Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 30 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 28

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Abril de 2015

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia y Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos. Las comisiones dictaminadoras presentan propuesta de modificación al Artículo Tercero Transitorio que se admite.

Para presentar posicionamientos de sus grupos parlamentarios intervienen los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, del PT, Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, Ángel Benjamín Robles Montoya, del PRD, María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, Adriana Dávila Fernández, del PAN, e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI.

Para la discusión en lo general intervienen los Senadores, Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, Zoé Robledo Aburto, del PRD, quien presenta propuesta de modificación que se admite, Sonia Rocha Acosta, del PAN, Omar Fayad Meneses, del PRI, Isidro Pedraza Chávez, del PRD, Armando Ríos Piter, del PRD, Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, María Cristina Díaz Salazar, del PRI, Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, Silvia Guadalupe Garza Galván, del PAN, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Se insertan intervenciones de los Senadores David Monreal Ávila, Arturo Zamora Jiménez, Francisco Salvador López Brito, Mayela Quiroga Tamez, Daniel Amador Gaxiola y Jesús Casillas Romero. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.






 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (13:54 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del miércoles 29 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con catorce minutos del día martes veintiocho de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ciento seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintitrés de abril de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, Informe de su participación en la XXIII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Encuentro Parlamentario sobre Transparencia Legislativa, organizados por el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, celebrados el 9 y 10 de abril de 2015, en Panamá.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Población y Desarrollo, dos oficios con los que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Programa Anual de Trabajo 2014-2015.- Quedó de enterado.

 

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Informe de sus actividades, en su calidad de miembro ante la Unión Interparlamentaria, sobre los trabajos de la “132ª Asamblea de la UIP y reuniones conexas”, celebrada del 27 de marzo al 1 de abril de 2015, en la ciudad de Hanoi, Vietnam.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Acuerdo por el que se integra una subcomisión plural que realizará una visita al Valle de San Quintín, Baja California y redactará un informe sobre la situación que atraviesan las y los jornaleros agrícolas de esa región.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem al extinto Soldado de Infantería José Elías Hernández Méndez.- Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de Panamá, Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015.´- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

(Iniciativas)

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 20 y 20 Bis de la Ley Federal de  Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de Familia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar el acceso a comunidades indígenas al mecanismo de la contraloría social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social  y de Estudios Legislativos.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vale por el primer empleo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona el artículo 420 quinquies del Código Penal Federal y se adiciona la fracción III del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, inciso b) del artículo 222 de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos para las trabajadoras del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, en materia de violencia obstétrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de alienación parental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de contralores de los órganos constitucionales autónomos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-V al artículo 73 y un segundo párrafo al artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle reconocimiento constitucional a la Conferencia Nacional de Gobernadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 10 y 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII del artículo 88 y la fracción I del artículo 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2) De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.

Los dos dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a seis dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

2) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 56 y 76 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre.

5) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los seis dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

2) De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Los dos dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a tres dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social.

3) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los tres dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

2) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los dos dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Los dos dictámenes quedaron de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, suscrito en la Ciudad de México el 6 de febrero de 2014.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil catorce.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el siete de abril de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil catorce.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013.

Los cuatro dictámenes quedaron de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte.

3) De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción XXXIII del artículo 8º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

4) De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

5) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

6) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

7) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción XXI al párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para modificar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social.

11) De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

12) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Sin discusión, los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar y ejecutar un programa nacional de pesca ribereña integral, en beneficio de las comunidades pesqueras del país.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes  de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las treinta y dos entidades a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

2) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas y solicita un informe de las acciones implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, Baja California Sur.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre la atención proporcionada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones y políticas instrumentadas para garantizar la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

3) Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover el fortalecimiento de las estrategias e instrumentos jurídicos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar las manifestaciones homofóbicas.

4) Por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, implementar reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

5) Que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer en el Presupuesto de Egresos para 2016 los recursos destinados a los programas, políticas e instituciones relacionadas con la vigencia de los derechos humanos.

6) Por el que el Senado de la República condena los homicidios de Adrián Rodríguez y Wilson Castro, defensores de los derechos humanos de los migrantes y solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones emprendidas para atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger y garantizar la seguridad e integridad de las personas defensoras de los derechos de los migrantes.

7) Por el que el Senado de la República rechaza la práctica de la mutilación genital femenina y exhorta a la Secretaría de Salud a capacitar al personal del sistema nacional de salud sobre esta práctica para acelerar su eliminación.

8) Por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas fortalecer los programas de capacitación en materia de derechos humanos de sus fuerzas de seguridad pública.

9) Por el que se solicita a las entidades federativas difundir y llevar a cabo las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

10) Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar sobre el cumplimiento de la recomendación emitida el 11 de septiembre de 2014 en torno a los acontecimientos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla y solicita un informe sobre el avance en las investigaciones en torno a las quejas por violaciones a los derechos humanos relativas al proyecto Integral Morelos.

11) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las actividades desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sobre las acciones instrumentadas para promover la prevención de éste y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sin discusión, los once dictámenes fueron aprobados en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes  de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer los acuerdos necesarios para mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda.

2) Por el que se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del estado de Puebla llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios localizados en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes  de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Señor Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

4) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores la Declaración para el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

6) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta para liderar un proceso diplomático para negociar un instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares e incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria.

7) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el estado que guardan los preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas y la posición de México.

8) Por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal durante su intervención en el debate general del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la reanudación de la participación gradual del Estado Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU.

9) Por el que el Senado de la República, de cara a la Conferencia de las Partes de 2015, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas nucleares debido al impacto directo que tienen en la humanidad y, con ello, se compromete a promover el desarme nuclear en los distintos foros parlamentarios en donde participarán las Senadoras y los Senadores.

Sin discusión, los nueve dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo:

1) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a solicitar una auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el período comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Federalismo, con punto de acuerdo:

1) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al titular de la Auditoría Superior del estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre de 2012.

2) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los muros del Congreso".

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.

3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud.

4) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

5) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

6) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Sin discusión, los seis dictámenes fueron aprobados por 80 votos en pro. Se remitieron a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión a la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 74 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.

Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador  Teófilo Torres Corzo a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general, intervino el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Benjamín Robles Montoya se insertarían en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.- El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las propuestas de modificación presentadas por las comisiones dictaminadoras, las cuales fueron aceptadas. Para presentar el dictamen, hicieron uso de la tribuna los senadores: Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; Mario Delgado Carrillo, a nombre de la Comisión del Distrito Federal; Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT;  Pablo Escudero Morales del PVEM;  Alejandra Barrales Magdaleno del PRD;  Armando Ríos Piter del PRD;  Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Gabriela Cuevas Barrón del PAN;  Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; y  Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz del PRI. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; María de los Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; David Monreal Ávila del PT, en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, a favor; Omar Fayad Meneses del PRI, en contra; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor; Juan Carlos Romero Hicks del PAN, en contra; Roberto Gil Zuarth del PAN, a favor;  Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; José María Martínez Martínez del PAN, en contra; Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, en contra; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez del PRD, a favor.

La Presidencia dio a conocer las reservas al proyecto de ley de los siguientes artículos: 2, 40, 73, 122, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Sexto y Décimo Séptimo Transitorios. Asimismo, de las propuestas de adición de los artículos: Décimo Octavo y Décimo Noveno Transitorio.

El proyecto de ley fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 88 votos en pro, 27 en contra y 1 abstención.

En la discusión en lo particular, el Presidente de la Mesa Directiva informó del retiro de las reservas a los artículos 2 y 40, del Senador Mario Delgado Carrillo, los artículos fueron aprobados en los términos del dictamen por 86 votos en pro, 24 en contra y 1 abstención.

La reserva al artículo 73, del Senador Mario Delgado Carrillo, no se admitió a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 81 votos en pro, 18 en contra y 3 abstenciones.

Las reservas al artículo 122, del Senador Manuel Bartlett Díaz, no se admitió a discusión. La Presidencia informó de la propuesta de modificación de las comisiones dictaminadoras al artículo 122, la cual fue aceptada, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 85 votos en pro y 18 en contra.

Se procedió al desahogo de reservas al régimen transitorio del proyecto de decreto:

La reserva al Artículo Séptimo, del Senador Manuel Bartlett Díaz, no se admitió a discusión.

El Senador Pablo Escudero Morales, retiró su reserva al Artículo Séptimo Transitorio.

El  Senador Mario Delgado Carrillo, presentó sus propuestas de modificación a los Artículos Séptimo, Octavo, Noveno y las adiciones de un Décimo Octavo y Décimo Noveno Transitorios, los cuales no se admitieron a discusión.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Benjamín Robles Montoya y Mariana Gómez del Campo Gurza se insertarían en el Diario de los Debates.

La reserva al Artículo Noveno Transitorio, de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, no se admitió a discusión.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la reserva al Artículo Décimo Sexto, la cualno se admitió a discusión.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, retiró su reserva al Artículo Décimo Séptimo Transitorio.

Los Artículos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Sexto y Décimo Séptimo Transitorios fueron aprobados en los términos del dictamen por 76 votos en pro y 19 en contra.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, supervisar, atender y plantar nuevas líneas de acción encaminadas a la protección de jornaleros y miembros de sus familias, a los que se les han vulnerado sus derechos laborales y humanos en el Municipio de Manzanillo, Colima.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto de su creación, atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación a la publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el hecho de que agentes de la Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento e ilegalmente y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso de investigación y se impongan las sanciones que procedan en contra de los involucrados. - Se turnó a la Comisión de Justicia.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República Federal Democrática de Nepal y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo registrado el 25 de abril del presente año.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar exhaustivamente el caso de la sustracción del país de la menor Alondra Luna Núñez, se sancione debidamente a los responsables y se rindan los informes relacionados.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Sinaloa a impulsar políticas para atender a los desplazados internos forzados en ese estado, así como el caso de la defensora Esperanza Hernández.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar sobre las medidas adoptadas, acciones, programas sociales y políticas públicas que ha llevado a cabo para erradicar el trabajo infantil en el sector agropecuario.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a la condonación de impuestos a empresas privadas presuntamente vinculadas al gobernador del estado de Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria respecto de las personas que están obligadas a presentar su declaración anual, por haber presentado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que informen los resultados de la implementación del convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría Federal del Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias a fin de analizar y actualizar los protocolos de actuación en materia de restitución de menores, para salvaguardar y garantizar en todo momento el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la cobertura de aseguramiento de los pequeños productores del sector pecuario del país.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a rendir un informe sobre las acciones y los avances en la implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en atención a las quejas interpuestas por los derechohabientes.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias para enviar ayuda humanitaria, personal de socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del territorio nepalí en función de las necesidades más apremiantes registradas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un informe de los permisos otorgados para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas en el estado de Veracruz e informen en qué otros estados de la República se otorgaron permisos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo una campaña intensiva sobre el significado y consecuencias de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una determinada persona o grupo.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud y a las diferentes instituciones que lo conforman a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De los Senadores Héctor Yunes Landa y Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de cobro de peaje correspondientes a los tramos carreteros de “Amozoc-Perote” y “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicados en los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita realizar diversas acciones en torno al caso de la menor Alondra Díaz.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo de la República Democrática de Nepal.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la Delegación Tlalpan.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, remitió efeméride con motivo del "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Ciudad de Oaxaca.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo".- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del fallecimiento de Miguel Ramos Arizpe".- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintidós horas y citó a la siguiente el miércoles veintinueve de abril a las doce horas.

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amable de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de sus actividades durante el 13ª Congreso sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril pasados en Doha, Qatar.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: De la Colegisladora, se recibió también un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, remitió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: La Colegisladora nos hizo llegar también, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Por último, también de la Colegisladora, remitió el expediente del proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta de los turnos de las iniciativas inscritas en la agenda de este día, y que se remitirán directamente a comisiones.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta de los turnos de las iniciativas del día de hoy:

De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, con aval de grupo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, con aval de grupo)

Los suscritos Senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ENRIQUE BURGOS GARCÍA,MIGUEL ROMO MEDINA y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, a nombre de las senadoras y los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER Y ESTABLECER EL DERECHO DE LOS JÓVENES AL ACCESO INTEGRAL Y EQUITATIVO AL DESARROLLO, Y PARA QUE EL ESTADO GARANTICE SU PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los jóvenes tienen actualmente un peso específico importante en la estructura demográfica de México.

Hablar de la juventud no es un tema menor. Representa el reto de satisfacer las demandas de millones de jóvenes que reclaman empleos, mejor educación, seguridad pública, espacios recreativos y deportivos, seguridad social, vivienda, mayor certeza hacia el futuro y toda clase de oportunidades en la vida.

El Estado mexicano tiene como responsabilidad trabajar intensamente a favor de los jóvenes. Ellos quieren dejar de ser simples espectadores para transformarse en factor decisivo en la concepción y elaboración de un proyecto nacional, desean una educación de calidad, acceso al trabajo valorado y debidamente remunerado, a una mayor participación política y a la posibilidad de lograr aquellas condiciones que les permita contribuir a la construcción de una sociedad democrática y moderna.

El inicio de toda transformación social parte necesariamente de la toma de conciencia colectiva en la búsqueda de cambios que permitan el bienestar de la sociedad. Estamos en un momento clave para inculcar esto a nuestros jóvenes y trabajaren un nuevo diseño institucional que responda a sus necesidades.

Es evidente que los jóvenes representan la fuerza de México en los ámbitos político, cultural, social, económico, deportivo y familiar. El reto de la política y la economía hoy en día, es el desafío de incorporar con firmeza y visión a los jóvenes en la toma de las grandes decisiones nacionales. En otras palabras, hacerlos copartícipes de un destino común, del acontecer individual y colectivo de México.

Estamos convencidos de que los jóvenes tienen que participar y ser actores de su entorno y ser corresponsables con los que los rodean. En la juventud se encuentra el potencial de lo posible, con energía y frescura de ideas son capaces de crear, dar identidad, buscar la libertad y construir realidades diferentes.

A los jóvenes de hoy les toca recibir un país con menos recursos económicos; con más problemas urbanos y ambientales; con más pobreza debido a que muchos jóvenes en el campo y los centros urbanos desarrollan actividades de bajo rendimiento económico; con más deudas y menos créditos; así como mayor competencia en los mercados económicos y laborales.

Pero también heredan un mundo con mayores posibilidades, con menos enfermedades, con más desarrollo tecnológico, con mayores perspectivas en cuanto a la tasa de mortandad, un mundo que interactúa de manera cada vez más intensa y que amplía horizontes.

Por ello, es necesario involucrarlos plenamente en la solución de los problemas del país y del mundo. Esta propuesta legislativa busca justamente plantear una reingeniería jurídica e institucional que siente las bases para el desarrollo integral de los derechos de la juventud en México.

Uno de los aspectos más importantes es la transición demográfica que está teniendo nuestro país con la creciente concentración de la población en las edades productivas, particularmente los jóvenes en edad de 15 a 29 años.

El bono demográfico sigue siendo una oportunidad histórica en nuestro país. México debe aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer las inversiones sociales y económicas requeridas para romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza y alcanzar niveles sostenibles de desarrollo económico y social.

Si lo aprovechamos, el bono demográfico tendrá un efecto positivo en las oportunidades de ahorro y crecimiento económico, siempre y cuando, la población económicamente activa esté empleada de manera efectiva y eficiente.

Si no actuamos, el bono demográfico puede traer efectos adversos para los jóvenes ya que no gozarán de las herramientas educativas, sociales y profesionales necesarias para ingresar de manera productiva a un mercado laboral altamente competitivo.

En consecuencia, se requiere una participación decidida por parte del Estado para lograr promover políticas públicas compensatorias que contrarresten las desventajas que esta generación deberá enfrentar.

El tamaño del bono demográfico en México si contabilizamos un total de 121 millones de mexicanos, es de 31.6 millones, lo que representa el 26% de jóvenes entre 15 y 29 años.

El reto es mayúsculo si consideramos que de acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el país deberá atender en promedio a 30 millones de jóvenes en los próximos 40 años.

En las últimas tres décadas el crecimiento de la economía mexicana ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad de la población, especialmente entre los jóvenes.

En el destacado artículo “Un panorama desalentador” publicado en la revista México Social y, del cual abreva esta exposición de motivos, se concentran estadísticas de instituciones nacionales y organismos internacionales, donde se da cuenta de la situación por la que atraviesan los jóvenes en México.

Haciendo un comparativo, y de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, las generaciones de jóvenes entre 15 y 29 años que vivieron entre 1950 y 1980, se beneficiaron del auge del desarrollo estabilizador que propició un crecimiento anual promedio de 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, las generaciones de jóvenes que han vivido entre 1980 y 2010, han subsistido con empleos precarios, menores ingresos y mayor pobreza, ya que el PIB en este periodo solo creció 2%.

Actualmente, los jóvenes se enfrentan a paradojas que estancan su desarrollo. Una que es evidente y resulta lacerante para la sociedad y la economía, es que este sector de la población tiene mayor educación pero menos empleo, más información pero menos capacidad de decisión, más derechos pero menos posibilidad de ejercerlos.

Los jóvenes padecen además de la falta de empleo, de apoyos para proyectos productivos y personales. Se sienten excluidos y, por lo tanto, no se sienten protagonistas de su tiempo.

Una proporción importante de los jóvenes atraviesa por una falta de oportunidad en el ascenso social, así como una etapa de escepticismo, frustración e inseguridad.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos 20 años, ocho millones de mexicanos dejaron el país, lo que dio paso a la mayor emigración de nuestra historia moderna, debido a la falta de oportunidades y en búsqueda de una mejor esperanza de vida.

En materia económica, el principal problema de los jóvenes es una inadecuada inserción en la vida productiva, pues de la población activa juvenil el 8% está desocupada, esto representa el doble de lo que corresponde a la población activa total.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que en México 6.6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y, que de éstos, 39% son mujeres.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2012 elaborada por el INEGI, de los jóvenes que trabajan casi el 39% se ubican en puestos de trabajo formales y el 61% en actividades informales.

El desempleo sólo afectó al 3% de los jóvenes con primaria incompleta y al 40% de los jóvenes que habían concluido estudios en los niveles de educación media y superior respectivamente (INEGI, 2010).

Si queremos estabilidad y crecimiento económico, la política económica debe estar unida a la social, ya que quienes actúan en los mercados son seres humanos. En este renglón, los jóvenes deben ser una prioridad. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá repercusiones en los próximos 25 años. Sólo sumando la energía de los jóvenes podremos construir un futuro diferente con justicia, seguridad y prosperidad.

En salud y seguridad social, los datos también son negativos para los jóvenes.

De acuerdo a los Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 27% de los jóvenes no tiene acceso a los servicios de salud, mientras que el 69% no tiene seguridad social.

En cuanto a la educación, los jóvenes enfrentan una baja calidad y problemas de cobertura, especialmente, en los niveles medio superior y superior.

El Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que la educación media superior cubre al 69% de la demanda y el 13% abandona los estudios; la educación superior sólo abre espacios al 29% de la población y el 7% deserta, mientras que en las universidades tecnológicas un 35% de alumnos abandonan los estudios.

La realidad es que las becas para coadyuvar a resolver los problemas económicos de los estudiantes son insuficientes para alentar una mayor inscripción y eficiencia terminal.

La crisis de seguridad que aqueja al país ha afectado mucho a este grupo de la población. Es de destacar que aproximadamente una tercera parte de los jóvenes fueron víctimas de algún delito y, casi la mitad de los internos en las prisiones, también son jóvenes.

Otro dato alarmante, es que la pobreza entre los jóvenes y sus familias sigue creciendo. Datos dados a conocer por CONEVAL destacan que entre 2010 y 2012 se elevó de 53 a 54 millones el número de pobres. De este universo 8.2 millones de jóvenes viven dentro del tramo comprendido entre la pobreza moderada y la extrema, ésta última en los 849 municipios de alta y muy alta marginación.

Uno de los factores importantes que han impedido la participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país, radica en que el Estado mexicano ha implantado prácticamente las mismas políticas públicas a favor de los jóvenes desde hace varias generaciones, sin tomar en cuenta las nuevas realidades del país y del mundo.

En cuanto a los derechos de los jóvenes hay avances con la modernización de la legislación, pero se carece de los instrumentos adecuados y de políticas públicas sólidas para que las instituciones de protección social satisfagan sus necesidades.

México se encuentra retrasado en las acciones afirmativas hacia los jóvenes comparado con otros países. España y varios países en América Latina y el Caribe han reconocido explícitamente los derechos de los jóvenes a nivel constitucional y en la legislación secundaria, entre los que se destacan los siguientes:

Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Asimismo, las naciones que cuentan con legislación secundaria que promueve su desarrollo son las siguientes:

Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá y Perú.

Es por ello, que creemos importante que el Estado mexicano emprenda acciones afirmativas que permitan a los jóvenes hacer efectivo el disfrute de sus derechos humanos y garantías, evitando su participación en actos ilícitos y eliminando la violencia en su contra.

Es urgente diseñar y poner en marcha una renovada generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas actuales de los jóvenes.

Para ello, la ley debe garantizar a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas, la aplicación del Estado de Derecho en favor de los jóvenes para responder a sus necesidades de desarrollo.

De igual forma, se requiere implementar estrategias institucionales y de política pública para aumentar su escolaridad mediante el acceso a una educación de calidad, vinculada con empleos bien remunerados.

Asimismo, reconocer el derecho de los jóvenes a la sana recreación y su participación activa en las actividades culturales; asegurar su salud mediante programas integrales e institucionales; elevar su capacidad productiva y fomentar su inclusión en las nuevas fuentes de trabajo; así como disminuir los indicadores de violencia y vulnerabilidad de los jóvenes, haciendo énfasis en la prevención.

De ahí la importancia de establecer en la ley con rango constitucional reformas que se traduzcan en políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Por ello, proponemos la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto para establecer en el artículo 4º constitucional el derecho de los jóvenes a acceder, de forma integral y equitativa, a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Asimismo, se establece que el Estado garantizará la integración y participación de los jóvenes en las políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales, en los términos que establezca la Ley y proveerá los recursos públicos que sean necesarios para su consecución.

Las acciones ejecutivas que impulse el Estado, garantizadas en la Constitución y desarrolladas en la legislación secundaria, deben estar orientadas fundamentalmente a restablecer el tejido social, a abrir paso a una relación constructiva entre las diversas generaciones, y fomentar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo del país.

Como vemos, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto busca ser coherente con la situación de los jóvenes en cuanto al reconocimiento explícito de sus derechos, a la vez que motiva la creación una legislación secundaria que promueva su desarrollo a través del establecimiento de un conjunto de políticas públicas institucionales y transversales, que ayuden a coordinar los esfuerzos para brindar mejores apoyos y estímulos a este grupo de la población.

De acuerdo con lo anterior, las senadoras y senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, ponemos a la consideración de la Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único. Se adiciona un nuevo párrafo doce al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como sigue:
Artículo 4°.- …

Los jóvenes tienen derecho a acceder, de forma integral y equitativa, a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político. El Estado garantizará la integración y participación de los jóvenes en las políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales en los términos que establezca la Ley; para ello proveerá los recursos públicos que sean necesarios.


TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá reformar la Legislación Federal para establecer las políticas públicas, las acciones y crear las instituciones para promover el desarrollo integral de los jóvenes.

Tercero. En un plazo de seis meses, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales a lo que establece el presente Decreto.

Cuarto. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, El Congreso de la Unión deberá emitir una Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, en la que se distribuyan competencias y atribuciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales, así como garantizar espacios de participación para los jóvenes.

Quinto. En un plazo de nueve meses, el gobierno Federal deberá presentar un Programa Interinstitucional en el que se definan acciones y recursos para promover el desarrollo integral de los jóvenes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril del 2015.

Suscriben

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñas, niños y adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN, EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)







 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de atención a niñas, niños y adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN MATERIA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)







 

También de la Senadora Martha Elena García Gómez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)



Son todas las iniciativas, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.





 

El siguiente asunto del Orden del Día, es la primera lectura de los dictámenes inscritos en la agenda.

Les informo que, por lo que hace al dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, de reformas al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Mesa Directiva instruyó sustituir la versión publicada para que se utilice el texto del dictamen impreso y sea éste, el impreso, el que se dé a conocer para la discusión, en su momento.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes para primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, suscrita por las Senadoras GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, BLANCA ALCALÁ RUÍZ, MARCELA GUERRA CASTILLO y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada por las Senadoras promoventes.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. ANTECEDENTES

1. El 04 de noviembre de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las Senadoras Graciela Ortiz  González, Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto establecer que en la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán de cumplir con los principios de legalidad, veracidad y autenticidad y estar exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Asimismo, propone definir como publicidad engañosa, la dirigida al público infantil, que incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor.

En este sentido propone la siguiente:

“…Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.

Artículo Único: Se adiciona un párrafo primero y un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán de cumplir con los principios de legalidad, veracidad y autenticidad y estar exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Se considerará también como engañosa, la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que genere confusión en el menor por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segunda. La Procuraduría deberá modificar los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de establecer lo que debe entenderse por principio de legalidad, veracidad y autenticidad…”

IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Primera.-Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante, CPEUM), dispone que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor (En adelante LFPC), tiene por objeto el promover y proteger los derechos y cultura del consumidor.

De acuerdo con el artículo 1, de la LFPC, son principios básicos en las relaciones del consumo, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen.

Segunda.-Que el artículo 32, de la LFPC, dispone que, la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Asimismo, define a la información o publicidad engañosa o abusivacomo aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

No obstante, el artículo 76 bis, fracciones IV y VII de la LFPC, dispone que en la celebración de transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, el proveedor evitará prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos; asimismo, deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos.

Tercera.- Que el artículo 4º, párrafo noveno de la CPEUM, dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de forma plena sus derechos.

En este sentido, dentro de los principios básicos de las relaciones de consumo que establece el artículo 1, fracción X, es la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Asimismo, el artículo 21 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación. Asimismo, el artículo 43, apartado C, del mismo ordenamiento, establece que las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias procurarán verificar que los medios de comunicación masiva difundan información y materiales que les ayuden a un sano desarrollo.

Cuarta.-Que el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, publicado en el Diario Oficial del día 24 de Julio de 2012, tiene por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la Procuraduría Federal del Consumidor al analizar y verificar la información o publicidad, con el objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En este sentido, los artículos DECIMO SEGUNDO y DECIMO TERCERO de este ACUERDO, establecen que la PROFECO en sus actuaciones deberá proteger a la población vulnerable contra la información o publicidad engañosa o abusiva.

Asimismo, dispone que en el análisis y verificación de la publicidad dirigida a personas vulnerables, la PROFECO considerará, además de lo previsto en los lineamientos décimo y décimo primero, las características especiales y la condición de los destinatarios de la publicidad. Entre otros aspectos, la PROFECO verificará que la publicidad se apegue a los siguientes principios:

I. Tome en consideración la inexperiencia, credulidad o confianza de sus destinatarios;

II. No se aproveche de las características propias de su condición, entre otras, las psicológicas o emocionales;

III. Evite mensajes que alienten el uso peligroso o inadecuado del bien, producto o servicio anunciado, especialmente en aquellos casos en que tales mensajes puedan ser fácilmente reproducidos, y

IV. Utilice un lenguaje sencillo, claro y en su caso, legible; así como elementos visuales y símbolos que sean comprensibles.

Quinta.- Que en cuanto a la protección de los derechos de la infancia, en materia de “publicidad”, ya han habido avances sustanciales tales como la prohibición de la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas que no se ajusten a los criterios nutrimentales, en horarios en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica.

Así, el 15 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los “LINEAMIENTOS por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 Bis, 79, fracción X y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad”.

Estos LINEAMIENTOS, tienen por objeto dar a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica.

En su artículo TECERO, fracción II, dispone que, podrán publicitarse los alimentos y bebidas no alcohólicas que no se ajusten a los criterios nutrimentales, así como los productos correspondientes a las categorías de confiterías, chocolates y productos similares a chocolate, en los siguientes supuestos:

a) En televisión abierta y restringida:

i. De lunes a viernes de las 00:00 horas a las 14:30 horas, y de las 19:30 horas a las 23:59 horas;

ii. Sábado y domingo de las 00:00 horas a las 7:00 horas, y de las 19:30 horas a las 23:59 horas, o

Así, se prohibió la publicidad de alimentos conocidos comúnmente como “alimentos chatarra”, en televisión, abierta y de paga, en horarios de la barra de programas dirigidos a los niños.

Sexta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”

En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, PROFECO), por tratarse de un tema, ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Por lo que la PROFECO, dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos:

a) Procuraduría Federal del Consumidor: “…Se considera que el principio de veracidad ya se encuentra contenido en el artículo 1 fracción VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece como principio en las relaciones de consumo, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; y en el artículo 32, párrafo primero de la misma Ley, al prever que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

En este sentido, el 24 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, que tienen por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la Procuraduría Federal del Consumidor al analizar y verificar la información o publicidad, con el objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por lo que se refiere al principio de legalidad que se propone en la iniciativa, el mismo se encuentra ya contenido en el artículo 6 de la Ley citada, al establecer que estarán obligados al cumplimiento de dicha ley, los proveedores y los consumidores.

Respecto al principio de autenticidad a que alude la iniciativa, consistente en que el público pueda reconocer claramente que un mensaje es publicitario; esta Procuraduría respetuosamente advierte diferencias conceptuales entre el contenido en la iniciativa y a la voz definida en el Diccionario de la Real Academia Española ya que se refiere a la autenticidad como la “cualidad y carácter de verdadero o autorizado”.

Con relación a la propuesta consistente en considerar también como engañosa, la publicidad dirigida al público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor, por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario; se estima necesario precisar que el artículo 1, fracción X de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece como principio en las relaciones de consumo, la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 76 bis, fracciones IV y VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la celebración de transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, se protege a los niños, al establecer que el proveedor evitará prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos; y deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos.

De manera particular, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé en el artículo 256 fracciones IV y IX, como Derecho de las Audiencias, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; y el respeto de los Derechos Humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Aunado a lo anterior, se encuentran vigentes las disposiciones previstas en los artículos DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, en los cuales se protege a la población vulnerable como lo son los infantes.

Se coincide plenamente con el sentido de la iniciativa de las legisladoras, en razón de que al hacerse el análisis y la verificación de la información o publicidad se debe comprobar que la misma es veraz y cumple con las disposiciones establecidas en la ley en esta materia. Así como que es clara y no deja lugar a dudas de su naturaleza.

Asimismo, se coincide que la información o publicidad transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, debe ser clara y distinta a la temática del mismo, a fin de evitar que se incite a un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión…”

Séptima.- A continuación se presenta cuadro comparativo y análisis jurídico.

 Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

 Iniciativa

 Propuesta PROFECO

 Consideraciones de las Comisiones

Dictamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III
De la información y publicidad

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán cumplir con los principios de legalidad, veracidad y autenticidad y estarexentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Se considerará también como engañosa, la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que genere confusión en el menor por no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

 

La información o publicidad transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, debe ser clara y distinta a la temática del mismo, a fin de evitar que se incite a un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión.

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma es veraz, clara y apegada a las disposiciones de esta ley.

Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el criterio de la PROFECO, en el sentido de que, los principios  de legalidad, veracidad y autenticidadplanteados por las Senadoras promoventes, ya se encuentran atendidos por LFPC, toda vez que, el artículo 1 de esta Ley, define a los “principios básicos de las relaciones de consumo” y esto abarca a todo ámbito cuando existe una relación entre “proveedores” y “consumidores”, por lo que la “publicidad engañosa”, no es excluyente, toda vez que, existe una relación entre ambos en donde se generen derechos y obligaciones al margen de la LFPC.

Así, estas Comisiones dictaminadoras, consideran adecuado introducir la palabra “claros”, en cuanto al contenido de la información o la  publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, lo anterior, en concordancia con los términos establecidos en el artículo 1, fracción III, de la LFPC, que hace referencia a la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios como un principio básico en las relaciones de consumo.

Lo anterior, dará lugar a que el consumidor tenga la certeza de los productos, bienes o servicios que adquiere.

Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con el planteamiento de las Senadoras promoventes, en el sentido de que, la publicidad dirigida al público infantil debe distinguirse claramente de los contenidos de los programas televisivos dirigidos a ese sector.

No obstante, consideramos acertada la recomendación de la PROFECO, en el sentido de que, desde el punto de vista jurídico, lo adecuado sería hacer la modificación en el tercer párrafo de la Ley vigente.

Así, estas Comisiones dictaminadoras, proponen hacer una modificación a la propuesta, para eliminar la frase “y distinta a la temática del mismo”, toda vez que, daría lugar a múltiples interpretaciones por no tener una claridad.

En este sentido se introduce la frase de “Un lenguaje sencillo”, en primer lugar, en concordancia con lo dispuesto por el ACUERDO y en segundo lugar, para darle mayor precisión a este precepto legal.

En cuanto a la adición de un último párrafo, propuesto por la PROFECO, estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta, toda vez que es concordante con lo que dispone el ACUERDO, en el sentido de que otorga facultades a la PROFECO para analizar y verificar la información o publicidad, con el objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 

La información o publicidad transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, debe ser clara y con un lenguaje sencillo, a fin de evitar que se incite a un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión.

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma es veraz, clara y apegada a las disposiciones de esta ley.

 

V. RESOLUTIVO

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Único.-Se reforma el primer párrafo; Se adicionan un tercer y quinto párrafo, recorriéndose el subsecuente a párrafo cuarto, del artículo 32, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

La información o publicidad transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, debe ser clara y con un lenguaje sencillo, a fin de evitar que se incite a un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión.

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma es veraz, clara y apegada a las disposiciones de esta ley.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 5 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo)



 (Voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya)







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y el Reino Hachemita de Jordania.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 6 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



El Senador Teófilo Torres Corzo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE DIPLOMAS, TÍTULOS Y PERÍODOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO AD REFERÉNDUM EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 10 DE ABRIL DE 2014

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado el 23 de diciembre de 1965, hecho en la Ciudad de México el 13 de enero de 2014.

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA, FIRMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 1965, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 13 DE ENERO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Canadá sobre Transporte Aéreo.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADÁ SOBRE TRANSPORTE AÉREO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento que suscribió la Mesa Directiva sobre el terremoto de Nepal.

PRONUNCIAMIENTOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al pronunciamiento por los daños y muertes generados en la República Federal Democrática de Nepal.

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA POR LOS DAÑOS Y MUERTES GENERADOS EN LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE NEPAL, A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL SÁBADO 25 DE ABRIL PASADO.

Compañeras senadoras y senadores, como es de su conocimiento el pasado 25 de abril, la República Federal Democrática de Nepal, sufrió las consecuencias de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en el noroeste de Katmandú, provocando lamentables e irreparables pérdidas de vidas humanas, heridos y daños materiales por el momento incalculables.

Los senadores de la república mexicana, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias y profundo pesar al gobierno de la República Federal Democrática de Nepal por el devastador terremoto del sábado pasado, que hasta la fecha, según informes oficiales, ha ocasionado la muerte de un número mayor de 4 mil personas y más de 7 mil heridos.

Le pedimos al Presidente de la República Federal Democrática de Nepal, Ram Baran Yadav, que sea el amable conducto para transmitir nuestras condolencias y palabras de apoyo a los familiares de las víctimas y a todos los damnificados por el desastre natural.
Desde el Senado mexicano formulamos votos para que el apoyo solidario de la comunidad internacional pueda llevar pronto tranquilidad al pueblo nepalí y permita su pronta recuperación de esta terrible tragedia.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Comuníquese el pronunciamiento para que se haga llegar a la República Federal Democrática de Nepal.

Informo a la Asamblea, que a propuesta de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento sobre el caso de la niña Alondra Luna, en el estado de Guanajuato.

Solicito a la Senadora Martha Palafox, dé lectura al mismo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN  CON EL CASO DE LA MENOR ALONDRA LUNA NÚÑEZ, POR LA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN MÉXICO

Los derechos de Alondra Luna, la menor sustraída de su escuela para ser llevada a Estados Unidos por petición de una mujer que la reclamaba como su hija, fueron vulnerados de manera flagrante y lamentable.

Ante este acto, la Mesa Directiva del Senado de la República no puede pasar por alto exhortar y solicitar un conjunto de acciones por parte de las autoridades mexicanas en las diferentes áreas de responsabilidad.

Solicitamos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán que informe a esta Soberanía la actuación de la Ciudadana Juez Cinthia Mercado García, en el caso de la menor Alondra Luna Núñez para que, en caso de existir faltas o negligencia en el ejercicio de sus funciones, inicie de inmediato el procedimiento sancionador correspondiente.

Del mismo modo, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe a esta Soberanía sobre las actuaciones a su cargo en la sustracción del país de la menor, Alondra Luna Núñez, sin mediar notificación a los padres de ésta, quienes son jurídicamente responsables de su guarda y custodia.

No está exenta de responsabilidad y por ello, solicitamos a la Secretaría de Gobernación, para que por conducto del área competente informe a esta Soberanía de la intervención y actuación de las autoridades migratorias mexicanas en el caso de la menor, Alondra Luna Núñez y señalen las acciones que implementaron para brindar a la menor, asistencia, asesoría legal y protección durante su traslado y estancia en los Estados Unidos de Norteamérica.

Por otra parte, demandamos la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que inicie la investigación correspondiente sobre la violación grave de los derechos humanos de la menor, Alondra Luna Núñez y de sus padres e informe a esta Soberanía de sus acciones.

Finalmente, se solicita a la Procuraduría General de la República que informe a esta Soberanía de su intervención y actuación por la participación de las autoridades de la Interpol en el traslado de la menor, Alondra Luna Núñez a los Estados Unidos de Norteamérica

Mesa Directiva del  Senado de la República del
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril del 2015.

Senador Luis Miguel Barbosa Huerta
Presidente

Sen. José Rosas Aispuro Torres
Vicepresidente

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Vicepresidente

Sen. Luis Sánchez
Jiménez
Vicepresidente

 

 

 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza
Secretaria

Sen. Rosa Adriana
Díaz Lizama
Secretaria

Sen. María Lucero
Saldaña Pérez
Secretaria

 

 

 

Sen. María Elena Barrera Tapia
Secretaria

Sen. Martha Palafox Gutiérrez
Secretaria

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias señora Secretaria. Comuníquese este pronunciamiento a las autoridades correspondientes.





 

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, sobre desaparición forzada.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias señora Secretaria.

En consecuencia, se concede el uso de la tribuna al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea.

Es obvio que todas las modificaciones a nuestra ley fundamental revisten singular importancia y significación.

Presentar a ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre el otorgamiento de facultades al Congreso para expedir legislación general en torno a los delitos de desaparición forzada, de privación de la libertad contraria a la ley, de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y con la comunidad internacional.

En este Senado, dentro de su pluralidad y en forma transversal a la diversidad ideológica de quienes lo integramos, estamos convencidos de la marcha iniciada desde los siglos XVII y XVIII, y presente hoy en el mundo, por el reconocimiento de los derechos humanos, como razón esencial del ser, de la forma que hemos adoptado para organizarnos como comunidad política y que está, desde luego, en plena expansión en el moderno estado de derecho constitucional.

El dictamen que presentamos es producto del estudio de ocho distintas iniciativas, de distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea.

Cuatro proyectos en materia de desaparición forzada, dos alusivos a la tortura y dos que comprenden ambos tipos penales.

Una de esas propuestas proviene del respaldo otorgado, por dos Senadoras y dos Senadores, a los puntos de vista de una colectividad de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en todo el país, como mínimo los tipos penales y las sanciones de las conductas delictivas a las que me he referido.

Quiero dejar testimonio de gratitud al espíritu de diálogo, exploración de entendimientos y construcción de acuerdos que imperó entre los integrantes de las seis comisiones dictaminadoras, y destacadamente al trabajo comprometido de sus presidentas y presidentes: el Senador Roberto Gil Zuarth, la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Graciela Ortiz, el Senador Raúl Gracia y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

La naturaleza de nuestro Estado federal, como aquí se sabe en detalle, distribuye facultades legislativas por materias dentro de sus ámbitos de competencia para la Federación y para las entidades federativas.

Esto implica dificultades complejas para el cumplimiento de sus compromisos internacionales de adopción de medidas legislativas para establecer tipos penales, sanciones, medidas de protección y previsiones de cabal atención a las víctimas y la reparación de daño, que sean homólogas en toda la República, a la luz de las obligaciones de nuestro país que ha contraído con la comunidad de naciones.

De manera particular, destaco que somos miembros de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, de la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo, así como para la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Vale la pena enfatizar que México forma parte de esos pactos internacionales, porque está convencido que la esencial dignidad humana es el sustento de las instituciones políticas y sociales, y que el Estado se establece para su protección, tutela y, en su caso, restauración.

Al suscribir esos instrumentos de alcance universal y de alcance regional, manifestamos la voluntad de México por adoptar leyes estrictamente consecuentes con la protección de esos derechos.

En nuestro Estado federal hemos coincidido en que la mejor forma de hacerlo es a través del otorgamiento, al Congreso de la Unión, de la facultad para expedir leyes generales en la materia; es decir, la legislación aplicable a la esfera federal y a la esfera de las entidades federativas, sin demérito de las competencias propias de las autoridades de procuración y de impartición de justicia penal, en el ámbito federal o en el ámbito de cada entidad federativa.

Convencidos, también, de que este es un paso necesario e importante para que pueda expedirle la legislación general subsecuente, a fin de fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los derechos humanos.

En el Estado mexicano, sociedad y gobierno, en las instituciones públicas y en este Senado, somos todos sensibles a que el pleno reconocimiento de los derechos humanos implica la protección de los bienes más valiosos de toda persona, tanto en lo individual, como en lo colectivo.

En línea con ese pensamiento, ¿qué relevancia tiene la modificación planteada?

Afirmar la ruta para fortalecer la protección del derecho humano a la libertad personal, en primer lugar, pues así, como ya se contemplan las figuras del secuestro y de la trata de personas, ahora se incorporan la de desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, y fortalecer, también, la protección del derecho humano a la integridad personal al incorporarse las figuras de la tortura y de otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Honorable Asamblea: Este dictamen se sustenta técnicamente en las formas constitucionales de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno, pero su fundamento real es la convergencia del pensamiento de la sociedad mexicana en sus esferas política y civil para dotarnos de mejores instrumentos normativos y de mayores capacidades institucionales para hacer frente a fenómenos delincuenciales, que todos reprochamos y condenamos.

Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra, y si sucede, se investigue y juzgue conforme a derecho para que no quede impune, pero no como un deber formal, sino porque la solidaridad máxima y la acción más amplia de tutela es con quien ha sido víctima del delito, para que el tejido de nuestra convivencia social sea siempre más fuerte que quienes pretenden vulnerarla.

Es por todas esas razones, y las que seguramente expresarán otras distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea, que les pido su convencido voto aprobatorio a esta reforma constitucional, en favor de los derechos humanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Enrique Burgos.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Señoras Senadoras; señores Senadores:

Ya destacaba el Senador que me antecedió en el uso de la voz, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que esta es una de las reformas constitucionales más importantes que habrá de aprobar esta Legislatura.

No solamente reconoce y recoge un reclamo de organismos internacionales, una recomendación que ha venido persistentemente estando presente en los informes que rinden las organizaciones de derechos humanos y también las instituciones que se encargan de la vigilancia, de la responsabilidad estatal, sino de un reclamo social, de una herida que se abrió a partir del caso Ayotzinapa, pero que no había estado en la agenda nacional, a pesar de que es un fenómeno recurrente en nuestra convivencia.

El problema que pretende corregir esta reforma no solo es la dispersión normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales, en la investigación y en la persecución del delito de desaparición forzada de personas, de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino también la particularidad que implica este fenómeno.

En desaparición forzada de personas participan agentes del Estado, y son los mismos agentes del Estado los que deben investigar y perseguir estas conductas. Consecuentemente, esta particularidad puede provocar círculos de impunidad que generan, al final de cuentas, que estos delitos no lleguen y se sancionen.

Según estadísticas, 6 de cada 291 averiguaciones previas termina en sentencia, en materia de desaparición forzada de personas.

En 2013, aumentó en 600 por ciento las denuncias sobre tortura, respecto a 2003, lo que indica que esta práctica sigue siendo una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto al poder público.

No se federaliza la desaparición forzada de personas o la tortura.

Siguiendo la trayectoria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución, hemos incorporado a las facultades concurrentes, que se regulan a partir de leyes generales, tanto en sus tipos, como los mecanismos de coordinación, la desaparición forzada de personas, la tortura, y a partir de una cláusula de apertura, que implica que cualquier delito que infrinja el bien jurídico tutelado de la libertad podrá ser materia de leyes generales, con lo cual damos un paso muy importante en la atención de fenómenos diferentes a la desaparición forzada de personas o la tortura, como es el caso de los desplazamientos internos.

Esta es una reforma de enorme envergadura que le dará al Estado mexicano mayores instrumentos para poder prevenir, investigar y combatir estos delitos, que a partir de lo que ha sido el esfuerzo del Estado mexicano, por combatir al crimen organizado, ha quedado como evidencia, como resultado de esa precisa actuación del Estado.

Precisamente por eso, a nombre de la Comisión de Justicia, quiero felicitar a los integrantes de las comisiones unidas que han participado en estos debates; a los proponentes de estas iniciativas, a quienes durante los últimos meses han trabajo insistentemente por dar un paso adelante en el mejoramiento de las capacidades institucionales para abatir estos fenómenos.

El reto que sigue a continuación es crear leyes generales de gran calidad, de enorme importancia y de enorme eficacia para poder abatir estos fenómenos.

Es una tarea que, afortunadamente, ya ha empezado con la presentación de diversas iniciativas de ley general en estas materias, que, sin lugar a duda, sirven de marco de referencia para lograr, en el corto plazo, la dictaminación y la generación de productos legislativos que nos permitan, como Estado y como sociedad, resolver este problema de manera definitiva.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Señoras Senadoras, señores Senadores.

El dictamen que presentamos a su consideración las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; adiciones por cierto en el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, dictamina diversas iniciativas que Senadoras y Senadores hemos presentado, y también la que diversas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos a título personal han entregado a este Senado.

Todas fundadas en la armonización, particularmente de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Todos estos tratados están aprobados por el Estado mexicano.

La desaparición forzada o perpetrada entre particulares, así como la tortura, constituyen delitos graves en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al que nos hemos vinculado, y para el cumplimiento de la vinculación del Estado mexicano con el Derecho Internacional, y además por las diversas dificultades que estamos enfrentando para su cumplimiento, se da origen, por cierto, a distintas recomendaciones y exigencias tanto de organismos internacionales como de defensoras de derechos humanos.

Este Senado de la República ha considerado pertinente reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad expresa para legislar en estas materias a través de leyes generales que, permítanme decirlo:

Primero. Sean observadas en todo el territorio nacional, para lo cual es necesario un solo instrumento jurídico en cada una de estas materias.

Segundo. Se homologue los tipos penales de desaparición de personas y de tortura.

Tercero. Se establezcan las bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar estos delitos que deben ser perseguidos oficiosamente.

Cuarto. Se garantice la debida diligencia para preservar la integridad de víctimas y testigos.

Quinto. Se establezcan los mismos criterios y mecanismos para ser aplicados de manera integral y armónica.

Sexto. Haya reparación integral del daño a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

Séptimo. En el caso de la tortura, establecer los mismos criterios para el funcionamiento del mecanismo contra la tortura que tienen bajo su jurisdicción la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 32 organismos autónomos de derechos humanos de las entidades federativas; de igual manera, un solo mecanismo de aplicación del protocolo de Estambul por parte de las autoridades judiciales.

Octavo. En el caso de la desaparición forzada:

1.- El delito sea imprescriptible tanto en la desaparición forzada como la perpetrada entre particulares.

2.- La obligación de autoridades federales y de las 32 entidades federativas a coordinarse.

3.- Constituirse un solo registro nacional de datos de personas detenidas.

4.- Un solo registro de personas desaparecidas.

5.- Un solo registro de perfiles genéticos.

6.- Un solo mecanismo que articule a las procuradurías o fiscalías para la búsqueda de emergencia.

7.- Que tenga como objetivo regresar con vida a la persona desaparecida.

8.- Se preserve la seguridad de las familias y testigos.

9.- Se establezcan los criterios para la declaración de ausencia y se les brinde a las familias la estabilidad indispensable para evitar que el impacto de la desaparición trastoque en menor medida a los familiares dependientes.

En el caso del tipo penal que aplicará para toda la República, es indispensable concebirlo a la luz de los tratados.

En el caso de la desaparición forzada que se perpetra por un servidor público, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; omita dolosamente información, se niegue a rendir informe, oculte o mantenga dolosamente información; se niegue a rendir informe, oculte o mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo; dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Esta reforma constitucional permitirá que en la ley también se establezca como sujeto activo de este delito al particular que aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice estas conductas.

También esta reforma nos permitirá que la ley general establezca el delito de desaparición de personas perpetrada entre particulares, cuya finalidad sea sustraer a la víctima de la protección de la justicia.

Al inscribir el delito de tortura en una sola ley para todo el país, es indispensable establecerlo como el que comete un servidor público intencionalmente para infligir a una persona sufrimiento físico o mental con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por acto que haya cometido, o se sospecha haya cometido, o para coaccionar o intimidar a otras personas, cuando estos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público a instigación suya o con su consentimiento o con aquiescencia.

La reforma constitucional que hoy ponemos a su consideración, está inscrita también en las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, para el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Señoras y señores, las cifras sobre desapariciones de personas tienen una característica: ninguna es coincidente con la otra.

Sin embargo, es necesario poner no números, sino caras, cuerpos, personas, nombres, identidades.

Quienes hoy sufren, y es necesario no solo conmovernos sino ocuparnos, hoy están esperando esta reforma constitucional

Es obvio decir que a nuestras oficinas llegan familias relatando sus penas, sus incertidumbres, sus angustias, pero también sus maltratos por parte de alguna autoridad, quienes no en pocos casos esgrimen legislación laxa o la no competencia en determinados casos.

En el caso de tortura, discutir si es generalizado o no, parece un debate bizantino frente a la realidad. La necesidad desde la ley, desde desmontar culturas de siglos, donde la lapidación, los palos, el cercenamiento de partes, crucificciones y otros suplicios como el tehuacanazo, el pocito, los toques, la asfixia, violaciones, especialmente contra mujeres, y otros sufrimientos físicos o psicológicos, es y ha sido lo real.

Además de desmontar estas culturas, también es indispensable castigarlas.

Llegará el momento en que tendremos que discutir cuál de esta convenciones, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, es la que debe motivar la redacción de los preceptos de estas leyes generales.

La opinión, muy personal me parece que no hay duda que en el caso de la desaparición de personas, los preceptos establecidos en la Convención de Naciones Unidas es mucho más avanzada, y en el caso de tortura, la Convención de la Organización de Estados Americanos.

Es entonces cuando tendremos que discutir, ciertamente, como nos lo han reclamado de que en México estamos llegando tarde a estas definiciones, pero yo creo, sin duda, como aquí lo anticiparon los dos presidentes en el uso de la palabra que lo que habremos de discutir y decidir en estas leyes generales, podrá ser, como en el caso de trata que también trabajamos aquí en el Senado de la República, tipos penales avanzados, progresistas, tomando en consideración el derecho comparado y, sobre todo, las "expertises" que se han construido en el mundo del garantismo.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención y, sobre todo, muchas gracias por su voto afirmativo a esta reforma.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña.

Compañeras y compañeros Senadores: informo que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación al Artículo Tercero Transitorio, misma que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea la acepta, la discusión del artículo será con la modificación incorporada.

Solicito a la Secretaría dé lectura a esta modificación.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación del Artículo Tercero Transitorio.

Debe decir: "La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, referidas en el transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de éstas últimas."

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación y se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al Artículo Tercero Transitorio autorizada por esta Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios; los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

Antes, vamos a darle la bienvenida a las honorables Viceministras Liduvina del Carmen Margarín, de la República de El Salvador y María Andrea Matamoros, de la República de Honduras; así como del honorable Viceministro Embajador Oscar Adolfo Padilla Lam, de la República de Guatemala, quienes asisten a este Senado de la República para reunirse con las comisiones relacionadas con la migración.

Sean ustedes bienvenidos, señoras Viceministras y señor Viceministro Embajador.

Esta Presidencia también da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández.

Sean ustedes, bienvenidas y bienvenidos.

Les informo que el registro de oradores para el debate de estos dictámenes en sus diferentes etapas, estará en todo momento a su disposición en el monitor de sus escaños.

Este registro se actualizará conforme a las solicitudes de los Senadores y Senadoras y los acuerdos de los grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:

Posicionamiento del voto a favor del Partido del Trabajo, sobre la iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La desaparición forzada de personas es un delito complejo, ya que es la violación a múltiples derechos humanos, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos.

Se caracteriza por la privación ilegal de la libertad de una persona, ya sea por agentes del Estado o grupos de individuos que pueden actuar en su apoyo o personas pertenecientes a la delincuencia organizada.

El asesinato de la persona, víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras de un cautiverio sometido a torturas en un lugar oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de quienes actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectividad social a la que pertenece la persona.

Los efectos de la desaparición forzada perdurarán hasta que no se resuelva la suerte o paradero de las personas, prolongando el sufrimiento de sus familiares.

Es muy importante esta reforma a nuestra Constitución, que permite al Congreso de la Unión expedir leyes generales, no solamente en materia de secuestro y trata de personas sino que, además, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de personas, hoy tenemos el caso reciente de esta chica que tenían esclavizada en una tintorería, por hablar del tema de la semana.

El Congreso tendrá la obligación de legislar a través de una ley general que tipifique el delito, regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada; así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas, como lo señalan los autores de esta iniciativa.

De igual forma, México, a través de esta reforma constitucional, estará dando cumplimiento a lo previsto en diversos Tratados Internacionales, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del 9 de abril del 2002; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 2008; así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es importante destacar que esta facultad al Congreso, le permite legislar contra la tortura que es un instrumento ilegal, usado con mucha frecuencia y principalmente por parte de las diversas autoridades policiacas, así como por la delincuencia organizada, en contra de sus víctimas.

Recientemente, el 21 del mes en curso, en el estado de Tlaxcala, se mostró en un video un caso de tortura que una persona sufrió por parte de presuntos policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Un miembro de la incorporación lo asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, otro lo sujeta de las piernas mientras se convulsiona y un tercer elemento le exige decir todo lo que sabe.

Una grabación en poder de noticias de Multivisión, muestra al detenido desnudo en el piso con los brazos amarrados y vendados hacia atrás, piernas inmovilizadas con una cobija y una soga. La grabación se realizó en las oficinas de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Tlaxcala, siendo un caso evidente de tortura. Dura un minuto 55 segundos, lo único que se escucha es una amenaza hacia la víctima de palabras altisonantes y te voy a dar un balazo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Estado ha recibido 42 casos de tortura imputados a servidores públicos entre 2013 y 2015. Es por ello, y por muchas otras cosas que todos conocemos que pasan en el país y que a veces por temor no son denunciados, o por falta de credibilidad en las autoridades que puedan aplicar la justicia y escuchar a los que la sufren.

Es indispensable la aprobación de esta reforma, que una vez que se expidan las leyes generales a que se refiere esta disposición, se sancionen todos estos delitos contra la humanidad, violatorios de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Palafox.

Ahora sí están presentes con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a las honorables Viceministras Liduvina del Carmen Margarín, de la República de El Salvador; y María Andrea Matamoros, de la República de Honduras; así como al honorable Viceministro, Embajador Oscar Adolfo Padilla Lam, de la República de Guatemala,

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, les acompaña la Senadora Cuevas Barrón.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Verde votará, desde luego, a favor de este dictamen.

Se trata de un dictamen de vital importancia para la vida cotidiana de los mexicanos, porque atiende un problema que en cierta forma ha venido a vulnerar la seguridad y la confianza de las personas para llevar a cabo, de manera cotidiana, su quehacer.

La desaparición forzada de personas es uno de los más graves actos que puede llegar a sufrir una persona en lo individual o un grupo de personas, es un acto que vulnera el derecho a la seguridad personal, transgrede el derecho de libertad, niega la personalidad jurídica del ser humano y atenta contra el bien jurídico más importante: la vida.

La desaparición forzada es una conducta tipificada en la legislación federal, pero es un acto que pretende anular la protección de la ley de las instituciones y tiene como objetivo dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión.

Las reformas que se aprueban con el presente dictamen, hacen un reconocimiento al dolor, al sufrimiento y a la indignación de las familias de los desparecidos.

La víctima directa es quien sufre el daño en sus bienes más preciados: en su integridad física, psicológica, su libertad, su dignidad. Pero las víctimas también son sus padres, sus hermanos, sus hijos, víctimas son las familias inmersas en la angustia, y víctima también es la sociedad completa, a quien se le despoja de su sentido de seguridad y garantía de legalidad.

El dictamen que nos ocupa estudia ocho iniciativas presentadas por Senadores de diversos grupos parlamentarios, lo que confirma que el tema es un tema que nos preocupa a todos.

Con este dictamen se faculta, como ya lo dijeron mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y desaparición forzada de personas, y otras formas de privación de la libertad, mediante una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas.

El Congreso de la Unión, también como ya se señaló, contará con 180 días para expedir las leyes generales. Tratándose de la ley de desaparición forzada, esta deberá regular el sistema de búsqueda de personas, se trata de una cuestión de enorme importancia porque justo en momentos de zozobra para las personas, lo más valioso para ellas es poder tener la confianza de recurrir a un sistema que tenga ordenada la información, que esté coordinada, se trata, en fin, de tener una base de datos lo suficientemente robusta para que la gente tenga la confianza de que hay un sistema en el que se puede consultar sobre la búsqueda de personas.

Las legislaciones en materia locales entrarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la leyes generales. De conformidad con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, debemos legislar tomando en cuenta los tratados internacionales como parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Ya también se dijo aquí, en esta tribuna, que los ordenamientos o los compromisos internacionales que México ha suscrito son consistentes con la reforma, o que la reforma es consistente con lo que está previsto en dichos instrumentos.

Como se señaló, diversos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a adoptar, entre otras, medidas legislativas suficientes para prevenir, sancionar y combatir los delitos de tortura y desaparición forzada de personas.

Ya se mencionaron, entre estos instrumentos están: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el Estatuto de Roma.

La armonización de nuestro orden jurídico con los estándares internacionales en materia de derechos humanos representa una obligación inaplazable, es preciso que se realicen las adecuaciones a nuestro marco constitucional y legal.

Es prioridad del Estado garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Las reformas que contiene este dictamen son congruentes al artículo 1o. de nuestra Constitución, pues tienen como objeto dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones constitucionales necesarias para fortalecer nuestro orden jurídico y erradicar prácticas de desaparición forzada, así como actos de tortura en nuestro país.

Con la reforma al inciso a), fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución, se faculta al Congreso de la Unión, como también ya se ha señalado de manera reiterada, para expedir leyes generales en materia de tortura, tratos inhumanos o degradantes y desaparición forzada de personas.

Al aprobar este dictamen el Legislativo Federal estará facultado para establecer las bases para que la Federación y las entidades federativas cumplan y realicen acciones coordinadas dirigidas a prevenir y combatir la desaparición forzada de personas y la tortura.

La posibilidad de emitir una legislación general contra la desaparición de personas es de suma importancia, permitirá armonizar la legislación federal y local, y considerar en toda la República estos delitos como graves.

En suma, se trata de un enorme paso que damos al dotar al Congreso de esta importante facultad para emitir leyes generales en estas materias, es una tarea o una asignatura pendiente que teníamos como Congreso de la Unión y, por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del dictamen porque estamos convencidos de la enorme utilidad, de la enorme contribución que dará para tratar de normalizar la vida de muchas personas que hoy lamentablemente viven en zozobra.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores Ramírez.

En representación del grupo parlamentario del PRD, tiene el uso de la tribuna el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Señor Presidente de la Junta de Coordinación Política, es un honor tenerlo aquí tan cerca, más cerca que otros de sus propios compañeros de bancada.

Muchísimas gracias.

Compañeras y compañeros Senadores:

Como ustedes recordarán, en el pasado mes de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe presentado por el Estado mexicano, relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Sus conclusiones fueron contundentes. El comité consideró que la información aportada por México, y lo pongo entre comillas: "Ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del estado, muchas de las cuales podrían calificarse, así se definió, como desapariciones forzadas".

Y esto me parece a mí, compañeras y compañeros, que no debiese sorprendernos, pues según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen 23 mil 689 personas no localizadas desde el año 2007; de las cuales, 9 mil 672 casos han tenido lugar durante el actual sexenio.

Sin embargo, no existe en la actualidad un registro que indique de manera fidedigna, cuántos de esos casos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización.

Apenas unas pocas semanas después, en marzo, el Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, también presentó un informe sobre su visita a nuestro país el año pasado, en la que señaló en México, así lo puntualizó: "La tortura es generalizada"; señaló que ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, y que es utilizada para fines de investigación.

Y debo decir, con mucho respeto, pero debo decirlo, que me preocupó mucho la reacción del gobierno mexicano ante los señalamientos de ambas instancias, porque pareciese que las asumió como golpeteo, como un golpeteo político en su contra.

Y en el caso de las observaciones sobre la implementación de la Convención contra Personas Desaparecidas, el gobierno trató inmediatamente de desvirtuarlas.

En el caso, y lo quiero citar también, en el caso del informe sobre la tortura, la respuesta fue a través de la cancillería, y derivó, desde mi punto de vista, en un innecesario conflicto con el Relator.

Pero las recomendaciones del comité, compañeras y compañeros, contra la desaparición forzada y del Relator sobre la tortura, no debiesen ser percibidas, lo digo con mucho respeto, no debiesen ser percibidas como una acusación de inacción del Estado mexicano, sino más bien como una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mejor las cosas, porque de no entenderlo así, estaríamos condenados, compañeras y compañeros, a seguir contabilizando casos de desapariciones y de tortura, por miles y miles, durante muchos años más.

Y es que 23 mil 689 personas no localizadas, pues no es un cifra menor, y son un argumento sólido, por el contrario, de lo que hasta ahora se ha hecho para combatir el problema, y es evidente, el planteamiento que debemos entender es que ha sido insuficiente y que se requiere redoblar esfuerzos, es decir, cambiar estrategias.

Por eso celebro, y lo hago en nombre de mi grupo parlamentario, la reforma que estamos por aprobar, no sólo porque abre la puerta, compañeras y compañeros, para la expedición de leyes generales en las materias, sino también porque nos obliga a la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que permita homologar procedimientos y acciones, como se dijo en comisiones y en este mismo Pleno, para la búsqueda y para la localización de las personas desaparecidas.

Y como coautor, junto con el Senador Zoé Robledo, de una de las iniciativas que se han dictaminado, me preocupa, sí, también lo digo, que con esta reforma se acote el tema de las desapariciones, constriñéndolas únicamente a las forzadas, es decir, aquellas que son cometidas por el Estado, y dejemos fuera a todas las demás.

Sin embargo, y en abono al voto a favor que habremos de darle a esta proyecto, la redacción del dictamen me lleva en lo personal a interpretar que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas abarcará todas las desapariciones, sean o no forzadas.

Y aun así, me atrevo a hacer un llamado respetuoso para que en la legislación secundaria, compañeras y compañeros, garanticemos que ningún caso de desaparición involuntaria se quede sin ser investigado.

Y también conmino, respetuosamente, a mis compañeras y compañeros Senadores, a que impulsemos la armonización de la legislación en las entidades de nuestro país para garantizar un eficaz combate a la tortura y a las desapariciones, a fin de lo que hoy emprendemos con esta reforma no se quede, Senador Presidente, como una mera aspiración, sino que se convierta en una realidad.

Enhorabuena, pues, por esta reforma, y retiro el voto a favor de quienes formamos parte del grupo parlamentario del PRD.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me ha solicitado dividir la participación en dos, que ya he aceptado, pidiéndoles que se tome cada oradora cinco minutos, no más de cinco minutos.

Por tanto, tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Para Acción Nacional, siempre se ha centrado su acción en la primacía de la dignidad de la persona humana.

Es por ello que votaremos a favor del presente proyecto de dictamen, porque con la aprobación de esta importante reforma constitucional, sin duda alguna, el Poder Legislativo Federal estará contribuyendo a dar cumplimiento a las diversas exigencias de organismos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Sistema Interamericano, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diversas resoluciones se han pronunciado por establecer mejores condiciones para la prevención y combate de prácticas tan deplorables, como lo son la desaparición forzada de personas, la tortura o cualquier otra forma de privación ilegal de libertad.

Sobre todo, estará dando respuesta a las víctimas de este tipo de deplorables delitos, que a fin de cuentas son los que recienten de manera directa la afectación a uno de sus derechos fundamentales, como lo son la libertad y su integridad.

De igual manera, esta reforma dará la oportunidad al Congreso de la Unión a redefinir de manera integral el marco normativo encargado de sancionar este tipo de conductas, inscribiéndose dentro del proceso de redefinición de las competencias legislativas en materia penal, con el único objeto de contar con una legislación más potente, clara y precisa, que evite, a su vez, resquicios legales, pero sobre todo que garantice a la víctima un trato igualitario en cualquier parte del país en donde se encuentre.

Toda vez que la comisión de un delito de desaparición forzada de personas, de tortura o de cualquier forma de privación ilegal de la libertad, debe ser sancionada de la misma manera con independencia de la situación geográfica donde se cometa, tomando en consideración que la afectación del bien jurídico tutelado, es la misma en cualquier latitud del país.

De igual forma, con la aprobación de esta reforma estaremos dando un paso significativo en el fortalecimiento de las bases sobre las que habrá de descansar el combate a los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de privación de libertad contrarias a la ley.

No obstante, subsistirá la obligación de nosotros, como legisladores, de poder plasmar en las leyes generales, que al efecto se expidan, las mayores y mejores condiciones legales para garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos, así como para propiciar que este tipo de conductas se sancionen de manera eficaz y proporcional a la afectación del bien jurídico que vulnera.

En este mismo contexto, para Acción Nacional la libertad de las personas no puede estar constreñida por el Estado, y no debe tener otros límites jurídicos más que los dictados por la ley. De ahí la relevancia y la importancia del dictamen que se ha puesto a consideración de este Pleno.

Es importante recordar que a raíz de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el texto del artículo 1o. otorga una jerarquía constitucional, en el orden jurídico mexicano, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En México hemos avanzado hacia la construcción de un esquema legal de protección a derechos humanos, avanzando también hacia la construcción de un estado constitucional de derecho; sin embargo, debemos reconocer que en México, pese a los esfuerzos legislativos, hoy vivimos una realidad dura en materia de derechos humanos, y es obligación de este Senado, del Congreso de la Unión, de los órganos legislativos mexicanos, generar las condiciones necesarias para que la legislación aplicable genere estas medidas que permitan, que obliguen al Estado mexicano a responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos e ir caminando hacia una situación diferente en nuestro país.

Es por ello que Acción Nacional, en este dictamen, votaremos a favor de estas adecuaciones legales contenidas en el artículo 73 de la Constitución, seguros de que es el camino por el que México debe avanzar para construir un estado de libertades, en donde haya un pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Adriana Dávila Fernández, hasta por cinco minutos.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores. Prometo que serán menos de cinco minutos.

México ha estado presente en las discusiones internacionales sobre su papel respecto de la defensa y promoción de los derechos humanos en los últimos años.

Hemos sido testigos de múltiples casos, algunos públicos, otros anónimos, muchos otros invisibles, que no debieran estar escritos jamás en las páginas de la historia, ni de México ni de ningún país.

Incluso, discusiones diplomáticas con organismos internacionales, ha puesto a México en un papel bochornoso, a veces incomprensible, sobre los informes que se han emitido respecto de nuestro papel para erradicar prácticas, como la tortura o evitar casos como los de Ayotzinapa.

Pero éste no es un tema nuevo. Fenómenos o problemas sociales, como la migración y la pobreza, son situaciones de vulnerabilidad que han contribuido a agravar estos problemas convertidos en delitos.

Casos también como los de Alondra o Andreas Emilio, sustraídos ilegalmente de sus hogares y que han mostrado un rostro tan desagradable de la condición humana, nos ha tenido en un vilo.

Por eso, la aprobación de esta reforma al artículo 73 es fundamental en la defensa de los derechos humanos básicos.

Legislar para inhibir y erradicar la desaparición forzada y la tortura, es cumplir con la exigencia ciudadana de un trabajo serio y responsable del Congreso de la Unión; pero especialmente es contribuir a atender y hacer justicia a las víctimas de estos delitos, que son los que realmente padecen omisiones o acciones de las autoridades.

Establecer desde una ley genera, facultades y obligaciones de los tres niveles de gobierno, es una acción responsable de este Senado de la República.

Por eso felicito a los y las Senadoras que presentaron diversas iniciativas que hoy nos tienen en este dictamen.

Quiero detenerme particularmente en lo establecido a la modificación constitucional, respecto de otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.

Me explico, el caso de Alondra, de Andreas Emilio, que fueron sustraídos ilegalmente del país, el caso de la joven de la tintorería, entre muchos otros, lo que denota es la incapacidad de las instituciones, además de sentido común, para aplicar estas normas.

Se violentan derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por eso, hace unos días ante esta Soberanía, presenté una iniciativa para regular los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, y así incorporar al marco jurídico mexicano los elementos necesarios para que las personas menores de 16 años, y que hayan sido sustraídas o retenidas de manera ilegal, tengan la posibilidad de que les garanticen sus derechos y se les proteja adecuadamente.

Pero con la aprobación de esta reforma al artículo 73, hoy podremos establecer, también, los tipos penales que permitan castigar con penas severas a quienes cometen este delito.

Senadoras y Senadores: En tanto no se establezcan los tipos penales y sus sanciones, en todo lo relacionado a la privación de la libertad de las personas contrarias a la ley, seguiremos padeciendo las deficiencias jurídicas, que no hacen más que favorecer a los delincuentes.

Toda ley debe incluir, de manera específica y explicita, tipos penales y sus correspondientes sanciones.

Por eso celebro y felicito nuevamente a quienes han participado en este dictamen.

México requiere urgentemente medidas para prevenir las desapariciones forzadas, la tortura; pero también se requiere profesionalización.

Solo finalizo, señalando, ninguna ley puede sustituir el papel de la autoridad que ejecuta, es decir, si los gobiernos federal, estatal y municipal no son capaces de cumplir con sus facultades y obligaciones que estableceremos en una ley general, de nada servirá legislar.

Hago un llamado, respetuoso, para que todos asumamos el papel que nos corresponde, legisladores, hoy en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, para que aprueben esta minuta y, por supuesto, que luego podamos expedir leyes en lo particular, establecer las obligaciones del Estado mexicano en su conjunto, para poder apoyar a las víctimas de estos delitos.

Es cuanto, señor Presidente

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Dávila Fernández, le agradezco su participación.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Itzel Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Hacemos hoy uso de la tribuna, para decir que los Senadores del PRI votaremos a favor este dictamen.

Y lo votaremos a favor conscientes de que el dictamen es solo el medio; la ley es solo la posibilidad de llegar a la finalidad; y la finalidad es algo todavía más grande, deja de ser un papel, deja de ser letra muerta.

La idea es que esto se convierta en una realidad. La idea es que se reafirme, desde aquí, ese compromiso indeclinable que tenemos los Senadores del PRI con las personas y con los derechos humanos.

La idea es que se tenga la protección más amplia que el Estado mexicano le puede brindar a una persona, que su integridad esté a salvo y, por supuesto, que no pueda ser privada de la libertad, sin recurso y sin razón alguna.

Los mexicanos demandan acciones concretas del Estado para poner fin a prácticas que condenamos, porque atentan contra la dignidad y la vida de las personas.

Más allá de cualquier diagnóstico negativo o pesimista, los Senadores del PRI creemos que México tiene ante sí una oportunidad histórica para reivindicar su vocación y compromiso con los derechos humanos, una oportunidad que estaremos aprovechando desde ya para decirle a la población que nos sumamos a esta responsabilidad con alturas de miras en torno a la protección y, también, por supuesto, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.

Los crímenes que han sucedido, como la desaparición forzada de personas, la privación de la libertad contra la ley y la tortura, vienen a significar un reto frente a importantes avances; hay que diferenciar lo que es simple y sencillamente que a alguien se le prive de la libertad, a una desaparición forzada, eso tiene que ver con la integridad personal, tiene que ver con tortura y, por supuesto, esto tiene que ser diferenciado, tiene que ser puesto en la ley, y tiene que ser sancionado, tiene que ser llevado a cabo un proceso para que la población sepa, para que la ciudadanía sepa que se castiga en México, que no hay impunidad cuando se realizan este tipo de actos.

Estos delitos producen daños muy sensibles con secuelas que a veces pueden ser permanentes tanto para las víctimas, pero también, por supuesto, para los familiares. El riesgo de estas prácticas es que impiden garantizar libertades y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos signados ya por nuestro país, no pretendemos ocultar los problemas que hay en nuestro país.

De acuerdo con los datos que refirió durante su comparecencia en mayo de 2014, el propio Secretario de Gobernación, el tema de la desaparición forzada de personas y la privación ilegal de la libertad por algunos grupos delincuenciales, ignorándose el paradero o la suerte de la víctima es delicado por el bien jurídico que se afecta.

En su momento se señaló que del 2012 al 2014, se habían reportado 16 mil personas no localizadas; sin embargo, también se informó que ya se había localizado alrededor de la mitad de ellos con vida, mientras que continúan las labores de localización con el resto de las personas no localizadas.

Sin embargo, es un hecho que de acuerdo con un banco de datos alimentado por las procuradurías estatales, el Secretario nos informó que durante la pasada administración, de 2006 a 2012, se registraron 27 mil casos de personas no localizadas, de los que falta establecer el paradero aún de 13 mil personas.

Y esto no nos tiene que llevar a discutir a ver dónde está el culpable, quién tiene el problema, sino quién tiene la solución; y sin duda, en nosotros está parte de la solución, de dar la facultad al Congreso de la Unión para poder emitir, de una vez por todas, la ley general y de ahí las leyes secundarias que den garantías a los ciudadanos, y que esto se pueda socializar y que pueda haber respeto a la ley, y junto al respeto a la ley, una vida y, por supuesto, un México lleno de paz.

Asimismo, según los datos de Amnistía Internacional de 2012 a 2013, el número de quejas por torturas y otros malos tratos, recibidas por la CNDH, se incrementó de 239 casos a 2 mil 114 casos.

Reconocemos que en el caso de la desaparición forzada de personas las cifras varían según la institución y las metodologías empleadas para su medición.

En este sentido, hay que aclarar que precisamente el conocimiento del número de personas desaparecidas constituye una tarea que debemos fortalecer a la brevedad.

En el terreno de la tortura, el panorama también nos motiva a emprender cambios sustantivos para prevenir y sancionar esta práctica no menos deleznable.

En la defensa de los derechos humanos no podemos asumir una posición meramente partidista o en miras de debates de los tiempos electorales, creo que este es uno de los puntos donde todas las fracciones nos debemos unir, y donde estoy totalmente convencida que todos, además de legisladores, como ciudadanos, queremos los derechos humanos en todos los estados, en todo el territorio, para poder llevar seguridad no solamente a la familia de quienes representamos, sino también seguridad propia, porque al final, insisto, más allá de Senadores, de legisladores, también somos seres humanos que estamos sujetos a este tipo de problemas.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido esfuerzos sin precedentes para que las familias mexicanas, dentro y fuera de sus hogares, tengan el disfrute efectivo de sus derechos más elementales y se sientan con tranquilidad y seguridad y, por supuesto, también libertad.

Es indispensable acompañar todos los esfuerzos desde el Poder Legislativo para perfeccionar el andamiaje jurídico que vela por el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.

¿En qué consiste la reforma? Hay que preguntárselo y también hay que explicarle a la gente.

Estamos en este momento facultando al Congreso para que pueda, posteriormente, emitir la ley general, luego las leyes secundarias, junto con la Cámara de Diputados, y así poder nosotros lograr que lo que hoy es un delito a nivel federal pueda compartirse la responsabilidad con los estados y, por supuesto, cada vez seamos más los que persigan el delito, pero que también entremos en la materia de prevención y, junto con esto, entremos a un estado de paz que todos los ciudadanos nos merecemos.

Si bien es cierto que estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal Federal, es necesario fortalecer el orden jurídico para coordinar los esfuerzos del Estado mexicano, como ya lo dije, en esta materia.

En este sentido, el artículo 73 constitucional propone facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que establecen como mínimo los tipos penales y las sanciones para la desaparición forzada.

Nosotros, en la fracción del PRI, estamos convencidos y también abiertos al debate, ese debate de ideas que enriquezca al dictamen, que enriquezca a la ley y que lleve a los ciudadanos a ser beneficiarios de la ley que tengamos, para que ellos tengan, por supuesto y por ende, mayor seguridad.

Para dar certidumbre a los procesos penales en este curso sobre los delitos que son objeto de la presente reforma, se establece que estos deberán concluirse y ejecutarse de conformidad con la legislación vigente.

En el régimen transitorio se establece un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto para la aprobación de ambas leyes generales.

Quisiera resaltar aquí, que en las leyes generales se pueden establecer ya sanciones ejemplares para la desaparición forzada de personas y tortura, precisando las facultades y la coordinación que deberá existir entre los distintos órdenes de gobierno para combatir los delitos.

En este caso de desaparición forzada, nuestro grupo, el grupo parlamentario del PRI, presentó en días recientes una iniciativa que propone varias cosas, citaré unas muy breves:

Tipificar el delito de desaparición forzada como autónomo.

Fijar penas de 2 hasta 60 años de prisión.

La creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y Familiares, entre muchas otras cosas. La Ley General de Tortura, por su parte, deberá tipificar este delito también.

Compañeras y compañeros legisladores: Las violaciones a los derechos humanos no deben de ser motivo, vuelvo a ratificar y vuelvo a puntualizar, de división, sino al contrario, este es un motivo de unirse en la búsqueda de soluciones para estos problemas.

Estamos convencidos que la indignación producida por la tragedia que viven las víctimas de estos delitos debe de traducirse en propuestas concretas para corregir aquello que no funciona en las leyes, las instituciones y, por supuesto, para quienes las aplican, en este caso las autoridades.

Con esta reforma constitucional respaldamos el compromiso asumido por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto de vivir en un México tranquilo, en un México lleno de paz.

También le enviamos un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la firme determinación que tenemos para ajustar la legislación en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en nuestro país ante la legítima inconformidad social que ya existe.

Los Senadores del PRI seguiremos promoviendo los derechos humanos para que se trasladen de la ley, como ya lo dije hace un rato, del papel, a la vida cotidiana de todas las personas, en este caso de todos los mexicanos.

Los Senadores del PRI seguiremos trabajando para que, más allá de una ley, el ejercicio pleno de los derechos humanos sea una forma de vida en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Compañeras y compañeros, antes de iniciar la discusión en lo general, les informo que tenemos inscritos 20 oradores, todos se expresarán a favor del dictamen. Como ustedes conocen, el Reglamento nos permite hasta dos oradores cuando todos van a favor, pero, con la finalidad de escuchar a un mayor número de compañeras y compañeros, hemos acordado que cada fracción propondrá hasta tres oradores, por lo que les pido consensen al interior de sus grupos parlamentarios, quiénes serán estos tres oradores, de cinco minutos cada orador, por supuesto, como lo establece el Reglamento en el tiempo.

Aprovechamos para dar la bienvenida a familiares de víctimas que asisten a escuchar esta discusión: Alejandro Vélez, Juan Carlos Trujillo, Miguel Ángel Trujillo, Anastasio Rodríguez Sampayo, Claudio Fausto Lara, Magdalena Vergara Hernández, Mario Vergara Hernández, Adriana Rodríguez, Joel Díaz Díaz, Teresa Pérez, Karime Astudillo, Carmen Reina Valdés, Carlos Moreno, Francisco Orta y Araceli Ramírez.

También saludamos y damos la cordial bienvenida a representantes de Organismos No Gubernamentales del Centro de Colaboración Cívica, de FUNDAR, de OACNUDH, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de VERAPAZ y Juan Carlos Gutiérrez, Director de Ideas.

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, este Senado les saluda. Son invitados por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Les informo que el Senador David Monreal Ávila nos ha hecho llegar su posicionamiento, mismo que se inscribirá en el Diario de los Debates, y nos dice que no participará ya en la tribuna.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

El día de hoy se discute un tema muy sensible y delicado que ha destruido el tejido social de nuestro país, la desaparición forzada de personas y la tortura.

La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones de los derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la década del sesenta y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima de parte de sus agentes.

La desaparición de personas fue la principal arma de lucha contra la oposición política e ideológica. Esta particular metodología consiste, por un lado, en el secuestro de la persona y su traslado a un centro clandestino de detención, en donde era alojada en condiciones infrahumanas y sometida a toda clase de torturas y, por el otro, en la falta total de información a los familiares sobre su destino y suerte.

La Convención Internacional Para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas,  la define como: "el  arresto, la  detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

Respecto del contexto nacional, las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, así lo denunció el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, al presentar recomendaciones sobre el tema.

"¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas", así lo afirmó el miembro del Comité y relator sobre el caso de México de la ONU.

Los numerosos casos, evidentemente no denunciados, son alarmantes y dignos de preocupación, pero aún más el grado de impunidad que se puede corroborar ante la inexistencia de condenas por este delito.

La realidad de que solo seis personas hayan sido condenadas ante los miles de casos de desapariciones forzadas denunciados, ejemplifican puntualmente que el Estado, al ser parte de este problema, no canaliza todos sus recursos para investigar y castigar de manera ejemplar esta privación de la libertad.

Desde hace años la sociedad y los familiares de las víctimas demandan una base de datos confiable y fidedigna que contenga un registro nacional sobre desapariciones forzadas, y es la fecha en que México no cuenta con dicho registro. ¿Cómo saber la realidad del problema si algo tan básico, como este registro, no se tiene?

No tener información veraz de este delito y estadísticas reales, dificulta emprender acciones necesarias para combatirlo con la efectividad que amerita, al igual, complica desarrollar políticas de prevención e investigación en el combate de la desaparición forzada de personas.

La lentitud en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas es otro flagelo que entorpece la averiguación sobre el paradero de las víctimas, el caso de Ayotzinapa es prueba irrefutable de este círculo vicioso en el que se encuentra sumergido el Estado mexicano.

De igual manera, la tortura y los malos tratos se han convertido en un problema que violenta sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas, lo cual es un claro reflejo de la ausencia de un Estado de Derecho.

Nuestro país parece no tocar fondo, las instituciones encargadas de la procuración de justicia han sido rebasadas. Es una realidad que no podemos seguir guardando silencio ante tan aberrantes hechos delictivos como son la desaparición de personas, la tortura y los malos tratos, pues el dolor, sufrimiento y secuelas que estás prácticas provocan son indescriptibles. 

México exige que las miles de personas desaparecidas y que aún no han sido encontradas, aparezcan. Ocultar la verdad acerca de cuál fue su destino, únicamente provocará impunidad, y que los familiares de las víctimas continúen sufriendo por no saber qué ocurrió con sus seres queridos.

No se puede estar en contra de esta reforma de carácter constitucional, pero estaremos atentos a que las legislaciones secundarias velarán efectivamente a que las prácticas de desaparición de forzada y tortura sean erradicas. Enhorabuena a las comisiones dictaminadoras.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La desaparición forzada y la tortura se encuentran reguladas por la legislación mexicana, sin embargo, se requiere de un mayor control, en el que se delimiten cada uno de los supuestos jurídicos basados en la distribución de competencias.

Es ahí la trascendencia de que el Estado mexicano fortalezca las medidas a fin de que se establezcan mecanismos contundentes, que se encuentren plasmados en una legislación general, donde se prevengan y se otorguen las atribuciones para una mejor procuración de justicia.

Con la aprobación del presente dictamen estaremos dando un avance facultando al Congreso de la Unión para legislar en la materia, y será mediante un avance constitucional que permitirá hacer las adecuaciones necesarias al marco jurídico nacional, mismas que estarán cimentadas en la prevención, combate y eliminación de este tipo de ilícitos que perjudican las libertades personales, trasgrediendo derechos fundamentales.

Es de enfatizar que esta reforma es acorde con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, donde se reconoce que esta conducta vulnera derechos esenciales de la persona, y parte de los compromisos es realizar adecuaciones legislativas para combatirlo y erradicarlo.

Asimismo, en nuestro país se le ha recomendado, por parte de la ONU, implementar la creación de un Registro Nacional Único de Personas Desaparecidas, como una de las medidas para prevenir e investigar este fenómeno social.

De aprobarse esta reforma constitucional, se regulará la tortura y desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, y será por medio de la prevención, investigación y sanción, así como la búsqueda, a través de las cuales se buscará la protección de la libertad y de la persona y de los derechos inherentes al hombre.

El presente dictamen establece implementación, regulación y funcionamiento de un sistema de búsqueda de personas, mismo que deberá ser regulado en la ley de desaparición forzada.

Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen debido a que se encuentra acorde a los tratados internacionales, así como la parte de la lucha para proteger la libertad y el respeto de los derechos del ser humano, bajo el esquema de combate a la tortura y a la desaparición forzada, conductas que tanto lastiman a nuestra sociedad mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vamos a ponernos un poco filosóficos en este asunto, y creo que se vale.

Jean Paul Sartre dijo alguna vez que: "Estamos condenados a ser libres", y para este filósofo francés, la libertad del hombre se basa en que siempre es nuestra decisión quién elegimos ser.

La libertad, en ese sentido, se basa en la individualidad, y la individualidad, a su vez, se basa en dos elementos: la elección y la responsabilidad.

De esta manera las personas que no pueden elegir pues simplemente no son libres. Pero yo les preguntaría, ¿por qué alguien no podría elegir? Pues porque las circunstancias u otras personas les impiden elegir y, en ese sentido, vulneran su libertad.

Ese fue el motivo principal del pacto social, que el Estado regulara la coacción, que se creara el monopolio de la violencia física, legítima, como lo señaló Weber. Entonces, una función del Estado es proteger la libertad de las personas, quizá la principal función del Estado.

En ese sentido, habría que preguntarnos, ¿qué libertades son las que debe de proteger el Estado? Bueno, pues yo creo que es un tema a debatir, pero hay una en particular, la libertad entendida como la protección de los derechos fundamentales.

Y esta disertación, que no pretende ser una disertación filosófica ni mucho menos, es una explicación relacionada a este dictamen que estamos a punto de votar, porque a final de cuentas, la adición a la Constitución, que se está discutiendo, establece que estaremos ya facultados, como Congreso, a expedir leyes en materia de desaparición forzada y tortura, pero también lo podremos hacer en otras formas de privación de la libertad.

Qué bueno que ya estaremos facultados para legislar en materia de desaparición forzada y tortura. Pero quiero, en esta oportunidad, concentrarme en las otras formas de privación de la libertad, porque si se habla de privación de la libertad, pues normalmente se piensa en el secuestro, pero el secuestro, ya lo saben, está contemplado ya en el artículo constitucional.

Entonces, ¿qué otras formas de privación de la libertad existen? Estoy seguro que este catálogo puede ser muy amplio, pero también tengo la seguridad de que un tema sí está en esta lista, y sí estará para que lo podamos legislar, y es el desplazamiento forzado de personas.

Por una razón, compañeras y compañeros, los desplazados internos no son libres, no lo son porque ellos abandonan en contra, muchas veces, de su voluntad, no muchas veces, abandonan siempre en contra de su voluntad el lugar donde vivían.

Abandonan su patrimonio, abandonan a sus familias, a sus amigos, abandonan su trabajo, sus escuelas, abandonan todo su entorno, interrumpen su vida como la conocen, y ésta nunca vuelve a ser la misma, abandonan su libertad.

Incluso, una vez que se desplazaron siguen sin ser libres, nunca estarán tranquilos en el lugar al que llegaron; las amenazas muchas veces los persiguen hasta el lugar donde se desplazaron, continúan muchas veces las intimidaciones a sus familias y entran en una terrible espiral de exclusión, de desempleo, de deserción escolar, de violencia, de enorme vulnerabilidad.

El desplazamiento interno es una inmigración involuntaria, las personas se ven forzadas a huir de su lugar de residencia por diversas situaciones que pueden ir desde catástrofes naturales, conflictos religiosos y comunales, disputas por tierras, castigos colectivos, pero principalmente, en los últimos 15 años, a partir de situaciones de violencia generalizada producto del combate a la delincuencia organizada.

No hay cifras oficiales sobre desplazados, pero les voy a dar tres.

Parametría, en 2012, calculó que el 2 por ciento de la población de 18 años o más ha sido desplazado por la violencia, el 2 por ciento de la población, esto es cerca de 1 millón y medio de personas.

Segunda dato. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calculó, entre 2011 y febrero de 2015, 281,418 personas que han sido desplazadas de manera forzada como consecuencia de la violencia en México.

Tercero. El Centro de Monitoreo y Desplazamiento Interno que está en Noruega, calcula alrededor de 180,000 personas desplazadas.

¿Por qué no tenemos un conteo oficial? Porque no hay una autoridad responsable. Y cómo haberlo si no hay una ley al respecto.

Les pregunto algo más, ¿cómo es posible que no exista un reconocimiento explícito por parte del gobierno mexicano de la situación de desplazamiento interno?; aquí al Senado han venido varias veces familias y representantes de desplazados a solicitarnos ese reconocimiento legal.

Por eso hoy es un día tan importante para los desplazados, porque el fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México, por tanto, es un tema no atendido por el Estado, y eso se acaba el día de hoy; hoy las víctimas ya podrán tener reconocimiento en una dimensión judicial, además de la dimensión social.

¿Por qué? Porque ya no hay pretextos, compañeras y compañeros, ya no hay pretextos para no legislar en la materia.

Con esta reforma al artículo 73 constitucional, ya estaremos facultados para hacerlo, y ni siquiera hay que esperar a que se presente la iniciativa, ya hay una iniciativa presentada en diciembre de 2012 de Ley General para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado en México, que además de seguir todos los lineamientos del Relator Especial de Naciones Unidas y los principios rectores, pues atiende y previene este fenómeno, es una iniciativa que la tienen las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Población y de Desarrollo, que la tiene para opinión.

A estas comisiones, a estos compañeros hay buenas noticias, ya no hay pretextos para no dictaminar esta iniciativa de ley.

Por eso hoy celebro este dictamen, porque el Congreso ya podrá legislar sobre tortura, ya podrá legislar sobre desaparición forzada; pero también voy a celebrar que el fragmento del texto nos permite emitir ya una ley sobre desplazamiento interno.

Colombia debería de ser nuestro referente, Colombia llegó a tener un tercio de su población, más de 5 millones de personas, desplazadas; y qué creen, allá hay una ley general, incluso en su código penal se contempla el desplazamiento como delito forzado en su título tercero que reza: "Delitos contra la libertad individual".

Por eso mi voto va a ser a favor del dictamen en lo general, pero sí insistiré en la conveniencia de hacer una mención explícita, por lo menos en la exposición de motivos, sobre el tema de desplazamiento interno, tal como se ha hecho en delitos que afectan a la libertad.

Por eso, señor Presidente, presentaré la reserva exclusivamente para la exposición de motivos, para que se incluya ahí que el desplazamiento interno es una forma también de privación de la libertad, porque, compañeras y compañeros, estoy convencido que todos tenemos derecho a la libertad, y los desplazados en México, hoy no son personas libres.

Ser libre es poder hacer, no vivir con coacciones ni privaciones; donde no hay ley, no hay libertad.

Démosle esa libertad a los desplazados reconociéndolos en esta ley.

Bienvenida la reforma, mi voto a favor, y bienvenida también la posibilidad de ya legislar sobre desplazamiento interno forzado en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, se recibe la reserva Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

Y voy a pedirles, señoras Senadoras y Senadores, nos ajustemos a cinco minutos para poder escuchar a todas y todos los oradores, gracias.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa; con el permiso de todos ustedes.

México enfrenta una realidad oscurecida, una realidad en la que permea la impunidad y la arbitrariedad, una realidad que no conoce de justicia ni de ley, cuando de desapariciones forzadas se trata.

El Estado no ha podido cumplirles a los ciudadanos, no ha respondido a las exigencias de una nación que urge de respuestas; la ineficiencia y la incompetencia prevalecen en las investigaciones, y como resultado la duda y el rencor crece en nuestra sociedad mexicana.

Lamentablemente esta práctica es añeja, en México las desapariciones forzadas han tenido lugar en el pasado de nuestro país, un pasado caracterizado por una política de estado cerrada a las exigencias sociales, reprimiendo movimientos sociales con resultados lamentables en cuanto a violaciones múltiples a derechos humanos que aquí hemos escuchado.

Mismos que vieron reflejados en desapariciones forzadas como un método de control político y social de este país.

En la actualidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un registro de más de 26,000 personas desaparecidas, de las cuales, se presume que 2,400 casos podrían tratarse efectivamente de desapariciones forzadas.

Lo más alarmante es que el crimen se ha propagado por todo el territorio nacional.

En mi estado, Querétaro, se maquilla la seguridad que un día se presumía y que al día de hoy se vive en una realidad distinta a la que alude la actual administración.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos sostuvieron en noviembre pasado que la Procuraduría General de la República les informó, mediante una solicitud de información pública, de 1,270 mujeres reportadas como desaparecidas en Querétaro del 2009 al 2013; mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado reporta únicamente 232 desaparecidos, tanto hombres como mujeres, del 2010 a la fecha.

Y mi pregunta es, ¿entonces quién tiene la razón o quién está diciendo la verdad?

En Querétaro, como a la mayoría de los estados, son graves y reiteradas las acciones y omisiones por parte de la Procuraduría. Yo ya sé que existen protocolos de búsqueda para la localización de las mujeres adultas y el protocolo que existe para los menores de edad.

La denominada Alerta AMBER sigue sin ser activada oportunamente, sólo por mencionar que ni siquiera existe el término feminicidio en la legislación queretana.

Hoy ya hay 1,270 mujeres desaparecidas en el estado de Querétaro.

Ya no sólo la voz de las víctimas es escuchaba en las calles de México, sino que también el mundo contempla las violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestra República.

Es por eso que no debemos permitir repetir esta historia, no podemos ignorar las exigencias sociales que hoy la nación demanda, no podemos ignorar a todas esas familias de todos aquellos que hoy se encuentran desaparecidos, porque las familias ahí están y reclaman justicia.

Es por eso que pretendemos reformar este artículo 73 de nuestra Carta Magna para darle las facultades al Congreso, para que pueda expedir esa ley general que tenga por objetivo la prevención y sanción de delitos en materia de desaparición forzada de personas.

Este cambio es indispensable para atender esta práctica delincuencial de manera integral.

La ley no se limita al ámbito penal, establecerá una normativa aplicable para todo el país en el ámbito de competencia de todos los órdenes de gobierno.

Efectivamente, como aquí se ha dicho, creo que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, y una cosa es que reformemos hoy estos artículos, y otra cosa es que en los estados se vea una diferencia por la aplicación de la justicia.

De esta manera podremos establecer los tipos penales y las sanciones de los delitos con los que se constatará la punibilidad y los elementos en todo el territorio nacional, de tipo penal.

Un punto que me gustaría resaltar y que vale la pena subrayar, es la incorporación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual contará con un Módulo de Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, que concentrará las muestras biológicas de referencia y los perfiles genéticos que de todas ellas derive, de las personas desaparecidas ubicadas y de sus familiares, con lo que se avanzará definitivamente en la construcción de un sistema de identificación de las víctimas de estos delitos.

Por otro lado, la creación de un Registro Nacional de Personas Detenidas en el que se podrá saber públicamente, en tiempo real, por vía telefónica o electrónica, el estatus de una persona que hubiera sido aprehendida por alguna fuerza pública.

El Partido Acción Nacional está convencido, y su servidora personalmente, que hoy se necesita de la colaboración de todas las fuerzas políticas para satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos.

Hoy contribuimos al proveer de estas nuevas herramientas a los tres poderes de gobierno, con la finalidad de que cada uno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades para hacer cumplir nuestra Constitución.

Hoy atendemos el llamado urgente de esta sociedad que sí existe y que reclama justicia e igualdad en todos los casos de desapariciones forzadas.

Les agradezco la atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Rocha Acosta.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El Senador Omar Fayad Meneses: Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy vengo a hablar a favor de este dictamen, dictamen que me parece fundamental por el tema que aborda, y creo que si tuviéramos que pensar en la peor desgracia que pueda sufrir un ser humano, la peor, es que algún día le digan que su hijo o sus padres o sus hermanos han desaparecido.

No creo que haya otra peor, ni siquiera el que le determinen a uno en lo personal que tiene una enfermedad terminal.

Lo peor que te puede pasar en la vida, si no pregúntenlo a tantas víctimas, es que te anuncien que tu hijo ha desaparecido.

Y en este contexto, lo más grave es que esta desaparición se sufra a manos de delincuentes que son autoridad, que esta desaparición, que esta privación de la libertad sea por agentes de cualquiera de los órdenes de gobierno, que nieguen que se ha dado, pero que además puede tener todo tipo de consecuencias, desde que aparezca y no se quede más que en un caso a comentarse por el resto de la vida o que desaparezca y se le prive de la libertad.

No creo que haya, de verdad, peor desgracia.

Y por eso, en esa tesitura se han trabajado ocho iniciativas, de las cuales me congratulo ser autor en una de esas iniciativas, y además autor ya de la legislación secundaria que deba devenir a esta reforma, para saber cómo México debe de enfrentar esta situación.

Existe, después de Iguala, un antes y un después, Iguala ha marcado a México y a los mexicanos y no podemos hacer oídos sordos a un justo reclamo de la sociedad, ni tampoco podemos desatender sendos compromisos internacionales, que ya no refiero porque se han dicho por quienes me han antecedido aquí en el uso de la expresión.

Hemos trabajado a lo largo de muchos meses sobre la legislación, sobre la reforma constitucional y sobre la ley secundaria, han sido muchas horas de trabajo.

Cuando nos reunimos con los especialistas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y nos preguntaban, ¿qué están haciendo en esta materia? Aquí hay compañeras y compañeros, que no me dejarán mentir, que estuvieron presentes: mi compañera Angélica de la Peña, del PRD, quien refirió su esfuerzo personal y el trabajo colectivo en su partido que estaba haciendo en la materia, le consta que ese día le referí a los especialistas el borrador propio que tenía en materia de reforma al artículo 73, fracción XXI, y todo lo que sería la legislación en materia de desaparición forzada de personas, que estaríamos terminando su análisis para que antes de que terminara este periodo legislativo, pudiéramos sacar adelante.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senador.

Senador Ríos Piter, ¿con qué objeto?

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Es para hechos, señor Presidente, si fuera posible una vez que termine el Senador.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No cabe la interrupción al orador, pero le aclaro en este momento, hemos pactado la participación de tres oradores por cada grupo parlamentario, yo lo anoto y si es que su fracción nos pide que le demos la palabra, con todo gusto se la damos.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Yo entiendo que hay tres oradores por cada grupo parlamentario; sin embargo, los dichos que ha hecho el Senador Fayad Meneses, me motivan a pedir la palabra para hechos.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Yo lo inscribo, pero está supeditado a este acuerdo que tomamos con los grupos.

Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Yo entiendo que es un acuerdo parlamentario, pero yo sí le voy a solicitar la palabra en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, es dictaminadora de este punto, y no estuve en el momento de la intervención de las comisiones por estar cumpliendo con otra comisión legislativa.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: El momento procesal ha pasado; sin embargo, permítame esa consideración.

Adelante, Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: Hicimos un esfuerzo, Senadoras y Senadores de diversos partidos, y presentamos una iniciativa conjunta la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Encinas Rodríguez y un servidor, y además existen otros esfuerzos muy importantes, algunos presentados por el Senador Gil Zuarth, y diversas compañeras y compañeros de todos los partidos, porque todos coincidimos en que este es un tema fundamental y debemos de abrir el candado, y se abre a través de esta reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI, para que podamos hacer la legislación secundaria al respecto, y entonces demos la respuesta a los ciudadanos y la respuesta a los compromisos internacionales que tenemos.

Concluyo pidiéndoles su voto a favor y reconociendo el trabajo y capacidad mostrada en el seno de todas las comisiones dictaminadoras. Sin duda, los cambios establecidos en este dictamen son de vital importancia para las mujeres y hombres de México, para todas las familias de México y para la comunidad internacional.

Por su voto aprobatorio y posteriormente porque respalden las iniciativas que ya presentamos en materia de legislación secundaria al respecto, muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeros.

Creo que este tema o se presta mucho para la demagogia y para venir a exhibir posiciones en este punto en donde el tema de los derechos humanos en México es el tema más sensible.

Desde la posición de izquierda hemos nosotros siempre demandado la protección de los derechos humanos de los mexicanos, los hemos defendido a nivel internacional.

De tal suerte que, desde la lucha social, hablar de la perspectiva de la defensa de los derechos humanos es una posición legítima y genuina, no es una posición improvisada ni que se preste a posiciones demagógicas y de protagonismo, como a veces se pretende hacer aquí en esta tribuna.

Vemos con beneplácito que se va a empezar a abordar con facultades en el Congreso, en este Senado, las dos Cámaras, la facultad para poder expedir leyes que cubran uno de los grandes vacíos y de los grandes señalamientos que nos hicieron ya los observadores internacionales de derechos humanos, y que en ese sentido nosotros tenemos una deficiencia en el tema de la desaparición forzada de personas.

Esto, compañeros, de la desaparición forzada de personas, tiene que ver con lo que sucedió en el estado de Guerrero, donde ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa, ha citado que aquí hay un delito y que ese delito se tipifica como desaparición forzada.

Esto indudablemente que lleva a que nosotros tengamos que ir reparando las lagunas de carácter legislativo que tengan que emprenderse.

Por eso para nosotros, de manera legítima, hablar de esto tiene que ver con ir cubriendo rezagos y demandas en las que va evolucionando la lucha social y de la perspectiva social de los derechos humanos.

He oído cómo tratan de definir aquí el dolor que puede significar la represión, el dolor que puede significar el abuso de la fuerza pública. Tenemos pendientes en nuestra legislación, todavía no logramos establecer cómo puede, de alguna forma, establecerse el uso de la fuerza pública, pero al movimiento social hemos estado siempre denunciando, se ha tratado de criminalizar a través y en pos de declarar que se defienden los derechos humanos, y esta posición de vacío ha hecho que se empiecen a perseguir dirigentes sociales, se encarcelen, y que estos derechos siempre que se denuncien no sean creíbles.

Hay cifras en donde nos ilustran que quienes torturan gozan de una total impunidad, en este país no se castiga a los torturadores, y esta parte es ahora la que tratamos de resolver sobre la base de establecer una legislación que nos permita en este sentido cubrir lagunas y aplicar castigos a los que se han conducido con impunidad.

Les voy a dar un dato. Según datos de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013, ocho años, y tan solo siete desembocaron en condenas, en aplicación de la legislación federal.

Esto habla de la total impunidad con la que al amparo de la fuerza del gobierno se delinque en nuestro país y se abusa y se violan los derechos humanos.

Quienes hemos estado siempre en la trinchera de la lucha social, hemos enfrentado este abuso de autoridad y se nos ha dejado muchas de las veces incomunicados, porque un compañero que se manifiesta, y ustedes lo han visto, de inmediato es incomunicado, le aplican sanciones altísimas y a los que delinquen, ahí está el caso de Michoacán, uno que está involucrado con el crimen organizado alcanza una fianza de 7 mil pesos y se puede ir, pero a los luchadores sociales, por talar un árbol a veces le ponen multas hasta de 10 mil pesos, por haber talado un árbol.

Esto, compañeros, habla de la inequidad y de la lentitud como hemos querido nosotros tratar estos problemas, y habla de que es necesario, en términos semánticos, de empezar a derogar la ley de la simulación que en algún sentido cuando se habla del espíritu de la ley del estado de derecho, lo que se hace es solamente es violentar esto.

Hemos vivido atrocidades en nuestro país que hacen, de alguna manera, necesario que esta iniciativa que hoy se presenta como una facultad, permita entonces que podamos tener actualizado nuestro marco normativo.

Les voy a dar otro dato. Dice, las personas que detiene la policía pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se presenten cargos en su contra, entre 2008-2013 hubo 8 mil 595 personas que permanecieron durante este periodo por más de 80 días en detención preventiva y sin cargos, esta figura que ahora le llamaron arraigo y que, a partir del 2013, ya no se está aplicando, ha sido uno de los abusos también que atentan contra los derechos humanos en nuestro país.

Por eso, compañeros, tenemos todavía una deuda pendiente, hay crímenes que hay que esclarecer, el compañero Ríos Piter fue una de las víctimas del caso de Guerrero, en donde a partir del escenario turbulento que se generó ahí, generó condiciones para su permanencia en la disputa de la representación de ese estado.

Creo que estos hechos han generado, de alguna manera, desde nuestro punto de vista, condiciones para que vayamos actualizar nuestro marco normativo y que tengamos que ver nosotros, en este sentido, como este marco normativo lo enderezamos y terminamos con esta simulación que en el país existe, tardíamente pero lo estamos haciendo, y no es un foro para la demagogia, compañeros.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias a usted, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ríos Piter, por alusiones.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Primero que nada quisiera hacer un comentario, a título personal, a la Mesa Directiva.

Yo estoy convencido de que este tema de desapariciones es uno de los más trascendentales para la vida de nuestro país, es el ejemplo puntual del colapso que tenemos desde impartición de justicia hasta procuración de la misma, por eso me extraña que habiendo muchos interesados en tomar la palabra, la decisión sea restringirla a tres participaciones.

Como Senador por el estado de Guerrero, me parece que es importante, siendo de esa entidad donde ocurrieron los trágicos y terribles hechos de Iguala, la desaparición de 43 jóvenes normalistas, hacer una reflexión puntual de la dimensión que tenemos que darle a este cambio constitucional.

Es increíble, compañeros, y por eso yo reaccionaba a lo que planteaba el Senador Omar Fayad, que lo veamos como un asunto más de trámite. Este es uno de los retos más grandes que tiene el Estado mexicano en su conjunto.

No quiero solamente utilizar el ejemplo de Iguala y Ayotzinapa, vamos al ejemplo de Durango, en el 2010.

En el 2010, le preguntaba al Senador Rosas Aispuro, ¿cuántos cadáveres fueron encontrados en 8 fosas? En aquel momento fue una noticia terrible, durísima, 351 cadáveres.

Hoy, después de que han pasado 5 años, no hay castigo a nadie, no hay información sobre ese tema, solamente fue un escándalo mediático donde 351 cuerpos hallados se quedaron ahí en el olvido, y por eso mi reacción frente a lo que decía el Senador Omar Fayad.

Sin duda alguna. ¿Qué hecho tan terrible puede uno imaginarse, en el peor de los escenarios, como padre de familia? Pues que te digan que tu hijo está desaparecido. Sin duda alguna, es una de las situaciones más críticas, más duras.

Pero yo le diría al Senador Omar Fayad, y creo que es la reflexión que tenemos que tener aquí. Creo que sí hay algo peor aún frente a que te digan que tu hijo está desaparecido, que es una cuestión, creo que no me podría imaginar nada peor, creo que hay una, una que tenemos que reflexionar como legisladores, que si te dicen que tus hijos están desaparecidos, el Estado no te ayude a encontrarlos; que el Estado no te dé garantías de no repetición de los hechos; de pronto, en un país como México, la impunidad tenga una cifra del 98 por ciento; que las cifras de desaparecidos no sean de 1, o de 43, o de 351, en Durango, que las cifras, por lo pronto, de esta crisis sean de 25 mil 821 personas, hombres y mujeres que en esta tierra hoy se encuentran en calidad de desaparecidos, y que cuando uno revisa la lista están en todos lados, no solamente fueron en Iguala o no solamente en Durango:

5 mil 293 en Tamaulipas; 2 mil 139 en Jalisco; mil 730 en el Estado de México; mil 428 en Coahuila; mil 039 en Sinaloa; mil 157 en Baja California; mil 145 en Chihuahua; mil 138 en Nuevo León; mil 088 en Guanajuato, y la lista sigue.

Entonces, la pregunta, compañeros y compañeras, primero que nada, Mesa Directiva, es uno de los temas trascendentales, demuestra el colapso del Estado mexicano en el tema prioritario que a un ciudadano o ciudadana, a un individuo que vive en este territorio se le garantice lo mínimo que debe de garantizar nuestro territorio, que es el derecho a la vida.

Porque hoy las desapariciones forzadas es el instrumento que se ha definido, y se ha diseñado entre los distintos insumos del crimen y del propio Estado, porque son policías los que en carácter de Halcones, van y toman a jóvenes y se los entregan a sicarios, no nos cansaremos de repetirlo, este circuito es el que hace que haya tantos desaparecidos, porque estos desaparecidos, en su mayoría, compañeros y compañeras, son muertos, son muertos, solamente que se les habla con otro nombre.

Entonces, compañeros y compañeras, para mí era muy importante externar este punto de vista.

Soy Senador por el estado de Guerrero, Iguala y Ayotzinapa, es cierto, detonaron una crisis sin precedentes en el Estado mexicano, pero fue una crisis por una razón: porque esos 43 jóvenes dieron muestra de que esto no solamente ocurre en Guerrero, que ocurre en todo el país, y que si ocurre en todo el país, es una muestra de que México está mal, de que es indispensable no solamente un cambio constitucional en esta materia, sino que es indispensable que revisemos y que redefinamos cuáles son los objetivos del Estado mexicano, porque un Estado mexicano sin procuración de justicia, sin impartición de la misma, un Estado en el que hay desaparecidos que acaban apareciendo en fosas clandestinas, es un Estado que no está garantizando lo mínimo: la vida, y entonces, compañeros y compañeras, deberíamos de preguntarnos: ¿para qué estamos en este Senado de la República?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que se está sometiendo el día de hoy ante este Pleno para analizar la desaparición forzada de personas y de tortura, es de suma importancia.

Dentro de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se encuentra una que compete directamente al ámbito legislativo para que este poder emita las normas que permitan prevenir, atender, sancionar y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada que se dan a lo largo y ancho de nuestro país.

De acuerdo con las estadísticas emitidas por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, entre enero y octubre del año pasado, el número de casos denunciados de desaparición se elevó a 5 mil 98 víctimas, cifra, sin duda, alarmante, debido a que no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

El registro nacional informó en 2014, que 5 entidades concentraban el 50 por ciento del número de personas desaparecidas.

En primer lugar, se encuentra el estado de Tamaulipas; en segundo lugar, el estado de Jalisco; en tercer lugar, el Estado de México; en cuarto lugar, el Distrito Federal y en quinto lugar, el estado de Coahuila.

La desaparición forzada no solamente aqueja a nuestros connacionales, y este es un tema que no quería dejar de tratar en este Senado; afecta también a las personas migrantes. Su situación es igual de grave debido a que no se tiene conocimiento sobre a cuántos aquejan dicha práctica, y si esta los afecta en menor o en mayor grado.

Hay algunas organizaciones que han presentado diversos datos, como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; la Casa del Migrante, de Saltillo, Coahuila; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, A.C.; las Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos, en Coahuila, también; el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, entre muchas otras organizaciones y asociaciones civiles, manifestaron en marzo de 2014, que dentro del informe presentado por el gobierno mexicano no se tomaba en cuenta la situación especial de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas migrantes, que por supuesto sabemos, desafortunadamente, suelen ser víctimas de la desaparición forzada.

La falta de datos, particularmente en lo que se refiere a personas migrantes desaparecidas, pues, obviamente no existen, si ni siquiera tenemos un padrón, un registro confiable de los desaparecidos a nivel nacional.

Este informe también indica que el gobierno de Honduras se ha manifestado, que de 2010 a 2014, existían 541 migrantes no localizados.

El gobierno del Salvador registraba mil 584 casos de desaparecidos.

La Red Regional "Verdad y Justicia", ha documentado un total de 344 casos de personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sobre todo en 4 países: El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

COFAMIDE manifiesta contar con un registro histórico de 231 casos de personas migrantes desaparecidas o fallecidas, mientras que COFAMIPRO tiene un registro de 472 casos de personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Lo anterior coincide con otra de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas, respecto al problema existente en nuestro país.

No se cuenta, insisto, con información estadística sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada.

Por lo tanto, esta información no refleja la dolorosa realidad que padecen miles de personas.

Ejemplo de ello, es que hasta el momento nadie ha manifestado alguna reclamación de los cuerpos encontrados en el estado de Guerrero, cuando se realizaba la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

No se tiene conocimiento si estas personas encontradas, los cuerpos encontrados fueron incluidas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Aunado al hecho que desconocemos si se trató de casos de desaparición forzada o si hubo alguna otra participación también de servidores públicos en la comisión del delito.

Habrá que recordar lo que señaló el representante en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, en este Senado de la República, manifestando que el Estado mexicano, por muchos años no actuó y dejó pasar, para oportunidades posteriores, las recomendaciones que el sistema internacional había realizado para prevenir y atender este tipo de casos. Lo que derivó, desafortunadamente, en la tragedia de Iguala, al no actuar con prontitud y no dar continuidad a las recomendaciones que se emitían desde hace ya algunos años.

Entre las recomendaciones del citado comité, se encuentra la falta del registro confiable que permita contar con esta información estadística, lo cual nos parece fundamental.

Amnistía Internacional señaló que no queda claro cómo el gobierno federal declara que hay 22 mil 322 personas como desaparecidas, las cuales no concuerdan con los datos emitidos por la Secretaría de Gobernación, el 22 de mayo, que se referían a 8 mil personas y posteriormente el 16 de junio señaló que se trataban de 16 mil personas.

Concluyo.

Otras de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a nuestro país, son: la cooperación judicial en materia de desaparición forzada; la creación de una fiscalía especializada en la investigación de desapariciones forzadas, dotada de recursos y personal capacitado; la capacitación de los servidores públicos que intervengan en la custodia o tratamiento de personas privadas de la libertad y búsqueda de personas desaparecidas, entre muchas otras más.

No quería dejar de mencionar, en esta tribuna, lo que ocurre hoy, desafortunadamente, con las personas migrantes, que sí son víctimas de desapariciones forzadas, y vemos aquí a muchos de ellos, de El Salvador, de Guatemala, que vienen a este Senado de la República tratando de buscar respuestas, porque no encuentran al hijo, al hermano, al sobrino, al esposo y esto no puede, no debe seguir ocurriendo, y que bueno que este Senado de la República esté actuando.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

El presente dictamen reviste una trascendental importancia, para garantizar los derechos humanos.

Esta reforma tiene como finalidad, facultar al Congreso de la Unión para expedir en un lapso de 180 días la legislación general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Ello deviene de reconocer, que a pesar de los grandes esfuerzos en la aplicación de las normas vigentes en materia de seguridad y justicia, aún se presentan múltiples casos de tortura en todo el país.

La tortura es una práctica completamente inhumana y contraria a todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y contraria a los principios de nuestra Constitución.

La legislación deberá servir de instrumento para que las autoridades de todos los niveles de gobierno, encargadas de la investigación de los delitos, erradiquen esta práctica y, en su caso, sean sancionados conforme a la ley.

La legislación deberá establecer como mínimo:

Primero. La definición del tipo penal que vaya acorde a los tratados internacionales.

Segundo. La prevención de la tortura, desde el momento de la detención y en todo el proceso.

Tercero. La prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura

Cuarto. La independencia de los peritos que califiquen la existencia o no de la tortura.

Y quinto. Investigar todas las denuncias de este delito de manera exhaustiva.

Es decir, tener los controles necesarios para prevenir e inhibir la tortura y, por supuesto, castigar a las autoridades que lo cometan.

Esto es, sin duda, un paso importante para erradicar la tortura que tanto daña al debido proceso en México.

Por otro lado, debemos resaltar que en esta legislatura hemos avanzado para consolidar una nueva realidad en materia de seguridad y justicia en el país.

Una realidad derivada de la voluntad política de todos los legisladores para atender los reclamos sociales.

Es por ello que, atendiendo esta demanda social, por los muchos y desafortunados casos de desaparición de personas, como consecuencia de perpetración de la delincuencia organizada en nuestro país, es necesario expedir una ley general que sienta las bases y distribuya competencias entre las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad.

En nuestro país existe una gran preocupación en torno a este delito, y la situación de impunidad que permea en todo el territorio nacional.

Actualmente se han presentado más de 400 quejas por desaparición forzada, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las cuales se han resuelto solo 30, según informe de la propia comisión.

Resulta lamentable que derivado de esta inacción de la autoridad, las personas desaparecidas jamás sean encontradas y que la verdad detrás de estos hechos, nunca llegue a esclarecerse, sus familias y amistades, en muchos casos, jamás llegarán a saber la verdad.

Reconozco que se han hecho esfuerzos importantes, yo diría que muy importantes por parte del gobierno federal y de este Congreso de la Unión, para expedir la Ley General de Víctimas, así como la acción emprendida desde el Ejecutivo Federal para la publicación de extractos, de la base de datos sobre personas desaparecidas o no localizadas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013, para responder a la problemática de las desapariciones.

Además de estas acciones, resaltan las reuniones con algunos familiares de desaparecidos, en donde el gobierno se ha comprometido a elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas; el acuerdo con expertos forenses internacionales para identificar los restos de migrantes centroamericanos desaparecidos; y el compromiso de promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y localización de víctimas de desaparición en todas las procuradurías de justicia.

Otro aspecto a destacar, es el propio compromiso que ha hecho el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló en febrero de 2013, "vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de las personas, pero vamos a trabajar mucho más hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder, y si sucede, que exista lo mínimo que debe otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas".

En este sentido, la legislación en esta materia debe ser una realidad que permita al Estado contar con las herramientas jurídicas para coordinar las acciones de todos los niveles de gobierno y combatir este flagelo social.

Por todo lo anterior y por la relevancia de ambos temas, mi voto será a favor del dictamen.

Estoy convencida de que estas modificaciones marcarán un cambio a favor de la construcción de una sociedad más respetuosa de la ley de los derechos humanos y de la justicia en México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Quiero dar la bienvenida a este dictamen y manifestar mi voto a favor del mismo.

La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, la cual se integra por el apoderamiento de una persona contra su voluntad mediante la detención regular, secuestro, traslado fuera de lugar de detección oficial o alguna otra forma de privación de la libertad.

Estas acciones deben haberlas revisado agentes del Estado o grupos organizados, o particulares con el apoyo directo o indirecto del gobierno para que sean consideradas como desaparición forzada.

En días recientes, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República a trabajar en una serie de acciones para combatir la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Haciendo una breve reflexión, estoy segura que con esta reforma estamos contribuyendo sustancialmente a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y sancionar a los responsables.

Como decía hace un momento, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, miembros de las Fuerzas de Seguridad de México, han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde hace más de diez años.

Esto ha dado como resultado que integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan viéndose involucradas en desapariciones y, en algunos casos, presuntamente en colaboración directa con organizaciones delictivas.

En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del Estado.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en el año 2010, el Estado mexicano está obligado a tomar medidas para combatir la desaparición forzada.

Por lo tanto, estamos ante un tema que muchos sectores de la sociedad están esperando y que es clave en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

En el segundo examen periódico universal que hace México ante la ONU, se hicieron 188 recomendaciones a nuestro país en materia de combate a la tortura y la desaparición forzada.

Hace algunos meses el Observatorio Internacional de Derechos Humanos exhortó a la PGR a acelerar en todo el país la base de datos ante mortem, post mortem, que permitiría a agentes del Ministerio Público impulsar investigaciones penales para la atención de casos de desaparición.

También recomendó informar sobre los nombres de las 30 mil personas cuyo paradero se desconocía y no han sido halladas, así como las 22 mil que continúan extraviadas.

A nivel local, tristemente, me viene a la memoria el video difundido en distintos medios de comunicación en donde se muestra a una persona que se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría del estado de Tlaxcala, siendo asfixiada por agentes de dicha institución y tortura físicamente de manera cruel.

La respuesta de las autoridades locales ante este acto fue negar y contradecirse en la relación de los hechos.

En otras palabras, tenemos mucho trabajo en el tema y el presente dictamen me parece que abre la puerta para trabajar con mayor incidencia desde el Congreso.

Sabemos que hay muchos inocentes tras las rejas a causa de la tortura y muchos culpables en libertad por este tipo de prácticas.

Reitero mi bienvenida y voto a favor del presente dictamen con la seguridad de avanzar, sobre todo, en el fortalecimiento a nivel local en contra de este tipo de acciones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda alguna, hoy nuevamente nos encontramos en la necesidad de legislar obligados por las circunstancias.

En la reforma que se analiza, no sólo por la omisión de las autoridades en México, sino también el flagelo de la indiferencia legislativa, sí, compañeros, la indiferencia que tanto daño le hace a este país, pues obvio recordar que no es potestativo legislar en la materia, sino una obligación desde el momento en el cual México suscribió la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París, el 6 de febrero de 2007.

Estableciendo una serie de obligaciones universales, jurídicamente vinculantes para que los estados signatarios, entre las que se destaca lo dispuesto en el artículo 3, que a la letra dispone: "los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

Por esta razón, hoy felicito a mis compañeros que presentaron estas iniciativas, todas en la misma materia de los diferentes partidos políticos, y también a las comisiones que les tocó dictaminar esta iniciativa.

Para continuar con mi intervención, voy a permitirme transcribir el contenido del artículo 2o. de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas, en el cual se define el concepto de desaparición forzada en los siguientes términos.

"Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma cometida, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

En esta modalidad del delito, lo más indignante es la participación de los agentes del Estado que precisamente tienen la necesidad de velar por las garantías de seguridad de cualquier ciudadano. Por tal razón, es más reprochable el delito.

En tal concepto, la desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenta contra un conjunto de diversos derechos fundamentales, que por su gravedad y su complejidad, sin duda, debe ser regulado por el Congreso de la Unión, pues su comisión implica la violación de diversos derechos fundamentales, de los cuales mencionaré algunos:

El derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho al trato humano y respeto a la dignidad, el derecho a la reparación, incluso mediante la indemnización, el derecho a la libertad de opinión, expresión e información, el derecho laboral, de seguridad social y políticos.

Este conjunto de derechos vulnerados se concluyen de las primeras sentencias formuladas por organismos internacionales en los años 80's, a partir de los derechos reconocidos, entre otras legislaciones, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y que sirvieron para desarrollar la jurisprudencia internacional relativa a este crimen.

El asesinato de la persona víctima de la desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas, un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a las comunidades o colectivo social al que pertenece la persona.

Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongado y amplificando el sufrimiento que se les causa a familiares y allegados. Estos últimos, y especialmente por su vulnerabilidad, los niños, que pueden ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.

El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar, desde el último cuarto del siglo XX, a raíz de la multiplicación de los casos de desaparecidos en América Latina y gracias a las movilizaciones de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron, primero, en estos países, y luego en muchos otros más del mundo, especializándose en denuncia y concientización.

En México se ha agudizado el problema de la privación de la libertad de ciudadanos por parte de agentes policiacos o por grupos criminales con protección de policías o con la complacencia de éstos.

Ayotzinapa no es una excepción en la comisión de este delito, sino una excepción, en todo caso, a la impunidad. Y un caso más, de los tantos que se escriben en el silencio de muchos rincones de la República Mexicana sin que nadie les haga justicia.

Y para no irme a poner ejemplos a otros estados de la República, pues pongo el ejemplo de mi estado, Coahuila. Qué me dicen ustedes de Allende, Coahuila, donde asesinaron y desparecieron a centenares de personas sin que ninguna autoridad se diera cuenta.

Y por qué no mencionar también las cosas de Arteaga, que hasta hoy no se ha hecho justicia a ninguna de las víctimas.

Esta reforma constitucional es obligada, y es sólo el inicio para cumplir con una obligación añeja que nos exige responsabilidad congruente, aprobarla y de inmediato trabajar en las leyes secundarias que castiga este flagelo vergonzoso.

No debemos caer en la tentación de una ley al vapor, y de nuevo pongo a Coahuila de ejemplo. Se emite una Ley de Desaparición Forzada que no satisface la garantía del derecho de los familiares de los desaparecidos, imponiendo la obligación de garantizar el sueldo de trabajadores en el caso de desapariciones forzadas o continuar dándole seguridad social.

Este tema, compañeros, le compete al Congreso de la Unión y, por supuesto, que estoy de acuerdo en que se les entregue ese sueldo y la seguridad social, pero que el Estado cumpla con lo suyo, que se deduzca de sus impuestos a estas personas.

Si el Estado, por conducto de sus cuerpos de seguridad, daña de manera criminal a sus ciudadanos, que el Estado responda con seguridad y certidumbre de las víctimas, y no sólo eso, que todo el peso de la ley recaiga en los responsables, porque es más criminal quien, protegido con investidura que le da el Estado, atenta contra la seguridad, la vida y la dignidad de aquellos a quien tiene la obligación de proteger.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Cierra la ronda de participaciones pactadas la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hemos hablado bastante acerca de la desaparición forzada porque ésta constituye uno de los delitos que más dolor e indignación produce a nuestro país.

Mucho se ha hablado de Iguala, pero hay que repetirlo, porque un mexicano o mexicana desaparecida es una responsabilidad para las instituciones por el agravio a la libertad y el dolor que produce a las familias.

La desaparición forzada implica una violación múltiple de derechos humanos, consagradas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.

El tema preocupa a los y las mexicanas.

Parametría hizo una medición, de cada 10 hombres y mujeres consultados 9 dijeron estar preocupados por la desaparición; y un tercio de la sociedad atribuye a que la desaparición forzada se da más en niñas, niños y jóvenes mexicanos.

Sabemos que las dimensiones de este problema requieren acciones normativas e institucionales, rápidas y contundentes, pero la diversidad de la metodología y mediciones que existen solamente nos acercan a aproximaciones de las desapariciones.

Y si no chequemos: PGR habla de 22 mil, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas de 26 mil, contra lo que refleja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su último informe dijo haber recibido 63 mil 629 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales para localizar a personas desaparecidas.

Con base en lo anterior, una de las ventajas que esta reforma traerá consigo es que nos permitirá perfeccionar las herramientas para contabilizar e identificar los casos de desaparición forzada de personas, así como los casos en que por alguna u otra causa, contraria a la ley, exista una privación de la libertad imputable a particulares.

El gobierno de la República ha actuado con determinación para revertir las conductas que vulneran los derechos humanos, lo que demuestra con la disminución de hasta un 60 por ciento en el número de recomendaciones emitidas por la CNDH.

La relevancia de esta reforma constitucional, que estamos por aprobar, es incuestionable, pues representa un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios de atender con precisión uno de los aspectos más sensibles que atentan contra los derechos humanos de los y las mexicanas.

La desaparición forzada de las personas, la privación de la libertad, contraria a la ley por particulares, no encuadrada en el secuestro y la tortura.

Esta cuestión se debe tomar con la más alta responsabilidad, por lo tanto, merece toda nuestra atención, análisis y actuación.

Por ello, con esta acción parlamentaria en contra de que continúe la desaparición forzada o no de personas y también la tortura, podrá ser atendida de forma contundente.

Por eso estamos seguros que la votación será favorable, porque hemos dado un paso para evitar que se siga cometiendo la más desastrosa violación a los derechos humanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, con su venia, señor Presidente.

Hablar de las desapariciones forzadas, de los asesinatos extrajudiciales y de la tortura es difícil, es difícil no hacer un planteamiento que vaya lleno de emoción y de recuerdos, del trauma que ha tenido nuestro país por este tipo de actos que avergüenzan a México ante el mundo.

Muchos compañeros oradores que han pasado aquí, han planteado su verdad, han planteado su visión sobre este tema doloroso de México.

Yo les digo, compañeros Senadores, que más de uno tiene que pedir perdón por las desapariciones forzadas, por la tortura, y por los asesinaos extrajudiciales.

Decirles que la desaparición forzada de personas en México es una práctica de estado, que desde la década de los 60's muestra planeación, sistematicidad y complejidad, una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que incluso ha tenido diversas etapas en los últimos años y diversas modalidades de realización.

¿Por qué se dan las desapariciones forzadas?

Una forma de mantener el orden desde la visión de un régimen autoritario es quitando de en medio a los que le hacen ruido; quitando de en medio a todas aquellas personas que no coinciden con la forma en cómo se está llevando a un gobierno, porque la forma de gobernar genera situaciones de sufrimiento inmenso para el pueblo.

Cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han empobrecido a México; cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han saqueado al país; cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han entregado nuestros recursos naturales estratégicos al extranjero; cómo coincidir con la mordaza a la prensa; cómo coincidir con tantas y tantas prácticas que lastiman a la sociedad.

Esto dio surgimiento desde siempre a los luchadores sociales que fuimos y fueron los candidatos predilectos del régimen para las desapariciones forzadas, para los asesinatos extrajudiciales y para la tortura.

Miles y miles de familias enlutadas en México que aún con el paso de los años siguen clamando: "vivos se los llevaron y vivos los queremos".

Son miles y miles de casos emblemáticos de nuestro país, de compañeros y compañeras que su único delito fue no coincidir con un régimen de oprobio, que su único delito fue no someterse al imperio del autoritarismo.

¿Con esta reforma se va a corregir el problema de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura?

No, compañeros, no se va a corregir porque el gobierno de Peña Nieto le ha apostado a la premisa de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos; y ha apostado a una política que se basa en la militarización y en el uso de la fuerza.

Mientras no se corrijan estas políticas difícilmente se va a corregir el problema que se está planteando.

¿La reforma al artículo 73 sirve? Por supuesto que sirve, por eso vamos a votar a favor, porque tenemos la esperanza de que esta reforma sea la ruta que el país requiere para la reconciliación nacional; que esta reforma tenemos la esperanza sea la ruta que el país requiere para que los miles enlutados por las desapariciones forzadas, por las ejecuciones extrajudiciales y por la tortura, encuentren consuelo a su inmenso dolor, que el Senado les dé esa oportunidad.

Por estas razones vamos a votar a favor del artículo 73. Pero seguiremos diciendo a los cuatro vientos, en las desapariciones forzadas, en las ejecuciones extrajudiciales y en la tortura, "vivos se los llevaron y vivos los queremos".

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Por último, vamos a darle el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas, en su calidad de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, saludo la presencia de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y que reivindican la presentación de los desaparecidos, el caso de los Centros de Derechos Humanos "Juan José Larios"; el "Migue Agustín Pro Juárez"; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; familiares en busca de María Herrera; Fuerzas Unidas de nuestros desaparecidos tanto de Coahuila como del Estado de México, Freedom House; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FUNDAR; Ideas, la Red de Enlace Nacionales de Familiares en Busca de Desaparecidos; la Red de Eslabones por los Derechos Humanos; Verapaz; Servicios de Asesoría para la Paz, que pues están haciendo un trabajo encomiable por lograr la presentación con vida de muchas mexicanas y mexicanos que hoy lamentablemente no solamente han sido privados de su libertad, sino que han sido separados de su familia.

Y ahí hay una larga lista donde aparecen, por supuesto, la familia Torres Mojica, del Distrito Federal, 6 de sus integrantes; Darcy Mariell Lozada, del Estado de México; Alejandra Muciño, del Estado de México; Abigail Santiago Zavaleta, muchas mujeres en esta situación.

Y coincido con lo que aquí se ha señalado por mis compañeras y compañeros Senadores, el día de hoy vamos a aprobar una reforma de la mayor trascendencia en nuestra Constitución, donde se otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una legislación inherente a las conductas delictivas de la tortura y de la desaparición forzada de personas a fin de que a través de instrumentos legales de esta naturaleza se establezcan los tipos penales y las sanciones correspondientes homologando las previsiones en torno a conductas delictivas cometidas por autoridades en todos los órdenes de gobierno.

Se trata, en síntesis, de establecer la obligación del Estado para garantizar la seguridad, la integridad y el desarrollo pleno de los ciudadanos, y que se puedan sancionar las conductas delictivas en donde representantes del Estado mexicano incumplan con sus responsabilidades e incurran en delitos como la desaparición forzada, la tortura o la privación ilegal de la libertad.

Muchos de nosotros, un buen número de legisladores de la izquierda, nos formamos justamente de jóvenes en la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos.

Y al mismo tiempo, participamos en organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión, el Grupo Eureka, el Grupo por la Representación de los Desaparecidos Políticos, en momentos en donde el Estado mexicano actuaba con plena impunidad en la violación de muchos de los ciudadanos en el país.

Con esta reforma, otro escenario, con otra condición legal, se hubiera enfrentado a la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968; el 10 de junio de Corpus en 1971; la Guerra Sucia de los años 70's, donde compañeros nuestros, muchos de quienes optaron por otra vía de lucha política, como fueron los movimientos armados, eran arrojados al mar en helicópteros del Ejército y de la Marina.

Otro escenario sería si esta legislación no hubiera estado vigente cuando aparecían no solamente delincuentes, sino disidentes políticos en el río Tula o muchos de quienes fueron incinerados en los hornos del penal de Santa Martha Acatitla aquí en el Distrito Federal.

Esa impunidad no tenía límites, tenemos muy presente lo que decía Benedetti en este poema de hombre preso que mira a su hijo cuando dice: "La libertad o muerte era una redundancia", como sucedía en esos años.

Lamentablemente este fenómeno no ha desaparecido, se trata de un delito continuado, porque como lo demostró el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, unos en 1994, otros en 1996, volvió a recrudecerse la práctica de la desaparición forzada, y lamentablemente el día de hoy, ya el enemigo interior no solamente es el disidente, el opositor político, hoy este riesgo y esta práctica alcanza prácticamente a toda la población, en el momento en que la lucha contra el narcotráfico no solamente estableció, de manera unilateral, una guerra desde el Ejecutivo Federal, sino que permitió la salida del Ejército a las calles, la militarización del país, y el hecho de que independientemente de la discrepancia de cifras, por lo menos 25 mil 821 ciudadanos y ciudadanas mexicanas no aparecen y están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y a la fecha ninguna autoridad ha rendido cuentas o explicado cuáles han sido las causas de la desaparición forzada de estas personas.

El Estatuto de Roma señala que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que se entiende como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un estado o una organización política o con su autorización, apoyo o adyacencia seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de estas personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se produce una privación arbitraria de la libertad, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido y la víctima, establece que la víctima se encuentra en un estado de completa indefensión.

Nuestro país ha ratificado diversos compromisos y convenciones internacionales. En 1986, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo; en 1987, ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y hasta hoy estamos dando un paso firme para una reforma constitucional que nos permitirá legislar en la materia en momentos en donde el país vive la más profunda crisis de derechos humanos, después del 68 y donde la impunidad, el abuso de poder y la responsabilidad directa del Estado mexicano por acción u omisión en la crisis de desaparición de personas, ya sea de manera forzada o por particulares no ha variado.

Prueba de ello es cómo de las 11 mil 254 quejas de torturas y malos tratos recibidos entre los años 2005 y 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por dar un ejemplo, emitió 223 recomendaciones sobre las cuales no existe una sola sentencia de carácter penal.

Ha sido muy intenso el debate sobre estos temas, la reciente evaluación de México por parte del CED expresó que en el contexto de desapariciones se ha generalizado en gran parte de nuestro país, muchas de estas desapariciones, declara el informe, podrían calificarse por desapariciones forzadas.

Lo mismo el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Desaparición Forzada, han emitido recomendaciones para que el Estado mexicano, a la brevedad posible, legisle y emita una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada, contenidos en las distintas convenciones, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas; así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas y la sanción a las autoridades que incurren en prácticas de tortura, malos tratos y abuso de poder contra los ciudadanos.

Por eso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa, solicitó al Senado agilizar la modificación de la Constitución, lo cual estamos cumpliendo el día de hoy, a ver si los Diputados hacen su trabajo.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles documentó recientemente que la práctica de la tortura está aún generalizada entre la policía y el Ejército en México y ocurre particularmente al momento de la detención de las personas y antes de ponerlas a disposición de un juez, y que la tortura realizada prácticamente por todos los cuerpos involucrados en la detención de personas.

Esto ya no se trata de hechos aislados, se trata lamentablemente de una práctica regular de autoridades mexicanas en donde se incurren delitos de estado por la desaparición forzada, las torturas o los tratos denigrantes.

El ejemplo más reciente de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en donde si bien se han identificado responsabilidades del presidente municipal, del responsable de seguridad pública del municipio, la detención de policías municipales, no se ha avanzado en la detención y el desmantelamiento de la red de intereses y complicidades que permitió la operación de estos grupos delictivos en esta región del estado de Guerrero y no se ha avanzado en identificar y deslindar las responsabilidades de autoridades federales y locales, y por mucho rebasan lo que es el ámbito de intervención que tuvo la autoridad municipal.

Por eso, con esta ley esperamos dar un paso definitivo para enfrentar la desaparición voluntaria y la tortura frente a la impunidad, la violencia y la corrupción que impera.

Y espero que la ley general erradique disposiciones jurídicas absurdas, como las que establecen que cuando un familiar solicita el amparo ante la autoridad correspondiente para la eventual desaparición y presentación de una víctima por parte de la autoridad se requiera la ratificación de la víctima para poder obtener el amparo tres días después cuando la víctima se encuentra desparecida contra su propia voluntad.

Yo espero que esta reforma se traduzca en una ley general que por fin obligue a que el Estado cumpla su responsabilidad y castigue estos delitos, ellos de lesa humanidad, que son responsabilidad plena del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno.

Esperemos que todos votemos a favor de esta reforma constitucional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Informo a la Asamblea que el Senador Arturo Zamora Jiménez entregó a la Mesa Directiva el texto de su intervención, misma que se integra al Diario de los Debates.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Mayela Quiroga Tamez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia



El Senador Daniel Amador Gaxiola: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto entregó una propuesta de modificación a la consideración octava del dictamen, la cual someteremos a su consideración en votación económica.

Solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a la consideración octava del dictamen, en su párrafo onceavo:

"Con ello, se garantiza una regulación homologada en todo el país para sancionar las conductas que atenten en contra de la libertad de las personas y que constituyen, además de delitos, violaciones a los derechos humanos, tales como el desplazamiento forzado, el tráfico de personas, el secuestro o la detención arbitraria, entre otras conductas".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aclaro que esta adición pide se someta a consideración el Senador Zoé Robledo, es en la parte expositiva y no altera en nada el contenido del dictamen.

Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta esta adición.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora al dictamen la consideración octava del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, incorpórese al dictamen la propuesta del Senador Zoé Robledo, que acaba de ser aceptada.

Concluida la lista de participantes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 108 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.

Sonido en el escaño del Senador Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Señoras y señores Senadores, estamos a punto de concluir el periodo de sesiones, hemos transitado con civilidad y con respeto acordando los grandes temas de interés nacional.

El Senado de la República debe garantizar la debida integración y funcionamiento del Tribunal Electoral, tema pendiente.

En particular, cuando el país renueva sus autoridades políticas a través de los procesos electorales.

No podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar incompleta la Sala Superior por cálculos o intereses partidarios.

Han transcurrido semanas desde que recibimos la terna por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también han transcurrido semanas del vencimiento del plazo que la ley establece.

Para que este periodo concluya exitosamente, debemos aprobar el nombramiento del Magistrado Electoral faltante en las horas que nos restan.

En consecuencia, el grupo parlamentario de Acción Nacional se retira de esta sesión para dar espacio al PRI a rectificar en su posición de no discutir y votar este nombramiento.

En este periodo, Acción Nacional ha demostrado compromiso y responsabilidad; hemos participado y votado las decisiones y reformas que le convienen a México.

En esta sesión hemos defendido y aprobado cambios constitucionales de la mayor relevancia para el país, no le hemos regateado nada al avance de nuestra nación.

Tenemos la calidad moral para exigir que las fuerzas políticas representadas en el Senado actúen en el mismo sentido. Esperamos que este tiempo le sirva al PRI para hacer lo correcto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Miguel Romo, te escuchamos.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos escuchado con mucha atención y con interés lo expresado por nuestro compañero, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Senador Herrera Ávila, y quisiera a nombre del grupo parlamentario dejar constancia de que, por supuesto que asumimos y venimos asumiendo con toda responsabilidad la tarea de analizar cuidadosamente en este tema que se ha referido, en concreto de la propuesta hecha por la Suprema Corte de Justicia de los aspirantes para ocupar esta magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación.

Debo de señalar que, en el ejercicio parlamentario, que es con natural a la función que nos ocupa, que es el debate, hemos venido, en el grupo parlamentario, haciendo esta discusión, ponderando las características de los 3 aspirantes, que nos parecen las 3 personas con capacidad profesional, con una carrera y trayectoria en el ámbito judicial, que los acredita, sin duda alguna, para la función a la cual han sido propuestos.

Desde luego, en este ejercicio, en el grupo parlamentario hemos tenido diversidad de opiniones, todas favorables, pero finalmente no se ha generado un consenso que defina una postura del grupo en ese sentido.

En consecuencia, quiero puntualizar que continuamos, y el día de mañana, en la sesión de nuestro grupo, en la previa, continuaremos discutiendo y buscando el consenso necesario para asumir justamente esta responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romo Medina.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, sobre los comentarios que ha hecho el coordinador del Partido Acción Nacional.

Hay que tomar consideración de 2 cuestiones:

La terna es enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron 5 las personas que se registraron.

En la eventualidad de que no nos pongamos de acuerdo en la votación para elegir al Magistrado, que tiene que tener dos tercios, equivale que regresaríamos la terna; en los dos intentos, si no nos ponemos de acuerdo, se regresa la terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya no habrá posibilidades, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de integrar otra terna, porque solamente se registraron 5 personalidades.

De tal manera, que sí debiésemos tomar alguna medida que permita el consenso de los grupos parlamentarios para que no se termine el periodo ordinario de sesiones, y prácticamente el último de esta legislatura, y dejemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en número par.

Hoy, hace rato se acaba de tener una votación muy importante, no hubo un problema derivado de que hubiera un empate; si hay empate, entonces tendría voto de calidad el Presidente, todo a partir de que no está el Magistrado que falta.

Ojalá, y me sumo a la preocupación, tanto del Senador coordinador del PAN, como del Senador Romo Medina, para que podamos determinar lo conducente ya.

Es decir, pues, a más tardar mañana.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Carlos Alberto Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para comentar acerca de lo expresado por el coordinador parlamentario de Acción Nacional, que en nuestra consideración, para el Partido Verde, no es retirándose de la Asamblea, no es tratando de ejercer una presión como vamos a lograr los acuerdos.

Creo que cada grupo parlamentario está haciendo los trabajos al interior para logar los consensos de la decisión que habremos de tomar.

No hemos culminado el periodo, y creo que tenemos mucho trabajo aún pendiente por desahogar. Pero si el mensaje es que se va a condicionar todos los trabajos, bueno, decir que nosotros asumimos el compromiso de hacer el ejercicio de lograr los consensos al interior de nuestro grupo parlamentario, pero que no coincidimos con este ejercicio de presión, ni de chantaje.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.

La Asamblea ha escuchado los argumentos expuestos por quienes han participado.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las autorizaciones de la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se autorizó el retiro de la iniciativa de la Senadora Pineda Gochi, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado el 30 de abril de 2014.

Se amplió el turno al proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, presentado el 3 de abril de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, se amplió el turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentado el día de ayer, 28 de abril, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

También se amplió el turno al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, presentado el 16 de abril pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Primera.

Igualmente, se rectificó el turno del punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Guerrero a establecer el diálogo con el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, presentado el 23 de abril pasado, para quedar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Le informo a la Asamblea que se incorporan los votos del Senador Ernesto Cordero, del Senador Emilio Gamboa, del Senador Aarón Irízar y el Senador David Monreal, en la votación anterior.





 

Les informo que todas las proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Mely Romero Celis, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Ricardo Urzúa Rivera y Luis Armando Melgar Bravo, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima a reforzar las acciones de promoción y difusión del voto, la educación cívica y la cultura democrática, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, MELY ROMERO CELIS, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, RICARDO URZÚA RIVERA y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276  y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 41, base V, párrafos primero y Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral (INE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Así, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes el próximo 07 de junio del año en curso, día en que se celebran elecciones federales para elegir a los Diputados Federales que han de integrar la Cámara de Diputados para el Periodo Constitucional 2015-2018.

En esa misma fecha, hay elecciones concurrentes en 17 Estados, nueve de ellos para renovar la gubernatura, salvo Chiapas, cuya elección está programada para el 19 de julio.

De igual forma, se elegirán 641 diputaciones locales, 387 de mayoría relativa y 254 de representación popular, así como 993 alcaldías, 20 juntas municipales en Campeche y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal.

Los nueve estados donde se elegirá gobernador son Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro.

Lo anterior implica un trabajo puntual y coordinado entre los diversos entes públicos que han de participar en el proceso electoral para que el resultado obtenido de los sufragios emitidos en las urnas sea el resultado democrático de la ciudadanía, sin que medie intimidación, coacción, compra o cualquier otro elemento que vicie el voto.

Cabe recordar que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que queda estrictamente prohibido cualquier acto que genere presión o coacción a los electores, así como se dispone el número 2 del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo tanto, cualquier acto de coacción por parte de los partidos políticos, ciudadanos, organizaciones o incluso autoridades, debe ser sancionado.

No debemos permitir que el sufragio de los ciudadanos se vulnere mediante la compra o coacción, porque estaríamos permitiendo que se afecten los principios de la democracia.

Contamos con instituciones encargadas de preparar, organizar y vigilar el proceso electoral 2014-2015, a las cuales hago un llamado en esta ocasión para invitarlas a poner más atención en los hechos que se han venido sucediendo en algunos estados de la República que afectan la libertad de los ciudadanos en sus preferencias electorales.

En este caso me refiero al Estado de Colima, donde en las últimas semanas se han observado conductas recurrentes de compra de votos, a través de la entrega de tarjetas que pueden ser canjeadas por dinero o en especie, si gana un determinado candidato que representa al Partido Acción Nacional en dicho Estado.

Ello se ha comprobado con la detención de tres personas el sábado 25 de abril del año en curso, por elementos de la Policía Estatal en coordinación con las corporaciones de seguridad municipales; dos de ellas en el Municipio de Tecomán y una más en Villa de Álvarez. Personas que con indumentaria del Partido Acción Nacional y con los lemas de campaña del candidato a gobernador del mismo partido, registraban a la población para entregarles una tarjeta que sería canjeada por dinero o en especie una vez que el candidato que representa al Partido citado ganara la elección.

Son hechos que resultan lamentables a la democracia del país y particularmente del Estado de Colima; hechos que no debemos permitir que sigan sucediendo porque lesionan la voluntad popular y afectan el libre ejercicio del voto.

Por estos motivos, se considera importante que, como autoridades preparadoras, organizadoras y vigilantes del proceso electoral 2014-2015, tanto el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Colima, sean más incisivos en la promoción y difusión del voto, la educación cívica y la cultura democrática, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Como autoridades encargadas de conocer, atender y perseguir la probable comisión de delitos electorales, se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima para que en uso de sus atribuciones, persigan las conductas que constituyen delitos electorales, las cuales afectan el correcto desarrollo del proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Colima.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, para que en uso de sus atribuciones refuercen las acciones de promoción y difusión del voto, la educación cívica y la cultura democrática, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, para que en uso de sus atribuciones, persigan las conductas que constituyen delitos electorales, las cuales afectan el correcto desarrollo del proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Colima.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese este para los efectos legales conducentes a las autoridades indicadas en el mismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 29 de abril del 2015.

Atentamente,

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De La Mora.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Ricardo Urzúa Rivera.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que se han implementado para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.







 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD, INFORME EL AVANCE QUE GUARDA DENTRO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTILLA ELECTRÓNICA DE VACUNACIÓN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 8 de septiembre de 2010, se publicó en el Diario oficial de la federación la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, en la cual se establece los objetivos funcionales que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

Estando México en una sociedad globalizada que demanda comunicación e información compartida requiere el fortalecimiento de la sociedad de la tecnología de la información.

Los servicios de salud han detectado en esta tecnología de las telecomunicaciones y de la información un aliado para aumentar la eficiencia y calidad en la prestación de las unidades de la salud para un mejor bienestar de la población con el expediente clínico electrónico.

Este expediente es el avance de la ciencia que permite almacenar los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser accesado por múltiples usuarios autorizados.

Contienen información retrospectiva, concurrente y prospectiva que permite conocer el estado de salud del paciente de manera integral lo que permitirá conocer sus antecedentes patológicos, su estado actual y recibir atención en menor tiempo evitando que la falta de información clínica retrase la atención y pueda ser causa de errores médicos, por desconocimiento del estado de salud del paciente.

Estos expediente contienen los eventos de salud que han padecido las personas, así como los antecedentes médicos de salud a los que haya sido sometido iniciando con inmunizaciones, tratamientos médicos, intervenciones, o sea todo su historial médico.

Con la modernización de la salud el Instituto Carlos Slim de la Salud ha desarrollado una aplicación para hacer la cartilla electrónica de vacunación lo que permitirá tener una base de datos actualizada sobre cuántas personas se vacunan y en donde existe desabasto.

Esta aplicación se asignó a la Secretaría de Salud de manera gratuita con lo que puso como fecha la aplicación a partir del 21 de septiembre del 2014, primero como programa piloto en dos entidades federativas llegan a  cubrir la república en el 2015.

Con lo anterior, se podrá tener un registro veraz del porcentaje de vacunación de la población lo que actualmente se requiere fortalecer logrando mejores encuestas de información y de identificación de áreas con cobertura de vacunación insuficiente, los factores asociados a no vacunación, o a vacunación incompleta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud informe el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 29 de abril de 2015.

Atentamente,

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum.- Sen. Hilda Flores Escalares.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur a realizar auditorías respecto del ejercicio de recursos federales y locales durante la administración del XI ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A QUE REALICENAUDITORÍAS RESPECTO DEL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES Y LOCALES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria son dos componentes fundamentales de todo gobierno democrático toda vez que contribuyen a fortalecer la eficiencia y calidad del gasto público vinculando permanentemente a gobernados y gobernantes.

La rendición de cuentas implica que los servidores públicos informen, expliquen y justifiquen las acciones que llevan a cabo en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de los recursos, y también contempla la determinación de sanciones que se deriven del incorrecto ejercicio de dichos recursos.

Al respecto, en nuestro país contamos con un Sistema Nacional de Fiscalización que busca establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de proporcionar certidumbre a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral, mismo que se ha fortalecido con las recientes reformas de transparencia y anticorrupción.

El uso de los recursos públicos por parte de las autoridades, se constituye como uno de los principales temas sujetos a la opinión pública, dado que como ciudadanos siempre tenemos interés en que los funcionarios públicos cumplan con su trabajo de forma correcta, respetando el marco jurídico y utilizando los recursos públicos de que dispongan de conformidad con las reglas que en materia de gasto se han establecido, asimismo deben rendir cuentas claras que permitan comprobar que el dinero que se les entrega para cumplir sus funciones no es desviado o utilizado para obtener beneficios personales, hecho que desafortunadamente ha quedado visto en algunas administraciones de todos los órdenes de gobierno.

En ese sentido en años recientes se han evidenciado de forma reiterada en medios de comunicación nacionales y locales, diversas irregularidades relacionadas con la gestión de recursos en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

A continuación se enlistan algunos de los temas que han sido señalados por autoridades, organizaciones civiles y la población sudcaliforniana, quienes han manifestado su inconformidad porque hasta la fecha no han sido esclarecidos:

1. Agosto de 2013.La documentación histórica de las administraciones municipales de Luis Armando Díaz y René Núñez Cosío, que precedieron a la del actual alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, se quemó.

El incendio tuvo lugar en una casa abandonada donde se localizaron los restos de la documentación que se encontraba en cajas de cartón. Por las circunstancias en que se desarrolla este hecho resulta difícil no atribuirlo a propósitos ilícitos como el medio para ocultar actos de corrupción cometidos en las mencionadas administraciones.

2. Octubre de 2013. En la sesión pública del cabildo de Los Cabos número 41, registrada en octubre del 2013, 11 de los 13 integrantes del cabildo rechazaron aprobar el gasto de un excedente estimado en 224.6 millones de pesos de 70 partidas presupuestarias en el ejercicio fiscal del 2012, cantidad que representa diversas irregularidades tales como la reclasificación de partidas y principalmente el hecho de que se gastó sin contar con la aprobación del cabildo.

El propio contralor municipal, Héctor Aréchiga de la Peña, reconoció que nadie estaba enterado de ese gasto que representa el 23% del presupuesto anual, hasta que fue solicitada la autorización del Cabildo para ser validado.

El tesorero Gerardo Manríquez Amador tuvo en resguardo las cuentas del gasto excedente y desde octubre del 2012 negándose hasta la fecha a entregar la información a regidores que la han solicitado. Situación que levanta enormes sospechas en torno a la opacidad con la que fueron manejados dichos recursos.

Al respecto existen múltiples manifestaciones sociales relativas al uso indebido de dichos recursos públicos por parte de diversos funcionarios, situación que la población ha llevado a instancias legales, a través de solicitudes de transparencia que de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, no han sido debidamente cumplidas por las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos.

3. Octubre de 2014. En la revisión y análisis del gasto del excedente de más de 224.6 millones de pesos los cuales no fueron reportados en su momento y que no fueron aprobados por Cabildo, se encontró que en la información que se había mantenido como “confidencial” y “reservada” está el pago de 624 mil 762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios desde la CLABE de ordenamiento 0170097523 de una cuenta bancaria de Banorte.

Esto a nombre de una empresa fantasma que supuestamente iba a donar un lote de juguetes, computadoras, alimentos, aparatos electrónicos y camionetas.

4. Febrero de 2015. Se difunde en medios locales vídeos donde el ex tesorero municipal Gerardo Manríquez Amador reconoce diversos actos de corrupción en la administración del XI Ayuntamiento de Los Cabos.

5. Abril de 2015.  El despacho independiente Béjar, Lozano y Cía., dio a conocer los resultados de la auditoría que se aplicó al XI Ayuntamiento de Los Cabos, donde se revela, entre otros hechos:

a. Que los hijos del exgobernador Narciso Agúndez Montaño han sido favorecidos en su empresa particular con contratos millonarios que les han sido otorgados por el gobierno municipal de Los Cabos que dirige su tío Antonio Agúndez.

Es la empresa constructora Scala, SA de CV a nombre de Cristian y Argelia María Agúndez Gómez, que través del contrato R33 DGDS OM 01 APO 2011 fueron favorecidos para la construcción de 60 pies de casa con un monto de un millón 598 mil 135 pesos.

Lo anterior está fuera de toda normatividad, ya que las fianzas para poder adjudicarse estas obras, en lugar de entregarlas al principio, fueron depositadas 2 años y cuatro meses después de concluidas las obras, según detalla el semanario Zeta en una investigación.

b. De la revisión del gasto de los ingresos excedentes por la cantidad de $224.6 millones, no autorizados por el Cabildo, éstos se integran por ingresos para gastos municipales por $60.4 millones y por $164.2 millones de Ingresos para Gastos Federalizados.

Respecto de los ingresos para Gasto Federalizado, se observó:

● De los ingresos obtenidos en el ejercicio 2012 del Programa SUBSEMUN, la cantidad de $3.4 millones fueron utilizados para el pago por concepto de suplemento de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2012 de empleados de base y confianza del municipio, gasto que no se encuentra contemplado dentro de los objetos del programa.

● Respecto a los ingresos obtenidos por concepto de Participaciones Estatales, la cantidad de $7.8 millones fueron utilizados para el pago de nómina de empleados del municipio, gasto que no coincide con el destino que deberá darse a los recursos conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser gastos realizados exclusivamente a obras de infraestructura social.

● De los ingresos obtenidos en el ejercicio 2012 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dos partidas que ascienden a $1.1 millones y 1.9 millones fueron utilizadas para el pago por concepto de nómina de empleados del municipio, gasto que no se encuentra contemplado dentro de los objetivos del Programa, que debieron ser destinados al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

c. La auditoría externa también detectó que el ayuntamiento no ha cubierto la totalidad de las cuotas y aportaciones del FOVISSSTE, SAR, y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del ISSSTE correspondientes a los bimestres tercero, cuarto, quinto, sexto del ejercicio 2008; del primero al sexto de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, y tercero, cuarto, quinto y sexto bimestre del ejercicio 2013, cuyo importe histórico asciende a la cantidad de $111.8 millones.

Dicha situación es sumamente preocupante dado que atenta directamente con los derechos a la seguridad social de los trabajadores a los que en su nómina se les ha retenido lo correspondiente a las aportaciones de seguridad social pero éstas no se han entregado a las instituciones correspondientes sino que presuntamente han sido utilizados para cubrir el gasto corriente.

Al respecto, en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de noviembre de 2012, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo por el que se solicitó al Presidente Municipal que realizara un plan de pagos de las aportaciones de seguridad social adeudadas, y que en base a ello se realizara la programación del pago bimestral de estos conceptos a fin de evitar que se siga acumulando el adeudo, sin embargo este acuerdo emitido por el Cabildo a la fecha no ha sido atendido por el Presidente Municipal.

d. También se detectó que el XI Ayuntamiento de Los Cabos gastó 20 millones 169 mil 81 pesos por el concepto de “asesorías, estudios e investigaciones”, excediéndose por 14 millones 627 mil 310 pesos, del monto aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2012 que era de 5 millones 541 mil 771 pesos. Gasto del que no existen comprobantes por lo que al momento no se ha podido acreditar el tipo de asesorías que se recibieron, ni si eran necesarias.

En razón de los hechos anteriormente expuestos, se considera necesaria la intervención de las autoridades competentes para revisar el ejercicio de los recursos públicos, siendo importante que se realice una fiscalización integral de la aplicación de los recursos durante la administración del XI Ayuntamiento de Los Cabos, pues como se ha mencionado durante su gestión ha sido blanco de la manifestación de múltiples irregularidades que deben ser esclarecidas, conforme al marco jurídico aplicable.

Al respecto, el artículo 79 constitucional establece que una de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados es la de fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Por su parte, el artículo 116 fracción II sexto párrafo del mismo ordenamiento, establece que las legislaturas de los estados contarán con entidades superiores de fiscalización que desarrollen su función conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

En ese sentido en el Estado de Baja California Sur contamos con un Órgano de Fiscalización Superior que se encarga de la revisión y fiscalización simultánea o posterior de los ingresos y egresos de las Cuentas Públicas y de los informes de avance de gestión financiera, a efecto de comprobar que se proceda conforme a las leyes y normas establecidas para el ejercicio del gasto, para el cumplimiento de los planes y programas y demás legislación relativa a la recaudación, planeación, programación y ejercicio de recursos públicos.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, dicho órgano tiene entre sus atribuciones las siguientes:

● Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos; así como en el cumplimiento de los planes y programas.

● Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado y Municipios en su hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos de índole estatal o municipal y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan.

● Fincar la responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley.

● Conocer y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública.

Con fundamento en los ordenamientos mencionados con antelación, se considera necesario solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y del  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, a efecto de que en sus respectivos ámbitos de competencia, realicen las correspondientes auditorías respecto del periodo de administración del XI Ayuntamiento de Los Cabos.

Esperando que en caso de encontrarse irregularidades en dichas revisiones, procedan a fincar responsabilidades y a la imposición de las sanciones respectivas, así como a la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos federales y locales en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación  a que fiscalice el ejercicio y la aplicación de los recursos federales entregados al municipio durante la administración del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

Asimismo para que en caso de encontrar irregularidades en el gasto público, imponga las sanciones o promueva las denuncias correspondientes.

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur a que realice una auditoría respecto del ejercicio y aplicación de los recursos públicos durante la administración del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

Asimismo para que en caso de encontrar irregularidades en el gasto público, imponga las sanciones o promueva las denuncias correspondientes.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 30 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 17:25 horas)

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