Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 26



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Abril de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 23 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del día martes veintiuno de abril de dos mil quince, encontrándose presentes noventa ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador  José Rosas Aispuro Torres, su Segundo Informe de Labores legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, el Informe de su participación en las Reuniones de la Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas del 16 al 19 de marzo de 2015 en Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando Torres Graciano, el Informe de su participación en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 28 de enero al 1º de febrero de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios  por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014.- Quedó en poder de la Secretaría para consulta de los senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.-  Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de Planeación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión a la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares de los ejecutivos estatales de las entidades federativas a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres.

2) Que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.

3) Por el que el Senado de la República condena los actos humillantes y las expresiones discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Nayarit; y del gobernador de Baja California.

Los tres dictámenes se discutieron de manera conjunta, intervinieron las Senadoras: Angélica De la Peña Gómez del PRD y Lucero Saldaña Pérez del PRI. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veinte dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar los avances para mantener erradicada la poliomielitis en México.

2) Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Programa Universal de Vacunación las aplicaciones médicas contra la hepatitis A y varicela.

3) En torno al Programa de Unidades Médicas Móviles.

4) Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa.

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención, atención y tratamiento de la osteoporosis en la población mexicana.

6) Que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

7) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a participar en la Estrategia Nacional de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018; asimismo, exhorta a los congresos estatales y a los ayuntamientos a mejorar la legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños establecimientos.

8) En torno a la prevención, tratamiento y control del cáncer cérvicouterino.

9) Relativo al tratamiento de hepatitis viral de tipo “C”.

10) Que exhorta al Gobierno Federal a diseñar los instrumentos y las políticas necesarias que reduzcan el gasto de bolsillo en las familias mexicanas.

11) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

12) Que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, Oaxaca.

13) En torno al tratamiento de cáncer renal.

14) Relativo a un anteproyecto de norma oficial mexicana para el tratamiento del labio y paladar hendido.

15) Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las políticas y estrategias en materia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

16) Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como el reforzamiento de campañas de difusión y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.

17) Relativo al VIH-SIDA.

18) Por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina.

19) Que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

20) Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

Intervinieron los Senadores: Arquímedes Oramas Vargas del PRI, para presentar el dictamen sobre poliomielitis; Francisco Salvador López Brito del PAN, para referirse a los dictámenes de cáncer cérvicouterino y hepatitis C; María Cristina Díaz Salazar del PRI, para referirse al dictamen sobre gasto de bolsillo; Zoé Robledo Aburto del PRD, para referirse al dictamen sobre el brote de Chikungunya; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, para referirse al dictamen sobre cáncer renal; Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro del PAN, para referirse al dictamen sobre diabetes tipo 1; Martha Palafox Gutiérrez del PT, para referirse al dictamen sobre tratamiento del labio y paladar hendido; e Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para referirse a los dictámenes sobre atención y tratamiento de la osteoporosis, accidentes vehiculares y reducción de la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa, prevención del cáncer y el relacionado con la venta de bebidas alcohólicas. Los veinte dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se conforma el Comité Técnico que promueve la obra artística y pictórica de la nueva sede del Senado.- Quedó de enterado.

(Iniciativa)

Se recibió de Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México; con aval de dichos Grupos Parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar y promover la constitución de las comisiones nacionales del deporte profesional.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza se insertaría en el Diario de los Debates. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la tribuna los Senadores: Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Pablo Escudero Morales, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; María Marcela Torres Peimbert del PAN; y Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Fernando Torres Graciano del PAN, a favor; Daniel Amador Gaxiola del PRI, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, a favor; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, a favor; David Penchyna Grub del PRI, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Fernando Enrique Mayans Canabal del PRD, en contra; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Omar Fayad Meneses del PRI, a favor; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Graciela Ortiz González del PRI, a favor; María Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, a favor; Sonia Rocha Acosta del PAN, a favor; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela del PAN, a favor; y Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor. Adicionalmente, intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, Graciela Ortiz González del PRI, Roberto Gil Zuarth del PAN, Ernesto Javier Cordero Arroyo del PAN e Isidro Pedraza Chávez del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Francisco Salvador Lopez Brito, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Luciano Borreguín González, Gerardo Sánchez García, David Monreal Ávila, Arturo Zamora Jiménez y Rabindranath Salazar Solorio, se insertarían en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio a conocer las reservas al proyecto de ley de los siguientes artículos: 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113, 114, Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorios. Asimismo, de las propuestas de adición de los artículos: 61, 111, 112, un nuevo artículo denominado “del defensor ciudadano”, que propone quede con el número 114 y un Décimo Segundo Transitorio.

El proyecto de ley fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 99 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones.

En la discusión en lo particular, intervinieron los senadores para presentar las reservas a los artículos:

La reserva al artículo 22, del Senador Zoé Robledo Aburto y del Senador Benjamín Robles Montoya, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 76 votos en pro, 16 en contra y 4 abstenciones.

Las reservas al artículo 73, de los Senadores Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín González, a nombre propio y de la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, Martín Orozco Sandoval y Javier Corral Jurado, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 67 votos en pro, 28 en contra y 2 abstenciones.

La reserva al artículo 74, del Senador Ernesto Cordero Arroyo, no se admitió a discusión, fue aprobado en los términos del dictamen por 69 votos en pro y 33 en contra.

Las reservas al artículo 79, de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, María de los Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Manuel Bartlett Díaz, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 85 votos en pro, 14 en contra y 1 abstención.

Las reservas al artículo 108, de los Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Manuel Bartlett Díaz, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 68 votos en pro, 27 en contra y 5 abstenciones.

Las reservas al artículo 109, de los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 83 votos en pro y 9 en contra.

Las reservas al artículo 113, de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel a nombre propio y del Senador Javier Corral Jurado, y David Monreal Ávila, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 76 votos en pro y 11 en contra.

Las reservas al artículo 114, de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, no se admitieron a discusión, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 71 votos en pro, 12 en contra y 1 abstención.

Se procedió al desahogo de reservas al régimen transitorio del proyecto de decreto:

La reserva al artículo segundo, del Senador Armando Ríos Piter, no se admitió a discusión.

La reserva al artículo quinto, del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, no se admitió a discusión.

La reserva al artículo décimo primero, del Senador Zoé Robledo Aburto, no se admitió a discusión.

Los Artículo Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorios fueron aprobados en los términos del dictamen por 75 votos en pro y 12 en contra.

Se procedió al desahogo de las propuestas de adición al proyecto de decreto:

Las propuestas de adición del Senador Armando Ríos Piter a los artículos 61, 111, 112 y 114, fueron retiradas.

La propuesta de adición de un Artículo Décimo Segundo, del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, no se admitió a discusión.

La reserva de adición al artículo 111, de los Senadores Javier Corral Jurado, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, así como la del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, no se admitió a discusión.

Se declararon aprobados los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113, 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorio del proyecto de Decreto, en los términos del dictamen. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Se remitió a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación la siguiente documentación:

1) Oficio con el que remite la terna para cubrir una vacante en el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos:

● José Antonio Alcántara Mayida,

● Felipe Ortuño Arzate

● Alma América Porres Luna

Se turnó a la Comisión de Energía.

2) Oficio con el que remite la propuesta de designación de Consejero independiente del Consejo de Administración de PEMEX a favor del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez.- Se turnó a la Comisión de Energía.

3) Oficio con el que remite la propuesta de ratificación de miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: José Julián Sidaoui Dib.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, presentado el 4 de diciembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial Sur-Sureste.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

(Iniciativas)

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los artículos 307 y 308 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social y 133 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a poner en marcha un programa de atención inmediata dirigido a brindar orientación y asesoría fiscal a los campesinos y jornaleros que son beneficiarios de los diversos programas de apoyo al sector agropecuario.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Daniel Ávila Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Federación Mexicana de Fútbol a cambiar la fecha u horario del partido entre México y Brasil, programado para el día 7 de junio de 2015.-  Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a realizar una revisión exhaustiva sobre la construcción de la gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído deudas con cajas populares, con el objeto de que se reestructuren sus adeudos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reanudar esfuerzos en el diseño e implementación de las zonas económicas especiales para la región sur-sureste y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que contemple en el paquete económico para 2016 las medidas de tratamiento fiscal diferenciado a los productores del campo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Regional.

 

De los Senadores Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela Quiroga Tamez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en materia de bullying en las escuelas.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre los impactos al daño causado por el buque norcoreano Mu Du Bong encallado en el arrecife “Lobos-Tuxpan, en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al Corriente”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las causas por las que no dispuso de información confiable, oportuna y suficiente de 2013 al 2014.-  Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo en materia de protección al federalismo.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, así como a adoptar medidas evitar la revictimización de niñas y niños durante procesos legales.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre los hallazgos arqueológicos en la zona del Lago de Texcoco.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de la República y a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar los vacíos que se presentan, a denuncia de los medios de información sonorenses, de la dotación de vacunas de tuberculosis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo a garantizar el acceso al derecho a la educación inicial y básica de los niños y niñas que viven en zonas con alto rezago social.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el cual el Senado de la República, de cara a la Conferencia de las Partes de 2015, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que se realizará en Nueva York, del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas nucleares debido al   impacto directo que tienen en la humanidad y, con ello, se compromete a promover el desarme nuclear en los   distintos foros parlamentarios en donde participarán las Senadoras y los   Senadores.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una nota respecto a los señalamientos del Ombudsman del estado de Querétaro, en referencia a la aprobación de reformas a la Ley de Derechos Humanos de ese estado.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país y del Distrito Federal a que, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”, el 19 de abril, promuevan la participación de la ciudadanía en las actividades alusivas a dicha festividad.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a modificar la política migratoria en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a informar sobre los mecanismos a implementar para determinar el interés superior de la niñez migrante.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, tanto federal o sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito Federal, a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud auditiva en recién nacidos, y niñas y niños que cursan la educación preescolar y primaria, para prevenir la disminución y/o pérdida o discapacidad auditiva.-  Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena las acciones proselitistas cometidas por el Magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador de Jalisco, en relación al proceso electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Salvador López Brito, María Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de la legislación electoral respecto a la prohibición del uso de programas sociales y de recursos públicos; y solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial para lo relacionado con los programas sociales y sus recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación los resolutivos primero, segundo y tercero; y a la Junta de Coordinación Política el resolutivo cuarto.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional a informar la razón del porqué los ciudadanos Humberto Medina Ainslie, Alejandro Medina de la Cruz, Humberto Medina de la Cruz y Francisco Cienfuegos Martínez se les reconoció como “avecindados” si evidentemente dichas personas no residen en el ejido de “MINA”.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Bicicleta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinticuatro horas con dos minutos y citó a la siguiente el jueves veintitrés de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente).

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada el 15 de abril de 205, en San Juan, Puerto Rico.








De la Senadora Marcela Guerra, sobre la presentación del libro “América del Norte: Retos y Oportunidades en el Siglo XXI”, y el beneplácito de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, por la flexibilización del gobierno de Canadá a efecto de eliminar el requisito de visa para mexicanos.








Del Senador Armando Ríos Piter, por la que solicita se reactiven los trabajos legislativos sobre el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibida en el Senado el 12 de marzo de 2013.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo, ¿para qué asunto?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Sí, para profundizar precisamente lo de la labor de la presentación del libro, en el marco del “Día Internacional del Libro”.

Venimos de presentar este libro, y solicito se me permita pasar a la tribuna solamente para ilustración, no solo de la Mesa Directiva, sino de mis compañeros, sobre este libro, en la parte de comunicaciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, le informo que en la parte de comunicaciones no ha lugar a intervenciones e inclusive se comentó hoy en la Mesa Directiva, pero desde luego si gusta hacer un comentario desde su escaño, con todo gusto.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solo para comentar, de la misma manera que la Senadora Marcela, que toda vez que es “Día Internacional del Libro” y están inscritas varias propuestas de efemérides, solicitarle a la Mesa Directiva que se pueda abrir en este momento que estamos todavía empezando la sesión, un breve espacio para las efemérides por el “Día Internacional del Libro”.

Creo que coincidimos con la misma solicitud.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le pido a la Senadora Guerra Castillo, que haga un comentario, desde su lugar y desde luego también al Senador Zoé Robledo; conscientes nada más de que, de acuerdo con el Reglamento, en esta parte no ha lugar a intervenciones, pero en aras de atender su inquietud, con todo gusto.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo creo que nos ha tomado más tiempo justificar que no está incluido en el    Reglamento. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que sí he hecho uso de la palabra en cualquier momento, y especialmente en comunicaciones, porque ese es mi derecho como Senadora de la República. Le agradezco de todas maneras su reflexión.

Sin embargo, sí quiero compartir con todos mis compañeros Senadores, que acabamos de presentar este libro, editado por el Senado de la República, “América del Norte: Retos y Oportunidades en el Siglo XXI”. Este libro, como ustedes saben, trae un enfoque de visión de futuro en lo que son las relaciones de nuestro país con nuestros vecinos, tanto con Canadá como con Estados Unidos.

En la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, ponemos a disposición de todos mis compañeros, Senadoras y Senadores, este ejemplar. En el marco del Día Internacional de Libro, la mejor forma de celebrarlo, es leyendo precisamente este ejemplar producido por el propio Senado de la República.

Agradezco la oportunidad de poderme expresar en ese tenor, no sin decirles que hoy por hoy tenemos una ventana de oportunidad en la región de América del Norte.

Es cuanto y muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Guerra Castillo.

Desde su escaño, si gusta hacer un comentario, el Senador Zoé Robledo. Reitero, lo estamos haciendo en aras de escuchar a todo mundo, pero sí es importante que tengamos claro que el Reglamento en esta parte no contempla ese tipo de comentarios.

Adelante, Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Sin duda, y conscientes de ello, señor Presidente, solamente para que no pase por alto en el Senado de la República, que hoy es el Día Mundial del Libro.

Yo de esa manera solo quiero entregarle a la Mesa Directiva para que incluya en el  Diario de los Debates esta efeméride, esta alocución, que tiene por título “43 razones   por las que México debe de leer”. Tenemos a 43 jóvenes sacrificados que querían ser maestros y que iban a utilizar los libros para la libertad y para la educación.

Estoy convencido que si perdemos la fe en los jóvenes y la confianza en los maestros, y no le damos el valor al libro en estas horas oscuras de nuestra República, pues estamos perdiendo la posibilidad de construir un futuro mejor.

Eso es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Con gusto pido a la Secretaría Parlamentaria que integre al Diario de los Debates el documento que usted ha hecho referencia, el cual se publicará, reitero, de manera íntegra.

Por lo que hace a las comunicaciones de las Senadoras Diva Gastélum y Marcela Guerra, esta Asamblea se da por enterada. Igualmente la del Senador Zoé Robledo.

En cuanto a la comunicación del Senador Ríos Piter, ésta se remitirá a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para sus efectos.






CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES

Tenemos la discusión del Informe Ejecutivo Semestral de Auditoria del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado martes 21 de abril para su conocimiento.

A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el informe. En consecuencia, túrnese a la Auditoría Superior de la Federación.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política remitieron un Acuerdo que propone la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los acontecimientos que se están presentando en el Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, con el fin de vigilar el estricto respeto de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

No habiendo quién haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se crea el grupo de trabajo para dar seguimiento a los acontecimientos que se están presentando en el Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California. Comuníquese el mismo.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de Celaya.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, de la Colegisladora se recibió un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contienen proyectos de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y DE TORTURA

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V al artículo 73 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-V AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

(Dictamen de primera lectura)








Ocho, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyecto de Decreto:

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de primera lectura)



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche humana.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BANCOS DE LECHE HUMANA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Leche.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de mayo de 2014, la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre de la Diputada Cristina Olvera Barrios, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión de Salud de dicha Cámara para su análisis y discusión.

2. Con fecha 11 de julio de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, publicó en la Gaceta de dicha Cámara, una Prevención a la Comisión de Salud, con la finalidad de que se dictaminara a la brevedad la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

3. Con fecha 09 de julio de 2014, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, envío a la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, Acuerdo por el cual se considera conveniente solicitar prórroga de diversos asuntos, entre ellos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

4. Con fecha 16 de julio de 2014, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizó a la Comisión de Salud, prórroga por 90 días para que se dictamine la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Leche.

5. Con fecha 19 de noviembre de 2014, se votó y aprobó, ante la Asamblea de la H. Cámara de Diputados, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción II Bis, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, con 345 votos a favor.

6. Con fecha 25 de noviembre de 2014, se comunicó ante el Pleno del Senado, que se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción II Bis de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo principal de la Minuta, consiste en reformar la fracción II Bis, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, que dispone:

Ley General de Salud
(Vigente, 2015)

Minuta

Artículo 64.En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a II. (…)

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

Artículo 64.(…)

 

 

I. a II. (…)

II Bis.- La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, a través de un estudio realizado, denominado “Un modelo de cooperación horizontal: La Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana”, define el Banco de Leche Humana, BLH, como un centro especializado dentro del ámbito del Centro de Lactancia Materna de un Hospital Infantil responsable de la promoción, el fomento y la protección del amamantamiento, a partir de ello, su función esencial técnico-asistencial, es recibir y recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar, almacenar y luego enviar para su distribución, la leche humana excedente de las madres que han decidido donarla solidaria y voluntariamente.

Los objetivos principales de los BLH son:

● Promover la alimentación exclusiva con leche materna a todos los bebés prematuros y enfermos hospitalizados;

● Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad neonatal de los bebés prematuros hospitalizados, mejorar su crecimiento y desarrollo por medio de la alimentación con leche materna suministrada en el banco de leche; y

● Contribuir a reducir costos de funcionamiento.

México como otros países, entre los que están Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, entre otros, instalaron al menos un BLH a partir de la experiencia de Brasil, con la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana y de la Firma entre estas naciones, de Acuerdos Básicos de cooperación técnica, todo este esfuerzo inició en 2010 para materializarse en 2011.

Cabe señalar que desde hace varios años se han conjuntado acciones en pro de promover e incentivar la lactancia materna, toda vez que dicha práctica trae beneficios tanto para la madre como para el bebé, entre ellos podemos señalar que en la madre se reduce el riesgo de la presencia de cáncer de mama, en el bebé, reduce el riesgo de diversas enfermedades, visuales, de diabetes, obesidad, y complicaciones cognitivas, que entre otros beneficios, ayudan al sano desarrollo. Basta decir, que durante los seis primeros meses de vida, la leche materna puede ser el único alimento que nutra al infante, salvo recomendación médica contraria y continuará siendo alimento complementario hasta los dos años de vida.

El estudio internacional en comento, sugería para México una armonización legislativa, con la finalidad de consolidar la creación y operación de los BLH.

B. En torno a lo anterior, el 09 de febrero de 2012, es que se aprobó en el Congreso de la Unión, un Decreto por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se adiciona la fracción II Bis al Artículo 64, que incluye “acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

Con ello se brindó el instrumento legislativo para fundamentar el establecimiento de BLH en nuestro país, dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 07 de junio de 2012, para entrar en vigor de forma inmediata.

A partir de ello, se ha logrado la creación de 11 bancos de leche en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Además, se ha dado continuidad al proyecto legislativo y se incluyó en la Política Nacional del Gobierno Federal 2012-2018, la creación de 13 bancos más, de leche materna en 12 entidades federativas.

C. Con el funcionamiento de los bancos de leche, se logran grandes beneficios en bebés que no pueden ser amamantados, por motivos médicos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la introducción de alimentos distintos a la leche materna durante los primeros seis meses de vida, puede ser causa de al menos el 10% de las enfermedades, en los menores de 6 años de edad.

Por todo lo anterior, coincidimos con la Colegisladora en reforzar la fracción II Bis del Artículo 64, de la Ley General de Salud, no obstante, estas Comisiones Dictaminadores realizan modificaciones a dicha propuesta con la finalidad de mejorar el sentido de la misma, de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

TEXTO MINUTA

TEXTO PROPUESTO

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. aII. (…)

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

Artículo 64.- (…)

 

 

 

I. aII. (…)

II Bis.- La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

III. a IV. (…)

Artículo 64.-

 

 

 

I. aII. (…)

II Bis.- Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa, en alguno de sus establecimientos de salud, que cuenten con servicios neonatales.

III. a IV. (…)

La propuesta en comento, reforzará que las autoridades sanitarias competentes, no solo realicen acciones de promoción, para la creación de bancos de leche, sino que deberán garantizar la existencia de por lo menos un banco de leche en cada entidad federativa, con lo cual el abasto de leche materna, para los bebés que lo necesitan se verá resguardado en beneficio de su salud, que a largo plazo, repercutirá de manera positiva en infantes y adultos que cuenten con las defensas necesarias para enfrentar o liberarse de posibles enfermedades, tales como el sobrepeso y la obesidad que hoy representan un grave problema de salud pública en nuestro país, por mencionar alguna.

La redacción propuesta por estas Comisiones dictaminadoras, pretende acotar el objetivo primordial que es la creación de al menos un banco de leche por entidad federativa, sin limitarlo, porque conforme a dicha redacción se puede extender el objetivo a todos aquellos hospitales que cuenten con servicios neonatales.

Se promueve, que por lo menos se garantice el correcto funcionamiento de al menos un banco de leche humana por entidad federativa en alguno de los establecimientos de salud y cuando ello se materialice, si es necesario conforme a la demanda de la leche materna, se podrá poner en marcha la creación de otros bancos, en otros hospitales con servicios neonatales.

Finalmente, con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento, es de trascendencia porque busca mejorar las condiciones en el ejercicio de la salud materno-infantil, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto de la Minuta en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción II Bis, del artículo 64, de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche humana.

Artículo 64. (…)

I. a II. (…)

II Bis.- Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

III. a IV. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los bancos de leche humana.

Asimismo las acciones que deban realizar las entidades federativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII al artículo 73 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de febrero de 2013, los Senadores María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y VIII, se adiciona la fracción V, recorriéndose en su orden los subsecuentes del Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 21 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, emitió excitativa a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

3. Con fecha 14 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo primero del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo tercer del mismo artículo, para la elaboración de los dictámenes sobre cuarenta y tres proyectos de decreto, que incluye el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

4. Con fecha 21 de abril de 2014, queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 73 de la Ley General de Salud.

5. Con fecha 22 de abril de 2014, se discutió y aprobó en el Pleno del Senado de la República, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y se remitió a la Cámara de Diputados.

6. Con fecha 28 de abril de 2014, se recibió oficio en la Cámara de Diputados, que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Con la misma fecha se turnó a la Comisión de Salud de la Colegisladora para su análisis y dictaminación.

7. Con fecha 09 de julio de 2014, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicita prórroga para el asunto turnado.

8. Con fecha 17 de julio de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, otorgó prórroga de 90 días para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.

9. Con fecha 03 de marzo de 2015 se aprobó con 351 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, con modificaciones y se remitió a la Cámara de Senadores.

10. Con fecha 05 de marzo de 2015, se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, con modificaciones y con la misma fecha se turnó a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta enviada a Cámara de Diputados, originalmente proponía que se incorporara en la Ley General de Salud que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que realizan (de conformidad al artículo 73 de la Ley General de Salud) la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán que:

● Estás actividades sean de carácter nacional y permanente, así como a la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes.

TEXTO PROPUESTO POR CÁMARA DE SENADORES

TEXTO PROPUESTO POR CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 73. ...
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.
II. a VI. ...
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 73. ...
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.
II. a VI. ...
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

B. La salud mental es un factor muy importante para el bienestar de las personas en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Los trastornos mentales y conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan por ser alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la “normalidad”.

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológico y psicológico. La salud mental incluye: los síndromes depresivos y ansiosos, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, las adicciones y los trastornos del desarrollo infantil, los cuales se han incrementado en México durante los últimos años.

C. Uno de los principales problemas que actualmente aquejan a la salud mental de la población mexicana, tiene que ver con el incremento constante de la tasa de suicidios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que entre los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse, tienen que ver en primer lugar con enfermedades mentales, trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia escolar y las sensaciones de pérdida, que son situaciones que se enfatizan de acuerdo con los entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos.

Cifras a nivel mundial establecen anualmente la ocurrencia de casi un millón de suicidios, lo que equivale a una muerte por esta causa, cada 40 segundos.

En México, en las últimas 3 décadas la tasa de mortalidad por causa de suicidio, ha aumentado de 2 a 8 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que lo ha llevado al cuarto país con más alto índice de suicidios, en América Latina, por debajo de países como Argentina, Brasil y Colombia.

De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010, hubo 5,012 suicidios, de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 fueron mujeres, aunado a ello las entidades federativas con mayor índice de suicidios son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán, en el mismo sentido se sabe que el 80% de las personas que se suicidaron tienen antecedentes de haber tenido acercamiento con algún médico, pero la atención no fue la adecuada.

D. Aunado a ello según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica los trastornos psiquiátricos se presentan en las primeras décadas de la vida; el 50 por ciento de los adultos que informaron haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años de edad. Del mismo modo se estima que un 7 por ciento de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio, como ya se mencionó.

De manera que los problemas de salud mental han sido un tema que la población por su cultura ha relegado de la atención médica cotidiana por creerlo un problema lejano, no obstante, es un problema que se puede manifestar en cualquier persona sin importar su estatus social, edad o género. Por ello, se deben instrumentar las normas necesarias que auxilien a la creación de políticas públicas que detecten desde la infancia preferentemente, la presencia de alguna conducta mental atípica que pueda afectar en el desarrollo de las personas.

Finalmente, se eliminó de la propuesta original el término “nacional” ya que por ser una Ley de carácter general, se entiende de facto que debe aplicar para toda la Nación.

Por lo anterior, es que estas Comisiones Dictaminadoras consideran loable la propuesta de la colegisladora y aprueba en sus términos la presente Minuta, por considerar que las modificaciones que tuvo el decreto, no afectan el espíritu de la misma.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. ...

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de práctica clínica.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de noviembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de Guías de Práctica Clínica.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora Proponente plantea incluir en el Artículo 32 de la Ley Generala las Guías de Práctica Clínica, como uno de los elementos básicos para llevar a cabo la atención médica.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de atención médica.

B. El sexenio anterior, a partir del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes.

A partir de ello se delimitó el objetivo primordial de la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, que fue para ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país y así fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales y contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la atención médica.

De acuerdo con la “Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud”, las Guías de Práctica Clínica, (GPC), son documentos técnicos, desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, emitiendo recomendaciones concretas para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de salud, por ello representan para el sistema de salud, una herramienta de consulta para el personal, que le permite tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y tratamiento.

De esta manera, se inició la estructuración de las GPC, tomando en cuenta la siguiente metodología:

● Pertinencia

● Magnitud

● Trascendencia

● Vulnerabilidad

● Factibilidad

● Evaluación económica

Dicha estrategia se constituyó a partir del Acuerdo Secretarial publicado en junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de las mismas intervienen, un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, Instituciones de Salud en México, tanto del ámbito público como privado, Academias Nacionales y Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina, con la finalidad de armonizar dichas guías para la atención médica.

Para la materialización de las GPC, se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, integración de GPC, de nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud; asimismo, es el encargado de proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

Dicho órgano sesiona trimestralmente y desde su creación en 2008 a la fecha se han celebrado 27 reuniones, donde ha logrado la aprobación de 699 GPC, para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica.

C. Conforme lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta en comento, que a la letra señala:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA EN ANÁLISIS

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, las Guías de Práctica Clínica y medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud.

No obstante, existe además de la inclusión de las Guías de Práctica Clínica una modificación en el término “podrá” a “deberá”, dicha modificación no se considera viable, toda vez que el podrá implica la posibilidad o no de utilizar dichos instrumentos para mejorar la atención médica, pero el deberá, no sólo implica la obligación de utilizar dichas herramientas, sino que lo limita únicamente a las que estén expresamente en el Artículo en comento.

Aunado a lo anterior, al realizar la nueva redacción cambia de lugar “medios electrónicos”, actualmente, de la redacción vigente, se interpreta que la atención médica podrá verse apoyada por los medios electrónicos conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, es decir allegarse, de la tecnología con los objetivos y procedimientos que así lo permitan los instrumentos jurídicos en la materia, no obstante de la redacción propuesta, se interpreta que un medio electrónico será emitido por la Secretaría de Salud, tal como los instrumentos normativos y de procedimientos para la Atención Médica, lo cual desvirtúa el objetivo original que es aprovechar la tecnología y no originarla.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el Artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de las Guías de Práctica Clínica y medios electrónicos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 53 bis y 83 bis, en relación a establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de septiembre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 53bis y 83 bis, en relación a establecer una estrategia digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta que adiciona los artículos 53 Bis y 83 Bis a la Ley General de Salud, con la intención de que los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios, puedan implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica, por lo que deberán contar con la firma electrónica avanzada.

De la misma manera, propone que la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinen el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE, 2015

PROPUESTA DE INICIATIVA

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

 

NO EXISTE

 

 

 

NO EXISTE

 

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

Artículo 83BIS.- Quienes ejerzan las actividades señaladas en el artículo anterior, deberán contar con la firma electrónica avanzada.

La Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Nuestro país atraviesa por una compleja agenda en materia de salud pública, toda vez que aún en muchas regiones padecemos enfermedades y carencias asociadas al subdesarrollo, además del reto de reducir los todavía elevados índices de mortalidad materno-infantil; y por otro lado, enfrentamos un crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes, que hoy dominan el perfil epidemiológico de México.

C. Han existido fuertes cambios demográficos y epidemiológicos que han afectado la salud de los mexicanos, por un lado el proceso de envejecimiento de la población, el sedentarismo, una mala nutrición y otros desafíos que nos han llevado al predominio de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.

D. Las Comisiones dictaminadoras coinciden en que el Sector Salud requiere una transformación que permita generar más y mejor salud con los recursos que dispone mejorando la respuesta hacia los individuos y en general para garantizar la equidad y la calidad en sus servicios.

E. Dentro de las acciones más importantes necesarias para mejorar la calidad de la atención ampliando igualmente la cobertura en salud, es fundamental ampliar el tipo de información que la Secretaría de Salud capta, como es la información estadística, siendo actualmente necesario contar con la información personalizada buscando establecer la personalidad única en salud, como lo refiere el programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, en el cual se busca la modernización y eficiencia en la operación de los procesos internos, creando bases sólidas de conocimiento y habilidades, innovación y aprovechamiento de tecnologías emergentes que puedan ser utilizadas para la creación de herramientas que sirvan a la población para su identificación en documentos, teniendo así la certeza de que esa identificación corresponde a una sola persona, evitando duplicidad en la prestación de los servicios de salud.

F. La Biometría tiene una gran relevancia, está entendida como el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basado en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos.

En las tecnologías de la información, es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, “verificar” su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas).

Al tenor se señala que hoy en día la Ley General de Salud, no considera la utilización de registros biométricos para efecto de identificación de pacientes o asegurados, esto permite irregularidades para recibir atención a la salud en las instituciones públicas.

Es por ello que con esta reforma se evitarán duplicidades y que las instituciones eroguen grandes cantidades para efectos de credencialización. Aunado a esto se podrá contar con información, a fin de incluirla en el Registro Nacional de Población y apoyado en la interoperabilidad entre las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y municipal, y con ello generar ahorros en los tres niveles de gobierno en todos los sectores.

G. Después de un análisis sobre el tema estas Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo con la propuesta de iniciativa, sin embargo, realizan cambios, al tenor de los siguientes argumentos:

1.-En cuanto a la adición que propone la legisladora, del artículo 53 Bis a la Ley General de Salud, se considera que la misma resulta viable; toda vez que el objetivo consiste en implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica para reconocer a los asegurados y derechohabientes, es concordante con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual contempla en su estrategia 5.2, el contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud, implementar el Certificado electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información biométrica de pacientes.

Por ende, se realiza un cambio que se lee en la tabla anexa más adelante.

2. Por lo que hace la adición del artículo 83 Bis, a la Ley General de Salud, se estima inviable la propuesta, en razón de que la Ley General de Salud no es el ordenamiento idóneo para regular el uso de la firma electrónica avanzada, la cual se rige por lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica Avanzada emitida por el Congreso de la Unión y las correlativas de las entidades federativas.

A continuación se define la propuesta de modificación por las dictaminadoras:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE INICIATIVA CON CAMBIOS

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

 

NO EXISTE

 

 

 

 

 

NO EXISTE

 

 

 

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

Artículo 53 BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

 

 

Artículo 83BIS.- Quienes ejerzan las actividades señaladas en el artículo anterior, deberán contar con la firma electrónica avanzada.

La Secretaría de Salud y las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

CAPITULO IV
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

 

INVIABLE

 

 

 

 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Único: Se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 53BIS.- Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Por el que se declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud de la Mujer”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de marzo de 2015, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Angélica Araujo Lara y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo, que se declare el 28 de mayo como “Día Nacional por la Salud de la Mujer” con la finalidad de continuar con las acciones que garantice, los derechos tutelados por la Constitución Mexicana y trabajar así para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la mujer.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el enfoque de salud pública basado en el género, parte del reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer. Asimismo en la mayoría de las sociedades, a partir de su cultura, religión y creencias, las mujeres tienen un menor estatus social que el hombre, lo que representa oportunidades desiguales para uno y otro sexo.

De acuerdo con datos a nivel mundial, de la OMS, las mujeres viven de seis a ocho años más que los hombres, en 2007 la esperanza de vida aumentó para las mujeres en 35 países, elevándose a 85 años de vida, no obstante, en países del continente africano, esta esperanza de vida se reduce a tan solo 54 años de vida.

La igualdad de condiciones en materia de atención a la salud, se debe evaluar a partir del desarrollo de la vida de hombres y mujeres, esto a partir de que niñas y niños de 0 a 9 años de edad, comparten las mismas tasas de mortalidad, donde las principales causas pueden ser partos prematuros, asfixia neonatal, infecciones respiratorias, neumonía, diarrea y malnutrición.

En seguida, durante la adolescencia que va de los 10 a los 19 años, se abre la brecha de diferencias entre ambos géneros y es cuando el sector salud debe reforzar medidas para hombres y para mujeres de acuerdo a su sexo, por ejemplo, en hombres las principales causas de muerte tienen que ver con traumatismos involuntarios, suicidios y abuso de sustancias mientras que en mujeres cambia la perspectiva y se ven envueltas en complicaciones por embarazos a temprana edad, no deseados, abuso de sustancias, se ven vulnerables ante la violencia sexual y por ende, inmersas en enfermedades de transmisión sexual como Virus de Papiloma Humano, herpes, VIH/SIDA, hepatitis, entre otras.

Y a partir de la adolescencia y en adelante, las enfermedades entre géneros coinciden, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, y enfermedades del hígado, pero tienen también diferencias, como por ejemplo en el caso de tumores malignos, como lo son en hombres: el cáncer de próstata y testículo y en mujeres el cáncer de mama y cervico-uterino.

B. En México, de acuerdo con un ensayo mayor del Instituto Nacional de Salud Pública, denominado Educación y Salud de la Mujer: Reflexiones desde una Perspectiva de Género, señala que las mujeres enferman y mueren de manera diferente a los hombres, como ya se ha comentado, así mismo que la situación social de la mujer ha tenido una progresiva evolución en nuestro país, logrando la consolidación de derechos laborales, acceso a seguridad social, entre otros aspectos que promueven poner en igualdad de circunstancias a las mujeres de nuestro país, frente a los hombres.

Actualmente existen una serie de programas y estrategias en nuestro país que promueven la salud de las mujeres, entre los que debemos destacar las acciones que se han instrumentado con la finalidad de reducir la mortalidad materna, fomentar la planificación familiar, reducir riesgos sanitarios, violencia y exceso de   trabajo.

La finalidad de emprender acciones a favor de la salud del género femenino, debe entenderse no con el propósito de obtener más que los hombres, sino que a partir del rezago que la materia tiene por los años que no se estructuró un sistema con perspectiva de género, igualar las condiciones y oportunidades a que todas y todos los mexicanos tienen derecho.

C. Acciones como la que se impulsa para promover el 28 de mayo, Día Nacional por la Salud de la Mujer, generan:

- Mayor concientización entre los creadores de las políticas públicas y los programas  para incluir cambios con perspectiva de género que beneficien la salud de las  mexicanas;

- La medición y evaluación de políticas y reorientación y formulación de nuevas, con base en los resultados obtenidos;

- Promoción del respeto de los derechos de las mujeres;

Finalmente, sabemos que la salud no es sólo la ausencia de enfermedades, sino que es un estado pleno de bienestar físico, mental y social y que existen factores biológicos, políticos, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud. Es de tal manera que la importancia de eliminar la desigualdad entre los hombres y las mujeres en la diferenciación de las enfermedades por género, implica una mejor atención, diagnóstico oportuno y programación de recursos conforme a las afecciones propias de los grupos poblacionales de que se trate, logrando el más alto nivel de salud posible en nuestro país.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud referente al Virus del Papiloma Humano.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de Noviembre de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México respectivamente, de la LXII Legislatura, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud referente al Virus del Papiloma Humano.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadoras proponentes plantean una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, para que se contemple en la Ley General de salud el concepto del Virus del Papiloma Humano:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

CAPITULO II

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. a VII. …

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. a XIV. …

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II

ENFERMEDADESTRANSMISIBLES

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I a VII.…

VIII.Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. El cáncer cervicouterino, es el más frecuente en mujeres de los países en desarrollo y es causado por la infección persistente por el virus de papiloma humano, de los genotipos llamados de alto riesgo. Los genotipos oncogénicos más frecuentes son el 16 y el 18, que causan aproximadamente un 70% de los cánceres cervicouterinos. Los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasias de alto grado (lesiones precancerosas) ni del cáncer cervicouterino, pero causan papilomas laríngeos y la mayoría de las verrugas genitales. Estos virus son muy transmisibles y su incidencia máxima se registra poco después del inicio de la actividad sexual.

C. La importancia de este tema recae en el gran problema de salud pública que es el Virus del Papiloma Humano (VPH), agente causal de varios tipos de cánceres y entre ellos los del cuello uterino en mujeres. Se realiza por tanto una actualización de la infección producida por el mismo que incluye la biología, epidemiología, detección, pruebas de diagnóstico, tratamiento y consecuencias, prevención así como los problemas sociales que de todo ello deriva para la mujer.

D. El virus del papiloma humano, son diversos grupos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae y representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y se conocen más de 100 tipos virales que en relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades infecciosas siguen presentes en todos los países del mundo, siendo importante su prevención, ya que con esto pueden evitarse muchas muertes.

E. México ha sido uno de los países promotores de iniciativas, acciones y estrategias a favor de las condiciones de salud y bienestar de la niñez, ejemplo de ello fue la decisión de reducir los indicadores de mortalidad infantil, así como la mortalidad materna.

En este tenor en nuestro país, la detección y tratamiento del virus del Papiloma Humano, ya ha sido considerado como un factor determinante en la disminución de la incidencia de cáncer cérvico-uterino.

Se coincide con la proponente en señalar que esta grave enfermedad es prevenible en gran medida, implementando programas de prevención que logren reducir su incidencia en la causa de cáncer de cuello uterino.

F. Sabemos que la prevención es la parte medular para que se pueda contrarrestar un problema de salud pública y al hablar de este en específico es clave la importancia que tiene la realización de una citología (Papanicolaou) que radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana lesiones precursoras antes que evolucionen a cáncer, para ser atendidas o para que reciban tratamiento oportuno, de esta forma estaríamos previniendo el desarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presenten.

G. Actualmente se conocen 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo y guardan relación causal demostrada con el cáncer de cuello uterino, que produce más de 270,000 muertes al año en el mundo. En este tenor debemos señalar la problemática de nuestro país ya que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cáncer cérvico-uterino es uno de los más frecuentes de todos los cánceres en mujeres; afecta principalmente a las que tienen entre 25 y 64 años.

Es por ello que México no ha claudicado y hoy en día se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, para la prevención, detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino.

H. El problema no es ínfimo ya que se calcula que en México el VPH afecta a 19.3 mujeres por cada 100,000. Estudios del INEGI señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna vez en su vida el VPH.

Cabe señalar que el gobierno federal ha hecho estrategias y acciones para erradicar este problema, es por ello que han implementado programas de vacunación en el país y específicamente en las regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para lograr reducir el cáncer cérvico-uterino, dando como resultado que estas entidades federativas sean las segunda, cuarta y quinta en el país, en materia de prevención en contra del virus del papiloma humano.

Por lo anterior estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu del legislador y lo loable que es la propuesta, sin embargo, derivado de un análisis jurídico de la iniciativa producto de este instrumento legislativo, se hace la siguiente consideración:

I. Respecto de la reforma a la fracción VIII del Artículo 134 se hace notar que el citado artículo prevé que la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de diversas enfermedades transmisibles, dentro de las cuales se encuentra la sífilis, infecciones gonococcicas y otras enfermedades de transmisión sexual.

Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Esta NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud.

Así mismo esta norma incluye en sus apéndices informativos A,B yC, la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación entre las que se encuentran la infección por virus del papiloma humano, por lo que se estima que el texto vigente de este artículo, es sustento para que conforme a la norma citada se efectúe vigilancia epidemiológica de la enfermedad producida por el virus del papiloma humano por lo que se considera viable aprobar en sus términos la propuesta de reforma a la fracción VIII del artículo 134,ya que fortalecerá aúnmás el objetivo de prevenir el Virus de Papiloma Humano.

J. Por lo que respecta a la modificación al artículo 144 de la Ley General de Salud, la cual pretende que la vacunación del VPH virus del papiloma humano, sea obligatoria en el Cuadro Básico de Vacunación, se estima inadecuada en virtud de que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, ya se encuentra contemplada dentro del Esquema Nacional de Vacunación vigente.

En este orden de ideas cabe señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y Control de Enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, favoterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012, contempla dentro de las vacunas disponibles la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para los tipos 6, 11, 16 y 18 la cual establece que dicha vacuna se aplicará a las niñas de quinto año de primaria y 11 años no escolarizadas.

Finalmente, cabe hacer mención que la vacuna incluida en el Esquema Nacional de Vacunación, se encuentra dirigida a los tipos que representan un problema de Salud Pública, en virtud de lo cual de ser aprobada esta propuesta implicaría un impacto presupuestario puesto que existiría una obligación legal para administrar vacunas para todos los tipos, aun cuando estos no representen un problema de salud pública.

Por lo anteriormente vertido, es que estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente aprobar la iniciativa con los siguientes cambios:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE INICIATIVA CON CAMBIOS

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. a VII. …

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. a XIV. …

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II
ENFERMEDADESTRANSMISIBLES

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I a VII.…

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

CAPITULO II
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, en sus respectivos ámbitos de competencias, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I a VII.…

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

 

No viable

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 134. …

I a VII.…

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX a XIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE  ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Y por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al Artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de educación sexual y planificación familiar.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de noviembre de 2013, los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Lucero Saldaña Pérez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al Artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de educación sexual y planificación familiar.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo que dentro de los servicios de planificación familiar se incluya: la atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional, tal como se propone en el siguiente:

“Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. a II. …

II Bis. Atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional.”

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de educación sexual y planificación familiar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán:

La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas;

La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

B. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la salud sexual y la reproducción constituye un derecho de hombres y mujeres, los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Al respecto son importantes los 4 elementos que destaca el UNFPA y que se han reiterado por estas Comisiones dictaminadores en diversos dictámenes que tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y reducción de mortalidad materno-infantil, además de prevención enfermedades de transmisión sexual y son:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género;

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

Así mismo también se han señalado en diversas ocasiones los objetivos de Desarrollo del Milenio en el que se incluye reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; y combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

Al respecto, específicamente en el Objetivo que corresponde a mejorar la salud materna, los indicadores señalan:

Que el progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo.

Que la pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre adolescentes.

Que el progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se ha estancado.

Que el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres y las que no tienen educación.

La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres.

C. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2009 se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual antes de unirse o casarse, a una edad promedio de 18 años, asimismo se observó que de las mujeres que tuvieron su primer relación sexual entre los 15 y 19 años de edad, del total solo el 38.5% utilizaron algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

Lo anterior ha llevado a que 40.6% de las adolescentes tuvieron un embarazo no planeado, a pesar de que el 97% de ellas declaró conocer los métodos anticonceptivos.

Por ello deben asumir roles como la maternidad, casarse o unirse e incluso el abandono de sus estudios, todo durante la adolescencia, etapa en la que no se encuentran ni física ni mentalmente preparadas para afrontar esta situación con la madurez necesaria y que además les conlleva riesgos en la salud que pueden llevar a la muerte.

Entre las consecuencias que se derivan de lo anterior, se encuentra un crecimiento poblacional acelerado ya que de acuerdo con las proyecciones que en 2005 realizó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, durante el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se comprobó un crecimiento de 4 millones de personas más, de lo que se había proyectado.

Ahora bien, en el mismo sentido, el INEGI estima que en promedio entre los años 2003 Y 2012, ocurrieron 2.59 millones de nacimientos anuales, lo cual implica el nacimiento de 25.9 millones de infantes.

De ellos, ocurrieron 5.76 millones de nacimientos con madres menores de 19 años de edad, que equivale a 448 mil nacimientos anuales o bien, mil 227 nacimientos diarios.

En el año 2010 se alcanzaron los números más altos cuando el INEGI contabilizó 464 mil 102 embarazos en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad y 11 mil 682 casos de niñas que se convirtieron en madres antes de cumplir los 15 años.

Para el año 2012 la situación no se modificó sustantivamente pues, de acuerdo con los datos del INEGI, ese año hubo 457 mil 192 partos en adolescentes de 15 a 19 años y diez 924 en niñas entre los 10 y los 14 años de edad.

Por todo lo anteriormente señalado, se considera viable con modificaciones la Iniciativa propuesta, ya que con la finalidad de tener mejor aplicación de la Ley, se incluye la propuesta pero como adición de un párrafo segundo al Artículo 70 de la Ley General de Salud, que señala que la Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, que de acuerdo con la reforma propuesta deberán impulsar, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE LA INCIATIVA

PROPUESTA DE LAS COMISIONES

 

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. a II. …

 

 

 


II Bis. Atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no discrecional.

Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.

 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente.

 Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 70 de la Ley General de Salud.

Artículo 70. …

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Tenemos también cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con los siguientes proyectos de Decreto.

Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco” (AMP 02), a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS BUQUES ARM “HUASTECO” (AMP 01) A LOS PUERTOS DE LA HABANA, CUBA, Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, Y ARM “ZAPOTECO” (AMP 02), A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO Y LONG BEACH, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRÁCTICA DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, que se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) DE LA ARMADA DE MÉXICO, EFECTÚE EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “LEVANTE MEDITERRÁNEO 2015”, QUE SE REALIZARÁ DEL 25 DE ABRIL AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, ZARPANDO DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015 en las costas de San Diego, California, Estados Unidos de América.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO “DAWN BLITZ 2015”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS COSTAS DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, que se realizará del 15 al 24 de junio de 2015, en las costas de Belice.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “TRADEWINDS 2015”, QUE SE REALIZARÁ DEL 15 AL 24 DE JUNIO DE 2015, EN LAS COSTAS DE BELICE

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACÍFICO LVI", que se realizará en el mes de octubre de 2015, en las costas de Chile.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO LVI", QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, EN LAS COSTAS DE CHILE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Debido a que se encuentran publicados estos proyectos en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





Tenemos ahora la discusión de cinco dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasamos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría, dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Son cinco de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con puntos de Acuerdo:

Por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 225 y adicionar un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta que desecha el Proyecto de Decreto que reformaba el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el artículo 225 bis a la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, el Diputado Federal Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió por la legisladora la Minuta en comento.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos la Minuta para su respectivo estudio y dictamen.

3. Con fecha de 3 de septiembre de 2013 se devuelve, con modificaciones al artículo 225 Bis, como Minuta a la Cámara de Origen.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha minuta fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 5 de febrero de 2015 la Cámara de Diputados aprueba el dictamen que desecha la redacción de la minuta por parte de la Cámara de Senadores.

5. Con fecha 12 de Febrero de 2015 se recibió el expediente por parte de la Cámara de Diputados que devuelve el proyecto de Decreto que reformaba el tercer párrafo del artículo 225 y adicionaba un 225 bis a la Ley General de Salud, desechado en su totalidad para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

Con misma fecha la Mesa Directiva dispuso que dicho proyecto se turnara a las comisiones de salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que llega a este Senado desecha toda la propuesta y cambios que se realizó en su momento en diversos tiempos de su proceso legislativo. Sin embargo, cabe hacer mención de lo que pretendía la Iniciativa, el primer dictamen de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, el dictamen del Senado como Cámara Revisora y por último la Minuta de desechamiento:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA
6 de marzo de 2012, presentada por el Diputado Federal Carlos Alberto Ezeta Salcedo

DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
19 de Febrero de 2013

MINUTA APROBADA POR LA COMISÓN DE SALUD SENADO.
3 de septiembre de 2013 se devuelve, con modificaciones al artículo 225 Bis.

MINUTAQUE DESECHA LA TOTALIDAD DE CAMBIOS HECHOS POR LA CÁMARA DE SENADORES.
12 de febrero 2015

Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus
denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.
En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento
o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni
aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos
biológicos.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:
Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.
En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:
Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.
En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;
II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la denominación distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;
III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la denominación común internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y
IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.
La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

 SE DESECHA EN SU TOTALIDAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la colegisladora desecha todo el expediente por las razones vertidas en el apartado de Consideraciones.

II. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país, sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento o bien ni lo comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento que elija al momento de adquirir alguno.

B. Se necesita evitar la automedicación ya que muchas veces es un riesgo para la salud que generalmente ocurre por falta de tiempo o de acceso a un servicio médico, o bien, al alto costo de algún medicamento.

Por lo dicho es que la mayoría de los mexicanos cuando sufren alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos.

Los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

En nuestro país existe una gama de opciones para acceder tanto a medicamentos innovadores como genéricos.

C. De acuerdo con las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, para medición de la pobreza multidimensional, en México se calcula un total de 53.3 millones de personas en pobreza, es decir, el 45.5 por ciento del total de la población registrada en 2012, vive con alguna carencia. Esta consideración es manifestada por el proponente ya que de aquí parte para identificar, que aquellas personas pobres tienen menor oportunidad de acceder a los servicios de salud y en consecuencia, se genera una restricción a la adquisición de medicamentos por falta de ingreso, esto los vuelve sujetos vulnerables.

Sin embargo, el ingreso y la falta de acceso a los servicios de salud no es la única limitante para que las personas puedan tener acceso a los medicamentos para cubrir las necesidades básicas de salud, esto considerado por el lado de la demanda. También es de suma importancia hacer los ajustes necesarios a la oferta para generar el equilibrio de mercado expresado en la teoría microeconómica.

Esta oferta se ajusta claramente en el proyecto de decreto del proponente al asumir la consideración del demandante para poder escoger el medicamento de acuerdo a la disponibilidad a pagar, la cual estará en función de su condición económica.

En términos económicos, la estrategia de poner a disposición del demandante el acceso a medicamentos de distintos precios, fomentará y consolidará la instauración de la competencia perfecta, la cual deberá ser ajustada en función del precio, devolviendo el equilibrio al mercado en beneficio de los más pobres.

Así bien, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la dispersión en los precios de los medicamentos es muy alta. Se trata de la consecuencia de toda una compleja lógica de producción, comercialización (incluyendo aquí prescripción y dispensación) así como de utilización de productos que propician su diferenciación.

La cuestión importante en esta consideración microeconómica es ligar los fundamentos de economía con la necesidad de adquirir según la disponibilidad monetaria, medicamentos con denominación genérica o denominación distintiva si así desea el consumidor.

Por tal cuestión, es importante señalar que el medicamento es considerado como un bien económico, el cual estará a disposición de la reglas del mercado, es decir, del ajuste entre oferta y demanda.

Considerando la situación económica de los mexicanos, con sus 53.3 millones de pobres, el bien de mercado, en este caso el medicamento, se considera con un alta inelasticidad del precio de la demanda, es decir, cambios porcentuales en el precio del medicamento repercuten menos que proporcional a los cambios en la demanda.

Un ejemplo clave sería que las personas que consumen medicamentos por necesidad fisiológica, se ven afectadas por los altos precios de los medicamentos, disminuyendo menos que proporcionalmente su demanda, ya que no dejarán de consumir este producto porque es considerado de primera necesidad. Con la reforma del proponente, se pretende dar mayor elasticidad a la demanda al darle la preferencia de elegir el medicamento (ya sea genérico o distintivo) en función de su condición económica.

D. Dada la justificación microeconómica anterior, se procede entonces a identificar en los preceptos legales y reglamentarios la garantía que tiene el consumidor con respecto a la elección del tipo de medicamento. En este sentido, se observa lo siguiente en el Reglamento de Insumos para la Salud:

Artículo 31. El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente;

I. Cuando se trate de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

...

Del tal precepto se desprende la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad y etiquetado.

Se coincide con la colegisladora en que el artículo mencionado marca la prescripción de los medicamentos, parte toral de la Iniciativa y Minuta esta última hecha por esta Cámara Revisora en primera vuelta.

D. Así mismo se coincide que en la minuta devuelta por esta Cámara se realizó la siguiente propuesta:

Iniciativa

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Minuta (Texto Propuesto)

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la denominación distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la denominación común internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

La minuta propuso adicionar al 225 Bis la prescripción de los medicamentos biotecnológicos ya que en estos tiempos los médicos y profesionales de la salud tienen la facultad de recetarlos, por lo cual se encuentra establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, de manera tal que se empate la ley vigente y el Reglamento.

Sin embargo, coincidimos con la colegisladora en que el Reglamento actual señala de mejor manera, clara y puntual la prescripción de medicamentos.

E. Ahora bien, es importante señalar que en el texto vigente del artículo 225 de la Ley General de Salud indica que es de disposición reglamentaria la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción.

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

En ese sentido, el proponente elimina la palabra “prescripción” del tercer párrafo del artículo 225 con la finalidad de poder añadir el 225 Bis, el cual fundamente la forma en como deberá ser la prescripción de los medicamentos.

Se considera entonces innecesario hacer la modificación al artículo 225 y crear un 225 Bis ya que la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad y etiquetado es materia de disposición reglamentaria contenida en el artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud y no es pertinente agregarlo a la Ley General de Salud.

Finalmente, con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. Se coincide con el desechamiento que realiza la Cámara de diputados sobre la Minuta con proyecto de decreto que reformaba el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud y se da como total y definitivamente concluido.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se desecha el proyecto de Decreto para modificar la fracción II Bis del artículo 7o. de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de mayo de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora Proponente planteare formar el Artículo 7º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I. a II. …

II BIS. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta, sin considerar el carácter biológico y social.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema en comento.

B. La legisladora proponente señala la importancia de la prevención y promoción de la salud, como parte indispensable de la atención primaria, para lo cual sugiere una reforma.

No obstante, derivado del análisis de dicha propuesta legislativa, se desprende que es inviable, toda vez que su objetivo ya se encuentra inmerso en los artículos 3, fracciones XV y XVI y 27 de la Ley General de Salud.

Actualmente el artículo 3º de la Ley General de Salud establece:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XIV. …

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XV Bis. …

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. a XXVIII.…

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a II. …

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. a XI.…

Al respecto se puede vislumbrar que el objeto de la Iniciativa ya se encuentra dispuesto de manera específica por el Artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud, a excepción de la disposición que señala la Iniciativa “… sin considerar el carácter biológico y social”, lo anterior se previene a partir del Artículo 1º Constitucional que previene la discriminación de la siguiente manera:

Artículo 1º. …

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por lo que no se considera necesario incluir el carácter biológico o social, para la atención médica integral, toda vez que no son factores de distinción para el otorgamiento o no de dicho servicio de salud, lo anterior, contravendría la Carta Magna, que protege contra cualquier tipo de discriminación que anule o menoscabe los derechos de las personas, en este caso el acceso a la salud.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.

SEGUNDO.- Comuníquese para que se dé por concluido.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Por el que se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cáncer infantil.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de Cáncer Infantil.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de febrero de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cáncer infantil.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora Proponente plantea la reformar el Artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. …

I. a XVI. …

XVI BIS. La atención y tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema en comento.

B. Como lo señala la legisladora proponente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define el cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, mostrándose como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

Asimismo, la OMS destaca que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, atribuyéndosele 8.2 millones de defunciones al año que representan un 13 por ciento del total, previéndose que para el año 2030 esta cifra aumentará a 13.1 millones.

Los tipos de cáncer que causan más muertes cada año son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, teniendo que un 30 por ciento de estás son debido a cinco factores:

● Riesgos conductuales y dietéticos, 

● Índice de masa corporal elevado, 

● Ingesta reducida de frutas y verduras, 

● Falta de actividad física,  

● Consumo de tabaco y de alcohol. 

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte y según cifras del Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno, los Tumores Malignos representaron en 2014, más de 76 mil defunciones.

C. Conforme lo señala la Senadora iniciante, el cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, tiene una incidencia que lamentablemente ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento en países en desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemias, linfomas y tumores primitivos del sistema nervioso central.

Dicha Organización destaca que a nivel mundial son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil menores de 15 años de edad; aproximadamente la mitad de estos originados en menores de 4 años de edad, señalando que a escala mundial se estiman aproximadamente unos 160 mil nuevos casos y 90 mil muertes en menores de 15 años de edad cada año.

Por lo que hace al caso de México, de acuerdo con el Anexo Estadístico en comento, es la tercera causa de muerte en niños de 1 a 4 años de edad, con más de 900 defunciones al año, la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años de edad, con más 800 defunciones al año y la primera causa de muerte en personas mayores de 15 años en adelante, con más de 33 mil muertes al año.

D. Uno de los objetivos de la presente Iniciativa consiste en reforzar el tema de prevención, atención y tratamiento del cáncer, la Senadora proponente señala que el Estado Mexicano consciente de la problemática que representa la alta incidencia de los padecimientos que conllevan a padecerlo, ha diseñado diversas acciones para fomentar estrategias de prevención, así como mecanismos de atención adecuada y oportuna.

Así mismo, destaca que en México actualmente contamos con el Instituto Nacional de Cancerología, que está definido como un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud que brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, el cual dirige sus acciones a la atención de pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país y asimismo desarrolla funciones como centro de enseñanza médica e investigación.

Que se cuenta con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Que para los efectos de este Fondo se considera Enfermedad de Gasto Catastrófico a las que requieren de tratamientos y medicamentos muy costosos debido a su grado de complejidad o especialidad.

Que a través de este Fondo se proporcionan recursos monetarios por medio de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para atender 49 enfermedades, entre las cuales se encuentran:

● Cáncer de mama 

● Cáncer cérvico-uterino 

● Cáncer de niños y adolescentes 

La legisladora proponente, señala que en cuanto al tema de cáncer infantil, la Secretaría de Salud cuenta con el Programa para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia que a través de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia es responsable de dirigir las acciones para la prevención y el tratamiento del cáncer en los menores de 18 años a nivel nacional.

Para su funcionamiento, la Dirección General está encargada del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que tiene como objetivo:

● Proponer políticas, estrategias y acciones de investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento integral del cáncer detectado entre las personas menores de dieciocho años, así como para mejorar su calidad de vida;  

● Fungir como órgano de consulta nacional;  

● Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado;  

● Proponer las medidas que considere necesarias para homologar, garantizar la cobertura, eficiencia y calidad de las acciones en su materia, incluyendo las estrategias financieras para su instrumentación;  

● Evaluar la instrumentación de las acciones acordadas por el Consejo;  

● Impulsar la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y de la salud;  

● Proponer y promover la realización de actividades educativas y de investigación;  

● Promover y apoyar la gestión ante las instancias públicas, sociales y privadas correspondientes, de los recursos necesarios para la adecuada instrumentación y operación de las acciones que impulse;  

● Coadyuvar en la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de los sistemas de información en salud, así como en la evaluación de las acciones instrumentadas en los ámbitos federal, estatal y municipal;  

● Recomendar la actualización permanente de las disposiciones jurídicas relacionadas; y 

● Promover la creación de consejos estatales para la prevención y el tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.  

También señala la Proponente, que son evidentes los esfuerzos que México ha realizado en cuanto a la prevención, atención y tratamiento del cáncer en la población, sin embargo, hay estimaciones que establecen que el 15 por ciento de niñas y niños con cáncer en nuestro país no reciben tratamiento especializado.

Lo anterior, de acuerdo con el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica, por falta de infraestructura en los hospitales generales en México, ya que no muchos cuentan con los espacios suficientes o aparatos médicos necesarios que estén de acuerdo a las necesidades de los pacientes.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría en México sólo hay 152 oncólogos pediatras certificados en el País, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados al Seguro Popular.

Lo anterior, deja de manifiesto que hay mucho por hacer y debemos redoblar los esfuerzos, más cuando de acuerdo con la Secretaría de Salud se registran anualmente entre 5 y 8 mil casos nuevos de cáncer infantil en nuestro país.

D. No obstante, como bien se destacó conforme a las cifras del Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno, conforme se incrementa la edad de las personas, pasa del tercer, al segundo y primer lugar de acuerdo a los tres primeros grupos de edad, que son de 1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a 64 años. Por lo que acotar el tratamiento del cáncer a la infancia y adolescencia, deja en desventaja los otros grupos poblacionales, donde se incrementa la prevalencia y probabilidad de fallecimiento.

Aunado a ello, la Ley General de Salud ya establece:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I.. …

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

III. a XV. …

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I….

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

Con lo anterior, se deriva que ya se encuentra prevista la atención médica de niñas, niños y adolescentes, como uno de los grupos poblacionales vulnerables y la prevención de enfermedades no transmisibles donde se incluye la atención y tratamiento de cualquier cáncer. De esta manera, no se discrimina ningún grupo poblacional y se promueve la atención con equidad.

Así mismo el artículo 27, de manera general, establece como servicio básico de salud, el cáncer, al ser una enfermedad no transmisible. Es por lo que no se considera necesario reformar la Ley General de Salud, toda vez que la materia ya se encuentra regulada en la misma.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cáncer infantil.

SEGUNDO.- Comuníquese para que se dé por concluido.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Por el que se desecha el proyecto de Decreto para adicionar la fracción XVI Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de diabetes infantil.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y análisis, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Salud, en materia de prevención y detección oportuna de la diabetes infantil.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de septiembre de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de prevención y detección oportuna de la diabetes infantil.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio tiene como objetivo, incluir la prevención y detección oportuna de la diabetes en la infancia y la adolescencia, como materia de salubridad general, en la Ley General de la materia, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XVI. …

XVI Bis. La prevención y detección oportuna de la diabetes en la infancia y la adolescencia.

XVII. a XXVIII. …

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de Diabetes Mellitus.

B. De acuerdo con la Iniciativa propuesta por la legisladora, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, la cual es la hormona que regula el azúcar en la sangre.

Desde 1500 a.C. existen referencias de población con dicho padecimiento, conocido como exceso de orina. La primera descripción exacta la planteó el médico romano Arateus, quien la llamó diabetes, agua pasando a través de un sifón, por la poliuria y en la medicina hindú como orina de miel.

Posteriormente, durante el siglo XVIII, el médico escocés William Cullen con base en sus investigaciones decidió agregarle el término “mellitus” que proviene de miel y desde entonces este padecimiento es conocido como diabetes mellitus.

C. Existen varios tipos de Diabetes, los factores de riesgo dependen del tipo que se presente. Por ejemplo, en el caso de la Diabetes Tipo I, también conocida como diabetes juvenil, causa una acción autoinmune del sistema de defensa del cuerpo que ataca a las células que producen la insulina y se presenta en pacientes con antecedentes familiares directos.

La Diabetes Tipo II, además del antecedente familiar, depende de estilos de vida como son el sobrepeso, una dieta inadecuada, la inactividad física, la edad avanzada, la hipertensión, la etnicidad e intolerancia a la glucosa; y específicamente en el género femenino se presenta en aquellas mujeres con antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente durante el embarazo.

Así, la diabetes representa un reto para el gobierno y la sociedad, no solo por los recursos económicos y la infraestructura que requieren los prestadores de servicios de salud para brindar una atención adecuada, sino también por el costo económico y emocional en las personas que la padecen y el cambio en los hábitos alimenticios y de actividad física que cada persona debe emprender. Se estima que esta enfermedad reduce entre 5 y 10 años la esperanza de vida de la población.

C. En armonía con los argumentos de la proponente, los principales factores de riesgo para que se desarrolle la diabetes, son el sobrepeso y la obesidad, afecciones que van en aumento en todo el mundo y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas por sobrepeso y obesidad con complicaciones como la diabetes que representan el 44% de los casos, las cardiopatías isquémicas con 23% y algunos tipos de cáncer atribuibles a esta causa, que representan entre el 7 y el 41% de los decesos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niveles actuales de sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a la sustentabilidad de nuestro sistema de salud, por su asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención.

D. Al respecto se destaca el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, ANSA, en el marco de los Lineamientos Generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, publicados el 23 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se tiene como propósito establecer acciones que promuevan una alimentación y entorno saludable e impulsen una cultura de hábitos alimentarios que favorezcan la adopción de una dieta correcta para la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Lo anterior con la finalidad de revertir la epidemia de enfermedades no transmisibles, derivadas del sobrepeso y la obesidad, con acciones dirigidas especialmente a los menores de edad.

En este sentido, la legisladora proponente señala que la diabetes tipo uno es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en las niñas, niños y adolescentes, que en nuestro país se calcula que 30 mil menores de 15 años sufren este trastorno y que cada año se registran mil 100 nuevos casos.

Asimismo según las estadísticas presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 400 mil jóvenes (menores de 15 años) sufren de diabetes Tipo 1 o Tipo 2 y las principales causantes de ello son la obesidad, la falta de actividad física y el sedentarismo.

En México 4.5 millones de niños sufren de sobrepeso y obesidad, por lo cual existe un alto índice de riesgo en cuanto a que la población infantil sea candidata a desarrollar diabetes, enfermedad que según las estadísticas desde el año 1980, ha triplicado sus números.

E. No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la preocupación de la legisladora proponente, se estima innecesaria la adición de una fracción XVI Bis, al artículo 3º de la Ley General de Salud, lo anterior toda vez que en diversos preceptos de la Ley en comento, ya establecen la prevención y control de este tipo de enfermedades, de manera general.

Ejemplo de ello se desprende del Artículo 3º, fracción XVI, que establece como materia de salubridad general la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes. Como bien sabemos dentro de las enfermedades no transmisibles se encuentran la diabetes, los diversos tipos de cáncer, entre otras.

Así mismo, en el Artículo 27 fracciones II y III, se establece que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de la salud, los referentes a la prevención y control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes.

De acuerdo con el Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno, la Diabetes Mellitus, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, entre otras, se encuentran dentro de las causas de muerte más comunes en nuestro país, y conforme al Artículo 27 fracción II, su atención es prioritaria por considerarse de las más frecuentes.

En el mismo sentido la fracción III del precepto señalado, establece como servicios básicos de salud, la atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias y para los efectos del presente dictamen, el párrafo siguiente a dicha fracción precisa que la atención médica integrada de carácter preventivo, consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, lo cual cubre con el espíritu de la Iniciativa propuesta que reduce la atención médica integrada de carácter preventivo a únicamente una enfermedad que es la diabetes mellitus y un grupo poblacional, que son niñas, niños y adolescentes.

Aunado a lo anterior, el Capítulo III Enfermedades no Transmisibles, del Título Octavo, abarca ya diversas acciones en torno a la prevención de dichas enfermedades, la Diabetes y acciones que tienen que ver precisamente con su presencia como lo son la difusión de los hábitos alimenticios correctos.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI Bis al Artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de diabetes infantil.

SEGUNDO. Se da por totalmente concluido el asunto.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Y por el que se desecha el proyecto de Decreto para adicionar la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de Salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de Salud en materia de servicios de optometría.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de Marzo de 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de Salud en materia de servicios de optometría.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador proponente plantea una propuesta que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer que los servicios de optometría, deberán por disposición legal contar con autorización sanitaria, lo anterior a efecto de combatir el mercado de servicios de optometría irregulares, lo que ha derivado en la presentación de diversas situaciones en donde la atención visual puede ser proporcionada por dependientes sin preparación, situación agravada por la escasa cultura de salud que prevalece en el país, la auto-prescripción y el incompleto diagnóstico que pueden ofrecer los técnicos en optometría.

El contar con la autorización sanitaria, conllevará una acción preventiva de la posible ocurrencia de riesgos sanitarios en la prestación de servicios y establecimientos de salud, con la finalidad de que la correcta evaluación de la función visual, en todos los servicios de optometría, realizada por un especialista, permitirá conocer el estado del paciente y poner de manifiesto la posible existencia o no de anomalías.

Por ello la Iniciativa propone lo siguiente:

 LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a VI. …

.

 Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a VI. …

VII. Servicios de optometría.

III. CONSIDERACIONES

A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

El Consejo Mundial de Optometría menciona que; La optometría es una profesión de la salud que es autónoma, educada y regulada, y los optometristas son los profesionales del cuidado primario de la salud del ojo y del sistema visual, que proporcionan un cuidado integral del ojo y la visión, que incluye la refracción y dispensación, detección/diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en el ojo.

C. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud, OMS estipula que debe haber un optometrista por cada 10,000 habitantes. A ello hay que hacer mención que México cuenta una población de casi 120 millones de habitantes, por lo que requiere de 12,000 optometristas para satisfacer las necesidades de la población.

Según el Censo Económico del 2009, INEGI se registró 9,293 ópticas, adicionalmente contabilizó 614 consultorios de optometría. Es decir, en 2009 existían casi 10 mil ópticas y consultorios.

En 2013, el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), de la Secretaría de Educación Pública, tenía registrados 3,650 optometristas titulados desde los años 50´s.

Así mismo un dato importante es que hacen falta al menos 6,500 licenciados en optometría para satisfacer la demanda del sector.

D. Por su parte la discapacidad visual se refiere a la disminución que sufre una persona en su agudeza o capacidad visual. Este tipo de dificultad incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual.

En México hay 60 millones de personas que necesitan lentes o gafas, pero solo 15 millones las utilizan.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discapacidad visual es la segunda más numerosa en el país con el 27.2% de los 5 millones 739 mil 270 mexicanos que tienen alguna discapacidad.

Además, en México según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2010, hay 112 millones 336 mil 538 habitantes en la República Mexicana, de los cuales se estima que 43.24 por ciento del total de la población, es decir alrededor de 48 millones de personas, requieren de servicios optométricos; de éstos el 54 por ciento corresponde a mayores de 45 años; 33 por ciento entre 15 y 44 años; 12 por ciento entre 5 y 14 años, y 1 por ciento de 0 a 4 años.

Del porcentaje de personas que tienen alguna afectación visuales, en su mayoría se refiere a individuos que desde su nacimiento sufren de este problema, pero también una parte considerable de dicha población sufren discapacidad visual por alguna negligencia médica.

E. Se coincide con el proponente en que debido a la gran cantidad de personas que sufren algún tipo de problema visual, ha crecido el mercado de servicios de optometría irregulares, esto lleva a que se presenten diversas situaciones en donde la atención visual puede ser proporcionada por dependientes sin preparación, situación agravada por la escasa cultura de salud que prevalece en el país, la auto-prescripción y el incompleto diagnóstico que pueden ofrecer los técnicos en optometría.

Por ello, la iniciativa incumbencia de este Dictamen propone que los establecimientos dedicados a esta rama y práctica deban contar con autorización sanitaria.

F. Sin embargo, a pesar de que la Iniciativa tiene un objetivo bondadoso que trata de prevenir problemas a corto, mediano y largo plazo en la salud visual, estas Comisiones Dictaminadoras vierten lo siguiente:

La iniciativa en análisis resulta inviable, en virtud de que, conforme a lo señalado por la COFEPRIS, dichos establecimientos son considerados de bajo riesgo ya que en ellos se realiza únicamente la medición de la refracción ocular a través de equipo especializado para ello, sin llevar a cabo en ningún momento procedimientos invasivos.

Lo anterior, no significa que los establecimientos dedicados a los servicios de optometría, no sean objeto de acciones de control y vigilancia sanitarios, pues los mismos actualmente se encuentran sujetos a la prestación de un aviso de funcionamiento, ante la autoridad sanitaria, en términos de los dispuesto por el artículo 200 Bis, de la Ley General de Salud, precepto que dispone lo siguiente:

Artículo 200 Bis.- Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, mediante acuerdo, determine la Secretaría de Salud.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior clasificará a los establecimientos en función de la actividad que realicen y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:

I. Nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del establecimiento;

II. Domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso y fecha de inicio de operaciones;

III. Procesos utilizados y línea o líneas de productos;

IV. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cumplen los requisitos y las disposiciones aplicables al establecimiento;

V. Clave de la actividad del establecimiento, y

VI. Número de cédula profesional, en su caso, de responsable sanitario.

Al respecto con fecha 28 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dan a conocer trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cual en Anexo I denominado "Actividades sujetas a presentación de Aviso de Funcionamiento o quien Requiera Licencia Sanitaria", señala que el Comercio al por menor de lentes y los Consultorios de Optometría, son actividades sujetas a la presentación de aviso de funcionamiento.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaba la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de Salud el artículo 225 de la Ley General de Salud.

SEGUNDO.- Se da por totalmente concluido el asunto.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Son todos los dictámenes negativos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los mismos. No habiendo quién haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.






A continuación, tenemos la discusión de ocho dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los puntos de Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.

Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado en que se encuentran los zoológicos y los centros para la conservación e investigación de la vida silvestre y sobre los estudios o prospecciones realizados para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto del 9 de enero de 2015, sobre la capacidad para albergar a más ejemplares de vida silvestre.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a diversas Secretarías de estado a evaluar el costo y beneficio del “Proyecto Zonarida".

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre el estado de los procedimientos que se siguen en contra del proyecto Dragon Mart, en el estado de Quintana Roo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir información sobre la importancia de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir información sobre la importancia de brindar un trato digno y respetuoso a la fauna silvestre.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos de manejo especial y peligroso, en particular los residuos de pilas.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir la elaboración, publicación e implementación del Plan de Manejo para los Televisores Analógicos Desechados, producto de la transición a la televisión digital terrestre.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Economía a solicitar la realización del análisis de la aplicación, los efectos y la observación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, sobre residuos de manejo especial.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los mismos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los siguientes Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a difundir la "Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes", presentada el 23 de enero del año 2015.

Pido a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se refiere al punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a difundir la "Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes".

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan a la Secretaría de Salud a instrumentar diversas acciones en favor de la salud materna.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de febrero de 2015, los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno, Iris Vianey Mendoza e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las secretarías de salud de los gobiernos locales de los 31 estados y del Distrito Federal a presentar un informe de las quejas presentadas en materia de violencia obstétrica, así como las medidas emprendidas para combatir esta práctica.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 24 de febrero de 2015, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.- Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, en relación a las cesáreas.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 12 de marzo de 2015, los Senadores Cristina Díaz, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a difundir la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La preocupación de los legisladores proponentes, se desarrolla en torno a la práctica de la violencia obstétrica en los servicios de salud de nuestro país; en la práctica indiscriminada de cesáreas y en la importancia de difundir la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, todos materia de la salud materna que se debe mejorar en nuestro país.

III. CONSIDERACIONES

A. En México, en los últimos dos sexenios, la atención prenatal incrementó de 64.4% en 2000 a 65.2% en 2006 y hasta llegar a 74.4% en 2012. El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su periodo reproductivo es particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos, relativamente alta.

Entre las primeras cinco causas de mortalidad materna que representan 88.3% del total de estas defunciones, están:

● Las defunciones obstétricas indirectas1 con 31.9%;

● Seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%;

● Hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%;

● Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2%, y;

● Las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8%.

Al respecto es importante señalar los 4 elementos que destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA que son:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género;

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

B. Es una realidad que independientemente del porcentaje de embarazos en adolescentes que se pueda reducir, la atención que se brinda a las mujeres en esta situación, no es la adecuada, oportuna y suficiente. La práctica que se ha habituado en las salas de labor de parto, donde los derechos humanos, sexuales y reproductivos, no se respetan, principalmente en instituciones de salud pública.

A través del estudio denominado "Génesis de la práctica del habitus médico autoritario en México", se describe lo que se conoce como violación de derechos reproductivos en el espacio de los servicios de salud o violencia obstétrica, donde se practican una serie de acciones con el fin de denostar, humillar, descalificar, recriminar o etiquetar la conducta de las mujeres en labor de parto, por lo que resulta importante crear mecanismos que permitan la capacitación de los profesionales de la salud, que marquen los parámetros en cómo deben interaccionar entre ellos y con las mujeres embarazadas y se garantice que brindarán un servicio adecuado y con respeto hacia éstas mujeres.

Aunado a lo anterior, se tiene un promedio de 931 casos de mujeres que dan a luz, fuera de los hospitales, es por ello que desde Programas como Estrategia 100x100, de 2010, donde a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se adoptó un principio de solidaridad mediante el cual el Gobierno Federal prioriza la atención de los municipios y comunidades que más urgentemente reclaman la atención de las políticas públicas.

Otra estrategia que se elaboró para contrarrestar la falta de atención de mujeres en estado de emergencia obstétrica, tiene que ver con la celebración del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, de mayo de 2009, mediante el cual la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de promover una mayor colaboración entre instituciones, para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud; asimismo a fin de garantizar la prestación de servicios médicos de urgencias de acuerdo a la normatividad vigente y coadyuvar a la reducción de las brechas existentes en materia de capacidad instalada para ampliar las oportunidades de acceso a los servicios de salud.

No obstante lo anterior, la falta de atención oportuna y la falta de promoción de los derechos de las mujeres embarazadas, como lo es el Convenio señalado, impiden que las mujeres logren acceder a estos beneficios.

C. Por otra parte, la necesidad de una cesárea, puede variar según sean urgentes o electivas, las urgentes son aquellas que se practican para resolver o prevenir una complicación materna o fetal en etapa crítica; las electivas son las intervenciones quirúrgicas que se programan para ser realizadas en una fecha determinada por alguna indicación médica y se ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto. Lo que se prevé y previene a partir de dicha intervención quirúrgica puede ser:

Por causas maternas:

1. Estrechez pélvica; pelvis asimétrica o deformada; y, tumores óseos de la pelvis;

2. Malformaciones congénitas; tumores del cuerpo o segmente uterino, cérvix, vagina y vulva que obstruyen el conducto del parto; Cirugía previa del segmento o cuerpo uterino, incluyendo operaciones cesáreas previas; Cirugía previa del cérvix, vagina y vulva que interfiere con el progreso adecuado del trabajo del parto;

3. Hemorragia (placenta previa o desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta); Patología materna incluyendo nefropatías, cardiopatías, hipertensión arterial o diabetes mellitus, etc.

Causas Fetales:

1. Macrosomía fetal que condiciona desproporción cefalopélvica;

2. Alteraciones de la situación, presentación o actitud fetal;

3. Prolapso de cordón umbilical;

4. Sufrimiento fetal;

5. Malformaciones fetales incompatibles con el parto;

6. Embarazo prolongado con contraindicación para parto vaginal, cesárea postmortem;

Causas Mixtas

1. Síndrome de desproporción cefalopélvica;

2. Preeclampsia/eclampsia;

3. Embarazo múltiple;

4. Infección amniótica;

5. Isoinmunización materno-fetal.

D. Aunado a lo anterior, aun cuando la intervención quirúrgica en comento sea realizada por recomendación del profesional de la salud, la misma se debe evitar en la medida de lo posible, ya que pueden derivar en ciertas complicaciones como:

Maternas:

1. Inmediatas: Hipotonia uterina, hemorragias, hematomas, lesiones en vejiga, uréter, intestino e íleon paralítico;

2. Mediatas: Infecciones puerperal, urinaria, respiratoria, anemia, hemorragia por retención de restos placentarios, dehiscencia de la histerorrafia, entre otras;

3. Tardías: Ruptura uterina en embarazos subsecuentes y procesos adherencias.

Neonatales:

1. Taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de adaptación pulmonar.

En México, el porcentaje de nacimientos por cesárea, en hospitales privados, supera el 70% y en hospitales públicos el 41%, dichas cifras triplican el índice óptimo establecido por la OMS, ya que todas aquellas cesáreas por encima del 15%, se consideran innecesarias, además de que multiplican por diez los riesgos que se pueden producir con esta práctica.

E. Como observamos en las cifras anteriores, tanto en los hospitales privados como públicos, se ha visto un incremento en la práctica de esta cirugía mayor, dicho incremento se reporta como innecesario y como una alerta para el sistema de salud en nuestro país, toda vez que se debe valorar por una parte, la formación y regulación de recursos humanos, que impulse la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual, además de fomentar la integración de equipos de personal de la salud que cubra las necesidades de la población usuaria y por otra, el diseño y organización institucional, ello con la finalidad de que frente a la saturación del servicio, se busque el diseño de espacios que permitan la vigilancia necesaria para el desarrollo más eficiente y satisfactorio del trabajo de parto.

Finalmente por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se difunda la "Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes" presentada el pasado 23 de enero de 2015.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimiento para la prestación del servicio, para disminuir el índice de cesáreas en el país.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, presenten un informe detallado sobre el número de quejas presentadas por violencia obstétrica, su estatus, número de recomendaciones emitidas, nivel de cumplimiento y acciones emprendidas para modificar esta conducta hacia las mujeres embarazadas.

COMISIÓN DE SALUD.

1 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio, entre otras.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervenciones. Con el permiso de la Presidencia.



Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados el dictamen. Comuníquese.

 






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco” (AMP 02), a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS BUQUES ARM “HUASTECO” (AMP 01) A LOS PUERTOS DE LA HABANA, CUBA, Y CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, Y ARM “ZAPOTECO” (AMP 02), A LOS PUERTOS DE SAN DIEGO Y LONG BEACH, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRÁCTICA DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Y antes de concederle el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar este y los siguientes dictámenes en la materia, informo a la Asamblea, a las Senadoras y Senadores, que iniciaremos con votaciones nominales, por lo que al término de la discusión de ésta les pido que estemos en el Pleno para poder llevar a cabo la votación respectiva. Háganse los anuncios respectivos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar éste y los siguientes dictámenes que tienen que ver con esta materia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Presento en esta ocasión cinco dictámenes que elaboramos en la Comisión de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Comisión de Marina para autorizar al titular del Ejecutivo Federal a que permita la salida de elementos de la Armada de México para participar en diversos cruceros de instrucción y ejercicios navales.

El primer dictamen concede autorización para permitir la salida de los buques ARM Huasteco a los puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia; y ARM Zapoteco a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de prácticas del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

Estos ejercicios en los que participarán cadetes de tercer, cuarto y quinto año de diversas carreras, como ingenieros en electrónica y comunicaciones navales, ingenieros mecánico-navales, permitirán continuar con el fortalecimiento de las relaciones profesionales y operativas con otras armadas del mundo.

Además, los cadetes lograrán intercambiar experiencias en el ámbito naval y adquirirán conocimientos técnicos, logísticos, de comunicación costera, de navegación y operacional.

El segundo dictamen se refiere a la salida del Buque Escuela ARM Cuauhtémoc, para que efectúe el crucero de instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, que se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de este año, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.

El propósito de este crucero, el Cuauhtémoc, muy conocido por todos nosotros, es que cadetes de cuarto año incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden naval militar, que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica y fortalezcan el espíritu marino a través del trabajo en equipo.

Con estas actividades participarán 170 elementos, entre capitanes, oficiales, clases y marinería, así como 42 cadetes de cuarto año de la carrera de Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar.

El siguiente dictamen contiene proyecto de Decreto para que elementos de la Armada de México participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015, en las cosas de San Diego, California, en Estados Unidos.

En estos ejercicios navales que se encuentran enfocados en operaciones anfibias y de interoperabilidad, la Armada de México participará con el buque de guerra anfibia ARM Usumacinta y la patrulla oceánica ARM Revolución, con 295 elementos de tripulación y una compañía de Infantería de Marina con 134 elementos embarcados.

Este ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, tiene como objetivo incrementar la capacidad operativa y dé respuesta de la fuerza naval aplicando y actualizando las capacidades operativas de las unidades de superficies aeronavales y terrestres.

El cuarto dictamen autoriza la salida de elementos para que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2015”, que se realizará del 15 al 24 de junio de este año, en las costas de Belice.

Este ejercicio que involucra las fuerzas de seguridad pública y agencias da respuesta a desastres naturales de naciones de El Caribe, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos, se enfocará este año en misiones para contrarrestar la delincuencia organizada transnacional, así como la ejecución de operaciones de adiestramiento y ejercicios de interdicción marítima de ayuda humanitaria y dé respuesta a desastres, mediante la integración de una fuerza de coalición y la interoperabilidad de los países participantes.

Finalmente, está también el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, por el que se concede autorización al Presidente para que elementos de la Armada participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVI”, que se realizará en el mes de octubre en las costas de Chile.

En este ejercicio participarían la patrulla oceánica ARM Prieto, un helicóptero Panther y 43 elementos de la Infantería de Marina.

Los ejercicios navales UNITAS PACÍFICO se llevan a cabo cada año por la Armada de los Estados Unidos, en conjunto con las armadas de países latinoamericanos, a fin de operar como una fuerza multinacional y llevar a su máxima capacidad la interoperabilidad entre naciones participantes en diversos escenarios, construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales.

Estimados compañeros y compañeras: La realización de este tipo de ejercicios permiten fortalecer el adiestramiento y la capacitación de nuestros elementos en la aplicación de procedimientos tácticos y la actualización de la doctrina naval.

Con ello, la Armada de México contará con una mejor preparación para el cumplimiento de la misión y atribuciones que tienen conferidas.

Además, y es de destacarse, antes de concluir, que este tipo de ejercicios también permiten que los elementos de nuestra Armada puedan compartir experiencias, puedan trabajar en conjunto y, sin duda, puedan sumar esfuerzos con otras marinas, sobre todo de nuestra región.

Sí es de destacar la disposición y el trabajo en conjunto con la Secretaría de Marina, quien en todo momento ha dado muestras claras y contundentes de transparencia, de rendición de cuentas, y siempre ha estado cerca para la información que este Senado le requiera.

Así, y en cumplimiento a lo establecido por la fracción III del artículo 76 de nuestra Constitución Política, sometemos a su consideración, compañeras y compañeros, estos dictámenes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

Está a discusión este dictamen. No habiendo oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con el siguiente dictamen.






Recibimos también otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, que se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) DE LA ARMADA DE MÉXICO, EFECTÚE EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “LEVANTE MEDITERRÁNEO 2015”, QUE SE REALIZARÁ DEL 25 DE ABRIL AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015, ZARPANDO DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no hay oradores registrados, se reserva para su votación nominal junto con los siguientes dictámenes.






Recibimos también otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015 en las costas de San Diego, California, Estados Unidos de América.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO “DAWN BLITZ 2015”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS COSTAS DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen le dimos primera lectura hace un momento, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

No habiendo oradores registrados, se reserva para su votación nominal con los siguientes dictámenes.






Recibimos también otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, el que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, que se realizará del 15 al 24 de junio de 2015, en las costas de Belice.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “TRADEWINDS 2015”, QUE SE REALIZARÁ DEL 15 AL 24 DE JUNIO DE 2015, EN LAS COSTAS DE BELICE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace un momento, por lo que pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen.

En virtud de que no hay oradores registrados, se reservará para su votación nominal de manera conjunta con los siguientes dictámenes.






Recibimos de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, un dictamen que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACÍFICO LVI", que se realizará en el mes de octubre de 2015, en las costas de Chile.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE PARTICIPEN EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "UNITAS PACÍFICO LVI", QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, EN LAS COSTAS DE CHILE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de éste y de los cuatro dictámenes anteriores con proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para dar cuenta del resultado de la votación.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos del Centro de Estudios Superiores Olimpo y del Colegio de Estudios Jurídicos de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.

Sean ustedes bienvenidos, al Senado de la República.

Igualmente, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, quienes asisten también a este Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

Sean ustedes bienvenidos jóvenes alumnos.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, se aprueban los siguientes Decretos:

El que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM "Huasteco" (AMP 01) a los puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM "Zapoteco" (AMP 02), a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que realicen viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

El que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción "Levante Mediterráneo 2015", que se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.

El que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el ejercicio "DAWN BLITZ 2015", que se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015 en las costas de San Diego, California, Estados Unidos de América.

El que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2015", que se realizará del 15 al 24 de junio de 2015, en las costas de Belice.

Y el que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACÍFICO LVI", que se realizará en el mes de octubre de 2015, en las costas de Chile. Remítanse al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General, en materia de utilización de lenguaje de señas mexicanas y subtitulaje en español, en la programación del canal.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Brevemente explicar a ustedes y justificar el sentido del dictamen, para el que pido su voto favorable.

No se trata de una reforma menor, es un ajuste fundamental que atiende a un sector muy importante de la población que está incapacitada para escuchar al Canal del Congreso en sus transmisiones, que pretende garantizar un derecho fundamental de este sector al que se le denomina con capacidades diferentes.

Es introducir la obligación para que el Canal del Congreso transmita varios de sus contenidos en lenguaje de señas, se trata de una iniciativa que se presentó en la legislatura anterior, en la Cámara de Diputados, y que ha sido pedido por la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso para su procesamiento.

Estamos cumpliendo así, incluso, varias recomendaciones, tanto de organismos nacionales como internacionales que buscan garantizar a quienes no pueden escuchar los contenidos del canal, el lenguaje de señas, de eso se trata.

Luego vendrán otras reformas al Reglamento del Canal del Congreso para fortalecer su autonomía.

Por su atención, muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán. Me informan que declina, era para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

En consecuencia, pasamos a la discusión de este dictamen.

Se le concede, en primer término, para hacer uso de la palabra en la discusión en lo general, al Senador Jesús Casillas Romero.

En virtud de que no se encuentra, se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este asunto, como lo ha comentado ya el presidente de la comisión, tiene su importancia, precisamente porque va dirigido a un sector específico de nuestra sociedad.

En México, la primera transmisión televisiva con un lenguaje de señas se implementó a mediados de los 80's, durante un noticiero televisivo, era por fragmentos de cinco minutos; sin embargo, fue interrumpido desde 1992 y finalmente reanudado, como un resumen de tres minutos, en 1997.

Si ustedes ven, le han restado importancia a este asunto y han ido reduciéndolo a segmentos muy breves de información.

Por eso, este dictamen busca establecer la incorporación del lenguaje de señas y el subtitulaje dentro de la programación del Canal del Congreso; por eso el Congreso lo retoma para que las personas que tienen discapacidad auditiva puedan estar ahí

Nosotros creemos que en el área metropolitana se puede llegar a tener una cobertura de cerca de 3 millones de personas, y llegar a 17 millones de mexicanos cuando esta señal, la señal del Congreso, esté abierta a nivel nacional.

Es la importancia de esto.

Se ha visto que existen alrededor de 400 mil personas con discapacidad auditiva, quienes enfrentan una enorme cantidad de restricciones que les impiden contar con mecanismos de interacción y relación con la sociedad.

Tiene fundamento constitucional: el artículo 1o. de la Constitución General de la República, establece esta obligación; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que: "toda persona tiene el derecho de recibir información con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación alguna".

De la misma forma, el artículo 6o. de la Constitución, en la reciente reforma que se discutió en este Congreso, estableció estas obligaciones en el artículo 58, que reconoce los derechos que gozan las audiencias con discapacidad y establece la obligación de contar con servicios en subtitulaje, en lenguaje de señas, que se hagan en las transmisiones televisivas, e incluso el lenguaje de señas también está incorporado como una lengua nacional en nuestro país.

Por último, comentarles lo que dijo en alguna ocasión Helen Keller: "Entre no ver y no oír, sin ninguna duda, es mucho peor no oír; pues no ver incomunica con los objetos, pero no oír incomunica con las personas y esto se convierte en un objeto".

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros.

Vengo, por supuesto, a hablar, en esta tribuna, en favor del dictamen que estamos discutiendo en esta sesión, y que tiene que ver con el avance que hoy estaríamos dando a favor de personas con discapacidad, en relación a poder tener acceso a la información.

Les quiero compartir que el Estado mexicano está obligado a crear políticas y estrategias encaminadas a la implementación de mecanismos que permitan el acceso a la información a las personas con discapacidad, particularmente de aquellas que viven con discapacidad auditiva, quienes necesitan de la implementación de acciones que les permitan contar con intérpretes de lengua de señas mexicana y subtítulos en español.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 2o., "que la comunicación incluirá la visualización de textos"; mientras que en su artículo 21, señala que "se debe de facilitar a las personas con discapacidad información digital dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional y en formatos accesibles".

Estos preceptos retomados por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nos dejan de manifiesto que en el camino a la plena armonización de los derechos de las personas con discapacidad, resulta viable apoyar las reformas legislativas tendientes a promover el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual en México.

El INEGI señala que en México hay un millón 270 mil personas con discapacidad auditiva, quienes se enfrentan a diversas problemáticas para acceder a la información, debido a que son muy pocos los espacios o medios de comunicación que cuentan con formatos accesibles que les permitan ejercer su derecho a la información.

En este sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece, en la fracción I del artículo 258, como derecho de las audiencia con discapacidad, que "con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades contarán con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lenguaje de señas mexicanas para accesibilidad a personas con debilidad auditiva".

Senadoras y Senadores: En el Senado de la República nos hemos caracterizado por ser promotores del respeto de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad; así, con la misma convicción que tenemos, es necesario que continuemos trabajando y respaldando las medidas afirmativas que tengan como propósito abonar en su favor y a favor de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del PRI, nos congratulamos del gran paso que damos hoy como Senado de la República, a favor de las personas con discapacidad, y votaremos, por supuesto, a favor este dictamen que tiene como objeto justamente establecer un mecanismo que se traduzca en una igualdad de oportunidades para el acceso a la información del trabajo legislativo, cumpliendo con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, y más aún, con nuestra obligación de responder a las necesidades de quienes representamos, y cuya confianza nos ha permitido trabajar directamente desde el Congreso en favor del respeto de sus derechos.

Por su atención, y estoy segura que también por su respaldo, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a hablar a favor de este dictamen.

Este dictamen que contiene apenas un renglón, renglón y medio adicionado al artículo 4 del Reglamento del Canal del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene que ver con un tema de inclusión, un tema de reconocimiento a las personas con discapacidad auditiva, con esas personas que durante muchos años no solamente han quedado ausentes de las políticas públicas, sino que, en muchos casos, han sido víctimas de discriminación.

Lo que hemos hecho en este Senado de la República, lo que hemos hecho en este Congreso de la Unión, tanto Senadores como Diputados en favor de las personas con discapacidad, queda en evidencia clara el respaldo que desde el Congreso de la Unión se le da a todas las personas con discapacidad.

Y prueba de ello, son las reformas que recién acabamos de aprobar hace 15 días, con la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Con el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que atinadamente preside mi compañera, la Senadora Hilda Flores Escalera, queda claro que hay un compromiso, y claro que lo hay, estamos hablando que en el mundo hay más de 500 millones de personas que tienen algún impedimento que los coloca en tal situación, de los cuales, 150 millones son niños.

En nuestro país, cerca del 2 por ciento de la población padece algún tipo de discapacidad; de los cuales, el 16 por ciento padece sordera o requiere de algún aparato de ayuda auditiva; de ellas, algunas 700 mil son completamente sordas.

Lo que establece el dictamen que estamos a punto de aprobar, y desde luego solicito el respaldo de todas mis compañeras y mis compañeros, establece que con esta modificación, en el cual la programación del Canal del Congreso, concretamente el que tiene que ver con los programas informativos, los programas que produce el propio Canal del Congreso, estarán evidentemente traducidos por un intérprete con señas mexicanas o con subtítulos en el idioma español.

Estamos hablando que estas 700 mil personas podrán acceder a ver la programación del Congreso, y, desde luego, el Canal del Congreso se pone a la vanguardia de otras televisoras en el país en este tema fundamental, que insisto, no es un tema ni de justicia, no es un tema de reconocimiento, sino que es un tema de derechos, que ya están consagrados en nuestra Constitución, de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Pero más aún, habrá de incrementarse, según estimaciones que se establecen en el dictamen, y quienes atinadamente lo aprobaron en comisiones este dictamen, se estima que habrá de incrementarse la audiencia en la programación del canal en por lo menos 2.5 millones de personas. Este sería el espectro que tendría el Canal del Congreso con esta nueva forma de comunicarse por parte de la programación.

Por ello, en mi bancada nos agradamos con este dictamen, que estoy seguro será aprobado por todas y todos los Senadores.

Estamos aportando mejores condiciones de inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Insisto, no es una concesión, son derechos por los cuales debemos velar en su cumplimiento, y esta es una forma de avanzar en ello, además de cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país en esta asignatura, pues recordemos que en la invocada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra precisamente el de facilitar la comunicación, en este caso, a través del lenguaje de señas, gracias al cual las personas con sordera pueden establecer comunicación en su entorno social.

3 millones de personas, en el área metropolitana, y 17 millones de personas en la cobertura abierta, son las estimaciones que tiene el dictamen y que, sin duda, esto será una parte de las tantas medidas que habremos de tomar orientadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con algún tipo de discapacidad.

Oportunidades que serán en 2 días, pues mientras más se generen condiciones para ellas, el resto de la sociedad se dará a la oportunidad de aprovechar este gran potencial: el lenguaje de señas, insisto, a favor de las personas con discapacidad.

Por eso, no solamente nosotros celebramos que el día de hoy se esté discutiendo, se esté votando este dictamen, sino un reconocimiento a quienes fueron los autores de la iniciativa, a quienes trabajaron en comisiones, a quienes lo aprobaron, a quienes entraron al estudio y, desde luego, el reconocimiento para quienes voten a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo asunto, hasta por 5 minutos.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Antes que nada, quisiera comentarles por qué es tan importante para mí este tema.

Es muy importante porque antes de entrar a la política, yo me dedicaba a ser maestra de niños sordos, mi trabajo era precisamente ese, enseñar a hablar a los niños sordos, enseñar a leer a los niños ciegos, y después cambió mi vida a la hermosa carrera de la política.

Pero hoy quiero iniciar este discurso hablándoles en lenguaje manual, recordando un poco de aquellos conocimientos que tuve hace muchísimos, muchísimos años.

(Habla en lenguaje de señas mexicano)

"Queridas compañeras y compañeros Senadores":

Hago uso de esta tribuna para manifestar mi voto a favor de esta propuesta, puesto que hace más accesible la comunicación hacia las personas con discapacidad auditiva, fortaleciendo el pleno ejercicio de sus derechos.

La dificultad de acceso a la información atenta contra los derechos de nuestros ciudadanos, quienes al no contar con los medios suficientes que les informen sobre su entorno y dinámica social, ven limitada su participación y opinión en sus derechos cívicos y educativos.

Por ello, me parece muy oportuna la aprobación del presente dictamen, ya que además, en el mundo, las tecnologías de la información están ayudando a este tipo de personas, generándoles oportunidades que antes eran impensables.

Considero que como beneficios adicionales que trae esta propuesta, puede mitigarse el aislamiento y se abre el camino para la participación política del sector, además de involucrarlos en temas económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estima que en el mundo hay más de 300 millones de personas con discapacidad auditiva.

En México, de acuerdo con el INEGI, existen casi medio millón de personas sordas, y se calcula que al año nacen 2 mil 400 niños con sordera. Por lo tanto, en un medio como lo es el Canal del Congreso, donde se debaten los temas ejes de la agenda política nacional, debemos fomentar que cuente con una traducción simultánea al lenguaje de señas mexicanas, la cual es reconocida como "lengua nacional", desde el año 2003.

Como he señalado, la dificultad de las personas sordas para comunicarse disminuye su capacidad de interacción social.

En consecuencia, su desarrollo educativo, profesional y humano queda restringido, por lo que celebro que esta reforma fomente una cultura incluyente.

Esta propuesta, sin duda, va a coadyuvar, a promover un cambio en la manera que la sociedad percibe la discapacidad auditiva y fortalecerá la comunicación de las personas que utilizan el lenguaje de señas, ejecutado con las manos, la expresión corporal y los gestos.

Reconozcamos que una sociedad justa y equitativa debe otorgar a todos sus integrantes las mismas oportunidades, entre ellas, el acceso igualitario a la comunicación y a la información. Y en este caso, para lograr la participación plena en sociedad de las personas con discapacidad auditiva, es necesario garantizar que tengan acceso a la información pública a través de una herramienta básica, como es la lengua de señas o los subtítulos.

Yo les agradezco mucho a todos mis compañeros por esta intervención, y sobre todo decirles que es una gran oportunidad para las personas con discapacidad auditiva para estar cerca del mundo de los oyentes.

Gracias, de verdad, y bueno, pues, con esto me retiro:

(Habla en lenguaje de señas mexicano)

"Muchas gracias, señor Presidente".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

¡Sean ustedes bienvenidos, jóvenes estudiantes!

Igualmente, saludo la presencia de un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas, A.C., Campus DF, invitados por el de la voz.

¡Sean ustedes bienvenidos, jóvenes estudiantes!

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Por unanimidad.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Vida Silvestre, para actualizar la denominación de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en la legislación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este proyecto de Decreto.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Presento a su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, a cuyos integrantes reconozco el tiempo y esfuerzo que dedicaron, especialmente a mi amigo el Senador Alejandro Encinas, que preside la Comisión de Estudios Legislativos.

Su objeto, es una iniciativa presentada en octubre del año pasado por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para actualizar tres ordenamientos:

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y la Ley General de Vida Silvestre.

En sus respectivos artículos 12, 1o. y 93, todavía se menciona al Instituto Nacional Indigenista, y la propuesta de la Senadora Calderón Hinojosa, es que se sustituya esa referencia por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Consideramos evidente la procedencia de la iniciativa, pues la Ley del Instituto Nacional Indigenista, que se publicó el 4 de diciembre de 1948 en el Diario Oficial de la Federación, fue abrogada en el artículo segundo transitorio de la ley que creó a la CDI.

La Ley de la CDI se publicó el 21 de mayo de 2003, el INI funcionó entonces de 1948 a 2003.

En primer término, se propone reformar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en su artículo 12, que establece la integración de su junta de gobierno, comprendiendo en su redacción vigente, como integrantes de la misma, al Instituto Nacional Indigenista y a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Es adecuado reformar el inciso y fracción correspondientes, no solo al Instituto Nacional Indigenista, sino también en la parte que hace referencia a la Reforma Agraria, para remplazarla por la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En segundo término, respecto a la Ley General de Vida Silvestre, el primer párrafo de su artículo 93, establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y las entidades federativas, tienen la facultad de regular las prácticas y los volúmenes de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, para las ceremonias y ritos tradicionales de los integrantes de las comunidades.

También es procedente reformar este ordenamiento, para que en su referido artículo se determine que corresponde a la CDI ejercer las atribuciones que se atribuyen al INI.

En tercer término, respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, la Senadora proponente hizo, durante el análisis en comisiones, una relevante observación, en la que coincidimos.

Señaló, con acierto, que desde 1996 existen criterios jurisdiccionales relativos a la inconstitucionalidad de su artículo 1o.

En efecto, el artículo 1o. de esta ley, vigente desde 1963, establece que dicha ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de las siguientes instituciones:

ISSSTE, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil "Maximino Ávila Camacho" y Hospital Infantil, así como de otros organismos descentralizados similares a los anteriores.

De su simple lectura se advierte que varias de las instituciones que se enlistan en dicho precepto, ya no existen o fueron remplazadas por otros organismos.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia fue creado por Decreto Presidencial en 1961, reestructurado en 1975 como Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, y en 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Y podemos hacer comentarios similares respecto a la desaparecida Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, y a la extinta Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, y a la abrogada ley que creó el Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho.

Es evidente que se trata de un proyecto que requiere de una reforma, pero es de mayor trascendencia entrar al estudio de su declarada inconstitucionalidad.

Es por eso que en el Pleno de la Suprema Corte, en febrero de 1996, se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la tesis de jurisprudencia titulada "Organismos Descentralizados de Carácter Federal, su inclusión en el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional".

En dicha tesis se establece que el Apartado B del artículo 123 constitucional, contiene las bases jurídicas que rigen las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva.

Determina, la tesis, que esta legislación no debe contradecir aquellos fundamentos, porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la ley federal ya referida, que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la Administración Pública Federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal.

Recordemos que el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal corresponde, por disposición constitucional, al Presidente de la República directamente o por conducto de las dependencias de la Administración Pública centralizada, como son las Secretarías de Estado.

Para concluir, señala el Pleno de la Suprema Corte que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del Apartado B del artículo 123 constitucional, como lo establece inconstitucionalmente el artículo 1o. de la ley ya citada.

Por lo anterior, en nuestro dictamen proponemos que dicho precepto quede redactado de la siguiente forma:

El artículo 1o. la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal.

Planteados los razonamientos que motivan este dictamen respecto a las tres leyes ya mencionadas, lo sometemos a la consideración de ustedes, solicitando respetuosamente sea aprobada en sus términos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Está a discusión este proyecto en lo general. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 16, 38 y 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de adicionar la obligación para los órganos públicos y autoridades federales, del fomento, a través de la publicidad gubernamental, en materia de equidad de género.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 16 Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Esta Presidencia saluda también a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, invitados por el Senador José María Martínez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado!, jóvenes estudiantes.

En el uso de la palabra, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera que me diera oportunidad de abordar los dos dictámenes que tenemos a consideración, que de una vez pudiéramos hablar de ellos, y uno tiene que ver con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que solamente es un tema que tiene que ver con técnica legislativa y poder ordenar de acuerdo a las reformas que ha habido en pro de la igualdad, que no tiene mayor complicación, y estoy segura ustedes, hombres y mujeres, Senadores de la República, votarán a favor.

Tenemos uno más que tiene que ver con un asunto muy recurrente y que ha sido una lucha de mucho tiempo, una reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las modificaciones son a los artículos 16 y 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y tiene que ver con la publicidad gubernamental e institucional.

Este ha sido un debate de mucho tiempo, y hemos insistido mucho sobre no estereotipar todo lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental e institucional, y que tampoco se maneje en razón del sexo, porque solamente han discriminado la figura de las mujeres o se usa con otro propósito.

Ustedes recordarán anuncios como, mejor no lo digo, porque también es discriminatorio, simplemente eliminar todo lo que tenga que ver con señalar, estereotipar y, sobre todo, denigrar al género femenino.

Estoy segura que lo votarán a favor, porque forma parte de una agenda de trabajo que tenemos en este Senado de la República a favor de las mujeres.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

En consecuencia, está a discusión en lo general este dictamen, y para ello, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en pro del mismo.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano; por ello, diversos países han emprendido acciones encaminadas a la igualdad del género.

Según declaraciones de la representante de ONU-Mujeres, en México tomará 80 años alcanzar la igualdad de la mujer respecto al hombre en materia laboral; tomará 75 años tener una remuneración equivalente y 30 años tener el mismo nivel en el ámbito de participación política.

México ha hecho lo propio y cuenta con políticas públicas, leyes y presupuestos encaminados para impulsar la equidad de género.

Sin embargo, la violencia y la desigualdad contra la mujer es un tema que se mantiene constante en el país, aun cuando en la mayoría de los espacios se asume en el discurso políticamente correcto la igualdad de género. En la vida cotidiana la paridad entre mujeres y hombres no es una realidad.

Hay temas que el Estado mexicano ha olvidado atender; por ejemplo, la publicidad sexista, la cual es uno de los factores que en mayor medida contribuye a reproducir estereotipos que generalmente buscan reducir el papel de la mujer en comparación con el hombre.

Es común para los mexicanos ver publicidad que sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. Por mencionar algunos ejemplos, ciertos anuncios están encaminados a fijar estándares de belleza femenina; otros ejercen presión sobre el cuerpo femenino a través de determinados tipos de productos.

Asimismo, en muchos otros se aleja a las mujeres de los espacios profesionales prestigiados socialmente y, por el contrario, se le asignan roles de limpieza, cuidado y alimentación familiar.

Los anuncios más frecuentes exhiben al cuerpo femenino como objeto, esto es, como valor añadido a los atributos de un determinado producto.

La publicidad sexista y discriminadora legitima la violencia que enfrentan las mujeres y la impunidad que rodea a este fenómeno en el país.

Por ello se tiene que poner un alto al ataque hacia la mujer a través de los medios de comunicación y la publicidad; como se dice coloquialmente: "el juez por su propia casa empieza".

Y hoy esta Soberanía legisla para evitar que el gobierno federal difunda publicidad con contenido discriminatorio que atente contra la igualdad entre mujeres y hombres al emplear estereotipos o ser sexista.

Con las modificaciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las autoridades de los tres órdenes de gobierno promoverán el uso de un lenguaje respetuoso y sensible a las diferencias; asimismo, el promover campañas de concientización sobre la igualdad de género permanentes con el objetivo de poner fin a la violencia contra las mujeres, sin duda, es una manera más de proteger los derechos de las mismas.

Los mensajes gubernamentales tienen una amplia difusión y penetración, por lo que evitar comunicar estereotipos sexistas como la violencia de género y la discriminación contribuirá a transformar las conductas discriminatorias y sexistas por conductas incluyentes y respetuosas.

El presente dictamen muestra que el Congreso de la Unión está comprometido con hacer que la equidad de género sea una realidad, los cambios sugeridos ayudarán a generar igualdad entre mujeres y hombres, a combatir la discriminación y erradicar la violencia que viven a diario millones de mujeres.

Por lo anterior, mi voto será a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Ávila.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta Directiva su participación sobre el tema del dictamen que hoy discutimos, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38, y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para armonizar esta ley con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y XXIII DEL ARTÍCULO 7, I DEL ARTÍCULO 26, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VII, EL ARTÍCULO 28 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. El 25de febrero de 2014, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, con 413 votos en pro, sin abstenciones, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

2. Con fecha 26 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dela LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, que remitió la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnándola a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, para su dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que se dictamina se sustenta en las consideraciones siguientes:

Que en los últimos años se han tomado distintas acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sin embargo aún hace falta una gran labor para garantizar accesibilidad en la vivienda no sólo para los más de 5 millones de personas que padecen alguna invalidez, sino también para todos los adultos que por su edad están más expuestos a tener un accidente que produzca una discapacidad.

Que México como País firmante de convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, se comprometió a adoptar entre otras medidas:

a) Eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y particulares en la prestación o suministro de bienes... vivienda, etcétera;

b) Medidas para que los edificios que se construyan faciliten el acceso a las personas con discapacidad; y

c) Medidas para eliminar en lo posible los obstáculos arquitectónicos con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.

Que de un análisis de derecho comparado realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, se advierte  que Estados Unidos de América, Canadá, España, Argentina, Perú, Colombia y muchos otros países han adoptado en su legislación, normas y reglamentos para que tanto desde el punto de vista de los materiales empleados, como del diseño arquitectónico, se eliminen los obstáculos y barreras de acceso en edificios, viviendas y otros lugares, a fin de que las personas con discapacidad y adultos mayores cuenten con condiciones de accesibilidad.

Que México incorporó en su orden jurídico la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cuyo Capítulo IV se plasman un conjunto de disposiciones en materia de accesibilidad y vivienda para las personas con discapacidad.

Que específicamente el artículo 16 de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la parte que interesa dispone lo siguiente:

"Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, estatal y municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente."

Que adicionalmente, el artículo 18 de la ley citada, señala que las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna; y que los programas de vivienda del sector público o sector privado, deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades de accesibilidad de dichas personas; y que asimismo las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Que las modificaciones jurídicas propuestas por la iniciativa que constituye el antecedente de la Minuta, vienen a armonizar la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad y vivienda digna, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Que de acuerdo con la opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la valoración del impacto presupuestario de la  propuesta legislativa no tiene un impacto presupuestario ni recaudatorio, toda vez que son de carácter normativo.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la Minuta que se dictamina, es del tenor literal siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4, actual fracción VII; 19, fracción XIV; 71, primer y tercer párrafos; 72, segundo párrafo y 78, segundo párrafo; se adicionan los artículos 4, con las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 6, con una fracción X; 19, con una fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser XXV de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos y, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de accesibilidad y diseño universal para personas con discapacidad.

Artículo 4. ...

I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida;

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad;

III . a VII . ...

VIII. CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX . ...

X . Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI . a XV . ...

Artículo 6 . ...

I . a VII . ...

VIII . Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX . Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

X. Promover que los programas de vivienda públicos y/o privados, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan la norma en la materia sobre accesibilidad y diseño universal.

Artículo 19 . ...

I . a XIII . ...

XIV . Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y su accesibilidad;

XV . a XXII . ...

XXIII . Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Establecer, en coordinación con CONADIS, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas públicos y privados, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen la accesibilidad y diseño universal, y

XXV . Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, accesibles y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

….

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad, accesibilidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 72. ....

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad, accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen la accesibilidad y diseño universal.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones que emiten el presente dictamen reconocen la labor de la Cámara de Diputados al aprobar el 25 de febrero de 2014, el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, a fin de concordar las disposiciones relativas de este ordenamiento con las de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.   

Estas Comisiones Unidas tienen la certeza de que la Minuta que se dictamina contribuirá a fortalecer el marco jurídico en favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad así como de los adultos mayores, al reafirmar las disposiciones legales relativas a garantizar el fácil acceso a su vivienda, y a la eliminación de los obstáculos arquitectónicos  y demás barreras de acceso. 

SEGUNDA. Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, coinciden ampliamente con las motivaciones y el propósito fundamental de la Minuta que se dictamina, en el sentido de garantizar que las personas con discapacidad y los adultos mayores cuenten con una vivienda libre de obstáculos a la movilidad y al acceso. 

Estas Comisiones dictaminadoras reconocen que con la propuesta legislativa que se contiene en la Minuta, se armonizan la Ley de Vivienda y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por lo que se refiere a las disposiciones en materia de acceso a la vivienda; y no solo eso, sino lo que es más importante, se reafirma el derecho humano de las personas con discapacidad y de los adultos mayores a la accesibilidad a la vivienda, para garantizar su libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras a su propio hogar.

TERCERA. Las Comisiones que dictaminan coinciden con la Colegisladora, en cuanto que la propuesta legislativa que se sirve de base a la Minuta, propende a garantizar la accesibilidad en las viviendas, para elevar la calidad de vida y facilitar la comunicación de las personas con discapacidad o que sufran de movilidad reducida.

En efecto, la Minuta plantea mejorar la accesibilidad en las viviendas para elevar las condiciones de vida de las personas que, por males congénitos, enfermedades, accidentes o vejez, padecen de algún tipo de discapacidad o sufren de movilidad reducida.

La Minuta plantea asimismo que la accesibilidad que se propone, significará un ahorro de costos tanto para los discapacitados y sus familias, como para los programas de asistencia social, e implicara menores requerimientos asistenciales gracias a las posibilidades de autonomía y atención que se derivan de una mayor accesibilidad.

Sin embargo, por técnica legislativa proponemos los siguientes cambios:

Se reordenarán los términos "accesibilidad" y "diseño universal" para estar acorde con el demás texto de la ley.

En los artículos donde plantea los "programas de vivienda públicos y/o privados", se omitirá "públicos y/o privados", para precisar que los Programas Nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano no son de carácter privado.

Se pluralizará el término de "normas", ya que la normatividad orientada a la accesibilidad no puede considerarse como una sola debido a que son muchos los elementos que deben ser regulados técnicamente como rampas, pisos, puertas, pasillos, entornos, mobiliario urbano y transporte público.

 Ley de Vivienda Actual:

 Minuta:

Proyecto de Decreto de la Minuta:

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

 

 

Artículo 4. ...
I . a VI . ...

 

 

 

 

 

 

 


VII . Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

VIII . a XII . ...



 



Artículo 6 . ...

I . a VII . ...

VIII . Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX . Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

 

 

 

 

Artículo 19 . ...

I . a XIII . ...

XIV . Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda;

XV . a XXII . ...

XXIII . Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

 

 

 

 

 


Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

….

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.


Artículo 72. ....

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidady seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

 

 

 

 

 

 

.

 Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4, actual fracción VII; 19, fracción XIV; 71, primer y tercer párrafos; 72, segundo párrafo y 78, segundo párrafo; se adicionan los artículos 4, con las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 6, con una fracción X; 19, con una fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser XXV de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos y, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de accesibilidad y diseño universal para personas con discapacidad.


Artículo 4. ...
I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida;

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad;

III . a VII . ...

VIII. CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX . ...

X . Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI . a XV . ...

Artículo 6 . ...

I . a VII . ...

VIII . Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX . Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

X. Promover que los programas de vivienda públicos y/o privados, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan la norma en la materia sobre accesibilidad y diseño universal.

Artículo 19 . ...

I . a XIII . ...

XIV . Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y su accesibilidad;

XV . a XXII . ...

XXIII . Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Establecer, en coordinación con CONADIS, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas públicos y privados, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen la accesibilidad y diseño universal, y

XXV . Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, accesibles y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

….

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad, accesibilidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 72. ....

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad, accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen la accesibilidad y diseño universal.

 Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4, actual fracción VII; 19, fracción XIV; 71, primer y tercer párrafos; 72, segundo párrafo y 78, segundo párrafo; se adicionan los artículos 4, con las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 6, con una fracción X; 19, con una fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser XXV de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos y, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de diseño universal y  accesibilidad para personas con discapacidad.


Artículo 4. ...
I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida;

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad;

III . a VII . ...

VIII. CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX . ...

X . Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI . a XV . ...

Artículo 6 . ...

I . a VII . ...

VIII . Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX . Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

X. Promover que los programas de vivienda, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan las normas en materia de diseño universal y accesibilidad.

Artículo 19 . ...

I . a XIII . ...

XIV . Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y su accesibilidad;

XV . a XXII . ...

XXIII . Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Establecer, en coordinación con CONADIS, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen el diseño universal y la accesibilidad, y


XXV . Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, accesibles y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

….

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad, accesibilidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 72. ....

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad, accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen el diseño universal y la accesibilidad.

Por último, las Comisiones que dictaminan comparten la opinión de la Colegisladora en el sentido de que la propuesta legislativa que se analiza no tiene impacto presupuestal ni recaudatorio, en atención a que su contenido es meramente de carácter normativo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 4, actual fracción VII; 19, fracción XIV; 71, primer y tercer párrafos; 72, segundo párrafo y 78, segundo párrafo; se adicionan los artículos 4, con las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las demás fracciones en su orden; 6, con una fracción X; 19, con una fracción XXIV, pasando la actual XXIV a ser XXV de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos y, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de diseño universal y  accesibilidad para personas con discapacidad.

Artículo 4. ...

I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida;

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad;

III . a VII . ...

VIII. Conadis: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX . ...

X . Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

XI . a XV . ...

Artículo 6 . ...

I . a VII . ...

VIII . Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX . Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias, y

X. Promover que los programas de vivienda, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan las normas en materia de diseño universal y accesibilidad.

Artículo 19. ...

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y su accesibilidad;

XV. a XXII. ...

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Establecer, en coordinación con CONADIS, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen el diseño universal y la accesibilidad, y

XXV . Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, accesibles y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

….

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad, accesibilidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 72. ....

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda.

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad, accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen el diseño universal y la accesibilidad.

Dado en la sala de Comisiones del Senado de la República, el 23 abril del 2015

COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva la participación del Senador Benjamín Robles Montoya, la cual pide que se inserte en el Diario de los Debates, y desde luego que se le pide a la Secretaría Parlamentaria que actúe en consecuencia.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Para la discusión en lo general, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todas y a todos.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, asegurando el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, incluyendo la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso de las viviendas.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define la accesibilidad como las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, dejando en claro en el artículo 18, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna, debiendo los programas de vivienda incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el país hay 7.7 millones de personas con discapacidad, que se encuentran en el 19 por ciento del total de los hogares que hay en el país, señalando que la mayor presencia de personas con discapacidad la hay en hogares con los ingresos más bajos.

Por su parte, el CONEVAL señala que alrededor de un millón de personas viven con carencia por calidad y espacios en la vivienda, y 1.7 millones viven en carencia por acceso a los servicios básicos en el mismo rubro.

Ante ello, el Estado mexicano ha desarrollado una serie de estrategias tendientes a promover el acceso a vivienda accesible de las personas con discapacidad.

Ante ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como una línea de acción de su eje México Incluyente, asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado para garantizar el derecho a la accesibilidad.

Por su parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece como su estrategia 5.1, impulsar la construcción de vivienda accesible para personas con discapacidades y sus familias, unificando criterios de accesibilidad y diseño universal para vivienda en los tres órdenes de gobierno, e implementar programas para generar infraestructura para personas con discapacidad.

Asimismo, el INFONAVIT cuenta con varios programas y estrategias enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como el diseño de políticas y requisitos de vivienda para promover la creación de instalaciones en áreas comunes y recreativas, tales como la señalización en barandales, edificios, andadores, así como la nomenclatura especial de vivienda y cruce de calles para personas con discapacidad visual.

En este sentido, reconocemos que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos en la materia, y entendemos que como parte del Poder Legislativo, debemos continuar en el fortalecimiento y construcción de un marco jurídico que contemple acciones transversales a favor del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso particular, a trazarse acciones que garanticen el diseño de viviendas adecuadas a sus necesidades.

Es por ello que en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen, a través del cual se promueve mejorar las viviendas de las personas con discapacidad a partir de ajustes razonables que garanticen la accesibilidad, y que los programas de vivienda incluyan criterios para la rehabilitación y construcción de vivienda que cumplan con las normas en la materia, así como en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se pueda establecer un programa nacional de vivienda accesible y con diseño universal.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Anáhuac del Norte y del Instituto Politécnico Nacional, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la misma. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones de Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sobre obligaciones patronales en materia de vivienda.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la Minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

I. ANTECEDENTES

1. El 11de febrero de 2014, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con 442 votos en pro, sin abstenciones, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

2. Con fecha 12 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dela LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que remitió la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnándola a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda para su dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que se analiza valora la relevancia de los objetivos planteados en la iniciativa de los diputados Ossiel Omar Niaves López, Patricio Flores Sandoval y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, dado que precisa el carácter de sujeto obligado a los patrones que se benefician con los trabajos y servicios contratados por un intermediario laboral y les imponen obligaciones que permiten al Infonavit contar con elementos de registro y control.

Señala que la adición de un artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit, permitirá al Instituto dotarse de la información indispensable para hacer efectivas sus facultades fiscales de comprobación, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas o contratistas a enterar sobre los contratos de servicios prestados a otras empresas.

Menciona que un antecedente de la propuesta, lo constituyen las reformas a la Ley del Seguro Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009, en las cuales se amplía el concepto de obligado solidario a fin de incluir a los intermediarios; y establece una serie de condiciones a los sujetos que reciben los servicios subcontratados, a fin de allegarse de toda la información necesaria para fiscalizarlos.

Expresa que la minuta parte de otro elemento jurídico importante, como es la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establecieron los requisitos condicionantes para que se dé la figura jurídica de la subcontratación, así como las obligaciones a cargo del contratante, con la penalidad de que ante su incumplimiento, el contratante será considerado como patrón con todas las obligaciones que derivan, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Destaca que los preceptos vigentes que regulan las aportaciones al INFONAVIT no prevén expresamente los elementos esenciales de toda contribución, específicamente no prevén la figura de la responsabilidad solidaria.

Agrega que los principios de equidad y legalidad tributarias, deben ser observados por el legislador ordinario para reglamentar cualquier disposición impositiva, como lo hace al definir los sujetos y las obligaciones de enterar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Subraya que es imperativo armonizar las leyes del Seguro Social, Federal del Trabajo y del Infonavit, para evitar lagunas legales o vacíos que impidan la actuación del Infonavit, dentro de los parámetros legales, lo cual se resolverá con la adición de un artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit.

Por último, enfatiza que, como expone en la Minuta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucional la responsabilidad solidaria de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral, en el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, por lo tanto la adición del artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit, que pretende normar esta situación laboral para que dichos trabajadores accedan a créditos para la vivienda, es jurídica y legítimamente viable.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones que emiten el presente dictamen reconocen la labor de la Cámara de Diputados al aprobar el 11 de febrero de 2014, el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para establecer la responsabilidad solidaria de los patrones en que participe un intermediario laboral o contratista, así como la obligación de proporcionar información referente a los contratos de subcontratación que lleven a cabo.

Estas Comisiones Unidas reconocen que la Minuta que se dictamina permitirá al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, dotarse de la información necesaria a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de vivienda, intercambiar la información con otras autoridades, así como determinar la responsabilidad solidaria de los patrones ante la figura jurídica de la subcontratación.

SEGUNDA. Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, coinciden ampliamente con las motivaciones y los propósitos fundamentales de la Minuta que se dictamina, en el sentido de prever la obligación solidaria de los patrones ante la subcontratación, con la consiguiente obligación de éstos de proporcionar la información relativa al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; y permitirle a dicho Instituto, allegarse de la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de vivienda; y, en su caso, intercambiar con mayor facilidad la información con otras autoridades respecto de las empresas y los trabajadores contratados bajo esta modalidad.

TERCERA. Estas comisiones que dictaminan coinciden con la Minuta que se dictamina, en el sentido de que la propuesta legislativa que se examina, es una consecuencia de las recientes reformas practicadas tanto a la Ley Federal del Trabajo, como a la Ley del Seguro Social.

En efecto, el pasado mes de diciembre de 2012, el Congreso de la Unión se sirvió practicar diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre otros propósitos, para establecer los requisitos condicionantes atinentes a la figura jurídica de la subcontratación, así como las obligaciones a cargo del contratante, con la penalidad de que ante su incumplimiento, el contratante será considerado como patrón con todas las obligaciones que derivan, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Así mismo, el 9 de julio del 2009, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley del Seguro Social, por virtud de las cuales se amplía el concepto de obligado solidario, para incluir a los intermediarios, y establecer una serie de condiciones a los sujetos que reciben los servicios subcontratados, a fin de allegarse toda la información que permita su fiscalización.

Es importante mencionar que en la fracción XII del apartado "A" del artículo 123 constitucional que a la letra dice:

Artículo 123 …

I. a XI. …

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Asimismo, en el caso particular de la industria de la construcción, esta reforma no implica mayores trámites para los patrones, ya que de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 29 de la ley del INFONAVIT, el registro de sus trabajadores es una obligación que actualmente deben cumplir, que a la letra dice:

Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:

I. a VI. …

VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente, a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, conforme a los períodos de pago establecidos, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción.

Asimismo, deberán cubrir las aportaciones, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, en cuyo caso su monto se depositará en una cuenta específica que se manejará en los mismos términos que los recursos individualizados del Fondo Nacional de la Vivienda, hasta en tanto se esté en posibilidad de individualizar los pagos a favor de sus titulares, en los términos de esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acreditar en sus derechos, se les abonen a sus cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, los importes que les correspondan.

La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador se encuentre registrado tendrá a petición del mismo, la obligación de individualizar las aportaciones a que se refiere esta fracción contra la presentación de las constancias mencionadas.

En virtud de lo anterior, la Ley del INFONAVIT contempla como una obligación de los patrones que se dediquen a la construcción en forma temporal o permanente a entregar semanal o quincenalmente al trabajador la constancia de salario percibido así como el número de días trabajados que ampara el pago.

Es importante resaltar que la reforma fortalece la capacidad del Instituto de garantizar el cumplimiento de esta obligación y no representara mayores cargas a los patrones.

Por ello, se coincide con la Colegisladora en la necesidad de establecer en la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que las empresas que realizan la subcontratación de personal, sean obligadas, solidarias junto con los patrones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha ley, con la finalidad de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón.

Finalmente, las Comisiones que dictaminan consideran que la propuesta legislativa, permitirá eliminar las prácticas de simulación que facilitan el incumplimiento en la recaudación de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, por las empresas que utilizan los esquemas de subcontratación e intermediación laboral.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO ÚNICO.

Se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas establecidas que presten servicios con sus trabajadores a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros prestadores para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón contratista omita el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón contratista el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido.

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior.

Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información siguiente:

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efectos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre del notario público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato.

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, administrativo o profesional, la justificación de su trabajo especializado y el número estimado mensual de trabajadores de que se pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados.

El patrón contratista incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto.

Cuando el patrón contratista se obligue a poner a disposición del beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la circunscripción territorial de más de una delegación recaudadora del Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, únicamente ante la delegación de recaudación dentro de cuya circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de Comisiones del Senado de la República, el 23 de abril del 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que la Cámara de Diputados hizo llegar una fe de erratas sobre este dictamen, misma que sometemos a su consideración, que consiste en la incorporación de la frase "de esta ley", para que los artículos que ahí se mencionan queden plenamente identificados como de la ley que es materia del dictamen.

Este documento está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones que haya aceptado esta Asamblea.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre la frase referida al texto del dictamen…

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Sólo para tener certeza de esta fe de erratas, le pidiera que se diera lectura en el contexto del artículo en su conjunto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría dé lectura para que la Asamblea tenga mayor información sobre el tema que estamos discutiendo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

"Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en relación con los contratos celebrados en el trimestre que se trate la información siguiente…".

Y debe decir: "Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente el domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de esta ley, esta es la frase que se incorporaría "de esta ley", en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información siguiente…".

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

No hay ninguna duda, por eso se está planteando como una fe de erratas, y obviamente que antes de iniciar la discusión del dictamen, se pide la autorización de la Asamblea.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se haga esta adición al articulado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la frase descrita y anunciada se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Y en primer término, se le concede el uso de la palabra al Senadora Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

De manera muy breve, vengo a fundamentar a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que se adicione un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que a nuestro juicio constituye una reforma importante.

Ayuda a dar mayor certeza jurídica a los trabadores que se han venido incorporando, ahora ya de manera legal tras la reforma laboral, a través del mecanismo de subcontratación, lo que se ha conocido como outsourcing, ya que esta reforma establece como sujeto obligado a los patrones que se benefician con el trabajo, los servicios contratados por un intermediario laboral, es en la subcontratación o el outsourcing, para imponer obligaciones que permitan al INFONAVTI contar con elementos de registro y control para hacer efectivas las facultades fiscales de comprobación que tiene el instituto, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas a enterar sobre los contratos de servicios prestados a otras empresas.

Y establece también, hay que destacar, obligaciones y penalidades a los subcontratantes ante el incumplimiento de sus responsabilidades laborales, y el contratante ante la omisión del subcontratante o el intermediario será considerado como patrón con todas las obligaciones que derivan de la ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Al mismo tiempo, esta reforma expone, retomando lo que ya han sido las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado constitucional la responsabilidad solidaria de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que permitirá que estos trabajadores de las empresas subcontratadas accedan a créditos para la vivienda, lo cual lo vuelve jurídica y legítimamente viable.

Por eso esta adición al artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que señalaría: "Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas establecidas que presten servicios con sus trabajadores a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo".

Por eso solicitamos, de manera muy puntual y concreta, el apoyo de este Pleno, a fin de que sea aprobada esta minuta que fue ampliamente discutida en las comisiones unidas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se declara el 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER"

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de Febrero de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXII Legislatura, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Las Senadoras proponentes plantean que se expida el decreto, por el cual el Honorable Congreso de la Unión declare, el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger", como una forma de reconocer que México se ha caracterizado por ser un país promotor de la inclusión de todas las personas.

Señalan las autoras que el Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno neurobiológico que afecta varias áreas del desarrollo personal que puede generar dificultad para interactuar socialmente y repetir comportamientos, que se caracteriza por presentar problemas en las relaciones interpersonales y con el medio ambiente. Y una de las mayores dificultades que enfrentan las personas con Síndrome de Asperger son las relacionadas con su inclusión social, que a su vez puede derivar en episodios de ansiedad o depresión, tensión emocional en el consumo de fármacos antidepresivos.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En 1944, Hans Asperger denominó este trastorno "psicopatía autista". El síndrome de Asperger, es un trastorno severo del desarrollo, considerado como un trastorno neuro-biológico en el cual existen desviaciones o anormalidades en los siguientes aspectos del desarrollo: 

● Conexiones y habilidades sociales; 

● Uso del lenguaje con fines comunicativos;

● Características de comportamiento relacionadas con rasgos repetitivos o perseverantes;

● Una limitada gama de intereses;

● En la mayoría de los casos torpeza motora.

C. Este síndrome es un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno del espectro autista. Se diferencia del autismo infantil temprano y de otras formas menos específicas en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, y no existe una perturbación clínicamente significativa en su adquisición. No hay retardo, por ejemplo en la edad en que aparecen las primeras palabras y frases, aunque pueden existir particularidades cualitativas (por ejemplo gramaticales) que llamen la atención, así como una preservación generalizada de la inteligencia.

Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona.

D. La persona que lo presenta tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. La persona Asperger presenta un pensar distinto. Su pensar es lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta al nivel de comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles muchas veces a ellos y sus familiares problemas.

E. Hay que hacer mención que aunque las personas con síndrome de Asperger con frecuencia tienen dificultades sociales, muchas tienen una inteligencia por encima del promedio y pueden sobresalir en campos como la programación informática y la ciencia. También se tornan demasiado concentradas u obsesionadas con un tema, ignorando todos los demás. Quieren saber todo sobre este tema y, con frecuencia, hablan poco de otra cosa.

Así mismo no se aíslan del mundo de la manera en que lo hacen las personas con un trastorno autista. Con frecuencia se acercarán a otras personas. Sin embargo, sus problemas con el habla y el lenguaje en un escenario social a menudo llevan al aislamiento.

● Su lenguaje corporal puede ser inusual.

● Pueden hablar en un tono monótono y pueden no reaccionar a los comentarios o emociones de otras personas.

● Pueden no entender el sarcasmo o el humor, o pueden tomar una metáfora literalmente.

● No reconocen la necesidad de cambiar el volumen de su voz en situaciones diferentes.

● Tienen problemas con el contacto visual, las expresiones faciales, las posturas del cuerpo o los gestos (comunicación no verbal).

Así también tienen problemas para formar relaciones con niños de su misma edad u otros adultos, debido a que:

● Son incapaces de responder emocionalmente en interacciones sociales normales.

● Tienen dificultad para mostrar, traer o señalar objetos de interés a otras personas.

● No expresan placer por la felicidad de otras personas.

F. Las personas que viven con este síndrome, se clasifican de la siguiente forma:

Leve: Presentan poca interacción social y mejor comunicación que otras personas con autismo, lo que les permite asistir a la escuela y realizar actividades cotidianas.

Medio: Son totalmente dependientes, porque no pueden adquirir elementos para vivir de una forma suficiente.

Profundo: Es un sujeto que estará totalmente aislado, su interacción social es prácticamente nula.

Espectro Asperger: El Síndrome de Asperger se puede complicar y convertirse en Espectro de Asperger, que se manifiesta cuando el déficit de atención es muy avanzado, hay alteraciones del sueño y se pueden presentar trastornos obsesivos compulsivos.

G. En la actualidad, el hablar de Síndrome de Asperger aún resulta bastante novedoso, a nivel mundial no hay precisión ni certeza de estadísticas precisas que nos permitan conocer realmente el número de personas que viven con dicho síndrome y las dificultades a las que se enfrentan.

En ese sentido aproximaciones realizadas en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Mental de los Niños muestra que 1 de cada 500 personas presenta un grado a SA, el cual es más frecuente en el sexo masculino 4-1 en relación al sexo femenino.

H. En México, no se cuentan con cifras oficiales que nos den un diagnóstico certero de la realidad que viven las personas con asperger y se permita trabajar desde los diversos ámbitos en favor de su tratamiento.

Asimismo, es necesario que se diseñen y fortalezcan los mecanismos necesarios que garanticen a niñas y niños con asperger, tener su diagnóstico oportuno y atención adecuada que potencien sus talentos y promuevan su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el propuesto.

I. De este modo cabe hacer énfasis que desde el año 2007, diversos países conmemoran el 18 de febrero el "Día Internacional del Síndrome de Asperger en recuerdo del nacimiento del Dr. Hans Asperger quien lo descubrió y como estrategia para dar a conocer a la población sus características y particularidades a fin de generar un ambiente de respeto en favor de los derechos humanos de las personas que viven con este síndrome.

Por ende, reconociendo que México se ha caracterizado por ser un país promotor de la inclusión de todas las personas, estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente promover que el Congreso de la Unión declare el 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Secretaria. Informo a ustedes que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo que se caracteriza por la presencia de interacciones sociales deficientes e inadecuadas obsesiones y patrones del habla extraño, entre otras características.

Los menores que padecen de este síndrome, a menudo muestran poca expresividad facial, tienen dificultades para leer el lenguaje corporal de los demás, pueden implicarse en rutinas obsesivas y presentar una sensibilidad inusual a estímulos sensoriales.

Por ejemplo, sensibilidad ante cierto tipo de luz, que normalmente a los demás no se les afecta o bien puede molestarle ruidos fuertes en su entorno.

Cabe señalar que este síndrome aparece más tarde que el autismo, o bien, se detecta más tarde, sobre todo ya que muchos menores se diagnostican después de haber cumplido 3 años, y en la mayoría de los afectados cuando tienen entre 5 y 9 años.

Por otra parte, este síndrome se diferencia de otros que pueden ser diagnosticados a más temprana edad, en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje y no existe una perturbación, clínicamente significativa, en su adquisición.

Asimismo, no hay retraso, por ejemplo, en la edad en que aparecen las primeras palabras o frases, y aunque puedan existir particularidades cualitativas, como las gramaticales, así como una preservación generalizada de la inteligencia.

En otro tenor de ideas, se debe decir: que los niños con Síndrome de Asperger pueden experimentar grandes avances por el tratamiento y la educación adecuados, por ende, se pueden beneficiar de los tratamientos como la información y entrenamiento para los padres, la intervención educacional especializada para el niño, el entrenamiento en habilidades sociales, la terapia del lenguaje, la psicoterapia o terapia conductivo conductual y la medicación.

Hay que señalar que a nivel mundial no hay certeza de las estadísticas que nos permitan conocer realmente el número de personas que viven con dicho síndrome.

Sin embargo, estudios realizados en Estados Unidos, por el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Mental de los Niños, muestran que 1 de cada 500 personas presenta un grado de dicho síndrome.

En nuestro país también se requieren de cifras que nos permitan conocer el porcentaje de la población con este padecimiento.

Por ende, con la aprobación de este dictamen, el cual pretende que se declare el 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger", se dará la pauta para que se realicen las acciones y estrategias necesarias con el fin de que las personas que padecen este síndrome tengan una mejor calidad de vida y exista una inclusión en la sociedad.

Compañeras y compañeros Senadores, es por lo anterior que les pido su voto a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención, Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor y 1 abstención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, compañeras y compañeros. Les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fueron del sistema electrónico, en el reporte de votación de este asunto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger". Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para ampliar las facultades del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de marzo de 2014, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, artículo 42, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente propone facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para asesorar jurídicamente, sin distinguir la naturaleza de las acciones respectivas y coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.- La discapacidad, es comprendida como una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social; concepto que evoluciona y está compuesto de deficiencias tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y el desarrollo,1 tomando en cuenta que algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y reconociendo que todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, podríamos llegar a tener alguna debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo (15% de la población total) e independientemente del lugar en el que se encuentren, suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a los servicios esenciales por lo que sus vidas están limitadas por una serie de obstáculos físicos y/o sociales que les impiden tener una vida digna; esto sin mencionar que aproximadamente un 80% de la población mundial con discapacidad vive en países en vías de desarrollo, lo que hace más complicada la prevención, habilitación y rehabilitación de esta condición humana, debido a que la falta de recursos imposibilita la creación de nuevas políticas o mecanismos que logren fomentar el sano desarrollo de las personas con discapacidad.

Sin lugar a dudas es importante mencionar que la discapacidad es parte de la condición humana que todos podemos vivir de manera directa e indirecta, por lo cual todos debemos involucrarnos en los diversos procesos encaminados a la inclusión de las personas con discapacidad como parte de la misma y no como un grupo externo que desea incluirse a esta2.

2.- En México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, hay 7.7 millones de personas con discapacidad, que se enfrentan a lo siguiente:

● Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU).

● Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, SEDESOL-CONAPRED).

Actualmente, las condiciones de discapacidad son una circunstancia que se presenta en gran número a lo largo del país, lo cual implica que para poder erradicar esas condiciones de desventaja hay que proporcionar mayores elementos y herramientas a este sector de población para que se puedan valer por sí mismas y exigir sus derechos en igualdad de condiciones que los demás.

3.- El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue creado el 30 de mayo de 2011 y con base en lo señalado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el órgano nacional rector de políticas públicas en discapacidad que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Para logarlo el CONADIS debe cumplir, entre otras, con las siguientes atribuciones:

● Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

● Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

● Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

● Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales;

● Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal;

● Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas; y

● Presentar un informe anual de actividades.

Asimismo, en el Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establece que el CONADIS, además de lo anterior y a través de su Junta de Gobierno, tendrá como atribución aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo.

4.- Estas Comisiones Unidas concuerdan con la propuesta de la Senadora Iniciante respecto de la necesidad de que el CONADIS tenga entre sus facultades el asesorar jurídicamente y coadyuvar con las con las autoridades competentes en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento, transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

Asimismo, en virtud de que esta medida vendrá a complementar las acciones iniciadas por personas con discapacidad referentes a la violación de algún derecho o en su defecto, al ser coadyuvante de la autoridad tendrá una instancia especializada que podrá supervisar que las resoluciones salvaguarden íntegramente los derechos de las personas con discapacidad.

Ello, no sólo tratándose del acceso a la justicia, sino de actos administrativos o privados en los cuales necesiten tener una asesoría que les permita conocer que autoridad o mecanismos pueden accionar en su favor.

Lo anterior, aunado a lo que señala la Senadora Iniciante respecto de que si bien existen normas que se han creado para su protección, rehabilitación e incorporación social, en múltiples ocasiones no se cumplen debido a que no existen los elementos jurídicos suficientes para vigilar su ejecución, lo que institucionalmente llega a ocasionar deficiencias en la atención por parte del personal de las dependencias encargadas de resolver cualquier tipo de controversia que se presente en perjuicio de la integridad de las personas con discapacidad, ya que no se implementan protocolos especiales para agilizar o privilegiar el servicio considerando las condiciones que presentan los individuos.

En lo que corresponde a la reforma materia del presente, estás Comisiones Unidas estiman pertinente hacer una pequeña modificación, en virtud de la importancia de la propuesta, con la finalidad de darle mayor precisión y ser enfáticos en el alcance de la facultad que se propone dotar a CONADIS, para lo cual se adiciona la redacción de la iniciativa en un segundo párrafo de la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN


Único.- Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se la fracción III, artículo 42, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

ll. (…)

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente.

Para ello, podrá asesorar y coadyuvar con las autoridades competentes en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento, transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad;

lV a XVII…

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 23 de abril del 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.

1 Panorama Actual de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (La situación de México frente a los compromisos internacionales), Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2003.

2 Memorias del Foro Internacional sobre la No Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2004

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicito que se inserte mi participación en el Diario de los Debates, por favor.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Así se hará, señora Senadora, se inscribirá en el Diario de los Debates su participación.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Intervención.

Con la venia de la Presidencia,
Compañeras y compañeros Senadores,

Hago uso de esta tribuna a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para presentar el dictamen a la Iniciativa suscrita por su servidora, por la que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dicho proyecto, tiene el objetivo de facultar al CONADIS, para asesorar jurídicamente y coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de normas sobre responsabilidades de servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento,  transgresión de normas o infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

La discapacidad, es comprendida como una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, e independientemente del lugar en el que se encuentren, suelen ser objeto de discriminación a causa de prejuicios o ignorancia.

Sin lugar a dudas es importante mencionar que la discapacidad es parte de la condición humana, por lo cual todos debemos involucrarnos en los diversos procesos encaminados a la inclusión de las personas con discapacidad como parte de la misma sociedad y no como un grupo externo.

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, hay 7.7 millones de personas con discapacidad, siendo además el órgano nacional rector de políticas públicas en la materia que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de sus derechos y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Para lograr esto, el CONADIS debe cumplir, entre otras, con las siguientes atribuciones:

● Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

● Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal;

● Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas; y

● Presentar un informe anual de actividades.

Sin embargo, es necesario que el CONADIS, además de estas funciones actuales, pueda asesorar jurídicamente y coadyuvar con las con las autoridades competentes en la aplicación de las normas en los supuestos de incumplimiento, transgresión o infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

Lo anterior, en virtud de que esta medida vendrá a complementar las acciones iniciadas por personas con discapacidad referentes a la violación de algún derecho o en su defecto, al ser coadyuvante de la autoridad tendrá una instancia especializada que podrá supervisar que las resoluciones salvaguarden íntegramente los derechos de las personas con discapacidad.

Ello, no sólo tratándose del acceso a la justicia, sino de actos administrativos o privados en los cuales necesiten tener una asesoría que les permita conocer que autoridad o mecanismos pueden accionar en su favor.

Si bien existen normas que se han creado para la protección, rehabilitación e incorporación social del sector, en múltiples ocasiones no se cumplen cabalmente debido a que no existen los elementos jurídicos suficientes para vigilar su ejecución, lo que institucionalmente llega a ocasionar deficiencias en la atención por parte del personal de las dependencias encargadas de resolver cualquier tipo de controversia que se presente en perjuicio de la integridad de las personas con discapacidad.

Senadoras y senadores:

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas estiman pertinente aprobar el presente dictamen, con la finalidad de darle mayor precisión y ser enfáticos en el alcance de la facultad que se propone dotar a CONADIS, a fin de establecer que dicho Consejo pueda asesorar y coadyuvar a las autoridades competentes en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos ya mencionados.

Por su atención, muchas gracias.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, y en virtud de que no hay más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer el maltrato como aspecto de violencia en contra de las personas adultas mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9; Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictaminación una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2014, las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, así como los Senadores René Juárez Cisneros y Eviel Pérez Magaña, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objeto establecer el maltrato como otro aspecto de violencia en contra de las personas adultas mayores tengan derecho a una vida libre de maltrato.

Para lograr lo anterior, las Senadoras y Senadores promoventes proponen especificar que la familia de las personas adultas mayores deberá evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de maltrato que ponga en riesgo a dichas personas, sus bienes y derechos.

De igual forma, proponen que dentro de los objetivos de la Política Nacional sobre las personas adultas mayores, se deberá fomentar una cultura de aprecio por la vejez, con la finalidad de evitar toda forma de maltrato por motivo de edad, género, estado físico o condición social.

CONSIDERACIONES

1.-En los últimos años, la composición de la población mundial ha cambiado de manera importante, ya que entre el año de 1950 y el año 2010, la esperanza de vida pasó de los 46 a los 68 años de edad, y está previsto que ésta aumente hasta los 81 años para fines de este siglo. Lo anterior nos lleva a prever que para el año 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Se calcula que para el año 2030, esta población llegue a los 1,400 millones de personas, mientras que para el año 2050, las personas de 60 años o más llegarán a los 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

Ante un escenario como éste, el organismo internacional recomienda prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores y a los múltiples problemas a los que se enfrentan.

2. En el año de 1982, la ONU celebró en Viena, Austria, la Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento, en la cual se impulsó el Plan de Acción Internacional de Viena Sobre el Envejecimiento. A través de dicho Plan se buscó formular y aplicar políticas, a niveles internacional, regional y nacional, para realzar la vida de las personas de edad como individuos, a fin de que espiritual y físicamente, disfrutaran plena y libremente de sus años avanzados en paz, salud y seguridad. Además, se estableció que se estudiarían las consecuencias del envejecimiento de la población sobre el desarrollo y las del desarrollo sobre las personas de edad, con miras a lograr la plena realización del potencial de las personas de edad y a mitigar, mediante medidas apropiadas, cualesquier efecto negativo.

Veinte años después, del 8 al 12 de abril de 2002, en Madrid, España, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento en la que se aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A través de estos documentos se buscó responder a las oportunidades que ofrecía y los retos que plantea el envejecimiento de la población en el Siglo XXI, para así promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades, a través de la adopción de medidas a niveles nacional e internacional, y bajo tres direcciones prioritarias, las personas de edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios.

3. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2013 en México la población de personas mayores de 60 años superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9.3% de la población total de nuestro país. Lo anterior se dio a conocer en el marco de la presentación del estudio con motivo del "Día Internacional de las Personas de Edad".

En el citado estudio, el INEGI destacó que a nivel mundial, la población de adultos mayores mostró una tendencia al crecimiento, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento del nivel de sobrevivencia de la población, y que, en el caso de México, el envejecimiento de su población se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, al mostrar una inercia que cada vez se hace más notoria.

Lo anterior, de acuerdo al estudio, se aprecia luego de que de 1990 a 2012 la proporción de niños y jóvenes en la población se redujo, mientras que la participación relativa de adultos mayores pasó de 6.2 a 9.3%, y se espera que para el año 2050 llegue a 21.5%.

Aunando a lo anterior, se dio a conocer que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),en 2012 en México, 43% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional, la cual se define como la situación de una persona cuando presenta carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social, y además sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

También se presentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2012 (ENASEM 2012), entre los principales problemas de funcionalidad de las personas adultas mayores de 60 y más años se encuentran las dificultades para vestirse, caminar, acostarse y levantarse, seguidas de aquellas para usar el baño, bañarse y comer.

Por otro lado, existen cifras que nos muestran que en México se estima una prevalencia de entre el 8.1 y el 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

4. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con los planteamiento de los Senadores promovente de la Iniciativa en estudio, en el sentido de que en México, las personas adultas mayores aún sufren innumerables violaciones a sus derechos humanos, los cuales están consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Dentro de estas violaciones a sus derechos humanos se encuentran el abandono que sufren y el maltrato causado, principalmente por sus familiares más cercanos, de ahí la necesidad de proteger a nuestros adultos mayores de cualquier tipo de violencia y maltrato.

Asimismo, quienes promueven la Iniciativa expresan que las personas adultas mayores que padecen algún tipo de maltrato no lo denuncian, ya sea porque no quieren aceptar su situación, tienen temor a las represalias que puedan sufrir, son maltratos por el único familiar con el que cuentan, creen que su situación es temporal, porque no quieren que el familiar que los maltrata vaya a la cárcel, desconocen a qué autoridad acudir a presentar sus denuncias, o porque su condición físico o cognitiva no les permite levantar la denuncia correspondiente.

5. Estas Comisiones dictaminadoras retoman las definiciones en las que se basan las Senadores y Senadores promoventes de la Iniciativa. Es así que la Red Internacional para la Prevención del Abuso contra el Anciano (INPEA), define al maltrato hacia estas personas como "la acción única o repetida, o la falta de medidas apropiadas, que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño a angustia a una persona adulta mayor".

Por su parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), considera que el maltrato hacia el adulto mayor suele presentarse en cualquier entorno (casa, vecindario, instituciones, etc.), en el que se desenvuelve, y clasifica dicho de la siguiente manera:

1) Físico: cualquier acto no accidental que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, producido por fuerzas físicas;

2) Psicológico: el que, de manera intencional, produce angustia, desvalorización o sufrimiento, mediante actos verbales y no verbales;

3) Abuso sexual: cualquier contacto sexual no consentido;

4) Abandono: deserción del individuo que ha asumido el papel de cuidador;

5) Explotación financiera: medidas u omisiones que afectan la sobrevivencia del adulto mayor, y

6) Estructural: la deshumanización del trato hacia el adulto mayor por parte de quienes laboran en las oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, que los discrimina y margina de la seguridad y el bienestar social, incumpliendo leyes y normas sociales.

6. Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con las reformas impulsadas por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario de PRI. Es por ello que a través del presente Dictamen se propone reformar el inciso c, fracción I, del artículo 5; la fracción III, del artículo 9, así como la fracción VII, del artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El artículo 5, referente al objeto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se propone que a las personas adultas mayores se les garantice, además de una vida libre sin violencia, el derecho a vivir sin maltrato.

Por su parte, se propone también reformar la fracción III del artículo 9 para que la familia de las personas adultas mayores evite que algunos de sus integrantes cometa algún acto de maltrato para estas personas.

Finalmente, en la reforma a la fracción VII del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se busca incluir en los objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores, el fomento en la familia, el Estado y la sociedad una cultura de no maltrato hacia las personas adultas mayores.

7. Las Senadoras y Senadores que integramos las Comisiones dictaminadoras estamos convencidos que la erradicación del maltrato hacia nuestras personas adultas mayores debe ser una política que impulse el Estado y que se refleje en todos los aspectos de nuestra convivencia social. Es por ello que coincidimos con las Senadores y Senadores promoventes de la Iniciativa en estudio en que el Estado no sólo debe ocuparse de la prevención y atención de las personas adultas mayores, sino propiciar un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos u omisiones.

No podemos permitir que en pleno Siglo XXI en nuestro país, se presenten acciones que propicien el maltrato hacia las personas adultas mayores, por el contrario debemos proveerlas de un ambiente sano y digno, para que disfruten plenamente de su vejez.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

Único.- Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforman el inciso c, fracción I, del artículo 5; la fracción III, del artículo 9, y la fracción VII, del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. y b. …

c. A una vida libre sin violencia y maltrato.

d. a g. …

II. a IX. …

Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:

I. y II. …

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, maltrato y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a VI. …

VII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación, maltrato y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición social;

VIII. a XX. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 23 de abril del 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito las siguientes oradoras: la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen; la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, también a favor del dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años la composición de la población mundial ha cambiado de manera importante, ya que entre el año de 1950 al 2010, la esperanza de vida pasó de los 46 a los 68 años de edad, y está previsto que esto aumente hasta los 81 para fines de este siglo.

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la actualidad hay casi 700 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que para el año 2030 esta población se duplique, mientras que para el año 2050, las personas de 60 años o más ascenderá a los mil millones, esto es más del 20 por ciento de la población mundial.

Ante un escenario como éste, la comunidad internacional recomienda prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores y a los múltiples problemas a los que se enfrentan.

Cabe señalar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2013, la población de personas mayores de 60 años en México superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9.3 por ciento de la población total de nuestro país.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de la presentación del estudio con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad.

Por otro lado, datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en el 2012, refieren que dentro de los principales problemas de funcionalidad de las personas adultas mayores, encuentra las dificultades para vestirse, caminar, acostarse, levantarse, seguidas de aquellas para usar el baño, bañarse, comer.

Asimismo, cifras revelan que en México se estima una prevalencia de entre 8.1 y 18.6 por ciento de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

Lamentablemente, en nuestro país las personas adultas mayores aún sufren innumerables violaciones a sus derechos, dentro de los cuales se encuentran el abandono, el maltrato, causado principalmente por sus familiares más cercanos. De ahí la necesidad de protegerlos.

Debido a que la mayoría de los casos las personas adultas mayores que padecen algún tipo de maltrato no lo denuncian, ya sea porque no quieren aceptar la situación que viven, tienen temor a las represalias que pueden sufrir maltratos por el único familiar con el que cuentan, creen que su situación es temporal, aunado a que no quieren que el familiar que los maltrata vaya a la cárcel, desconocen a qué autoridad acudir para presentar sus denuncias, o porque su condición físico-cognitiva no les permite levantar la denuncia correspondiente.

Senadoras y Senadores, los Senadores que integramos las comisiones dictaminadoras, estamos convencidos que la erradicación del maltrato hacia nuestras personas adultas mayores debe ser una política que impulse al Estado y que se refleje en todos los aspectos de nuestra convivencia social.

Es por que coincidimos con la iniciativa en que el Estado no sólo debe de ocuparse de la prevención y atención de las personas adultas mayores, sino propiciar un marco jurídico más sólido que permita castigar a ese tipo de actos u omisiones.

No podemos permitir que en pleno siglo XXI, en nuestro país, se presenten acciones que propicien el maltrato hacia las personas adultas mayores. Por el contrario, debemos proveerlas de un ambiente sano y digno para que disfruten plenamente de su vejez.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta este proyecto de dictamen a través del cual se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con la finalidad de que se garantice su derecho a vivir sin maltrato.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Margarita Flores.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestra sociedad está viviendo un importante cambio demográfico en su estructura población.

Factores como los avances en medicina han reducido los niveles de mortalidad y aumentado la esperanza de vida, lo que ha traído un decremento en la tasa de natalidad y contribuido al engrosamiento del número de personas que alcanza una edad avanzada y, en consecuencia, una sociedad de mayor edad.

En nuestro país estos cambios evidentemente necesitan de adecuaciones y tratamientos especiales por parte de las leyes, instituciones, programas y actores políticos involucrados que permitan enfrentar adecuadamente los retos venideros y la improrrogable transformación que se avecina en materia demográfica.

Con un número más alto de adultos mayores, el Estado tendrá que solventar necesidades especiales, por lo que será necesario contar con el marco jurídico que garantice el goce de una vejez plena, digna e integral.

Para muchas familias de nuestro país, los adultos mayores son parte de su formación e identidad, pues su conocimiento perpetúa nuestras tradiciones y elementos básicos de la cultura a través del tiempo.

Es innegable que al ser la vejez un proceso natural propio del desarrollo humano, todos, sin excepción, llegaremos a ese punto en nuestras vidas, por lo que una gran parte de los avances que se consignan ahora son el beneficio directo de todos.

De acuerdo con el INEGI, en nuestro país en el 2014, el monto de personas de 60 años y más, es de 11.7 millones, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total.

De 1990 a la fecha, el proceso de envejecimiento se ha visto acelerado a partir de la última década del siglo pasado, haciendo que la pirámide poblacional se haya ido invirtiendo, pasando a ser más ancha en el número de adultos mayores y más angosta en cuanto a niñas y niños.

La participación relativa de adultos mayores aumentó en el periodo de 6.2 a 9.7 por ciento y se espera que en el 2050 se incremente a 21.5 por ciento.

Nuestros adultos mayores han sido víctimas de múltiples abusos y violaciones hacia sus derechos humanos desde hace ya muchas décadas.

Si bien nuestro país ha trabajado en la materia, aún se encuentra en riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyos efectos van del desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el 16 por ciento de los adultos mayores en el país sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes.

En este tipo de situaciones no sólo son realizadas por terceros, sino que en repetidas ocasiones son sus propios familiares o gente allegada quien comete las acciones en contra de todos los adultos mayores, siendo los primeros que deberían velar por su bienestar.

La Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, señaló que 3 de cada 10 adultos mayores ha sentido alguna vez que su edad ha sido factor para que sus derechos, incluso los laborales, no sean respetados; y 4 de cada 10 describe como sus problemas principales los económicos y de acceso a la salud.

La presente iniciativa nace del supuesto de que además del maltrato social e institucional que reciben nuestros adultos mayores, muchos de ellos terminan en situación de calle al ser abandonados por sus familiares, o bien como resultado de salir de su hogar por ser violentados por las personas que son sus cuidadores o tutores tanto en su casa como en los asilos.

Esto los hace quedar en vulnerabilidad económica y de supervivencia, sumado a que por presentar alguna enfermedad o bien por el simple hecho de su edad, ya no son capaces de encontrar un trabajo o de valerse por sus propios medios.

Hay casos en los que los familiares más cercanos los afectan diariamente, como en los que, a cambio de proporcionar alimento y un espacio donde vivir, abusan de ellos, les quitan sus bienes o los torturan de manera física o psicológica demostrando un desprecio continuo hacia su persona.

Con la propuesta que pongo a su consideración, se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Penal Federal para incidir sobre la figura del supuesto de abandono.

Hoy se considera delito el abandonar a un menor de edad, a una persona enferma, mas no a una persona de la tercera edad; esto, sin duda, hace que la conducta del abandono quede impune cuando llega a presentarse contra alguien de este sector de edad.

Al igual que un menor de edad o una persona enferma, las personas adultas mayores requieren de cuidados especiales, atención personal y, evidentemente, el abandono constituiría un agravante para su estado de salud y reduciría notablemente las oportunidades de disfrutar de una vejez en condiciones favorables.

En el contexto de una política democrática incluyente del Estado mexicano, la igualdad debe ocupar un lugar central, y a pesar de su edad, las personas que se encuentran en su vejez deben tener acceso a la justicia y el Estado debe velar por conservar su integridad.

El llamado bono demográfico marca un conjunto de retos a nivel institucional comunitario, familiar e individual, mismos que son claramente identificables y que deben y que pueden tener soluciones como el enriquecer la descripción de una conducta penal que atenta contra este sector de la población.

Como ustedes saben, cuando un niño es abandonado tiene muchas posibilidades de ser asistido por el Estado; en cambio, para un adulto mayor estas posibilidades disminuyen notablemente.

Es triste la realidad, pero un adulto mayor abandonado poco le importa a nuestra sociedad y el Estado no hace el esfuerzo suficiente para buscarlos, atenderlos y proveer algún tipo de bienestar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

En virtud de que no hay más oradores inscritos ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman el inciso c), fracción I del artículo 5; la fracción III del artículo 9; y la fracción VII del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL PÁRRAFO SEGUNDO A SER TERCERO, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la lectura del dictamen. Quienes porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron un acuerdo para establecer el nombre correcto del acuerdo que se señala en dicho transitorio.

En consecuencia, la discusión del dictamen será con la adecuación que anuncia la comisión dictaminadora. Está a discusión en lo general.

En virtud de no haber oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que todas las guarderías cuenten con equipos portátiles y fijos contra incendios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 21 y 27 de la Ley de Planeación, sobre cambio climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o., 21 Y 27 DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La importancia de este dictamen radica porque incorpora los términos de cambio climático, mitigación y adaptación a la Ley de Planeación Nacional, así se logran incorporar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático a la definición de la planeación nacional.

Se garantiza que el contenido del Plan Nacional de Desarrollo tome en consideración las variables del cambio climático, que los programas anuales elaborados incluyan los aspectos de cambio climático correspondientes, que los instrumentos de la política nacional de cambio climático sean congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, la promoción de la actividad económica, social, política, cultural, ambiental y de aprovechamiento de los recursos naturales, agregamos mitigación y adaptación al cambio climático.

En su artículo 21, habla de que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, determinará los lineamientos de la política de carácter global, sectorial y regional, sus previsiones se refieren al conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales, tomando en cuenta las variables ambientales y de cambio climático.

En el artículo 27, para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán los programas anuales que incluyan aspectos administrativos de política económica, social, pero también esta materia de cambio climático.

Con esto, compañeras y compañeros, damos pasos firmes y decididos en un solo sentido de congruencia en materia de cambio climático. Por lo cual, solicito su apoyo a favor de este importante dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galvan.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 21 y 27 de la Ley de Planeación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Teneos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que propone establecer el principio de la responsabilidad compartida.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ayer fue un día muy importante, fue el "Día Internacional de la Madre Tierra", un día muy especial para todos nosotros, porque no tenemos otro planeta, y que nuestra madre tierra se encuentra enferma, tiene temperatura, y eso habla y nos dice que tenemos que hacer acciones contundentes para poder regresar y no permitir el aumento de temperatura a este planeta; acciones contundentes en la prevención de la contaminación del aire, del agua y del suelo, acciones contundentes en la lucha contra la deforestación, la desertificación y la pérdida de los terrenos agrícolas; acciones contundentes en la promoción del manejo seguro de los residuos.

Por eso, es muy importante este dictamen, del cual solicito su apoyo; este dictamen busca fortalecer la figura de la responsabilidad compartida para el manejo de los residuos sólidos, urbanos, que por cierto los números son impresionantes, pero también el manejo de los residuos especiales.

Por darles un dato, y va en aumento, se manejan cada año alrededor de 40 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, 84 millones de toneladas de residuos de manejo especial, y alrededor del 2004 al 2014, más de 2 millones de toneladas de residuos peligrosos que generan más de 90 mil empresas establecidas en el país.

Desafortunadamente de lo que les mencioné, de los residuos sólidos y urbanos, solamente el 9 por ciento se recicla; de los rellenos sanitarios establecidos, solamente se aprovecha el 2.4 por ciento del biogás generado.

Por eso necesitamos reciclar más, rehusar más y reutilizar, y eso debe estar en la conciencia de cada uno de nosotros, pero también garantizado esto en los libros desde kínder hasta universidad.

Los obligados para los planes de manejo, deberán realizar el manejo integral para proteger la salud y controlar la contaminación, es decir, los comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esto más bien para cumplir con la protección ambiental que debemos todos generar una sinergia para seguir aprobando cuestiones de medioambiente y de cambio climático, que es difícil, compañeros, hacer conciencia en esta materia a efecto de que se trate que ya está la COP muy cerca, entonces sí ahí todo mundo pide reflectores y nos interesa el tema, cuando este tema, cuando este tema nos debería interesar todos los días de todo el año, porque se trata de la vida y solamente tenemos un planeta, el día que hagamos conciencia de que no tenemos otro planeta qué habitar, entonces le daremos prioridad a estos temas ambientales y de cambio climático, compañeros.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galvan. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, para observar el principio de promoción, respeto, garantía y protección de los derechos humanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se encuentra a discusión. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que está a su consideración tiene como finalidad reconocer los principios basados en derechos humanos en la Ley General de Cambio Climático, ello deviene de diversas acciones que nuestro país ha llevado y a los compromisos contraídos en materia del cambio climático, entre estos, se encuentra la elaboración de documentos, la planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración de las comunicaciones nacionales con inventarios y emisiones.

Al respecto, la ley general de la materia, obliga al gobierno federal y a las entidades federativas a enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

Sin embargo, un aspecto que se ha separado de los temas de medio ambiente, es el tema relativo a los derechos humanos.

Debemos recordar que el medio ambiente sano, es ultra requisito para el ejercicio de los derechos de todas las personas.

De esta manera, el cambio climático tiene como resultado la elevación a nivel de los océanos, el incremento de la intensidad de las ondas de calor, inundaciones más frecuentes, ciclones tropicales, tifones y huracanes más intensos, disminución de la posibilidad de agua potable, entre otras más.

Todos estos fenómenos climatológicos tienen un impacto directo en la vida de millones de personas alrededor del mundo, y en particular afectando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Celebro el interés de las Comisiones de Medio Ambiente; y de Estudios Legislativos, Segunda, de aprobar esta iniciativa que presenté, ya que demuestra una vez más el compromiso del Senado de la República con la promoción y desarrollo de los derechos humanos para garantizar a las poblaciones más vulnerables su pleno ejercicio. Con ello avanzaremos en la construcción de una legislación más robusta en materia de cambio climático.

Por lo anterior, estimados compañeros Senadores, les pido el voto a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Díaz Salazar. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para registrar el sentido del voto de cada uno de ustedes.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las autorizaciones de la Mesa Directiva, en su reunión de este día.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Con gusto, señor Presidente. Doy cuenta.

La Mesa Directiva autorizó el retiro de los siguientes asuntos:

Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Producción Orgánica, de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presentado el 12 de febrero de 2013.

Y proyecto de Decreto para modificar el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del Senador Luis Armando Melgar, presentado el 20 de noviembre de 2013.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. Les informo que todas las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnarán a comisiones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM, con aval de grupo)

Los suscritos senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ENRIQUE BURGOS GARCÍA,MIGUEL ROMO MEDINA y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, a nombre de las senadoras y los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER Y ESTABLECER EL DERECHO DE LOS JÓVENES AL ACCESO INTEGRAL Y EQUITATIVO AL DESARROLLO, Y PARA QUE EL ESTADO GARANTICE SU PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los jóvenes tienen actualmente un peso específico importante en la estructura demográfica de México.

Hablar de la juventud no es un tema menor. Representa el reto de satisfacer las demandas de millones de jóvenes que reclaman empleos, mejor educación, seguridad pública, espacios recreativos y deportivos, seguridad social, vivienda, mayor certeza hacia el futuro y toda clase de oportunidades en la vida.

El Estado mexicano tiene como responsabilidad trabajar intensamente a favor de los jóvenes. Ellos quieren dejar de ser simples espectadores para transformarse en factor decisivo en la concepción y elaboración de un proyecto nacional, desean una educación de calidad, acceso al trabajo valorado y debidamente remunerado, a una mayor participación política y a la posibilidad de lograr aquellas condiciones que les permita contribuir a la construcción de una sociedad democrática y moderna.

El inicio de toda transformación social parte necesariamente de la toma de conciencia colectiva en la búsqueda de cambios que permitan el bienestar de la sociedad. Estamos en un momento clave para inculcar esto a nuestros jóvenes y trabajaren un nuevo diseño institucional que responda a sus necesidades.

Es evidente que los jóvenes representan la fuerza de México en los ámbitos político, cultural, social, económico, deportivo y familiar. El reto de la política y la economía hoy en día, es el desafío de incorporar con firmeza y visión a los jóvenes en la toma de las grandes decisiones nacionales. En otras palabras, hacerlos copartícipes de un destino común, del acontecer individual y colectivo de México.

Estamos convencidos de que los jóvenes tienen que participar y ser actores de su entorno y ser corresponsables con los que los rodean. En la juventud se encuentra el potencial de lo posible, con energía y frescura de ideas son capaces de crear, dar identidad, buscar la libertad y construir realidades diferentes.

A los jóvenes de hoy les toca recibir un país con menos recursos económicos; con más problemas urbanos y ambientales; con más pobreza debido a que muchos jóvenes en el campo y los centros urbanos desarrollan actividades de bajo rendimiento económico; con más deudas y menos créditos; así como mayor competencia en los mercados económicos y laborales.

Pero también heredan un mundo con mayores posibilidades, con menos enfermedades, con más desarrollo tecnológico, con mayores perspectivas en cuanto a la tasa de mortandad, un mundo que interactúa de manera cada vez más intensa y que amplía horizontes.

Por ello, es necesario involucrarlos plenamente en la solución de los problemas del país y del mundo. Esta propuesta legislativa busca justamente plantear una reingeniería jurídica e institucional que siente las bases para el desarrollo integral de los derechos de la juventud en México.

Uno de los aspectos más importantes es la transición demográfica que está teniendo nuestro país con la creciente concentración de la población en las edades productivas, particularmente los jóvenes en edad de 15 a 29 años.

El bono demográfico sigue siendo una oportunidad histórica en nuestro país. México debe aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer las inversiones sociales y económicas requeridas para romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza y alcanzar niveles sostenibles de desarrollo económico y social.

Si lo aprovechamos, el bono demográfico tendrá un efecto positivo en las oportunidades de ahorro y crecimiento económico, siempre y cuando, la población económicamente activa esté empleada de manera efectiva y eficiente.

Si no actuamos, el bono demográfico puede traer efectos adversos para los jóvenes ya que no gozarán de las herramientas educativas, sociales y profesionales necesarias para ingresar de manera productiva a un mercado laboral altamente competitivo.

En consecuencia, se requiere una participación decidida por parte del Estado para lograr promover políticas públicas compensatorias que contrarresten las desventajas que esta generación deberá enfrentar.

El tamaño del bono demográfico en México si contabilizamos un total de 121 millones de mexicanos, es de 31.6 millones, lo que representa el 26% de jóvenes entre 15 y 29 años.
El reto es mayúsculo si consideramos que de acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el país deberá atender en promedio a 30 millones de jóvenes en los próximos 40 años.

En las últimas tres décadas el crecimiento de la economía mexicana ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad de la población, especialmente entre los jóvenes.

En el destacado artículo “Un panorama desalentador” publicado en la revista México Social y, del cual abreva esta exposición de motivos, se concentran estadísticas de instituciones nacionales y organismos internacionales, donde se da cuenta de la situación por la que atraviesan los jóvenes en México.1

Haciendo un comparativo, y de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, las generaciones de jóvenes entre 15 y 29 años que vivieron entre 1950 y 1980, se beneficiaron del auge del desarrollo estabilizador que propició un crecimiento anual promedio de 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, las generaciones de jóvenes que han vivido entre 1980 y 2010, han subsistido con empleos precarios, menores ingresos y mayor pobreza, ya que el PIB en este periodo solo creció 2%.

Actualmente, los jóvenes se enfrentan a paradojas que estancan su desarrollo. Una que es evidente y resulta lacerante para la sociedad y la economía, es que este sector de la población tiene mayor educación pero menos empleo, más información pero menos capacidad de decisión, más derechos pero menos posibilidad de ejercerlos.

Los jóvenes padecen además de la falta de empleo, de apoyos para proyectos productivos y personales. Se sienten excluidos y, por lo tanto, no se sienten protagonistas de su tiempo.

Una proporción importante de los jóvenes atraviesa por una falta de oportunidad en el ascenso social, así como una etapa de escepticismo, frustración e inseguridad.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos 20 años, ocho millones de mexicanos dejaron el país, lo que dio paso a la mayor emigración de nuestra historia moderna, debido a la falta de oportunidades y en búsqueda de una mejor esperanza de vida.

En materia económica, el principal problema de los jóvenes es una inadecuada inserción en la vida productiva, pues de la población activa juvenil el 8% está desocupada, esto representa el doble de lo que corresponde a la población activa total.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que en México 6.6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y, que de éstos, 39% son mujeres.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2012 elaborada por el INEGI, de los jóvenes que trabajan casi el 39% se ubican en puestos de trabajo formales y el 61% en actividades informales.

El desempleo sólo afectó al 3% de los jóvenes con primaria incompleta y al 40% de los jóvenes que habían concluido estudios en los niveles de educación media y superior respectivamente (INEGI, 2010).

Si queremos estabilidad y crecimiento económico, la política económica debe estar unida a la social, ya que quienes actúan en los mercados son seres humanos. En este renglón, los jóvenes deben ser una prioridad. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá repercusiones en los próximos 25 años. Sólo sumando la energía de los jóvenes podremos construir un futuro diferente con justicia, seguridad y prosperidad.

En salud y seguridad social, los datos también son negativos para los jóvenes.

De acuerdo a los Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 27% de los jóvenes no tiene acceso a los servicios de salud, mientras que el 69% no tiene seguridad social.

En cuanto a la educación, los jóvenes enfrentan una baja calidad y problemas de cobertura, especialmente, en los niveles medio superior y superior.

El Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que la educación media superior cubre al 69% de la demanda y el 13% abandona los estudios; la educación superior sólo abre espacios al 29% de la población y el 7% deserta, mientras que en las universidades tecnológicas un 35% de alumnos abandonan los estudios.

La realidad es que las becas para coadyuvar a resolver los problemas económicos de los estudiantes son insuficientes para alentar una mayor inscripción y eficiencia terminal.

La crisis de seguridad que aqueja al país ha afectado mucho a este grupo de la población. Es de destacar que aproximadamente una tercera parte de los jóvenes fueron víctimas de algún delito y, casi la mitad de los internos en las prisiones, también son jóvenes.

Otro dato alarmante, es que la pobreza entre los jóvenes y sus familias sigue creciendo. Datos dados a conocer por CONEVAL destacan que entre 2010 y 2012 se elevó de 53 a 54 millones el número de pobres. De este universo 8.2 millones de jóvenes viven dentro del tramo comprendido entre la pobreza moderada y la extrema, ésta última en los 849 municipios de alta y muy alta marginación.

Uno de los factores importantes que han impedido la participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país, radica en que el Estado mexicano ha implantado prácticamente las mismas políticas públicas a favor de los jóvenes desde hace varias generaciones, sin tomar en cuenta las nuevas realidades del país y del mundo.

En cuanto a los derechos de los jóvenes hay avances con la modernización de la legislación, pero se carece de los instrumentos adecuados y de políticas públicas sólidas para que las instituciones de protección social satisfagan sus necesidades.

México se encuentra retrasado en las acciones afirmativas hacia los jóvenes comparado con otros países. España y varios países en América Latina y el Caribe han reconocido explícitamente los derechos de los jóvenes a nivel constitucional y en la legislación secundaria, entre los que se destacan los siguientes:

Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Asimismo, las naciones que cuentan con legislación secundaria que promueve su desarrollo son las siguientes:

Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá y Perú.

Es por ello, que creemos importante que el Estado mexicano emprenda acciones afirmativas que permitan a los jóvenes hacer efectivo el disfrute de sus derechos humanos y garantías, evitando su participación en actos ilícitos y eliminando la violencia en su contra.

Es urgente diseñar y poner en marcha una renovada generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas actuales de los jóvenes.

Para ello, la ley debe garantizar a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas, la aplicación del Estado de Derecho en favor de los jóvenes para responder a sus necesidades de desarrollo.

De igual forma, se requiere implementar estrategias institucionales y de política pública para aumentar su escolaridad mediante el acceso a una educación de calidad, vinculada con empleos bien remunerados.

Asimismo, reconocer el derecho de los jóvenes a la sana recreación y su participación activa en las actividades culturales; asegurar su salud mediante programas integrales e institucionales; elevar su capacidad productiva y fomentar su inclusión en las nuevas fuentes de trabajo; así como disminuir los indicadores de violencia y vulnerabilidad de los jóvenes, haciendo énfasis en la prevención.

De ahí la importancia de establecer en la ley con rango constitucional reformas que se traduzcan en políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Por ello, proponemos la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto para establecer en el artículo 4º constitucional el derecho de los jóvenes a acceder, de forma integral y equitativa, a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Asimismo, se establece que el Estado garantizará la integración y participación de los jóvenes en las políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales, en los términos que establezca la Ley y proveerá los recursos públicos que sean necesarios para su consecución.

Las acciones ejecutivas que impulse el Estado, garantizadas en la Constitución y desarrolladas en la legislación secundaria, deben estar orientadas fundamentalmente a restablecer el tejido social, a abrir paso a una relación constructiva entre las diversas generaciones, y fomentar la inclusión y participación de los jóvenes en el desarrollo del país.

Como vemos, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto busca ser coherente con la situación de los jóvenes en cuanto al reconocimiento explícito de sus derechos, a la vez que motiva la creación una legislación secundaria que promueva su desarrollo a través del establecimiento de un conjunto de políticas públicas institucionales y transversales, que ayuden a coordinar los esfuerzos para brindar mejores apoyos y estímulos a este grupo de la población.

De acuerdo con lo anterior, las senadoras y senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, ponemos a la consideración de la Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único. Se adiciona un nuevo párrafo doce al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como sigue:

Artículo 4°.- …

Los jóvenes tienen derecho a acceder, de forma integral y equitativa, a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político. El Estado garantizará la integración y participación de los jóvenes en las políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales en los términos que establezca la Ley; para ello proveerá los recursos públicos que sean necesarios.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá reformar la Legislación Federal para establecer las políticas públicas, las acciones y crear las instituciones para promover el desarrollo integral de los jóvenes.

Tercero. En un plazo de seis meses, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales a lo que establece el presente Decreto.

Cuarto. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, El Congreso de la Unión deberá emitir una Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, en la que se distribuyan competencias y atribuciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales, así como garantizar espacios de participación para los jóvenes.

Quinto. En un plazo de nueve meses, el gobierno Federal deberá presentar un Programa Interinstitucional en el que se definan acciones y recursos para promover el desarrollo integral de los jóvenes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Suscriben

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

1 Consultar en: http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/365-un-panorama-desalentador





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las funciones que realizaba la Secretaría de la Reforma Agraria y los temas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, regional y de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social fueron concentrados en una nueva Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Lo anterior conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del día 2 de enero del 20131.

Algunos argumentos que motivaron la creación de dicha Secretaría, establecían que si se aprovechaba óptimamente el territorio nacional y se le daba un ordenamiento correcto en términos de propiedad y expansión de asentamientos, entonces, se garantizaría un entorno correcto para el crecimiento del país y el bienestar de la población2.De esta manera se justificó que tanto los temas de la Secretaría de la Reforma Agraria enfocados a la propiedad de la tierra, como los temas de vivienda, asentamientos humanos, y de desarrollo rural y urbano, van dela mano; que la unificación de facultades se debió a la relación tan estrecha entre lo agrario y lo urbano; y que estos temas, deben analizarse y planearse en conjunto para alcanzar el bienestar de la sociedad.

Es así que el propósito principal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos3.

La presente iniciativa no pretende más que actualizar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como una de las dependencias administradoras de inmuebles estipuladas en la Ley General de Bienes Nacionales y eliminar de la Ley la ya extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Lo anterior con la finalidad de que la SEDATU ejerza correctamente las acciones que le impone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, de la misma manera, las que le son atribuidas por la Ley General de Bienes Nacionales. De las facultades que la Ley-materia de reforma- le atribuye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podemos destacar: el poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales; además, controla y verificar el uso y aprovechamiento de tales inmuebles; así mismo, otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de inmuebles federales; entre otras.4

Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.-

I.- …

II.-Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las Secretarías de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles;

III.- a IX.- …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 días de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/11/asun_2915091_20121115_1352995294.pdf

3 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/mis-vis-obj/

4 Artículo 28 de la Ley General de Bienes Nacionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE CREAR EL DERECHO AL INGRESO BÁSICO CIUDADANO

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA

(Presentada por Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los problemas más comunes de la sociedad en México, es la inequidad en el acceso de la población a los servicios de salud.

Si bien el Gobierno de la República ha incrementado el presupuesto destinado al sector salud durante los últimos años y se han efectuado inversiones importantes en materia de infraestructura hospitalaria, todavía persisten obstáculos en la consolidación de un sistema que haga efectivo el derecho a la salud de las y los mexicanos establecido por el Artículo Cuarto de nuestra Constitución Política.

Esta iniciativa pretende contribuir a generar las condiciones estructurales propicias para brindar a la población una atención médica oportuna y de calidad que satisfaga integralmente sus necesidades en materia de salud, para lo cual se propone adicionar un Artículo 33 Bis a la Ley General de Salud.

La población que cuenta con seguridad social en nuestro país es atendida por las siguientes instituciones a nivel federal: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los sistemas de protección de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR). Asimismo, las entidades federativas cuentan con instituciones de seguridad social que brindan atención a la población local.

Por otra parte, existen algunos mecanismos como el Seguro Popular que brinda protección a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes. El Seguro Popular es coordinado por el Gobierno Federal y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, con el apoyo de los servicios Estatales de Salud.

De acuerdo al Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-junio 2013, para el primer semestre de ese año el Seguro Popular contaba con una afiliación de 53,287,070 personas (lo cual equivale a cerca de la mitad de la población mexicana).

A la cifra anterior se suman los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que según datos del INEGI, en 2010 sumaban 35,380,021 y 7,190,494 respectivamente. Igualmente se deben considerar a los derechohabientes de los otros servicios de salud.

De lo anterior se desprende que gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones públicas del sistema de salud, más la aportación de la medicina privada, es posible afirmar que en México un alto porcentaje de la población cuenta actualmente con un esquema de protección financiera para la atención de la salud, no obstante aún falta un largo camino por recorrer en cuanto respecta a garantizar a los derechohabientes una atención oportuna y de calidad.

Asimismo, México presenta un rezago en cuanto al número de camas de hospital disponibles para la población, pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2013 existían en nuestro país 1.7 camas por cada mil habitantes, cifra muy inferior al promedio de todos los países que componen la organización (el cual se ubica en 4.8). Lo que es aún más preocupante es que del total de camas disponibles 24 por ciento pertenecen al sector privado, con lo cual el número de camas pertenecientes al sector público es de 1.3 camas por cada mil habitantes.

Aunado a ello, México tiene un atraso de cobertura en términos del personal médico adecuado al número de pacientes que se atienden, pues hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes, cuando la recomendación internacional establecida por la OCDE es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil habitantes.

Al déficit de médicos y enfermeras se suma la deficiencia en la calidad de los servicios de salud, ya que México cuenta con 23,269 unidades de salud, sin contar a los consultorios del sector privado; de este total, 86.8 por ciento pertenecen al sector público y 17.2 por ciento al sector privado. De ellos, 1,121 son hospitales públicos y 3,802 son unidades privadas con servicios de hospitalización. Del total de los hospitales públicos 28 por ciento pertenecen a las instituciones que atienden a la población no asegurada y el resto a la seguridad social, el mayor volumen de hospitales se ubica en la categoría de hospitales generales.

 Aun cuando la cobertura de los servicios públicos de salud ha aumentado considerablemente durante los últimos años, una de las preocupaciones fundamentales sigue siendo reducir el porcentaje de los gastos destinados a salud que sale del bolsillo de los mexicanos puesto que éste no ha disminuido a los niveles esperados, pasando de 52 por ciento en 2004 al 49 por ciento en 2010, lo cual sigue representando todavía la mitad de dichos egresos.

La excesiva cantidad que los mexicanos siguen gastando para hacer frente a alguna enfermedad es un indicador de que la población prefiere utilizar servicios privados de salud, como las farmacias con consultorios (que de acuerdo a la COFEPRIS suman alrededor de 10,000 y atienden al 7 por ciento de la población mexicana).

La razón por la cual los mexicanos, aun contando con la cobertura de algún régimen público de protección en materia de salud, prefieren acudir a los servicios privados, incluyendo las farmacias con consultorios, es fundamentalmente porque percibe que en estos la atención resulta mucho más oportuna.

La burocracia, la demora o la negativa en la atención a los pacientes, así como la tardía canalización de los mismos a los servicios de especialidades u hospitalización trae como consecuencia que la salud de quienes enfrentan una enfermedad empeore a grado tal de poder provocarles la muerte.

El sector salud se encuentra tan saturado que en muchos casos quienes son diagnosticados con enfermedades que ponen en peligro su vida, tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o la diabetes, tienen que esperar varias semanas para ser atendidos por especialistas e incluso para realizarse los estudios de laboratorio necesarios para su atención oportuna. Con esta pérdida de tiempo se atenta contra la esperanza de vida del paciente y contra su integridad física.

Asimismo, en el caso de enfermedades de bajo riesgo que no son atendidas oportunamente, la demora en la atención llega a provocar complicaciones secundarias en el paciente que merman su calidad de vida, por lo cual resulta fundamental impulsar un mecanismo de atención inmediata que satisfaga las necesidades de salud de la población mexicana.

Resulta pertinente mencionar que la enfermedad es una interacción entre el humano (huésped), factores exógenos y endógenos (ambiente) y el agente causal (bacteria, virus, entre otros), lo cual es conocido como período  pre-patogénico, en el que se da una fase de latencia, en la cual el agente causal interactúa con el huésped y el estímulo provoca una alteración que hace perder el bienestar físico, mental y social del huésped que se manifiesta en un segundo periodo conocido como patogénico, el cual puede ser asintomático o sintomático, para finalmente entrar en un período de recuperación, secuelas, cronicidad o muerte.

En el período pre-patogénico es importante tener una prevención primaria por medio del fomento a la salud y una protección específica. Por otro lado, en el período patogénico la prevención secundaria debe fundarse en un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato para limitar el daño que pueda causar el agente causal en el huésped. Finalmente, la prevención terciaria no es otra cosa que la rehabilitación.

Las actividades de atención médica deben realizarse de manera oportuna y con calidad, de acuerdo a lo que dicta la Ley General de Salud, en su artículo 33 que a la letra dice:

“Artículo 33.- Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.”

De acuerdo a lo anterior, la protección de la integridad del ser humano debe llevarse a cabo con acciones destinadas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, actuando sobre el período pre-patogénico (actividad curativa), modificando los factores de riesgo o previniendo la acción del agente causal, por lo que las acciones del sector salud deben estar destinadas a detener la evolución de la enfermedad, lo cual se va a conseguir obteniendo una atención oportuna y de calidad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, muestran que para ciertos tipos de cáncer así como el caso de la diabetes mellitus, un lapso de seis meses puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.

En este orden de ideas, la finalidad de esta iniciativa es proteger de manera universal a las personas del riesgo de muerte o discapacidad evitable por falta de acceso a una asistencia médica de calidad y oportuna, por lo que se prevé la celebración de convenios con instituciones privadas de salud para dar atención a los pacientes, que padezcan alguna de las enfermedades con mayor índice de mortalidad en México, que por alguna razón no sean atendidos en la red de establecimientos de las instituciones públicas de salud.

En la actualidad en México las enfermedades que provocan mayor número de defunciones son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, neumonía, influenza e insuficiencia renal, muchas de las cuales se complican por la falta de prevención y particularmente por la falta de atención médica adecuada.

Para el Partido Verde Ecologista de México el derecho a la protección de la salud, es un derecho humano el cual implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por este motivo, dada la falta de capacidad que presenta nuestro sistema de salud pública para responder adecuadamente tanto a las necesidades como a las expectativas de la población en cuanto respecta a la atención médica oportuna y de calidad, consideramos que el gobierno está obligado a buscar los mecanismos pertinentes que permitan optimizar el funcionamiento del sistema.

Al respecto, para el Partido Verde Ecologista de México un sistema de salud funciona adecuadamente al responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población con una atención oportuna y de calidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 33 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 33 Bis. Las actividades de atención médica deben ser atendidas por las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, de manera inmediata cuando exista un riesgo de daño grave a la salud del paciente y  en un lapso no mayor a diez días naturales para los demás casos, para lo cual:

I. La Institución Pública del Sistema Nacional de Salud, que no pueda brindar en ese momento cualquiera de las cuatro actividades de atención médica en el lapso de tiempo determinado, debe entregar al paciente un vale para que sea atendido en otra Institución Pública del Sistema Nacional de Salud que tenga las condiciones óptimas para proporcionar la atención médica oportuna.

II. – Las Instituciones Privadas del Sistema Nacional de Salud, brindarán el servicio de cualquiera de las cuatro actividades de atención médica, bajo los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas Instituciones, en caso de no ser atendido el paciente en ninguna Institución del Sistema de Salud Pública, de conformidad con las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá celebrar el convenio con las Instituciones Privadas del Sistema Nacional de Salud, para que estas den atención oportuna y de calidad a los pacientes con enfermedades con un alto índice de defunción en México, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil quince.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO, PARA FAVORECER LA ARMONIZACIÓN ENTRE LA DENOMINACIÓN Y LA NATURALEZA DE LAS NORMAS QUE EMANAN DEL PODER LEGISLATIVO

(Presentada por las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruíz y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La siguiente propuesta tiene como propósito fundamental crear un marco jurídico eficaz para la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Vivimos en la era de las migraciones. No se trata de un fenómeno exclusivo de este tiempo, pero el crecimiento del volumen e intensidad de las personas que migran de un país a otro, en particular desde mediados de los años ochenta, permiten sostener dicha aseveración.

Algunas cifras de la Organización Internacional para la Migración, señalan que el número de migrantes en el mundo se duplicó entre 1965 y 2000, para pasar de 75 a 150 millones.

En este orden de ideas, y como todos sabemos, la migración entre México y Estados Unidos representa el mayor flujo migratorio a través de dos países en todo el mundo y en los últimos veinte años este éxodo se ha vuelto un problema humanitario.

En el marco de esta crisis humanitaria, desde sus lugares de origen hasta su destino, los migrantes están expuestos a desproporcionados niveles de riesgo por violaciones a sus derechos humanos, desapariciones y muertes, mismas que se estiman por miles.

Así las cosas, México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez más, de retorno de migrantes. Es por tales motivos, que nuestro país es un reflejo claro de la migración a nivel global, condición que sin duda no es motivo de orgullo sino de una situación por demás lamentable.

Es menester señalar, que alrededor del 95 por ciento de los connacionales que residen fuera del país están en los Estados Unidos, estos representan alrededor de 11 millones, de los cuales el 57 por ciento son indocumentados; en adición a lo anterior, se estima que entre 450 y 500 mil mexicanos emigran, al año, el país vecino.1

Asimismo, México se sitúa como el segundo país de mayor emigración a nivel mundial, con un estimado de 13 millones de migrantes, esto representa un 10 por ciento del total de la población del país.2

A lo anterior hay que sumarle, los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica; y es que, debido a nuestra posición geográfica el territorio nacional es considerado, también, un punto de paso para migrantes o transmigrantes centroamericanos, caribeños, suramericanos y extracontinenteles que se dirigen hacia Estados Unidos o Canadá.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961,121 migrantes internacionales, de igual modo el Instituto Nacional de Migración regularizó en el año 2011 a 8,943 extranjeros que permanecían dentro del territorio mexicano en situación irregular, en su mayoría de origen centroamericano.3

Estos números clarifican, en términos cuantitativos, la magnitud que representa la migración en territorio nacional.

Ahora bien, el tema migratorio no se circunscribe a cuestiones meramente numéricas.

El problema fundamental, se desprende dela vulnerabilidad de los migrantes como sujetos de derechos humanos.

Los migrantes en su paso por nuestro país, y sin importar su origen, están siendo víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos, delitos, malos tratos y actos de discriminación, racismo y xenofobia.

Estas vejaciones se están presentando, en gran medida, por la  carencia de un marco regulatorio orientado a salvaguardar los derechos humanos de este grupo poblacional.

Es necesaria la existencia, en nuestro país, de una normatividad eficaz que contemple la representación política del migrante para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos observó que el Estado mexicano no ha logrado implementar un marco jurídico eficaz desde un enfoque de protección a los derechos humanos relativo a la afluencia de flujos migratorios en territorio nacional.4

Lo anterior se desprende, debido a que dichos flujos migratorios tienen una evidente naturaleza estructural que representan un latente y grave riesgo a la cohesión de un orden social mundial.

En nuestro país, somos testigos del resultado de estos riesgos, que en últimas fechas han brotado con una mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con acciones de fondo.

Lo hemos denunciado de forma sistemática.

Lamentablemente nuestros llamados como los de muchos actores sociales que prevenían el inminente colapso en el tema migratorio no fueron atendidos con oportunidad.

Las consecuencias han rebasado el ámbito interno para convertirse en la crisis humanitaria que afecta a varios países del continente americano.

En tal sentido, y como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro marco jurídico carece de una normatividad que confronte esta situación con mecanismos distintos a la contención.

Por lo que estoy proponiendo herramientas jurídicas que ataquen el problema migratorio con un enfoque específico a la salvaguarda de los derechos humanos de este grupo social.

Siguiendo este orden de ideas, el artículo 2º apartado B fracción VIII de nuestro Máximo precepto a la letra señala:

Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Así las cosas, nuestro marco jurídico solo reconoce a los migrantes indígenas, hecho que no es menor indudablemente.

Sin embargo síes limitativo, ya que no podemos suponer que los flujos migratorios sólo provienen de la población indígena, la realidad es que este fenómeno social afecta a más sectores sociales.

Es así, que la propuesta adquiere mayor relevancia, ya que supone reconocimiento de migrantes sin importar su origen con el marcado énfasis a proteger sus derechos humanos.

Desde esta trinchera legislativa propongo esta iniciativa que, sin duda, coadyuvaría a enfrentar esta terrible crisis en materia de derechos humanos.

México está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas y la defensa a los derechos de las personas es un tema impostergable.

El migrante, como lo hemos señalado en este trabajo, está siendo objeto de sistemáticas violaciones a sus derechos.

Debemos de dotar a nuestra sociedad de mecanismos que la dinamicen y la conviertan en una sociedad con una amplia gama de condiciones favorables e incluyentes; condiciones que permitan que los grupos sociales más vulnerables vean respetados sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Artículo único.- Se adiciona el artículo8 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 8 Bis.- La Comisión prestará especial atención a los derechos humanos de los migrantes en el país, mexicanos y extranjeros, en los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 Gutiérrez Fernández, Gerónimo, Migración: Dimensión y factores de un fenómeno complejo, en “La migración en México ¿Un problema sin solución?, CESOP, Septiembre, 2006.

2 NACIONES UNIDAS – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES – DIVISIÓN DE POBLACIÓN,
International Migration 2013: Migrants by origin and destination. 2013. Disponible en: http://esa.un.org/
unmigration/wallchart2013.htm. También véase, CONNOR, Phillip, COHN, D’Vera, GONZALEZ-BARRERA, Ana y OATES, Russ, Changing Patterns of Global Migration and Remittances: More Migrants in U.S. and Other Wealthy Countries; More Money to Middle-Income Countries. Pew Hispanic Center: Washington, D.C., 2013, p. 8. Disponible en: http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/12/global-migration-final_12-2013.pdf

3 INEGI, Censo de Población y Vivienda de 2010. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo63&s=est&c=23634; y
INM, Centro de Estudios Migratorios, Estadísticas migratorias básicas, vol. 4. México, D.F., julio de 2011, p. 4.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE PAGO POR GENERACIÓN DE AGUA LIMPIA

(Presentada por Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE PAGO POR GENERACIÓN DE AGUA LIMPIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales demandas en el país, es garantizar la preservación de los ecosistemas forestales, los cuales se reconocen como las principales fábricas naturales de agua dulce del mundo y por consecuencia del país; sin embargo, las estadísticas y estudios sobre el estado que guardan las cuencas hidrológicas en México, nos demuestran que si bien los estados del Sur Sureste mexicano cuentan con una importante cobertura de ecosistemas naturales que captan y producen la mayor cantidad de agua, también esta región es donde tenemos los mayores rezagos en infraestructura para su disponibilidad en la población y también los mayores requerimientos de inversión para inducir en la población la conservación de los ecosistemas que la producen.

Por ello, el Grupo Parlamentario que represento plantea con la presente iniciativa impulsar el establecimiento de un vale por el pago de la fabricación natural del agua a aquellos propietarios o poseedores de predios cuyas características naturales y estado de conservación tengan aportaciones de infiltración y recarga de los mantos freáticos, es decir impulsen la producción natural del agua, ya que con ello fortaleceremos los mecanismos económicos que permitan a los interesados en la conservación y la producción de servicios ambientales dedicar sus predios a la producción natural de agua y recarga de los acuíferos nacionales.

Para lograr los objetivos que se plantean en la presente iniciativa, se pretenden que los recursos económicos necesarios para el pago por la fabricación natural del agua, provengan del establecimiento de un derecho de uso para aquellos sectores productivos que aprovechen el agua dentro de cada región.

El agua es un recurso indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico. Por ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y política.

De acuerdo con la reforma impulsada por el Partido Verde al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, existiendo la obligación de los 3 órdenes de gobierno para garantizar este derecho.

Las características geográficas y climáticas del país nos permiten tener una gran cantidad de recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, basta señalar que nuestro país tiene 1.2 millones de hectáreas de lagos y 1.6 millones de hectáreas de estuarios, además de 731 cuencas hidrológicas que se han agrupado en 37 regiones, de las cuales hoy en día 104 presentan problemas de disponibilidad.

Según informes de la Comisión Nacional del Agua, en México se extraen al año 72 Km3 de agua, de la cual el 77% se destina para fines agropecuarios, el 14% para abastecimiento público, y el 9% uso industrial.

No obstante, anualmente México recibe del orden de 1 489 kilómetros cúbicos de agua en forma de precipitación, de la cual alrededor de 1 089 kilómetros cúbicos, el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 25.4% escurre por los ríos o arroyos y solo el 2.1% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, de tal forma que anualmente el país cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, a lo que se denomina disponibilidad natural media.

En cuanto a la disponibilidad de aguas superficiales por acción del hombre en el país existen 4 462 presas y bordos, las cuales representan una capacidad total de almacenamiento de alrededor de 150 kilómetros cúbicos. De ese número, 667 presas se clasifican como grandes presas debido a que su capacidad de almacenamiento es mayor a un hectómetro cúbico; sin embargo, el volumen almacenado de agua en las presas no sólo depende de su capacidad de construcción, sino también de la precipitación    ocurrida en sus cuencas de captación y de los escurrimientos en las distintas regiones del país.

Con respecto al uso de las presas en el país, 41 de las 51 presas más grandes suministran agua para riego (beneficiando a 6.5 millones de hectáreas de agricultura de riego y 2.9 millones de temporal tecnificado), mientras que nueve de ellas se destinan al abastecimiento público. Treinta y tres grandes presas tienen más de un uso, entre los que pueden estar la generación de electricidad, irrigación, control de avenidas y abastecimiento público.

La concentración de la población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, en gran parte del país, al mismo tiempo existe la paradoja en el sentido de que la distribución de la población no corresponde a la mayor disponibilidad del agua. El 68% del agua disponible se encuentra en regiones donde vive solo el 23% de la población, y se genera el 21% del PIB, mientras que el 32% del agua disponible se encuentra en regiones donde se concentra el 77% de la población y se genera el 79% del PIB.

Debe preocupar que en México la disponibilidad del agua se ha reducido de manera importante: en 1950, era de 18 035 metros cúbicos por año, pasando a poco menos de 11 mil en 1960 y a menos de 8 mil en 1970. En 2013, la disponibilidad por habitante fue de 3 982 metros cúbicos anuales, un volumen que de acuerdo al WorldResourcesInstitute (WRI) se considera como de disponibilidad baja.

La disponibilidad natural media del agua per cápita en el Sureste es 8 veces superior a la de un habitante del Norte, del centro o del noroeste (de 15,270 m3/hab./año a 1,930 m3/hab./año), sin embargo la disponibilidad de agua directamente para la población es menor en el sureste que en el norte, ello debido a la falta de infraestructura.

El Gobierno Federal dentro de su Programa Sectorial de Medio Ambiente reconoce que los subsidios otorgados al consumo de electricidad y del agua en el campo es también una tarea imprescindible para no promover el uso irracional del líquido y el deterioro de sus fuentes de abasto. Estos subsidios, además de ser altamente costosos en términos económicos también han inhibido en los agricultores los incentivos para el ahorro de energía eléctrica, la reducción de la extracción de agua y la inversión en la mejora de los sistemas de riego.

En México, el servicio de agua potable, junto con los de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales se encuentra a cargo de los municipios, generalmente a través de organismos operadores. En el año 2013, la cobertura nacional de agua potable alcanzó 92.3%, valor menor al estimado para países como Estados Unidos, Francia y Canadá, con coberturas que prácticamente alcanzan el 100% de la población, por lo que en México existen alrededor de  9 millones de personas que carecen de servicios de agua potable.

La sobreexplotación de los acuíferos ha generado diversos efectos perjudiciales, entre los cuales se encuentra el grave impacto ecológico irreversible, que se traducen en el agotamiento de manantiales, en la desaparición de lagos y humedales, en la reducción de los caudales base de los ríos, en la eliminación de la vegetación nativa y pérdida de ecosistemas.

Los 106 acuíferos con sobreexplotación representan el 15.6% de los 653 que hay en el país. Los acuíferos sobreexplotados se concentran en las regiones hidrológicas Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, Noroeste y Península de Baja California.

De estos acuíferos se extrae el 58% del agua subterránea para todos los usos. En 2013, 31 acuíferos tenían presencia de suelos salinos y agua salobre, principalmente en las regiones de la Península de Baja California y Noroeste.

Además, estos acuíferos constituyen la principal fuente de abastecimiento de la población rural y aportan el agua para el riego de aproximadamente dos millones de hectáreas, 35 por ciento de la superficie de riego de nuestro país. La sobreexplotación de los acuíferos en México es cada año más alarmante: 32 en 1975 y 106 en 2013.

En las grandes regiones urbanas, especialmente del Valle de México, la demanda de agua ejercida por la población es cada vez mayor. Actualmente las fuentes abastecedoras de agua del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana del Valle de México comienzan a manifestar la falta de líquido, además de que en algunas zonas las  condiciones no son óptimas para el consumo humano. A ello se suma la deficiente infraestructura de distribución cuyo nivel de fugas se estima en cerca del 40%.

Las principales fuentes de contaminación y deterioro de la calidad del agua son las descargas industriales y urbanas, pero también las descargas de la agricultura contribuyen en gran medida  por el uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes químicos.

La problemática general que vive el país en cuanto a la gestión de sus recursos hídricos, se señala que al menos el 94 % de ríos y lagos están contaminados y existe una baja eficiencia a nivel nacional debido a que del 100% de agua solo se cobra el 38.5% puesto que el 40% se va en fugas y el restante 27.5% se divide entre  volumen no facturado, subsidios, clandestinaje y deficiencia en el patrón de usuarios.

Esto da como resultado una deficiente infraestructura, que se refleja en el porcentaje tan elevado de fugas y en la inexistencia de plantas de tratamiento o cuando las hay estas no están en óptimas condiciones y por tanto el reusó del agua sea mínimo, agravando la contaminación y  la falta de agua, puesto que el agua potable se destina a uso industrial siendo que se podría usar agua residual y destinar el agua potable a regiones donde hace falta.

Según cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua, del 100% de las aguas superficiales, solamente 6% se considera no contaminada (20%, aceptable; 51% poco contaminada; 16% contaminada; 6% altamente contaminada; y 2%, con presencia de tóxicos).

Por lo que se refiere al cuidado y protección de las cuencas hidrológicas como generadoras de servicios ambientales entre los que está la disponibilidad de agua, el Partido Verde Ecologista de México observa un proceso constante de degradación que incluye la deforestación de las montañas, los bosques y las selvas por cambios de uso del suelo para el avance de la frontera agrícola y urbana, así como la explotación de los bosques para obtención de maderas.

Se estima que 6 regiones hidrológicas se encuentran en una situación crítica de disponibilidad ubicadas en las regiones hidrológico-administrativas de la Península de Baja California, Balsas, Río Bravo, Cuencas centrales, Lerma y Valle de México.

Las principales cuencas contaminadas de atención prioritaria en México son: Lerma-Santiago; Pánuco; San Juan; Balsas; Blanco; Culiacán; Colorado; Fuerte; Nazas; Jamada;  La Antigua; Sonora; Guayalejo; Yaqui; Salado; Conchos; Armería; Coahuayana; Tijuana, y Bravo.

Por lo anterior, resulta fundamental seguir impulsando la política hídrica del país, y no solo focalizarla al mejoramiento de la infraestructura sino también a la conservación de las cuencas y la cobertura forestal del territorio nacional, como se ha expuesto, más del 70% del agua por precipitación pluvial se pierde por evaporación lográndose infiltrar al subsuelo o depositar en los cuerpos de agua superficiales, el mínimo. Sabemos que la cobertura forestal juega un roll importante en el aumento de los índices de captación de agua y recarga de los acuíferos, por tal motivo aun y cuando se reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal en el impulso de programas como el de pago por servicios ambientales, lo cierto es que los recursos del mismos se han quedado cortos ante la enorme demanda de los propietarios de las tierras para acceder a este beneficio, por tal motivo es necesario fortalecerlo, y del mismo modo garantizar su fuente de financiamiento, buscando también una mayor equidad ya que es justo que quienes son los propietarios o poseedores de los predios que logran aportar a la infiltración o depósito de agua dentro de las cuencas, reciban una retribución económica por conservar sus predios en condiciones naturales que permitan tal acción, y del mismo modo es necesario que todo aquel que aprovecha el agua pague a quienes hacen posible su disponibilidad como servicio ambiental prestado, por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la presente reforma en la cual busca la creación del “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”, al amparo del cual se deberán otorgar vales mensuales al canje a todo aquel propietario de terrenos forestales en buen estado de conservación siempre que garantice su mantenimiento y que las características naturales de sus predios tengan aportaciones de infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que pertenecen, ello busca impulsar la conservación de los bosques mexicanos con una alternativa económica más.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL  SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero del Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

ARTICULO 28. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad también establecerán coordinación con la Secretaría y la Comisión, a fin de desarrollar acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de las cuencas, así como para promover la reforestación de zonas geográficas con vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrológico-forestales y participar en la atención de desastres o emergencias naturales; además, mediante el establecimiento del “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”, se deberán otorgar vales mensuales canjeables por el beneficio determinado por la Secretaría en la certificación correspondiente a todo aquel propietario de terrenos forestales en buen estado de conservación siempre que garantice ante la Secretaría su mantenimiento y que las características naturales de sus predios tengan aportaciones de infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que pertenecen.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El ejercicio fiscal siguiente al de la aprobación del presente decreto el  titular del Poder Ejecutivo Federal deberá integrar el Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen” dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda.

TERCERO.- La Secretaría deberá desarrollar e implementar el procedimiento interno mediante el cual certificará los predios que cuenten con las características naturales y de conservación que les permitan aportaciones de infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que pertenecen y que pudieran ser beneficiados por el “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la alimentación es un postulado que debe garantizar y asegurar todos los Estados democráticos, pues sencillamente dicho derecho es el componente fundamental para el goce y el ejercicio de los demás derechos humanos. El derecho a la alimentación debe contener por lo menos cuatro aspectos primordiales:

● El alimento debe ser suficiente;

● El alimento debe ser accesible;

● El acceso al alimento debe ser estable y duradero, y

● El alimento debe ser salubre.

En México se reconoció el derecho a la alimentación en el año 2011, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. En este tenor, el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27 del máximo ordenamiento jurídico señala que: “[…] el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

En este tenor el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala los productos básicos y estratégicos, los cuales son: maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; café; huevo; leche; carne de bovinos, porcinos, aves; y pescado.

El derecho a la alimentación es universal, así todos los seres humanos deben gozar de una alimentación nutritiva, y también de recursos suficientes para tener seguridad alimentaria; a nivel internacional se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 establece, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]”.

Dicho derecho también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 11 señala que:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

A) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

B) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Sin embargo, y contrario a lo que establece la normatividad nacional e internacional, en México más de 50 millones de personas viven en pobreza, es decir, más de la mitad tiene menos de lo necesario para subsistir diariamente; de ellos, cerca de 10 millones, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2006 a 2008, sufren de carencias alimentarias.1

Por su parte, la organización internacional Oxfam, en voz de Beatriz Olivera, directora de la campaña Crece, para América Latina y el Caribe, señaló que si bien México se encuentra entre las principales economías globales, 18.2 por ciento de la población se encuentra en pobreza alimentaria.2

Los principales desafíos que enfrenta el problema de la alimentación son la desigualdad, la pobreza y sin duda la dependencia de otras naciones para adquirirlos; es innegable que México es cada vez más dependiente, no cuenta con auto suficiencia alimentaria, mucho menos con una soberanía alimentaria.

Tan solo en el pasado sexenio el sector agropecuario aporto 4.1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y se requirió importar alimentos por 60 mil 165 millones de dólares. De 2007 a 2012 las importaciones de alimentos fueron 65.5 por ciento superiores a las del sexenio 2000-2006. Realmente es de preocupar que de 2001 a 2012 el gobierno haya destinado cerca de 96 mil 500 millones de dólares exclusivamente a la compra de alimentos del campo.3

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indicaron que México compra del extranjero, principalmente de Estados Unidos, 43% de los alimentos que consume, lo que representa una gran dependencia alimentaria. Esto significa que entre los 40 países más importantes del mundo, México es el segundo país importador de alimentos en términos per cápita, después de Japón.4

Las cifras anteriormente citadas son fruto de las políticas neoliberales iniciadas en los años noventa, precisamente “en el periodo1994-1998, las importaciones de granos básicos aumentaron en forma significativa, tanto en volumen como en valor. El promedio de importaciones en dicho periodo ascendió a 10.7millones de toneladas, lo que significó un incremento de 19% con respecto al periodo 1992-1993, de 34% con el periodo de 1989-1981 y de 152.1% con respecto a 1986-1988. En 1996se realizaron importaciones por 13.5 millones de toneladas, marcando un precedente histórico, que correspondió a casi 6 millones de toneladas de maíz”.5

La dependencia alimentaria de México, va en aumento y evidencia el abandono al campo nacional, deja en claro que las políticas públicas aplicadas al campo mexicano no han sido las correctas; es decir, con las políticas neoliberales que se han instaurado, no se han obtenido los resultados esperados; la apertura de fronteras a la importación de productos agropecuarios, la desregularización de los mercados, la privatización y liquidación de empresas y organismos públicos, y por supuesto, la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no han logrado los beneficios esperados.

Esta ola de privatizaciones, en teoría, permitiría a México competir con las grandes potencias mundiales; sin embargo, a casi dos décadas de haber sido implementadas, no se han observado verdaderos logros en materia agraria, sino todo lo contrario, cada vez  se depende más del vecino país del norte.

Lo anterior sucede en el país a pesar de que en el año  2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual tiene como objeto “promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 4o.-Constitucional-; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución”.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define la seguridad y soberanía alimentaria, la primera se encuentra en la fracción XXVIII y es entendida como “el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población”, mientras que la segunda se halla en la fracción XXXIII, y es la “libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”, ambas en el artículo 3 de la ley mencionada.

Derivado de lo anterior se puede entender a la soberanía alimentaria como la capacidad del Estado para ser autosuficientes en la producción de alimentos, cuestión que no siempre sucede en México, pues con las cifras antes mencionadas es claro que existe una dependencia en los alimentos extranjeros.

México a pesar de que cuenta con los recursos naturales idóneos para la agricultura no ha sido capaz de garantizar la alimentación a todos sus habitantes, esto es un tema que debe atender en lo inmediato el Estado, pues datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalan que “el 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación”.6

Es sabido que un pueblo que importa lo que consume, es un pueblo sumiso a las potencias nacionales, por ello es intolerable que el Estado mexicano sea incapaz de fomentar los insumos mínimos para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria a toda la sociedad.

El país, con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta (145 millones se dedican a la actividad agropecuaria), debe de exportar y no importar alimentos. México puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano.

Es necesario e impostergable que México garantice de una vez por todas, su soberanía y seguridad alimentaria, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria.

En este sentido uno de los grandes retos de los tres órdenes de gobierno es la soberanía y seguridad alimentaria pues el crecimiento de la población es mayor a la producción nacional de alimentos. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, CONAPO, la población crecerá hasta alcanzar cerca de 130 millones en el año 2040 y 150 millones en el año 2050, para posteriormente iniciar lentamente su descenso;7 en contraposición se ha venido experimentado desde años atrás un constante descenso de superficie cultivada, tan sólo entre 1985 y 2011 se dejaron de sembrar 2.5 millones de hectáreas, es decir, el campo mexicanos se encuentra abandonado, lo que a su vez ha generado que se deba importar alimentos cada vez más.

Lo anterior puede generar una situación crítica en el futuro para toda la sociedad, pues el crecimiento de la población no es acorde a la agricultura del país, en este sentido, la presente iniciativa plantea adicionar algunas fracciones al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que los tres órdenes de gobierno impulsen políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país bajo los siguientes objetivos:

1. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante mecanismos de incentivo y fomento que fortalezcan la producción agropecuaria del país;

2. Proteger el ingreso de los agricultores mediante a poyos a la producción de alimentos básicos y estratégicos, para que sus precios beneficien de manera proporcional a sus productores y no a los comercializadores;

3. Proteger y conservar el territorio, espacio, mar o ríos en donde se produzcan los alimentos y productos básicos y estratégicos y,

4. Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos de origen nacional.

Asimismo, se propone que, para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulse en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: la identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria; que aplique medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y sostenibles que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 de esa ley; y Aplicar, vigilar y dar seguimiento  a los programas agroalimentarios.

Finalmente se plante que el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales otorguen y procuren los recursos económicos necesarios para la elaboración, ejecución y vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.

Es urgente que se lleven a cabo acciones verdaderamente encaminadas a mejorar la situación del campo en México, dejar de importar alimentos y fortalecer la agricultura nacional, de no atender los problemas de este sector económico se pone en riesgo la estabilidad y la soberanía alimentaria de la nación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Único. Se MODIFICA las fracciones III, del artículo 5; I y VIII del artículo 183. Se ADICIONA las fracciones VI, VII y VIII  al artículo 5; IX y un segundo párrafo al artículo 183, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. a II. …

III. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante mecanismos de incentivo y fomento que fortalezcan la producción agropecuaria del país;

IV. a V.…

VI. Proteger el ingreso de los agricultores mediante apoyos a la producción de alimentos básicos y estratégicos, para que sus precios beneficien de manera proporcional a sus productores y no a los comercializadores;

VII. Proteger y conservar el territorio, espacio, mar o ríos en donde se produzcan los alimentos y productos básicos y estratégicos; y

VIII. Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos de origen nacional.

Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:

I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria;

II. a VII. …

VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y sostenibles que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 de esta ley; y

IX. Aplicar, vigilar y dar seguimiento  a los programas agroalimentarios establecidos en el artículo 180 de esta ley.

El Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales otorgarán y procuran los recursos económicos necesarios para la elaboración, ejecución y vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I a II. …

III. Contribuirla soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante la producción agropecuaria del país;

 

IV. a V.…

 

 

 

 

 

 

.

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I a II. …

III. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante mecanismos de incentivo y fomento que fortalezcan la producción agropecuaria del país;

IV. a V.…

VI Proteger el ingreso de los agricultores mediante apoyos a la producción de alimentos básicos y estratégicos, para que sus precios beneficien de manera proporcional a sus productores y no a los comercializadores;

VII. Proteger y conservar el territorio, espacio, mar o ríos en donde se produzcan los alimentos y productos básicos y estratégicos;

VIII. Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos de origen nacional.

 

Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:

I. a identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación;


II. a VII.

VIII. a aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180.

 

 

 

 

 

.

Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:

I. a identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria;

II. a VII. …

VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y sostenibles que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 de esta ley.

IX. Aplicar, vigilar y dar seguimiento  a los programas agroalimentarios establecidos en el artículo 180 de esta ley.

El Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales otorgarán y procuran los recursos económicos necesarios para la elaboración, ejecución y vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Pobreza y desigualdad”, UNICEF, [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2015. Disponible en internet: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm

2 Román, José Antonio “Alarmantes, las cifras sobre pobreza y alimentación en México: organizaciones”, en La Jornada  [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2015. Disponible en internet http://www.jornada.unam.mx/2014/10/17/politica/025n1pol

3 Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, en el periódico La Jornada, [en línea]. Consultado el día 4 de abril de 2015. Disponible en internet: www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco.

4 “Países con mayor importación de alimentos”, [en línea]. Consultado: 10 de abril de 2015. Disponible en internet: http://manuelvillaissa.blogspot.mx/p/paises-con-mayor-importacion-de.html 

5 Flores Pérez, Janet et. al. “¿Soberanía, seguridad, autosuficiencia o crisis alimentaria? caso de México y la región este de África. Problema básico en salud y calidad de vida” Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de agosto de 2012, Vol. 13, No.8. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet: http://www.revista.unam.mx/vol.13/num8/art71/index.html

6 “La Agricultura y el Desarrollo Rural en México” en Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [en línea]. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet: http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html

7 “Población” CONAPO, [en línea]. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet:   http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/pdf/1_info_resumen.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, PARA ESTABLECER LA PLACA VEHICULAR    ÚNICA

(Presentada por el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DE SÍNDROME DE DOWN

(Presentada por la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de Senadores de los grupos parlamentarios)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 77 BIS 36 Y LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 77 BIS 37 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CENTROS DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAUNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 77 BIS 36 Y LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 77 BIS 37 DE LA LEY GENERAL DE SALUDEN MATERIA DE CENTROS DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ejercicio del derecho a la salud obliga a que los gobiernos generen las condiciones que permitan de manera integral a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.

Esas condiciones incluyen no solo la disponibilidad de servicios de salud; sino también condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano.

Sin embargo, cuando una persona cae en la condición en la que necesita acceder a los servicios de cuidado médico, esta debe estar en condiciones de disponibilidad, ser oportuna, accesible y de calidad. Por lo tanto, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que cada país debe asegurar, tales como:

• El derecho a un sistema de protección de la salud
• El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación   de enfermedades
• El derecho al acceso a los medicamentos esenciales
• La promoción de la salud materna e infantil
• El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados
• La educación y la concienciación sobre la salud

En nuestro país, el artículo 4º de nuestra Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, lo que le hace un derecho social por antonomasia y que desde su concepción para el Estado Mexicano ha representado un reto complejo dada la amplia serie de disposiciones jurídicas  para poder garantizarlo

Dicho artículo es reglamentado principalmente a través de la Ley General de Salud, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de Asistencia Social y otros en donde sobre todo se regula el carácter administrativo de los servicios de salud.

De manera específica, el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política de Desarrollo Social debe garantizar el derecho fundamental de los individuos a la salud, entre otros.

En suma, con este marco jurídico en la materia podemos resumir que el derecho a la salud en nuestro país es un asunto primordial, básico y una condición necesaria para el disfrute y ejercicio de una vida plena.

Pese a esto, desafortunadamente para nuestro país, la salud es un lujo al que muy pocos tienen acceso ya que si bien existen una serie de mecanismos institucionales encargados de llevar a cabo de manera prioritaria esta tarea, lo cierto es que falta mucho para hacer posible esta meta, debido principalmente a la falta de recursos para la atención integral en salud.

De acuerdo con el CONEVAL, en nuestro país existen alrededor de 25.3 millones de personas carecen de acceso a algún servicio de salud, y en general, de la población ocupada el 64 por ciento, que equivale a 31 millones de personas se encuentra sin servicios de salud.

En este contexto, tenemos el caso de personas con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que en los últimos años han desplazado a las infecciosas como principal causa de mortalidad, calculándose un número aproximado de 10 millones de personas.

Por definición, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y de progresión lenta, y en nuestro país están causando de manera acelerada el deceso de nuestra población. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud, en 2012 hubo un total de 155,691 decesos dentro de instituciones de salud pública a causa de estos padecimientos.

De acuerdo a esta misma fuente en 2012 las dos principales causas de muerte por grupo de edad fueron:

• De 65 años y más: enfermedades del corazón y Diabetes Mellitus.

• De 45 a 64 años: Diabetes Mellitus y tumores malignos.

• De 25 a 44 años: agresiones y accidentes.

• De 15 a 24 años: accidentes y agresiones.

• De 5 a 14 años: accidentes y tumores malignos.

• De 1 a 4 años: accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

• Menores de 1 año: afecciones originadas en el periodo perinatal, así como malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

A causa de este alto número de personas con este tipo de padecimientos, que implican una atención de alta especialidad, un alto número de personas se ven en la necesidad de desplazarse de sus localidades de origen a centros urbanizados para recibir atención. Actualmente, el Sector Salud reporta que 3 de cada 10 pacientes  son foráneos, debido a que en su lugar de origen la oferta de especialistas e infraestructura es limitada.

Esta situación implica que los pacientes y alguien de su familia tienen que viajar, pues por su condición derivada de la enfermedad, les resulta imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí solos.

Esto, representa un importante gasto para las familias que, además de los altos costos del tratamiento de este tipo de enfermedades, se ven en la necesidad de pagar hospedaje y alimentación durante el tratamiento de su familiar.

Nuestro país sólo cuenta en sus principales urbes como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el Estado de México, entre otros, con instituciones de alta especialidad para la atención de enfermedades como el cáncer, sida, diabetes, operaciones especializadas, trasplantes, etc.

Esta situación se traslada hacia los municipios, en donde los enfermos inevitablemente tienen que acudir a un hospital en otro sitio a fin de recibir atención médica básica, ya ni siquiera mencionar de alta especialidad.

Con la presente iniciativa se busca garantizar que, sustentados en el derecho integral a la salud, las autoridades del Sistema Nacional de Salud prevean los casos en los que los pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa tenga que trasladarse para su atención fuera de su localidad de origen, pudiendo facilitar el alojamiento de algún familiar que atienda sus cuidados, evitando mayores costos para estas familias.

La atención integral de las necesidades de salud para pacientes del interior de la República implica inevitablemente la consideración de sus familiares acompañantes. Debe destacarse que en el caso del IMSS existen albergues que ofrecen servicios a familiares de derechohabientes que se encuentren hospitalizados.

Sin embargo, la operación de muchos de los albergues es resultado de acciones de voluntariado y beneficencia, y no meramente de un compromiso de los gobiernos federal, local o municipal.

Con la medida propuesta en la presente Iniciativa, se generan las condiciones para generar un servicio más integral para toda la población, estableciendo mecanismos de equidad para apoyar de manera particular a la población de bajos recursos económicos y a la que reside en zonas marginada.

Además, con esto se da un paso importante hacia el mejoramiento en la calidad de los servicios salud, representando una ayuda importante para miles de mexicanos que se encuentran en la desgracia de padecer una enfermedad que involucra grandes cuidados y enormes gastos que sobrepasan la capacidad de cualquier persona trabajadora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN una fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos, y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Para garantizar su pleno ejercicio del derecho a la salud, cuando se trate de pacientes que a causa de alguna enfermedad crónico degenerativa tenga la necesidad de atenderse fuera de su localidad de origense promoverán, en coordinación con las instancias de los tres niveles de gobierno, con la iniciativa privada y con organizaciones y asociaciones civiles; la habilitación y accesibilidad de lugares para el alojamiento de algún acompañante.

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

I. a XVI. (…)

XVII.  En el caso de pacientes con alguna enfermedad crónico degenerativa, a espacios y facilidades para el alojamiento de algún familiar.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 23 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN MATERIA DE ACOSO ESCOLAR

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO 9º, Y 123, INCISO B), FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO 9º, Y 123, INCISO B), FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 100, párrafo 9º y 123, inciso B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente disponen:

“Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones…

Párrafo 9º.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.”

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.”

“El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:”

“B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:”…
“XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.”

Conforme al artículo 123, inciso B, fracción XII, de la Constitución Federal, los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores –entiéndase todo el personal, desde oficiales de servicios y mantenimiento, oficiales administrativos, actuarios, secretarios, maestras de guarderías, cocineros, médicos, enfermeros, hasta jueces y magistrados, por nombrar a algunos de los muchos servidores públicos al servicio del Poder Judicial Federal-, son resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal que es a su vez un órgano administrativo del mismo Poder Judicial de la Federación, con independenciatécnica, de gestión y para emitir sus resoluciones que generalmente son de administración, vigilancia y disciplina.

Es decir, que los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos son resueltos por el propio patrón, a través de un órgano administrativo de éste: El Consejo de la Judicatura Federal. Y no mediante un recurso judicial que resuelva un tribunal legal y formalmente constituido, como lo disponen el artículo 17 de la propia Constitución Federal,1 así como los preceptos 25.1 y 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual México es parte.2

A lo cual se abona, en perjuicio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de sus derechos humanos de acceso a la justicia y de igualdad jurídica frente al resto de los gobernados, la circunstancia de que en términos del párrafo 9º, del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo sean definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

En efecto, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal resultan definitivas e inatacables, no obstante que se trate de resoluciones en materia de conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, caso que es distinto a una mera cuestión administrativa como las de administración, vigilancia y disciplina de que se ocupa, y que por ende, debieran ser impugnables mediante un recurso judicial efectivo como podría ser el juicio de amparo, con lo cual se garantizaría el debido acceso a la justicia, tutela jurisdicción e igualdad de los trabajadores de ese sector gubernamental.

Sin embargo, en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el 27 de enero de 2015, al resolver el amparo directo en revisión número 1312/2014 promovido por la trabajadora del Poder Judicial de la Federación, Julieta Jiménez Gutiérrez, en contra de la resolución definitiva de 28 de agosto de 2013, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente laboral 41/2012-J, mediante la cual se le negó el pago de horas extras. Se confirmó la sentencia recurrida en la materia de la revisión, y sobreseyó en el juicio de amparo directo por mayoría de 5 votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente del proyecto José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, contra 3 votos de los Ministros Olga María Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Arturo Saldívar Lelo de Larrea, bajo los siguientes argumentos:

• Por principio de cuentas se declaró fundado el impedimento que presentó el Ministro Presidente en turno, Juan N. Silva Meza, previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, consistente en que al ser el representante legal del Consejo de la Judicatura Federal tenía interés jurídico respecto de la resolución impugnada, lo cual actualizaba la indicada causa de impedimento. Por lo que se le excusó de conocer del asunto.

• En el juicio de amparo directo en revisión se impugnó la constitucionalidad del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de la interpretación que se hace del mismo, en términos del artículo 100, párrafo 9º, de la Constitución Federal, que establece la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del indicado órgano administrativo.

• El Ministro ponente del proyecto fue José Fernando Franco González Salas, quien propuso la constitucionalidad del artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por considerar improcedente el juicio de amparo tratándose de actos de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del párrafo 9º, del artículo 100 de la Constitución Federal, pero puntualizó que tratándose de cuestiones laborales entre éste y sus trabajadores, no se afectan derechos de terceros ajenos al Poder Judicial de la Federación, por lo que en este supuesto, la causa de improcedencia debería escapar de la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal (puntualización que última que no fue aprobada). Ello aunado a que dicha interpretación de procedencia del juicio de amparo en los casos laborales, es acorde al principio de interpretación más favorable a la persona, que deriva del artículo 1º de la Carta Magna.

Los ministros que estuvieron a favor del proyecto fueron:

• El Ministro Alberto Pérez Dayán, estuvo de acuerdo con el proyecto, pero no con todas las consideraciones, en específico con las que evidencia que no todos los actos del Consejo de la Judicatura Federal son irrecurribles, porque desde su punto de vista no hay claridad respecto a la causa de improcedencia de actos del Consejo.

• La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo de acuerdo con el proyecto de improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, pues consideró que las restricciones establecidas en la propia Constitución deben prevalecer en relación con normas internacionales que estén en contradicción con la propia Carta Magna.

• El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estuvo de acuerdo con el proyecto de improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, sin que considerara que pudiera estar sujeto a interpretación alguna, dado que desde su punto de vista es muy clara la restricción Constitucional.

• El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó a favor del proyecto por virtud de que fue decisión del Constituyente permanente que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal no puedan ser revisadas a través de ningún juicio o recurso alguno, por lo que desde su punto de vista, la cuestión relativa al derecho humano de acceso a la justicia queda en el campo del legislador constitucional para poder dar solución a este tema tan importante.

Los ministros que estuvieron en contra del proyecto fueron:

• El Ministros José Ramón Cossío Díaz votó en contra del proyecto del Ministro ponente pues consideró que el impugnado artículo 100, párrafo 9º, de la Constitución Federal, es anterior a la reforma de 10 de junio de 2011, en la que se incorporaron los derechos humanos a nivel Constitucional, conforme a lo cual se debe elegir el criterio que más favorezca a la persona y debe interpretarse la Constitución en el sentido de que impide el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la justicia y de recurso efectivo, establecidos tanto el artículo 17 de la misma Constitución, como en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ello aunado a que se violenta el derecho a la igualdad, dado que a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no se les otorgan los recursos judiciales que sí tienen los demás trabajadores del Estado. Considera que el artículo 1º Constitucional ordena a los juzgadores buscar la manera de privilegiar los derechos de las personas, que en el caso, son trabajadores que suponen que tienen que ser escuchadas para que su derecho de acceso a la justicia no quede acotado, por lo que la improcedencia del juicio de amparo debe quedar anulada para proteger el derecho humano pro persona.

• El Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea votó en contra del proyecto bajo el argumento de que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano administrativo, no jurisdiccional, cuya función primordial es administrar el Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que no es viable interpretar la Constitución como si ésta desapareciera y el sistema constitucional con ella y solamente nos rigiera un párrafo aislado. Debe interpretarse toda la Constitución de manera armónica, sistemática y de acuerdo a la naturaleza del órgano a que se refiere la Constitución. Consideró que entonces el artículo 100, párrafo 9º, de la Constitución Federal no es una norma de restricción de derechos, sino de normas procesales de actuación del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no hace improcedente el juicio de amparo, sino que constituye una excepción a la regla. En todo caso, la improcedencia del amparo es para las cuestiones de vigilancia y disciplina de jueces y magistrados, dado que ellos cuentan con el recurso de revisión ante la Corte. Aunado a que no hay razón lógica ni jurídica para negar la impugnabilidad de las decisiones de un órgano administrativo que actúa como instancia laboral. Considera que no fue la intención del legislador dejar sin defensa a los particulares frente a las decisiones del Consejo.

• La Ministra Olga María Sánchez Cordero tampoco estuvo de acuerdo con el proyecto, pues consideró que la restricción de impugnabilidad de las decisiones del Consejo contemplada en el artículo 100, párrafo 9º, de la Constitución Federal, no aplica respecto de actos o decisiones en los que se trastoquen derechos fundamentales, aun cuando sean pronunciados por el Pleno o por alguna de las Comisiones del Consejo. Consideró que el artículo 100 Constitucional contiene reglas procesales más no restricciones, pero aún cuando contuviera éstas, no es dable jurídicamente trastocar derechos fundamentales derivado de dicha restricción. También consideró que la improcedencia del amparo es para las cuestiones de vigilancia y disciplina de jueces y magistrados, dado que ellos cuentan con el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la indicada decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se deja en manos del Constituyente decidir la importante cuestión que determinó no resolver a favor de una clase social desventajada: La clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación. A quienes el propio patrón les resuelve las cuestiones de conflictos laborales, a través de un organismo administrativo, no jurisdiccional, denominado Consejo de la Judicatura Federal, que forma parte del propio Poder Judicial de la Federación, cuyas decisiones son además definitivas e inatacables. Con lo cual se transgreden sus derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional, a un recurso efectivo y a la igualdad jurídica, contemplados en los artículos 1º y 17 de la propia Constitución Federal,3 así como en los preceptos 8.1,4 24,525.1 y 25.26 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual México es parte.

Todas las personas tenemos derecho a que se nos imparta justicia mediante juicios que conozcan y resuelvan los tribunales del Estado legal y formalmente constituidos, no así por una instancia administrativa del propio patrón-Estado, pues con ello se niegan los derechos humanos de acceso a la justicia y de tutela jurisdiccional, los cuales son fundamentales en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar los derechos de todos por igual, lo cual implica que cuando otros derechos son violados, el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional constituyen la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley.

Con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, el Constituyente otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales y se consagró la primacía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, los doctrinarios Haydée Brigin y Beatriz Kohen,7 señalan que se ha consagrado en la Constitución lo que Carlos Nino denominó como concepción liberal-igualitaria, que encuentra su encaje en el Estado Social, caracterizado por un compromiso activo del Estado con el bienestar de los ciudadanos.

De acuerdo con Birgin y Kohen8 el acceso a la justicia para ejercer derechos y defender libertades, es el principal derecho, el más importante de los derechos humanos, y citan a Capeletti9 para determinar que un sistema legal, moderno e igualitario tiene por objeto garantizar y no simplemente proclamar los derechos de todos.

Entonces para garantizar la igualdad y la no discriminación, el Estado debe organizar todo el aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el acceso a la justicia que contribuye al libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos, incluidos los servidores públicos de uno de los tres poderes del Estado Federal, como son los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues de lo contrario quedan en condiciones de desigualdad jurídica y de discriminación frente a los demás trabajadores de otros órganos de gobierno y de la iniciativa privada, quienes sí tienen derecho a que los conflictos laborales les sean resueltos por un tribunal legal y formalmente constituido.

De acuerdo con Brigin y Kohen,10 el acceso a la justicia tiene un doble significado: 1. Igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones del gobierno; 2. Igualdad en el acceso a la justicia sin discriminación alguna. Es el Estado el que debe garantizar el acceso a la justicia a través de políticas públicas eficaces que brinden asistencia jurídica gratuita y servicios sociales de apoyo.

En el caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, Párrafo 116, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la denegación del acceso a la justiciase relaciona también con la efectividad de los recursos, en el sentido del artículo 25 de la Convención Americana, ya que no es posible afirmar que, incluso una demora injustificada en un juicio pueda ser considerado como un recurso judicial efectivo.

El derecho a la tutela judicial efectiva exige al Estado Judicial que los jueces dirijan el proceso en forma que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.11         

La prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera –como en el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quienes se les niega el acceso a un recurso judicial que resuelva un tribunal competente tratándose de conflictos laborales- dicha negación constituye un obstáculo entre dichos sujetos de derecho y los tribunales.

El derecho a la tutela judicial, entonces, puede verse conculcado por normas –incluso Constitucionales- que impidan y obstaculicen el acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias y carecen de razonabilidad y de proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente persigue la propia Constitución con la reforma de 10 de junio de 2011.

En cuanto al principio pro persona, el reformado artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca sin duda un cambio paradigmático, al construirse un bloque de normas que se denominan convencionales, pues los tratados entran al marco normativo interno mediante la Constitución. Se señala cómo todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte; donde las normas que se refieren a los derechos humanos se interpretarán conforme a dichos tratados en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, se inserta el principio pro persona.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.),12 de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”, determinó que de conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias y supremas del ordenamiento jurídico mexicano:

a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

b) Todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La propia Suprema Corte determinó que esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Puntualizó que en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales(el acceso a la justicia está contemplado tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en los preceptos 25.1 y 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. En caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la personao que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

No obstante lo anterior, en México la desigualdad y el acceso a la justicia se han convertido en un problema para diversos sectores de la población, como en el caso, el sector laboral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual se torna en un grupo en condiciones de vulnerabilidad en lo que a acceso a la justicia laboral se refiere. El concepto de vulnerabilidad se aplica a la situación en la que quedan relegados algunos sectores o grupos de la población a través de procesos de exclusión, segregación, discriminación e invisibilización que les dificulta o impiden incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

Conforme a las Reglas de Brasilia, las personas en condiciones de vulnerabilidad, son aquellas personas que por razón ya sea de “edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.13 Así mismo en dichas reglas se mencionan cuáles pudieran constituir causas de vulnerabilidad, señalándose “la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.”14

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 86/200915, definió el concepto de vulnerabilidad y determinó que la discriminación es un factor, entre otros, que puede posicionar a una persona o grupo en una situación de vulnerabilidad. Desde el concepto contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal la discriminación comprende una multitud de categorías que pueden provocarla: origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil; dejando abierta la posibilidad de nuevas categorías al incluir "cualquier otra que atente contra la dignidad humana".

El mismo órgano constitucional supremo determinó en diversa jurisprudencia P./J. 85/200916, que los "grupos sociales en situación de vulnerabilidad", se definen como: "aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar", y que la vulnerabilidad es una condición multifactorial, ya que se refiere en general a situaciones de riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar.

Existe entonces, una multiplicidad de factores que inciden para tener o no un acceso real, efectivo y en condiciones de igualdad a la justicia, limitando con ello los derechos y libertades fundamentales de la persona y socavando su dignidad lo que impide su plena integración social, en donde puede que confluyan diversos factores a la vez agravando la condición de vulnerabilidad, como en el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes por la sola circunstancia de pertenecer a ese sector laboral-gubernamental, están restringidos para acceder a un recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos laborales, puesto que como ha quedado puntualizado, las cuestiones laborales son resueltas por el propio patrón, sin oportunidad si quiera de impugnar las resoluciones de éste. Con lo cual se limitan sus derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional, a un recurso efectivo y a la igualdad jurídica.

La indicada restricción de derechos humanos en perjuicio de la clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación, implica falta de cumplimiento del Estado Mexicano de sus obligaciones pactadas en los instrumentos internacionales de los cuales es parte, lo cual genera que los derechos económicos, y sociales se enfrenten a dificultades de justiciabilidad. Y es que como indican Abramovich y Pautassi “el reconocimiento de derechos directamente justiciables disminuye la discrecionalidad de los órganos políticos.”17

Es por ello que se requiere de reformas Constitucionales y políticas integrales con perspectiva de derechos humanos que permitan a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el disfrute efectivo de acceso a la justicia en condiciones de igualdad con el resto de la población, asegurando con esto un acceso jurisdiccional real y efectivo.

El derecho humano a la igualdad jurídica está contemplado en el artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que dispone que todas las personas son iguales ante la ley, que en consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

En el caso Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, Párrafo 94, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación pertenece al jus cogens el cual está revestido de carácter imperativo, por lo que acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares [60].18

En el diverso caso Atala Ruffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 79. LaCorte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. También indicó que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdady no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.19

El humanista Carlos de la Torre Martínez20 refiere que la igualdad sustancial constituye un límite a la discrecionalidad del legislador en el establecimiento de distinciones, obligándolo a justificar racionalmente el motivo y las razones de las mismas distinciones.

Puntualiza21 que el principio de igualdad es un mandato dirigido a los poderes estatales, no obstante, existen algunos mandatos de igualdad que obligan también a los particulares, es el caso del principio de no discriminación, donde la formulación jurídica de los principios de igualdad sólo puede ser planteada de manera negativa, en el sentido de una prohibición para las autoridades de realizar distinciones irracionales o arbitrarias en la aplicación y en la creación del derecho, de manera que todos puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades.

El autor argentino Gustavo Maurino cita a Florentino González para definir la igualdad jurídica,22 como inseparable a la justicia, porque ésta exige que la ley sea la misma para todos, que no haya privilegios exentos de las cargas que imponga y dotados solamente de los beneficios que conceda… Cuando no hay dicha igualdad, necesariamente los menos favorecidos por la ley, si no son hostiles del todo, son al menos indiferentes por la suerte de una sociedad de cuyos beneficios no participan y la misma sociedad se resentirá de esa indiferencia, por lo que, para que la igualdad produzca todos sus frutos, es menester que tenga aplicación en toda su extensión, tanto en lo político como en lo civil. Es necesario pues, que la ley ofrezca a todos igual facilidad para obtener todo el beneficio posible de sus facultades naturales y que así la igualdad que ella promete sea una cosa real, no meramente nominal.

Puntualiza Maurino23 que sobre la base de que la igualdad ante la ley consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, la tutela igualitaria funcionó como un mecanismo de veto o de protección negativa, mediante la cual se podían hacer caer distinciones formales realizadas por las leyes, cuando implementaban un trato diferente para quienes estaban en igualdad de circunstancias relevantes, de acuerdo con un análisis de proporcionalidad entre fines y medios; y que la inclusión social y política no eran percibidos en el entendimiento clásico como materia del principio de igualdad.

La igualdad jurídica se traduce en el tratamiento igualitario que deben recibir las personas que se encuentren en una determinada situación, regulada por cuerpos normativos; por lo tanto, la igualdad jurídica es la posibilidad de que gozan las personas colocadas en su supuesto legal determinado, de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la misma manera.

Entonces, el principio de igualdad significa que a supuestos de hecho iguales se le debe aplicar consecuencias jurídicas también iguales, y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia; pero no olvidemos que como límites a la discriminación no debemos plantearlo como igualdad de trato, sino como igualdad de oportunidades, noción que va más allá del trato, instando a medidas o acciones positivas, a fin de recibir un trato acorde con la situación jurídica en que se encuentren, evitando así situaciones discriminatorias, basadas en características irrelevantes para los supuestos contemplados en la ley.

Se concluye que los artículos 100, párrafo 9º y 123, inciso B, fracción XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerque los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, serán resueltos por el propio patrón, a través del órgano administrativo de éste, denominado Consejo de la Judicatura Federal, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Transgreden en perjuicio de la clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación los derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional, a un recurso efectivo, pro persona e igualdad jurídica (derecho a la no discriminación), contenidos en los artículos 1º y 17 de la propia Constitución Federal, así como 8º, 24, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que no se contempla para ellos la posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional que resuelva sus conflictos laborales mediante un recurso judicial efectivo, al igual que los demás gobernados burócratas federales y locales del país, y se les niega la posibilidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer violaciones a sus derechos humanos igual que el resto de la población.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTEINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO 9º, Y 123, INCISO B), FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.-Se modifican los artículos 100, párrafo 9º, y 123, inciso b), fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

[…]

Párrafo 9º.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a resoluciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en cuyo caso procederá el juicio de amparo, y las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por un tribunal jurisdiccional de arbitraje descentralizado del propio Poder Judicial de la Federación, con presupuesto y autonomía propios, cuyos integrantes sean designados: Uno por el propio Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, otro por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y un tercero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.

El Tribunal Federal de Arbitraje Laboral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia laboral de sus servidores y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

El Tribunal se integrará por tres Magistrados de arbitraje laboral. El Presidente del Tribunal será elegido de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal de Arbitraje laboral le corresponde resolver en forma definitiva en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

 I. Los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores; y

II. Las demás que señale la ley.

El Tribunal Federal de Arbitraje laboral hará uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus laudos y resoluciones, en los términos que fije la ley.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Arbitraje laboral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal de Arbitraje laboral, quien la presidirá; un Magistrado del mismo Tribunal laboral designado por insaculación; y un miembro del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados que integren el Tribunal deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Magistrado Federal del Poder Judicial de la Federación, y durarán en su encargo nueve años prorrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicho Tribunal.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-El Congreso de la Unión deberá expedir, en un periodo de 180 días naturales la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Arbitraje Laboral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO.-La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destinará los recursos necesarios para la implementación de la presente reforma constitucional.

CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril del 2015.

1 “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

2 25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
25.2. Los Estados partes se comprometen: a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

3 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

4 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

5 “24. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

6 “25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
25.2. Los Estados partes se comprometen: a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

7 Brigin, Haydée y otra, “Acceso a la justicia como garantía de igualdad”, Editorial Biblos, Buenos Aires, pág. 16, citan a Nino, Carlos, “Ética y derechos Humanos”, Ed., Paidós, Buenos Aires, 1984, pp. 118-224

8 Ídem.

9 M. Capeletti y B. Gath, “Acceso a la justicia”, Ed. La Plata, 1983, pag. 22; ob. Cit. Birgin y otra, pp.16

10 Ídem, pág. 20

11 Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentinasupra nota 49, párr. 115; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 210; y, Caso Servellón García y otros Vs Hondurassupra nota 55, párr. 151.

12 Visible en el registro electrónico 2002000 del Semanario Judicial de la Federación, que remite a la página 799, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, que dice: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.”

13 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. 4, 5 y 6 de marzo de 2008, pág. 5, regla (3)

14 Ibídem, pág. 6, regla (4)

15 Consultada en el registro 166607 de la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que remite a la página 1073, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época que dice: “POBREZA Y VULNERABILIDAD. SUS DIFERENCIAS Y RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. Conceptualmente la pobreza es de menor extensión que la vulnerabilidad. De acuerdo a la citada Ley la pobreza no es el único factor que puede posicionar a una persona o grupo en una situación de vulnerabilidad. Desde la misma definición legal de grupos vulnerables se hace referencia a la discriminación la cual, desde el concepto de discriminación contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal comprende una multitud de categorías que pueden provocarla: origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil; además la lista no es limitativa sino enunciativa, dejando abierta la posibilidad de nuevas categorías al incluir "cualquier otra que atente contra la dignidad humana".”

16 Consultada en el registro 166608 de la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que remite a la página 1072, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, que reza: “POBREZA, MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN SINÓNIMOS. Conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 5 de la Ley citada los "grupos sociales en situación de vulnerabilidad", se definen como: "aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar". Por su parte, los artículos 8 y 9 de esa Ley los identifican como los sujetos que tienen derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja y su artículo 19, en su fracción III, prevé que son prioritarios y de interés público para la Política Nacional de Desarrollo Social los programas dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. Por lo que se refiere al concepto de "marginación", el artículo 19 se refiere a los tres conceptos de manera conjunta y en relación con la prioridad y el tipo de interés de los programas de desarrollo social, dirigidos a personas en "condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad"; en tanto que el artículo 29 del mismo ordenamiento se refiere a la determinación de zonas de atención prioritaria y a la existencia de "índices" de marginación y pobreza. De las referencias anteriores se llega a la conclusión de que los conceptos y su uso claramente no pueden ser considerados como sinónimos. Desde la definición de "grupos en situación de vulnerabilidad" se desprende que la vulnerabilidad es una condición multifactorial, ya que se refiere en general a situaciones de riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar. El derecho de estos grupos y de personas en lo individual, según el artículo 8, es el de recibir acciones y apoyos para disminuir su desventaja. Por tanto, se puede definir que el universo de sujetos a los que se refiere la Ley se encuentra integrado por grupos o personas en esta situación de vulnerabilidad. En este sentido, si bien es cierto que el índice para la definición, identificación y medición de la "pobreza" es una atribución que legalmente le compete al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como lo establece el artículo 36 de la Ley; sin embargo, la Ley no establece la exclusividad del índice y menciona de manera explícita los otros dos conceptos dentro su articulado sin determinar de manera específica a qué órgano de la administración le corresponde determinar su contenido. En este sentido y por lo menos en los conceptos acabados de analizar de pobreza, marginación y existencia de grupos vulnerables, el citado Reglamento no se excede a lo determinado en la Ley referida ya que sólo desarrolla los conceptos que ahí se contienen.”

17 Abramovich, Víctor (2009). ―El rol de la justicia en la articulación de políticas y derechos sociales‖, en Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura (comps.), La revisión judicial de las políticas pública. Bueno Aires: Editores del Puerto, pp. 1-86. Pág 41.

18 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 110.

19 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 83, párr. 269.

20 De la Torre, Carlos, El derecho fundamental a no ser discriminado: Estructura y Contenido Jurídico, en memorias del Congreso Internacional de Derecho Constitucional celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 260, http://distancia.flacso.edu.mx/aula/file.php/78/Primer_Trimestre/Principio_de_Igualdad_y_PEG/Semana_3/DE_LA_TORRE_CARLOS_El_derecho_fundamental_a_no_ser_discriminado.pdf

21 Ídem, p. 261

22 Maurino, Gustavo, Pobreza y Discriminación: El Derecho a la Igualdad: Apuntes para un constitucionalismo igualitario, Editorial LexisNexis, pág. 314, http://distancia.flacso.edu.mx/aula/

23 Ídem, p. 315






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 61 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 62, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MATERNA PERINATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, Senadoras de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 61 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 62 AMBOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MATERNA PERINATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad el derecho a la salud se encuentra reconocido a nivel internacional en diversos instrumentos, por citar algunos encontramos:

• Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25:

“Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resalta, en su artículo 12, el compromiso que tendrán  los Estados partes para reducir la mortalidad infantil, así como la obligación de combatir todo tipo de enfermedad  a través de generar condiciones para que todas las personas puedan recibir atención médica en el caso de todas las enfermedades.

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instaura en su Artículo 10, inciso h) la obligación por parte de los Estados contratantes de eliminar cualquier discriminación contra la mujer a fin de asegurarle los mismos derechos de los que gozan los hombres, en particular, lo relativo a servicios informativos y operativos que permitan asegurarle la salud, bienestar y planificación familiar.

Asimismo el Artículo 12 establece:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

En los citados instrumentos se pondera por la necesidad de atender los problemas médicos de todas las personas sin importar ninguna condición, racial, étnica, económica o de cualquier índole.

En este orden de ideas es precisamente el tema de la no discriminación el que nos ocupa en esta ocasión, debido a la necesidad que existe de  prestar atención a las necesidades surgidas en el seno de los grupos vulnerables en la población, en específico de la mujer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

Establece que el derecho a la salud incluye:

El acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria”1, pero no sólo ello, sino que la salud comprende un campo mayor de comprensión y de atención, al grado que hoy debemos de considerar otros factores para la preservación de la misma.

Asimismo enuncia que los gobiernos deberán crear las condiciones necesarias que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

Hablando particularmente de la salud de la mujer, tema que ha quedado enmarcado como uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) trazados por la citada Organización, específicamente el 5º referente a mejorar la salud materna enuncia que:

• La mortalidad materna ha disminuido en Asia oriental, África septentrional y Asia meridional en casi dos tercios.

• Solo la mitad de las embarazadas de las regiones en desarrollo recibe los cuidados prenatales recomendados, que comprenden un mínimo de cuatro consultas médicas antes del parto.

• Que la tasa de mortalidad materna ha disminuido en todo el mundo un 47% durante los últimos 20 años, y se ha pasado de 400 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos en 1990 a 210 en 2010. En todas las regiones se han logrado avances, pero los mayores descensos se han registrado en Asia oriental (69%), África septentrional (66%) y Asia meridional (64%).

Por lo que si se quería cumplir con la meta del Objetivo de Desarrollo, se debió reducir ese porcentaje un 75%, debiendo intervenir aceleradamente en mejorar el acceso a la atención obstétrica de emergencia, la asistencia de personal de salud capacitado y la administración del tratamiento antirretroviral a todas las mujeres y niñas embarazadas que la necesitarán. Meta que desafortunadamente aún estamos lejos de alcanzar, pues hemos llegado al año 2015, situación que preocupa a los 189 países que estaban dentro del reto de lograr la meta de los Objetivos.

En términos nacionales, el artículo 4º constitucional instaura el derecho de toda persona a la protección de la salud, lo cual debe entenderse en su sentido más amplio, al grado de garantizar dicho derecho bajo cualquier circunstancia que se presente.

En este contexto la Ley General de Salud establece en su Artículo 3º que en los términos de esa Ley, es materia de salubridad general la atención materno–infantil (fracción IV).
Así mismo manifiesta en su Artículo 27 el derecho a la protección de la salud y que la atención materno-infantil, misma que será considerada como un servicio básico que se debe prestar.

Finalmente dentro de la citada Ley podemos encontrar que se incluyó un Capítulo V para regular dicha atención materno-infantil, la cual comprende:

1. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;

2. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual;

3. La promoción de la integración y del bienestar familiar.

4. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento, y

5. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas.

Datos proporcionados por el Dr. José Alberto Denicia Caleco, Subdirector de atención a la Salud Materna de la Secretaría de Salud, durante el Foro Retos y Perspectivas desde la Sociedad Civil, a 20 años de Belém do Pará – organizado por la Unión de Asociaciones de Mujeres Mexicanas, el INMUJERES y el Senado de la República a través de la Comisión para la Igualdad de Género-, manifestó que  los años 70, la principal causa de muerte para las mujeres en nuestro país fue la proliferación de hemorragias graves tras el parto, sin embargo dicha causal prácticamente se erradicó, pero en la actualidad las muertes por hipertensión gestacional, mejor conocida como Preeclampsia y Eclampsia, además de que ocupan el primer lugar en las causas de muerte femeninas. Esto quiere decir que, si bien avanzamos en evitar la muerte por hemorragia, nos encontramos lejos de atender otras condiciones que culminan con la muerte de las madres.

Asimismo en la numeralia del Observatorio de Mortalidad Materna en México para el año 2013 se reveló que:

• El 13.0 % de la población de mujeres no tuvo control prenatal durante el embarazo.

• 34% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo.

• 16.6 % tuvo entre tres y cinco consultas prenatales.

• 64%  recibió atención de un médico durante el parto.

• 41.1 % atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud.

• 4.9 %  tuvo su parto en casa.

• 28.2% murió por causas obstétricas indirectas.

• 23.7% por enfermedades hipertensivas del embarazo.

• 17.5% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio.

Datos que resultan alarmantes y que deben ser tomados en cuenta en aras de mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, de forma específica aquellos que tienen que ver con la atención de la salud materna.

Lo anterior debido a que padecimientos como la Preeclampsia/Eclampsia, se han convertido en la principal causa de muerte en mujeres embarazadas en nuestro país, con una tasa de mortalidad del 36%.

La Preeclampsia/Eclampsia de acuerdo a la Secretaria de Salud es un síndrome específico del embarazo que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo.

¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden existir para poder padecer Preeclampsia?:

• Hipertensión arterial crónica

• Preeclampsia en un embarazo anterior

• Enfermedad renal previa

• Diabetes Militus

• Mujeres mayores de 40 años

• Historia familiar de Preeclampsia, diabetes, hipertensión e infertilidad.

Es por ello que resulta necesario que el sector salud en nuestro país en cualquiera de sus ámbitos ya sea el Federal o Estatal adopten las medidas necesarias para priorizar la atención de la salud materna en México.

Por lo que si bien reconocemos los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno federal resulta imperante que se fortalezcan las políticas públicas en nuestro país y que se fortalezca nuestro marco jurídico hablando particularmente de la atención de la salud materno-infantil. Asimismo reconocemos el esfuerzo que han venido desempeñando las Asociaciones Civiles, mismas que han desarrollado una larga lucha para consolidar la atención oportuna por parte de las dependencias gubernamentales.

Es por esto y todo lo anterior que el día de hoy las legisladoras traemos como propuesta lo referente a la realización del Tamiz Prenatal durante el primer trimestre de gestación, el cual debe ser atendido de manera seria y pronta por el sector salud en México con la finalidad de garantizar un pleno ejercicio del derecho a la salud de todas y cada una de las madres mexicanas así como la de sus hijas o hijos.

Con esta propuesta lograremos que con los nuevos avances médicos en el campo de la medicina de forma específica en la atención de la salud materno-infantil se puedan implementar distintos métodos de atención en el campo de la obstétrica y medicina fetal, a través de la aplicación del tamizaje.

Al respecto el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, reveló que el tamiz prenatal (también denominado tamiz genético prenatal) “es un estudio que utiliza la combinación de la edad materna (EM) con 2 o más pruebas bioquímicas, con o sin un estudio ultrasonográfico, para producir un resultado que indique el riesgo del feto para Síndrome de Down (SD), trisomía 18 y defectos abiertos del tubo neural (DATN); dicho riesgo es utilizado para ofrecer opciones en el manejo clínico”2.

Es decir, la aplicación del tamiz prenatal permite al médico conocer los riesgos que tiene el feto para Síndrome de Down, Trisomía 18, Trisomía 13 y otras enfermedades vinculadas con alteraciones mentales y físicas. Aunado a ello la prueba del tamiz prenatal también es una útil herramienta para la detección de signos que anuncian que la madre pudiera sufrir Preeclampsia o eclampsia, condición que puede ocasionar complicaciones durante el parto o embarazo e, incluso, el puerperio al grado de amenazar la vida de la paciente.

Asimismo el tamiz deberá realizarse durante el primer trimestre, así como todos los exámenes, a saber: Evaluación de Historia Materna y antecedentes, marcadores bioquímicos: PAPP-A y fbhCG, marcadores ecográficos: Traslucencia nucal y presencia o ausencia de Hueso nasal). Ya está demostrado clínicamente que si se agrega PLGF la evaluación de riesgo tiene mayor capacidad predictiva y se disminuyen considerablemente las pruebas diagnósticas invasivas.

En este tenor espreciso señalar que actualmente en nuestro país se realiza de forma obligatoria el denominado tamiz neonatal, el cual se diferencia del tamiz prenatal porque el primero detecta problemas metabólicos congénitos en el recién nacido, mientras que el segundo beneficia no sólo la salud del feto detectando las condiciones ya mencionadas, sino que es de suma importancia para el control de la salud materna al detectar de forma oportuna la aparición de Preeclampsia en la madre.

Concluyendo que tal como lo enuncia nuestro propio marco jurídico, específicamente en el ya citado artículo 4º constitucional respecto el derecho a la salud de las y los mexicanos, la finalidad de la presente iniciativa es:

Proporcionar a las mujeres embarazadas la atención necesaria para evitar complicaciones antes, durante y/o posteriores al parto o puerperio, a través de estudios clínicos que detecten oportunamente la presencia de Preeclampsia o Eclampsia y, de esa manera disminuir los índices de mortalidad materna e infantil en nuestro país.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción II recorriéndose las subsecuentes del Artículo 61 y se reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo y tercero del Artículo 62 ambos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 61.-…

I.…

I Bis. …

II. La atención de la Preeclampsia/Eclampsia, de forma preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica mediante la aplicación del tamiz prenatal en el primer trimestre del embarazo.

El tamiz prenatal deberá contener los elementos técnicos y metodológicos que permitan la detección oportuna de la Preeclampsia/Eclampsia, así como de aquellas enfermedades y condiciones propias de la madre o del producto.

III. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

IV. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes enfocadas en la prevención de emergencias obstétricas y atención oportuna.

En el caso de la detección de la Preeclampsia/Eclampsia, ésta se evaluará mediante la realización de la prueba a la que se refiere la fracción I del artículo 61 de la presente Ley.

Para ello el sector salud deberá canalizar oportunamente a la paciente a las instituciones de salud especializadas para su oportuna atención y tratamiento.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente,
El 23 de abril de 2014.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Estela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 61.-…

I.…
I Bis. …
II. La atención de la Preeclampsia/Eclampsia, de forma preventiva, periódica, sistemática y primordialmente clínica mediante la aplicación del tamiz prenatal en el primer trimestre del embarazo.
El tamiz prenatal deberá contener los elementos técnicos y metodológicos que permitan la detección oportuna de la Preeclampsia/Eclampsia, así como de aquellas enfermedades y condiciones propias de la madre o del producto.

III. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

IV. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes enfocadas en la prevención de emergencias obstétricas y atención oportuna.
En el caso de la detección de la Preeclampsia/Eclampsia, ésta se evaluará mediante la realización de la prueba a la que se refiere la fracción I del artículo 61 de la presente Ley.
Para ello el sector salud deberá canalizar oportunamente a la paciente a las instituciones de salud especializadas para su oportuna  atención y tratamiento.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/

2 http://www.comego.org.mx/index.php/tamiz-genetico-prenatal-marcadores-bioquimicos-del-primer-y-segundo-trimestre






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 329 BIS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 338 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE DONADORES DE ÓRGANOS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 329 BIS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 338 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE DONADORES DE ÓRGANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los avances en la medicina han permitido que el trasplante de órganos aumente en número y se presente como una alternativa cada vez más viable y segura para salvar vidas. A pesar de que aún resulta ser un proceso complejo y delicado, la vanguardia en tecnología ha ido simplificándolo y ofreciendo mejores resultados.

Asimismo, el paso del tiempo también ha generado múltiples avances en los demás campos que se ven involucrados en la materia, incluyendo el marco jurídico y entorno cultural que cada vez cobra más sentido dentro de la población, misma que acepta en mejores términos este recurso medico de suma importancia.

En nuestro país, la historia del trasplante inicio desde 1963 en el que fuera el Centro Médico Nacional, hoy, el hospital Siglo XXI, y gracias a esta acción un paciente vivió 30 años más. El camino siguió siendo muy provechoso para este campo de la medicina y para la década de los ochenta nuestro país ya había realizado con éxito múltiples trasplantes de Hígado, Corazón y Páncreas, mejorando la vida de los pacientes y otorgándoles una calidad de vida superior a la prevista en un pasado. 

Sin embargo, a pesar de que esta práctica lleva más de 50 años aplicándose en el territorio nacional, existe aún una brecha cultural muy importante que requiere irse minimizando para que las personas puedan involucrarse más con la temática. Hoy en día la falta de información y los procedimientos legales poco entendibles para la mayoría de la población, permiten que se genere cierta apatía hacia la participación como donante o a que se aumente el número de individuos que estarían dispuestos a colaborar con sus órganos con un paciente ajeno a su familia.

En cifras estadísticas claramente podemos notar el rezago que presenta México en comparación con el marco internacional, ya que mientras que en nuestro país la tasa de donación es de 14 por cada millón de habitantes, en España, que es el país con mayor número de trasplantes, la tasa de donantes es de 35 personas por millón de habitantes, lo que claramente muestra más del doble de los indicadores mexicanos, sin mayor diferencia más que la falta de aceptación de los mexicanos hacia el camino de la donación.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) con información actualizada y en tiempo real, hasta la redacción de este documento existen 19,370 personas en la lista de espera y se han realizado 1759 trasplantes durante el 2015, lo cual evidentemente nos obliga a todos a realizar las acciones correspondientes que permitan mejorar estos números y reducir la demanda de personas que requieren atención urgente. ,

En el 2007 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante,  en respuesta a la resolución WHA57.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, y este a través de los años ha concluido que existen diversos factores que contribuyen al incremento de trasplantes a nivel mundial, además de señalar la importancia de crear mecanismos apropiados y sencillos que permitan que las personas se vuelvan donantes y acepten la donación como un procedimiento que puede contribuir a salvar vidas, en el que pueden ser parte de una acción que puede prolongar la vida de otro ser humano

De acuerdo con la OMS, la tendencia mundial hacia el trasplante de órganos ha crecido constantemente desde hace más de una década y además es muy probable que continúe incrementándose por múltiples factores como el aumento de la renta, la proliferación de los seguros personales y los factores del estilo de vida, sumados a la carga de enfermedades, el envejecimiento de la población, la globalización y la transferencia de conocimientos en la comunidad médica, condiciones que señalan a los trasplantes como uno de los avances en materia de salud más importantes en la historia.

Ante estos hechos debemos fomentar la cultura de la donación y facilitar el procedimiento para ser reconocido como un donador  ante cualquier institución, servicio médico u otro actor que requiriera tener el conocimiento de manera inmediata de esta condición para poder tomar las acciones necesarias para la extracción de los órganos de forma oportuna.

La misma OMS recomienda a los gobiernos fomentar el desarrollo ético de los programas de donación. Siendo los Estados y las dependencias de salud, quienes establecen la reglamentación y el tratamiento para llevar a cabo tanto las donaciones como el propio trasplante, deben garantizar que exista una legislación, regulación y supervisión adecuadas, además de informar a la sociedad en general acerca de lo que se debe hacer y el impacto que tiene ser un donante, tanto en tramites como en beneficios para los pacientes.

Es indispensable que la población mexicana tome conciencia acerca de esta materia, ya que solo una mayor participación de la sociedad podrá satisfacer la creciente demanda en pacientes que ingresan a la lista de espera, es indispensable que todos sumemos esfuerzos.

En el marco normativo en torno a los trasplantes y las donaciones, nuestro país cuenta con una serie de disposiciones legales que garantizan tanto los derechos de los pacientes como de los donantes y establecen una serie de pasos metodológicos para el tratamiento de los órganos de una manera profesional y eficiente. Entre estos documentos encontramos el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el Reglamento Interior de la Ley General de Salud, y también cuenta con lo establecido por la comunidad internacional como los Principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante y la Declaratoria de rechazo al turismo de trasplantes de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplantes.

La Ley General de Salud establece que se puede manifestar la voluntad de ser donador de manera escrita o verbal mediante dos alternativas; la Tarjeta de Donador Voluntario y el “Documento Oficial de la Donación”.

En el primer caso, la finalidad de la tarjeta, es la de ser entregada a un familiar, para que en caso de pérdida de la vida, se pueda determinar la voluntad del difunto en relación con la disposición de sus órganos. En la segunda opción, en el documento se otorga el consentimiento expreso de todas las personas que quieran donar sus órganos o tejidos para después de la vida.

E incluso, la ley permite decidir al ciudadano, abstenerse de participar como donador, dándole el derecho de disponer libremente de su cuerpo.

Sin embargo, aunque la ley ya tiene mecanismos para realizar dichas acciones, es indispensable simplificar y homologar los procedimientos para evitar confusiones y facilitar la accesibilidad de toda la población hacia la cultura de la donación, este es el objetivo de la presente Iniciativa.

Deben crearse las condiciones para que un donante pueda ser identificado a través de un distintivo en alguna identificación emitido por cualquier dependencia oficial, con el fin de poder localizar de manera precisa e inmediata a los ciudadanos que han dado la autorización voluntaria para disponer de sus órganos y tejidos, y al mismo tiempo, facilitar los labores legales y médicos que son consecuentes a la muerte de la persona para poder extraer los órganos.

En el mismo sentido, tener visible de forma inmediata esta distinción en las credenciales que todos portamos, o al menos la gran mayoría, evita el tener que recurrir a familiares o conocidos para conocer si existía la voluntad de donar o bien a buscar las Tarjetas de Donador Voluntario en un momento en el que los familiares están más ocupados en atender otro tipo de actuaciones consecuentes a la muerte.

Por otra parte, también simplificaría para el mismo voluntario el portar únicamente la credencial que ya está acostumbrado a llevar consigo  durante todos los días, todo el tiempo.

Por último, esto puede acrecentar la recepción que los ciudadanos tienen en la materia, al empezar a notar de una forma más natural, que varios de sus conocidos han decidido ser donadores y se muestre como algo “común” y no como el gran misterio que aún hoy en día implica generar todo un trámite con otra credencial que siempre esta oculta o guardada por el propietario, lejos de la vista pública y pareciera ser más un secreto personal que uno de los actos más altruistas que pueda hacer otro ser humano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 329 Bis y ADICIONA la fracción VII al artículo 338 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. En el caso de emisión de identificaciones se utilizará un distintivo para las personas que otorguen su consentimiento de donación conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

I. a VI. (…)

VII. La base nacional de donadores que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley en materia de trasplantes.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 23 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN

(Presentada por Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice, no sólo una educación de calidad, sino también una educación integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor equidad, empleo calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática.

En la búsqueda de esta mejor preparación de nuestros estudiantes, el Partido Verde impulsará que las materias de inglés y computación se impartan la misma cantidad de horas que las materias que hoy en día forman parte del tronco común, en virtud de que estudiantes con conocimientos de inglés y un mejor dominio de los programas computacionales serán más competitivos y tendrán mayores y mejores herramientas de estudio y trabajo.

La educación pública en México, es un tema de escepticismo social, puesto que existen diversos fenómenos que han desencadenado una grave deficiencia de conocimiento para muchos de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, debe ser un tema de prioridad para la gestión pública.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, este tema, es de gran relevancia para el crecimiento social y económico de nuestro país, sin una educación de calidad, no podremos combatir los graves problemas a los que actualmente nos enfrentamos, la violencia, la desigualdad y la pobreza; fenómenos ocasionados, entre otras, por el escaso nivel académico en los planteles de enseñanza, por la falta de competitividad educativa de nuestros niños y jóvenes y por el estancamiento de los sistemas de enseñanza.

En el tema de desarrollo de habilidades para enfrentar los retos de México, es trascendente asegurar que los contenidos de la educación se reflejen los retos actuales, tales como los valores democráticos basados en la convivencia con base en los derechos humanos (en particular la creación desde la escuela de un carácter nacional de honradez para erradicar la corrupción), los ambientales para mitigar los efectos del cambio climático, y el desarrollo de habilidades para competir en un entorno globalizado.

Para nuestro Grupo Parlamentario la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Es por ello que para lograrlo, además del trabajo en materia legislativa, habrá de acompañarlo de un esfuerzo adicional en temas fundamentales, como el impulso al incremento en el presupuesto en materia educativa orientado a aumentar la cobertura, la equidad, la calidad, la exigibilidad del derecho a la educación, el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos de México, la revaloración de los maestros, la transparencia y la rendición de cuentas.

Estamos convencidos que se debe contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional a través de proveer un marco legislativo federal adecuado a las condiciones actuales sociales, económicas y ambientales del país, vinculando y articulando esta tarea legislativa con todos los actores que confluyen en este sector y asegurando que las niñas, niños y adolescentes de México tengan satisfecho su derecho a la educación de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponibles.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012 (PISA, por sus siglas en inglés) concluyeron que a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura, pues actualmente, un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, ubicado entres los diez países con mejores resultados.

El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, según PISA, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados de 2009, la última vez que se aplicó la prueba.

México se ubica en último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 de entre los 65 países que participan en la prueba, superando a Montenegro, Uruguay, Costa Rica, Albania, Brasil, Argentina, Túnez, Jordania, Colombia, Qatar, Indonesia y Perú.

Uno de los temas más relevantes es la falsa creencia de quien no paga no merece una educación de calidad. Esta situación, a nivel nacional ha generado un grave conflicto entre las instituciones de educación públicas y privadas, muchos padres de familia han incorporado a sus hijos a escuelas particulares pensando que serán por mucho mejores que las escuelas públicas, sin embargo, muchos de ellos han sido engañados por instituciones que no tienen registro ante la Secretaria de Educación Pública y han enfrentado un elevado gasto innecesario, en donde a los alumnos no se les reconoce su nivel de educación.

Es por todo lo anterior, que impulsaremos un cambio en la política nacional, en donde se reconozca que en México uno de los principales problemas no sólo es la cantidad de recursos disponibles para la educación, sino la aplicación que se les da a éstos y su adecuada fiscalización.

En este contexto, nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice, no sólo una educación de calidad, sino también una educación integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor equidad, empleo calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática, impulsando conocimiento y materias como inglés y computación.

Por todo lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es dotar a la población educativa del nivel básico de más y mejores clases de inglés y computación, ya que en la actualidad, la sociedad demanda educandos competitivos, con herramientas de estudio que les garanticen una educación de calidad.

Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública desarrollará programas de estudio prioritarios, a fin de lograr una preparación integral en los educandos para su incorporación en la actividad productiva demandada en el mercado laboral.

En este sentido, el Partido Verde impulsará que las materias de inglés y computación se impartan 4 días a la semana, abarcando todos los niveles de educación básica, media superior y superior, a cargo de especialistas en la materia.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN.

ARTICULO ÚNICO.- Se ADICIONA una Sección 2 Bis al Capítulo IV “Del Proceso Educativo”, conteniendo los artículos 50 Bis, 50 Ter y 50 Quáter, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

CAPITULO IV
DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículos 47 a 50.- …

Sección 2 Bis

De los programas de estudio prioritarios

Artículo 50 Bis.-La Secretaría desarrollará programas de estudio prioritarios con la finalidad de proporcionar una educación de calidad que atienda las necesidades educativas específicas, actuales y futuras, de la población para que el educando tenga herramientas de estudio, acceso a conocimientos, mejor preparación, y se integre a la actividad productiva demandada en el mercado.

Artículo 50 Ter.- Los programas de estudio prioritarios incluirán contenidos particulares que atiendan los criterios establecidos en el artículo anterior. Se establecen como programas de estudio prioritario los siguientes:

I. Enseñanza del idioma Inglés;

II. Habilidades informáticas y computación;

III. Los demás que cumplan con los criterios señalados.

Las personas a cargo de impartir los programas de estudio prioritarios deberán acreditar el perfil profesional de especialista en la materia.

Artículo 50. Quáter.- Cada uno de los programas de estudio prioritarios que determine la Secretaría, deberán impartirse por lo menos 4 días a la semana y abarcarán todos los niveles de educación básica, media superior y superior.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública integrará los requerimientos presupuestales para equipar las instituciones públicas de estudio de la educación básica, media superior y superior, con recursos humanos y materiales que permitan cumplir con el presente Decreto.

TERCERO.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y subsecuentes, se incluirán las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Suscriben

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por las Senadoras y los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Mayela Quiroga Tamez, Roberto Armando Albores Gleason, Víctor Salinas Balam y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN MUJERES INDÍGENAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN MUJERES INDÍGENAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país se reconoce y considera como una nación multicultural. Sin embargo, la mayor parte de los derechos de nuestros pueblos indígenas aún siguen siendo violentados y poco respetados e incluso la sociedad no ha sido capaz de respetar su autonomía y tratarlos como al resto de la población.

Desde 1992, México se reconoció como una Nación pluricultural y, en el año de 2001, la Reforma Constitucional llevó a la aceptación de Derechos de los pueblos indígenas.1 Pero hasta la fecha, aunque los esfuerzos institucionales y el andamiaje legal se ha solidificado en su beneficio, aún hace falta redoblar esfuerzos para garantizar las mismas condiciones y accesibilidad a oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos, incluidos todos y cada uno de los pueblos indígenas sin distinción alguna.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI) se considera como población indígena, a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, suegro) declaro ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares, por lo tanto, si tomamos en cuenta las estadísticas, se estima que en el año 2005 la población indígena en México fue de 9 millones 854 mil 301, alrededor de 9.5% de la población total y de ese un número, aproximadamente la mitad corresponde al género femenino, lo que implica casi 5 millones de mujeres2.

Ante esta situación, podemos concluir que si aún en la actualidad las mujeres siguen estando en algún grado de vulnerabilidad por la simple cuestión de género, su pertenencia a algún grupo indígena supone un gravamen aun mayor para que esta condición.

En este sentido, la vida de las mujeres indígenas está frecuentemente violentada en varios aspectos de su vida cotidiana, en donde sus derechos son atropellados, incluso por las mismas autoridades y en otras ocasiones por el resto de la sociedad que aún tiene prácticas discriminatorias en contra de estas mujeres.

En materia de salud, estas características también se repiten y se presentan día a día debido en parte a la falta de políticas necesarias que garanticen un trato igualitario y reduzcan la brecha que existe hacia los servicios médicos que proporciona el Estado, y en este caso particular la presente iniciativa va enfocada a que se maximicen los esfuerzos para las mujeres que están en periodo de lactancia.

Esto en consideración a que los indicadores muestran una tasa promedio de maternidad de las mujeres indígenas de 2.6% hijos por mujer que en comparativa con el resto de la población del país es prácticamente del doble, ya que la tasa es de 1.4 hijos, por lo tanto, en esta materia, es menester considerar los números anteriores para notar la importancia del presente documento al ser de gran utilidad para la comunidad de madres indígenas.

Ante esta situación, y siendo objeto de la Ley de Asistencia Social el apoyo a las mujeres que se encuentran en periodos de gestación o lactancia, considerándose un servicio básico de salud por la misma ley, al considerar la información expuesta en los párrafos anteriores lógicamente, en atención a las necesidades especiales que por  simple número demandan las mujeres indígenas, se debería prestar atención adicional al grupo de mujeres que integran a los grupos indígenas que se encuentren en este periodo de su vida y requieren apoyo adicional debido a sus condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Ahora bien, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) , la tasa nacional de muerte materna se sitúa en 51 de cada 100.000 niños nacidos; mientras que en zonas indígenas la cifra es de 151 defunciones, llegando hasta las 283 muertes por cada 100.000 alumbramientos en comunidades indígenas, datos que nuevamente revelan un incremento y una diferencia considerable entre las madres indígenas, lo que nos lleva a pensar que evidentemente pasan por condiciones diferentes, ya que literalmente parecieran ser estadísticas de dos países diferentes, a pesar de que sigue siendo el mismo territorio nacional, lo que se traduce en el simple dato cruel que nos revela que una mujer indígena tiene 4 veces más posibilidades de morir que otra mujer mexicana.

Es debido a indicadores como este que se puede concluir que actualmente y pese a diversas disposiciones que pretenden lo contrario, las mujeres indígenas siguen estando rezagadas en comparativa con el resto de las mexicanas.

Aunando a esta situación, anexamos además que muchas de estas mujeres viven en entornos geográficos diferentes, contando con retos adicionales a los que enfrenta una mujer ajena a un grupo de esta índole y además en repetidos casos incluso viven en zonas rurales y marginadas que carecen completamente de alguna clínica de salud, por lo que deben trasladarse a otros lugares y correr de mano propia con los gastos de transportación y todo lo que implica trasladarse de un lugar a otro.

En el marco moderno y con la transición que sufre el país en pro de reducir las barreras existentes entre los grupos sociales, eliminar la discriminación y garantizar la accesibilidad en toda materia, para todos los mexicanos por igual, es indispensable que los textos normativos homologuen el sentido de sus redacciones con este fin, y no den lugar a lagunas jurídicas que permitan que su situación se agrave o que incluso se den acciones de discriminación.

La Ley de Asistencia Social hace mención de las personas en situación de vulnerabilidad, pero no incluye en su redacción a las mujeres indígenas, siendo que muy probablemente, además de su situación vulnerable, el pertenecer a un determinado grupo indígena cambie radicalmente múltiples condiciones de vida en comparación con el resto de la población y represente de cierta manera, un obstáculo adicional para ellas cuando de servicios de salud hablamos.

Es común que derivado de los usos y costumbres las familias indígenas se niegan a buscar atención médica para las mujeres embarazadas, sin embargo, la negativa de que eventualmente la negativa de3 que estas acudan a un servicio, no exime la responsabilidad del Estado para afrontar una situación de este tipo, en donde pueda garantizar el derecho a la salud de este sector de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 12.- (…)

I. a  IX. (…)

X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes y mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad;

XI. a XIV. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 23 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1387&Itemid=24

2 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD 2010






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR

(Presentada por Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien el país ha realizado esfuerzos importantes en términos programáticos y legislativos para fortalecer los sistemas de becas y minimizar los índices de deserción escolar, lo cierto es que las condiciones económicas de algunos sectores de la población estudiantil han influido directamente en la deserción escolar, más aún aquellos alumnos que viven en comunidades marginadas y lejanas a los centros educativos no tienen las mismas oportunidades de recibir la educación a la que constitucionalmente tienen derecho, lo que ha sido un freno importante para mejorar la universalidad de la cobertura educativa en estos niveles.

Preocupa que los análisis de datos de la Secretaría de Educación Pública(SEP) sobre deserción educativa por nivel, estudios publicados por la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) y las encuestas a la juventud, evidencian que existe una relación directa entre la pobreza y el abandono escolar, ya que la mayoría de las estadísticas señalan la falta de recursos económicos como la principal causa de deserción, por ello resulta necesario no sólo contar con planteles e impartir en ellos una educación de calidad, sino también establecer programas nacionales de apoyo económico a la población estudiantil de los niveles básico, medio superior y superior.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Es por ello que para lograrlo, además del trabajo en materia legislativa, habrá de acompañarlo de un esfuerzo adicional en temas fundamentales, como el impulso al incremento en el presupuesto en materia educativa orientado a aumentar la cobertura, la equidad, la calidad, la exigibilidad del derecho a la educación, el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos de México, la revaloración de los maestros, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los datos disponibles provenientes de las estadísticas y de las proyecciones de población más recientes elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), del ciclo 2012-2013 muestran que el acceso inicial a las escuelas está cubierto para la población de 5 a 12 años, pero existe un número importante de niños de 3 años y de 13 a 17 que están excluidos del sistema escolar. Aunque la tasa de matriculación da cuenta de la inscripción a la escuela, independientemente del grado educativo al que se asista, los datos corroboran que la mayor parte de los niños se matricula en los niveles educativos obligatorios de acuerdo con las edades típicas en que éstos se cursan.

Al inicio del ciclo 2012-2013, 60% de los niños de 3 años (1.3 millones) no se inscribió a preescolar y tampoco lo hizo 12% de la población de 4 años (poco más de un cuarto de millón). La no matriculación a las escuelas se agudiza de forma creciente con la edad: a los 13 años es de 7%, pero aumenta hasta 46.7% para quienes tienen 17 años. En números absolutos, poco menos de 4.8 millones de niños de entre 3 y 4 años y entre 13 a 17 años no se inscribieron a la escuela; de ellos casi la mitad tenía 3 o 17 años de edad.

Si se mantuviera constante el incremento de la matrícula de los niños en los rangos de edad reportados, entonces la asistencia universal de los alumnos de 12 a 14 años ocurriría hacia el inicio del ciclo escolar 2016-2017, mientras que la de los niños de 3 a 5 y de 15 a 17 se lograría en los ciclos 2025-2026 y 2041-2042, respectivamente. Esto, en principio, indica que es posible alcanzar rápidamente la meta de que todos los niños de 12 a 14 tengan acceso a las escuelas, pero que aún falta mucho por hacer para universalizar el acceso de los más pequeños y los de mayor edad.

Al inicio del ciclo escolar 2012-2013, el país contaba con 243 655 escuelas para impartir educación obligatoria a poco más de 30 millones 300 mil niños y jóvenes. La gran mayoría de esas escuelas (85.4%) corresponde a educación básica y el resto al nivel medio superior. La educación básica está integrada por los niveles preescolar, primaria y secundaria; en los tres, la participación del sector público es muy importante pues opera, respectivamente, 83.7, 91.3 y 87.8% de sus centros escolares. En la educación media superior, el sector privado se hace cargo de una proporción considerable de planteles (38.9%).

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2012 puede estimarse que la asistencia a la escuela de los niños de 3 a 5 años fue de 73%; para los de 6 a 11 fue casi universal (99%); de 93% para los de 12 a 14; y de 71% para los de 15 a17 años. Los datos de la ENIGH permiten concluir que actualmente las mujeres acceden proporcionalmente más a las escuelas que los varones. Por lo que para este Instituto Político, para que los niños y jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación no basta con que tengan acceso a la escuela sino que es necesario que asistan regularmente y permanezcan en ella.

Otro de los serios problemas en el tema educativo es la deserción, el INEGI señala que de acuerdo con el Manual del entrevistador de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre del 2011, la población total en el grupo de edad de 15 a 17 años alcanzaba los 6.8 millones, de los cuales 1.93 millones (28.3%) habían dejado de asistir a la escuela (0.99 millones de varones y 0.94 millones de mujeres);  ya que carecen de incentivos para seguir estudiando, y enfrentan diversas presiones sociales y económicas que los obligan a dejar los estudios.

Es menester señalar también la deficiente infraestructura escolar que por supuesto también afecta a la calidad educativa, debido a que el 97.7% del presupuesto asignado a educación se destina al gasto corriente que incluye el pago de salarios y materiales. La falta de infraestructura ha permitido que las escuelas sufran los estragos del sol, los huracanes y las lluvias extremas, dejando en ocasiones sin clases a muchos niños.

Basta señalar que las últimas estadísticas del INEGI sobre deserción actualizadas al 2014 por porcentajes en nivel educativo demuestran que mientras en la primaria el nivel de deserción escolar alcanzó apenas el 0.6%, su tendencia fue a la alza ya que en secundaria se reportó una deserción del 5.3%, en el nivel profesional técnico del 20.8% y el bachillerato del 13.9%, estas estadísticas resultan preocupantes ya que si bien se ha logrado llevar al mínimo las cifras en nivel secundaria, lo cierto es que a medida que los niños aumentan la edad y las familias dejan de ser beneficiarias de diversos programas federales de carácter social, los índices de pobreza impactan más en los grupos de estudiantes catapultando su deserción por la necesidad de incorporarse al mercado laboral a temprana edad.

Ahora bien, debemos recordar que estamos exponiendo estadísticas de deserción las cuales atienden al porcentaje de alumnos matriculados contra aquellos que terminan su educación por cada nivel; sin embargo, las estadísticas resultan aún más preocupantes cuando incorporamos la variable del porcentaje de niños en edad escolar que no se matriculan, estadísticas que ya fueron explicadas en párrafos anteriores.

A fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-aplica actualmente el Programa Nacional de Becas1, para impulsar el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil.

Este Programa es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública que tiene sustento jurídico en los artículos 1º, 3º y 4º de nuestra Carta Magna, así como en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) señala en su Meta Nacional "Un México con Educación de Calidad", Sección III.2. "Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera", que para garantizar la inclusión, la igualdad de género y la equidad en el sistema educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos a la población infantil y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.

El Programa Nacional de Becas incluye becas contra el abandono escolar en educación media superior, estableciendo como requisitos: Estar inscrito/a en una institución de educación media superior del sistema educativo nacional, y Ser postulado/a por el comité de becas del plantel como aspirante a una beca, por encontrarse en riesgo de abandonar sus estudios.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Becas no es permanente, sino que está sujeto a los asuntos prioritarios de cada Administración, así como a la disponibilidad de recursos en cada ejercicio presupuestario. De igual manera, las becas contra el abandono escolar deben ampliar su cobertura para beneficiar a más estudiantes mexicanos.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es impulsar un Programa Nacional de Becas que tenga carácter permanente, incorporándolo en la Ley General de Educación. De igual manera, establecer que las becas contra el abandono escolar sean constantes, con cobertura para los niveles de educación básica, media superior y superior.

Estas becas contra el abandono escolar permitirán dar mayor estabilidad a los estudiantes e impulsar al mínimo los porcentajes de deserción escolar en los niveles de educación básica, media superior y superior, logrando además abatir las estadísticas de aquellos niños y jóvenes que ni siquiera se matriculan, ello en virtud de que la educación es pilar para el desarrollo de un país y su competitividad.

Las becas contra el abandono escolar incluirán ayuda económica en materia de hospedaje, transporte, alimentación, uniformes y útiles escolares, entre otros.

En el régimen transitorio del proyecto de decreto propuesto, se planteaque la Secretaría de Educación Pública deberá publicar lineamientos generales del Programa Nacional de Becas, para determinar los mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, ya que las becas para educación básica son reguladas por las autoridades locales, mientras que las becas para educación media superior y superior son administradas por el gobierno federal.

También se especifica que el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales posteriores incluya las partidas necesarias para garantizar la solvencia y permanencia de las becas contra el abandono escolar, en concordancia con lo establecido en la Ley Federal de Prespuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de subsidios.

Por último, se propone que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas ejecuten los recursos asignados en el Presupuesto de manera efectiva, a fin de garantizar la continuidad de las becas contra el abandono escolar.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del Artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- …:

I.- a VII.- …

VIII.-  Aplicarán un Programa Nacional de Becas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes de comunidades marginadas o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.

El Programa Nacional de Becas incluirá apoyos contra el abandono escolar, para los estudiantes que cursen la educación básica, media superior y superior, en instituciones públicas, otorgándoles ayuda económica en materia de hospedaje, transporte, alimentación, uniformes y útiles escolares, entre otros;

IX.- a XVII.-

....

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo no mayor a seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Educación Pública publicará los lineamientos generales del Programa Nacional de Becas, en el que se establecerán los mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que las acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas.

TERCERO.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y subsecuentes, se incluirán las partidas necesarias para garantizar la solvencia y permanencia de las becas contra el abandono escolar.

CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las Entidades Federativas garantizarán que las partidas presupuestarias para becas contra el abandono escolar se canalicen efectivamente, evitando que se destinen a otros usos, sin perjuicio de que existan fuentes alternativas de ingresos para lograr la permanencia de las becas, en observancia a las Reglas de Operación que se emitan para el Programa en cada ejercicio fiscal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 ACUERDO número 30/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de
2014http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377740&fecha=30/12/2014





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo es parte de la vida diaria de todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos.
Organización Internacional del Trabajo.

Bajo esta atinada y básica premisa, las normas protectoras del trabajo cobran importancia relevante, al constituir un elemento capaz de coadyuvar al objetivo fundamental de desarrollo de las personas a través del trabajo, pues se pretende que dichas normas logren condiciones que permitan un trabajo con libertad, en condiciones de seguridad y dignidad.

La protección al trabajo abarca diversas cuestiones que resultan en su conjunto indispensables para lograr sus objetivos, entre ellas, se localiza la seguridad social, el salario y las condiciones de trabajo en base a derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores, producto del vínculo de la relación laboral.

Por lo que respecta a nuestro país, las normas que delinean el esquema de protección al trabajo se enmarcan principalmente en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley Federal del Trabajo y en los instrumentos internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ello, sin menoscabo de las disposiciones que complementan o reglamentan las disposiciones contenidos en los invocados ordenamientos, como lo es a manera de ejemplo, la Ley del Seguro Social.

Por lo que respecta al artículo 123 Constitucional, en éste se contienen los principios fundamentales de los derechos de los trabajadores mexicanos, obtenidos a lo largo de la historia, como consecuencia de diversos movimientos sociales.

Para el al caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, es de destacar el contenido de la fracción V del apartado A, que a la letra señala:

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Esto es, por lo que respecta al segundo de los supuestos, gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 posteriores a éste, debiendo percibir íntegro su salario y conservar su empleo.

No obstante, este supuesto suele no darse a cabalidad, cuando el parto sobreviene antes de las seis semanas previas previstas, pues por ejemplo, si sobreviene el parto con dos semanas de anticipación, la trabajadora sólo contaría con 4 semanas previas, disminuyéndose el plazo de descanso.

Lo anterior ocurre, sin considerar que este periodo de incapacidad forzoso, anterior y posterior al parto, constituye una prerrogativa que, entre otras, el Constituyente Permanente consagró con la finalidad de proteger la salud de las trabajadoras y la del producto de la concepción durante ese lapso de gravidez próximo al parto y con posterioridad a éste, sin menoscabo de sus percepciones producto de su trabajo, para lograr el objetivo que lo llevó a reformar tal disposición.

Luego entonces, a fin de armonizar la reforma del citado artículo constitucional con el sistema jurídico internacional, debe señalarse que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales, de donde se colige que coinciden en que, en caso de embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho a disfrutar de un descanso retribuido de por lo menos 12 semanas, por ser el tiempo razonable para salvaguardar la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del nuevo ser.

Así, debe señalarse que si el parto ocurre antes de la fecha fijada aproximadamente, con mayor razón debe salvaguardarse la salud de ambos (madre e hijo), pues se trata de un alumbramiento fuera de las características normales, que aconteció por cuestiones inherentes a la naturaleza biológica, pues se trata de un nacimiento prematuro, por ello, tanto la madre como el hijo requieren de mayores cuidados.

De ahí que cuando no pueda disfrutarse en su totalidad del periodo prenatal de 6 semanas por haberse adelantado el parto, entonces el resto de los días no disfrutados deberán ser transferidos al periodo de posparto, con la finalidad de salvaguardar la salud de la madre y del hijo, pues es posible que la fecha del parto sea imprecisa, por lo que es necesario atender a las necesidades biológicas de la madre y del infante, ya que con ello se beneficiarían los dos, en virtud de que tal situación permitiría una mayor integración entre ellos, además de que aquélla contará con un periodo mayor respecto de la incapacidad posparto, lo que contribuiría al mejor desarrollo físico, psicológico y emocional de ambos y, asimismo, se preservaría su salud, protegiendo así los derechos fundamentales de la madre trabajadora, consagrados tanto en la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales

Esto, cuando menos en concordancia con el compromiso internacional proveniente de la Conferencia General de la Organización del Trabajo (OIT), convocada en Ginebra y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo del 2000 en su octogésima reunión. Convenio que se conoce como Convenio sobre la Protección de la Maternidad que entró en vigor en febrero de 2002.

Por dichas razones y compromisos internacionales, debe decirse que el periodo de licencia por maternidad debe ser completo, independientemente de que la fecha de parto ocurra de manera prematura, más que como una incapacidad, como un derecho de protección a la salud de la mujer y de su hijo.

Esto, en concordancia además con el principio de interés superior de la niñez.

Por ello, que resulte indispensable modificar y actualizar con el contexto de los compromisos internacionales, el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Adicionalmente, cabe destacar que el referido artículo 170, contiene un error en su fracción III, al invocar la fracción anterior, cuando en realidad debe invocar la fracción II, en virtud de existir una fracción II BIS, situación que en este acto también se sugiere corregir.

Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOMEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones II y III del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. (.…)

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

Cuando no pueda disfrutarse en su totalidad del periodo prenatal de 6 semanas por haberse adelantado el parto, el resto de los días no disfrutados deberán ser transferidos al periodo de posparto;

II Bis. (….)

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción II se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;

IV. a la VII. (….)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 23 de abril del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece claramente que la explotación sexual está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, y que afecta en el desarrollo del niño a nivel físico, social y emocional; las consecuencias de esta severa violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes pueden durar de por vida e incluso ser mortales, ya que van desde la amenaza de embarazo precoz –y por lo tanto un aumento en la mortalidad materna- a las lesiones, retraso en el desarrollo, discapacidades físicas y enfermedades de transmisión sexual.

La explotación sexual se define como cualquier tipo de actividad en que una persona utiliza el cuerpo de otros -sean adultos, niños o adolescentes- para sacar un provecho de carácter sexual y/o económico, basándose en una relación de poder, considerándose explotador tanto aquel que intermedia y ofrece la posibilidad de la relación con la víctima.

La UNICEF refiere que aproximadamente dos millones de niños son utilizados en la industria del sexo anualmente. Más de 1 millón de imágenes de entre 10.000 y 20.000 niños víctimas de abuso sexual circulan por Internet. Pocos de ellos han sido identificados. La mayoría permanecen en el anonimato, abandonados y probablemente siguen siendo víctimas de abusos.

El Dr. Juan Ramírez Marín, señala en el estudio “Prostitución infantil. Fenómeno de una sociedad indiferente”, que no existen mecanismos confiables para determinar la cantidad de niños explotados mundialmente en la industria del sexo comercial, por varias razones, entre ellas, que no se ha desarrollado una metodología común que permita estimar el número de niños explotados, y las definiciones de lo que se considera explotación no son universales. Refiere además, que en los casos de pornografía infantil, el niño puede no darse cuenta de que es víctima de explotación, y el delito puede no denunciarse; y que otras formas de explotación pueden no ser denunciadas por miedo o vergüenza.

Lo anterior refiere que el número de niños explotados sexualmente puede estar subestimado, no obstante lo anterior, en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó en un comunicado, que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el país podría haber de 16 mil a 20 mil niñas, niños y adolescentes que son sometidas a esclavitud sexual, aunque otras fuentes señalan que esa cantidad podría llegar a 70 mil.

Pese a que las estadísticas no son exactas, se puede afirmar que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito que va en aumento. De acuerdo con el documento “Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada transnacional”1 de la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, la producción y distribución de imágenes pornográficas criminales abusando de niñas, niños y adolescentes podrían representar un negocio que deja ganancias millonarias cada año.

Si bien las tecnologías de la información y comunicación representan un gran avance para la humanidad, lo cierto es que el uso no supervisado de las mismas o sin las medidas de protección adecuada por parte de niñas, niños o adolescentes los puede colocar en situaciones de riesgo para ser víctima de algún delito cibernético que utilice dichas tecnologías como instrumento, como medio comisivo, como fin o como objeto.

La poco o nula información que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que representan para su integridad física y psicológica algunas conductas que se dan a través de las tecnologías de la información y comunicación , como el sexting, son factores que inciden en el aumento de la pornografía infantil y el abuso sexual.

Cabe señalar que uno de los puntos débiles en la lucha contra la pornografía por Internet u otras plataformas de comunicación es que todavía la conducta no está tipificada, lo que también ha venido a favorecer el que el primer encuentro entre los pedófilos y pederastas con sus víctimas se dé a través del Internet.

La pederastia es un fenómeno que se ha multiplicado con Internet. En 2009, la Organización de las Naciones Unidas estimó que unos 750.000 pedófilos en el mundo están conectados permanentemente a la red, de igual forma señaló que existen al menos 4 millones de sitios web con contenidos pornográficos que exponen a las niñas, niños y adolescentes.

Es importante mencionar que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el universo de niñas, niños y adolescentes que hace uso del Internet equivale al 35.3% de los usuarios de la red; de este universo el 11.7% corresponde a niños de entre 6 y 11 años y el restante 23.6% a menores de 12 a 17 años.

Después de la búsqueda de información, destaca que dentro de las principales actividades realizadas en Internet reportadas en 2013 se encuentra el uso de la red como medio de comunicación (42.1%), de entretenimiento (36.2%), de apoyo a la educación (35.1%) y de acceso a las redes sociales (34.5%).

De lo anterior se puede concluir que las niñas, niños y adolescentes utilizan la red como medio para socializar y que entre los peligros que acarrea el socializar en Internet se encuentra compartir demasiada información, publicar fotos o videos que los haga susceptibles de ser víctimas de algún delito.

Bajo este contexto la Comisión Europea, una de las principales instituciones de la Unión Europea, estima que cada día, innumerables niños de todo el mundo son abusados y explotados sexualmente siendo distribuidas las imágenes y vídeos de estos abusos. En 2005, se estimaba que cada año se agregan 50.000 nuevas imágenes y que más del 70% de las imágenes reportadas son de niños menores de 10 años de edad.

La tecnología hace que estas imágenes no desaparezcan de la red, viajando por todo el mundo y siendo de libre acceso para cualquier persona donde los niños son re-victimizados una y otra vez, por lo que la Unión Europea, los Estados Unidos y 54 países de todo el mundo, incluyendo a México, se han reunido en una Alianza Global contra el Abuso Sexual de Niños en Internet, la cual se concretó el 5 de diciembre de 2012.

La Alianza busca identificar y proteger a las víctimas de este delito, castigar a quienes lo cometan, generar una consciencia sobre el tema y lograr una reducción global de la cantidad de material de pornografía infantil disponible en línea, a través de una estrategia de cooperación. En México la institución encargada de dar seguimiento a la implementación de dicha iniciativa es la Procuraduría General de la República.

A la par de estas acciones que se realizan en el marco de la Alianza, es necesario que desde el Poder Legislativo fortalezcamos los marcos legales para combatir el abuso sexual y la pornografía infantil que se da haciendo uso de las tecnologías de la información.

Por ello, la presente iniciativa busca sancionar un tipo de abuso sexual virtual, conocido como grooming o cortejo. Este tipo de acoso se da cuando el sujeto activo establece un vínculo de confianza, a través de las tecnologías de la información y comunicación, con la niña, niño o adolescente mediante el cortejo o el engaño, con el fin de obtener concesiones de índole sexual, las que pueden ir desde la obtención de imágenes que comprometen al menor hasta el encuentro personal.

La UNICEF en el documento “Grooming. Guía práctica para adultos. Información para entender y prevenir el acoso a través de Internet” 2 refiere que el grooming o cortejo se da en tres fases:

a) Contacto y acercamiento: el acosador se vale de herramientas para mentir sobre su edad al entrar en contacto con el chico: mostrar fotos o videos modificados por programas web. En esta etapa se busca generar confianza y empatía.

b) Componente sexual: el acosador consigue que el chico le envíe alguna fotografía o video con componentes sexuales o eróticos.

c). Ciberacoso: si el menor no accede a sus pretensiones sexuales (más material, videos eróticos o encuentro personal), el ciberacosador lo amenaza para difundir la imagen que haya capturado con mayor carga sexual través de Internet (plataformas de intercambio de videos, redes sociales, foros y otros) o enviarla a los contactos personales del menor.

Por lo anterior se propone tipificar el que una persona mayor de edad haciendo uso de cualquier tecnología de la información busque y contacte a un menor de edad para concertar un encuentro con él a fin de cometer alguna conducta de carácter sexual.

Finalmente, es importante mencionar que esta iniciativa atiende lo señalado el 11 de marzo de 2015 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía, quien presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual en el que señala que las nuevas tecnologías de la información brindan secretismo, anonimidad y opacidad que facilitan que se cometan delitos de explotación sexual, por lo que recomendó a los Estados miembros que establezcan marcos legales que eviten los vacíos que protegen a los delincuentes y el desarrollo de mecanismos de detección y denuncia para identificar a las víctimas y los perpetradores.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TÍTULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

CAPITULO IX

De los Abusos y Agresiones Sexuales a Personas Menores de Dieciocho Años de Edad, o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo a través de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 209 Quater.- A quien mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, contacte a un menor de dieciocho años de edad o una persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o una persona que no tienen capacidad para resistirlo, con el objeto de concertar un encuentro y realice los actos materiales necesarios para obtenerlo, con el propósito de cometer contra el menor cualquiera de los delitos tipificados en el presente Título, se le impondrá la pena de ocho a doce años de prisión y de quinientos a 20 mil días multa.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

1 UNODC. Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada transnacional. p. 27. Documento recuperado de Internet el 07 de abril de 2015 de  http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/Globalization_of_Crime-ExSum-Spanish.pdf

2 UNICEF. Grooming. Guía práctica para adultos. Información para entender y prevenir el acoso a través de Internet. Documento consultado en Internet el 8 de abril de 2015 en http://www.unicef.org/argentina/spanish/guiagrooming_2014.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 70 TER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE   FEDERAL

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los valores cívicos y patrióticos de toda sociedad son, sin lugar a dudas, pilares fundamentales de unidad nacional. El recuerdo de nuestra historia, de nuestras tradiciones, costumbres y la cultura que nos definen como mexicanos dirigen nuestro comportamiento en sociedad y es por medio de nuestros Símbolos Patrios como enaltecemos estas características cívicas.

La historia de México se encuentra nutrida de grandes sucesos, encabezados por emblemáticos personajes, que han trazado el rumbo de este país, llevándolo a ser como lo conocemos hoy en día. Es importante subrayar que hay acontecimientos, que si bien tuvieron desarrollo en el ámbito regional, por su momento histórico, tuvieron una enorme relevancia a nivel nacional, a grado tal de sentar los cimientos y pilares de nuestras instituciones.

La presente iniciativa encuentra su justificación en un acontecimiento que se desarrolló en uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana, la  cual, como recordamos, fue una guerra civil que terminó con un régimen poco o nada democrático que subsistió por más de treinta años, durante los cuales se desarrollaron diversos eventos que terminaron forjando el México contemporáneo. Me refiero a la batalla de la Toma de Zacatecas, ocurrida el 23 de junio de 1914 y considerada por muchos, el  acometimiento más táctico y significativo de la Revolución Mexicana.

Para la historia del México contemporáneo es uno de los hechos de mayor trascendencia; no se trata de una batalla más, sino de una serie de consecuencias que transformaron la vida misma de nuestro país.

La trascendencia de esta batalla radica en que el resultado de la misma precipitó la caída del gobierno usurpador de Victoriano Huerta tan solo 22 días después de ocurrida esta gesta, en virtud de que el triunfo de los revolucionarios sobre los federales minó en gran proporción la capacidad bélica de éstos, rompiendo con su columna vertebral y dejando el camino prácticamente libre para que aquellos avanzaran hacia la Ciudad de México y que de esta manera se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana.

En suma, la Toma de Zacatecas cambió de manera significativa el rumbo de nuestra historia, dando lugar a la Convención de Aguascalientes en ese mismo año y más adelante, al Congreso Constituyente de 1917 que terminaría por redactar la Constitución Política que actualmente nos rige; esa Constitución que sentaría las bases de las instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

Han pasado ya cien años de aquella gesta heroica, y el Estado Mexicano no se ha quedado al margen de su celebración, dada su relevancia. Verbigracia, hace poco menos de un año, el Banco de México emitió una moneda conmemorativa de este hecho. asociando esta fecha con uno de nuestros Símbolos Patrios: nuestra Bandera Nacional.

Toda nación llega a ser más completa e internamente más homogénea cuando su comunidad conoce y comparte su historia, por eso, creo firmemente que el simbolismo del 23 de junio de 1914 debe ser recordado cívicamente por todos los mexicanos, asociándolo con uno de nuestros Símbolos Patrios, nuestra Bandera Nacional.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales regula las características, difusión y uso de estos tres elementos, los cuales, en conjunto, conforman nuestros Símbolos Patrios. Nuestros Símbolos, al ser un distintivo de la unidad nacional, deben usarse bajo ciertas reglas y bajo ciertos procedimientos específicos establecidos en dicho ordenamiento, siempre teniendo el más alto respeto hacia ellos.

En lo que respecta a la propuesta introducida en esta iniciativa, el artículo 15 de la Ley establece que “en las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos […]”.

Y en relación con esta disposición, en el artículo 18, fracción a), se establecen una serie de fechas significativas por su trascendencia histórica, de carácter festivo, en orden cronológico, en las que se deberá izar la bandera a toda asta.

Con base en lo anterior, propongo adicionar, en la Ley referida, el hecho de que la Bandera Nacional se ice a toda asta el día 23 de junio de cada año, para rememorar la Batalla de la Toma de Zacatecas, la cual, como ya se expuso, representó un hecho de gran significado y trascendencia en el curso de la Revolución Mexicana y de la historia de nuestra Nación.

El propósito de esta iniciativa radica en contribuir a la cultura nacional, al dar a conocer a los ciudadanos mexicanos, quienes verán la bandera nacional izada en lo más alto del asta en señal festiva, que el 23 de junio se celebra un año más del aniversario de una de las batallas más decisivas no sólo de la Revolución Mexicana, sino también de la historia de nuestro país, por ser uno de los primeros pasos para la redacción de nuestra Constitución vigente.

Finalmente, subrayo la gran importancia de enaltecer los valores cívicos y la cultura de nuestra sociedad. Ya sea mediante el constante recuerdo de los acontecimientos relevantes en nuestra historia; el enaltecimiento de nuestros símbolos patrios, asociándolos con dichos eventos; y el tener presente en la memoria colectiva nacional el gran sacrificio de nuestros héroes nacionales en la construcción de México, es como se ponen en práctica estas acciones. En esta ocasión, la propuesta que presento tiene el objetivo de recordar un hecho de la mayor relevancia: la Toma de Zacatecas, izando la Bandera Nacional a toda asta, con lo que se indica a todos los ciudadanos que el 23 de junio es fecha de júbilo nacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18, INCISO A), DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo al artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyéndose la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente, recorriéndose las demás fechas posteriores a dicha fecha para quedar como sigue:

Artículo 18.- En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

23 de junio:

Aniversario de la Toma de Zacatecas, por las Fuerzas Revolucionarias, en 1914.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., el 23 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 41 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Presentada por las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

BLANCA ALCALÁ RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO Y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 41 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país tiene una vasta tradición jurídica en materia de protección de bienes culturales. Desde la era del México independiente, se emitieron las primeras disposiciones que procuraban que las denominadas antigüedades se conservaran en el territorio nacional. Había una identificación y preocupación de parte de las autoridades de ese periodo de la patria y, más tarde, durante la época de la reforma, que se vinculaba con ese pasado majestuoso al que hacían referencia las grandes crónicas de frailes y militares, testigos de la conquista de las antiguas civilizaciones que habitaron el ahora territorio nacional a manos de la Corona de Castilla.

Hay dos momentos definitivos en la integración del patrimonio nacional conformado por los bienes que hoy, bajo la figura jurídica de monumentos y zonas de monumentos, constituyen el legado cultural de la Nación. El primero lo constituye la promulgación de las leyes de reforma que, entre otros asuntos, implicó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, decretada por el entonces Presidente de la República Benito Juárez en el año de 1859. Esta declaratoria generó el ingreso a dominio de la Nación de todos los bienes que el clero secular y regular administraba bajo diversos títulos (artículo primero) y que incluyó, también, libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas (artículo 12). Cabe destacar que los inmuebles quedaron bajo dominio de la Nación y los bienes muebles fueron destinados a museos, liceos, bibliotecas y establecimientos públicos conforme lo estableció el reglamento para el cumplimiento de las Leyes de Reforma, expedido en julio de ese mismo año.

El segundo momento de conformación de este vasto legado cultural bajo dominio de la Nación, lo constituye la emisión de la Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos que, promulgada por Porfirio Díaz en 1894, estableció en su artículo 14, fracción IV, la propiedad de la Nación de los terrenos en que se encuentren ruinas monumentales, en referencia a los sitios con vestigios arquitectónicos de las culturas originarias previo al establecimiento de la hispánica. Más tarde, en el año de 1902, estas disposiciones serían complementadas con el decreto que establece la clasificación de los bienes inmuebles de la Federación, conforme al cual los edificios o ruinas arqueológicos o históricos serían declarados bienes de dominio público o de uso común dependientes de la Federación (fracción XIV del artículo 4°).

A partir de la etapa posrevolucionaria, las disposiciones normativas se fueron concretando en instrumentos cada vez más especializados. Las circulares y decretos dieron paso a leyes especiales en la materia. Destacan la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales del 6 de abril de 1914, decretada por Victoriano Huerta; El Reglamento de la Inspección General y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1916; la Ley de protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, de enero de 1931 y La Ley de Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, de enero de 1934.1

Sin duda, la producción normativa relativamente prolífica en menos de 20 años en materia de bienes arqueológicos e históricos, fue resultado de perspectivas jurídicas diferenciadas, producto de las dificultades reales que enfrentaba la preservación del patrimonio cultural. Por una parte, una legislación referida principalmente a los vestigios de pueblos originarios que habitaron el territorio nacional combinada con una inestabilidad política en diferentes momentos y regiones desde que se decretó la nacionalización de los bienes eclesiásticos durante la guerra de reforma, la guerra civil iniciada en 1910 y la denominada guerra cristera a finales de la década de los años treinta, circunstancias que dejaban de lado la conservación del legado cultural. Además, el debate generado con la promulgación, en febrero de 1932, de una Ley local que establecía el dominio de los monumentos arqueológicos bajo la jurisdicción del Estado de Oaxaca, misma que fue objeto de una controversia promovida por la Federación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor de la competencia Federal para la regulación de dichos vestigios.

Con independencia de su contenido y capacidad para resolver con eficacia los retos de preservar el patrimonio cultural, las normas publicadas tuvieron como denominador común el interés por tener regulada una materia identificada de interés público, bajo un criterio de orden nacional y que aplicara a diferentes tipos de vestigios culturales dispersos por todo el territorio nacional, unos preponderantemente arqueológicos y otros históricos.

Todavía hubo de promulgarse una ley más antes de llegar a la ley vigente en la materia. Se trata de la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970. Dicha ley contenía una serie de preceptos novedosos para la protección, conservación, registro y sanción respecto de los bienes culturales, sin embargo, otros fueron puestos en duda por algunos sectores de la sociedad, en especial la posibilidad de comercializar bienes arqueológicos que no cubrieran el perfil cultural descrito en la ley o, bien, aplicar la figura de utilidad pública a bienes de propiedad particular por el sólo hecho de incrementar los acervos públicos, aspectos que fueron impugnados por organizaciones sociales, académicos e, incluso, instituciones públicas.

Además, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 3 de enero de 1966, estableció la facultad al Congreso para legislar específicamente sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, no para algo que la ley había denominado como patrimonio cultural de  la Nación, concepto anticonstitucional desde la perspectiva conceptual de aquella reforma.

La Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que abrogó a la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, es actualmente la ley vigente. Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica involucró al titular del Ejecutivo en el procedimiento de las declaratorias de   zonas de monumentos como la única autoridad facultada para emitirlas. Además, las zonas de monumentos quedarían sujetas a la jurisdicción Federal en lo que se   refiere a la salvaguarda de los inmuebles que las integran, con independencia de los aspectos sobre desarrollo urbano o asentamientos humanos, materias de competencia estatal.

Cabe señalar que la figura jurídica de zonas típicas y lugares de belleza natural, probablemente el antecedente de la figura de zona de monumentos, aparece por vez primera en un proyecto de ley de 1914, denominado Ley sobre conservación de monumentos históricos y artísticos y bellezas naturales, mismo que no fue publicado2, pero revela la preocupación previa que diferentes investigadores de aquella época le conferían al conjunto de bienes inmuebles que guardan una relación entre sí, ya sea desde la perspectiva arquitectónica, histórica o, incluso, asociados al paisaje.

Esta figura fue ajustada en la legislación posterior, pero únicamente definida en la Ley Federal del Patrimonio Cultural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970, en la cual se calificaron como zonas típicas o lugares pintorescos, aquellas ciudades, villas, pueblos o partes de ellos que por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad en su trazo urbano y edificaciones, reflejen claramente épocas pasadas, costumbres y tradiciones (artículo 69). Con respecto a los lugares de belleza natural se designaron aquellos sitios o regiones que por sus características constituyen, por sí mismos, conjuntos estéticos o plásticos de atracción para el público (artículo 79).

La ley vigente representó un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y conservación efectiva del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías individuales, sin embargo, con el paso de los años, ha sido necesario hacer una reflexión sobre diversos aspectos que han estado presentes en la discusión sobre los asuntos que ponen en perspectiva el futuro de las zonas de monumentos, entre ellos, las diferentes actividades que implica la sustentabilidad de las zonas desde la perspectiva de la conservación, la investigación, los usos posibles y aprovechamientos, así como los riesgos y contingencias a que están sujetos por la acción del hombre, el desarrollo urbano o las inclemencias del medio ambiente.

La declaración y constitución de una zona de monumentos requiere de la declaratoria del Ejecutivo Federal según lo establece la ley. La misma las sujeta a los poderes federales, pero únicamente para los efectos jurídicos especiales sobre los inmuebles, ya que las materias de desarrollo urbano y de asentamientos humanos están conferidas a las entidades federativas.

Sin embargo, en el caso de las zonas arqueológicas, los decretos de constitución de las mismas, adscriben los bienes al dominio Federal como una unidad, toda vez que la naturaleza jurídica de lo arqueológico, propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, propicia su adscripción exclusiva al orden Federal de gobierno. De ahí que la presente iniciativa esté dirigida esencialmente al establecimiento de programas de manejo y operación para las zonas de monumentos arqueológicos, por ser un ámbito de competencia Federal y propone la participación de los institutos competentes cuando así lo soliciten las entidades federativas en lo referente a la formulación de planes equivalentes para las zonas de monumentos históricos y artísticos declarados.

Para la declaratoria de una zona de monumentos es necesaria la integración del expediente, labor a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El expediente hace una identificación y caracterización de cada uno de los bienes que se integrarán a la zona con base en el criterio común que los identifica. Asimismo, define de manera especial el perímetro de la zona de monumentos, a fin de determinar la delimitación territorial en donde la autoridad Federal será competente para los efectos de que las obras que se realicen dentro de la zona, cuenten con la autorización correspondiente, desde la colocación de un anuncio, hasta la intervención en los propios inmuebles.

México tiene alrededor de 200 mil vestigios arqueológicos, que van desde restos de flora y fauna asociados a campamentos de cazadores o a actividades agrícolas de la época de alrededor del año 25 mil antes de cristo, hasta edificaciones como la del Sol y la Luna en Teotihuacán de antes del año 800 de nuestra era.

Se han declarado oficialmente 47 zonas arqueológicas, no obstante que existen 187 abiertas al público. Esta circunstancia obedece a diferentes factores, relacionados fundamentalmente con la tenencia de la tierra, ya que las zonas generalmente se ubican en predios propiedad comunal, ejidales o particulares o, en casi todos los casos, una combinación de tipos de propiedad.

Con independencia de ello, las zonas de monumentos arqueológicos son objeto de innumerables asuntos que tienen que ver con las presiones del desarrollo urbano, la invasión de predios, los flujos turísticos, la solicitud de usos y aprovechamientos y los riesgos de las contingencias ambientales, climatológicas y telúricas, entre otros.

Cabe destacar que la declaratoria de zona de monumentos no supone la conclusión de los trabajos de exploración o investigación y la puesta en valor al público. Todo lo contrario, implica la formalización de un proyecto de investigación a largo plazo en todos sus aspectos, incluida la difusión de los avances que se van dando sobre la misma.

Es por ello que esta iniciativa considera indispensable la realización sistemática y general, para todas las zonas de monumentos declaradas, de un plan de manejo y operación específico para cada una de ellas, que atienda los aspectos relativos a la investigación y difusión científica, la preservación de los bienes arqueológicos, la protección jurídica de la zona, así como la prevención y protección respecto de los riesgos y contingencias por la acción de hombre o de la naturaleza.

Este es el caso de las zonas arqueológicas de Monte Albán, Mitla, Tulum, Teotihuacán, Chichen Itzá y Tajín, entre muchas, cuyos problemas cotidianos tienen que ver con la visita pública, la tenencia de la tierra y el crecimiento urbano, la festividades asociadas a ellas, los cambios climatológicos y los desarrollos de negocios que, muchas veces, llevan al límite la dignidad de los propios monumentos.

Con base en los fundamentos y motivos expuestos, se somete a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 bis y 41 bis de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 41 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 39 bis y el artículo 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como siguen:

Artículo 39 bis.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitirá los Planes de manejo y operación de las zonas de monumentos arqueológicos  abiertas a la visita pública y bajo su custodia, los que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Éstos contemplarán, cuando menos, los rubros de Preservación general de bienes; Investigación; Protección técnica y legal;   Difusión y vinculación social; Protección civil y contra riesgos climatológicos y otros fenómenos naturales; Medidas de protección de la zonificación de su polígono y el conjunto de disposiciones y lineamientos para su uso y visita  pública.

Artículo 41 bis.- Los institutos competentes colaborarán con las autoridades de las entidades federativas y municipales en la elaboración de los Planes de manejo y operación en las zonas de monumentos artísticos e históricos.

TRASITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Los planes de manejo y operación de las zonas de monumentos arqueológicos abiertas a la visita pública, deberán emitirse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

México, D.F., el 23 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.

1 Cottom, Bolfy, 2008, Nación, patrimonio cultural y legislación; los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos, Siglo XX, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, LX Legislatura, página 181 y siguientes.

2 Cottom, Bolfy, Idem, página 193.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el estatus presupuestario y jurídico de las obras compensatorias y de modernización en el Puerto de Manzanillo, Colima. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La que suscribe, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, numeral 1, fracción IX, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS PRESUPUESTARIO Y JURIDICO DE LAS OBRAS COMPENSATORIAS Y DE MODERNIZACIÓN EN EL PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, mencionan que el Puerto de Manzanillo, Colima, es uno de los cuatro puertos estratégicos de carga–Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas-, ya que estos movilizan el 96 % de la carga contenerizada, el 65 % del granel agrícola, el 40 %del granel mineral y el 38 % de la carga general suelta.

Particularmente, el Puerto de Manzanillo se ha posicionando como la principal entrada de contenedores, con una participación nacional del 60 % en el Pacifico Mexicano y en un 46 % en el resto del país, esto es consecuencia del fortalecimiento de las relaciones comerciales de México con Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas.

La principal línea de negocio del Puerto de Manzanillo es la carga contenerizada con el70.6 %, le sigue carga de granel mineral con el20.3 % y el restante 9.1 % corresponde a la carga general suelta, agrícola y de vehículos en la cual ésta última es mínima con una participación del 0.2 %. A pesar de su importancia, desde el año 2004 no ha registrado y movilizado fluidos no petroleros, situación que debe ser atendida a la brevedad.

Para movilizar las líneas de negocio que se efectúan en el Puerto de Manzanillo se cuenta hasta el momento con 14 empresas operadoras que tienen y poseen instalaciones con una capacidad de almacenamiento de 60 mil toneladas y con un rendimiento de carga a buque de 2 mil toneladas por hora.

Por lo tanto, es considerado como el puerto líder en carga contenerizada ante el Sistema Portuario Nacional, siendo el segundo puerto con mayor movimiento de tonelaje de carga en el país.

Debido a su importancia el Puerto de Manzanillo tiene altas expectativas de crecimiento sostenible y sustentable para ser un puerto especializado, por ello es fundamental modernizar sus muelles y almacenes multipropósitos para tener almacenes especializados de carga, además de infraestructura que eleve y fortalezca su competitividad y conectividad.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar de la manera más cordial y respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que remita a esta soberanía un informe del avance físico y financiero de las obras compensatorias y de modernización del Puerto de Manzanillo, Colima, mismas que se encuentran aprobadas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Manzanillo, correspondiente al período de 2012 a 2017.

El exhorto formulado a las autoridades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, busca y pretende obtener información del avance físico y financiero de las obras de compensación y modernización del Puerto de Manzanillo, esta propuesta legislativa tiene su fundamento en el artículo 6°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho humano de acceso a la información pública en posesión de cualquiera de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, entre otros, además de que este derecho debe ser interpretado bajo el principio de máxima publicidad.

Asimismo, este exhorto también tiene como fundamento lo señalado en el artículo 13° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se establece que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información, al mismo tiempo tutela el derecho humano que posee toda persona para solicitar acceso a información que está bajo el control del Estado.

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta de manera cordial y respetuosa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que remita a esta soberanía, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, un informe del avance físico y financiero de las obras compensatorias y de modernización del Puerto de Manzanillo, Colima, derivado del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Manzanillo, para el período de 2012 a 2017. 

Dado en el salón de sesiones, Cámara de Senadores, el 23 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.






Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que explique las razones por las que los programas sociales que dirige han tenido fines distintos para los cuales fueron creados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA, ANTE EL PLENO DE ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA, DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), ROSARIO ROBLES BERLANGA, PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE DIRIGE HAN TENIDO FINES DISTINTOS PARA LOS CUALES FUERON CREADOS; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el presente año, diversos medios de comunicación han evidenciado el hecho de que diversos programas de asistencia social han tenido un uso distinto al objetivo previsto para esos recursos federales.

El estado de Tamaulipas es un ejemplo claro y comprobado de las formas incorrectas en las que se utilizan los recursos de SEDESOL, destinados a los sectores más lastimados de la sociedad. La indignación es total. No sólo se da a las personas que no necesitan esos recursos sino que se llega al grado de que hasta las empresas han sido beneficiadas.

Las siguientes notas periodísticas son muestra clara de ello:

El 31 de marzo de 2015, el diario de “la Tarde” en Tamaulipas,  publicó una nota titulada ‘Oculta’ su pobreza con auto de reciente modelo y buena casa [1] . “En su carro, un Fusion 2008, una mujer acudió a las instalaciones del Centro de Apoyo a Beneficiarios del Programa PAL. La joven subió a su vehículo seis tapas de huevos, un paquete de varias bolsas de harina, un paquete de frascos de café y de atún. Al igual que muchas personas, no muestra su pobreza, ni la necesidad de recibir ayuda del gobierno.

El vehículo modelo 2008 cuenta con rines deportivos de aluminio valuados en     alrededor de tres mil pesos cada uno. […] Vive en una zona de la ciudad que se   cataloga como sector de clase media, pero la casa de esta familia deja en claro que no son de escasos recursos. La vivienda se encuentra diseñada de tal forma que los espacios estén estructurados y alineados para que no tenga ningún desperfecto. La bienvenida al hogar es una puerta evaluada entre los cinco mil pesos. El piso y las paredes de la cochera de la casa están construidas con azulejos para darle una vista de calidad de la vivienda”.

También existe un video, tomado por un ciudadano, en el que se observa [2]como empleados de SEDESOL en una camioneta blanca de la Secretaría con logotipos del programa “Sin hambre” SEDESOL y PAL entregaron al negocio “Siempre Natural” cajas de Diconsa, el local tiene ubicación en el Libramiento Monterrey número 4000, local 1ª en el centro comercial “Mi tienda el ahorro”[…]”

El 14 de abril presentaron el video “Ni son pobres ni viven en zonas marginadas”. “La Tarde detectó a una familia que llegó en su camioneta color Fiusha a la Tienda Diconsa. Los integrantes de esta familia aprovecharon, los mil 300 pesos que reciben en su Tarjeta PAL Sin Hambre, para comprar los diferentes productos de la canasta básica que se venden en este centro.

En el traslado de mercancías se observó que adquirieron tres tapas de huevos y dos costales llenos de productos que fueron subidos al vehículo. Al retirarse de la tienda acudieron a su domicilio, el cual se encuentra por la calle Emiliano Zapata de la zona Centro de la ciudad. No sólo viven en el centro de Reynosa, su vivienda, se encuentra además en proceso de ampliación.

La construcción de una segunda planta se encuentra muy avanzada.
El inmueble se encuentra bien protegido con su barda de block y portón de fierro.
Así como una puerta de madera vistosa que da la bienvenida a los que llegan a casa.

Esta es una de las familias que se encuentran incorporadas al programa federal, que tiene como objetivo combatir la pobreza extrema que hay en todo el país.

Bimestralmente, a través de la Tarjeta Sin Hambre, se entregan a los beneficiarios mil 300 pesos para ser cambiados por mercancía.”

Finalmentese presentó un video que además de polémico, causa seria indignación “Dos mujeres compran todo lo que pueden con su tarjeta PAL sin hambre y lo que no encuentran se van a buscarlo a Soriana zona dorada […] Las damas, por el tipo de calzado que usaban y el jetta que manejaban, dejaron en claro que NO SON POBRES. Los tenis que portaban marca nike se venden en tiendas deportivas alrededor de los 2 mil pesos y el jetta en que se desplazan tiene un valor en el mercado de aproximadamente 60 mil pesos sin regularizar, ya legalizado aumenta su valor en 30%. Al salir del centro de apoyo a beneficiarios Reynosa, las mujeres se fueron a comprar más artículos al centro comercial Soriana […] Después de 20 minutos, las dos, salieron con 3 carritos de mandado que subieron a su vehículo, para después trasladarse a sus domicilios.

Derivado de lo anteriormente fundado y bajo el contexto que vivimos por la caída de los ingresos petroleros y en el contexto de un recorte al gasto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se solicita la comparecencia, ante el Pleno de este Senado de la República, de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga, para que explique las razones por las que los programas sociales que dirige han tenido fines distintos para los cuales fueron creados.

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores, EL 23 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.

1 Esta nota puede consultarse en la siguiente
dirección: http://www.latarde.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=23048:oculta-su-pobreza-con-auto-de-reciente-modelo-y-buena-casa&catid=44:reynosa&Itemid=114

2 Esta nota puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.elmanana.com/videos/local/primerosvideosdedia/denuncianenredessocialesaprogramasinhambre-2849378.html






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la roya naranja. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTAR EL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA PLAGA DEL HONGO DE LA ROYA NARANJA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año de 2013, participé en diversos puntos de acuerdo solicitando la intervención del Ejecutivo Federal y sus dependencias para atender la plaga conocida como Roya Naranja (Hemileia vastatrix) que afecta a los productores de café.

El 30 de enero 2013, presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo solicitando la intervención del Ejecutivo Federal y sus dependencias para atender la plaga señalada que en ese momento afectaba a los productores de café en Chiapas. En las consideraciones del punto de acuerdo señalado, se advierte, que de no atenderse la infección, ésta podría propagarse a los estados vecinos, de ahí derivaba la importancia de atender y detener el problema en Chiapas en ese momento.

Por su parte, el pasado 14 de febrero de ese año, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, presentó una proposición con punto de acuerdo propio, sobre la misma temática, al cual me adherí. En él insta a las autoridades competentes, para atender de forma prioritaria este problema a través de diversas acciones.

No obstante, a pesar de los señalamientos que como senadores hicimos de la situación en esas ocasiones, y a las constantes demandas de la población afectada, no se implementó la atención de forma adecuada.

Por este motivo, el 25 de febrero del mismo año, cuando la plaga se había extendido a los estados de Veracruz y Puebla y se encontraban en riesgo Oaxaca y Tabasco el presenté otro punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al menos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, afectados por la plaga del hongo de la Roya Naranja, así como a convenir la creación de los fondos de contingencia necesarios para afrontar inmediatamente la emergencia fitosanitaria derivada de la Plaga de la Roya.

El 29 de mayo del año en referencia, se presentó otro punto de acuerdo, advirtiendo que esta plaga se había convertido en un problema regional a nivel nacional e internacional (en la región centroamericana) y que debía atenderse de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la cual es signatario.

Por este motivo se le solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en los estados afectados y en peligro. Asimismo, se le solicitaba a la Secretaría facilitar los insumos para instar a los productores a corregir este problema en definitiva a través de la siembra de nuevas variedades de café resistentes al hongo de la Roya Naranja.

Mediante dichos instrumentos que instaron a las autoridades competentes para atender de forma prioritaria este problema a través de diversas acciones, se hacía especial énfasis, en que de no atenderse la infección, ésta podría propagarse y pasar de ser un problema regional a un problema nacional, cuando se afectara gravemente a todos los productores de café. Las autoridades, por diversas vías, contestaron que el problema estaba atendido.

Sin embargo hoy, a dos años de distancia de la advertencia, la plaga se ha extendido. Actualmente, son víctimas de la plaga, por lo menos, los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Pero Chiapas es la entidad que vive la situación más preocupante porque allí se concentra el 80% de los terrenos afectados. Además, este Estado es el principal productor de café del país, con cerca del 40% del total”, explica Gabriel Barreda, coordinador ejecutivo de AMECAFE, la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. Dados los resultados, es evidente que no se ha implementado la atención de forma adecuada. En México 15 estados son productores de café, y por lo menos tres concentran 77 por ciento del total de la producción, que se encuentran afectados por la plaga de la Roya Naranja.

La problemática puede derivar en conflictos sociales, dado que el café es una de las fuentes de empleo más importantes en los estados antes mencionados; esta rama de producción proporciona empleos a más de 120 mil familias chiapanecas. Cabe destacar que esta plaga afecta a más del 70% de las cerca de 250 mil hectáreas sembradas de café.

El café se encuentra en una crisis de producción. La Roya Naranja está provocando fenómenos migratorios de la zona norte de Chiapas hacia estados del norte de México. Los productores de café reportan una disminución del 80 por ciento en la producción.

Un estimado de 2,5 millones de personas se ganan la vida de la producción del café, especialmente en las zonas económicamente subdesarrolladas. Por lo mismo, resulta fundamental brindar apoyo inmediato a las zonas afectadas.

En Chiapas, se cultiva café en 4 mil 620 localidades de 88 municipios, en 175 mil 787 predios, atendidos por 170 mil productores, genera un millón y medio de jornales al año, propicia el arraigo de los productores y aporta 500 millones de dólares a la economía estatal.

Dado que las medidas que se han implementado no han resultado eficientes ni eficaces, es indispensable que el Gobierno de la Republica declare al fenómeno en cuestión como “emergencia fitosanitaria” tal como se solicitó desde un primer momento. Adicionalmente, atendiendo las consecuencias que la plaga ha generado en la rama de producción, es necesario implementar un programa de atención que contribuya al rescate de la cafeticultura nacional.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al menos en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya Naranja.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar el operativo ylas medidas de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en los cafetales de Chiapas.

TERCERO.-Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos de coordinación y colaboración regional con los Estados afectados, así como a los gobiernos de estos Estados, para la creación de los fondos de contingencia necesarios para afrontar inmediatamente la emergencia fitosanitaria derivada de la Plaga de la Roya.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos de coordinación y colaboración regional con los países Centroamericanos afectados por la plaga de la Roya Naranja.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la Roya Naranja que afecta la producción de café en la región Sur-Sureste de México.

SEXTO.- Se exhorta respetuosamente a que las dependencias señaladas informen a las Cámaras del Congreso de la Unión, acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos.

SÉPTIMO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Chiapas a implementar las medidas necesarias y facilitar la operación de los programas emergentes, para la atención del problema de la Roya Naranja.

OCTAVO.-Se solicita al Pleno de este H. Senado de la República a que considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 23 de abril del 2015.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a remitir un informe con relación a las denuncias hechas por la ciudadana Freda Berenice Cárdenas de la Fuente, agente del Grupo Beta. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.








Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya, a fin de incrementar la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Panamericana de la Salud advierte que el chikungunya es una enfermedad infecciosa tropical causada por el virus de la familia de los arbovirus, que causan el dengue, la fiebre amarilla y algunos tipos de encefalitis.  Su periodo de incubación es en promedio de tres a siete días; las formas graves son poco frecuentes y los síntomas suelen remitir en siete a diez días.

Se transmite a través de los mosquitos pertenecientes a las especies aedes, particularmente Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados.

El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden desarrollar dolores e inflamación en las articulaciones de manera crónica.

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc). No existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus.

El origen de esta palabra viene de la lengua africana makonde, que quiere decir “doblarse por el dolor”. Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952.

La Organización Panamericana de la Salud [*]advierte que con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, disminuyen las posibilidades de que se transmita el virus de chikungunya y el dengue.

Al igual que el dengue, este virus requiere de una respuesta integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente. Todas esas medidas pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito, tomando en cuenta las siguientes acciones:

• Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior como macetas, botellas, envases que puedan acumular agua, entre otros, para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. 

• Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito. 

• Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados. 

• Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. 

• Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del mosquito con las personas. 

En México, la Secretaría de Salud ha informado que el mosquito transmisor de la fiebre de chikungunya se procrea en ambientes calurosos, se alimenta cuando el sol sale y se oculta y suele picar las extremidades del cuerpo, brazos y piernas debido a que vuela bajo.

Según la dependencia, las manifestaciones del chikungunya aparecen entre cuatro y ocho días después de la picadura de un mosquito infectado. El síntoma más común es fiebre mayor de 39 grados centígrados, dolor articular, de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Las autoridades de salud federal y en los estados han exhortado a la población a que una vez que cualquier persona manifieste este tipo de molestias debe acudir a su unidad de salud para ser atendido y, en su caso, para la aplicación de la prueba confirmatoria a través de una prueba de sangre.

A principios del mes de abril del año en curso, la Secretaría de Salud informó que se tienen registrados 523 casos de chikungunya en el país.

Al respecto, informó que en Guerreroexisten271 casos, en Chiapas 130, en Oaxaca 121 y en Colima 1.

En estas entidades se concentran los casos que han afectado a todos los grupos de edad desde menores de un año hasta mayores de 65 años, pero en mayor proporción al grupo de 35 a 39 años.

Las autoridades de salud del Estado de Guerrero han informado que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional de casos de chikungunya, con un registro de 271 casos, la mayoría en Acapulco. Adicionalmente, se cree que existen 2 mil 70 casos de personas con sospecha de estar contagiados con chikungunya.

En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud agilice los recursos para incrementar la lucha contra el vector, lo que beneficiará principalmente al puerto de Acapulco, donde las campañas de fumigación han bajado de manera drástica, lo que ha provocado que las enfermedades transmitidas por el mosco se multipliquen de manera alarmante entre la población.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado ha reforzado la fumigación en las regiones de la Costa Grande y la Costa Chica, pues esas zonas son donde puede proliferar el mosquito transmisor de la enfermedad.

Sin embargo, habitantes de las 35 colonias identificadas como focos de producción del mosquito en Acapulco, y cuyas viviendas han sido fumigadas en otros años, tienen temor de abrir sus casas por la inseguridad imperante en la zona.

Es por ello, que se requiere intensificar las campañas informativas para evitar que las enfermedades transmitidas por el mosco se multipliquen de manera alarmante en las regiones de Costa Grande y la Costa Chica en el Estado de Guerrero. Pero al mismo tiempo, lograr que las personas que integran las brigadas de fumigación que operan en la zona, estén debidamente identificadas por las autoridades federales y estatales para evitar la desconfianza de algunos pobladores en estas regiones para dejarlos ingresar a sus domicilios.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya, a fin de incrementar la lucha contra el mosquito transmisor de estas enfermedades.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para intensificar las campañas informativas, a fin de evitar que las enfermedades transmitidas por el mosquito transmisor del virus del chikungunya se multipliquen en las regiones de Costa Grande y la Costa Chica en el Estado de Guerrero, y para que las personas que integran las brigadas de fumigación que operan en estas regiones, sobre todo en el puerto de Acapulco, estén debidamente identificadas por las autoridades correspondientes para evitar la desconfianza de algunos pobladores debido a la inseguridad imperante en la zona.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.

[*]  Consultar en: http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1343:chikungunya-un-nuevo-virus-en-la-region-de-las-americas-






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LUCIANO BORREGUÍN GONZÁLEZ Y ERNESTO CORDERO ARROYO, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ POR EL NAUFRAGIO DE UNA EMBARCACIÓN QUE PROVOCÓ LA MUERTE DE VEINTIÚN MIGRANTES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 8 de abril, un pequeño bote transportaba alrededor de cincuenta inmigrantes cuando dejó el área de Le Borgne en el norte de la República de Haití, pues se dirigía a la isla de Providenciales en las Turcas y Caicos pero se enfrentó al mal tiempo que provocó que el bote golpeara un arrecife y se hundiera mientras intentaba regresar a la costa; rescatistas acudieron de inmediato a la zona del siniestro y lograron salvar a doce personas, sin embargo veintiún migrantes perdieron la vida.

2. A causa de la pobreza que azota al país caribeño (más del 70 por ciento de los haitianos viven con menos de dos dólares al día), muchas personas buscan constantemente atravesar el mar de manera ilegal para llegar a las Islas Bahamas o Turcas y Caicos situada a 200 kilómetros al norte de Haití. 

El Gobierno de la Isla recomienda constantemente a sus ciudadanos dejar de “aventurarse” viajando hacia otras islas del Caribe, pues los vuelve vulnerables a este tipo de eventos. Las autoridades haitianas ya investigan al propietario de la embarcación.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción X, que la Política Exterior que conduce el Ejecutivo Federal debe tener como principio normativo el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de veintiún migrantes, al tiempo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que impulse la aplicación de programas de organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en la República de Haití.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Luciano Borreguín González.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a citar comparecer ante la Cámara de Senadores al titular del Consejo de Vigilancia Deportiva. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.








De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal enviar al Senado de la República el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, para su ratificación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA Y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ,  Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER  EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ENVÌE A ESTA SOBERANÌA EL CONVENIO 183 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD PARA SU RATIFICACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente en nuestro país la maternidad constituye un derecho esencial para las mujeres, por lo que dicho derecho debe ser respetado por el Estado Mexicano, garantizando el pleno ejercicio de este y de todos y cada uno de los derechos humanos no solo de las mujeres sino de la población en general.

A nivel Nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las mujeres trabajadoras tendrán derecho a:

La Licencia de maternidad, Artículo 123, apartado B fracción XI, inciso a) y c):

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

La Ley General de Salud establece en su Artículo 3º que en los términos de esa Ley, es materia de salubridad general la atención materno – infantil (fracción IV).

Así mismo manifiesta en su Artículo 27 el derecho a la protección de la salud y que la atención materno-infantil es considerada como un servicio básico que se debe prestar.

Finalmente dentro de la citada Ley podemos encontrar un capitulado completo para saber qué es lo que comprende la atención materno-infantil. [*]

Aunado a ello en la Ley Federal del Trabajo se estipula lo referente a la protección de la maternidad. [*]

En este orden de ideas a nivel internacional la protección a la maternidad se encuentra establecida en diversos ordenamientos jurídicos, por citar algunos:

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece:

Artículo 11

Numeral 1

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

Inciso f

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

Así como en su numeral 2:

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

Asimismo el Artículo 12 de la citada Convención enuncia en su numeral 2 lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México y que establece la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora:

En su parte II de Asistencia Médica enuncia:

Artículo 8

La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias.

Parte VIII. Prestaciones de Maternidad

Artículo 47

La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la defina la legislación nacional.

Artículo 49

1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deberán comprender la asistencia médica mencionada en los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica deberá comprender, por lo menos:

(a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y

(b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las prestaciones médicas de maternidad deberán estimular a las mujeres protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.

Artículo 51

Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos; las prestaciones mencionadas en el artículo 49 deberán también garantizarse a las cónyuges de los trabajadores de las categorías protegidas, cuando éstos hayan cumplido el período de calificación previsto.

• La Convención sobre los Derechos de los niños, instaura en su Artículo 18 numeral 3:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

Lo que implica que el Estado Mexicano deberá adoptar las medidas necesarias para que las mujeres desarrollen su embarazo en condiciones adecuadas y libres de cualquier tipo de discriminación.

En este contexto uno de los instrumentos internacionales pendientes de ratificar por nuestro país es el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  relativo a la protección de la maternidad.

Este Convenio internacional constituye un marco jurídico de protección a nivel internacional para todas las mujeres trabajadoras, ya que en él se establecen importantes derechos fundamentales pata la protección de la maternidad tales como:

La protección a la salud, licencia antes y después de la maternidad, prestaciones sociales, protección al empleo y a la no discriminación y el tiempo para el trabajo y la lactancia.

Por lo que si bien algunos derechos referente a la maternidad ya se encuentran establecidos en los diversos ordenamientos con los que contamos en México la ratificación de dicho Convenio fortalecerá nuestro marco jurídico en los aspectos relativos a las violaciones de los derechos laborales de las mujeres, a la no discriminación, a la igualdad y a decidir libremente sobre el número y esparcimiento de las y los hijos que deseen tener y que con ello se garantice el pleno ejercicio de su derecho a la maternidad.

En este tenor datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en el año 2010, del total de mujeres de 15 años y más, el 71.6% han tenido al menos un hijo nacido vivo.

En el 2011, del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 son por hemorragias posparto.

Además de que las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo sobreviviente y con una situación conyugal de no unión, 45.9% se encuentran en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2% presentan pobreza extrema.

Que la composición de la población económicamente activa de las mujeres con hijos indica que la mayoría (96.3%) participa en la producción de bienes y servicios (población ocupada), en tanto que 3.7% restante están desocupadas; las madres solteras (5.7%), las unidas consensualmente (4.9%) y las que se encuentran separadas de su cónyuge (4.4%) son las que presentan las mayores tasas de desocupación. [*]

Una gran proporción de mujeres con hijos que busca empleo renunció a su anterior trabajo (44.6%), más de una tercera parte (36.9%) lo perdió, 7.7% cerró un negocio y 7% no cuenta con experiencia laboral. Una de cada catorce mujeres (7.2%) con 1 a 2 hijos y que se encontraba disponible para trabajar al momento de la entrevista dejó de buscar trabajo porque pensó que no tenía oportunidad para ello, dicho porcentaje aumenta conforme el número de hijos es mayor y llega a 9% cuando tienen entre 3 a 5 hijos y a 13.7% cuando su paridez es de 6 hijos o más. [*]

Conforme a la unidad económica donde laboran, 35% de la población femenina ocupada y con hijos trabaja en el sector informal, 33.5% en empresas y 17.4% en instituciones; por tipo de ocupación, la mayoría son comerciantes (27.8%) o trabajadoras en servicios personales (24.6%).31 Las mujeres que no tienen hijos cuentan con un perfil ocupacional muy distinto, la mayoría trabaja en empresas (48.1%) y en instituciones (20.4%), sólo una de cada cinco (20.9%) labora en el sector informal; aunque las dos principales ocupaciones son las mismas en ambos grupos, su intensidad es menor en las mujeres que no tienen hijos, por lo hay una mayor proporción que laboran como oficinistas (17.7%) o profesionistas técnicos (14.3 por ciento). [*]

Dos de cada siete mujeres ocupadas y con hijos (28.8%) trabajan por cuenta propia; 3% trabaja como empleadora; 8.1% no reciben remuneración por su trabajo y la mayoría (seis de cada diez) son trabajadoras subordinadas y remuneradas; de éstas, 81.4% no cuenta con acceso a guardería;32 18.7% trabaja más de 48 horas a la semana; 45% gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7%) y labora sin tener un contrato escrito (44.9 por ciento). [*]

Concluyendo que la ratificación del citado Convenio promoverá cada vez más la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, la salud, la seguridad de la madre y de la niña o niño con el objeto de  garantizar la protección de la maternidad en la legislación mexicana en beneficio de todas y cada una de ellas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a consideración de las y los Senadores de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta H. Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad, para su ratificación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.

[*]CAPITULO V
Atención Materno-Infantil
ARTÍCULO 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:
I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;
II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la
vacunación oportuna y su salud visual;
III. La promoción de la integración y del bienestar familiar.
IV. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento, y
V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas.
ARTÍCULO 62. En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.
ARTÍCULO 63. La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.
ARTÍCULO 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil, y
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años.
ARTÍCULO 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, apoyarán y fomentarán:
I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil;
II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes;
III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas, y
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta.
ARTÍCULO 66. En materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias establecer las Normas Oficiales Mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.
La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.
[*]  Ley Federal del Trabajo
TITULO QUINTO 
Trabajo de las Mujeres 
Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. 
Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad. 
Artículo 166.- Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.
Artículo 167.- Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto. 
Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición anterior. 
Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 
Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley. 
Artículo 169.- (Se deroga). 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 
II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban; 
III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto; 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;
V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y 
VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 
Artículo 171.- Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 
Artículo 172.- En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.
[*] Estadísticas a Propósito del Día de la Madre. Datos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 10 de mayo del 2013.
[*] Estadísticas a Propósito del Día de la Madre. Datos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 10 de mayo del 2013.
[*] Estadísticas a Propósito del Día de la Madre. Datos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 10 de mayo del 2013.
[*] Estadísticas a Propósito del Día de la Madre. Datos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 10 de mayo del 2013.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar y fortalecer la producción y comercialización de los cultivos y productos subutilizados en México; asimismo, establecer una campaña de difusión para que el consumidor final conozca de sus beneficios. Se turnaa la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE Y FORTALEZCA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS Y PRODUCTOS SUBUTILIZADOS EN MÉXICO; ASÍ MISMO ESTABLEZCA UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA QUE EL CONSUMIDOR FINAL CONOZCA DE SUS BENEFICIOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los productos subutilizados son especies que tradicionalmente se usan para alimento, fibra, aceite y/o propiedades medicinales. En aquellos productos destinados para la alimentación tienen un alto potencial nutrimental, en algunos casos la producción tiene altos rendimientos o en su defecto requieren poca inversión en comparación con aquellos productos tradicionales o de alta demanda que requieren de infraestructura tecnificada para su producción. Además sus cualidades y propiedades normalmente son desconocidas por el consumidor, lo que hace poco atractivos dichos productos para su consumo.

Otro factor que determina su estatus de subutilizado es la baja o nula investigación para mejorar las técnicas de producción, comercialización y consumo para la población en general. Estos productos mantienen un grado significativamente pequeño en cuanto a su explotación, lo cual debe revertirse.

Solo seis  productos son los más comercializados; maíz, trigo, arroz, y la carne de bovino, porcino y pollo contabilizan aproximadamente más de la mitad del consumo de proteínas y calorías. El 95% de las necesidades de alimento del mundo son satisfechas por alrededor de 30 especies de plantas. En contraste, un estimado de 7,500 especies son consideradas comestibles en el mundo.

Las plantas o cultivos subutilizadas y abandonadas, pueden ser un factor determinante para asegurar y mantener la demanda en la alimentación en muchos casos. Además de su potencial alimenticio, muchos productos subutilizados también proveen servicios medio ambientales, ya que están adaptados a suelos en situaciones climáticas marginales.

Un cultivo subutilizado, mantiene tres criterios fundamentales:

1. Debe tener un valor alimenticio y energético.

2. Debe cumplir con el manejo de ser cultivado. La planta ha sido ampliamente utilizada en el pasado, o la planta es actualmente cultivada en un área geográfica determinada.

3. Actualmente es poco o menos cultivada que otras plantas con las que se puede comparar.

En el mismo sentido mantienen características propias como: a) representan una enorme riqueza en biodiversidad y tienen un gran potencial para contribuir a la mejora de ingresos, seguridad alimentaria y nutricional; b) están fuertemente ligados a la herencia cultural de sus lugares de origen; c) son principalmente cultivos locales y/o tradicionales adaptadas a ambientes específicos o especies silvestres; d) tiende a estar adaptado a nichos agro-ecológicos específicos y tierras marginales que están pobremente documentados; e) son reconocidas por tener usos tradicionales en áreas localizadas; f) son recolectadas de la naturaleza o cosechadas en sistemas de producción tradicional con poca o sin tecnología; g) reciben poca atención  para su investigación, agricultores, política, hombres de toma de decisiones, proveedores de tecnología y consumidores, y h) pueden ser altamente nutritivos y/o tienen propiedades medicinales u otros usos múltiples.

Se sabe que México es un país con alta diversidad biológica desplegada en el enorme mosaico de paisajes con características únicas asociadas a las diversas culturas y también de numerosas especies que han sido manejadas ancestralmente por el hombre. Se han registrado unos 140 frutos comestibles, muchos de los cuales posteriormente fueron llevados a otros continentes. En cada zona del país, sus grupos étnicos desarrollaron una serie de unidades de producción que representaron la verdadera diversificación productiva. La diversidad de frutos comestibles, especialmente de regiones tropicales, ha sido una de las aportaciones de México al mundo. Existen numerosos frutos en México que no han sido valorados por programas oficiales a pesar de su arraigo cultural e importancia regional y local que representan. Es tiempo de que los cultivos subutilizados, entre otros poco promovidos, adquieran relevancia atendiendo su estudio e impulso para mejorarlos y tecnificar su producción, puesto que algunos de ellos representan un gran potencial comercial no sólo para su consumo en fresco sino también en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y ornamental, entre otras, a nivel nacional e incluso a nivel internacional.

Algunos productos como la guanabana, chirimoya, saramuyo o “anona”, zapote negro, zapote mamey, chicozapote, amaranto, huauzontle,  entre otros. Todos ellos con una larga historia de domesticación y utilización por pueblos indígenas principalmente en zonas rurales, pero que actualmente su producción, rendimiento y superficie sembrada, aun es muy baja, si se considera su potencial económico en el mercado nacional e internacional.

Muchos de los frutales nativos pueden ser considerados productos nuevos incluso dentro de México, pues todos ellos son siempre muy poco conocidos fuera de su área de adaptación-distribución-producción local o regional. Incluso en el sector pecuario tenemos ejemplos como la canícula (conejos), o en la acuacultura son actividades poco explotadas y comercializadas.

Por otra parte, el 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto es, carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o más derechos sociales. Las estadísticas del CONEVAL también muestran que en  el 40% de los municipios del país el porcentaje de la población en situación de pobreza es mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios pequeños, en localidades rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena. Asimismo, sobresale que en tan sólo 190 municipios del país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema.

Si se considera que nuestro país tiene grandes áreas o territorios que cuentan con la vocación para fomentar el cultivo o reproducción de especies cultivables o del sector pecuario, especialmente en aquellas zonas marginadas o en comunidades de pobreza extrema, como en poblaciones indígenas o de comunidades rurales tradicionales para garantizar y asegurar la alimentación para la población mediante técnicas diversas a las tradicionales. Al mismo tiempo, a pesar del importante papel de las comunidades rurales para la conservación de la biodiversidad, innumerables factores se han constituido en riesgos para ésta, como la migración rural, la baja oferta laboral, entre otras, que mina a las culturas locales.

Me parece oportuno fomentar este tipo de productos para que en principio se tenga una seguridad en la alimentación, en segundo se fomenten las actividades económicas del sector rural para lograr concretar el mandato constitucional del derecho a la alimentación consagrado en el artículo 4º y 27 de la Carta Magna. Claro que, a partir de los técnicas nuevas, innovadoras y generadoras de diversidad delos cultivos subutilizados. No obstante, hace falta incursionar en nuevos  estudios para hacer políticas de fomento sobre los productos subutilizados.

La gastronomía está jugando un papel importante en la promoción de la cultura local, nacional e internacional. El registro de especies y cultivos nativos y los mecanismos para proteger las expresiones artesanales y los propios conocimientos indígenas, muchas veces asociados a estos cultivos y especies subutilizados, pueden tener un papel catalizador de procesos para impulsar el consumo de estos productos. De ahí el papel de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal y de los Gobiernos Locales para impulsar su consumo como elemento complementario.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de sus atribuciones impulse y fortalezca la producción y comercialización de los cultivos y productos subutilizados en México; así mismo establezca una campaña de difusión para que el consumidor final conozca  sus beneficios.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria, para que impulse la investigación mediante criterios de identificación de los cultivos y productos subutilizados con la finalidad de conocer sus ventajas económicas dentro del país.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Turismo, para que en coordinación con sus homologas (os) estatales fomenten la gastronomía de productos subutilizados con la finalidad dar a conocer sus propiedades nutricionales a los turistas nacionales y extranjeros.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte a elaborar un informe respecto al seguimiento del programa “Ponte al 100”. Se turnaa la Comisión de Juventud y Deporte.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A ELABORAR UN INFORME RESPECTO AL SEGUIMINETO DEL PROGRAMA “PONTE AL 100” QUE LLEVÓ A CABO UN PROCESO PILOTO EN EL ESTADO DE MÉXICO, SU SITUACIÓN, SU PROYECTO Y SU PROPUESTA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2016 Y REMITIRLO A ESTA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LOS AVANCES EN MATERIA DE COMBATE A LA OBESIDAD, atendiendo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El pasado 16 de abril se designó a Alfredo Castillo Cervantes como nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Esta decisión abre nuestra expectativa para conocer los objetivos fundamentales y las políticas públicas de esta Comisión.

2.- Como todos los legisladores reconocen los índices de obesidad en nuestro país desbordaron cualquier escenario de riesgo. Este fenómeno ya fue reconocido por las autoridades del gobierno como catastrófico y, de hecho, han ejecutado diversas, aunque incompletas, acciones, con el fin de contrarrestar esta irregular tendencia. Una de ellas  es el conocido programa “Ponte al 100”, que define como objetivos “transformar el hábito de realizar ejercicio en los mexicanos, con evaluación inmediata y la posibilidad de monitorear, vía Internet, el estado de bienestar físico, pero más importante, que reeducará a la población para que sea responsable de su salud. Este se fundamenta en el índice y método de medición de la “Capacidad Funcional”, el cual refiere a la capacidad de las personas para realizar una vida independiente en términos saludables, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y es uno de los mejores parámetros que permite medir el estado de salud de un individuo”.

Ponte al 100,  se anunciaba como un programa nuclear de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y hasta hace poco se anunció que carecerá de suficientes recursos presupuestales para operar en el 2015, por lo que, se dijo, por segundo año consecutivo, no podrá echarse a andar.

Una de las últimas informaciones públicas describieron que el programa Ponte al 100, tenía como meta atender a tres millones de mexicanos, sin embargo, apenas se alcanzó un universo de alrededor de 800 mil personas. Esa es la información pública.

Este programa tiene como finalidad combatir los alarmantes índices de sobrepeso y obesidad de la población mexicana. La metodología consiste en mediar la capacidad funcional de las personas, con base en la que se hacen sugerencias de alimentación y ejercicios para ayudarlas a perder grasa y ponerse en forma.

Esta fase piloto operó gracias a que en 2013 la CONADE otorgó 96 millones de pesos al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte (Condeba). A pesar de que se prometió realizar el programa piloto entre octubre y diciembre de 2013 –así se anunció en el Primer Informe de Enrique Peña Nieto– la realidad es que fue ejecutado durante el primer semestre de 2014.

Para el presente año, el director de la Conade tenía programado, por fin, arrancar el programa Ponte al 100 que ha ofrecido como la panacea a los problemas de sobrepeso y obesidad en niños y adultos. Para ello, contempló gastar 197 millones de pesos, de los cuales 105 millones de pesos se utilizarían para comprar los equipos de medición con los que los institutos del deporte de los estados llevarían a cabo el programa a través de la Fundación Movimiento es Salud, A.C.

Este programa era esperanzador pues tenía como primer elemento que los participantes podían tener acceso en línea a los resultados, de la misma manera que las autoridades, directivos de las empresas y maestros. Obtendrían así resultados de la evaluación, orientación nutricional recomendada y ejercicios recomendados.

3.- Nuestro interés estriba en la ejecución gubernamental de una estructura regular para analizar y atacar la obesidad generalizada. Siendo “Ponte al 100” un programa que abrió un pilotaje, esta institución quiere conocer del seguimiento y la prospectiva del programa, su viabilidad, su dinámica y su perspectiva presupuestal desde el ejecutivo federal. Dado que se ha anunciado el presupuesto base cero como una estrategia de diseño presupuestal que se ejecutaría en paquetes de decisiones, es nuestro interés, dada la necesaria puesta en marcha de un programa institucional contra la obesidad, de conocer los nuevos objetivos de la CONADE respecto a sus acciones contra la obesidad en general y respecto al seguimiento del programa “Ponte al 100” en la República Mexicana.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración esta H. Cámara, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A ELABORAR UN INFORME RESPECTO AL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA “PONTE AL 100” QUE LLEVÓ A CABO UN PROCESO PILOTO EN EL ESTADO DE MÉXICO, SU SITUACIÓN, SU PROYECTO Y SU PROPUESTA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2016 Y REMITIRLO A ESTA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LOS AVANCES EN MATERIA DE COMBATE A LA OBESIDAD.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas y sus municipios a que se coordinen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para establecer políticas públicas y acciones con el fin de erradicar la esclavitud laboral infantil. Se turnaa la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,   LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ,  SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 16 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) convocó a todos los sectores sociales a sumar esfuerzos, conjuntar voluntades y cumplir el compromiso de velar de manera integral por los derechos de la infancia.

En México, se estima que 2.5 millones de niños realizan actualmente alguna actividad laboral, que si bien, son 500 mil menos de los registrados en 2012; muchos de ellos son presa de las peores formas de trabajo infantil tale como la ocupación forzosa en fábricas, la servidumbre por deudas, el tráfico de drogas y la trata sexual, entre otras.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 47 un mandato de atención concurrente en los tres órdenes de gobierno para prevenir, atender y sancionar los casos en que se vean afectados por el trabajo antes de la edad mínima de quince años y el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso.

La meta ha sido establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 10 años erradicar la esclavitud laboral infantil en nuestro país. En tal orden de ideas, es necesario un trabajo, conjunto transversal y concurrente para lograr efectividad para lograr esta meta.

Estimadas compañeras y compañeros Senadores, hoy contamos con una ley general que establece los derechos de niñas, niños y adolescentes, es tiempo de generar acciones que hagan efectivo su respeto, una política pública participativa en donde el interés superior del menor sea la guía principal. Es tiempo que los niños y niñas sean, eso niños y niñas y no una herramienta de trabajo que genere riqueza para su explotador.

Por lo anteriormente expuesto, y con el firme propósito de que estas acciones y el esfuerzo de todos los órdenes de gobierno permitan lograr un México sin esclavitud laboral infantil,  sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a las entidades federativas y sus municipios a que se coordinen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para establecer políticas públicas y acciones con el fin de erradicar la esclavitud laboral infantil.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances y el estatus de la página de internet que debió de elaborarse y desarrollarse para la publicación del informe anual de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático, de acuerdo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático. Se turnaa la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES Y EL ESTATUS DE LA PÁGINA DE INTERNET QUE DEBIÓ DE ELABORARSE Y DESARROLLARSE PARA LA PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

El 6 de junio del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, con la finalidad de establecer disposiciones para enfrentar los efectos adversos del fenómeno. Dicha Ley entró en vigor a los noventa días hábiles de su publicación, es decir, el 10 de octubre del mismo año.

Con la Ley General de Cambio Climático se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático, conformado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los gobiernos de las Entidades Federativas, un representante de cada una de las asociaciones nacionales, de autoridades municipales y representantes del Congreso de la Unión [*]. El Sistema, entre sus objetivos, se encarga de fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático.

Dos instituciones representativas que forman parte del Sistemas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

El INECC, –organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se encarga de coordinar y realizar estudios y  proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de cambio climático, colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el cambio climático, evaluar el cumplimiento de los objetivos de cambio climático establecidos en la Ley General de Cambio Climático, integrar, monitorear y actualizar el inventario nacional de emisiones, entre otras [*].-

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, - está encargada de promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de cambio climático, formular e instrumentar políticas nacionales de mitigación y adaptación al fenómeno, participar en la elaboración e instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático, proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, así como, de difundir sus trabajos y resultados y publicar un informe anual de actividades, entre otras [*]-. Las acciones que realizan estos organismos, así como los estudios en la materia, deben publicarse para que la sociedad pueda conocer y estar informada sobre el fenómeno y sus repercusiones en el país. Así, la Ley General de Cambio Climático a través del artículo 107 establece que:

La Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático. En dicha página de internet los particulares podrán revisar el inventario y el registro [*].

Hoy en día, se pueden encontrar en la red alguna de la información descrita en el artículo 107. Pero, no existe una página exclusivamente creada para dicho fin; los documentos se pueden encontrar en diferentes enlaces o sitios de la página del INECC o de otras instituciones. Por ejemplo, la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se encuentra en el sitio de “publicaciones” del INECC http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/685.pdf. Sin embargo, no tuvimos suerte para encontrar el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático o, los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático.

Como conclusión, la información se encuentra dispersa y difícil de encontrar y, finalmente, no se cumple con lo establecido en el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de Presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, para que informe a esta Soberanía a la brevedad, sobre el estatus de la página de internet que debió de elaborar y desarrollar la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para la publicación del informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático, en la cual los particulares puedan revisar el Inventario de emisiones y el Registro Nacional de Emisiones. Lo anterior con fundamento en el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en caso de no haberse creado la página de internet para la publicación del informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático, sea elaborada a la brevedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

[*] Artículo 40 de la Ley General de Cambio Climático.
[*] Extracto del artículo 15 Y 22 de la Ley General de Cambio Climático.
[*] Extracto del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático.
[*] Artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un censo nacional en el cual se informe la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México. Se turnaa la Comisión Para la Igualdad de Género.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En un diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo del campo en México, se podría concluir, en general, que dentro de los sectores productivos este es el más atrasado y sacrificado.

De acuerdo con especialistas, los problemas que enfrenta el campo en México son: poca productividad, afectaciones derivadas de los desastres naturales, sequía, migración de la población que se dedica a esta actividad económica, narcotráfico (desplazamiento del cultivo de maíz por mariguana y amapola), falta de programas sociales de gran impacto, corrupción en la entrega de los apoyos destinados a los campesinos, nula capacitación para los procesos productivos, litigio de tierras, inserción de productos transgénicos, entre otros.1

Es una realidad, que el sector rural es víctima de la mala situación económica del país, pero también sufre las consecuencias del cambio climático; lo anterior, afecta a millones de jornaleras y jornaleros, pues daña sus hortalizas, los deja sin trabajo, sin un ingreso económico, aunado, a que el Gobierno no responde a sus demandas y necesidades.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria que realizó Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2012, informó que el 83% de los productores de los 33 principales productos agropecuarios señalan la falta de apoyos como el principal problema que enfrentaban.2

Es importante señalar que la corrupción ha jugado un papel importante en agravar la situación, debido a que según datos de la Auditoria Superior de la Federación, indican que las dependencias federales del sector agrícola concentran el 56% de los desvíos de recursos que detectó el organismo, señalando a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como la que concentra mayor número de denuncias.3

Los problemas de los apoyos gubernamentales destinados al campo radican generalmente en que no cuentan con una evaluación que identifique sus éxitos y limitaciones, aunado a que los recursos destinados cada vez son más insuficientes.

Además, el problema se agudiza debido a que los programas comúnmente van encaminados a los jornaleros, dejando a un lado a millones de mujeres que trabajan en el campo, y que generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE,) informó que en 2014, el monto de población femenina del ámbito rural equivale a 22.8% de las mujeres del país.4

Sin embargo, es una realidad que poco se sabe sobre las jornaleras del campo, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿En qué condiciones laboran? ¿Cómo viven? Son cuestionamientos que parecen ajenos, pero casos actualmente suscitados como el de San Quintín en Baja California, muestran el abuso y violación a derechos laborales que afectan a las mujeres trabajadoras del campo.

El abuso sexual hacia las mujeres es una constante en los campos agrícolas de San Quintín. Además de eso, parte de la explotación tiene que ver con la designación de trabajos pesados durante el tiempo de gestación de las mujeres. No hay periodos de descanso ni antes, ni durante, ni después del día de parto,  pese a que la ley establece lo contrario.5

Un ejemplo más, es el de Francisca, una mujer indígena oriunda del municipio de Tlapa en Guerrero, contó al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que cada año viaja a Mazatlán, Sinaloa, y soporta abusos, hambre, sed y jornadas de trabajo de más de 15 horas porque en su comunidad simplemente no hay “nada mejor”.6

Asimismo, según el Instituto Nacional de las Mujeres, el 34.7% de las mujeres jornaleras han sido víctimas de humillaciones durante su jornada laboral y el 40% de las mujeres indígenas que son jornaleras agrícolas reciben un salario menor al de sus compañeros, sin que haya una justificación para ello.7

Es innegable el colapso del campo mexicano, mucho se ha prometido por una reforma del campo que de verdad atienda la crisis que vive ese sector, pero, por otro lado, es una realidad que no se ha hecho nada para cambiar las condiciones de explotación y violencia en las que laboran miles de mujeres jornaleras en los campos agrícolas del país.

En México ya existen infinidad de instituciones, programas e iniciativas de equidad de género, y es común encontrar lenguaje incluyente en los programas de apoyo y estadísticas de desarrollo según el género, sin embargo, hoy en día todas las acciones emprendidas también tienen que ir dirigidas al fomento de la inclusión femenina en el campo, cambiar la ideología de los habitantes del sector rural es un trabajo que se debe lograr gradualmente mediante la educación y desde una temprana edad.

Para enfrentar la condición de género, es necesario, conocer la situación en la que viven las mujeres y niñas jornaleras para poder implementar políticas públicas que beneficien su desarrollo integral en los campos de trabajo agrícola.

Para comenzar, será necesario exhortar a la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo nacional en el cual, se informe la situación de las jornaleras en México, es decir, ¿quiénes son? ¿En qué condiciones laboran? ¿Cómo viven? Entre otros cuestionamientos.

Asimismo, se propone exhortar a la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que informe sobre las medidas adoptadas, así como las acciones y políticas públicas que ha llevado a cabo a favor de las mujeres y niñas jornaleras del país.

Finalmente, se exhorta al Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con sus homólogas Estatales, fomenten y coordinen políticas públicas que garanticen a las trabajadoras del campo mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo nacional en el cual, se informe la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que informe sobre las medidas adoptadas, así como las acciones y políticas públicas que ha llevado a cabo en favor de las mujeres y niñas jornaleras del país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con sus homólogas Estatales, fomente y coordine Políticas Públicas que garanticen a las trabajadoras del campo mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 de abril