Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 27 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Julio de 2014

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ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y siete minutos del jueves tres de julio de dos mil catorce, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veinticinco de junio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de los avances en la creación de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa del cabal cumplimiento a lo encomendado por el titular del Ejecutivo Federal referente a la formación de la División de la Gendarmería Nacional.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Educación Pública, con el Informe relativo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Semestral de Actividades 2014 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se remitieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de:

1) Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia y el sector coordinado,

2) Los Diagnósticos 2014 de los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia y el sector coordinado y

3) La Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa de Fomento a la Economía Social 2013.

Se remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de los programas operados y coordinados por esa dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Reforma Agraria, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas presupuestarios "S", "U" y "e".- Se remitió a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Agricultura y Sistema de Riego, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, oficios con los que remite:

1) Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de 35 programas del sector educativo y

2) La Información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Se remitieron a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

1) La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2014; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2014 y

2) El Avance del Programa Anual de Financiamiento.

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

1) Estructura Programática a emplear para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015,

2) Avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, con datos correspondientes al período enero-mayo y

3) Avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el período enero-mayo.

Se remitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Diagnóstico y Fichas de Monitoreo y Evaluación de programas a cargo de esa dependencia.-

Se remitió a las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 y la posición institucional de programas presupuestarios a su cargo.- Se remitió a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Poder Judicial de la Federación, oficio suscrito por el Ministro Presidente, con el que remite las tres ternas de candidatos que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la designación de magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, oficios con los que remite:

1) El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2013-2014 y

2) El Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2014.

Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su Informe Financiero y Actuarial 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del congreso del estado de Querétaro, proyecto de decreto que reforma el artículo 243, numeral 4, inciso B) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Delegación de Senadores que asistió a las actividades en conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz, realizado en Madrid, España, del 26 al 28 de Mayo de 2014, el Informe Ejecutivo correspondiente.- Quedó de enterado. Se ordenó su publicación en el portal electrónico del Senado.

 

Se recibió de la Diputada Leonor Romero Sevilla, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por un periodo de 47 días naturales, a partir del 26 de junio de 2014.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio de 2014.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mely Romero Celis y Mario Delgado Carrillo, el Informe de actividades durante el Foro de la Juventud del G20, realizado en Baviera, Alemania, del 7 al 11 de mayo de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Informe relativo a su participación en la 2ª. Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE, celebrada del 6 al 8 de junio de 2014, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el Informe de su participación en el 31° Periodo de Sesiones del Comité de Pesca, órgano auxiliar del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevada a cabo en Roma, Italia, del 9 al 13 de junio de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2014.- Se sometió a consideración de la Asamblea, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de mayo de 2014.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

PRESIDE DEL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de la Diputada Dulce María Muñiz Martínez y Roberto López Rosado, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al congreso del estado de Nayarit un informe de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas, en el periodo 2008-2011.- Intervino el Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD.

2) Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán investiguen los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso sobre la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad, que para su consumación derivaron en hechos violentos y la presunta comisión de otros ilícitos penales, ocurridos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el Estado de Yucatán, relacionados con la captura ilegal del pepino de mar.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil 2013 realizado por la Organización para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y se le solicita la publicación en su página web y el acceso amable para los ciudadanos, del Atlas Nacional de Riesgos actualizado.- Intervino el Diputado Guillermo Sánchez Torres del PRD.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informar las metas fijadas, el avance general y el porcentaje de cumplimiento del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional.

5) Por el que se solicita información a las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre los presuntos actos violatorios de derechos humanos que habrían ocurrido en la Delegación en Puebla de ese organismo.

6) Por el que la Comisión Permanente lamenta el asesinato del dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban Cruz, ocurrido el 4 de junio de 2014, en Cuetzalan, Puebla y solicita al gobierno del estado realizar las acciones procedentes para esclarecer el homicidio y ejercitar las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente.- Intervino el Dip. Ricardo Monreal Ávila de MC.

7) Por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas que dispongan la revisión de sus códigos penales para proceder a su armonización con los preceptos constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el objeto de erradicar las disposiciones que atenten contra los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer.

8) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al congreso del estado de Jalisco a que valorara sancionar como no graves, las conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con motivo de la aplicación del alcoholímetro.

9) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informar sobre el impacto del Programa “Ciudad Segura”.

10) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a solicitar las investigaciones pertinentes por el posible tráfico de influencias para beneficiar con recursos públicos a familiares que son afines al partido que gobierna la entidad.

11) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal a implementar estrategias de prevención del delito en asistencia de los trabajadores del medio periodístico.

13) Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitir una postura en favor del principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conlleva la aprobación final de las iniciativas en materia energética.

14) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a asignar los recursos etiquetados para los Institutos Tecnológicos del Distrito Federal.

15) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar el respeto a los derechos humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión y las películas cinematográficas.

16) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de las niñas y los niños fallecidos en la guardería ABC del estado de Sonora.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinticuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que la Comisión Permanente condena el secuestro de tres estudiantes israelíes llevado a cabo el 12 de junio de 2014 en Cisjordania y lamenta que hayan sido encontrados sin vida el lunes pasado y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover la vigilancia del respeto a los derechos humanos en la zona.

2) Por el que se solicita a las autoridades federales, estatales y municipales competentes a realizar las acciones necesarias a fin de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia escolar.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a las instancias correspondientes de las entidades federativas a realizar una evaluación en torno a la situación que prevalece en el sector salud.

4) Por el que se solicitan diversas acciones en materia de alimentos para consumo de personas que padecen la enfermedad celiaca.

5) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar campañas de información que permitan el diagnóstico temprano de la fibrosis quística.

6) Por el que se solicita a las Secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social fortalecer las políticas públicas destinadas a proporcionar apoyos y protección integral a las niñas, niños y adolescentes con atraso escolar y extra edad grave.

7) Por el que se solicita al congreso del estado de Sonora instruir al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado a efecto de iniciar una investigación sobre la situación financiera y la aplicación, destino y eficiencia de los recursos públicos del ISSSTESON.

8) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que pida a la autoridad competente instrumentar las medidas necesarias para investigar y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas para evitar el cobro de cuotas obligatorias en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Felipe Carrillo Puerto, en quintana Roo e informar sobre las acciones emprendidas para garantizar que el acceso a la educación no se condicione al pago de contraprestación alguna en todo el territorio nacional.

9) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Quintana Roo fortalecer las medidas para garantizar el abasto de medicamentos para los usuarios del Seguro Popular en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Zona Maya.

10) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal evaluar la conformación de un grupo de trabajo profesional y plural que realice un estudio sobre el sistema de ahorro para el retiro.

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe promover las acciones diplomáticas que pudieran permitir valorar las inquietudes existentes en torno a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

12) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores continuar instrumentando acciones para fortalecer el trabajo de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior, a efecto de seguir brindando el estándar más alto en materia de trato eficiente, digno y respetuoso de derechos humanos a nuestros connacionales.

13) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social promover las acciones y estrategias encaminadas a apoyar a la población afectada por la reciente contingencia climatológica en Coahuila de Zaragoza.

14) Por el que se solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero a considerar promover las medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento y cubrir los adeudos salariales del personal docente y administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Guerrero, extensiones Praderas de Costa Azul, La Concepción, San Agustín, Zumpango y Arcelia.

15) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades correspondientes en las entidades federativas impulsar las medidas necesarias para evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria en las escuelas públicas o privadas, impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al pago de dicha contribución y garantizar que no se publiquen listas con los nombres de alumnos que no realicen dichas aportaciones.

16) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal evaluar la utilización de tiempos oficiales para promover una campaña informativa acerca de los servicios, programas y políticas públicas instrumentadas por el gobierno en beneficio de la juventud de nuestro país.

17) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del estado de Sonora impulsar las medidas pertinentes para garantizar que el proyecto de restauración del palacio de gobierno de ese estado cumpla con los lineamientos en materia de conservación y mantenimiento a fin de evitar que se dañen los murales que forman parte del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos.

18) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo enviar al Senado de la República el Convenio sobre Trabajo Marítimo, para su aprobación y se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre las medidas y acciones para apoyar y fortalecer a la marina mercante de nuestro país.

19) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la auditoría de desempeño 12-0-05100-07-0203, realizada en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012.

20) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a sus homólogas en las entidades federativas y a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país promuevan la elaboración y aplicación de protocolos y procedimientos de atención a mujeres víctimas de violencia y garantizar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005.

21) Por el que se solicita a los congresos locales realizar las modificaciones pertinentes para armonizar su legislación y cumplir con el mandado previsto en el texto constitucional y las leyes en la materia educativa.

22) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud intensifique las acciones e impulse una política integral en materia de cuidados paliativos.

23) Por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y su más amplio reconocimiento al Doctor Sanjaya Rajaram por la obtención del Premio Mundial de Alimentación 2014.

24) Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas continuar con los esfuerzos y fortalecer las mesas de diálogo destinadas a conciliar y a coadyuvar en la resolución del conflicto, así como garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades del pueblo Mixe del municipio de San Juan Cotzocón.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecinueve dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informe sobre los recursos transferidos al gobierno del estado de Veracruz para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

2) Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre el estado que guarda la penetración de la televisión digital terrestre en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como los avances sobre la transición a la televisión digital terrestre en el país.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado que guarda el proceso del juicio contencioso administrativo referido a la concesión a Servicios Náuticos Marina-Ixtapa, S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la marina denominada “Marina Ixtapa”, en Zihuatanejo, Guerrero.

4) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar y actualizar permanentemente en la página de internet correspondiente, el Registro Nacional de Emisiones e inventario.

5) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa, promueva las acciones necesarias para que la reparación y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con celeridad y en óptimas condiciones para su uso.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

6) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar el estado actual de la situación jurídica y laboral de los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación.

7) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar el estado que guarda la situación jurídica de la Financiera “Hagamos Más” y “Crecicuentas” creadas bajo la razón social “Esperanza Equitativa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.”

8) Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo informar el estado que guardan las líneas de acción relativas a la Estrategia 2.5. Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes, contemplada en el Programa sectorial de turismo 2013-2018.

9) Por el que se solicita a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático analizar y evaluar los efectos derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño en la República Mexicana.

10) Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la temperatura real que existe en diversos municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la zona de tierra caliente en el estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que pueda considerarse la reclasificación de la tarifa 1C que actualmente se aplica.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

11) Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre las acciones emprendidas respecto a la observancia ambiental en correspondencia al desarrollo sustentable y al cumplimiento las leyes en materia ambiental y se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la viabilidad técnica y jurídica para que puedan ser incluidos un legislador de cada Cámara del Congreso en el Consejo Asesor de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

12) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar mayor difusión al Programa de Playas Limpias, para conocimiento de la opinión pública previamente a cada periodo vacacional.

13) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas en la República Mexicana y solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos agrícolas del país.

14) Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y determinar la factibilidad financiera para incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 una partida presupuestal para la modernización y expansión de la infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

15) Que exhorta a las instancias correspondientes del gobierno del estado de Quintana Roo a intensificar las acciones para garantizar el abastecimiento y acceso de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a los habitantes en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y exhorta a las dependencias, entidades y organismos encargados de coordinar las acciones enmarcadas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos.

16) Que exhorta a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instruir a la administración de dicho órgano desconcentrado el diseño e implementación de un esquema de descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los créditos con garantía hipotecaria otorgados por el FOVISSSTE.

17) Que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a aumentar la capacitación y actualización del personal de verificación de riesgos en establecimientos y productos veterinarios en los centros de manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución de alimento procesado para animales de compañía.

18) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar el contenido de su página electrónica y, en su caso, actualizar la base de datos denominada “Quién es quién en las gasolineras”, a fin de informar al público la ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; y exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las gasolineras a las que se les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos en el periodo comprendido 2010 a 2014.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

19) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Auditoria Superior de la Federación a poner especial atención al desarrollo y ejecución de obras públicas y programas sociales en Nuevo León en la revisión de la Cuenta Pública del año 2014.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

PRESIDE DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.- La Asamblea autorizó su incorporación en el orden del día de la sesión. Se consideró de urgente resolución el proyecto de decreto, fue puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, quien presentó propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión; y Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD. Se aprobó el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso, a partir del 4 de julio del presente año. Se comunicó a la Cámara de Senadores y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

(Proposiciones)

Los Grupos Parlamentarios, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el se crea un grupo plural de legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América.- Considerado de urgente resolución. intervinieron los legisladores: Senadora Ana Gabriela Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien propuesta de modificación; Diputada María de las Nieves García Fernández del PRI; Senador Armando Ríos Piter del PRD; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD. La propuesta de la Senadora Gómez se aceptó. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

El grupo plural quedó integrado por los siguientes legisladores:

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:

Diputada María de las Nieves García Fernández

Diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo
Senadora Verónica Martínez Espinoza

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL:

Diputado Juan Pablo Adame Alemán
Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA:

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora Angélica de la Peña Gómez

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO:

Diputado Ricardo Astudillo Suárez

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO:

Diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO:

Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza

GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA:

Diputada Lucila Garfías Gutiérrez

 

La Mesa Directiva emitió un pronunciamiento sobre las posiciones del Congresista John Boehner y el Presidente Barack Obama sobre la reforma migratoria, en el marco del 238 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Dip. Sergio Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.- Turno a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.- Turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil.- Turno a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención de adicciones en niñas, niños y adolescentes.- Turno a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Dip. Sergio Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales.- Turno a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

De la Dip. Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 168 bis y 368 Sexies al Código Penal Federal.- Turno a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Turno a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.- Turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Dip. Sergio Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y XXX y se adiciona la fracción XVI BIS del artículo 3o de la Ley de Aguas Nacionales.- Turno a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

Del Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el premio nacional de cultura contributiva.- Turno a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Dip. Sergio Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales.- Turno a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Enrique Alejandro Flores Flores y Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Turno a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las razones técnicas para endurecer el programa “Hoy no circula”.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir las modificaciones hechas al Programa Hoy No Circula y a generar alternativas a favor de los capitalinos.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Fernando Zárate Salgado y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente el reconocimiento a la labor desempeñada por el grupo de trabajo que se encuentra dándole seguimiento a las elecciones de Nayarit.- Turno a la Primera Comisión.

De la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a cumplir con todas y cada una de las medidas previstas en el Programa PROAIRE 2011-2020.- Turno a la Tercera Comisión.

De los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer diversas acciones relacionadas al programa para la transición de la televisión digital terrestre.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías técnicas del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Estatal de Protección Civil de Zacatecas a elaborar un plan estratégico emergente para atender a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el estado de Zacatecas durante estos últimos días.- Turno a la Primera Comisión.

De las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas a hacer públicos los mecanismos de transparencia, a través de los cuales se puede verificar la información correspondiente a su nómina.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al pleno de la Comisión Permanente a aprobar la integración de una comisión plural de observación electoral del estado de Coahuila ante el número de presuntas acciones del gobierno estatal que podrían considerarse delitos electorales que alteran la equidad en la contienda electoral.- Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a rendir un informe respecto al fallecimiento del menor Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez.- Turno a la Segunda Comisión.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados de Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Chihuahua a limitar la difusión y propaganda de la técnica de fractura hidráulica, hasta en tanto no sea aprobada por el Congreso de la Unión.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Contraloría Interna del Senado de la República a atender en forma objetiva, legal e imparcial la denuncia presentada en contra de varios Senadores, por su presunta responsabilidad administrativa por no excusarse en intervenir en asuntos que derivan en conflicto de intereses en materia de telecomunicaciones.- Turno a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

De las Diputadas María del Rocío García Olmedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Martha Lucía Mícher Camarena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones públicas del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de Jalisco a emitir disculpa pública, por los hechos discriminatorios y sexistas en contra de las mujeres en el evento Movistar Campus Party México.- Turno a la Primera Comisión.

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas, de los municipios y del Distrito Federal a prohibir a los directivos y docentes, colocar en cualquier área de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel básico, superior y medio superior, documentos o listados que contengan los nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las cuotas voluntarias o “cuotas de recuperación”.- Turno a la Segunda Comisión.

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Carlos Mendoza Davis, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, a efecto de que informe sobre las acciones en torno a los hechos relacionados con la pesca furtiva del pepino de mar y de violencia en los municipios de Río Lagartos y San Felipe, en el estado de Yucatán.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a concluir el proceso de dictaminación y aprobación de las iniciativas en materia de la reforma política del Distrito Federal.- Turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California a esclarecer el asesinato del empresario Jaime René García Arteaga.- Turno a la Primera Comisión.

De las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el proceso de programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2015, se realicen las asignaciones necesarias para atender los compromisos asumidos en el marco de la aprobación de las reformas estructurales y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que se atiendan los compromisos que se derivan de la implementación de las reformas en marcha.- Turno a la Tercera Comisión.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar la creación de una dirección general normativa de los nuevos lineamientos de cuidados paliativos en los tres órdenes de gobierno, en las políticas del sistema nacional de salud.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al Secretario de Gobernación con el objeto de explicar la situación de la política de seguridad pública en Michoacán en relación a las denominadas autodefensas.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Angélica de la Peña Gómez, Fidel Demédicis Hidalgo, Adolfo Romero Lainas, Adán Augusto López Hernández y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a convocar a una reunión extraordinaria a los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe, los Estados Unidos y Canadá para la celebración de una reunión regional sobre la crisis migratoria infantil.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la protección de los derechos humanos de niños migrantes en Estados Unidos.- Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo a dar cumplimiento al resolutivo del Juicio de Amparo Indirecto 72/2013-1 del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las investigaciones pertinentes y emitir las recomendaciones sobre medio ambiente e impacto ecológico de la mega construcción denominada "Dragón Mart".- Turno a la Tercera Comisión.

De la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y al órgano administrativo desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social a incrementar de manera significativa convenios con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con entidades gubernamentales, que estén dispuestos a participar en la instrumentación de actividades laborales para las o los internos dentro de los establecimientos carcelarios, a fin de impulsar y promover el trabajo para los convictos.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo el retiro de propaganda que haga alusión a la promoción de servidores públicos de la Ciudad de México que al margen de la ley llevan a cabo una permanente campaña de proselitismo dentro y fuera de sus jurisdicciones; asimismo, en su caso, se impongan las medidas y penas que conforme a derecho procedan.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis LavaIle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones que permitan garantizar el interés superior de la niñez y los derechos de los menores migrantes no acompañados.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Verónica Juárez Piña y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados independientemente de su nacionalidad o situación legal.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a ser partícipe en la definición e instrumentación de los programas y acciones que el gobierno mexicano emprenda en materia de migración en el caso de las personas jóvenes.- Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Campeche, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer acciones que protejan y fomenten el turismo en la zona arqueológica de Calakmul.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática referente a la migración de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos.- Turno a la Primera Comisión.

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como a instancias nacionales a garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio norteamericano no acompañados.- Turno a la Primera Comisión.

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México a informar las medidas que se están tomando en relación a los grupos armados denominados "autodefensas" en el municipio de Tlalnepantla y en otros municipios de la entidad.- Turno a la Primera Comisión.

De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir su opinión en torno a la creación de la Comisión para la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República y su apego al marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos humanos.- Turno a la Primera Comisión.

De la Dip. Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de la Coordinación Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a incorporar el municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, en la zona metropolitana de la región centro de la entidad, correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños y que se efectúen los estudios técnicos.- Turno a la Tercera Comisión.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo, Dolores Padierna Luna y David Monreal Ávila, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula del 125 aniversario de la Unión Interparlamentaria.- Turno a la Segunda Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías del Medio Ambiente, de Transporte y Vialidad y de Finanzas del Distrito Federal una reunión de trabajo a fin de que expliquen las medidas que se prevé aplicar para solucionar la severa crisis de movilidad urbana en la Ciudad de México.- Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso llamado al gobierno de la República de Guatemala, a efecto de que sean salvaguardadas las garantías de seguridad de los periodistas mexicanos en su territorio.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud para que exponga en detalle y responda las dudas sobre la denominada "Universalización de los Servicios de Salud", el paquete de reformas que implicaría y sus impactos en las instituciones de seguridad social.- Turno a la Segunda Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a replantear la política hidráulica en el Distrito Federal, a fin de que los capitalinos no se vean afectados por las inundaciones y encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la ciudad.- Turno a la Primera Comisión.

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la lista que comprende la Cruzada Nacional contra el Hambre, a los municipios de Tenancingo, la Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohténcatl, Mazatecochco de José María Morelos y Zacatelco, con el objeto de erradicar factores de riesgo para las zonas vulnerables a la trata de personas en el estado de Tlaxcala.- Turno a la Primera Comisión.

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la empresa minera Grupo México y el gobernador del estado de Guerrero, con el objeto de dar atención a las demandas de la huelga de la Sección XVII de los mineros de Taxco.- Turno a la Tercera Comisión.

De la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el uso de los recursos y gasto público, así como del impacto social que se ha obtenido, derivado de la implementación de actividades culturales utilizadas para publicitar la Cruzada Nacional Contra el Hambre.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar atención inmediata a las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación contenidas en su informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir al Comité Técnico del FONADIN en relación a la "Delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables".- Turno a la Tercera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a intensificar su coordinación y esfuerzos para asegurar que los procesos de repatriación, deportación, asistencia social y reinserción familiar y comunitaria de las niñas y niños migrantes, se realicen de manera ordenada, con respeto pleno a sus derechos humanos y en total apego al estado de derecho.- Turno a la Primera Comisión.

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la modificación del Decreto que contiene la declaratoria del área natural protegida, Parque Nacional "Cañón del Sumidero" en el estado de Chiapas, publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa de trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la reubicación de 121 damnificados.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, dejar insubsistentes las reformas al programa “Hoy no circula” y se tomen medidas adicionales para resolver los problemas de tránsito vehicular y contaminación que afectan a esa entidad federativa.- Trámite propuesto: Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca a revisar y actualizar la normatividad en materia de pesca de sardina e implementar medidas de preservación de las bahías y complejos lagunares en Baja California Sur.- Turno a la Tercera Comisión.

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Manríquez González, Alliet Bautista Bravo y Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar a la brevedad sobre las acciones, medidas cautelares y el estado que guardan las quejas presentadas ante dicho organismo derivadas del conflicto social denunciado en el estado de Puebla.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis LavaIle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, así como a distintas dependencias del Distrito Federal, a respetar los derechos humanos y el debido proceso en la detención y presentación de personas por infracciones cometidas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Turno a la Primera Comisión.

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común y sobre el proceso de construcción de ocho penales federales.- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar si los oficios expedidos por legisladores o funcionarios públicos que solicitan la exención del programa Hoy no circula, permiten la circulación diaria de vehículos particulares.- Turno a la Primera Comisión.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a instruir a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se abstengan de solicitar información a los trabajadores sobre militancia partidista, a efecto de respetar los principios normativos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en materia electoral.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que en el "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente alimentario, establezca los indicadores y las metas que permitan evaluar su contribución en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarías.- Turno a la Primera Comisión.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales y municipales a realizar y actualizar los atlas de riesgo municipales, se optimice el sistema R-FONDEN y se explique el costo en las finanzas públicas del bono de catástrofes.- Turno a la Primera Comisión.

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente emita un reconocimiento a la selección mexicana de fútbol y a su cuerpo técnico por su destacada participación en el mundial de fútbol de Brasil 2014, con la finalidad de fomentar el deporte en nuestro país.- Turno a la Segunda Comisión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Benito Juárez a separar de sus cargos a los funcionarios Sergio Israel Eguren Cornejo y Rafael Miguel Medina Pederzini, acusados de abuso sexual y lesiones corporales graves, en la ciudad de Fortaleza, Brasil; hasta en tanto se compruebe su inocencia o culpabilidad en los delitos que se les imputan.- Turno a la Primera Comisión.

De la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a informar los avances y acciones sobre los casos de abuso y violaciones sexuales contra menores de edad en escuelas de educación básica y superior del estado.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Manriquez González, Alliet Bautista Bravo y Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a diversas autoridades de Puebla a informar a la brevedad sobre los lineamientos normativos, procedimientos, criterios y alcances de los protocolos de actuación que las policías estatales y municipales han implementado en los operativos a su cargo.- Turno a la Primera Comisión.

Del Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar e implementar un programa hídrico integral para la Cuenca del Río Laja.- Turno a la Tercera Comisión.

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Lotería Nacional a hacer del conocimiento público el monto total, origen, destino y ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, así como de los recursos enterados a la Tesorería de la Federación.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público y de Economía a agilizar el pago del "Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013", además de promover acciones para la estabilización de precios del azúcar en el mercado nacional.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Dip. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al conflicto que se vive entre la República Popular China y la República Socialista de Vietnam.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento al procedimiento de responsabilidades en contra del extesorero municipal de Monclova, Coahuila.- Turno a la Primera Comisión.

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al Programa "Comedores Comunitarios".- Turno a la Primera Comisión.

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández y de los Diputados Luis Alberto Villareal García, José Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Alberto Dávila Delgado y Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Coahuila, agilicen la implementación de medidas necesarias para atender la situación de emergencia decretada en los municipios del estado.- Turno a la Primera Comisión.

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar “clínicas de detección oportuna del cáncer” en todas sus modalidades en los hospitales de primer nivel.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 se contemplen los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2 en el sector energético.- Turno a la Tercera Comisión.

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a establecer políticas públicas y programas eficientes, encaminados a disminuir el alto flujo de emigrantes del estado.- Turno a la Tercera Comisión.

De los Senadores José María Martínez Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe detallado sobre las razones que ponderaron la decisión de abstenerse de la discusión y votación respecto a la resolución relativa a la protección de la familia en el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.- Turno a la Segunda Comisión.

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salubridad en los tres niveles de gobierno a implementar las medidas necesarias, así como programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor”.- Turno a la Segunda Comisión.

(Excitativa)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones para proteger a la Cactácea Aztekium Valdezii.- Se remitirá a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del cincuenta y nueve aniversario del voto de la mujer en elecciones de diputados federales, ocurrido el 3 de julio de 1955.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en relación al Día Internacional de las Cooperativas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al 3 de julio de 1955, Sufragio femenino en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al 2 de julio, aniversario luctuoso del General Porfirio Díaz Mori.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la problemática de los niños migrantes en Estados Unidos de América.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a la seguridad en Michoacán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al ambiente electoral que se vive en el estado de Nayarit.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, remitió intervención sobre las posiciones del congresista John Boehner y el Presidente Barack Obama sobre la reforma migratoria, en el marco del 238 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y citó para la siguiente sesión el día lunes siete de julio, a las doce horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas Presupuestarios del sector laboral.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió un oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 25 programas del sector ambiental.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

El Secretario Diputado Sánchez Torres: También de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se recibió oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase la documentación a las Comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario Diputado Sánchez Torres: De la misma manera, el Instituto Nacional de las Mujeres, remitió oficio con las Fichas de Monitoreo y Evaluación y la Opinión de la dependencia del Programa SO10 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Igualmente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se recibió oficio con las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, una invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 91 aniversario luctuoso del General Francisco Villa, (Doroteo Arango), a realizarse el domingo 20 de julio del año en curso, en esta ciudad.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Para asistir a esta ceremonia en representación de la Comisión Permanente, se designa en comisión a la Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió una comunicación del Senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el informe de su asistencia al Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizado los días 5 y 6 de mayo del año en curso, en París, Francia.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En otro apartado del Orden del Día, daremos turno directo a las iniciativas inscritas en nuestra agenda del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de todas ellas.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura a las iniciativas:

Del Diputado José Everardo Nava Gómez, del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5, 22, 22 BIS, 23, 174, 175 BIS, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL ARTICULO 35 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Diputado José Everardo Nava Gómez, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Diputado JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5, 22, 22 BIS Y 23, 174, 175 BIS, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL ARTICULO 35 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El trabajo infantil es hoy en día un fenómeno trasnacional al que ningún país queda exento, si bien es cierto que el trabajo infantil está rigurosamente prohibido por todas las legislaciones internacionales y nacionales, la dramática realidad y las estadísticas confirman a millones de niñas, niños y adolescentes siendo objeto de explotación laboral en todos partes del mundo.

México no es la excepción, a pesar de los avances legislativos logrados en la materia, y de haber ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tienen el objetivo de regular el trabajo infantil  como el Convenio 58 que establece la edad mínima en el trabajo marítimo (1936) ratificado en 1952, el Convenio 90 sobre trabajo nocturno de menores en la industria (1948) ratificado en 1956,así como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, y el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil en el 2000 , la situación que enfrenta la niñez mexicana sigue representando una gran preocupación para el Estado Mexicano.

En este tenor los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI del 2011, estiman que en el país 3 millones de niños y niñas se encuentran trabajando en los diferentes sectores agropecuario, industrial, de la construcción, servicios, servicios, comercio y trabajos domésticos, de los que un 39.1% no asisten a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niños y niñas; de los cuales, 72.3% son niños y 27.7% niñas, estableciendo como causa principal de la ocupación infantil las necesidades del hogar, para satisfacer gastos escolares y así como gastos personales principalmente donde pese a los salarios muy bajos se encuentran en riesgo permanente de sufrir accidentes y enfermedades que al respecto la encuesta establece del total de niños y niñas trabajando al 2011, el 28% se encontraron en riesgos de trabajo, el 4% sufrió alguna enfermedad o accidente que requirió atención médica y el 5.5 % de ellos laboraba en lugares no apropiados.

En el mismo sentido, el reporte sobre la discriminación en México, 2012, a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que un 10.7 por ciento de la población entre 5 y 17 años de edad se encuentran trabajando (Módulo de Trabajo Infantil de la enoe, 2009). Esto es poco más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que combinan sus actividades escolares con un trabajo o en la mayoría de los casos abandonan el estudio para emplearse, el mismo análisis refiere que el fenómeno de trabajo infantil afecta notablemente tanto a la niñez de las zonas urbanas como de las zonas rurales.

Datos aportados por integrantes del Centro de Análisis Multidiciplinario (CAM), de la Facultad del Economía de la UNAM, informaron que en los últimos 12 años, México registra un incremento del 12 por ciento de menores que trabajan para aportar al sustento familiar. En el primer trimestre del 2012, dos millones 125 mil 500 niños y un millón 144 mil 500 niñas de cinco a 12 años desempeñaron una actividad laboral, es decir, tres millones 270 mil, siendo la agricultura uno de los sectores con mayor aumento de menores que laboran en México, en el que se registra un aumento del 22 por ciento de los cuales un 42 por ciento de estos menores no estudian, el 38 por ciento sufre una situación inestable en la escuela, y 2 de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios, que en su mayoría llegan a el cuarto y sexto año del nivel básico.

Las coincidencias en estos y otros estudios han dejado de manifiesto que al encaminar a millones de niñas y niños mexicanos exclusivamente al trabajo, se  trasgreden sus derechos humanos constitucionales a la salud, al bienestar, sano desarrollo y la educación que le permita alcanzar una preparación para que en el futuro pueda tener aspiraciones a trabajos mejor remunerados, y por el contrario lo único que se está ocasionando es que los menores continúen con el mismo círculo familiar de carentes condiciones de vida y oportunidades para desarrollarse.

En este orden, a pesar de tener pendiente por nuestro país la ratificación el Convenio 138 de la OIT (1976) que establece que la edad mínima para trabajar de los menores no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años, hacen urgente la intervención del Estado Mexicano para considerar las disposiciones del citado convenio y llevarlas a nuestro sistema jurídico a fin de combatir este flagelo que lamentablemente ha lacerado el desarrollo integral de la niñez en los últimos años.

Es así que con fecha 12 de Junio de 2013, El Ejecutivo Federal presentó ante la Comisión Parmente  Iniciativa que reforma el artículo 123, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma fecha 12 de Junio de 2013, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del PRD presentaron Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ambas propuestas se encaminaron a lograr dicho fin “actualizar la edad mínima de admisión al trabajo de 14 para homologarlo a15 años conforme al convenio 138 de la OIT, y de esta manera garantizar la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en las aulas para elevar sus niveles de escolaridad, empleabilidad, perspectivas de desarrollo y sobre todo su competitividad.”

A demás de buscar “consolidar la tutela del desarrollo integral y armónico de la infancia en México, que además de hacer nuestra legislación acorde con los estándares internacionales en la materia, se contribuye a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su estrategia 4.3.2, relativa a la promoción del trabajo digno o decente, incluye como línea de acción la de: “Contribuir a la erradicación del trabajo infantil.”

Estas propuestas en momento fueron dictaminadas conjuntamente por la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil, que el 4 de marzo de 2014 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 427 votos en pro y 7 abstenciones. En el dictamen se establece textualmente lo siguiente.

“El presente dictamen tiene el propósito de salvaguardar los Derechos de los niños con relación al trabajo, teniendo presente que la explotación infantil es un grave problema social, que atañe a todos las naciones, en algunos casos es severo y con índole de esclavitud contemporánea.”

“El trabajo infantil, en su forma de explotación daña nocivamente a la sociedad y, en específico a la población infantil, si consideramos que la niñez es el futuro de cualquier país, el agredirlos con esta forma de esclavitud, es sin duda, desastroso para la sociedad en sí misma.”

“Estamos conscientes que el Estado Mexicano no ha ratificado el Convenio 138, pero no por ello somos ajenos a esta problemática, razón por la cual, expresamos la total viabilidad del proyecto, en virtud de que es nuestra obligación velar por nuestros niños y adolescentes para que vivan en un ambiente estable, que propicie su pleno desarrollo físico y mental, por el beneficio de nuestra sociedad y para el crecimiento de nuestra nación.”

Con fecha 21 de abril de 2014, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil, y remitió a los Congresos de los Estados para los efectos del artículo 135 Constitucional.

Al respecto el dictamen de la Minuta elaborada en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, Estudios Legislativos establece “Estas Comisiones unidas concordamos con el propósito de elevar la edad para trabajar de los menores a quince como lo plantean las iniciativas referidas y lo sustentó el dictamen del pleno elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno de esa Asamblea.”

“Con esta importante reforma constitucional que se propone a la consideración de la Asamblea, México da aún paso firme en el cumplimiento de compromisos internacionales para prevenir y erradicar el trabajo de las personas de menores de quince años de edad.”

“Estas Comisiones Unidas, desean dejar constancia que con la reforma planteada se busca consolidar una norma para el bienestar de la niñez mexicana, ya que con esta medida se estarán garantizando sus derechos humanos y se les brinda la oportunidad de culminar su educación básica, con lo que posteriormente estarán mayormente preparados para iniciar su vida laboral.”

Con fecha 4 de Junio del presente año y una vez obtenido el aval de 17 Congresos Locales, el Pleno de la Comisión Permanente declaró la validez Constitucional de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil, turnándose al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue realizada el pasado 17 de junio.

Luego entonces, el objetivo de la presente iniciativa que presenta ante la Comisión Permanente es armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el contenido de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014 a fin de elevar un año  la admisión al trabajo de los niños, niñas y adolescentes de 14 a 15 años de edad para hacer efectivo en nuestra legislación secundaria el mandato de nuestra ley fundamental y  tratados internacionales  en la materia para contribuir con esta lucha encaminada a la erradicación del trabajo infantil en la niñez mexicana y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 22, 22 Bis y 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de trabajo infantil, para quedar como sigue:

Primero: Se reforman los artículos 5, 22, 22 Bis y 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I.- Trabajos para niños menores de quince años;

II. a XIII. ..

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esa edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Artículo 174.- Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis.- Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a)., b)…

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

Artículo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 988.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 15 años bajo cualquier circunstancia.

TRANSITORIO

Unico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.

Dip. José Everardo Nava Gómez”.


http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/convenios.html

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/mti/default.aspx

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_370.html

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283





 

De la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que se turna a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

"La que suscribe, Dora Maria Guadalupe Talamante Lemas, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los últimos años, como sociedad hemos ido enfrentando transformaciones sociales y económicas derivadas de la incorporación de las mujeres al ámbito económico, tal es esta realidad que de los61.5 millones de mujeres que viven en nuestro país, el 42.2% de las que están en edad de trabajar, forman parte de la fuerza laboral1, y dos de cada 10 hogares está a cargo económicamente de una mujer2.

Las mujeres siguen enfrentando inequidad en el sector económico y este es uno de los principales retos que enfrentamos como país: garantizar el desarrollo integral de las y los mexicanos, mediante la reducción de las brechas sociales y económicas entre los géneros.

Durante los últimos 40 años, la participación económica de las mujeres en México ha aumentado de manera significativa. En 1970, la participación era del 17.6%, en 1995, fue de 36.8% y para el 2012, esta alcanzó 43.5% en 20123.

Según el documento "El efecto del poder económico de las mujeres en América Latina y el Caribe", a partir del año 2000, las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral a un ritmo del 15%; asimismo, han presentado una reducción del 30% en los índices de extrema pobreza.

A pesar del crecimiento de la participación de las mujeres en las actividades económicas, seguimos teniendo un modelo discriminatorio que conlleva situaciones de desigualdad; discriminación en la contratación, remuneración, movilidad, ascenso, falta de oportunidades de capacitación, falta de acceso al crédito, a programas de liderazgo, a la tecnología, entre otras, a lo que debemos de sumar el enfrentamiento contra creencias culturales que retrasan su acceso y desarrollo pleno mediante a economía.

Aunado a lo anterior, nuestro cuerpo normativo es permisivo y propicio para la perduración de las condiciones antes descritas, pues aún subsisten vacíos sobre equidad de género, lo cual es inaceptable ya que tanto hombres, como mujeres, gozamos de la garantía de los mismos derechos, por lo que también deberíamos tener las mismas oportunidades en cualquier ámbito.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los años setentas, la principal participación femenina en la economía era realizada por mujeres jóvenes y solteras y se presentaba una reducción considerable en la etapa en la que las mujeres se unían en matrimonio y/o iniciaban su vida reproductiva4.

Este patrón actualmente ha cambiado, las mujeres permanecen económicamente activas aún en su etapa reproductiva; incluso, la mayor participación se da entre los 30 y 49 años, siendo las jóvenes de 14 a 19 años las que tienen menor participación con un 19.9%, seguidas de las mujeres de más de 60 años y las mujeres que no terminaron la primaria con el 30.7%5.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010, el 70.9% de los hogares tiene una mujer que trabaja en comparación con el 57.5% que lo hacía en el 2000; asimismo, un 30.7% de los hogares la aportación principal económica la realiza una mujer.

Desafortunadamente, estos datos de mayor participación femenina en la economía no se han reflejado en la igualdad de remuneraciones con los hombres. Las mujeres siguen recibiendo una menor retribución dentro de un mismo puesto de trabajo. Según el índice de discriminación salarial del año 2010 era necesario incrementar en promedio8.2% el salario que se les pagaba a las mujeres para lograr la igualdad con los hombres .

Esta situación de inequidad se sigue observando en todo el mercado laboral. El sector que presenta mayor desigualdad en ventaja para los hombres, es de los vendedores independientes, donde se tendría que aumentar un 51.6% para igualarlo, seguido por el de los funcionarios públicos y gerentes del sector privado que necesitaría un 25.6%. para la igualdad en salarios.

La falta de objetividad en el mercado laboral, los roles familiares y los estereotipos sociales siguen limitando a las mujeres a ejercer en trabajos informales, ya que son más flexibles y permiten que se sigan encargando del ámbito familiar y doméstico, aunque esto implique supeditarse a condiciones laborales inestables y bajos salarios.

Dadas estas condiciones, solo el 3.9% de las mujeres logra llegar a un puesto directivo y solo 3 de cada 10 deciden emprender un negocio propio , ya que la mayoría se encuentran empleadas en el sector informal, lo cual restringe las posibilidades de acceder a las prestaciones sociales y ascensos laborales.

En el año 2012, solo el 2.5% de la población empleadora del mercado laboral eran mujeres; de las cuales, el 89.1% tienen entre 2 y 5 personas empleadas, lo que muestra el predominio de los micro negocios .

Las mujeres propietarias de los recursos de producción tienen una reducida presencia en este rubro, donde un 88% de las empresas a cargo de mujeres son de tamaño micro, principalmente comercio y servicios, lo cual las deja en un sector de baja competitividad para acceder a las grandes industrias .

Debemos señalar que, a pesar de los obstáculos que enfrentan las mujeres, las empresas encabezadas por ellas, y respaldadas por el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, logran hasta un 91% de sobrevivencia .

Esta iniciativa tiene como propósito incorporar en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa criterios de inclusión y equidad de género, a fin de que, en igualdad de condiciones, la población mexicana interesada cuente con la capacitación que les permita incorporarse a la vida formal laboral y acceder a las oportunidades y financiamientos para poder desarrollarse como agentes emprendedores de la economía.

Esto en coordinación con el marco legal nacional empezando por la Constitución; donde en su artículo 4 marca la igualdad entre hombres y mujeres; seguido del artículo 33fracción II de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que habla sobre el desarrollo de acciones para fomentar las políticas públicas con perspectiva de género en materia económica y en el artículo 5 fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde la perspectiva de género está definida y contempla la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos.

A nivel internacional, instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer contempla como una acción de preferencia la inserción de las mujeres en el desarrollo económico.

Dentro de este marco internacional, también figuran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, documento que contempla el desarrollo, la inclusión y la no discriminación de las mujeres en cualquier sector de la sociedad.

De la misma manera, la Organización de Naciones Unidas llama a renovar los esfuerzos en todos los niveles de Gobierno para lograr la plena participación económica de las mujeres y la plena realización de sus derechos humanos , ya que la igualdad y progreso económico de las mujeres no solo las beneficia a ellas, sino a toda la sociedad en general.

Desafortunadamente en México aún estamos lejos de eliminar las profundas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso es urgente avanzar, a paso firme y veloz, en el cumplimiento de las metas de paridad e igualdad sustantiva que nuestro país se ha propuesto y que se han firmado en los tratados internacionales.

De lo anterior, resulta necesario adoptar medidas encaminadas a acelerar la igualdad, incluyendo en las leyes y políticas públicas, la participación de mujeres en los apoyos y beneficios que éstas otorgan; de igual manera, difundirlos para que todas las mujeres de todas las edades y ubicaciones geográficas puedan tener acceso a ellas, tomando en cuenta su permanencia en el espacio privado.

Las leyes y las políticas públicas deben contener las disposiciones para acelerar la igualdad de géneros en el fomento el empleo, financiamiento y desarrollo de proyectos productivos y empresariales.

De manera paralela, se debe buscar el desarrollo de capacidades financieras para abrir la posibilidad real y efectiva de que se incorporen en el mercado con mejores condiciones y de reciban los beneficios derivados del uso de activos.

La perspectiva de género tiene que ser un elemento constante y transversal en el desarrollo de cualquier ley, especialmente en las de generación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ya que son uno de los principales motores del desarrollo de la economía nacional, primordialmente en la generación de empleos, creando el 72% de ellos y produciendo ingresos equivalentes al 52% del Producto Interno Bruto .

Podemos resumir que para prevenir y eliminar las brechas de desigualdad que separan a los géneros, es necesario plasmar en las leyes la incorporación de la equidad de género, garantizando la igualdad de oportunidades y, de manera paralela, promover las transformaciones estructurales y culturales que en tal sentido requiere el país.

De ese modo, haremos visibles a las mujeres como sujetos activos del desarrollo económico y contribuiremos a generar las condiciones para que participen plenamente en la vida laboral del país, de manera igualitaria y sin discriminación, haciendo que la equidad de género sea un fundamento constante del desarrollo de cualquier actividad económica.

De aquí la importancia de esta iniciativa y el reto que tenemos frente a nosotros: asumir un compromiso integral a favor de la equidad de género, potenciando las acciones encaminadas a este propósito desde las leyes generales.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea el presente proyecto de decreto que reforma, para lo cual expreso la siguiente:

Artículo Primero: Se reforman los artículos 1, 7, 11 fracción II, 12 fracción I, 18 fracción XXII y 22 fracción I de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 1. - …

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa, garantizando los criterios de inclusión y equidad de género.

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, garantizando los criterios de inclusión y equidad de género.

Artículo 11. - Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. …

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores, garantizando los criterios de inclusión y equidad de género.

III. a VIII.

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades:

I. La Secretaría promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos en esta Ley a favor de las MIPYMES, sean canalizados a las mismas garantizando los criterios de inclusión y equidad de género, para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento;

Artículo 18 .- …

I. a XXI

XXII. Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores. El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los temas a discusión; así como al Instituto Nacional de Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Artículo 22.- …

I. Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES bajo criterios de inclusión y equidad de género, a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores.

Artículo Segundo: Se adiciona una fracción a los artículos 10 y 12, para quedar como sigue:

Artículo 10. - …

I. a IX.

X. Garantizar la inclusión y la equidad de género en los instrumentos y/o esquemas de apoyo a las MIPYMES.

Artículo 12.- …

I. a X.

XI. Diseñar programas y esquemas que garanticen la inclusión y equidad de género.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Esta Mesa Directiva recibió 12 dictámenes de la Tercera Comisión el día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura a los 12 dictámenes para someterlos a discusión y votación de inmediato.

1 Indicadores de ocupación y empleo al primer trimestre de 2014, INEGI. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1. Consulta realizada el 4 de julio de 2014, a las 8:00 hrs.

2 "ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE… DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA MEXICANA (2 DE MARZO)". INEGI, Disponible enhttp://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2014/familia0.pdf?s=inegi&c=2903&ep=151. Consulta realizada el 4 de julio de 2014, a las 8:35 hrs.

3 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Consulta Interactiva de Indicadores Estratégicos (InfoLaboral). Disponible enhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/default.aspx?s=est&c=26227&p=. Consulta realizada el 4 de julio de 2014, a las 9:21 hrs.

4 Araujo Kathya, Estudios sobresexualidad en América Latina. Quito, Ecuador, 2008.

5 INMUJERES, Sistema de Indicadores de Género participación económica femenina http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Participacion_economica_femenina1.pdf

INMUJERES; COMUNICADO DE PRENSA 33 - 30 DE ABRIL DE 201. Disponible en http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/410-diferencia-de-82-en-salarios-de-hombres-y-mujeres. Consulta realizada el 4 de julio de 2014, a las 10:05 hrs.

Patricia Espinosa Torres, Subsecretaria de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante la presentación del libro que recopila los 45 años de historia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. (2012).

,9 INMUJERES, Sistema de Indicadores de Género, Empleadoras. Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Empleadoras.pdf

Rubén Damián Olvera Marines. Representante federal del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad. 2011

Comunicado, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=115&id_parent=

PROMEXICO, PyMES, eslabón fundamental para el crecimiento en México. Disponible en http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html. Consulta realizada el 4 de julio de 2014, a las 10:22 hrs.





 

Esta Mesa Directiva recibió 12 dictámenes de la Tercera Comisión el día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura a los 12 dictámenes para someterlos a discusión y votación de inmediato.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al primer dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal  y al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, para que a través de las dependencias competentes investiguen y determinen los riesgos de salud  y daño ambiental que se generan por manejo de residuos peligrosos de la empresa ADN ENERGÍA  S.D.R.L. DE C.V. (antes GARCÍA –MUNTE ENERGÍÁ DE MÉXICO S.DE R.L. DE C.V.) a través de la terminal de almacenamiento y distribución de coque que se ubica en el kilómetro 45+800 en la carretera federal Coatzacoalcos Salina Cruz, tramo Minatitlán-Acayucan, en el predio denominado Emiliano Zapata Altamira perteneciente al municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz, y adopten las medidas cautelares para salvaguardar la salud de la población, suscrita por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, señala que la empresa ADN ENERGÍA S. D. R. L. DE C. V. (antes GARCÍA-MUNTE ENERGÍA DE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V. perteneciente al Grupo CLISA, con sede en Nuevo León) cuenta con una Terminal de Almacenamiento y Distribución de Coque, ubicada en el kilómetro 45+800 en la carretera federal Coatzacoalcos Salina Cruz, tramo Minatitlan-Acayucan, en el predio denominado Emiliano Zapata Altamira perteneciente al municipio de Jáltipan de Morelos, estado de Veracruz, la cual se sabe pertenece a “Grupo CLISA”, con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León. Así mismo refiere el proponente que en el mese de enero y febrero de dos mil trece la mencionada empresa, realizó trabajos para la instalación de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Coque y que en el mes de julio del mismo año se depositaron a cielo abierto las primeras montañas de coque o petcoke. Fecha a partir de la cual se lleva a cabo su traslado, de esa sustancia contaminante, en camiones o tren de carga, sin las medidas de seguridad que garanticen evitar su dispersión, debido a que los depósitos para su traslado no se cubren provocando su dispersión en las rutas de traslado, afectando a la población de las comunidades que se localizan en las rutas de transporte del coque.

Continuando con la descripción, el legislador  señala  que el veintiséis de marzo de dos mil catorce pobladores activistas de esa zona, solicitaron entre otras cosas al Gobierno del Municipio Jáltipan, Veracruz: el número de acta y fecha de sesión de cabildo en la que se realizó el cambio de uso de suelo para que se estableciera la empresa; el número de oficio que otorga la PROFEPA en el que informa al Ayuntamiento que no hay riesgo de contaminación y el expediente que determina el impacto ambiental que otorga el Gobierno del estado Veracruz.

Menciona el proponente del presente Punto de Acuerdo, que el  titular del Poder Ejecutivo Estatal, a cargo del C. Javier Duarte de Ochoa, autorizó el proyecto de la Terminal de Almacenamiento de Jáltipan, ignorando las peticiones de las organizaciones civiles. A través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) entregó un “resolutivo condicionado en materia de impacto ambiental”, el cual tras algunas salvedades administrativas, facilitó la liberación de los permisos correspondientes a la empresa García Munté, y autorizados por el titular de medio ambiente estatal, Víctor Alvarado Martínez. De acuerdo con el expediente MIA-113/2012 y el oficio 2563/2012, en poder de la agencia informativa Apro, la Sedema resolvió sobre cinco puntos la aprobación del proyecto a García Munté, en que se destaca:“Se aprueba de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto presentado por el promovente; se previene al interesado que se apegue al contenido de la autorización concedida y se le apercibe que en caso de no hacerlo está autoridad procederá a revocar la misma; una vez transcurridos los plazos de ley, archívese el presente asunto como totalmente concluido”, expone el resolutivo.

El Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, señala  que en dichos terrenos se han encontrado restos arqueológicos relativos a una necrópolis prehispánica que probablemente se remonte a dos mil años de colonización española, consistente en una pirámide construida en roca caliza, localizando más de treinta pozos de exploración arqueológica con restos humanos, y un sinnúmero de piezas de gran valor para el patrimonio cultural de México, toda esta información se hizo pública en diversos medios de comunicación regionales, a la fecha no se ha llevado a cabo la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos sobre los hallazgos encontrados en el predio señalado, con la finalidad de que se detengan los trabajos que la empresa está llevando a cabo en esa zona que ponen en peligro el patrimonio cultural. El INAH tiene atribuciones legales para proteger el patrimonio arqueológico de México, sin embargo el antropólogo Alfredo Calderón fue el mismo que en la construcción del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos “minimizó” el hallazgo de vasijas, osamentas y otros objetos para que así el Gobierno Federal y el del Gobierno del Estado de Veracruz pudieran continuar con la construcción de esta obra -que lleva un atraso de tres años-- a pesar de que el diez de julio de dos mil trece, a través del comunicado 251, el INAH informó que los arqueólogos Alfredo Delgado Calderón, Marisol Cortés Vilchis y Abigail Gómez González, encontraron un asentamiento de alrededor de 2 mil años de antigüedad en los terrenos donde se iniciaba la construcción de la Terminal de Almacenamiento para este derivado del petróleo. En el lugar fueron hallados 30 entierros prehispánicos acompañados de ofrendas que contenían huesos de animales, cuentas de jade, espejos y figurillas de origen teotihuacano, maya, nahua, popoluca y de la cultura de Remojadas (del centro de Veracruz).También se halló una estructura piramidal de 12  metros de altura, 60 de largo y 25 de ancho; algo inédito en el sur de Veracruz donde no habían sido encontradas construcciones prehispánicas de piedra. Además localizaron un taller de ladrillos con características similares al sitio maya de Comalco, en Tabasco. Los investigadores señalaron que este sitio podría tratarse de un santuario donde la gente de los alrededores sepultaba a sus difuntos o un mercado en el que confluían diversas culturas; por lo que el descubrimiento fue catalogado como relevante. Pese a ello, se expidieron las autorizaciones para permitir la continuación de las obras, con la única condición de convertir la pirámide y el taller en “un área de reserva dentro de la nueva planta de coque”.

El proponente explica, que el coque, que también es conocido como petcoke; coque de petróleo; carbón de petróleo, es la materia sobrante del proceso de refinación de petróleo crudo, es un sólido poroso, de color negro o gris oscuro generado por la descomposición térmica y posterior polimerización de hidrocarburos líquidos pesados, derivados de la destilación primaria o refinación de petróleo crudo, por un proceso denominado “coquización retardada”. Su composición depende de la combinación de los crudos procesados y la tecnología de cada refinería. Pero de forma general se puede afirmar que este subproducto contiene metales pesados y tóxicos tales como níquel, vanadio, cromo, plomo, además que su procesamiento genera dióxido de azufre (SO2), sulfatos, -Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos y Dioxinas, subproductos de alta toxicidad

Así mismo asevera el legislador que la Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud significa que los Estados deben crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, este derecho está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo.

Manifiesta el proponente que el resultado de las investigaciones en Brasil, Chile y EU, entre otros, revelan que el coque es un producto absolutamente incompatible para una vida sana en el país y que dañará la salud de las futuras generaciones.

En consecuencia señala el Diputado proponente, que  en el Estado de Veracruz, en diversas ocasiones pobladores del municipio de Jáltipan de Morelos, han manifestado su preocupación por las consecuencias en la salud, el ecosistema y la biosfera que conlleva la instalación de un depósito de Coque de esa magnitud, debido a que la empresa no cumple con las condiciones necesarias de seguridad y almacenamiento, control y manejo de esta substancia. El riesgo de contaminación de este material peligroso, se agudiza a consecuencia de los cambios constantes de las condiciones climáticas que afectan la zona, en la que las ráfagas de viento dispersan las sustancias contaminantes.

Menciona el diputado que estudio realizado por Emilio Rojas del Castillo, Director del Departamento de Genética y Toxicología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que el vanadio, por sí solo, cuando es inhalado repetidamente en lugares cerrados, ocasiona rinitis, faringitis y bronconeumonía, este último padecimiento, si no es bien manejado, puede llevar a la muerte.

El proponente manifiesta  que con el objeto de garantizar y salvaguardar la salud de los habitantes de las comunidades del municipio de Jáltipan, Veracruz, así como de las que son afectadas en las rutas de transporte de coque bajo responsabilidad de la empresa es urgente que el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, efectúe la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar las fuentes de los contaminantes. De igual forma se considera necesario que se publiquen los permisos y autorizaciones otorgados por las dependencias del gobierno federal sobre el impacto ambiental y protección civil para la instalación de la Terminal de Almacenamiento de coque; así como solicitar al Gobierno del estado de Veracruz y del municipio de Jáltipan en la misma entidad, se publique e informe de los permisos y autorizaciones otorgadas en el ámbito de su competencia.

Por último, el promovente hace referencia a la importancia de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal  y al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, para que a través de las dependencias competentes investiguen y determinen los riesgos de salud  y daño ambiental que se generan por manejo de residuos peligrosos de la empresa ADN ENERGÍA S.D.R.L. DE C.V. (antes GARCÍA –MUNTE ENERGÁ DE MÉXICO S.DE R.L. DE C.V.) a través de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de coque que se ubica en el kilómetro 45+800 en la carretera federal Coatzacoalcos Salina Cruz, tramo Minatitlan-Acayucan, en el predio denominado Emiliano Zapata Altamira perteneciente al municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz, y adopten las medidas cautelares para salvaguardar la salud de la población.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que el artículo 4o. Constitucional, el cual es de orden público e interés social y tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. Por lo que se hace necesario determinar la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional. 

TERCERA.- La Ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 2°, señala los objetivos generales de dicho Instituto, así como las funciones con las que cuenta para cumplir dichos objetivos, entre las que destacan las relacionadas con la materia que nos ocupa en el presente Punto de Acuerdo y que a la letra dice:

ARTICULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.

Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos.

...

De lo anterior se colige, que efectivamente el INAH es el organismo facultado y capacitado para informar a esta Soberanía sobre los hallazgos arqueológicos encontrados en la empresa ADN ENERGÍA S.D.R.L DE C.V.  así como las medidas llevadas a cabo para la protección del patrimonio arqueológico hallado.

CUARTA.- Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. A través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales.

El objetivo de la evaluación del Impacto Ambiental es la sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.

Siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales competente para Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica, de conformidad con el artículo 32 bis fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta Tercera Comisión coincide con el Punto de Acuerdo en relación a que esta Secretaría disponga se lleve a cabo la Manifestación de Impacto Ambiental y dé a conocer el resultado de la evolución de impacto ambiental causado, por las obras y actividades realizadas por la empresa ADN ENERGÍA S.D.R.L. DE C.V (antes GARCÍA-MUNTE ENERGÍA DE MÉXICO S.DE R.L.DE C.V. perteneciente al grupo CLISA con sede en Nuevo León), desde que se iniciaron las operaciones de la Compañía llevando a cabo las medidas de preservación, protección y restauración que contribuyan al equilibrio ecológico del ambiente en esa zona formulando y ejecutando las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, además de publicar los resultados de la aplicación de los instrumentos de política ambiental, así como la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal.

QUINTA.- El  Consentimiento Previo, Libre e Informado y Culturalmente adecuado, significa una obligación del Estado desde el momento que el Convenio 169 se ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional; es entonces, un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya omisión o realización inadecuada conlleva a un agravio constitucional.

El  Consentimiento Previo, es un proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta independiente de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en consultas para estudios de impacto ambiental, etc.)

A hora bien, para garantizar un proceso de consulta acorde con el derecho internacional se deberá realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; igualdad de oportunidades; información previa, oportuna y adecuada; veracidad de la información; integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta; oportunidad; participación; transparencia; territorialidad; autonomía y representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; principio de responsabilidad por la mala fe; y la libertad.

Por otra parte los documentos normativos claves en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas son el Convenio No 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). En dichos documentos se concretan los derechos a la Consulta y al CLPI y se establecen los contextos en los que tienen que aplicarse.

Así tenemos que en el  Convenio 169 de la OIT nos revela el derecho a ser consultados los pueblos indígenas a través de diferentes artículos: Art. 6.1 a. Deber de consulta a los pueblos indígenas cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles; Art. 6.2 La consulta debe ser de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias, con finalidad de llegar a acuerdo o lograr consentimiento; Art. 7. Derecho a decidir prioridades del desarrollo, y participar en formulación y aplicación de planes de desarrollo; Art. 15. 2 Consulta obligatoria antes de emprender actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras de dichos pueblos, participación en beneficios, indemnización por daños; Art. 16 Traslado con consentimiento previo.

Por su parte la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas también recoge ampliamente la obligación de los Estados de consultar con los pueblos indígenas. Pero introduce de manera destacada el derecho de los pueblos indígenas a que se obtenga su CLPI (Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado), cuando los Estados adopten decisiones que les afectan en relación con: su traslado desde sus tierras y territorios (Artículo 10); aquellas decisiones de carácter legislativo y administrativas que les afecten (Artículo 19); la explotación de sus tierras, territorios y recursos naturales (artículo 28); y la aprobación de proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente aquellos relacionados con el desarrollo, la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. (Artículo 32.2).

De lo antes mencionado, coincide con el proponente del presente Punto de Acuerdo, En lo relativo a lleve a cabo una consulta informando de manera clara y accesible sobre los efectos en la salud que puede causar la exposición a el coque o petcoke con el objeto de garantizar un proceso adecuado de consulta basada en los procedimientos DEL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE, INFORMADO Y CULTURALMENTE ADECUADO, que se regula tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígena,  esta Tercera Comisión considera solicitar información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto a las labores de dicha empresa así como de la manifestación de impacto ambiental que esta presentó a fin de evitar afectaciones en la salud de los pobladores de esa zona.

De tal manera que las actividades desarrolladas sean sustentables y permitan conservar y mejorar el hábitat y preservar conservar el ecosistema de la zona.

SEXTA.-  Para lograr la salud de las personas y los ecosistemas es necesario prevenir, reducir y controlar la generación de residuos y las emisiones contaminantes que afectan los suelos, el agua y el aire. Es por ello que esta Tercera Comisión, se une al ánimo legislativo del Diputado proponente, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaria de Medio ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, se lleven a cabo los estudios toxicológicos necesarios con la finalidad de determinar los efectos en salud causados por exposición a los agentes provenientes del traslado de coque o petcoke en la carretera federal Coatzacoalcos Salina Cruz, tramo Minatitlan- Acayucan, en el predio denominado Emiliano Zapata Altamira perteneciente al municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz, así como una evaluación de sustancias químicas en agua y suelo para conocer los efectos que se están produciendo sobre los ecosistemas y sus componentes en esa zona. Todo ello apegado a la competencia y funciones atribuidas a los mencionados organismos, a través de su normatividad vigente.
Una vez que se conozcan los resultados de los estudios y análisis que aporten los organismos  citados, y se pueda deducir de ellos la existencia de daño al ambiente, definido por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental como la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Se deberá determinar la responsabilidad ambiental, de los agentes involucrados en la situación que nos ocupa, por las autoridades competentes de la materia y lograr así la reparación de los daños ocasionados al ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a que informe cuales fueron los hallazgos arqueológicos encontrados en el municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz,  con base en el informe número 251, emitido por la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto en fecha 10 de julio de 2013.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a esta Soberanía el estado que guarda la Manifestación del impacto Ambiental que deriva del expediente MIA-113/2012 y el oficio 2563/2012 por las obras y actividades realizadas por la empresa ADN ENERGÍA S. D. R. L. DE C. V. (ANTES GARCÍA-MUNTE ENERGÍA DE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.).

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al segundo dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública realicen las investigaciones por los presuntos actos u omisiones de los servidores públicos y los particulares que derivaron en diversas fallas estructurales en el libramiento de Culiacán, Sinaloa, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, destaca que la infraestructura carretera constituye una de las principales formas de comunicación y es factor fundamental para el impulso del desarrollo económico y social de las localidades y regiones del país, debido a que permite disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado, así como constituye un detonador de fuentes de empleo y acceso a servicios básicos como la educación y la salud.

En la Proposición con Punto de Acuerdo se enfatiza en la relevancia de que la construcción, ampliación o mejoramiento de los caminos y carreteras, se lleve a cabo bajo los más estrictos estándares de calidad y transparencia de los recursos públicos utilizados.

En el mismo sentido, se establece que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se hicieron diversos anuncios que consideraban a su gestión como el sexenio de la infraestructura, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha dado a conocer múltiples sobrecostos en varias de obras y fallas estructurales en vías de comunicación.

Entre las observaciones subraya el caso del libramiento Culiacán en el Estado de Sinaloa, que fue inaugurada en agosto de 2012, con una longitud de 22 kilómetros y con una inversión superior a los mil 751 millones de pesos. Dicha obra se ubica al sur poniente de la ciudad de Culiacán y conecta con las autopistas de Mazatlán-Culiacán y Culiacán-Los Mochis.

El Grupo Parlamentario Proponente recalca que durante su construcción se anunció que el libramiento generaría ahorros en tiempos de recorrido y costos de operación vehicular para alrededor de 5,300 automovilistas y beneficiaría a 1.2 millones de habitantes de esta región del Estado.

Finalmente, la Proposición con Punto de Acuerdo aclara que a casi dos años de su inauguración la obra no se ha concluido, presenta diversas fallas estructurales y son altos los costos de tránsito.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. La propuesta de los legisladores se considera pertinente ya que permitirá obtener información clara y objetiva en torno a las razones por las cuales el libramiento Culiacán presenta condiciones de deterioro y abandono, y en su caso, deslindar responsabilidades al respecto.

De la revisión del esquema que se utilizó para la construcción de esta obra es posible determinar cuáles son las atribuciones de las dependencias que reciben el exhorto por parte de los proponentes y corroborar la congruencia legal del contenido del resolutivo planteado.

De acuerdo con la ficha técnica del libramiento, la obra fue realizada mediante el esquema de Asociación Público-Privada denominado Aprovechamiento de Activos, con la empresa Impulsora del Desarrollo y Empleo en América Latina (IDEAL).

Esta forma parte del paquete pacífico norte concesionado a IDEAL, cuya inversión total para la modernización de este camino se estimó en 1,591 millones de pesos (c/IVA) aproximadamente, e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, carpeta de concreto asfáltico, riego de sello y señalamiento vertical y horizontal.

En el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Infraestructura Carretera, reportó dentro del apartado “Principales trabajos de construcción y modernización de carreteras federales” realizados en el periodo de septiembre de 2011 al mes de agosto de 2012, que el tramo Culiacán-Los Mochis, ejerció 22.3 millones de pesos pertenecientes a corredor .

Reporta la misma Subsecretaría que en el citado periodo se invirtieron mil 763.1 millones de pesos, para la construcción de varios libramientos. Como consecuencia de ser una obra producto de una Asociación Pública Privada, el contratista tiene obligaciones de transparencia para dar seguimiento a la prestación del servicio, sin embargo, el portal electrónico que permitiría conocer de manera transparente el estado actual del libramiento correspondiente al Corredor México – Nogales cuenta con información incompleta e inaccesible.

Relata el proponente que “… a casi dos años de su inauguración el libramiento Culiacán ha presentado diversas fallas estructurales, sobre todo en la cimentación de puentes; diversos medios de comunicación han evidenciado que la obra no se concluyó al cien por ciento. A pesar de ello, los automovilistas que optan por tomar el libramiento tienen que pagar 88 pesos, mientras que los camiones llegan a pagar hasta 458 pesos.”

Los elementos anteriores nos permiten observar que, aunque la información no se encuentra disponible, las actividades realizadas para la asignación y la construcción del libramiento debieron ser supervisadas conforme a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas. La información resultante de dicha supervisión facilitaría la revisión de los motivos por los cuales en la actualidad el libramiento muestra un grado de deterioro como el observado.

El primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Asociaciones Público Privadas  señala lo siguiente:

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adjudicación de los proyectos de asociaciones público-privadas.

El mismo artículo en su párrafo tercero refiere:

La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de asociación público-privada, corresponderá exclusivamente a la dependencia o entidad contratante y a las demás autoridades que resulten competentes.

Como se observa, tanto la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de la adjudicación, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como empresa contratante, tienen atribuciones para la supervisión de las obras. Conforme a la ley, ambas dependencias debería poseer información referente a la asignación y construcción del libramiento Culiacán y esta debería hacerse pública.

Esta comisión considera que el exhorto propuesto originalmente por los senadores no resulta congruente con las atribuciones de las dependencias exhortadas.  La revisión de actos u omisiones en el desarrollo del proyecto de obra corresponde a los órganos internos de control de estas o a algún organismo fiscalizador. Sin embargo, la información que pueden proporcionar sobre el desarrollo de proyectos resultaría fundamental para justificar una investigación específica sobre el tema. Esta es la razón por la cual se sugirió un cambio importante en el resolutivo al cambiar la petición de investigación y solicitar la presentación de información que hubiera sido entregada previamente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe detallado respecto a la supervisión realizada de la adjudicación y construcción del servicio carretero correspondiente al libramiento Culiacán – Los Mochis.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al tercer dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el impacto social del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, a efecto de establecer las acciones necesarias para incorporar mayor número de municipios en el otorgamiento del subsidio federal, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Esta proposición se basa principalmente en las siguientes consideraciones:

B. El proponente señala que el Ejecutivo Federal recibe cada año recursos encaminados a fortalecer los cuerpos de seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad del Ejecutivo Federal de autorizar la ministración de subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal respectivo.

En tal sentido el artículo 9º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a la letra estipula:

El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,733'026,525, para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Asimismo, la disposición en mención señala que estos recursos tendrán como propósito fundamental, y según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios; mejorar la infraestructura de las corporaciones; así como, la aplicación de políticas públicas para el desarrollo de la prevención social del delito.

En este orden de ideas, el proponente menciona que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que 268 municipios del país fueron considerados para la obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber:

●Población.

●Incidencia Delictiva.

●Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva.

Del mismo modo, la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de los municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes porcentajes.

●Cuarenta por ciento para el criterio de Población;

●Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva

●Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios.

En adición a lo anterior, el acuerdo referido en su numeral tercero instituye una fórmula de elegibilidad mediante la cual se determinó que los municipios susceptibles del subsidio de mérito serían 268 considerando para tales efectos lo fijado en el artículo 9º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendario, mismo que se encuentra citado con antelación.

El proponente argumenta, que sin bien es cierto que el artículo 9º de la Ley en cita determina los tres criterios de elegibilidad, también es cierto que el texto de la disposición no señala que son los únicos criterios que se deben observar para el otorgamiento del Subsidio motivo de la presente Proposición.

Para mayor ilustración, el proponente cita el párrafo cuarto del articulado de referencia:
[…] la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere este artículo, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que deberá considerar, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva […]

El proponente señala que como se puede advertir, la frase "entre otros criterios", deja abierta la posibilidad de incorporar otros factores para que estos recursos públicos tengan una cobertura con un mayor grado de integración.

Es menester hacer una comparación del recurso otorgado para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y el vigente, a efecto de observar el sentido de las variaciones del mismo:

EJERCICIO FISCAL

CANTIDAD

2011

$4,303,300,000.00

2012

$4,453'900,000.00

2013

$4,559'800,000.00

2014

$4,733'026,525.00

Fuente: PEF 2011, Artículo 10, D.O.F 07-12-2010; PEF 2012, Artículo 11, D.O.F. 12-12-2011; PEF 2013, Artículo 9, D.O.F. 27-12-2012; PEF 2014, Artículo 9, D.O.F. 03-12-2013
Se argumenta que el presupuesto destinado para el SUBSEMUN ha incrementado como supone lógica fundamental. Sin embargo, es necesario que estas contribuciones no se limiten a tan pocos municipios en razón de los criterios estudiados.

Se dice también que estas aportaciones federales tienen que alinearse a los Programas con Prioridad Nacional, del siguiente tenor:

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Red Nacional de Telecomunicaciones.

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

En este sentido los conceptos a los que se destina el SUBSEMUN abarcan entre otros, los citados a continuación:

Accesorios, municiones y armamento.

Protección personal (chalecos y cascos balísticos, máscaras antigás, escudos balísticos, etc.).

Transporte terrestre.

Infraestructura (centros de seguridad pública municipal, instalaciones de profesionalización, instalaciones de seguridad pública municipal, etc.).

Profesionalización (capacitación continúa, actualización, alta dirección, seguimiento y control del servicio profesional de carrera y de mando policial, especialización, evaluaciones de habilidades, etc.).

Mejora de las condiciones laborales (apoyos económicos, construcción y adquisición de vivienda, fondos de retiro, becas a familiares, atención médica, seguros de gastos médicos, vales de despensa, etc.).

En virtud de lo anterior, el proponente señala que es importante que se informe acerca del cómo las acciones implementadas con recursos SUBSEMUN han coadyuvado en la reducción de la incidencia delictiva a nivel municipal.

B. Con lo anterior formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía sobre el impacto social en la aplicación de políticas públicas y acciones implementadas en materia de Seguridad Pública derivadas del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a llevar a cabo, las acciones necesarias para que el Subsidio para la Seguridad de los Municipios sea otorgado mayor número de municipios con base en más de tres criterios de elegibilidad a efecto de que más zonas del país puedan reforzar sus tareas de Seguridad Pública.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la intención y motivación del proponente con las siguientes observaciones y modificaciones:

PRIMERO. Con respecto al resolutivo PRIMERO que se propone, se estima pertinente exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior de conformidad con el resolutivo SEXTO del propio acuerdo, que cita el proponente, por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, y la fórmula utilizada para su selección:

SEXTO.- Corresponderá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública interpretar para efectos administrativos, el presente Acuerdo y las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, que al efecto se expidan, así como resolver aquellos casos no previstos en dichos ordenamientos.

Atendido lo anterior, esta comisión coincide con el proponente a que se informe sobre las políticas públicas y acciones implementadas en materia de Seguridad Pública derivadas del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

Además, esta comisión no pasa por alto lo señalado en la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

II a V. …

Por lo anterior, se agrega al exhorto, que se respete lo relativo a la información que pudiera ser reservada de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO. Con respecto al resolutivo SEGUNDO que se propone, al igual que en el primero, se estima pertinente exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior de conformidad con el resolutivo SEXTO del propio acuerdo, que cita el proponente, por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, y la fórmula utilizada para su selección:

SEXTO.- Corresponderá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública interpretar para efectos administrativos, el presente Acuerdo y las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, que al efecto se expidan, así como resolver aquellos casos no previstos en dichos ordenamientos.

Ahora bien, esta Comisión considera pertinente que antes de llevar a cabo acciones, se debe analizar la viabilidad de que el Subsidio para la Seguridad de los Municipios sea otorgado a mayor número de municipios con base en más de tres criterios de elegibilidad.
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta Soberanía sobre las políticas públicas y acciones implementadas derivadas del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2013 y 2014, respetando la información reservada.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a analizar la factibilidad jurídica, técnica y financiera para que el Subsidio para la Seguridad de los Municipios sea otorgado a mayor número de municipios con base en más de tres criterios de elegibilidad para el ejercicio fiscal 2015.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al cuarto dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del área natural protegida “Yum-Balam” y la regularización de la situación del ejido Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, suscrita por los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y los senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes, mencionan que el miércoles 11 de junio del presente año, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, en la que participaron legisladores de diversos grupos parlamentarios; en dicha reunión, el Titular del Comisariado Ejidal y sus apoderados legales señalaron que:

Con fecha 11 de diciembre de 2005 se celebró asamblea del Ejido Holbox, en la que se trató el cambio de destino de tierras de uso común a tierras parceladas, adopción de dominio pleno y la creación de un fideicomiso en la que la mayor parte de los ejidatarios aportaron tierras para su posterior comercialización.

Lo anterior ha dado origen a que se estén presentando diversas irregularidades al interior del ejido, sobre todo porque algunos empresarios han adquirido parcelas ejidales, quienes a base de engaños han venido realizando algunas acciones para apropiarse de las tierras del ejido: si bien los ejidatarios decidieron enajenar sus parcelas, también lo es que de manera ventajosa y con el apoyo de funcionarios públicos hicieron la cesión total de todos sus derechos, incluyendo las tierras de uso común, por lo cual acudieron ante los órganos jurisdiccionales para tratar de nulificar estas acciones agrarias realizadas de forma lesiva a los intereses de los ejidatarios.

Informan que después de plantear la problemática en la reunión antes referida, los ejidatarios solicitaron se les apoyara con lo siguiente:

1.- Que no se inscriba en el Registro Agrario Nacional, el acta de asamblea ejidal del día Primero de junio de 2014, por haberse celebrado de manera ilegal, ya que no se permitió la entrada a los verdaderos ejidatarios y se celebró en un lugar que no se dio a conocer en la convocatoria publicada.

2.- Que el Registro Agrario Nacional reconozca a la actual dirigencia ejidal y les entregue sus credenciales.

3.- Que se den de alta a los ejidatarios que el Registro Agrario Nacional eliminó del Padrón de manera ilegal y sin tener facultades legales para ello.

4.- Que se les devuelvan a los ejidatarios los certificados de las tierras de uso que los empresarios les robaron.

5.- Que se protejan las selvas tropicales y que se declare Área Natural Protegida a la Isla de Holbox.

6.- Que se respeten los derechos humanos de ejidatarios y avecindados.

7.- Que haya verdadera justicia agraria; que el Tribunal Superior Agrario cambie al actual Magistrado porque no actúa con equidad, ni con justicia.

8.- Que las audiencias de los juicios agrarios de Holbox se celebren con la itinerancia del Tribunal Agrario, en la Isla de Holbox o, en algún lugar cercano, como Kantilkin o CANCÚN; para que no se obligue a los ejidatarios a recorrer más de 600 kilómetros a la Ciudad de Chetumal, para acudir a las audiencias.

9.- Que se mida correctamente la superficie ejidal, porque el Programa de Certificados de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) midió únicamente 5,158-53-72.311 hectáreas y el Registro Agrario Nacional plasmó esa superficie como si fuera la totalidad de la Isla. Lo cierto es que las tierras ejidales ocupan una superficie de 8,864 hectáreas. Existe una superficie ejidal que aún no ha sido certificada por la cantidad de 3,792 hectáreas aproximadas y es necesario que se refleje en los planos internos del Ejido.

10.- Que se reconozca a los avecindados de Holbox, como verdaderos ejidatarios, ya que el Registro Agrario no los quiere inscribir como ejidatarios, no obstante que tiene el acta de asamblea ejidal correspondiente.

Visto lo anteriormente manifestado, dicen los proponentes, y ante las presuntas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios del núcleo agrario Holbox, resulta conveniente hacer un llamado a las autoridades que guardan relación directa con la materia, como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y demás involucradas, para que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes y disposiciones aplicables, y en ese tenor, intervengan en el ámbito de sus atribuciones, con el objeto de brindar una solución al presente conflicto y evitar que el mismo escale.
Por otra parte, es preciso señalar que dicha problemática ya ha sido  presentada ante la Comisión Permanente, mediante dos puntos de acuerdo que abordan la problemática relacionada con el Ejido Holbox; mismos que fueron dictaminados por esta Tercera Comisión, y aprobados por el Pleno de esta Permanente.

Refieren los legisladores que, derivado de notas periodísticas publicadas el 7 de junio de 2014, se tiene conocimiento que el delegado de Semarnat en Quintana Roo, confirmó que la firma “Península Maya Developments”, se desistió de continuar con el proceso de evaluación ambiental del proyecto turístico-inmobiliario “La Ensenada”.

Refieren que no obstante lo anterior, estiman conveniente solicitar de nueva cuenta al Ejecutivo Federal intervenga en el presente asunto.

Desatacan  que no se puede pasar por alto sobre el área natural protegida “Yum Balam”,  el incumplimiento del Gobierno Federal sobre la publicación del programa de manejo. Esto es así, porque han transcurrido 19 años en que dicha publicación debió haberse realizado, tal y como lo estipula el artículo segundo transitorio del propio Decreto presidencial que creó el área natural protegida.

Agregan que del mismo modo, el Gobierno Federal ha incurrido de forma sistemática en el incumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues en su artículo 65 determina el plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, para la formulación del programa de manejo del área de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, junto con las dependencias y organizaciones interesadas.

Consideran que el no actuar del Gobierno Federal es injustificable, dada la importancia que representa la región de “Yum Balam”, pues al poseer un alto valor biogeográfico y ecosistémico, además de ser área natural protegida, tiene otras categorías ambientales: es un sitio de humedales de importancia internacional (sitio Ramsar), región marina prioritaria, sitio de manglar con prioridad biológica.

Del mismo modo, dicen que el día 30 de mayo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar la categoría y la superficie del área de protección de flora y fauna Yum Balam, localizada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo”. Tal modificación de categoría consiste en nombrar dicha región en reserva de la biosfera y extender su actual superficie de 154,052-25-00 a 313,024-00-00 hectáreas, para localizarse en el extremo norte de los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo.

Quienes suscriben, consideran que la pretensión de modificar la categoría y extensión de la región de “Yum Balam”, como se ha descrito en el párrafo inmediato anterior, representa un esfuerzo importante, que debe continuar en su trámite hasta lograr su objetivo.

A manera de conclusión, los Senadores proponentes, coinciden en que es tarea del Estado, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten la conservación y restauración de los ecosistemas, procurando la participación activa de la población. Asimismo, cuando surge algún conflicto en el sector agrario debe participar como coadyuvante en la parte de conciliación y la búsqueda de acuerdos pacíficos entre las partes, esto último en el entendido de que la autoridad competente para solucionar conflictos por la tierra, son los Tribunales Agrarios.

Finalizan diciendo que con el objeto de evitar que siga escalando la problemática en el área natural protegida de “Yum Balam”, como ya se ha descrito en los párrafos anteriores, y a modo de evitar que se siga desgastando el tejido social, dado que el Estado debe ser garante de brindar seguridad jurídica y mantener la paz social, es menester que éste enfoque una vez más sus esfuerzos, para que a través de la conciliación, la procuración e impartición de justicia agraria y ambiental eficiente, resuelva con la mayor prontitud posible, los conflictos descritos en el cuerpo del presente.
En razón a ello, someten a la consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia y con la participación de las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleve a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del Área Natural Protegida “Yum Balam” y la regularización conforme a derecho, de la situación del Ejido Holbox, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remita un informe detallado sobre la situación jurídica del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, que abarque desde la celebración de la asamblea del 11 de diciembre de 2005 hasta la fecha. Así mismo, se solicita que por conducto de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, se dé puntual seguimiento y atención a las demandas planteadas por los ejidatarios.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicar a la brevedad el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Yum Balam” y se remita un informe integral en el que fundamente las razones por las que tras 19 años no se ha publicado el mismo, en el que se incluya el estatus que guarda la propuesta de modificación de categoría para nombrar a dicha región reserva de la biosfera y extender su actual superficie de 154,052-25-00 a 313,024-00-00 hectáreas.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión, nuevamente comparte la preocupación de los proponentes, respecto a la necesidad de proteger las áreas naturales protegidas; para el caso que nos ocupa, la de Yum Balam y Holbox, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.

Como se dijo, el tema en comento ya ha sido abordado anteriormente, los puntos de acuerdo presentados fueron turnados a esta tercera Comisión; misma que los dictaminó y fueron aprobados por el Pleno de esta Permanente. Debido a lo anterior, es que esta dictaminadora retoma los considerandos expresados en el dictamen anterior.

Esta es un área de protección de flora y fauna establecida a petición de las comunidades locales, Yum Balam, que en maya significa "Señor Jaguar", se extiende sobre 154,000 hectáreas que incluyen tanto a la Laguna de Conil y sus manglares como a la Isla de Holbox.

De acuerdo al Decreto del 6 de Junio de 1994 por el que se declara como área natural protegida  los ecosistemas de "Yum Balam" se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, de mamíferos casi todos los neotropicales, de anfibios y reptiles y de plantas endémicas.

En el área se encuentran especies de flora y fauna en peligro de extinción, raras y endémicas como tortugas marinas caguama y de carey; cocodrilos; aves como el flamenco, el jaribú, la espátula rosada, el zopilote rey, el halcón peregrino, el halcón aplomado, las águilas crestadas, el pavo de monte, el hocofaisán, el cojolite, la perdiz de Yucatán, la subespecie garzón cenizo; así como mamíferos como la subespecie de tlacuachillo dorado, el mono araña y el aullador, el oso hormiguero, el cacomixtle tropical, el jaguar, el puma, el ocelote, el margay o el tigrillo, el jabalí de labios blancos, el venado temazate, el tapir y el manatí.

Asimismo, en el área existen sitios de la cultura maya y vestigios arqueológicos representativos de las costumbres y el acervo cultural e histórico de los indígenas de la región.

En el mismo decreto, se menciona que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo y con la participación de sus habitantes e instituciones científicas, realizó estudios e investigaciones de los que se desprende la necesidad de planificar y administrar integralmente el cuidado y uso adecuado de los recursos ecológicos de la región y proteger las condiciones ambientales para armonizar y dinamizar su desarrollo.

La superficie delimitada en el plano oficial que obra en el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se establecerá el Área de Protección de Flora y Fauna "Yum Balam", está integrada por aguas de jurisdicción federal, terrenos nacionales, ejidales y de propiedad privada.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ecología, la tenencia de la tierra, en el municipio de Lázaro Cárdenas es 70% ejidal y 30% privado. Y su población se calcula en más de 10,000 habitantes, la mayoría mayas que se encuentran hacia la parte oeste y costera de la reserva.

La región abarca la Laguna de Yalahau, los humedales y las selvas bajas y medianas de la porción norte del estado de Quintana Roo. Se ubica en una altitud aproximada de 20 m constituye un mosaico de ecosistemas de la provincia biótica yucateca que complementa a Río Lagartos. Es la reserva de acuíferos más importante del noreste de la península de Yucatán.

Es un área importante para más de 30 especies de aves terrestres que migran por la ruta transgolfo, cruzando el océano desde Louisiana y el oeste de Florida, hasta el norte de la península de Yucatán. Es el primer sitio de descanso en tierra firme al que llegan estas aves del neártico, y es crítico para estas especies el disponer de hábitat para reabastecerse y así continuar su viaje hacia América del Sur o bien permanecer en la península durante el invierno.

En la zona existen muy diversos cuerpos de agua que son totalmente desconocidos desde el punto de vista biológico y ecológico. La región está totalmente dominada por un sustrato de rocas calizas en un proceso avanzado de intemperismo por el agua. Este proceso se refleja en la existencia de una amplísima red de canales subterráneos conectados con la superficie por grietas de distintos tamaños: los microcenotes. En ellos se encuentran flora y fauna únicas, donde los ejemplares acuáticos se refugian en la época de sequía. Durante las lluvias el nivel de agua sobrepasa el de la superficie formando extensas lagunas donde la biota acuática se reproduce rápidamente y adonde llega una rica avifauna. Este interesante fenómeno no ha sido estudiado como tampoco lo han sido la flora y la fauna de estos sitios.

En la parte norte de la reserva se localizan grandes extensiones de manglares y dunas costeras con su fauna y flora características.

En la estación biológica La Sabana de la reserva privada El Edén, en un muestreo rápido, se registraron 311 especies de fauna silvestre, de las cuales 186 son invertebrados y 125 vertebrados, agrupados en siete clases taxonómicas: Insecta, Arachnida, Miriapoda, Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia.

Se estima que en el área se encuentra más del 80% de los vertebrados tetrápodos conocidos en la entidad. Y de las especies en peligro de extinción, se pueden mencionar las siguientes: el mono araña, el jaguar, el puma, el ocelote, el manatí, las tortugas caguama, de carey, blanca  y laúd, los cocodrilos de río y de pantano, y la cigüeña jabirú.
De acuerdo con la misma información del Instituto Nacional de Ecología, y dada la cercanía con Cancún esta reserva está fuertemente amenazada por un futuro crecimiento urbano. Afortunadamente existe el decreto y con ello se asegura un primer paso para conservarla.

No obstante, el mismo Instituto Nacional de Ecología, recomienda que a la mayor brevedad se elabore un plan de manejo para esta área que pueda ser instrumentado de inmediato. Es importante revisar los límites de la reserva con estudios precisos en el campo para lograr que se protejan las zonas selváticas adyacentes, ya que por ejemplo, no se incluyeron algunas áreas importantes del municipio de Isla Mujeres y deben formar parte integral de la zona decretada.

Asimismo, recomienda llevar a cabo una ordenación ecológica conservacionista de toda la zona noreste de la península de Yucatán (la biorregión denominada de Yalahau) que incluya las áreas protegidas de Río Lagartos, Contoy, Yum Balam y El Edén; que permita tener una integración de las medidas de uso conservacionista del humedal más importante de la península de Yucatán.

El INE firmó en 1994 un convenio con las comunidades mayas de la zona para garantizar su participación activa en el manejo del área protegida. En el decreto del área, se estableció que el plan de manejo se formulara de manera conjunta por las secretarías de Desarrollo Social, Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca y de la Reforma Agraria en conjunto con el Gobierno del estado de Quintana Roo y del municipio de Lázaro Cárdenas.

El área protegida de Yum-Balam, carece de un Programa de Manejo que la regule y determine qué se puede y qué no se puede hacer en la zona. Además, Holbox tampoco tiene un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel), que dicte restricciones o parámetros de aprovechamiento.

Esta dictaminadora considera que la cancelación del proyecto turístico en la franja de “La Ensenada”, que amenazaba el equilibrio ecológico y social en la isla de Holbox, Quintana Roo, está lejos de representar una seguridad para la zona natural protegida de Yum Balam, donde esa ínsula del sureste mexicano se encuentra.

De acuerdo con el portal de internet  dos son los elementos que impiden tanto la certeza para los habitantes de las comunidades ubicadas en el área protegida, como la seguridad en la conservación de las especies de flora y fauna que forman parte del ecosistema de esa región que se ha convertido en un “paraíso” bien conservado entre los atractivos turísticos con que México cuenta:

1.- La definición de las tierras ejidales concretada el día 1 de junio pasado que dividió a Holbox en cuatro partes durante una asamblea cuestionada por el comisario ejidal de la isla, Nibardo Mena Villanueva, y que le daba a la empresa Península Maya Developments, encabezada por empresarios yucatecos, viabilidad para iniciar un proyecto en un área de 980 hectáreas.

2.- El retraso de dos décadas de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para publicar el plan de manejo de la zona natural protegida de Yum Balam.

Justo el día 6 pasado, cuando la Semarnat emitió el resolutivo mediante el cual la empresa Península Maya Developments manifestaba su desistimiento en la construcción del megaproyecto turístico en la zona conocida como “La Ensenada”, se cumplieron 20 años de haberse decretado la declaración de Yum Balam como zona natural protegida.

De acuerdo a la misma fuente, fue un 6 de junio de 1994 que se decretó la creación del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, cuyo plan de manejo fue elaborado posteriormente, pero se ha mantenido sin publicarse y por tanto sin ofrecer la certeza jurídica a las actividades que puedan o no realizarse en esa región.

La inestabilidad jurídica en materia de protección ambiental en la zona quedó expuesta este mes, no solo con la fecha que marca las dos décadas, sino también con el conflicto ejidal que representó la asamblea realizada el día 1 de junio pasado.

Tal y como lo mencionan los proponentes, si bien, el resumen ejecutivo presentado por la empresa desde septiembre de 2012 para su estudio ante la Semarnat indica que de esa área solo se aprovecharían directamente 93 hectáreas, es muy probable que el impacto ambiental previsto a la zona afectaría más allá del área de construcción del proyecto turístico, amenazando el equilibrio natural y social de la zona.

En ese escenario de incertidumbre, el proyecto en “La Ensenada” está detenido, pero no quiere decir que esté totalmente cancelado o que no haya más riesgos para el equilibro natural y social de Holbox o cualquier otra área dentro de la zona protegida. De ahí pues que esta dictaminadora someta a la consideración el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del Área Natural Protegida “Yum Balam” y la regularización conforme a derecho, de la situación del Ejido Holbox, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remita un informe sobre la situación jurídica del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, que incluya lo sucedido en la asamblea del 11 de diciembre de 2005 hasta la fecha. Así mismo, se solicita que por conducto de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, se dé atención, y valore la viabilidad, a las demandas planteadas por los ejidatarios.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicar a la brevedad el Programa de Manejo del Área Natural Protejida “Yum Balam” y se remita un informe en el que fundamente las razones por las que tras 19 años no se ha publicado el mismo, en el que se incluya el estatus que guarda la propuesta de modificación de categoría para nombrar a dicha región reserva de la biosfera y extender su actual superficie de 154,052-25-00 a 313,024-00-00 hectáreas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al quinto dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al sexto dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a adecuar las reglas de operación del "Programa subsidio a la prima del seguro agropecuario", con la finalidad de garantizar que el apoyo llegue a todos los sectores y abarque una mayor cantidad de productos del campo, suscrita por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

"El Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario se inició en 2001 y tiene como objetivo ampliar la cobertura del seguro para agricultores y ganaderos subsidiando el costo de las primas que pagan los productores en los seguros que contraten.

El programa está dirigido a cualquier productor agricultor o ganadero que pueda asegurar cultivos o cabezas ganaderas, y tenga la capacidad para pagar la prima o cuota de una o varias de las coberturas de riesgo climatológicas.

El informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) señala en los resultados del cumplimiento del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario (PSPSA), que éste no cuenta con evaluaciones de impacto debido a lo siguiente:

  • El diseño y las características del programa.
  • La dificultad de definir el grupo control.
  • La insuficiencia de información.

En cuanto al presupuesto otorgado al PSPSA se observa que desde su creación no existe una clara correspondencia entre el presupuesto ejercido y la cobertura alcanzada ya que desde el año 2010, el presupuesto original fue inferior al ejercido. Siendo que, aun cuando la cobertura ha bajado en los últimos tres años, el presupuesto aumentó -con respecto al año anterior- tanto en el 2010 como en el 2011 y 2012."

B. Concluyen los proponentes al señalar que:

"El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Adicionalmente, en el Artículo 9 de la misma Ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten."

C. Con lo anterior, formulan el siguiente:

"Punto de Acuerdo:

"ÚNICO. La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, C. Luis Videgaray Caso; a que adecúe las reglas de operación del "Programa Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario" con la finalidad de garantizar que el apoyo llegue a todos los sectores y abarque una mayor cantidad de productos del campo; asimismo haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet, lo relativo desde 2010 a la fecha, siguiente:

El origen y destino de los recursos ejercidos por el PSPSA

La información desglosada de los gasto que originaron el sobre ejercicio que asciende a 574.56 millones de pesos en el período de 2010 a 2013.

El Padrón único de beneficiarios."

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación planteadas por los proponentes, considerando conveniente y procedente clarificar las reglas de operación de cualquier programa en apoyo del sector agrario, así como promover la transparencia en el ejercicio de recursos públicos asignados a éstos.

De acuerdo con una institución aseguradora, el seguro agropecuario cuenta con dos vertientes: agrícola y pecuario. El primero asegura los cultivos de los productores contra diferentes riesgos, como incendio, granizo, sequía, inundación, plaga, enfermedades, heladas, entre otros. Los cultivos asegurables son diversos, siendo los más comunes en nuestro país maíz, trigo y frijol, aunque también comprende especies en invernaderos. Mientras que el segundo protege la vida de diversas especies ganaderas por enfermedad o accidente como incendio, huracán, inundación, atropellamiento e incluso mordedura de víboras.

Considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional VI "México próspero", objetivo 4.10 "Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país", estrategia 4.10.3 "Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos", se establece como línea de acción la de diseñar y establecer un mecanismo integral de aseguramiento frente a los riesgos climáticos y de mercado, que comprenda los diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, así como la de priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la salud de la población y la calidad de los productos para elevar la competitividad del sector.

En el mismo sentido, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, objetivo 5 "Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad", estrategia 5.6 "Incrementar la penetración de los seguros en el sistema financiero mexicano, así como mejorar los esquemas de transferencia de riesgos para el Gobierno Federal", se establecen como línea de acción la de incentivar a la industria para crear nuevos productos y vehículos de aseguramiento, como microseguros y coberturas básicas estandarizadas y mejorar los mecanismos de dispersión y venta de los seguros; y principalmente la de fortalecer el seguro agropecuario a través de una mayor eficacia en la dispersión del subsidio a la prima, una mayor coordinación entre las instituciones públicas financieras y no financieras que apoyan al campo, y a través de una regulación adecuada de los Fondos de Aseguramiento.

Con lo anterior, el Gobierno de la República desea fomentar la penetración de los seguros que representaría un incremento en el bienestar de la población, debido a la mitigación de los riesgos financieros por contingencias climatológicas, en salud, riesgos de trabajo, invalidez y vida de los proveedores económicos de la familia, por lo que el "Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario", pretende subsidiar la prima que paga el agricultor o el ganadero con motivo del aseguramiento de sus cultivos o de su ganado.

En este contexto, el 27 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, para el ejercicio fiscal 2014, de las cuales se destaca lo siguiente:

El subsidio otorgado será el autorizado en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación, del cual, al menos el sesenta por ciento se destinará al seguro agrícola y el resto al seguro ganadero.

Ampliar la cobertura del Seguro Agropecuario mediante apoyos a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las primas que pagan en los Seguros Agropecuarios que contraten, ante los riesgos que enfrenta su actividad.

En cuanto al seguro agrícola, las coberturas de riesgo son por aspectos climatológicos, biológicos y los relacionados con la nacencia.

Por lo que hace al seguro ganadero, las coberturas protegen a especies pecuarias, acuícolas, apícolas y avícolas.

Se otorgará al productor agropecuario, un porcentaje o monto que reduzca el importe de la prima que paga.

El Gobierno Federal encomendó a AGROASEMEX, S.A., la operación, administración y ejecución de los programas de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario.

Porcentaje de subsidio que se aplicará al importe de la prima, según la entidad federativa.

Requisitos y procedimiento para acceder al programa.

Montos y tipos de apoyo.

Verificación y supervisión de los recursos.

Sanciones del programa.

Seguimiento, control y auditoría de los programas, entre otros.

El origen de los recursos ejercidos por el programa, proviene en su totalidad de recursos fiscales etiquetados como subsidios corrientes aprobados por esa soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación a AGROASEMEX, S.A. y, en su caso, de las ampliaciones presupuestarias que se autoricen durante el ejercicio fiscal respectivo.

Si bien es cierto que el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012–2013 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), señala que el programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a las cuestiones que señalan los proponentes, sin embargo, la sustancia del informe no se limita sólo a eso, sino que también destaca los siguiente:

El programa se caracteriza por contar con un sistema informático estandarizado y confiable, con el cual se realizan, de manera sistematizada y estandarizada los procedimientos para recibir y verificar las solicitudes de apoyo, para seleccionar a los beneficiarios y verificar dicha selección, y para entregar el subsidio y verificar la entrega.

La cobertura del programa ha atendido a 7,452 mujeres y 32,408 hombres en 31 entidades federativas en 1,047 municipios.

En cuanto al presupuesto otorgado al programa, éste se fue incrementando desde 2001 (año en que se creó) hasta el 2011. Para 2012 el presupuesto se redujo en un 11 por ciento (118 millones de pesos).

Desde el año 2010, el presupuesto original fue inferior al ejercido.

No existe una clara correspondencia entre el presupuesto ejercido y la cobertura alcanzada por el programa.

Concluye el informe afirmando que algunos indicadores estratégicos no permiten valorar el comportamiento del programa y que no debería de ser evaluado por el CONEVAL, en virtud de que las reglas de operación del mismo, se considera que los subsidios no están focalizados a agricultores o ganaderos que no puedan acceder al aseguramiento de sus bienes por falta de recursos, por lo que de acuerdo con las reglas de operación, no es apropiado evaluar la progresividad o regresividad del programa.

El CONEVAL recomienda mejorar la calidad de los indicadores de resultados, revisar las reglas de operación de modo tal que el programa sea progresivo y ayude en mayor manera a los productores más pobres.

El CONEVAL sugiere que toda la información proporcionada por el programa al equipo evaluador que realizó la evaluación, sea pública a través del sitio de internet del programa o la dependencia.

Por otro lado y con fundamento en los artículos 6o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Tercera Comisión considera oportuno conocer a detalle la operación del "Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario", en especial del ejercicio de los recursos asignados al mismo, en virtud de que esta Comisión no cuenta con los datos que aseguren la existencia de un sobre ejercicio, como lo señalan los proponentes.

Asimismo, para poder llevar a cabo la adecuación de los lineamientos y disposiciones contempladas en las Reglas de Operación del programa en comento, se estima indispensable contar con la opinión de la Subsecretaría del Ramo para que pueda pronunciarse con respecto a la modificación y actualización de los mismos.

En el mismo sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que la Cámara de Diputados podrá señalar en el Presupuesto de Egresos los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

De igual forma los subsidios deberán apegarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán identificar claramente a la población objetivo beneficiada por grupo específico y por región del país; prever montos máximos por beneficiario; procurar que el mecanismo de distribución otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos, entre otros.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. y II. …

Por lo que hace al padrón de beneficiarios, el programa cuenta con un padrón de beneficiarios, el cual se reporta de manera trimestral a través de los medios electrónicos de la Institución y se envía a las instancias correspondientes, el cual está constituido por personas físicas y morales. Dicho padrón se publica en la página de internet de AGROASEMEX, así como en los informes de los avances trimestrales y cierres anuales de los programas de fomento que administra la institución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director General de AGROASEMEX S. A., a informar a esta Soberanía sobre el ejercicio de los recursos asignados al "Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario", correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013.
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al séptimo dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer una mesa de negociación con la empresa minera Grupo México, el Gobierno del Estado de Guerrero y los representantes del Sindicato de la Sección XVII de los mineros de Taxco y el Gobernador del Estado de Guerrero con el objeto de construir un acuerdo de solución a las demandas de los trabajadores mineros y permita el reinicio de actividades productivas de la empresa, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente, menciona que el Estado de Guerrero, desde tiempos de la conquista ha sido importante en su producción de minerales metálicos, precisamente en Taxco fue donde se abrió la primera mina de la entidad. Durante su historia minera se han explotado importantes yacimientos como los de Campo Morado, Huitzuco, Pinzán Morado, Tetipac, La Dicha, Poder de Dios y La Delfina; los cuales han contribuido en gran medida a mantener una posición importante en la producción nacional lo que contribuye en el mejoramiento de la economía de la entidad,

Refiere que el valor de la producción minera estatal durante el período enero-diciembre de 2010 ascendió a 7,819,264,054.50 millones de pesos participando con el 4.16% del valor total nacional, es por esto que tiene gran importancia detener el conflicto minero que se desarrolla en Guerrero.

Dice que la Seguridad Industrial es el conjunto de principios, leyes y normas cuyo    objeto es prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar daños a personas, medio ambiente, equipos y materiales. Ese conjunto de normas debe ser respetado para evitar accidentes, y brindar seguridad a quienes laboran en una   industria.

En cuanto a la seguridad de minas en nuestro país, destaca, es prácticamente inexistente; siendo el Estado de Coahuila el que presenta la estadística de tragedias más alta en el país.

Menciona el proponente que, en medio de esta problemática el 30 de julio de 2007 estallaron huelgas en Cananea, Sonora, Taxco de Alarcón, Guerrero, y San Martín Sombrerete, Zacatecas, contra la empresa Grupo México, propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, debido a que carecen de condiciones de Seguridad e Higiene; tal y como sucedió en la mina Pasta de Conchos.

Para el tema que nos ocupa, el legislador refiere que en el caso de Taxco, la empresa Grupo México anuncio la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), sección 17, con sede en Taxco Guerrero, y de acuerdo con declaraciones del Dr. Álvaro Castro Estrada, Subsecretario de Trabajo y Previsión Social (en el año de 2011), “la empresa argumentó que había un agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva”. Por lo que para determinar la existencia de mineral, el 25 de enero de 2010 se realizó un peritaje que concluyó el agotamiento de la materia de extracción, derivado de lo cual Roberto Hernández Mojica, Secretario General de la Sección 17 del sindicato de mineros negó el agotamiento de las reservas de mineral, principalmente de zinc y plomo; explicó que la empresa ya no quiso contratar más personal encargado como contratista para detectar yacimientos en las minas del lugar, porque se negaba a garantizarles mejores condiciones laborales; indicando que los vetas que encontraron hace casi dos años en la mina Remedios tendrían una duración de más de 30 años. lo que conllevó a que el 25 de agosto de ese año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictara el laudo ordenando la terminación de las relaciones colectivas e individuales entre Industrias Metálicas de Monclova S.A. (IMSSA) Propiedad de Grupo México y la Sección 17 del sindicato de mineros. Por lo que en respuesta, el sindicato interpuso un amparo directo en contra de ese laudo ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado.

El líder de los mineros de Taxco, señaló que les resulto obvio el anuncio del cierre de la unidad minera que hizo en varios medios informativos el Grupo México; atribuyendo la reacción al fallo que dio a favor de los mineros el juez sexto de distrito en materia laboral, declarando legal la huelga estallada el 30 de julio de 2007 por violaciones al contrato colectivo del trabajo, entre ellas la inseguridad de las minas, donde ocurrían numerosos accidentes, debido a que el Grupo México no invertía en seguridad laboral.

Hace mención que cuando recién comenzó el conflicto, eran 386 mineros los que se encontraban en huelga, actualmente siguen en lucha 153.Así mismo el salario más alto en aquel entonces (hace 7 años) era de $147 diarios y el más bajo de $90, lo que nos da un salario promedio aproximado de $120. Actualmente el sueldo promedio de un minero es de aproximadamente $220, lo que representa un aumento del 83%.

Finalmente comenta que en el mes de Enero del año 2014, se reunió Alfonso Navarrete Prida, Titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión social, Ángel Aguirre Rivero, Gobernador constitucional del Estado de Guerrero y Roberto Hernández Mojica, Secretario General de la Sección 17 del sindicato de Mineros con sede en Taxco Guerrero, y en dicha reunión el Titular de la Secretaría del Trabajo expreso que en 6 meses se arreglaría el problema de la huelga. Aún falta un mes para que concluya el plazo, sin embargo los mineros sienten que no ha habido un seguimiento puntual para dicho acuerdo, ya que no han tenido comunicación con el Secretario, por lo que es necesario hacer un llamado para construir una propuesta de solución a la huelga de 7 años de la sección XVII de los mineros de Taxco respetando su contrato colectivo de trabajo con todo lo que implica.

Debido a las anteriores consideraciones, el proponente considera el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El pleno de la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer una mesa de negociación con la empresa minera Grupo México, el Gobierno del Estado de Guerrero y los representantes del Sindicato de la Sección XVII de los mineros de Taxco y el Gobernador del Estado de Guerrero con el objeto de construir un acuerdo de solución a las demandas de los trabajadores mineros y permita el reinicio de actividades productivas de la empresa.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, comparten la preocupación del senador Ríos Piter, en la necesidad de dar una solución al conflicto minero que existe en la ciudad de Taxco, Guerrero.

En este año, se cumplen 7 años de que la sección 17 del sindicato nacional de mineros estalló la huelga en contra de la empresa Grupo México en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene, revisión del contrato colectivo de trabajo y respeto a la autonomía sindical.

Fue el 30 de julio del año 2007 cuando los obreros taxqueños colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de las diferentes minas que tiene la empresa en este municipio platero, simultáneamente el sindicato estalló la huelga en las secciones 65 de Cananea Sonora y 201 de San Martín Zacatecas.

Durante estos años, los obreros han mantenido el movimiento luego de que la crisis económica y las presiones de la empresa obligaron a que un número similar de trabajadores aceptaran una liquidación con la promesa de que al terminar el conflicto serían recontratados.

Al respecto, el dirigente de la sección minera aclaró que por la situación económica que vivían, “desgraciadamente muchos compañeros tuvieron que aceptar una infame liquidación que les está dando la empresa. Iniciamos 386 mineros en la huelga y quedamos a la fecha 156, pero se entiende la razón por la que muchas desertaron”.

Especificó que la mayor cantidad que se les ha dado a algunos de los que desertaron son 300 mil pesos por más de 30 años de trabajo.

No obstante, los trabajadores se mantienen firmes con la esperanza de que el conflicto se resuelva y regresen a laborar a sus fuentes de trabajo una vez que les paguen sus salarios caídos y se cumpla el pliego petitorio que los llevó a estallar la huelga.

El Líder sindical también ha manifestado su confianza en que se resuelva pronto el conflicto, al inicio de año declaró: “Estamos empezando el año con mucha alegría   porque estamos seguros que el conflicto minero está a punto de resolverse a más de 6 años y medio que tenemos de huelga, estamos seguros que este va a ser el año definitivo”.

Reiteró su confianza de que el conflicto se resolvería, ya que de acuerdo a declaraciones  hechas por el gobierno federal a través del propio Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida, quien “reconoce nuestra lucha y reconoce las huelgas mineras”.

Como lo menciona el proponente, a finales de enero pasado, el gobernador Ángel Aguirre Rivero acompañó al secretario general de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana con sede en Taxco de Alarcón, Roberto Hernández Mojica, quien se reunió con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para buscar de manera conjunta una solución a la huelga que mantienen desde hace siete años.

En dicho encuentro, el mandatario estatal reconoció la disposición y sensibilidad mostrada por el presidente Enrique Peña Nieto, por atender y hacer justicia a los mineros de Taxco.

Recordó que desde el inició de su mandato ofreció el apoyo solidario del gobierno estatal para los mineros y sus familias, quienes debido a la huelga que mantienen para exigir mejores condiciones laborales, dejaron de percibir un salario.

A su vez, el secretario Navarrete Prida ofreció una relación de trabajo respetuosa y transparente con el gremio minero, a efecto de resolver en el menor tiempo posible la situación y devolverles su fuente de ingresos económicos.

Producto de este encuentro acordaron realizar próximas reuniones a fin de darle seguimiento a este asunto y resolverlo.

Cabe mencionar, que el mismo Congreso local ha manifestado su preocupación por el tema. El diputado priista Omar Flores Majul presentó un exhorto al gobierno federal, que fue aprobado por el pleno, en el que se pide que intervenga y coordine para que se permita “la construcción de acuerdos y consensos” y “se mantenga la cohesión social y se resuelva la huelga minera de Taxco.”

Como se desprende de las anteriores consideraciones, los integrantes de esta tercera Comisión, asumen la preocupación por resolver a la brevedad y apegado a derecho, la problemática existente entre el gremio minero de la ciudad de Taxco. Y con ello, reconstruir la economía de las familias de los trabajadores; así como reactivar las fuentes de empleo que hay al reabrir la minera que lleva siete años en huelga.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar el estado que guardan las negociaciones entre la empresa minera Grupo México, las instancias correspondientes del Gobierno del Estado de Guerrero y los representantes del Sindicato de la Sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de Taxco, Guerrero, con el objeto de construir un acuerdo de solución a las demandas de los trabajadores mineros y permita el reinicio de actividades productivas de la empresa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al octavo dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la modificación del Decreto que contiene la declaratoria del área natural protegida, Parque Nacional "Cañón del Sumidero" en el estado de Chiapas, publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación, suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 03 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A) Esta proposición se basa principalmente en las siguientes consideraciones:

"A) La problemática que presenta el Parque Nacional Cañón del Sumidero, comienza principalmente por el cambio de uso de suelo, desarrollo de infraestructura, aprovechamientos de los recursos naturales y por los asentamientos humanos irregulares. Estas situaciones han impedido que se dé cumplimiento de los objetivos que dieron origen a la creación del Área Natural Protegida del Cañón del Sumidero, el considerando sexto del Decreto, publicado el 8 de diciembre de 1980, establece lo siguiente:

… para facilitar la protección, conservación y revaloración cultural y natural de esta zona de relevante belleza natural, así como para estimular la investigación científica de la misma, es conveniente declarar Parque Nacional a la zona geográfica delimitada anteriormente, a fin de que se integre y forme parte del Sistema de Parques Nacionales para la Recreación, a efecto de tomar, desde enfoques multidisciplinarios, normas de regulación y control para evitar la modificación del ecosistema y aprovechar el sitio para esparcimiento, regulando la entrada a visitantes bajo especiales condiciones, con fines educativos, culturales y de recreación; todo lo cual será sin detrimento del adecuado aprovechamiento de los recursos hidrológicos de la zona, para generar energía eléctrica, lo que resulta también de evidente utilidad pública.

…"

B) Sin embargo, en la actualidad estos fines no se han cumplido a cabalidad, en gran medida por los asentamientos humanos y el crecimiento urbano derivado de la movilización de la población rural hacia las ciudades. Este fenómeno migratorio inicialmente buscaba oportunidades de desarrollo y consecuentemente trajo como resultado el desplazamiento de personas a la capital del Estado, atraídos por una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de trabajo, estableciendose en los márgenes de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, lo que ocasionó la necesidad de ocupar terrenos para vivienda, fomentando la compras y ventas de terrenos ilegales a muy bajo costo, así como a numerosas invasiones en la porción Sur del Cañón del Sumidero.

C) La transformación de la superficie por invasión donde se asentaron familias, afectó parte de la superficie del Área Natural Protegida del Parque Nacional "Cañón del Sumidero", provocando la ampliación de servicios que le compete a municipios e influyendo en el crecimiento, equipamiento urbano y avance de los asentamientos humanos irregulares al interior del Parque.

D) Especialmente este problema social, motivó a que, durante el año 2006, el Senado de la República aprobara un punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de la Función Pública para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente constituyeran una comisión interinstitucional que resolviera la desincorporación del área urbana del Parque, pero no tuvo efecto alguno.

E) En septiembre de 2012, la CONANP realizó un Estudio Previo Justificativo, donde al realizar los trabajos cartográficos se percató y se comprobó que en la parte Norte del Parque existe un polígono abierto, es decir, al unir los vértices descritos en el considerando quinto del Decreto se obtuvo una superficie total de 23,491-76-89 hectáreas, cifra mayor a la descrita en el citado considerando, por lo que se considera necesario tutelar y adecuar el referido Decreto, a efecto de garantizar la incorporación de la superficie excedente, que por hecho le corresponde al Parque nacional Cañón del Sumidero.

F) Por otra parte, el polígono a que se hace referencia el Decreto vigente, excluye objetivos básicos de conservación del Parque Nacional del "Cañón del Sumidero", ya que no contempla algunas formaciones geológicas del área protegida que son importantes para mantener la biodiversidad del río Grijalva que atraviesa el Cañón; que a su vez, genera incertidumbre por la falta de certeza sobre los límites del polígono y dificulta la ejecución de acciones que se requieren para el manejo, protección y restauración de la zona natural.

G) Con la Modificación que extiende el área de protección, en el Decreto de 1980, actualmente vigente, se ha determinado una superficie de 217.894,190.00 m² (21,789.04 hectáreas), sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, la superficie total es de 23,491-76-89 hectáreas. Sin embargo, es necesario excluir inicialmente una superficie por el crecimiento demográfico de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de mantener un cinturón urbano con el Municipio de Chiapa de Corzo, donde conjuntamente se ubican 91 colonias irregulares de asentamiento humano y áreas transformadas por actividades agrícolas, ganaderas y forestales en terrenos que comprenden el Parque Nacional. Por ello, la CONANP propuso excluir una superficie de 2,910.70 hectáreas para desincorporar la mancha urbana principalmente que se encuentra contemplada en el área natural protegida del "Cañón del Sumidero".

H) En contraste, en el Estudio Previo Justificativo de la CONANP, se tiene contemplada la incorporación o Inclusión de superficie para compensar y mantener bajo protección o jurisdicción federal áreas naturales importantes y trascendentes, a efecto de proteger la flora y la fauna de las zonas aledañas como:

La incorporación de macizos de suma importancia para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que a largo plazo brindarían una funcionalidad integral de la Cuenca del Río Sabinal; esta zona es considerada como una Unidad de Gestión Ambiental (UGA).

Se protege la totalidad del Cañón; en la actualidad una parte de la superficie está fuera de la jurisdicción federal. Esto permitirá la protección integral del caudal del rio así como su mantenimiento y restauración del área. Se aterrizará a la recuperación de paisaje natural y de los fenómenos naturales como lo es el llamado "Árbol de Navidad" que se encuentra en la pared del cañón.

También se incorpora una cueva donde habitan nueve especies de murciélagos y da albergue ocasionalmente al vampiro común o Desmodus rotundus.

I) La superficie de 4,522.11 hectáreas adicional, es la contemplada para incorporarse al polígono del Área Natural Protegida. En resumen, con la propuesta de modificación al Decreto, el Parque Nacional "Cañón del Sumidero" tendrá una superficie final de 25,103.16 hectáreas.

J) Respecto a la incorporación de áreas aledañas, que son aquellas que tienen una vocación ambiental, van adherirse a la jurisdicción federal para mantener zonas o áreas de conservación a efecto de garantizar la funcionalidad de los ecosistemas que permitirá garantizar la continuidad de especies, el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables como:

vegetación natural leñosa.

sistemas fluviales.

bosques de galería.

bordes elevados del Cañón

el árbol de la vida,

y hábitats de interés comunitario;

K) Además, se protegerá la capacidad del territorio para facilitar la dispersión de especies y facilitar la accesibilidad de la naturaleza para los ciudadanos como factor de bienestar, calidad de vida y salud. Así mismo, con la modificación quedarán protegidos ecosistemas y grupos taxonómicos de suma importancia para la biodiversidad del Estado de Chiapas y de México.

L) Con la modificación del Decreto se verán reflejadas las mejoras en la actividad primaria, a efecto de atender adecuadamente actividades primarias como la agricultura y la ganadería, la pesca, la extracción de material pétreo (cal y roca triturada), así como el turismo de recreación y sobre todo se dará seguimiento y cumplimiento a la ausencia de zonificación.

M) Si bien es cierto que existe la inquietud por parte de la población por no contar con certeza jurídica que garantice su derecho a la vivienda, también existe la preocupación de las autoridades estatales y federales el mantener al Parque Nacional "Cañón del Sumidero" en una verdadera y real Área Natural Protegida.

N) Sin embargo, este problema es generalizado; el tema requiere de soluciones viables sin lesionar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. Es relevante lo que han implementado, coordinadamente, las autoridades estatales al brindar garantías en la tenencia de la tierra, como lo es, la expedición de escrituras públicas a favor de familias con asentamientos irregulares de más de 40 colonias. Sin embargo, la finalidad de la modificación al Decreto, debe traer como fin último, la protección del Parque Nacional "Cañón del Sumidero" y detener la mancha urbana que afecta el parque nacional.

Ñ) La delimitación del parque nacional, definirá la protección real e integral de los recursos naturales, se mejorará el mantenimiento de poblaciones viables de la flora y fauna. En general, se dará prioridad a la preservación de los ecosistemas propios del parque nacional para fomentar la investigación científica, la recreación, el turismo, la educación ecológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos.

O) Por último, se definirán las modalidades, limitaciones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en otros ordenamientos ecológicos-ambientales."
B. Con lo anterior formula el siguiente:

"PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la modificación al considerando Quinto del Decreto por el que se declara Parque Nacional, con el nombre de Cañón del Sumidero publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación, conforme al Estudio Previo Justificativo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de septiembre de 2012."

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la intención y motivación del proponente con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta representación observamos que la promovente parte de un Estudio Previo Justificado realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en septiembre de 2012, del cual se muestran diversos trabajos cartográficos sobre el Parque Nacional "Cañón del Sumidero", por lo que han transcurrido casi dos años desde aquel estudio.

Por otra parte, esta dictaminadora hace notar que como ha señalado la promovente, existe una posición opuesta de la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que propuso excluir una superficie de 2,910.70 hectáreas para desincorpora la mancha urbana principalmente que se encuentra contemplada en el área natural protegida del "Cañón del Sumidero".

Por lo anterior que, consideramos primeramente que se debe hacer del conocimiento de esta Soberanía el estado que guardan los avances del Decreto publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación por el que se declara Parque Nacional, con el nombre de Cañón del Sumidero, para con ello conocer los avances respectivos y actualización de la información y estudios recientes derivados del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre el estado que guardan los avances respecto del Decreto por el que se declara Parque Nacional con el nombre de Cañón del Sumidero, publicado el 8 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al noveno dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y al Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), a que revisen y actualicen la normatividad en materia de Pesca de Sardina y se implementen medidas de preservación de los complejos lagunares y las bahías de aguas abiertas a fin de preservar el equilibrio ambiental y la sustentabilidad de la región, suscrita por el Diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

"Gracias a la ubicación geográfica que cuenta México, sus aguas ofrecen medios muy diversos para las distintas especies de organismos acuáticos debido a la variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, la cual es mayor en las aguas marinas; esto permite que en los mares de México se encuentren especies de climas templado, cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de alta mar, regionales y migratorias, y de todas las transiciones entre estos tipos extremos."

La actividad pesquera tiene un valor económico, social y alimentario, además de ser una fuente de empleo y de desarrollo regional, parte importante del sector primario que en recientes décadas ha sido capaz de generar bienestar en diversas regiones costeras e incluso ha permitido compensar parte de los costos sociales asociados a las recesiones económicas recurrentes en otros sectores, particularmente el agrícola, esta actividad es parte de una cadena productiva donde se generan empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y es parte de la seguridad alimentaria. Sin embargo las tendencias en las capturas de la pesca mundial continúan desestabilizadas en los últimos años, la demanda excesiva ha generado un esfuerzo pesquero y tasas de aprovechamiento generalmente superiores a las que los recursos pesqueros pueden soportar.

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de consideraciones, en las que menciona que la situación de la pesca ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. En el mundo, al igual que en nuestro país, se ha alcanzado o excedido la captura máxima sostenible que se puede obtener de la mayoría de los recursos marinos.

Esta industria en Baja California Sur genera alrededor de 1,100 empleos directos entre tripulaciones, personal en tierra que atiende la flota y personal que opera las plantas, adicionalmente se generan entre tres mil y cinco mil empleos indirectos, que comprende entre otros, a proveedores y prestadores de servicios.

C. En este sentido, señala el legislador que la actividad económica en Comondú observa una prevalencia relacionada con la pesca y la acuacultura, en especial en el sistema lagunar Bahía Magdalena–Almejas y con ello la industria sardinera genera alrededor del 4.8% de empleos directos y, entre el 14.4 y 24% de empleos indirectos, de la población económicamente activa del Municipio.

Bajo dicho contexto, con un promedio de producción de 65 mil toneladas por año, Baja California Sur ocupa el cuarto lugar nacional en captura de sardina y prácticamente toda la producción se arriba en puertos de Bahía Magdalena. Del total de la producción del periodo de enero a septiembre de 2013, el 60% correspondió a sardina monterrey; el 14.6% sardina crinuda; el 10% sardina bocona; el 8.7% sardina japonesa; y, el 6.4% a macarela, de acuerdo con la información proporcionada por las ocho plantas sardineras y seis armadores. La sardina monterrey es en general la especie más abundante en la región y por lo tanto es el blanco principal de toda la flora del noroeste.

El Diputado señala que el destino de la producción de sardina en Baja California en su mayoría es para consumo humano directo; en nuestro estado, buscamos que la pesca tenga mayor beneficio social y económico, así como contribuir y ser fuente de empleo y de generación de alimentos para la población y elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los Sudcalifornianos que viven en las aledañas, así como abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de esta zona, hacer los esfuerzos suficientes para revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar nuestros mares y su biodiversidad; sin embargo existen evidencias de que la sustentabilidad pesquera en la Bahía Magdalena está comprometida.


No obstante los avances en materia de sustentabilidad pesquera, se presentan aún situaciones que la ponen en riesgo a la actividad la Bahía Magdalena-Bahía Almejas, considerado como el cuerpo de agua con mayor biodiversidad pesquera del Océano Pacífico, y en la comunidad de Puerto San Carlos donde se asientan dos empresas procesadoras de sardina para consumo humano, que generan más de mil empleos directos, por lo cual constituyen la columna vertebral de la economía regional.

D. Asimismo, se ha detectado una caída en el número de viajes con producción de sardina y que por consiguiente significa que el esfuerzo pesquero sobredimensionado está afectando la pesquería de sardina, así como otras especies de interés comercial, adicionalmente la falta de información sobre la preservación ecológica de la sardina en la bahía no permite tomar decisiones adecuadas para su manejo sustentable, generando una mayor incertidumbre.

Ante la falta de información sobre lo que ocurre en Bahía Magdalena, en particular con las poblaciones de sardina, y el efecto de la flota mayor en el ecosistema, se requiere de manera inmediata aplicar el principio precautorio, donde se excluya a la flota mayor en el interior de la bahía, esto hasta que se haga un estudio formal sobre el impacto de la zona sardinera en las demás pesquerías de la bahía y un análisis de la capacidad de carga que permita determinar la cantidad y tipo de esfuerzo pesquero adecuado.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al décimo dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Titular de la Lotería Nacional Lic. María Esther Scherman Leaño a efecto de que haga del conocimiento público el monto total, origen, destino y ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, así como de los recursos entregados a la Tesorería de la Federación, lo anterior a efecto de fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de julio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los diputados proponentes mencionan que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública establece en el Artículo 1o., que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y en su Artículo 2º refiere que el objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiere esta Ley, será enterado a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico.

No obstante, refieren, que desde el año 2000, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no ha sido auditada en lo referido al segundo párrafo del Artículo 2º de su Ley Orgánica.

Agregan que en la Auditoria 152 del Informe de Resultado de la Cuenta Pública de 2011 sobre el rubro de Cartera de Crédito el resultado fue negativo, la Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al no presentar una gestión financiera razonable de las cuentas por cobrar, así mismo que la entidad no mantiene un ambiente de control que propicie el cumplimiento de la normativa que rige los procesos de cobro y control de saldos individuales de la cartera de crédito, la entidad fiscalizada no cuenta con información de los saldos vencidos, así como tampoco no presentó evidencia para establecer estrategias encaminadas a incrementar sus ventas y optimizar sus costos, con la finalidad de revertir el deterioro en su situación financiera, incrementar su liquidez y cumplir con el objetivo para el cual fue creada.

Fundamentan su proposición a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Titular de la Lotería Nacional Lic. María Esther Scherman Leaño a efecto de que haga del conocimiento público el monto total, origen, destino y ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, así como de los recursos entregados a la Tesorería de la Federación, lo anterior a efecto de fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, comparten la preocupación de los proponentes, en relación a la transparencia de los recursos destinados a la beneficencia pública, en el caso que nos ocupa, de la Lotería Nacional.

La institución fue creada por Decreto Presidencial el 16 de agosto de 1920, bajo el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia Pública y con fecha 14 de julio de 1940, en el Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, cambia su denominación por la actual. La Ley Orgánica de Lotería Nacional que rige sus actividades y objetivo fue publicada el 14 de enero de 1985.

El objeto principal de Lotería Nacional es generar ingresos mediante la realización de sorteos con honestidad, eficiencia, calidad, transparencia, justicia, imparcialidad, austeridad, responsabilidad social, capacidad innovadora, servicio al cliente y vanguardia tecnológica; para contribuir con el Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura de los beneficios de la asistencia pública a favor de la población más desprotegida.

En el campo de la asistencia pública, destina a ese fin los recursos que obtenga a través de la entrega, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como lo establece el Artículo 2º. de su Ley Orgánica, que a la letra dice lo siguiente:

ARTICULO 2o.- El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiere esta Ley, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico.

Por su parte, el artículo 4º. del Reglamento Interior de Lotería Nacional, mandata lo siguiente:

Artículo 4o.- Los recursos que en los términos del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Institución ésta deba enterar a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico, serán remitidos a dicha Dependencia de conformidad con el procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y conforme a las demás disposiciones legales aplicables.

En su condición de Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, Lotería Nacional, para el ejercicio, control y registro de su presupuesto está sujeta a la normatividad que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; por los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público vigentes, en consecuencia, todas sus operaciones para las que fue constituida, están determinadas por decisiones financieras y presupuestales por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de coordinadora sectorial.

En relación a la transparencia y rendición de cuentas, motivo del punto de acuerdo de los proponentes, cabe mencionar, que la Lotería Nacional cuenta con una página weben la que menciona lo siguiente: "En el Gobierno de la República estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor rendición de cuentas pública.

Por lo anterior, la política de transparencia del Gobierno de la República tiene como objetivo no solo contribuir a garantizar el derecho de acceso a la información de los mexicanos, sino también a brindar información oportuna que permita mejorar la toma de las decisiones de los ciudadanos y mejorar la confianza y certidumbre respecto de la acción gubernamental.”

En dicho portal, se encuentra información básica sobre “rendición de cuentas” de la Institución; sin embargo, la información se registra hasta junio de 2012. Ahí se encuentran: informes, anexos y memorias; mismas que pueden ser consultadas por los ciudadanos interesados.

No obstante la información referida, los integrantes de la Tercera Comisión, coinciden con los proponentes, y consideran factible conocer el destino de los montos asignados para la beneficencia pública; agregando una consideración, conocer también los montos referidos al año 2012.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a informar a esta Soberanía, sobre: a) el monto de los ingresos; b) el ejercicio de recursos obtenidos en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013; y, c) los recursos entregados a la Tesorería de la Federación; de conformidad con el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo anterior a efecto de fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

 

 

 

 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

 

 

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al décimo primer dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a suspender la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal para aquellos contribuyentes que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, suscrita por los senadores Layda Sansores San Román, Dolores Padierna Luna, Martín Orozco Sandoval y Héctor Larios Córdova, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

"La reforma hacendaría (sic) aprobada por el Congreso de la Unión el pasado mes de octubre de 2013, ha generado un gran impacto a los dueños y encargados de pequeños comercios y de empresas familiares en toda la República Mexicana y ha sido uno de los principales temas de preocupación para el comercio organizado, ya que derivado de ellas no sólo desapareció el régimen de pequeños contribuyentes sino que se estableció la obligatoriedad de todos los comercios de expedir facturas electrónicas y manejar su negocio a base de sistemas informáticos, pretendiéndose que hasta los dueños de pequeñas tienditas, papelerías y comercios de frutas y verduras, pasen al régimen intermediario. Y la situación se complica, toda vez que hay quienes nunca han tenido en su mano una computadora y mucho menos conocen las herramientas de internet.

Ante este panorama, ciudadanos, organizaciones y grupos de la sociedad civil no solamente han tratado de generar un marco de diálogo y entendimiento con las autoridades que coadyuve a corregir o mejorar algunas de las disposiciones administrativas aprobadas sino que han acudido al amparo de la justicia federal a efecto de que las mismas se deroguen o dejen de surtir efectos, proceso que está en vías de resolución."

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que manifiestan que "…el nuevo régimen de incorporación producto de la nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta, afecta principalmente a las personas con menores ingresos, por lo que es necesario otorgar a los ciudadanos la garantía de que las disposiciones en controversia no se aplicarán hasta que no se resuelvan los recursos jurídicos planteados".

Asimismo, los proponentes afirman "…que las reformas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 09 y 11 diciembre de 2013, resultan ser inconstitucionales por atentar en contra de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política, por lo que en opinión de diversos juristas, en contra de dichas reformas procede el juicio constitucional de amparo, mismo que se ha hecho valer por un número importante de ciudadanos dentro de los plazos legales que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, siendo en contra de la vigencia de la ley o en contra del primer acto de aplicación de la norma que se estime inconstitucional".

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

"De acuerdo a lo que establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado o municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por lo tanto, la llamada reforma fiscal contraviene los principios de seguridad, certidumbre, legalidad, proporcionalidad, equidad y sobre todo de NO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL GIRO EN COMENTO, previstos en nuestra Carta Magna y sistema jurídico fiscal mexicano.

Es el caso de que desde el pasado mes de diciembre, se encuentran en curso de resolución en diversos Juzgados de Distrito del país mediante juicio de amparo las siguientes disposiciones:

En materia de Impuesto para la Renta.

En materia del Código Fiscal de la Federación.

En materia de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

En materia de Impuesto al Valor Agregado.

El próximo primero de julio, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, antes
régimen de pequeños contribuyentes, se vean obligados a la presentación de sus declaraciones, correspondientes a los primeros dos bimestres del año, sin embargo, los sujetos obligados carecen de certidumbre jurídica en razón de que se encuentra pendiente la resolución de los amparos en revisión".

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:

"Punto de Acuerdo:

"ÚNICO. Se exhorta al ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus facultades ordene se suspendan la aplicación a que están sujetos los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, y que antes de las reformas venían tributando en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, hasta en tanto no sean resueltos los amparos actualmente en vías de resolución interpuesta por ciudadanos y ciudadanas en contra de dicha Ley."

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y difiere con la preocupación y motivación formulada por los proponentes.

C. El Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) se estableció en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2002, abrogada a partir del primer día de 2014 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013.

El artículo 137 de la Ley del ISR de 2002 abrogada, establecía que las personas físicas que realizaran actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrían optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos por dicha Ley, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $2'000,000.00.

En el mismo sentido, se establecía la obligación de los contribuyentes a presentar, ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, mediante la cual las personas físicas calculaban el impuesto aplicando la tasa del 2% a la diferencia que resultara de disminuir al total de los ingresos que obtenían en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes.

En aquella Ley, se impusieron las siguientes obligaciones a los pequeños contribuyentes:

Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

Presentar ante las autoridades fiscales el aviso de inicio de operaciones, a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a funcionar.

Conservar comprobantes fiscales por compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio con un monto superior a $2,000.00.

Llevar un registro de ingresos diarios.

Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas.

Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el impuesto.

Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores.

No realizar actividades a través de fideicomisos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002
Abrogada a partir del 1 de enero de 2014 por Decreto DOF 11-12-2013

"Artículo 137. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $2'000,000.00.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere este artículo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.

Los copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del primer párrafo de este artículo podrán tributar conforme a esta Sección, cuando no lleven a cabo otras actividades empresariales y siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realizan en copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y siempre que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los intereses obtenidos por el mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere este artículo. Los copropietarios a que se refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 139 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información a que se refiere este párrafo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección quienes obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos, ni quienes obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos para tributar en esta Sección y obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, podrán optar por pagar el impuesto en los términos de la misma, siempre que apliquen una tasa del 20% al monto que resulte de disminuir al ingreso obtenido por la enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, en lugar de la tasa establecida en el artículo 138 de esta Ley. El valor de adquisición a que se refiere este párrafo será el consignado en la documentación comprobatoria. Por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías de procedencia nacional, el impuesto se pagará en los términos del artículo 138 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán estimar que menos del treinta por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, cuando observen que la mercancía que se encuentra en el inventario de dicho contribuyente valuado al valor de precio de venta, es de procedencia nacional en el setenta por ciento o más.

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta Sección y en tanto no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en esta Sección."

Por otro lado, en el artículo noveno fracción II del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 de diciembre de 2013", se abroga la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2002 y se expide la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la cual se reemplaza el Régimen de Pequeños Contribuyentes por el Régimen de Incorporación Fiscal, mediante el cual las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta, siempre que los ingresos obtenidos por su actividad empresarial, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

En la actual ley del ISR se imponen las siguientes obligaciones a los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal:

Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales.

Registrar en medios electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones.

Entregar a sus clientes comprobantes fiscales.

Efectuar el pago de las erogaciones de sus compras superiores a $2,000.00, mediante cheque o tarjeta.

Presentar declaraciones bimestrales.

Efectuar las retenciones correspondientes y efectuar bimestralmente el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores.

Pagar el impuesto sobre la renta correspondiente.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013

"Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:

I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección.

II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección.

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios.

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.

…"

Dicho de otra forma, con las modificaciones señaladas anteriormente, cualquier negocio pequeño como tiendas de abarrotes, papelerías, talleres mecánicos, entre otros, así como aquellos que enajenen bienes o presten servicios para los que no se requiera título profesional, pasarán en forma automática, a formar parte del nuevo régimen fiscal, al que pueden acceder las personas físicas con actividad empresarial con ingresos menores de dos millones de pesos.

Los contribuyentes que ejerzan la opción durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda.

Sin que esta Tercera Comisión afirme o niegue la existencia de juicios de amparo en contra de diversas disposiciones en materia hacendaria, cabe señalar que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución.

De conformidad con el artículo 107 fracción I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, asimismo, en dicha fracción se establece que una norma general considera, entre otras, a una ley federal, tal como lo son las diversas leyes impugnadas en materia hacendaria, de acuerdo a las consideraciones de los proponentes.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

a) …

b) Las leyes federales;

c) a g) …

II. a VIII. …

Por lo que hace a la solicitud de los proponentes relativa a suspender la aplicación de las disposiciones reformadas en materia hacendaria, aprobadas por el Congreso de la Unión en octubre de 2013, la propia Ley de Amparo concede la suspensión de oficio o a petición del quejoso del acto reclamado en cualquiera de los siguientes actos:

Que importen peligro de privación de la vida;

Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento;

Incomunicación;

Deportación o expulsión;

Proscripción o destierro;

Extradición;

Desaparición forzada de personas;

Alguna de las prohibiciones del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Ley de Amparo

Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

En plena observancia a la división de poderes, consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde única y exclusivamente al órgano jurisdiccional, decretar en este caso, la suspensión del acto reclamado, mismo que le compete solicitar al quejoso en el juicio de garantías, motivo por el cual, la Comisión Permanente se encuentra imposibilitada de conceder la petición formulada por los senadores iniciantes.

En el mismo sentido, tal y como lo establecen los artículos 94 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, sólo cuando exista urgencia y de manera excepcional, atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley, sin que hasta la fecha alguno de los presidentes de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, se hayan pronunciado al respecto.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

Ley de Amparo

Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suspender la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal para aquellos contribuyentes que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, presentado con fecha 18 de junio de 2014.

SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.





 

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al décimo segundo dictamen:

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía hacer del conocimiento público los criterios, los motivos y los parámetros internacionales con los cuáles se tomó la determinación del cambio metodológico que provocó la variación negativa del PIB en el 2009, suscrita por los diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes citan en su punto de acuerdo que en el artículo 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el Estado establece la creación de un organismo encargado del sistema de información estadística y geográfica:

"Artículo 26.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

…"

Los proponentes señalan que el INEGI será el encargado de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que genera la información de interés nacional, la cual pone a disposición de la sociedad en forma gratuita a través del Servicio Público de Información.

Los proponentes continúan definiendo las características del Instituto las cuales se conforma por 4 subsistemas cada uno coordinado por un vicepresidente de la Junta de Gobierno en cada uno de los siguientes temas:

Subsistema Nacional de Información Económica. Cuentas nacionales, ciencia y tecnología, información financiera, precios y trabajo.

Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza.

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Genera indicadores sobre estos mismos temas.

Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. En el tema geográfico: límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. Sobre medio ambiente: agua, suelo, flora, fauna, atmósfera, además de residuos sólidos y peligrosos.

Posterior a esta descripción los proponentes mencionan que es el Producto Interno Bruto es el indicador económico principal, el cual representa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado.

En el apartado de Consideraciones señalan que el INEGI realizó una modificación en la metodología de cálculo de este indicador, al pasar de una base 2003 al 2008, lo cual impacto directamente en las cifras relacionadas con la tasa de crecimiento del PIB de la economía mexicana, lo cual no se sujetó al principio de la transparencia correspondiente.
El resultado de esta modificación, señalan los proponentes, tuvo variaciones poco significativas en todos los años excepto en el año 2009, antes del cambio de base se informaba de una caída en el PIB de -6.1% indicador que con la nueva metodología se redujo a -4.7%.

Los proponentes señalan que este cambio suavizó la caída en el peor año de la administración del ex presidente Calderón.

Finalmente solicitan en su punto de acuerdo un punto resolutivo único por el que:

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente del INEGI, haga del conocimiento público los criterios y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que representó una variación de 1.4 puntos porcentuales en la variación negativa del PIB de 2009."

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La Comisión Dictaminadora comparte con los proponentes la importancia que reviste el explicar el porqué se decidió el cambio del año base para el cálculo de las cuentas nacionales de 2003 a 2008.

La Comisión Dictaminadora reconoce en el INEGI como el Instituto encargado de difundir la información estadística oficial de nuestro país, el cual cuenta con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, la Comisión Dictaminadora considera que, la solicitud de los proponentes ya esta subsanada, el pasado 20 de Agosto de 2013, el INEGI emitió el boletín de prensa número 350/13 denominado "MODERNIZACIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES CAMBIO DE AÑO BASE DE 2003 A 2008" en el cual señala que "El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa los resultados del Cambio de Año Base de 2003 a 2008 (CAB 2008) del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)."

Aunado a este informe, en el cual se muestra lo señalado por los proponentes en el sentido de que fue únicamente en el año 2009 en el cual se expuso una diferencia considerable en la variación negativa que tuvo el PIB en ese año, se incluye una Nota Técnica en la cual se explica la solicitud de los proponentes del punto de acuerdo.

En esta Nota Técnica podemos recalcar lo siguiente:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reemplaza el Año Base del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) a 2008, que por primera vez reduce su actualización a un periodo de cinco años, para sumarse a la solicitud de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, en la que invita a todos los países miembro a implementar las recomendaciones internacionales en la materia, tan pronto como sea posible, y en particular las vertidas en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) de Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

México se convierte en el cuarto país en el mundo en implementar el SCN 2008, después de Australia, Canadá y Estados Unidos.

Mejora su forma de difusión y amplía el detalle con que se presentan los resultados del Sistema de Cuentas Nacionales de México, pensando en los diferentes tipos de usuarios con fácil acceso, mejor visualización y exportación de la información del PIB y las Cuentas Nacionales.

Adicionalmente, se destacan otras mejoras e innovaciones al SCNM introducidos con el Cambio de Año Base a 2008:

Se desagrega la actividad económica en 259 ramas y 786 clases de actividad, destacándose el desglose de la agricultura a 5 ramas de actividad, para el PIB anual.

Por primera vez se dispone de una serie estadística del PIB trimestral para un lapso mayor a 20 años como resultado de un cambio de año base.

Simultáneamente al proceso de cambio de año base a 2008, se mantuvo la difusión prevista para todos los productos de la base 2003, registrados en el calendario de Información de Interés Nacional del Instituto.

Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, consideramos que la solicitud de los proponentes ya se encuentra fundada en el boletín de prensa número 350/13 denominado "MODERNIZACIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES CAMBIO DE AÑO BASE DE 2003 A 2008", por lo cual someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente dictamen con cambios al resolutivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente del INEGI, haga del conocimiento público los criterios y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que representó una variación de 1.4 puntos porcentuales en la variación negativa del PIB de 2009.

SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

Sen. René Juárez Cisneros
Presidente

Sen. Omar Fayad Meneses
Secretario

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
Secretaria

Sen. Armando Ríos Piter
Secretario

Sen. Ismael Hernández Deras

Dip. Manuel Añorve Baños

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza

Dip. Francisco González Vargas

Dip. Luis Alberto Villarreal García

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Sen. Héctor Larios Córdova

Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Víctor Manuel Manríquez González

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino

Dip. Ricardo Monreal Ávila

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario.

Consulto a la Asamblea si alguno de los dictámenes de la sesión de este día se reserva para discusión en lo particular, que el señor Secretario acaba de darle lectura y que provienen de la sesión de Comisión de la Tercera Comisión de hoy en la mañana.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Los de Segunda Comisión.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: No hay de Segunda Comisión, Senadora.

Lo que en este momento estamos sometiendo a consideración son los de la Tercera Comisión que hoy en la mañana sesionaron y fueron aprobados, para ver si hay alguna reserva sobre algún punto.

Bajo el entendido que si hay alguna reserva la discusión se pretende que se realice en la siguiente sesión de la Comisión Permanente.

Es decir, aquellos dictámenes que sean reservados, será la discusión y votación del mismo en la siguiente sesión de la Comisión Permanente y ahorita procederemos a votar aquellos que no están reservados.

Sonido en el escaño del Diputado Monreal Avila.

¿Para qué efecto?, señor Diputado.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, le hago una pregunta, ¿por qué esa decisión arbitraria suya de que los que reservemos tendrán que ser discutidos hasta la semana próxima?

Yo le pediría que reconsiderara su criterio, que no me vaya a mandar a la votación de la mayoría, porque por supuesto todas las pierdo.

No, a mí me gustaría que pudiéramos discutirlas.

Mire, en el Orden del Día que yo tengo, hay algunos puntos de Acuerdo que no escuché de la lectura del Secretario de la Mesa Directiva.

Por ejemplo, el de la Tercera Comisión, que es el que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular para que revisen los términos y condiciones en que los usuarios pueden cancelar el uso del servicio y dar por terminada la relación contractual.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Me permite algún comentario, Diputado.

Repito, lo que en este momento se está sometiendo a consideración de la Asamblea es, si los dictámenes aprobados en la Tercera Comisión en la sesión de hoy en la mañana, hay alguna reserva sobre ello.

Una vez concluido eso, se va a dar lectura o se señalan, tenemos 5 dictámenes reservados de la sesión anterior, esos siguen con reserva, obviamente, de ninguna manera se estaría votando ello, que son los correspondientes, uno de la Primera Comisión, tres de la Segunda Comisión y uno de la Tercera Comisión que es el que está usted haciendo mención.

Lo que en este momento someteríamos a consideración, son todos los dictámenes de la Tercera Comisión que el día de hoy no tenemos reserva sobre él.

Por lo mismo, esta Presidencia vuelve a preguntar si de la Tercera Comisión hay alguna reserva.

Cómo no, lo escucho.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) O sea, que si yo reservo uno de los dictámenes que ha dado lectura el Secretario, tampoco habrá discusión.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En la mañana, quiero mencionar que con la intención de darle:

1. Facilidad a las comisiones para que sigan laborando.

2. Como es de todos conocido, el día de hoy tenemos la autorización de un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse mañana en Cámara de Diputados, pero asimismo, el mismo día de hoy están convocadas las comisiones correspondientes dictaminadoras.

Por tal motivo, lo que se somete en este momento, y vuelvo a señalar, esta Presidencia, no pretende, de manera alguna, ni evadir el debate, ni señalar la prórroga del mismo, hago la manifestación para que no existan sorpresas en la votación más adelante.

Simple y sencillamente si hay alguna reserva, obviamente esta Presidencia la registra.

Vuelvo a preguntar, ¿alguna reserva de los dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, por cierto, en la mañana en la Tercera Comisión?

Por favor, nada más para listarlos, señor Diputado.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Tercero, cuarto y quinto de la Primera.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Nada más precisarlos bien, para que no vaya a haber ningún error, los identificamos para que no exista algún error de que están reservados por parte del Diputado Monreal Avila.

De acuerdo a lo que usted comenta, sería el que exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis centros para la conservación e investigación de la vida silvestre existente, así como la creación de otros nuevos que permitan la conservación, investigación e integración de los ejemplares de la vida silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015.

Ese sería el primero.

El que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las actividades comerciales en el mercado internacional de Petróleo Crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI, comercio internacional a partir de los indicadores, parámetros utilizados a nivel internacional para la mención de los resultados.

Y por último, el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a promover acciones en busca de estabilizar el mercado nacional de edulcorantes.

Esta Mesa Directiva toma nota de la reserva, por lo cual, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 12 dictámenes emanados de la Tercera Comisión que no fueron reservados.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes en los que no hay reserva. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados. Comuníquense. Queda constancia que hay tres dictámenes reservados de la Tercera Comisión, más los cinco dictámenes reservados de la sesión anterior.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Secretario Diputado.

En atención a la solicitud contenida en la comunicación, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorpore a la agenda del día de hoy un proyecto de Decreto que la Mesa Directiva propondría a esta Asamblea para convocar a la Cámara de Diputados a realizar sus sesiones extraordinarias.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto.





 

MESA DIRECTIVA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.

Artículo Primero.- Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que funciona durante el segundo receso del segundo año del ejercicio de la LXII Legislatura convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un período de sesiones extraordinarias.

Artículo Segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente Decreto se realizarán a partir del día 8 de julio del 2014, la apertura de las mismas se efectuará a las 11:00 horas del mismo día.

Artículo Tercero. Durante el período de sesiones extraordinarias la Cámara de Diputados se ocupará de resolver los siguientes asuntos:

1.- Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

2.- Protesta de ciudadanos Diputados y Diputadas.

3.- Acuerdo de los órganos de gobierno.

Artículo Cuarto. La Presidencia de la Mesa Directiva convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el Artículo Tercero del presente Decreto.

Artículo Quinto. La Cámara de Diputados realizará la correspondiente clausura del período de sesiones extraordinarias una vez que se haya resuelto el procesamiento legislativo del proyecto de Decreto, motivo de esta convocatoria en los términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Sexto. Conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto de este Decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del Presidente de la Mesa Directiva dirigida a los Diputados y Diputadas.

Artículo Séptimo. De conformidad con el Artículo 72, inciso J, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Con fundamento en los artículos 59 y 60 al Reglamento para el Gobierno del Congreso General, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el anterior proyecto de Decreto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión del proyecto de Decreto se revise en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Secretario Diputado. En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto. Tiene el uso de la tribuna el Diputado Monreal Avila, en contra.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, ciudadanos legisladores.

Por congruencia no puedo avalar este atropello, este abuso de que ha sido víctima la población mexicana, porque nosotros consideramos que lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores hace unos días, al aprobar la Ley Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión, se esfumó la división de poderes, se encubrió una grave deficiencia en materia constitucional, ya que permitió la usurpación de funciones al permitir que los dictámenes legislativos provengan de la Presidencia de la República.

Se incurrió en una invasión de la esfera de competencia del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo, y lamentablemente en la práctica, se permite la existencia de un suprapoder constituido por una sola persona, el Presidente de la República, que decide, ordena y ejecuta en los tres Poderes de la Unión.

Por lo tanto, se profundiza la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Incluso yo podría decir, con toda serenidad, que el Senado ha promovido en su acto de autoridad, en la práctica, constituir el más poderoso y peligroso poder fáctico, en el que se habrá de convertir la televisión restringida, que junto con la radiodifusión, decidirán e impondrán actos fundamentales para la nación y podrán incluso tornarse ingobernables.

El haber establecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que este dominio privado, predominio privado se perpetúe, evidencia a un estado claudicante, evidencia a un estado sometido y, sobre todo, evidencia la debilidad de un Poder Legislativo que en la práctica no está cumpliendo los propósitos constitucionales de ser un equilibrio entre los tres poderes.

Esta debilidad, esta subordinación, este hincamiento del Legislativo al Ejecutivo, no es nada nuevo y tampoco es nada bueno, porque el Poder Legislativo lamentablemente renunció a constituir un instrumento jurídico que garantizara los derechos y las libertades de los gobernados por los gobernadores.

Por eso estoy en desacuerdo, porque en la Cámara de Diputados, conociendo la composición de la misma, que sigue la naturaleza prácticamente idéntica en la composición de la misma no va actuar como Cámara revisora, va a actuar como una oficialía de partes, va a actuar como una oficina de trámites burocráticos menores.

Nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo porque la norma secundaria que se creó y se aprobó por el Senado, contradice la Constitución en esta materia.

Yo recuerdo muy bien algunos de los argumentos que aquí se debatieron en el Senado.

La declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio va a generar una protección desmedida a los poderes fácticos, porque los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir la competencia.

Mucha gente en la calle pregunta ¿qué quiere decir el que la preponderancia sea por sector y no por servicio? Es muy sencillo, en explicaciones llanas la preponderancia por sector contempla toda la telecomunicación, toda, o la radiodifusión como sector.

El que se hayan pronunciado por esta y no por servicio, quiere decir que por servicio se entiende telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión abierta, televisión restringida.

Si se hubiera declarado en la Ley Secundaria la preponderancia por servicio, querría decir que entonces Televisa no podría ampliar más su adquisición de medios de cables en televisión privada o televisión restringida.

Ahora sí lo podrá hacer, porque hacia allá va orientado el mercado.

Quiero decirles, con toda seriedad, que el futuro de las telecomunicaciones, en el caso de la televisión restringida, está en expansión y en un franco crecimiento.

La gente por muy modesta que sea busca pagar televisión restringida, el año pasado tuvo un 10 por ciento de crecimiento. El mercado de las telecomunicaciones es de casi 500 mil millones de pesos, eso es lo que se está disputando.

Cuando se declara la preponderancia por sector, se deja a esta televisora que crezca en el mercado de la televisión restringida sin límite, porque ya fue declarada preponderante en televisión abierta, y los argumentos son que no es lo mismo televisión abierta que televisión restringida.

En televisión restringida este emporio televisivo ya tiene el 47 por ciento de las estaciones y el 60 por ciento de la audiencia.

Entonces en la práctica el futuro… termino, señor Presidente, en la práctica… y termino porque ha sido usted cuidadoso siempre en mis turnos, voy a terminar; en la práctica la televisión restringida va a crecer de manera impresionante, y el único control que tendrá será una sola empresa, porque a las otras hasta en año y medio y dos años, podrán otorgarle esa posibilidad.

Luego, entonces, es un privilegio inadmisible porque se está generando en la práctica un poder impresionante de la televisión restringida.

Actualmente tiene el 60 por ciento de la audiencia, nada le impide a este emporio televisivo que tenga el 90 por ciento, ya lo veremos.

Entonces, lo que ustedes están haciendo es privilegiar el criterio privado por encima del criterio público, y eso tarde que temprano será una consecuencia lamentable para el país, para la democracia y para la libertad y el derecho a la información.

Señor Presidente, muchas gracias por su tolerancia.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Monreal Avila. ¿Algún otro Senador, Senadora, Diputada o Diputado?

Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se va a recoger la votación nominal.

Señor Presidente, se emitieron 29 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

Sí se reúnen las dos terceras partes de mayoría que exige la fracción IV del artículo 78 constitucional.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Secretario Diputado. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a un periodo de sesiones extraordinarias.

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, durante el actual receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, a partir del 8 de julio del presente año. Comuníquese este Decreto a la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Para ningún mexicano o mexicana es desconocida la situación dramática que vivieron y viven los 45 mil trabajadores que fueron echados a la calle por Felipe Calderón Hinojosa, el 11 de octubre de 2009, en ese entonces los trabajadores agrupados en el Sindicato más antiguo del país, el Mexicano de Electricistas, fueron culpados por Felipe Calderón de ser los responsables de la crisis financiera en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y lanzados al desempleo y a la terrible condición de no poder mantener a sus familias.

El Decreto de liquidación de esta empresa se hizo no solo atropelladamente, sino además incurriendo en una aberración jurídica, puesto que en 1993, cuando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro adopta, por Decreto del Poder Ejecutivo, el status de organismo público descentralizado, este, el Poder Ejecutivo asume la condición de patrón sustituto, y por lo mismo forma parte del contrato colectivo celebrado con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Si bien ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia, que las relaciones laborales individuales quedaron extinguidas por causas de fuerza mayor, también lo es que ello no afectó la relación contractual colectiva que subsiste, inclusive con la titularidad del contrato.

A la fecha, más de 17 mil trabajadores no han sido liquidados y reclaman al patrón sustituto la reinstalación de su fuente de empleo. En esta circunstancia muchos pasivos, y en particular el que se deriva del Fondo de Pensiones de los Trabajadores, integrado desde 1914 con aportaciones de los propios sindicalizados, se cuenta entre los clasificados preferentes ante la inminencia de una probable conclusión de la liquidación del organismo descentralizado a cargo del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes.

Resulta urgente, apremiante, en consecuencia, dado que la reforma energética presentada en la iniciativa, plantea que se tendrán 12 meses para que el cien por ciento de los bienes, recursos y todo el patrimonio de la CFE, que cuenta con el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, pasen a la “CENASE”, que reemplazará a la Comisión Federal de Electricidad. Urge restituir al verdadero comodatario todavía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los activos que le pertenecieron, de modo que esté en capacidad de cubrir los adeudos laborales relacionados con los derechos jubilatorios y el fondo respectivo que han quedado pendientes y que forman parte de las obligaciones irrenunciables contenidas en el contrato colectivo en vigor.

Entre las irregularidades cometidas por el gobierno de Felipe Calderón se cuenta haber intervenido Luz y Fuerza del Centro bajo el supuesto de que se trataba de una sociedad mercantil, figura que se había terminado desde 1993, para dar paso a la figura de un organismo público descentralizado, por lo tanto el acto referido debió haberlo autorizado el Congreso, no un Decreto del Ejecutivo.

La maniobra de Calderón tuvo evidentemente la finalidad de evitar que la decisión fuera sometida al Congreso con lo que entre otras cosas se podría haber contribuido a enlistar a los verdaderos responsables de la quiebra técnica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es decir, quienes la administraron por designación Presidencial.

Un mecanismo de cierre y transferencia estrictamente legal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hubiera puesto al descubierto el verdadero móvil de la turbia maniobra del gobierno panista, ocultar el contrato de fecha 18 de diciembre de 2007, con la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., hasta antes de esa fecha, la empresa mencionada tenía un contrato de arrendamiento de la infraestructura del espacio que ocupa uno de los hilos de guarda de las líneas de transmisión, torres, cuadros y postes, ductos subterráneos, para la instalación de la fibra óptica.

El día mencionado se convirtió en un contrato mediante el cual dicha empresa adquirió la propiedad de las mismas a cambio de un pago de derechos anual, de 50 pesos por poste o torre; y 500 pesos por kilómetro o fracción de ducto.

Evidentemente se trata de prestaciones irrisorias en términos de mercado, y dado el potencial tan valioso del servicio de comunicación moderna, ¿ustedes creen que estos 500 pesos por kilómetro cuadrado cuesta la fibra óptica?; ¿cuántos dólares de ganancia han dejado a estos ex Secretarios de Energía, este contrato?

La secrecía con la que actuó Calderón, tenía, por propósito, ocultar al menos dos datos fundamentales.

Uno. Los propietarios de WL Comunicaciones S.A. de C.V., son nada menos que Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, ambos ex Secretarios de Energía, en los gobiernos panistas.

La empresa estuvo representada en la firma del contrato, por el contador público Cristóbal Mario Canales Lebrija, hijo del ex gobernador de Nuevo León.

Dos. El contrato colectivo de SME y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que subsiste, establece en la cláusula 111, que la infraestructura de la empresa, para ser utilizada en la implementación de fibra óptica, es materia de la relación laboral colectiva.

Dado que la infraestructura que perteneció a esta empresa, puede ser utilizada para fibra óptica, los recursos serían más que suficientes para no defraudar a las y los trabajadores y sus familias, y pagarles sus prestaciones del contrato de colectivo.

Entre las tareas del SAE, en la administración de dichos activos, debe contemplarse también la posibilidad de rescindir el contrato con WL Comunicaciones S.A. de C.V., por su condición lesiva al interés público nacional y a los acreedores laborales de la institución.

En este punto de Acuerdo, estamos solicitando que comparezca, de manera urgente, ante la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, el ciudadano Héctor Orozco Fernández, titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles, para que informe lo siguiente:

a) ¿En qué términos se llevó a cabo el acto de liquidación y presunta extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro?

b) ¿En qué condiciones se encuentra el proceso de liquidación ante la eventualidad de un cambio de naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad?

c) ¿Qué curso ha seguido la venta o afectación en comodato, de los activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro?, ¿cómo se piensa rescindir el contrato en comodato con la Comisión Federal de Electricidad?

d) Se informe de los inventarios existentes y del rendimiento de cuentas de la administración asumida desde el 11 de octubre de 2009.

e) ¿Cómo contempla su administración cumplir con las obligaciones contractuales con los trabajadores y en primer lugar, la entrega de fondos de pensiones?

f) Para el cumplimiento de esas obligaciones, ¿se contempla el rescate del activo, del uso de la infraestructura de la empresa, para la conducción de la fibra óptica?

Éstas y muchas otras preguntas, tiene que contestar el actual director general del SAE.

Es cuanto, Senadoras, Senadores, señor Presidente.

Propuesta

“DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se tenga a bien acordar procedente ésta propuesta de PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, ATENDIENDO A LAS RAZONES Y MOTIVACIONES QUE ENSEGUIDA PLANTEO:

ANTECEDENTES

A ningún mexicano nos es ajeno el drama que viven la mayoría de los 45 mil trabajadores y sus familias que, desde el 11 de octubre de 2009, fueron responsabilizados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa de ser los causantes de la crisis financiera que registraba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El Decreto de Liquidación de ésta empresa se hizo atropelladamente e incurriendo en una aberración jurídica dado que en 1993, cuando CLyFC, adopta por Decreto del Poder Ejecutivo, el estatus de Organismo Público Descentralizado, éste asume la condición de patrón sustituto y, por lo mismo, parte en el contrato colectivo que se tenía celebrado con el Sindicato Mexicano de Electricistas y si bien, ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia que las relaciones laborales individuales a esta fecha, quedaron extinguidas por causa de fuerza mayor, también lo es que ello, sin embargo, no afectó la relación contractual colectiva que subsiste inclusive, con la titularidad del contrato y más de 17 mil trabajadores que no han sido liquidados.

Es en ésta circunstancia que muchos otros pasivos pero, en particular, el que se deriva del fondo  de pensiones de los trabajadores integrado desde 1914, con aportaciones de los propios sindicalizados, está entre los clasificados preferentes ante la inminencia de una probable conclusión de la liquidación del Organismo Descentralizado que tiene a su cargo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Resulta así, por demás apremiante, el que si, como el gobierno actual lo espera, la nueva Empresa de Producción del Estado reemplazara a la Compañía Federal de Electricidad, ésta en su condición de comodataria y prestadora de servicios para atender la red eléctrica que le reconoció el SAE tendrá que restituir al verdadero comodatario que lo es todavía la CLyFC el conjunto de activos para que a su vez se paguen los adeudos laborales relacionados con los derechos jubilatorios y el fondo respectivo, que han quedado pendientes y que forman parte de las obligaciones irrenunciables contenidas en el contrato colectivo en vigor.

Bien se sabe que el Decreto de Calderón se materializó con el acta que levantó el Notario Público 19 licenciado Miguel Alessio Robles Landa, quién actuó bajo el supuesto de que la CLyFC fuera todavía una sociedad mercantil, que dejo de ser en 1993, y por lo mismo, evidentemente su liquidación debió haberse hecho en la condición de Organismo Público Descentralizado a través de una aprobación del Congreso, con lo que el acto notarial no tuvo más alcance que el de ser una manifestación para que se llevara a cabo la extinción del Organismo, no la consumación en el momento de tal resultado.

Es obvio que la precipitación y la improcedente vía jurídica que utilizó Felipe  Calderón, tenía como propósito el evitar que planteada su decisión y ser sometida al Congreso, el resultado hubiese sido otro y los responsables de la quiebra técnica del Organismo, serían claramente señalados entre los que lo administraron por designación presidencial. Pero sobre todo, el mecanismo de cierre y transferencia estrictamente legal de la CLyFC por su importancia y magnitud, hubiera descubierto que el verdadero móvil lo fue el ocultamiento del contrato del 18 de diciembre de 2007,  en el que la empresa WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convirtió un contrato de arrendamiento de la infraestructura del espacio que ocupa uno de los hilos de guarda de las líneas de transmisión (torres, cuadros y postes y ductos subterráneos, para la instalación de la fibra óptica, en un contrato en donde dicha empresa adquiere la propiedad de las mismas a cambio del pago de un derecho anual de $50.00 por poste o torre y 550.00 por kilómetro o fracción de ducto a partir del 1 de enero de 2007, prestaciones irrisorias en términos de mercado y de potencial de redituabilidad en el uso de tan valioso servicio de comunicación moderna.

La secrecía con la que actuó el entonces Presidente Felipe  Calderón tenía por propósito ocultar dos datos fundamentales:

1.- Los propietarios de WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., son nada menos que Ernesto Martens y Fernando Canales Clarión, ambos ex secretarios de Energía en los gobiernos panistas. La empresa estuvo representada en la firma del contrato por el C.P. Cristóbal Mario Canales Lebrija hijo del ex gobernador de Nuevo León.

2.- El contrato colectivo entre el SME y la CLyFC que subsiste, establece en la cláusula 111 del mismo que la infraestructura de la empresa para ser utilizada en la implementación de la fibra óptica es materia de la relación laboral colectiva en cuanto el sindicato tiene intervención en la decisión de su utilización para la misma empresa, en su beneficio financiero y, por lo tanto, para la posibilidad de inversiones en modernización,  empleos y mejoramiento del servicio.

En éstas circunstancias existiendo, por una parte una liquidación de la CLyFC pendiente, una suma de pasivos muy amplia que se deben liquidar y, por otra parte, con el sólo valor de la infraestructura de la empresa para ser utilizada adicionalmente para fibra óptica, los recursos serían más que suficientes para no defraudar a los trabajadores y a sus familias. Por lo mismo entre las funciones irrenunciables del SAE en la administración de dichos activos debe contemplarse la posibilidad de rescindir el contrato con WL COMUNICACIONES S.A. DE C.V., por su condición lesiva al interés público nacional y a los acreedores laborales de la institución.

Por las consideraciones anteriores se propone, a ésta H. Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se cite con carácter de urgente ante la Primera Comisión de esta Comisión Permanente al C. Héctor Orozco Fernández, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que informe:

a) En qué términos se llevó a cabo el acto de liquidación y presunta extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

b) En qué condiciones se encuentra el proceso de liquidación ante la eventualidad de un cambio de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad.

c) Qué curso ha seguido la venta o afectación en comodato de los activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cómo se piensa rescindir el contrato de comodato con la Comisión  Federal de Electricidad?

d) Se informe de los inventarios existentes y del rendimiento de cuentas de la administración asumida desde el 11 de octubre de 2009.

e) ¿Cómo contempla su administración cumplir con las obligaciones contractuales con los trabajadores y en particular la entrega de su fondo de pensiones?

f) ¿Ha pensado su administración en el rescate del activo del uso de la infraestructura de la empresa para la conducción de la fibra óptica?

Senado de la República, a los 7 días de Julio de 2014.

Sen. Dolores Padierna Luna”.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

El Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Túrnese a la Tercera Comisión.

Compañeros legisladores: Hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, como lo establece el resolutivo décimo cuarto del acuerdo que norma las sesiones de la Comisión Permanente. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

 





 

De los Diputados Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo y construcciones que tienen verificativo en la Delegación Benito Juárez y en su caso se sancione ejemplarmente a quienes las hayan cometido, con independencia de su cargo o filiación política. Se turna a la Primera Comisión.

“Los suscritos, Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado Peña, Diputados Federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La corrupción en las delegaciones políticas del Distrito Federal es un asunto cotidiano que redunda en perjuicio de la calidad de vida de millones de capitalinos, quienes ven cómo se privilegia el interés privado por sobre las necesidades públicas, cómo se les obliga a pagar por servicios, permisos o licencias, aun cuando satisfacen con creces aquellos requisitos que imponen las normas vigentes.

Establecimientos mercantiles irregulares, construcciones que contravienen la normatividad, lupanares donde se da la trata de personas, antros en los que se envicia a menores de edad, espacios públicos capturados por el comercio informal, servidores públicos forzados a entregar una fracción de su salario a recaudadores del partido en el gobierno y negocios que operan sin respetar las normas de protección civil, son la muestra palpable de la voracidad con que algunos han venido gobernando a esta urbe, de manera impune y sin respeto por los compromisos adquiridos en campaña.

El aparente caos que impera en la capital del país no es tal, sino que se trata de un paradigma de gobierno patrimonialista en el que todo es negocio y en el que nadie se salva de ser extorsionado, sea por una razón o por otra. Nos referimos a una forma de administración que ve en cada persona a un botín y no a un ciudadano. Un modelo político cuyo discurso pondera la honestidad y la mesura, pero que en sus actos demuestra rapacidad.

Ubicados en este sistema de corrupción, nos encontramos con que existen negocios al amparo del poder que sobresalen por la posibilidad de enriquecer a quienes lo ejercen, aunque sea de manera ilícita y uno de ellos lo es la violación sistemática a las reglas aplicables en materia de construcción y uso de suelo.

Lo anterior se afirma, toda vez que la construcción de grandes complejos inmobiliarios ha obedecido no sólo a la escasez de suelo para construcción, sino a la falta de planeación urbana que ha traído como consecuencia la deficiente dotación de servicios, la afectación de las vialidades y un demérito en la calidad de vida de los habitantes de diversas zonas de la ciudad.

Aunado a lo anterior, muchas constructoras e inmobiliarias edifican obras sin tener a la mano las autorizaciones aplicables en materia de uso de suelo, valiéndose para ello de los servicios de abogados fulleros y de empleados venales.

En este contexto, la delegación Benito Juárez merece una mención aparte, pues dicho órgano político – administrativo se ha venido distinguiendo por su escaso o nulo interés por hacer respetar las normas de construcción.

Esto es así, toda vez que, de acuerdo con diversas versiones periodísticas, durante los últimos tres años se han construido más de doce mil viviendas en esa demarcación, esto a pesar de que, según los propios funcionarios delegacionales, no se cuenta con estudios de impacto ambiental actualizados.1

Este crecimiento exponencial ha incidido negativamente en la calidad de vida de los pobladores de colonias tales como Acacias, Álamos, Del Valle, Portales y Nápoles y las consecuencias están a la vista: incremento del tránsito vehicular, recolección deficiente de basura, dotación insuficiente de agua, carencia de cajones de estacionamiento y viviendas de dimensiones pequeñísimas. Pero el problema no termina ahí, puesto que los desarrollos siguen proliferando y no se ve para cuándo pueda parar su construcción.

El problema aquí referido dista de ser nuevo, ya que desde hace cinco años los vecinos y empresarios de la zona se han venido quejando de las autoridades delegacionales, al grado que, durante el proceso electoral pasado, el descontento generalizado casi provoca por primera vez la alternancia en esa delegación, lo cual no debe sorprender, pues el actual jefe delegacional, Jorge Romero, ha sido señalado por permitir construcciones ilícitas, incluso desde que formaba parte de la pasada administración.

Para ilustrar lo anterior, baste señalar que, de acuerdo con el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Benito Juárez viene a ser la segunda delegación con más denuncias formuladas como consecuencia de la violación a los usos de suelo, con 722, tan sólo detrás de Álvaro Obregón.

Si bien es cierto debemos reconocer que la PAOT ha tomado cartas en el asunto, emitiendo al efecto la recomendación 2/2014, no lo es menos que el problema difícilmente se resolverá con la emisión de tales actos, pues son muchos los intereses que confluyen y poca la voluntad mostrada ahora para enfrentar a los poderes fácticos que se empeñan en contribuir al crecimiento desordenado de la urbe.

No está de más decir que la corrupción ha escalado de tal manera en Benito Juárez, que incluso, miembros distinguidos del Partido Acción Nacional han denunciado al actual delegado por inmiscuirse de manera ilegal en el proceso de renovación de su dirigencia nacional, a través de artimañas tales como la apropiación del padrón de militantes y la realización afiliaciones corporativas, situación que trajo como consecuencia la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral.

Compañeras y compañeros legisladores:

Urge para la fiebre inmobiliaria que afecta a diversas zonas de la ciudad de México. Es imperativo poner un alto a la corrupción imperante en este rubro de la administración pública de la capital. Se vuelve una necesidad la correcta aplicación de las sanciones aprobadas en esta materia por la Asamblea Legislativa hace apenas unos días. No podemos permitir que intereses privados se impongan sobre la calidad de vida de la población de la Delegación Benito Juárez. Es por ello que exhortamos al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, a efecto de que se tomen medidas urgentes para cumplir las leyes aplicables en materia de construcción y uso de uso de suelo en dicha demarcación y se sancione con ejemplaridad a quienes las contravengan, con independencia de su cargo o bonanza económica.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se investiguen las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo y construcciones tienen verificativo en la Delegación Benito Juárez y en su caso se sancione ejemplarmente a quienes las hayan cometido, con independencia de su cargo o filiación política.

Dip. Lourdes Quiñones Canales.- Dip Abel Octavio Salgado Peña”.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.

1 Consultado en http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/59733.html, el 16 de junio de 2014, a las 20:17 horas.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el acuerdo de colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos. Se turna a la Primera Comisión.

“Quien suscribe, MarIa Elena Barrera Tapia, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, presenta al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA REPATRIACION DE MENORES EN LA FRONTERA MEXICO ESTADOS UNIDOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día la movilidad de las personas, tanto al interior como al exterior de los Estados Nacionales es una realidad a la que no se pude dejar de atender. Vemos como al interior de los países existe movilidad hacia regiones con mayores niveles de desarrollo económico de aquéllas con menor desarrollo. O bien de países con menor desarrollo hacia países con mayor desarrollo.

Esto lo podemos apreciar en muchos países de Europa y de manera destacada en América del Norte, en donde se presenta una alta movilidad de migrantes hacia los Estados Unidos de Norteamérica, proveniente de muchos países, pero sobre todo de Centroamérica y México.

Las causas de esta movilidad son muy variadas, y van desde una legítima aspiración a mejores condiciones de vida, mediante empleos mejor remunerados, o la pobreza endémica de las regiones expulsoras, hasta situaciones de violencia que atentan a la estabilidad y al desarrollo de las personas y de las familias, en sus lugares de origen. En todo caso se insiste es una realidad a la que no se puede abstraer.

Lo anterior representa un problema grave para los países receptores del migrante, pero también para aquellos que son transito obligado para llegar al mismo, como es el caso de México, ya que independientemente de su calidad migratoria, como seres humanos se les debe de proporcionar la ayuda humanitaria necesaria para garantizar su vida. Todo ello con independencia de los pasos a seguir en el ámbito legal, en materia migratoria.

Se ha documentado ampliamente en los medios de comunicación los peligros y privaciones que sufren estos migrantes a lo largo de su trayecto para llegar al objetivo que se trazan, en donde la vida está en constante riesgo. Lo anterior es grave en sí mismo, pero lo es más cuando estos migrantes son menores de edad y aún lo es mayor cuando no van acompañados de una familiar mayor que los cuide, quedando expuestos a bandas de delincuentes, que ven en ellos solo un elemento económico, altamente redituable.

En este sentido es importante señalar que México tiene en su frontera sur una Longitud de 1 mil 149 km que comparte con los países de Guatemala, la gran mayoría y con Belice: frontera en la que se cuenta con 12 cruces fronterizos, convenidos con estos dos países; 9 en Chiapas; 2 en Tabasco; 1 en Quintana Roo. Pero en la que también se encuentran 370 rutas de paso informales, 57 de ellas de tránsito vehicular.

En esta frontera se tiene estimado que se llevan a cabo 2.2 millones de entradas terrestres al año (en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo), 6 mil diarias. Y por las características propias de la frontera en esta se lleva a cabo un intenso flujo migratorio; Ingresan entre 100 mil y 250 mil extranjeros al año (41% guatemaltecos, 32% hondureños, 19% salvadoreños y 8% de otros países (República Dominicana, Ecuador, Brasil, Colombia, Nicaragua y Jamaica). En donde México asegura a más de 86 mil extranjeros (provenientes de América Central, islas del Caribe y América del Sur). 42.01% hondureños, 38.9% guatemaltecos, 17.99% de El Salvador y sólo 1.1% de otros países (Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá).

Para el año de 2013 se rescató a 8 mil 577 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 5 mil 587 no iban acompañados por familiares (65%) y; En 2014: 10 mil 869 (6 mil 531 no acompañados, 60%), niños que son entregados al DIF para atención especializada.

Este proceso de migración de menores se ha venido presentando de manera constante en los últimos años, representando para México un doble problema, al ser lugar de origen de migrantes hacia los Estados Unidos de Norte América y por el otro lado receptor de migrantes, principalmente Centroamericanos: según el Instituto Nacional de Migración de México, desde 2006, los niños, niñas y adolescentes repatriados de los Estados Unidos representaban un total de 37,599; y los repatriados desde México a sus países de origen eran 5,771.

Por su lado la UNICEF señala que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. Al mismo tiempo, en el 2007, 5,771 niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen1.

Recientemente los medios de comunicación daban cuenta de que el presidente Barack Obama señalaba que más de 52,000 menores han sido detenidos desde octubre al cruzar la frontera con México, con la convicción de que lograr poner los pies en suelo estadounidense les permitiría obtener un permiso para quedarse en el país.2

Como podemos observar independientemente de la certeza de las cifras, el hecho es que la migración de los menores que no van acompañados por un familiar mayor se viene incrementando, lo que representa un gran peligro, porque por un lado las bandas de traficantes de indocumentados lo ven como un negocio cada vez más atractivo, lo cual los lleva a seguir incrementando su actividad y por el otro los países receptores como los Estados Unidos de Norteamérica y México, aun cuando solo sean temporal su estancia, les representa un problema, al tener que contar con los elementos logísticos y materiales para garantizar una estancia digna durante los procesos de repatriación, al no tener posibilidades de una estancia legal en estos países, por sus formas de ingreso. Se menciona que el Presidente Obama cuenta con que el Congreso libere hasta 2,000 millones de dólares, solo para reforzar la frontera.

El tema de los niños y niñas migrantes es necesario abordarlos a partir de la participación de todos quienes están involucrados en el mismo. Es decir el país de origen, creando las condiciones que eviten que estos menores no abandonen su hogar, los países receptores y de transito por donde pasan estos migrantes para llegar al país de destino.

En este sentido, henos visto que recientemente se han llevado a cabo diversas reuniones para este fin. En el caso de México el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y el Embajador estadounidense Anthony Wayne dialogaron sobre las posibles opciones para proteger a los niños migrantes…y también Wayne se reunió con los embajadores en México de El Salvador, Carlos Antonio Ascencio; de Guatemala, Fernando Andrade Díaz-Durán, y de Honduras, José Mariano Castillo, para dialogar también sobre temas relacionados con los menores inmigrantes no acompañados, a decir de la prensa. Ya que como se mencionó, según cifras del Presidente Obama, del 1 de octubre de 2013 al 15 de junio de 2014, los oficiales de la ley estadounidenses han detenido a más de 52.000 menores no acompañados entrando a Estados Unidos sin la documentación requerida. "Esto representa casi el doble de aquellos quienes entraron sin familiares adultos durante todo el año pasado, y los números continúan creciendo".3

Estas reuniones sin duda dan cuenta de la preocupación y ocupación integral que se le debe dar al tema de estos niños migrantes, por parte de los involucrados y así compartir experiencias para la protección de estos menores. En este sentido países centroamericanos, que son también origen y tránsito de indumentos, podrían compartir con México las acciones de atención a estos migrantes como las llevadas a cabo por el SNDIF, que cuenta con albergues y módulos, en los cuales existe un programa que permite acompañar a los niños que llegan a estos lugares a cada uno de sus estados de origen. Y que está redoblando esfuerzos por ampliar la cobertura de módulos, en 2014 se ha logrado crear 4 nuevos albergues en la frontera sur, ubicados en el estado de Chiapas: Comitán, Comalapa, Tapachula y Arriaga. Contándose además con 61 centros comunitarios de protección a la infancia que no albergan a los niños sólo realizan acciones de prevención.

De igual forma a través de la "Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados", el DIF Nacional conduce desde 2011, busca fomentar la coordinación institucional e intercambiar información estratégica para acordar las medidas y los mecanismos conjuntos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, además de que desde 2013 ha logrado capacitar a 425 oficiales.3

Así, como lo aseguró la Embajadora Emérita Rosario Green. México está preparado para proteger a niños y adolescentes indocumentados, México no ve el asunto de la niñez migrante como un tema de seguridad, sino como de crisis humanitaria, y está en posibilidades de ofrecer protección internacional a un amplio número de menores de edad. Coincidiendo Thomas Wise, de la Organización Internacional de Migraciones, que deben adoptarse criterios como el principio a la no detención por su condición migratoria, espacios de alojamiento adecuados, y avanzar hacia un mecanismo de tutela y de representación legal de niñas y niños migrantes.4

Por su parte el Instituto Nacional de Migración reporta que en la protección de menores de edad extranjeros que ingresan y transitan en el territorio nacional se llevan a cabo diversas acciones que permitieron rescatar en 2014 10 mil niños, un incremento de 7.4 por ciento en relación a 2013que fue de 9 mil 727, de mantenerse esta tendencia, al cierre de este año el número de infantes rescatados podría superar los 16 mil.

Por otro lado las autoridades federales y estatales, lograron desarticular 35 organizaciones delictivas y detener a 330 personas como presuntos responsables de diversos delitos en contra de migrantes en los últimos nueve meses. Y se cuenta desde 2007, con la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), agentes federales de Migración responsables de la atención y el resguardo de los infantes que no acreditan su legal estancia en México. El Instituto Nacional de Migración cuenta también con especialización en el trato de menores, reciben capacitación permanente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y son reconocidos por organismos nacionales e internacionales.5 Para el caso concreto de atención en la frontera norte de México, el gobierno estadounidense y el mexicano tienen desde al menos una década un Acuerdo de Colaboración sobre la repatriación de menores en la frontera que cruzan sin un acompañante. Que permite que todos los menores que son detenidos por la Patrulla Fronteriza sean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas, por lo que, en la mayoría de los casos, no siguen el proceso de deportación que viven los menores de origen centroamericano, pues las autoridades mexicanas son las encargadas de contactar a sus familiares en México para llevarlos a sus hogares. En 2013, se repatrió a 16 mil 016 menores, y un año antes fueron 13 mil 454, según cifras de la SRE. Cifra de menores no acompañados repatriados se ha mantenido constante desde hace al menos un lustro, en donde lo importante a resaltar es que el 76.8% ha sido detenido más de una vez y el 21.02% acumula más de cinco aprehensiones, según cifras de Cancillería.6

Como se puede apreciar hay un problema real de incremento del flujo migratorio de menores acompañados y no acompañados de sus familiares; existen causas que persisten en los lugares de origen y en los de recepción; existen acciones concretas de carácter diplomático y de atención a los migrantes en los países receptores o de tránsito, a veces desconocidas aún por las altas esferas de algunos de los países involucrados; existe la preocupación, ocupación y voluntad de los involucrados en atender el problema.

Por lo tanto lo que tenemos que hacer como Estados Nacionales es profundizar en las acciones que se están llevando a cabo para atender este problema, que como bien se ha mencionado es de carácter humanitario y no de seguridad. Para ello es necesario revisar todos los acuerdos y demás instrumentos diplomáticos con los que se cuenta y reforzarlos; y la realización de medidas adicionales complementarias que permitan la atención integral e inmediata del problema migratorio en ambas fronteras, la del norte y la del sur de nuestro país, con la participación de los Estados Unidos de Norte América y los países centroamericanos, y en su caso sudamericanos, de donde provienen los mayores flujos de migrante.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal a Fortalecer el Acuerdo de Colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos, que cruzan sin un acompañante, a fin de quesean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas, además se brinde atención integral durante el proceso de repatriación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal a impulsar acciones conjuntas, con los Gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y los países centroamericanos a fin de atender el fenómeno migratorio en su integralidad y los procesos de repatriación de los menores migrantes sin acompañantes, que cruzan por la Frontera de México con Guatemala y con Belice, respectivamente, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, garantizándoles el cuidado integral de su salud física y mental.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014.

Suscribe

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.htm

2 http://mexico.cnn.com/mundo/2014/07/02/eu-vive-una-crisis-humanitaria-por-la-avalancha-de-ninos-migrantes

3 http://www.20minutos.com.mx/noticia/15297/0/wayne/urge-proteger/menores-migrantes/.

3 http://noticieros.televisa.com/mexico/1407/dif-brinda-proteccion-ninas-ninos-adolescentes-migrantes/

4 http://elmanana.com.mx/noticia/37496/Plantean-dar-asilo--a-nios-migrantes.html

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/26/967492

6 http://www.animalpolitico.com/2014/07/15-mil-ninos-mexicanos-que-viajan-sin-acompanante-son-repatriados-cada-ano-desde-eu/#ixzz36QtWv8mM





 

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la autopista denominada Toluca-Naucalpan en los municipios de Lerma y Huixquilucan, en el Estado de México. Se turna a la Primera Comisión.

“El suscrito, RENE RICARDO FUJIWARA MONTELONGO, Diputado Federal integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente para su discusión y aprobación, la siguiente:

ANTECEDENTES

I. Desde el año 2005 el Gobierno del Estado de México inició un proyecto para construir el distribuidor vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca – Naucalpan, lo cual conllevaba a expropiar tierras de comunidades indígenas otomís, considerados por ellos como territorios sagrados; en aquel momento se presentaron diversos desacuerdos entre los comuneros con el Gobierno del Estado, por lo que el proyecto tuvo que ser detenido. Esta infraestructura continuó como objetivos para la gestión de administración pública federal que inicio en diciembre del2012.

II.- El 4 de octubre del 2012, se publicó en la gaceta del gobierno del Estado de México un decreto del ejecutivo por el que se expropia una superficie por causa de utilidad pública para la construcción de la autopista denominada Toluca – Naucalpan, ubicada en los municipios de Lerma y Huixquilucan.

CONSIDERACIONES

I.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) junto con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizaron recursos por un total de 2,775 millones de pesos para el desarrollo de la nueva Autopista Toluca-Naucalpan. Con estos recursos se pretende construir una autopista de 4 carriles de 39 kilómetros de longitud. El trazo tiene origen en el entronque de la Autopista Chamapa-Lechería con la carretera federal Toluca-Naucalpan, además conectará a los Municipios de Huixquilucan y San Nicolás de Peralta con Lerma, para llegar hasta el Boulevard Aeropuerto de Toluca.

La Autopista Toluca-Naucalpan es una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de dicha carretera a un plazo de 30 años. Se estima que las obras de construcción de la nueva autopista concluyan hacia el segundo semestre de 2015.

II.- Sin embargo, el lugar donde se pretende construir esta autopista tiene una importancia ecológica y cultural, debido a que él Gran Bosque Otomí-Mexica representa una región de una riqueza natural invaluable, pues es considerado un parque natural debido a su condición de santuario del agua y reserva natural de valor inconmensurable; asimismo, es considerado un pulmón vital para la civilización; así como un lugar histórico para las culturas originarias de nuestro continente, específicamente para la Comunidad Indígena Otomí, una de las culturas más antiguas y que aún conserva sus lugares más sagrados al interior de este corredor natural.

El pequeño porcentaje que queda de la zona natural del bosque Otomí-Mexica, es vital para el reabastecimiento de agua para la región. Los Valles de México y Toluca, dependen en gran medida del agua que se filtra aún por estas montañas, las cuales además atraen a las nubes como parte de un ciclo hidrológico natural que corre el grave riesgo de romperse.

Dentro de este territorio viven algunas comunidades indígenas que milenariamente han vivido en este territorio y a quienes se les están destruyendo sus últimos manantiales de agua pura, se les están expropiado sus tierras y se les están violando sus derechos humanos,  lo cual es una condena a la sumisión o al exterminio de dichas comunidades indígenas que viven en la zona donde se pretende construir la nueva autopista Toluca- Naucalpan.

III.- El municipio de Lerma, emitió en 2012 una resolución respecto al proyecto, afirmando que esta zona “carece de algún valor histórico, social o cultural”, lo cual fue utilizado para promover la expropiación del bosque.

Se tiene documentada la existencia de un grupo ñhañhu (otomís) altamente civilizado para la época habitando esta zona montañosa de la cuenca alta del Río Lerma hace más de 3 mil años, donde se tiene inconcebible que a unos metros de donde va a pasar el proyecto carretero se encuentran algunos de los puntos más sagrados de la cultura otomí, incluso negando la existencia de dichos grupos de indígenas que viven en la zona, la cultura, geografía y la historia de los comunidades indígenas, violando los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales.

No obstante las autoridades mexiquenses han sido omisas en escuchar estos señalamientos al realizar el proyecto Autopista Toluca-Naucalpan, con el cual están ocasionando graves daños a los bosques, mantos acuíferos y gran parte de la vida de flora y fauna.

Al respecto resulta de suma importancia señalar también que la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad  (CONABIO)diagnosticó que con el desarrollo de este proyecto carretero, se estarán afectando 296 especies de flora y fauna, muchas de ellas sujetas a protección especial o declarada en peligro grave de extinción, sin embargo las autoridades han sido omisas en atender este diagnóstico, por lo que no se consideró en el decreto de expropiación ni en el diagnóstico de impacto ambiental.

IV.- Se ha denunciado que las políticas de despojo con las que se han violentado los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales van más allá de la destrucción de cientos de miles de árboles, flora y fauna y un ciclo hidrológico  que si bien ya es peligroso por la destrucción ambiental, resulta aún más grave que mediante la celebración de múltiples asambleas, estas se han realizado con el uso de granaderos y policías, dando signos de amenazas o intimidación, vulnerando los derechos esenciales de estas comunidades, en algunos casos logrando avanzar hasta las puertas del bosque sagrado sin consultar a los pueblos y ocultando información, lo que hace suponer que realizan ciertos actos para incidir en las decisiones de los comuneros, dando como resultado la continuación de las obras de construcción de la nueva autopista.

Sobre lo anterior, el lunes 13 de mayo de 2013 se realizó una asamblea ilegal con la presencia de policías y granaderos, donde se encargaron de cercar la asamblea para asegurar una audiencia completamente a favor de la venta y concesión del territorio otomí de Xochicuauhtla. El lugar fue clausurado para permitir el acceso a la asamblea sólo a ciertos comuneros que ya habían acordado vender las tierras a través de un convenio firmado el 11 de noviembre de 2011, en donde los comuneros aceptaban el pago de 160 pesos por metro cuadrado a cada afectado y 40 mil pesos a cada comunero.

El martes 14 de mayo a las ocho de la mañana, entró maquinaria propiedad de la empresa AUTOVAN S.A. de C.V., en el terreno que forma parte de las propiedades privadas. Esto ocasionó un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuauhtla y el personal de la empresa, mismo que culminó con la detención de once personas, en su mayoría mujeres: Silvia Domínguez Martínez de 49 años, Basilia Pérez de la Cruz de 54 años, Meliton Ortega Villavicencio de 55 años, Zaret Ortega Pérez de 20 años, Jesús Esteban Ramírez de 62 años, Francisco Flores Gutiérrez de 48 años, Rosa Santos Bermúdez de 68 años, Lidia Gutiérrez Santos de 32 años, Hilda Gutiérrez Santos de 29 años, Octavio Morales Alfaro de 42 años y Margarita Hernández Mejía.

Estas personas  fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicada en José María Morelos oriente 1300 San Sebastián, 50090 Toluca de Lerdo, Estado de México, bajo cargos aún desconocidos, dando pauta a una serie de detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos como pueblos indígenas y violencia en contra de las mujeres indígenas.

Estos pueblos indígenas decidieron interponer varios amparos, mediante los cuales lograron obtener dos suspensiones de la obra sin que la empresa al día de hoy haya cumplido con las mismas, han presentado varias denuncias y han recorrido todo el país para denunciar en distintos foros el atropello que están sufriendo.

En ese sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa los acuerdos más importantes de los grupos humanos que habitamos el país, los derechos humanos reconocidos por ella establecen una relación entre las personas que gozan de ellos y las autoridades públicas que tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos.

Nuestra Carta Magna reconoce a los pueblos y comunidades indígenas en sus artículos 2º, 4º y 27, múltiples derechos y libertades, entre ellos destacan:

El artículo 2º CPEUM:

• Reconocerse como indígenas;

• La libre autodeterminación y su autonomía;

• Decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;

• Resolver sus conflictos internos conforme a sus sistemas normativos;

• Conservar y mejorar su hábitat y preservar la integridad de sus tierras;

• Acceder a la propiedad, tenencia y disfrute de la tierra y sus recursos;

• Acceder a la justicia local, en la cual se deberán tomar en cuenta sus usos y costumbres;

- El artículo 4º CPEUM:

• Un medio ambiente adecuado para el desarrollo y su bienestar;

• La cultura y al disfrute de los bienes y servicios públicos culturales, con sentido plural;

- El artículo 27 CPEUM:

• Que se protejan las tierras de los grupos indígenas;

• La propiedad y posesión de tierras, aguas y recursos naturales;

De igual forma y conforme al artículo 1º de nuestra ley fundamental que reconoce el goce de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de la materia, el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocido como el “Convenio sobre pueblos Indígenas y tribales en países independientes”, consagra los siguientes derechos y principios básicos de los pueblos indígenas y tribales:

• El principio de no discriminación (arts. 3, 4, 20 y 24);

• El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado (arts. 14 y 18);

• El derecho a que se respete su integridad, sus culturas e instituciones (arts. 2, 5 y 7);

• El derecho a determinar su propia forma de desarrollo (art. 7);

• El derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca de políticas y programas que les interesen o les afecten (arts. 6, 7 y 15);

• El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar (arts. 6, 15, 17, 22 y 28).

En base a lo anterior, resulta evidente que estas acciones empleadas por el Estado, así como de la empresa AUTOVANS.A. de C.V. están violando los derechos plenamente reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas por nuestra constitución y en este instrumento internacional ratificado por el Estado Mexicano.

Sin embargo, estas disposiciones jurídicas han sido violentadas de nueva cuenta, el día  14 de Abril de 2014, 800 granaderos de la Policía Municipal, Estatal y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana se encontraban armados para defender los intereses de la empresa AUTOVAN S.A. de C.V. y del Estado, quienes haciendo uso de la violencia institucional y física, sitiaron la comunidad por todas sus entradas y salidas, montando retenes y revisando a quienes transitan, haciendo rondas de persecución sobre algunos comuneros indígenas opositores al proyecto y la invasión de la policía en este territorio indígena se encuentran en un contexto de hostigamiento, lo cual evidencia la falta de interés de las autoridades por proteger el bienestar de esta comunidad indígena.

En este contexto, resulta incuestionable el desconocimiento de la autoridad de los Derechos de los Pueblos Indígenas Protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las demás normas internacionales de derechos humanos.

De igual forma, consagra la libertad e igualdad de todos los pueblos y personas indígenas, prohibiendo la discriminación en el ejercicio de sus derechos, en especial la que se funda en su origen o identidades étnicas, también consagra el derecho a la libre autodeterminación política, económica, social y cultural; a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales así como a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado, así mismo consagra el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, los cuales han sido vulnerados en repetidas ocasiones.

Nueva Alianza ante estos lamentables hechos, considera pertinente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para vigilar que en el desarrollo de todos estos acontecimientos se respeten los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y en caso de existir vulneraciones a los mismos, inicie las investigaciones correspondientes a efecto de emitir las Recomendaciones a que haya lugar.

Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto ya las facultades consagradas en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la autopista denominada Toluca- Naucalpan en los Municipios de Lerma y Huixquilucan, en el Estado de México.

Cámara de Senadores, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014.

Notas

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 4 de octubre del 2014, Decreto del ejecutivo por el que se expropian una superficie por causa de utilidad pública a favor del organismo público descentralizado sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, para la construcción de la autopista denominada Toluca- Naucalpan, ubicada en los municipios de Lerma y Huixquilucan.

Diario Oficial de la Federación, 29 de abril del 2014, Programa Nacional de Infraestructural 2014-2018.

Transparencia del Gobierno del Estado de México, Autopista Toluca- Naucalpan.
Los compromisos de Enrique Peña Nieto
http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/7030#.U6Hkj_l5NUU
Empresa viola orden judicial y reinicia obras de la vía Toluca-Naucalpan
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/10/estados/024n1est
Todo ecocidio es epistemicidio. En la montaña de San Francisco Xochicuauhtla Saber-es resistir.
http://consultaprevia.org.mx/?p=202225
La autopista ecocida.
http://www.proceso.com.mx/?p=346214
Convenio No. 169 de la Organización Internación del Trabajo
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
Llama Peña Nieto en cierre de campaña a un triunfo contundente e inobjetable.
http://suracapulco.mx/archivos/28438
Bosque Otomí- Mexica
http://frentedepueblosindigenas.org/bosque-otomi-mexica/
Campesinos otomíes son apresados por detener construcción de autopista en Xochicuautla, Edomex; denuncian agresión.
http://www.sinembargo.mx/14-05-2013/62098

Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo”.





 

De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, María Verónica Martínez Espinoza y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Inclusión Financiera a que, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, se consideren mecanismos financieros y crediticios que potencialicen la actividad económica del sector rural. Se turna a la Tercera Comisión.

“Las que suscriben, senadoras MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En la actualidad, los sistemas financieros desempeñan un papel central en el funcionamiento y desarrollo de las economías de todos los países. La mayoría de los economistas modernos coinciden en que el sistema financiero es de vital importancia, ya que de entre otras funciones, agiliza las transacciones económicas a través de una gran variedad de instrumentos financieros y sistemas de pagos, pero primordialmente canaliza el dinero de los ahorradores a los inversionistas, quienes lo utilizan para generar mayor producción en los distintos sectores de la economía.

A este respecto, Joseph Stiglitz refiere que el sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de una economía, dado que asigna el capital escaso entre usos alternativos intentando orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, hacia donde genere los mayores rendimientos. Paul A. Samuelson establece que el sistema financiero es una parte muy crítica de la economía moderna, puesto que a través de éste se realizan toda clase de actividades financieras, tales como transferir recursos en el tiempo, entre sectores y entre regiones, por lo que esta función permite que las inversiones se dediquen a sus usos más productivos, en vez de embotellarse en donde menos se necesitan. Por su parte, Frederic Mishkin afirma que el sistema financiero tiene cómo actividad central transferir los fondos de las personas que los tienen a quienes tienen un déficit, por lo que el sistema financiero promueve una mayor eficiencia, ya que hace rentable el dinero de quien no lo necesita llevándolo a quien si lo hace producir. También menciona que su buen funcionamiento es un factor clave para el crecimiento de un país, y el desempeño deficiente de éste, es una de las causas de la pobreza de varios países en el mundo.

Con lo anterior podemos inferir que un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar la productividad y la competitividad y por ende el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. Sin embargo, durante los últimos años el papel de la banca comercial, quien ofrece directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos, ha dejado de lado estos preceptos y ha volcado su actividad al financiamiento al consumo, el cual ha aumentado de manera considerable, y en contra parte, el financiamiento otorgado al sector productivo ha disminuido en gran proporción durante  los últimos años. En este sentido, el financiamiento o ahorro en México, no se utiliza en áreas y sectores productivos que generen valor agregado.

Lo anterior se constata con un análisis elaborado por Pulso Industrial Funtaneten 2014, donde se refiere que las micro, pequeñas y medianas industrias, sólo reciben el 15% del financiamiento bancario aunque generan 75 de cada 100 empleos en el sector formal de la economía. En 2013 el crédito otorgado al sector mayoritario de la planta productiva alcanzó los 321,000 millones de pesos. Esta cifra no solo representa un crecimiento real de 12.2% respecto al año anterior, sino que además duplica el aumento registrado por el financiamiento al consumo, cuyo crecimiento real fue de 6.4% y es cuatro veces mayor al incremento del crédito para vivienda con 3.3%.

Pese al extraordinario crecimiento del crédito al sector privado, la penetración del financiamiento sigue siendo baja. En nuestro país, la participación como porcentaje del PIB es de 27.7% cifra menor al  promedio en América Latina que supera el 50%, en donde, Brasil tiene una participación de 68%, Chile alcanza el 73%, en países europeos,  Italia escala hasta el 124% y en Estados Unidos el 192% del PIB.

Este 27.7% equivale al 43% de los activos de la banca. De estos, solo el 3.3% se destina a las Pymes, que paradójicamente son las generadoras del 75% del empleo, como se mencionó con antelación.

En este contexto, el pasado jueves 26 de junio del corriente, nuestro país fue sede del Foro Internacional de Inclusión Financiera, donde participaron autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (organismo de consulta, asesoría y coordinación entre las autoridades financieras conformado por los titulares de: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros; la Tesorería de la Federación; el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario; y del Banco de México) donde se destacó la importancia de la inclusión financiera como palanca de desarrollo, detonador del crecimiento y de igualdad social y la urgencia de generar una estrategia que atienda la concentración de servicios y la exclusión que viven muchos sectores de la sociedad.

El Secretario de Hacienda refirió en dicho Foro “que de acuerdo a información estadística, más de la mitad de los municipios del área rural no cuentan con servicios bancarios y el 60% de los mexicanos recurren a alternativas de crédito y ahorro de carácter informal”, muchas veces fraudulentas.

Reconoció que “la inequidad y la exclusión se presenta con mayor severidad entre las mujeres de México. Solamente menos de la mitad de las mujeres tienen acceso a los mecanismos formales y el 60% de los excluidos son mujeres”.

En el mismo sentido, en la Cumbre Mundial de Finanzas Solidarias 2013 se refirió que la exclusión financiera en el ámbito rural es alarmante, en México sólo el 5% del crédito se destina para el sector agrícola cubriendo, el 2% de la población.

Si tomamos en cuenta lo que establece la fracción XX del artículo 27 Constitucional que a letra dice:

Artículo 27. …

I. a XIX. …

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El Estado tiene la facultad para promover el desarrollo rural a través de diversos mecanismos, dentro de ellos el crédito.

Estamos convencidas que con la aprobación de la reforma financiera, el andamiaje jurídico incentivará mejores y mayores instrumentos crediticios. Sin embargo, dada la situación de exclusión financiera que se vive en México, será un reto que el actual gobierno en coordinación con las autoridades financieras, puedan generar una estrategia y mecanismos de inclusión, dando prioridad a las personas en  situación de marginación y pobreza y que aquellas que habitan en zonas rurales.

De acuerdo al Informe de Inclusión Financiera 2013 de la CNBV se establece que con base en la población adulta total (79.8 millones), los 349 municipios que tienen presencia de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, suman una población adulta de 51.5 millones, es decir, potencialmente el 64.5% de los adultos del país tienen la posibilidad de acceder a una SOFOM E.N.R. para contratar un producto o servicio financiero.

En el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera por parte de la Secretaría de Hacienda, consideramos pertinente que se consideren, dentro de la población objetivo, a la población rural como un sector prioritario. Será imprescindible, que se instrumenten mecanismos de fomento al ahorro, de generación de activos y de valor, la dinamización de la reinversión del ahorro en zonas rurales y servicios financieros complementarios.

Se requieren además, formas asociativas que se adapten al sector rural con una amplia gama de servicios financieros atendiendo los componentes de ahorro, microseguros, remesas, medios de pago, banca móvil, corresponsales, metodologías de ahorro y de educación financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de ésta Soberanía la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Inclusión Financiera para que en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se consideren mecanismos financieros y crediticios que potencialicen la actividad económica del sector rural.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014.

Senadoras

María del Rocío Pineda Gochi

María Verónica Martínez Espinoza

Angélica del Rosario Araujo Lara.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Primera Comisión.

“El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace más de un año hemos estado denunciando acerca de la problemática de los niños migrantes que han sido objeto de violaciones por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora el tema ha alcanzado un punto máximo traduciéndose en una crisis humanitaria.

En el mes de mayo del año 2013 denunciábamos en esta tribuna que en los últimos años las autoridades migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica habían estado aplicando medidas de aislamiento a los inmigrantes que se encuentran en su territorio.

Asimismo, señalábamos que en The New York Times hacia publica información acerca de que los Estados Unidos de Norteamérica estaban aplicando diariamente aislamiento total a cientos de inmigrantes y, que en promedio en un día, cerca de 300 inmigrantes son puestos en confinamiento solitario en centros de detención bajo la supervisión de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

Por lo que es preciso señalar que esta situación, que no es nueva, ahora toma un papel de relevancia en los medios de comunicación que antes no le habían dado el espacio requerido.

También el pasado 18 de junio presentábamos una proposición para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicitará a nombre del Estado Mexicano que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstuviera de aplicar medidas de aislamiento, hacinamiento y abandono a los inmigrantes.

En tal exhorto, sosteníamos que  esta práctica de aislamiento había sido criticada dentro y fuera de los Estados Unidos, por utilizarla en sus prisiones más de lo que hace cualquier otra nación, por lo que estábamos denunciado con oportunidad tales hechos y que por la reiteración de los eventos confirmábamos el poco interés de nuestras autoridades por pronunciarse mediante una enérgica condena al respecto.

Ante nuestras denuncias oportunas y reiteradas, la respuesta del Gobierno Federal,  fue: nada. No nos quisieron escuchar. Hasta que reventó el tema en los medios de comunicación el Ejecutivo Federal se ha pronunciado y se ha mostrado considerablemente preocupado ante esta crisis, con una dejo de asombro como si no supieran los alcances y la gravedad a la que ha llegado estas circunstancias.

Ahora, multicitados medios de comunicación, analistas, líderes de opinión y autoridades federales se pronuncian, denuncian, dan cifras, realizan minuciosos estudios al respecto, se realizan foros y encuentros a nivel internacional ante esta crisis humanitaria, cuando nosotros, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Soberanía, lo venimos denunciando desde hace más de un año, tiempo en el que no se nos ha escuchado.

El revuelo que ha causado esta crisis humanitaria ha llegado a constituir un tema de conflicto en la Unión Americana dada la reticencia de algunos grupos políticos y sociales empecinados en criminalizar a estos migrantes, llegando incluso a señalar que la gravedad que representa la implementación de programas y políticas públicas encaminadas a proteger y garantizar las condiciones óptimas de estos infantes, se fundamentan en argumentos tan lamentables como el que relaciona a este sector con la portación de enfermedades que ponen en peligro a las comunidades locales.

Incluso el partido republicano del país norteamericano ha detenido la aprobación de una reforma migratoria y se ha pronunciado a favor de la adopción de medidas cada vez más duras para frenar el paso de inmigrantes a territorio estadounidense.

Entendemos esta posición política al respecto del tema migratorio, lo que no entendemos es la postura que fundamenta violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas que han cruzado las fronteras en busca, principalmente, de mejorar sus condiciones de vida; encontrando, por el contrario, condiciones que están vulnerando sus derechos y criminalizando sus intenciones.

Esto tiene que parar. Pero la pregunta primordial es por qué hasta ahora se le está dando la importancia a este tema que nosotros hemos venido denunciando y haciendo los exhortos al Ejecutivo Federal para que realizará las acciones pertinentes a efecto de aminorar lo que hoy se ha convertido en una crisis humanitaria que podría degenerar en consecuencias mayores para todos los países involucrados.

Las niñas y niños que están emprendiendo este éxodo a los Estados Unidos no son los culpables.

Reconocemos que el punto nodal de esta crisis se ubica en las causas que están empujando a este sector de la población a emprender estos largos viajes, que a todas luces, ponen en peligro sus vidas.

En consecuencia, reconocemos que la responsabilidad es de los gobiernos de los países que están expulsando a este grupo poblacional, incluyendo nuestro país que es paso forzoso para que lleguen a su ansiado destino.

Sin embargo, tenemos que alzar la voz ante las conductas de las autoridades migratorias de la nación norteamericana que han derivado en las violaciones a los derechos humanos al recluir a estos inmigrantes en condiciones de hacinamiento, asilamiento y abandono. Así como, de los grupos sociales de aquel país que se están pronunciando a favor de criminalizar a este sector y endurecer las medidas para evitar que más niñas y niños sean llevados a los centros comunitarios de atención a migrantes locales.

Ahora las autoridades federales mexicanas, comienzan a proponer, una vez más, una estrategia nacional. Estamos en el gobierno de las estrategias nacionales de temas coyunturales. Lo que deja de manifiesto que no hay un rumbo claro por parte del Ejecutivo Federal ante diversas problemáticas, lo que ha devenido en estas “estrategias”; mejor aún, queda evidenciada la ausencia de planeación de estos temas coyunturales para nuestras autoridades federales,  recordemos casos como Michoacán, Tamaulipas, bulliyng, etc., ahora toca el turno a las niñas y niños inmigrantes.

No debería de haber estrategias nacionales de coyuntura, sino la implementación eficaz de un plan de gobierno preestablecido y fundamentado en sus responsabilidades institucionales y legales que debería de haber comenzado al inicio de la actual administración.

Solo se está demostrando que hay temas en los que no se ha hecho nada por parte de la actual Administración Pública Federal, lo cual es grave y lamentable.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a emprender las acciones necesarias a efecto de redefinir su política en materia de migración con especial énfasis en la seguridad humana del migrante independientemente de su nacionalidad.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI. Se turna a la Primera Comisión.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo en materia de respeto a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTTI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros." No obstante, aún distamos mucho de hacer realidad esta disposición y encontramos aún muchas acciones y políticas, en diversas partes de nuestro país y de todo el mundo, que condenan a las personas que no comparten la forma de ser de la mayoría, en este caso, quienes tienen una orientación y/o una identidad sexuales, diversas a las mayoritariamente aceptadas.

El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Este hecho marcó un parteaguas en la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas las personas pertenecientes a la población LGBTTTI, que dio paso a que se reconociera el 17 de mayo como el "Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia". No obstante, la transexualidad aún es parte de los manuales de psiquiatría CIE-10 y DSM-IV, en donde se define como "trastorno de la identidad sexual", una medida que aún debemos superar como sociedad.

Por otra parte, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos encontramos los Principios de Yogyakarta ó Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, documento que contiene una serie de principios legales cuyo fin es la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. El texto marca los estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen para garantizar las protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT. Sin embargo, el mismo no goza aún de una naturaleza vinculante, por lo que se han continuado con los esfuerzos para que, en ambos ámbitos se logre su reconocimiento.

Otro de los grandes esfuerzos es el de la "Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas", impulsada por Francia en 2008, la cual condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, a esta Declaración, varios países, principalmente islámicos, respondieron con una en sentido contrario, por lo que este instrumento no cuenta aún con fuerza vinculante. En el marco del Sistema Interamericano, en 2008, la Asamblea General de la OEA adoptó, una resolución dedicada a los derechos humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber, la [AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)] "Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género", la cual fue renovada hasta 2011.

En la actualidad, alrededor de 80 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión; nueve de estos países (Afganistán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen) mantienen para estos casos la pena de muerte. La discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas (a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género).

La homofobia sigue siendo uno de los mayores problemas que afronta la humanidad, toda vez que atenta directamente en contra de la dignidad de todas las personas. Lo anterior ha llegado a tal grado, que la orientación y la identidad sexual se han constituido en un delito, lo que resulta claramente violatorio de derechos humanos y, por ello, inadmisible. Algunos de estos dolorosos casos, los encontramos en algunos países africanos, como son Uganda, Nigeria y Gambia, al igual que en Rusia.

En Uganda, se aprobó una ley que condena a la cadena perpetua a quienes realicen determinados actos sexuales con personas de su mismo sexo, esto después de que científicos de su país determinaron que la homosexualidad "no es genética", sino una conducta social "anormal". Por su parte, en Nigeria, la ley estableció que "el matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo no se puede formalizar en ningún lugar de culto, sea una iglesia, una mezquita o cualquier sitio del país", además de que estableció penas de prisión para las parejas homosexuales que se casen, aquellas que exhiban su relación y para todos aquellos que promocionen o defiendan los derechos de los homosexuales.

En el caso de Gambia, la homosexualidad es castigada con penas de hasta catorce años de cárcel. La sanción está prevista en el artículo 144 del Código Penal de 1965 en el que se les describe como culpables de "delitos antinaturales" a cualquier persona que "(a) tenga relación carnal con otra persona en contra del orden natural; o (b) tenga relación carnal con un animal; o (c) permita a un hombre tener relación carnal con él o ella en contra del orden natural". De esta manera, la ley equipara la homosexualidad con la zoofilia.La situación continúa tornándose más alarmante, toda vez que el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha tildado de "alimañas" a los homosexuales y ha asegurado que su Gobierno se enfrentará a ellos de la misma manera que combate a los mosquitos de la malaria.

Por si fuera poco, la situación en Europa también ha venido en retroceso, como es el caso de Rusia, en donde la ley sanciona todo acto de "propaganda" homosexual ante los menores y se prevén pesadas sanciones que van de los 4 mil rublos (130 dólares) de multa para una persona física a 100 mil rublos para los extranjeros, igualmente pasibles 15 días de detención antes de ser expulsados. La pena se agrava cuando lo que la ley rusa califica de "propaganda homosexual" se efectúa en línea, corriendo el riesgo las organizaciones y asociaciones, por ejemplo, de ser cerradas hasta 90 días. Es más, en el marco de los Juegos Olímpicos de Sochi, la Organización Internacional Human Rights Watch, difundió un video en el que se presentan los actos de homofobia que ocurren en aquél país, en detrimento de toda dignidad humana. Esta conducta de odio es similar a la ocurrida en Kirguistán.

En abril de 2013, se celebró en Oslo la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que tuvo los siguientes resolutivos:

Apoyar la creación de mecanismos de la ONU para atender problemas relacionados con la discriminación a la comunidad LGBTTTI.

Afirmar que nadie tiene derecho de obstruir los derechos humanos y de infringir en forma de discriminación por su género o preferencia sexual.

Enfatizar que es obligación del Estado proceder, respecto a los derechos humanos, bajo las leyes internacionales que hay al respecto.

Aplaudir las resoluciones tomadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la jurisprudencia de la Corte Europea sobre los Derechos Humanos, el trabajo de la Unión Europea y la comisión de los derechos humanos en Asia y África.

Expresar que la meta a lograr es que en el mundo no exista discriminación de ningún tipo.

Reconocer la necesidad de promover un trato digno y apropiado para quienes sufren esta violencia y sensibilizar a la población.

Por cuanto hace a la situación en México, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia reconoce el grave problema que existe de discriminación en agravio de la población LGBTTT, "el cual de no atenderse oportuna y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la protección de los derechos humanos de las personas de dicha población. Los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y del proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia, y que requiere de su reconocimiento expreso y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país."

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual. Asimismo, la encueta señala que "La sociedad mexicana, que tiene arraigado el machismo desde la integración de la Colonia, no está dispuesta a convivir con personas que prefieran a alguien de su mismo sexo. Según la Enadis, 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas no permitirían que en su casa vivieran personas homosexuales" .

Hace unos días, se presentó un hecho lamentable para la consolidación de una sociedad libre de discriminación, la presentación de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano. En éste, el senador José María Martínez se pronunció a favor de un solo tipo de familia, al afirmar que no existen las familias homosexuales, pues son sólo matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta declaración demuestra una clara postura discriminatoria, no sólo de la población LGBTTTI, sino de todo aquello que sea distinto a la familia integrada por un hombre, una mujer e hijos, que debe ser combatida a través de la eliminación de los prejuicios subsistentes hasta el momento en materia de sexualidad.

Asimismo, el pasado 28 de junio, la Ciudad de México se unió a varias ciudades para celebrar la XXXVI Marcha del Orgullo LGBTTTI en la que cerca de ochenta mil personas se manifestaron en favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI y en contra de toda forma de discriminación.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la Republica exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar una campaña, que integre la totalidad de la Administración Pública, los Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI, en especial que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República y con apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para prevenir y erradicar la Discriminación se implementen programas de combate a los crímenes de odio en contra de la población LGBTTTI.

Segundo La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la implementación de mecanismos eficaces de reconocimiento y garantía de los derechos de la población LGBTTTI.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena absolutamente toda conducta discriminatoria de cualquier persona o Estado, especialmente en contra de las personas integradas de la población LGBTTTI.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal a revisar, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil en materia de diversidad sexual y derechos humanos, a revisar los planes de estudio de la educación básica a fin de que se incluya una perspectiva de género e inclusión en los mismos.

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe respecto del seguimiento del Informe Especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia.

Sexto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a modificar el nombre de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano por el de Comisión Ordinaria de las Familias; replantear su objetivo para la protección de todos los tipos de familia existentes en el país y modificar la integración de la mesa directiva de dicha Comisión

Dado ante el Pleno de la Comisión Permanente, el 7 de julio de 2014.

Suscribe

Senadora Dolores Padierna Luna

Ottoson, Daniel. Homofobia de Estado. Un estudio mundial de la leyes que prohíben la actividad sexual con consentimiento entre personas adultas. Un informe de ILGA Asociación Internacional de lesbianas y gays. Disponible en : http://ilga.org/historic/Statehomophobia/Homofobia_de_Estado_ILGA_07.pdf Consultado el 20 de febrero de 2014.
RODRÍGUEZ, Marta, "El presidente de Gambia promete perseguir a los gais como a "alimañas" en El País, 19 de febrero de 2014, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/19/actualidad/1392801377_146961.html, consultado el 21 de febrero de 2014.
HUMAN RIGHTS WATCH, Russia: Gay Men beaten on Camera (video) en https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zMTbFSJ_Tr4, consultado el 21 de febrero de 2014.
BUCIO MEJÍA, Ricardo, "Opinión: Homosexualidad y homofobia, una cuestión de derechos humanos" en CNN México, 17 de mayo de 2013, http://mexico.cnn.com/opinion/2013/05/17/opinion-homosexualidad-y-homofobia-una-cuestion-de-derechos-humanos, consultado el 21 de febrero de 2014
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, "Informe Especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia", http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2010_homofobia.pdf, consultado el 21 de febrero de 2014
México, segundo lugar mundial en crímenes de odio: ONG; la homofobia predomina entre mexicanos: Enadis, Sin Embargo, consultado el 24 de junio de 2014, http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214
Óp. Cit
"Uniones homosexuales no son una familia: senador" en Milenio, http://www.milenio.com/politica/senador_critica_ homosexuales -aborto_y_pan -Jose_Maria_Martinez-familias_de_moda-homosexuales_no_son_familia-en_15_Carlos_Puig-comision_de_la_familia_en_el_senado_0_319168404.html, 17 de junio de 2014, consultado el 24 de junio de 2014.
"80 mil marcharon por el "Orgullo Gay" en la Ciudad de México" en SDPnoticias.com, http://www.sdpnoticias.com/gay/2014/06/30/80-mil-marcharon-por-el-orgullo-gay-en-la-ciudad-de-mexico, 30 de junio de 2014, consultado el 2 de julio de 2014.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León a investigar la promoción personal de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Nuevo León, con recursos públicos, probablemente constitutivos de actos anticipados de campaña y en su caso, se apliquen las penas y medidas correspondientes. Se turna a la Primera Comisión.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, LA PRESENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA COMISION ESTATAL ELECTORAL DEL  ESTADO DE NUEVO LEON, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN LA PROMOCION PERSONAL DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON CON RECURSOS PUBLICOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS PENAS Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia, imparcialidad, veracidad y legalidad son pilares fundamentales en los procesos electorales, de no existir o ser vulnerados, además de desvirtuar la esencia de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2013, constituye un grave retroceso dentro de la democracia de nuestro país.

Para alcanzar estos objetivos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que cometen infracciones los servidores públicos que: usen la comunicación social con fines propagandísticos electorales, afecten la imparcialidad de la competencia y usen programas sociales para coaccionar el voto.

En cuanto al buen desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral, dispone que el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene la facultad de atracción de las elecciones locales cuando se presenten factores sociales que afecten la paz pública o por injerencia comprobable de algunos de los poderes públicos.

El pasado 28 de junio del año en curso Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Alcaldesa del Municipio de Monterrey, Nuevo León volvió a ser protagonista de conductas que por su naturaleza, dejan de manifiesto una campaña anticipada y permanente.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, en el marco de un acto masivo al que asistieron alrededor de 15 mil personas, la Alcaldesa hizo entrega de aproximadamente 13 mil mochilas, útiles escolares y apoyos para uniformes.

La prensa señala que en compañía de legisladores e integrantes de su administración, la funcionaria de filiación panista se dirigió a los asistentes para compartirles una historia donde la protagonista era una leona que pudo sacar adelante a sus hijos al comprar material para la escuela por “luchona”, a pesar de la adversidad de precios altos en tarifas del camión, entre otras cosas.

Posteriormente manifestó que su gobierno entregaría 105 mil paquetes escolares más, además de que alrededor de 5 mil 540 alumnos de segundo a sexto grado de primaria con los mejores promedios, recibirán un apoyo de 300 pesos intercambiables por uniformes escolares en una cadena de tiendas de autoservicio.

Para poder llevar a cabo las acciones referidas, la Alcaldesa precisó que este programa representa una inversión de 19 millones de pesos, según la propia funcionaria, provenientes de recursos propios, y beneficiará a 356 primarias públicas de la ciudad.

La importancia de los hechos estriba en que, por un lado, son evidentes los actos anticipados de campaña, y por el otro lado, que se está vulnerando la voluntad popular e incumpliendo fehacientemente múltiples disposiciones establecidas en la recientemente aprobada reforma político-electoral y sus leyes secundarias.

A pesar de que con antelación se ha solicitado la intervención de las autoridades electorales y judiciales, tanto estatales como nacionales, vemos que lejos de atender las problemáticas, hasta el momento se ha consentido la conducción irregular de la funcionaria. Por ejemplo, entre otras circunstancias, ha sido cuestionada por el probable desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y en las últimas semanas por la antijuridicidad del programa denominado  MA’s.

Sobre el asunto que nos ocupa en la presente Proposición con Punto de Acuerdo, es menester precisar que el inciso a, numeral 1 del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que son actos anticipados de campaña: “Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”. 

En el mismo sentido, el artículo 30 establece que el Instituto Nacional Electoral tiene, entre otros, los siguientes fines: Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Es evidente que las conductas realizadas por la funcionaria panista, por lo menos vulneran las disposiciones normativas expuestas, por lo cual deben ser investigadas de inmediato y en su caso, sean sancionadas a fin de que no se siga afectando el bien jurídico –la voluntad popular-, y los habitantes de Nuevo León puedan elegir libremente.

Asimismo, es crucial que se determine cuál es la procedencia de los recursos con los que se ha financiado este y otros actos en los que la funcionaria busca posicionarse dentro de las preferencias de la ciudadanía.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. En todo momento se debe privilegiar el bien común sobre los intereses particulares, sobre todo, si se trata de servidores públicos que eventualmente pueden contender por un cargo de elección popular, como es el caso de la Alcaldesa, quien en 2015 tiene altas posibilidades de ser la candidata del Partido Acción Nacional para la gubernatura de Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del  Estado de Nuevo León, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, investiguen la promoción personal de la Alcaldesa del Municipio de Monterrey, Nuevo León con recursos públicos, probablemente constitutivos de actos anticipados de campaña y en su caso, se apliquen las penas y medidas correspondientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 7 de julio de 2014”.





 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita  la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal. Se turna a la Tercera Comisión.

“El suscrito, Diputado Federal Guillermo Sanchez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, dieron a conocer que la alta burocracia mexicana se convirtió en una de las mejor pagadas de América Latina y el Caribe, con un salario que supera 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio de los trabajadores del sector formal.

El informe pone de manifiesto el nivel de desigualdad en los pagos del sector público de la región, al señalar que el sueldo de los altos funcionarios en México, particularmente de los que están debajo de los secretarios de Estado, ronda los 2 millones 800 mil pesos anuales.

En el informe titulado Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2014, se menciona que las diferencias de remuneración significan que los jefes superiores ganen 6,7 veces más, en comparación con 4,6 veces en los países de la OCDE.

Por otra parte, el 7 de diciembre de 2013, el Ejecutivo Federal emitió el decreto que tiene por objeto establecer las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

En el decreto se señala que el gobierno debe administrar los recursos que obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos, de manera eficiente, eficaz y transparente y debe rendir cuentas puntualmente a la ciudadanía sobre la aplicación de dichos recursos y los resultados obtenidos.

Se destaca que es indispensable que el Ejecutivo Federal sea el primero en realizar un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos de las dependencias y entidades paraestatales y reorientando los ahorros obtenidos a los programas y actividades sustantivos de la Administración.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo Federal, es necesario llevar a cabo acciones en dos vertientes: la primera, a través de ajustes inmediatos al gasto corriente de operación en las secretarías de Estado y entidades paraestatales.

La segunda, a través de un diagnóstico integral que identifique las duplicidades en las estructuras organizacionales y en los programas del gobierno, las áreas de oportunidad para mejorar procesos y la prestación de servicios y, en consecuencia, que se establezcan las acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar el funcionamiento del Gobierno.

Según el Ejecutivo estas acciones y los resultados obtenidos con las mismas serán informados al Congreso de la Unión y a la ciudadanía, en cumplimiento al deber del gobierno de rendir cuentas.

Es importante mencionar que para el ejercicio fiscal 2013, el gasto en servicios personales de la Administración Pública Federal se reduciría 5 por ciento en el concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la reducción de 5.0 por ciento en los sueldos de mandos medios y superiores, incluida en el decreto de racionalización de gasto y disciplina presupuestaria, significará ahorros por dos mil millones de pesos.

Cabe recordar que las medidas de racionalización del gasto público implementadas en la administración 2006-2012, fueron incluidas en el decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

Una de las razones por las que el Ejecutivo Federal decidió implementar las medidas para racionalizar el gasto público fue la disminución de los ingresos disponibles para el financiamiento del presupuesto de 2007, respecto de los que se tenían para el de 2006.

De manera que uno de los objetivos de la política de racionalización, fue perfeccionar e intensificar los programas sociales que habían sido eficaces en el combate de la pobreza extrema.

Por lo que en el artículo segundo transitorio, se enlistaron los compromisos que debían cumplirse al término de 2012, los que consistían en reducir el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo.

En el mismo acuerdo, se dispuso que al menos uno de los indicadores determinados por las dependencias y entidades, se fijaría en términos de la generación de ahorros por la aplicación de las acciones previstas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación señaló, en la Cuenta Pública 2012, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no contó con criterios para reasignar los recursos obtenidos para los programas prioritarios, ni con mecanismos de control para destinar los recursos generados a los programas del ejecutor de gasto que los generó; se identificó que el 32.1% de los 5,413,535.1 miles de pesos registrados por la SHCP como recursos reasignados se destinó a programas que no eran prioritarios.

Tampoco se implementó un mecanismo eficaz para realizar el adecuado monitoreo y seguimiento de la operación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos específicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Según la OCDE, el ingreso promedio anual de la alta burocracia en México, equivale a 13 veces el Producto Interno Bruto (PIB), por habitante del país, relación superior a la media latinoamericana que es de 11 veces el PIB por persona y más del doble del promedio de todos los países de la OCDE que es de seis veces el PIB por persona.

En contraste en México, dominan los empleos con salarios bajos ya que la mayoría de los trabajadores están por debajo de los 6 mil 56 pesos mensuales. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), se observa que en los últimos cinco años, las personas que ganan menos de un y hasta tres salarios mínimos, se han incrementado en 4.2 millones.

Mientras que el grupo de trabajadores con los salarios más altos, que van de los tres salarios mínimos y más, se redujeron en 1.7 millones en el mismo periodo.

De acuerdo con información del INEG, en México seis de cada diez trabajadores se desempeñan en la economía informal. Diversos analistas han señalado que la precarización del empleo incide negativamente en la capacidad adquisitiva de la población y es la principal razón de que el consumo no se consolide como fuente de crecimiento económico.

Mientras que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social el ingreso promedio de los trabajadores del sector formal de la economía es de 292 pesos diarios que equivalen a 106 mil 580 pesos anuales.

Es importante apuntar que en América Latina, existen ejemplos de austeridad en los sueldos de los funcionarios públicos, como el anunciado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, que cumpliendo con una promesa de campaña, redujo su propio salario en un 57 por ciento.

La ley boliviana establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Los miembros de la Cámara Baja del congreso boliviano decidieron reducir sus sueldos en más de un 50%, el sueldo de los ministros también fue reducido, adhiriéndose así a la política de austeridad. 

También en México, de manera particular el Distrito Federal, con la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal, de abril de 2009,  la cual abroga la Ley de Austeridad, de diciembre de 2003, establece que el sueldo neto que recibirá el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrá ser mayor a 54 veces el salario mínimo mensual vigente en esta entidad federativa.

Dicha Ley señala que los Secretarios; los Jefes Delegacionales y los Subsecretarios; los Directores Generales o puestos homólogos, percibirán en el desempeño de su encargo remuneraciones no mayores a 53, 51 y 49 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, respectivamente.

Además establece que ningún servidor público de la Administración Pública del Distrito Federal, de sus dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades, podrá percibir remuneraciones mayores a las establecidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita, un informe por parte de la SHCP, sobre el avance del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal, el cual se entregue a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que permita constatar la reducción del gasto público y la reorganización de la administración para hacerla eficiente.

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.

Suscribe

Dip. Guillermo Sánchez Torres”.





 

Del Diputado Raymundo King de la Rosa, del grupo parlamentario  del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía a que, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de verano por un periodo de siete meses. Se turna a la Tercera Comisión.

“El suscrito, Raymundo King De la Rosa, Diputado Federal por el Estado de Quintana Roo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1 fracción I, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de verano por un periodo de siete meses coincidente con el horario estacional de siete meses aprobado por el Congreso de la Unión

CONSIDERACIONES

Conforme se dispone en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público de energía eléctrica, y el racional consumo de energía

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone las tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.

Las tarifas de consumo eléctrico de la CFE para uso doméstico se clasifican en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La primera se aplica para la época denominada “fuera de verano”, en tanto que las 6 restantes se ubican dentro de la época del “verano” y se determinan de la siguiente manera: Para la tarifa 1A es necesario que se tenga una temperatura media igual o mayor a 25 grados centígrados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores; para la 1B de 28°C, para la 1C de 30°C, para la 1D de 31°C, para la 1E de 32°C y para 1F de 33°C, de tal manera que mientras mayor sea la temperatura, la tarifa de verano es más baja.

Para efecto de determinar la temperatura media se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua que es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información.

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos dispone que el sistema normal de medición del tiempo en la República, que se establece con la aplicación de los husos horarios y su correspondiente hora en los artículos que anteceden, podrá ser modificado mediante decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales.

A tal efecto, el Congreso de la Unión emitió el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, en cuyo artículo único se establece que aplicará el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril hasta las dos horas del último domingo de octubre de cada año en todo el territorio nacional con excepción del estado de Sonora, lo que en términos prácticos implica adelantar una hora durante el periodo que aplica este horario, también conocido como “horario de verano”, el cual rige durante siete meses.

Debe recordarse que el establecimiento del horario de verano se motivó en la necesidad de generar ahorros en la producción de energía eléctrica, por lo que, en un acto de equidad y justicia, los beneficios de este horario deben concretarse en tarifas más económicas para la población en general.

No obstante lo anterior, en las tarifas eléctricas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y Economía, la Comisión Federal de Electricidad ha propuesto considerar al verano como “los seis meses más cálidos del año”, lo que en la práctica implica que las tarifas más baratas apliquen únicamente en los meses de abril a septiembre (o de mayo a octubre, en algunos casos), es decir, desfasándose un mes respecto del horario de verano establecido por el Congreso de la Unión y generando un perjuicio para los usuarios del servicio, pues durante un mes pagan la tarifa más cara, es decir, la que no corresponde a la época de verano.

Por lo anterior, se considera conducente exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, así como a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de verano por un periodo de siete meses coincidente con el horario estacional de siete meses aprobado por el Congreso de la Unión.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, así como a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, propongan y aprueben tarifas eléctricas de aplicación durante el verano por un periodo de siete meses coincidente con el horario estacional de siete meses aprobado por el Congreso de la Unión.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de julio de 2014.

Dip. Raymundo King de la Rosa”.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación en el marco de la reforma constitucional en materia de paridad de géneros. Se turna a la Primera Comisión.

“Quien suscribe, senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la H. Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CON ABSOLUTO RESPETO AL FEDERALISMO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO LO HAN HECHO, A ARMONIZAR SU LEGISLACION EN EL MARCO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PARIDAD DE GENEROS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos1, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 se ha reconocido el derecho de “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, además la Declaración reconoce el derecho de acceso en condiciones de igualdad. Lo anterior implica que mujeres y hombres tienen la posibilidad de participar en la esfera pública igualitariamente.

Sin embargo, las mujeres participan en la política en términos de desigualdad respecto a los hombres, de ahí la necesidad de crear estrategias para remover los obstáculos que impiden a las mujeres para acceder a la vida política, como son las llamadas medidas especiales de carácter temporal, referidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)3, las cuales pretenden acelerar la igualdad de facto.

En ese contexto, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cocedaw) recomendó hacer un mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cuotas para que las mujeres se integren en la educación, la economía, la política y el empleo4, adicionalmente, se insta a los Estados Partes a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, las oportunidades de representar a su gobierno en el plano internacional y participar en las actividades de las organizaciones internacionales5, así como a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país6.

También el COCEDAW plantea la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7 reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones”.

En la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe8 se acordó entre otras cuestiones: la adopción de acciones afirmativas para garantizar la plena participación femenina en cargos públicos y de representación política; incentivar mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres de la región; además se determinaron estrategias hacia los partidos políticos como la incorporación de la perspectiva de género en sus agendas, instrumentar acciones positivas para incluir la paridad, adoptar medidas para prevenir y sancionar el acoso político que sufren las mujeres que acceden a cargos políticos, y el trabajo con medios de comunicación para el reconocimiento de la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político.

Nuestro país introdujo en el año 2002 el sistema de cupos 70/30 en su legislación electoral, lo cual implicaba quelas listas de candidaturas a diputaciones y senadurías por mayoría relativa y por representación proporcional estuvieran conformadas con no más del setenta por ciento de candidaturas propietarias de un mismo sexo. Pese a ello, en el año 2008 la legislación electoral fue reformada para establecer la eliminación de la cuota, previo a un proceso interno de conformidad con los estatutos partidarios, sin embargo, los procesos internos, garantizan necesariamente transparencia y un enfoque de género.

Recientemente, el 10 de febrero del 2014, se reforma el artículo 41 Constitucional, a efecto de introducir la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. En sus transitorios se contempla la expedición de las normas que regulen a los partidos políticos nacionales y locales; una ley general que regule los procedimientos electorales, (que deberá prever las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales).

Lo anterior implica que la creación de una legislación en materia electoral, es decir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales9, la cual tiene por objeto “establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales” (artículo 1°).

Este ordenamiento reconoce como un derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7°).

Lo anterior se traduce en que todas las elecciones quedan circunscritas al Instituto Nacional Electoral (INE), además, el cual diseñará las reglas electorales que se enmarquen en la paridad entre mujeres y hombres. Además, se mandata a los partidos políticos: promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En ese sentido, las legislaciones locales (Constituciones y leyes electorales) deben armonizar sus contenidos a los preceptos Constitucionales, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser un ordenamiento de observancia general en el territorio nacional.

El pasado 30 de junio venció el plazo para que los Congresos de los 18 estados que tendrán elecciones en el 2015 armonicen su legislación lectoral electoral conforme a la reforma Constitucional en la materia. Estos estados son: Colima, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Cabe destacar que Nuevo León, Jalisco y Tabasco no armonizaron su legislación, por desacuerdos entre partidos, por otro lado, debemos llamar la atención en situaciones ocurridas en los Estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Michoacán que pueden llegar a eludir el mandato Constitucional para asegurar la paridad política entre mujeres y hombres.

Las y los diputados que integran el Congreso del Estado de Chiapas, aprobaron por unanimidad, el dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales referente a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Según el boletín de prensa publicado en la página del Congreso de esa entidad, se incluye la disposición para “acceder a una diputación plurinominal con tan sólo haber obtenido el 3 por ciento de la votación válida emitida y se salvaguarda el principio de la equidad, ya que ningún partido político puede estar por encima o debajo del 8 por ciento en la integración del Congreso del Estado” (Congreso del Estado de Chiapas).

También se destacó que “no existe una restricción para la participación de la mujer en dichas reformas” y se sostuvo que es imperativo que al interior de los partidos se abran procesos democráticos en materia de igualdad de género. Sin embargo, es necesario revisar que se observen las disposiciones de la Constitución Federal y no existan excepciones en las disposiciones relativas a la paridad, como resultado de “procesos internos democráticos”, ni bajo ningún otro supuesto, que eludan la obligación Constitucional que tienen los partidos de postular candidatas y candidatos observando, precisamente, la paridad.

Para el caso de Guerrero, su Congreso aprobó el pasado 29 de junio modificaciones a la Ley del Tribunal Electoral del Estado, que debieron incorporar la paridad de género en cuanto a las candidaturas para las próximas elecciones, sin embargo, éstas no fueron incluidas las y los diputados “aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, donde no se obliga a los partidos políticos a otorgar el 50% de las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales en el próximo proceso de 2015, a las mujeres” (El Universal, 2014).

En cuanto a la paridad, en el Código Electoral del Estado de Michoacán, se establece que “cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros”. Además, cada partido deberá garantizar “la equidad y la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”

Es oportuno mencionar experiencias exitosas en la armonización legislativa en materia electoral, como es el caso de Baja California Sur, el 24 de octubre de 2013 el Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Electoral del estado, para incluir la paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, destaca por ser la “es la primera que lo hace sin incluir el obstáculo más importante para su cabal cumplimiento: la excepción de selección de candidaturas por método democrático”. Además, dicha reforma estipula “la obligación de postular 50 por ciento de candidaturas para mujeres y 50 por ciento para hombres, a diputaciones de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos, con alternancia de género en listas para regidurías”, y obliga a “suplencias del mismo sexo en todas las candidaturas; sanciones explícitas por incumplimiento; aplicación de 5 por ciento de recursos partidistas para formación y capacitación de las mujeres; ordena al órgano electoral reglamentar su ejercicio, y vigilar su cabal cumplimiento”.

Lo anterior es relevante, toda vez que el Congreso de Baja California Sur interpretó adecuadamente el espíritu de las y los legisladores al incluir la paridad en las candidaturas para los ayuntamientos, pues con esta disposición se da cumplimiento a los Tratados internacionales y a las recomendaciones de los mecanismos de vigilancia de dichos Tratados, en el sentido de asegurar la representación femenina en términos de paridad, porque preocupa que en nuestro país, tan solo el 7% de los municipios sea gobernado por mujeres.

Por su parte, el Congreso de Sonora, aprobó una reforma al artículo 150A de la Constitución del Estado, para garantizar que las candidaturas a cargos de elección popular estén integradas por 50% de mujeres y que la lista a presidencias municipales, se respete los principios de paridad y alternancia de género.

Es importante cumplir con el mandato Constitucional que asegure la parida de géneros en materia electoral, y dejar de lado las resistencias patriarcales que impiden a las mujeres el acceso a cargos públicos, como ubicarles en zonas con poca posibilidad de ganar, se las asigna escasos presupuestos para sus campañas, se incumple la asignación de presupuestos para su capacitación y profesionalización, e incluso cuestionamientos y persecución sobre su vida personal.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que no lo han hecho, a armonizar su legislación en el marco del mandato Constitucional en materia de paridad de géneros de fecha 10 de febrero del 2014, que aseguren: fórmulas del mismo género, la alternancia, la no exclusividad en los distritos ganadores de un solo sexo, así como listas de mayoría relativa y de representación proporcional en términos de paridad y en aquellos en donde no se ha interpretado adecuadamente, lo corrijan.

Dado en el Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 3 días del mes de julio de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 1981.

3 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 1981.

4 Recomendación General No. 5 Adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el 7° periodo de sesiones, 1988.

5 Recomendación General No. 8 Adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el 7° periodo de sesiones, 1988.

6 Recomendación General No. 23 Adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el 16° periodo de sesiones, 1997

7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994. Aprobada por México el 12 de noviembre de 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999.

8 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

9 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo del 2014.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita  al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral de la situación que guardan las 25 suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México Plaza en los municipios de León y Salamanca. Se turna a la Primera Comisión.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE A TRAVES DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA ENTIDAD, REALICE UNA AUDITORIA INTEGRAL DE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS 25 SUITES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS HOTELES MEXICO PLAZA EN LOS MUNICIPIOS DE LEON Y SALAMANCA, HACIENDO ÉNFASIS EN SUS RENDIMIENTOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y GASTOS EROGADOS PARA SU MANTENIMIENTO, PRECISANDO LOS BENEFICIOS TANGIBLES PARA LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO Y CIUDADANOS DEL ESTADO. ASIMISMO, PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO ANTE ESTA SOBERANIA NACIONAL DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.

CONSIDERACIONES

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, es un organismo público descentralizado encargado de salvaguardar las prestaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social para los trabajadores al servicio de las entidades y dependencias, entre estas destaca el seguro de invalidez, jubilación, muerte y préstamos a corto plazo, hipotecarios y para la adquisición de bienes de uso duradero.

De acuerdo a información oficial hasta el 30 de abril de 2014, tiene 66 mil 732 asegurados, 55 mil 868 activos, 10 mil 864 pensionados y 2 mil 502 en plan de permanencia; se han entregado 13 mil 745 préstamos, de los cuales 493 son hipotecarios y 13 mil 252 a corto plazo; de los servicios financieros, 31 mil 600 ahorradores tenían un ahorro voluntario y 51 mil 548 usuarios habían realizado algún envío de remesas.

El instituto tiene como filosofía establecer permanentemente bases sólidas que le permitan a la institución tener un crecimiento, económico y administrativo que se refleje en mayores beneficios para sus integrantes. El organismo público es un sistema de seguridad social que opera con un fondo solidario que está integrado por aportaciones y cuotas de los trabajadores y patrones así como de los rendimientos generados por las inversiones que realiza en  materia financiera, comercial e inmobiliaria.

Para cumplir con su objetivo de creación, realiza una serie de inversiones para incrementar su patrimonio como la apertura de 161 farmacias, 10 estacionamientos, 3 plazas comerciales y la adquisición de 25 Suites en los hoteles México Plaza, de León y Salamanca, con las empresas Ho Me Inn S.A. de C.V y Operadora Centro Max S.A. de C.V.; 5 de ellas adquiridas durante el 2003, 10 en el 2006 y 10 más en el 2007.

Las Suites están localizadas en el municipio de León, que cuenta con el mayor número de población del Estado (1 millón 600 mil habitantes), tiene una extensión geográfica de más de 1 mil 219.67 kilómetros cuadrados equivalente a 4.8% de la extensión total de la entidad, siendo una de las ciudades más importantes por su derrama económica, también están localizadas en el municipio de Salamanca, demarcación importante por formar parte del Corredor Industrial del Bajío con una población de 260 mil 732 habitantes.

El acceso a la información pública gubernamental constituye un derecho ciudadano, por lo que es importante conocer entre otros aspectos los rendimientos por   contratos de arrendamiento, debido a esta situación apremia que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo un auditoría        integral bajo los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo a la gestión de las 25 suites de los hoteles México Plaza en León y Salamanca propiedad del Instituto de Seguridad Social de la entidad.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, tiene como     facultad el fiscalizar los recursos públicos y fomentar en los servidores públicos los valores de transparencia y la responsabilidad que conlleva un cargo público, propiciando de esta manera un ambiente de confianza de la sociedad con sus autoridades.

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social, habitantes del Estado de Guanajuato y sociedad en general, tienen el derecho de conocer los resultados de las auditorias que se le practiquen al Instituto de Seguridad Social y estar informado de los beneficios precisos y tangibles de estas inversiones inmobiliarias para los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través del Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad, realice una auditoría integral de la situación que guardan las 25 suites propiedad del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México Plaza en los municipios de León y Salamanca, haciendo énfasis en sus rendimientos por contratos de arrendamiento y gastos erogados para su mantenimiento, precisando los beneficios tangibles para los derechohabientes del Instituto y ciudadanos del Estado. Asimismo, presenten un informe pormenorizado ante esta Soberanía Nacional de los resultados de las investigaciones.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 7 de julio de 214”.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a promover las medidas pertinentes para que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua de señas mexicana. Se turna a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso.

“Quien suscribe, Senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H.  Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION BICAMERAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION QUE PROMUEVA LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE LA PROGRAMACION DEL CANAL DEL CONGRESO SEA TRADUCIDA A LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), publicada en 2011 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los tres principales problemas de las personas con discapacidad en nuestro país son el desempleo, la discriminación y la no autosuficiencia. Lo anterior, tiene una relación directa con que la accesibilidad a la comunicación sea realidad en los hechos y no sólo en la legislación, a fin de lograr el pleno ejercicio de cada uno de los derechos.

En México existen alrededor de 400 mil personas con discapacidad auditiva según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, quienes enfrentan una enorme cantidad de restricciones que les impiden contar con mecanismos de interacción y relación con la sociedad, aún y cuando desde 2003 la Lengua de Señas Mexicana es reconocida legalmente como lengua nacional.

En este contexto, el Congreso de la Unión está obligado a promover todas aquellas medidas y prácticas que permitan facilitar el aprendizaje y la utilización de la Lengua de Señas Mexicana para personas sordas y para personas oyentes, a fin de facilitar la interacción, el diálogo y la información en el campo de lo social y de lo privado; además de posibilitar el acceso a la educación y al empleo, entre muchos otros espacios y aspectos de la vida.

A lo largo del país es posible encontrar reiteradas expresiones y quejas de aislamiento, segregación e incomunicación de las personas sordas, particularmente por parte de instituciones públicas. Tan solo durante 2011 se presentaron ante CONAPRED 89 quejas y 44 reclamaciones por discriminación por discapacidad. Por ello, es indispensable reconocer que la dificultad de las personas sordas para comunicarse disminuye su capacidad de interacción social y, en consecuencia, limita su desarrollo educativo, profesional y humano.

La Lengua de Señas Mexicana es un vocabulario de gestos y expresiones corporales conformado por 1,113 palabras distribuidas en 15 temas: abecedario, alimentos, animales, antónimos, casa, calendario, colores, escuela, familia, frutas y verduras, números y palabras relacionadas, partes del cuerpo, pronombres-adjetivos-preposiciones-artículos, entre otros.

En este sentido, conviene recordar y tener presentes otros esfuerzos legislativos que se han emprendido para incrementar las oportunidades de expresión de la comunidad con discapacidad auditiva en nuestro país. El año pasado, modificamos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ampliar modalidades y medios para la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de derechos a personas con características y necesidades particulares; y para abrir y acercar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sectores de la población cada vez más amplios.

Debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con diversos instrumentos internacionales, garantiza el reconocimiento de los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia. De manera más específica, para garantizar el derecho a la igualdad, nuestro texto constitucional prohíbe todo tipo de discriminación; y deriva su mandato en una Ley Federal cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución; así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En el mismo sentido, dicha ley establece que:

“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas…

Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas [...] promoverán la participación de las autoridades [...] y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos…

 “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, busca establecer las condiciones en las que:

El Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

De manera enunciativa y no limitativa, el artículo 32 de esta ley determina que:

“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población”.

Para tales efectos, instruye a las autoridades competentes a establecer,  entre otras, las siguientes medidas: promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el Internet.

La anterior disposición tiene como fin proteger el derecho de las personas con discapacidad para que puedan ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente, dentro de un principio de no discriminación. Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país y publicada el 24 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, señala, en su artículo 4, que:

“Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.

En su Artículo 5, denominado Igualdad y no discriminación, señala que:

“Los Estados Parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.

En ese contexto, dicho instrumento internacional tiene como propósito coadyuvar en la prevención de la discriminación hacia cualquier persona por razón de su discapacidad, evitando con ello conculcar su dignidad humana. Es por ello que los Estados Parte deben eliminar las barreras para que toda persona participe del desarrollo en igualdad de condiciones.

Por estas razones, mantener la transmisión de la programación del Canal del Congreso en los términos actuales, constituye una limitación de los derechos al acceso a la información y a la igualdad de las personas con discapacidad auditiva, por lo que resulta indispensable promover otras modalidades de comunicación y garantizar el derecho al acceso a la información de este importante sector de la sociedad.

Tomar en cuenta las necesidades particulares de la comunidad con discapacidad auditiva en nuestro país, sin duda, dota de mayor protección y certeza jurídica a la sociedad en su conjunto y consolida nuestro sistema nacional de protección de los derechos humanos.  Lo anterior no puede pasar desapercibido en el marco de la discusión actual en materia de telecomunicaciones, en el cual hemos logrado incorporar capítulos especialmente dedicados a los derechos de los usuarios y de las audiencias con discapacidad, a efecto de garantizar el derecho a la accesibilidad, de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, someto a la consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION SOLICITA A LA COMISION BICAMERAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION QUE PROMUEVA LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE LA PROGRAMACION DEL CANAL DEL CONGRESO SEA TRADUCIDA A LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a indicar la fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El Zapotillo” para verificar la altura de la cortina. Se turna a la Tercera Comisión.

“La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la H. Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A QUE INDIQUE LA FECHA EN LA QUE UNA COMISION CONFORMADA POR EXPERTOS Y LEGISLADORES FEDERALES INGRESARAN A LA ZONA DE CONSTRUCCION DE LA PRESA “EL ZAPOTILLO” PARA VERIFICAR LA ALTURA DE LA CORTINA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

En septiembre de 2005, los Gobiernos de Guanajuato y Jalisco suscribieron un acuerdo de coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denominado “Convenio de Coordinación para la construcción y operación de la presa El Zapotillo” para la construcción de una presa en los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el proyecto inicial la presa tendría una cortina a 80 metros de altura, sin embargo en octubre de 2007, las partes suscribieron modificaciones al Convenio original de manera que la altura de la cortina quedaría según el nuevo proyecto ejecutivo a una altura de 105 metros, lo que según estudios técnicos elaborados por la Universidad de Guadalajara originaría que quedaran inundados los terrenos de tres poblaciones de los municipios antes mencionados, estas poblaciones son: Temacapulín, Palamarejo y Acasico.

En diciembre de 2009, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al Licenciado Emilio González Márquez, Gobernador del estado de Jalisco y a los presidentes municipales de Cañadas de Obregón y de Mexticacán, por la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, por los siguientes motivos:

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) ha impulsado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la construcción de una presa llamada El Zapotillo en terrenos que pertenecen a las comunidades de Acasico, Temacapulín y Palmarejo. Esta Comisión ha intentado en múltiples ocasiones convencer a las autoridades estatales para que en el proceso de planeación y construcción de la presa se tome en cuenta a las organizaciones civiles, profesionistas, y estudiosos en el tema y en especial a los habitantes de las tres comunidades que resultarían afectadas con la inundación. Si el proyecto se realizara tal como lo han sugerido los gobiernos de Jalisco y el Federal, quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus pobladores con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y con vida desde hace varios siglos.

A partir de estos hechos se han suscitado diversas irregularidades por parte de los gobiernos locales y federales que han derivado en juicios administrativos, amparos ante actos de autoridades locales y federales, a tal punto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en octubre de 2013 una sentencia en la que determina la invalidez del "Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato", suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete.

Ello obliga a la CONAGUA a respetar el convenio original en el que la cortina de la presa no supera los 80 metros de altura, sin embargo los trabajos de construcción de la presa no se han detenido.

Una comisión de expertos independientes, a petición de habitantes de los poblados afectados, han solicitado en reiteradas ocasiones a la CONAGUA se les permita ingresar a la zona de construcción para poder verificar que la altura de la cortina no haya sobrepasado ya los ochenta metros, sin embargo, dicha Comisión se ha negado a esta petición.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que indique la fecha en la que una comisión conformada por expertos y legisladores federales ingresarán a la zona de construcción de la presa “El Zapotillo” para verificar la altura de la cortina.

Dado en el Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de julio de 2014”.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México a replantear y modificar el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, así como a las entidades federativas a establecer políticas públicas y programas integrales de movilidad. Se turna a la Primera Comisión.

“Las suscritas, CRISTINA DIAZ SALAZAR, ANA LILIA HERRERA ANZALDO y MARIA ELENA BARRERA TAPIA Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE MEXICO A REPLANTEAR Y MODIFICAR EL PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIO, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ESTABLECER POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES DE MOVILIDAD.

CONSIDERACIONES

La contaminación atmosférica que afecta a la Zona Metropolitana del Valle de México, es un problema multifactorial que afecta de manera permanente a la salud de los millones de mexicanos que radican en ella, si bien es cierto que las causas son variadas y no se puede responsabilizar  a una sola de ellas para determinarla, resulta evidente que el uso desproporcionado del automóvil ha impactado negativamente en el medio ambiente y en la salud de las personas.

Ante ello, los  gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal han implementado a lo largo de las últimas dos décadas programas tendientes a reducir la contaminación atmosférica producida por los vehículos automotores que circulan en la zona metropolitana, ejemplo de ello es el programa Hoy No Circula, así como el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

El programa Hoy No Circula (HNC), fue lanzado en 1989 y se implementó para reducir la contaminación medida en el aire de la Ciudad de México. Esta medida fue implantada de una manera temporal buscando retirar el 20% de los autos particulares de lunes a viernes. El periodo de aplicación únicamente comprendía la temporada invernal debido a que durante esta se turnaba común la ocurrencia de inversiones térmicas que dificultaban la dispersión de los contaminantes generados en el área Metropolitana.

Posteriormente el programa fue implementado permanentemente, otorgándole el carácter de obligatorio aplicándose a todos los automotores que brindaran algún servicio con excepción de las unidades de servicios médicos, de seguridad pública, bomberos, servicio público de pasajeros y unidades que acreditarán la atención a alguna emergencia de carácter médico.

Un año después el programa volvió a ser modificado para incluir en el mismo a los vehículos que prestaban el servicio de transporte público de pasajeros.

Fue hasta 1997 que el programa fue actualizado con el objeto de renovar el parque vehicular, particularmente el de los vehículos privados modelos 1992 y anteriores que no contaban con convertidor catalítico.

En 1998 el programa (HNC), volvió a ser actualizado de manera que se estableció un esquema en donde los vehículos nuevos cuyas emisiones cumplieran con niveles de autorregulación estarían exentos del programa de verificación vehicular y del (HNC) por un periodo de hasta dos años.

Otra actualización al programa fue realizado en el segundo semestre del año 2008 en el cual se realizaron las modificaciones al programa "Hoy No Circula" consistentes en la restricción de la entrega del holograma 0 a las unidades a gasolina (de hasta ocho años de antigüedad); la aplicación del programa en día sábado (20% del parque vehicular con holograma 2 deja de circular cada sábado del mes); y se restringió la circulación de unidades matriculadas en otros estados en horario de las 5 a las 11 de la mañana todos los días laborales más un sábado al mes.

El 18 de junio del presente año, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se  anunció la “modernización” del Hoy No Circula y homologación de programas de verificación de la Megalópolis, que comprende seis entidades del centro del país: estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y DF, donde radican cerca de 28 millones de habitantes.

Las administraciones de las entidades referidas han considerado que el programa HNC, debía de actualizarse pues  a su juicio hoy en día el programa ya no cumple con su objeto principal que es el de reducir los efectos contaminantes en la ZMVM.

El Jefe de Gobierno informó que el nuevo esquema del Programa Hoy no Circula entrará en vigor a partir del 1° de julio y permitirá reducir la contaminación en un 11% anual y se fomentarán otros esquemas de movilidad más sustentables.

Los cambios en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio contemplan la introducción de los hologramas “Exento” y “1”.

Los vehículos híbridos y eléctricos tendrán holograma “Exento”, mientras que los holograma “1” (con antigüedad de 9 a 15 años) tendrán restricciones de circulación un día a la semana y dos sábados al mes (impar el primer y tercer sábado, y par el segundo y cuarto sábado), en caso de haber un quinto sábado, todos circulan.

Los vehículos con holograma “2”, es decir, con una antigüedad de 15 años en adelante, dejarán de circular el día de la semana que les corresponde de acuerdo con el color ya establecido con antelación y todos los sábados.

Debido al rechazo social provocado por la “actualización” del programa, el GDF con el fin de promover el justo equilibrio de los intereses entre los diferentes sectores de la población,  por instrucciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller García, se reunieron con los representantes que se manifestaron, como consecuencia del anuncio hecho respecto al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria que habrá de aplicarse a partir del próximo 1 de julio.

Derivado de esta reunión, el Gobierno del Distrito Federal precisó que la base para otorgar los hologramas, será la emisión de los contaminantes; por lo que aquellos automotores cuyo modelo exceda los quince años, podrán obtener el holograma “1”, al cumplir con los límites de emisiones establecidos en el proceso de verificación respectivo.

Es decir, solo dejarían de circular dos sábados al mes y un día a la semana, de acuerdo con la terminación numérica de las placas de circulación.

Además de lo anterior, se habrán de establecer, dos programas adicionales: El primero a cargo de la Secretaría de Transportes y Vialidad, que permita la entrega expedita de placas de circulación para vehículos que cumplan con los requisitos para los autos clásicos que estarán exentos del Programa Hoy No Circula; el segundo, estará dirigido al sector del comercio a fin de permitir la utilización de vehículos de transporte de carga, debidamente identificados, en horarios predeterminados, para garantizar la actividad comercial de todos sus sectores, como son tianguis, mercados sobre ruedas y el comercio en general.

Desde su implementación en la década de los noventas, el programa (HNC)  ha representado un factor que ha generado el aumento de la flota vehicular, lo que sin duda repercutió en la calidad del aire al contribuir a la emisión de gases contaminantes. Por lo tanto la eficacia del programa no resultó tangible inmediatamente, por el contrario se generó un efecto inverso al promover que las familias de clases medias adquirieran un vehículo nuevo, que si bien contaban con mejor tecnología, representan un aumento considerable de la flota vehicular.

En este sentido es importante destacar que al momento de la creación del  programa  en 1989, se retiraban diariamente alrededor de 500 mil autos en circulación, mientras que según datos actuales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal con la aplicación del programa se retiran de circulación diariamente 372 mil vehículos diarios, ahora bien, según las estimaciones de la propia Secretaría, con la implementación de las nuevas medidas en el programa, se aumentaría la eficiencia del mismo en la ZMVM pues en promedio dejarán de circular diariamente 560 mil vehículos, representando una disminución de 141 mil toneladas de precursores de ozono y 23 mil toneladas de partículas finas.

Queda claro que la modernización del programa busca reducir los gases contaminantes en la ZMVM, sin embargo el método con el que busca emplearse esta modernización resulta a todas luces injusto pues con éste se afecta de manera directa a una gran parte de la población que no cuenta con la solvencia económica de adquirir automóviles nuevos o de recientes años para poder circular.

Diversos científicos e investigadores reconocidos han expresado que la “actualización” del HNC, no es más que un paliativo que no resolverá el problema del exceso de vehículos circulantes. Como lo menciona el Dr. José Luis Lezama en su artículo “La Trampa del Hoy no Circula”1 es una medida que de manera aislada no resuelve nada sobre todo para hacer frente a un problema que requiere de respuestas más amplias, más de fondo, más estructurales, y que involucra y requiere diversos niveles de acción gubernamental. 

No cabe duda que el programa no ha cumplido cabalmente con las expectativas para las que fue creado, ello se debe en buena medida al aumento sostenido que se ha presentado en las últimas décadas de la población en la ZMVM y que por lo tanto ha incidido directamente en el aumento del número de automóviles.

A pesar de que si se han presentado disminuciones en los niveles de emisiones de gases contaminantes la Ciudad de México continua siendo una de las más contaminadas del país debido en gran parte a la cantidad de vehículos que circulan diariamente, que representan el 70% de los 2.7 millones de toneladas de contaminantes por año.2

De acuerdo a la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema), actualmente la flota vehicular sobrepasa los cinco millones de vehículos en la ZMVM, de los cuales 78 por ciento son particulares, 8 son de transporte público de pasajeros y 14 por ciento  son de carga. Según datos de la misma Sedema, en la ZMVM, el 32 por ciento del parque vehicular tiene una antigüedad mayor de 21 años, por lo tanto con las nuevas medidas que se pretenden establecer en el ZMVM, se estaría reduciendo significativamente el uso de los automóviles de aquellas personas que cuentan con vehículos de 9 a 15  años  o más de antigüedad.

Desde una perspectiva social, con la implementación de tales medidas, no se soluciona de fondo el problema de la contaminación atmosférica, ya que por un lado se obstaculiza el uso de los vehículos de 9 a 15 años de antigüedad a las personas cuyo medio  más utilizado para transportarse es su vehículo. Por otro lado,  esta “actualización”, pareciera ser lanzada con el fin de  que uno de fomentar sistemáticamente la compra de nuevos vehículos, lo que generaría un aumento en la flota vehicular, tal como sucedió en el primer año de la implementación del HNC y que además del impacto ambiental, también propiciaría el endeudamiento de la población al verse en la necesidad de cambiar su vehículo automotor  por un modelo más reciente para poder circular.

La aplicación del presente Hoy No Circula, representa una restricción para circular  diariamente en la ZMVM para aquellas personas que poseen un vehículo de 9 años o más, aun cuando los mismos pasen satisfactoriamente el proceso de verificación. Aunado a lo anterior el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, en su punto 7.3.1, no incluye una explicación de las razones por las cuales los vehículos modelos 2005  y anteriores no pueden obtener el holograma tipo cero aunque pasen la verificación.

Relacionado con lo anterior es oportuno adoptar algunos argumentos expuestos por la Juez Rafaela Reyna Franco Flores, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien resolvió un amparo con fallo a favor de un ciudadano al manifestar que el Programa de Verificación que reclama, viola el principio de igualdad contenido en el artículo 1° de la Constitución Federal, porque resulta discriminatorio que se niegue la expedición del holograma “0” al vehículo que defiende, sólo porque es modelo dos mil tres, aun cuando los niveles de emisión de gases contaminantes son iguales o menores a los establecidos en el programa para obtener dicho holograma3. Ante esto la Juez expone lo siguiente:

El quejoso pretende evidenciar que el programa de verificación vehicular que reclama, es inconstitucional porque otorga un trato diverso a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, atendiendo únicamente al año o modelo del vehículo que se verifica.

A efecto de valorar la violación al principio de igualdad alegado, el término de comparación idóneo son los niveles de emisión de partes por millón (ppm) de hidrocarburos que generen los vehículos, con la finalidad de desentrañar si los vehículos dos mil tres son o no iguales a los modelos subsecuentes para el otorgamiento del holograma “CERO”, cuando cumplen con las emisiones de contaminantes que prevé el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año dos mil catorce.

El artículo 4°, párrafo quinto, de la Norma Fundamental, prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, asimismo, que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley; sin embargo, no se advierte que esa diferenciación de trato sea el idóneo para alcanzarla.

En efecto, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, prevé dentro de los principios y lineamientos de política ambiental, que las autoridades y la sociedad deben asumir en corresponsabilidad la protección del ambiente, así como la conservación y el mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población; y que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Asimismo, que las autoridades, en los términos de la Ley Ambiental de Protección a la tierra en el Distrito Federal, tomarán las medidas necesarias para conservar este derecho, entre las que se encuentra, el sometimiento a los vehículos automotores en circulación matriculados en el Distrito Federal, a la verificación de emisiones contaminantes.  

De modo que, de una interpretación sistemática entre el precepto constitucional y la referida ley ambiental local, se concluye que para lograr un medio ambiente adecuado, se busca controlar y regular las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación; por lo que, la diferenciación entre vehículos modelo dos mil tres y aquellos con una antigüedad mayor de ocho años a la fecha, no persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues el modelo tomado en cuenta para esa diferencia de trato nada tiene que ver con los niveles de emisión de partes por millón (ppm) de hidrocarburos que generen.

Finalmente, debe valorarse si la medida impuesta en el programa reclamado guarda o no una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

El objeto primordial de la expedición del programa de verificación impugnado es establecer una política ambiental en la Ciudad de México que beneficie a sus habitantes y que derive de lo previsto en el artículo 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

Dicho precepto dispone que los vehículos automotores en esta ciudad deben ser sometidos a la verificación de emisiones contaminantes y que ese examen debe realizarse en los centros de verificación autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, quienes expedirán o no la aprobación correspondiente, conforme a los parámetros determinados por el programa de verificación y, en su caso que las unidades verificadas no cubran las exigencias que prevé, deberán reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, en los términos que determine el Programa de Verificación correspondiente.

Por su parte, el numeral 7.3 del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Primer Semestre del Año 2014, establece los diversos supuestos en que se puede obtener el holograma cero, lo que depende del tipo de vehículo de que se trate y el uso que se le dé y en específico, en el punto 7.3.1., inciso a), se señala que los vehículos de uso particular a gasolina modelos dos mil seis y posteriores, que cumplan los niveles ahí previstos, pueden obtener el tipo de holograma “CERO”.

Lo anterior evidencia que los vehículos anteriores a dos mil seis no pueden acceder al holograma tipo cero, independientemente de las partículas contaminantes que puedan o no emitir, de conformidad con lo previsto en el Programa de Verificación Vehicular obligatorio tildado de inconstitucionalidad.

De ese modo, no existe justificación objetiva y razonable alguna para obtener el holograma “cero”, en relación con la finalidad del referido programa, al establecer una distinción entre los propietarios de vehículos modelos anteriores a dos mil seis, es decir, con más de ocho años de antigüedad, toda vez que la finalidad del programa es regular los niveles de contaminantes emitidos.

En efecto, no se debe restringir la obtención del holograma tipo “CERO” a la antigüedad del vehículo, sino a los niveles de contaminante que se emitan, pues lo contrario no guarda relación razonable con el fin que se procura alcanzar que, como se explicó, consiste en reducir y controlar las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y el bienestar de la población así como el mantenimiento del equilibrio ecológico.

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de dos mil catorce otorga un trato desigual a sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias, a partir de un elemento que no guarda relación alguna con la finalidad que pretende.

En efecto, dicho programa trata de manera distinta a los propietarios de vehículos que emitan contaminantes por debajo de los parámetros indicados, a quienes se les puede otorgar holograma cero u holograma dos, únicamente a partir del modelo del vehículo que detentan, circunstancia que evidentemente es contraria al orden constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, el criterio que informa la tesis I.216º.A.3 A (10ª.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 2093, que dice:

“VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL CAPITULO 1, APARTADO II, PUNTO II.1, SEGUNDO PARRAFO, DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011, AL ESTABLECER QUE LOS VEHICULOS MODELO 2002 Y ANTERIORES NO PODRAN OBTENER EL HOLOGRAMA TIPO CERO "0", VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PREVISTO EN EL ARTICULO 1o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL. El capítulo 1, apartado II, holograma tipo cero “0”, punto II.1, segundo párrafo del mencionado programa, al establecer que los vehículos modelo 2002 y anteriores no podrán obtener el indicado holograma, viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que si el objetivo del programa es proteger el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la población, el cual es constitucionalmente relevante y sobradamente importante para operar como base justificadora, no se evidencia que la diferencia que se establece en relación con el modelo del vehículo descanse sobre una base objetiva y razonable acorde con la finalidad perseguida por el propio programa, sino que la rebasa, pues no se advierte que se encuentre íntimamente vinculada con prevenir, controlar y reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos automotores en circulación y no se vislumbra razón objetiva que justifique se exigencia para asegurar una calidad de aire satisfactoria para la salud y el bienestar de la población, al no ponderarse, precisamente, la emisión de contaminantes del vehículo.”

Ahora bien en lo que respecta al Programa de Verificación Vehicular, la Sedema establece que este busca asegurar una menor contaminación, fomentando el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.

Los vehículos automotores registrados en el D.F. deberán realizar y aprobar una verificación de emisiones vehiculares cada semestre, salvo aquellos que obtengan un holograma doble cero (“00”), en cuyo caso la unidad estará exenta de verificar sus emisiones hasta por tres semestres posteriores al semestre en que obtuvo un holograma“00”.

Los vehículos nuevos o usados que se registren por primera vez en el Distrito Federal deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de la tarjeta de circulación.

Los vehículos matriculados en el Distrito Federal que ya han sido verificados en sus emisiones vehiculares deberán continuar verificando conforme al color del engomado o al último dígito numérico de sus placas de circulación.

El proceso de verificación de emisiones vehiculares aplica a todos los automotores matriculados en el Distrito Federal y los que portan placas metropolitanas, con excepción de los tractores agrícolas, la maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera, las motocicletas, los vehículos eléctricos, los vehículos con matrícula de auto antiguo, automotores con matrícula demostradora y aquellos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente (algunos vehículos híbridos y unidades a gas natural con sistema de combustión empobrecida).

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

La esencia del presente punto de acuerdo surge en virtud de los reclamos sociales de millones de mexicanos que no cuentan con un vehículo cuyo modelo sea de un año de reciente producción y que por el contrario cuenten con uno cuyo modelo  sea de 9 a 15 años o más y que no podrán circular diariamente a pesar de que cumplan con el proceso de verificación vehicular.

La propuesta busca exhortar de manera respetuosa a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México para que modifiquen las medidas establecidas recientemente para el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, respecto de vehículos de 9 a 15 años en la ZMVM, modificando el mismo para que este no tome únicamente como criterios principales en la evaluación de los vehículos automotores el año de fabricación de los mismos, sino que también se tomen en cuenta el desempeño técnico y mecánico de las condiciones del vehículo.

Con lo anterior no sólo se fortalece la protección al medio ambiente,  sino también se garantiza que los vehículos, independientemente del año del modelo, puedan continuar circulando libremente siempre y cuando sigan cumpliendo con las especificaciones de emisiones, técnicas y mecánicas que el Programa de Verificación Vehicular establezca. De la misma manera con la implementación de un nuevo programa de verificación, se podrá inhibir la compra de autos nuevos, que pueden convertirse en un problema, más que en una solución duradera y sostenible para el medio ambiente.

La implementación de este tipo de inspecciones a los vehículos ha sido utilizada de manera satisfactoria en otros países, ejemplo de ello lo podemos constatar en el Reglamento General de Vehículos de España, en cuyo artículo 10 se define a las inspecciones técnicas de vehículos como: "Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las estaciones de ITV al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se recoge en la legislación vigente. La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del mismo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas"

Los elementos que son inspeccionados en la  Inspección Técnica Vehicular  ITV en España son los siguientes:

· Datos identificativos del vehículo, matrícula, número de bastidor, marca y modelo coinciden con los datos contenidos en la documentación del vehículo entregada por el usuario, que es el Permiso de Circulación y la Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (Tarjeta ITV).

· Medición de los niveles de emisión contaminante, así como el ruido en el caso de las motocicletas y ciclomotores para garantizar que no se superan los límites establecidos.

· El estado de conservación y reglaje de las luces del vehículo para permitir una conducción nocturna segura.

· Se examinará el estado de conservación de elementos externos, como matrículas, retrovisores, visibilidad, lunas, etcétera.

· La eficacia, el estado y equilibrado de las suspensiones con el vehículo en marcha.

· El detalle los ejes, el bastidor, los frenos, la dirección y la suspensión de su vehículo.

En este caso se observa que la inspección técnica periódica de los vehículos tiene por objeto tanto verificar que el vehículo cuente con las emisiones permitidas en aras de proteger el medio ambiente, así como las demás condiciones técnicas y mecánicas exigidas para la circulación en las vías públicas. De lo anterior se desprende la posibilidad de realizar una verdadera modernización del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, con el fin de que sean implementados de una manera más eficiente tomando en cuenta no solo el control de emisiones, sino las especificaciones técnicas y mecánicas que brinden una certeza de que los vehículos cuentan con las condiciones suficientes para circular de manera segura y buscando proteger al medio ambiente

Como conclusión podemos establecer que la actualización del Programa de HNC no sólo resulta injusta para aquellas personas que cuenten con vehículos de 9 años o más y a las que se les restringe la circulación diaria a pesar de que cumplan con los requisitos para la verificación en la ZMVM, sino también representa una oportunidad para replantear la manera en que se implementa el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para definir su idoneidad y en su caso identificar que otros programas y estrategias de fondo que permitan combatir de fondo las problemáticas de la contaminación atmosférica así como las de movilidad urbana que se presentan en la ZMVM. Por lo anteriormente expuesto y reconociendo que el Estado de México, realizó una propuesta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que se instale una mesa de trabajo en la que participen los integrantes de esta comisión, así como las cámaras de comercio y el sector productivo, para encontrar alternativas de solución y evitar afectaciones con la modernización del Programa Hoy No Circula, nos permitimos presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, a replantear el proceso de verificación y modificar el “Programa de Verificación Vehicular Obligatorio” en la zona metropolitana del Valle de México, con la finalidad de que los hologramas sean otorgados a todos los vehículos que cumplan con los parámetros establecidos en la verificación vehicular correspondiente y que no sobrepasen los límites de emisión de contaminantes, eficiencia energética y características tecnológicas, y no por el año o modelo de vehículo, respetando el principio de igualdad constitucional en el ejercicio de la libertad de tránsito y el respeto de los derechos humanos, así como del medio ambiente sustentable.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México, a realizar un replanteamiento del programa de verificación vehicular para que éste contenga procedimientos de inspección técnica y mecánica para todos los vehículos automotores dentro del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y no sólo por emisión de contaminantes, ya que de ello derivará un mejor control sobre el buen uso de los vehículos.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a establecer programas homologados de verificación vehicular en el que se contengan procedimientos de inspección técnica y mecánica, incluido el de inspección sobre emisión de contaminantes, eficiencia energética y características tecnológicas, para todos los vehículos automotores con placas de la entidad, a efecto de que los engomados puedan ser reconocidos a nivel nacional.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a establecer políticas públicas y programas integrales de movilidad.

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. María Elena  Barrera Tapia”.

1  LEZAMA  José Luis, “La trampa del Hoy no Circula” [en línea] disponible en; http://joseluislezama.blogspot.mx/

2 Datos del inventario de Emisiones contaminantes Criterio de la ZMVM -2008, citados en el Programa para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020, Pág.35.

3 Juicio de Amparo Indirecto 166/2014, http://www.dgepj.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=727/07270000148436120008007.docx_1&sec=Victor_Miguel_Vasquez_Herrera&svp=1






 

De la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta diversas dependencias a realizar los estudios pertinentes sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que implementen a la brevedad las medidas necesarias para atender esta situación y garantizar así la seguridad de los habitantes de la región. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad de los ciudadanos campechanos ha sido siempre una de nuestras prioridades y un compromiso que hemos adoptado y refrendamos, así como garantizar la integridad y sustentabilidad de las playas carmelitas y contar con infraestructura moderna que cumpla con los más altos estándares de calidad en cuanto a materiales, procesos de construcción y operación, al igual que con las mejores prácticas en materia de seguridad.

Con el paso del tiempo, en el municipio de Carmen, Campeche, se ha podido observar de forma cada vez más notoria, cómo las zonas costeras han experimentando un proceso de deterioro y erosión, el cual pensamos puede obedecer a causas como el cambio climático, que incide en fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, como el incremento de los niveles del mar, entre otros.

En ese contexto, hemos identificado y sufrido las consecuencias que la erosión ha traído consigo. En particular, se puede observar cómo el mar ha ganado terreno a la zona costera de Carmen, en la que se ubican tanto zonas turísticas, habitacionales e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. De manera específica, las torres de alta tensión han sufrido un importante y peligroso proceso de erosión en su cimentación. Estos lugares, se han convertido en foco de riesgo para la ciudadanía, para los asentamientos humanos y para la dotación de servicios básicos en diferentes localidades del municipio de Carmen.

En el marco de la Semana Nacional de Conservación, organizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el investigador Antonio Márquez García de la Universidad Autónoma de Morelos, señaló que el litoral del Golfo de México presenta una erosión costera de 42 por ciento, y en particular el litoral del municipio de Carmen, presenta erosión en un 90 por ciento de su línea costera. Esto nos permite dimensionar la seriedad de la pérdida de terreno de la costa.

Entre las posibles causas pueden ser identificadas los fenómenos meteorológicos, el incremento de las mareas y los oleajes, los cuales llegan a alcanzar alturas de hasta tres o cuatro metros. Lo anterior es resultado de un estudio de dinámica costera realizado dentro del período 2005-2008 en el que se monitorearon las mareas, oleajes, corrientes, el efecto del cambio climático global, el incremento de los huracanes, nortes, su intensidad y frecuencia.

Algunas de las principales consecuencias identificadas por el estudio fueron las siguientes: se detectó la pérdida de playas turísticas(como Bahamitas); la disminución de cargas pluviales; la interrupción del transporte de sedimentos por infraestructura (un ejemplo es la carretera federal construida a un costado del litoral); la destrucción de infraestructura de protección y de manglar; la vulnerabilidad de zonas urbanas; el detrimento de playas de desove de tortugas, entre otras consecuencias.

En ese contexto, se identificó a Punta Disciplina como el lugar más afectado por la erosión, mientras que Bahamitas, Champotón y Boca del Carmen se consideraron en proceso de convertirse en zonas críticas de acumulación de sedimentos.

Otro estudio realizado por un grupo multidisciplinario de investigadores de diferentes instituciones académicas y gubernamentales entre los que se encuentran la Universidad Autónoma de Campeche y la SEMARNAT, analizó la erosión en el estado de Campeche durante el período comprendido entre 1974 y 2008. El estudió coincidió en que Punta Disciplina es la zona más afectada por la erosión al presentar un promedio de 17.1 cm/año, seguida de Sabancuy con 6.8 cm/año.

Por otra parte, Isla Aguada con 0.2 m/año, Playa Norte con 0.3 m/año y Champotón con 2.4 m/año presentan las tasas más bajas de erosión. En este estudio se consideró como principal causa de la erosión el efecto del cambio climático. El estudio pronostica que el nivel del mar seguirá aumentando en valores de 8cm para el año 2030, 13.5cm para 2050 y 33cm para 2100.

Es precisamente como consecuencia del incremento del nivel del mar, que se tiene proyectado que la Laguna de Términos, la Laguna de Pom y otros cuerpos lagunares queden cubiertos por agua de mar hacía el año 2050. Por otra parte, y no menos preocupante, es la situación de Isla del Carmen, Isla Aguada y Sabancuy, de las cuales se estima presenten inundaciones hacía el año 2100.

Resulta importante destacar que esta problemática ya ha sido reportada a las instancias correspondientes por parte de los ciudadanos de localidades como Sabancuy, Isla Aguada y Ciudad del Carmen, pertenecientes al municipio de Carmen, y aunque las autoridades han implementado medidas para atender la situación, algunas de ellas con éxito, hasta el momento no ha sido posible revertir íntegramente esta situación.

En este contexto, resulta fundamental contar con la pronta atención de las autoridades para evitar accidentes o daños a la ciudadanía, pues es conocido el riesgo que existe para los habitantes de la región y para las personas que transitan por la zona para realizar actividades de comerció, turísticas, laborales e incluso escolares.

Como hemos podido observar, son varias las evidencias de la gravedad del desgaste sufrido en las costas carmelitas. Al respecto se han emitido diversos diagnósticos de diversas instancias académicas, gubernamentales y periodísticas. Sin embargo, consideramos necesario, que a la brevedad las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realicen los estudios pertinentes que arrojen un diagnóstico certero que le permita tomar las medidas necesarias para atender esta peligrosa situación.

No omitimos recalcar la urgencia que merece atender la erosión de la zona costera del municipio de Carmen. El que el nivel del mar esté llegando a las zonas habitacionales y turísticas de la región pone en alto riesgo a los habitantes y visitantes de estas zonas. Reiteramos nuestra preocupación  con los ciudadanos carmelitas, con quienes refrendamos nuestro compromiso para velar por su seguridad, para permitir así, que puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas en condiciones de óptima seguridad, lo cual sin duda tendrá efecto en la calidad de vida de los residentes, turistas y personas que por sus actividades laborales, económicas, educativas, etc. tengan acceso a la zona costera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la SCT, a la CONAGUA a la PROFEPA y a la SEMARNAT a realizar los estudios pertinentes sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que implementen a la brevedad las medidas necesarias para atender esta situación y garantizar así, la seguridad de los habitantes de la región.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de julio de 2014.

Atentamente

Dip. Rocío Adriana Abreu Artiñano.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.





 

CITA

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Se levanta la sesión y se cita a la próxima el miércoles 16 de julio a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 13:19 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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