del Carmen y en F. Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo, para facilitar a los pacientes el acceso al tratamiento y evitar así que lo abandonen.

SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que se evalúe la pertinencia de instalar el Servicio de Atención Integral en algún establecimiento de salud de la localidad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo y se impulsen Servicios de Atención Integral en las entidades federativas que aún no cuentan con ellos, como Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Yucatán.

SÉPTIMO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de Seguridad Social, a evaluar la pertinencia de instalar una Clínica de Sida en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, para facilitar a los pacientes el acceso al tratamiento y evitar así que lo abandonen.

OCTAVO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Quintana a que en cumplimiento con el compromiso hecho por el estado durante el “Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH” se celebró en la Ciudad de México del 26 al 28 de mayo de 2014, de detectar para el 2020 el 90% de las personas con VIH que viven en el país, refuerce las acciones pertinentes para la detección de estas de estas personas por medio de pruebas rápidas.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Otro, por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que pueden sufrir esta práctica.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de febrero de 2015, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo mediante el cual el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que pueden sufrir esta práctica.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de Acuerdo, que el Senado de la República se pronuncie a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que pueden sufrir esta práctica.


III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto, materia del punto de Acuerdo, como lo es el hecho por el cual el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que pueden sufrir esta práctica, es de suma importancia para esta Comisión.

B. La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la resección entendida como la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.

Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

Por consecuente y con el fin de sensibilizar acerca de esa práctica, la Organización Mundial de la Salud declaró el 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, ya que la mutilación genital femenina, del tipo que sea, se considera una práctica dañina y una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

C. Aunado a lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de diciembre del 2012, una resolución unánime prohibiendo la práctica de la mutilación genital femenina.

Este hito fundamental del proceso de erradicación de las prácticas dañinas y de las violaciones, que constituyen una seria amenaza para la salud de las mujeres y de las niñas, fue aprobado por los 194 Estados Miembros de la ONU que adoptaron a su vez otras cinco resoluciones en la Asamblea General sobre los derechos de las mujeres, incluyendo una resolución sobre la intensificación de los esfuerzos mundiales para eliminar la mutilación genital femenina.

La resolución sobre la mutilación genital femenina insta a los países a condenar todas las prácticas dañinas que afecten a las mujeres y a las niñas, en especial las mutilaciones genitales femeninas y a tomar todas las medidas necesarias, inclusive el hacer cumplir las leyes, llevar a cabo campañas de concientización y asignar suficientes recursos para proteger a las mujeres y a las niñas de esta forma de violencia.

D. Hay que señalar que la Mutilación Genital Femenina, no aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas, sino que la perjudica de formas muy variadas. Como implica la resección y daño del tejido genital femenino normal y sano, interfiere con la función natural del organismo femenino, sus complicaciones inmediatas se encuentran el dolor intenso, choque, hemorragia, tétanos, retención de orina, llagas abiertas en la región genital y lesiones de los tejidos genitales vecinos.

Es menester mencionar que las consecuencias a largo plazo pueden consistir en infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones del parto y muerte del recién nacido e incluso llegar a la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando el procedimiento de sellado o estrechamiento de la abertura vaginal se debe corregir quirúrgicamente para permitir las relaciones sexuales y el parto. A veces se vuelve a cerrar nuevamente, incluso después de haber dado a luz, con lo que la mujer se ve sometida a aperturas y cierres sucesivos, aumentándose los riesgos inmediatos y a largo plazo.

E. En el mundo hay aproximadamente 140 millones de mujeres y niñas que sufren las consecuencias de la Mutilación Genital Femenina. Se calcula que en África se han sometido a esta mutilación aproximadamente 92 millones de niñas de 10 años o más.

Estas prácticas son más frecuentes en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países de Asia y del Oriente Medio.

F. Por otra parte en diciembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó sin voto una resolución para "intensificar los esfuerzos para la eliminación de la mutilación genital femenina. En ella, se pide a los Estados que desarrollen, apoyen y cumplan estrategias que prevengan esta práctica, incluyendo la formación de personal médico, trabajadores sociales y líderes locales y religiosos para asegurar que dan unos servicios competentes de apoyo y cuidado a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir esta mutilación o que ya la hayan sufrido. La resolución también destaca la necesidad de que este asunto se incluya en la agenda del desarrollo posterior a 2015.

G. Se debe aclarar que en México, en nuestras leyes fundamentales así como en normas y convenios internacionales a los que se ha adherido, se encuentran protegidos los derechos fundamentales que cobijan a las mujeres y niñas.

Asimismo se destaca que éstos se ubican en la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Americana sobre los Derechos del Niño, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el cual es un ordenamiento muy importante que salvaguarda los derechos en específico de este sector vulnerable.

Es por ello que esta comisión Dictaminadora coincide con la proponente y considera viable el punto de Acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la Mutilación Genital Femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que puedan sufrir esta práctica.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, cuatro proposiciones con punto de Acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a adoptar las medidas necesarias para combatir la fiebre Chikungunya (virus del dolor) así como exhortar al Gobierno de Chiapas a desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de marzo 2015, el Senador Luís Armando Melgar Bravo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 5 de marzo de 2015, el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias para combatir la fiebre chikungunya (virus del dolor).

3.-Con fecha 12 de marzo de 2015, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y al Estado de Chiapas, a emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico con pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA); campañas oficiales sobre las acciones preventivas que las personas deben tomar para evitar el contagio del virus; y el alivio de los síntomas por medio de las directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores, publicado por la Organización Mundial de la Salud.

4.- Con fecha 18 de marzo 2015, el Senador Luís Armando Melgar Bravo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en el estado de Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Con mismas fechas, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los puntos de Acuerdo de mérito, para realizar el estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los cuatro puntos de Acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto de salud pública, como lo es emprender acciones urgentes en contra de la fiebre del virus Chikungunya (virus del dolor), por ello la preocupación de los proponentes es que con estas cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar las medidas necesarias para combatir la fiebre chikungunya.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la fiebre chikungunya (virus del dolor), es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana.

B. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares.

Este tipo de fiebre se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días.

C. Cabe señalar que la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y también con molestias gastrointestinales.

Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte.

D. Es de puntualizarse que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del virus chikungunya, además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros malestares, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas; como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde éste es frecuente. El primer caso del virus del chikungunya en México fue registrado el 25 de junio de 2014. Cabe aclarar que la enfermedad es típica del continente Africano y que fue en diciembre de 2013 cuando se detectó por primera vez la transmisión del virus del chikungunya en el continente americano.

En ese mismo tenor, ésta enfermedad no ha logrado obtener de las autoridades en materia de salubridad, las acciones suficientes, no sólo para prevenir la expansión rápida de la misma en el territorio nacional, por el movimiento migratorio de los estados más aquejados, sino para el aislamiento y solución de los casos reportados actualmente.

E. Al mes de febrero del presente año, en el estado de Chiapas se han registrado 146 casos de Fiebre Chikungunya, según lo reportado por la Secretaría de Salud de este estado.

Los estados con un alto índice de propagación nacional son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados que además de ser de los de mayor marginación en el país, tienen costas con el Océano Pacífico, y en los dos últimos, paso de migrantes centroamericanos.

F. Según los informes de la Secretaría de Salud para el periodo del primero de enero al 21 de febrero del presente año, hay registro de 200 personas contagiadas. Cabe resaltar que la mayoría de los afectados han sido personas del sexo femenino, con 117; es decir, el 58.5 por ciento general.

G. Dentro de las acciones por solicitar a las autoridades de salubridad, tanto federal como del Estado de Chiapas, se encuentran medidas de control larvario, nebulización terrestre, y rociado domiciliario en los municipios mayormente afectados, y las poblaciones de bajos ingresos que tienen una condición de marginación que los hace más vulnerables.

La enfermedad de chikungunya es una enfermedad aún más dolorosa que el dengue que prácticamente inhabilita a quien la padece y si bien es cierto que no es mortal, también es cierto que puede serlo cuando las personas infectadas padecen previos problemas de salud.

H. La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores es un importante factor de riesgo tanto para la fiebre chikungunya como para otras enfermedades transmitidas por las especies en cuestión. La prevención y el control se basan en gran medida en la reducción del número de depósitos de agua natural y artificial que puedan servir de criadero de los mosquitos.

Para ello es necesario movilizar a las comunidades afectadas, así como emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se atienda el brote de Chikungunya en Chiapas y asimismo se despliegue una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y su homóloga del Estado de Chiapas, a emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico con pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA); campañas oficiales sobre las acciones preventivas que las personas deben tomar para evitar el contagio del virus; y el alivio de los síntomas por medio de las directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores, publicado por la Organización Mundial de la Salud.

COMISIÓN DE SALUD.





 

Y otro que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de marzo de 2015, el Senador Miguel Romo Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente señala la importancia de coordinar esfuerzos entre la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, con la finalidad de informar a la población y prevenir el suicidio en México.


III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el suicidio es un fenómeno complejo que atrajo la atención de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos y artistas a lo largo de los siglos. En el mismo sentido destaca al respecto de este acto, que la investigación señala que la prevención del suicidio comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes e infantes, el tratamiento eficaz de los trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo además de la apropiada difusión de la información a través de campañas de sensibilización del problema para efectos de prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de cada 20 personas que intentan suicidarse, 1 lo logra, dicha tendencia aumenta en los jóvenes, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Si todos lograran sus intenciones, anualmente sucederían alrededor de 20 millones de suicidios.

B. En México, diversas entidades federativas en nuestro país han realizado acciones en favor de disminuir la tendencia suicida, de la siguiente manera:

• Colima: Su mayor problemática tiene que ver con los suicidios en personas adolescentes, principalmente aquellas entre los 15 y los 19 años de edad, para ello cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, mismo con el que se realiza un registro epidemiológico de los trastornos mentales más comunes en las tres jurisdicciones de la entidad; además, se lleva a cabo la capacitación en salud mental del 80% del personal de medicina, enfermería, psicología y trabajo social para la detección, diagnóstico y tratamiento oportunos de los problemas psico-sociales y los trastornos mentales que más frecuentemente se asocian con el comportamiento suicida. Además del anterior, se ejecuta en coordinación con DIF Colima, un programa denominado COMPARTE, con la finalidad de prevenir conductas suicidas en niñas, niños y adolescentes.

• Durango: La prevalencia de suicidio en dicha entidad federativa, corresponde a personas menores de 34 años de edad, desde 2008, se ha emprendido una lucha para reducir este problema, a partir del Programa Estatal de Prevención de Suicidio “Vida”, con el cual se logró una tendencia a la baja con una tasa de 72.9% muertes por causa de suicidio, a 46.75%, no obstante el transcurso para llegar a disminuir e porcentaje de suicidios en dicha entidad fue variable, lo que implica que es necesario continuar el trabajo en la misma dirección.

• Guanajuato: Su problemática se inclina en el caso de los hombres, al suicidio a edades cada vez menores y en mujeres al suicidio a través de armas de fuego. Por ello se implementó a partir de 2013, una línea telefónica gratuita para prevenir el suicidio, donde recibieron más de 18 mil llamadas y más de 66 casos de dichas llamadas, se encuentran en tratamiento. Además de contar desde 2007 con el Programa de Prevención y Atención a la Conducta Suicida y se ha destinado presupuesto por parte del Congreso local, que permite crear el Consejo Estatal de Salud Mental.

• Jalisco: Desde 2002 se llevan a cabo en torno a la problemática del suicidio, logrando en 2003, la firma del acta de intención de la Red Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en el Estado de Jalisco. Así mismo, para 2010, se inició la organización de las Redes Regionales para la Prevención del Suicidio a Interior del Estado. Además de contar con 2 Centros de Atención Integral en Salud Mental, 7 Centros Integrales de Salud Mental y 2 centros más en construcción.

• Nuevo León: A partir de 2005 se ha fortalecido el Programa de Atención a Conductas Autodestructivas, en sus componentes de recopilación de información y atención a las familias y comunidades de las personas fallecidas, lo que ha permitido conocer el comportamiento del fenómeno a través del tiempo y mejorar la calidad de atención a la comunidad.

• Oaxaca: Por su parte dicha entidad federativa, cuenta con un plan de intervención específico, en el que se contemplan acciones preventivas como la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y difusión de información en las Ferias de la Salud.

• Querétaro: Lleva a cabo la participación interinstitucional, para implementar el Modelo de Intervención Oportuna en Situaciones de Riesgo, para prevenir, atender y rehabilitar las conductas de riesgo, en la localidad.

• San Luis Potosí: Se logró la conformación del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Suicidio.

• Distrito Federal: Se han implementado acciones encaminadas a prevenir el suicidio y atender a quienes presentan trastornos de ansiedad y depresión; servicios que proporciona en los centros de salud y hospitales, con el apoyo del personal médico capacitado en materia de salud mental; también se brinda orientación telefónica a personas que lo solicitan a través de la Dirección de medicina a distancia de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

C. En el mismo sentido, México ocupa el cuarto lugar de países con los índices más altos en suicidios en América Latina, solo por debajo de Argentina, Brasil y Colombia. En las últimas 3 décadas pasó de una tasa de mortalidad de 2 por cada 100 mil habitantes, a una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes.

Actualmente 8 estados concentran cerca del 50% de los suicidios anualmente en el país, entre ellos:

1. Estado de México con 412 suicidios;

2. Distrito Federal con 371 suicidios;

3. Veracruz con 364 suicidios;

4. Jalisco con 357 suicidios;

5. Nuevo León con 285 suicidios;

6. Guanajuato con 276 suicidios;

7. Chihuahua con 245 suicidios y

8. Yucatán con 219 suicidios.

Además entre las formas más comunes de suicidio destacan el ahorcamiento con 78%; arma de fuego con 17% y envenenamiento con 5%.

De conformidad con los datos acumulados por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2010, perdieron la vida por causa de suicidio, 5012 personas, de los cuales 4091 fueron hombres y 921 fueron mujeres.

Aunado a ello, la Asociación de Psiquiatría Mexicana, señaló que el 80% de las personas que suicidaron tienen antecedentes de haber tenido acercamiento con algún médico, no obstante, la atención no fue la adecuada y el resultado fue el suicidio.

D. En el mismo tenor, de acuerdo con el Informe de Actividades 2011, Avances en la Prevención y Atención de las Adicciones, de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, señala que desde 2007 se inició una Red de Centros Nueva Vida, integrada por 330 establecimientos en 256 municipios de las 32 entidades federativas, que previenen el consumo de alcohol, tabaco y drogas y promueven la salud mental, para mejorar la calidad de vida de las personas.

Derivado de lo anterior se realizaron una Red de Ensayos Clínicos en Adicciones y Salud Mental en México, a través del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con la participación de Estados Unidos, a través de la Universidad de Miami, donde se ha desarrollado el entrenamiento y formación de un equipo de investigación especializado en el tema.

Lo anterior resulta importante, toda vez que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, encuesta que permite conocer la relación que existe entre el uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y salud mental, demostró que la razón por la cual la mayor parte de la población que asiste a un centro de tratamiento de adicciones, se debe al consumo del alcohol.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), 2012, hay una clara relación entre las adicciones y el suicidio, ya que de una muestra de 9 mil 467 casos de muerte, se observó que el 10.2% de las muertes se catalogaron como suicidio, en su mayoría bajo el influjo del consumo de alcohol en 16.3%; seguido de la marihuana con 12%; y otras sustancias como inhalables, heroína, cocaína, tranquilizantes, anfetaminas, tabaco y cristal.

Finalmente cabe señalar que la capacitación y sensibilización del profesional de la salud en primer nivel de atención médica, resulta sumamente importante para lograr identificar de manera oportuna las señales que indiquen que se trata de un paciente que necesita seguimiento y referencia a un nivel de especialidad psiquiátrica para tratar síntomas de depresión u otros trastornos mentales que puedan originar un suicidio.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se implemente una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

COMISIÓN DE SALUD.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas, para presentar el dictamen sobre poliomielitis.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, señor Presidente, muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

He solicitado la palabra el día de hoy para someter a consideración de ustedes, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, eficiente los recursos presupuestales y que difunda mayor información que sea oportuna a la población y que favorezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Señoras y señores Senadores: Como ustedes saben, la poliomielitis es una enfermedad contagiosa y que ha sido devastadora; es una enfermedad aguda que la causan tres tipos de virus y ataca principalmente al sistema nervioso, aquellos que controlan la cuestión de los músculos.

Es un padecimiento que se propaga por contacto directo y que en muchas ocasiones se multiplica por los contactos fecales y bucales, por contacto de las heces infectadas.

Yo creo que por ahí de 1940-1950, la poliomielitis fue una epidemia mundial, pero en las cuales se desarrollaron las vacunas contra esa enfermedad y que han incidido para que no se presente.

En 1988, en la XLI Asamblea Mundial de la Salud se adoptó la iniciativa de la erradicación mundial de la poliomielitis, encabezada por la Organización Mundial de la Salud, así como The Rotary International, y además se ha estado trabajando muy fuertemente para evitar que se presente esta enfermedad.

En México, de 1940 a 1980, se registraron entre 1,200 y 1,300 casos de poliomielitis, y gracias a las acciones oportunas en esta época, se puede considerar que en 1990 quedó erradicada esta enfermedad.

Actualmente, el sector salud federal tiene una cobertura de prevención y control superior al 95 por ciento en el territorio nacional.

Con todo y esto, las medidas siempre son necesarias para que no resurja esta enfermedad.

El pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Emergencia, presentó los datos más recientes y una evaluación de los progresos para detener la transmisión del poliovirus.

El comité consideró que la propagación internacional de la poliomielitis, en lo que va de 2014, constituye un evento extraordinario y supone un riesgo para la salud pública, por lo que se requiere una respuesta internacional coordinada.

Compañeros y compañeras: Aun cuando la poliomielitis está erradicada desde hace dos décadas en México, el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, que se celebró el 24 de octubre y que lo vamos a celebrar, es un marco ideal para convocar al sector salud a fortalecer las acciones de prevención y vigilancia, así como la erradicación de esa terrible enfermedad.

Por lo tanto, y por lo antes expuesto, se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, eficiente los recursos presupuestales y que difunda mayor información que sea oportuna a la población y que favorezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Oramas.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar el dictamen sobre hepatitis y varicela. Declina su participación.

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los dictámenes en su conjunto.

El Senador Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia, muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

A la Comisión de Salud llegaron tres propuestas con puntos de Acuerdo que en la reunión ordinaria de la semana pasada se aprobaron y que el día de hoy presentamos a su consideración una serie de dictámenes que van en el sentido y con el objetivo de apoyar las políticas públicas en materia de salud en México.

Yo presento a su consideración tres dictámenes, los tres de mi autoría, dos de ellos en el tema de prevención y tratamiento de una neoplasia que sigue siendo un problema importante de salud pública para la mujer, que es el tema del cáncer cervicouterino.

Y otro dictamen más en el tema de la hepatitis, y en especial la prevención y tratamiento de la hepatitis C, otro problema de salud pública importante en México y que cobra cada año muchas vidas de hermanos mexicanos.

En el tema de cáncer cervicouterino, estamos proponiendo a la Secretaría de Salud que, por ningún motivo, descuide la prevención de este problema que ahora ya después del cáncer de mama, sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico.

Que no lo descuide, en cuanto a que todas las unidades rurales, urbanas y, desde luego, unidades hospitalarias en el tema de la salud, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, Seguro Social y, desde luego, también aquellas clínicas que dependen directamente de gobiernos municipales, que cuenten con el equipo necesario para hacer la detección del cáncer cervicouterino, que muchas veces como ha pasado a segundo término, en algunos casos, no en todos, desde luego, se le ha ido descuidando y el material necesario para practicar la prueba básica que es la prueba de Papanicolaou, muchas unidades rurales y urbanas a veces no cuentan con el equipo necesario. Es el primer exhorto a la Secretaría de Salud para que siempre estas unidades estén provistas de este material.

En cuanto a la segunda propuesta, es para que en aquellas etapas que lamentablemente ya llegan en estado muy avanzado de cáncer cervicouterino, como son las etapas tres y cuatro, que haya la disponibilidad, por parte de todo el sistema de salud, para contar con todos los medios de tratamiento en lo que son métodos quirúrgicos por radioterapia, ya sea la tele, la radio o la braquirradioterapia; y, desde luego, también tratamientos por quimioterapia que se cuenten en todas las unidades ya de segundo y tercer nivel, que son las que hacen estos tratamientos, que se cuente con los elementos terapéuticos para tratar las etapas avanzadas y que se estén actualizando mediante la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento y el protocolo técnico para este problema, para esta neoplasia, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles en estas etapas tres y cuatro.

El tercer dictamen que pongo a su consideración, aprobado también por unanimidad, como los otros dos anteriores en la reunión ordinaria de la Comisión de Salud, van en el sentido de mejorar todos aquellos requerimientos necesarios a través del sistema de salud para la prevención de la hepatitis en México, que cada año está cobrando más de 30 mil lamentables defunciones, y que ya a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima la existencia, en el caso de la hepatitis más severa, que es la hepatitis C, de 170 millones de portadores crónicos, se calcula que aquí en México cerca del 2 por ciento de la población en nuestro país sea también ya portador de esta forma, de esta variedad de la hepatitis.

De tal manera que nuestra propuesta es que de parte de este Senado hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud para la introducción, primero, en lo que es el tema de prevención, que la Secretaría de Salud realice campañas de diagnóstico y concientización que permitan la detección temprana de riesgos y la implementación de acciones de prevención y control correspondiente en el caso de la hepatitis.

Pero también que el sector salud cuente ya con los recursos para la introducción de nuevos antivirales que han probado su eficacia ya en otros países y que actualmente no se cuenta con ellos en México.

Un tercer exhorto es para adquirir equipos de vanguardia en el diagnóstico de los problemas hepáticos precursores del cáncer hepático, como son la fibrosis, la cirrosis y el hígado graso, y que ahorita parte del diagnóstico es a través de métodos invasivos, como lo es la biopsia hepática, pero que se cuenta ya con equipos no invasivos que pueden llevar a cabo una cobertura más amplia para la detección temprana de estos problemas, y que muchas de las unidades, por no decir todas, aún no cuentan con estos nuevos equipos.

Estamos haciendo, también, un exhorto para modernizar clínicas y hospitales para que cumplan con los criterios y estándares de acreditación necesarios para proporcionar los servicios definidos en el catálogo de servicios de salud y fondo de gastos catastróficos, con la finalidad de ejercer recursos internacionales que están a disposición, pero que requieren que tengan esta certificación a través de lo que se conoce como “CIE-10”, o Clasificación Internacional de Enfermedades, en el tema de la hepatitis; y, finalmente, que se mejoren y se implementen.

El último exhorto es que estamos solicitando una información sobre los resultados de la implementación del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Hepatitis Viral en el Sector Salud, a efecto de contar con información veraz y confiable que permita la caracterización epidemiológica de estos padecimientos.

Con estos tres dictámenes que he descrito y que les he comentado, y que se suman a los otros que se están presentando el día de hoy por la Comisión de Salud, todos en beneficio de la salud de nuestros hermanos mexicanos, es, por tanto, compañeras y compañeros, que les pido su voto en apoyo y favor a todos estos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen sobre el gasto en salud de quienes carecen de cobertura.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores.

En nuestro país, uno de los obstáculos para ejercer integralmente el derecho a la salud sigue siendo el pago directo que las personas, principalmente quienes carecen de seguridad social, deben realizar para acceder a bienes y servicios sanitarios.

El gasto de bolsillo se define como la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos a solventar los distintos requerimientos de atención a la salud.

Una vez satisfechas sus necesidades alimentarias, prueba de ello es que el gasto proveniente directamente del bolsillo de las personas, fue la principal fuente de financiamiento del sistema de salud en México hasta el 2008.

El último avance conocido al respecto, reveló que en el 2010, el gasto de bolsillo representaba el 47.21 por ciento del gasto total en salud; sin embargo, para abatir este problema en nuestro país, se implementó el sistema de protección social en salud en el año 2004, con el fin de reducir el gasto de bolsillo entre los mexicanos.

Sin duda, este sistema ha avanzado en abatir la brecha en cobertura universal en salud, sin embargo, aún existe área de oportunidad respecto a este gasto. Es decir, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, más de la mitad del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias pese a la implementación del Seguro Popular, esto es bastante grave y delicado.

Como puede observarse, el gobierno mexicano gasta en salud una suma menor al promedio de los países miembros de la OCDE, siendo la mayor parte proveniente del gasto de bolsillo, ya que de cada 100 pesos, 79 tienen origen privado, y ese gasto de origen privado tiene su mayor origen en el gasto del bolsillo.

Cabe mencionar que el gobierno federal también ha aceptado que el gasto de bolsillo representa un aspecto negativo en la relación con el gasto de salud, y esto lo está señalando en el Programa Sectorial de Salud, en el que se puntualiza que en relación con la cobertura y el acceso a servicios de salud, que el gasto de bolsillo se mantiene del 50 por ciento a pesar de que México se ubica entre los países que proporcionan la mayor cobertura.

Por último, se debe mencionar que en relación con el gasto absoluto de salud, el gasto de bolsillo en medicamentos representa en promedio el 66 por ciento, existiendo diferencias importantes por clase de aseguramiento. Las personas con seguridad social gastan en promedio 65 por ciento, y los afiliados al Seguro Popular el 72 por ciento.

Lo anterior demuestra que profundizar en el acceso a los servicios de salud no necesariamente garantiza una reducción del gasto de bolsillo en medicamentos. De ahí surge la importancia de que el gobierno cuente con partidas específicas para suplir la demanda de medicamentos en las instituciones del sector salud, ya que pese a que reporta un amplio cumplimiento en el surtimiento de recetas, llámese IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, el gasto de bolsillo sigue teniendo una magnitud considerable y sus efectos sobre el acceso a medicamentos por parte de la población es tangible.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo a esta Honorable Asamblea, al exhorto a la Secretaría de Salud para que diseñe y aplique las políticas necesarias para reducir el gasto de bolsillo en las familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para referirse al dictamen sobre la enfermedad del Chikungunya.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros.

El pasado 25 de noviembre de 2014, presenté un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda un informe a esta Asamblea, sobre las medidas que han implementado para prevenir y también, obviamente, para combatir el brote de fiebre Chikungunya, también conocida como virus del dolor, que como ustedes saben es una enfermedad del norte de África que llegó a México en 2013, justamente por la frontera sur de nuestro país.

Desde el 20 de junio del año pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública alertó a las autoridades de Chiapas para intensificar las acciones contra el vector del dengue, conocido como Chikungunya, dado que se estimaba que la fiebre entraría por el sureste del país, dada la porosidad de nuestra frontera y el incesable flujo migratorio y movilidad de personas que ahí se da.

Las medias, por lo tanto, debieron de haberse implementado de manera urgente y deben de continuar implementándose tanto por la Secretaría de Salud y de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, toda vez que se trata de una situación de emergencia nacional, y lo es porque, según la propia Organización Mundial de la Salud, los síntomas de esta enfermedad son verdaderamente terribles, no por nada se le conoce como la enfermedad y el virus del dolor.

Ya algunos casos y signos clínicos de esta enfermedad habían sido detectados, pero se confundían de manera recurrente con el dengue; dada esta situación, es que desde ese momento el punto de Acuerdo lo que planteaba era que se hiciera una gran campaña no para esconder la posibilidad de presencia de Chikungunya, al contrario, para aclarar cuáles eran los síntomas, cómo distinguirlo del dengue y, sobre todo, cómo evitarlo y cómo combatirlo.

El primer caso del Chikungunya se dio en el país el 25 de junio de 2014, en Chiapas. El año pasado, se habían detectado 14 casos; hoy ya van en cerca de 229.

Entonces, todos estos llamados que habíamos hecho anteriormente, pues fueron simplemente ignorados.

Y por eso es que decidí, el día de hoy, hacer uso de la palabra, compañeras y compañeros, porque en los temas que tienen que ver con salud, no puede seguir la lógica y los tiempos legislativos a los cuales nosotros estamos acostumbrados.

Ya en otros temas nos ha pasado que advertencias, que solicitudes de exhortos de esta naturaleza, hubieran sido útiles para prevenir muertes, para prevenir enfermedades, para prevenir catástrofes naturales, para prevenir desastres en instalaciones públicas.

Hoy estamos otra vez ante la misma situación, si hubiéramos aprobado este exhorto, si la Comisión de Salud, las comisiones dictaminadoras, la propia Mesa Directiva y todos los grupos parlamentarios hubiéramos detenido nuestra vorágine política a detenernos a ver un caso que se pudo haber evitado en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano de Salud lo estaban previniendo, pues quizás las autoridades hubieran podido hacer algo.

No fue así, pero lo que sí sigue siendo necesario es adoptar medidas para evitar que esta enfermedad alcance proporciones epidémicas. Yo no soy doctor, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ha habido epidemias de Chikungunya en otras partes del mundo, particularmente en África, el tema puede salirse de las manos, toda vez que las únicas noticias o las más recientes del sector salud, muchas veces tienen que ver con casos de corrupción, con licitación de ventas de medicinas mal hechas y con la insistente necedad de querer decir que en nuestro país no existen enfermedades que, los invito a darse un recorrido por el estado de Chiapas para escuchar testimonios de gente que dicen que hay un dengue que está haciendo inmune a las medicinas tradicionales, y que tiene, además, síntomas muchísimo más graves.

Por eso, ante la gravedad de estas circunstancias y en nombre de las víctimas de esta enfermedad, es que hoy vengo a solicitarles, desde esta tribuna, de manera muy tardía, su apoyo para aprobar el presente dictamen.

Ya no dejemos que pase más tiempo. Compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar el dictamen sobre cáncer renal.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a las y los Senadores integrantes de la Comisión de Salud, por el dictamen que hoy nos ponen a consideración, a una propuesta suscrita por una servidora, para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para incluir el tratamiento de cáncer renal en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

El carcinoma renal es un grave problema, del cual poco se habla, a pesar de que en nuestro país se diagnostican anualmente 3 mil 500 casos, de los cuales 2 mil pierden la vida a causa de este padecimiento.

Esta enfermedad constituye el 3 por ciento de todas las causas de muerte por cáncer. Con estas cifras, nuestro país se ubica en el doceavo lugar, con un índice de fatalidad de 0.52, es decir, más de la mitad de los pacientes mueren a causa de este padecimiento cada año. El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas advierte que hasta el 30 por ciento de los pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que después de la nefrectomía, entre el 20 y 30 por ciento de los pacientes desarrollan metástasis.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, el diagnóstico suele ser incidental; ya a nivel clínico, este padecimiento suele ser asintomático hasta que se encuentra avanzado.

La supervivencia a cinco años, según la etapa clínica, es de 96 por ciento, para el estadío 1; el 82 por ciento, para el estadío 2; el 64 por ciento, para el estadío 3; y el 10 por ciento a 23 por ciento, en el estadío 4.

El derecho a la salud es un derecho fundamental, y todo ciudadano debe de tener garantizado su acceso de manera integral, nuestro Estado no debe de ignorar la gravedad de este padecimiento y considerar los costos en los que puede incurrir una familia que se encuentra en esta situación.

Si tomamos en cuenta que más del 60 por ciento de nuestra población trabajadora carece de algún servicio de salud, es urgente instrumentar medidas para preservar la salud y la vida en condiciones dignas de las personas.

Reitero mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de la Comisión de Salud, y de manera especial a la Senadora Presidenta Maki Esther, por su sensibilidad y disposición para sacar adelante esta propuesta.

Quisiera comentar que este es un tema, para mí, mucho muy sensible, ya que en mi estado natal, Tlaxcala, este problema es una de las causas más graves, la insuficiencia renal, estamos prácticamente en un tercer lugar a nivel nacional, y por la densidad demográfica, nos coloca en un primer lugar.

Decirles que hay condiciones terribles de este gran padecimiento que es la insuficiencia renal, y que hay comunidades en donde en dos cuadras, por ejemplo, se encuentran 30 pacientes. Es sumamente terrible, frustrante, indignante, ver esto a diario, y sobre todo ver el sufrimiento de muchas madres que no tienen las condiciones económicas para solventar estos gastos.

Una hemodiálisis tiene un costo aproximadamente de mil 200 pesos, y estos pacientes tienen que desembolsar alrededor de 13 hemodiálisis a la semana. Es un gasto terrible, prácticamente conduce la enfermedad a los familiares, a acabar con su patrimonio familiar.

Por eso agradezco infinitamente que hoy se esté autorizando esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuéllar.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Alejandro Fernández, para presentar el dictamen sobre Diabetes tipo 1.

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

A nombre de la Comisión de Salud, me es grato presentar un dictamen relativo a un tema que, por cuestiones familiares, conozco de cerca, la Diabetes tipo 1. Enfermedad cuyo diagnóstico oportuno es de vital importancia para la salud de nuestros niños y adolescentes.

La Diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la insulina que necesita.

Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero generalmente se presenta en niños y adolescentes.

Las personas con este tipo de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los niveles de glucosa en la sangre, ya que sin insulina, una persona con Diabetes tipo 1 muere.

La Diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente, por lo que hasta el momento no se han determinado las causas que lo provocan.

Entre los síntomas que la producen, se encuentran principalmente: la sed anormal, la falta de energía y cansancio extremo, el hambre constante, la pérdida repentina de peso, heridas de cicatrización lenta, infecciones recurrentes y visión borrosa.

Una persona con Diabetes tipo 1, tiene que seguir un plan de autocontrol estructurado, incluyendo el uso de insulina, control de glucosa en la sangre, actividad física y una dieta sana.

Resulta importante mencionar que los costos del tratamiento y los equipos de control, junto con las necesidades diarias de un niño con diabetes, representan una enorme carga económica y emocional para toda la familia.

Son, principalmente, para las familias de bajos ingresos, que tienen un acceso limitado a las herramientas de educación para el autocontrol y de los medicamentos necesarios para el tratamiento, lo que conduce a las graves discapacidades y a la muerte prematura de niños con diabetes.

Cabe destacar que la Diabetes tipo 1 es una de las afecciones endocrinas y metabólicas más comunes en la infancia, cuya detección oportuna es fundamental, ya que cuando más tarde se detecte, peor será para el trastorno metabólico y mayor el riesgo de su discapacidad permanente y muerte, siendo las complicaciones derivadas de la falta de atención y tratamiento oportuno las principales causas de mortalidad y morbilidad en los niños con Diabetes tipo 1.

Desafortunadamente, el número de niños que desarrollan este tipo de diabetes está aumentando rápidamente cada año, especialmente entre los niños más pequeños, por lo que es necesaria la implementación de políticas públicas mediante las cuales se proporcione a la población información de esta enfermedad y se brinde a las familias mexicanas las herramientas necesarias para la detección oportuna y el tratamiento de la Diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

Al respecto, en nuestro país, el tema de diabetes no es menor; sin embargo, las políticas públicas se encuentran enfocadas en la Diabetes tipo 2, por ejemplo, en la instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes tienen como objetivo el mejorar los niveles de bienestar de la población al desacelerar el incremento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la prevalencia de la Diabetes tipo 2 a través de la intervención de la salud pública en un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la participación de la Comisión de Salud que ha presentado diversos dictámenes relacionados con la Diabetes tipo 2, mismos que en este Pleno han sido respaldados por todas las fuerzas políticas y que, sin duda, han fortalecido a las acciones contra esta enfermedad que representa un grave riesgo para la población y para nuestro sistema de salud.

En ese sentido, compañeros, solicitamos su voto a favor de este dictamen que propone exhortar, por un lado, a la Secretaría de Salud a que nos informe respecto a la planeación de las políticas y estrategias enfocadas en materia de Diabetes tipo 1, en niños y adolescentes; y, por otro lado, al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a que en el marco de sus Programas de Atención a la Salud de Niños y Adolescentes, implemente las estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de Diabetes tipo 1.

La aprobación de este dictamen abona al desarrollo de la atención de Diabetes tipo 1, que si bien representa un menor porcentaje de prevalencia que la tipo 2, no debe ser ignorada por las políticas públicas, pues afecta principalmente la salud de un sector de la población que requiere especial atención y apoyo, me refiero a lo conformado por nuestros niños y nuestra niñas.

Como lo mencioné, compañeros Senadores y Senadoras, éste es un tema que afecta personalmente. Mi hija Alejandra fue diagnosticada con Diabetes tipo 1 a los 2 años, y sé personalmente el esfuerzo que es para una familia, tanto económico como de desvelos, el llevar el tratamiento de una enfermedad que es de largo plazo para toda la vida, que no se sabe por qué se da y no tiene cura.

Yo los invito a votar a favor este dictamen porque, si uno que tiene las posibilidades para sacar una enfermedad como ésta adelante, es una labor diaria y de mucho trabajo y mucho sacrificio, no quiero pensar lo que sufren muchas familias mexicanas, cuando ni siquiera se puede detectar este tipo de diabetes.

Les agradezco mucho.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fernández.

Cierra la lista de participantes la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar el dictamen sobre el labio y paladar hendido.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadoras:

Efectivamente, yo coincido con que es muy cruel y muy duro, y que duele mucho el tema de la insuficiencia renal. Yo coincido con mi paisana, la Senadora Lorena, en el sufrimiento que siente por este tema, pero yo también recrimino que este tema se preste para hacerlo político y para hacer negocio a través de las fundaciones, ofreciéndoles remedio a los enfermos, que son una comercialización.

El tema que yo vengo a tratar es, y reconocer igual a la Comisión de Salud, a mis compañeros de los que formo parte, por el trabajo y la disposición para debatir y votar a favor todos los temas de salud que fueron presentados y que son presentados permanentemente y con diferentes inquietudes.

En el caso del labio y paladar hendido, las hendiduras faciales que involucran esta problemática es un padecimiento que presenta diversas manifestaciones clínicas, cuya incidencia varía de acuerdo a la localización geográfica, grupos étnicos y estados socioeconómicos.

En nuestro país, la incidencia es de 1 en cada 800 niños nacidos vivos. La Norma Oficial Mexicana actual para la prevención y control de los defectos del nacimiento, en sus numerales 3.28 y 7.2.3.3, se refieren al tema del paladar hendido simplemente como un tema aislado.

Por eso es que en el Foro Permanente para la Salud, instalado en Tlaxcala, se realizaron diversas reuniones con instituciones y médicos especialistas en la materia.

Se manifestó la inquietud de que esa norma no señala con amplitud necesaria la complejidad con la que debe ser considerado este padecimiento, lo que motivó que se realizara el primer foro regional, con la finalidad de poner en consideración de la Secretaría de Salud, así como de los comités nacionales consultivos de normalización, un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento de Pacientes con Labio y Paladar Hendido.

En este foro participaron:

La Clínica de Labio Paladar Hendido y Anomalías Craneoencefálicas, A.C.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estético y Reconstructiva, A.C.

La Clínica de Especialidades Odontológicas de los Servicios de Salud de Oaxaca.

La Casa Azul, A.C, de Monterrey.

La Clínica de Labio y Paladar Hendido, Hospital para el Niño Poblano.

El Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Asociación de Padres de Labio y Paladar Hendido; México, D.F.; Tlaxcala, Tlax; Puebla; Oaxaca.

El Voluntariado “Sonríe Conmigo”, Tlaxcala.

La Clínica de Labio y Paladar, también de Tlaxcala, así como diversos profesionistas y especialistas en la materia de varios estados de la República y sociedad civil.

A nombre de ellos, les agradezco a mis compañeros de la Comisión de Salud, para que las conclusiones que dio este foro, han sido analizadas y se incorporen con el voto de todos el día de hoy, como una Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento de Pacientes de Labio y Paladar Hendido, que sirva para el manejo adecuado y armónico y redunde en una total rehabilitación funcional, estética y social de los pacientes que tienen la desgracia de sufrir este mal.

Por eso, felicidades a la comisión y también al doctor Blas Domínguez Reyes, el promotor de este trabajo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Palafox.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Señor Presidente, muy buena tardes, quiero pedirle, de favor, me permita pasar a tribuna, porque quisiera posicionar, también, unos dictámenes, si me lo permitiera.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora, tiene usted el uso de la tribuna.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, estimado Presidente, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, mi participación esta tarde es justamente para hablar a favor de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que por supuesto estaríamos a favor de los mismos y solicitando su respaldo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una enfermedad que produce la progresiva pérdida de masa ósea y el deterioro del esqueleto generando huesos frágiles y más propensos a fracturas.

Esta enfermedad es muy frecuente, que puede considerarse, por su incidencia, en uno de los problemas de salud más importantes, a tal grado que se le ha denominado como “Epidemia Intolerable”.

La osteoporosis no tiene síntomas ni presenta dolor, y en la mayoría de los casos se detecta hasta que está en etapa avanzada, por lo regular cuando se sufre una fractura.

Asimismo, según estudios llevados a cabo en la última década por la Organización Mundial de la Salud, han advertido que una de cada tres mujeres y uno de cada ocho hombres sufrirá osteoporosis.

Cada 30 segundos alguien sufre una fractura causada por osteoporosis. Las mujeres mayores de 45 años son hospitalizadas, con mayor frecuencia, por fracturas osteoporóticas que por ataques cardíacos o cáncer de seno.

En nuestro país, la osteoporosis afecta aproximadamente a 10 millones de personas. Y del total de mexicanas y de mexicanos que viven con esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años.

En esa virtud, las fracturas se han convertido en un foco de investigación en México, el cual recientemente los Institutos Nacionales de Salud han reconocido como un problema de salud pública.

Aunado a lo anterior, datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social establecen que el 70 por ciento de la demanda en traumatología general es ortopédico, entre las que se incluyen las fracturas que derivan de problemas de osteoporosis.

Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente señalado, pero sobre todo destacando la importancia de atender de manera oportuna esta problemática que afecta de manera directa a millones de personas de nuestro país, es que a nombre de mi grupo parlamentario, votaremos a favor del punto de Acuerdo que exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

Como fundamentación del segundo dictamen, es importante precisar que, de acuerdo a la OMS, con cifras de 2012, señala que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras a nivel mundial.

Y entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, causados por los accidentes viales; pero aquellos traumatismos que son mortales, constituyen la principal causa de defunción entre las personas que van de los 15 a los 25 años de edad.

Aunado a lo anterior, la OMS nos ofrece cifras que indican que el 90 por ciento de las muertes en carretera se producen en los países de ingresos bajos y medianos, a los que sólo corresponde el 48 por ciento del parque vehicular.

Asimismo, el 46 por ciento de las personas que fallecen en el mundo, a consecuencia de accidentes de tránsito, son peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas.

En México, de acuerdo con el Tercer Informe Sobre la Situación de Seguridad Vial, México 2013, destaca que anualmente fallecen en México alrededor de 16 mil 500 personas, a causa de accidentes viales.

Asimismo, señala que los accidentes viales continúan siendo un problema importante de seguridad y salud pública, al ser la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad, y la segunda causa en jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Tan sólo en 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, poco más de 6 millones 900 mil personas fueron víctimas de un accidente; de los cuales, más de un millón 400 mil tuvieron como consecuencia una discapacidad.

Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente expuesto, a nombre de mi grupo parlamentario, acudo a esta tribuna a votar a favor de este dictamen, por supuesto, a través del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa, así como a reforzar los programas de capacitación y educación vial, con el objeto de reducir los accidentes vehiculares.

Finalmente, como tercer dictamen, comienzo mi exposición señalando que el cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas, en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.

La OMS manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, y se muestra como un tumor, que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

En México, de acuerdo con estadísticas de mortalidad del INEGI, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó entre los años 2004 y 2013, en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en lo que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores.

En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó, son lo de los órganos genitales femeninos y masculinos, de mama y de los órganos digestivos.

Por su lado, el cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento en países de desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nervioso central.

Senadoras y Senadores: Es por esta razón que, por supuesto, a nombre de mi grupo parlamentario también, expreso nuestro respaldo a este dictamen, que tiene como finalidad que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus funciones legales y en coordinación con sus homologas en las entidades federativas, se redoblen esfuerzos en la difusión permanente de campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer, en cualquiera de sus tipos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, por la atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Flores Escalera.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención sobre la poliomielitis. Con el Permiso de la Presidencia:

Mi voto es a favor, pues es necesario seguir realizando las acciones necesarias para mantener erradicada la enfermedad y contar con políticas públicas estrictas en cuanto a los sistemas de vacunación.

La poliomielitis es una enfermedad viral que puede afectar los nervios y llevar a parálisis total o parcial.

Es causada por la infección con el poliovirus. El virus se propaga por:

● Contacto directo de persona a persona.

● Contacto con moco o flema infectados de la nariz o de la boca.

● Contacto con heces infectadas.

El virus entra a través de la boca y la nariz, se multiplica en la garganta y en el tubo digestivo para luego ser absorbido y diseminarse a través de la sangre y el sistema linfático. El tiempo que pasa desde el momento de resultar infectado con el virus hasta la aparición de los síntomas de la enfermedad (incubación) oscila entre 5 y 35 días (promedio de 7 a 14 días). La mayoría de las personas no presenta síntomas.

Los riesgos son entre otros:

● Falta de vacunación contra la poliomielitis.

● Viajar a un área en donde se haya  presentado un brote de polio.

Los brotes todavía ocurren en países desarrollados, generalmente en grupos de personas que no han sido vacunadas. La polio con frecuencia se presenta después de que alguien viaja a una región donde ha habido un brote de la enfermedad. Como resultado de la compañía de vacunación masiva y global durante los últimos 20 años, la polio se presenta solo en algunos países. 

Hay tres patrones básicos de infección por polio: infección subclinica, no paralitica. La mayoría de las personas tienen infecciones subclinicas y es posible que no tengan síntomas.

Síntomas de infección

● Molestia general o inquietud (malestar general)

● Dolor de cabeza

● Garganta enrojecida

● Fiebre leve

● Dolor de garganta

● Vómito

Es posible que las personas con la infección de polio subclinica síntomas o que seas leves y duren 72 horas o menos.

La poliomielitis clínica afecta al sistema nervioso central (el cerebro y la medula espinal) y se divide en las formas no paralitica y paralitica. Se puede presentar después de la recuperación de una infección subclínica. 

El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas mientras la infección sigue su curso, ya que no hay ningún tratamiento específico para la infección viral.

Las personas con casos graves pueden necesitar medidas de salvamento, particularmente ayuda con la respiración

Los síntomas  se tratan con base en su gravedad. El tratamiento puede incluir:

● Antibióticos para las infecciones urinarias

● Calor húmedo (paños calientes, toallas calientes) para reducir el dolor y los espasmos musculares.

● Analgésicos para reducir el dolor de cabeza, el dolor muscular y los espamos (en general, no se suministran narcóticos porque aumentan el riesgo de dificultad respiratoria).

● Fisioterapia, dispositivos ortopédicos o zapatos correctivos, o cirugía ortopédica para ayudar a recuperar la fuerza y funcionalidad, muscular.

La vacuna contra el polio previene de manera efectiva la poliomielitis en la mayoría de las personas por eso es necesario continuar con las acciones necesarias para lograr la erradicación de esta enfermedad.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Dictamen CAMPAÑA VACUNACIÓN

Muchas gracias Presidente,
Con su venia,
Compañeras senadoras, compañeros…

La salud constituye un pilar fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas.

Por ello, cuando hablamos de salud pública debemos hablar única y exclusivamente del bienestar de todas y todos los mexicanos.

En este sentido, quiero agradecer a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Salud su sensibilidad y apertura en la emisión del dictamen que se discute, porque antepusieron las necesidades de las y los mexicanos a cualquier otro interés.

Si bien es cierto, hoy en día el Consejo Nacional de Vacunación es un organismo nacional, cuyo principal trabajo es coordinar todas las actividades que se realizan en el país para prevenir, controlar, eliminar y evitar que se presenten enfermedades a través de la vacunación. Mientras que el Programa de Vacunación Universal es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas.

También lo es que el Programa de Vacunación Universal contempla únicamente la aplicación gratuita de 12 vacunas.

No podemos negar que en México contamos con un esquema de vacunación amplio, pero no lo suficiente para satisfacer de manera contundente los requerimientos poblacionales.

Es decir, el esquema de vacunación básico no contemple todas las vacunas sugeridas por los médicos, principalmente los pediatras, tal como varicela y la hepatitis A.

Estas dos de las enfermedades son quizá las más comunes en la infancia, al menos en nuestro país, y se adquieren principalmente en la primera década de la vida.

Cabe señalar que un pequeño porcentaje de las niñas y niños infectados pueden tener complicaciones graves que incluso pueden provocar la muerte.

Por ello, es ampliamente recomendable la aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad que esperar a ver si un menor contrae el padecimiento y más aún si éste se complica.

Dado lo anterior, los padres de familia se ven obligados a acudir con médicos pediatras particulares a efecto de que sus hijos e hijas reciban estas vacunas, las cuales llegan a costar más de mil pesos cada una.

Por lo que al no incluirse la vacuna de la hepatitis A y de la varicela en el esquema de vacunación básico, el acceso a la salud queda restringido únicamente a aquellas personas que pueden pagar por él, tornándose esta situación violatoria de los derechos de las personas que no cuentan con recursos suficientes para ello.

Compañeras y compañeros legisladores, dada la deteriorada economía nacional y la sistemática violación a los derechos económicos y sociales de las mexicanas y mexicanos, considero apremiante que este Pleno  apruebe el dictamen a discusión, a efecto de que se amplíe e incluyan en el Programa de Vacunación Universal las vacunas contra la hepatitis A y la varicela.

Es cuanto.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención sobre la osteoporosis. Con el Permiso de la Presidencia:

Mi voto es a favor, debido a la importancia de diseñar y fortalecer medidas para la prevención y atención oportuna de la osteoporosis para que la población propensa a esta enfermedad cuente con servicios médicos que puedan hacer frente a este problema de la manera más eficiente.

La osteoporosis es una enfermedad que afecta aproximadamente a 10 millones de personas en México y consiste en la pérdida de masa ósea, así como el daño progresivo del esqueleto, lo que provoca huesos frágiles propensos a fracturas. 1

Del total de los mexicano que sufren esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años y 3.5 millones más de 6 décadas.

El incremento de la osteoporosis en México se debe principalmente al sedentarismo y al tabaquismo. 2
En México, una de cada cuatro personas presenta osteopenia u osteoporosis y se estima que la cantidad anual de fracturas de cadera aumentará 26 por ciento para 2050, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El acceso al diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis es limitada en México. Los sistemas nacionales de seguridad social - que cubren aproximadamente el 50% de la población - tienen muy pocos centros de diagnóstico con máquinas DXA. Dos o tres de estas máquinas para una población de más de 50 millones de personas está muy lejos de las necesidades ideales. Los centros de osteodensitometría están situadas en su mayoría en centros privados y sólo son accesibles a aproximadamente un tercio de la población (que pueden permitírselo), ya que las políticas de reembolso son prácticamente inexistentes.

Por otra parte, los medicamentos contra la osteoporosis también son relativamente caros y deben tomarse durante años, lo que limita el acceso a los estratos de población con menores ingresos.

Es necesario crear una mayor conciencia sobre la osteoporosis y sus consecuencias, ya que la información que posee la población sigue siendo limitada, y por lo mismo, la detección oportuna no es una de las prioridades de la atención médica; por todo lo anterior, apoyo el presente Dictamen para diseñar y reforzar las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

1 Osteoporosis afecta a 10 millones de personas en México. http://www.informador.com.mx/suplementos/2014/554195/6/osteoporosis-afecta-a-10-millones-de-personas-en-mexico.htm

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

MESA DIRECTIVA

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva, suscribimos un Acuerdo por el que se conforma el Comité Técnico que promueve la obra artística y pictórica de la nueva sede del Senado.

Dicho Comité Técnico se propone que quede integrado por: la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Senador Miguel Barbosa Huerta, la Senadora Ninfa Salinas Sada y la Senadora Ana Gabriela Guevara.

Los anteriores integrantes serían vocales del comité y quedarían bajo la Presidencia del Presidente de la Mesa Directiva del Senado en turno.

El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea se da por enterada. Comuníquese el contenido del Acuerdo.





 

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva, la iniciativa que suscriben diversos Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, y con aval de los mismos grupos parlamentarios, que tiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puente Salas, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México; con aval de dichos Grupos Parlamentarios)

Los suscritos, Senadores EMILIO GAMBOA PATRÓN y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y las y los Senadores de dichos Grupos Parlamentarios que suscribimos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, con el aval de dichos grupos parlamentarios, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, han propuesto e impulsado de manera permanente diversas iniciativas con el objeto de garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

La armonización de nuestro orden jurídico con los estándares internacionales en materia de derechos humanos representa un mandato indeclinable que requiere de adecuaciones a nuestro andamiaje constitucional y legal.

Diversos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a adoptar, entre otras, medidas legislativas suficientes para prevenir, sancionar y combatir los delitos de tortura y desaparición forzada de personas.

En este sentido, los Senadores promoventes de la presente la iniciativa compartimos y respaldamos el compromiso asumido el pasado mes de noviembre de 2014 por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, quien anunció y plasmó en propuestas específicas diversas medidas para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia. Tal es el caso de la octava medida, que establece:

“Como octava medida, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos.

Estas acciones son: facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada”
En congruencia con dicha convicción y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa tiene por objeto dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones constitucionales necesarias para fortalecer nuestro orden jurídico en materia de desaparición forzada de personas y tortura.

I. Desaparición forzada

El pasado 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado mexicano en la sesiones de los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

El Comité formuló una serie de recomendaciones que incluyen la aprobación de una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como el registro, búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas, en la que además se armonicen las obligaciones de la Federación y las entidades federativas a las consagradas en la Convención.

Así, una ley general que incida válidamente en todos los órdenes de gobierno, permitirá armonizar nuestro orden jurídico con lo previsto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en concreto con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por México el 9 de abril de 2002; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México el 18 de marzo de 2008, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 24 de marzo de 1981, de cuyo artículo 2 se desprende la obligación de nuestro país de adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención.

En razón de lo anterior, se propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de desaparición forzada.

De esta forma se faculta al Congreso para emitir una ley general que, como mínimo, tipifique ese delito y sus sanciones en los órdenes federal y local. En síntesis, una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada de personas, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas.

En ese marco, también se propone una disposición que le dé base constitucional a un sistema nacional de búsqueda que establecerá protocolos diferenciados para los distintos casos de personas no localizadas, incluyendo las desapariciones forzadas. El objetivo es que la ley general en materia de desaparición forzada también regule dicho sistema y su relación con otras herramientas de búsqueda como, por ejemplo, un sistema nacional de información genética.

La búsqueda de personas es una actividad que requiere realizarse de forma coordinada entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, por lo que es indispensable que su regulación se incluya en la ley de carácter general.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual obliga a los Estados parte a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.”

En cuanto al régimen transitorio, la iniciativa prevé un término de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en la materia.

II. Tortura

La prohibición a la tortura en nuestro país se ha reconocido desde el siglo XIX en diversos instrumentos constitucionales y fue conservada por el constituyente de 1917 en los artículos 19, 20 y 22.

En cuanto a legislación secundaria en la materia, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1986, tipificó por primera vez este delito en el país.

En 1991 se aprobó una nueva legislación en el orden federal (reformada en 1994 en materia de reparación del daño), la cual se encuentra vigente. Por su parte, las entidades federativas han mostrado avances significativos para legislar este delito en sus Códigos Penales, e incluso algunos han elaborado leyes específicas, como Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Derivado de las reformas a los artículos 1o. y 133 de la Constitución, la legislación nacional debe armonizarse conforme a los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano en la prevención, erradicación y sanción de este delito, tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), ratificada por México el 23 de enero de 1986, y su Protocolo Facultativo, ratificado por nuestro país el 30 de marzo de 2005, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), ratificada por México el 11 de febrero de 1987.

Además, los Tribunales Internacionales han ampliado los contenidos de estos cuerpos normativos a través de su jurisprudencia y han elevado la prohibición de tortura a rango de norma iuscogens; entendida como una norma inderogable, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Como parte del análisis en la materia, los días 20, 21 y 22 de enero del presente año se efectuaron en este Senado de la República las “Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia”. En éstas, se escucharon a diversos expertos en materia de derechos humanos que coincidieron en la necesidad de distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno en materia de desaparición forzada y tortura.

En este contexto es innegable que para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales en la materia, es necesario facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que permita armonizar la legislación federal y local.

Al expedir este Decreto, el Congreso de la Unión establecerá las bases para que la Federación y las entidades federativas cumplan y realicen acciones coordinadas dirigidas a prevenir y combatir este fenómeno delictivo.

Por lo que hace al régimen transitorio, la iniciativa prevé un término de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XX. …

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro; trata de personas; delitos electorales; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y desaparición forzada de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

...

b) y c)

XXII. a XXX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a que se refiere el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de esta Constitución, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

La ley general en materia de desaparición forzada de personas deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas y tortura de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida las leyes generales referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor dichas de las leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 16 de abril de 2015.

Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Este proyecto se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar y promover la constitución de las comisiones nacionales del deporte profesional.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los Institutos Estatales del Deporte con relación a la constitución de las Comisiones de Deporte Profesional.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 16 de abril de 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los Institutos Estatales del Deporte con relación a la constitución de las Comisiones de Deporte Profesional.

El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física y Deporte.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los Institutos Estatales del Deporte con relación a la constitución de las Comisiones de Deporte Profesional.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores promoventes señalan que el pasado  24 de marzo, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.

Argumentan que se pretende que en los deportes de combate profesional se establezcan los principios jurídicos que permitan la creación e implementación de un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes en eventos donde se desarrollen espectáculos deportivos en disciplinas de combate.

Manifiestan sobre la necesidad de plantear alternativas y conformar nuevos esquemas que hagan de la intervención de las instituciones públicas, una necesidad imperante hacia la protección de quienes se desempeñan en su práctica cotidiana, dado las circunstancias que rodean al deporte profesional.

Hacen mención a la necesidad de proporcionar los medios estructurales y mecanismos para la atención de los deportistas de contacto, a fin de preservar su integridad y salud física.

Finalmente argumentan que en la medida en que las instituciones responsables de normar dichos eventos o aquellas con algún vinculo en la materia fortalezcan sus protocolos y programas diseñados e implementados en beneficio de la integridad física de todos sus participantes, se estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de la salud de todos aquellos que hoy viven y se desarrollan en los deportes de combate.

CONSIDERACIONES

Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, y la salud pública.

Referimos que en el ámbito internacional y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la práctica del deporte juega un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos.

Consideramos que indudablemente el objetivo primordial de la proposición presentada será el promover los mecanismos que permitan propiciar la generación protocolos que garanticen el máximo nivel de seguridad de los contendientes en eventos de combate.

Hemos de resaltar que la importancia sobre la constitución e implementación de Comisiones del Deporte Profesional alentará a las diversas instancias públicas en la materia al rediseño de los protocolos que permitan redefinir los principios de integridad y cuidado de la salud física en torno a la integridad de los atletas de alto rendimiento que participan en actividades de boxeo, lucha libre o artes marciales.

Consideramos como referencia para nuestro análisis, lo señalado en el artículo 87 de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, donde se contempla la creación de este tipo de comisiones, señalándose que:

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Asimismo compartimos lo esgrimido por los promoventes respecto a que su objeto será   el de establecer los alcances y criterios de organización y funcionamiento de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, para efecto de dar una mejor calidad de atención a las disciplinas deportivas profesionales a fin de que éstas puedan coadyuvar en la resolución de las problemáticas de la disciplina deportiva profesional a la que representen, participando en el desarrollo de sus disciplinas deportivas, así como aportar elementos para el desahogo de controversias internas y externas de las

Asociaciones Deportivas Nacionales, sin contravenir los ordenamientos nacionales e internacionales de la disciplina deportiva que se trate, así como realizar propuestas para la actualización de los ordenamientos internos de la Asociación Deportiva Nacional a la que representen.

Por ello coincidimos en plenitud con el objeto planteado en la proposición motivo del presente Dictamen, con referencia a la necesidad de plantear alternativas y conformar los nuevos esquemas que den pauta para la creación de las Comisiones del Deporte Profesional.

Por lo anterior es que acompañamos la necesidad de promover el que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los estados de la república  a través de sus institutos encargados de promover la cultura física y el deporte en sus respectivas demarcaciones, inicien las acciones necesarias que permitan la constitución e implementación de las Comisiones de Deporte Profesional

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la solicitud ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a los institutos estatales del deporte que permitan promover nuevos esquemas hacia la constitución formal de las Comisiones de Deporte Profesional, en los ámbitos nacional y estatal.

SEGUNDA.-El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en términos de lo que establece el artículo 87 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, coordine y promueva la constitución  de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional.

Segundo. Se exhorta a los Institutos de Cultura Física y Deporte de los Estados y del Distrito Federal, coordinen y promuevan la constitución  de las Comisiones Estatales del Deporte Profesional.

Tercero. Se exhorta a los Institutos de Cultura Física y Deporte de los Estados y del Distrito Federal, coordinen y promuevan dentro de sus Comisiones Estatales de Box y Lucha libre, la elaboración de protocolos de atención de riesgos, atendiendo a la modalidad deportiva de que se trate.

Senado de la República a 20 de abril de 2015

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, está a discusión.

Se ha recibido sendo documento de la Senadora Lilia Merodio Reza, con su participación en este tema, que se inscribe de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Gracias, Senadora Lilia Merodio Reza.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

El presente Dictamen tiene como objeto, el respaldar una proposición a fin de emitir un exhorto a las máximas autoridades del deporte en el ámbito nacional, así como aquellas que en el ámbito local, en torno a la integridad de los atletas de alto rendimiento que participan en actividades de boxeo, lucha libre o artes marciales.

Pretendiéndose el que en los deportes de combate profesional se establezcan los principios jurídicos que permitan la creación e implementación de un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes en eventos donde se desarrollen espectáculos deportivos en disciplinas de combate.

Por lo que la idea primordial de estos exhortos es el de propiciar la generación protocolos que garanticen el máximo nivel de seguridad de los contendientes en eventos de combate.

Ello en consideración de que la promoción de los deportes de combate rebasa cada vez nuevas fronteras, lo que hace necesaria una redefinición de las garantías a las que debe acceder todo contendiente.

Reconociendo que los numerosos y frecuentes casos referidos en últimas fechas sobre las lesiones de por vida y los lamentables fallecimientos recientemente ocurridos, nos obliga a contrarrestar dichas circunstancias de adversidad existentes.

Por lo que hemos considerado como referencia, lo señalado en el artículo 87 de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, donde se contempla la creación de comisiones nacionales del deporte profesional cuyo objeto será el de establecer los alcances y criterios de organización y funcionamiento de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, para efectos de dar una mejor calidad de atención a las disciplinas deportivas profesionales a fin de que éstas puedan coadyuvar en la resolución de las problemáticas de la disciplina deportiva profesional a la que representen, participando en el desarrollo de sus disciplinas deportivas, así como aportar elementos para el desahogo de controversias internas y externas de las Asociaciones Deportivas Nacionales.

Hemos de resaltar que la importancia sobre la constitución e implementación de Comisiones del Deporte Profesional alentará a las diversas instancias públicas en la materia al rediseño de los protocolos que permitan redefinir los principios de integridad y cuidado de la salud física en torno a la integridad de los atletas de alto rendimiento que participan en actividades de boxeo, lucha libre o artes marciales.

Por lo anterior es que impulsamos la necesidad de promover el que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los estados de la república  a través de sus institutos encargados de promover la cultura física y el deporte en sus respectivas demarcaciones, inicien las acciones necesarias que permitan la constitución e implementación de las Comisiones de Deporte Profesional

Consientes en el sentido de que en la medida en que las instituciones responsables de normar dichos eventos o aquellas con algún vinculo en la materia fortalezcan sus protocolos y programas diseñados e implementados en beneficio de la integridad física de todos sus participantes ya que en esa medida se estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de la salud de todos aquellos que hoy viven y se desarrollan en los deportes de combate.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Por lo anterior hacemos una amplia invitación a que nos acompañen con el sentido favorable de su voto y formalicemos los mecanismos que permitan brindar las garantías necesarias para el correcto desarrollo de una actividad como lo es el deporte profesional en su modalidad de  deportes de combate.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos del Instituto Técnico y Cultural GOES, del municipio de Tecámac, Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo y mis paisanos.

Bienvenidas y bienvenidos.

Saludamos igualmente a un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas provenientes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Bienvenidas y bienvenidos.





 

p align="justify">Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación econverómica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Arribamos, este mediodía, a un punto relevante de los objetivos que nos hemos trazado desde el inicio de esta LXII Legislatura del Senado.

Fortalecer las normas y las instituciones para prevenir, combatir y sancionar la corrupción ha constituido un propósito compartido por la pluralidad política de esta Asamblea senatorial.

Conocemos el entorno y sus antecedentes y la atención permanente entre la construcción normativa que permite avanzar y el ideal de un sistema jurídico perfecto, siempre como el horizonte visible, pero no fácilmente alcanzable, pues se mueven, finalmente, junto con nuestros avances.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, al presentar el dictamen a su consideración, quiero dejar constancia del trabajo desplegado por los integrantes de esta comisión y de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, y muy particularmente de sus Presidentes, el Senador Pablo Escudero, la Senadora María Cristina Díaz Salazar y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, su disposición al análisis objetivo y prospectivo fue fundamental.

También debo expresar reconocimiento a la calidad del trabajo desarrollado por la Comisión de Puntos Constitucionales y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, a partir de la diversidad de propuestas. Incluida en nuestra minuta en torno al órgano nacional anticorrupción, lograron conformar un conjunto de planteamientos que permitieron la propuesta para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por vez primera en la historia del país, se propone un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y alcances, de forma coordinada, congruente, sistemática y ordenada para esquemas de prevención, detección y sanción para los tres poderes y para los tres órdenes de gobierno.

Las tareas bicamerales han enriquecido el camino hacia una meta compartida: construir con la fortaleza normativa, institucional y presupuestal necesaria el espacio y las circunstancias que nuestro tiempo permita, que la integridad y la probidad sean valores reconocidos en la gestión de todo servidor público, pues su quebranto se conoce y sanciona conforme a la ley.

En esta Legislatura hemos dado pasos importantes para el establecimiento de nuevos referentes en el desempeño de la gestión pública, marcadamente el principio de máxima publicidad y la transparencia y la rendición de cuentas como un deber insoslayable de todo titular en la actividad pública.

La gestión de los asuntos públicos, la gestión de los asuntos que atañen al interés general de la comunidad, deben realizarse necesariamente con pleno apego al orden jurídico y privilegiándose, en todo momento, el interés de la colectividad.

Con el conjunto de modificaciones que se propone a 14 preceptos de nuestra Ley Fundamental, se articula una nueva concepción para prevenir hechos de corrupción, investigar denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de que conozcan las autoridades, así como para determinar si éstas existieron y, a través del procedimiento correspondiente, la sanción aplicable.

Para ejercer una vigilancia pro-activa sobre cualquier tipo de conductas que pudieran entrañar un beneficio personal indebido a un servidor público, en virtud del ejercicio de sus funciones, y ahora como se propone, también a particulares que se encuentren vinculados con hechos que la ley establezca como graves en el ejercicio de la gestión pública, y que les reporten también beneficios indebidos, se plantea establecer en la Norma Suprema un nuevo diseño de atribuciones y acciones institucionales.

El Sistema Nacional Anticorrupción se basa en la actuación armónica y coordinada, pero con atribuciones propias de ejercicio autónomo entre sí por parte de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, en al ámbito nacional, y sus entidades homólogas en las entidades federativas, y los tribunales federal y de las entidades federativas de justicia administrativa para conocer, sustanciar y resolver los asuntos que impliquen responsabilidades administrativas graves.

Pienso que puede ilustrarse un círculo virtuoso para promover la integridad de los servidores públicos con las gestiones encomendadas.

En primer término, el control más próximo del órgano interno a cargo de velar por el imperio de la normatividad y el buen ejercicio de los recursos públicos, la actuación regular de la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas, al analizar las cuentas públicas y determinar observaciones, recomendaciones y, en su caso, presuntas responsabilidades.

La intervención ante presuntos hechos delictivos de la autoridad de procuración de justicia y un órgano de naturaleza jurisdiccional para desahogar el procedimiento que defina si han existido responsabilidades administrativas graves y a quiénes corresponde la sanción prevista en la ley.

Adicionalmente a estas cuatro instancias públicas, el sistema se concibe como una instancia de coordinación a la que se suman, en razón de la naturaleza de sus funciones, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a quienes se adiciona un representante de la sociedad a partir del Comité de Participación Ciudadana que en esta reforma se propone crear.

Debe enfatizarse que cada institución tiene responsabilidades propias derivadas del orden constitucional y, en diversos casos, marcados por la característica de la autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El Comité de Coordinación del Sistema actuará como el espacio de reflexión, de diálogo y de recomendación para que en la esfera de cada ente público forme parte o no del comité, se profundicen las medidas que permitan prevenir y, en su caso, detectar y sancionar hechos de corrupción.

Deseo destacar algunos elementos de fortalecimiento institucional que aquí se plantean.

La procedencia del procedimiento administrativo de extinción de dominio de bienes a quienes se impute un delito de enriquecimiento ilícito; la designación de los titulares de los Órganos de Control Interno; de los órganos con autonomía constitucional a los que se dote de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados; la ratificación del titular de la dependencia federal a cargo de las tareas de control interno en la Administración Pública Federal, por parte de este Senado de la República.

El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación mediante la posibilidad de su actuación sin sujetarse a los principios, hasta ahora vigentes, de anualidad y de posterioridad, así como para establecer la distinción entre el informe general ejecutivo de resultados de la cuenta pública y los informes individuales por entidad fiscalizada; lo que permitirá el conocimiento de los resultados de las atribuciones de fiscalización a lo largo de periodos cuatrimestrales.

La transformación del actual órgano jurisdiccional encargado de dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la función de substanciar y resolver los casos en que se señale la comisión de faltas administrativas graves a los servidores públicos e incluso a los particulares vinculados con la irregularidad administrativa de carácter grave; la integración de un Comité de Participación Ciudadana en el sistema nacional y su participación en el comité coordinador del propio sistema; y el establecimiento de instancias y mecanismos homólogos en las entidades federativas para impulsar en esos ámbitos el fortalecimiento normativo institucional.

Es importante señalar que la propuesta de reformas entraña responsabilidades legislativas para el Congreso de la Unión. A partir de lo que esperamos sea la aprobación de estas modificaciones constitucionales, se contaría con un año de calendario para expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción y la relativa a las Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, así como las conductas de particulares que se encuentren vinculadas con faltas administrativas graves.

Menciono lo anterior porque hoy estamos dando un paso relevante, que con la aprobación del Poder Revisor de la Constitución deberá ser continuado por otras en la legislación secundaria de carácter general en diversas leyes federales, en los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas, y posteriormente en el ámbito de la normatividad y carácter reglamentario de los entes públicos, y el diseño y ejecución de políticas públicas para hacer frente al deterioro institucional que causan las conductas de corrupción.

Honorable Asamblea: Nuestro país se mueve hoy en un entorno internacional de cambios acelerados y de interrelaciones cada vez más dinámicas que acreditan los efectos de la globalidad en lo interno y que proyectan la marcha del Estado mexicano hacia el exterior.

Hoy la sociedad de nuestro país afirma la vocación mexicana de participar activamente en las grandes corrientes de evolución mundial, entre otras, se afirman las llamadas mejores prácticas para que en la gestión pública los intereses ajenos a los de carácter general, por los que debemos velar los servidores públicos, no graviten en el desempeño de las tareas encomendadas.

En la gestión de los asuntos públicos no debe de haber más interés que el general de la sociedad, y en la gestión de los asuntos públicos tampoco debe haber más atención que las legítimas expectativas de la sociedad.

Quienes suscribimos el dictamen, sujeto a su amable consideración, sostenemos que las reformas planteadas responden a una inspiración y a un compromiso en el que han participado los distintos grupos parlamentarios, el Ejecutivo Federal, las expresiones de la sociedad civil organizada y las reflexiones de estudiosos y de investigadores.

Estamos ante un gran esfuerzo social legítimo que se ha propuesto atender causas, prevenir conductas, investigar con apego a la ley, determinar responsabilidades e imponer sanciones, si fuera el caso, para que el valor fundamental de la confianza de los ciudadanos en las instituciones sea la medida del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por todo lo expuesto, solicito, con todo respeto a todas y todos los Senadores, su voto favorable al dictamen que hoy presentamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Burgos.

Y dado que están presentes sus invitados, esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, provenientes de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Enrique Burgos.

Sean bienvenidas y bienvenidos.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Presidente. Compañeros Senadores:

Hoy estamos ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno. En la transformación de nuestro país ya no cabe la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias.

La ciudadanía hoy exige un hasta aquí a la corrupción, que sin lugar a dudas es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro país.

Hoy, 21 de abril de 2015, todos los grupos parlamentarios, todos los grupos legislativos estamos dando respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad que se siente lastimada por quienes abusan del poder.

Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

Es por esto que subo a esta tribuna para presentar, por parte de la Comisión de Gobernación, el dictamen de reforma constitucional que sienta las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometen actos de corrupción.

Este dictamen que hoy estamos sometiendo a la votación contempla diversas modificaciones a la Constitución, sienta las reglas y los principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya todos nosotros conocemos los altos costos y las consecuencias de la corrupción en prácticamente todos los ámbitos.

Son de todos conocidas las graves consecuencias que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país mermando la posibilidad de invertir en servicios públicos y, sobre todo, del bienestar de los mexicanos.

Conscientes de hacer frente a ese 72 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años, señalan que la corrupción provoca retraso en el país así como la pérdida de oportunidades para su desarrollo, como refiere un estudio de la ONU y del Foro Económico.

Estamos ante la oportunidad de generar un cambio cultural, de prevenir para no lamentar hechos que muchas veces se ven como parte de una realidad.

Este dictamen que hoy presentamos es producto de más de dos años de estudios, de análisis, de debates y parte de la agenda en la que coincidimos en el Pacto por México.

Todos los grupos parlamentarios, representados en el Congreso de la Unión, han hecho esfuerzos importantes, presentando iniciativas y estableciendo las discusiones con especialistas.

Esto aunado al interés real del gobierno federal de establecerlo como una de sus prioridades, así lo ha señalado el día de ayer en Monterrey, Nuevo León, el Presidente Enrique Peña Nieto.

Este sistema se encargará de la identificación, previsión, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares, y también de aquellos servidores que derivado del ejercicio de su cargo actúen en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Para ello, es importante que se fortalezca el sistema y radica especialmente que para el debido funcionamiento de las instituciones, se cuente con los órganos vigilantes del actuar gubernamental para evitar los actos de corrupción y, en cuyo caso, sean debidamente documentados y, por supuesto, sancionados.

Por ello, el sistema va a contar con un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado Presidente del IFAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Este comité coordinador va a diseñar y va a promover en todo el país las políticas integrales en materia de fiscalización y de control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

También determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.

Además de que se establecen bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de fiscalización y control de recursos públicos.

Se va a desarrollar un nuevo sistema nacional de fiscalización de los recursos públicos como un subsistema consolidado y autónomo que será eje central del Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro aspecto relevante de esta reforma, consiste en atribuir al comité del sistema la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas institucionales para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y el control interno.

El reto, como todos vemos, es mayúsculo, y el compromiso, sin duda, es mayor. Para ello, estaremos enfocados en fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, esto es, darle más facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, así como del fortalecimiento de los órganos internos de control. Esto significa darle mayores atribuciones y mayores dientes para la fiscalización.

Al otorgar la autonomía plena del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se fortalece su función sancionatoria con la finalidad de crear un esquema de justicia administrativa capaz de sancionar eficazmente a quienes cometen faltas administrativas graves, sin menoscabo de las facultades ahora conferidas en materia fiscal y administrativa.

Destaco que esta reforma introduce una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves.

Las responsabilidades administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control y, en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por los tribunales que, de acuerdo a sus competencias, existan en las entidades federativas.

Por otra parte, aquellas que la ley determine como no graves, serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.

Se prevé, adicionalmente, que el Tribunal Federal, o en su caso los tribunales de los estados, impongan las sanciones correspondientes por la participación de particulares en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

Y el tercer eje de esta reforma son los delitos de corrupción. Para ello, los órganos internos de control contarán con las facultades para presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes.

La Fiscalía llevará a cabo la sustanciación de los hechos y podrá ejercer acción penal ante quienes resulten responsables por su debida sanción, de acuerdo con la ley penal.

Se prevé que en el cumplimiento de sus atribuciones, como parte nodal a estos órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, no les serán oponibles las reservas respecto de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios.

Es importante señalar que con esta reforma, los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.

Y, finalmente, debemos ser prudentes y reconocer que en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, aún nos queda mucho por hacer, aunque debemos ser claros en los objetivos del mismo.

Por un lado, como Senado estamos obligados a cumplir en tiempo y forma el mandato constitucional de expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas y adecuaciones necesarias al Sistema Jurídico Nacional.

Dicha legislación deberá establecer la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, a fin de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su sanción.

En este sentido, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y, a partir de los que ésta disponga, desarrollarlos convencionalmente en las leyes federales y locales aplicables.

Esta reforma constitucional es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión con la Nación mexicana, su debida implementación estará garantizando, sí y sólo sí, que los ciudadanos y gobiernos actuamos en concordancia con los principios y reglas aquí dispuestas.

Por lo anteriormente expuesto, pido a todos ustedes, Senadoras y Senadores, su compromiso con México para la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y, en ello, la aprobación del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente. Seré breve.

Me parece que la exposición que han hecho tanto el Senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; como la Senadora Cristina Díaz, han ido al detalle de justamente el dictamen que hoy presentamos a este Senado de la República y que presentamos a todos los mexicanos.

Yo en esta ocasión, después de que se ha expuesto en esta tribuna la parte técnica que contiene la minuta, quisiera reflexionar un poco respecto a los antecedentes que existieron para poder llegar al día de hoy donde estamos, con ésta, hay que decirlo, con esta gran minuta de combate la corrupción.

Hace muchos años, hace más de 14, 15 años, todos los estudiosos, los expertos, los contralores, los contralores internos, los contralores de los estados, los auditores, todos encontraban que había deficiencias en el sistema de control interno y externo que se estaba llevando en este país.

En todos esos foros, desde hace más de diez años, se decía, se proponía, se impulsaba que no fuera la Secretaría, en ese entonces de Contraloría, ahora la que conocemos como la Secretaría de la Función Pública, la que aplicara las sanciones a los servidores públicos, justamente del propio gobierno, cuando el propio Presidente era el encargado de nombrar a estos Secretarios de la Contraloría, ahora de la Función Pública.

Durante muchos años insistió en buscar que fuera un tribunal el encargado de sancionar, un tribunal especializado en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Existieron a lo largo de los años muchas iniciativas.

Conocimos, los que fuimos Diputados, muchas iniciativas respecto a esto, y hay que decirlo, siempre hubo una gran resistencia por parte de los que estaban en ese momento en el gobierno, o por parte, incluso, del propio tribunal, que nos decía en esas discusiones que no tenía los recursos para poder conocer justamente de estas irregularidades administrativas. Así pasamos muchos años hasta el día de hoy que venimos llegando aquí.

Es verdad también que diciembre de 2013 hicimos un esfuerzo, un esfuerzo en esta Cámara de los Senadores, con una minuta que votamos en el que todos estábamos muy contentos en ese día, y que la enviamos a la Cámara de los Diputados, que no llegó a buen puerto.

Después de esa discusión, de ese análisis que se estaba dando en la Cámara de Diputados, se decidió que todos los grupos parlamentarios conformaran un grupo de trabajo en conjunto con los ciudadanos, con las ONG´s y con los expertos en la materia.

La paternidad, hay que decirlo de manera clara, la paternidad de este Sistema Nacional Anticorrupción es de todos los grupos parlamentarios: del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, todos han participado y, sin duda alguna, la sociedad civil ha participado de manera activa y los expertos también han participado de manera activa.

Es así que recibimos, hace unas cuantas semanas, una minuta, hay que decirlo, muy bien lograda, una minuta, hay que decirlo, que es mucho mejor a lo que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados, porque justamente ya tenían esta gran discusión que existió durante muchos años, que debíamos de tener un tribunal especializado.

También recordábamos el impulso que tratamos, hay que decirlo así, que tratamos de darle en esa época a la legislatura pasada algunos Diputados, para poder fortalecer a la Auditoría Superior de la Fiscalización.

Mucho trabajo nos costó, estaba ahí el Senador Encinas, estaba el Senador Ríos Piter, que eran Diputados en esa época, mi amigo Omar Fayad, muchos estuvimos ahí impulsando todas estas reformas a la propia Auditoría Superior de la Federación, igual en ese momento nos congratulábamos, muchas reuniones con el auditor don Juan Manuel Portal y con su equipo de trabajo para ver cómo fortalecíamos a la propia Auditoría Superior de la Federación.

Lamentablemente, esa minuta se turnó a la Cámara de Senadores y no tuvo un buen camino, no se llevó a la discusión. Esas reformas, o gran parte de esas reformas, están incluidas en esta minuta.

Es decir, por un lado tenemos la lucha que se dio para que hubiera un tribunal especializado; por el otro tenemos la fortaleza de la propia Auditoría Superior de la Federación, en donde desde esa época, ya decíamos lo importante que era que la propia Auditoría tuviera más movilidad, tuviera más agilidad, pudiera entrar de manera más rápida a auditar a los estados, auditar la Federación, que se desenvolviera de manera más rápida la Cuenta Pública.

Es así como en esta minuta tenemos una Auditoría fortalecida con un mayor número de informes, con informes parciales, con informes cuatrimestrales, y que también hay que decirlo, con documentos de seguimiento para poder estar casi prácticamente en el tiempo real, dando seguimiento a las observaciones que ha formulado la propia Auditoría Superior de la Federación.

Sin duda, otro de los grandes pasos importantes es que la Auditoría Superior de la Federación va a poder integrar estos expedientes, y todas aquellas que son faltas administrativas graves serán turnadas a este nuevo tribunal, a una sala especializada de los servidores públicos, con lo cual estaremos combatiendo la impunidad.

Es decir, tenemos en nuestras manos el día de hoy una gran minuta, un gran instrumento, batallas de más de 15 años que se dieron, que no pudimos llevar a buen puerto.

Dentro de las discusiones que tuvimos en comisiones y dentro de las propias discusiones que tuvimos con 11 expertos que estuvieron trabajando de manera directa en esta minuta, en la Cámara de los Diputados, sin duda nos dijeron lo que hacía falta, sin duda nos dijeron algunas omisiones, sin duda estamos de acuerdo con ellos en que es perfectible, sí lo es, todas las leyes son perfectibles.

Pero también lo que dijimos en ese momento, para que quede claro, es que era lo que se tenía, que era un gran producto, una gran minuta que difícilmente podría tener un consenso diferente.

¿Y por qué? Lo explicaba yo en ese momento, porque los Diputados y los Senadores de la República todos tenemos formaciones diferentes, hay matemáticos, químicos, hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, hay abogados, todos tenemos una profesión diferente, por eso todos vemos de una manera distinta esta minuta, de una manera distinta el combate a la corrupción, todos tenemos formaciones profesionales y experiencia laboral diferente.

Algunos fuimos operadores del propio sistema, algunos aplicamos la Ley de Responsabilidades, algunos llevamos audiencias, algunos litigamos estos mismos procedimientos administrativos, otros no, y eso, a lo que nos lleva, es a tener visiones diferentes, y eso es lo que nos lleva, es que de manera muy difícil podríamos llegar a tener una minuta perfecta, ¿por qué?, porque todos pensamos diferente, por lo que he explicado con anterioridad.

Por todo aquello, yo los invito a que podamos votar esta gran minuta, este gran producto legislativo, y también los invito a que mandemos un importante mensaje a todos los mexicanos de este gran esfuerzo que hacemos todos los grupos parlamentarios por tener un México mejor, sin dejar de reconocer que falta mucho por hacer, esto sólo es el inicio, faltan todas las leyes generales de este sistema y del de transparencia, que sin duda también se entrelazan.

Falta la Ley General de Protección de Datos, falta la Ley General de Archivos, y de éste en específico, faltará la Ley General de Responsabilidades y algunas otras leyes generales. Sin duda, la Ley General de Combate a la Corrupción, que nos hemos dado un año para eso, es decir, si el día de hoy aprobamos esta minuta, tendrá que ir a todos los estados para ser votada, y después de ello nos hemos dado un plazo de un año para tener las leyes generales, y luego de ello los estados tendrán que hacer sus propias leyes, es decir, a este tema hemos llegado tarde y es el momento de sacarlo adelante por un México mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Escudero.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente.

Bueno, como lo han señalado ya mis compañeras y compañeros de las comisiones codictaminadoras de esta minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados, y que se ha mantenido intocada, a fin de buscar su aprobación y su correlato en la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, representa un pequeño paso adelante.

Reconozco que esta minuta mejora de manera significativa la reforma constitucional que este Senado de la República propuso en el año de 2013, y que no fue dictaminada por la Cámara de los Diputados, y en repuesta nos han enviado esta minuta que es resultado de un amplio proceso de discusión, en el que participaron distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que, incluso, vinieron aquí a las audiencias del Senado de la República, a pedir a los legisladores que aprobáramos en sus términos esta minuta, que independientemente de que es perfectible y que todavía necesita avanzar en otros temas, pues hay que buscar que no se detenga, particularmente para combatir uno de los males endémicos de nuestro país, que es el problema de la corrupción, que prácticamente ha permeado todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas, a los propios partidos políticos, pero también a nuestra sociedad.

Lamentablemente, la corrupción se ha convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también, lamentablemente, en una forma en que la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.

Esto con un enorme costo para el país, basta ver cómo la propia Auditoría Superior de la Federación reconoce que nuestro país, en diez años, perdió 86 mil millones de dólares, derivados de actos de corrupción.

Y cómo la corrupción y la impunidad en nuestro país han venido acompañadas de una drástica caída de la inversión extranjera en nuestro país, que tan sólo de 2013 a 2014, pasó de 13 mil 100 millones de dólares a 6 mil 500 millones de dólares. Una caída superior al 50 por ciento, que tiene que ver, como lo ha dado a conocer recientemente, a través del Índice Global de Impunidad en el mundo, cómo nuestro país, lamentablemente, ocupa el segundo lugar en impunidad, sólo debajo de Filipinas y arriba de Colombia, en un país en donde 98 por ciento, en el caso de los delitos penales, quedan sin castigo.

Hay que reconocer que esta modificación a diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país, crea un Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y que buscan fortalecer las tareas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como mejorar, dentro de las tareas preventivas, la fiscalización y el control en el ejercicio de los recursos públicos, y que se busca crear este sistema como una instancia que sea capaz de mejorar, de manera continua, el desempeño de la administración gubernamental, dotándola de capacidad técnica y objetiva en indicadores de evaluación de desempeño, respecto a la función de los servidores públicos, partiendo de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Más aún, dentro de este sistema se crea un comité coordinador en el que participarán los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía responsable del Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Presidenta Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como el representante del Consejo de la Judicatura, quienes con un Comité de Participación Ciudadana, tendrán como responsabilidad fiscalizar, investigar, controlar, vigilar, sancionar, transparentar y rendir cuentas, estrictamente del ejercicio de la función pública.

Y en esta reforma, se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general, que debe establecer las bases de coordinación entre las autoridades y los órdenes de gobierno, que tendrán que ser replicados posteriormente en las legislaciones locales, lo cual, lamentablemente, puede haber una ruta de muchos meses y años para su consolidación, independientemente que de inmediato, con leyes reglamentarias o no, las nuevas facultades que se otorgan a la Auditoría Superior de la Federación, le va a permitir no solamente intervenir de manera inmediata para realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, asegurando, con ello, que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o el ejercicio fiscal en curso, no queden impunes.

Ello le va a permitir a la Auditoría imponer sanciones a los servidores públicos e incluso a los particulares que hayan incurrido en faltas o en actos de corrupción.

Por ello, la Auditoría podrá fiscalizar los recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación, al mismo tiempo que fiscalizará los recursos federales transmitidos, primordialmente, a través de las participaciones federales, permitiendo de manera directa fiscalizar el conjunto del gasto público, con el objetivo de garantizar que éste se destine a los usos y destinos que fueron aprobados por los órganos competentes y, en su caso, de no ser así, sancionar a los responsables de su malversación.

He insistido en que, si bien se ha dado un paso adelante, todavía hay mucho camino por recorrer, porque lamentablemente el combate a la corrupción y a la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos, administrativos y penales, sino se requiere de un cambio de actitud, un cambio en la cultura del ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en nuestra sociedad, y particularmente el cumplimento irrestricto por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir la ley, de enfrentar y no permitir la impunidad en la comisión de actos de corrupción.

Por eso, insisto, éste no es un asunto de discurso, no basta ir al estado de Nuevo León a decir ante los empresarios que ésta va a ser la varita mágica que resolverá los problemas de corrupción en el país, sino tiene que asumirse que esto es un asunto ético, de aplicación estricta de la ley, de hacer que la ley se cumpla y que la ética del ejercicio de la función pública sea el eje rector para poder garantizar su buena aplicación.

Y uno de los asuntos pendientes de esta ley, pues es el que no eliminó el fuero al Ejecutivo Federal, creando un sistema de excepción, en donde el Presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley, lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad.

Y por eso, no sólo como Senador de la República, sino como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quiero solicitarle, señor Presidente de la Mesa Directiva, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, a la brevedad posible, se dictamine la minuta enviada por la Cámara de Diputados y las iniciativas que hemos presentado distintos legisladores, para eliminar todo tipo de fuero establecido en la Constitución, y reformar el artículo 108 que se refiere, en particular, al Ejecutivo Federal; el 109, que otorga fuero a servidores públicos y representantes populares, y revisar con detenimiento los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución, respecto a la aplicación del juicio político, ya que es inaceptable que legisladores o servidores públicos se amparen en la facultad o el derecho que les otorga, lo que es el fuero constitucional, para la comisión de ilícitos.

El fuero constitucional se dotó al Poder Legislativo a fin de que nadie pudiera ser detenido o reconvenido respecto de la libre manifestación de las ideas, no para erigirse en un instrumento que lamentablemente otorga impunidad a los servidores públicos, que ya sea en flagrancia o resultado de investigaciones o auditorías se les ha acreditado la comisión de delitos, de desvío de recursos públicos, de abuso de autoridad e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, quedando impunes hasta el momento.

Queda pendiente, como el eje fundamental, la eliminación de todo tipo de fueros en nuestra Constitución, porque el fuero implica una situación de privilegio en un país en donde todas y todos los ciudadanos deberíamos ser iguales en el ejercicio de nuestros deberes, nuestros derechos y obligaciones ante la ley, sin generar ningún tipo de excepción, menos aún para quien ocupa el primer cargo de representación política en el país.

Vamos a votar a favor, atendiendo la solicitud de las organizaciones sociales que nos han acompañado y apoyado en el desarrollo de otras iniciativas y reformas constitucionales y legales, pero no abdicaremos de nuestra exigencia de eliminar el fuero y toda situación de excepción al Ejecutivo Federal.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II de nuestro Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos a votar en contra, pero ojalá las acciones de silenciamiento que salen de este Senado, del gobierno de la República, permitan que los medios de comunicación manejen y expliquen por qué hay votos en contra.

La manipulación que se ejerce todos los días en contra de los ciudadanos, en contra de la libertad de expresión, en contra del derecho a la información, violado por los medios de comunicación, particularmente las televisoras, hacen que la población no se entere de lo que ocurre aquí; hacen creer que lo que se aprueba por consensos, por mayorías, es lo correcto, y no escuchan a quienes estén en contra.

Esa dictadura mediática se les va a voltear, se les va a voltear. Están engañando al pueblo de México, y es una vergüenza que los dineros públicos que aquí en el Senado corren, en el gobierno de la República, hagan este gran silencio de algo tan grave como es la democracia en este país.

El tema de la corrupción es el principal problema de este país, se repite en todos lados, aquí en la tribuna.

La corrupción cuesta, la corrupción nos impide crecer, la corrupción es un cáncer que avanza. Ya no hay necesidad alguna de insistir en el tema, eso lo reconocen todos.

Sin embargo, no se presenta hoy aquí a la aprobación o no del Senado de la República, un sistema que vaya en contra de la corrupción.

Fíjense ustedes. En medio de los peores escándalos, en medio del señalamiento al propio Presidente de la República, de actos de corrupción, a los secretarios, a gran cantidad de los gobernadores, en medio de ese escándalo sale con un Sistema Nacional contra la Corrupción, que no sirve para nada. Es muy grave.

Van ustedes a ver cómo en el curso de la discusión, si es que se da, vuelve a surgir la idea, bueno: "Es que la corrupción es muy complicada", señores; "es que no vamos a resolver el asunto de la noche a la mañana"; "es que no se trata de castigar, sino de cambiar la cultura, como lo dijo Peña Nieto cuando se disculpaba: es un problema cultural que viene de los ancestros". ¿Verdad? Hay que cambiar todo, hay que transformar.

Por lo pronto, esa muletilla nos señala, y les señala a todos y a la opinión pública nacional, que este sistema no va a resolver el problema, no lo va a resolver. Es simplemente una simulación que sale hoy, en estas fechas, electoralmente, cuando Peña Nieto, desde antes, durante su campaña prometió atacar la corrupción.

Cuando en el Pacto por México, como le llamaron a este Pacto contra México, ya estaba con un punto fundamental.

Cuando había una iniciativa del propio Peña, que no se trabajó. Ahora, con la Casa Blanca, ahora sí vamos a atacar frontalmente la corrupción.

El Partido Acción Nacional también tiene su propio juego. Después de esa aprobación, aquí del primer intento, el Partido Acción Nacional en Cámara de Diputados dijo: "Que la anticorrupción sería su bandera".

De manera que aquí estamos en un juego electoral, y eso se discutió y se dijo en la propia reunión de comisiones, se dijo: "Ya van a decir en los spots y en la propaganda, en esa profunda propaganda que satura al país, van a decir que Peña Nieto y el Partido Acción Nacional ya resolvieron el problema de la corrupción". ¡Claro, a largo plazo!

Dice la exposición de motivos que en la reforma están estudiadas las causas de la corrupción, y es una mentira, no estudia las causas de la corrupción, son puras generalidades, no aparecen la causas de la corrupción, ni aparecen tampoco los nuevos delitos, ni aparece tampoco el cambio de la responsabilidad de funcionarios, eso se deja a 10 leyes secundarias que van a venir en su momento, y que cuando vengan, ya Peña Nieto ya terminó su obra pública, su plan de negocios, y ya se fueron.

Lo que habría que hacer ahorita, en este momento, hoy, verdad, sí, hoy, es detener ese atraco a la Nación, que es, por ejemplo, el Aeropuerto de la Ciudad de México. Es un atraco a la Nación, una locura, un daño a la principal ciudad del mundo, a la más grande de las ciudades del mundo, 180 mil millones de pesos.

No se van a parar todas estas obras, trenes, etcétera, verdad, que están todas bajo sospecha. Hace unos días aquí, en el Senado, se logró una reunión de expertos en relación con el aeropuerto. Es la total opacidad, es una danza de millones y millones, esa si no se va a atacar, esa no, porque no vamos a ir, dicen una y otra vez, por los peces gordos. No, eso es muy vulgar. No vamos a ir a castigar, no, no, vamos a ir a cambiar la mentalidad de los mexicanos, vamos a transformar a los funcionarios públicos que se han corrompido a través de un sistema novedoso, que es, a final de cuentas, lo mismo, lo mismo.

Y si hubiera alguna voluntad de reflexionar de los Senadores y Senadoras, se darían cuenta que es lo mismo. Son las mismas instituciones, ahora en un batido, que se llama "Sistema Nacional".

La corrupción tiene su origen en lo siguiente: En el poder formal e informal ejercido sin límites democráticos, ni jurídicos; en la debilidad o ausencia de instituciones que controlen ese poder; en la ausencia e insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana que le permita a la sociedad vigilar y controlar al poder; no existen.

El dictamen dice textualmente, en su página 58, no existe un modelo institucional único, puesto que esto obedece a la realidad de cada país, a las características del problema de la corrupción en el mismo y a su desarrollo institucional.

Sin embargo, repito, en el dictamen nunca jamás se analizan las causas y las características de la corrupción en México, no se analizan, no es un asunto burocrático, no es un asunto tecnocrático, no, no, es un asunto político.

Me pregunto, ¿cómo se pueden proponer soluciones, sin que las causas estén claramente expresadas en el propio documento? Y no se hace.

El dictamen obvia y pasa puntillas por lo fundamental. Las causas y las condiciones de la corrupción en México tienen, insisto, tienen que ver con el poder. La forma en que ése surge, se ejerce y no se limita ni controla. Las medidas anticorrupción tendrían, en ese sentido, que ver con las limitaciones al poder, con domar al poder formal e informal. Las medidas anticorrupción deberían ser los instrumento del contrapoder, y no es así.

¿Y quién tiene, señoras Senadoras y Senadores, quién tiene el poder en México, ese poder incontrolado?

El Presidente de la República. Él tiene el poder.

Instrumentado o instrumento de las grandes empresas nacionales y transnacionales, los organismos financieros supranacionales, el duopolio televisivo, las cúpulas de los tres partidos mayoritarios; el dictamen no se ocupa de ellos.

Deja el poder del Presidente intacto.

No regular el poder inmenso de las empresas nacionales ni transnacionales; no limita la influencia indebida de los organismos financieros supranacionales en México, ni reduce el poder del duopolio o el poder arbitrario de los tres grandes partidos, que impiden que la sociedad mexicana se entere de los atracos que está sufriendo.

¿En qué consiste el dictamen? En un andamiaje, se dice, elaborado por los interesados, lo oligarquía, desde luego. Una estructura institucional insuficiente y de realización a largo plazo, eh, a largo plazo.

Tal y como reconocieron los expertos invitados por el Senado, que estará controlado por el Presidente y los partidos mayoritarios.

Electoralmente ya alguien lo comentó en algún momento, de aquí de la bancada del PAN. Electoralmente es un regalo a Peña Nieto, por eso llega ahora, se utilizará con fines políticos en este proceso electoral.

Además de algunas cuestiones menores. Apunto 15 críticas, rápidamente.

Vamos a regresar a discutir eso, si lo quieren discutir.

No procede la extinción de dominio por delitos y faltas graves relacionadas con la corrupción. Sólo procede la extinción de dominio por delitos de enriquecimiento ilícito.

Los órganos internos de control que prevé el dictamen, serán controlados.

Señor Presidente, no le pide usted a los señores que se comporten como Senadores.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ruego a las y los Senadores, que puedan ocupar sus escaños y poner atención en el planteamiento del orador.

Y al orador, decirle que ya llevamos once minutos, casi doce minutos, don Manuel, para su consideración, nada más para eso.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es que algunos Senadores se enojan, otros se hacen guajes y no oyen.

Pero van a votar a favor de algo que ni siquiera conocen ni estudian.

Son una serie de limitaciones. Ya con esto termino. Tenía yo 15 razones.

Pero puedo terminar diciendo que esta estructura que presenta, es lo mismo. Son exactamente las mismas instituciones, con un poquito más, que les dan una facultad acá. Pero eso sí, eso sí, van a ser coordinadas por un comité.

Y la coordinación hará de esto un sistema, va a surgir un sistema de lo mismo, de organismos que son nombrados por el Presidente de la República, de organismos controlados por el Presidente de la República, elegidos en este Senado y en la Cámara de Diputados, controlado por la Presidencia de la República.

Ese es el sistema que vamos a tener, es un engaño, es una gran mentira. Están tratando de ocultarle a la población mexicana la verdad; pero saben ustedes, se van a equivocar, porque lo conocen.

Porque van a quedar en ridículo, porque se van a dar cuenta que los mexicanos ya están hartos, como aquí se ha dicho, de la corrupción, de la desvergüenza, del atraco de millones, de la compra de pisos en Nueva York, de los bancos que se atiborran con dinero mal habido de los funcionarios mexicanos.

Eso ya lo sabe la población. Aunque no lo saque la prensa hoy, aunque no lo saquen las televisoras hoy, la población mexicana se los va a cobrar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Para hacer uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La participación e interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, se ha incrementado en las últimas décadas, facilitada, en gran medida, por el uso de las tecnologías de la comunicación.

Sin embargo, el deber de funcionarios y servidores públicos de conducirse conforme a la ley, ha sido una obligación existente desde la conformación del estado de derecho.

Las reformas propuestas en el dictamen, que el día de hoy estamos discutiendo, integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, como una herramienta integral y transversal que ayude a generar mejores estándares en el servicio público y combatir los actos de corrupción.

El dictamen propone cambios a 14 artículos de la Constitución. Los cambios constitucionales propuestos atienden el enfoque sancionatorio, al mismo tiempo que ponen especial énfasis en el aspecto de la prevención.

Sobre la Fiscalía Anticorrupción, se deja claro que será una autoridad con independencia, con la facultad de ejercitar directamente acción penal en contra de los servidores públicos corruptos y ciudadanos que se involucren con éstos.

Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, se le otorgan facultades de atracción para investigar las finanzas estatales y municipales, se aumenta el plazo para la prescripción de los delitos, se establecen mayores sanciones para servidores públicos y se le dan atribuciones para realizar auditorías en tiempo real.

Se refuerza también a la Secretaría de la Función Pública, se le otorgan nuevas atribuciones para investigar los supuestos actos indebidos y de corrupción de servidores públicos.

En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, denominado hasta ahora como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conservará su competencia actual, pero se adicionan facultades para imponer mayores sanciones derivadas de responsabilidades administrativas graves de servidores públicos, así como de particulares involucrados.

También tendrá facultades para determinar a los responsables, el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública o al patrimonio de entes públicos locales o municipales.

De igual forma, se dota de mayores atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y se crea el Comité de Participación Ciudadana.

Al aprobarse este dictamen establecemos importantes responsabilidades como legisladores, se faculta al Congreso Federal para crear la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las disposiciones que regulen la organización de la Auditoría Superior de la Federación, así como la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los servidores públicos debemos actuar con rectitud y probidad en las obligaciones que se nos han encomendado en función de nuestro cargo, responder con responsabilidad y ante la confianza que se nos ha depositado en nosotros.

Es por ello que el Partido Verde, el día de hoy viene a manifestar su voto a favor de estos importantes cambios y avances a nuestro texto constitucional. Cambios que brindan mayores elementos a la democracia mexicana, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

El combate a la corrupción debe coadyuvar a hacer de la transparencia una forma de vida.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Carlos Puente Salas.

En uso de la palabra, para presentar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando preparaba la posición de mi grupo parlamentario frente a esta ley, me surgió una pregunta, que espero que nos sirva para poner en contexto en dónde estamos parados la clase política al votar este Sistema Nacional Anticorrupción.

Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo se tarda uno en llegar de la Colina del Perro a la Casa Blanca?

Posiblemente aquellos que son usuarios de un GPS digan: "10-15 minutos". Otros que hagan memoria en el tiempo, y hay aquí varios que son parte de todo este transcurso, historia, pueden decir: "Pues posiblemente nos hemos tardado 35 años para entender que la Colina del Perro y la Casa Blanca son lo mismo".

Y si se lo contestamos a un hijo, como me tocó a mí hacerlo con mi hijo que tiene 7 años, ¿cuánto tiempo se tarda uno? Pues tal vez 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos.

¿Ha cambiado México o no ha cambiado cuando ponemos estas dos imágenes al frente del pueblo de México?

Yo me acuerdo que en el 82, cuando tenía 9 años, mi familia tiene, desde hace ya mucho tiempo, mi abuelo puso una fábrica de hacer dulces, y me acuerdo la sensación de zozobra cuando mi madre, llorando, tuvo que correr a varios empleados que llevaban ya varias décadas trabajando ahí.

Me acuerdo de mi abuelo, envuelto en rabia, porque la devaluación y las deudas y los proveedores llevaban a punto de la quiebra a esa pequeña empresa.

¿Cuántos miles, cuántos millones de mexicanos no vivieron esa realidad?

Y me acuerdo, con toda claridad, ir a esos 9 años, en el tránsito a Toluca, y ver la Colina del Perro.

Me acuerdo cuando le pregunté a mi papá y me dijo: "Mira, ahí vive el Presidente".

Y me acuerdo de esa enorme casa, amarilla en su pintura.

Me acuerdo de sus ventanas blancas, y me acuerdo, también, de esa parte de ladrillo rojo, que era la biblioteca, según me decía mi papá, y ahí estaba esa enorme casa, color ocre, como símbolo de la corrupción y la impunidad.

Ahí estaba la casa con acabados finos y esa biblioteca de granito rojo como representación de los negocios que se hacen desde el poder, en beneficio de la casta política.

Ahí la casa, con bellos patios y árboles, como muestra del beneficio de unos cuantos y en detrimento de muchos.

Ahí la casa, con su magnífica vista a la ciudad como evidencia física de las enseñanzas del grupo del Estado de México, representado entonces por el profesor Hank, diciendo a todo el auditorio, a ese pueblo mexicano, a esos aprendices de políticos, en aquel entonces: "Que un político pobre es un pobre político".

Ahí la casa como monumento a la desigualdad, a la división entre clases, con su frondosa barranca, división física, pero también simbólica: "Aquí, nosotros los poderosos; aquí, nosotros los impunes con nuestras casas. Allá ustedes, el resto de los mexicanos".

Lo quise traer en estas imágenes, compañeros y compañeras, porque es difícil explicarle a un niño de 7 años, es la edad que tiene mi hijo, cuando de pronto uno se ve estancado entre las calles de la Ciudad de México y no avanza el tráfico, y ve que va pasando gente marchando, marchando y marchando, y donde a su paso la gente va dejando: "Nos faltan 43", "Ya me cansé", "Yo también ya me cansé", y tantas cosas que pasaron en ese momento, entre octubre y noviembre del año pasado.

¿Qué le dice uno a un niño de 7 años cuando le pregunta: papá, por qué están marchando?

¿Cómo le explica uno a un hijo de 7 años, que han sido los policías, aquellos encargados de cuidar a los ciudadanos, quienes han tomado a 43 jóvenes y se los han entregado a los sicarios para que los desaparezcan o para que los asesinen?

¿Cómo se lo respondemos con este Sistema Nacional Anticorrupción, compañeros?

¿O cómo se lo respondemos cuando la Casa Blanca no es de un funcionario menor, sino es del titular del Poder Ejecutivo? Pues es difícil respondérselo, compañeros.

Y esta minuta, que hoy estamos a punto de votar, se queda, sin duda alguna, corta para darle respuesta no solamente a un niño de 7 años, sino a tantos millones de hombres y mujeres en este país, que así como vieron la Colina del Perro, hoy se indignan con la Casa Blanca.

Entonces, compañeros, esta minuta que estamos a punto de votar, sin duda alguna, se queda corta frente a la crisis de credibilidad que tenemos.

Pero no comparto con el Senador Bartlett que por eso haya que desecharla.

Me parece que, por esa razón, hay que decir las cosas con claridad y con firmeza, desde esta tribuna, para que lo escuchen 128 hombres y mujeres que tienen la obligación de trabajar contundentemente para garantizar que esto, que hoy se queda corto, le dé una verdadera respuesta a los mexicanos y a las mexicanas.

Porque hay muchos temas, está el tema del fuero. Yo he venido señalando que llamarle a esta minuta un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, sería incompleto si no logramos quitar el fuero, el fuero para Senadoras y Senadores; el fuero para legisladores; el fuero para presidentes municipales, como José Luis Abarca o el fuero incluso para el Presidente de la República.

Si queremos que en este país haya una verdadera igualdad frente a la ley, compañeros y compañeras, tenemos que quitar el fuero, porque hoy, les pongo un ejemplo, muchos de ustedes están atentos a las campañas políticas, de qué sirve el fuero al final del día, cuando hay candidatos y candidatas, nómbrenlos ustedes, del Partido de la Revolución Democrática, para que no digan que no soy autocrítico, o del PRI o del PRD, o incluso de Morena, que de pronto lo que hacen es, salen a la luz pública, empiezan a gastar en spots, empiezan a gastar de repente en pancartas, y el gasto público crece y crece y crece, y la gente dice, de dónde sale tanto dinero, por qué de pronto ahora sí hay despensas, por qué de pronto ahora sí hay útiles escolares que nos dan los partidos políticos.

Bueno, pues todo eso es parte de la corrupción, compañeros, compañeras, a veces sale del gasto público que se roba un gobernador para meterlo a la campaña a favor de sus candidatos; a veces sale del dinero que le dan los contratistas que han sido beneficiarios con la obra pública, porque lo que quieren, al meter ese dinero privado, es mantener esa canonjía, apoyan a la candidata tal vez con un vuelo de avión, apoyan al candidato posiblemente con un dinero en efectivo, y el problema y el ciclo se eterniza, y después ese candidato cuando es votado, llega a la Cámara de Diputados, llega al gobierno del estado, llega al Senado de la República, y llega con fuero.

Habiendo violentado todas y cada una de las disposiciones que hemos tratado reiteradamente de evitar con el tema del uso del dinero en el proceso electoral, ¿cómo se le premia a aquellos que muchas veces violentan la ley? Pues se les premia con fuero.

Entonces, compañeras y compañeros, este Sistema Nacional Anticorrupción puede significar un avance, una mejor forma de articular a las instituciones que buscan el combate a la corrupción.

Tal vez un avance significativo, y que habría que destacar enormemente, es el tema de la Auditoría Superior de la Federación, teniendo capacidad de supervisar las partidas de las entidades federativas, pero, sin duda alguna, se quedan grandes pendientes.

Se queda la incorporación de un sistema nacional ciudadano que sea la parte crítica y fundamental que eche a andar esa voluntad, que es la que hace que se muevan las instituciones.

Se queda pendiente el tema de conflicto de intereses.

Se queda pendiente el tema de responsabilidad penal de las empresas o las personas morales.

Se queda pendiente el tema de los servidores públicos en igualdad de circunstancias en el tema del fuero, y son varios temas que están pendientes.

Yo a lo que los quiero comprometer, compañeras y compañeros, es que en el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática, y el que seguramente habrán de ser las otras fuerzas políticas, sea un compromiso para trabajar durante todo el próximo año.

Me tocó escuchar con preocupación quienes piensan que ya con esto ya es un gran avance porque el tema de la corrupción es un tema cultural, tenemos que ponernos un año como meta para que se dé la verdadera primavera mexicana: la verdadera capacidad de combatir la corrupción y combatir la impunidad.

Tenemos que cambiar ocho leyes, modificar 14 leyes vigentes, hacer una modificación constitucional en la parte del fuero.

Espero, compañeras y compañeros, espero que ese sea el compromiso, porque así lo hemos comentado en las grandes discusiones que en esta materia hemos tenido de la clase política frente a la crisis que hoy tiene el país. Si no estamos a la altura, compañeros y compañeras, esos 35 años que nos ha llevado pasar de la Colina del Perro a llegar a la Casa Blanca, se van a convertir no sólo en frustración, sino en indignación que signifique una gran movilización y revuelta popular.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

La Senadora Marcela Torres Peimbert hará uso de la voz para posicionar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo con mucho orgullo a posicionar, a nombre del Partido Acción Nacional, el dictamen de la minuta a través de la cual se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y digo con mucho orgullo, porque tanto la Ley General de Transparencia, como el Sistema Nacional Anticorrupción son dos propuestas que emergen del programa histórico del Partido Acción Nacional desde su fundación, en 1939.

Acción Nacional ha pugnado por la limpieza en la vida pública, por combatir prácticas corruptas, a esta altura, desgraciadamente, nadie podemos tirar la primera piedra.

Precisamente por ello, hoy los legisladores del PAN refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la creación del impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia, como este Sistema Nacional Anticorrupción.

Hoy vivimos en un ambiente de sospechas. El ciudadano desconfía del político y el político también del ciudadano; es una cadena constante de desconfianza generada por la corrupción y que ha llegado a su punto más álgido en nuestro país, mermando la credibilidad que tenemos no sólo entre nosotros los mexicanos, sino que deberíamos tener en las instituciones que sustentan el régimen democrático.

La desconfianza ciudadana, tanto en las instituciones como en la clase política, está más que justificada, todos los días se conocen y se denuncian hechos de corrupción de distintos colores.

Contrario a las afirmaciones del Presidente, la corrupción no es una cuestión cultural inherente a los mexicanos. Hemos generado como sociedad, eso sí, incentivos perversos, las recompensas se han invertido, negociar, evitar o incumplir la ley es mucho más efectivo, fácil y barato, que respetarla.

Este es el caldo de cultivo perfecto para que ser honesto en México sea muy complicado.

Los niveles de desconfianza en nuestro país han llegado a tal grado que para resolver el problema prácticamente necesitaríamos un policía por ciudadano que trabajara 24 horas, 365 días al año.

La corrupción se proyecta así como un fractal cuya forma se repite de lo micro a lo macro en todas las instituciones del Estado y de la sociedad.

La numeralia es contundente, desalentadora y lamentablemente consistente.

En los últimos 15 años, México ha obtenido calificaciones reprobatorias en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, la calificación varía entre 3.3 y 3.7 en una escala de 10.

En el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project, México ocupó el lugar 77 de 99 países evaluados en el tema de sobornos.

De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en 2010, las mordidas para acceder o facilitar trámites y servicios públicos alcanzaron 35,000 millones de pesos, y se registraron 200 millones de actos de corrupción.

El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la mayor barrera para hacer negocios en México, aún por encima de la inseguridad.

Para dimensionar las cifras que di, la corrupción cuesta a los mexicanos 45 veces el presupuesto anual de la UNAM; 35 por ciento del presupuesto total ejercido para el 2015; 1.9 veces el presupuesto total en salud, incluido IMSS e ISSSTE; 5.2 veces el presupuesto de la SEP anualmente; 3 veces el presupuesto asignado a las entidades federativas por concepto de aportaciones federales.

Por eso, es que hemos decidido poner un alto.

Nos gustaría decir que con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción de inmediato caerán los peces gordos de la corrupción, sean Presidentes de la República, líderes sindicales, gobernadores, secretarios, Senadores o Diputados de todos los colores y tendencias.

Pero no hay varita mágica ni ninguna otra panacea que resuelva el problema de un día para otro.

Con esta minuta que aprobaremos el día de hoy, y que votaremos a favor en el Partido Acción Nacional, iniciamos una nueva ruta, se restaura y fortalece la recién extinta Secretaría de la Función Pública, la cual fue una creación de los gobiernos del PAN, para prevenir y sancionar la corrupción en la Administración Pública Federal, ella será renovada y sujeta a controles parlamentarios.

El titular de este órgano interno de control del Ejecutivo Federal, será ratificado por este Senado.

Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación dándole facultades para hacer auditorías en tiempo real y revisar ejercicios fiscales anteriores donde existan posibles irregularidades.

La Auditoría podrá también fiscalizar las participaciones federales en las entidades federativas, terminando con el imperio de los gobernadores que se sienten por encima de la ley, cuando se trata de dilapidar o de desviar recursos.

Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública, se les dotará de la facultad para recurrir el no ejercicio de la acción penal cuando así lo determine la Fiscalía Anticorrupción de la PGR.

Se fortalece al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

Se amplía la prescripción por las faltas administrativas graves a siete años, incorporando así una visión transexenal del combate a la corrupción.

Se establece la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonial, y esto es importante, la obligación de presentar la declaración de intereses y la patrimonial por parte de los servidores públicos, contenido en el artículo 108 de la Constitución.

En resumen, esta minuta contiene una serie de cambios institucionales que buscan no sólo modificar, sino también coordinar al entramado institucional, conformado por la ciudadanía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los tribunales administrativos, en un sistema que prevenga, investigue y sancione la corrupción.

Con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción, que hasta ahora utilizamos, y genere un ambiente que favorezca la integridad institucional: la decencia en el sistema.

El trabajo legislativo, compañeras, compañeros, apenas comienza, quedan pendientes muchos temas que habrán de transitar solamente con la voluntad política de todos los aquí presentes y de todas las fuerzas políticas que hoy aprobamos esta minuta.

Entre los pendientes.

1. Definir las facultades de la Fiscalía General de la República y nombrar al Fiscal Especializado.

2. Revisar y replantear la figura del fuero, ya mencionado anteriormente, que tienen los servidores públicos, previsto en el artículo 110 de la Constitución.

3. Revisar el artículo 108 constitucional, respecto de las causas graves por las cuales puede ser juzgado cualquier Presidente de la República.

4. Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para devolver sus facultades a la Secretaría de la Función Pública y fortalecerla de acuerdo con el sistema.

5. Reformar y fortalecer la Ley del Servicio Profesional de Carrera, para construir un cuerpo burocrático profesional estable y que esté blindado contra la corrupción.

6. Eliminar la etiquetación de partidas en el Presupuesto que realiza la Cámara de Diputados. Aquí un paréntesis, en el 2014 sumaron casi 14 mil millones de pesos y dan lugar a la industria de los moches.

7. Regular las declaraciones patrimonial y de intereses.

8. Regular los gastos en comunicación social que realizan todas las entidades públicas.

9. Buscar que la legislación secundaria favorezca e integre al Sistema Nacional Anticorrupción mecanismos efectivos de participación ciudadana. Queremos ver a mexicanas y a mexicanos fiscalizando el gasto de sus gobiernos estatales y municipales y denunciando las irregularidades.

10. Revisar los esquemas de prevención y combate a la corrupción en el Poder Judicial.

No queremos dejar de lado nuestro reconocimiento a la sociedad civil organizada, quienes han participado activamente en la elaboración de este Sistema Nacional Anticorrupción.

En particular, felicitar al maestro Eduardo Bojórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; al maestro Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y Cooperación; al doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad; al doctor Marco Antonio Fernández Martínez, de México Evalúa; al doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas; al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director de Integralia Consultores; al doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas; y al doctor Max Kaiser Aranda, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Todos ellos tanto en la Ley de Transparencia como en este Sistema Nacional Anticorrupción, estuvieron día con día ayudando a que éste pudiera llevarse a cabo de la mejor manera.

Para terminar, el Poder Legislativo, de la mano con los ciudadanos, ha hecho su parte. Depositamos en estas reformas enormes expectativas, pero la implementación está en manos del Ejecutivo.

Desde esta trinchera hacemos un llamado al Presidente de la República para que a diferencia de la reforma educativa, que aún no vemos concretada, aplique cada una de estas modificaciones para ver el fin de la impunidad y a los funcionarios corruptos verdaderamente en la cárcel.

Este es el anhelo de las y los mexicanos en esta pesadilla en la que se ha convertido la corrupción.

A todos los que conformamos parte del Estado, no olvidemos que el respeto a las instituciones comienza por nosotros, los políticos.

En crisis como la que vivimos hoy, es necesario recuperar la confianza ciudadana a través de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia.

Este no es el paso final, es sólo el primer paso de un largo camino que hemos de emprender aquellas y aquellos que soñamos con un México libre de corrupción, un México ordenado y un México generoso.

No olvidemos lo dicho por el recién fallecido Günter Grass: "la principal obligación del ciudadano es mantener la boca abierta".

Hoy necesitamos ojos vigilantes y bocas que griten sin miedo en contra de la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.

En uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores.

El día de hoy estamos frente a una reforma constitucional en materia de Anticorrupción, que representa el esfuerzo más grande del Estado mexicano para combatir a un cáncer social y político que ha generado incalculables pérdidas de bienestar en el país.

El problema de la corrupción, sin duda, representa un reto que decididamente debemos enfrentar, sobre todo por los daños en materia económica y social que generan.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año y el doble de recursos que invertimos en educación pública.

Transparencia Mexicana señala que los hogares en México destinan en promedio el 14 por ciento de sus ingresos al pago de mordidas y a otros actos de corrupción.

La corrupción ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción.

Ante este panorama, México no puede seguir igual. La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura del momento que vivimos y del proyecto de Nación. Este problema no es nuevo, como tampoco la firme y decidida determinación del PRI por hacerle frente.

Desde antes de tomar posesión, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto impulsó el combate a la corrupción como una de las prioridades de su gobierno, un gobierno que no sólo vino a administrar, sino vino a transformar a este país.

En noviembre de 2012, el Grupo Parlamentario del PRI, junto con nuestros aliados, el Partido Verde Ecologista de México, hicimos nuestra la iniciativa del presidente electo para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta Soberanía, antes que ningún otro partido. El PRI y el Partido Verde promovimos en el Congreso de la Unión la discusión en este tema.

Se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política. Detrás de esta reforma se encuentra no sólo el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, sino la convicción del PRI por transformar al Estado mexicano.

En el Senado de la República aprobamos, el 13 de diciembre de 2013, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. A poco más de un año de la aprobación de esta reforma, el debate en torno a la lucha contra la corrupción se ha enriquecido por todas las fuerzas políticas de aquí de este Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de numerosos especialistas y de la sociedad civil.

Por ello, la minuta enviada por la Cámara de Diputados es el reflejo de un sólido acuerdo político que gira sobre la urgente necesidad de emprender cambios en el diseño institucional para ofrecerle a los mexicanos gobiernos más eficaces y honestos.

Este día es histórico porque estamos sentando las bases para un México honesto, justo y democrático, un México en el que la corrupción será prevenida mediante vigilancia de las instituciones y los servidores públicos, con la participación de la sociedad, y sancionada ejemplarmente cuando llegue a presentarse.

La reforma constitucional anticorrupción modifica 14 artículos de nuestra Carta Magna, instituye nuevos principios para transformar el poder público y recuperar la confianza ciudadana. Aprobar esta reforma es enviar el mensaje de que tenemos la conciencia y la capacidad para responder a las exigencias y reclamos de una sociedad cansada por la corrupción.

Con la aprobación de esta reforma se abona la correcta implementación de las reformas estructurales que hemos aprobado en lo que va de esta LXII Legislatura, aprobar esta reforma es decirle a los mexicanos que la transformación del país transita necesariamente por el saneamiento de las instituciones y el combate a la corrupción.

En esencia, la reforma consiste en lo siguiente: Constituye un rediseño legislativo para combatir a las prácticas deshonestas de los servidores públicos y mejorar los estándares de desempeño gubernamental.

Representa la voluntad de esfuerzos institucionales para concentrarse en la prevención, detección y sanción que de manera coordinada inhiba los actos de corrupción.

Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Tendrá la capacidad de medir y evaluar el desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Se crea un comité coordinador que le corresponderá el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales y emitir recomendaciones a las autoridades para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción, entre otras.

También con estas reformas se faculta al Congreso para expedir una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación se fortalece para hacer más grande la revisión de ejercicio de recursos en el país. La Auditoría podrá revisar en tiempo real los ejercicios fiscales en curso con el objeto de investigar y sancionar oportunamente irregularidades administrativas.

Podrá auditar ejercicios fiscales anteriores para evitar la impunidad de las faltas cometidas por funcionarios en el pasado. Se le amplían facultades para que puedan promover sanciones a los servidores públicos que incurran en irregularidades.

Habrá fiscalización directa de la Auditoría sobre los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, así como del ejercicio de los recursos provenientes de la deuda pública local, cuando ésta tenga garantía de la Federación en consonancia con la recientemente aprobada reforma en materia de disciplina financiera en entidades y municipios.

La Auditoría también podrá fiscalizar los recursos federales que se destinan y ejerzan a través de fideicomisos, fondos y mandatos, tanto públicos como privados.

El Senado de la República tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del Secretario de la Función Pública, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de esta importante institución que tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.

Los titulares de los órganos internos de control serán designados por la Cámara de Diputados, los magistrados del tribunal serán designados por el Presidente de la República y ratificados por este Senado.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar no sólo su declaración patrimonial, sino también sus declaraciones de intereses que serán una herramienta para prevenir el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito de funcionarios a sus familiares y amigos.

En caso de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, el Estado mexicano podrá recuperar los bienes productos de la corrupción, a través de la figura de extinción de dominio para disponer de ellos en beneficio de la sociedad.

Compañeras y compañeros: El poder reformador de la Constitución no sólo busca prevenir, combatir y sancionar la corrupción en nuestro país para fortalecer las instituciones conforme a las mejores prácticas internacionales.

Con esta reforma, nuestra Nación contará con las herramientas legales, idóneas, para que los servidores públicos y los particulares no tengan de manera ilegal para sí o para terceros, beneficios de carácter material o ventajas.

Los Senadores del PRI queremos un México de orden, de seguridad, un México sin corrupción y sin impunidad.

La corrupción es un problema general, cuya solución se encuentra en el rediseño de las instituciones del Estado mexicano.

La transformación de México no estaría completa sin una reforma integral, que ataca a la corrupción desde sus raíces. Tanto las reformas de corrupción, como el nuevo marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, marcará un antes y un después en la forma en que se ejerce el poder público en México, el poder público debe estar al servicio de todos los mexicanos.

Aquí se han mostrado algunos ejemplos, y ya recuerdo que no es escondiendo a un Diputado electo en una cajuela, que haciendo uso del fuero se proteja así, con impunidad, como tampoco a los que vitoreaban en el templete a Abarca, que hoy precisamente se encuentra en la cárcel.

El nuevo modelo anticorrupción es fundamental para acotar la distancia que separa a la ciudadanía de sus representantes políticos, generada por el deterioro de la confianza hacia las instituciones del Estado mexicano.

Los Senadores del PRI coincidimos con el Presidente Enrique Peña Nieto, el combate a la corrupción es una prioridad para el Estado mexicano.

Los Senadores del PRI queremos un México moderno, que garantice que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y siempre anteponga el interés público.

Por todas estas razones, nuestro voto será a favor de esta reforma constitucional anticorrupción y a favor de la reivindicación de la política entendida como el mejor instrumento para generar el bienestar social.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Lilia Merodio.

Saludamos desde esta Mesa Directiva, a un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, invitados por el Senador Isidro Pedraza.

También se saluda y se da la bienvenida a otro grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, invitados por los Senadores de dicha entidad.

Bienvenidos estudiantes a esta sesión de Pleno.

Ha concluido, quiero que me pongan atención los coordinadores, ha concluido la etapa de posicionamientos de grupos parlamentarios, continua la etapa de discusión en lo general.

Les decía a los coordinadores, sobre todo a los Senadores, que ha concluido la etapa de posicionamientos, en el posicionamiento de cada grupo se contienen las razones por las cuales un grupo parlamentario vota a favor o vota en contra, inmediatamente sigue la discusión en lo general, la discusión en lo general es el contraste de ciertos elementos del dictamen.

Por eso se ordena, de acuerdo a nuestro Reglamento, con intervenciones en contra y a favor, de tal suerte que más de dos posiciones en contra o a favor, sin que esté seguida por otra, hace que el debate concluya.

Hoy tenemos registradas 18 intervenciones de Senadoras y Senadores. Una en contra, de don Manuel Bartlett, que ya posicionó en nombre de su grupo, y 17 a favor de Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios, que ya posicionaron a favor, su representante.

Yo entiendo que el interés que provoca participar en este asunto, hace este número tan alzado de interesados en participar, y la Mesa Directiva ha acordado proponerles que todos los que han registrado su participación, se desahogue, pero por un espacio de tres minutos, de lo contrario, tendríamos que aplicar el Reglamento, y sólo escucharemos a don Manuel Bartlett y a dos más a favor, y terminaríamos con el debate y habría la cancelación de muchos Senadores y Senadoras que quieran participar.

¿Les parece que así podamos correr con esta discusión? Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Desde que esta sesión se inició, yo comuniqué a la Mesa Directiva, por conducto de nuestro Vicepresidente, primero, que se programara mi intervención conforme al Reglamento para razonar mi voto en términos de una reforma constitucional; dos, que se hiciera el anuncio de las reservas correspondientes a esta minuta, seis artículos en total.

Lo que ahora se propone pretende violentar el derecho de un legislador a exponer en la tribuna sus puntos de vista.

No estoy de acuerdo con este procedimiento, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Javier Corral, sin abrir un debate de este tema tan simple.

No estamos intentando violentar el derecho suyo a hacer uso de la tribuna. Razonar el voto no existe en el procedimiento parlamentario, usted lo sabe, es a favor o es en contra, usted puede hacer uso de la palabra, y en el espacio de tiempo que use en tribuna, y que la Mesa Directiva conceda, como siempre lo ha hecho, de manera muy tolerante, hará ese razonamiento de su voto, pero no hay procedimiento de razonar el voto.

Segundo caso, tomamos nota también de las reservas que usted ya anunció, ya están registradas y cuando termine el debate en lo general, y concluyendo las reservas de otros Senadores, por cierto, del PRD, que tienen artículos reservados y el Partido Acción Nacional y de otros que hubiere, se desahogarán en el capítulo correspondiente, Senador Corral, ¿le parece?

Empezamos, el Senador don Manuel Bartlett Díaz, para hablar en lo general, en contra, por tres minutos.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Quiero manifestar que antes, incluso ni siquiera se votó el procedimiento, nada más se preguntó que iba a ser el procedimiento y ya se está imponiendo.

Entonces, yo creo que frivoliza la conclusión de este debate el que se den tres minutos a una intervención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No escucho lo que usted está diciendo.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Se frivoliza el debate, al solamente darnos tres minutos para una intervención. Si lo que tienen es prisa y huyen la obligación legislativa de estar aquí para discutir un dictamen, bueno, pues manifiéstenlo así, y con gusto nos retiramos, y si hay que votar, pues pasamos a la votación y nos evitamos la discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Cada Senador o Senadora tiene el derecho de estar o no estar, Senador Pedraza, y aquí no se frivoliza absolutamente nada, se aplica el Reglamento, y si aplicáramos el Reglamento, sería solamente uno a favor y dos en contra, si aplicáramos el Reglamento, y no es porque tengamos prisa de irnos o quedarnos, estamos generando y anunciamos un proceso para que todos participen sin que tengamos que cancelar y aplicar el procedimiento, y si lo votamos o si aplicamos el Reglamento a rajatabla, y en ese caso, solamente es uno en contra y dos a favor.

Me explico, pero nadie está huyendo de sus atribuciones, por el contrario, estamos todos presentes y con mucho interés.

Sonido en el escaño del Senador Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, considero que tres minutos para hablar de un tema fundamental, prácticamente es medio prehispánico, digo, 3 minutos por legislador, es mejor no hablar nada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Senador Mayans.

¿Aplicamos el Reglamento, entonces?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, hay que ser pragmáticos. Necesitamos discutir este tema a fondo, aunque nos tardemos hasta la noche, si es necesario.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por eso, Senador Mayans.

Afortunadamente somos un Senado muy plural y que tenemos reglas. Somos tolerantes siempre en las intervenciones, lo hemos sido con usted, sobre todo.

Entonces, vamos a esperar a que intervenga usted, por favor, Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Con todo respeto. ¿3 minutos?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por eso, Senador, seremos tolerantes con todos, incluyendo con usted, de verdad que sí.

¿Sí me entiende usted, por favor? ¿No?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Correcto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es obvio que el PRI está defraudando al pueblo de México con esta batea de babas, pues no quiere discutir, y esa ha sido una de las características de este Senado: ¡No discutir!

¡Vamos a guardar silencio porque en el debate surgen las ideas y surgen las inconsistencias! Bueno, esa ha sido su regla.

Ustedes lo que hacen es aplazar las ideas a través de los medios de comunicación y del dinero, comprando voluntades para que no haya expresión en este país, ni haya libertad de expresión, como se hace desde aquí, de la Cámara de Senadores y desde el Poder Ejecutivo Federal. Es lo que quieren, silencio.

Yo les puedo hacer rápidamente un resumen de quienes presentaron las posiciones de los partidos, y ninguno está de acuerdo en que esta minuta o que este dictamen sirve para el propósito.

Unos decían: "Que sí, que es un comienzo, que es el principio, que fija las bases de la reestructuración de la República, de la renovación moral de todos los mexicanos, del cambio de corazón de todos los funcionarios", pero no está esto, no está esto.

Aquí, esta linda Senadora nos metió 10 puntos que faltan, 10 puntos, aquí también, otros tantos puntos, entre ellos el más importante, que no se toca al Presidente de la República, que es el que ejerce la corrupción desde la cúspide hasta abajo, ese es el punto de partido. Por eso digo yo que no se debe de aprobar esta mentira.

Toco algunos puntos rápidamente de los defectos de este supuesto proyecto maravilloso que se hace con la participación de la sociedad civil.

Ya vimos quienes son, la lista de la sociedad civil son puros consultores, verdad, que están bien remunerados y que piensan igual, es que también están vinculados al Presidente de la República, los oímos en el foro cuando vinieron a decir:

¡Por favor, no le quiten una coma, no vaya a ser que regrese a la Cámara de Diputados; no vaya a ser que regrese, necesitamos sacarla ya! Con lo cual van anulando siempre, van anulando la relación de Cámara Revisora y Cámara de Origen.

¡Ya se acabó!

¡Hay que aprobar, porque si no, no sale nunca! ¿Verdad?

No, no hay que aprobar, no hay que aprobar esta mentira. Se lo comento a Ríos Piter, que me expresó que no está de acuerdo con que no se apruebe.

No estoy de acuerdo, porque es una engañifa, y lo saben bien, que va a ser manejada por los medios de comunicación como la gran resolución del primer corrupto del país, de que ya resolvió la corrupción en México, con esta batea de babas que es este sistema, que no es más que lo mismo.

Algunas fallas. No procede de manera amplia la extinción de dominio por delitos y faltas graves, sino sólo por enriquecimiento ilícito. Debería de proceder en todos los casos, por las riquezas mal habidas y todo lo demás.

Los órganos internos de control que tanto presumen, que prevé el dictamen, serán controlados por los tres partidos, como lo han hecho en todo momento.

El diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no augura independencia e imparcialidad, estarán detrás de él, el Titular del Ejecutivo que hace los nombramientos y las cúpulas de los tres partidos.

Las auditorías al desempeño sólo dan lugar a recomendaciones, no a responsabilidades.

La Auditoría Superior de la Federación, si bien recibe nuevas funciones, importantes, que estamos peleando hace años y se había negado, sí, nada más que sigue dependiente de la Cámara de Diputados; y la Cámara de Diputados ha sido ciega y sorda frente a todo lo que ha presentado en esto la Auditoría Superior, sigue ahí metido, no ha servido para nada el control de la Cámara de Diputados de todo el trabajo de la Auditoría Superior, sigue dominada, sigue sometida a la Cámara de Diputados.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses no son públicas; el Presidente sigue intocable, insisto, no es susceptible a responsabilidad administrativa, y el artículo 108, tanto el vigente como el propuesto, lo forran de impunidad.

Aquí se dice: "Vamos a pedir que rápidamente resolvamos este problema".

"Vamos a exigir, señor Presidente, exija usted que se dictamine una iniciativa que le quite al Presidente esa impunidad".

Y ustedes creen que van a creer en nosotros, si no lo tuvieron aquí. Si aquí no les hicieron caso cuando era la base del gran sistema de anticorrupción, ahora sí lo vamos a quitar después, es un pendiente que está ahí, que no sé por qué se hacen guajes.

"Es que sí hay voluntad política", vamos, la voluntad política es un eufemismo de la voluntad, lo mismo la del Presidente de la República, que es al que van y le consultan:

"Oiga usted, no, todo menos eso" ¿Verdad?

Vamos a sacar todas esas reformas, pero ¿cuándo van a aprobar eso? Pues nunca, hombre, es hacerse guajes, de decir: sí, ahorita que vamos a pedir que se quite el fuero, pues si no pudieron aquí, no van a poder allá.

El Poder Judicial, fíjense ustedes, también tiene un tratamiento privilegiado, pero esto no se dice, no forma parte del Sistema Nacional de Anticorrupción.

El Poder Judicial va a quedar con su propio cuerpo, que es el Consejo de la Judicatura, que es el que va a analizar las fallas.

Y el Poder Judicial es un enorme poder, enorme poder, con muchísimos recursos públicos, que no lo van a poder vigilar aquí, nepotismo brutal; es una estructura que requiere revisión.

Una de las quejas de la corrupción es que no sirve el Poder Judicial.

¡Ah, pues aquí lo dejamos sin tocarlo también!

Ellos solitos, ellos solitos, o en su Consejo de la Judicatura, que son los mismos, la Suprema Corte, la Presidenta y el Presidente, y el Consejo de la Judicatura, pues faltaba más.

Entonces, el Poder Judicial no está en este sistema que transformará el corazón de los mexicanos.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional, pues esa es una estructura que no da cabida a los estados y municipios.

Ya aquí, ya el Congreso ya echo afuera el federalismo, ya no existe el federalismo. Entonces, no hay corrupción, claro, no hay corrupción.

El Comité Coordinador, que es la gran transformación, porque saben ustedes que son los mismos exactamente, los mismos organismos e instituciones, con algunos avances, dicen, pero va a transformarse todo este aparato, que no ha hecho nada y que ha sido la causa de la corrupción por su inactividad, ese se va a transformar por obra de magia.

Yo oía a los expertos éstos que: "Al haber un comité coordinador, y que va a coordinar a todos estos organismos, pues va a haber un cambio radical".

¿Cuál es el cambio radical? Si además no son vinculantes sus recomendaciones.

El paso de prescripción en la materia es de 7 años. ¿Por qué no de 10?

El Sistema Nacional de Anticorrupción es antifederalista. El dictamen no precisa cuáles son los delitos, fíjense, esta transformación del país no define cuáles son los delitos, no define cuáles son las responsabilidades administrativas, aunque todos reconocen que eso está trunco y no ha servido para nada, entonces no tiene pies.

Vamos a esperar a que vengan las reformas legales para que esto se defina. No tiene bases, ni en el derecho penal ni en el administrativo.

El dictamen no alude a los conflictos de interés.

¡Ah! ¿Se acuerdan de la Casa Blanca y los conflictos de interés, y el gran secretario revivido, porque ya había Peña Nieto, en su iniciativa, acabado con la Contraloría o Secretaría de no sé qué, después?

Ahora la revive para decirle: "Señor Secretario, y lo nombra ahí, usted tiene que averiguar si yo cometí un acto de conflicto de intereses, pero yo le quiero decir a usted, señor Secretario, como le dijo, que no lo cometí, eh, vaya usted y averigüe", bueno, sigue sin averiguar.

El nobel secretario, brillante secretario, que salió de quién sabe dónde lo tenían escondido y lo ponen a dirigir, y busque usted y defina usted el conflicto de intereses.

El conflicto de intereses está en toda la legislación del mundo, hombre. En la legislación francesa, en la alemana, en todos lados. No tiene que buscar mucho. Yo lo ayudo, nada más que no vino a la reunión, mandó al subsecretario y no fue a que le dijéramos: Oiga usted, qué pasó con el conflicto de intereses.

¿Por qué no se regula el conflicto de intereses?

Entonces, el Presidente, pues hizo bien en comprar la Casa Blanca y todo lo que se le dé la gana, verdad.

De manera que es una simulación. No se ha resuelto nada.

¿Saben ustedes cómo se nombra a todos los que van a participar en eso?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Termino, señor Presidente.

Si no diciéndoles la verdad y señalándolos por nombre y apellidos, se animan a discutir, porque los regañan allá, ya está arreglado todo lo que va a salir en los medios, para qué discuten, se ríen, encantados, verdad.

Hay que hacer unas, cuánto se gastan en eso, verdad, que eso es corrupción, además.

El Tribunal de Justicia Administrativa es nombrado por el Presidente. Y claro, la obsecuencia del Estado, de aquí de este Senado.

La Auditoría Superior igual.

Los titulares de los órganos internos de control, que son un gran avance, antes eran los que mandaba el Secretario de la Controlaría, verdad, es igual, lo va a nombrar la Cámara de Diputados. Ya ven que es lo que nombran, unos para acá y otros para allá.

El Fiscal Anticorrupción, esa gran figura, verdad, no es, no es autónomo, es nombrado por el Procurador de la República, que ya vimos lo nombraron.

El Sistema Nacional Anticorrupción se integra con los titulares de organismos e instituciones que ahí estaban.

Y en el debate que se tuvo ahí o en el foro este que hubo. Este que fue Consejero del IFE, Presidente del IFE, dijo: Bueno, si cada una de estas instituciones, lo dijo él, uno de los autores, hubieran funcionado, no estaría la corrupción como está.

Porque ni la Auditoría Superior logra pasar sus recomendaciones. Ni el tribunal encontró a nadie, ni ninguno de éstos funcionó, y por eso estamos hundidos en la corrupción.

¿Saben ustedes por qué? Porque todos son empleados del Presidente de la República.

Como lo son ustedes, Senadores de la República, son empleados del Presidente. Y el Presidente es ahí la madre de todas las corrupciones. Todo el sistema está viciado, de ahí a abajo.

Y no lo van a votar a favor nunca, señor Senador Encinas, se lo aseguro, con todo el respeto y admiración que le tengo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel Bartlett.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, levantada por INEGI, en el 2013, el 83 por ciento de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes en el país.

El 89.7 por ciento de la población considera que la policía es corrupta. Seguido, por cierto, por los partidos políticos y el Ministerio Público.

Más del 77 por ciento de la población enfrentó barreras para sus trámites en el último año. Mientras que el 47.7 por ciento no recibió información adecuada para acceder a los servicios públicos.

Asimismo, más del 50 por ciento de las y los mexicanos, cree que está bien desobedecer la ley, cuando se piensa que la ley está mal o cuando el sistema legal falla.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.

Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Senadoras y Senadores: La sociedad nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones, cierto.

También nos demanda erradicar esta práctica permisiva y creemos, en el Grupo Parlamentario del PRD, que si bien faltan, como aquí lo han expresado los compañeros Senadores del grupo parlamentario anterior, faltan muchas cuestiones importantes en esta reforma que hoy estamos discutiendo, es un pequeño paso que es necesario, así lo hemos valorado, aprobar.

No voy a enumerar la gran cantidad de situaciones que ya el Senador Ríos Piter y el Senador Encina mencionaron, pero estamos frente a una situación muy compleja.

Ya vemos, incluso, partidos políticos que están usando el Sistema Nacional Anticorrupción en sus campañas, como si fuera solamente una iniciativa de un solo  grupo parlamentario. Y como aquí bien se dijo, es un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, que ciertamente tendría que motivarnos a reconocer los pequeños avances.

Sin embargo, aún cuando hay críticas muy puntuales a este dictamen, que viene como minuta de la Cámara de Diputados, nuestro grupo insistirá en que también se aprueben otras reformas que permitan contribuir en serio a eliminar el fuero. Eliminar el abuso de poder que se da a través de los privilegios, que consideramos deben modificarse, desde un marco jurídico puntual, que pueda exigirse judicialmente y que pueda delinear las políticas de las acciones gubernamentales.

Primeramente, es necesario concluir el procedimiento, de que este Senado de la República inició, por ejemplo, para nombrar al Fiscal de Anticorrupción. En ello, las reformas también al título décimo del Código Penal, relativo a los delitos cometidos por servidores públicos.

Asimismo, consideramos que es necesario eliminar la cláusula constitucional que establece que el Presidente, durante el tiempo que dure su encargo, no solamente como ya había mencionado, goza de fuero y solamente puede ser reconsiderado, puede ser removido por traición a la Patria y otros delitos graves del fuero común, pues también nos parece verdaderamente pernicioso que sigan recibiendo, cuando ya está en calidad de ex presidente, todos los recursos que recibe del Erario Público, al igual que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eliminar, por lo tanto, esta figura del arraigo, que ha sido un límite, que no pudo lograr el consenso para abordar en serio en esta discusión que se dio en la Cámara de Diputados, y que hoy, por los tiempos, estamos obligados en el Senado a dictaminar, pues ciertamente sigue siendo un impedimento para que funcionarios, servidores públicos y representantes de elección popular puedan ser objetos de sanción, ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción.

Simplemente, por obviedad del tiempo, es necesario que sigamos insistiendo que estos compromisos que siguen estando pendientes, debemos darnos la oportunidad, de ciertamente corresponder a las exigencias y a los reclamos que la sociedad nos hace para poder dejar de seguir manteniendo algunos elementos, como el fuero, como cuestiones intocables.

No son, de ninguna manera, cuestiones que caractericen a un Estado democrático, a un estado de derecho.

Es cuanto.

Gracias, por su atención.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Sin duda que el día de hoy estamos dando un gran avance en este tema de combate a la corrupción.

Ya se ha dicho aquí, y yo comparto con quienes han criticado y han hecho señalamientos al contenido de este dictamen, pero, sin embargo, también es cierto que tiene cosas muy positivas.

Quizá la ausencia está en las sanciones de carácter penal, que ya habremos de discutir; pero desde el punto de vista, de la sanción administrativa, no podemos dejar de reconocer que es un primer avance, que trae cosas positivas y que, sin duda, permitirá avanzar en el combate a la corrupción.

La corrupción ha sido, y es, un fenómeno no exclusivo de México, es un fenómeno que ha venido afectando a todas las naciones en el concierto mundial. Repercute y tiene un efecto en las economías de los países, socava la legitimidad de las instituciones, pero también afecta a la aplicación de la justicia, afecta a la posibilidad del desarrollo integral de los pueblos, a la moral pública y, sin duda, que no es, de ninguna manera, la posibilidad de avanzar en las instituciones democráticas si no vamos acompañados de la mano de un combate real a la corrupción.

Yo creo que lo que hoy vamos a aprobar, de la mano con la nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, serán dos instrumentos muy importantes, dos instrumentos de avanzada que cualquier democracia debe de tener, y que en el caso de México nos tardamos mucho en poderlo materializar.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el deshonroso lugar del 103 de 175 países evaluados, donde el 1 es el mejor evaluado y el 175 el peor, y creo que esto es un tema que teníamos que atender y que nos habíamos tardado.

La corrupción tiene un costo muy alto en México, el Observatorio Económico "México, ¿cómo vamos?", calculó que en el 2014, la corrupción le costó al país 341 millones de pesos al año, a precios actuales, por lo que se generó una pérdida del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, el nivel de corrupción presentó el 15 por ciento de la inversión pública.

Por eso es que para Acción Nacional fue fundamental avanzar en esta propuesta que, además, en su momento no fue exclusiva de Acción Nacional, y que ha habido un gran trabajo de todos los grupos parlamentarios. Se trabajó al interior de los propios grupos y después entre las bancadas para tratar de llegar a un consenso respecto al cuál sería el mecanismo, y hoy tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción.

Algunos de los puntos que ya se han comentado aquí, y que son fundamentales, es el tema de esta coordinación que se va a dar en el comité que establecerá los lineamientos, las políticas públicas de prevención, de sanción, de fiscalización, de coordinación entre sí, para poder hacer realidad y efectivo, sobre todo, el combate a la corrupción.

Es importante resaltar la participación de la ciudadanía en un comité integrado por ciudadanos, que se coordinará con el Comité de Combate a la Corrupción.

El fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación también es un tema, me parece, importante que ahora podrá tener y hacer, en su momento, las auditorías que correspondan, no a un año después de haberse ejercido los recursos, sino hacerlas en el momento en que se están ejerciendo, sin duda, es un avance importante que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, los servidores públicos estaremos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial y de intereses, será una obligación ya de ley, no una moda electoral. Procederá a la extinción del dominio en casos de enriquecimiento ilícito, se requerirá la ratificación del nombramiento del Secretario de la Función Pública para evitar que tenga una dependencia absoluta del titular del Poder Ejecutivo.

Amplía el plazo para la prescripción en faltas administrativas a siete años, para poder ser transexenal y que no haya impunidad.

Las entidades federativas tendrán la obligación de hacer lo propio para crear su propio sistema y que esto realmente baje hacia los estados y municipios como un solo lineamiento a nivel nacional.

Debemos dejar claro que no va a ser la varita mágica, pero, sin duda, que estamos dando un gran avance.

El exhorto hoy es, después de votar aquí, que seguramente así será a favor de este Sistema Nacional, para que los congresos locales puedan avanzar lo más pronto posible, que se dé el debate, se discuta, sin duda; pero, con todo respeto, hacemos un exhorto para que en la brevedad posible puedan estar aprobando esta reforma constitucional, porque la tarea apenas se está iniciando.

Una vez aprobado en el Constituyente Permanente, habremos de iniciar con la elaboración y la modificación de varias leyes de carácter secundario que podrán, realmente, darle el andamiaje a esta reforma constitucional para hacer efectivo lo que en este dictamen, y en el cuerpo del mismo, se establece como los principios de combate a la corrupción.

Por estos motivos, me parece que, sin duda, estamos dando un gran avance de una primera reforma, en este caso de combate a la corrupción, una reforma de primera generación y que habremos de ir avanzando para hacerla cada día más efectiva.

Sin duda, un gran pendiente es el tema de la eliminación del fuero, ese es un tema que habremos de discutir, que habremos de insistir, y que es fundamental para poder realmente darle certeza y confianza a la ciudadanía, de que estamos dando pasos en serio y que ya no vamos a permitir más impunidad en el combate a la corrupción.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, lo que hoy debatimos, discutimos y habremos de aprobar es un pendiente muy esperado por el pueblo de México. Y muchas veces cuando escuchamos a Senadores, en esta tribuna, parece que la memoria se adelgaza y olvidamos la alta responsabilidad que hemos tenido ayer, que tenemos hoy y que, sin duda, debemos fijar las bases para las responsabilidades futuras.

Esta Legislatura, a punto de culminar su periodo ordinario, y prácticamente a unos meses de culminar como LXII Legislatura, sin duda hemos tratado, en un consenso abierto, de ir dando los pasos para sembrar un nuevo escenario en nuestro país.

No olvidarnos cómo construimos juntos la reforma educativa, cómo antes de llegar a ella, la reforma laboral, que era un pendiente que se nos quedó, esta Legislatura la aprobó. Reforma hacendaria y fiscal, reforma energética, nuevas reglas en la participación política en un nuevo Reglamento, una nueva ley que nos permite una mayor apertura y vigilancia de los comicios electorales y la equidad de género en la participación de la mujer; la Ley General para los Niños y las Niñas, entre otras. Nuevas reglas que están pendientes en el punto de vista jurídico y penal.

Pero lo que hoy discutimos es lo que también la sociedad reclama y espera, nuestra sociedad, la que nos brindó la confianza y la que hoy espera que este Sistema Nacional Anticorrupción, estas nuevas reglas sobre este cáncer que lacera a nuestra sociedad, puedan funcionar para bien del México que hoy vivimos y del que pretendemos heredar a las nuevas generaciones.

Hoy construimos una Ley Anticorrupción, es cierto, con imperfecciones, pero, a fin de cuentas, ¿qué, no es el Legislativo quien puede seguir aplicando la posibilidad de ir reformando acuerdos y leyes para ir perfeccionándolas éstas y le sirvan mejor a la sociedad?

Sin duda, habrá que aplaudir el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, de todas las organizaciones civiles, no gubernamentales y políticas, que aportaron la parte que les toca para que esta ley funcione.

Tengamos confianza en que los organismo que habremos de crear, que este Sistema Nacional de Anticorrupción y los ciudadanos, que se habrán de incorporar a ser vigilantes celosos de la aplicación de esta ley, lo hagan con alto sentido de responsabilidad.

Creo que el trabajo de esta Legislatura está siendo evaluado y analizado por la sociedad, más allá del proceso electoral que hoy se vive; más allá de la incitación al ciudadano a que vaya y que deposite la confianza con su voto a los partidos políticos que participan, y a los candidatos independientes que por primera vez están sujetos al escrutinio, creo que vale la pena que demos este paso ante una sociedad agraviada de ejemplos mil que se han mencionado aquí, y que, sin duda, tampoco esto va a ser la solución para que se abata finalmente la corrupción.

Habrá que cambiar el modelo, sí; habrá que dejar de ser el país donde no pasa nada para empezar a funcionar y estar metiendo a los irresponsables, a los que hagan mal uso de los recursos públicos del pueblo, que vayan a donde deben de ir: a cumplir penalmente una condena.

Ejemplos, repito, hay muchos, de todos los partidos y de todos los colores, a fin de cuentas esta historia no termina aquí, vayamos siendo positivos, vayamos aportando esta parte que hoy le toca al Legislativo para sacar adelante esta Ley Anticorrupción y poder darle esta ventaja al gobierno y al pueblo de México de que por fin, después de tantas cosas nos atrevimos a dar estos pasos.

Nuestra bancada, el Partido Revolucionario Institucional, va en pro de esta ley, porque la hemos construido juntos, porque vale la pena por México y la habremos de aprobar este día.

Muchas gracias, señor Presiente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Amador Gaxiola.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Déjenme empezar esta intervención, citando a un personaje norteamericano que en 1931 dijo lo siguiente: "….Debemos mantener esta nación íntegra, a salvo y libre de la corrupción, hoy en día la gente no respeta nada, antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley, hoy la corrupción se pavonea en la vida diaria, es la nueva ley, la única que se respeta y está acabando con este país…".

¿Quién es este personaje que en 1931, en los Estados Unidos de América, dijo estas líneas?

Quizá pueden imaginarse que el entonces presidente Roosevelt o que fue Martin Luther King, pues no, compañeras y compañeros, no fue un político ni un intelectual ni un líder religioso, fue un mafioso, fue Al Capone, quizá el más famoso de la historia, quien en una entrevista dijo estas palabras.

¿Por qué podía Al Capone hablar con este cinismo sobre lo mala que es la corrupción? Porque hablar mal de la corrupción es muy fácil, porque aquí podemos todos llenarnos la boca criticando la corrupción y diciendo que es el gran problema de nuestro país, pero eso no es suficiente y no engañamos absolutamente a nadie.

Lo fácil es hablar, subir a la tribuna y decir que estamos comprometidos.

Lo difícil es tomar acción, acciones políticas muy concretas; ir en sentido contrario al sentido común que la clase política en nuestro país ha tenido durante muchos años y que la fue llenando de estos privilegios como son la opacidad, las declaraciones patrimoniales y el manto de protección que significa el fuero.

Hace una semana, seguramente muchos de ustedes vieron en varios periódicos de nuestro país una nota que decía: "Especialistas piden al Senado aprobar sin cambios la minuta anticorrupción".

Y el mensaje que vinieron a dar muchos especialistas, todos ellos muy reconocidos, era: no le enmienden, no la mejoren, déjenla como está, no le muevan ni una coma.

Pero no nos confundamos, no lo dijeron porque la minuta sea perfecta; no lo dijeron porque la minuta sea buena. Es muestra de algo mucho más profundo, y algo mucho más grave que tener una ley perfectible; es la expresión de la enorme desconfianza hacia los políticos, y en particular hacia nosotros, los legisladores. Porque hoy vivimos la más grave crisis de credibilidad y confianza que ha tenido cualquier generación en las épocas recientes de nuestro país.

Pareciera entonces un falso dilema que si no se aprueba así, pues no sale, y tienen toda la razón, es una premisa que no se debería de permitir y mucho menos usar este argumento para decir que es una reforma completa.

El reclamo de aprobémosla como está, es una prueba más de cómo la sociedad, con un escepticismo totalmente justificado ve inviable la posibilidad de que sus representantes mejoren y después aprueben una buena ley, porque para ellos una cosa es excluyente de la otra.

Nos piden en un gatopardismo de resignación que no cambiemos nada para ver si así algo cambia, y ahí me parece que hay un problema que deberíamos de reflexionar con mucho más profundidad.

Y aquí también tendremos que reflexionar sobre una responsabilidad que tenemos como políticos; el ánimo democrático de un país se sustenta siempre en la confianza hacia los representantes, y esta confianza a su vez no puede coexistir con la corrupción de representantes ni de representados.

Ya lo decía, hace unos días, Ray Fisman, de la Universidad de Columbia, que sugiere que justamente el éxito de la lucha contra la corrupción radica en la combinación de sanciones legales con incentivos económicos que generen su rechazo moral, político y social.

Yo sí creo que esta ley apunta en esa dirección, pero solamente apunta en esa dirección, no creo que no haya que cambiarle ni una coma, es más, creo que varios temas están ausentes e incompletos, y se los voy avanzando, para eso he presentado reservas en varios temas.

Uno, responsabilidad penal de las empresas o compliance, es decir, que se castigue al corrupto, pero también se desincentive al corruptor.

Segundo, unidades financieras, porque todo Sistema Nacional Anticorrupción que no plantee una estructura nacional coordinada y con capacidad técnica que pueda auditar empresas y partidos políticos es simplemente una simulación.

Y tercero, que para eso quería yo preguntarle al Senador Torres Graciano, que desafortunadamente vino, dio su discurso y se fue, una cosa muy particular, el "#3d3", no es una moda electoral, que no se confundan; puede ser una moda electoral para algunos candidatos que están haciendo uso de ella para sus elecciones, pero no es esa la intención ni de Transparencia Mexicana, ni de los legisladores que nos hemos sumado.

Plantea que los servidores presenten su declaración patrimonial y de intereses, pero que la publiquen, y la reforma que estamos a punto de aprobar no obliga a ningún candidato o legislador o funcionario público a publicar estas declaraciones.

El Senador Torres Graciano dijo algo aquí que es falso, dijo que ya con la ley vamos a poder, bueno, van a tener los mexicanos acceso a las declaraciones patrimoniales y de interés, eso no es así, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo para poder modificarlo de inmediato.

Por eso me parece que lo que no se puede hacer es tener como bandera la anticorrupción, y como método político de campaña la corrupción, y eso está pasando en muchos procesos electorales a todo lo largo y ancho de nuestro país.

Y finalmente el asunto del fuero. El Sistema Nacional Anticorrupción que se establece en la Constitución no puede estar completo si mantiene paralelamente un incentivo constitucional para la impunidad, que es el fuero.

Por eso el llamado, compañeras y compañeros, es a que aprobemos el dictamen en lo general, pero también a que modifiquemos el dictamen, eso sí, que hagamos un compromiso público de hacerlo y después aprobarlo en esta misma Legislatura, quedan cuatro sesiones que son perfectamente suficientes para hacerlo; de otra manera me parece que estaremos mandando un mal mensaje, un mensaje equivocado a la sociedad, que los políticos mexicanos no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción hasta que llega a nuestro predio, a nuestra cancha, que cuando se trata de deshacernos de los privilegios que representan el fuero y la opacidad de las declaraciones patrimoniales de interés, ahí, ahí topó el asunto y nuestra convicción democrática; no es cierto que sea un tema cultural, no es cierto que no tengamos remedio; la corrupción es un problema de primer orden ético, jurídico, político y hasta de productividad económica, por eso hay que hacer lo necesario para cambiar el caldo de cultivo en la que florece. En ese sentido presentaré mis reservas y los invito a que reflexionemos en cada una de ellas.

Es cuanto, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

El Senador Bartlett desea hacer uso de la palabra desde el escaño, ¿con qué objeto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) No hay quórum; rectifique usted el quórum, se aburrieron ya, se aburrieron ya de lo mismo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Desde la perspectiva de esta Presidencia, hay quórum suficiente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Ya se ha dicho aquí ampliamente que la corrupción se ha convertido en el mayor problema de México y que es la causa de muchos otros problemas públicos.

Y el diseño institucional para combatir este mal es como un rompecabezas, cuyas piezas deben embonar perfectamente a efecto de garantizar su eficacia.

Lo que hay hasta el día de hoy, en este campo, son varias instituciones que han trabajado de manera descoordinada, haciendo prácticamente imposible la prevención, la investigación y la sanción de actos de corrupción; es decir, lo que tenemos son piezas de un rompecabezas que no han logrado conjuntarse armónicamente.

Y eso es lo primero que atiende la reforma, la minuta que estamos discutiendo el día de hoy, la creación de un verdadero sistema entendido como un mecanismo de coordinación y complementariedad de las distintas instituciones que hoy día combaten la corrupción.
He escuchado en esta tribuna que la reforma, que esta minuta, se quedó corta, que no es suficiente, que de nada va a servir o que de poco va a servir si es que no va complementada con una serie de reformas que también se han mencionado.

Y estoy parcialmente de acuerdo, ciertamente hay que revisar el tema del fuero y otras cosas que se han dicho aquí.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes vienen a minimizar en esta tribuna la reforma, o con quienes han dicho, como hemos escuchado con quien me antecedió en el uso de la palabra, que los expertos en las audiencias públicas pidieron que no se modificara la minuta por miedo a que no se aprobara.

Y quiero recordar lo que algunos de ellos dijeron.

Mauricio Merino: "Nunca antes hubo una reforma tan ambiciosa para cambiar, así sea poco a poco, las rutinas de apropiación ilegítima de los recursos públicos del país".

El doctor López Ayllón del CIDE: "La minuta que examinamos tiene, en mi opinión, varias virtudes", y empieza a desarrollar las virtudes, no las voy a repetir, pero empezó a desarrollar una serie de virtudes que él considera de la minuta.

El Magistrado Manuel Hallivis: "Que la reforma constitucional, que están ustedes discutiendo, representa una muy buena base".

También el mismo Magistrado, "señores Senadores, están ustedes en la dirección correcta".

Y el Auditor Superior de la Federación: "La Auditoría Superior de la Federación apoya el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que en sus términos actuales cuenta con la potencialidad para generar una articulación adecuada entre los organismos que tienen la responsabilidad de velar por la mejor de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad, etcétera".

Traje a la tribuna estos dichos de los expertos a quienes hemos escuchado para recordar que la reforma en sí misma es una reforma muy valiosa, que de ninguna manera en lo que compete a la propia reforma, lo que buscó reformar se queda corta, y que no estoy de acuerdo con los Senadores que están minimizando esta reforma e incluso minimizando nuestro propio trabajo.

El segundo punto que atiende esta reforma, además del sistema, es la disfuncionalidad e ineficacia de las instituciones que en materia de combate a la corrupción existen hasta ahora a través de una transformación profunda que harán que éstas puedan verdaderamente cumplir con sus objetivos.

De manera destacada, y como ya se ha comentado anteriormente, hay que recordar el nuevo y mejor esquema de fiscalización de recursos públicos, que incluso abarcará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, así como la inclusión de los particulares como sujetos de sanción por actos de corrupción, pudiendo ser multados o incluso inhabilitados para participar en futuras licitaciones u obligados a resarcir daños causados a la hacienda pública.

Por supuesto, hay que destacar a figura de extinción de dominio para el caso de enriquecimiento ilícito y la obligación de todos los funcionarios públicos de presentar su declaración de intereses.

La ratificación del Secretario de la Función Pública, por parte el Senado, es otro elemento fundamental.

Y el tercer gran aspecto relevante de esta reforma es que el sistema se replicará a nivel local y tanto las bases, principios y procedimientos derivados de ésta, deberán de estar contenidos en una ley general que garantizará que el combate a la corrupción se haga bajo los mismos estándares en todo el país.

Quiero finalizar mi intervención, esta tarde, reconociendo, sí, que esta es una reforma muy importante, que ésta es una gran reforma, pero que, en efecto, hay que considerarla como una gran primera reforma, una gran primera reforma en el camino de tomarnos en serio el combate a la corrupción, y para lo cual hay que, en efecto, hacer una serie de reformas complementarías, sí, insisto, sin minimizar lo que el día de hoy estaremos aprobando, espero, en un momento más.

Por supuesto, yo quiero insistir en que la declaración de intereses debe de ser público, igual que la declaración patrimonial para los funcionarios electos, pero también para los candidatos, este es un asunto que no se toca en esta reforma, pero que es importante revisar para que desde la etapa de la candidatura sepamos exactamente qué intereses hay alrededor de la gente que está buscando un cargo de elección popular.

Los gastos en comunicación social que realizan todos los entes públicos deben de revisarse y reducirse sustancialmente, por supuesto insistir en la eliminación del fuero para todos, y en la revisión del fuero para el Presidente de la República.

Finalmente, hay una última reflexión, es que debemos de repensar el modelo de campañas políticas, un modelo que ayude a que quienes llegan a ocupar un cargo de elección no lleguen con un costal de compromisos en la espalda, necesitamos un modelo de campañas que ayude a que los funcionarios electos tengan las manos libres para poder hacer bien su trabajo.

Para empezar a trabajar en estas reformas no es necesario esperar a que esta reforma sea aprobada por las 17 legislaturas de los estados que son necesarias, sino que podemos, desde ya, empezar a trabajar en varias de estas reformas en legislación secundaria, y a eso los invito.

Quiero, finalmente, hacer una propuesta formal a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, para que se pueda crear un grupo multipartidista, plural, bajo el mandato del Pleno, para que durante el receso podamos estar trabajando esta serie de iniciativas, porque no podemos seguir deteniendo el trabajo en esta materia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señora Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras.

La reforma constitucional que hoy tenemos a la consideración es un hecho histórico, si nos gusta qué bueno, y si no, también. Ponerse de acuerdo las fuerzas políticas del país no es nada fácil y no solamente hoy hay un dictamen donde aparecen todas las fuerzas del Senado de la República, sino ya hay un antecedente al respecto.

Mucho se ha dicho de la corrupción, y se ha dicho que promueve la delincuencia, que es endémica, pero me parece que el discurso lo tenemos que cambiar, porque de repente yo escucho como que es una guerra de buenos y malos, y una lucha de lodo, es mucho lodo lo que se viene a decir aquí, y me parece que solamente se apunta un dedo, pero cuatro apuntan a muchas fuerzas políticas de este país.

El tema está en la mesa, no le podemos dar la vuelta, la sociedad está exigiendo fuertemente que el tema anticorrupción sea prioritario en la vida de este país.

Y la lucha contra la corrupción, aunque aquí se viene y se dice que no se partidiza, se hace una lista enorme de otros partidos, pero yo pedí así nada más, me metí a Google, y puse amarillos y azules. ¡No, hombre! Pasaríamos horas, familiares incómodos, encajuelados, extesoreros en la cárcel, gente detenida, echándole la culpa a otros de responsabilidades primarias que tenemos como autoridades.

Si es verdad que no queremos partidizar, no lo hagamos, no sigamos dándole armas a la sociedad de decir que la verdadera corrupción está exactamente en lo que criticamos y no hacemos nada para desterrarla.

La verdad es que esta minuta que la Cámara de Diputados envió tiene un sentido. Primero, hay que decirlo, el PRI y el Partido Verde presentamos una iniciativa mucho antes que las fuerzas políticas en este Senado de la República, pero además, en diciembre tuvimos un dictamen positivo que aquí se dijo, no se recogía totalmente las necesidades, pero hay que decirlo, la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto no la podemos regatear, él promovió este esquema de una comisión anticorrupción que hoy la tenemos a la vista, superada, mejorada, con todos los ingredientes que aquí se han dicho.

Bondades, tiene muchas, pero yo resaltaría tres cosas:

Primero. Estamos en los estándares internacionales que México debía en ese tema.

Segundo. El tema de la participación ciudadana es fundamental, no podemos seguir dejando a la sociedad de fuera, tiene que estar aquí, activa, pero también hay sanciones, los particulares son observados, hoy las sanciones son mucho mayores y creo que eso es muy importante.

Es lo que la sociedad está esperando y es una propuesta emanada de una propuesta no solamente de campaña, sino del inicio de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto. Démosle vuelta, ese tema de anticorrupción es fundamental que hoy lo votemos a favor y yo creo que así será.

Y si hay que mejorar, y si hay miedos al fuero, yo sí les digo, cada quien tiene temores a algunas cosas. Creo que lo que la gente está pidiendo es que demostremos con hechos no solamente como nos ensuciamos unos y otros, sí como actuamos como fuerzas políticas en este país, fuerzas serias, responsables, que damos la cara, no responsabilizando a otros y a otras cuando en la cancha nuestra está la responsabilidad de eliminar la epidemia más fuerte con la que hemos tenido que batallar en esta sociedad mexicana y en el mundo entero, como es la corrupción.

Bienvenida esta minuta, y el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor, porque en esto cree, ésta es nuestra lucha, y de Enrique Peña Nieto es su prioridad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora.

A continuación, en el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras, compañeros Senadores.

¡Qué lástima de verdad! ¡Qué lástima que desperdiciemos esta enorme oportunidad que se nos ha brindado para darle una respuesta a los ciudadanos, pero a la altura del desafío que en materia de corrupción tiene este país!

Y lo digo, compañeras y compañeros, porque no coincido en principio, no coincido con la aseveración de las y los Diputados, pero también compartida aquí por varias Senadoras y Senadores, tal y como lo han expresado, en el sentido de que esta minuta es mucho mejor de la que aprobamos aquí en este Senado en el 2013.

Y no dudo, también lo dejo asentado, que aquel proyecto tenía varias deficiencias, pero estoy convencido, compañeras y compañeros, que este dictamen también las tiene.

Por ejemplo, cuál es el sentido, me pregunto, de que la Auditoría Superior de la Federación inicie su labor de fiscalización el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, si sus observaciones, compañeras y compañeros, podrán versar únicamente sobre el contenido de la cuenta pública, cuya presentación puede suceder hasta el día 30 de abril.

Otro ejemplo. Son muchos, compañeros y compañeras, los analistas, los académicos, los expertos que aquí en este Senado, en audiencias, en reuniones, en foros, nos dijeron que de frente al combate a los problemas como la delincuencia, la corrupción o la impunidad, frente a eso se debe comenzar por una verdadera voluntad política para resolverlos.

Y por lo visto, la única voluntad política expresada en este proyecto es la de mantener intacto el fuero del Presidente de la República, que siga siendo intocable, como si se tratara de un ser sagrado.

No, compañeras y compañeros, yo creo que ha llegado el momento de ser iguales, un país sin fuero implica ser un país de iguales, y en esta tesitura, el recordado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Sergio Valls, permítanme traer a esta tribuna parte de lo que exponía, escribía en algún momento de reflexión que una nueva etapa se presentaba precisamente en relación al fuero, donde nadie lo decía, él tenía que justificarse por el cargo o por la investidura que estuviese desempeñando, sino por el contrario, confiar al igual que los ciudadanos, en la rectitud, en la imparcialidad de nuestras autoridades penales para juzgar los delitos o ilícitos que se someten a su conocimiento.

Yo coincido por completo con el planteamiento que acabo de recordar. Incluso digo que ha llegado el momento en que los altos funcionarios confíen en las instituciones y se sometan a sus determinaciones, como lo hace cualquier otro ciudadano de a pie en esta nación, no veo por qué al ciudadano sencillo hay que exigirle dejar en manos de la justicia su destino y no pedir lo mismo para el Presidente de la República o para un legislador.

Por eso, todas y todos, sin excepción, compañeras y compañeros, debemos ponernos a merced de la justicia en igualdad de circunstancias.

Como también vale la pena recordar, aquí ya lo expresaron, seré breve en ello, el fuero se confirió a determinados servidores para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y para mantener ese equilibrio entre los Poderes del Estado, de tal manera que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional, o como lo escribió don Ignacio Burgoa, la finalidad del fuero constitucional no estriba en proteger a la persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático, sin embargo, compañeras y compañeros, Senador Presidente, ustedes y yo sabemos lo común que quien detenta un cargo se siente dueño del mismo y se atribuye sus fines y hasta su naturaleza, es decir, comete abusos en la esfera pública y, lo peor, comete abusos en la esfera privada como si el derecho lo asistiera.

El fuero, por lo tanto, se ha constituido más que en una protección de equilibrio de los poderes en un permiso para desequilibrarlo.

Y hay una razón final, y con esto concluyo mi exposición, Senador Presidente, una razón fundamental para acabar con el fuero, tema que no se incluyó en este dictamen, el ejemplo, es decir, en concreto les digo, para demostrar que se es un demócrata, hay que actuar como tal, gobernar obedeciendo como lo pide el gobierno del pueblo, por eso, desde el Presidente de la República hasta el último de los servidores públicos de primera línea deben enfrentar la justicia igual que cualquier otro ciudadano de este país, para que en México haya ejemplo y rectitud y nunca más un vendaval autoritario. Compañeras y compañeros, se impone eliminar los privilegios de hecho, los privilegios de la esfera, dictadura de unos cuantos.

Por eso, como verán, compañeras y compañeros, no creo que esta reforma sea el instrumento idóneo que nos permita combatir eficazmente la corrupción.

Mi grupo parlamentario ha decidido votar en lo general a favor, y así lo haré, sin embargo, señor Presidente, estamos presentando varias reservas que, espero, sirvan para que aquí las Senadoras y los Senadores nos comprometamos a corregir a la brevedad, porque no estamos actuando a la altura de lo que está planteando la ciudadanía de esta Nación.

Muchísimas gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, en uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. Honorable Senado de la República.

La minuta que hoy se pone a nuestra consideración, contiene avances en la ruta de establecer mecanismos que combatan la corrupción y mejorar la fiscalización de los recursos públicos.

Son modificaciones y adiciones a la Constitución que merecen la aprobación, pero requieren ser contextualizadas en su verdadero alcance y profundidad.

En primerísimo lugar, advertí que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal, por lo que cualquier interpretación que desprenda de estas enmiendas, la sanción de cárcel para los corruptos es una magnificación que le hace daño a la propia reforma, sólo sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno, para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda.

El de hoy, sólo nos marca el largo camino por recorrer, para construir una reforma realmente de carácter integral. Es un tramo que tampoco podemos evitar, por todo lo demás que le falta.

Y que aquí, varios Senadores del PAN, habremos de exponer, en un conjunto de reservas, las nefastas consecuencias prácticas de la corrupción en el mundo, y en especial, en México, denotan una falta de control institucional y de compromiso de los servidores públicos, no sólo con la ética que debiera impregnar el ejercicio de la función pública, sino también con el objetivo mismo del Estado: la procuración del bien común, como uno de sus más nobles motivos.

Precisamente es en este contexto, en el que debemos valorar, en justa dimensión, toda reforma en materia de corrupción y que se aprecie de ser auténticamente verdadera.

Debería sustentarse en un análisis exhaustivo de las causas que han llevado al Estado al nivel de descontrol de las prácticas corruptas, en cuanto a las condiciones que han propiciado su comisión, como las manifiestas muestras de impunidad, que en ellas se vislumbra.

En este sentido, estimo que el cambio de paradigma que se plantea a través del Sistema Nacional Anticorrupción, no debe ser otro que el realizar las reformas que el ordenamiento jurídico necesita y que, por lo demás, el país reclama.

No basta, entonces, con anunciar, con bombo y platillo, la obtención de un consenso político traducido a un cambio normativo, relativamente importante, en la Constitución, más o menos meritorio.

Ello no logrará satisfacer las demandas de los ciudadanos, y parecen ser más constitutivos para propaganda política, que de una mirada sistémica al flagelo tan patente como es éste.

México está cansado de intentos fallidos, de reformas constitucionales y legales que, en la práctica, no han significado más que una sucesiva secuencia de reformas insuficientes desde su nacimiento.

Pareciera ser, como ya viene haciéndose costumbre en el Congreso, la ley resulta ser el medio idóneo para la declaración de principios y de buenas intenciones, en las que se plasman decisiones políticas carentes, incluso, de técnica legislativa, y con un sustento jurídico que se acomoda a las necesidades político electorales de la coyuntura.

Dicha falta se evidencia, entre otros, en la reivindicación de las competencias de la Secretaría de la Función Pública, mismas que le habían sido abrogadas mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013, esta falta, en el ejercicio de una función pública, que demuestra el Ejecutivo para combatir la corrupción, no puede si quiera ser justificada por el Poder Legislativo, por lo que sólo resta preguntarse, si le es ético al legislador mexicano borrar con el codo lo que ha escrito con la mano, y ejercer en forma tan patente la consigna: "promúlguese la ley, pero no se acate".

En lo estrictamente técnico, considero que no es posible hablar, propiamente dicho, de un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz, cuando ni siquiera se ha establecido la existencia de indicadores, metas o resultados medianamente esperados con su implementación o el tratamiento multidisciplinario en la obligación de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, puesto que el solo establecimiento de mecanismos de control, no asegura por sí solo el cumplimiento de objetivos por demás inexistentes.

Asimismo, extraña la falta de instauración de mecanismos de inteligencia institucional, que puedan hacer operativo, en la práctica, las herramientas de control que se estatuyen con las reformas planteadas.

Por otro lado, mucho se ha hablado respecto de las ventajas de aprobar, en esta ventana legislativa, la reforma que consagra al Sistema Nacional Anticorrupción, como una potente señal de actividad del Estado, y por qué no decirlo, como el remedio milagroso que permitirá a México salvarse de la hecatombe en la que se encuentra por estos días.

No obstante ello, la falta de legitimidad que viven hoy las instituciones públicas y el descrédito de las autoridades que las dirigen, no puede ser abordado responsablemente a partir del ejercicio de la función pública, excluyendo a los principales servidores que las dirigen y que, en todo caso, están llamados a ser el modelo a seguir, el ejemplo.

Es por ello que resulta incomprensible, inadmisible y, por lo tanto, deplorable, que este Congreso de la Unión no se atreva a dar el paso y establezca un sistema de responsabilidad directa y objetiva para la cabeza de los servidores públicos, el Presidente de la República.

Por eso, no comparto la expresión sometida, por supuesto, a la disposición del debate público, de quienes dicen que esta reforma cambia el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, no es así desde el momento en que deja intocado al Presidente de la República.

La omisión de la reforma al párrafo segundo del artículo 108 constitucional, es el resultado de un secreto a voces, un pacto de impunidad entre distintos actores políticos con el fin de perpetuar la invulnerabilidad de la figura presidencial, a través de la subsistencia de la irresponsabilidad de éste. Al Presidente de la República, ni con el pétalo de una rosa toca esta reforma.

Así, la reforma planteada parte de una premisa equivocada, creer que el Presidente de la República no se encuentra envuelto en actos de corrupción y que los altos funcionarios del Estado, que cuentan con fuero constitucional, no son generadores de actos de corrupción.

La corrupción política navega, como nunca antes, por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país.

Los escándalos de las casas multimillonarias del Presidente y de su esposa, las del Secretario de Gobernación, las del Secretario de Hacienda, las del Consejero Jurídico del Presidente, y las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, dan cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual gobierno, para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno.

Paradójicamente, el pacto de impunidad se ha reforzado con toda fuerza a partir de la propia debilidad del Presidente de la República, no sólo a pique su imagen, sino que ha fracturado de manera absoluta su investidura por la corrupción que ha desatado la irritación social como nunca.

Terminaré, señor Presidente.

Por estas razones, mi voto en lo general será a favor, pero presentaré un conjunto de reservas en lo particular.

Debo destacar, de manera principal, la reserva al artículo 108 de la Constitución, para que el Presidente de la República no solamente sea juzgado por traición a la Patria y delitos graves, así señalados por la ley, sino también por conflicto de intereses, por cohecho, por uso abusivo de facultades y funciones, por conflicto de intereses y que pueda ser el Presidente de la República sujeto a la responsabilidad de cualquier funcionario.

Hay que acabar con el monumento a la impunidad presidencial que constituye el artículo 108 de la Constitución.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del dictamen que está a discusión.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy culminamos un proceso en la discusión y seguramente en la aprobación de las reformas constitucionales que buscan combatir uno de los mayores lastres y flagelos de nuestra sociedad que tenemos como país: la corrupción.

Además de las pérdidas monetarias, debemos reconocer que la corrupción violenta a la ley, a los ciudadanos y a nuestras instituciones.

Prácticamente se ha introducido en todos los órdenes de gobierno, y ninguna fuerza política, por más protagonismos individuales que quieran decir lo contrario, es ajena a señalamientos por actos de corrupción.

Por ello es que el PRI nuevamente le cumple a México y a los mexicanos, acompañando esta trascendental reforma, como arquitecto de la misma y como promotor convencido de esta ley fundamental.

Cabe recordar que fue en noviembre del 2012, cuando nuestro grupo parlamentario junto con el Partido Verde, hicimos nuestra la iniciativa del Presidente Enrique Peña para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta Soberanía.

Antes que ningún otro partido, fue el PRI y el Verde quienes promovimos en este Congreso la discusión de este tema. De ahí es que no acompañamos la visión de que estas reformas obedecen a la coyuntura y al escándalo mediático.

El pasado 26 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la minuta de proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El objetivo central de estas modificaciones constitucionales es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El dictamen que hoy nos ocupa impacta de manera positiva los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Los principales cambios los podríamos enumerar de la manera siguiente:

Se crea un Sistema Nacional Anticorrupción como una de las instancias de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de todos los órdenes de  gobierno competentes para la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Se crea un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quien en sí mismo marca su independencia y su valor.

Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo Federal, responsables del control interno; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano independiente constitucionalmente hablando; la hoy Comisionada Presidenta del IFAI, y un representante del Consejo de la Judicatura Federal y uno más del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene, entre otras, sus atribuciones de establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales; diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos; de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; determinar los mecanismos de suministro, intercambios, tramitación y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

Establecer también las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos públicos.

Elaborar informes anuales que contengan los avances y resultados de ejercicios en sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Esta reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión, a esta Soberanía, para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación de este sistema.

La Auditoría Superior de la Federación es fortalecida, como pocas veces antes vista en la historia, eliminado los principios de anualidad y posterioridad de la función de la fiscalización.

El proceso de fiscalización podrá iniciar a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización, o de manera directa las participaciones federales.

Será el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que se transforma en un tribunal cuya sala superior se integrará por 16 magistrados designados por el Presidente de la República y ratificados por esta Soberanía con una mayoría calificada.

Será el Senado quien ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de Estado encargada del control interno del Ejecutivo Federal, es decir, la Secretaría de la Función Pública. Y se mandata en un plazo la prescripción por faltas administrativas graves, que no podrá ser inferior a 7 años.

De lo que se trata es de recobrar, a partir de las instituciones, la confianza ciudadana; a partir de que estas modificaciones a nuestro marco constitucional prevengan, investiguen y consignen y sanciones los actos de corrupción en nuestro país.

Se trata de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público, que debe de ser un asunto de todos.

En nuestro partido esa vocación se refrenda, no sólo con el voto, sino en la participación activa y constructiva de encontrar cómo sí enfrentar de manera eficiente la corrupción.

Estoy seguro que nos faltan muchos pasos por dar, pero éste es un paso fundamental en el que podamos construir un nuevo andamiaje normativo para que ex ante y ex post podamos combatir eficientemente la corrupción y recuperar la confianza, indispensable en el desarrollo de nuestra democracia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Desde hace más de 35 años, en su ensayo: "Por una Ciencia de la Mordida", el intelectual Gabriel Zaid, advirtió que en México la corrupción no es una plaga del sistema político mexicano, sino es el sistema mismo.

Observador meticuloso de este fenómeno, Gabriel Zaid escribió en abril de 2014, que la alternancia panista en el poder presidencial no resolvió el fenómeno de la corrupción.

Y desgraciadamente, el retorno del PRI a la Presidencia no intentó, siquiera, atajar de frente el problema de la corrupción. Por el contrario, lo incrementó.

La percepción y los escándalos de corrupción están medidos. La percepción nacional e internacional sobre el incremento de la corrupción, en los últimos dos años, está ampliamente documentada.

En 2013, el barómetro mundial de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 106 de 177, en su reporte de corrupción.

Cuatro años, en 2009, México ocupaba el lugar 89, casi 20 lugares bajó nuestro país, en dos años.

Así que, para dar una respuesta a lo que dijo el Senador que me antecedió en la palabra, sólo en el discurso combaten la corrupción, pero en los hechos la fomentan.

La corrupción no es un problema cultural, ni de orden social, como opinó Peña Nieto en su entrevista colectiva, el 20 de agosto de 2014, en el Fondo de Cultura Económica.

La corrupción es un problema del sistema y no reclama medidas cosméticas, ni parches o códigos de ética, sino vigilancia, castigos ejemplares e investigación eficaz para acabar con la impunidad.

El Sistema Nacional Anticorrupción, que ahora analizamos, fue resultado de un proceso legislativo apresurado, sin discusión de fondo, que dejó de lado la figura más importante del sistema político, al Presidente de la República, como si fuera una figura intocable y no el primer servidor público.

No se pudo reformar el artículo 108 para eliminar el fuero. Esto genera aún amplios espacios de impunidad y de corrupción. No se obliga a hacer pública la declaración patrimonial completa, ni los posibles conflictos de interés.

A los servidores públicos se les exige lo mínimo. ¿Cómo hacer públicos sus bienes, cuando es ahí, justo, donde parecen ocultar las fortunas?

No está claro que hablemos de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, porque no está claro su cometido, ni tampoco se plantean objetivos claros.

Entre los asuntos positivos, es que se crea una mejor coordinación y mejores facultades para las instituciones de fiscalización. Hubiera sido plausible el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, para que pudiera fiscalizar la Cuenta Pública en tiempo real y eliminar el concepto de anualidad y posterioridad, de a de veras, pero solamente en este artículo 79, se establece que lo podrá hacer la fiscalización real, en tiempo real, sólo para hacer la planeación y programación de las auditorías. Y hasta un año y medio después, como viene ocurriendo ahora, podrá dar el resultado de la fiscalización.

Asimismo, la Auditoría Superior podrá ahora fiscalizar todos los recursos federales, incluyendo las participaciones destinadas a estados y municipios; así como los recursos destinados a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Este es un gran paso adelante, sin duda, que coincide y va de la mano con la Ley General de Transparencia.

No obstante estos avances, hay grandes vacíos en la ley, incluso retrocesos, al otorgarle a este sistema una mayor dependencia hacia el Poder Ejecutivo Federal.

Quiero dar algunos de estos vacíos y retrocesos presidencialistas.

Uno. El Sistema Nacional Anticorrupción descansa sobre la Auditoría Superior de la Federación, sobre la Secretaría de la Función Pública y sobre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será luego Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se le dota de más facultades para sancionar, tanto a servidores públicos como a particulares, y estará dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades administrativas, turnados por los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Secretaría de la Función Pública no son entidades plenamente autónomas. Los magistrados del Tribunal y el titular de la Secretaría de la Función Pública son propuestos directamente por el Ejecutivo Federal, no existe ni siquiera una terna; el Senado sólo tiene el papel de ratificar o rechazar la propuesta. Además, los órganos internos de control existentes, no se van a renovar, porque permanecerán los intereses ocultos, que ahora representan.

Tan sólo basta mencionar el propio problema de conflicto de interés, que planteó el nombramiento de Virgilio Andrade, como titular de la Secretaría de la Función Pública. Su hermano participa en la Auditoría Superior de la Federación, que debe vigilar a la Secretaría de la Función Pública. Esta ley le da una extensión al mandato de Andrade, aún cuando no ha resuelto ninguno de los asuntos pendientes, como el posible conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca.

Recientemente, el titular de Conagua, David Korenfeld, renunció ante la presión ciudadana, al ser exhibido utilizando helicópteros públicos para uso privado. Pero la Secretaría de la Función Pública no lo ha sancionado, y la Auditoría Superior de la Federación se hizo que no vio y no oyó.

Segundo. Se crea la Fiscalía Anticorrupción con un comité coordinador y un representante de varias dependencias y un comité ciudadano. El modelo de esta fiscalía aún está incompleto, porque tenemos un sistema penal que no da resultados. La protección y la colusión de intereses siguen prevaleciendo.

Basta ver el caso reciente del Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue premiado para ser ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar de que surgieron nuevos elementos informativos que indican la responsabilidad de agentes federales en la masacre del 6 de enero de este año en Apatzingán.

El presunto encubrimiento de estos agentes federales y la protección al propio comisionado Castillo, presume otro caso de corrupción.
Tres. El Sistema Nacional Anticorrupción incluye también sanción a particulares, en los importantes proyectos de inversión y de contratos, en todos los sectores estratégicos del país, como es el caso del sector energético.

Sin embargo, las sanciones en estos casos, no consideramos que sean suficientes para combatir la tentación de sobornar y capturar a los funcionarios que encabezan los nuevos órganos reguladores, que serán los principales responsables de otorgar contratos multimillonarios.

La captura del Estado y de los órganos reguladores por parte de las corporaciones privadas, será otro gran desafío frente a las reformas actuales en el sistema financiero, en telecomunicaciones y en el sector energético.

Este Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy chiquito. No va a fondo. No da un salto histórico que requiere un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Se avanza cinco centímetros de los 50 kilómetros que había que recorrer en esta carrera de combate a la corrupción.

La corrupción, Senadoras, Senadores, no se combate sólo con buenas leyes, sino con verdaderos contrapesos democráticos y con un alto total a la impunidad.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Antes que corra el cronómetro, señor Presidente, le solicito, en base al artículo 76 del Reglamento del Senado, numeral 2, fracción VI, la verificación del quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como lo ha solicitado el orador en turno, daremos paso a su intervención, y una vez que concluya su intervención haremos la rectificación del quórum, con mucho gusto.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Le recuerdo que hemos estado pidiendo la palabra en diversas ocasiones, señor Presidente, y nos ha sido negada, cuando el Parlamento trabaja con la palabra, por eso se llama así, el parlar, y el querer poner un tapaboca aquí a los Senadores que no están de acuerdo en la línea del Congreso, pues entonces eso es corrupción, la ineficiencia es corrupción, no nada más es la mordida, sino también la ineficiencia, señor Presidente.

Entonces, pues hay que estar ahí abusados con los reglamentos y darle su lugar a todos los Senadores, porque merecemos respeto, así como usted, y a todos los demás.

Yo le pido que considere cuando se le pide la palabra, y todavía no empiezo el tema, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, no se apure. Usted dispone de todo el tiempo que requiera.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, pues tanta unanimidad se me hace sospechoso en este salón, se ve muy bonito, y como han dicho ya muchos, que se cree que avanzamos, pero en lugar de avanzar retrocedemos porque estamos perdiendo las oportunidades que nos da el ser Senador de la República, representante popular, para poder cambiar las cosas de fondo, de 180 grados, y no andar simulando de que vamos a ir cambiando poco a poquito, y en 100 años ya tenemos un cambio considerable.

Eso no es así, el pueblo sabe que se le está mintiendo, está claro, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la obligación, porque para eso somos representantes, se supone, del pueblo, para defender a la sociedad.

La inquietud por la verdad que tiene el pueblo aquí no está ventilándose. En realidad, compañeros y compañeras, aunque nadie preste atención, aquí con el cuchi cuchi, parece vecindario, lavadero de las comadres, en realidad me parece que el derecho que diferencia lo permitido y lo prohibido no es, de hecho, más que un instrumento de poder en definitiva bastante inadecuado y bastante irreal y abstracto.

La vocación del Estado es ser totalitario y tener en definitiva un control exhaustivo de todo.

Para ir y para que quede claro, los que hablamos, los Senadores escasos que hablamos por los que no les dan la palabra, como aquí mi Presidente, quienes no pudieron tomarla hasta el presente, a quienes fueron forzados al silencio por la historia, por la violencia de la historia, por todos los sistemas de dominación y explotación, por eso hemos repetido muchas veces en esta tribuna: "La democracia política es un ideal, es una utopía que    no vamos avanzar, y menos cuando estemos sometidos, el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo".

Aquí el problema es un sistema educativo que ha sido reprobado en las comparaciones internacionales y un crecimiento exponencial de la violencia. Con esto no se va a solucionar, con leyes a medias, mediocres, no se va a solucionar el problema de la corrupción porque es un problema de cultura, es un problema de educación, que les entre en el cerebro, lo que está pasando en el país, es un problema también de pobreza y de miseria.

Vean a los policías en la calle, que ganan una miseria, y cuando los paran ahí está la mordida, y la cultura del que no tranza, no avanza, eso está claro en nuestro país.

Pero no va a entrar con leyes que aquí dicten ustedes, va a entrar con cultura y educación, esa es la clave. Y deberíamos de estar trabajando las comisiones de San Lázaro y del Senado en los contenidos educativos, el civismo.

Tener los principios de nuestro país, que los conozcan los jóvenes, de dónde venimos, quiénes somos, estar orgullosos de nuestro orígenes.

Sostenía Benito Juárez: "Malditos los que defienden al pueblo con palabras y lo traicionan con hechos".

Durante largos años el pueblo de México ha presenciado hechos en los que se ha traicionado y lastimado su dignidad; acontecimientos que reflejan y precisan los niveles de corrupción e impunidad que han agraviado a la Nación.

Los episodios de muerte y represión en los años 60´s y 70´s, como lo fue la matanza de los estudiantes de 1968, de Tlatelolco; el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero; el asesinato del Magistrado Polo Uscanga en el conflicto de la ex Ruta-100; los casos de Aguas Blancas y Acteal, en los que se privó de la vida a campesinos e indígenas; los rescates carreteros y bancarios, como el FOBAPROA, el PEMEXGATE, el caso MONEX, y más reciente, las licitaciones de Pemex.

Podríamos dedicar más de una sesión para narrar éstos y otros hechos vergonzosos para el país, algunos tan recientes y conocidos por todos, que constituyen la memoria histórica oscura de México, nuestro querido México, que al recordar es inevitable destacar que en todos y en cada uno de estos acontecimientos la corrupción y la impunidad fueron su causa o motivo, o bien su consecuencia y efecto.

De esta manera, durante décadas hemos sido testigos de cómo la corrupción y la impunidad crecieron sin medida en todos los círculos de la vida pública y social.

Hoy en día el ser político es igual a corrupto, así le pueden preguntar desde el que bolea los zapatos, el del mercado: El político, es corrupto, sinvergüenza, pillo.

Y alguien que me diga aquí en este Pleno si es mentira. Esa es la imagen que han hecho los políticos mexicanos gracias a las tranzas y las pillerías.

Hoy en día estamos ubicados dentro de los países más corruptos de América Latina y con índices de impunidad inimaginables.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014, elaborada por INEGI, México tiene un nivel de impunidad, nada más para que vean, para que aquí los que no quieren ir al final de las reformas en serio, con profundidad, andamos en el 98 por ciento, si no les gusta la frase que vayan sacando cuentas.

Además, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguaciones previas durante el 2013, por ejemplo, nada más fue de la mínima cantidad del 93.8 por ciento, que es la cifra negra, y del total de averiguaciones previas iniciadas, el 49.9 por ciento de los casos no trascendió en denuncia, ¿por qué? Porque no hay confianza del pueblo.

La corrupción pareciera que llegó para quedarse y multiplicarse por doquier, como un cáncer que invadió los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública en las estructuras básicas de las esferas públicas gubernamentales en todos sus niveles, por lo que hoy en día tiene pervertida y sucumbida la convivencia y la tranquilidad social.

Y en el peor de los casos, la legalidad del orden público y el estado de derecho están absolutamente socavados en algunas regiones del país, casi la mayoría.

Por tener preciso nuestro voto en torno a este dictamen tenemos que reconocer, y el trabajo que han hecho nuestros compañeros Senadores, el esfuerzo, pero me los tienen a mecate corto aquí porque no pueden explayarse y llegar a donde debería de haber sido esto, y poder modificar los artículos 108, 110 y 111 constitucionales.

Ya en México estamos cansados de los Tlatoanis, de los grandes señores.

Yo he dicho aquí: "O todos coludos o todos rabones".

Y por qué al Presidente, y no lo digo por el que está, ni por el color, ni lo digo por su ideología, si es que la hay, sino porque el mayor grado, el mayor funcionario, el Presidente de México tiene que dar el ejemplo, el Presidente, y vamos a hacer un acto de anticorrupción y permitir que se hagan los cambios, y no dar línea aquí en el Senado, que se supone que es un poder libre y soberano, y andar de alcahuetes del Poder Ejecutivo. Vergüenza nos debería de dar.

Los Senadores, como decía, y Senadoras que integran la comisión que ponen a nuestra consideración este proyecto, saben perfectamente que nadie puede estar en contra de crear una instancia que coordine acciones de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como al fiscalización y control de recursos públicos.

¿Quién va a estar en contra?, ¿quién va a estar en contra de combatir la corrupción?, nadie.

Pero vamos a hacerlo bien, vamos a darnos la oportunidad de hacer el bien; yo estaría a favor de un dictamen que llegara al fondo del asunto, al problema de la raíz, no andarle cortando hojitas al árbol nada más, para que se vea muy bonito, por favor; basta ya de tanta simulación y de estar sometidos al Poder Ejecutivo.

¿Que no se puede contravenir el objetivo de seguir fortaleciendo la Auditoría Superior de la Federación?

Estamos de acuerdo, eliminando los principios de anualidad y todo lo que se ha dicho aquí.

Ya acabo, señor Presidente.

Ahí traigo una reserva, y por lo dicho anteriormente y cansado de tanta corruptela, les quiero decir que mi voto en este sentido, mi voto particular, dado que ustedes no se deciden en ir al fondo del asunto, va a ser en contra; no porque no reconozca el trabajo que han hecho mis compañeros Senadores, lo reconozco, pero un trabajo a medias, porque los traen a mecate corto a los Senadores, entonces, ahí se los dejo para la consciencia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, señor Senador.

Informo a la Asamblea que estamos en el debate de la discusión en lo general, estamos por concluir el cuarto bloque, y por supuesto informo a la Asamblea que una vez que concluya el quinto bloque, como quedó acordado y votado precisamente por esta Presidencia, de intervenciones de todos los grupos parlamentarios, preguntaré a esta Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Por lo tanto, continuando con el orden, tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y que es representante parlamentario del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, Senador Presidente, Arturo Zamora Jiménez, Senador por el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Senadoras y Senadores:

Vengo a exponer las razones por las que estoy a favor del proyecto que se presenta como dictamen de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción con el objetivo de crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se trata de un asunto de máxima prioridad para este país, según cálculos de diversas instituciones el costo de la corrupción para México y para los bolsillos de millones de mexicanos es enorme.

En 2014, el semáforo económico nacional del observatorio México, como vamos, calculó que la corrupción en México generó una pérdida de 2,000 millones de pesos en inversión privada y 1,000 millones más por inversión extranjera directa.
El Consejo Coordinador Empresarial ha estimado que los costos de la corrupción equivalen a 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

El Foro Económico Mundial, por su parte, apunta que el costo anual de la corrupción es el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y superior a los dividendos que el país capta anualmente por extracción de petróleo y gas cada año.

El Foro Económico Mundial apuntó también que las empresas erogan hasta el 10 por ciento en la percepción de corrupción y que genera una pérdida de 22,000 millones de dólares, que estamos hablando de 341,000 millones de pesos mexicanos.

La apreciación de los ciudadanos también ha dado cuenta de la corrupción en nuestro país.

El Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Internacional mide la percepción de jefes de hogar sobre servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno.

En su cálculo utiliza una escala de cero, cuando existen altos niveles de corrupción, y de 100, cuando existen bajos niveles de corrupción.

Según Transparencia Internacional, en 2014, Senador Bartlett, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países; nuestro país, México, se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil; y en la última posición de los países de la OCDE.

Lo cierto es que México exige un ataque frontal a la corrupción, pero más a la impunidad en este país.

En razón de ello, esta reforma constitucional es prioridad para todos los legisladores, especialmente para los legisladores de Acción Nacional, que propusimos la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción.

Señoras y señores: El proyecto que hoy votaremos propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los principales cambios que se plantean, destacan crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Ávila, un momento, por favor.

El Senador Bartlett ha solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta, ¿admite usted la pregunta?

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con mucho gusto, al final de mi intervención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, continúe señor Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: La minuta que hoy votaremos señala que el sistema coordinará la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción a través de un comité.

Este comité estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría responsable del control interno del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

En la minuta también se propone crear un Comité de Participación Ciudadana con cinco personas de prestigio por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Se propone, además, que el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control ya no depende de los titulares de las dependencias, sino de la Cámara de Diputados.

Así, los órganos internos de control tendrán mayores facultades de revisión que se complementan con la obligación de todos los servidores de todos los poderes y niveles de gobierno de presentar declaraciones patrimoniales.

Pero además, se amplían las atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al poder sancionar tanto a los servidores públicos como a los particulares que cometan actos de corrupción.

Me congratulo que la minuta que hoy discutimos faculta a la Auditoría Superior de la Federación de llevar a cabo la revisión de cuentas del año fiscal en curso, pues se trata de una de las iniciativas que como Diputado federal presenté y se aprobó por la Cámara de Diputados y que ahora se retoma en la minuta que hoy votaremos.

No puedo dejar de subrayar el alcance del sistema que abarca todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, por lo que de aprobar estas reformas constitucionales significa atender el llamado que los ciudadanos nos han hecho por diferentes medios, impulsando un esfuerzo que debe ser nacional y  de todas las autoridades, de todos los funcionarios, incluyendo a los gobernadores, incluyendo a los presidentes municipales de todos los partidos políticos y de todos los colores.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

Adelante, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Senador, por su amabilidad.

Yo le quería preguntar si sabe usted que todos los que han hablado y los propios expertos dicen que esto no va a resolver el asunto, sino en muchos años, entonces, no sé si lo haya usted oído, entonces, como prioridad es un poco muy larga, ¿no?

Oyó usted los famosos expertos y los oradores a favor, todos dicen que es a la larga, señor Senador. A la larga a lo mejor yo no lo veo, pero ustedes sí, entonces, ¿estaría usted de acuerdo que esto no se va a hacer?

Gracias, señor, por su respuesta.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para dar respuesta al planteamiento del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Senador Manuel Bartlett Díaz, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza.

Yo creo que sí va a resolver el problema en este país de la corrupción, y solamente le voy a poner un ejemplo, Senador Bartlett, hoy por hoy la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, no puede auditar el ejercicio en curso, cuando un presidente municipal o un empleado federal, o un gobernador, está desviando recursos públicos federales, que son de todos los mexicanos en este país.

Con esta reforma constitucional, la Auditoría Superior de la Federación va a poder auditar esas cuentas y va a sancionar a esos malos servidores públicos. Por eso, yo creo que esta reforma constitucional sí va a ayudar a combatir la corrupción en este país.

Senador Bartlett, usted fue Secretario de Gobernación de este país, y usted sabe, como ex Secretario de Gobernación, que el mal que lacera a todos los mexicanos es precisamente la corrupción y la impunidad en este país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias por su respuesta, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer los argumentos a favor del dictamen que está a discusión.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores.

Hoy vuelvo a esta tribuna porque quiero argumentar a favor de un dictamen con el que estamos haciendo historia, un dictamen que marca un parteaguas en este país en la lucha contra la corrupción, un dictamen que no deberíamos soslayar, que no deberíamos ningunear y que no deberíamos vituperar, porque es el trabajo de todos.

Este dictamen que hoy varias comisiones de este Senado presentan, no es propiedad de ningún Senador, ni tampoco es propiedad de ningún partido político, sino el producto del esfuerzo y el trabajo conjunto de construir consensos en el Senado de la República.

Habrá cuestiones en las que queramos profundizar, habrá temas que debamos de desarrollar de mejor manera.

A la mejor habrá cuestiones que tengan qué evolucionar a lo largo de la aplicación de esta gran reforma constitucional, pero eso no le da derecho a nadie de minimizar quizá uno de los más grandes esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano por combatir un cáncer como lo es la corrupción.

No vayan a creer que nadie tiene fórmulas mágicas que mañana van a venir a resolver un problema que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la idiosincrasia de todo un país, no hay fórmulas mágicas.

Hoy se están trabando los andamios necesarios para construir un sistema jurídico que contenga los elementos necesarios para la lucha y combate contra la corrupción.

Cada que hacemos un esfuerzo de esta naturaleza y que subo románticamente a ver si convenzo a alguno de los Senadores que hablaron en contra, lo hago convencido de que esta reforma, 14 artículos constitucionales, tiene bondades, esta reforma manda un paradigma en el combate a la corrupción, y me hago preguntas antes de subir a la tribuna para ver si tengo argumento para poder hablar con todas y todos ustedes.

¿La reforma cambia el estatus establecido y pasamos a otra cosa? Sí

¿La reforma establece nuevas figuras y romper paradigmas? Sí.

¿La reforma fortalece a las instituciones y establece con claridad las competencias? Sí

¿Hay avances con la reforma si la aprobamos? Sí.

Por eso creo que merece, de verdad, el análisis y la aprobación de todas y de todos.

Ojalá que aquellos que se refirieron en contra de la misma, cuando menos en esta parte en lo general, sabiendo la bondad y las virtudes que presenta un ejercicio colectivo, hoy ya de dos Cámaras, pueda o merezca la atención de que le den su aprobación.

En verdad creo que es un producto legislativo que presenta un avance significativo.

Aquí no se trata de lavar nada de nadie.

No es una reforma que se está haciendo ad hoc ni para una persona ni para un caso, porque las reformas constitucionales que hemos planteado se hacen para las hipótesis generales, para atender todos los casos que se presenten.

No creo que haya sido ningún complot de nadie, como algunos han sostenido, de que tenga un gran consenso. Al contrario, creo que en un ejercicio democrático hemos logrado un consenso para poder avanzar en un tema que requiere este instrumento legislativo que hoy nosotros tenemos la obligación y responsabilidad de darle a México, pero que también requerirá de muchas otras acciones al respecto.

Es dar un paso más, yo no diría tampoco, como aquí se señaló, que es un paso muy chiquito; no, es un gran salto en el esquema de coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno, estamos dando un gran paso en la construcción de un sistema que tendrá que ser probado, que tendrá que ser analizado, que a la mejor en el futuro tendrá que ser pulido, pero que hoy estamos como Senadoras y Senadores de la República cumpliendo con una responsabilidad histórica.

Y por eso, insisto, mandemos este mensaje a la sociedad de que sabemos ponernos de acuerdo con responsabilidad. No es posible que porque un artículo no me guste o una disposición no quedó exactamente como yo la quería, no le obsequien a un ejercicio colectivo el voto y el consenso de todas y de todos los Senadores para que a partir de ese consenso sigamos construyendo lo necesario para combatir ese gran cáncer que es la corrupción y que con esto vamos a poder, sin duda, dar un avance significativo.

Hubo un tema aquí que ha llamado la atención, el sistema de responsabilidad al Presidente de la República.

Compañeras y compañeros Senadores: Cuando discutimos en las comisiones, analizamos con mucha claridad el artículo 108, que ha sido parte medular del debate, y por eso lo estoy refiriendo en esta nueva ocasión.

Compañeras y compañeros: Ustedes son estudiosos de la historia, ustedes, muchos son estudiosos del derecho y hoy fanáticos de la construcción del sistema jurídico.

El fuero no es un pasaporte a la impunidad para nadie, ni mucho menos para el Presidente de la República, no nació así, y lo saben. Y sé que es una medida que quizá venda mucho con la sociedad, pero me parece que por incurrir en reflexiones populistas esta conquista que fue en la historia para proteger precisamente a quienes por lo que dicen se encuentran en riesgo, por quienes pueden ser reconvenidos por sus expresiones, o por lo que aquí señalen, porque así fue como nació la figura del fuero, creo que de golpe y plumazo, por tratar de hacerlo un tema popular y de moda, no estamos viendo con la objetividad que debemos verlos, y además lo hemos tratado de mezclar precisamente ahora en este debate.

No hay que cerrarnos al análisis del fuero, no, hay que proceder a un debate abierto. Mi partido siempre ha estado abierto al debate sobre la existencia del fuero o no, pero creo que manejarlo de otra manera desvirtúa el sentido original de lo que esta reforma plantea.

Nuestro marco jurídico considera cuatro tipos de responsabilidad para los servidores públicos: la política, la penal, la civil y la administrativa. Nadie está exento, nadie, ni siquiera el Presidente de la República queda exento, y es evidente que como está redactado el artículo 108 constitucional, ahí se establece como es la responsabilidad del Presidente de la República durante el tiempo que dura su encargo y es obvio que puede ser acusado por delitos graves.

Es evidente que si un acto de corrupción encuadra en un delito grave, por supuesto que puede procederse, ¡ah!, pero existe un procedimiento constitucional y sabemos perfectamente lo que orientó a ese Constituyente a establecer un procedimiento para el caso del Ejecutivo Federal, pero de ninguna manera podemos admitir que hay impunidad o que queda ahí la impunidad.

Al contrario, quiero nuevamente llamarlos a la reflexión después de estas consideraciones, porque creo que este Sistema Nacional Anticorrupción, en esta reforma, 14 artículos constitucionales, va a permitir lo que el ciudadano nos está pidiendo.

Nos está pidiendo castigar a los funcionarios que se enriquezcan con el dinero de los mexicanos y que traicionen la propia confianza de los mexicanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer argumentos a favor del presente dictamen que hoy se discute.

El Senador Manuel Bartlett ha solicitado el uso de la palabra para hechos. Vamos a reservar su intervención una vez que concluyan los oradores, es solamente ella y una oradora más. También con posterioridad el Senador Roberto Gil, para hechos.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores.

Bueno, estamos a unos minutos de votar este dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre esta minuta de proyecto de Decreto por el que se reforman varias disposiciones constitucionales, y que pretende crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

No me cabe la menor duda de que este instrumento, esta reforma implica el mejor instrumento que hasta este momento se haya diseñado en el Poder Legislativo mexicano, para combatir, prevenir y frenar la corrupción.

No digo que no se puedan hacer mejores esfuerzos, no digo que la tarea está acabada, sin duda, como todo instrumento jurídico, legislativo, es perfectible y en adelante tendrá también que ser puesto a prueba; sin embargo, hasta hoy constituye el esfuerzo más grande.

Yo también quisiera reconocer a quienes han venido trabajando en este sentido, de manera particular a la sociedad civil, a la Red por la Rendición de Cuentas, a Transparencia Mexicana, al IMCO, que con sus aportaciones y con sus ideas han venido enriqueciendo este resultado que hoy se somete a consideración del Pleno del Senado de la República.

Se ha citado ya en este Pleno a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, del INEGI, sólo diré que uno de los datos más alarmantes de esta encuesta es que el 48.5 de los mexicanos considera a los actos de corrupción como el principal problema del país.

A partir de los datos que aporta esta encuesta, vemos que la tasa de incidencia de corrupción por cada cien mil habitantes es del 24.72 por ciento.

Y también otros datos nos permiten aseverar que los mexicanos más vulnerables y económicamente más débiles son los que están más expuestos en proporción a su patrimonio a los actos de corrupción.

Las cifras hablan por sí mismas de un problema complejo y delicado. Complejo por la cantidad de facetas que presenta, y delicado porque la vida nacional se ha visto gravemente afectada por la corrupción.

De aquí que la prevención, el combate, el ataque, el combate a la corrupción debe representar una de las más altas prioridades para el Estado mexicano, porque la corrupción limita el crecimiento económico, inhibe la inversión del sector privado, aleja la inversión extranjera, afecta el patrimonio de todos los mexicanos, genera incertidumbre y desconfianza.

Es un cáncer que debe erradicarse, que debe combatirse sin vacilaciones. Y hoy estamos ante una buena oportunidad de hacerlo.

Como ustedes saben, en esta Legislatura que está por concluir, hemos venido generando reformas estructurales importantes para el desarrollo de nuestro país, mismas que quedarán acotadas por la corrupción, si no hacemos y si no generamos medidas para combatirla.

Y para combatirla se requiere hacerlo desde un enfoque integral, ya que es un problema muy amplio y diversificado. Es por ello que también celebramos en el Grupo Parlamentario del PAN, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y aquí me detengo para decir que yo sí creo que este instrumento que hoy se está poniendo a consideración de este Pleno, sí es mejor que lo que votamos en 2013 los Senadores.

Y empiezo por señalar que es mejor porque aquí sí se señala de manera puntual, precisa y clara el establecimiento de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que quedó diluido en el dictamen, en la minuta que remitimos nosotros a Cámara de Diputados, y que además solamente se mencionaba en el texto de la exposición de motivos.

Por ello, creo que es acertado este cambio importante que se generó a lo que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados. Y celebro también que haya sido justamente el Partido Acción Nacional quienes volvieron a retomar, a partir del Grupo Parlamentario del PAN en Diputados, este concepto, porque hablar de un Sistema Nacional hablamos de la pretensión de que éste se constituya en un conjunto de instituciones que coordinadas entre sí, y actuando de forma transversal, diseñen y promuevan políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos, así como para prevenir, controlar y disuadir faltas y actos de corrupción, estableciendo la visión de varios puntos de vista en la solución de un problema de la magnitud como el que estamos hablando, en el afán de que verdaderamente estemos ante un Sistema Nacional que tenga una visión integral.

Se propone en este dictamen un comité coordinador que estará integrado por titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Presidente del organismo garante a que se refiere el artículo 6o. de la Constitución, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Debemos dejar claro que al día de hoy no se puede pretender que las instituciones, de manera separada, puedan, mediante un esfuerzo particular, combatir un cáncer, un mal como el de la corrupción, por lo que el sistema se erige como una de las grandes bondades del dictamen, que hoy se pone a consideración de este Senado.

No me extenderé en señalar todos los aspectos que implica esta reforma y que ya han sido detallados por los Senadores y Senadoras que me han antecedido en la palabra.

Yo creo, finalmente, que es importante el esfuerzo que hoy está emprendiendo el Senado de la República, al votar este dictamen.

México, como ustedes lo saben, no ha podido alcanzar el pleno desarrollo, y permanece en una gran desigualdad, en una creciente desigualdad, en una creciente pobreza, en una creciente inseguridad, en un crecimiento menguado.

Al aprobar hoy esta reforma, también estamos apostando hacia el fortalecimiento del estado de derecho; el estado de derecho que es condición indispensable para construir instituciones a prueba de cualquier político, para poner límites al poder, para establecer controles mediante los cuales el ciudadano pueda generar esos frenos al poder.

No me cabe duda que con la Ley de Transparencia, recientemente aprobada, y el Sistema Nacional Anticorrupción, México avanza hacia la consolidación de un auténtico sistema de rendición de cuentas.

El reto inmediato que nos queda, después de que esta reforma sea aprobada por este Pleno y por las legislaturas locales, será construir una legislación secundaria que sea del tamaño de lo que hoy México necesita para enfrentar este grave problema, como es el de la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Finalmente, en este capítulo, tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Sonia, ¿para qué efecto?

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Si no se acuerda, también le mando una foto a su oficina, Senador.

Nada más para decirle que a mí ya me brincaron, y que siempre pasa lo mismo. El que nosotras seamos nuevas, no significa que no tengamos la palabra igual que los demás, así es que exijo que me dé la palabra, porque ya me brincaron, y yo me registré a tiempo, Senador, con todo respeto se lo digo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora, deseo informarle que nadie la ha brincado.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Ya pasaron algunos que estaban antes, Senador.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Le ruego que tenga paciencia.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño): Paciencia la tengo, Senador, nada más le pido respeto, por favor.

 El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Lo tiene, y el orden de intervenciones lo ha presentado su grupo, usted está precisamente en el último lugar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos prácticamente en la parte final de lo que ha sido una larga discusión sobre este dictamen que pretende ser votado aprobatoriamente el día de hoy por parte de todas ustedes, como parte de una lucha que estamos concluyendo en el Senado de la República que atañe al país.

En esta tarde, habremos de culminar lo que me parece que ha sido un largo proceso para México, en el que llevamos a cabo reformas constitucionales y legales en varias materias, seis de ellas, en materia económica, y las otras en materia de construcción de un andamiaje jurídico, que mucho requiere el país para conformar en su modernización el México que habrá de ser a partir de estas reformas.

Y parte sustantiva de ese proceso que hemos llevado a cabo en el Poder Legislativo en México es, sin duda alguna, el sistema anticorrupción, un sistema que viene a darle respuesta a tres Convenciones Internacionales Anticorrupción, mediante las cuales se comprometió México a cumplir con los compromisos que se establecieron en estos convenios.

En el año de 1996 y 1997, en una Convención Interamericana de la OEA; en 1997 y 1999, la Convención realizada con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida, que fue firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por México el 29 de abril de 2004.

Convenciones que se firmaron, pero que no habían tenido una concreción específica en el marco jurídico mexicano, que le dieran respuesta y respaldo a esa voluntad del Estado mexicano, de suscribir estos convenios con estas instancias internacionales.

Hoy existe la voluntad política del gobierno de la República, existe la voluntad política de las fuerzas que integramos a este Senado de la República, y por supuesto, de la Cámara de Diputados, y concretamos un tramo de trabajo legislativo intenso, en el que diversas iniciativas, una de ellas presentada por el Ejecutivo Federal, y otras más presentadas por las diversas fuerzas políticas, comparecen el día de hoy con este proyecto de dictamen buscando su aprobación.

En esas Convenciones firmadas por México, y en este sistema que hoy estamos sometiendo a su consideración, a través del dictamen correspondiente, se reconoció, y se reconoce la trascendencia que tiene para nuestro país y la necesidad que tenemos en México de contar con un instrumento que promueva, que facilite la cooperación entre los países para combatir un cáncer que afecta a muchos países, y del que México no es ajeno, que es el tema de la corrupción.

En estos instrumentos internacionales, los Estados miembros reconocieron y reconocen que la corrupción no puede ser solucionada únicamente con acciones represivas, sino que requiere y es necesario que se adopten acciones de orden preventivo que busquen modernizar a las instituciones de gobierno, y que también busquen, de manera fundamental, eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que en cualquier país la propicie.

Se concibe, también, de igual manera, que la lucha contra la corrupción debe ser un proceso y no el resultado de acciones individuales.

En ese contexto, la minuta que hoy estaremos votando, propone la modificación de diversos artículos de la Constitución para crear este Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia que busque coordinar entre las autoridades de todos los órdenes competentes en la prevención, detección y, sobre todo, en la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, para que como una sola instancia, trabajemos en todos los órdenes de gobierno, buscando que este flagelo, que este fenómeno de la corrupción atienda, desde todos los puntos de vista de los órdenes de gobierno, estos hechos y actuemos con integralidad, con cordialidad y con una coordinación efectiva en todo el país.

Por supuesto, no escapa esto, lo que es la fiscalización y el control de los recursos públicos, además, de buscar tener la capacidad técnica para medir y para evaluar el desempeño del servidor público, en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Yo quisiera comentar, que me parece que uno de los aspectos medulares de esta reforma es justamente el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Eliminar los principios de anualidad y de posterioridad, me parece que habrá de permitir atender, de manera puntual y exhaustiva, algunos de los aspectos que aquí se mencionaron en el día de hoy, en el que, por supuesto, cada quien hizo mención de lo que considera deben ser los aspectos a revisar y a corregir, solamente que se quedaron un poquito cortos y eliminando, pues, esta posibilidad de la posterioridad, habremos de tener los mexicanos la enorme posibilidad de sancionar los posibles actos irregulares de hoy, pero también los de ayer, los que ayer fueron escándalo, los que ayer dieron lugar a descalificaciones, críticas y cuestionamientos de la ciudadanía; y los que el día de mañana se puedan ir presentando, hoy habrá de ser posible su revisión, su apertura, su supervisión exhaustiva y espero, también, la aplicación de las sanciones que correspondan y que esto nos permita, como país, no solamente vivir en el escándalo, en el escarnio y en la descalificación, sino que de manera puntual, abatir lo que es un fenómeno que mucho nos afecta a todos, que es el tema de la impunidad.

Todos, absolutamente todos aquellos que siendo servidores públicos tengan una responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y en el uso de esos recursos públicos y de sus atribuciones y competencias, habrán de poder ser, a partir de este nuevo sistema, revisados, supervisados, vigilados y, en caso de detectar irregularidades, por supuesto ser sancionados por ello, no importa el tiempo en que esto vaya a ocurrir.

La posibilidad de realizar auditorías sobre posibles actos e irregularidades cometidos en ejercicios fiscales anteriores es, pues, a mi juicio, uno de los temas y de los aspectos torales de este sistema anticorrupción, que va a dejar de lado el discurso, que va a dejar de lado el ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, y habrá de dar la posibilidad de transitar verdaderamente a un país de leyes, a un país de instituciones, a un país de combate a la impunidad, que deje de lado lo que es el discurso estridente y empiece a sentar las bases de ese México que queremos, un México en el que realmente la condición de servidor público esté verdaderamente y estrictamente acotada en la Constitución y en las leyes, y su actuación en el manejo de recursos públicos y en el ejercicio de sus atribuciones y de sus competencias, queden perfectamente delimitados para que no tengamos hechos y casos bochornosos en el país, ni hoy, ni ayer, ni en el futuro.

Yo quisiera, con estas breves reflexiones, dejarles a ustedes, lo que para mí en lo personal, y estoy segura que para mi grupo parlamentario, es la necesidad impostergable de votar a favor este sistema anticorrupción, que construya y que exponga las bases de este México al que todos aspiramos, un México justo, un México sin condiciones de impunidad, un México que empiece verdaderamente a atender lo que es un gran reclamo popular: el reclamo del apego irrestricto del servidor público, de la servidora pública, de las instancias y de los órdenes de gobierno a lo que debe de ser la sana práctica de sus competencias y también a levantar, a asumir lo que debe ser la nueva ética, la nueva moral de la República.

Por la escasa atención, pero la que se haya dado, les agradezco a todos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora. Muchas gracias.

Para informar a la Asamblea el orden de oradores que están inscritos, son, a continuación, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, después la distinguida Senadora Sonia Rocha Acosta, enseguida el Senador Isidro Pedraza Chávez, después el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, después ha solicitado el uso de la palabra el Senador Mario Delgado, y una vez que concluyan estas intervenciones, habrá 2 intervenciones de Senadores que han solicitado el uso de la palabra, a quienes se les ha concedido, para hechos.

Y concluyendo esto, informo a esta Asamblea que están inscritos 35 Senadores en las reservas.

Por lo tanto, continuando con el Orden del Día, tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Compañeras y compañeros Senadores.

Vengo hasta esta tribuna, con el respaldo de mi grupo parlamentario, para referirme a la tan largamente esperada aprobación de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción.

Han pasado ya muchos meses, como todos sabemos, desde que en este Senado se inició una larga, pero también muy profunda discusión, un análisis del tema de la corrupción, y hoy por supuesto que nos motiva saber que esta discusión ha tenido un avance, ha dado frutos.

Estamos dando un paso más en el proceso legislativo para tratar de erradicar uno de los problemas más lastimosos que hoy aquejan a nuestro país, a nuestra sociedad y de los que sin duda la gente, con justa razón, más se queja.

Es importante destacar que para salir, esta reforma nos va a ayudar, eso pensamos, a salir del nada honroso lugar 103 de los 175 países más corruptos del mundo. No es un lugar, un título que nos deba dar orgullo, y por ello es importante reconocerlo.

Importante reconocer también encuestas, estudios, indicadores, que todos nos confirman que la corrupción y la impunidad son prácticas frecuentes y hasta cotidianas en nuestro país. Desafortunadamente esa es la imagen, ese es el concepto que hoy día se tiene en un número importante de países del ámbito internacional.

Transparencia Mexicana ha estimado que en un año, 2010, se han llevado a cabo hasta 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, provistos por autoridades federales, estatales, municipales y también concesiones y servicios administrados por particulares, éstos, tan sólo para facilitar trámites y servicios públicos en los que se destinaron más de 32 mil millones de pesos de las lamentablemente llamadas mordidas.

En cinco años, esa cifra de corrupción ha ido en aumento, llegando a costar hasta mil 100 millones de dólares a todos los mexicanos, el impacto, el costo de la corrupción.

Hoy sabemos que hasta el 97 por ciento de los actos de corrupción registrados y denunciados en nuestro país, lamentablemente quedan impunes.

Con las medidas legislativas que hoy estamos tratando, que hoy nos ocupan, se da un paso para mejorar el marco vigente y buscamos con ello brindar un remedio a este terrible problema de la corrupción, un problema que nos representa un agravio importante para nuestra sociedad, y que ha dejado muchos temas pendientes por resolver.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un esquema que coordina, bajo un mismo objetivo, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este sistema suma los esfuerzos del máximo órgano fiscalizador: la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Consejo de la Judicatura Federal.

Es importante destacar que este sistema prevé también un Comité de Participación Ciudadana, que sin duda será un elemento esencial para que estas medidas puedan tener verdaderamente éxito.

Estas reformas fortalecerán las capacidades de vigilancia y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, para que pueda contar con información necesaria acerca de la cuenta pública, y también reconocer que, sin embargo, nos falta avanzar en garantizar que la publicación de esta información sea inmediata y que genere verdaderamente consecuencias administrativas y penales, cuando se detecten en ellas irregularidades importantes.

Con las nuevas medidas, el secreto bancario no podrá seguir siendo utilizado como un medio para evadir la investigación de ilícitos; facilitará las investigaciones respecto a las actividades financieras, y se ampliarán también los plazos para la prescripción de los delitos. Con todo ello, también estamos buscando acotar la impunidad.

Con la creación de salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también se da un paso adelante.

Es preciso que esta energía, este ímpetu con el que hoy aprobamos esta reforma, se aplique también a nivel estatal con la creación de los órganos especializados en cada una de las entidades federativas.

Compañeras y compañeros: Nuestro país enfrenta una de las crisis más graves de credibilidad. Hoy prácticamente ninguna de las instituciones del Estado pasan las pruebas de confianza institucionales; pero lo más grave, es que pocas son las que siguen pasando, sobre todo lo más importante que es, la prueba de confianza de la ciudadanía.

En nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de este dictamen, aún y cuando sabemos que estas medidas que se proponen no son del todo suficientes. Sabemos que no van a revertir de manera inmediata un problema de tan grande magnitud.

Sin embargo, es una realidad que no podemos seguir como estamos. Que no podemos no hacer nada. Y por ello vamos a respaldar estas propuestas, este dictamen.

Y también queremos señalar que esta reforma no estará completa, sino establecemos mecanismos de participación ciudadana verdaderamente eficaces que nos otorguen nuevamente a la ciudadanía, la facultad, el poder no solamente de elegir a sus representantes, sino también de removerlos, así como de intervenir en las decisiones políticas que sean trascendentes dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Por ello, quiero aprovechar esta participación en tribuna para compartir con todas, con todos ustedes, anunciarles que en próxima sesión estaré presentando una iniciativa para que sea incluida en nuestra Constitución Política, la figura de revocación de mandato y también la modificación a la consulta popular, para que verdaderamente se puedan convertir en verdaderas y plenas herramientas de participación ciudadana que nos garanticen la inclusión de la ciudadanía en todos estos acontecimientos.

Por su atención, muchas gracias.

Y es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

En uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Muchas gracias.

Antes de que empiece el cronómetro, quiero decirles que al igual que el Senador Corral y muchos de ustedes, voy a tomar el tiempo que sea necesario.

Y bueno, con el Senador Fernando Mayans, admiro la decisión también de defender esta tribuna, de defender su posicionamiento, pero no concuerdo en la parte donde todos los políticos somos corruptos. Porque con todo respeto, Senador, yo no me considero corrupta.

Transparencia Internacional define a la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.

La corrupción se ha convertido, compañeros, en un tema en donde ofende a los mexicanos.

Desafortunadamente, cada vez más frecuentemente, no nos sorprende ver a servidores públicos aprovecharse de su encomienda de servir, dizque a esta Nación, para servir sus intereses personales, y ya no es cuestión que nos ponga a nosotros en una posición solamente de venir a hacer elocuentes discursos, sino de realmente hacer actos en cada uno de nuestros estados, porque representamos a nuestros estados y representamos a la nación.

La corrupción frena el desarrollo, afecta la impartición de justicia, destroza la confianza social. La rendición de cuentas, lo he dicho, no es un acto de fe, sino una obligación y una responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos.

La certidumbre de los ciudadanos que se convierte en confianza hacia las instituciones, no se logra con declaraciones, ni elocuentes discursos, sino con hechos.

Es importante que la transparencia sea una forma de actuar de los políticos. Que sea una obligación desde de antes de tomar protesta como representante popular. Candidatos y servidores públicos no podemos tener un doble discurso.

Por un lado, hablar de transparencia, y por otro lado, acudir a la sombra para escondernos.

La declaración patrimonial fiscal y de intereses, es un ejercicio que deberá ser una responsabilidad y un requisito para todos los que en algún momento pretendan representar a los ciudadanos.

Vamos por "#3de3", basta ya de que piensen que el servicio público es un medio para enriquecerse.

Sí da pena, Senador, que en las encuestas, los que nos dedicamos a la política desde hace muchos años, se piense que todos somos corruptos. Porque creo que también aquí hay mucha diferencia.

Y efectivamente, como la Senadora Diva lo decía, esto no es cuestión de colores, es cuestión de honestidad.

Me muestro a favor de la iniciativa de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad, que emprendieron la campaña "#3de3".

Fuera la opacidad, fuera la corrupción. Demos a los demás lo que nosotros exigimos. Demos nosotros lo que los demás exigimos, hagámoslo primero nosotros para que entonces la ciudadanía vuelva a creer en nosotros.

Según Transparencia Mexicana, y a lo mejor esto ya lo hemos dicho mucho aquí. Los hogares mexicanos destinan 32 millones de pesos al año a pagar sobornos, las empresas el 10 por ciento de sus ingresos.

El costo de la corrupción es un lastre mayúsculo para el desarrollo nacional, de acuerdo al Banco Mundial, que alcanza el 9 por ciento del Producto Interno Bruto anual. Eso implica una cifra de 108 mil 225 millones de dólares anual.

En los últimos años ha habido avances, desafortunadamente no han sido suficientes.

Creo que en el marco de la normatividad de transparencia se ha ido avanzando.

Y no voy a hablar de colores, porque esto no es un tema de colores, como ya lo dije, sino es un tema de honestidad.

No voy a hablar de todo, lo que a lo mejor mi partido en el transcurso del tiempo ha logrado para que hoy estemos en este tema y que esperemos en unos días estaremos más allá de lo que hoy se está aprobando.

Hoy seguimos con esta línea, porque estamos convencidos, que el camino para el buen desarrollo de nuestra nación, es contar con un sistema anticorrupción.

Recordemos, compañeros, que no podemos exigir de los demás, lo que no somos capaces de hacer, en muchos casos, ni nosotros mismos.

Las lamentables condiciones que hoy lastiman la credibilidad ciudadana, demandan un esfuerzo adicional.

El PAN, por supuesto, se suma a la preocupación y desagrado de todos los ciudadanos. Por eso nuestra presión por aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi muy particular punto de vista en lo general.

Porque hemos demostrado, no como una moda electoral, como bien lo decía algún Senador, sino porque realmente creemos, que lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo y recuerden que los ciudadanos están hartos del discurso.

Ellos quieren hechos. Vamos hacer que el "#3de3" sea una obligación y no una concesión de buena voluntad.

México está harto de la corrupción y hasta harto de la opacidad.

El sistema reforzará la rendición de cuentas y la transparencia mediante instrumentos que hagan de la honestidad una obligación y no una concesión.

Esta herramienta no brinda nunca los resultados esperados precisamente por estar protegido por la secrecía que se convierte en muchos casos en opacidad.

Yo voy con el "#3de3".

La sola presentación de la declaración patrimonial no es suficiente para garantizar la creación de un patrimonio honesto.

Por eso, Senadores, vamos por el "#3de3".

La publicidad es una condición necesaria, no suficiente. Para redondear un sistema de rendición de cuentas profesional, confiable y de vanguardia, debemos poner a disposición del público la información oficial que permita cruzar esa información patrimonial con el nivel de ingresos del funcionario. Esto logra al mandatario la publicidad de las declaraciones fiscales de los funcionarios públicos.

Además, se otorga a la Autoridad Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías de tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal del curso, derivado de denuncias para investigar y sancionar, de manera oportuna, posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.

El sistema dará a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de una dicha figura de participaciones federales, esto permitirá fiscalizar todo el gasto público que actualmente tenía esa salvedad.

Adicionalmente, hemos visto cómo los conflictos de intereses permean en pasados recientes del país, esto era el terminar para recuperar la confianza de todos y todas las ciudadanas.

Por ello, cada funcionario deberá entregar a los responsables del Sistema Anticorrupción, con mandato de publicidad, su esfera de interés para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses.

Por eso es que yo estoy de acuerdo en el "#3de3", no le tengamos miedo al "#3de3", no nos desviemos diciendo que por seguridad no hacemos nuestras declaraciones porque los ciudadanos eso ya no nos lo creen; no le tengamos miedo a que entonces díganme dónde está ese México seguro y esos estados seguros que todo mundo decimos.

La autoridad tendría no sólo que hacer pública la manifestación del conflicto de interés, sino emitir una declaratoria, de las cuales son aquellos sectores o actividades económicas de los que el funcionario debe excusarse de conocer.

Recuerden, de nuevo, y lo digo muchas veces, porque no nada más en esta tribuna, sino en las comunidades de mi estado lo he dicho: "Nunca puedes exigir de los demás lo que tú no estás dispuesto a dar", y eso es una regla general.

El "#3de3" no puede ser una concesión, desafortunadamente tiene que ser de honestidad, pero como, efectivamente, ya lo decían, hoy en este país no se ve mucho, necesitamos ponerlo en una ley para que realmente tengamos la obligación y no, desafortunadamente, que tendría que ser por intención de cada uno de nosotros.

Hoy México da un gran paso para recuperar la confianza de los ciudadanos. Faltan muchos, efectivamente, coincido con muchos de ustedes, creo que esto se quedó corto, pero creo que es la posibilidad de seguir avanzando y que en las reservas que se harán podemos discutir cada uno de los temas.

Hoy México cambia el rumbo a su nuevo camino que traerá, sin duda, beneficios para toda nuestra nación. Vamos por el "#3de3", actuemos por el bien de México.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Esta Mesa Directiva ha sido muy tolerante en el tiempo que se ha utilizado en tribuna. Nadie puede decir que ha sido limitado, ni los exhorto a decir que se va usar el tiempo que se quiera, deben ser llenados de algarabía porque se ha tolerado, se ha escuchado con atención todas las intervenciones, y la Mesa Directiva ofrece cualquier disculpa que pueda ser necesaria, y les garantizamos el respeto a todas y a todos los Senadores, inclusive a los que, desde la tribuna, también hacen alardes que luego incomodan a los presentes.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No se encuentra en este recinto, en cuanto llegue se la dará el uso de la voz.

El que sigue es el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente, Senador Miguel Barbosa.

La corrupción es un problema complejo con diferentes causas y efectos, artífice de innumerables costos políticos, económicos y sociales, y destructor de la confianza hacia los gobernantes, políticos e instituciones, poniendo en peligro la estabilidad nacional.

La reforma constitucional, en materia anticorrupción, tiene el gran propósito de mejorar el servicio público y combatir, de manera definitiva, los actos de corrupción.

Si bien es cierto que esta reforma, como ya se ha dicho, es perfectible, aún quedan temas por trabajar y, posteriormente, tendremos que abordar con el compromiso de todos y cada uno de los actores políticos.

La ciudadanía exige combatir la corrupción, que ha sido la marca de la casa. Hemos vivido 3 años de escándalos continuos, por todos ya conocidos, en razón de conflictos de interés, impunidad y nula rendición de cuentas que llegan hasta la cúpula del poder.

La corrupción que vive hoy México tiene efectos negativos en el desarrollo económico y en la imagen de nuestro país, al final están causando un enorme daño al bolsillo de los ciudadanos, quienes directa o indirectamente pagan los altos costos de la presente corrupción.

Bien sabemos que la corrupción tiene consecuencias muy negativas en la seguridad, la educación, la salud, pero, sobre todo, en la economía de las personas.

Por ejemplo, en educación se limita al ciudadano la libre decisión de dónde prepararse académicamente; en salud se le limita al no otorgarle la libre decisión para ejercer el gasto donde el ciudadano decida, incluso limita su propiedad privada y el ejercicio de su actividad productiva.

Lo que realmente debería de estar limitado es la función del gobierno para garantizar la seguridad, impartir justicia y proveer el financiamiento para los servicios públicos que verdaderamente lo sean, y no la impartición de dichos servicios públicos operados de manera exclusiva por el Estado, de manera monopólica, y que incuban, dentro de este sistema, la corrupción.

Cabe señalar que el bajo crecimiento económico no sólo es producto de la mala reforma fiscal de este gobierno, también debemos sumarle los diques que representa la corrupción para la inversión privada, los costos de producción y la rentabilidad de las empresas, que son las generadoras de empleo, debido a la imposición de regulaciones, de regulaciones que atentan contra la innovación, la creatividad y el desarrollo de las personas libres.

Es así que si económicamente en México queremos crecer y atraer inversiones debemos atacar causas y no efectos del problema de la corrupción.

Es decir, tenemos que desconectar a los fondos públicos de pase por la tubería de la burocracia, y que los recursos lleguen directamente al ciudadano sin pasar por esta tubería de la corrupción, para que sea el ciudadano quien los aplique de la manera más conveniente y sin tener este lacerante problema, confiando en el ciudadano.

Además, se debe dar marcha atrás a la fallida reforma fiscal, porque el dinero es mejor en los bolsillos de la gente que en el del gobierno.

El ciudadano sabe gastar mejor el dinero público, aún el dinero público, que la burocracia y el gobierno, y con ello evitaremos la corrupción.

Finalmente, quiero hacer un llamado a mis compañeros Senadores para que asumamos el compromiso de estar pendientes, para que esta reforma concluya de manera satisfactoria.

Esta sólo es una primera etapa, aún falta la aprobación de los congresos estatales, por ello los invito a asumir el compromiso de impulsar su aprobación para que no sufra más el retraso de los congresos locales.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenas tardes compañeros, compañeras:

El combate a la corrupción es la batalla más importante en nuestro país, y de su éxito o fracaso depende el destino de nuestra democracia.

No es el problema del comportamiento de funcionarios públicos o de algún partido político o de algún grupo de políticos, estamos ante un asunto de mayores dimensiones que ha terminado por trastocar la convivencia de toda nuestra sociedad y ha llevado a la descalificación generalizada de toda la clase política, de la clase política en su conjunto.

Decía André Glucksmann, un pensador francés, que si el combate en el siglo XX había sido entre democracia y totalitarismo, en el siglo XXI el antagonismo es entre democracia y corrupción. Nada más cierto para nuestro país.

El hartazgo, la indignación y el enojo de la ciudadanía tienen que ver con que la corrupción se ha convertido en la regla y el valor dominante en la política; la impunidad, el engaño y el abuso de los recursos públicos es el espectáculo cotidiano de la política.

En Brasil y Chile la percepción de que sus respectivas mandatarias permitieron actos de corrupción tiene actualmente a la gente en la calle al borde de una crisis política a estos gobiernos.

El cáncer de la corrupción y sus múltiples metástasis en México, tiene en etapa terminal a nuestra democracia.

¿Cómo se va a canalizar esta indignación en nuestro país?

¿Les podemos pedir paciencia a los ciudadanos?

¿Cómo explicarle que lo de hoy es un avance, pero no suficiente, que no veremos cambios en el corto plazo en nuestra realidad?

He escuchado varias participaciones, casi todas las participaciones de mis compañeros, y lo que se tiene son diversos matices sobre cómo calificar la reforma que se aprueba el día de hoy.

Hay quienes desde un punto de vista teórico y académico presentan este dictamen como un avance en relación a la situación actual, aceptando que es insuficiente, pero que es un avance al fin.

Sin embargo, cuando se evalúa esta teoría, estos avances teóricos, con nuestra indignante realidad, los avances se empequeñecen.

Hay quienes desde la autocomplacencia, dicen, que hay que felicitarnos por el esfuerzo, que para un país con una cultura de corrupción como el nuestro, es un avance, que debemos aceptar esto o nada.

A mí me parece que en la lucha contra la corrupción, así como la lucha por la justicia no hay puntos intermedios y no se puede aceptar la tibieza, porque se termina siendo funcional para permitir que exista un sistema político corrupto.

El aceptar avances a medias es validar que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos no funciona, para hacer los cambios que nuestro país necesita, y que no funciona para terminar con la corrupción.

Decía Martin Luther King que "no temía al grito de los corruptos, sino al silencio de los honestos".

Entiendo la complejidad de avanzar en un sistema permeado por la corrupción, incluso donde la alternancia democrática no funcionó para cambiar la corrupción dentro del sistema político; es como pedir al sistema político que haga un suicidio.

Esta reforma claramente es insuficiente y no podemos pretender que la ciudadanía vaya a celebrar o a entender siquiera este avance, lo que vamos a hacer es abonar al desánimo y al desencanto, refrendarles que la democracia no cambiará a este país; no debemos aceptar a la corrupción como si fuera una plaga bíblica.

La corrupción es un problema de incentivos, y la corrupción se combate como se barren las escaleras, de arriba para abajo.

Si no iniciamos desde la cabeza, si el Presidente de la República no puede ser juzgado por corrupción, nada va a cambiar.

Quisiera poner un ejemplo, ¿si lo que hoy se aprueba hubiera sido aprobado hace un par de años, hubiera cambiado el tema de la Casa Blanca? En lo absoluto.

Se hubiera podido dar exactamente igual el caso de la Casa Blanca, porque no hay la obligación de hacer pública la declaración de intereses.

La única manera de combatir de raíz el problema de la corrupción, es combatirla radicalmente.

Tenemos que lograr la integridad del sistema político, y en México si no logramos un avance sustancial, si nos conformamos con avances intermedios, la gente no nos va a esperar.

¿Sería capaz, por ejemplo, el actual gobierno a abjurar contra la cultura política de su comunidad de origen, de Atlacomulco? Estamos seguros que no.

Si se aprueban el día de hoy estas modificaciones seguiremos viendo el espectáculo de la corrupción como la regla en la política mexicana; lo que hace falta es cambiar desde la cabeza, que el Presidente de la República no esté protegido por el fuero constitucional para ser juzgado por actos de corrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más una participación muy breve para rectificación de hechos, y si usted me lo permite, lo hago desde mi escaño.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Antes o después del Senador Bartlett.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Pues después para darle tiempo al Senador Bartlett, pero sí le suplico que no me olvide.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Cuando concluya el Senador Bartlett, le cedemos el uso de la palabra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, yo pedí para hechos, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, me pasaron al final, lo cual yo aprecio cuando me hacen caso, pero varias cosas puedo tocar de lo que ahí se dijo.

Si analizamos las últimas intervenciones, todas, vamos a ver que se repite lo mismo, perdón que vuelva otra vez, pero se repite, todos han dicho que la corrupción es horrible, deleznable, que la corrupción debe acabarse, y todos sacan unas cifras de lo que nos cuesta la corrupción, pero nadie duda de eso; si todos estamos en contra de la corrupción que ha destruido al Estado mexicano, y que ha establecido, como dice un organismo internacional, que ya la corrupción es una norma de vida, o el Presidente de Uruguay nos dijo que teníamos un Estado mafioso.

Pues nadie está a favor de eso, lo que pasa es que este es el asunto, este modelo no va a acabar con la corrupción en México por las causas que están sosteniéndolo.

No sé si el Senador por Yucatán, ya iba a decir una tontería, que dijo que sí confía en que esto va a reformar, cuando llegue a Yucatán lo van a poner parejo, porque no lo va a cambiar y aquí es lo que se ha dicho una y otra vez.

Y no lo va a cambiar, insistimos, porque no hay voluntad política para cambiarlo.

En ese foro, en el foro que convocaron para este tema en el cual participaron distinguidísimos expertos, en el que todos estuvieron de acuerdo en que estaba muy bien, que le faltaban cosas, pero que era necesario sacarla a toda costa, había que sacarlo.

Hubo una intervención que yo quisiera recordar, del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, que fue muy crítico, muy crítico diciendo que no había en realidad una definición clara que quisiera perseguir, ni siquiera una definición de corrupción sensata, nada.

Y luego dice: "el Congreso, en las últimas décadas, hemos soñado una y otra vez que cambiar la Constitución es la llave mágica, sin embargo, hay problemas".

Y eso es lo que me interesa comentarles, hay problemas, dice uno de los expertos, que felicitaron todos.

El primero es que con la legislación actual imprecisa que tenemos en materia de combate a la corrupción, muchas cosas se podrían haber hecho en las últimas décadas. "Ejemplos hay muchos", dijo este experto.

"Sí la Cámara de Diputados, dijo, por ejemplo, hubiera realizado su labor de acompañamiento de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que no hizo nada la Cámara de Diputados, porque una vez que llegan los informes, ahí se quedaban, habría una selección selectiva", hubiera realizado su labor, habría habido cosas importantes.

Si las contralorías municipales tomaran con seriedad y profesionalismo el fincamiento de procedimientos administrativos que les son turnados por los órganos de la propia fiscalización estatal, hubiera habido acciones.

Si la unidad de servidores públicos de la PGR hubiera actuado y expedido recursos, otra cosa hubiera pasado.

En suma, si no hubiera un tratamiento selectivo de los expedientes de corrupción, la legislación actual mexicana sería muy buena para poder haber hecho unas diferencias en los últimos años y no imponer este impulso de corrupción que llega por todos lados.

Y termina diciendo: "la voluntad política no se legisla, simplemente se ejecuta".

Y eso es lo que les quiero transmitir, es cierto lo que dice este experto, no ha operado ninguna de las instituciones que ahora se convierten en sistema.

Este demiurgo, esta invención de que al estar todos coordinados por un comité todo va a cambiar con algunas ventajas aquí y allá, son los mismos.

Si hubieran actuado no estaríamos hundidos en la corrupción desde la Presidencia hasta abajo como una regla, y lo sabemos todos, sin necesidad de esta reforma.

¿Y por qué no pasó nada? Porque como lo dice, la voluntad política no se legisla.

Y es lo que estamos diciendo cuando aquí vienen y dicen: "Peña Nieto, desde el Pacto, presentó Peña Nieto una iniciativa que aquí trajeron al Pleno". Sí, nada más que pasaron tres años ¿eh? Y en el inter todos los atracos, todos los trenes chinos y el aeropuerto, por decir algunas.

Entonces, no hay voluntad política en Peña Nieto, y entonces no la va a haber aquí.

Esto es lo que nosotros decimos, todos estamos en contra de la corrupción, todos, cuando menos retóricamente, porque ese es otro tema, pero no es este el sistema para resolverlo a la larga, porque hay que transformar el corazón de los mexicanos.

Decía alguna vez González Casanova, gran politólogo de la UNAM, que en este México mágico la legislación, la Constitución, se aprueba, se felicita, pero no se aplica. Y ese es un punto enormemente importante en todos los estudios de corrupción.

Ustedes creen que los funcionarios, en el mundo entero, dicen que la corrupción es un asco y es terrible. Claro, pero son los que abajo, y por eso es dificilísima la corrupción, porque están en los más altos puestos de todos los países, es mundial.

Entonces, no es esto mientras no tengamos la seguridad de que los nombramientos que se van a hacer aquí, nombramientos de los mismos, de las auditorías, de los órganos, estos órganos internos, es lo mismo que tuvo la Secretaría ésta que no sirvió para nada, la de la Función Pública, no sirvió para nada, y tenía en todos lados un contralor.

Van a ser elegidos otra vez igual, mientras no entendamos que quien nombra manda, ya lo vieron en la Suprema Corte de Justicia, ya lo ven cómo ocurre siempre, ¿ustedes creen que va a tomar medidas ese Tribunal mientras se siga eligiendo igual? Necesitamos evitar que el Presidente de la República, éste y los que vengan, no nombre a todos los que lo van a vigilar. Ese es el gran problema, el nombramiento que convierte a todos en servidores del Presidente de la República.

Mientras no se ataque eso, seguiremos igual.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Le agradezco muchísimo, señor Presidente, su comprensión y su respaldo.

Yo solamente quisiera comentar, en relación a la partición anterior a la del Senador Bartlett, dos aspectos que me parecen fundamentales y que los traté incluso en mi participación.

Uno que yo celebro, y que lo vuelvo a hacer en este momento, es la introducción en el artículo 79 de una facultad que habrá de tener la Auditoría Superior de la Federación y que me parece que es fundamental para que vayamos abatiendo la impunidad, pero no a partir de hoy en adelante, sino también hacia atrás.

Eliminar el tema en las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los principios de anualidad y posterioridad, me parece que abre una posibilidad enorme de dos cosas: la de que estemos revisando de manera permanente, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el comportamiento y el ejercicio del gasto público, y en el caso de la facultad que le estamos dando, para que sea posible revisar los posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, me parece que se podrá abrir la puerta para que se solicite y se revise de manera casuística y concreta la información de ejercicios anteriores.

Y aquí habremos de estar muy atentos, quienes hacemos este planteamiento, porque al poder revisar ejercicios anteriores, también vamos a poder revisar aspectos que al país mucho lo han lesionado y que al propio Distrito Federal le han dejado una secuencia o una secuela que no es positiva para los habitantes del Distrito Federal.

Por ejemplo, el tema de la Línea 12.

No es posible venir aquí, el hablar y detallar y asumir, insisto, lo que dije en la tribuna, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Si vamos a revisar, revisemos con acuciosidad todos, porque en esta condición de democracia en la que todos los partidos políticos hemos tenido la posibilidad de ejercer el mando en cualquier de las condiciones que establece la Constitución federal, estatal o municipal, todos estamos ya bajo el tamiz, bajo el criterio de la valoración ciudadana.

Entonces, si vamos a ser tan críticos y tan cuestionadores con lo que hace el de enfrente, empecemos por revisar lo propio, y desde aquí lo comentamos.

Estas dos facultades que tendrá a partir de la votación, que espero se dé positiva el día de hoy para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, habrá de permitir revisar ejercicios anteriores, y estaremos los Senadores y las Senadoras del PRI muy pendientes de solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación la revisión exhaustiva de un tema como ese que ha sido motivo de escándalo, que ha sido motivo de constantes señalamientos, que ha sido motivo de una afectación cotidiana que viven casi medio millón de habitantes del Distrito Federal, y que no habremos de dejar pasar por alto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Compartimos todos los presentes sus planteamientos.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el segundo siguiente, en el que el Senador Bartlett solicitó el uso de la voz para rectificar hechos, hice lo propio, le ruego me considere usted para poder participar en el debate por esa modalidad, en el entendido, pues, que hice la solicitud debidamente con la suficiente oportunidad.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No registramos su interés de participar en el segundo siguiente a que el Senador Bartlett planteó su decisión de tomar la tribuna, pero con mucho gusto lo escucharemos.

Antes, sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, después en el de la Senadora Gochi y después en el del Senador Cordero.

Adelante Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente, hacer un comentario, bueno, sumarme a la propuesta de la Senadora Graciela, de hecho le podría adelantar múltiples auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema, y ojalá que con el mismo ahínco, con la misma indignación, con el mismo coraje, aunque no esté en esta reforma el día de hoy, el Presidente de la República pudiera hacer pública su declaración de intereses.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Senadora Gochi. Sonido en su escaño.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para solicitarle que mi intervención en este tema, que obviamente es importante, de una suma importancia para los mexicanos, sea inscrita en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con gusto se atiende la petición de la Senadora Gochi, al igual que la del Senador Francisco Salvador López Brito, de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Senador Luciano Borreguín González, del Senador Gerardo Sánchez García, del Senador David Monreal Ávila, de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y del Senador Arturo Zamora Jiménez, quienes entregaron a esta Mesa Directiva, por escrito, sus intervenciones, por lo cual quedarán insertas en Diario de los Debates, a la letra de las mismas.

La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Compañeras senadoras y compañeros senadores:

A nombre de mi grupo parlamentario, y como integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana,  vengo a esta tribuna a razonar mi voto, a favor de la presente propuesta de dictamen.

La historia política de México, y la propia historia del parlamento mexicano, vive una de sus etapas más álgidas y sin parangón, en materia legislativa. La madurez política, que se vive al interior de las Cámaras del Congreso de la Unión, ha permitido transitar una serie de reformas estructurales, que cambian de manera radical la estructura jurídica de México y  cuyo objetivo común apunta a potenciar nuestras áreas estratégicas, y detonar verdaderamente un crecimiento económico sostenido, en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.

Sin echar las campanas al vuelo, los legisladores podemos hablar de cara a la sociedad, que con la reciente aprobación de las reformas en materia de Transparencia y acceso a la información pública, el fortalecimiento del IFAI, las reformas en materia de contabilidad gubernamental,  las demás reformas en favor del combate a la corrupción y la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción, la ciudadanía, hoy como nunca, se empodera, y cuenta con una importante batería de instrumentos jurídicos, que le permitirán exigir la rendición de cuentas, y contribuir, junto con las demás instancias de gobierno y los poderes de la Unión, verdaderos gobiernos abiertos y transparentes.

Hago la siguiente reflexión, porque nos encontramos en un punto de inflexión y en un cambio de estrategia, para combatir de manera frontal este fenómeno multifactorial,  que ha sido nuestro Talón de Aquiles, y que impide un crecimiento armónico de nuestra sociedad.

En mi partido político, entendemos que el fenómeno de la corrupción, que aunque suele percibirse como un mal congénito y crónico de un partido, de un régimen o exclusivo de la clase política, su complejidad, no puede definirse a través de reduccionismos analíticos.

Entendemos que la corrupción, no es propia de un país, de una sociedad, de un segmento poblacional, y no es sólo un asunto cultural. 

Entendemos que la corrupción tampoco es exclusiva del gobierno, ni se encuentra extendida en toda la población, y que no se restringe a un solo tipo de prácticas, pues involucra una serie de formas, mecanismos y organizaciones, en la que intervienen actores y elementos muy variados. Ante esta certeza, los frentes por los hemos decido combatirla, tienen una visión de conjunto del fenómeno, y por ello, hemos emprendido y respaldado todas las reformas para combatirla, que hoy son una realidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que esta reforma, es la suma de  esfuerzos de todos los partidos políticos, de la sociedad civil organizada, de la academia, y de la decisión de este gobierno por erradicar este grave flagelo.

En razón de lo anterior, ponderamos que con la creación de este nuevo sistema, como  instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno,  en la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, la administración pública en general y el desempeño de sus funciones, transitará a un sistema más eficiente, más productivo y más transparente.

Destacamos también, como lo han hecho mis demás compañeros senadores, que con este nuevo sistema de pesos y contrapesos, se dará un equilibrio a las instancias encargadas de combatir la corrupción.

? La Participación del Senado en la ratificación del titular de la Secretaría de la función pública;

? La plena autonomía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para dictar sus fallos;

? Las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación  para auditar e investigar en tiempo real, presuntos hechos de corrupción que sean denunciados por los ciudadanos o que sean resultados de sus propias auditorías;

? La extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito, entre otras.

Dan cuenta de este nuevo replanteamiento institucional de la gestión pública, que atiende a las mejores prácticas internacionales de combate a la corrupción y donde el interés general es el interés legítimo de la sociedad. 

En el Partido Revolucionario Institucional, ratificamos el compromiso decidido e irrestricto, de no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción, y de seguir trabajando por la construcción de reformas que transformen a México, en un país de oportunidades, y en un país en donde todos los mexicanos vivan con las mejores estándares de calidad humana.

Por todo lo anterior, invito a todos mis compañeros senadores a votar a favor del presente dictamen, y a refrendar nuestro compromiso por la consolidación de una democracia abierta y transparente a la sociedad mexicana. 

Es cuanto señor presidente,

Por su atención, muchas gracias.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Mi voto es a favor, debido a la corrupción que impera en México es muy grave, dado que ha alcanzado las más altas esferas de los poderes públicos y constituye un mal que se debe erradicar desde la raíz.

Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en 2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos, alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.

se reforman catorce artículos de la Constitución: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79 104, 108, 109 113, 114, 116 y 122, que definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el titular del Tribunal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI); y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.

Es decir, se propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Dicho Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Es importante hacer énfasis en que los puntos a destacar dentro de este dictamen son:

1. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés.

2. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de garantizar imparcialidad en su trabajo.

3. El plazo de para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de 3 a 7 años.

4. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

5. Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos y, en su caso, particulares que comentan faltas administrativas.

6. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves.

7.- Se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática.

El objetivo principal  de estas modificaciones es la coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes, para la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Por todo lo anterior, es importante la aprobación de este dictamen, en búsqueda de disminuir de manera considerable esta práctica aberrante que desafortunadamente ha permeado en gran parte de los poderes públicos en nuestro país.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Buenas tardes a todas y a todos,

Hago uso de esta Honorable Tribuna, para expresar mi opinión acerca del Dictamen que nos ocupa.

Una de las prácticas que más ha dañado a nuestro país a lo largo de los tiempos es sin lugar a dudas la corrupción, pero el mayor problema no es la conducta ilícita de los funcionarios corruptos, el mayor problema es la impunidad, nada más ofensivo para la sociedad que un delito sin castigo, y más grande es la ofensa si se trata de un funcionario público cuyo salario proviene de nuestros impuestos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en el último bimestre de 2013, el 88.3% de la población de 18 años y mas, considera que las prácticas de corrupción son "Muy Frecuentes" o "Frecuentes".

Además, a partir de la citada encuesta se estima que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrupción es una práctica "Muy Frecuente" y "Frecuente" en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente.

El 75.6% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobierno Federal es "Muy Frecuente" y "Frecuente"; lo mismo sucede en el 77.2% en el caso de los Gobiernos Estatales y en el 75.8% en el caso de los Gobiernos Municipales.

Aunado a lo anterior, y como resultado de la misma encuesta, se estima que a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 100,000 habitantes.

Compañeros y compañeras, todas las cifras que les acabo de mencionar están por encima del 75% en un sentido negativo, son preocupantes, los mexicanos estamos cansados de la impunidad, del abuso, de la arbitrariedad; por ello, festejamos que en un esfuerzo por contrarrestar estas prácticas negativas, y lamentablemente comunes, se ha combinado un conjunto de iniciativas de las distintas ideologías pero con un interés común, en el que se creó un dictamen respaldado por la opinión de especialistas en la materia y funcionarios de prestigio, y por supuesto no dejando de observar aspectos del derecho comparado, que terminaron por enriquecer esta propuesta que ahora se discute.

El Sistema Nacional Anticorrupción se presenta como un órgano colegiado cuyo Comité Coordinador cuenta con una interesante conformación: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, del titular del organismo garante de la transparencia y la rendición de cuentas, Consejo de la Judicatura Federal y lo más importante, por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

El hecho de que sea colegiado nos ofrece dos ventajas que vale la pena destacar: primero, que la toma de decisiones no recaerá en una sola persona, por lo que las acciones en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción tendrán que se ser debidamente discutidas, analizadas y enriquecidas por los distintos participantes; y segundo, por la forma de conformación, se busca en la medida de lo posible garantizar la imparcialidad del órgano.

Señores, si el órgano que se crea se mantiene verdaderamente autónomo e imparcial, entonces será efectivo, y para que sea verdaderamente efectivo, se requiere no solo de la voluntad de sus integrantes, si no de las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Funcionarios corruptos siempre va a haber, porque la ética es un asunto de formación, no un asunto regulable, pero nuestras instituciones tienen que ser tan fuertes como para castigar a esos funcionarios a pesar de su posición.

Pero además, no se trata de tener las sanciones más altas o de procesar al mayor número de funcionarios, se trata de inhibir los actos de corrupción y esto se va a lograr, sólo mediante la efectividad real del Sistema Nacional Anticorrupción, porque si caemos en la simulación (como en la que nos encontramos actualmente) cuando nuestros intereses se vean perjudicados, entonces ningún esfuerzo en estos trabajos habrá valido la pena.

Adicionalmente y para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior y se propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas, para poder hacer auditorías de manera oportuna, se robustece su capacidad para analizar la cuenta pública, para formular obsevaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves. Un aspecto importantísimo, es que la auditoría podrá auditar irregularidades de ejercicios fiscales anteriores al año fiscal en curso y se amplía el plazo de prescripción por faltas graves de 3 a 7 años, lo que se convierte en otro factor para inhibir la comisión de faltas graves o actos de corrupción, pues cuando un funcionario sienta la seguridad de que durante su gobierno no será investigado, esto podrá suceder una vez que termine sus funciones.

Por otro lado, la conformación del Nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, también es esencial para inhibir los actos de corrupción, este Tribunal como otro órgano colegiado que podrá funcionar en un pleno con dieciséis magistrados, garantizará también un análisis profundo de las distintas situaciones que se presenten y un equilibrio de ideologías sano en la interpretación del derecho.

Ya para cerrar compañeros, los funcionarios delinquen abiertamente porque no tienen miedo de la ley, porque son muy influyentes, porque con una llamada solucionan su problema; la intención es pues, superar esa situación, si lo logramos, podremos decir con todo certeza que estamos avanzando en el tema de anticorrupción. Esta reforma es una primera y verdadera intención para lograrlo por eso la votare a favor y los invito a hacer lo mismo a nombre de México.

Quiero cerrar con una frase de un periodista y escritor Uruguayo, lamentablemente recien fallecido, Eduardo Galeano:

"La impunidad apremia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo." 

Es cuánto. 

Ciudad de México a 21 de abril de 2015.

Respetuosamente

Iris Vianey Mendoza Mendoza
Senadora de la República

El Senador Luciano Borreguín González: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

COMPAÑERAS SENADORAS
COMPAÑEROS SENADORES
DISTINGUIDO PÚBLICO

Les saludo y celebro su presencia en este recinto, donde el día de hoy nos ocuparemos de tratar un tema de gran relevancia para el Estado, la corrupción y por ende la impunidad. En este sentido acudo a esta tribuna para manifestar mi postura a favor del  Dictamen que pretende reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la Corrupción.

Este es un tema que ha afectado a nuestro país por décadas y ya ha ocasionado, entre otras cosas, que en el índice de corrupción del 2014, se coloque a nuestro país como el peor en el rubro, al calificarse en una posición 34 de 34 de entre todos los países miembros de la OCDE.

Encuestas de opinión pública muestran una correlación directa entre la corrupción y la desconfianza que muchos ciudadanos sienten en sus gobiernos. Además de esta desconfianza en las instituciones gubernamentales y la clase política. La corrupción también afecta a la economía, se habla de un impacto aproximado a los dos puntos porcentuales del PIB anual, que equivaldrían a 341 mil millones de pesos, esto,  además de todas las oportunidades de inversión internacional que se limitan o restringen con los llamados costos de transacción.

Los aspectos principales del dictamen sobre el combate a la corrupción nos plantea una coordinación entre los poderes, la administración pública, los tres niveles de gobierno y una representación ciudadana.

La creación de los órganos internos de control, el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación, que el Informe General del Ejecutivo y los informes individuales que deberán entregar la Auditoria Superior de la Federación, sean de carácter público, además de incluir la información de los montos resarcidos a las arcas públicas como de las denuncias penales presentadas y de los procedimientos iniciados.

Un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y particulares; que serán sancionados ante él, también propuesto, Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La integración de un sistema Profesional de Carrera para el personal público responsable de las funciones de prevención, control e investigación de las faltas administrativas; y la aplicación de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito, así como la ratificación del nombramiento del titular de la Secretaria de la Función Pública, por parte de este Senado de la República.

Por lo anterior expuesto, es que me pronuncio a favor de votar el presente dictamen.

Ahora bien, estamos conscientes de que tenemos que dar la lucha contra este mal, pero lo tenemos que hacer bien, no dejar lagunas y buscar verdaderamente eliminar los grandes esquemas de corrupción, estableciendo sanciones ejemplares para que los corruptos no prevalezcan, ya sean servidores públicos o particulares, y por consiguiente tendría que establecerse un desafuero al Presidente de la República, porque en este país no cabe la desigualdad

El combate a la corrupción es un aspecto clave en el ejercicio democrático y tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía; es por ello que tenemos que combatirlo y erradicarlo en pro de todos los mexicanos, ya que desafortunadamente parece una práctica normal.

Como toda política pública, esta iniciativa de ley debe ser regida por principios rectores, normativos y legales (como la oportunidad, calidad, eficiencia, transparencia, así como  la probidad de los servidores públicos que la llevan a cabo), además de todos los recursos con que cuenta el Estado y que pretenden resolver este tema poco sencillo.

Para que una política pública pueda cumplir con el objeto para el  cual fue creada, el primer paso debe ser definir y delimitar que se va a combatir, cuales son los grupos objetivos y los grupos  beneficiados, incluyendo el método para lograr este fin, además, es necesario contar con los  indicadores, alcances y metas  definidos previamente que permitan una política pública exitosa. En el dictamen presentado sólo nos muestran una puerta de entrada hacia un camino muy extenso e incierto, que  poco aporta a combatir este cáncer llamado corrupción y que indudablemente es una amenaza para la gobernanza nacional.

Con base en lo anterior y  también tomando  en consideración las opiniones del panel de expertos que aportaron sus conocimientos e inquietudes en su exposición del día 14 de abril del año en curso, me gustaría retomar la importancia del manejo de esta información ante la sociedad mexicana.

Primero: Se pretende crear una reforma administrativa, que no es un sistema, aunque aspire a serlo, ya que como bien  comentaban, la presente iniciativa, es un  inicio, un esfuerzo primario en aras de alcanzar otro de mayor envergadura, que pueda entonces sí, aspirar a erradicar la corrupción.
Segundo: ¿cómo decirle a los ciudadanos que no nada más las instituciones existentes para este fin como la Auditoria Superior de la Federación o bien la Secretaria de la Función Pública, no cumplen a cabalidad con el hecho concreto de prevenir y sancionar la corrupción?, sino que, además, esta iniciativa está orientada para responsabilizarlos de facto de una situación en la que son solo la mitad de la ecuación, y no se contemplan, en ningún momento, ni en ninguna forma, las responsabilidades de los tomadores de decisiones, desde el Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, así como elementos del Congreso General, es decir, los fueros de todos los actores públicos que detentan el poder en el Estado Mexicano (el sector más beneficiado). Dicho de otro modo, traerá consigo un gran impacto negativo a particulares, pero ninguno al poseedor de tales fueros.

Y no nada más eso,  se está mandando un delicado mensaje a la ciudadanía, ya de por si harta de este tema, que: A los cuerpos deliberativos del Estado no nos interesa resolver su problema de corrupción,  sino, más bien, alejarlos de la resolución de este tema, al dejar fuera a la ciudadanía del control de sus representantes y empleados públicos y de una participación, aun siendo mínima, en el diseño e implementación de una verdadera política anticorrupción.

Respuestas puede haber muchas,  sin embargo y siempre en base a  hechos, podemos hacer algunas conjeturas:

a) Puede tratarse de un mecanismo de control de daños por parte de la Presidencia de la República y/o su partido, que intenta reducir el impacto desfavorable que los recientes casos de corrupción que han impactado a la opinión pública,  como es el caso de: la casa blanca de las lomas, o aquellas otras propiedades que grupo HIGA facilito al círculo cercano del presidente en funciones, o bien el ya tristemente célebre caso de los Abarca los cuales teniendo cargos públicos eran buscados por delitos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada, siendo esto el mejor ejemplo de corrupción hoy día. Todo esto en aras de reposicionarse en este proceso electoral.

b) O bien, puede ser todo fruto de la buena voluntad y las prácticas democráticas sanas, y si este fuera el caso, y si se plantea aprobar este dictamen, debe realizarse, a opinión de un servidor,  con otro título o rotulo que no pretenda crear la ilusión que se va a resolver algo, en este caso la corrupción, cuando en realidad no es así.

En este tenor compañeros Senadores de la República, invoco a su  visión de hombres de Estado y representantes del pacto federal para rechazar esta iniciativa y dotar realmente al Estado mexicano de las herramientas oportunas, de calidad y efectivas que redunden en un México sin corrupción, para beneficio de las generaciones presentes y futuras, en un marco de corresponsabilidad y rendición de cuentas, de todos los ciudadanos y principalmente de la clase política.

Por su atención, muchas gracias.

El Senador Gerardo Sánchez García: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Compañeras y compañeros Senadores.

La corrupción dejó de ser hace décadas un problema local, convirtiéndose en un fenómeno transnacional que no solo afecta de manera sistemática a las instituciones del Estado, afecta día a día a todos los mexicanos.

La presente Legislatura del Congreso de la Unión se ha caracterizado por su intensa labor, en la que se han realizado diversas modificaciones al marco legal de nuestro país;  destacando reforma laboral, la educativa, la de competencia económica, la de transparencia (IFAI), la político–electoral (INE), la financiera, la de telecomunicaciones y, la energética, las cuales constituyen un nuevo esquema jurídico que detonara el crecimiento económico y ampliara el ejercicio de los derechos humanos.

Había una reforma pendiente aún con todas y todos los mexicanos, esto es un marco jurídico eficiente que erradique la corrupción y fortalezca el Estado de Derecho.

Concebir, como lo señalaba el filosofó jurídico Ronald Dworkin el derecho como integridad entre justicia y equidad; es decir compuesto no sólo por normas, sino también por directrices que tienen como objetivo perseguir un bien colectivo y los principios, que son razones para decidir en un sentido determinado, es solo así como se construye de un verdadero Estado de Derecho.

El Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda, hará más eficiente nuestro sistema jurídico, fortaleciendo las instituciones necesarias para combatir de manera contundente la corrupción.

En síntesis, la reforma busca crear la confianza ciudadana en las instituciones, acortar la distancia entre Estado y sociedad, así como combatir el escepticismo de los ciudadanos respecto de los órganos de gobierno transparentando toda actividad del Estado y sus funcionarios.

Es de destacar que el dictamen prevé por primera vez México la creación de un  Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Este será un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, ya que contará con un Comité Coordinador compuesto por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno y por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Asimismo, estará integrado por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, cuyas principales funciones son la fiscalización, la investigación, el control, la vigilancia, la sanción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Con la Minuta que propone la Reforma catorce artículos constitucionales, se definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el titular del Tribunal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI); y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como del Comité de Participación Ciudadana.

Es de destacar que la Minuta propone que el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea ratificado por esta Soberanía.

Por primera vez en nuestro país tendremos un sistema de coordinación federal que tenga elementos coercitivos para combatir las añejas prácticas de corrupción arraigadas en México, ya que el proyecto plantea un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran ambos.

Las sanciones administrativas podrán consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. A su vez, las penas económicas se establecerán en razón de los beneficios que, en su caso, haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos y omisiones.

Es así que el nuevo esquema promoverá la transparencia de las transacciones, facilitará la fiscalización recursos federales ejercidos durante el año, así como aquellos vinculados a actos irregulares cometidos en ejercicios previos al año de la cuenta pública; lo que abre la posibilidad de responder de manera oportuna a situaciones coyunturales que así lo ameriten, constituyendo un elemento disuasivo de la corrupción.

Este nuevo paradigma en materia anticorrupción fortalecerá las instituciones del Estado Mexicano; combatirá el principal problema nacional para alcanzar la justicia y equidad que todos los mexicanos queremos; lo que constituye una reforma impostergable que ha tomado un tiempo excesivo en el Congreso de la Unión, por lo que ya no podemos demorar más el proceso de aprobación.

Es así que los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI realizaremos las acciones necesarias en el combate a la corrupción y promoviendo un marco jurídico claro y eficiente; instituciones judiciales, administrativas, de seguridad y derechos humanos sólidas; bien estructuradas y con recursos suficientes y una sociedad civil que cuente con los mecanismos participación para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es cuanto señor Presidente.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Muchos han sido los esfuerzos por erradicar la corrupción en México pero éstos han quedado en buenas intensiones, ahora presentan un Dictamen, por el que piensan sus proponentes es la panacea para erradicar la corrupción. Sin embargo, dista mucho de ser así, pues para erradicar la corrupción se requiere de liderazgo y voluntad política, cuestiones que se encuentran asuntes en México, por el contrario están utilizando esta reforma constitucional como propaganda política-electoral.

En una democracia consolidada, el combate a la corrupción debe basarse en la cooperación abierta entre fuerzas, incluso adversarios. Las reformas eficaces requieren la participación activa de los poderes ejecutivo legislativo y judicial, la incorporación de iniciativas de la sociedad civil, factores que carece este Dictamen, pues fue consensado entre las tres fuerzas partidarias del país, que por cierto, son en las que la ciudadanía menos confía, poco cree y que más actos de corrupción e impunidad han protagonizado en los últimos años.

En México aquellos que se atreven a denunciar y acusar a servidores públicos por actos de corrupción, son perseguidos, amedrentados e incluso castigados por hacer públicas dichas acusaciones, en espera de que los corruptos reciban una sanción, todo esto es consecuencia del débil sistema jurídico en materia de combate a la corrupción que aqueja al Estado mexicano.

Esto confirma la tesis de Gabriel Zaid, quién sentenció: "La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema"; esto no es en México de ninguna manera un fenómeno nuevo, este cáncer se ha arraigado en el Estado, en los tres órdenes de gobierno, entre la mayoría de ciudadanos, y parece estar adherido a la vida cotidiana del mexicano.

El Estado durante décadas ha sido controlado por una cúpula política fiel a dos principios: la corrupción y la impunidad, por ello, cuestiono a esta Soberanía,  ¿cómo pretenden que con la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción se terminará una problemática tan arraigada en todos los ámbitos de la vida pública del país?

Si bien, el dictamen que se somete a consideración de esta Soberanía, es un avance sustantivo en materia de corrupción y rendición de cuentas, también es cierto que  existen vacíos, inconsistencias y facultades limitadas que harán no lograrán disminuir significativamente los índices de corrupción actuales en México.

Hoy en día, el sistema jurídico mexicano cuenta con órganos e instituciones públicas que se encargan de atender los temas relacionados con la corrupción y la rendición de cuentas, pero, el problema radica en que no cumplen sus atribuciones, lo que genera condiciones propicias para la impunidad y la opacidad.

Por dar un ejemplo, el Índice Global de Impunidad hace apenas unos días, dio a conocer que de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México se sitúa en el segundo lugar en el nivel de impunidad, es decir, el país es ejemplo mundial de cómo impunidad y gobierno puede ir de la mano.

Todo esto sirve de referente para cuestionar y exhibir las deficiencias del presente dictamen, así como para aseverar que ni desde el Gobierno Federal, ni de parte de los impulsores de esta reforma existe la verdadera intención de sacar a México del pantano de impunidad y corrupción en el que se encuentra.

Ello debido a que solamente se entreabre la puerta para que la ciudadanía sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero, no se le dotan de verdaderas atribuciones para la fiscalización y la denuncia de actos de corrupción, en cambio, se contempla que dicho Sistema sea operado por servidores públicos que si bien tienen cierta autonomía, también, tienen compromisos políticos con quienes los impulsaron para estar en dichos cargos. Es decir, será un sistema controlado y manipulado por la cúpula política de siempre.

Es decir, este Sistema no considera actores como los testigos sociales, ni aspectos de denuncia ciudadana, simplemente se centra en una reforma burocrática, repartiendo funciones pero sin acciones contundentes de fondo.

Otra deficiencia y contradicción del presente dictamen, que promueven bajo el discurso de que "todos los entes públicos podrán ser fiscalizados, todos podrán ser señalados", es buscar ampliar las facultades de la autoridad para vigilar y sancionar actos de corrupción, en todos los órdenes de gobierno y en todas las esferas de la administración pública, sin embargo, no serán todos porqué se mantiene el régimen de excepción del presidente de la República, al no poder ser juzgado en el ejercicio de su encargo por actos de corrupción, desvío de recursos o conflicto de interés, lo que confirma la tesis inicial de que un gobierno ungido de la corrupción no puede acabar con ella, si primero no se juzga a sí mismo.

Aún más preocupante resulta que con dicho Sistema, se dote de facultades potestativas y no vinculantes a su Comité Coordinador como las señaladas en el párrafo séptimo de la fracción III, del artículo 113 del dictamen en comento, que señala que derivado del informe anual que expida el Sistema, éste podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas para la prevención de hechos de corrupción.

¿Por qué este tipo de recomendaciones no tienen grandes alcances y en consecuencia no provocan cambios sustantivos? Como ejemplo para ilustrarlo, están las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que aproximadamente de las recomendaciones que ha emitido para las autoridades o instancias que han violado derechos humanos del quejoso, del 2009 al 2013, de un total de 438, en términos porcentuales, no más de 9% de estas se cumplieron y, en promedio, sólo 3.4% de las recomendaciones se cumplen cabalmente.

Esto demuestra que la eficacia de las recomendaciones no vinculantes en la práctica es nula, luego entonces, establecer un mecanismo similar para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será infructuoso, y en consecuencia los objetivos que persiguen estas modificaciones constitucionales no serán alcanzados, y por lo tanto la reforma está destinada al fracaso.

Sin duda este Congreso de la Unión está legislando para no cambiar nada de fondo. El Sistema Nacional Anticorrupción sólo es la bandera de propaganda electoral, lejos de pretender terminar con el problema, sólo burocratiza la impunidad, fomentará el compadrazgo, crecerá el pago de cuotas partidarias, y mantendrá anclado al país en la corrupción.

Si el presente dictamen es aprobado en sus términos, el Sistema Nacional Anticorrupción surgirá en medio de la suspicacia ya que no garantizará su imparcialidad. Con estas medidas a la corrupción no se arranca de raíz, sólo se le maquilla, se le decora, se le aplaude y se le reconoce como parte del sistema político y de la administración pública del Estado; con esto se escribe en letras de oro que La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema.

Es cuanto.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Señoras y señores Senadores:

El día de hoy discutimos un dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia que coordinará la competencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción; así como la fiscalización y control de recursos públicos.

Sin duda alguna es un paso importante y los Senadores del Partido Acción Nacional celebramos que estemos por fin discutiendo un tema que siempre hemos abanderado, que propusimos y que impulsamos como un tema irreductible para ser aprobado en el actual Periodo Ordinario de Sesiones, con el que prácticamente concluye la LXII Legislatura.

Para el Partido Acción Nacional, la corrupción en un asunto que ofende a las familias mexicanas, que afecta su economía y que genera impunidad.

No podemos permitir que sigan ocurriendo hechos de corrupción como los que se han hecho del conocimiento de todos en tiempos recientes. Los mexicanos ya estamos cansados de las casas de las Lomas y de Malinalco, así como de los helicópteros convertidos en taxis aéreos y de elementos corruptos en todos los partidos.

Las modificaciones a la Constitución que hoy discutimos, son tan sólo el comienzo de una serie de reformas que debemos implementar para que el combate a la corrupción sea efectivo. Debemos fortalecer la legislación secundaria para que se pueda castigar sin excepción alguna, a quien cometa un acto de corrupción y que la sanción incluya responsabilidad penal de quien cometa dicho acto.

Es necesario establecer un régimen de responsabilidades, en donde deberá revisarse las conductas sancionables tanto para servidores públicos, como particulares; tanto en el ámbito administrativo, como en el penal.

Se debe mejorar la legislación referente al Servicio profesional de carrera.

Es necesario establecer en la ley, la coordinación entre el SAT y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera.

Debemos señalar con precisión, las facultades de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada de delitos relacionados con corrupción.

También es necesario establecer normas que regulen con mayor rigor y precisión las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés.

El Partido Acción Nacional insiste en la importancia y necesidad de fomentar y regular adecuadamente la participación ciudadana, para que la sociedad coadyuve y se comprometa en el combate a la corrupción.

Finalmente, tenemos la obligación de evitar la impunidad de los servidores públicos, porque es necesario recuperar la confianza en las instituciones y en la democracia. En ese tenor, es impostergable que las fuerzas políticas de este país, discutamos seriamente en la eliminación del fuero; que se ha convertido en una figura que es sinónimo de impunidad y que lastima gravemente la imagen de la clase política.

Los Senadores del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público, debe invariablemente guiarse por una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, que implique la correcta selección de medios para alcanzar objetivos dignos y valiosos para la consecución del bien común.

Muchas gracias

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Compañeros Senadores

El contenido del dictamen que el día de hoy discutimos ha sido ampliamente expuesto por quienes me han antecedido en la palabra, con quienes coincido en la apreciación de los beneficios que esta reforma traerá a la sociedad en su conjunto, al combatir de frente el problema de la corrupción.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus homólogos a nivel local, serán herramientas de capital importancia para la definición, instrumentación y seguimiento de las políticas de fiscalización y control de recursos púbicos, al tiempo que su instrumentación da garantía de la independencia de los actos de las instancias que lo operan, que son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

En este sentido, la transformación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con autonomía de organización y funcionamiento, así como la permanencia de sus integrantes, se constituye como garantía de la independencia de sus resoluciones, que adquiere una nueva dimensión al serle otorgada la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos y particulares por actos de corrupción, fincando a los responsables la obligación de cumplir con indemnizaciones y sanciones pecuniarias que permitan resarcir las afectaciones a la hacienda pública.

A su vez, la Auditoría Superior de la Federación fortalece su marco de actuación, al otorgarle facultades para que realice actividades de fiscalización en tiempo real, sin el impedimento que suponen los principios de anualidad y posterioridad prevalecientes hasta ahora, otorgando inmediatez a sus actuaciones, con lo que se evita que el paso del tiempo oculte la evidencia de actuaciones indebidas. Lo anterior favorecerá la vigilancia del adecuado uso de los recursos públicos.

Mi postura es a favor del dictamen también porque en el mismo se establecen nuevos plazos para la presentación de informes de resultados a la Cámara de Diputados sobre las acciones de fiscalización.

Porque la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos públicos de origen federal sin importar que los ejecutores de gasto sean otros órdenes de gobierno, entes que gocen de autonomía o incluso sujetos de derecho privado, disponiendo un procedimiento ágil y respetuoso de las garantías procesales de los sujetos auditados. Incluso serán auditables los recursos de las entidades federativas provenientes de empréstitos, siempre que tengan como garantía las participaciones federales.

Esto es, la reforma aludida permitirá auditar en tiempo real al gobierno federal, a los entes autónomos, a las entidades federativas, a los municipios, a los sindicatos y en general a todo sujeto público o privado que ejerza recursos públicos.

Estoy a favor porque la Auditoría Superior de la Federación tendrá facultades para promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones o bien para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cerrando así la pinza al dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de instrumentos sancionatorios reales y efectivos.

Estoy a favor porque se establece la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración de bienes y de intereses, al tiempo que se señala que también los particulares podrán ser objeto de sanciones por actos de corrupción, que van desde la amonestación a la destitución e inhabilitación, independientemente de las sanciones económicas y penales.

Especial relevancia tiene la disposición que otorga a este Senado de la República para ratificar al titular de la Secretaría responsable del control interno en la administración pública federal, lo que garantiza que el perfil de este funcionario sea el adecuado para dicha función, para asegurar su profesionalismo en la resolución de los asuntos de su competencia.

Estoy a favor de esta reforma que crea el sistema nacional anticorrupción porque se autoriza en el texto constitucional que la acción de extinción de dominio pueda ejercerse por enriquecimiento ilícito, permitiendo así que los infractores no se cobijen en la impunidad, no sólo respecto de las sanciones corporales, sino respecto del destino de los bienes que han sido objeto o producto de dichos actos de corrupción.

Estoy a favor porque esta reforma expone numerosos beneficios, que en su conjunto tienen una sola finalidad, la de erradicar las prácticas nocivas que afectan la eficaz y eficiente administración de los asuntos públicos.

Existe un gran consenso sobre la importancia de frenar los actos de corrupción al país, que como hemos visto, no sólo nos cuestan directamente una importante cantidad de recursos económicos, sino que frenan el avance en materia de competitividad y por tanto impiden el desarrollo del país.

A nivel internacional se tienen diversas obligaciones en la materia, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptado por la OCDE, entre muchos otros.

Por todo lo anterior, estoy a favor porque nuestra principal obligación es con los millones de mexicanos que ven en esta reforma una determinación real, efectiva y tangible de este Senado para avanzar hacia una administración pública más eficaz, eficiente y transparente.

Una vez aprobada esta reforma, habremos de iniciar a la brevedad la discusión de la legislación secundaria que haga efectivos los novedosos mecanismos que contempla este Sistema Nacional Anticorrupción, abiertos a la discusión de todos aquellos temas que abonen a perfeccionar nuestro sistema de transparencia y rendición de cuentas.

Es evidente esta reforma no es la panacea para resolver todos nuestros problemas, pero representa, sin duda, un gran avance que sentará las bases para desarrollar una nueva manera de conducir los asuntos públicos, congruente con la nueva ciudadanía que hemos construido.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitarle me permita hacer uso de la tribuna para rectificación de hechos, solicité la palabra con oportunidad y con tiempo, y bueno, espero que usted me la conceda.

Muy amable, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo para solicitarle de la misma manera que pueda ser incluida mi participación en el Diario de los Debates, que sea inscrita en el Diario de los Debates mi participación, igual que los demás compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: También que se inserte la intervención, que por escrito ha entregado en la Mesa Directiva, la que nos hizo llegar el Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia:

Honorable Asamblea:

Estamos por llegar a la mitad del camino en la presente administración y no podemos olvidar el anuncio en el marco de los trabajos del entonces equipo de transición del Presidente, en el sentido de que se impulsaría desde el Congreso de la Unión, una intensa estrategia para sacar adelante las reformas estructurales que el país necesita, empezando por la desaparición de la inoperante e ineficiente Secretaría de la Función Pública -de creación foxista- y el establecimiento de todo un andamiaje jurídico y normativo que por fin, eliminara uno de los más graves problemas a los que se ha enfrentado nuestro país y con ello, se erradicaría la corrupción.

Sorprendente el anuncio de que un gobierno presentara una propuesta para combatir una enfermedad endémica y arraigada por sus propias prácticas usos y costumbres para ejercer durante siete décadas el Gobierno; sorprendente porque para ello debían ir en contra de su propia psique, de su propio ADN y ello no era tarea menor.

Sin embargo y con la constante postergación de la reforma anticorrupción, las y los mexicanos despertamos en una realidad: aquella que era una en el discurso y otra en los hechos, pues por esta Tribuna pasaron la reforma Fiscal, la Educativa, la Laboral, la Electoral, la de Telecomunicaciones y la Energética sin mencionar siquiera que para que estas reformas prosperaran era asignatura obligada hacer toda una reingeniería constitucional y legal a fin de combatir primero la corrupción, sobre todo porque estas tan anunciadas reformas pretendían erradicar males cuyo origen precisamente se dio a partir de uso patrimonial de lo público durante muchos años.

Llegamos a esta etapa de la discusión del denominado Sistema Nacional Anticorrupción reconociendo lo necesario del mismo pero sin olvidar nuestra historia, porque para contrarrestar un mal es preciso ubicar su origen; eso es precisamente lo que justifica el interés de todas las fuerzas políticas representadas en este Senado para sacar adelante esta reforma, sin duda, la más urgente de todas.

Aunque a lo largo de la discusión del diseño que debiera tener este mecanismo hubo diferencias, es preciso señalar que prevalecieron las coincidencias, sobre todo en los tres ejes fundamentales que debe contener el Sistema Nacional Anticorrupción, en primer término que la labor de prevención se lleve a cabo con el fortalecimiento y verdadero redimensionamiento de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control de todas las dependencias y organismos públicos, sobre todo porque el actual sistema vuelve juez y parte a los contralores internos dejando en la indefensión procesal a quienes por errores administrativos son tratados como delincuentes y a los verdaderos delincuentes, no se les toca y en algunos casos, hasta se les premia.

Con esto, se trata de romper el desequilibrio generado a partir de un equivocado diseño de fiscalización y vigilancia.

La experiencia nos indica que el concentrar la labor de investigación y de fincamiento de responsabilidades y sanciones en un mismo ente, denominado Órgano Interno de Control generó más problemas que soluciones por dos aspectos fundamentales: en primer término su labor es llevada a cabo por encargo del superior jerárquico a partir de "indicadores y mediciones" establecidos en su Programa Operativo Anual (POA) que les obliga a reportar un número de sancionados utilizando mecanismos que incluso transitan entre lo ilegal e inconstitucional como el llamado "usuario simulado", lo que se agrava por el segundo aspecto que consiste en un profundo, sistemático y prácticamente unánime desconocimiento de la legislación y del ámbito jurídico de quienes integran los llamados OIC´s, muchos de ellos funcionarios carentes de la formación jurídica; por ello, es determinante que con el redimensionamiento y establecimiento del Sistema Anticorrupción cualquier investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y sea realizada a través de órganos independientes y autónomos, fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá realizar auditorías en tiempo real e investigar a partir de denuncias ciudadanas.  Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción investigará con las más amplias facultades y consignará ante jueces federales a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción y serán estos jueces quienes determinarán la probable responsabilidad.

Esta autonomía debe tener como consecuencia que no sea un empleado del Presidente de la República, quien se encargue de juzgar a sus jefes o a sus compañeros por faltas graves. El responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción debe ser un tribunal autónomo con verdadero conocimiento normativo y nunca más una persona que actué motivado por emociones y consignas como operan los Órganos de Control en la actualidad. Es el fin de los Titulares de estos Órganos que sin empacho dicen que "ellos son la ley".

Es urgente que con esta reforma se rompa definitivamente con la tendencia de castigar a un funcionario por instrucciones de un superior y terminar haciendo verdaderos ridículos ante un juez de amparo como sucede con 90 de cada 100 asuntos en materia de Responsabilidades como consecuencia de abusos, excesos, deficientes o nulas interpretaciones de la normatividad y que quienes apliquen las reglas y los castigos sean verdaderos conocedores de la materia.

Ninguna reforma estará completa si en sus contenidos no está incorporado el componente de la Autonomía, empezando por el nombramiento del Secretario de la Función Pública que deberá ser sujeto a ratificación por parte del Congreso y no ser como hasta ahora, un empleado subordinado a las instrucciones giradas a través del teléfono rojo y en donde su actuar es limitado. Un verdadero vigilante que desde su dependencia y con autonomía combata la corrupción, que desde el primer momento dé resultados visibles y así les aseguramos que los aplausos que hoy son negados como consecuencia de la falta de credibilidad, llegarán solos.

Para la izquierda esta reforma debió ser la primera de todas las que se discutieron en esta Tribuna pues la corrupción nos cuesta caro, nos cuesta mucho y nos cuesta a todos; simplemente, con el costo de la corrupción en México podríamos sufragar anualmente en cada Estado de la Federación, el presupuesto de casi dos Universidades de la envergadura de la UNAM; imagínense lo que podría hacer por México y por su educación el orientar un gasto de esta magnitud en beneficio de millones de jóvenes.

Pero el camino inicia con los primeros pasos, pudimos haberlos dado todos, iniciamos con el fortalecimiento del principio de rendición de cuentas, prevención de hechos, investigación y fincamiento de responsabilidades tanto públicas como privadas, coordinación entre los ámbitos de gobierno y, la recuperación del patrimonio nacional en favor de las y los mexicanos como principal objetivo de esta reforma, elevando al máximo nivel legal el combate a la corrupción y combate a los actos entre los funcionarios de todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes públicos.

No obstante, dicha reforma aun deja mucho que desear, ya que este nuevo régimen de  responsabilidad de los servidores públicos dejó fuera de su ámbito de competencia a la figura del Ejecutivo Federal, tratándolo como un servidor público con goce de inmunidad, ya que no se le podrá fincar responsabilidad como a cualquier servidor público. De igual forma, era necesario que se eliminara la figura del fuero, con la finalidad de que este Nuevo Sistema de Anticorrupción sea eficaz y con ello poder evitar que los servidores se conduzcan por encima de la Ley y evitar así graves problemas de corrupción. Así mismo, era indispensable que a la entrada en vigor de la presente reforma, se renovarán la totalidad de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y sus homólogos en las Entidades Federativas, ello en aras de fortalecer las nuevas facultades que asumirán dichos Tribunales en materia de combate a la corrupción.

En concordancia con lo anterior, era vital que el actual Secretario de la Función Publica y los Titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos con Autonomía Constitucional fuesen cesados de su encargo para iniciar con el pie derecho con nuevos funcionarios designados y ratificados respectivamente, dadas las nuevas atribuciones establecidas por el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción.

Pese a ello, acompañaremos esta reforma por la urgente necesidad de acabar con la corrupción de nuestro país y por ende seremos vigilantes de su aplicación puntual, no solamente en su implementación y aplicación sino también en aquellos aspectos que requieran ser perfeccionados pues somos conscientes que nos enfrentamos al problema más grave que existe en este país por su grado de corrosión institucional.

Es la hora de combatir con eficacia la corrupción, de llamarle a los corruptos por su nombre y sancionarlos como verdaderos depredadores del Estado de Derecho y la legalidad; asimismo, sabemos que la impunidad y corrupción no se combaten únicamente a partir de métodos coactivos o por decreto, por ello insistiremos en la necesidad de generar los mecanismos que permitan construir ciudadanía desde las aulas, desde la sociedad; es entonces que podremos erradicar la corrupción y tener un nuevo pacto donde gobernantes y gobernados tengan el mismo interés.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Entonces tenemos registros para participar en rectificación de hechos, primero el Senador Roberto Gil, después el Senador Mario Delgado y por último el Senador Ernesto Cordero Arroyo.

Adelante, don Roberto. Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Disculpe, yo pido atención a la Asamblea, porque me gustaría formular en esta hora de la sesión una propuesta que incluso pondría sobre la mesa la confirmación de la voluntad política que aquí todos han expresado de entrar al fondo de la discusión en materia de corrupción.

Mire Presidente, tengo una lista en donde dice que se han reservado 16 artículos, entre sustantivos y transitorios y adiciones. Y según la lista preliminar que tengo aquí, he contado 36 oradores porque vamos a presentar varias reservas, y aquí se acaban de anotar varios compañeros para rectificación de hechos.

¿Por qué se produce una lista tan larga y ahora otra en materia de rectificación de hechos? Porque el Senado quiere debatir, porque el Senado quiere discutir el asunto, porque se quiere el contraste de los puntos de vista, y cuando una Cámara quiere debatir, hay que permitírselo, señor Presidente, y hay que impulsar, hay que darle cauce.

Yo propongo, ojalá que estén todos los miembros del mandarinato, yo propongo que hagamos un debate, que nos pongamos de acuerdo los que aparecemos en esta lista, y nos pongamos de acuerdo un determinado número de Senadores a favor, y otros en contra de las reservas, las compactamos por temas, las compactamos, yo tengo seis que puedo compactar en una intervención.

Yo creo que hay otros compañeros que podrían hacer lo mismo, y luego quienes no estén de acuerdo vienen y debaten por qué no están de acuerdo, pero debatimos, porque qué va a pasar a las dos, tres de la mañana, ahí vamos a estar presentando las reservas para el gran Diario de los Debates.

Entre compañeros somnolientos, y entre compañeros que no ponen atención, como un testimonio para dejar aquí. Si el Senado quiere debatir, que debata, hagámoslo con altura de miras, compactemos los temas y demos un punto de vista de contraste al país sobre este asunto.

Se trata de una reforma constitucional, no evitemos el debate, propongo eso. Puede haber tres y tres, cuatro y cuatro, cinco y cinco, los que se determinen, y hacemos un procedimiento ágil que le sirva al país, para que se conozca el punto de vista de la oposición o de los grupos parlamentarios y del partido en el gobierno o como sea.

Yo creo que eso sirve más, es una propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senador Corral.

Una vez que concluyamos el debate en lo general vamos a seguir las reglas del procedimiento para el debate en lo particular, y en ese momento atendemos su planteamiento. ¿Le parece? Ahorita vamos a concluir el debate en lo general en los tres registros que tenemos para participar, para ratificación de hechos.

Adelante Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

En la historia del parlamentarismo el debate es consustancial a la toma de decisiones, y el debate es consustancial a la toma de decisiones no solamente porque permite que se fijen públicamente las posiciones, sino porque permite el contraste de esas posiciones.
Un debate es fallido cuando simplemente no es posible que alumbre la racionalidad, la razón, o por lo menos despeje las dudas y las confusiones.

En el curso de las distintas intervenciones queda claro que este debate no está sirviendo ni para alumbrar a la razón, ni mucho menos para despejar las confusiones. Esa es la razón por la que he pedido el uso de la voz, porque es preciso decir, aclarar qué estamos votando, qué vamos a aprobar, y qué no vamos a aprobar.

El Senador Omar Fayad dijo en la tribuna que el Presidente de la República está incluido en este dictamen, que el Sistema Anticorrupción que hemos construido, el Sistema Anticorrupción que se ha confeccionado con mucho trabajo y muy meritorio, cambiará el tono de la impunidad en nuestro país, de todos los servidores públicos. Eso no es cierto, eso no está incluido en el dictamen, como tampoco es cierto que el Presidente de la República esté protegido por el fuero constitucional, eso tampoco es cierto.

El Presidente de la República no tiene fuero, tiene inviolabilidad constitucional, el Presidente de la República es inimputable por conductas administrativas, políticas y penales, por traición a la patria, o los delitos graves del orden común.

El Presidente de la República no va a ser sujeto de las leyes de responsabilidad administrativa, ni será sujeto al Sistema Anticorrupción. Eso se dijo aquí y precisamente hay que aclararlo para efectos de que sepamos qué estamos aprobando.

También se ha dicho aquí que el Presidente tiene fuero constitucional y que en consecuencia el debate tiene que trasladarse hacia allá, junto con otros servidores públicos.

Señoras Senadoras, señores Senadores: El Sistema Anticorrupción tiene una grave deficiencia, y es justamente el obstáculo de la protección constitucional, de la inmunidad procesal mejor denominada o mal llamada "fuero constitucional".

De qué va a servir un fiscal anticorrupción que después de una larga investigación, después de haberse allegado de los elementos, llega a la conclusión de que un servidor público, un alto cargo del Estado es responsable penalmente, si tendrá que ir a una Cámara a solicitar el levantamiento de esa protección constitucional.

Esto es someter el ejercicio de la acción penal a una decisión eminentemente política de un órgano eminentemente político.

¿De qué va a servir? Les anticipo, que absolutamente de nada, porque de nueva cuenta, la política protegerá a los políticos.

El Sistema Anticorrupción únicamente será completo si no tiene la muralla de la protección constitucional, estamos discutiendo aquí las reglas de la política, las reglas que nos aplicamos a nosotros mismos en el ejercicio de la responsabilidad y de la confianza que hemos recibido de los ciudadanos, lo menos que podemos hacer es decir con claridad lo que no estamos haciendo.

Y lo que no estamos haciendo, y precisamente por eso Acción Nacional ha presentado una reserva, lo que no estamos haciendo, es retirar el obstáculo de la protección constitucional, de someter la decisión de la persecución penal a una decisión eminentemente política.

El fuero constitucional ha servido para todo, menos para proteger la función, no es cierto que es el mecanismo que tenemos los políticos para evitar el abuso de otra fuerza política, de un gobierno. Eso no es cierto.

Ha servido con el único propósito de evadir la acción de la justicia, como vimos recientemente en un caso verdaderamente lacerante para la sociedad mexicana.

El problema de fondo, amigas y amigos, es que estaremos exentos de la explicación de estas reglas, mientras no eliminemos el fuero, mientras no eliminemos esa protección constitucional, que por cierto, no tiene parangona en el mundo, los sistemas democráticos en el mundo, limitan la protección constitucional a los actos de privación de libertad en medidas cautelares, que no pueda ser detenido un legislador, hasta en tanto sea debidamente juzgado por un juez independiente. El modelo mexicano es una protección absoluta, detiene y paraliza la acción penal, no se puede tocar ni con el pétalo de una averiguación pública, una averiguación previa a un político.

¿Ese modelo es sensato en el México de hoy?

¿Ese modelo es sensato cuando hemos avanzado hacia la autonomía del Ministerio Público en una reforma que aprobó el Senado de la República?

Cuando hemos avanzado hacia un modelo de justicia penal adversarial, que se basa en la presunción de inocencia, cuando hemos avanzando justamente hacia limitar los supuestos de la privación de libertad en medida cautelar o mejor dicho la prisión preventiva.

Cuando hemos incorporado las garantías y los derechos de los Tratados Internacionales que protegen la libertad frente al abuso en la imputación penal.

¿Se justifica en el México democrático del siglo XXI, que un Ministerio Público no pueda llevar ante un juzgado a un político, porque tiene que pedirle permiso a una Cámara? Eso no puede seguir aconteciendo en nuestro país.

Y lo que tenemos que decir, con total claridad y sinceridad a los mexicanos, es que hemos hecho la tarea incompleta, la tarea incompleta de no haber generado un antídoto a la principal causa de impunidad en los políticos.

El Presidente de la República y los altos cargos de la federación, de las entidades federativas, seguirán teniendo un recurso, un recurso de protección frente a la acción de la justicia.

El Presidente de la República seguirá siendo inimputable administrativa y políticamente.

El Presidente de la República sólo podrá ser juzgado por la Cámara de Diputados y por el Senado en un procedimiento específico que implica la aplicación de Ley Penal en supuestos muy específicos.

Los legisladores federales, estatales, los gobernadores, secretarios de despacho, sólo podrán comparecer ante un juzgado si la Cámara les retira la protección constitucional. Lo veremos pues, a menos de que retiremos el fuero constitucional, la aplicación de la ley en igualdad de circunstancias, porque de eso se trata el debate. Decía el Senador Omar Fayad, que es populismo. No, señor Senador Fayad, no es populismo, es aplicación igual o equitativa de la ley para todos, qué ejemplo mandamos a la sociedad, qué ejemplo mandamos a la sociedad, si un ciudadano se enfrenta a la acción de la justicia todos los días, pero quien toma la confianza de los ciudadanos a partir del voto popular, tiene un recurso de protección en sus manos, que le impide acercarse ni siquiera a un Ministerio Público.

Precisamente por eso, señoras Senadoras, señores Senadores, que el debate debió haber puesto los puntos sobre las íes. Por supuesto que en esta minuta, hay importantes avances, notables avances, sobre todo en el terreno de la fiscalización y la responsabilidad de los servidores públicos, pero no nos engañemos, ni engañemos a los mexicanos, la política seguirá desafortunadamente, seguirá siendo un espacio de impunidad, a menos que los próximos minutos u horas, corrijamos el mayor desperfecto del sistema de justicia y su relación con la política, que es el fuero constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes, señor Presidente, le agradezco mucho la oportunidad de tomar la tribuna para rectificar hechos.

Aquí mucho se ha mencionado toda la batería de indicadores y de índices de corrupción, donde, pues ya no es novedad, México pues sale no muy bien evaluado.

Y todos mencionan que con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues eso va a mejorar.

Y a mí sí me gustaría decir y aclarar que no nos engañemos.

Con lo que estamos aprobando el día de hoy, no vamos a avanzar ni un lugar en esos indicadores, ¿y saben por qué? Porque esta iniciativa y esta minuta tiene carencias fundamentales, no toca al Presidente de la República, no nos toca a nosotros legisladores, tampoco estamos avanzando en el frente de la corrupción en el Poder Legislativo, no toca gobernadores abusivos, no toca presidentes municipales. Nos estamos quedando cortos y chatos.

Quiero referirme al abuso y a la corrupción en el Poder Legislativo que representan los moches, los famosos moches.

Y vemos cómo en la Cámara de Diputados, se reparten el presupuesto como si fuera propio para obtener beneficios privados, que es precisamente la definición de corrupción.

Hay una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el Ramo 23, de Provisiones Salariales y Económicas, así se llama y así se ha llamado desde hace muchos años. Este Ramo, el Ramo 23, tiene cerca o con precisión, una asignación de 127 mil 306 millones 879 mil 801 pesos.

Y ahí dentro de ese ramo, que se llama de Previsiones Salariales y Económicas, está la parte de provisiones salariales y económicas, y una bola de cosas que le hemos metido.

Las provisiones salariales y económicas son únicamente 5 mil 300 millones de pesos, el 4 por ciento del total del ramo, el resto, el 96 por ciento de este ramo, son programas de desarrollo regional, donde por ejemplo, destaca un apartado que dice, ampliaciones de la Cámara de Diputados y donde sin ninguna justificación, pues se asignan 21 mil millones de pesos. Y ahí mismo, pues están todas estas asignaciones que se dan de manera discrecional a los legisladores.

Es una cantidad de dinero brutal. Con esto podríamos mantener en funcionamiento seis universidades del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo el país.

¿Qué problema tiene esta asignación de recursos? Pues tiene mucho, el primero, evidentemente, pues es una asignación ineficiente de los recursos, no atienden priorizaciones nacionales, no atiende al Plan Nacional de Desarrollo, no atiende a los programas sectoriales, atiende a los caprichos, a las ocurrencias y a las voluntades de nosotros, los legisladores.

Segundo.- Se genera un mercado corruptor inmediato. Aquel legislador que tiene bajo su poder la asignación de una parte del presupuesto o la gestión de recursos públicos, de inmediato es asechado por presidentes municipales y gobernadores que quieren recibir el beneficio de ese recurso, y se genera un marco negro inmediato de corrupción. Y así es como vemos, que en la discusión presupuestal hay filas de presidentes municipales buscando Diputados con este propósito.

Y el tercero, y el más grave de los problemas, esto significa un debilitamiento institucional de una República democrática como lo es México; esto debilita al Poder Legislativo; esto genera una gran docilidad del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo.

Dejamos de ejercer nuestra función de contrapeso del Poder Ejecutivo, porque el legislador, el cual fue a su tierra a comprometer un recurso y no se lo cumplen, está en una exposición de vulnerabilidad real y clara frente al Poder Ejecutivo, y eso es lo que está pasando en México y lo que puede seguir pasando.

No hay nada peor y más corrupto que un legislador dócil, y eso es lo que está pasando en México, y eso, ni por asomo, ni de broma, ni por error se toca en la minuta que hoy estamos discutiendo.

Quiero señalar que el Partido Acción Nacional presentará una reserva a este respecto, para atender el coloquialmente llamado moche, y lo discutiremos en su momento.

Pero me parece fundamental establecerlo. Esta práctica que se está realizando en México, en muchos países es delito, porque gestionar recursos públicos por parte de los legisladores, está a un milímetro de ser soborno y de que cumpla la confianza de un legislador, y precisamente por eso nosotros nos oponemos a esto.

También se ha dicho que la sociedad, las cúpulas empresariales, las organizaciones de la sociedad civil tienen grandes esperanzas en esto, pues la verdad, no nos engañemos. Esto no va a terminar, ni siquiera va a prevenir con que vuelva a suceder otra Casa Blanca; esto no va a prevenir gobernadores de todos los colores, abusivos; esto no va a prevenir presidentes municipales corruptos.

Voy a utilizar una figura que se ha utilizado mucho en este debate: "Que la corrupción es un cáncer que agrava y que afecta a la sociedad mexicana".

Es correcto, el país está enfermo de cáncer, y nosotros queremos darle una aspirina a ese enfermo.

Por supuesto que es un paso en la dirección correcta, pero es un paso que va a ser insuficiente, y el paciente se nos va a morir, y nosotros, en lugar de recetarle quimioterapia, radioterapia, medidas agresivas que puedan salvar su vida, recetamos aspirinas, y nos tranquilizamos y pensamos que estamos haciendo lo correcto.

Mi conciencia no está tranquila con lo que hoy estamos aprobando.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Cordero.

El Senador Isidro Pedraza estuvo anotado en la lista de oradores, en lo general. Cuando se mencionó su nombre, no se encontraba acá en el recinto, pero ya se encuentra.

Puede hacer uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Agradezco la generosidad de los presentes y de la Presidencia para darme este turno.

Estábamos en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria sesionando el día de hoy, pero como Cordero, quiero dejar también en sus conciencias, no la mía.

En este tema, de esta ley que hemos estado discutiendo, en México se ha establecido ya un concepto popular: "Que la ley se hizo para violarse". Y entonces, práctica en la mayoría de los mexicanos está aceptado que la ley no se aplica y, pues nos ponemos a revisar diferentes eventos que han sucedido en la política nacional, vemos que efectivamente, la ley no se aplica y andan libres todos aquellos que han cometido actos de corrupción, particularmente contra el patrimonio público.

Hoy, que estamos de rodillas en la opinión pública, y cuestionados los políticos por lo que dejamos de hacer y por lo que cínicamente a veces se hace, pues obliga a que esta ley, que viene con un retraso.

Aquí se dijo que era producto de un gran esfuerzo.

Digo, bueno, caray, qué gran esfuerzo se hizo, porque al inicio de la Legislatura, aquí enmendamos, corregimos la iniciativa presentada por el Presidente Peña Nieto, y se mandó a la Cámara de Diputados, y curiosos, allá se perdió esta iniciativa, y está sepultada, y elaboraron otra que trata de recoger parte de lo que se elaboró aquí, pero que no lo recoge.

Por eso los cuestionamientos, cuando estamos hablando a favor, se incomodan y vienen a decir cosas que no existen, y tal como lo precisó ya un Senador que intervino anteriormente, pues hay cosas que se tratan de envolver en esta demagogia de presenta, muy simple una posición de estar en contra de la corrupción y hacer todo para que ésta no camine y pernee.

Nosotros hemos insistido que hay temas que están pendientes y que de alguna manera es parte del deseo de querer votar en contra de esta iniciativa, porque, pues hay hechos graves que no se pueden dejar pasar, y sobre todo, ha ido evolucionando la forma ahora de ir violando la ley.

Ustedes saben que es una tortura, y que fue prácticamente imposible aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No hay un caso donde se hayan condenado públicamente a servidores públicos, que no hayan tenido consigna, o del gobierno del Estado o del gobierno federal, para pasar a justiciar a un servidor público, pero ha sido una tortura y una falacia, está en la ley, y la ley es prácticamente inaplicable por las formas que le buscan.

Entonces, tratando de envolver en esta ley lo que se ha dicho, que va a haber auditorías en tiempo real, compañeros, en los ayuntamientos la gente nos reclama que el dinero público debe de gastarse correctamente y los alcaldes permanentemente encuentran cobijo de los órganos de la contraloría estatal para no poder aclarar las cuentas públicas.

Hemos ido haciendo el esfuerzo legislativo de incorporar, pues, esta Ley de Acceso a la Información, que le hemos llamado la Ley de Transparencia, porque de alguna forma cubre cosas.

Ya tenemos una víctima que cayó ahí, el primero fue éste, que ocupó un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, como producto del efecto de esta ley.

Pero quisiéramos ver, que efectivamente, estuviera aplicándose la ley sin ningún distingo en el país a todos los servidores públicos que están haciendo mal uso de recursos, y que luego lo ocupamos esto como una manera de andarnos haciendo señalamientos entre partidos políticos, porque todos hemos caído en actos de corrupción, desde el punto de vista que tenemos compañeros que están al frente de la función pública y que de esta manera también han cometido omisiones.

Y este tema de la máxima publicidad, que hemos dado, pues ojalá y se pudiera realmente difundir en aquellos casos en donde estamos aplicando la ley con severidad para ir desanimando y desarticulando esta posibilidad de delinquir al amparo de un puesto público, que eso es lo más grave que pueda haber en este país, y es lo más grave que se ha permitido.

México está catalogado como el segundo lugar mundial, en donde más impunidad existe, donde no se aplica la ley a funcionarios, y cómo, incluso, hacemos el esfuerzo de tener reformas, pero esas reformas no llegan, no calan porque hay un ingrediente que está ausente en todo esto, que es la absoluta voluntad política de empezar a castigar.

No se requirieran tantas reformas, sino solamente la decisión de aplicarla la ley para que ésta, aquel juramento que hemos hecho, incluso nosotros, aquí en este Senado al momento de llegar, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pudiera ser algo factible de que se pudiera cumplir.

Pero llegamos al extremo de la ridiculez, cuando hay autoridades, que cuando saben que hay una ley que les impide hacer algo, buscan la manera de derogarla. Y ha habido quien, hasta absurdamente, ha procurado derogar la ley de gravedad, para que pueda hacer las cosas como pretenden.

Esto llega hasta el ridículo, compañeros, pero finalmente caricaturizando esto, creo que es lo que nos puede obligar, a que esta ley, de verdad, si queremos caminar corrijamos muchas de las cosas que tienen ahí planteadas y que nos puedan llevar a que se pueda realmente castigar a los miembros de las áreas de la Suprema Corte.

No tenemos castigo para estos jueces, que de alguna manera, se han prestado a liberar delincuentes y que finalmente cualquier esfuerzo que vayamos haciendo, si esto no alcanza a los tribunales en nuestro país, ninguna ley va a prosperar.

Y si el que está como responsable de aplicar la ley, no tiene esa voluntad, no se va a hacer.

Había y hay un dicho muy famoso: "Que las escaleras se barren de arriba hacia abajo". Y tenemos que empezar desde arriba, para llegar hasta abajo con la limpieza en este país.

Muchas gracias, señor Presidente, por su tolerancia, y compañeras y compañeros Senadores.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Pedraza, por su intervención.

Se ha agotado la lista de oradores en lo general.

Informo a la Asamblea, que han quedado reservados los siguientes artículos:

Artículo 22, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto.

Artículo 73, por los Senadores: Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín, Alejandra Barrales, Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero y Javier Corral.

Artículo 74, por los Senadores Ernesto Cordero y Javier Corral.

Artículo 79, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Manuel Bartlett Díaz.

Artículo 108, por los Senadores: Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Javier Corral, Roberto Gil, Salvador Vega y Manuel Bartlett.

Artículo 109, por el Senador Isidro Pedraza Chávez y el Senador Zoé Robledo Aburto.

Artículo 113, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Javier Corral, Ernesto Ruffo, David Monreal Ávila y Manuel Bartlett.

Artículo 114, por los Senadores: Benjamín Robles, Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter.

Artículos transitorios:

Transitorio Segundo, por el Senador Armando Ríos Piter.

Artículo Décimo Quinto Transitorio, eliminación, por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Artículo Transitorio Décimo Primero, Senador Zoé Robledo Aburto.

Propuestas de adición:

Artículo 61, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo 111, Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas.

Artículo 112, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo denominado "Del Defensor Ciudadano", para quedar con el número 114, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo Décimo Segundo Transitorio, Senador Armando Ríos Piter y Senador Fernando Mayans Canabal.

¿Hay algún Senador o Senadora interesados en adicionar alguna reserva distinta a las que he leído?

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Nada más el 108. Ya está reservado, pero, por favor, póngame como parte de los que hemos reservado el artículo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se agrega la petición del Senador Encinas, a la lista de artículos reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 99 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.

Por tratarse de una reforma constitucional, la discusión en lo particular y las propuestas de modificación las desahogaremos bajo la prescripción del párrafo dos del artículo 224 del Reglamento.

Le pido a la Secretaría dé lectura al contenido de dicha disposición.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Doy lectura al Reglamento del Senado, Capítulo Noveno, artículo 224, párrafo dos:

El debate de dictámenes o proyectos de reformas o adiciones a la Constitución en el Pleno del Senado se realiza por cada artículo al cual se refiere.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

Entonces, queda claro que el párrafo dos del artículo 224 del Reglamento, exige que la discusión, por tratarse de una reforma constitucional, debe realizarse artículo por artículo.

Cada Senador hará la presentación de su propuesta de reserva para cada artículo.

En el momento en que se aborde, es decir, intervendrá cada Senador o Senadora proponente y hará la reserva del artículo que se esté discutiendo.

Es decir, discutiremos cada artículo de forma separada, en orden progresivo. De la misma forma realizaremos su votación.

Vamos a iniciar con la discusión del artículo 22.

Con fundamento en el artículo 202 del Reglamento del Senado, se concede la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para referirse a este artículo que estamos discutiendo.

Como no se encuentra el Senador Benjamín Robles Montoya en el recinto, para presentar la reserva del Senador Benjamín Robles Montoya y del Senador Zoé Robledo, sobre el mismo artículo, tiene el uso de la palabra éste último, el Senador Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

A nombre propio y del Senador Benjamín Robles Montoya, que presentó una reserva también al artículo 22, en los mismos términos, vengo a plantearla a partir de una reflexión.

Miren, compañeras y compañeros, todo Sistema Nacional Anticorrupción que no plantee una estructura nacional coordinada y con capacidad técnica que pueda auditar empresas y partidos políticos corre el enorme riesgo de caer en una simulación.

La inteligencia financiera es el mecanismo que el Estado debe de procurar para evitar que el dinero, proveniente de la delincuencia organizada, entre a los sectores de la economía formal.

Ya desde la Comisión de Palermo se planteaba que en los casinos, en la obra pública y en la emisión de deuda, que son todas estas actividades en donde participa lo mismo el sector público, como el sector privado, son los tres principales destinos de la delincuencia para blanquear sus capitales.

Si esto no se detiene corremos el riesgo que ese dinero siga fluyendo y, además, siga comprando las lealtades, tanto políticas como sociales, de los ciudadanos. Un país en donde vale más la ley de la plata o plomo que el estado de derecho, pues estará condenado a fracasar en su propósito de consolidar gobernabilidad democrática.

¿Por qué? Pues porque cada quien hace lo que quiere sin considerar el daño social que esto genera, y eso es el origen mismo de la fractura del pacto social que nos tiene, otra vez, hoy en esta tribuna, en la multicitada crisis de credibilidad de la clase política. Por eso presento esta reserva.

Durante los últimos años, el problema de la delincuencia organizada transnacional y la violencia ha estado muy vinculada con el de la corrupción, corrupción que deriva de ella y que se ha entendido, de manera equivocada, como un problema de buenos y de malos; un problema de bandas criminales que se enfrentan entre sí y de las fuerzas federales y el Ejército tratando de controlar un problema de violencia que va en aumento.

Pareciera que el discurso oficial nos hace entender el problema de la delincuencia como si se tratara de un fenómeno meteorológico, es decir, un día, pues un día en México empezó a llover delincuencia y nos hemos tenido que mojar con la violencia que ésta genera, todo mientras encontramos guarecernos en alguna iglesia, en algún cuartel.

La delincuencia organizada, hay que reconocerlo, es producto de los vacíos regulatorios del Estado, que no puede llenar con reglas y procedimientos para el libre ejercicio de derechos, y ahí la corrupción la alimenta, ya que es a través de ella que logra construir todos estos círculos de protección, todo este andamiaje de complicidad con funcionarios públicos, de absolutamente todas las áreas de gobierno y representantes populares de todos los niveles y, como ya se ha dicho aquí, de absolutamente todos los partidos políticos.

Ese debería de ser el primer ejercicio de reconocimiento.

Corrupción que ha estado en funcionarios públicos incapaces, corruptos, ladrones; pero también corrupción que ha tenido que ver con el involucramiento con bandas de criminales, de narcotraficantes, de secuestradores, al amparo de la protección política.

Es el lavado de dinero y la debilidad institucional para combatirlo la gran ventaja que le estamos dando a los criminales con esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

El país ofrece para esta delincuencia organizada una suerte de ventaja comparativa en comparación a otros andamiajes y diseños institucionales de otras partes del mundo.

Sólo falta que nos digan que la delincuencia organizada y el crimen tienen, también, un origen cultural en nuestro país. Eso no es cierto, es producto de un enorme vacío, vacío que no se está resolviendo con esta redacción y esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Estamos como Hércules contra la Hidra, porque el Estado mexicano no corta estas dos cabezas de corrupción política y lavado de dinero.

Por más capos que se capturen, por más difusión que se le dé a estas capturas, por más asesinatos y por más cabezas cercenadas de la delincuencia organizada, ésta no dejará de crecer y de hacerse más fuerte.

Por eso la naturaleza, hay que recordar, nunca tolera el vacío, aquello que no lo ocupa el estado de derecho, aquello que no ocupa la sociedad civil organizada, la delincuencia organizada la va a terminar ocupando, se hará presente como mecanismo alternativo para gobernabilidad de la comunidad en cuestión.

Por eso, compañeras y compañeros, yo estoy convencido de que un Sistema Nacional Anticorrupción debería de contemplar los vacíos de Estado que nuestro país presenta en amplios sectores de la administración pública, lo que permite actos de corrupción política al más alto nivel y también los vacíos que existen en el sistema financiero nacional, lo que facilita el blanqueo multimillonario de capitales provenientes de la explotación de más de 20 mercados de bienes y servicios que son ilícitos.

Sabemos que el problema de la delincuencia organizada transnacional en México es un problema incontrolable, lo que no han podido o no han querido hacer en las últimas administraciones pasadas, es plantear una estrategia distinta para combatirlo.

Por eso es que pongo a su consideración esta reserva del artículo 22, para que en su fracción II diga: "Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y, esta es la adición, enriquecimiento ilícito a través de los procedimientos que establezca la ley en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a los siguientes bienes".

Esta es la invitación que estas empresas fantasmas, las campañas políticas dejen de tener la puerta abierta para el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado.

Y que ésta no sea sino más que el inicio de la reconstrucción de un Estado que corre el riesgo de ser fallido.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias a usted, Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo fue muy amplio en la exposición en el contenido de la reserva de su autoría y del Senador Benjamín Robles, por tanto, podemos omitir la lectura de las mismas.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión o no.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación del Senador Robles Montoya y del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Háganse los avisos a los que se refiere al artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 22 en los términos del dictamen.

VER VOTACIÓN

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Estamos en votación Senadora, pero ha de ser algo relacionado con esto.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Desde luego, gracias Senador Presidente, solamente para que quede registrado mi voto a favor en lo general. Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Que tomen nota en la Secretaría del sentido del voto de la Senadora Gómez del Campo, en la votación en lo general, es a favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron un total de 96 votos: 76 votos en pro, 16 votos en contra y 4 abstenciones.

Reúne la mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico, en el reporte de votación de este asunto. En consecuencia, queda aprobado el artículo 22 del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para referirse al artículo 73 del proyecto de Decreto.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Me voy a permitir aglutinar en esta reserva un grupo de reservas que tienen que ver con algo que nos parece fundamental para que este Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente funcione.

Cuando se dio el levantamiento armado en Chiapas, en el '94, ustedes recordarán la enorme crisis que en aquél momento se vivía y que se profundizó con el error de diciembre.

El 1º de enero se había levantado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y tan sólo en aquel momento fue el arranque del inicio de una serie de acontecimientos que profundizaron la crisis en el país. El asesinato de Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, la renuncia del entonces Secretario de Gobernación, llevaron al país a una condición difícil y llevaron a que el país enfrentara una de las más grandes devaluaciones y una crisis que duró hasta 1999.

Es importante traer estos acontecimientos históricos, compañeros y compañeras, porque la respuesta que dio el Estado mexicano en aquel momento, 1994, fue uno de los más profundos cambios institucionales que dio origen al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

En aquel momento, la crisis de credibilidad en el sistema propició que la clase política, los entonces partidos políticos, se pusieran de acuerdo y le dieran el carácter de ciudadanización a la institución electoral.

En aquel momento, después del 88, lo que pedía la gente era que el voto fuera respetado, lo que pedía la gente es que el sufragio fuera respetado.

¿Cuál fue la respuesta del Estado mexicano después de la crisis del 94? Un Instituto Federal Electoral ciudadano.

¿Para qué? Para que la confianza, de la que estaban carentes las instituciones y de la que estaba carente la clase política, pudiera dársele precisamente a través de la participación ciudadana.

Después de los acontecimientos de Ayotzinapa y la Casa Blanca, compañeros y compañeras, la respuesta que dio el Estado mexicano, y es importante darla en la secuencia, fue la siguiente.

Un decálogo del Presidente Peña Nieto, que en su mayoría mandó respuesta al Poder Legislativo sin tener contundencia desde el Poder Ejecutivo.

Está muy reciente la enorme crítica que tuvo ese decálogo y que en gran medida se echó la pelota de la crisis nacional aquí, al Poder Legislativo.

Es importante, compañeros, traer este antecedente, porque si no, no entenderíamos lo que estamos votando.

En aquel decálogo, uno de los compromisos de Peña Nieto fue sacar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero miramos en la distancia, compañeros y compañeras, la forma en la que hoy el Sistema Nacional Anticorrupción busca funcionar frente a la que hoy es la principal demanda de los ciudadanos, que es el tema del combate a la corrupción y el combate a la impunidad.

En 94 y 96, se logró poner a los ciudadanos al frente, darles ese empoderamiento para que la legitimidad en las instituciones, a través de su participación, permitiera la profundización democrática.

Hoy, cuál es la respuesta que estamos dando, que un Sistema Nacional Anticorrupción solamente sea una nueva forma de articularse las instituciones, que si la Secretaría de la Función Pública va a ser un contrapeso a la Auditoría Superior de la Federación, o que si la Auditoría Superior de la Federación al Tribunal dé Cuentas.

Es insuficiente a todas luces, compañeros y compañeras, este planteamiento que está en el sistema, hay que poner al frente a los ciudadanos, hay que copiar la figura del defensor de los pueblos, de los derechos del pueblo de Colombia, ¿para qué? Para que sean los ciudadanos ese catalizador que verdaderamente es el que permite enfrentar la corrupción.

¿O por qué a principios de este sexenio fue detenida la maestra Elba Esther Gordillo?

¿O por qué fue detenido Andrés Granier?

¿O por qué fueron detenidos familiares de Ángel Aguirre, en el estado de Guerrero?

Porque hubo voluntad política.

Porque la voluntad que hoy existe para combatir la corrupción, viene desde arriba, desde el Presidente de la República, y este sistema no garantiza una nueva forma de catalizar la energía que vaya en contra de la corrupción.

Por eso la propuesta, compañeros y compañeras, que estamos poniendo a consideración de ustedes, es que haya un comité verdadero de participación ciudadana que ponga en el centro a los ciudadanos, no en la parte periférica, como está ahorita, que tengamos un defensor del pueblo que sea la voz que le permita dar salida a esa demanda ciudadana, porque es donde se conoce que se está robando el dinero el funcionario, es donde se sabe que un proyecto de agua potable no está aterrizando, pues ahí, en la comunidad, tal vez ahí en alguna zona alejada de Lomas Taurinas, en Baja California, o tal vez en alguno de los puntos más intrincados de la sierra huichola.

¿Cómo hacemos para que esos ciudadanos tengan voz en este sistema, compañeros y compañeras?

El sistema es limitado y es insuficiente como está hoy en la minuta, porque no pone a los ciudadanos en el corazón del debate, en el corazón de la salida, de la voz de la exigencia para que la voluntad política sea una voluntad social de exigencia.

Por eso, compañeros y compañeras, y me permití extenderme un poco, porque son varios artículos que ya no habré de leer, planteamos que haya un comité como columna central que le dé articulación al sistema, que si la Auditoría Superior de la Federación no quiere trabajar, que si no quiere trabajar el Tribunal de Cuentas, que si no quiere trabajar el Fiscal Anticorrupción, sean los ciudadanos los que estén al centro del debate y los que estén al centro de la exigencia de que las cosas se cumplan; si no, el riesgo que tenemos con este sistema, a como está aprobado el día de hoy, puede correr la suerte que han corrido otras investigaciones: que se congelen, que se queden ahí en el cajón de algún funcionario y que esos supuestos pesos y contrapesos en los que está basado el diseño de este sistema, no llegue jamás.

La verdadera voluntad de exigencia del combate a la corrupción tenemos que entregársela a los ciudadanos, por eso estas propuestas que estamos planteando a su consideración para que un Sistema Nacional Anticorrupción sea un verdadero instrumento para que el más humilde campesino en la Sierra Madre del Sur, para que el más humilde empresario que esté participando en la zona de la frontera en Baja California Sur, o que esté trabajando en Yucatán, pueda decirle a ese Sistema Nacional Anticorrupción y a las instituciones que lo integran, que haya castigo, que no haya falta de oídos y que no se queden las cosas en el cajón de los funcionarios.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracia, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luciano Borreguín.

El Senador Luciano Borreguín González: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Hemos señalado que esta reforma se vuelve por sí misma una herramienta útil para combatir la corrupción; sin embargo, en el apartado de las facultades del Congreso, correspondiente al artículo 73, existe una ambigüedad que no permite identificar con plena claridad las responsabilidades de particulares.

En este contexto y a efecto de fortalecer en un nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos y de los mecanismos que contemplan también sanciones a particulares, presentados en este dictamen, propongo la siguiente reserva al artículo 73, en su fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Para que la redacción sea lo suficientemente clara y permita identificar el caso de los particulares que actuando en función de servicios públicos, incurren en estos actos de corrupción.

En este sentido, se faculta al Tribunal para sancionar por la vía administrativa a los particulares que participen en los actos de corrupción de los funcionarios, sean beneficiándose de éstos o incluso induciéndolos; sin embargo, existe la ambigüedad en el caso de los particulares.

Como se propone, el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, sufrirá un cambio y se transformará en el nuevo Tribunal Federal Administrativo, que precisamente tendrá entre sus funciones sancionar a los servidores públicos y a éstos en caso de que involucren a particulares, como se incorporarán nuevos elementos.

Es muy importante dotar de la claridad necesaria las facultades de este nuevo Tribunal, en el cual y de acuerdo a la ley propuesta, aquellos que participen en dichos actos tendrán que pagar indemnizaciones y sanciones pecuniarias para que los corruptos no prevalezcan.

Con esta reserva estaremos coadyuvando con diversas instituciones a crear en el país una cultura en contra de este cáncer llamado corrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Borreguín.

En uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

En esta reserva del artículo 73, como ya algunos 50 oradores anteriores han comentado las estadísticas y los números de dónde está el país en corrupción, pero a ninguno le he visto la cara de preocupación. Simplemente tenemos la esperanza en esta reforma, que para mi gusto está incompleta, y sí quiero hacer alguna propuesta en este momento, ya no diré los números que ya fueron muy escuchados aquí.

Sin duda, tenemos una realidad y datos nada alentadores, razón por la cual la sociedad nos hace un reclamo que tiene eco en esta Legislatura. Estoy convencido de que la reforma constitucional que se discute en materia de corrupción es un avance, al ser el producto de un esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de la sociedad civil, con los propios legisladores, donde se obtienen los avances trascendentales como son los siguientes, que también ya muy comentados, que nada más enumero.

El reconocimiento de los actos de corrupción no sólo por las autoridades sino también para particulares.

El fortalecimiento de algunas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, otorgar facultades tanto a la Auditoría como a la Secretaría de la Función Pública al presentar juicios de revisión, ampliación de los plazos de prescripción del delito de corrupción de tres a siete años y la creación de la sala especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.

Levantar el secreto bancario, fiscal, fiduciario y bursátil también es un gran avance.

Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar participaciones federales en coordinación con las autoridades estatales, locales, también es un avance.

Considerar que esta reforma constitucional soluciona los problemas de corrupción y quedan resueltos, es una mentira, puesto que también debemos de decir que aún estos avances no son lo suficientes para los problemas que tiene este país.

Se ha quedado en el tintero un tema muy importante para su servidor, que es la prevención para castigar los conflictos de intereses y de corrupción. Si bien hablamos de las bondades de las reformas, también debemos de señalar lo que hace falta.

En este sentido, considero que esta reforma es omisa en la prevención de actos de corrupción, por lo que muchas otras precisiones tendrán que realizarse en las legislaciones secundarias, la que tendrá que privilegiar medidas de prevención y blindar los mecanismos de la denuncia, de forma tal que aquellos que tengan la tentación de incurrir en prácticas de corrupción piensen dos veces en cometer este delito.

Por lo anterior, se propone que se establezca en el texto de la Constitución, la facultad para que el Congreso de la Unión legisle en materia de control interno institucional en el sector público, federal, estatal y municipal, como medida de prevención.

La Auditoría Superior de la Federación diagnosticó el estado que guarda el control interno en 290 instituciones del Poder Ejecutivo y de órganos autónomos y del Poder Legislativo y Judicial; 279 del Poder Ejecutivo, en 2 del Poder Legislativo, 3 del Poder Judicial y 6 órganos constitucionales autónomos.

Los resultados obtenidos en este control interno, que es la base para que la Auditoría Superior haga bien su trabajo y detecte rápido las irregularidades, son los siguientes.

Muestra que en 211 instituciones, el 73 por ciento el control interno de estas dependencias es muy bajo. En otras más, en 75, el 26 por ciento están en un status medio, que en realidad no es muy confiable el control interno, y sólo el uno por ciento en cuatro dependencias, hay un control interno suficiente para la que Auditoría Superior detecte inmediatamente las irregularidades y pueda aplicar sanciones.

Con base a lo anterior, Senadoras y Senadores, pido su apoyo para impulsar esta reserva a la fracción XXIV del artículo 73 constitucional para poder legislar en este tema de control interno y poder aplicar medidas de prevención y de castigo a los funcionarios públicos.

Hago cita de un artículo que leí de Belem Barreiro, una investigadora de España, que habla ya del hartazgo de la sociedad y dice:

"La crisis económica y la reevaluación tecnológica está cambiando nuestra sociedad profundamente.

La recesión y la corrupción que empaña a todos los gobiernos del mundo, tiene a la sociedad y las personas hartas. Se ha producido una fractura social que ha deteriorado las bases del apoyo de los partidos a las empresas, a las corporaciones y a los bancos. Este divorcio se ha traducido en resignación porque los ciudadanos cuentan con plataformas tecnológicas que le ayudan a transformar su rebelión en esperanza, articulando acciones e iniciativas hasta ahora inexistentes.

La ruptura con organizaciones tradicionales ha tenido ya consecuencias en el ámbito político según se ha visto en otros países. Reconciliar al ciudadano con el Sistema Político y Económico es probablemente el reto más importante que no sólo los partidos, sino también de grandes corporaciones e instituciones".

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Martín Orozco.

Senador Javier Corral, continúa en el uso de la palabra para presentar su reserva sobre este artículo 73.

El Senador Javier Corral Jurado: Un aspecto relevante en el efectivo combate a la corrupción consiste en dar una aplicación práctica al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual yo considero debe dotarse al Congreso de la facultad necesaria para expedir la ley que establezca los mecanismos y herramientas que normarán las causales y establecerán las sanciones en las que incurren los servidores públicos cuando en abuso de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades constituyen eso que hemos llamado, el conflicto de interés.

Se pretende decir que el conflicto de interés no es un delito o está imposibilitado para ser un delito, por eso hay que darle base constitucional al conflicto de interés para que a partir de esa base constitucional se pueda legislar, incluso reglamentar los supuestos distintos en los que funcionarios públicos incurren, en conflictos de interés

Yo considero que es nuestro deber como legisladores y representantes populares, hacernos cargo de la creciente demanda ciudadana y del descontento social que se ha originado a partir de los escándalos, de los constantes episodios de conflicto de interés que son denunciados en los medios de comunicación, y en los que se han visto involucradas las más altas autoridades del país, desde el Presidente de la República, porque este problema correo a todo el Sistema Político Mexicano, parte desde la Presidencia de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda, el Consejero Jurídico, distintos gobernadores, presidentes municipales, hasta los más modestos funcionarios, y nada pasa en el país. Escándalo tras escándalo se conmueve la opinión pública y nada pasa en el país.

México necesita dar señales claras de justicia que hagan patente lo que bien decía aquí en su intervención el Senador Roberto Gil, el principio de igualdad, esencial de las personas, este principio que es fundamental, en el que todas las autoridades son iguales ante la ley, ya sea que se trata del Presidente de la República, sus Secretarios de Estado, legisladores, miembros del Poder Judicial, gobernadores, alcaldes y en general cualquier persona que haga del servicio público su profesión u oficio.

El ordenamiento jurídico mexicano es integral y debe ser aplicado en igualdad de condiciones para quienes incumplan las obligaciones que de él emanan. No debemos olvidar que por esencia el conflicto de interés se manifiesta en aquellos casos en el que los intereses privados de un servidor público pueden verse afectados, ya sea a favor o en contra, con motivo, precisamente, del ejercicio de su deber público, en dicho caso, existiendo una duda razonable sobre la percepción que existe entre el interés privado y las acciones del servidor público. Éste enfrentará un conflicto de interés, el que mayormente, podrá evidenciarse a partir de las declaraciones de intereses y patrimonial, las que en todo caso, no resuelven por sí mismas el problema descrito, pero ayudan, precisamente, a identificar la falta.

Es por ello que presento esta reserva al artículo 73, fracción XXIX-X, para conferir al Congreso de la Unión, la competencia necesaria para dictar la ley general que perfile el modelo que haya de regular el conflicto de interés que pueda afectar a los servidores públicos, estableciendo en ella, que su ámbito de aplicación comprenderá a todas aquellas autoridades que realizan servicio público, sea cual sea el orden o jerarquía que posea, y que asimismo, identifique los riesgos que éste pueda llevar aparejado, mediante el establecimiento de medidas preventivas del mismo.

Que ya no sea un pretexto el tema de que no está regulado el conflicto de interés, y que no tiene bases constitucionales, todo el tema de los escándalos de las casas, de la casa de Peña, de la casa de su esposa, de la casa de Osorio, de las casas de Videgaray, ¿en dónde las han querido colocar? En el conflicto de interés. ¿Y por qué no se puede actuar? Pues porque no está regulado. ¿Y por qué no está regulado? Pues porque no tiene una facultad expresa el Congreso.

Si por lo menos se quiere delimitar en ese campo del conflicto de interés esos asuntos, pues aquí está una propuesta para darle cause a la preocupación social e incluso a la respuesta gubernamental.

Esta ley, la que el Congreso debiera emitir, debe proscribir todas aquellas conductas que fueren constitutivas de una inaceptable privacía de intereses privados por sobre los públicos, propendiendo a la sensibilización respecto de las circunstancias en las que fueran a suscitarse un conflicto de interés.

La propuesta es muy sencilla, dentro del artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso:

"XXIX-X. Para expedir la Ley que regule los conflictos de interés y sus sanciones que se susciten a partir de la declaración de interés que presenten los servidores públicos".

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pido a la Secretaría, dado que la exposición de las reservas presentadas al artículo 73 han sido amplias, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

Haga la mención de las reservas de qué Senadores, por favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por los Senadores Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín, Alejandra Barrales, Martín Orozco Sandoval y el Senador Javier Corral. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 73, en los términos del dictamen de la propuesta que está desahogándose.

VER VOTACIÓN

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, únicamente para solicitarle, que si van a seguir recibiendo votos de viva voz, mejor dejen abierto el sistema electrónico de votación, o respeten el tiempo. La votación ya había terminado hace unos minutos, entonces, tomen cualquiera de las 2 decisiones, pero denle transparencia al proceso.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ex presidente, usted sabe que el Reglamento nos obliga a preguntar cuando falta un minuto, hay varias reglas, por eso lo hacemos, y atenderemos su reflexión, sin duda, que es atendible.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron un total de 97 votos: 67 votos en pro, 28 votos en contra y 2 abstenciones.

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias.

La Senadora Secretaria reportó 27 votos en contra, cuando el tablero indicaba más de 30. Entonces, en este sentido, hay que dejar abierto el tablero.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Cordero.

Infórmenos, por favor, en la Secretaría, para que no quede duda que hubo Senadores que corrigieron el sentido de su voto, esa es la razón por la cual ocurrió esto, que se nos diga, por favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Corrigió la Senadora Barrales, el Senador Encinas y la Senadora De la Peña, aquí están presentes, y ellos corrigieron su voto; también la Senadora Iris Vianey y la Senadora Lorena Cuéllar.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Está usted de acuerdo, Senador Cordero?

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) De nuevo, Senador Barbosa, deje abierto el tablero electrónico para evitar suspicacias, sospechas y malos entendidos.

Gracias, Senador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Vamos a aplicar el Reglamento.

En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto.

Vamos a pasar a la discusión del artículo 74 constitucional.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

¡Adelante, don Ernesto!

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Nos hemos reservado el artículo 74, con el propósito de añadir el siguiente párrafo:

"La Auditoría Superior de la Federación será competente para investigar aquellos actos que se ejecuten con ocasión de la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados, y que pudieran ser constitutivos de corrupción en los términos descritos en esta Constitución".

Actualmente el Congreso tiene facultad constitucional de recibir, de analizar, y en su caso modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Consideramos importante añadir este párrafo para que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para revisar la comisión de alguna situación ilegal, un acto de corrupción en el momento en que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, y como consecuencia de esta aprobación.

¿A qué nos referimos? A que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades constitucionales para investigar los famosos moches. En este momento no lo tiene, y por eso consideramos importante darle esta facultad a la Auditoría Superior de la Federación en el marco constitucional.

Los argumentos fueron expuestos en mi participación anterior, y le agradezco, señor Presidente, y con esto terminaría.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Cordero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta del Senador Cordero, la reserva al artículo 74, a discusión.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Cordero. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Perdón. Sonido en el escaño del Senador Cordero.

Abrase el sistema para recibir la votación, por tres minutos.

¡Ah! es para determinar si se admite o no a discusión. ¿Ese es el sentido, verdad?

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Es correcto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para establecer si se admite a discusión.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación son 41 votos a favor de admitirla a discusión y 57 en contra.

No se admite a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, no se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Ernesto Cordero.

Ábrase el sistema electrónico de votación para recibir la misma y poder determinar el artículo 74, en los términos del dictamen. Ábrase el sistema por tres minutos.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: El resultado de la votación es: 69 votos a favor, 33 votos en contra y cero abstenciones. Un total de 102 votos.

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 74 del proyecto de Decreto.

Vamos a pasar a la discusión de las reservas presentadas al artículo 79 del proyecto de Decreto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya.

No se encuentra en el recinto. Bueno.

Se concede el uso de la palabra, para presentar sus reservas sobre el mismo artículo, al Senador Ernesto Ruffo Appel.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros Senadores: Se trata de la parte de las participaciones federales.

Este artículo 79, en la propuesta del dictamen, habla de que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo, en la fracción I, fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, en los términos que establezca la ley, fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa.

Ésta es la parte que objeto, en mi observación. "O de manera directa las participaciones federales"

¿Por qué vengo a hacer la reserva?

Porque las participaciones federales son de los estados, no son de la Federación.

Las participaciones federales son consecuencia del Convenio de Coordinación Fiscal. Y este convenio se dio a raíz de que los estados cedieron su capacidad de colectar el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en favor de que se creara el IVA.

De manera que, ésta es la forma de compensar esa parte de los ingresos de los estados.

No estoy en contra de que se auditen los recursos públicos, pero sí en la intervención de un órgano federal sobre la soberanía de los estados.

Por eso, el proponer que se elimine esa pequeña parte, que dice: "O de manera directa". Porque sí establece en que podrá haber coordinación con las entidades locales. Y esto sería suficiente, pero tiene que ser mediante la coordinación, no por una manera directa. Porque eso violaría la soberanía de los estados.

Así entonces, sería para que el artículo 79, fracción I, quede como sigue: "También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativo de sus demarcaciones territoriales, en los términos que establezca la ley fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización las participaciones federales. En el caso de los estados y municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados o cualquier otra figura jurídica. De conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero".

Como podrán cotejar, lo único que he hecho en la propuesta, es eliminar: "O de manera directa"

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ernesto Ruffo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo quisiera hablar del artículo 79, en relación a dos temas, que son las recuperaciones resarcitorias que actualmente tiene la Auditoría Superior de la Federación, sólo en la ley, y que no se están considerando en la reforma constitucional, lo cual lo poco o lo único que hay quedaría en absoluto riesgo.

Y el otro tema es la redacción simulada de que la Auditoría Superior de la Federación podría auditar en tiempo real, lo cual sería histórico, lo cual sería increíblemente importante, y así fuera sólo por eso yo votaría a favor de todo, pero la forma en que está redactada anula prácticamente el que la Auditoría pueda auditar en tiempo real.

Lo primero que habría que señalar es que el resultado de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, que es una evaluación de las finanzas públicas durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los resultados son apabullantes, y es sólo una muestra representativa que explica por qué el país está como está.

Ese informe de resultados pone de manifiesto un aspecto ampliamente conocido y de gran trascendencia, que es el limitado impacto que tiene la labor fiscalizadora en la solución de los problemas detectados, en la mejora operativa, en las sanciones y en actividades delictivas que se cometen con el presupuesto público, y que no trasciende más allá de lo dicho en la cuenta pública.

Sólo baste señalar que, como resultado de las auditorías, se detectaron recuperaciones probables por 50 mil 721 millones de pesos. Informa la Auditoría que ya han recuperado 5 mil 804 millones y que esto podría aumentar a 12 mil 500 millones si se alcanzara el 22 por ciento de recuperación promedio que ha alcanzado en los años anteriores.

Esta es otra evidencia del bajo impacto de la fiscalización.

La Auditoría Superior atribuye esta deficiencia, a que las recuperaciones son responsabilidad de las entidades ejecutoras de gasto a través de sus órganos internos  de control y que estos órganos no están cumpliendo con su cometido, esto es muy grave y fortalece la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción que verdaderamente funcione.

Es desesperante que, a pesar de que se conozcan los casos de desvíos presupuestales, de que salgan a la luz pública los casos de usos indebidos de recursos, las ineficiencias en su aplicación, no pase absolutamente nada y las autoridades en vez de atender y solucionar los problemas hagan lo posible por desvirtuarlos.

Se esperan a que pasen unos cuantos días de impacto mediático y luego todo vuelve a la normalidad.

El mecanismo de revisión de la Cuenta Pública, 14 meses después, año y medio después de que fue encontrado un acto de corrupción, es algo que ya no debemos de aceptar y que no está considerado en este Sistema Nacional Anticorrupción.

El trabajo de la Auditoría Superior debería de tener trascendencia, no como hasta ahora, que los informes de las cuentas públicas sólo sirven para impacto mediático transitorio y las auditorías llegan a conocerse un año y medio después.

En el artículo 79 se reconfigura, es la reconfiguración constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, y dice: "Se elimina el principio de anualidad y posterioridad", para lo que la Auditoría Superior de la Federación podría, en todo caso, llevar a cabo auditorías en tiempo real.

Sin embargo, en la segunda parte de este párrafo tiene una redacción que impide, en realidad, que la Auditoría pueda revisar en tiempo real. Revisar en tiempo real, pero sólo para programar las auditorías.

Las auditorías comenzarán en enero y a la par del año fiscal se van a revisar, pero no podrán hacerse observaciones ni podrán darse a conocer si no hasta que se presente la Cuenta Pública.

Entonces, ¿qué es?, ¿tiempo real? O es hasta que se presente la Cuenta Pública, el mismo párrafo es contradictorio.

Sólo en casos excepcionales, dice esta redacción, y con la autorización del Auditor Superior podrían darse a conocer algunas revisiones en tiempo real.

Entonces, pregunto: ¿Cuáles serían los casos excepcionales? No lo dice esta reforma, ¿quiénes van a decidir qué cosas son excepcionales para que los podamos conocer en tiempo real?, ¿bajo qué criterios el Auditor Superior de la Federación va a decidir qué sí o qué no puede darse a conocer en tiempo real?

Para que la Auditoría Superior pueda auditar en tiempo real las observaciones y las recomendaciones que se deriven de las auditorías realizadas en tiempo real, pues deben de formularse en tiempo real, de otra manera es un sí, pero no; un sí, pero quién sabe; un sí ahorita, pero lo das a conocer año y medio después.

Entonces, el momento en el que la Auditoría Superior de la Federación detecte un acto de corrupción debe actuarse, debe sancionarse, debe publicarse, debe darse a conocer a la sociedad, no debe de ocultarse, esto es lo que estamos proponiendo nosotros en nuestra redacción alternativa.

Por otra parte, el resarcimiento de los daños. La Auditoría es la única instancia, el único órgano de todo el Estado mexicano, y miren que es un aparatazo, como pocos en el mundo, es el único órgano que ha logrado algunos resarcimientos de recursos públicos.

Que se recupere parte de lo robado y se regrese a la Tesorería de la Federación.

Esta autonomía técnica que tiene en cierta forma la Auditoría Superior de la Federación le permite tener mayor probabilidad de obtener resarcimientos, tiene, además, experiencia, personal calificado para ello. Y esta reforma constitucional, del Sistema Nacional Anticorrupción, no establece esta facultad para la Auditoría Superior de la Federación, ciertamente está en la Ley de Fiscalización.

Pero si vamos a ir a fondo y la reforma constitucional es el marco regulatorio general, entonces debe de tenerse en la Constitución que sea una facultad de la Auditoría Superior de la Federación los resarcimientos del daño. Los órganos de fiscalización deben de tener esta facultad.

Si no se pone en la Constitución se corre el riesgo, incluso, de que se borre de la Ley de Fiscalización o que en la ley secundaria, en la ley reglamentaria de esta reforma constitucional, se dé marcha atrás a lo ya ganado por la vía de los hechos y por estar en la Ley de Fiscalización.

La Auditoría Superior tiene un porcentaje del 22 por ciento de resarcimiento del daño. Desde mi punto de vista es bajo, pero es algo, y de algo a nada, pues es mejor algo.

Y este daño patrimonial que se resarce en un 22 por ciento es algo importante de defender, de escribir en la Constitución para no correr el riesgo en la ley secundaria, de que se venga abajo esto poquito que hoy tiene, el 22 por ciento, la Auditoría Superior de la Federación.

Con esta facultad en el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy se vota, se asegura que la Auditoría Superior de la Federación mejore este porcentaje de recursos que se desvían, pero que se recuperan por la acción resarcitoria de la Auditoría Superior de la Federación.

Hasta ahora el monto de resarcimiento de daños al patrimonio tiene un saldo acumulado de 89 mil 33 millones de pesos, esto es lo que ha podido recuperar la Auditoría Superior de la Federación, este dinero, 90 mil millones se ha regresado a la Tesorería de la Federación, y es muy importante que quede escrito en esta reforma constitucional.

Las redacciones alternativas las tienen en la Secretaría.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Miren compañeros, este debate, en esta parte presenta contrastes, contrastes con los que aquellos que se desgañitaron gritando bondades de esta iniciativa de ley, ahora que se han visto deficiencias y se pretende aportar para poder mejorar este instrumento y realmente se aplique en el sentido que queremos y se logre el objetivo que buscamos, contrasta la actitud desdeñosa, indiferente de los que están aquí presentes, que son la mayoría, por parte del PRI y que no hemos logrado que se sensibilicen para que esta ley no solamente sea punitiva; tenemos que hacer que esta ley sea correctiva, y una de las deficiencias en nuestro país es que prácticamente estamos castigando las consecuencias, viendo las consecuencias, díganme el tema que quieran y siempre vamos sobre las consecuencias y no vamos en actitud preventiva.

Y esta parte que hoy la Senadora Dolores ha planteado aquí, que es diferente a lo que yo propongo en este artículo 79, pues tiene que ver con que se tomen medidas preventivas para desincentivar, desalentar las conductas de los servidores públicos para que generen actos de corrupción.

Y en este caso yo me estoy yendo, por eso, creo que deben ser votadas de manera distinta y diferente, porque las propuestas de la Senadora Dolores van en un sentido, y yo estoy viendo una adición a la fracción III del artículo 79, que es donde me interesa que podamos frenar lo que hemos llamado los conflictos de intereses, y ustedes le sacaron muy claro en muchos ejemplos recientes vividos por los políticos de la más alta esfera de este país, que los hemos visto envueltos en temas de conflictos de interés.

No quiero precisar en qué asuntos, si la es blanca o no; quiero establecer cómo de alguna manera los conflictos de interés están presentes y esto no hace que fundamentalmente estemos previniendo que se den este tipo de conductas.

Por eso, en el fracción III, del artículo 79, estamos planteando una adición que tiene que ver con que investigar los actos y omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales o que impliquen conflictos de interés o tráfico de influencias para la generación de cualquier beneficio derivado de dichas actividades.

Este es muy puntual, muy concreta la propuesta que yo vengo a realizar, y compañeros, ojalá y frente a las cifras que ya se cansaron de exhibir, de cuánto es el dinero que por actos de corrupción en este país se tiene calculado, que es cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, que llega a 1 billón 500,000 millones de pesos; que somos el  país donde más se está dando la impunidad, donde menos se castiga, que hay una permanente permeabilidad de la corrupción en el país, pudiéramos entonces en un acto de contraste y de congruencia como está planteada la reforma, pues atacar el tema principal que ha exhibido la conducta de los servidores públicos que tiene que ver precisamente con la nueva terminología que ahora se ocupa que es la de conflicto de interés.

Según el momento político que vivimos en el país se han ido calificando los delitos, y ahora hemos establecido esta modalidad del delito de conflicto de interés porque entra en conflicto el interés individual con el interés público, y a la larga se beneficia el interés particular perjudicando al interés social.

Pueden revisar ustedes parte de lo que hace rato argumentaban en esta iniciativa en lo general, y creo que tenemos que concluir que si somos congruentes habría que aceptar a discusión, ya no digo a votación, a discusión, cómo incorporamos esta modificación a la fracción III del artículo 79 para quedar en los términos que yo he propuesto.

Ese es el llamado que yo hago a esta indiferente Soberanía para que lo pudiéramos discutir de manera precisa, puntual y que después de discutido, si ustedes consideran que los argumentos que nos den son válidos para que no esté tipificado el delito de conflicto de intereses en esta nueva ley, pues lo desechemos, pero mientras tanto abrámonos a la discusión, que no es pedirles tanto, compañeros, si ya de acuerdo en la aplicación de Reglamento, vamos artículo por artículo, dediquémosle el tiempo suficiente a la discusión puntual de estas precisiones que pretenden mejorar el esfuerzo colectivo del que han hecho gala en este Senado, los compañeros que han participado en estas comisiones que dictaminaron.

Los invito compañeros, los exhorto respetuosamente a que abran su mente y pongan el ánimo en disposición de abrir una verdadera discusión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, para presentar su reserva al artículo 79 del proyecto de Decreto.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hicimos algún comentario en las diversas intervenciones que tuve en relación a la Auditoría Superior de la Federación, y en efecto, tiene avances que se han venido demandando años atrás.

Es importante, es una pieza importante del sistema que existe actualmente, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación sigue injertada en la Cámara de Diputados, y esto hace que todo el trabajo técnico, sólido, fundado que hace la Auditoría Superior de la Federación se mete en un tubo que muchas veces no produce nada.

¿Qué es lo que ocurre en este mecanismo? Pues que la responsabilidad técnica, la responsabilidad que tiene la Auditoría pues se frena, entra al área política, y en el área política volvemos a encontrarnos a los intereses, volvemos a encontrarnos a la fuerza de la distribución entre partidos en posiciones, entonces esa transmutación, esa transformación de la función técnica precisa de la Auditoría Superior de la Federación se convierte en un manejo político, y de ahí sale lo que quieran que sale, y volvemos a entrar a ese mundo en donde las fracciones se disputan, en donde hay intereses, como lo hemos visto muchas veces y tal vez hoy mismo, y no salen claramente las decisiones de la Auditoría Superior.

Por eso yo propongo que en todas las menciones que se haga de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sea sustituida por la Auditoría Superior de la Federación como organismo autónomo, y deje de ser un tubo enchufado a la Cámara de Diputados en donde todo se desaparece, todo se mastica, todo entra a este rejuego de intereses, de acuerdos y de matices, y entonces ya no sale lo que debería de salir.

Creemos que la Auditoría Superior de la Federación sea un organismos autónomo, que no esté determinado por la Cámara de Diputados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas presentadas por los Senadores que han hecho uso de la palabra, nos estamos refiriendo al artículo 79 constitucional.

Y pido que cuando haga esta consulta, exprese la autoría de las reservas.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las reservas presentadas al artículo 79 por el Senador Benjamín Robles Montoya, por el Senador Ernesto Ruffo Appel, por la Senadora Dolores Padierna Luna, el Senador Isidro Pedraza Chávez y el Senador Manuel Bartlett Díaz. Quienes estén porque se admitan a discusión las reservas, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger el sentido de la misma, sobre el contenido del artículo 79 en los términos del dictamen recibido de Cámara de Diputados.

VER VOTACIÓN

Por un error de quien maneja el sistema electrónico, se contabilizaron para que esté en función catorce minutos. Se anuncia que, como se dijo, a los tres se cerrará dicho sistema electrónico de votación.

Ciérrese el sistema electrónico de votación por haberse agotado los tres minutos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se recibieron un total de 100 votos; se recibieron 85 votos a favor, 14 votos en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 79 del proyecto de dictamen.

Vamos a iniciar la discusión del artículo 108 constitucional.

Para presentar la primera reserva, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Le solicitaría, toda vez que están íntimamente ligados el artículo 108 y el 111 de este proyecto de dictamen, se me permita presentarlos en un solo acto.

Yo creo que este es el tema central de la reforma, si mantiene o no un régimen de excepción para que el Ejecutivo Federal quede al margen de la aplicación de la ley y de los instrumentos jurídicos que combatirán a la corrupción en nuestro país.

Ya hay que partir, como aquí se ha señalado, en primer lugar, de que en nuestro sistema legislativo no debería existir excepción alguna respecto a la igualdad de derechos, responsabilidades y obligaciones de todas las ciudadanas y de los ciudadanos, y tampoco debe prevalecer una situación de privilegio en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de los representantes populares.

Como se ha señalado también aquí por diversas compañeras y compañeros, en este momento en el que se ha cuestionado la legitimidad y la credibilidad de las instituciones públicas de todos los órdenes de gobierno e incluso de los órganos de representación popular y los partidos políticos, el mayor malestar e indignación de nuestra sociedad se concentra en las críticas a la corrupción, a la impunidad y a los privilegios.

Y el privilegio que más identifican los ciudadanos, la sociedad mexicana, es el que representa justamente el fuero del que son dotados los servidores públicos y los representantes populares.

Y lamentablemente, la inmunidad a los altos servidores públicos y a los representantes populares, que originalmente se asumió como una protección de naturaleza republicana para que los legisladores pudieran ejercer ampliamente el derecho a expresar libremente sus ideas, y los servidores públicos pudieran contar con un instrumento para el desarrollo del desempeño de sus actividades en los distintos ámbitos de la administración pública, ha sido objeto no solamente de una distorsión sino de un uso político indebido que ha convertido al fuero en una verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley y al mismo tiempo se ha convertido en un instrumento de impunidad.

Por eso hemos de insistir en que no solamente por el recelo que tiene la ciudadanía respecto a este privilegio de que gozan o gozamos servidores públicos y representantes populares, debe eliminarse cualquier tipo de protección indebida que hoy lamentablemente forma parte de todo el sistema de impunidad ante la incompetencia de la autoridad, no solamente para proceder con una figura constitucional obsoleta, que es el juicio de procedencia para eliminar del fuero a los representantes populares, sino para el uso político del que se ha hecho de esta figura.

Por eso quisiera proponer diversas adiciones al artículo 108 constitucional, para que en su primer párrafo se incorpore para los efectos de las responsabilidades a la que alude este título de responsabilidades de los servidores públicos, al Presidente de la República en su primer párrafo, y así como agregar en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional el siguiente texto.

"El Presidente de la República, en tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, y agregaríamos: por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común".

Agregando también en la parte final del tercer párrafo, que tanto los servidores públicos estarán bajo la vigilancia de delitos de corrupción, de delitos graves del orden común.

Y finalmente, esto lo ampliará seguramente mi compañero Zoé Robledo, incorporará en el último párrafo del 108, la obligación de hacer públicas la declaración patrimonial, la declaración de interés y la declaración de impuestos de cada uno de los servidores públicos.

Y en ese mismo sentido, en el artículo 111 hacer las siguientes adiciones. En la parte final del primer párrafo, establecer que no podrán ser privados de su libertad, por supuesto, todos los que son Diputados, Senadores, Ministros de la Corte, los Magistrados del Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, durante el tiempo en que ejerzan su cargo, pero podrán ser sujetos de proceso penal de conformidad con lo dispuesto en este mismo artículo.

Es decir, hay que asumir que el fuero es para ejercer con plena libertad nuestro derecho a la libre expresión de las ideas y al desempeño de nuestras funciones de carácter público, pero que de ninguna manera puede ser un instrumento que impida la aplicación de la ley cuando se incumpla o se cometan delitos de carácter penal con lo cual el fuero quede eliminado de esta situación de excepción.

Son las propuestas fundamentales que estamos aquí planteando y pediría a nuestras compañeras y compañeros Senadores, que rompamos con este régimen de excepción que implica el fuero constitucional, no sólo para el Ejecutivo Federal, sino para todos los servidores públicos, ya que lamentablemente lo que fue un instrumento para fortalecer la identidad republicana y el ejercicio pleno de derecho de los servidores públicos, se ha convertido hoy en una patente de corso para favorecer la impunidad, la violación de la ley y la corrupción en el desempeño de servicio y de la función pública.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas.

En uso de la palabra, para presentar su adición, el Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: Como bien lo señaló el Senador Encinas, se trata quizá del tema más relevante dentro de la reforma anticorrupción, y por supuesto, la ausencia más significativa que contiene el dictamen que ahora discutimos.

Se trata de una omisión inadmisible sobre todo a la luz de las campanas y de vuelo a esas campanas con la que se anuncia el combate integral a la corrupción.

Está en el artículo 108 mi mayor preocupación, precisamente porque el dejar intocado al Presidente de la República en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, para ser sujetos de juicio por distintos delitos, hace que la reforma carezca de su calidad de integralidad.

Quiero empezar para efectos de la discusión, leer el artículo 108 como actualmente está redactado en la Constitución y así en su texto desde 1917. Repito, redacción que proviene desde 1917.

"El Presidente de la República, segundo párrafo del artículo 108, durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".

Después de este párrafo sigue inmediatamente la responsabilidad de los funcionarios públicos de las entidades federativas, y ahí sí, los gobernadores de los estados, los Diputados, a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que  las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

En un mismo artículo un régimen inexplicable de excepción jurídica, no sólo a la luz del desarrollo político, la consolidación democrática, la división de poderes, sino fundamentalmente de uno de los valores que ha conquistado terreno, un valor que a diario conquista y reclama nuevos espacios, el valor de la transparencia de la rendición de cuentas. El valor del combate a la impunidad.

Empiezo por la propuesta para luego explicarla. Propongo, no estaría en desacuerdo con el planteamiento hecho por el Senador Encinas, pero me parece que a lo propuesto por él habría que especificar algunos de los delitos, que como faltas a la probidad administrativa, debiera recaer en el artículo 108.

Propongo. "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la Patria, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencia, cohecho y delitos graves del orden común".

Ahora fundamento mi propuesta, y hago una reflexión ante todos ustedes en dos sentidos: no sólo se trata de recoger, efectivamente, los escándalos recientes a partir de toda esta exposición de las casas multimillonarias. Eso por sí sólo justificaría incorporar a la Constitución en este artículo el conflicto de interés.

Pero saquemos la discusión de la coyuntura, vamos a abstraernos por un momento del escándalo en el que se arropan los altos funcionarios del gobierno federal.

Vamos a hablar del desarrollo del presidencialismo en México, hablemos de esta figura que es vértice del poder de la Nación.

El Presidente de la República, con todo su poder, un solo individuo al que la Constitución dota de facultades ejecutivas extraordinarias en nuestro sistema constitucional, de enorme influencia para la vida económica, política y social del país.

Hay que recordar que el Presidente de la República, en el 89 de la Constitución, es el Jefe de las Fuerzas Armadas, la facultad de fuerza y mando, sobre las Fuerzas Armadas, Comandante en Jefe del Ejército, la Marina, luego el señor y dador de vida en el artículo 27 constitucional, facultad para concesionarlo todo, bienes y servicios de la Nación, con el poder de su firma.

El Presidente de la República, ahora con la excepción en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, concesiona todo lo demás, carreteras, aeronaves, minas, aeropuertos, todo lo que está sobre el suelo y el subsuelo y gran parte del espectro radioeléctrico, facultad concesionaria del Presidente de la República, y en el mismo artículo 27 constitucional, facultad expropiatoria del Presidente de la República, da y quita. Ese es el poder que la Constitución le dio a un solo individuo, pero también lo dotó de facultades arancelarias, por lo menos en términos de precios, para fijar tarifas, para incidir en el mercado fijando precios, y luego, una facultad reglamentaria, el Presidente de la República expide la regulación que puede reglamentar las leyes que el Congreso emite.

Este individuo, con este poder, vamos a abstraernos de si es Peña o fue Calderón o fue Zedillo, Salinas o Fox, este personaje, con esa cantidad de poder, sin ser sometido a un sistema de rendición de cuentas, este personaje, con esa cantidad de atribuciones y facultades, con esa suma de poder, pues prácticamente termina en muchos de los abusos que hemos visto a lo largo de nuestra historia.

Hoy en la mañana, Ríos Piter retrataba un lance geográfico de dos excesos presidenciales que han quedado en la impunidad, lo escuchaba preguntar ¿cuánto se hace de la Colina del Perro a la Casa Blanca?, dije que es un lance geográfico, pero marca dos hechos históricos, los excesos de un presidencialismo desbordado, los excesos de la impudicia de un presidencialismo sin límites, un presidencialismo que tiene en el artículo 108 de la Constitución el monumento a su impunidad, y estamos anunciando que vamos a combatir la corrupción sin tocar al Presidente de la República.

El año pasado, el Presidente Peña Nieto sacudió a la opinión pública con una declaración. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellas entrevistas que le armó el Fondo de Cultura Económica, en una de ellas Peña se enfrentó a Denise Maerker. La periodista incisiva, le pregunta sobre el tema de la corrupción, Peña dice, respondiéndole a Maerker, que la corrupción es un problema de orden cultural.

Qué le sucede a un país cuando ese Presidente impune, en el 108, dice además que el problema de la corrupción es de un gen cultural, una especie de transmisión cultural, de conducta, de cultura de los mexicanos, que está viendo que está eludiendo el fondo de la cuestión, que el problema de la corrupción es un problema de las instituciones, no de la cultura, porque hay millones de mexicanos en el otro lado que allá cruzan la calle como es, tienen cuidado con el agente de tránsito, tienen mucho cuidado con la mordida, un mexicano que se transforma al cruzar el puente internacional, problema cultural no, es un problema de instituciones, es un problema fundamental de impunidades.

La corrupción crece, se expande, cuando el pacto de impunidad termina protegiendo a los poderosos y no tienen consecuencia jurídica los actos de abuso de funciones o atribuciones, enriquecimientos ilícitos, el Presidente de la República es, además, la figura más visible en el orden mediático del país, y si esa figura está afectada, moral, ética, políticamente, se está enviando un mal ejemplo a todo el sistema político. Si esa figura es intocada, además impune, porque no hemos avanzado en el sistema de controles al Presidente de la República. Eso no es cierto, al contrario, compañeras y compañeros, al Presidente de la República no sólo lo protege el 108, incluso se carece de sistemas de control parlamentario al Presidente, porque todos sabemos que se reformó el artículo 69 de la Constitución para que ya nada más entregue por escrito el informe, ya ni siquiera se le puede interpelar al Presidente de la República.

Incluso, en esa figura que se hizo avanzar de las preguntas parlamentarias, en el artículo 93 de la Constitución, pues solamente se refiere a Secretarios de Estado, no se le puede llamar al Presidente de la República, no.

Compañeras y compañeros: Termino con una reflexión de la que estoy absolutamente convencido, el problema de fondo de México, el problema real, el problema profundo del país es la desigualdad social, de eso no hay duda, esta disparidad entre unos cuantos que tienen las grandes fortunas y la gran población que no tiene nada, el primer decil de la población en México, recuérdenlo, acapara el 46 por ciento del ingreso, el primer decil, el primer 10 por ciento de la población, un solo hombre acapara el 7 por ciento del Producto Interno Bruto.

El segundo decil acapara casi el 40 por ciento del ingreso, todo lo demás es pobreza. Ese es el verdadero problema de México, la desigualdad, pero el problema mayor, el problema instrumental, incluso frente a la desigualdad es la corrupción política, y esa corrupción política, tiene un ejemplo pernicioso que es la impunidad de la que goza el Presidente de la República a través de la inviolabilidad que lo hace inimputable, a través del 69; que lo hace inescrutable, a través del artículo 93; que lo hace ininterpelable, entonces, estamos en una evolución hacia lo peor.

La batalla instrumental más decisiva en contra de éste y otros problemas, es la batalla contra la corrupción política, que lo primero que consigue es aumentar las disparidades precisamente entre pobres y ricos.

La corrupción tiene como premisa mantener la pobreza y la ignorancia, porque llegan a ser aliadas en su propia defensa, y es más fácil intimidar a los que menos tienen y saben.

No es casualidad que alguno de los personajes más corruptos del México actual usen a los más pobres y vulnerables como carne de cañón en actos de agitación, provocación o violencia.

Si México no resuelve sacudirse en serio, por lo menos la corrupción política, el retraso ineficaz de las políticas públicas y de cualquier reforma estructural, estará condenada al fracaso, porque las redes que teje la corrupción son las más extendidas y trasversales, afectan por parejo a pobres y ricos, cancela los sueños de realización profesional y social de los jóvenes.

La corrupción, que por supuesto no es un asunto relacionado con la cultura de las personas, sino con el funcionamiento de las instituciones, donde la impunidad hace de las suyas, ojalá que el PRI, el partido en el gobierno, la clase mexiquense en el poder, reflexionaran sobre la conveniencia de empezarle a rescatar calidad moral al liderazgo de Peña Nieto con una reforma como la que proponemos, fuera la impunidad, todos en igualdad frente a la ley.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral.

En uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, para presentar su reserva; enseguida será el Senador Zoé Robledo y finalmente el Senador Manuel Bartlett.

Así en ese orden están enlistados, don Manuel. ¿Le parece?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Correcto, señor Presidente.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

No puedo más que compartir lo dicho por mis dos compañeros que han expuesto previamente: el Senador Javier Corral y el Senador Alejandro Encinas.

Sin duda alguna, el tema del fuero es el corazón del debate, el que estamos hablando el día de hoy.

No sólo es la corrupción, sino que es la impunidad la que mantiene la crisis de percepción sobre la clase política que actualmente se vive, y de manera particular es la impunidad la que peor nos ubica en el contexto internacional. Éste es un dato que publicó la Universidad de las Américas, en Puebla, el día de hoy.

De un total de 59 naciones, tan sólo México está seguido por Filipinas, ocupamos el 58 lugar en materia de impunidad.

¿Qué es la impunidad, compañeros y compañeras, si lo queremos explicar en palabras llanas?

Y ¿Qué es el fuero, que es el que nos trae aquí a la tribuna como representación de esa impunidad, de ese privilegio para la clase política? Pues, es posibilitarle a alguien que se salga con la suya, es posibilitarle a alguien que violó la ley, posibilitarle a alguien que ha violentado algo que establece el marco jurídico y que por su condición de fuero puede abusar, puede exceder y puede salirse con la suya.

Eso le indigna a los mexicanos, compañeros y compañeras. Si la corrupción les molesta, es la impunidad la que les indigna.

Yo hacía un reflejo de la Casa Blanca, con esa mansión que tenía José López Portillo, y alguna gente en twitter me decía: "Pero esos ejemplos ya quedan muy lejanos".

Desafortunadamente, a 35 años siguen siendo la forma en la que se comporta la clase política, y sigue siendo, desde el Presidente de la República hasta el Presidente Municipal, del más humilde de los sitios en este país, la condición de decirle a los mexicanos: "Que entre los políticos, los Senadores, los Diputados, sean federales o sean locales, hay una enorme diferencia".

Y en esos cambios, en la esencia del fuero, me parece que encuentra uno que ese sistema puede no tener ninguna coherencia y puede no tener ningún resultado, por eso hemos insistido en que ese Sistema Nacional Anticorrupción, si no toca el tema del fuero, corre el riesgo de ser letra muerta en la Constitución.

Y les pongo ejemplos de lo que hemos dicho aquí en tribuna, que es positivo, pero que en análisis específico de cada caso en particular, pues, puede quedar como letra muerta, y les cito el ejemplo que tan laureado ha sido por parte de algunos de los que han subido aquí a la tribuna.

Las nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, que permiten ahora anticipar la revisión, precisamente, de los ejercicios fiscales, que permiten la fiscalización de recursos federales e incluso de participaciones federales, y todo esto ¿qué significa en el Sistema Nacional Anticorrupción?, dotarle de mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, pues les pido que lo analicemos con tres casos más recientes.

Si la Colina del Perro queda lejana, pues la Casa Blanca no queda.

Pero si la Casa Blanca, pareciera una forma de ensañarse con el Titular del Ejecutivo, con el Presidente Peña Nieto, les pongo tres ejemplos, y empiezo por uno, que significa el Partido de la Revolución Democrática, no vaya a ser que después se molesten, especialmente, los compañeros del PRI.

Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera tenido elementos como los que hoy le estamos dotando al sistema para revisar la Línea 12 del Metro, posiblemente un Jefe de Gobierno pudiera haber sido intervenido por parte del sistema.

Si hubiera sabido que 18 mil, 19 mil, 20 mil millones de pesos, la cifra que a ustedes les guste, el momento preciso por parte de la Auditoría, hubiera estado implicando posiblemente un mal uso de recursos, algo que hoy les cuesta a 500 mil personas que no puedan subir para ir a su lugar de trabajo, al día. Sí, eso se hubiera podido detener.

Pero si hubiera habido implicaciones en materia de corrupción, como las que ha citado el Senador Javier Corral, pues el fuero hubiera imposibilitado que se actuara de inmediato contra el entonces Jefe de Gobierno.

O el caso, si les parece pertinente, de la deuda de Moreira, en Coahuila, que implicó participaciones federales en aportaciones que posibilitaron el incremento de la deuda, y hoy, Moreira, su legado histórico, incluso, el que está tapando su hermano, que es el actual gobernador, pues le significa a los coahuilenses, y en general a todos los mexicanos, pues un incremento a 32 mil millones de pesos, de los cuales, a la fecha, no se sabe mucho dónde quedó ese dinero.

Y ahí está el ejemplo del PRI, en un gobierno estatal, donde si la Auditoría Superior de la Federación hubiera podido intervenir en tiempo y en forma, pues no se hubiera podido ir contra el entonces gobernador Humberto Moreira, porque Humberto Moreira también tenía fuero.

Y para que no nos quedemos cortos, y no parezca que al PAN le hacemos un favor, la Estela de Luz. La Estela de Luz que costó mil 200 millones de pesos. Si quieren una comparación en el precio, el edifico que está enfrente, que es la Torre Mayor, costó 3 mil millones; mil 200 millones la que le llaman, la gente que usa twitter: "La Suavicrema", mil 200 millones; 3 mil millones de pesos un edificio de más de 50 pisos enfrente.

Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera contado con elementos suficientes, en tiempo y en forma, para evitar que el gasto público que significó la Estela de Luz, continuara, pues entonces, ese fideicomiso que se estableció para celebrar los 200 Años del Bicentenario, pues tal vez hubiera llegado hasta el entonces Presidente Felipe Calderón, y al Presidente Felipe Calderón no se le hubiera podido hacer nada, porque precisamente estaba protegido por el fuero.

Si queremos ejemplos, compañeros y compañeras, pues no podemos detallar en partidos políticos. Creo que sería difícil en orden de gobierno y peor aún, sería complicado dejarlo solamente circunscrito a un poder, al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o algún organismo autónomo.

La corrupción, compañeros y compañeras, hemos subrayado, es un cáncer del país. La corrupción hoy ya está matando a la gente, y ese es el tema de la corrupción de las policías, que hoy cuentan en tandas de 20 mil, 30 mil personas desaparecidas. Donde es la corrupción de las policías, las que está entregándole a sicarios y a criminales, a jóvenes, a gente, y que hoy aparecen en número de desaparecidos.

De eso se trata esta discusión, compañeros y compañeras.

Por eso el fuero, es importante que lo quitemos. Y por eso es el corazón de este debate.

No solamente es la corrupción, es la impunidad y es evitar que haya desigualdad en el trato frente a la ley.

Si hoy, la Casa Blanca, en manos del Presidente de la República, fuera juzgada bajo una nueva Ley de Conflictos de Intereses, no habría manera de que alguien sabiendo que tiene mantener como Jefe del Estado mexicano, la protección y el cuidado a la misma, pudiera ser tocado.

Y en ese sentido, compañeras y compañeros, el debate, si lo queremos hacer de fondo; el debate, si lo queremos hacer trascendente, y es algo que le quiero dejar con claridad a la bancada del Partido Acción Nacional, si queremos que este sistema, en el cual su bancada ha apostado de manera importante, realmente funcione, tenemos que quitar el fuero.

Fuera el fuero. Si lo que queremos verdaderamente es un sistema que logre un cambio constitucional histórico y que logre verdaderamente transmitirle a la sociedad, que se acabó la desigualdad frente a la ley, de la clase política, que hoy está tan gravemente cuestionada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con cuidado, Senador Ríos Piter.

En uso de la tribuna, para presentar su adición, el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Para engarzar el planteamiento que estaba haciendo el Senador Corral, que me parece que es el de fondo y que tiene que ver con la desigualdad.

Déjeme hacer un planteamiento muy simple, simplista, sobre dos espacios en los que gobierna la desigualdad en nuestro país, donde reina por completo.

Uno, es sin duda, el más lacerante, y que tiene que ver con la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza.

Déjeme poner un ejemplo, solamente para ilustrar.

El mexicano más rico del mundo, acumula cada hora, cada hora, 31 millones de pesos.

¿Cuánto se tardaría un mexicano que gane el salario mínimo, en acumular lo que el mexicano más rico gana en una hora?

Se tardaría 1,237 años.

No significa esto que eso nos vamos a tardar en acabar con la desigualdad, en la concentración de la riqueza.

Pero nos da una idea del tamaño de ese desafío.

Ahora, yo les hago este planteamiento.

¿Cuánto nos tardaríamos en acabar con la desigualdad ante la ley?

Yo también tengo un cálculo. ¿Más o menos cuánto nos tardaríamos en acabar con la desigualdad ante la ley?

Tres meses, quizá. Tres meses, pensando que esta reserva no se aprueba. Pero serían los tres meses necesarios para que un mexicano sea igual al funcionario de más alto nivel de nuestro país, que es el Presidente de la República.

¿Cómo lograríamos que estas dos personas, este mismo mexicano que gana el salario mínimo y que está en desprotección, frente al Presidente de la República, en términos de su igualdad ante la ley? Pues simplemente quitándole el fuero a uno de ellos, es decir, al Presidente?

No sé si eso nos convertiría en un Estado igualitario ante la ley, pero nos convertiría en un Estado menos desigual, que no es lo mismo.

Seríamos menos desiguales ante la ley. Si en tres meses descongeláramos una de las iniciativas que está en comisiones, votáramos el dictamen en el Pleno, lo mandáramos para su aprobación en Diputados, esperáramos el proceso en los congresos de los estados y el Presidente de la República promulgara, podíamos acabar con el fuero en nuestro país, en tres meses.

En tres meses podríamos decir que somos una democracia, cuyos ciudadanos, ante la ley, son menos desiguales.

Y esto, nos lleva, justamente a entender algo que ya se está debatiendo aquí. Que este Sistema Nacional Anticorrupción, que se establece en la Constitución, no estará completo si se mantiene paralelamente a él, el incentivo constitucional para la impunidad que representa el fuero.

Ahora, yo quiero hablarle de otro tema, que es éste, el #3de3, que también lo conoce, nada menos lo han escuchado y que está en la agenda pública de nuestro país.

Porque tampoco estará completo el Sistema Nacional Anticorrupción, si los servidores públicos de alto nivel siguen sin transparentar cuánto tienen, cómo hicieron su dinero. No es una cruzada contra el capital. Al contrario, es una protección para que los ciudadanos entiendan que un político puede haber hecho un patrimonio, sin necesidad que ese patrimonio tenga como origen, alguna actividad ilícita, un moche, un soborno, un cohecho, nada.

De eso se trata el #3de3.

Y sobre todo que los funcionarios transparenten qué intereses representan.

Yo si les quiero decir, compañeros y compañeras, que mientras mantengamos el fuero y reine la opacidad en la manera como nos conducimos frente a los ciudadanos, el Sistema Nacional Anticorrupción estará totalmente incompleto.

Son discusiones que llevan muchos años, no solamente en nuestro país, sino en las discusiones más amplias de la teoría política.

El propio Kant planteaba que es la publicidad la condición necesaria para ganar la confianza. Confianza que hoy necesitamos. Entendamos que los votos ya no son suficientes para mantener la legitimidad frente a los ciudadanos.

Tenemos que abrevar de una nueva fuente de legitimidad, y ésa pueda ser la transparencia. Que si alguien no teme nada, que transparente sus bienes, transparente sus intereses y sus obligaciones fiscales.

Por eso, me parece, que este sistema, así como están, sin aceptar estas propuestas de reservas, no va servir de mucho. Así, va a seguir siendo un imperativo moral la transparencia, al que aprovecho también, compañeras y compañeros, para volverlos a exhortar a que se sumen.

Y que no tengamos que esperar a que sea un requerimiento legal.

Yo no vengo a decirles que estoy convencido. Vengo a intentar de convencerlos, que empezar con la aprobación de esta adición a la reserva, puede constituirse en el primer gesto de la clase política en muchos años, a unos ciudadanos que están buscando señales de credibilidad, señales de respeto, señales de confianza por parte de sus representantes.

Hoy nuestras fuerzas políticas están desordenadas. Está desencantada nuestra sociedad civil. Están cansados y hartos los ciudadanos; pero parece que puede hacer poco la política en estos momentos.

Yo creo que no, que puede hacer mucho la política. La política, entendiéndola como un juego de incertidumbres, que siempre representan la oportunidad de algo nuevo. Y ahí donde se aparece esta oportunidad de fuera el fuero. Y de #3de3 como gestos de la política hacia la ciudadanía.

Por eso la reserva que proponemos, es una forma de decirles a los ciudadanos, que los estamos escuchando. Que la política aún puede ser sensible a sus demandas. Que hay una forma de hacer política que valora el acto de escuchar, como la única forma de empatar las acciones de nosotros con las aspiraciones de la sociedad.

Por eso es que estamos planteando en esta reserva, que todos los funcionarios, tanto el Presidente, todo el gabinete; pero sobre todo, los Senadores, los Diputados, los presidentes municipales, no solamente entreguen sus declaraciones patrimoniales y su declaración de interés, sino que las hagan públicas, que la entreguen a quien las poseen, que son los ciudadanos.

Yo los invito a que mostremos voluntad política y ánimo para cambiar. Ningún andamiaje legal de combate a la corrupción dará buenos resultados, si seguimos con los mismos hábitos, los mismos criterios y las mismas conductas.

Voluntad política cuando no hay andamiaje, y andamiaje cuando no hay voluntad.

Compañeras y compañeros: Yo no quiero pensar que estamos encerrados en este recinto, en una esfera de cristal en la que no estamos escuchando lo que están planteando en la calle. En la calle están diciendo que nos debemos de ir todos, y que esa es la solución para la crisis que representa el país.

Yo no la comparto, pero la escucho, y en ese sentido el tema de #3de3 está en la agenda pública, los Senadores lo quieran ver o no.

Miren, este artículo salió el día de ayer. Denise Dresser, en el periódico "Reforma", uno de los de mayor circulación en nuestro país, y dice: #3de3 o tache, plantea Denise Dresser. Invito a contribuir en la construcción de una nueva clase política en México, para que no se siga haciendo política con dinero ni dinero con la política; invito a dar el primer paso para obligar a todo candidato a convertirse en un verdadero representante de la ciudadanía; invito a sumarse a una exigencia de ser transparente en vez de opaco, a entender el papel fiduciario que le corresponde cada vez que se gaste un peso del erario; invito a incorporarse a una iniciativa para empezar la tarea de construir mejores ciudadanos".

Yo les hago exactamente, compañeras y compañeros, la misma invitación, que pidamos que este combate a la corrupción se mantenga a partir del combate a la desigualdad ante la ley, por eso fuera el fuero y #3de3.

Con dirección y rumbo habrá más personas que decidan subirse en el barco de la política, reconstruir la brújula ética que guíe ese barco de la política.

Esa es la invitación muy respetuosa y afectuosa, compañeras y compañeros legisladores.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

En uso de la palabra don Manuel Bartlett, para presentar su adición.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Regresemos al Presidente porque nos estamos desviando.

Ahora sí creo que estamos en un momento histórico, no por la aprobación ésta de este sistema, sino porque se está discutiendo aquí a fondo el problema político fundamental de México, que es el presidencialismo.

Eso sí es histórico, porque generalmente hay el temor, no se dice, al Presidente no se le dice nada, aquí cualquier toque en relación a la traición al Presidente en materia energética generaba una indignación, hoy están muy tranquilos y estamos discutiendo el problema fundamental del sistema político mexicano.

Habíamos dicho en la mañana, en la primera intervención, no a la última, la primera, no después de la votación en general, sino en la primera votación, habíamos dicho que la Presidencia de la República es la madre de todas las corrupciones.

Aquí Corral amplió el tema de manera espléndida, habíamos dicho: "Si no se limita la impunidad del Presidente, pues no sirve para nada el sistema, porque ese es el poder presidencial".

Ese es el presidencialismo que tanto se criticó en algún momento y que a la hora de la hora y de las substituciones de poderes, pues no se tocó. Se acostumbraron al telefonito; se acostumbraron al Estado Mayor Presidencial; se acostumbraron a que no tiene límite de gastos; se acostumbraron, y entonces mejor nos quedamos con el presidencialismo.

Y por eso cuando decimos: "El Presidente es la madre de la corrupción" es por eso, porque si vamos a analizar los poderes del Presidente ya viendo, haciendo un desglose, entendemos por qué es el causante, el padre y el promotor de la corrupción que a él le convenga.

Es el Jefe de Gobierno, el Jefe de Estado, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, protegido por el Estado Mayor las 24 horas, por el Ejército, por las policías; él tiene, además, la facultad de utilizar los recursos públicos a su antojo, nunca se ha mantenido un control del presupuesto, lo manejan en la Secretaría de Hacienda como quieren, y él no tiene límite en el gasto. Además tiene, y decía Corral bien, toda una serie de facultades.

Las concesiones, ya concesionaron más de la mitad del país a las mineras, ya concesionaron o abrieron a los extranjeros, el Presidente.

Pero, ¿por qué todos están atrás del Presidente? Por todo esto. Porque es el señor de vidas, hacienda y futuro; porque tiene en sus manos todos estos poderes que no se le han quitado ni limitado alguno; porque no tiene contrapeso, aquí en el Congreso él manda, lo hemos visto hoy, lo hemos visto permanentemente, aquí manda el Presidente.

El Presidente nombra a los Ministros de la Corte, el Presidente nombra a los Magistrados, el Presidente nombra a los jueces; el Presidente da concesiones y privatiza las grandes fortunas, son privatizaciones del Presidente; las televisoras, aquí me oirán, son producto de privatizaciones del Presidente; los cines en el país.

Ese señor que acumula esta enorme capacidad es el que tiene sometidos a todos. Decíamos, es el que manda aquí, pero manda en la Suprema Corte de Justicia también.

Por eso decía yo: "Cómo van a dejar a la Suprema Corte de Justicia a que se maneje con sus propios intereses, y la judicatura, que es lo mismo.

Y porque se mantiene, además, con todos esos poderes y todas esas decisiones que puede tomar, en la total impunidad.

Está así, el Presidente no puede ser acusado, parece que por traición a la Patria y por delitos graves del orden común.

Y fíjense ustedes que está denunciado en la Procuraduría de la República, Andrés Manuel lo denunció después de la reforma energética, y ustedes creen que el Procurador o la ahora Procuradora han dado un paso en relación con un análisis mínimo, ¡no!

¿Quién nombra al Procurador? El Presidente. De manera que esto es la esencia de los males políticos de este país, ya lo dijeron, de la corrupción, de la entrega del país al extranjero sin que nadie lo detenga, de la desigualdad por la acumulación de la riqueza en manos de sus compinches y toda la oligarquía nacional que lo rodea y lo fortalece.

Es el jefe también, no se les olvide, es el jefe también de los medios de comunicación, es el que ordena qué sale y qué no sale. Van a ver mañana, es el que ordena qué sale o que no sale, esa dictadura mediática, que es una violación constitucional, también lo protege, porque nada de la crítica que se haga firme, sólida, que la población pudiera conocer, sale, no sale.

Entonces, ese es precisamente el problema. Por eso digo que es histórico que se esté diciendo aquí, por más de uno, digamos, por más de dos, y que coincidan aquí de lado izquierdo y derecho, o derecho-izquierda, o derecha, como quieran verlo, en general, hay una coincidencia y una discusión muy importante.

Es necesario que ese poder presidencial, que en algún tiempo el propio Partido Acción Nacional, y ya no digamos el PRD, criticó el presidencialismo, es esto, la impunidad, el dominio absoluto del país, y esa corrupción económica es corrupción política y qué es lo que logra, y eso es lo importante, más que la acumulación de la riqueza, más que esa serie de derechos que tiene sobre los empleos y que intimida a todos, ¿saben qué está haciendo?, está conduciendo a la destrucción del sistema de creencias que constituyen el fundamento del sistema político nacional.

Por eso, cuando hablamos de la caída del presidente a niveles exorbitantes, porque lo cacharon, porque se dio las noticias de sus producciones personales, familiares, entonces eso hizo una enorme explosión que provocó la salida de Carmen Aristegui, eso es, eso es la corrupción de los medios de comunicación, la salida de Carmen Aristegui, y es eso, la casa salió, hubo una explosión, lo sacaron hipócritamente en Estados Unidos, "New York Times", y en Inglaterra, y lo que está pasando en México es lo importante para que nos demos cuenta, les vuelvo a leer la nota, esta corrupción económica, política de la Presidencia de la República ha quedado la corrupción de todo el país de la clase política, de los empresarios, los negocios se hacen a la sombra del presidente y de las concesiones del presidente, y qué está pasando, conduce a la destrucción del sistema de creencias en el que se fundamenta el sistema político mexicano.

¿Qué queda?

¿Qué queda de ese Estado?

Nada, un Estado mafioso, como lo han llamado ciertos Estados, un Estado corrupto, un Estado con una oligarquía atiborrada de dinero, en una pobreza, que ya aquí se trató, increíble e inconmensurable. Estamos viviendo la destrucción del Estado mexicano, la destrucción de todos los principios que fueron construyéndose, la vinculación con obreros, la vinculación con campesinos, la vinculación con las responsabilidades sociales, se va rompiendo y diluyendo, y ya no existe, no hay más que el dinero, los intereses, y por eso yo digo que es histórico que eso se discuta aquí hoy, es histórico.

Lo único que todavía no entiendo es por qué con toda esta virulencia en relación con el presidente impune, votaron muchos a favor.

Pero en fin, aquí está el tema, y decía que pues ahorita lo vamos a votar, ahorita se va a votar; el Presidente de la República, digo yo, es igual y debe de ser el párrafo completo, el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, los Diputados y así, todos son iguales ante la ley.

Los gobernadores son otra cosita, lo que hace el primero, lo hacen ellos, es igual en los estados, es un robo y una desvergüenza y una manipulación de los medios de comunicación en, yo no diría en todos los estados, pero sí Puebla, se los recomiendo, es la continuación de este sistema político. Vamos a votar, anímense.

Decía Zoé por ahí que era muy rápido hacerlo, ¿saben cuánto tardamos en votar? Nada más cámbienle ahí, y cambiaron la historia de este país, en 10 minutos o menos, lo que se tardan en picar, eso sí es histórico, quitar la impunidad al Presidente de la República; el fuero es otra cosa, también es abusar, pero no nos distraigamos, el fuero es importante y es grave, está acotado, el fuero está restringido por decisiones de la Corte, exclusivamente a las funciones legislativas, no se puede hacer lo que le dé la gana, esa es una interpretación absurda, pero lo importante es, quitémosle la impunidad al presidente, es un acto democrático, es un acto impecable, es un acto que corresponde a lo que aquí se ha dicho, porque si no votamos ahorita, pues no van a votar nunca esto; la casa blanca, la barbaridad esta del tren, de anularlo, y de otro; el aeropuerto de la Ciudad de México es un robo cínico.

Cinco minutos señores Senadores, en cinco minutos se cambia la historia de este país, cinco minutos bastan para que el Presidente de la República sea como un ciudadano más, para que sea imputable, para que cumpla con las responsabilidades que tienen que cumplir todos los demás; cinco minutos, señores, nada más y habremos cambiado la historia de este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias don Manuel.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No estamos en discusión, Senador, estamos en la presentación de las reservas.

La figura de para hechos corresponde a un debate, y en este momento están presentando las reservas, se va a poner a consideración del Pleno si se admiten las reservas que han presentado los cinco Senadores; en caso de admitirse, se abrirá el debate, habrá discusión en lo general y en lo particular, y en relación a los dichos establecidos en cada una de estas intervenciones podrá usted pedir para hechos; en este momento no procede esta figura de participación de legisladores, cuando lo permita el Reglamento, Senador.

En virtud de que han sido muy explícitas las exposiciones de las adiciones presentadas por los cinco Senadores que las plantearon, y lo digo de esta forma, porque en el caso del artículo 108, los cinco Senadores han presentado adiciones distintas al contenido del artículo 108, de cómo fue remitido de la Cámara de Diputados. En consecuencia, lo que se va a poner a consideración, la Secretaría de esta Mesa Directiva va a tomar una votación económica para determinar si se admiten a discusión las adiciones que es el motivo de estas reservas presentadas, adiciones distintas al contenido del artículo 108 constitucional, de como viene de Cámara de Diputados.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones presentadas por los Senadores Alejandro Encinas, Javier Corral, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y don Manuel Bartlett Díaz. Haga usted esa consulta, por favor, Senadora Secretaria.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas presentadas al artículo 108 de la Constitución por el Senador Zoé Robledo, el Senador Armando Ríos Piter, el Senador Javier Corral, el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Alejandro Encinas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo acataré lo que me pidan, solamente pongo a consideración estas reflexiones.

Fue evidente que no hubo mayoría para que se admitan a discusión en la votación económica, no fue pedido en el momento adecuado ni en la forma adecuada, es decir, la petición de un Senador, Senadora, respaldada por cinco, otros Senadores o Senadoras, pero si me insiste, yo lo hago, Senadora, para que no se sienta que estamos.

Adelante, que se abra el sistema electrónico para recibir el sentido del voto y determinar si se admiten a discusión las adiciones presentadas por los cinco Senadores que tomaron tribuna.

Se abre el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

(Se recoge la votación electrónica)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se ratifica la votación, 45 a favor y 52 en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, no se admiten a discusión las adiciones presentadas por los Senadores Javier Corral, Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y Manuel Bartlett.

Vamos a abrir el sistema electrónico de votación para recibir la votación en relación al artículo 108, como proviene en Cámara de Diputados en el dictamen; no en relación a las adiciones, las adiciones presentadas por Senadores ya fueron desechadas, no se admitieron a discusión y, por tanto, no forman parte del dictamen. Lo digo claramente para que se sepa exactamente qué es lo que se está votando.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para precisar el sentido de la votación.

Entiendo que la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados contiene una adición de un último párrafo en el artículo 108, relacionado con la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.

Entiendo también que ningún Senador o Senadora de la República se reservó esa porción normativa en específico para modificación o supresión.

En consecuencia, la votación que usted nos está pidiendo a continuación, sería sobre si se valida, si se avala la inclusión o no de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, tal y como viene en la minuta de la Cámara de los Diputados.

¿Es correcto, señor Presidente?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Lo dice usted con tanta lógica que parece correcto, pero cuando se reservaron los artículos no se votaron los mismos, o sea, no se votaron de cómo provienen de Cámara de Diputados.

Entiendo perfectamente el sentido de que si alguien vota ahorita en contra del dictamen, el tema de conflicto de interés se anula, lo digo de manera muy clara, se anula, queda desaparecido de este dictamen, porque en efecto, sería regresar a Cámara de Diputados y se anula el tema de conflicto de interés.

Está claro, verdad, para que sepamos determinar el sentido de nuestro voto. Por eso, primero desechamos las adiciones con la votación y ahora solamente estamos, vamos a votar en tablero electrónico el artículo 108, como proviene de Cámara de Diputados y como lo presentaron las comisiones de dictamen hoy, acá en el Pleno.

Y lo que resalta el Senador Roberto Gil es la referencia del tema relacionado con conflicto de interés que ningún Senador o Senadora lo reservó y que, por tanto, en una inflexión natural está ratificado sin necesidad de ser votado.

Pero aquí ya hablamos usted, yo y como 50 gentes más, de que como fue reservado tiene que ser ratificado so riesgo de que aprobemos o no un procedimiento con un error gravísimo, que sería sin haber votado por parte de esta Cámara el contenido del artículo 108, como está presentado por las comisiones.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 para avisar de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recibir la votación en el sentido que las y los Senadores lo hagan.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. De 100 votos: 68 votos a favor, 27 votos en contra y 5 abstenciones.

Sí se reúnen las dos terceras partes.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 108 del proyecto de Decreto.

Vamos a iniciar el debate a discusión del artículo 109.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez. Si no se encuentra el Senador Pedraza, en uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar su adición al artículo 109, también reúne las mismas características del anterior, es una adición al 108, las que siguen son adiciones, ya no son modificaciones al contenido de los artículos del dictamen. ¿Es así Senador Gil, no me estoy equivocando?

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia, y creo que también del Senador Gil que está aquí marcando tiempos y ritmos, lo cual se agradece.

Compañeros y compañeras, hace poco se publicó un trabajo conducido por Ray Fisman, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que sugiere que el éxito en la lucha contra la corrupción radica en la combinación de dos cosas: de sanciones legales y de incentivos económicos que generen rechazo moral y rechazo social.

Incluso citaba el famosísimo ejemplo del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que una de las primeras cosas que hizo para combatir los pequeños, las pequeñas infracciones que se comenten todos los días en la calle, fue poner "mimos", usar 400 "mimos" que persiguiendo a los infractores que generaban este rechazo social y moral.

¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo estoy convencido que la ley apunta en la dirección correcta de generar mayores incentivos económicos y rechazo social y moral, pero no significa que eso nos va a permitir avanzar en ella, porque entre los aspectos débiles de la minuta se encuentra la ausencia, la verdad una ausencia terrible de un tema que es motivo de discusión en todo el mundo, y que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas, lo que se conoce como compliance, es decir, que es cierto que se debe investigar al corrupto, por supuesto que sí, pero también se debe desincentivar y castigar al corruptor.

Si el Sistema Nacional Anticorrupción no contempla el hecho de que en las empresas o cualquier persona moral pueda ser responsable de los delitos que a su nombre comentan representantes legales, directores de relación con gobierno o agentes libre que trabajan y que existen y que seguramente hasta algunos se pasean por aquí por el Senado de la República, entonces otra vez estamos en una ausencia, será un vacío que ocupará alguna forma y otro sistema de corrupción.

Los que cometen delitos a nombre de las empresas para su beneficio o a través de los medios que ellas les proporcionen, pues tienen que ser castigados, ese me parece que debe ser el incentivo que debe de desaparecer, es un incentivo perverso para atraer la inversión de empresas que muchas veces no cumplen con los requisitos en su propio país de origen, pero que aquí pueden trabajar de manera indiscriminada.

Asimismo, esto podría generar y fomentar la competencia desleal que tanto daño le hace a la economía mexicana.

Por eso si ese dictamen no reconoce, o simplemente no quiere reconocer el hecho de que diversas empresas han participado en delitos relacionados con la corrupción, como lo son el soborno, el cohecho, el fraude, la extorsión, el peculado pues seguiremos incentivándolas, les abriremos el espacio donde existen, les estamos mandando el mensaje que este Sistema Anticorrupción no va contra ellas.

Y ejemplos hay muchísimos de colusiones, de casos de corrupción que se castigaron en el extranjero desde la desolación de la empresa, penas altísimas, incluso con procesos que llevaron a la cárcel a los dueños y que los mismos casos en México se castigaron de manera totalmente parcial o simplemente se quedaron en el archivero de los asuntos sin resolver.

Por eso es que planteo que este dictamen no siga incentivando la existencia de los moches, de las mordidas, de los diezmos y de todos los elementos que ya incluso se están presupuestando dentro de los costos de los inversionistas a la hora de venir a México.

Si no tomamos en cuenta este tipo de reservas, seguiremos con funcionarios con casas rentadas o compradas a contratistas favorecidos en sus gestiones, con políticos que vuelen en aviones de empresarios, los cuales los han beneficiado, viviendo en mansiones que su sueldo no justifica, participando en licitaciones o celebrando contratos por los cuales obtiene ventajas privadas del acceso a bienes públicos.

La clase empresarial siempre ha sido más sensible de acatar este tipo de regulación, por eso quitemos el incentivo perverso de que esto no está regulado en nuestro país.

Los políticos mexicanos no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción porque no estamos acabando con el flujo del dinero de donde viene esa corrupción. Es casi menos posible hoy pensar que la corrupción es aquel que abre el cajón del erario público y se llena las bolsas, es la que ocurre en otros actos en donde hay un tercer involucrado que son muchas veces las empresas.

Es un problema de orden ético, jurídico, y repito, de productividad y de economía, un lastre económico y social que tenemos que hacer a un lado y detenerlo de una vez y para siempre.

Como lo dijo hace rato la Senadora Dolores Padierna, citando a Gabriel Zaid, es no solamente preciarnos de tener un Sistema Nacional Anticorrupción, es entender que la corrupción era el sistema posrevolucionario desde donde se corearon muchas impunidades, fortunas, y esta aura de privilegio que nos tiene tan alejados de la sociedad del día de hoy.

Por eso es esta reserva, Senador Presidente, y los invito a todos a respaldarla.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

El Senador Isidro Pedraza tiene interés en presentar su reserva. Adelante, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien compañeras, compañeros, este esfuerzo de querer enmendar y aportar a que esta ley pueda ser en verdad útil con las propuestas que hemos hecho, voy a referirme a las fracciones II y III del artículo 109, en materia de tráfico de influencias y desvío de poder.

Este tema está presente en muchos de los actos de servidores públicos, y que particularmente son de los elementos que nos han estado indignando, y que de alguna forma se ha tratado de hacer congruente, entre lo que se dice y lo que se vota.

Ha sido por demás, esta tarde, tratar de presentar sugerencias para hacer modificaciones al articulado propuesto, vemos que hoy han estado desechando todo lo que se propone.

Sin embargo, la parte que nos toca a nosotros, creo que es de gran constancia de que cuando menos existe el ánimo de que esta ley pueda tener el alcance que se pretende y que no quede solamente en demagogia y en planteamientos que no están abonando en la ruta que nos propusieron.

Por eso es lastimoso ver la forma en cómo este debate pues se han propuesto desechar lo que tiene posibilidades de aceptarse, y que cuando menos se abran a discusión las cosas. Esa es una de las cosas que nos preocupan, que no abramos a discusión.

Aquí por el número de reservas que se han establecido, pues se estaba dejando claro que había posibilidades de encontrar un mecanismo de discusión, no lo hemos encontrado, y lamento profundamente que hoy esté perdiendo la democracia y vaya ganando terreno la impunidad, la opacidad, y que no podamos darle a los ciudadanos, de verdad, herramientas para la credibilidad en sus representantes populares.

Aquí se dijo que hemos tenido un voto de confianza de los ciudadanos para poderlos representar en sus anhelos y en sus aspiraciones, y si algo hoy, está reclamando la sociedad, es precisamente poner un alto a la corrupción en este país, ponerle un alto a la corrupción, tener los instrumentos y los mecanismos que nos regresen la credibilidad, y eso, creo que está peleado esta tarde con ustedes, porque no hay manera de que pueda entrarse a una discusión en ese sentido.

Por eso la propuesta que yo he hecho al 109, insisto en que se abra a discusión y que podamos ver ahí, cómo en la fracción II, el añadido que estamos proponiendo ahí es que la Comisión de Delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran en hechos de corrupción, incluyendo el conflicto de interés, el desvío de poder y el tráfico de influencias, cualquiera que sea el beneficio que se genere, será sancionado en los términos de la legislación penal aplicable.

Y aquí estamos poniendo algo que inesperadamente se les olvidó pedir en esta propuesta que me mandan de Diputados, y creo que estas tres partes son medulares que estén recogidas en esta iniciativa y que entonces no estemos haciendo, como le han hecho en las propuestas que hemos conocido de ustedes, que así como dicen una cosa, dicen otra y en la práctica pretenden negar el avance que esta ley pueda dar.

Y en la fracción III, en lo que tiene que ver, cuando se habla que deberán sancionarse con la inhabilitación, las sanciones económicas, y deberán establecerse, de acuerdo con los beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, porque luego a veces en el tráfico de influencias, no solamente es un beneficio económico, también hay beneficios de carácter político, y hay otro tipo de beneficios que están ahí implícitos en las acciones de corrupción y complicidad que se dan de los servidores públicos hacia ciudadanos.

De tal suerte que, en este caso se incluya esta parte "o de cualquier otra naturaleza", para dejarlo especificado.

Y que se haya obtenido, que haya obtenido el responsable para sí o para otra persona, porque acuérdense ahora que también los prestanombres están muy de moda, y que en este sentido, estamos procurando no dejar lagunas en la sanción que pretendemos que se aplique a ese tipo de conductas.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones que han sido presentadas por el Senador Isidro Pedraza y por el Senador Zoé Robledo Aburto, en relación al artículo 109 constitucional del dictamen.

Insisto, son adiciones, no son modificaciones al contenido del artículo 109. Haga esa consulta, Senadora Secretaria.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, hago la consulta, en votación económica al Pleno, si se admiten a discusión las adiciones al artículo 109 del Senador Isidro Pedraza y del Senador Zoé Robledo. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Después de un voto, porque votó con dos manos alzadas el Senador Patricio Martínez.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para dar aviso de la votación. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recibir la votación sobre el artículo 109, tal y como viene en el dictamen.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron un total de 92 votos: 83 votos a favor, 9 votos en contra y cero abstenciones.

Aprobado.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Aprobado el artículo 109, en los términos del proyecto.

Vamos a iniciar la discusión del artículo 113.

El Senador Benjamín Robles no se encuentra en el recinto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, tiene la misma naturaleza de la anterior discusión, se trata de una adición o adiciones que los Senadores presentarán.

El Senador Ríos Piter, que está muy entretenido, tiene el uso de la palabra.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

En la intención de sugerirle a los Senadores y a las Senadoras una reserva, un cambio en el texto que estamos discutiendo, una visión. En efecto, estamos presentando adiciones a la fracción I, del artículo 113 del proyecto que estamos discutiendo, la intención de involucrar, dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y quisiera explicar el porqué del planteamiento. En el artículo 113, como he comentado, vienen todas las distintas instituciones que formarán parte del sistema:

Estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo que estamos planteando es que también forme parte de este sistema el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Por qué razón nos parece fundamental que participe esta parte del Poder Ejecutivo? Porque, a través del Sistema de Administración Tributaria, o a través de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, pues es posible saber cómo funcionan los ingresos y los egresos de cualquier persona, de una persona física o de una persona moral, y me quiero explicar para dejarlo con el mayor de los detalles.

Cuando hay corrupción, podremos tener un policía, o un director general, o un Senador, o un Diputado Federal, la figura que les guste. Y si en su sueldo nominal gana 10 pesos, pero de pronto su nivel de vida está gastando 100 ó 1000, pues entonces no hay congruencia entre lo que gana y lo que gasta.

Dicen: "Que de las cosas difíciles de ocultar, es el dinero", pues, obviamente la Secretaría de Hacienda a través de estos dos instrumentos, repito, el Sistema de Administración Tributaria, que tiene muy clara la forma en la que una empresa, una persona moral o una persona física se desenvuelve frente al Estado mexicano, pues el sistema tiene información muy clara y muy puntual de esas anomalías que puedan estar llevándose a la práctica.

Entonces, el sistema, insistimos, es un sistema positivo en cuanto a la búsqueda de coordinación, pero tiene esas limitaciones. Así como planteamos que está limitado en términos de participación ciudadana, sin duda alguna, está limitado al no tener en su corazón, en el centro del comité la capacidad de generar información que diferencie, que analice y que permita ver ahí donde hay discrepancias entre los ingresos y los egresos. Esto es parte fundamental si lo que se quiere en el Sistema Nacional Anticorrupción es tener esa inteligencia del sistema, es inteligencia que genera la Auditoría Superior; es inteligencia que genera la Secretaría de la Función Pública, pero es inteligencia que hoy ya está generando también el Servicio de Administración Tributaria, y la Unidad de Análisis Financiero e Inteligencia de la misma.

Entonces, compañeros y compañeras, lo que estamos planteando aquí es algo que mejora la minuta que estamos discutiendo.

Han subido Senadores y Senadoras. Yo en lo personal he planteado que este sistema tiene avances, pero hagámoslo completo; démosle la capacidad, la contundencia, las herramientas suficientes a un sistema, que si bien busca combatir la corrupción, al no tener involucrada a la Secretaría de Hacienda, pues pueda pecar de miopía, o peor aún, que sería lo más preocupante, que pueda estar pecando de omisiones y de negligencia en el combate de la corrupción que queremos que este sistema combata.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

En uso de la tribuna el Senador Javier Corral.

No se encuentra en su lugar, y también como proponente la presentará el Senador Ernesto Ruffo Appel.

Adelante, Ernesto.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Estimadas compañeras y compañeros.

Se trata de una reserva a la fracción II, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en el proyecto de dictamen, esto tiene que ver, las consideraciones alrededor del tema son: la reforma que se plantea a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la que se pretende instituir el Sistema Nacional de Anticorrupción, supone repensar el modelo actualmente imperante desde todas sus perspectivas.

En este sentido, no puede negarse que la concepción misma de esta reforma y del sistema que le subyace encuentra su fundamento de inmediato en la necesidad que la ciudadanía ha manifestado en forma reiterada de perfeccionar los mecanismos existentes de combate a la corrupción y la desconfianza, que por otra, ha expresado en cuanto a la eficacia y validez de éstos.

De esta suerte, es posible afirmar que la reforma planteada parte de una premisa equivocada, la de suponer que sólo la parte institucional debe participar.

El combate a la corrupción debe de ser tarea de todos y para todos, y debe ser afrontada desde luego con la mirada de la ciudadanía que reclama estos cambios.

La corrupción debiera ser la batalla central de la oposición: Los colegios, las asociaciones, los medios, la iglesia, la escuela y las universidades.

Vendrá de la ciudadanía, que organizada en torno a este problema, acredite el esfuerzo de especializarse en esta causa.

De ahí, que resulta de vital importancia involucrar, en toda la extensión de la palabra, a la ciudadanía, la que formalmente reunida pueda hacer uso de facultades de control sobre sus autoridades, más allá de su poder decisorio por medio del voto.

Por ello, parece una burla de tratamiento dado al Comité de Participación Ciudadana, no sólo al no establecerse en la adición propuesta a la fracción II, del artículo 113 constitucional. ¿Cuál es la razón de ser de éste, o al menos cuál será su función principal?

Sino también al pretender conformarlo por tan sólo cinco miembros, integración notoriamente exigua, si se toma como referencia la proporción de quince ciudadanos contemplados para el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Igualmente, al no considerarse el marco mínimo de su ámbito de acción, se está menospreciando y desconfiando del rol de coadyuvante de los órganos responsables de control y sanciones de los actores de corrupción que está llamado a desarrollar.