Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 26 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Junio de 2014

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

APERTURA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Señoras Legisladoras y señores Legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 11 de Junio de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
DIP. AGUSTÍN ALONSO RAYA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. MANUEL COTA JIMÉNEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
DIP. FRANCISCO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
SEN. OMAR FAYAD MENESES
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
DIP JOSÉ RODRÍGUEZ CALDERÓN, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Señor Presidente, hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de junio de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.





 

“ACTA DE LA SESIoN CELEBRADA EL MIeRCOLES
CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HeCTOR GUTIeRREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta minutos del miércoles cuatro de junio de dos mil catorce, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veintiocho de mayo de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos, correspondiente a 2014.Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2014.Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo históricos, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2014; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2014.Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron dieciocho oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad. La Mesa Directivarealizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; y Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI.

 

Se recibieron dieciocho oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. La Mesa Directivarealizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Intervinieron los legisladores: Senador Enrique Burgos García del PRI; Diputado Marcos Aguilar Vega del PAN; Diputado Víctor Manuel Manríquez González del PRD; Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM; y Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

 

Se recibieron diecisiete oficios de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción iii del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad. La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Intervinieron los legisladores: Diputado Fidel Pacheco Rodríguez del PRI; Diputado Juan Pablo Adame Alemán del PAN; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

Se recibió del congreso del estado de Colima, proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 33 del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de Comercio y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 del Código de Comercio y un último párrafo a la fracción II del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Querétaro, proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, su Primer Informe de Labores.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, el Informe de trabajo de la delegación senatorial permanente ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, en ocasión de la ceremonia de transferencia de bandera del propio Foro, realizada del 4 al 8 de mayo de 2014, en Ecuador.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió pronunciamiento sobre el Día de la Libertad de Expresión.

(Iniciativas)

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña, a nombre del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la fracción IX del artículo 15 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada María Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
mARCOS AGUILAR VEGA

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y del Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral. Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas, alusivas a la mariposa monarca y la preservación de su ruta migratoria en América del Norte, de conformidad con el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa conproyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 4 y el Capítulo Segundo Bis y los artículos 11 Bis y 11 Ter de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez y Omar Fayad Meneses, presentaron a nombre propio y de los Senadores María Lucero Saldaña Pérez, Raúl Morón Orozco, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Jorge Luis Lavalle Maury, Rabindranath Salazar Solorio, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar y se reforman disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciséis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al titular del gobierno del estado de Morelos un informe detallado de la estrategia de seguridad implementada en la entidad y los avances obtenidos hasta el momento.

2) Por el que se solicita a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales, en el caso de Distrito Federal, que revisen y, en su caso, apliquen los ordenamientos relativos a publicidad en espacios exteriores y garanticen que el contenido de la misma no denigre la imagen y la dignidad de las mujeres.

3) Por el que se solicita a las autoridades penitenciarias de la Federación y de las entidades federativas a revisar la normatividad y las políticas públicas para proteger y respetar los derechos humanos de los internos.

4) Por el que se solicita a los congresos locales de los estados a que, en caso de no haber legislado en términos  de la cultura cívica, legislen en la materia con el fin de proteger la seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos.

5) Por el que se solicita que, en el ámbito legislativo, ejecutivo y Judicial de los órdenes federales y de las entidades federativas, se analicen las Conclusiones Preliminares de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros  tratos crueles, inhumanos o degradantes.

6) Por el que se solicita al gobierno del estado de Yucatán atender las denuncias que se presenten sobre agresiones a representantes de organizaciones de la sociedad civil".

7) Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de la República informen de los acuerdos alcanzados con los representantes y los familiares, y las acciones que emprenderán para la resolución de los homicidios de Jary Jaakkola y Alberta Cariño; así como para garantizar la adecuada protección a familiares y testigos.

8) Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia de los estados, al Instituto para la Atención de Adultos Mayores en los estados y a la Comisión de Derechos Humanos a informar sobre las acciones implementadas para atender y erradicar la violencia que sufren las personas adultas mayores.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

9) Por el que se solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar e intensificar los programas que garanticen la seguridad pública en las carreteras y autopistas, al igual que en los principales aeropuertos del país.- Intervino el Diputado Ricardo Astudillo Suárez del PVEM.

10) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un análisis de los 20 programas que el Gobierno Federal implementará en el periodo de 2014 -2018, a fin de conocer si son congruentes con el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos.

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Tlaxcala un informe sobre el proyecto del “Puerto Interior de Tlaxcala”.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

12) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República un informe actualizado sobre las acciones emprendidas para la localización de personas desaparecidas en el territorio nacional.- Intervino la Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

13) Por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres para que -en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres-, analice el caso, para determinar, o no, la procedencia de emitir la declaratoria de alerta por violencia de género.

14) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

15) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a crear una comisión para la conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.

16) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas y el deslinde de responsabilidades correspondiente en contra de Juan Manuel Oliva Ramírez.

Los dieciséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea quince dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a la labor de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

2) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar las acciones necesarias para continuar y concluir el procedimiento de consulta tripartita que le permita enviar al Senado de la República el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo.

3) Por el que se solicita a las autoridades de salud implementen mecanismos y acciones eficientes para la atención integral antes, durante y después del parto, a fin de asegurar un embarazo saludable.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud otorgar un mayor número de plazas para residencias médicas y priorice a las zonas de alta marginación, para su rotación.

5) Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas y del Distrito Federal implementen un protocolo de atención que garantice la reparación integral para las víctimas de violencia escolar, mejor conocida como bullying.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD.

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud incremente la vigilancia sanitaria, en torno al comercio de cigarros por unidad.

7) Que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas a promover programas de educación y capacitación en materia de reanimación cardiopulmonar.

8) Por el que se solicita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social seguir impulsando las acciones necesarias para garantizar la apertura y operación plena del Hospital General Regional en Reynosa, Tamaulipas.

9) Por el que la Comisión Permanente expresa su más profunda preocupación ante la compleja situación de conflicto que atraviesa la República Árabe de Siria.

10) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal realizar las acciones necesarias para que el Estado mexicano se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como "Convenio de Lanzarote".

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover campañas de difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple.

12) Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a diversas autoridades, acompañar e implementar conjuntamente programas y políticas públicas que fortalezcan la protección integral de la niñez y garanticen la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

13) Por el que la Comisión Permanente acuerda entregar un reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus 60 años de destacado trabajo a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro país.

14) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud información sobre el Programa Comunidades Saludables.

15) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud de las entidades federativas intensificar las acciones tendientes a la prevención, atención, control y erradicación del virus del dengue a nivel nacional.

Los quince dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintiún dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las posibles acciones dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, desde la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Desarrollo Social.

2) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estatus que guardan los expedientes técnicos de los diversos proyectos de desarrollo regional incluidos en el Anexo 19.5 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

3) Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social información sobre la aplicación de montos que corresponden a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el ejercicio fiscal 2014.

4) Que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a presentar el documento final sobre la desvinculación del salario mínimo como referencia en la legislación vigente.- Intervino el Diputado Víctor Manuel Manríquez González del PRD.

5) Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos a robustecer la atención de la problemática del robo de combustible gasolina/diesel, que se registra por medio de tomas clandestinas en los gasoductos del territorio nacional.

6) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a tomar las medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río Cuautitlán.

7) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre el estado que guarda el título de concesión DOF 12/01/2011 otorgado a favor de FONATUR, para la administración portuaria integral en el recinto portuario de Zihuatanejo; así como en la Barra de Potosí en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero.

8) Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a observar con mayor rigor las disposiciones relativas al control, vigilancia o, en su caso, verificación, contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en las normas oficiales mexicanas, en materia de etiquetado de bebidas.

9) Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica información sobre la operación del tramo carretero Amacuzac-Iguala, en la determinación del peaje de la caseta de cobro número 3 de la autopista de cuota Puente de Ixtla-Iguala, y la falta de una vía alterna de interconexión entre ambos municipios.

10) Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, a informar sobre las acciones de planeación y prevención previstas para las localidades, municipios y estados que de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos presentan el mayor riesgo de afectaciones por lluvias.

11) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía información sobre las actividades que tenga previsto realizar o haya realizado para hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero”.

12) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía información respecto del estado en el que se encuentran las conversaciones con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, con motivo del establecimiento de cuotas compensatorias preliminares contra las importaciones de varilla de acero para hormigón armado que procedan de México.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD.

13) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la página de internet del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, los indicadores que permiten evaluar el objetivo de éste.

14) Por el que solicita a las dependencias del Gobierno Federal que participan en el Programa de Reconstrucción Plan Nuevo Guerrero información sobre el estado actual de la ejecución de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para año 2014 a la industria de la construcción local en el estado de Guerrero.

15) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar la posibilidad de exentar del pago de la tarifa de peaje, hasta en un 50%, a los usuarios de la caseta de cobro “Alpuyeca”, de la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo.

16) Que exhorta a la Secretaría de Turismo y a las correspondientes en las entidades federativas a que, una vez que diversas playas reciban el galardón "Blue Flag", realicen acciones de promoción turística a fin de potenciar su crecimiento.

17) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los posibles daños ambientales que pudiera ocasionar la técnica de fractura hidráulica horizontal o fracking.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

18) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a mantener la aplicación del descuento de 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol durante el periodo 2014, a efecto de seguir incentivando el turismo en Acapulco y el estado de Guerrero.

19) Por el que se solicita a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria informar sobre el estado que guarda el anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Turismo.

20) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la propagación de la diarrea epidémica porcina en nuestro país.

21) Por el que se solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado actual del Proyecto Integral Morelos.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC, quien solicitó la devolución del dictamen a la comisión, la cual fue aceptada.

Los veinte dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica la integración de comisiones de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación, en materia de educación inicial. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona el inciso VI del artículo 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se declara el 20 de julio “Día Nacional de los Volcanes”. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de salvaguarda a los sistemas normativos internos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Educación; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; General de Cultura Física y Deporte; de Asistencia Social; Federal de Radio y Televisión; Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral. Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Diputados Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Consuelo Argüelles Loya y María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no utilizar los apoyos de los programas de Gobierno Federal en beneficio de su partido. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado, Silvano Aureoles Conejo y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a darle seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a proteger el derecho de la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Procurador General de la República, al gobierno y al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora a dar cumplimiento a sus respectivas responsabilidades en torno al caso de la Guardería ABC S.C., a fin de dar la debida atención y reparación del daño a las víctimas. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a vigilar que se respeten los derechos fundamentales de locatarios, productores y artesanos, así como de los habitantes en relación a la demolición del mercado Juárez. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que informe, y a los gobiernos de los estados de la República a coadyuvar, sobre la integración del balance acerca de los objetivos, acciones y resultados obtenidos en el proceso de implementación de la reforma educativa en el ámbito del alumno en su ambiente escolar, particularmente en lo que toca a la gestión escolar y la atención de la violencia y acoso escolar bullying. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas María Esther Garza Moreno y Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a generar acciones de política pública para atender la salud mental de las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el debido ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de la legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, partidos políticos y candidatos del estado de Nayarit durante el proceso electoral local de 2014.Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y dictamen de las iniciativas de reforma legal secundaria en materia energética, se prevea y considere el establecimiento de un régimen especial de participación fiscal a los estados y municipios que son productores de petróleo. Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y las secretarías de salud de las entidades federativas y del Distrito Federal a dictar las medidas necesarias a efecto de que se lleven a cabo acciones para la formación, capacitación y actualización en materia de derechos humanos, protección a la salud y observancia de las normas oficiales mexicanas a los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montano y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a que en el siguiente período extraordinario de sesiones se designe a dos Consejeros de la Judicatura Federal. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Mexicano de Cinematografía a promover la producción de una cinta cinematográfica relativa a "La Toma de Zacatecas". Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales y estatales en materia de trabajo y salud, a tomar acciones para garantizar el respeto de los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas migrantes. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales a garantizar los cuidados necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social del estudiantado, brindando atención psicológica inmediata y gratuita tanto a las víctimas como a los agresores del llamado "bullying escolar". Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos locales a armonizar sus códigos civiles con los tratados internacionales en materia de derechos de los niños, en materia de matrimonio prematuro. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a acreditar el conocimiento y dominio de lengua indígena de quienes concursan por una plaza docente en educación preescolar y primaria indígena, así como de aquellos que actualmente imparten clases en comunidades indígenas. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Carlos de Jesús Alejandro, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a liberar 7 mil millones de pesos, recursos etiquetados al FONDEN por la Cámara de Diputados para la reconstrucción del Estado de Guerrero por los efectos los huracanes Manuel e Ingrid de 2013.Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a convocar a sesión solemne para conmemorar el centenario de La Toma de Zacatecas.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

De la Diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla, al Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública a dar a conocer a la sociedad y a la opinión pública, cuáles son las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Senador Héctor Larios Córdova, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el denominado "gasolinazo" que se aplica a principios de cada mes, dado que los precios de los combustibles en el mercado de referencia ya son menores a los precios que se instrumentan en nuestro país. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre los resultados en la operación del programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo para mejorar la burocracia en la creación de nuevos negocios. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a para llevar a cabo las políticas públicas necesarias a fin de prevenir, atender y disminuir el acoso escolar (bullying) dentro de las aulas de las escuelas del país. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a revisar la permanencia en su cargo del Secretario de Educación Pública, ante la falta de responsabilidad, sensibilidad y omisiones en las que incurrió en el ejercicio de sus funciones para atender la violencia escolar. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobernador de Michoacán a implementar un plan de apoyo para coadyuvar con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su proceso de descentralización de su infraestructura educativa. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero a esclarecer el asesinato del periodista Jorge Torres Palacios. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudir ante esta Soberanía, con la finalidad de informar y entregar los estudios y documentos que respalden la justificación, alcances, ubicación y efectos que tendrá la construcción de la estación del proyecto de Tren Rápido de Pasajeros, México-Querétaro, así como su impacto en la vida de los habitantes del municipio de Querétaro. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar campañas de información y prevención a la sociedad mexicana sobre la eventualidad de los sismos y la alerta sísmica en nuestro país. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a emprender una estrategia conjunta para combatir los casos de maltrato infantil en México. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a enviar un informe de las acciones que están instrumentando para prevenir el incremento de las violaciones sexuales en la entidad. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el primer aniversario de la apertura a firma del Tratado sobre el Comercio de Armas hecha por el Secretario General de la ONU. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes informe sobre la ejecución del cumplimiento del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en favor de la parte trabajadora, con motivo del concluido procedimiento de huelga imputado en contra de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a revisar y actualizar los protocolos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de prevenir accidentes y suicidios al interior de sus instalaciones. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y aplicar sus protocolos de investigación para el delito de feminicidio, así como exhortar al estado de Chihuahua a tipificar el delito de feminicidio en su legislación. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el estado que guarda la autorización correspondiente a la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo inmobiliario denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo a informar las acciones que se están instrumentando para evitar el cierre de negocios y pérdidas de empleos por las obras realizadas en la Avenida Presidente Masaryk. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar en qué consiste la estrategia coordinada en materia de seguridad pública en el gobierno del estado de México. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar el acceso a la jurisdicción del Estado en sus respectivas lenguas a personas, comunidades y pueblos indígenas, de conformidad con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya al estado de Colima en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, por lo que se refiere a la revisión del programa de empleo temporal y el programa empleo temporal inmediato, que manejó la Secretaría de Desarrollo Social con el gobierno del estado de Colima. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita cancelar el proyecto minero "Los Cardones" en el estado de Baja California Sur. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a fortalecer las acciones en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos, a fin de prevenir problemas de salud pública, impedir la contaminación visual, evitar la obstrucción de alcantarillas, rejillas y coladeras e impactos negativos en el ambiente. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a promocionar, impulsar y coordinar la realización de convenios con las diferentes dependencias y entidades de la administración pública, con la finalidad de que cualquier persona que padezca alguna enfermedad lisosomal pueda ser atendida en la unidad médica más cercana a su domicilio que cuente con los elementos necesarios para brindar el servicio, sin importar a qué institución esté afiliada. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Salud y de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado de Puebla a instalar a la brevedad, una mesa de diálogo con la representación del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, a fin de dar solución al conflicto laboral derivado de la supresión del Hospital para el Niño Poblano. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el objeto de explicar la asignación de más de 200,000 millones de pesos por endeudamiento público durante el primer trimestre del año. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revertir el fideicomiso Marina Ixtapa, terrenos y concesiones a favor de FONATUR, a efecto de tomar el control sobre el patrimonio, mejorar su administración y dinamizar el tránsito turístico de la zona. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes a establecer coordinación para fomentar políticas, planes y programas que fortalezcan la educación en materia ecológica y de cultura ambiental. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a tomar las medidas necesarias para evitar que en el desempeño de sus funciones, los elementos de los cuerpos de policía sean denigrados, ofendidos o atacados, y cuando lo sean, se aplique estrictamente la ley a sus agresores. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Economía informe sobre los elementos utilizados para determinar las seis clases sociales, contenidas en el "Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018". Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar una campaña nacional que promueva la protección, salud, bienestar y trato digno a las mascotas. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión a adoptar e implementar medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a intensificar los operativos de alcoholímetro para los conductores y el personal operativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones necesarias para que emita una opinión respecto a las posibles afectaciones que tiene para la salud infantil el consumo cotidiano de yogures, y si su publicidad corresponde a los beneficios que anuncian. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a proporcionar un informe de las causas que obligaron a cancelar las licencias de casas de apuestas de Juan José Rojas Cardona. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a investigar las diversas denuncias de los casos de pederastia efectuados en contra de niños por ministros de cultos religiosos, así como a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para que le otorgue la debida atención y acompañamiento a las víctimas de pederastia clerical. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a hacer uso de los medios de comunicación a su alcance para dar a conocer a los ciudadanos los diferentes tipos de espacios activos para el deporte que existen en nuestro país. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a someter a un proceso de consulta el Programa Especial para los Pueblos Indígenas 2014-2018.Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al director de PEMEX un informe sobre las consideraciones bajo las cuales se autorizan las constancias y/o permisos de servicio a estaciones gasolineras en las delegaciones del Distrito Federal. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar acciones para flexibilizar las reglas de operación del ramo 33 para que alcaldes municipales dispongan de recursos para la adquisición de insumos agrícolas. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputado Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a impulsar un homenaje a la escritora y periodista Elena Poniatowska, al haber sido galardonada con el Premio Cervantes 2013. Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Director de PEMEX haga del conocimiento público el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuántos procedimientos ha iniciado al respecto. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a privilegiar el uso y protección de los productos naturales por encima de los transgénicos. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público el gasto erogado para la construcción de los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Lorenia Valles Sampedro y Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Jalisco a realizar una pronta y expedita investigación para dar con los responsables de los delitos cometidos en contra de un joven ciclista. Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a poner en marcha un programa nacional para fomentar la instalación de pararrayos en lugares con alto índice de afluencia. Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Verónica Juárez Piña y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar una investigación y a pronunciarse respecto al caso de la Presa “El Zapotillo”. Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Antonio Carol Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar transferencias y adecuaciones presupuestarias de manera que se mejoren en el 2014 las condiciones salariales de los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a implementar políticas y mecanismos eficientes para combatir, prevenir y erradicar el hostigamiento escolar, mejor conocido como “bullying”. Se turnó a la Segunda Comisión.

(Excitativa)

El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa por la que exhorta a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores a informar el sentido de las diversas iniciativas y minutas que tienen por objeto elaborar un marco normativo nacional que proteja a las niñas, niños y adolescentes del llamado "bullying" o acoso escolar. Se remitió a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en materia de reforma política de la Ciudad de México, presentado el 20 de noviembre de 2013. Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del natalicio de Francisco Villa, ocurrido el 5 de junio de 1876. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al 7 de Junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, celebrado el 4 de junio. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse al proceso de sucesión a la jefatura del Estado Español. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a las declaraciones del gobernador de Nayarit. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al ambiente político-electoral que vive el estado de Nayarit. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a los aumentos al precio de la gasolina. Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación económica nacional. Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinticinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles once de junio, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite los informes de utilización de los tiempos oficiales y de los programas y campañas ejercidos el segundo bimestre del ejercicio del año 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha información a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Radio, Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Nuevo León, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: También del mismo Congreso del Estado de Nuevo León, se recibió un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: De la misma manera, del Congreso del Estado de Sonora se recibió un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XVIII DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el informe de actividades de la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2014, en Philipsburg, San Martín.







 

Y de la Senadora Angélica Araujo Lara, con la que remite informe de actividades durante la XXI Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano celebrado también los días 22 y 23 de mayo del año en curso, en la misma ciudad de Philipsburg, San Martín.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Recibimos en la Mesa Directiva la comunicación del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de hoy, 11 de junio de 2014.

México D.F., 9 de junio de 2014.

SENADOR 
RAÚL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.

Distinguido señor Presidente:

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento del Senado de la República, por este conducto, me permito informar a usted, mi reincorporación al ejercicio de actividades legislativas como Senador de la República, a partir del próximo miércoles 11 de junio del presente año, lo anterior derivado de la licencia que se me concedió el pasado 4 de marzo mediante oficio DGPL-2P2A.-1647 para separarme de mis funciones. Asimismo, solicito a usted notificar al pleno la presente comunicación.

Agradeciendo la atención que sirva a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

SENADOR

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y LOS INCISOS A), B), C), D) Y SE ADICIONA UN INCISO F) AL ARTICULO 43 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento el día de hoy una iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo primero de los incisos a), b), c) y d), y se adiciona un inciso f) al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Como ustedes saben, la convención que protege los derechos de los niñas, niños y adolescentes, tiene en sus apartados varios ejes.

Quiero destacar algunos de ellos, como es el de la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto a los puntos de vista del niño.

Por ende, todos los derechos que se definen en la convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de los niños y niñas.

Específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 17, estipula la función de los medios de comunicación y los menores.

Voy a dar lectura a este artículo, el artículo 17 dice: “Los estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y a material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y mental.

En México, las niñas, niños y adolescentes son un grupo que todavía no cuentan con una legislación suficiente en materia de políticas públicas.

El Estado mexicano, las diferentes áreas, especialmente el DIF, se encuentran en este momento elaborando el marco jurídico más completo dependiendo del artículo 4o. constitucional.

Según en un estudio de María Martí Coligón, titulado: “La salud en voz de los jóvenes”, nos menciona que los medios de comunicación que utilizan principalmente los niños, niñas y adolescentes, son la radio, la televisión, Internet y medios impresos, siendo la televisión abierta o privada el medio más usado deduciéndose que es un medio informativo y de esparcimiento.

Por eso, la sustentación de contenidos sobre el concepto de publicidad responsable tiene que ver, necesariamente, con medidas efectivas para la erradicación o prohibición de la difusión de aquellos mensajes que pueden confundir o informar incorrectamente a los niños, niñas y adolescentes.

Los medios de comunicación, al ser los medios de transferencia de contenido, tienen corresponsabilidad.

Por ello, el objetivo de la presente propuesta es garantizar que la información que obtienen nuestras niñas, niños y adolescentes de los medios masivos de comunicación, sean encaminadas a la formación de valores para el autocuidado responsable de ellos mismos, procurando educar e informar sobre los temas de interés que puedan llevar a estos objetivos.

Por eso he presentado el día de hoy el proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero, y los incisos a), b), c) y d), y se adiciona el inciso f) al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta es como sigue:

Sobre los medios de comunicación masiva

Capítulo Primero.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva e Internet, las autoridades federales, en coordinación con los estados y el Distrito Federal, y en el ámbito de sus competencias deberán verificar que estos:

a) Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación que disponen los artículos 3o. y 4o. constitucional, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte.

b) Eviten la emisión de información contraria al desarrollo integral de los menores y que sea perjudicial para su bienestar y contraria a los principios de paz, no discriminación, igualdad y de respeto a todas las personas.

c) Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos y les ayude a un sano desarrollo y a protegerse así mismo del peligro que puedan afectar de su vida o su salud, informando explícitamente sobre hábitos alimenticios adecuados, prevención de las adicciones, discriminación, violencia, igualdad y sexualidad responsable. Los concesionarios deberán coordinarse con las autoridades federales, autoridades estatales y del Distrito Federal para definir las campañas de información y contenidos de orientación que serán emitidos para niñas, niños y adolescentes.

Inciso d)

Yo pediría a la Presidencia tome puntual nota de la Iniciativa como ha sido presentada, que no tiene más que otro propósito que poder salvaguardar la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes a través de una información adecuada en la que los niños tienen acceso a la televisión, al Internet, a los medios impresos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre de legisladores del grupo parlamentario del PAN, para presentar proyecto de Decreto que crea la Ley de Transición Energética.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE TRANSICION ENERGETICA

(Presentada por el Diputado Luis Alberto Villareal García, a nombre de los Legisladores del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores)

El Diputado Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias, señor Presidente.

La presentación de la presente iniciativa de ley obedece al Decreto de la reforma energética y a los cambios constitucionales que mandatan legislar sobre la obligación de energías limpias y la disminución de contaminantes que tiene el sector de energía eléctrica.

Acción Nacional, desde hace más de dos décadas ha sido un firme impulsor del desarrollo de fuentes renovables de energía. Y con la Ley de Transición Energética que proponemos, buscamos dar un impulso sustancial al uso de fuentes renovables para la generación de electricidad, buscando beneficios macro y micro económicos, así como disminuir paralelamente la huella de carbono del sector eléctrico.

Las energías renovables están demostrando, en todo el mundo, que son  competitivas como las energías fósiles y que traen grandes beneficios como el cuidado de la salud de los ciudadanos, la mitigación al cambio climático y la   creación de una economía verde, capaz de generar empleos y riqueza en nuestro país.

México es uno de los sitios más privilegiados del mundo para la generación energética a partir de fuentes sustentables, por eso debemos de implementar nuestra capacidad para aprovechar el sol y el viento.

No debemos seguir postergando las oportunidades que la naturaleza nos brinda.

Acción Nacional, a partir de la legislación que aquí se expone, propone llegar al año 2024 con una creación de 35 por ciento de energías renovables en la matriz energética del país mediante una hoja de ruta que contiene metas intermedias, un esquema que es común en los países más avanzados en energías renovables.

Con ello aseguraremos que todos los participantes de la industria eléctrica hagan su tarea de disminuir las emisiones de carbono y de no contaminantes.

En Acción Nacional buscamos proponer también llevar la generación de energía eléctrica a las casas de los habitantes de este país mediante metas claras.

En efecto, el concepto de generación distribuida que está llevando bienestar a los habitantes de países como Alemania e Italia, o a otros que viven en los estados de la Unión Americana como California, Arizona y Nuevo México, también está incluida en esta propuesta de ley.

La energía eléctrica será menos costosa, e incluso, más barata cuando hagamos realidad la generación distribuida con paneles solares en las casas de cada mexicano.

No sólo estamos hablando de bajar costos, estamos hablando realmente de democratizar la generación de electricidad para que cada mexicano pueda producirla y comercializarla desde su propia casa.

La puesta del PAN es con cada mexicano, y por ellos estamos proponiendo una meta ambiciosa, pero posible.

México puede y debe tener eficiencia en la generación, en la comercialización y en el consumo de electricidad.

Compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que hoy presento a nombre de todos los Diputados y Senadores de mi partido, y quisiera aquí hacer una mención especial, en primer término, a la Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República, a la Senadora Silvia Garza Galván, y también por supuesto, a los Diputados Mariza Ortiz Mantilla, Secretaria de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados; y al Diputado Erick Martell, de energías renovables, porque hemos logrado presentar una iniciativa que tiene contenido y que le va a dar resultados a este país.

Con la aprobación de esta ley, México se estaría sumando al concierto de las naciones, que ya desde hace mucho tiempo han optado por las energías   renovables.

No podemos permitir que la obstrucción de los monopolios y la elevada dependencia del petróleo siga retrasando la transición energética. Es tiempo de que México se ponga al corriente, con el aprovechamiento de los recursos renovables y con lo que nos ha bendecido la naturaleza. Es tiempo de pensar en nuestros hijos y en las futuras generaciones.

Es cuanto, señor Presidente. Y le quiero solicitar que la presente iniciativa se envíe al Senado de la República para que en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia energética, esta iniciativa quede incluida en la dictaminación correspondiente.

Muchas gracias.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En atención a su solicitud, Diputado, se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Diputado Fernando Zárate Salgado, para presentar a nombre de la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado Fernando Zarate Salgado, a nombre de la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Trataré de ser sucinto, conciso y bastante rápido para presentar esta iniciativa y ojalá pudieran poner un poquito de atención.

El trabajo infantil es una forma de explotación y evaluación sistemática de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes requieren de igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo, alejado de prácticas que dañan su integridad física y mental.

Este proyecto que presento ante esta Soberanía es a nombre de la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD, que pretende modificar y reformar la Ley Federal del Trabajo para incrementar de 14 a 15 años la edad mínima para que las niñas y los niños se incorporen al trabajo.

Partimos de una realidad.

Actualmente por lo menos 3.6 millones de niñas y niños en México trabajan para contribuir a los gastos de su familia y en general para subsistir. Esto pone en evidencia que como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, la solución más segura para acabar con el trabajo infantil es crear empleos dignos para sus progenitores.

Seguimos esperando el crecimiento económico de nuestro país y específicamente que se generen las condiciones sociales, económicas, culturales y humanas para el desarrollo de los niños y de las niñas en el país.

Sin embargo, la dolorosa realidad es que millones de menores de edad tienen que trabajar para sobrevivir, sacrificando por este motivo sus derechos al juego, al estudio y hasta la vida, y muchos inclusive son forzados a realizar las peores formas de trabajo infantil.

El Tercer Informe Global de la Organización Internacional del Trabajo, titulado “Intensificar la Lucha contra el Trabajo Infantil”, menciona que en 2008 había 215 millones de niños y niñas trabajadores en el mundo, más de la mitad de ellos se encontraban expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como lo son el trabajo en ambientes peligrosos, la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

El incremento de la pobreza y la crisis financiera mundial ha generado un número cada vez mayor de niñas y niños, y en particular de niñas que se incorporan al trabajo infantil, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, para el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio pasado. Es por eso que partiendo que México es uno de los países que ha ratificado los convenios internacionales, específicamente el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, en su artículo 32 se reconoce al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso.

Es por ello que la realidad debe ser prohibitiva para que los menores de 15 años no presten sus servicios a un patrón, sino que dediquen su tiempo al juego, al estudio, al deporte y al esparcimiento.

Entendemos que la prohibición legal no es suficiente. Entendemos que deben de existir políticas públicas que acompañen a esta norma para que los niños no estén obligados a trabajar con menos de 15 años de edad.

Por ello, es trascendental que se reforme el marco jurídico nacional y específicamente que se homologue a los tratados internacionales ratificados por México que ya reconocen que la edad mínima para poder trabajar es de 15 años.

Destaca también en esta iniciativa la reforma del capítulo del trabajo doméstico en materia de la edad requerida para su desempeño. Miles de niñas y niños en nuestro país sufren con especial agudeza las injusticias que se generan en el servicio doméstico, poniéndose en riesgo su salud, su seguridad, su moralidad, en general, su desarrollo, en virtud de lo cual se debe prohibir y erradicar con todos los medios sociales, políticos y económicos a nuestro alcance el trabajo doméstico de niñas y niños.

Es por eso que se propone en esta iniciativa elevar a 18 años la prohibición de las labores insalubres o peligrosas y también elevamos en la misma proporción la edad para trabajar en el marco de las contingencias sanitarias.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, diputada VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA INCREMENTAR DE 14 A 15 AÑOS LA EDAD MINIMA PARA QUE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SE INCORPOREN AL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA

Es indispensable frenar la violencia múltiple que sufren las niñas y los niños; y una de ellas es la violencia laboral. En bien de su mejor desarrollo físico, mental, social y moral, se propone retardar la edad en la que las niñas y los niños se incorporen al trabajo; lo que impactará positivamente el desarrollo del país y será al propio tiempo un paso adelante, para hacer realidad sus derechos humanos.

ARGUMENTOS

El trabajo infantil es una forma de explotación y violación sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren de igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo, alejados de prácticas que dañen su integridad física y mental.

El trabajo infantil es un fenómeno cuya complejidad se deriva del tejido de relaciones con elementos económicos, sociales, históricos y culturales. Su sello es la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades que sufren ciertos grupos de la población en México y en el mundo, en particular, las niñas y niños a quienes se priva de parte de su infancia.

En la Convención sobre los Derechos del Niño se indica que deberá atenderse por sobre todo el interés superior de niñas y niños, y brindarles lo necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ella o él ante la Ley.

Actualmente, por lo menos 3.6 millones de niñas y niños en México, trabajan para contribuir a los gastos de su familia, en general para subsistir. Esto pone en evidencia que, como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la solución más segura para acabar con el trabajo infantil, es crear trabajos dignos para sus progenitores.

Así pues, la dolorosa realidad, muestra que millones de menores de edad tienen que trabajar para sobrevivir sacrificando por este motivo sus derechos al juego, al estudio y hasta la vida, y muchos inclusive son forzados a realizar las peores formas de trabajo infantil.

El trabajo de las y los niños en este marco de injusticia, es una de las caras más inadmisibles de la violencia hacia los menores de edad, sobre todo porque se les niega la oportunidad de ser felices y de disfrutar de los derechos que a su edad corresponde.

Desafortunadamente, la situación que actualmente sufren las y los niños en todo el mundo y, concretamente en el país sigue siendo dramática, ya que están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, asimismo, se insertan en actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en conflictos armados. Sin lugar a dudas, esta es una de las épocas de mayor violencia hacia los niños, incluida la laboral.

En el caso de México, datos del INEGI, muestran que en 2011 había poblacionalmente, y 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años, y entre ellos aproximadamente 3.6 millones de niños menores de 14 años que trabajan, como antes se señaló, predominantemente lo hacen en graves condiciones de explotación e incluso esclavitud, esto especialmente en las labores del campo. Lo que significa que la mayoría de estos niños carecen de seguridad social, salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y demás condiciones laborales mínimas.1

Por otro lado, el tercer informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil” menciona que en 2008, había 215 millones de niñas y  niños trabajadores en el mundo, más de la mitad (115 millones)  se encontraban expuestos a las peores formas de trabajo infantil como son: el trabajo en ambientes peligrosos, la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.2

El incremento de la pobreza y la crisis financiera mundial ha generado un número cada vez mayor de niños, y en particular de niñas que se incorporan al trabajo infantil, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil el 12 de junio. Son muchas las niñas y los niños que trabajan horarios prolongados como colaboradores domésticos, realizando tareas como limpiar, planchar, cocinar, cuidar de otros niños y niñas o en la jardinería de los hogares, en lugar de ir a la escuela.3

Pero más que repasar estadísticas, es hora de que tomemos todas las medidas necesarias para poner fin a este desconocimiento de los derechos humanos laborales de los menores de edad.

Como sabemos, el trabajo infantil es un problema de causas muy diversas y está arraigado en ciertas actividades económicas, en las costumbres y en las tradiciones culturales de cada país, y tal como es admitido en los Convenios Internacionales y en las legislaciones nacionales, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, que debe ser combatido hasta lograr su erradicación.

Debemos indicar que a las normas protectoras que ya se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos que mejorarlas y adicionarlas con otras exigidas por las actuales circunstancias.

Partiendo, de que México es uno de los países que ha ratificado el Convenio 182 de la OIT sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil, en su artículo 32 se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que sea nocivo para su salud, educación o desarrollo; y establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la aplicación de este artículo.

Por ello, debe hacerse realidad la prohibición de que los menores de 15 años no presten sus servicios a un patrón, sino que dediquen su tiempo al juego, al estudio, al deporte, al esparcimiento.

Así pues, el trabajo, cuando se da a la edad y en las condiciones adecuadas, sabemos que es un derecho humano, uno de los mayores bienes de los que la persona puede disfrutar, es salud física, mental y, factor de todo bienestar. Pero cuando se impone a deshora, es una aberración. ¡Cada cosa a su tiempo, dice el aforismo!

En respaldo a lo dicho, me permito transcribir unos párrafos de la OIT relativos al trabajo infantil:

 “No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.

“El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

“Así pues, se alude al trabajo que:

● es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; e

● interfiere con su escolarización puesto que:

● les priva de la posibilidad de asistir a clases;

● les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o

● les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

“En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector…”

Con ser un gran avance el modificar nuestro marco jurídico para empatarla con la edad mínima de 15 años que propugna el Convenio número 138 de la OIT que deviene del año de 1973, pues ya no sólo la sociedad sino la biología ha cambiado, en el sentido de que siendo más largo el promedio de vida, el concepto de niñez debe modificarse como antes se ha mencionado.

Así también, en este aspecto el Derecho deberá evolucionar, de manera que una persona sólo se conceptuará como niña o niño para efectos de su formación y tutela en vista de su desarrollo, pero no necesariamente para el ejercicio de sus derechos. Es decir, la edad para la tutela de los menores de edad deberá aumentar, pero la edad para el ejercicio de sus derechos debe ir disminuyendo.

Este eje básico de tutela, ya se contempla en el Convenio número 138, cuando en su artículo 1º. Se señala:

“Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.”

Es decir, la consagración de los 15 años, en lugar de los 14 que establece la legislación mexicana en materia laboral, sólo debe ser un primer paso hacia adelante. Con mayor razón cuando, el punto 3, del artículo 2º de este Convenio, expresa que:

“3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.”

En este sentido, no hay que olvidar, que conforme al artículo 3º. Constitucional, la educación obligatoria abarca hasta la educación media superior, a la que los jóvenes llegan, alrededor de los 18 años.

Conjuntando ambos preceptos, diremos que será un gran avance legal y humano, que la edad mínima para trabajar se incremente de 14 a 15 años, más ésta en la medida de lo posible debiera irse incrementando hasta los 18 años; mientras la edad de 18 años no se modifique conforme a lo planteado.

En armonía con todo lo dicho, nuestra Iniciativa busca estar acorde con la recién aprobada -04 de junio de 2014- declaratoria de validez oficial de la reforma al Apartado A del artículo 123 Constitucional para incrementar la edad laboral de los menores de 14 a 15 años, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Bajo este contexto, es indispensable que el Ejecutivo Federal suscriba el Convenio número 138 de la OIT, tal y como lo han hecho algunos países: Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Belice, Chile, China, Colombia, El Salvador, Filipinas, España, Viet Nam, Haití, entre otros.

Por otro lado, destaca en esta iniciativa, la reforma del capítulo del trabajo doméstico en materia de la edad requerida para su desempeño. Miles de niñas y niños en nuestro país, sufren con especial agudeza las injusticias que se generan en el servicio doméstico, poniéndose en riesgo su salud, su seguridad, su moralidad, en general su desarrollo. En virtud de lo cual se debe prohibir y erradicar con todos los medios sociales, políticos y económicos a nuestro alcance el trabajo doméstico de las niñas y niños.

Es decir, debe conceptuarse, como una de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, si a la entrada en vigor de este Decreto, un patrón hace ya uso de la fuerza de trabajo de los mayores de 14 años y menores de 18 años, deberá cumplir puntualmente sus obligaciones laborales ordenadas por la Ley Federal del Trabajo para la prestación de los servicios de las y los niños, para lo que será decisivo la tutela de la inspección del trabajo.

La prohibición del trabajo doméstico, es congruente con el Convenio de la OIT número 182, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, ya ratificado por México y, que por tanto, en relación con el artículo 1º. Constitucional, tiene plena obligatoriedad para el Estado Mexicano. Este Convenio, en su parte conducente señala:

“Artículo 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

“Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:

“(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños…”

A esto debe sumarse:

A) El convenio de la OIT número 189,  relativo al trabajo doméstico, que aunque no ha sido ratificado por México, debe servir de directriz, ya que nuestro país es miembro de la Organización Internacional del Trabajo:

“Artículo 4

“1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general…”

“Artículo 5

“Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.”

La OIT por su parte, señala: “En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto a los ojos del público, ya que estos niños puede que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las historias de abuso de las y los niños involucrados en trabajo doméstico son muy comunes.

Por otra parte, y toda vez que proponemos elevar a 18 años, la prohibición de las labores insalubres o peligrosas, se eleva en la misma proporción la edad para trabajar en el marco de las contingencias sanitarias.

Finalmente, para la mejor tutela de la persona y derechos de los menores de 15 años, en armonía con todo lo hasta aquí expuesto, se deroga el artículo 175 bis.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente Iniciativa.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, en materia del trabajo de los menores.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 5º., 22, 22 bis,23, 174, 175 últimos párrafos, primer párrafo del apartado A del artículo 176, 362, 988; Se adiciona un segundo párrafo al artículo 331; Se deroga el artículo 175 bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II a XIII.-…

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. El Estado elevará progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo, antes referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores de edad.

Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor de edad no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor de edad, por consanguinidad, ascendiente o colateral; hasta el segundo grado.

Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

TITULO QUINTO BIS

Trabajo de los Menores

Artículo 174.- Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

I a IV. ….

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis.- (SE DEROGA)

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I a VII.-…

B.-...

Artículo 331. …

Sólo las personas mayores de dieciocho años podrán ser contratadas para el trabajo doméstico. Por lo que queda prohibido el trabajo de los menores de edad.

Artículo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 988.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas menores de 18 años pero mayores de 14 años, que actualmente prestan sus servicios como trabajadores domésticos, podrán continuar prestando sus servicios, bajo una vigilancia especial de la inspección del trabajo y en respeto a los derechos de los menores previstos en esta Ley.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Junio de 2014

Suscribe,

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

1 Inegi, datos del censo general de población, 2010.

2 OIT. Trabajo infantil, http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a2

3 OIT: Demos una oportunidad a las niñas – Luchar contra el trabajo infantil: Una clave para el futuro (ILO-IPEC 2009). ISBN: 987-92-2-122374-0 (impreso) 978-92-2-122375-7 (web pdf).

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Zárate Salgado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

Le concedemos el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar a nombre de la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

(Presentada por el Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, a nombre de la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

En representación de la Diputada Luisa María Alcalde, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones:

El régimen laboral que rigen las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados, ha sido desde hace más dos décadas materia de una enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos doctrinarios y, por supuesto, legisladores. Y ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el Apartado A o B del artículo 123 constitucional.

A primera vista esta cuestión no entraña grandes dificultades, ya que el Apartado B del artículo 123 constitucional dispone de manera clara que el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, inciso b) entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

Este precepto es muy explícito al delimitar los dos universos de relaciones laborales que rige, por un lado, los que se dan entre los Poderes de la Unión con sus respectivos trabajadores; y, por otro, las que se desarrollan entre el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores.

Estas relaciones laborales están claramente precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado del artículo 123 constitucional.

La ley reglamentaria emana directa, formal y materialmente de la Constitución. No obstante, el artículo 1o. de dicha ley amplía de manera injustificada los dos universos señalados en el Apartado B) del artículo 123 constitucional, al agregar un tercero relativo a las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal con los trabajadores que a la letra dice:

Artículo 1o.- La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran.

Cita el Instituto el ISSSTE, el IMSS y otros y señala al final del texto, así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo funciones de servicios públicos.

La doctrina jurídica predominante y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal han señalado que los organismos descentralizados son entidades paraestatales configuradas como personas de derecho público, que si bien integran la administración pública no forman parte del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, las entidades paraestatales no despachan los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo. Esta interpretación se corrobora con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, el cual dispone que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado, reafirmando así que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local.

Esta conclusión repercute directamente en la errada interpretación que se ha dado durante décadas al régimen laboral que rige las relaciones de los organismos públicos descentralizados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en este sentido, al establecer mediante jurisprudencia lo siguiente: “que la inclusión de los organismos descentralizados de carácter federal, en el artículo 1o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional”.

En ese contexto, la presente iniciativa tiene tres objetivos fundamentales: por un lado, busca armonizar nuestra legislación burocrática con el importante catálogo de jurisprudencias que, al respecto, ha emitido la Suprema Corte; busca, asimismo, reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados.

Finalmente, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas de organismos descentralizados, al Apartado A del artículo 123 constitucional, conlleva a múltiples beneficios laborales, entre los que se encuentran una serie de derechos colectivos que les han sido negados a los trabajadores, tales como el derecho de huelga, la negociación colectiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución de controversias.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto:

Unico. Se reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal.

Gracias a todos por su atención. Gracias, señor Presidente.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Durazo Montaño. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII BIS AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Presentada por la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia.

El Estado mexicano ha generado importantes avances hacia la igualdad de género y a la no discriminación hacia las mujeres. Este avance mucho ha contribuido el Congreso de la Unión al modificar el marco jurídico a fin de garantizar a las mujeres mexicanas el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad, y en atender las desventajas que históricamente han fomentado las brechas de desigualdad.

A pesar de todos los esfuerzos que se han generalizado, aún tenemos importantes pendientes que resolver para garantizar que todas las ciudadanas mexicanas puedan disfrutar de sus derechos sin distinción alguna.

Uno de estos es, sin duda, el impulsar el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y las mujeres indígenas como mecanismo para prevenir y erradicar la violencia en su contra. Las condiciones sociales y culturales que caracterizan a nuestro país exigen que impulsemos reformas que atiendan con políticas públicas de cobertura global las necesidades específicas de las mujeres y los hombres que habitan en las más de 17 mil comunidades indígenas.

El reto es mayúsculo si consideramos además que del total de la población indígena en México, 3.3 millones no satisfacen sus necesidades alimenticias básicas, y el 46.5% no cuenta con educación primaria completa. Y de ese porcentaje las mujeres indígenas son las más desfavorecidas, a pesar de que se desempeñan en un papel esencial en la recomposición del país.

Es nuestra obligación avanzar en los mecanismos que permitan acortar las distancias que existen entre la marginación y la justicia social, dando lugar a un nuevo modelo de inclusión y desarrollo que permita mejorar las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas. Por ello, y con el afán de caminar en este modelo de inclusión, no debemos permitir que la problemática se siga conduciendo sin una debida atención legislativa, la que indudablemente debe de estar orientada a mejorar el conocimiento de sus derechos fundamentales y a la articulación institucional, que es la base de esta iniciativa.

La propuesta de reforma que hoy presento ante esta Soberanía pretende promover una constante orientación y capacitación en materia de derechos humanos, a fin de que las mujeres indígenas conozcan éstos, así como mejorar la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales a las cuales pueden acudir en caso de necesitar apoyo.

Con este ánimo, esta iniciativa adiciona la fracción XIII Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas con el propósito que dicha comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrolle programas permanentes de capacitación que fomenten el conocimiento de los derechos humanos de las niñas indígenas y mujeres, y prevengan la violencia en su contra, dirigidos a las autoridades estatales y municipales.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario Nueva Alianza reconocemos que la legislación en materia indígena debe garantizar que toda esta comunidad que vive en nuestro país, el acceso y protección a todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos. Sabemos que también debe prever mecanismos que permitan exigir tales derechos para que conviertan en una realidad en la vida cotidiana y ante la gran deuda que aún tenemos con las niñas y mujeres de nuestro país, en especial indígenas, es necesario seguir institucionalizando políticas públicas que permitan, en igualdad de condiciones, el acceso a los derechos y a la garantía a vivir libres de violencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII BIS AL ARTICULO 2 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, con base en el siguiente:

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es indudable que en los últimos años el Estado Mexicano ha generado importantes avances hacia la igualdad de género, la no discriminación y la plena realización de las mujeres. Desde el Congreso de la Unión hemos avanzado en la modificación del marco jurídico para garantizar a las mujeres el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad con los hombres, y atender con medidas especiales las desventajas que históricamente han fomentado las brechas de desigualdad. No obstante, son muchos los obstáculos a los que aún nos enfrentamos las mujeres;  a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, la tarea es ardua para garantizar que ello se cumpla y que todas las ciudadanas mexicanas puedan disfrutar de sus derechos sin distinción alguna.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en México existen 2,443 municipios. De éstos, 871 son municipios indígenas o municipios que cuentan mayoritariamente con presencia de población indígena.

De hecho, de las 199,369 localidades que hay en el país, 17,436 son consideradas indígenas. Como puede observarse, la condición demográfica y cultural que caracteriza a nuestro país, exige impulsar reformas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres y los hombres que habitan en los diferentes tipos de comunidades indígenas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó en 2012 que del total de la población indígena en México, 3.3 millones no satisfacen sus necesidades alimenticias básicas, y que 46.5 por ciento no cuenta con educación primaria completa, siendo las mujeres en la condición educativa las más desfavorecidas, pues el 34.5 por ciento de las jóvenes de 15 años o más no saben leer ni escribir, en contraste con el 19.6 por ciento de los varones. Se afirma también que el nivel de escolaridad está muy vinculado con una alta mortalidad materna. Ya que el 36.5 por ciento de las mujeres fallecidas en los municipios con más de 70 por ciento de población indígena no tenía ningún nivel de escolaridad, y el 24.7 por ciento tenía la primaria incompleta.

La situación de las mujeres en México, al igual que en el resto de mundo, demuestra  que se vive diariamente mayor marginación y vulnerabilidad en materia de derechos humanos, enfrentándose a múltiples discriminaciones, cuando se es  mujer, se es pobre y se es indígena.

Dentro de las comunidades también hay otros problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas, que se vinculan con el acceso a la tenencia de la tierra, su participación equitativa en las decisiones, en la procuración y administración de justicia, la muerte materna, la violación de derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, y el difícil acceso a la cultura en su propio idioma, así como los matrimonios forzados.

Las mujeres Indígenas desempeñan un papel esencial en la recomposición del país en su conjunto, por lo que es necesario que las grandes distancias que existen entre marginalidad y justicia social se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y de justicia.

Con la propuesta de reforma que se presentase pretende promover una constante orientación y capacitación en materia de derechos humanos, para que las mujeres indígenas conozcan sus derechos y las instituciones federales, estatales y municipales a las que pueden acudir en caso de necesitar apoyo.

La desigualdad entre hombres y mujeres en general se manifiesta en las actividades que son asignadas a uno y otro sexo. En las comunidades indígenas, esta desigualdad se radicaliza y se agrava por algunos usos y costumbres, es decir, las estructuras genéricas son más rígidas y tienen una marcada división sexual del trabajo, lo que genera amplias desigualdades en la distribución del poder y el reconocimiento social. Los roles sexistas están íntimamente ligados con la maternidad y se desarrollan de manera primordial en la esfera doméstica y familiar.

De acuerdo con lo reportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Agenda Nacional 2013, la falta de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y, en específico en las comunidades indígenas, se ha incrementado; es así que 8.1 millones de mujeres indígenas viven en condiciones de violencia familiar, abusos y agresiones a su integridad física y moral, además de la falta de acceso a servicios de salud y educación.

ARGUMENTACIÓN

Diversos son los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano está obligado a aplicar en nuestro país para garantizar que ello se cumpla. Algunos de ellos se han referido de manera particular a la población indígena; es el caso del Programa de Acción que surge con motivo de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, que señala, en la Medida 6.25, el deber de los Estados de reconocer la perspectiva singular de las comunidades indígenas en materia de población y desarrollo y de atender sus necesidades concretas, en consulta con las propias comunidades indígenas.

En octubre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, avanzando en los derechos humanos de las y los indígenas. La esencia de la Declaración es que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, además de una serie de derechos en el marco de su libre determinación, autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Es decir, la legislación indígena debe garantizar a todas y todos el acceso y protección de todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, también debe prever mecanismos de exigibilidad, para que tales derechos se conviertan en una realidad en la vida cotidiana, sin excluir a la las mujeres y las niñas indígenas, que conforman la mitad de la población indígena mexicana

Muchas son las discusiones sobre la libre determinación de las comunidades originarias, pero como bien se destaca en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “la libertad de las personas se traduce en que puedan elegir libremente y contar con alternativas.”. Al mismo tiempo se establece que cultura, tradición y autenticidad no son sinónimos de libertad cultural y que no existen razones aceptables para que se permitan prácticas que nieguen a los individuos la igualdad de oportunidades y violen sus derechos humanos, como negar a las mujeres los mismos derechos y garantizar una vida libre de violencia

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará),  son importantes instrumentos internacionales que buscan eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, sea física, emocional, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Todas las mujeres, de todas las edades, tienen el derecho inalienable a vivir libres de cualquier tipo de violencia.

Ambas Convenciones determinan y protegen los derechos de todas las mexicanas que vivan en las ciudades, en la montaña o en el campo; que hablen o no una lengua indígena, que sean niñas, jóvenes o adultas mayores, con o sin discapacidad, y señalan que los Estados deben mejorar continuamente sus condiciones de vida y asegurar r el goce y protección plena de sus derechos, contra todas las formas de violencia y discriminación.

Por ello y ante la gran deuda que aún tenemos con las mujeres indígenas de nuestro país, es necesario seguir institucionalizando políticas públicas que permitan en igualdad de condiciones el acceso de las mujeres indígenas a sus derechos y a la garantía de vivir libres de violencia.

Como ya se mencionó, en general las desigualdades por condición de género obedecen, entre otros aspectos, a la existencia de patrones culturales que se expresan en comportamientos durante el curso de vida de las personas. Si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres indígenas en mayor desventaja social.

El Instituto Nacional de Las Mujeres es un organismo público descentralizado cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Entre sus principales objetivos está precisamente la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Es importante mencionar que actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres, ha emprendido una serie de acciones que fomentan el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas; una de ellas, la traducción a lenguas originarias de instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Algunas de ellas a la lengua maya, el tepehuano del Norte, el tarahumara y el huasteco.

Asimismo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, que la Secretaría de Gobernación elaboró conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, estipula como estrategias 1.3.2. a 1.3.7 para la atención de mujeres indígenas, el capacitar y sensibilizar a las autoridades indígenas en cuanto al contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la implementación de campañas radiofónicas en lenguas indígenas para difundir ante los ciudadanos la Ley y los servicios que ofrece, acciones todas estas de vital importancia para fomentar en las comunidades indígenas la igualdad y la no discriminación hacia las niñas y mujeres.

● Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CDI), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Entre sus funciones, la CDI tiene la de desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas.

Dentro de los principios que rigen las acciones de la CDI se encuentra incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas.

En este sentido, se afirma que es la CDI, la instancia que en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres puede y debe emprender capacitaciones permanentes  que fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos de las  Mujeres indígenas y prevengan la violencia en su contra.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley  de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas,  para quedar como sigue:

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I-XIII. …

XIII Bis. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas de capacitación de manera permanente, que fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos de las niñas Indígenas y Mujeres y prevengan la violencia en su contra, dirigidos a las autoridades estatales y municipales.

XIV-XIX. …

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 11 de Junio de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Talamante Lemas. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.





 

Por acuerdo de la Mesa Directiva, para referirse al Día Mundial del Medio Ambiente, se concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, bajo el entendido que esta Presidencia tiene registrada, sobre este tema, a la Senadora Verónica Martínez Espinoza, al Diputado Guillermo Sánchez Torres, al Diputado Ricardo Astudillo Suárez y a la Diputada Lilia Aguilar Gil.

INTERVENCIONES

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

El 5 de junio de 1972, la Organización de las Naciones Unidas convocó por primera vez a la Conferencia de Medio Humano en Estocolmo, en la declaración de dicha conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio, se concluye en su párrafo sexto lo siguiente, -esa es la importancia que le damos al medio ambiente, hablando por teléfono, y no tenemos ni siquiera el respeto para el mismo, compañeras y compañeros-.

Continuo, voy a leer el párrafo sexto de ese año para que ustedes comparen lo que estamos haciendo hoy, después de 42 años.

Hemos llegado en un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en torno al mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que pueden tener para el medio, por ignorancia o por indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del cual depende nuestra vida y nuestro bienestar, por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más consonante con las necesidades y aspiraciones del hombre, la defensa y el mejoramiento del medio humano.

A 42 años de esta declaración, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la tierra, que es un ser vivo se encuentra enferma, tiene temperatura, ha aumentado .82 grados centígrados.

Somos los primeros seres humanos en respirar 400 partes por millón de CO2; el nivel del mar aumentó 19 centímetros; los mantos acuíferos se encuentran en gran parte abatidos, y en otra contaminados, siguen los grandes cambios de uso de suelo sin poder frenar la frontera agrícola, pero lo más importante y lo más lamentable es que sigue el aumento de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero y de los compuestos de efecto-invernadero.

Tenemos que garantizar la coincidencia del sector económico con la protección al ambiente. Se sugiere que las medidas de política comercial con fines ambientales no sean una excepción, sino una parte intrínseca de las estrategias de los estados.

También debemos de recomendar la inclusión de mujeres y jóvenes activos y creativos para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y de esta forma asegurar un mejor futuro para todos.

Así es como el Día Mundial del Medio Ambiente para este año 2014, ha sido dedicado a los pequeños estados insulares del desarrollo, el SIDS, por sus siglas en inglés; el apoyo al nombramiento 2014 como Año Internacional de los SIDS, relacionado con el tema del cambio climático, por lo tanto, el eslogan elegido para reflejar este tema ha sido, “Alza Tu Voz, No el Nivel del Mar”.

Por esta razón debemos contribuir a bajar las emisiones principalmente de CO2, por esta razón me congratulo que hoy, mi partido, el PAN, propone una Ley de Transición Energética y con esto, no solamente el discurso, sino en acciones concretas que nos hará posible contribuir a mejorar el medio ambiente de todos los mexicanos.

Y, sería excelente solicitar el apoyo de todas las fuerzas políticas de este país en sumarse a esta importantísima Ley de Transición Energética que hará posible lograr los dos grandes compromisos que tiene México: reducir el 30 por ciento de las emisiones de CO2, pero generar al menos el 35 por ciento de energía eléctrica para el 2024 a través de energía limpia y energía renovable.

Pero también proponemos que los tres poderes de la unión se sumen al programa de oficina verde, que la ONU define como aquella instalación que hace uso eficiente de los recursos con los que cuenta para operar, buscar y crear un espacio eficaz y rentable con el mínimo de impacto ambiental.

Y esto lo transmiten a través de buscar los mejores sistemas de ventilación, de utilizar y reducir el consumo de agua, el uso de papel, que en esto hago un espacio y que sería excelente, que de forma gradual todas las oficinas, pero también los libros de texto que hace el gobierno mexicano pudiera ser de papel reciclable; reuso de materiales, eficiencia energética, en general, desarrollar programas de información y capacitación para reducir la huya de carbono.

En realidad no se necesitan grandes cantidades de recursos económicos para llevar a cabo medidas de esta índole, más bien se requiere voluntad para adoptar acciones que nos ayuden a aprovechar nuestra creatividad y capacidad para innovar.

Captar el agua proveniente de la lluvia, el granizo, la nieve para uso en el hogar, de la oficina, es más bien un tema de voluntad que de erogación presupuestal, sería importante que los poderes de la unión llevaran a cabo este importantísimo programa de oficinas.

En Acción Nacional celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con acciones concretas, con propuestas para mejorar el ambiente de todos los mexicanos y las mexicanas, por eso, insisto, en que se sumen todas las fuerzas políticas de este país en apoyar la Ley de Transición Energética.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI para referirse al mismo asunto.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

En la LXII Legislatura del Congreso de la Unión los legisladores del PRI celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido en 1972, por la Organización de las Naciones Unidas. Conmemoración en la que se exhorta a los gobiernos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a emprender actividades que reafirmen su compromiso por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, eligiendo cada año un tema central, siendo para 2014: “Alza Tu Voz, No el Nivel del Mar”.

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, este día representa la oportunidad de generar conciencia entre la población acerca de lo importante que es poner en práctica las acciones que hagan posible mejores condiciones de los suelos, los subsuelos, el aire y las aguas, pues se produce en beneficios individuales y colectivos de dimensiones mayúsculas.

Hoy, más allá de pronunciar discursos elegantes y buenas intenciones, es oportuno llevar a cabo un ejercicio sincero de evaluación sobre los avances y rezagos que tenemos en la materia, y más importante aún, a partir del diagnóstico observado, implementar de manera pronta, eficaz y eficiente los instrumentos, programas y políticas públicas que permitan subsanar las deficiencias que continúan vigentes.

Sobre el objetivo primario de la celebración, es preciso señalar que además de su importancia intrínseca, también coadyuva, por un lado, el cumplimiento de los fines del Año Internacional de la Agricultura Familiar, establecido en 2014, los cuales se sintetizan en mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y lograr el desarrollo sostenible, en particular, en zonas rurales, y por otro lado, está en concordancia con el nombramiento de las Naciones Unidas del 2014 como Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

Para dimensionar la trascendencia de los rubros referidos, es menester tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

La agricultura familiar es de gran importancia para el desarrollo social y local de los países y regiones del mundo, el 70 por ciento de los alimentos es producido por agricultores familiares, y el 40 por ciento de los hogares dependen de la agricultura familiar.

Nuestro país tiene una gran diversidad de ambientes, climas y diferentes tipos de suelo, formando parte del grupo de los 17 megadiversos en lo que está concentrado más del 70 por ciento de las especies.

México es uno de los cinco países del mundo que cuenta con mayor diversidad biológica en mamíferos, anfibios, reptiles, aves, animales marinos, flores y plantas.

Nuestro país en 2013 contaba con 176 áreas naturales protegidas, de los cuales, 67 eran parques nacionales, es decir, el 38 por ciento, 41 reservas de la biosfera que representan un 23 por ciento, 37 áreas de protección de flora y fauna, que ascienden a un 21 por ciento.

Los 18 santuarios con el 10 por ciento, ocho áreas de protección de recursos que representan un cinco por ciento, y cinco monumentos naturales con el 3 por ciento, dando una extensión total de 25 millones 387, 900 hectáreas.

Los datos son contundentes y dejan de manifiesto que existen desafíos por resolver. El censo nacional de gobiernos municipales y delegacionales, 2011, que arrojó que de los dos mil 456 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, el 28 por ciento contaban en el año con servicios de tratamientos de agua residuales, y el 72 por ciento no contaban con este servicio.

Así mismo, otro de los retos es la transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos para dimensionar la problemática, diariamente se recolectan 86 mil 343 toneladas de basura, el 87 por ciento de los tiradores de basura son a cielo abierto, y el 13 por ciento rellenos sanitarios, lo que impactan directamente al medio ambiente.

Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que el cuidado y preservación del medio ambiente es fundamental para un mejor país, pues se traduce en beneficios de diversa índole, desde económicos hasta salud, por ello en el marco de esta celebración reiteramos nuestro compromiso para fomentar e impulsar una verdadera cultura del cuidado de nuestros recursos naturales, pues sin duda constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI.

Por su atención, es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Martínez Espinoza.

Le concedemos ahora el uso de la palabra al Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, para referirse al mismo tema.

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Como lo han mencionado mis antecesores, el 5 de junio es un día muy importante, ya que se celebra y se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente.

A nosotros, como grupo parlamentario del Partido Verde, nos queda claro que el tema de proteger los recursos naturales no tiene colores, y reconocemos en las fuerzas políticas a todas porque han sido y se han preocupado por mejorar la calidad de vida de todos.

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que nuestro partido, que fue fundado aproximadamente hace 23 años, es un partido que ha puesto sobre la mesa y sobre la agenda nacional el tema del cuidado del medio ambiente.

El lema de este año, como lo han mencionado las legisladoras, es: “Alza Tu Voz, y No el Nivel del Mar”. Efectivamente para nosotros la responsabilidad ha sido alzar la voz pero a favor de las reformas que se vean reflejadas en todo el cuidado del medio ambiente, en las entidades de nuestro país.

Este año a nivel internacional se han tratado diversos temas, se han tratado los riesgos de todos aquellos países que viven en diferentes zonas y de que han dejado de ser productivos y sí han sido propensos a todo cualquier fenómeno natural que los haya podido afectar.

En nuestro país no estamos exentos de que pudiese suceder cualquier fenómeno natural que afectara a alguna de las 17 entidades que hoy tienen contacto directo con los mares mexicanos.

Hemos firmado infinidad de convenios a nivel internacional, reducción de emisiones de gas de carbono, la producción de energías renovables, y que hemos cumplido muy pocas de estas metas. Es el momento, como decía la legisladora, de poner atención puntual en todas las reformas que vienen para que realmente podamos empezar a cumplir estas metas a las cuales nos hemos comprometido como país.

Pero también hay que reconocer los avances que se han tenido en lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Hoy tenemos aprobada una Ley de Responsabilidad Ambiental en la cual está siendo ya ejecutada en todos los estados del país, y que podamos nosotros como legisladores el poder vincular las reformas que estamos haciendo el día de hoy para proteger nuestro medio ambiente.

Tenemos cerca de 25, un poco más de 25 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas. Compañeras y compañeros, todos aquí presentes representamos a nuestros estados, representamos a las zonas de nuestro país en donde estas áreas naturales protegidas poca importancia les hemos dado a los servicios ambientales que hoy nos los dan las propias provincias, el que contamos hoy en nuestro país, por eso ha sido tan atractiva para las personas que desean apartarse de la contaminación y de las manchas urbanas, porque tenemos mejores servicios ambientales, climas templados, pocas inundaciones en muchas de las zonas y, por supuesto, mucho menos contaminación que las propias ciudades en donde se concentra la mayor concentración de personas.

Ahí es en donde nosotros debemos de trabajar y darles la importancia necesaria en nuestros estados para que estos servicios ambientales realmente puedan ser aprovechados y dotemos de recursos económicos para pode tener éxito en los proyectos.

Imaginemos que estamos transitando a un verdadero desarrollo sustentable, imaginemos que podamos tener un medio ambiente vivible, viable y equitativo, es decir, que acortemos esa brecha de desigualdad que existe en nuestro país pero que tengamos un alto índice de conservación biológica y que podamos generar el desarrollo económico integral, siempre y cuando respetemos lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente.

Para concluir, señor Presidente, solamente quiero dejar aquí en esta tribuna que esas serán las verdaderas acciones que nuestros hijos y nuestros nietos nos agradezcan, el hecho de que podamos dejar y que podamos trascender en proteger a nuestro medio ambiente es una responsabilidad que asumimos en el Partido Verde, y que estamos seguros que las demás fuerzas políticas nos acompañarán en las diferentes propuestas que nosotros presentemos. Festejamos este pasado 5 de junio con todos ustedes, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Astudillo Suárez.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea.

Yo trataré de no ser repetitiva de lo que ya se ha dicho aquí. En efecto, el 5 de junio debería de ser un día de celebración, pero también de concientización porque es este Día Internacional del Medio ambiente el que ha ayudado a las Naciones Unidas, en el que actualmente participan más de cien países de todo el orbe a concienciar, es la herramienta que ha utilizado la organización para concienciar sobre el medio ambiente e impulsar las acciones políticas sobre el tema.

La idea de que todos somos actores y de que el cambio para cuidar el medio ambiente inicia con nosotros, no solamente como ya se ha dicho en esta tribuna, con el cuidado del agua, con el cuidado del uso del papel e inclusive con el cuidado de las formas que tenemos de contaminar, inclusive con el ruido, deberían de ser las formas en que el Estado mexicano deba empezar a concientizar.

Algunos datos interesantes sobre el tema y obre México, en México se pierden por año 20 mil hectáreas de tierra fértil, el 35 por ciento del suelo está erosionado, han aumentado hasta en un 55 por ciento los Gases de Efecto Invernadero.

Más allá de esto y creo yo que resultaría importante decir que el cuidado del tema del medio ambiente es un tema holístico, el mal cuidado del medio ambiente ha generado en el siglo XX 600 mil muertes en países pobres y los desastres naturales se espera que caigan en este siglo, perdón, 13 millones de muertes en el orbe.

Pero como ya se dijo también en esta figura, no valdría nada venir a hacer discursos elegantes y venir a congratularnos sobre el tema del medio ambiente, si no hablamos sobre lo que tenemos en la mesa y la realidad y lo que estamos dictaminando que tenga que ver con medio ambiente.

El tema de la reforma energética, toca un tema sensible en el asunto del medio ambiente que es el tema del fracking, que es la fracturación hidráulica del gas, para obtener gas no convencional a través de la fracturación de una roca madre que se hace a través de…

Vamos a hablar de números, compañeros legisladores, entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua se requiere para solamente tratar un pozo y extraer gas natural de un solo pozo en la utilización de esta práctica del fracking, las consecuencias ambientales que éste tiene, algunas ni siquiera han sido caracterizadas, pero las que se sabe que han ocurrido se contaminan las aguas subterráneas, se contamina la atmósfera, hay emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se presentan terremotos, hay contaminación acústica e impactos de paisajes.

La utilización de estas cantidades de agua debe resultar no solamente insultante, sino impensable incluirla en las reformas de las leyes secundarias energéticas.

Y les voy a decir por qué, 30 por ciento de nuestro país presenta una sequía completamente devastadora, los estados más afectados, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa y Sonora, cómo es posible que en la reforma energética, en lo que realmente estamos dictaminando y tenemos sobre la mesa, no estemos cuidando el medio ambiente, pero nos demos el espacio para en esta Comisión Permanente venir a hablar y a congratularnos sobre el medio ambiente.

Yo cerraría diciendo que se discuta no solamente las cuestiones que tienen que ver con las energías renovables y que se disputa todo aquello que tiene que ver con el fracking y el uso de laguna para la extracción de gases como el gas shell.

Sin embargo, el tratar de limitar la discusión en la reforma energética, no solamente en el tema que tiene que ver con la energía verde, sino en general, como hemos visto ya y ha quedado en evidencia en este Senado que se trata de quebrantar el reglamento y la norma a través de un acuerdo de las mesas directivas de comisiones, para no discutir un tema tan importante que no solamente afectará el tema de precios de hidrocarburos como la gasolina o de la luz eléctrica, sino que también afectará el medio ambiente que ya ha tenido el PRI, el PAN, el PRD a dar datos en esta tribuna sobre el tema, cómo afecta el fracking, cómo afecta la contaminación, cómo afecta todo esto de lo que ya se ha hablado y que no podemos permitir que pueda pasar y que no se cuide la reforma energética.

Nosotros decimos desde esta tribuna, no valen los discursos elegantes, no vale abrir estos espacios si en el Realpolitik, en las discusiones parlamentarios que realmente tenemos como la reforma energética se rehuye a la discusión.

Nosotros preparamos, presentamos desde esta tribuna dos propuestas, que se apegue a reglamento la discusión de la reforma energética en el Senado, primero.

Y segundo, que se consulte la reforma energética a los ciudadanos, porque el efecto que esto tiene en el medio ambiente, en la economía, en la estructura global de este México es verdaderamente importante y ustedes mismos lo han traído a esta tribuna y no nosotros, que nos pregunten, que le pregunten a los legisladores, que nos dejen participar abiertamente en la discusión del a reforma energética, pero sobre todo que les pregunten a los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputada Aguilar Gil.





 

Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, tenemos la discusión de un dictamen de la tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se aprueba la designación del titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACION COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Doy lectura al dictamen, señor Presidente.

TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada por la Mesa Directiva de la misma Comisión Permanente, a través del oficio No. CP2R2A.-107 de fecha 8 de mayo de 2014, el expediente de la designación que hace el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del C. Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017, recibido mediante comunicación de la Secretaría de Gobernación de fecha 8 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los miembros de esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES.

El oficio con la designación que se cita en el proemio, se recibió en fecha 9 de mayo de 2014 y turnado en forma directa para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Tercera Comisión realizamos el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberarla e integrar el presente dictamen.

II. CONSIDERACIONES.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

“Artículo 75. La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76. Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de Gobierno, para otro período por una sola vez;”

NATURALEZA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la administración del sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realizan operaciones garantizadas, como lo son depósitos bancarios en dinero, préstamos y créditos, a fin de regular que con dichos apoyos financieros que se otorgan a las instituciones de banca múltiple sean protegidos los intereses del público ahorrador.

Debido a la importancia que tiene el Instituto de mérito, el Congreso de la Unión determinó que la Junta de Gobierno del mismo se integrara por 7 vocales, a saber:

- El Secretario de Hacienda y Crédito Público

- El Gobernador del Banco de México

- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

- Cuatro Vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, y en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los Vocales designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Congreso de la Unión, vía Cámara de Senadores o Comisión Permanente, permanecen en su encargo por periodos de 4 años, de manera escalonada.

Durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las designaciones que realizó el Ejecutivo Federal a favor de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel. En dicho acuerdo, se señalaron las fechas en que los vocales designados tendrían sus periodos de ejercicio, con la finalidad de propiciar la sustitución escalonada como lo marca la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

En dicho Acuerdo, se determinó que la designación del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez sería por un periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013. Es por ello, que el Ejecutivo Federal tuvo a bien designar al ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas para integrar la Junta de Gobierno del Instituto, a fin de que se cumpla su debida integración y cumpla cabalmente con la delicada función que tiene encomendada.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora realizamos un análisis de la documentación que acompaña la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, para tener certeza de la cobertura de los requisitos que exige el artículo 78 de la Ley y que son:

Artículo 78. Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II. Ser de reconocida probidad;

III. No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV. Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V. No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI. No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna Institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.”

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión revisamos en primer lugar los antecedentes profesionales y curriculares, remitidos en el expediente que acompañan la designación, que contiene:

-Comunicación suscrita por el Ejecutivo Federal

- Acta de Nacimiento

- Constancias que acreditan los grados académicos

- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública

- Constancia de no inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el sistema financiero mexicano

- Carta bajo protesta de decir verdad de que se cumple con los requisitos correspondientes, y

- Currículum vitae

Derivado de lo anterior, se constató que el ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas tiene una trayectoria laboral relacionada con los temas económico y bancario:

- De julio de 1976 a mayo de 1977 fue Asesor del Director General de Estudios Económicos y Hacendarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- De julio de 1981 a septiembre de 1982 fue Asesor del Director General de Política Económica y Social, comisionado por el Banco de México a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

- De septiembre de 1986 a marzo de 1987 se desempeñó como Asesor del Subsecretario de Planeación y Control Presupuestal, comisionado por el Banco de México a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

- De mayo de 1977 a diciembre de 1982, como Subgerente de Información Financiera, Banco de México.

-De diciembre de 1982 a enero de 1989, como Gerente de Política Monetaria y Financiera, Banco de México.

- De enero de 1989 a marzo de 1994, como Gerente de Investigación Económica y Programación Macro financiera, Banco de México.

- De abril de 1994 a enero de 1998, como Director de Organismos y Acuerdos Internacionales, Banco de México.

- De febrero de 1998 a mayo de 1999, como Director General de Intermediarios Financieros de Fomento, Banco de México.

- De junio de 1999 a abril de 2003, Director General de Investigación Económica, Banco de México.

- De mayo de 2003 a noviembre de 2005, como Asesor de la Junta de Gobierno, Banco de México.

- De noviembre de 2005 a julio de 2007, como Director General de Planeación Estratégica, Banco de México.

- De agosto de 2007 a agosto de 2011, fue el Secretario de Planeación y Presupuesto del gobierno del estado de Yucatán.

- De marzo de 2013 a abril de 2014, se ha desempeñado como Miembro del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C., Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y como Consejero del Consejo Regional del Banco de México en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Por lo que al analizar la trayectoria laboral del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente considera que se encuentran satisfechos los requisitos legales, profesionales y de experiencia requeridos.

Su trayectoria laboral y académica demuestra la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del Instituto.

Además del estudio documental y laboral, los integrantes de la Tercera Comisión sostuvimos una reunión de trabajo con el ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, el pasado día 12 de mayo de 2014. Lo anterior con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente considera procedente la aprobación de la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017.

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, quienes integramos la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba la designación hecha por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO. Notifíquese al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y al ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. El ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas deberá presentarse ante el Pleno de la Comisión Permanente, a fin de rendir la protesta constitucional.

TERCERA COMISION.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias. Está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

Señor Presidente, se emitieron 31 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

Se reúne la mayoría que establecen las disposiciones legales.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: La votación emitida reúne la mayoría aprobada que exige el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En consecuencia, se declara aprobada la designación del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de la Junta para Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre del 2017. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, por lo que le solicito a los legisladores, René Juárez Cisneros, Silvia Guadalupe Garza Galván, Víctor Manuel Manríquez González, María Elena Barrera Tapia, Mariana Gómez del Campo Gurza y Manuel Añorve Baños, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

El Armando José Baqueiro Cárdenas: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Baqueiro Cárdenas!

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Armando José Baqueiro Cárdenas, cuando desee retirarse de nuestro salón. La Comisión Permanente le desea éxito en su encargo.





 

Tenemos la discusión de diversos dictámenes emitidos por las comisiones, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas.

Dé cuenta la Secretaría con ellos, por favor.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos diez dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que solicita al gobierno del estado de Chihuahua, informar sobre la situación de los 40 menores que fueron reubicados del albergue los Ojos de Dios, Asociación Civil.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Secretaría de Gobernación, publique el padrón único de beneficiarios y los objetivos alcanzados de los programas institucionales dirigidos a la población migrante.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, implementar acciones para la consolidación de un padrón único de abasto del programa de leche Liconsa.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita al Poder Ejecutivo Federal, informar acerca de las políticas públicas y las acciones implementadas para prevenir la violencia en contra de las personas adultas mayores.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que lamenta el asesinato de la ciudadana Sandra Luz Hernández y solicita continuar con las investigaciones en la desaparición de Edgar García.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, continuar con las investigaciones del asesinato del ciudadano José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que desecha la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Sonora, a llevar a cabo la investigación en relación a la conducción que presentó el ex coordinador operativo de la oficina del Ejecutivo del estado de Sonora.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que desecha la proposición relativa al asesinato de Ramón Corral Vega, ex Presidente del comisariado del Ejido Potrero de Cancio, en el estado de Sinaloa.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que desecha la proposición que exhorta a respetar el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que desecha la proposición que exhorta a iniciar las investigaciones pertinentes sobre las empresas de contratación de edecanes, a fin de prevenir el delito de trata de personas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos también 11 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que solicita a la Secretaría de Salud, presentar los resultados de investigaciones científicas, respecto al uso de los cigarros electrónicos.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Secretaría de Salud, remita opinión sobre los efectos en la salud infantil del consumo cotidiano de yogures.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al Instituto Nacional de Lengua Indígenas, a establecer un procedimiento de certificación del conocimiento de niños de la lengua indígena, para quienes concursan por una plaza docente.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación Pública de las entidades federativas, a realizar las acciones para garantizar la integridad física de los integrantes en torno al bullying escolar.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impulsar políticas, planes y programas en materia de educación ecológica y promoción de la cultura ambiental.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a sus similares en las entidades federativas, a realizar diversas acciones en torno a la importancia de la actividad física.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al gobierno del estado de Puebla, a instalar una mesa de diálogo con la representación del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, a fin de solucionar el conflicto laboral derivado del Decreto publicado el 14 de marzo de 2014.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a promover estrategias de coordinación interinstitucional, a efecto de impulsar acciones y políticas públicas, encaminadas a atender y garantizar la salud y los derechos humanos de las mujeres migrantes en nuestro territorio.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a realizar acciones para promover la formación, capacitación y actualización en materia de derechos humanos.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que la Comisión Permanente se congratula por el primer aniversario de la apertura a firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhorta al Ejecutivo Federal a continuar impulsando la suma de ratificaciones para que el Tratado sobre Comercio de Armas entre en vigor.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta al Ejecutivo Federal, a considerar enviar al Senado de la República, el Tratado de Beijing, sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para su aprobación.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos la discusión de 14 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre los incrementos acumulados, correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que haga del conocimiento público y aclare los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013, correspondientes a las pérdidas por 41,606.7 millones de pesos (mdp), la deuda documentada por 123,542.6 (mdp) y las cuentas de cobro dudoso por 17,552 (mdp), suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Señalan los proponentes que los “Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS) son un mecanismo creado por Ernesto Zedillo a finales de su gobierno en el año 2000. A través de ellos, Pemex y la CFE contrataron deuda en moneda extranjera y nacional con empresas privadas para financiar proyectos que supuestamente no podían realizarse con recursos propios.

En la reforma petrolera del 2008 se acordó que el saldo de los PIDIREGAS que se registraba como deuda de las paraestatales mencionadas se contabilizaría en el futuro como deuda pública. Hacia marzo del 2010, que fue la última fecha en que se publicó el pasivo de PIDIREGAS en la CFE de 250 mil millones de pesos.

Que el 28 de octubre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que registró pérdidas por 6,087 (mdp) durante el tercer trimestre de 2013, en comparación con la ganancia de 3,026 (mdp) que registró durante el mismo periodo pero de un año antes.

Que de esta forma, entre enero y septiembre de 2013 las pérdidas de la compañía eléctrica nacional acumulan este año 41,606.4 (mdp), cifra que cuadruplica el quebranto total de 2012, que ascendió a 10,232.5 (mdp). Por su parte, la deuda documentada creció 3,843 (mdp) entre enero y septiembre de 2013, al pasar de 119,699.2 (mdp) a 123,542.6 (mdp).

Que en el lapso enero a septiembre de 2013 las cuentas de cobro dudoso se incrementaron en 4,536.9 (mdp) lo que significó un aumento de 34% al pasar de 13,015 (mdp) en diciembre de 2012, a 17,552 (mdp) al cierre de septiembre de este año.

Que en el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año, la CFE reconoce que durante los últimos años, debido a la reducción de los presupuestos anuales, la CFE no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido, consecuentemente, esta situación pudiera afectar la vida útil de ciertas plantas.

Que entre las razones por las cuales la CFE registró pérdidas en su resultado neto se encuentra la insuficiencia tarifaría por 77,853 (mdp), la cual fue atenuada con un aprovechamiento de 34,509 (mdp)”.

Por lo anterior, los legisladores proponen exhortar al titular de la CFE para que, en un plazo no mayor a 10 días, informe sobre: 1) la justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 respecto a las pérdidas de la CFE por 41,606 mdp, la deuda documentada (deuda contratada directamente por la entidad) por 123,542 mdp y las cuentas de cobro dudoso por 17,552 mdp; 2) los estados que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto de cada uno; 3) las dependencias de la APF que tienen pagos vencidos por consumo de energía y la cantidad que adeuda cada una; 4) el monto que adeudan usuarios particulares y particulares que tienen tarifa empresarial, por concepto de consumo de energía, clasificado por estado; 5) los mecanismos de control que ha implementado para evitar el robo de energía, así como para el cobro de deuda por consumo de energía; 6) los elementos que ha considerado para el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, y a la fecha cuántos y cuáles son los contratos que tiene firmados con éstos, así como las condiciones y beneficios para la CFE establecidos en cada uno de los contratos otorgados; 7) los recursos erogados en la participación de la inversión privada en infraestructura; 8) los subsidios que otorga, precisando los criterios y/o lineamientos, tipos de subsidios y tipos de beneficiarios; y, 9) el alcance y resultados del modelo de inversión vía PIDIREGAS.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión creemos que es importante transparentar los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013, correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro, de la CFE.

TERCERA.- No pasa desapercibido a esta Comisión, que con fecha 28 de noviembre del 2013, el Diputado Soria, presentó ante la Cámara de Diputados, el Punto de Acuerdo en comento, mismo que fuera turnado a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y que con fecha 10 de enero de 2014, la Mesa Directiva comunicó que de conformidad con lo que establece el artículo 184, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo que no fue dictaminada dentro del período en que fue presentada, se tiene por desechada y se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. En razón de lo anterior el Punto de Acuerdo en análisis se dirigía al C. Francisco Rojas Gutiérrez, cargo que actualmente ocupa el C. Enrique Ochoa Reza.

CUARTA.- Sin perjuicio de lo anterior, y con base en la importancia que reviste la información solicitada en el Punto de Acuerdo en comento, se destaca que la composición de la Deuda expresada por la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Dirección de Finanzas, Subdirección de Operación Financiera Gerencia de Créditos, al 31 de diciembre de 2011, refleja un estimado a cargo de la Subdirección en comento, que la Composición de la Deuda, refleja en PIDIREGAS: 773.1 al 2014;  629.1 al 2015; 625.81 al 2016, y en Deuda Documentada: 3,895.3 al 2014; 83.4 al 2015; y 44.2 al 2016, en todos los casos, Millones de Dólares Equivalentes.

QUINTA.- Asimismo se destaca que de conformidad con lo expresado por el Informe Sobre las Finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante enero-junio de 2013, el sector público presupuestario observó un déficit por 75 mil 620 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit de 142 mil 621 millones de pesos del segundo trimestre de 2012. Este resultado se compone del déficit del Gobierno Federal por 118 mil 74 millones de pesos, así como del superávit de las entidades bajo control presupuestario directo e indirecto por 36 mil 318 millones de pesos y 6 mil 136 millones de pesos, respectivamente. Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo sin incluir a Pemex, registraron una disminución en términos reales de 2.1 por ciento, lo que se explica principalmente por menores ventas de energía eléctrica de CFE; las pensiones de CFE aumentaron 9.8 por ciento en términos reales debido al incremento tanto de la pensión media como del número de jubilados respecto al año anterior. El pago de pensiones y jubilaciones que cubre directamente el Gobierno Federal fue mayor en 3.3 por ciento real.

SEXTA.- Finalmente, no se omite destacar que el financiamiento que recibe el Organismo, es principalmente a través de deuda contratada y por el arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS. Con el fin de administrar el riesgo de liquidez, el Organismo realiza análisis de flujos de efectivo de manera periódica y mantiene líneas de crédito abiertas con instituciones financieras y proveedores. Adicionalmente, el Organismo está sujeto a control presupuestal por parte del Gobierno Federal, por lo que el techo de endeudamiento neto que cada año autoriza el Congreso de la Unión de acuerdo a sus ingresos presupuestados, no puede ser rebasado.

La siguiente tabla muestra los vencimientos contractuales de los pasivos financieros de la entidad con base en los periodos de pago:

Al 31 de marzo de2013 Menos de 1 año. Más de 1 año y menos de 3 Más de 3 años y menos de 5 Más de 5 años Total
Deuda documentada  $9,642,533  $53,883,186
$1,572,913
$46,342,270
$111,440,902
Arrendamiento de plantas,Instalaciones, equipos y PIDIREGAS
$15,012,231
$27,799,206
$34,495,028
$96,238,731
$173,545,196
Proveedores y contratistas
$40,785,744
-
-
-
$40,785,744
Depósitos de usuarios ycontratistas
$18,681,159
 
 
$18,681,159
Total
$84,121,667
$81,682,392
$36,067,941
$142,581,001
$344,453,001

Con base en lo expuesto, y de conformidad con lo planteado por el Punto de Acuerdo en análisis, los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos en la importancia de conocer los indicadores de liquidez y apalancamiento financiero, así como la reducción en el saldo por cobrar a LFC, y el incremento en la deuda de largo plazo para financiar proyectos PIDIREGAS. El resultado integral de financiamiento y su impacto a CFE, a consecuencia del efecto neto entre los gastos financieros por concepto de intereses, comisiones y las ganancias cambiarias en la deuda titulada, deuda PIDIREGAS y deuda con productores externos, el subsidio a consumidores a cargo del Gobierno Federal y la estimación para cuentas de cobro dudoso.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, para que a la brevedad posible informe a esta  Soberanía lo siguiente:

A. La Justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 respecto a las pérdidas de la CFE por 41,606 (mdp); la deuda documentada (deuda contratada directamente por la entidad) por 123,524 (mdp) y las cuentas de cobro dudoso (cuentas de dudosa recuperación) por 17,552 (mdp).

B. Informar sobre los adeudos que tienen los Gobiernos Estatales y las Dependencias de la Administración Pública Federal con la CFE; por consumos de energía eléctrica.

C. Informar sobre el robo de energía que afecta a la CFE, así como las acciones que se han tomado para combatir éste fenómeno; y  detallar las acciones tomadas por la CFE, para subsanar la problemática de cartera vencida en usuarios de energía eléctrica.

D. Informar sobre el modelo de cogeneración de energía eléctrica, utilizado actualmente por la CFE, así como  detallar el número de  contratos firmados con este fin, siendo específicos en las obligaciones y beneficios obtenidos por la CFE.

E. Informar sobre los diferentes tipos de subsidios que otorga la CFE a sus usuarios de energía eléctrica.

F. Informar sobre los resultados del modelo de inversión PIDRIEGAS en la CFE.

G. Informe sobre la inversión privada realizada por los particulares en las obras de infraestructura de la CFE.

H. De los subsidios que otorga: criterios y/o lineamientos, tipos de subsidios y tipos de beneficiarios.

I. El alcance y resultados del modelo de inversión vía PIDIREGAS.

TERCERA COMISION.





 

Que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informar sobre los acuerdos y avances logrados con base en las recomendaciones para la actualización de la NOM-012-SCT-2-2008.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para llevar a cabo las modificaciones necesarias a la NOM-012-SCT-02-2008, con la finalidad de disminuir los límites de la carga a los autotransportes de este ramo y prohibir la circulación de los dobles semirremolques, suscrito por el Senador Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El Senador promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, señala como motivación de la misma, lo siguiente:

Que en los últimos meses, distintos puntos del sistema carretero de nuestro país han sido escenario de diversos accidentes provocados por el transporte de carga, ocasionados principalmente por fallas mecánicas derivadas del exceso de peso.

En este sentido, menciona lo ocurrido el 13 de abril, en la autopista La Tinaja – Cosoleaca que, en el tramo de Acayucan - Ciudad Isla, en el municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz; cuando un camión de pasajeros se impactó con un tráiler, perdiendo la vida 33 personas; asimismo, el 29 de abril, un camión que contenía azúcar tuvo una falla en el sistema de frenos, la cual ocasionó que perdiera el control y se impactara primero contra un vehículo particular y después con un módulo de la caseta de cobro de peaje en Cuitláhuac, en la autopista México-Veracruz.

Por lo anterior, el proponente señala que muchos de los accidentes ocurridos en el estado de Veracruz como en el resto del país son causados en su gran mayoría por fallas mecánicas, las cuales, en muchas ocasiones son ignoradas por los conductores y por las empresas que se dedican a este rubro.

Finalmente, el Legislador hace referencia a que el incremento de los incidentes provocados por el transporte de carga y de pasajeros en diversas carreteras nacionales, lo cual, nos muestra la necesidad de llevar a cabo distintas acciones tendientes a reducir este tipo de percances, mediante la prevención de los mismos, modificando las normas que rigen al sector del autotransporte, con el fin de mejorarlas.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, comparten la preocupación del proponente y coinciden en la necesidad de impulsar  mejores políticas y disposiciones normativas que beneficien al sector del autotransporte de carga, así como, la seguridad de la población al transitar por el sector carretero mexicano.

TERCERA.- En la actualidad, el transporte terrestre es parte fundamental para los países en vías de desarrollo, el papel que sume en funciones de comunicación, integración, traslado de personas y bienes, así como, precursor de la actividad económica al involucrar a múltiples actores como transportistas, usuarios y autoridades.

CUARTA.- Bajo este precedente, el sector del autotransporte de carga por carretera debe estar en constante evaluación, a fin de favorecer su expansión de manera eficaz, eficiente, segura y confiable, toda vez, que el transporte constituye una actividad vital y estratégica para fomentar el desarrollo socio-económico del país, su adecuado funcionamiento permite abrir nuevos mercados, articular regiones y promover el comercio interno e internacional.

QUINTA.- En tal virtud, reconocemos que el Gobierno Federal está trabajando para renovar y ampliar la capacidad de servicios carreteros, aplicando recursos para rehabilitar y modernizar este sector, sabedor que una infraestructura adecuada en el sistema del transporte fortalece la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.

SEXTA.- Por ello, la seguridad vial es un tema permanente en la agenda del Ejecutivo Federal, por lo cual, el 17 de mayo de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instaló una mesa de trabajo con un panel de expertos del más alto nivel y prestigio, para revisar y emitir una opinión con relación a la NOM-012-SCT-2-2008, relativa a los límites de dimensión y peso para el transporte de vehículos de carga que circula por las carreteras.

De este modo, se realizaron una serie de recomendaciones que a la letra dicen:

A) Prohibir en los plazos más breves posibles el transporte de mercancías y sustancias peligrosas altamente tóxicas en vehículos doblemente articulados, conocidos como fulles.

B) Eliminar paulatinamente, en un plazo máximo de cinco años, las autorizaciones existentes para el transporte en fulles de los demás materiales y sustancias peligrosas.

C) El transporte de combustible en fulles será eliminado de manera gradual en cinco años, para evitar desabasto. No se autoriza el transporte de hasta 80 toneladas de carga en los fulles que estuvo vigente hasta mayo de 2013, y se tope máximo en 75.5 toneladas.

D) Revisar en un período preferentemente menor de tres años el peso máximo de carga.

E) Se propone crear una instancia de seguimiento que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables.

F) Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios.

G) Obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, tales como: cámara y bloqueadores de señales en cabina; GPS; sistemas de acoplamiento de última generación; frenos ABS; y sincronizador de frenado entre remolques.

H) Actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte.

I) Establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales y que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.

J) Emitir licencias especiales para los conductores de fulles, las cuales se obtendrían mediante un proceso de acreditación de experiencia y de capacidades llevado en centros especializados y certificados.

K) Reducir la vigencia de las licencias de manejo, de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos.

L) Restringir la circulación de fulles a caminos de mayores especificaciones (ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A); limitar permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.

M) Rediseñar el modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos (básculas dinámicas), que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones.

N) Actualizar el método de cobro a las unidades del autotransporte federal en las autopistas de cuota para que, en todas las configuraciones, proceda el pago por eje.

O) Establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante eventuales violaciones a las normas.

P) Disponer la instalación progresiva de un mecanismo efectivo para la aplicación de multas electrónicas.

Q) Mejorar e incrementar el apoyo institucional para la renovación del parque vehicular.

R) Reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal; llevar a cabo un programa de reordenamiento del parque vehicular; establecer procedimientos en línea, transparentes, ágiles y seguros; construir un sistema y base de datos institucionales nuevo, robusto, seguro y confiable; y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.

Cabe destacar, que el 5 de febrero del año en curso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y representantes del panel de expertos presentaron ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de  la H. Cámara de Senadores, las 22 recomendaciones antes mencionadas.

SEPTIMA.- Ahora bien, lo que antecede es una muestra de la acciones que se están tomando en materia de seguridad vial para evitar percances relacionados con el autotransporte de carga, impulsando la aplicación de criterios de valoración de los vehículos, bajo unas disposiciones reglamentarias eficientes, que hagan más seguro el transporte en México.

OCTAVA.- De tal forma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene la atribución de formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, así como regular la prestación de los servicios de transporte en sus diversas modalidades, lo cual incluye la investigación y prevención de accidentes e incidentes graves en ese ámbito.

NOVENA.- Bajo este orden de ideas, la que dictamina considera conveniente definir las posturas sobre eventuales modificaciones de esta norma o la creación de una nueva, lo que permitirá garantizar la seguridad del autotransporte federal y de los ciudadanos, así como la viabilidad económica de las empresas transportistas, es por ello, que se solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta Soberanía, el estatus de actualización de la NOM-012-SCT-2-2008.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informe sobre los acuerdos y avances logrados con base en las 22 recomendaciones de la mesa de trabajo del Panel de Expertos realizada el 17 de mayo de 2013, para la actualización de la NOM-012-SCT-2-2008.

TERCERA COMISION.





 

Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar las medidas de sanidad en cuanto a investigación, análisis y prevención de las enfermedades que causa la mortandad temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón del estado de Sinaloa.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis y prevención de la enfermedad que causa la mortandad temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón pertenecientes al Estado de Sinaloa, suscrita por la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición señala que en estimaciones del periodo comprendido entre 1990 y 2005, la producción global del cultivo de camarón alcanzó pérdidas económicas cercanas a los 15 mil millones de dólares y, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Global de Acuacultura, aproximadamente el 60% de dichas pérdidas puede ser atribuido a enfermedades virales.

También describe que la enfermedad conocida como Síndrome de Mortalidad Temprana o síndrome de necrosis hepatopancreática aguda ha provocado en los dos últimos años la mortandad masiva en las exploraciones acuícolas en varios países de Asia.

La cepa de la bacteria Vibrio parahaemolyticus que se encuentra habitualmente en las aguas costeras salobres de todo el mundo, es la principal causante de la destrucción de un órgano vital llamado hepatopáncreas, provocando que el animal pierda energía, se debilite, pierda el apetito y finalmente la muerte.

Datos reportados en el presente año en el estado Sinaloa sugieren que alrededor de 20 granjas acuícolas han presentado la Enfermedad de Mortandad Temprana, significando pérdidas monetarias y encareciendo el costo del camarón, en este sentido propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de su órgano desconcentrado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y el órgano descentralizado, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se tomen las medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis, y prevención de la enfermedad que causa la Mortandad Temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón pertenecientes al Estado de Sinaloa. Así como fortalecer el marco normativo necesario que permita la identificación y atención oportuna de este síndrome.

III. CONSIDERACIONES.

El punto de Acuerdo refiere el encarecimiento del precio del camarón, así como la baja producción del mismo, dentro de tres entidades federativas, primordialmente del estado de Sinaloa, derivado de la alta tasa de mortandad por el Síndrome de Mortalidad Temprana.

Al respecto, el artículo 109 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para establecer las medidas sanitarias que tienen por objeto prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.

Asimismo, en el artículo 29 de la ley referida, se autoriza al Instituto Nacional de Pesca a efecto de coadyuvar en la realización del análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas.

Cabe destacar que para la aplicación de medidas sanitarias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la encargada de declarar el estatus sanitario de las entidades federativas, las medidas de diagnóstico, detección, erradicación, prevención, y control para evitar la introducción y dispersión de enfermedades, determinar y clasificar las patologías de alto riesgo; así como para evaluar los daños, restaurar las áreas afectadas y establecer procesos de seguimiento.

Lo anterior, en coordinación con las entidades federativas con el objeto de inducir las medidas de seguridad de sanidad acuícola y realizar acciones de saneamiento acuícola.

En este contexto, esta dictaminadora solicita que sea atendida la petición de la legisladora, en el marco de aplicación por parte de la autoridad en materia de sanidad acuícola, determinando el grado de afectación, la incidencia y prevalencia del síndrome, así como los riesgos de dispersión y medidas y/o recomendaciones para atender la situación en comento.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); así como del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), tomen las medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis, y prevención de la enfermedad que causa la Mortandad Temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón pertenecientes al Estado de Sinaloa. Así como en el ámbito de sus atribuciones fortalecer el marco normativo necesario que permita la identificación y atención oportuna de este síndrome.

TERCERA COMISION.





 

Que exhorta la Comisión Nacional del Agua, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar las acciones las acciones que están desarrollando para el saneamiento del río Atoyac.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura Permanente del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de forma coordinada lleven a cabo acciones de saneamiento en el río Atoyac, así como para que vigilen el cumplimiento de la "NOM001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales", por parte de los municipios y empresas que se encuentran ubicados en zonas cercanas al cauce del río, suscrita por la Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de Acuerdo propone exhortar a la CONAGUA y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a efecto de que lleven a cabo acciones de saneamiento en el río Atoyac, así como para que en base a sus facultades verifiquen que se cumpla con lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996, a fin de revertir el daño ecológico generado por la contaminación presente en el cuerpo de agua de referencia.

El promovente expone que en nuestro país existen cerca de 42 ríos principales, mismos que se distribuyen entre distintas vertientes: Occidental o del Océano Pacífico; Oriental o del Océano Atlántico; e interior, cuyos ríos desembocan en diversos cuerpos de agua en el interior del territorio nacional.

Dentro de estos cuerpos de agua encontramos al río Atoyac, el cual se origina en las estribaciones de la sierra de Calpulalpan, Tlaxcala, atravesando los Estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, el cual es utilizado principalmente en las dos primeras entidades como vertedero de aguas residuales, así como zona de descarga de sustancias tóxicas por parte de las industrias que se encuentran cercanas a su cauce.

Continúa diciendo que el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018), documento rector de la política hídrica de nuestro país, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014 y se deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Conforme a lo señalado en la Ley de Planeación es catalogado como un Programa Especial y define la ruta para transitar hacia la seguridad y la sustentabilidad hídrica.

El PNH involucra a diversos sectores, lo que le da un carácter multisectorial, y también se le considera transversal debido a que en su desarrollo intervendrán diversos actores de la Administración Pública Federal, de los tres órdenes de gobierno, los usuarios del agua, y la sociedad en su conjunto.

Detalla, incluso, los objetivos del PNH 2014-2018:

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones.

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector.

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable.

6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua.

Dicho Plan establece, por otra parte, que “El estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el desarrollo sustentable, para ello es indispensable, el diseño e implementación de políticas ambientales con acciones compartidas entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como con la participación de los otros poderes, asegurando que sus efectos sean complementarios y sinérgicos.”

El promovente considera que, derivado de  lo anterior, es dable solicitar al Gobierno Federal, por conducto de la CONAGUA y la SEMARNAT, que se incremente el nivel de tratamiento de las aguas del río Atoyac, para así reducir los riesgos a la salud de la población y de contaminación ambiental, debiéndose hacer énfasis en la importancia de que los gobiernos estatales sumen esfuerzos para incrementar la calidad del agua que se descarga en dicho cuerpo de agua, lo que implica la construcción y rehabilitación de infraestructura.

La descarga de aguas negras e industriales de los asentamientos humanos y de las empresas que se encuentran establecidas en el cauce del río Atoyac, ha generado que este se ubique como el tercer río más contaminado de México, esto de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Basta señalar que tan sólo en las entidades que pertenecen a los Estados de Tlaxcala y Puebla, por las que atraviesa el río, se generan 433m3/s -metros cúbicos por segundo- de aguas residuales, de los cuales 255m3/s pertenecen a las aguas residuales municipales y 178m3/s a las no municipales.

Se advierte que en el estudio denominado "Evaluación del Riesgo Sanitario Ambiental de las Zonas Aledañas al Río Atoyac", elaborado por la CONAGUA, se establece que en su corriente se manifiestan consecuencias adversas inmediatas y futuras para la población, las cuales se manifiestan en su salud, integridad y seguridad, así como en daños ambientales, los cuales causan alteraciones del equilibrio ecológico.

Es importante recalcar que tan sólo en el Estado de Puebla existen más de 24 plantas tratadoras de agua, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo del cauce del río. Sin embargo, hasta mediados del 2013 únicamente se encontraban en operación 6 de ellas, situación que ha permitido que la contaminación del río se mantenga inalterable, lo que ha producido graves afectaciones ambientales en este cuerpo de agua, comprometiendo el uso del agua para el consumo humano, la agricultura, la pesca o la recreación.

Concluye señalando que la situación descrita tiene verificativo a pesar de que existe la norma oficial mexicana "NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales", instrumento jurídico principal de especial importancia para prevenir la polución en los cuerpos de agua del país.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de ésta Comisión compartimos la preocupación del proponente porque se lleven a cabo acciones de saneamiento en el Río Atoyac, debido a las consecuencias que puede tener para la población que las aguas presenten un alto índice de contaminación. Para dar forma al dictamen, corresponde repasar el marco normativo vigente.

Respecto a las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a esta dependencia:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal;

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XXVII. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;

XXXI. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

Por otro lado, el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en su fracción XL establece que existen dos acepciones de permisos:

a. “Permisos”: Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias,   para la construcción de obras hidráulicas y otros de índole diversa relacionadas con el agua y los bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de la presente Ley;

b. "Permisos de Descarga": Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, a las personas físicas o morales de carácter público y privado;

El artículo 4 del mismo ordenamiento legal dispone que “la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de ‘la Comisión’ [Nacional del Agua]”.

Por su parte, el artículo 7 es claro en declarar de utilidad pública:

VI. La eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio prestado, así como para contribuir a alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos;

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;

Es importante mencionar que el capítulo I del Título Séptimo de la LAN está dedicado a la “Prevención y Control de la Contaminación del Agua”. En este marco, resulta relevante repasar el contenido de diversos artículos:

Artículo 85. En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley, es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley.

El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental, en los términos de lo que establece esta Ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

[…]

Artículo 86 BIS 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien incumpla esta disposición.

Artículo 87. "La Autoridad del Agua" determinará los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, lo mismo que sus modificaciones, para su observancia.

Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.

El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población, corresponde a los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.

Artículo 95. "La Autoridad del Agua" en el ámbito de la competencia federal, realizará la inspección o fiscalización de las descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley. Los resultados de dicha fiscalización o inspección se harán constar en acta circunstanciada, producirán todos los efectos legales y podrán servir de base para que "la Comisión" y las dependencias de la Administración Pública Federal competentes, puedan aplicar las sanciones respectivas previstas en la Ley.

Además, el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece las obligaciones de las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales, entre las que destacan:

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que les expida "La Comisión", o en su caso, presentar el aviso respectivo a que se refiere la "Ley" y este Reglamento;

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando esto sea necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso de descarga correspondiente;

III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales;

IV. Instalar y mantener en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de los parámetros previstos en los permisos de descarga;

V. Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente;

VI. Hacer del conocimiento de "La Comisión", los contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que no estuvieran considerados originalmente en las condiciones particulares de descarga que se les hubieran fijado;

VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores;

VIII. Sujetarse a la vigilancia y fiscalización que para el control y prevención de la calidad del agua establezca "La Comisión", de conformidad con lo dispuesto en la "Ley" y el "Reglamento";

IX. Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que descarguen o infiltren en los términos de ley y demás disposiciones reglamentarias;

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, como lo establece el artículo 8, fracción III, de la Ley de Aguas Nacionales, el titular de la SEMARNAT funge como Presidente del Consejo Técnico de la CONAGUA.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de Acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales, aunque proponemos un ajuste en su redacción.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informen a esta Soberanía las acciones que están desarrollando o planean desarrollar, de forma coordinada, para el saneamiento en el río Atoyac, así como para vigilar el cumplimiento de la "NOM001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales", por parte de los municipios y empresas que se encuentran ubicados en zonas cercanas al cauce del río.

TERCERA COMISION.





 

Que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a valorar la conveniencia y factibilidad de reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza”; C5 “Fundición”, en la carretera federal 15, en el estado de Sonora.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a adoptar las medidas necesarias para reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza” y C5 “Fundición” ubicadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora, suscrita por la senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y el diputado Faustino Félix Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

En la Proposición con Punto de Acuerdo se explica que, en el tramo “Estación Don-Nogales” de la Carretera Federal 15 en el estado de Sonora, existen seis casetas que cobran peaje y en cuatro de ellas no hay rutas alternas que permitan a los usuarios transitar sin tener que realizar un pago. Estas casetas, conocidas como C2 “Hermosillo”, C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” y C6 “La Jaula”, afectan a los residentes de Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo que deben cubrir las cuotas para ingresar y salir de sus localidades.

Se señala que dicha situación es contraria a la libertad de tránsito establecida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se solicita reubicar las casetas C4 “Esperanza” y C5 “Fundición”, colindantes al norte y al sur de Ciudad Obregón, de tal forma que se respete el derecho de quienes requieran circular por esa zona, al proporcionárseles una alternativa que no implique un pago.

Los proponentes mencionan que dicha opción es necesaria y factible en el marco de la construcción del libramiento de Ciudad Obregón, proyecto incluido en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, que implicará el establecimiento de una nueva caseta de cobro. Al respecto explican que, con la existencia del libramiento, la permanencia de las casetas C4 “Esperanza” y C5 “Fundición” carecería de sentido debido a que los usuarios optarían por la nueva vía y lo más conveniente sería reubicar las casetas existentes en ella para establecer como vía alterna el actual pasó por Ciudad Obregón.

La senadora y el diputado proponentes exponen que la ubicación actual de estas casetas ha generado protestas y enfrentamientos entre las autoridades federales y la población, debido a que los ciudadanos han buscado evadir el cobro mediante el uso de brechas. Además, señalan que a pesar de la presentación de diversos puntos de acuerdo durante las legislaturas pasadas el problema no ha sido atendido y sigue afectando a la población de la zona y la productividad de la región.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. Se concuerda con los proponentes en la necesidad de actuar para llevar a cabo medidas que permitan facilitar la circulación de los mexicanos en el tramo “Estación Don-Nogales” de la Carretera Federal 15 en el estado de Sonora; sin embargo, se plantean ciertas reservas sobre la justificación y factibilidad de la propuesta en torno a la reubicación de las casetas C4 “Esperanza” y C5 “Fundición” en los términos planteados por los proponentes.

En primer lugar, debe observarse que la inexistencia de una alternativa para transitar sin pago de peaje no necesariamente resulta restrictiva a la libertad de tránsito establecida en el artículo 11 constitucional, debido a que el cobro de la cuota por el uso de los servicios carreteros se ejerce en función del cruce mediante el uso del automóvil. Si los concesionarios no limitan el cruce “a pie” de los individuos, el argumento relacionado con el derecho a transitar sería, por lo menos, cuestionable y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría de fungir como la responsable de dirimir dicha controversia.

Al respecto existe jurisprudencia: la Tesis P.V/96 con registro 200,219, votada de manera unánime, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, de febrero de 1996, en la página 173 señala lo siguiente:

la garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada no consiste en el derecho al libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene "todo hombre", es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía del libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo.1

En el mismo sentido, la Tesis 2ª./J. 192/2009 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX en diciembre de 2009, en la página 359, indica que “la garantía de libertad de tránsito sólo salvaguarda a los individuos y no a los vehículos automotores a través de los cuales se desplazan.”2

En segundo lugar, lo que los proponentes plantean debe revisarse en función del proceso de licitación que, de acuerdo a la afirmación del Presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en  curso.3La reubicación de las casetas C4 “Esperanza” y C5 “Fundición” con el objetivo de “despejar” el tránsito gratuito por el tramo en que se ubican actualmente puede carecer de factibilidad, ya que el libramiento de Ciudad Obregón es un proyecto ajeno a la licitación otorgada la compañía Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas S.A. de C.V. (OCACSA) en el año 2002.

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que evaluar la congruencia y legalidad de la medida en función de las bases de licitación del nuevo proyecto y del contrato de concesión vigente con OCACSA. Si bien, de acuerdo a la fracción III del artículo 5 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), dicha dependencia tiene la facultad de “otorgar las concesiones y permisos (…) vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso”  y de acuerdo a la fracción VIII del mismo artículo es responsable de “establecer las bases generales de regulación tarifaria”;  sus acciones en la materia deben apegarse marco existente para el otorgamiento y evaluación en el cumplimiento de los términos de concesión por parte de la iniciativa privada.

Debido a lo anterior la comisión dictaminadora propone un cambio en la redacción del resolutivo que se enfoque a solicitar la intervención de la SCT, como dependencia facultada en el tema, pero que no restrinja las alternativas que en función de una revisión profunda de la propuesta puedan plantearse por dicha dependencia federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO

UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que valore la conveniencia y factibilidad de reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” -situadas en la carretera federal 15, en el Estado de Sonora- en el libramiento de Ciudad Obregón contemplado en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018; y en su caso, que adopte las medidas necesarias para dicha reubicación en función de sus atribuciones y de acuerdo a régimen de concesiones vigente.

TERCERA COMISION.

1 Amparo en revisión 4512/90. Gilberto Luna Hernández. 14 de noviembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba.  Consultado el 3 de junio de 2014 en: http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDMorelia/pdf/263TES.pdf

2 Contradicción de tesis 164/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de octubre de 2009. Mayoría de tres votos. Ponente: Manuel Azuela Güitrón. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Consultado el 3 de junio de 2014 en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=21905&Clase=DetalleTesisEjecutorias

3 Presidencia de la República. “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, durante el anuncio de inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, 22 de abril de 2014. Consultado el 4 de junio de 2013 en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-anuncio-de-inversion-de-la-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes/





 

Que solicita a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; y de Economía, un informe sobre las políticas que han instrumentado en materia de generación y fomento de empleos formales, así como los planes y programas en materia de empleo juvenil.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía para que hagan del conocimiento público las acciones que han implementado para la generación y fomento de empleos formales en el país e implementen los mecanismos que contrarresten los altos niveles de desocupación juvenil, que no obstante a la reforma laboral, a la fecha se ha incrementado; suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El 1º de septiembre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en la Cámara de Diputados se realizaron cambios y se eliminaron artículos referentes a la transparencia y democracia sindical y fue entregada a los Senadores el 1º de octubre de 2012, posteriormente regreso[sic] a los Diputados el 29 de octubre de 2012 para que se revisaran los cambios, una vez más los Diputados la regresaron a Senadores el 8 de noviembre de 2012 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

Los más de 300 cambios efectuados el año pasado a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para flexibilizar la contratación a cinco meses de haber entrado en vigor, no había tenido efectos en una mayor generación de empleos y 74% de los empresarios aseguraban que los cambios no cumplieron con sus expectativas; según datos revelados en un estudio elaborado por KPMG denominado Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013.”

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca la creciente productividad laboral mexicana, pero en materia de informalidad, lo mismo que en el renglón de la desocupación abierta, el cual llegó para quedarse, al igual que la precariedad laboral.

El 20 de enero de 2014 la OIT divulgó su informe Tendencias mundiales del empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?, en el que advierte que para el caso mexicano la tasa oficial de desocupación abierta se mantendrá prácticamente intocada cuando menos hasta 2016, es decir cuando ya todas las “reformas” peñanietistas estén en pleno funcionamiento, sin olvidar que para ese entonces la “modernización” laboral cumplirá su cuarto año de vigencia.

Asimismo, indica “México ocupa la cuarta posición internacional en lo que a desempleo juvenil se refiere (15 a 29 años de edad). Alrededor de una cuarta parte de la población juvenil está desempleada.

Cabe señalar, que en diciembre del 2013, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 4.25% de la Población Económicamente Activa (PEA), inferior a la reportada en igual periodo de 2012, cuando se situó en 4.47%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa de desempleo se ubicó en su menor nivel desde el 4.11% de octubre de 2008. "Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres disminuyó de 4.56% a 4.24% entre diciembre de 2012 y el mismo mes del 2013, y la de las mujeres descendió de 4.33% a 4.28% en el mismo lapso", dijo el Instituto a través de un comunicado.

El INEGI informó sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para diciembre de 2013, los cuales indican que 59.86% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa (tasa de participación). Esta cifra fue mayor a la observada en el mismo mes de 2012, de 58.22 por ciento.”

C. Concluye el proponente refiriendo las facultades de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como sigue:

“Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Economía corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

XII.- Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología;

XIV.- Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales;

XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XVII.- Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;

XX.- Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;

XXI.- Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas;

XXII.- Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares;

XXIII.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales.

Asimismo, el Artículo 40 indica que corresponde a la [sic] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II.- Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

V.- Promover el incremento de la productividad del trabajo;

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

VII.- Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;

XVII.- Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país.”

D. Con lo anterior, formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de Economía C. Ildefonso Guajardo Villarreal y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, C. Alfonso Navarrete Prida, para que hagan del conocimiento público las acciones que han implementado para la generación y fomento de empleos formales en el país; asimismo, a que implementen los mecanismos que contrarresten los altos niveles de desocupación juvenil, que no obstante a la reforma laboral, a la fecha se ha incrementado.” [sic]

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para el estudio y dictamen correspondiente, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación de los proponentes en relación con el crecimiento de empleos informales en México, por lo que considera procedente solicitar información a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía en relación con las acciones que han instrumentado para la generación y fomento de empleos formales en el país al tenor de lo siguiente:

El estudio Panorama Laboral 2012, emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con estadísticas oficiales de cada país afirma que

“… México tiene la mayor tasa de empleo informal entre las economías más grandes de América Latina con el 59% de su población en edad productiva...”

El mismo estudio realizado en 2013, en relación con empleos formales enfatiza:

“La tendencia hacia una mayor formalización se detuvo en 2012 respecto de 2011, como consecuencia, sobre todo, del escenario internacional. Esto se puede deber al contexto económico y sus efectos sobre el mercado de trabajo, pero también al hecho de que a medida que se va reduciendo la informalidad, el esfuerzo a realizar es cada vez mayor para continuar esta tendencia. Es necesario, por tanto, redoblar esfuerzos para facilitar el tránsito a la formalización, a través de medidas deliberadas y específicas, pues el crecimiento por sí solo no necesariamente reduce la informalidad.

El tránsito a la formalidad trae consigo beneficios tangibles en áreas tales como la pobreza, la desigualdad, la productividad y el apoyo a la democracia. Permite también beneficios palpables en los ingresos para la mayoría de los trabajadores, quienes se favorecerían de este tránsito, al facilitar que sus atributos y calificaciones puedan ser desplegados de manera más eficiente en el mercado de trabajo. Por estas razones, facilitar el tránsito a la formalidad, se ha convertido en el principal desafío de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) para los próximos años.”1

Por lo que toca al desempleo juvenil, las estadísticas contenidas en la proposición de mérito demuestran que el índice ha decrecido y, en este sentido, el informe denominado Trabajo Decente y Juventud en América Latina 2013, Políticas para la acción2, que compara datos entre los años 2005 a 2011, destaca:

“… que al final de este período el desempleo juvenil llegó a 13,9%. Aunque la tasa bajó con respecto al 16,4% de 2005, los trabajadores de 15 a 24 años siguen enfrentando mayores dificultades para encontrar un empleo, y más aún un empleo de calidad.

La tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos. Además, los jóvenes representan 43% del total de los desempleados de la región, según dice el estudio de la OIT.

Por otra parte, la tasa de desempleo juvenil sube por encima de 25% al considerar sólo a los sectores de menores ingresos, mientras está por debajo de 10% para los de mayores ingresos. Con respecto a la calidad del empleo, destaca que el 55,6 % de los jóvenes ocupados sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad, lo que en general implica bajos salarios, inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos.

El informe dice que 6 de cada 10 empleos generados para los jóvenes son informales. Además, sólo 37% de los jóvenes cotizan para el seguro social de salud, y 29,4% al sistema de pensiones. De todos los jóvenes que son asalariados, apenas 48,2% tienen contrato escrito, en comparación con 61% de los adultos.”3

Más aún, el apartado denominado Programa Nacional de Carreras del Programa Anual 2012-2013, publicado por el Observatorio Laboral Nacional4destaca:

“La participación de los jóvenes profesionistas ha aumentado en la ocupación. En México los jóvenes de 20 a 24 años de edad representan el 7% de los profesionistas ocupados, mientras que los jóvenes de 25 a 34 años de edad representan el 36%. Esto significa que los jóvenes profesionistas que trabajan de 20 a 34 años de edad, constituyen el 43% de todos los profesionistas ocupados.”

Así, tanto los argumentos generales de los proponentes como la investigación realizada por el cuerpo técnico, demuestran que el nivel de desocupación de los jóvenes ha disminuido; sin embargo, la Comisión Dictaminadora comparte la preocupación de los legisladores en materia de desempleo y considera procedente solicitar a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, un informe detallado en relación con los planes y programas en materia de desempleo juvenil.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Secretaría de Economía, que remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre las políticas públicas que han instrumentado en materia de generación y fomento de empleos formales, así como de los planes y programas en materia de empleo juvenil.

TERCERA COMISION.

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_232760.pdf

2 http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_235577/lang--es/index.htm

3 http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_235654/lang--es/index.htm

4 Disponible para su consulta en el sitio electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: http://www.observatoriolaboral.gob.mx/work/models/ola/Resource/253/2/images/Panorama_ejecutivo_2013.pdf





 

Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación a que en el marco de los foros temáticos de la reforma estructural del campo mexicano se consideran las propuestas de la expresión plural de las organizaciones campesinas que deseen inscribir ponencias.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de los foros temáticos y adicionales de cara a la reforma estructural del campo mexicano, consideren y admitan todas y cada una de las propuestas de las organizaciones sociales campesinas que deseen inscribir ponencias, así mismo, permitan el registro, asistencia y participación de cualquier ciudadano u organización social que así lo desee sin restricciones ni prohibiciones partidistas o de índole económica, suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El legislador solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, admitir e integrar todas y cada una de las propuestas provenientes de la ciudadanía, de organizaciones sociales y campesinas para la conformación de la Reforma Estructural del Campo Mexicano.

Manifiesta su inquietud por diversas declaraciones de sectores campesinos que han referido no haber sido tomados en cuenta o excluidos en la participación de propuestas en los foros nacionales y regionales por considerar que la convocatoria es parcial al partido político del Gobierno Federal. 

En ese sentido, refiere la importancia de exhortar al Gobierno de la República para que la Secretaría del ramo evite la restricción a las organizaciones campesinas de participar en el proceso de recopilación de información para la mejora del campo, en el marco de la reforma estructural del sector.

Por otra parte, indica que la crisis alimentaria se ha agudizado, toda vez que se ha incrementado el monto de importaciones, en términos monetarios que de 1990 a 2011, pasó de 4,750 a 2,7067 millones de dólares, representando una tasa de crecimiento media anual de 22.3%, lo que se traduce en baja producción y lo obtenido se destina a la exportación, en este sentido propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.  Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de los foros temáticos y adicionales de cara a la reforma estructural del campo mexicano, consideren y admitan todas y cada una de las propuestas de las organizaciones sociales campesinas que deseen inscribir ponencias, así mismo, permitan el registro, asistencia y participación de cualquier ciudadano u organización social que así lo desee sin restricciones ni prohibiciones partidistas o de índole económica. 

III. CONSIDERACIONES.

La proposición describe diversas preocupaciones del legislador sobre el campo mexicano en el marco de la reforma estructural de dicho sector, así como de la participación de diversas organizaciones en los foros temáticos realizados por el Ejecutivo Federal.

Cabe destacar, que el Eje México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, incluye al sector agroalimentario para impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

Por lo que, es necesario realizar un trabajo profundo de consulta, análisis e integración de propuestas en conjunto con organizaciones, legisladores y autoridades involucradas en el sector. Ello, con la finalidad de conformar una nueva legislación que impulse la productividad, sustentabilidad, rentabilidad y justicia en el campo.

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que es importante incluir en los foros temáticos las opiniones de las organizaciones campesinas, con el objeto de experimentar un diálogo de puertas abiertas e incluyente, que permita concluir en la concreción de los cambios necesarios que requiere el campo mexicano.

Esta dictaminadora considera pertinente hacer mención que en la página de Internet www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/reforma_campo/Paginas/default.aspx se puede consultar el calendario de fechas en las que realizarán los foros de consulta a nivel nacional, regional y estatal, el formato para el registro de propuestas y diversa información sobre la temática que se abordará. Destacando que la plataforma de registro, para las propuestas de la reforma para la transformación del campo, no refiere en ninguna de los secciones de registro, restricción alguna para que cualquier persona pueda incluir su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de los foros temáticos nacionales y regionales de la reforma estructural del campo mexicano, se consideren las propuestas de la expresión plural de las organizaciones campesinas que deseen inscribir ponencias, además de permitir el registro y asistencia de los ciudadanos que así lo soliciten y cubran los requisitos contemplados en la convocatoria correspondiente.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a remitir a esta Soberanía, las conclusiones de los foros nacionales y regionales, en el marco de la reforma al campo mexicano.

TERCERA COMISION.





 

Que solicita al Servicio de Administración Tributaria informe el estado que guarda y verifique el proceso de registro en el sistema de ventanilla digital mexicana de comercio exterior para las empresas del sector manufacturero y de exportación en relación con los mecanismos de obtención de los beneficios de devolución del Impuesto al Valor Agregado en importaciones.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a tomar las acciones conducentes para solventar las fallas en el sistema de ventanilla única y en la asignación de beneficios en materia fiscal, suscrita por el Diputado David Pérez Tejeda Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelerar el proceso de devolución del impuesto al valor agregado de los contribuyentes del país, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, suscrita por los  Diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a tomar las acciones conducentes para solventar las fallas en el sistema de ventanilla única y en la asignación de beneficios en materia fiscal, suscrita por el Diputado David Pérez Tejeda Padilla, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Las nuevas condiciones que marcan la competencia en el mercado internacional, implican la implementación de sistemas de modernización aduanera que permitan reducir costos e incrementar la competitividad, tomando en cuenta las ventajas que ofrecen las tecnologías de información y de comunicación para facilitar el comercio. Ejemplo de ello es la herramienta conocida como “VUCEM”, la cual tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el comercio y el gobierno, así como aportar beneficios a todas las partes involucradas en el comercio fronterizo, por medio de la reducción en tiempo y recursos para la presentación de la documentación e información relacionada con el comercio a través de un solo punto de entrada.

El sistema VUCEM se implementa en nuestro país desde el 14 de enero del 2011, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, con la finalidad de efectuar a través de un solo punto de la entrada electrónico todos los procedimientos de importación, exportación y tránsito de mercancías, por lo cual existe el antecedente de la importancia de este sistema como medio para aumentar los estándares de competitividad de nuestro país, utilizando elementos que fortalezcan los mecanismos de participación en el comercio exterior.

Siguiendo la línea del desarrollo económico, en el Plan Nacional de Desarrollo, se propone que uno de los ejes rectores de la actual administración federal se enfoque en el impulso de políticas públicas que propicien la generación de empleos y empresas formales en pro de la certidumbre laboral y el acceso de los trabajadores a los mecanismos de previsión social.

Asimismo, se estipula que la política de fomento económico debe ser moderna y dirigida a aquellos sectores estratégicos que cuenten con alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales.

Enseguida, el proponente plantea que:

Lo anterior se acompaña a través de medidas que faciliten un proceso de cambio estructural ordenado, que permita el crecimiento de actividades de alto valor agregado, al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía, todo esto con el objetivo de fortalecer el sistema de administración tributaria, la incentivación de la competitividad y el combate al empleo informal (en el cual el 60% de la Población Económicamente Activa tuvo un trabajo con cierto grado de informalidad).

La estrategia para fortalecer los ingresos del sector público pretende incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano, con ingresos estables y de carácter permanente, de acuerdo a lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo, cuidando la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal y promover una nueva cultura contributiva respecto a derechos y garantías de los contribuyentes. 

Entre las respuestas del Gobierno Federal ante los retos de la economía globalizada, en la cual nuestro país puede crecer con beneficios para los mexicanos, se encuentra el decreto que modificó diversas disposiciones fiscales y la expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013, los estímulos fiscales otorgados a la Industria Manufacturera y Maquiladora y de Servicios de Exportación, aunado a la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013.

Este último decreto al que aludo, contiene los lineamientos necesarios para obtener la certificación para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Con estas reglas se pretende:

● Otorgar un crédito fiscal equivalente al 100% de la cantidad que se causaría por concepto de IVA e IEPS por las importaciones temporales que empezaría a pagarse a partir del 1 de enero del 2015.

● Devoluciones de IVA en un periodo que oscilará entre 10 y 20 días

● Crédito fiscal que evitará el pago del IVA e IEPS generado por las importaciones temporales.

● La vigencia de la certificación podrá llevarse de 1 a 3 años, siempre y cuando se envíe un aviso de renovación 30 días antes del vencimiento.

Para incrementar el grado de competitividad en la industria en materia de comercio exterior, es necesario cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a los beneficios antes mencionados, siendo uno de ellos el solicitar la certificación vía electrónica, lo que me remite al Sistema de Ventanilla Única para el Comercio Exterior Mexicano, del cual se tiene que hacer uso para dicha solicitud.

Para realizar este trámite se especificaron plazos fatales, los cuales dependen de la ubicación geográfica de la empresa, dando espacio de aproximadamente un mes por región, tomando en cuenta que el sistema de Ventanilla Única no significaría un problema, sino una ayuda para lograr la inscripción del total de las empresas interesadas.

Concluye el proponente al decir que:

Pero la realidad es otra. La primera región en tener la oportunidad de realizar su registro es la del Pacífico Norte. A esta región pertenece Baja California, en donde contamos con aproximadamente 1,137 empresas pertenecientes al sector manufacturero y maquilador de exportación, de las cuales sólo el 16% del total se ha podido registrar en el tiempo establecido, debido a problemas con el sistema VUCEM, en el cual se pierden hasta diez días hábiles para subir la información correspondiente.

Los problemas con la VUCEM se han detectado desde 2012, y se relacionan con la transmisión de la información a través del portal de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, de los servicios web de la misma debido a la lentitud extrema en cuanto a la transmisión de datos, así como problemas de acceso al portal de la VUCEM. Estas fallas que se han presentado desde tiempo atrás representan un impedimento para lograr las metas en materia de competitividad y de desarrollo económico.

Por otro lado, en las últimas semanas el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), ha manifestado que el cumplir con los requisitos para gozar de los beneficios fiscales otorgados a empresas que incentivan el empleo formal y que intentan mantenerse dentro de los estándares de competitividad nacionales e internacionales, no se ve reflejado en la devolución del IVA de las empresas que enteran un saldo a favor, que es uno de los estímulos más atractivos para aquellos que son contribuyentes cumplidos y puedan utilizar dicho fondo para su gasto corriente, teniendo en muchos de los casos que recurrir a un financiamiento externo, principalmente las Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

Con lo anterior, el proponente formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a que realice las adecuaciones necesarias para normalizar el proceso de registro en el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano para las empresas del sector manufacturero y de exportación, de manera que puedan certificarse y obtener los beneficios relacionados con la devolución del IVA en importaciones temporales, que entrará en vigor a partir de 2105.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a normalizar o si es posible, agilizar las devoluciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor de las personas físicas y morales que así lo hayan solicitado.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que dé a conocer las reglas de certificación adicionales al sistema VUCEM, con respecto a la modalidad de fianza y del pago de depósito en garantía.

B. En la Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelere el proceso de devolución  del Impuesto al Valor Agregado de los contribuyentes del país, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, la cual está suscrita por los Diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se manifiesta lo siguiente:

En México, el pago de impuestos por parte de los contribuyentes regularizados ante el SAT se ha convertido en una auténtica pesadilla, en particular para quienes cuentan con negocios pequeños y medianos, mientras que por otro lado, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, su alta responsabilidad no se corresponde con la responsabilidad en el uso que de los recursos hace el Gobierno Federal.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha detectado diversas prácticas administrativas por parte de las autoridades fiscales del SAT que violan los derechos fundamentales de los contribuyentes cumplidos. Una de estas violaciones se relaciona con el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado.

A lo largo de 2013 y lo que va del presente ejercicio fiscal, el SAT ha retrasado de manera injustificada las devoluciones del IVA, confirmando una vez más que el problema tiene un carácter sistémico que en el corto plazo de acuerdo con la PRODECON, terminará por rebasar a las autoridades ante la constante violación de los derechos de los contribuyentes.

Es importante dejar constancia de que el retraso en la devolución del impuesto, no sólo afecta a los contribuyentes cumplidos sino también a la economía mexicana en general pues muchos sectores como el manufacturero, el sector maquilador y el agropecuario (quienes manejan elevados niveles de inversión) no contabilizan los recursos que por devolución de impuestos deberían contar para continuar con sus procesos de inversión.

La PRODECON ha sido contundente al reconocer la violación de los derechos de los contribuyentes por parte del SAT y al afirmar hace pocos días que las malas prácticas administrativas por parte de la autoridad han generado retrasos y aplazamientos injustificados de las devoluciones que los contribuyentes solicitan.

La propia instancia señala haber recibido 30 mil quejas de contribuyentes inconformes, de los cuales 12 mil de ellos, es decir el 40% tiene problemas con el reembolso de impuestos.

Entre las malas prácticas que detectó la PRODECON podemos señalar los requerimientos innecesarios y excesivos, los requerimientos gravosos, requerimientos extemporáneos y falta de resoluciones fundadas o motivadas, por mencionar algunas, que han dado como resultado que un 76% de los trámites de devolución se resolvieron desfavorablemente para los contribuyentes durante el ejercicio fiscal 2013.

Enseguida, los proponentes plantean que:

La resolución de solicitudes de devolución tarda en promedio 200 días de acuerdo con la PRODECON, cuando por ley el SAT tiene como máximo 70 días lo que incide directamente en la estabilidad de las empresas por la escasa circulación de su capital. Además la autoridad hace requerimientos innecesarios, excesivos y gravosos de información que implican que el proceso lleve mayor tiempo. El SAT llega a solicitar 63 documentos de 30 rubros distintos por cada trámite, y del total de documentos solo toma en cuenta 3%.

Si bien el problema en la devolución de IVA lo padecen tanto personas físicas como morales, la PRODECON expresó especial preocupación por la industria maquiladora, con más de 80 empresas con la problemática, empresas exportadoras, de la industria farmacéutica con régimen de tasa cero cuyo proceso de devolución de impuestos sin duda, forma parte de su mecánica y proceso de trabajo.

A la fecha, las autoridades fiscales han hecho caso omiso a las diferentes solicitudes de devolución de impuestos por concepto de IVA correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, pero además, la propia autoridad fiscal no ha tomado en cuenta que dentro de los contribuyentes que han solicitado la devolución del impuesto, se encuentran empresas ubicadas dentro del sector manufacturero y de exportación con más de 30 años de operación y con plantillas laborales de más de 4 mil empleados.

Por lo tanto, es necesario reconocer como un derecho de todos los contribuyentes, la recuperación de los saldos a su favor, o en algunos casos dinero que han pagado de más por algún error al calcular los impuestos. El mismo artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece como una obligación que las autoridades fiscales devuelvan a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las propias leyes fiscales. La restitución del saldo a favor constituye una obligación legal que se sustenta en el principio de legalidad tributaria. Por ello, si el Gobierno Federal tiene derecho de obtener de los contribuyentes los tributos que la ley prevé, el mismo Gobierno está obligado a devolver los saldos a favor tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es importante reiterar que el retraso en la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes afecta la esfera económica y financiera de los mismos, limitan la circulación de su capital y por supuesto, impiden el desarrollo de sus actividades.

Con lo anterior, los proponentes formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que establezcan procedimientos rápidos y eficientes de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al ejercicio 2013 tanto a personas físicas como morales que han sido afectadas por malas prácticas administrativas, con el fin de evitar dañar sus finanzas en el mediano y largo plazo y dar cumplimiento al marco legal vigente en materia fiscal.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer un dictamen a estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de las dos propuestas que se dictaminan y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 constitucional el Estado mexicano garantizará un desarrollo nacional integral y sustentable mediante la competitividad, que no es otra cosa más que “…el conjunto de condiciones necesarias para general un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”

Por ello es que el comercio exterior es una de las vías que el país tiene para la generación del empleo y con esto, mejorar la economía nacional.

El 14 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, “…con el objeto de permitir a los agentes de comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada electrónico, todos los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías”.1

Las actividades que agentes del comercio exterior realizan a través de la ventanilla digital, con base en lo dispuesto por el Artículo Cuarto del citado Decreto, son las siguientes:

ARTICULO CUARTO.- Las actividades que podrán realizarse a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior son las siguientes:

I. Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con importaciones, exportaciones y tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias que, conforme a la legislación aplicable, sea exigido por las autoridades competentes en materia de comercio exterior;

II. Consultar información sobre los procedimientos para la importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las notificaciones que se deriven de dichos trámites, y

III. Efectuar pagos electrónicos de las contribuciones y los aprovechamientos que procedan, causados por la realización de trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Los trámites se llevan a cabo con base en lo dispuesto por los Artículos Quinto a Décimo Primero:

ARTICULO QUINTO.- Para los efectos del artículo anterior se estarán a lo siguiente:

I. Para realizar trámites a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior se utilizará el Registro Federal de Contribuyentes con estatus de activo de la persona moral o física de que se trate y su certificado de la FIEL vigente y activo, emitido por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación autorizados conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, así como el registro y certificado antes señalados que emita el SAT a los representantes legales de las personas morales, en términos de lo dispuesto en el citado ordenamiento legal;

II. Se entenderá que las personas físicas y morales que realicen sus trámites a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior aceptan que dichos trámites se realicen en su totalidad mediante esa vía, por lo que los actos administrativos que correspondan se podrán emitir a través de medios electrónicos y notificarse por medio de dicha Ventanilla Digital.

La FIEL respectiva, amparada con un certificado vigente y activo, emitido por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación acreditados en términos del Código Fiscal de la Federación, sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizando la integridad, no repudio y confidencialidad de la documentación o información presentada y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio;

III. Las autoridades competentes en materia de comercio exterior, aceptarán los certificados de la FIEL emitidos por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del Código Fiscal de la Federación, para la gestión de los trámites materia de su competencia, relacionados con las importaciones, exportaciones y tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias a su cargo, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan la FIEL, y

IV. En la emisión de los actos administrativos y su notificación, relacionados con la importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior, se utilizará la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, empleando la FIEL que corresponda a los servidores públicos, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan la FIEL.

ARTICULO SEXTO.- Conforme a las etapas de implementación referidas en el artículo tercero del presente Decreto, las autoridades competentes en materia de comercio exterior, adoptarán el uso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior para efectos de los trámites en las materias de su competencia, para lo cual deberán ajustar y simplificar los formatos y procesos que actualmente se exigen para la realización de los mismos.

ARTICULO SEPTIMO.- Los particulares podrán presentar ante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, promociones o solicitudes relacionadas con cualquiera de los trámites a los que se refiere el presente Decreto, requeridas por las autoridades competentes en materia de comercio exterior, a partir de las fechas señaladas en el artículo tercero de este ordenamiento, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables al trámite y, en su caso, las que definan las autoridades competentes.

ARTICULO OCTAVO.- Se constituye la Comisión Intersecretarial para la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, con el objeto de definir los elementos o requerimientos de información de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior y las modificaciones que después de su implementación sea necesario realizar, misma que se encargará de tomar las decisiones estratégicas de dicha Ventanilla Digital.

La Comisión Intersecretarial analizará periódicamente cuáles medidas de regulación y restricción al comercio exterior vigentes son susceptibles de incorporarse a la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, de acuerdo a las etapas de implementación a que se refiere el artículo tercero de este Decreto.

La Comisión Intersecretarial podrá establecer los grupos de trabajo que considere necesarios para el adecuado desahogo de sus funciones. La Comisión Intersecretarial y, en su caso, los grupos de trabajo que establezca, se regirán por las reglas de operación que al efecto expida dicha Comisión.

ARTICULO NOVENO.- La Comisión Intersecretarial estará integrada de la siguiente forma:

I. Por la SE, el Subsecretario de Industria y Comercio, quien la presidirá; el Director General de Comercio Exterior, y un servidor público designado por el Secretario de Economía;

II. Por la SHCP, el Jefe del SAT, el Administrador General de Aduanas, el Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, el Administrador Central de Competencias y Modernización Aduanera y un Director General o su equivalente, designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III. Por la SFP, el Subsecretario de la Función Pública o el servidor público que éste designe con nivel, al menos, de Titular de Unidad, y

IV. Por SAGARPA, SALUD, SEDENA, SEMARNAT, SENER y SEP, un Director General o su equivalente, designados por los titulares de dichas dependencias.

Los miembros de la Comisión Intersecretarial podrán ser suplidos en sus ausencias por un servidor público que deberá tener, al menos, el nivel de Director General o su equivalente.

Todos los miembros de la Comisión Intersecretarial contarán con voz, pero adoptarán sus decisiones por mayoría de votos de las dependencias representadas en la Comisión, correspondiendo un voto a cada una de ellas. En caso de empate la SE tendrá voto de calidad.

El Presidente de la Comisión Intersecretarial designará de entre los miembros de la misma a su Secretario Técnico.

La Comisión Intersecretarial sesionará de manera ordinaria cada tres meses y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente.

ARTICULO DECIMO.- Cuando la Comisión Intersecretarial deba tratar asuntos de comercio exterior que involucren a un sector productivo específico, podrá convocar a sus sesiones a representantes del ámbito privado y académico que pertenezcan a tal sector, quienes únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Las autoridades competentes en materia de comercio exterior, podrán presentar propuestas, en el ámbito de sus atribuciones, a la Comisión Intersecretarial, a través del Secretario Técnico.

Por otro lado, en materia de devolución de impuestos, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 22, lo siguiente:

“Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.

Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.

Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesario y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código.

El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos.

Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código.

El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.

Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya trascurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución.

El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización.

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.

La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.”

De lo anterior se desprende que la devolución en caso de que proceda se efectuará a más tardar dentro de los 40 días posteriores a la presentación de la solicitud por parte del contribuyente.

En caso de que la solicitud presente errores, la autoridad dará al contribuyente un plazo de 10 días para que aclare lo conducente, de no hacerlo, se le tendrá como desistido de la solicitud de devolución.

Cuando la autoridad realice la verificación de la devolución, el contribuyente tendrá un plazo de 20 días contados a partir de que se le notifica el motivo de la verificación, a fin de que presente los documentos que a su derecho convenga, so pena que de no hacerlo, se le tendrá solicitud desistida.

Por otro lado, una vez que la autoridad realiza su proceso de verificación y autoriza la devolución, ésta se realizará dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva.

Si la devolución no se lleva a cabo dentro del plazo establecido, la autoridad fiscal pagará intereses sobre la devolución actualizada, tal como lo prevé el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación:

Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada.

Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de:

I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de cuarenta o veinticinco días, según sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra primero.

II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito.

Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, a partir de que se efectuó el pago.

Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.

En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que se causen en los últimos cinco años.

La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente.

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique.

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución.

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este Código.

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.

La Ley del Impuesto al valor Agregado establece:

Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente.

(Se deroga el segundo párrafo).

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere el inciso h) de la fracción II  del artículo 2o.-A de esta Ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de Administración Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago de los derechos realizado.

Por todo lo anterior esta comisión dictaminadora considera que:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante la competitividad, es por eso que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior con el objeto de permitir a los agentes de comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada electrónico, todos los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías. Considera que es de gran importancia el buen funcionamiento de esta ventanilla para agilizar los trámites y fomentar el comercio internacional.

Que lo expuesto en estos dos puntos de acuerdo es de suma importancia por lo que la Comisión Permanente debe tener conocimiento de la problemática.

Es menester señalar, que el Congreso de la Unión ha emitido las leyes concernientes a la devolución del Impuesto al Valor Agregado, y si existe alguna situación que haga que dichas disposiciones se estén incumpliendo es necesario que se investigue y se dé el informe correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numerales 1 y 3, 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informe el estado que guarda y verifique el proceso de registro en el sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior para las empresas del sector manufacturero y de exportación, en relación con los mecanismos de certificación y obtención de los beneficios relacionados con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informe a esta soberanía sobre las reglas de certificación adicionales al sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, con respecto a la modalidad de fianza y del pago de depósito en garantía.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informe el estado que guarda y verifique el proceso de las devoluciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio fiscal 2013, a favor de las personas físicas y morales que así lo hayan solicitado.

TERCERA COMISION.

1 ARTÍCULO PRIMERO, del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, DOF. 14 de enero de 2011.




 

Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Hacienda y Crédito Público, implementar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento al artículo 4º del Decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, que implemente las acciones y mecanismos necesarios para dar cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto de Extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de garantizar el pago del seguro de vida contemplado en las prestaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del organismo en liquidación, suscrita por el Diputado Francisco Grajales Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El Proponente del presente Punto de Acuerdo, hace referencia a que dentro del Proceso de Privatización del Sistema Ferroviario y con base en el artículo quinto transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y los principios básicos contenidos en los Lineamientos Generales para la apertura a la Inversión Privada del Sistema Ferroviario Mexicano, publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fecha 13 de noviembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que dicho proceso se realizaría con respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores ferrocarrileros, activos y jubilados.

Siguiendo con la descripción del proceso de privatización, señala el proponente que Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), constituyó ante Nacional Financiera, SNC, el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 cuyo objetivo es garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores a quienes FNM otorgara el beneficio de su jubilación, utilizando Ferronales los recursos de su patrimonio para pagar durante los años 1998, 1999 y los primeros ocho meses de 2000, dichas pensiones y prestaciones, incluyendo la prestación que en favor de los jubilados establecía el artículo 15, fracción III, inciso a) del Reglamento de Salarios y Pagos.

El Diputado Francisco Grajales, indica, que con fecha 14 de julio de 2000 el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y Nacional Financiera, SNC, con la comparecencia de Ferrocarriles Nacionales de México, celebraron contrato de fideicomiso, el que a partir de esa fecha quedó designado como Fideicomiso STFRMJUB 1181-7, cuyo objetivo es pagar, a la muerte de los fideicomisarios, a los beneficiarios designados por éstos una cantidad determinada conforme a las reglas establecidas en el propio contrato de fideicomiso.

Así mismo, el titular de la propuesta, reseña la situación actual del mencionado fideicomiso señalando entre otras cosas lo siguiente. Que en el cumplimiento del objetivo del Fideicomiso STFRMJUB 1181-7, Nacional Financiera ha realizado durante los trece años de su operación el pago a 35,753 beneficiarios de 20,682 ferrocarrileros jubilados cuyo fallecimiento se ha acreditado ante Nacional Financiera, con un monto de 761 millones 309 mil 221 pesos.

También señala la propuesta que las hipótesis actuariales empleadas por el despacho AON Consulting contratado por Ferrocarriles Nacionales de México para determinar la cantidad requerida que debía aportar al fideicomiso que constituyera el STFRM para garantizar el pago de $ 27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS) indexados a la inflación anual conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que sirvieron de base para el acuerdo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (documentos que se anexan al contrato de fideicomiso) no se han cumplido conforme a los análisis formulados por posteriores estudios actuariales.

Asevera el Diputado, que esto origina que la cantidad de $345´900,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS) no ha resultado suficiente para que por su parte Ferrocarriles Nacionales de México dé cabal cumplimiento a la obligación a su cargo, que conforme a la cláusula cuarta del Convenio Laboral de fecha 24 de agosto de 1999 se estableció en los términos siguientes: “CUARTA.- Ferrocarriles Nacionales de México se obliga, a la fecha en que el fideicomiso quede constituido, a realizar una aportación por la cantidad que se requiera, para que con cargo al patrimonio del fideicomiso, el personal que al primero de septiembre del presente año tenga el carácter de jubilado y sea miembro del Sindicato, goce en forma vitalicia de un seguro de vida por $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).- La Empresa determinará la cantidad que se requiera conforme a estudios actuariales,….” Por otra parte, en las cláusulas novena y décima, Empresa y Sindicato establecieron el incremento anual de la anterior suma sujetándolo a la inflación conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La insuficiencia de recursos aportados por Ferrocarriles Nacionales de México al constituirse el fideicomiso, origina que no obstante que a la fecha se han efectuado los pagos señalados en el apartado respectivo, el saldo del fideicomiso que a la fecha es de $20´157,284.49 (VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 49/100 M.N.) más las aportaciones mensuales que los fideicomisarios continúan realizando al fideicomiso, el que resulta insuficiente para que al fallecimiento de los 32,432 fideicomisarios sobrevivientes, sus beneficiarios reciban la cantidad determinada conforme a las reglas del fideicomiso cuyo pago debió quedar garantizado con dicho instrumento y de que por otra parte los beneficiarios de 2,798 fideicomisarios (ferrocarrileros jubilados) cuyo fallecimiento a ocurrido y tiene documentado el Sindicato, no han recibido el pago respectivo y que el monto estimado es de $137´105,165.65 motivando una gran inconformidad e inquietud.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, nos sumamos al ánimo legislativo del promovente, respecto a la solicitud respetuosa dirigida a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, para que implemente las acciones y mecanismos necesarios para dar cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto por el que se extingue el Organismo Público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, a efecto de garantizar el pago del seguro de vida contemplado en las prestaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del organismo en liquidación.

TERCERA: La sustitución del régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria, motivada por la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1995, da origen a un proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano.

En la misma tarea de transformación, el 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; en él se establecen una serie de disposiciones, dirigidas a llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.

En el citado Decreto, sobresale el artículo 4°, cuyo contenido se refiere a los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, que a la letra dice:

Artículo 4°.- Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la Ley, serán respetados, en toda época, el Gobierno Federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Esta Tercera Comisión, destaca la relevancia del contenido del artículo citado y coincide con los autores del Punto de Acuerdo, en el sentido de que se deben tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento cabal al texto legal, a efecto de garantizar el goce de los derechos laborales y prestaciones que como se desprende del propio artículo, los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México generaron conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y a la Ley.

CUARTA.- En la secuela del mencionado proceso de transformación, se han creado herramientas para dar cumplimiento a las prestaciones de carácter laboral de los empleados de Ferrocarriles Nacionales de México, tal es el caso del fideicomiso, denominado FERRONALESJUB 5012-6, constituido el 19 de diciembre de 1997 ante la Nacional Financiera, S.N.C., que tiene como finalidad garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados.

En el mismo afán de cumplir con las prestaciones laborales de los trabajadores Ferrocarrileros, el 4 de julio de 2000, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y Nacional Financiera, SNC, con la comparecencia de Ferrocarriles Nacionales de México, celebraron contrato de fideicomiso, identificado como Fideicomiso STFRMJUB 1181-7, cuyo objetivo es pagar a la muerte de los fideicomisarios (trabajadores) a los beneficiarios designados por estos un seguro de vida contemplado en las prestaciones laborales.

Por su parte el Gobierno Federal, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo cuarto del Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, ha participado complementariamente, para garantizar el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, así lo ha manifestado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Informe de Avance del Segundo Semestre del 2013, al Senado de la República el pasado 11 de febrero de 2014.

QUINTO.- En el informe presentado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), mencionado en el apartado anterior, se declara que la fecha máxima en que concluirá el proceso de liquidación es octubre del 2015. También precisa que tan sólo en los años 2013 y 2014 las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles implican un gasto de poco más de cuatro mil millones de pesos, pues se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recursos por dos mil 823 millones de pesos para cubrir los pagos de pensiones del ejercicio 2014, mientras que el año pasado implicaron una erogación de mil 400 millones de pesos.

Adicionalmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 en el Ramo 19 correspondiente a Aportaciones a la Seguridad Social, se etiquetaron recursos en la partida presupuestaria Previsiones para el Pago de Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México por dos mil 683.6 millones de pesos, de los cuales se ministraron únicamente dos mil 563.1 millones de pesos, que se aportaron al patrimonio del Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB en 2013; en el periodo julio-diciembre de 2013 se recibieron y aportaron recursos por mil 255.8 millones de pesos.1

En consecuencia esta Tercera Comisión, se une a la solicitud hecha en el Punto de Acuerdo dirigida atentamente a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que continúe complementariamente aportando los recursos actuariales pertinentes, con estricto apego a lo establecido por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sea incorporado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a fin de garantizar el pago de las prestaciones laborales de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México tal y como lo ha hecho durante los trece años del proceso de liquidación del multicitado Organismo ferroviario, dicha solicitud cobra mayor relevancia ante el anuncio inminente de el cierre de liquidación programado para octubre de 2015.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, como coordinadora de sector, y de Hacienda y Crédito Público, como encargada actual del proceso de liquidación de FERRONALES, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implementen las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de garantizar el goce de los derechos laborales y prestaciones reconocidos a los trabajadores jubilados y pensionados del organismo liquidado.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, tengan a bien considerar incluir en el proceso de planeación, programación e integración de sus respectivos presupuestos y en el apartado que estimen pertinente, recursos destinados a atender las obligaciones que en el ámbito de su competencia corresponda, sobre el pago de las prestaciones objeto del presente acuerdo.

TERCERA COMISION.

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/02/asun_3065197_20140211_1392129839.




 

Que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las previsiones necesarias en caso de que las empresas no hayan cumplido con el reparto de utilidades a los trabajadores en lo referente al monto y plazos establecidos por los ordenamientos legales.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice las acciones necesarias para que se efectúe el pago de utilidades a los trabajadores, en el monto y plazo establecidos por los Ordenamientos Legales, suscrita por los Diputados Maricela Velázquez Sánchez, José Luis Flores Méndez y Jesús Morales Flores, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destacan los proponentes que “La participación en las utilidades de las empresas por parte de los trabajadores es un derecho consagrado en nuestra Constitución. El Constituyente Permanente de 1917, consideró pertinente incluir este derecho en el artículo 123 de la Carta Magna al mencionar que:

 “Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de toda empresa en que preste sus servicios, así el trabajador desempeñará sus labores con más eficacia teniendo un interés personal en la prosperidad de la empresa, el capitalista podrá disminuir el rigor de la vigilancia y desaparecerán los conflictos entre uno y otro con motivo de la cuantía del salario”.

Asimismo destacan que la Ley Federal del Trabajo contiene en el Titulo Tercero, Capítulo VIII, las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las cuales mencionan que los trabajadores participarán en las utilidades de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Señalan que, el reparto de utilidades entre los trabajadores se debe efectuar dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual; es decir, para las empresas el plazo termina el último día de mayo y para las personas físicas el 29 de junio.

También refieren que durante el año 2013, el Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes de Oca, destacó que la Dependencia a su cargo recibió 97 conciliaciones, así como 29 juicios en casos donde hubo necesidad de interponer una demanda.

Finalmente señalan los proponentes, que el reparto de utilidades más que una prestación es un derecho de los trabajadores, por lo cual es un derecho exigible y una obligación para los patrones; que es necesario reconocer que tanto la aportación de la inversión del empresario como la aportación del trabajo de los obreros son los factores esenciales para la producción de utilidades, por lo que es equitativo que los trabajadores reciban una proporción de las mismas”.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Esta Comisión, coincide plenamente con lo señalado por los proponentes, en torno al marco jurídico del que se desprende el derecho de los trabajadores a recibir el concepto de utilidades correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Ley.

TERCERA.- En efecto, con base en lo preceptuado, por el Artículo 123 Apartado A. fracción IX de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los trabajadores tienen derecho a “una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

De lo transcrito se sigue, el incuestionable derecho que asiste a los trabajadores, en torno a la entrega por parte de las empresas, de las utilidades, de conformidad con lo antes señalado.

CUARTA.- Asimismo debe destacarse que el Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala lo siguiente:

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II.- Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

III.- a XI.- …

XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo;

XIII.- a XIX.- …

De lo anterior se desprende la competencia de dicha Secretaría, respecto de la vigilancia de la exacta observación de la Ley, en torno al tema que nos ocupa.

QUINTA.- En este orden de ideas, la propia Ley de la materia, establece puntualmente en su Artículo 17, que “los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.” Asimismo previene dicha Ley Federal del Trabajo en el primer párrafo de su Artículo 122, que “el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores.” Exceptuando de dicha prescripción, exclusivamente a las empresas de nueva creación durante el primer año; las que elaboren productos nuevos durante los dos primeros años; las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de exploración; las IAPs con ciertas características; el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen.

SEXTA.- De lo anterior se sigue, que es inconcuso que el derecho está previsto por nuestro Orden Jurídico, por lo que no resulta jurídicamente procedente el incumplimiento de dichas normas. A mayor abundamiento, esta Tercera Comisión, coincide con los proponentes en la importancia que reviste atender dicha anomalía que evidentemente perjudica a los trabajadores que en apego al marco jurídico de la materia, les corresponde el reparto de utilidades a cargo de las empresas en las que trabajan.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que tome las previsiones necesarias en caso de que las empresas no hayan cumplido con el reparto de utilidades a los trabajadores en lo referente al monto y plazo establecidos por los ordenamientos legales.

TERCERA COMISION.





 

Que exhorta a los gobiernos de los estados que cuentan con litoral realizar las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la red sanitaria de las playas del país.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Solidaridad a que realice las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la red sanitaria en el municipio de Solidaridad, iniciando por la localidad de Playa del Carmen, con la finalidad de prevenir conflictos sanitarios futuros, evitar un menoscabo a las playas, al mar y al turismo, bajo una perspectiva de protección a los derechos humanos, suscrita por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La senadora proponente, menciona que recientemente en Playa del Carmen, Quintana Roo, se ha presentado una problemática que consiste en el desbordamiento de los colectores playeros, también conocidos como drenaje sanitario, y que desembocan en las playas del centro de la ciudad y en el mar, provocando su contaminación.

Destaca que esta problemática se presenta desde hace más de 15 años, agravándose año tras año; por lo que se requiere darle una solución a corto plazo y adecuar el sistema de colectores playeros para evitar el desbordamiento.

De continuar la contaminación al mar y a las playas, añade, se dañará al medio ambiente, asimismo al turismo, primera fuente generadora de empleo en el Estado de Quintana Roo;  así como la salud de los ciudadanos.

Para evitar los anterior, la proponente considera que es necesario establecer una red sanitaria eficaz, que impida el desbordamiento de las aguas residuales, de no atenderse muchos ciudadanos están en riesgo de enfermarse e incluso morir por la contaminación de las aguas negras.

La senadora, reconoce que también esta problemática afecta a la actividad turista y es lamentable saber que recientemente se hiso público que la playa “Lancheros” y “Porto Real”, se encontraban en la lista de las 25 más contaminadas de todo México.

Reconoce que se está a tiempo para dar solución al problema y que lo único que se necesita es voluntad política, habiendo esta, se pueden evitar catástrofes en el futuro.

Finalmente, recuerda que la ley establece que todas a las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar los derecho humanos, por lo que la autoridad competente ante un sistema de aguas negras insuficiente tiene que brindar una solución a la brevedad, además de que se tiene que garantizar el derecho a la salud, por último el derecho al libre esparcimiento también está en peligro, porque de no haber soluciones se perderán espacios que ayudaban a cumplir esa función.

Debido a lo anterior, la proponente pone a consideración el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Solidaridad a que realice las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la Red Sanitaria en el municipio de Solidaridad, iniciando por la localidad de Playa del Carmen, con la finalidad de prevenir conflictos sanitarios futuros, evitar un menoscabo a las playas, al mar y al turismo, bajo una perspectiva de protección a los derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por la proponente, en la necesidad de proteger a los habitantes del municipio de Solidaridad; así como la actividad turística, principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias de la zona.

El Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2000-2025 de Quintana Roo, destaca que en materia de recursos naturales se debe buscar una planeación del desarrollo apoyada en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, en busca de minimizar los impactos ambientales, que valore y contribuya a la conservación de los ecosistemas y que ofrezca opciones de ingresos diversificados e integrales para la población local.

De igual manera la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, estipula que el ordenamiento ecológico deberá favorecer los usos del suelo con menor impacto adverso ambiental y el mayor beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción masiva de los elementos naturales del terreno, buscando ante todo el mayor beneficio social, tomando siempre en cuenta las características y aptitudes de cada área.

El 15 días de mayo del año 2009, se publica el  Decreto mediante el cual se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en el cuál se establece  como objetivos específicos los siguientes: preservar y proteger la biodiversidad que existe en los diferentes ecosistemas presentes en el municipio; promover el aprovechamiento sustentable del territorio y de los recursos naturales del municipio; favorecer e incentivar las actividades productivas que realicen un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo; establecer criterios de regulación ecológica, estableciendo congruencia y consistencia entre los instrumentos normativos del desarrollo urbano y ambiental, aplicables en el ámbito municipal de Solidaridad.

En relación a Playa del Carmen, principal preocupación de la proponente, debemos mencionar que es uno de los destinos preferidos de viajeros provenientes de Estados Unidos y Europa, pues la belleza del mar turquesa del Caribe se adorna con las verdes junglas en las cuales se pueden realizar actividades ecoturísticas en los parques de Xcaret y Xel-Ha por ejemplo, es también el hogar del segundo arrecife de coral más grande del mundo, por lo que entre las actividades acuáticas se encuentra el buceo y es snorkel con los cuales se puede apreciar la majestuosidad de este tesoro acuático.

No obstante, también esta dictaminadora reconoce que la ciudad de playa del Carmen representa el centro urbano con la mayor tasa de crecimiento del estado, por lo que las reservas urbanas se agotan rápidamente, ocasionando que día a día se incremente la mancha urbana. Esta dinámica responde al crecimiento y diversificación de la oferta turística del municipio, la cobertura de los servicios básicos es buena, no obstante existe un importante rezago en el manejo y disposición final de los residuos; mismos que han ocasionado contaminación en algunas zonas de la playa, tal y como lo refiere la senadora en sus considerandos.

Los integrantes de esta dictaminadora, consideran  importante que en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y particularmente en los destinos turísticos como Playa del Carmen se tomen precauciones, y se realicen las acciones necesarias  que eviten la contaminación de los mantos acuíferos y de las playas de la ciudad.

Las mismas autoridades municipales han reconocido la existencia de este problema, la directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado informó   que “personal de la dependencia y del Ayuntamiento de Solidaridad inspeccionó 554 lotes de 63 manzanas que componen la zona de influencia del cárcamo playero.”1

Dijo que en la supervisión, del 21 de abril al 16 de mayo pasado, “se detectaron 24 puntos importantes de descargas de agua de pluvial en las redes del drenaje sanitario del primer cuadro de la ciudad. El drenaje está diseñado para recibir descargas de 94 litros por segundo y en caso de lluvias como las registradas el pasado 9 de abril, con aportaciones de agua de hasta 288 litros por segundo, se saturó la red y rebosó uno de los pozos de visita.”

La funcionaria municipal agregó que “24 conexiones irregulares son de tiendas departamentales, hoteles, cuarterías, restaurantes, lavaderos de automóviles y discotecas, a cuyos propietarios tienen un periodo de tres días para corregir ese desperfecto.”

Asimismo, adelantó que las “brigadas verificarán la red sanitaria, por lo que exhortó a propietarios de los establecimientos a no volver a conectarse de manera irregular para evitar sanciones y contribuir a la protección de los acuíferos. Exhortó a los habitantes de la zona que tienen conectadas sus descargas pluviales al drenaje sanitario modificar la situación.”

Después de su valoración correspondiente, esta dictaminadora acordó apoyar la solicitud de la proponente; y coincide en la necesidad de impulsar acciones para evitar la contaminación de los vasos de agua dulce y costas del municipio de Solidaridad; asimismo de la red sanitaria de la ciudad de Playa del Carmen, con la finalidad de preservar sus playas y propiciar mejores condiciones para los turistas y la población que vive en la zona.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados que cuentan con litoral, para que en coordinación con los gobiernos municipales realicen las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la Red Sanitaria de las playas del país.

TERCERA COMISION.

1 http://www.unioncancun.mx/articulo/2014/05/19/medio-ambiente/playa-del-carmen-agua-pluvial-se-va-al-drenaje-en-24-puntos-de-la




 

Que solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el avance del programa “Impulso al desarrollo regional y territorial”, así como la valoración objetiva del desempeño de este programa.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita respetuosamente al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, haga del conocimiento público el avance del Programa “Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”, en relación al presupuesto por 7.6 millones de pesos aprobado para el ejercicio fiscal 2013”, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Esta proposición se basa en las siguientes consideraciones:

“A) La Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo es la unidad responsable del Programa de impulso al desarrollo regional y territorial, dirección de la que está al frente el Arquitecto José Luis Llovera Abreu, pertenece al ramo Desarrollo Agrario Territorial, y Urbano, dicho programa canaliza recursos a los fideicomisos para el desarrollo regional que tienen como objeto fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados por los fideicomitentes, como detonadores del desarrollo económico y social de sus regiones, también genera mecanismos de planeación, gestión, concertación y/o coordinación de acciones para el desarrollo regional sustentable, así como la elaboración de estudios, planes y programas regionales. Proporciona información territorial para la planeación y evaluación regional a las entidades federativas. Los principales beneficiarios son los integrantes de la población rural que está dispersa, con un nivel de pobreza superior al promedio de la región.

B) De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13 de las atribuciones genéricas de los titulares de Unidades, Coordinación General y Direcciones Generales, fracción VI. “Proporcionar información, datos y la cooperación que sea requerida al área de su competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como atender y desahogar las peticiones que le formulen…” y fracción XVI. “Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de los recursos…”.

C) Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se identifica con la clave presupuestaria U-002, al no ser un programa sujeto a reglas de operación, se desconoce los lineamientos bajo los cuales se erogan los recursos presupuestarios a los beneficiarios y por ende el cumplimiento del programa en relación al recurso presupuestario, la única manera de conocer información sobre el programa es por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y de los proyectos

D) En los Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios 2013, en la fracción II establece que los lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades que tengan a cargo programas presupuestarios de las modalidades “U” correspondiente a “Otros subsidios”, lo cual obliga a la unidad responsable del presente programa a tener MIR, sin embargo en la dirección electrónica

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511581, que corresponde al Portal de Transparencia de la SHCP no se presenta.

E) En la dirección electrónica antes citada, aparece el siguiente gráfico sobre el presupuesto aprobado versus el ejercido para el ejercicio fiscal 2013, mostrando que no se ha ejercido nada del presupuesto.

F) De conformidad con la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) artículo 214. “…Las dependencias y entidades, a través de los servidores públicos competentes para ejercer recursos presupuestarios y los titulares de las unidades administrativas que hayan gestionado el otorgamiento de los recursos, serán responsables de llevar el seguimiento del ejercicio y destino de las aportaciones, subsidios y donativos otorgados a fideicomisos, mandatos y análogos”.

B. Con lo anterior formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al (sic) Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que haga de conocimiento público las razones por las cuales no se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados en su portal de transparencia presupuestaria respectiva al Programa impulso al desarrollo territorial y regional.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al (sic) Titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano para que haga de conocimiento público, los motivos por los que no se ha ejercido nada del presupuesto 2013 que asciende a 7.6 millones de pesos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, pese al calendario de gasto establecido.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta representación nos dimos a la tarea de investigar la disponibilidad de la información referida por los proponentes, encontrando que tales datos se encuentran en el portal de transparencia “Programas federales. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”1.

De hecho, la página señalada da acceso a un conjunto de programas federales con información detallada, que en el caso que nos ocupa está desplegada en forma amplia.2

En tal sentido, consideramos que la solicitud de los proponentes se encuentra a disposición de cualquier persona y de manera pública en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no obstante, esta dictaminadora resuelve el acuerdo presentado en el resolutivo del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el avance del Programa “Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”, así como la valoración objetiva del desempeño de este Programa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.

TERCERA COMISION.

1http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka_imagen=27&zip=n&paramts=0=L27

2http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L513522





 

Que solicita al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, que informe en su portal de Internet sobre las acciones realizadas para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas en los diversos servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias en sus sucursales, cajeros automáticos, banca en línea y telefónica.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, haga del conocimiento público las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas (fallas en sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica), suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de Acuerdo propone solicitar al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, haga del conocimiento público las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas (fallas en sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica).

Los promoventes exponen que durante el primer semestre de 2013 se presentaron 2.2 millones de reclamaciones en contra de 30 bancos, basado en datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (CONDUSEF). Además, exhiben que los principales blancos de críticas fueron Bancomer, Banamex, Santander, Banorte/Ixe y HSBC.

Con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran las utilidades generadas en 2013 por los bancos para sus accionistas, y en ello sustentan que las instituciones estarían en condiciones de asumir los cargos generados a los usuarios por pagos no efectuados como consecuencia de fallas en los sistemas bancarios. Esto como consecuencia de que estas fallas podrían producir retrasos en el registro de pagos de productos y servicios por parte de los usuarios, lo que les genera intereses y cargos que escapan a su responsabilidad.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

El artículo 4 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) establece que claramente que “la protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal”. Continúa diciendo que “la protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas”.

A su vez, y como fue mencionado en el mismo Punto de Acuerdo, el artículo 5 dice:

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. […]

Por otro lado, el artículo 8o. Bis de la LPDUSF establece:

Artículo 8o. Bis.- La Comisión Nacional, establecerá y mantendrá un Buró de Entidades Financieras, el cual se integrará con la información que aquella haya obtenido de las Instituciones Financieras y de los Usuarios en el ejercicio de sus atribuciones, así como la que le proporcionen las autoridades competentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a las disposiciones que al efecto expida la propia Comisión Nacional.

La información contenida en el Buró de Entidades Financieras se referirá a los productos que ofrecen las Instituciones Financieras, sus comisiones, sus prácticas, sus sanciones administrativas, sus reclamaciones, y otra información que resulte relevante para informar a los Usuarios del desempeño en la prestación de sus servicios y contribuir así a la adecuada toma de decisiones de los Usuarios de servicios financieros.

La Comisión Nacional al establecer el Buró de Entidades Financieras, tomará en consideración la experiencia internacional en materia de calificación de instituciones financieras, con especial énfasis en el riesgo para los Usuarios en la contratación de servicios financieros.

La información del Buró de Entidades Financieras será pública, y la Comisión Nacional deberá difundirla en su portal de internet. Asimismo, la Comisión Nacional emitirá una publicación periódica con información relevante para la toma de decisiones de los Usuarios de servicios financieros.

[…]

Debemos recordar que, aunque la reforma financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 ordena la creación del Buró de Entidades Financieras, y el mismo día la CONDUSEF emitió un comunicado  donde reproduce lo establecido en la reforma en lo que atañe a la propia Comisión, hasta el momento no se ha creado dicho Buró. Sin embargo, parte de la información mencionada en el artículo 8 ya se encuentra disponible en el portal de internet de la CONDUSEF.

Entre las facultades de la CONDUSEF, establecidas en el artículo 11 de la misma Ley, cabe destacar, para los fines de este dictamen, las siguientes fracciones:

VI. Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios;

IX. Emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos, asociaciones gremiales y del público en general, así como emitir recomendaciones generales, en las materias de su competencia;

XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las Instituciones Financieras y sus niveles de atención, así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los niveles más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios. Esta información podrá incluir la clasificación de Instituciones Financieras en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus productos y servicios;

XXXII. Informar a los Usuarios sobre las acciones u omisiones de las Instituciones Financieras que afecten sus derechos, así como la forma en que las Instituciones Financieras retribuirán o compensarán a los Usuarios;

XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, que las Instituciones Financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los Usuarios;

XL. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las Instituciones Financieras y mercados financieros, en el ámbito de su competencia;

Finalmente, resulta pertinente citar lo que establece el artículo 54 de la LPDUSF, en cuanto a que “la Comisión Nacional informará al Público, sobre los índices de reclamaciones que se presenten ante ella, en contra de cada una de las Instituciones Financieras. La información será global, sin identificar a los Usuarios involucrados.”

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de los proponentes porque se lleven a cabo acciones para proteger a los usuarios de las fallas que pudieran presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas (fallas en sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica) y, a su vez, porque estas acciones se publiciten para que sean de conocimiento de la población.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de Acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), informe en su portal de internet sobre las acciones realizadas para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas en los diversos servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias en sus sucursales, cajeros automáticos, banca en línea y telefónica.

TERCERA COMISION.





 

Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informar del cumplimiento de 2 recomendaciones, así como de una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), haga del conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera, ya que de la fiscalización de la cuenta pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación identifico pagarés prescritos por 357.5 millones de pesos”, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Los autores basan su Proposición  en las siguientes consideraciones:

“A) La Auditoría Superior de la Federación, llevo a cabo una auditoría de desempeño al SAE sobre la administración y seguimiento de sus procesos legales, revisión que, entre otros resultados reveló que el SAE:

● No mantuvo actualizado el Sistema Integral Jurídico, lo que no permitió la generación de los reportes necesarios, a fin de dar seguimiento oportuno al estado procesal que guardan los juicios instaurados,

● No considero en el programa para la recuperación jurídica de cartera crediticia, los objetivos y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal correspondiente por la vía judicial o extrajudicial; los montos de la cartera vencida; el número de deudores; la unidad responsable de su elaboración y ejecución, ni el número de juicios y montos demandados, y

● No contó con metas ni indicadores que le permitieran medir la eficacia, eficiencia y economía de los procesos legales para la recuperación de la cartera crediticia vencida.

B) Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación realizo una auditoria a los valores en custodia del SAE en la que identificó la prescripción de 357.5 millones de pesos (mdp) en 49 pagares que ya no presentaron derechos de cobro, debido a que no fue ejercido tal derecho permitiendo su prescripción, los cuales correspondieron a los siguientes a los siguientes suscriptores:

● 28 pagarés, por 138.04 mdp, al Ingenio Santa Rosalía;

● 20 pagarés, por 212.4 mdp, al Ingenio Pujiltic, y

● 1 pagaré, por 1.0 mdp, al Ingenio Independencia.

Los pagarés en mención fueron recibidos del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito que tuvo a su cargo el proceso de liquidación de dichos ingenios.”

C. Con lo anterior formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), haga del conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera, ya que de la fiscalización de la cuenta pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación identifico pagarés prescritos por 357.5 millones de pesos.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  2012, reportó dentro del “Sector Hacienda y Crédito Público” el informe de la Auditorías Financieras de Cumplimiento Servicio de Administración y Enajenación de bienes y la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HKA-02-0433 GB-105, cuyo Objetivo fue “Fiscalizar la gestión financiera en la administración de Valores en Custodia para verificar que estos fueron recibidos, registrados y custodiados; así como que se realizaron las acciones necesarias y convenientes para llevarlos a su destino final, mediante la enajenación, donación, destrucción o devolución, todo ello en cumplimiento de las disposiciones legales y la normativa”.

En este rubro, la ASF, reportó lo siguiente:

“11. Valores en Custodia.

Respecto de los 408,998.7 miles de pesos de valores en custodia, se constató que el SAE los reportó al 31 de diciembre de 2012 como documentos de cobro (pagarés), los cuales el SAE los recibió y registró contablemente en 2004, provenientes de las extintas entidades, Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), Banco Nacional Pesquero y Portuario (BANPESCA) y Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL); al respecto, se determinó que la fecha de expedición de estos pagarés data de 1994 a 1999 y representaban derechos de cobro de las entidades referidas, con cuyo seguimiento se constató que corresponden a adeudos del Ingenio Pujiltic, por 226,558.9 miles de pesos (55.4%); Ingenio Santa Rosalía, por 151,721.8 miles de pesos (37.1%), e Ingenio Independencia, por 9,610.0 miles de pesos (2.4%), así como 37 registros clasificados como “Con valor nominal”, por 17,355.5 miles de pesos (4.2%), y 65 registros clasificados como “Sin Valor nominal”, por 3,752.5 miles de pesos (0.9%).

De los 408,998.7 miles de pesos, un importe de 57,482.4 miles de pesos corresponde a 109 registros contables, de los cuales la entidad fiscalizada no contó con la documentación comprobatoria que los sustente; al respecto, se constató que el SAE los clasificó de la manera siguiente: 65 registros como “Sin Valor nominal”, por 3,752.5 miles de pesos; 37 registros como “Con valor nominal”, por 17,355.5 miles de pesos; 4 registros del Ingenio  Pujiltic, por 14,094.4 miles de pesos; 2 registros del Ingenio Santa Rosalía, por 13,680.0 miles de pesos, y 1 registro del Ingenio Independencia, por 8,600.0 miles de pesos.

Se constató que 351,516.3 miles de pesos (85.9%) correspondieron a 49 pagarés, emitidos en favor de tres ingenios, los cuales recibió del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito que tuvo a su cargo el proceso de liquidación de dichos ingenios; sin embargo, se observó que ya no representan derechos de cobro, al registrar fechas de vencimiento del 22 de enero de 1995 al 1 de agosto de 1999 en 28 pagarés, por 138,041.8 miles de pesos (33.8%), que se expidieron en favor del Ingenio Santa Rosalía; 20 pagarés, por 212,464.5 miles de pesos (51.9%), del Ingenio Pujiltic, y 1 pagaré, por 1,010.0 miles de pesos (0.2%) del Ingenio Independencia.

Respecto de los 57,482.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada informó que desde junio de 2003 a la fecha, se han presentado varios cambios organizacionales en el SAE y, por lo tanto, las áreas no son las mismas que en su momento operaron dicha documentación, por lo que para atender esta observación, se le dará seguimiento con las áreas competentes para determinar la actualización del registro contable.

Asimismo, de los 49 pagarés informó que realizará el levantamiento de inventario físico de los títulos y documentos que se encuentran en custodia en el área de Tesorería; investigará si los pagarés, motivo de esta revisión, fueron retirados de caja por las áreas encargadas de la liquidación de los ingenios, y mostrará los documentos inventariados en las cuentas de orden. También proporcionó un programa de trabajo en el que señala las actividades para identificar las áreas que tienen los pagarés originales, en las que participarán las coordinaciones de Presupuestos y Tesorería y la de Contabilidad así como otras áreas involucradas en el proceso, cuyo inicio se programó para el 23 de septiembre de 2013, y su término, para el 8 de noviembre de ese mismo año; sin embargo, no estableció cuál será el destino de estos pagarés.

Derivado de tales observaciones, la ASF emitió 2 recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Las recomendaciones son las siguientes:

“12-1-06HKA-02-0433-01-007 Recomendación

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lleve a cabo acciones de depuración y determine el importe real de la subcuenta de valores en custodia, a fin de que los registros contables representen cifras reales de los bienes custodiados.

12-1-06HKA-02-0433-01-008 Recomendación

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lleve a cabo las acciones conducentes en términos legales y administrativos a fin de determinar el destino de los 49 pagarés por 351,516.3 miles de pesos que no representan derechos de cobro, de los cuales 28 pagarés, por 138,041.8 miles de pesos, corresponden al Ingenio Santa Rosalía; 20 pagarés, por 212,464.5 miles de pesos, al Ingenio Pujiltic, y 1 pagaré, por 1,010.0 miles de pesos, al Ingenio Independencia, de los que no se ejerció el derecho de cobro y se permitió su prescripción.”

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, establece a la letra:

“12-9-06HKA-02-0433-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no administraron los valores en custodia recibidos de entidades en liquidación ni realizaron las gestiones de cobro de 49 pagarés por 351,516.3 miles de pesos, de los cuales 28 pagarés, por 138,041.8 miles de pesos, corresponden al Ingenio Santa Rosalía; 20 pagarés, por 212,464.5 miles de pesos, al Ingenio Pujiltic y 1 pagaré, por 1,010.0 miles de pesos, al Ingenio Independencia, lo que permitió su prescripción.”

Esta representación considera que las tareas de control sobre el Poder Ejecutivo que históricamente se han asignado al Congreso, no pueden ni deben simplemente quedarse en la revisión de los resultados de la fiscalización, sino que estas recomendaciones que emite el órgano técnico especializado del propio Congreso, deben llevar un seguimiento para su efecto ulterior.

En ese sentido, se considera valiosa la aportación formulada en la proposición con punto de Acuerdo, pero incompleta; pues únicamente se centra en solicitar una información tangencial derivada de las observaciones y no realiza la prosecución del cumplimiento de las recomendaciones hechas por la ASF.

Por ende, si bien se considera de aprobarse, esta dictaminadora aprecia de mayor provecho el inquirir a la autoridad, respecto del cumplimiento de las dos recomendaciones y la promoción de responsabilidad administrativa referidas en el cuerpo del presente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 78, fracción III y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  45, numerales 1 y 3 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sirva informar a esta representación respecto del cumplimiento de las recomendaciones 12-1-06HKA-02-0433-01-007 y 12-1-06HKA-02-0433-01-008; así como de la  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 12-9-06HKA-02-0433-08-004, emitidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el Informe del Resultado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

TERCERA COMISION.

Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento en la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Secretaría, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo a que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Ahora vamos a pasar al análisis de los dictámenes que fueron reservados.

Deseo hacer mención que hay reserva sólo de 6 dictámenes reservados: Uno por el Diputado Fernando Zárate, otro por la Diputada Lilia Aguilar, dos por el Diputado Alfonso Durazo; uno por la Diputada Dora Talamante; y por último, uno por el Diputado Abel Salgado Peña.

El Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD, reservó el dictamen que solicita al Gobierno del Distrito Federal información sobre el proyecto hidráulico que tiene lugar en la delegación Alvaro Obregón, y sobre los eventos ocurridos el 21 de mayo en curso en el pueblo de San Bartolo Ameyalco.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la tribuna Diputado Zárate.

El Diputado Fernando Zarate Salgado: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

Hace un par de semanas vivimos un conflicto de violencia desproporcionada en el Distrito Federal, pero pareciera que cada vez más los estamos viviendo, este tipo de conflictos, no solamente en el país, sino específicamente en la ciudad de las libertades.

Yo como integrante del grupo parlamentario del PRD, y mi partido en lo general, siempre ha estado por el diálogo, específicamente con los vecinos, especialmente en las cuadras, especialmente en las calles de nuestra ciudad.

Sin embargo, hace unas semanas, en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la Delegación Alvaro Obregón se suscitó una disputa entre habitantes y la policía del Distrito Federal. El enfrentamiento fue motivado por la ejecución de un proyecto hídrico, el cual no se consultó a la comunidad en términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y sobre todo de una controversia constitucional que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la promoción del municipio de Cherán, Michoacán, por el cual se debe respetar a todas las comunidades indígenas por sobre cualquier acto administrativo o legislativo que pudiera afectarle sus intereses.

Esto parece fácil, consultar a la población, sin embargo no lo es.

Muchas de las autoridades a nivel federal han bloqueado distintas obras, algunas de manera injustificada y otras de manera justificada.

Muchos opinólogos, o muchos comentaristas han situado a los policías del Distrito Federal como mártires. Si bien es cierto, algunos de ellos sí lo son, también es cierto que el problema provocado por la policía del Distrito Federal fue desproporcionado y sobre todo en muchas ocasiones no ha existido lo más importante en un acto de gobierno: la comunicación con sus vecinos.

Ante la falta de participación en San Bartolo Ameyalco, los pobladores se sintieron excluidos, como lo sienten en muchos municipios de nuestro país y en muchos estados, en los cuales la autoridad no les pregunta, no los consulta, pero sobre todo no los involucra en los actos de autoridad.

Y se lo manifestaron así en 2012 al jefe delegacional en aquel momento Leonel Luna, que los había excluido de la discusión de todo proyecto.

En la campaña electoral de 2012, el jefe delegacional Leonel Luna se comprometió, con puño y letra, en un documento firmado ante vecinos que no se llevaría acabo el proyecto hídrico.

Sin embargo, en febrero del año pasado, violó su acuerdo, violó su palabra, pero sobre todo, violó la ley al no haber incluido a la comunidad.

Recordemos que San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, San Mateo Tlaltenango, en el Distrito Federal son pueblo originarios, son comunidades que están protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin comprender la desigualdad y la falta de oportunidades, y principalmente el acceso a los servicios públicos, es uno de los principales problemas de la ciudad, así como la tenencia de la tierra en San Bartolo Ameyalco, que se remiten a una lucha no resuelta desde hace varios años.

La autoridad, en el Gobierno del Distrito Federal, pretendió solucionarla con el uso de la fuerza policial.

El exceso de la fuerza como vía para resolver los conflictos sociales y el desconocimiento de la historia y de la realidad, es tan absurdo como intolerable.

Se ha potenciado la furia preexistente en la delegación, y sobre todo en el pueblo originario, y se ha sembrado desconfianza y el miedo.

“Mano dura”, afirman las autoridades, acusando a los vecinos de agresivos.

“Lo que mal empieza, termina con policías y vecinos lastimados de ambos lados, heridas, sobre todo heridas de las que no sanan”.

Una gran desconfianza entre autoridades y vecinos.

Un gobierno débil que requiere la cohesión punitiva como vía para legitimar un acto de autoridad irracional e injustificado.

Hoy el conflicto se resume en tención social, cuando los pobladores y la autoridad deberían estar dialogando para encontrar la solución al problema y la viabilidad del proyecto.

No hay nadie en el Distrito Federal que no pretenda que sus vecinos tengan agua.

No hay nadie en muchas comunidades en nuestra nación que no estemos abogados porque vecinos de otras colonias y de otras comunidades tengan agua.

Es inaplazable terminar en el Distrito Federal y en toda la República con la política de la exclusión, con la política de los intereses ocultos, sobre todo los económicos y definitivamente liquidar la premisa del que gana, el que se presume ya imbatible, el que dispone de los recursos y la fuerza para crear un efecto inercial a su favor.

El pueblo de San Bartolo Ameyalco en muchas comunidades se seguirán sintiendo despreciados y el resentimiento quedará probablemente de manera inveterada a raíz de la liberación de órdenes de aprehensión que recientemente la conocimos en medios de comunicación, persecución y amenazas que se respiran alrededor de San Bartolo.

En efecto, la autoridad empieza a amenazar a los vecinos y este es un problema que se puede propagar por toda la ciudad de México y que podremos cesar con la ciudad de las libertades.

La omisión del cumplimiento de la ley y de la inclusión de las comunidades, sin que sea un requisito para detener el proyecto, es inaceptable, ya quedó afectado en origen la pertenencia, identidad de la sociedad con los actos que se generaron en San Bartolo Ameyalco, pues ya nos acompaña a los ciudadanos. Por eso se sienten excluidos, por eso se sienten explotados y sobrantes de la gran ciudad, ya nos e gobierna con ellos, se gobierna a pesar de ellos.

Un gobierno perredista y sobre todo el PRD no puede jamás considerar que se va a gobernar a pesar de los ciudadanos.

En la libertad del PRD y en la izquierda, siempre será acompañando a los actos de gobierno, siempre será a partir de la comunidad, no a pesar de ella. Nosotros no podemos solicitar una consulta federal cuando en el Distrito Federal ya empiezan indicios de querer aplastar a la ciudadanía.

En la solución de los problemas no existen los enemigos, sino los copartícipes del esfuerzo por consolidar a la ciudad de México como una ciudad más desarrollada, con futuro y oportunidades compartidas. Esta es la visión de la izquierda, el PRD aboga por recuperar esa visión, aboga por recuperar un buen gobierno en la ciudad de México.

El gobierno y este Congreso de la Unión, específicamente la Comisión Permanente, debe hacer todos los esfuerzos para que las autoridades locales e hiperlocales no dejen de ser de izquierda y actúen como de derecha.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Zárate Salgado.





 

El Diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, reservó los dictámenes siguientes:

Sobre simulacros en caso de sismo.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Y sobre prevención de inundaciones en zonas urbanas del país.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los gobiernos municipales y estatales a crear campañas de concientización a la ciudadanía para prevenir inundaciones resultado del inadecuado manejo de la basura, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Las inundaciones resultado de las lluvias torrenciales generan cada año pérdidas humanas y materiales, pérdida del patrimonio de la población expuesta y vulnerable, desarrollo de microorganismos infecciosos y enfermedades, desabasto y contaminación de alimentos y agua, interrupción de los servicios básicos y vías de comunicación, arrastre de sólidos como piedras, objetos, árboles, etc., entre otros”.

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de consideraciones, en las que menciona que el Gobierno de la República ha hecho grandes esfuerzos por reforzar la infraestructura federal (drenaje, túneles, plantas de bombeo, presas, etc.) cuyo propósito es regular y controlar los grandes volúmenes de lluvia que fueran a registrarse en este periodo.

Señalan además, que en México se recolectan diariamente 86 mil toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona, y que la mitad de la basura que se genera en todo el país se concentra en siete entidades, a saber, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León.

Y que, según una encuesta de Parametría (2014), el 83% de los encuestados desconocía que se deben limpiar las azoteas, desagües, drenajes y alcantarillas, como medida preventiva para evitar inundaciones.

C. En este sentido, observan que según los incisos a) y c) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan que los municipios tendrán a cargo el drenaje, alcantarillado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;.

Por otra parte advierten que el Plan Nacional Hídrico 2013-2018 señala que uno de sus objetivos es garantizar la seguridad ante los efectos de los fenómenos hidro climatológicos extremos, sobre todo aquellos que atentan contra la vida humana.

D. Concluyen los proponentes al señalar que:

“En la Convención Nacional de Protección Civil 2014, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso con los tres órdenes de gobierno de trabajar con corresponsabilidad en materia de prevención de riesgos para reducir los daños y pérdidas humanas y materiales ocasionados por fenómenos naturales”.

E. Con lo anterior,  los proponentes formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a que en el marco de sus respectivas competencias, realicen campañas de concientización a la población en general para mantener limpios los drenajes y coladeras cercanas a su domicilio y evitar tirar basura en las alcantarillas, barrancas, ríos, parques, calles y avenidas como medida precautoria en la prevención de inundaciones en las ciudades y localidades urbanas de México.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a que, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), diseñen y calculen un índice de riesgos por localidad para prevenir inundaciones y deslaves según las condiciones geológicas, geográficas, meteorológicas y materiales, a fin de que se focalicen las inversiones y esfuerzos de construcción, mantenimiento y remozamiento de la infraestructura de drenaje, alcantarillado y disposición final de residuos sólidos en las poblaciones con mayor riesgo y amenaza de inundaciones.”

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando conveniente y procedente impulsar campañas de concientización a la ciudadanía para prevenir inundaciones resultado del inadecuado manejo de la basura.

D. Como acertadamente lo señalan los proponentes, la basura es el mayor problema ambiental que enfrenta México, ya que por día se generan millones de toneladas de desperdicios que no se manejan de manera adecuada. Los rellenos sanitarios no existen, ya que hay montones de basura que no se degradan porque se encuentran almacenadas en bolsas de plástico, un material que tarda aproximadamente 400 años en ser asimilado por la naturaleza.

Es importante destacar que la recolección de basura en la capital se volvió caótica cuando el Gobierno del Distrito Federal clausuró el basurero conocido como Bordo Poniente, que recibía más de 6 mil toneladas de desechos al día y que se convirtió en uno de los principales generadores de gas de efecto invernadero del país.

Ambientalistas advierten que la acumulación de residuos sólidos en los terrenos baldíos es uno de los principales problemas que afecta no sólo a la Ciudad de México, sino a varias entidades federativas de la República Mexicana. Dada la imposibilidad de que el servicio público de limpia ingrese a predios particulares para recoger la basura, así como la falta de mantenimiento de estos terrenos por parte de sus propietarios, los problemas de contaminación y propagación de fauna nociva se vuelven significativos y afectan a la salud de la población.

E. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en que el de la basura no es un problema que aqueja exclusivamente a la ciudad de México. Para todo el país es un enorme problema que ante la apatía ciudadana y la ineficacia de los programas y leyes que hagan responsables a todos sobre esta situación, ha generado que en las calles de las principales ciudades del país existan 3 millones de tiraderos, tanto públicos como clandestinos.

En este sentido, la falta de rellenos para almacenar toda la basura que se acumula afecta seriamente al sistema de recolección y provoca la acumulación de desechos en avenidas, parques, monumentos y cualquier espacio público, lo que conlleva entre otras cosas, a que el sistema de drenaje se sature de desperdicios y, como consecuencia, impida que las grandes cantidades de agua generadas por los fenómenos hidro-meteorológicos tengan un flujo libre y eficaz, con lo que se evitarían en gran medida las inundaciones que llegan a tener resultados fatales.

F. Es necesario mencionar que el problema de la basura no se limita a encontrar un nuevo tiradero. El mayor problema es que no existe una cultura cívica de responsabilidad de los desechos. Es por ello, que para llevar a cabo un buen manejo de los residuos se requiere de campañas y acciones gubernamentales para preparar a la población con el fin de que se interese y colabore con las autoridades ya sea desde el hogar, el trabajo, la escuela, etc.

Coincidimos con los proponentes en que la autoridades deben implementar medidas para incrementar y eficientar el servicio de limpia, así como llevar a cabo campañas educativas sobre este tema  entre la población, así como adoptar hábitos de consumo más sustentables que generen menos residuos sólidos, y busquen reutilizar y reciclar estos materiales de desecho.

G.Los integrantes de esta Comisión dictaminadora compartimos la inquietud de los proponentes respectos a la necesidad de crear un índice de riesgos para la prevención de desastres, ya que debido a que el país está ubicado en una región intertropical, lo hace vulnerable a los embates de huracanes que se generan tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. Las lluvias intensas que estos fenómenos originan pueden causar inundaciones y deslaves importantes, no sólo en las costas sino también en el interior del territorio debido a las tormentas que se generan en la temporada de lluvias.

Sin embargo, consideramos que esto ya se contempla en el Atlas Nacional de Riesgos al dotar al Sistema Nacional de Protección Civil de capacidades para el desarrollo de estudios y herramientas tecnológicas que permiten ordenar datos, analizar información y utilizar conocimientos sobre riesgos, peligros, exposición y vulnerabilidades, considerando los aspectos económicos, sociales y ambientales de los desastres, a través de  políticas de desarrollo sustentable y de seguridad nacional.

El Atlas Nacional de Riesgos se ha convertido en un instrumento valioso para minimizar los daños y pérdidas, además de contribuir significativamente con conocimientos sobre la evaluación de los riesgos meteorológicos.

H. Esta dictaminadora comparte con los proponentes que como requisito esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil, es necesario contar con diagnósticos de riesgos, o sea, conocerlas características de los eventos que pueden tener consecuencias desastrosas (tanto fenómenos naturales como los generados por el hombre) y determinar la forma en que estos eventos inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno.

El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidro-meteorológicos, la difusión de la cultura de Protección Civil en la población y la aplicación de las medidas de prevención de desastres, además del buen manejo de los residuos sólidos, pueden contribuir de manera importante en la reducción de los daños ante esta clase de fenómenos.

Cabe destacar que el riesgo de inundaciones y deslaves depende de condiciones específicas de cada sitio, tanto por las diferencias con que se manifiestan los fenómenos climatológicos de uno a otro lugar como por las distintas características de vulnerabilidad de las construcciones de la infraestructura y del entorno. Por ello, los diagnósticos de riesgo y de peligro sólo son de utilidad práctica cuando se realizan a escala local.

Por otra parte, los métodos para el diagnóstico de riesgos deben contemplar la zonificación y el uso del suelo en los planes de desarrollo urbano, de tal manera que se consideren como un requisito en el diseño en los reglamentos de construcción de obras civiles; o como en el caso que nos ocupa, para que se focalicen las inversiones y esfuerzos de construcción, mantenimiento y remozamiento de la infraestructura de drenaje, alcantarillado y disposición final de residuos sólidos en las poblaciones con mayor riesgo y amenaza de inundaciones

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus competencias se coordinen con las entidades federativas y municipios, con el fin de realizar campañas de concientización entre la población para mantener limpios los drenajes y coladeras cercanas a su domicilio, y evitar tirar basura en las alcantarillas, barrancas, ríos, parques, calles y avenidas como medida precautoria en la prevención de inundaciones en las ciudades y localidades urbanas en el país.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a que, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), observen y atiendan el Atlas Nacional de Riesgos para prevenir inundaciones y deslaves según las condiciones geológicas, geográficas, meteorológicas y materiales para que se focalicen las inversiones y esfuerzos de construcción, mantenimiento y remozamiento de la infraestructura de drenaje, alcantarillado y disposición final de residuos sólidos en las poblaciones con mayor riesgo y amenaza de inundaciones.

TERCERA COMISION.

Tiene el uso de la tribuna Diputado Durazo.

El Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, estimado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Bienvenidos por supuesto todas aquellas iniciativas que tienen que ver con la necesidad de fortalecer una cultura de la protección civil.

Por eso en Movimiento Ciudadano recibimos con la mayor simpatía los dos puntos de acuerdo hoy reservados y por los que por supuesto votaremos a favor.

Sin embargo, creemos que es muy prematuro rendir reconocimiento a las autoridades de protección civil en virtud de que las consecuencias de los huracanas “Ingrid” y “Manuel” siguen sin atenderse de manera suficiente, particularmente en el estado de Guerrero.

En este estado fueron declarados 24 municipios como zonas de desastre que abarcan prácticamente las siete regiones de la entidad.

En una primera visita que hizo el Presidente de la República al estado, ofreció un apoyo adicional por 30 mil millones de pesos en una primera etapa y 68 mil millones de pesos en una segunda etapa.

De estos recursos no ha bajado aún la cantidad suficiente para satisfacer la demanda mínima de los damnificados.

Se estima que en una primera etapa las consecuencias causadas en la entidad por los ciclones Ingrid y Manuel, llegan a los 19 mil millones de pesos.

De estos 19 mil millones de pesos en el Ramo 23 se informa que sólo que se han aportado recursos por alrededor de 3 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, estos recursos tienen la particularidad de que no fueron asignaciones correspondientes al 2003, sino rezagos para la atención de damnificados que se venían dando desde el año 2010. Es decir, los recursos que en este momento esté recibiendo el estado de Guerrero corresponden a damnificados, a demandas de damnificados que se dieron en el transcurso del año 2010, 2011 y 2012.

Para la etapa del 2013, que fue la más grave, la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos que está en proceso de recibirse en el Estado, es decir, no se encuentran en este momento en disponibilidad.

Por esta razón hacemos en esta ocasión un llamado a las autoridades a dinamizar los procedimientos administrativos de tal manera que los damnificados de Guerrero puedan recibir con la mayor anticipación, oportunidad posible estos recursos.

No es posible que al abandono histórico que tienen las zonas de la Sierre de Guerrero se sumen las consecuencias desatendidas de los huracanas “Ingrid” y “Manuel”.

Si a ello sumamos que viene la nueva temporada de lluvias, podemos anticipar una situación doblemente crítica para estos compañeros del estado de Guerrero.

En virtud de ellos, al sumarnos a la propuesta de los puntos de Acuerdo que hoy se presentan a nuestra consideración, expresamos, aprovechamos la ocasión para expresar a las autoridades celeridad en estos trámites. De tal manera que podamos cerrar el capítulo de atención a damnificados de los ciclones “Ingrid” y “Manuel” antes de que llegue el nuevo periodo de ciclones a afectar, como está previsto, de manera lamentablemente aún más graves a esta región del país.

Gracias, señor Presidente. Gracias a todos por su atención.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Durazo Montaño.





 

La Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, reservó el dictamen sobre violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la tribuna, Diputada Talamante.

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El maltrato infantil es un problema mundial de graves consecuencias que incluye desde el abuso y desatención de que son objeto los menores de 18 años, hasta la agresión de sus distintas formas, sea física, psicológica, sexual e incluso de explotación comercial, causando importantes daños a la salud, desarrollo y dignidad del niño.

Al suscribir y ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado mexicano reconoce los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y a su vez se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como son la vida, la salud, la alimentación, la educación y la seguridad.

A pesar de ello, México ha sido catalogado como un país no apropiado para la infancia.

Cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revela que entre el 55 y el 62 por ciento de las niñas y niños en nuestro país han sufrido maltrato en algún momento de su vida.

El problema no es menor, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es un problema cuya atención no admite demora, ya que de acuerdo al INEGI está presente en la tercera parte de los hogares mexicanos. Ello da cuenta el enorme impacto que genera no sólo en la vida presente y futura de las niñas y niños adolescentes, sino en el desarrollo de nuestra misma sociedad.

El maltrato hacia los menores ocasiona problemas de salud física y mental, daña su autoestima y provoca sentimientos de soledad, tristeza, ansiedad y culpa, y favorece el aprendizaje de la violencia contra sus semejantes. Además, causa estrés y se asocia al trastorno de desarrollo cerebral temprano, así como del sistema nervioso.

En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de presentar problemas conductuales, emocionales y mentales que resaltan su desarrollo social, laboral y familiar. Lo anterior es muestra clara que tenemos mucho que caminar y recorrer en cuanto a la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por ello, la importancia de redoblar esfuerzos, emprender y fortalecer estrategias interinstitucionales con un enfoque multisectorial que involucre la participación de los distintos niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar los casos de maltrato y violencia contra nuestros menores en México. Es indispensable que los programas preventivos incluyan el apoyo de los padres, que aporte conocimiento en torno a los derechos humanos, así como recomendaciones positivas para la educación de sus hijos; de igual manera, estrategias de atención contínua dirigidas a niñas, niños y sus familias con la final de reducir el riesgo de repetición del maltrato y atender sus efectos.

Compañeras y compañeros legisladores, es nuestra responsabilidad de impulsar acciones eficaces para eliminar toda forma de violencia contra la niñez como principio fundamental de las garantías de sus derechos. En Nueva Alianza lo sabemos, por eso votaremos a favor del punto de Acuerdo.

Estamos conscientes de que erradicar las conductas agresivas hacia nuestros niños no es tarea fácil, pero no quitaremos el dedo del renglón, y sigamos legislando para asegurar el respecto pleno de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Talamante Lemas.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Primero celebro que podamos estar ya aprobando en este Pleno este exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que puedan iniciar las acciones necesarias para combatir, para garantizar, sobre todo, la integridad física de nuestros niños y adolescentes a lo largo y ancho de este país. Y me parece crucial porque el tema del acoso escolar ha cobrado una relevancia muy importante.

El acoso escolar existe desde siempre, simplemente hoy en día ha cambiado sus modalidades, hoy podemos ver el acoso escolar a través de las redes sociales, por ejemplo, y por lo tanto se vuelve en acoso mucho más doloroso para nuestros niños y nuestros adolescentes.

Me parece muy importante destacar que existen estudios por parte de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, en donde revelan que entre el 60 y el 70% de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia. Con esto estaríamos hablando primero de 25 millones entre niños y adolescentes, y de estos 25 millones 18.7 millones han sido víctimas o testigos.

Esta realidad confirma lo dicho por la OCDE hace algunas semanas, en donde se sitúa a México como el primer lugar por la incidencia del bullying a nivel internacional. Es una lástima que México ocupe el primer lugar en bullying, el primer lugar en obesidad infantil y el primer lugar en diabetes entre nuestros niños y nuestros adolescentes.

Yo solamente quisiera recordar que hay varias iniciativas de ley pendientes tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, que yo espero se conviertan en prioridad de la agenda de todos los grupos parlamentarios. Tenemos una iniciativa firmada por Senadores de diferentes grupos parlamentarios en donde estamos buscando crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso Escolar.

Y estamos presentando, además, diversas reformas a la Ley General de Educación, a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y una adición al Código Penal Federal sobre sanciones por discriminación. Estas son algunas de las iniciativas pendientes, yo entiendo que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, en materia energética son una prioridad para México, para el Senado, para la Cámara de Diputados, pero también el combate al acoso escolar, también el cuidar a nuestras niñas y nuestros niños debiera ser una prioridad.

A mí me encantaría pensar que este tema pudiese ser parte del periodo extraordinario para darle una respuesta inmediata a la sociedad en general, que, créanme, están muy preocupadas y preocupados los padres de familia, los maestros, porque muchos, y los mismos estudiantes, porque no saben cómo actuar ante un hecho de violencia en el salón de clases, ante un hecho de violencia en el patrio de la escuela o en el camión.

Es una realidad que hay que atender, hay que legislar, y claro que va también de la mano con políticas públicas exitosas que deben implementarse a la voz de ya en las diferentes escuelas de este país, y políticas públicas que pueden implementarse de manera inmediata, como el poder contar con un buzón escolar, el poder contar también con un consejo de clase, y que dentro de este consejo de clase pueda haber sesiones por salón de clase que participen los alumnos, el maestro y los padres de familia.

Echar andar también los consejos de participación social en la educación, es cuestión de aprovechar lo que hoy ya está en la Ley de Educación, que desafortunadamente no se ha echado a andar, que son los consejos de participación social, y de esta manera podríamos empezar a erradicar la violencia en los salones de clase, en los patios de la escuela, y, sobre todo, debemos darles las herramientas necesarias a los estudiantes, a los padres de familia y a los maestros para que puedan combatir estos actos de acoso escolar que ocurren todos los días en nuestro país.

Espero que legislemos pronto el tema y que pudiese ser parte del periodo extraordinario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.





 

Esta Presidencia comunica que la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, ha retirado su reserva sobre el dictamen relativo a la violencia contra las mujeres, y en consecuencia, cuando se someta a consideración los dictámenes reservados será puesto a consideración con el conjunto de los demás dictámenes sobre los que se han vertido diversas intervenciones en esta tribuna.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

El Diputado Abel Salgado, del grupo parlamentario del PRI, reservó el dictamen sobre permisos y liberación de organismos genéticamente modificados.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal envíe a esta Soberanía un informe sobre los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados (OGM´s) otorgados hasta la fecha, así como, un informe sobre qué productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se encuentran en el mercado nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 28 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La Proposición con Punto de Acuerdo solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que envíe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe sobre los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados (OGM´s) otorgados hasta la fecha; así como un informe sobre los productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos que se encuentran en el mercado nacional y las medidas que han sido tomadas para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos.

El proponente expone que a inicios de la década de los 80 se planteó utilizar los ingresos de la exportación de los recursos petroleros para dos fines: el fomento de la producción agrícola mediante el uso de la biotecnología moderna y la importación de productos agrícolas, principalmente granos y cereales. Refiere que, a pesar de lo anterior, “ya no se posee tanto oro negro y que la crisis alimentaria se ha agudizado.”

El Senador menciona que, debido a la implementación de políticas públicas deficientes, la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria mantiene un estatus deficitario desde hace más de 20 veinte años y que el monto importado, en términos monetarios, pasó de 4 mil 750 millones de dólares en 1990 a 27 mil 067 millones en 2011; lo cual representa una tasa de crecimiento media anual de 22.3%. Además, afirma que estos indicadores cuantitativos van acompañados de condiciones indeseables en la calidad de los productos alimenticios tanto importados como producidos en nuestro país ya que son transgénicos.

El proponente señala que “este grupo de alimentos han sido catalogados por diversos estudios científicos como dañinos para la salud” y que, sin importar dicho diagnóstico, “se ha permitido a grandes empresas transnacionales la siembra en territorio nacional y su respectiva comercialización pero dado que la cantidad producida es insuficiente, se adquiere de otros países principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica.”

Reafirma que la circulación de estos productos en nuestro país se encuentra regulada por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y su reglamento, los cuales establecen que la SAGARPA es la autoridad competente en lo relacionado al control y supervisión de los OGM´s que se utilizan en la producción agrícola y pecuaria.

Al citar el artículo 101 de la LBOGM, el diputado subraya la obligación de “etiquetar todo OGM´s o producto que lo contenga” destacando que “el cumplimiento de este requisito es importante porque se trata de alimentos para el consumo humano.” Al respecto indica que dicha disposición es fundamental para garantizar el derecho a una alimentación sana y de calidad establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el Estado tiene la obligación de “informar la procedencia de los productos agropecuarios y agroalimentarios que consumimos.”

El proponente explica que “desafortunadamente esta última garantía no se puede dar por satisfecha” y vulnera los derechos de los mexicanos debido a que de manera cotidiana los consumidores omiten revisar el etiquetado o no tienen posibilidad de conocer el contenido de alimentos que se elaboran con insumos importados de contenido transgénico, como las tortillas hechas con maíz amarillo transgénico. 

En la Proposición con Punto de Acuerdo se observa que para atender a la problemática planteada en 2003, México firmó, con Canadá y los Estados Unidos de América, el acuerdo trilateral denominado Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento OVM/AFP y, “en 2005, diseñó un esquema voluntario de cumplimiento a través del Programa Piloto para la documentación que acompaña a las importaciones de maíz amarillo destinado para uso directo como consumo humano, animal o para procesamiento (Programa Piloto)”. Sin embargo, se afirma que “estas acciones son insuficientes porque si bien al momento de arribar al país los embarques de productos contienen la leyenda de OGMs, una vez que se incorpora al mercado ya no conserva este enunciado por lo que el consumidor final ignora si contiene o no OGMs”.

De acuerdo a las consideraciones del proponente, la realización de dichas prácticas constituye “una evasión por parte de los productores y comerciantes de etiquetar los alimentos transgénicos” que debe ser erradicadas en para hacer valer el derecho el derecho humano a una alimentación sana y de calidad el cual “está por encima de los acuerdos internacionales firmados con EEUU y Canadá (quienes se han opuesto de manera rotunda al etiquetado de transgénicos ya que temen que las ventas disminuirán).”

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. La comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente en el sentido de velar por el cabal cumplimiento del párrafo tercero del Artículo 4° de la  Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos que establece: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” Bajo esta premisa, la comisión considera relevantes planteamientos del proponente respecto a garantizar que los alimentos los disponibles en el mercado mexicano cumplan con los principios básicos de inocuidad y de salubridad garantizada.

Se concuerda en la importancia del cabal cumplimiento de lo estipulado en los artículos 101 y 102 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativos a la obligación de etiquetar los productos que entren en esta categoría, así como en el cumplimiento puntual de lo establecido en la NOM-001-SAG/BIO-2014-

Especificaciones generales de etiquetado de organismos genéticamente modificados que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola.

La Comisión Dictaminadora señala que toda vez que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), forma parte de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) e incluso es parte de la presidencia rotativa de esta Comisión, es una instancia autorizada para contar con la información que el proponente señala.

Toda vez que en el artículo 9 de la Ley de Bioseguridad se encuentra establecido que:

“Para la formulación y conducción de la política de bioseguridad y la expedición de la reglamentación y de las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley, se observarán los siguientes principios:

I…II…

III. La bioseguridad de los OGMs tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la utilización confinada, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la importación y la exportación de dichos organismos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola;”

La Comisión Dictaminadora considera necesario requerir y conocer esta información solicitada por el proponente para conocer la participación en la producción nacional que en la actualidad representa estos OGM´s.

Asimismo, también comparte la necesidad de solicitar un informe sobre las medidas tomadas por las autoridades para hacer cumplir la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de Acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales, aunque proponemos un ajuste en su redacción.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal un informe sobre los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación comercial sobre OGMs otorgados hasta la fecha.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice un estudio sobre qué productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se encuentran en el mercado nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos, y en su momento, una vez culminado dicho estudio, informe a esta Soberanía.

TERCERA COMISION.

Tiene el uso de la palabra, Diputado Salgado Peña.

El Diputado Abel Salgado Peña: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Como todos nosotros sabemos, la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados regula el control y supervisión de estos organismos que lleva a cabo la SAGARPA para la producción agrícola y pecuaria.

Este tipo de organismos fue introducido para contrarrestar la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria que desde hace alrededor de 20 años mantiene un déficit cuyo promedio anual oscila en el orden del 22 por ciento.

Respecto a su consumo, existen sectores sociales que consideran que el consumo de alimentos derivados de estos organismos puede tener consecuencias para la salud tanto de humanos como de animales

No obstante lo anterior, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea afirman que no existe evidencia científica que confirme que su consumo genera efectos para la salud.

Es por eso que en el grupo parlamentario del PRI apoyamos el resolutivo de este punto de Acuerdo que solicita a la SAGARPA emitir un informe sobre los permisos de experimentación, programas pilotos, y liberación comercial de este tipo de organismos.

Consecuencia de este debate que se da, más de 60 países han prohibido el consumo de estos organismos, y otros 64 exigen el requisito del etiquetado para el producto contenga algún tipo de organismo genéticamente modificado.

México se encuentra dentro del grupo de países que exigen etiquetado, en alcance al derecho a la sana alimentación con calidad que establece el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Es preciso señalar que el objetivo de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, es el de garantizar el nivel adecuado de protección en la esfera de la utilización combinada, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la importación y exportación de dichos organismos, resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos para la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la biodiversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, según se desprende de la lectura del artículo 9 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Ejemplos en México de algunos productos que utilizan técnicas de organismos genéticamente modificados son: el jitomate, la papa, el algodón, la canola, la soya, la alfalfa, y el maíz, principalmente.

Sobre el maíz blanco mexicano, es una variedad que no cuenta con una versión transgénica ni ha sido utilizado con el uso de sepas, en un ejercicio en el que nuestro país puede afirmar que cuenta con el sello de garantía en esta variedad.

Este hecho nos coloca en una posición para que con las medidas adecuadas nuestro país se convierta en algunos años en un gran exportador de maíz blanco, siempre y cuando se siga asegurando la pureza de esta variedad.

Y, justamente en ese sentido, en los últimos dos periodos ordinarios de sesiones hemos presentados sendas iniciativas para, en primer lugar, aclarar los conceptos que emplea la ley, incluyendo los de transgénicos y divergénicos, y en segundo lugar, para elevar a rango de ley el régimen de protección especial al maíz, y prohibir la experimentación y comercialización de este fundamental cultivo pilar de nuestra economía, nuestras tradiciones y nuestra alimentación.

Compañeras y compañeros legisladores: La falta de estudios concluyentes que arrojen como resultado la inocuidad de los alimentos de tipo transgénico, hace que tengamos especial cuidado en la producción y consumos de alimentos producidos con organismos genéticamente modificados.

Para que nuestro país siga en condiciones de conservar la pureza del maíz de variedades blanco, es necesario incorporarlo a un régimen especial que garantice su pureza, y por su extensión su confianza en el consumo animal.

La falta de conocimiento en la investigación que realizan las agencias internacionales o gobiernos con el objeto de estar en condiciones de ofrecer altos estándares alimenticios nos hace ser estrictos en la legislación en esta materia.

Compañeras y compañeros legisladores: Para estar en condiciones de reflejar la investigación que se realice consideramos necesario aprobar esta proposición a efecto de que la SAGARPA dé cuenta sobre los permisos de experimentación, los programas pilotos, y deliberación comercial sobre los organismos genéticamente modificados, generados hasta el momento.

Además, consideramos que los permisos de experimentación deben estar sujetos a un rigor científico, documental, académico y de intercambio de información que en todo caso garantice que la aplicación de los reactivos sean lo suficientemente obligatorios, que otorgue los elementos necesarios a la ciencia para afirmar o desechar su consumo.

Por otra parte, se requiere también que la SAGARPA informe a esta Soberanía las medidas que han tomado para el cumplimiento al etiquetado a los alimentos transgénicos, además de los productos enunciados -líneas arriba-, solicitamos a la SAGARPA para que informe qué productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se encuentran en el mercado nacional.

Para el grupo parlamentario del PRI es importante expresar, por mi conducto, el respaldo a los resolutivos de este dictamen que vienen a abrir una posibilidad en mejoras a las condiciones de alimentación de la sociedad. Y desde esta tribuna hacemos un llamado mis compañeras y compañeros legisladores en ambas Cámaras para que este tema sea abordado en el próximo periodo ordinario de sesiones a efecto de legislar sobre la investigación de transgénicos el régimen del maíz, entre la gran gama de posibilidades sobre el tema de los organismos genéticamente modificados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Salgado Peña.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que se acaban de discutir.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica si son de aprobarse los dictámenes referidos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar la reforma al Artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.

Perdón, antes de que inicie, Diputado, una consulta, ¿esta proposición está solicitada para que su trámite sea de urgente u obvia resolución? Así es, ok, correcto, para proceder posteriormente a someter tal situación a consideración de la Asamblea. Adelante, compañero Diputado.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de todos ustedes, compañeros:

Este tema resulta de tal importancia para la vida legislativa de nuestro Congreso, la circunstancia que ocurre y que procederé a desahogar en este momento, considero que vale la pena argumentarlo y poder recordar lo que en otros momentos han sido motivo de pronunciamiento de algunos grupos parlamentarios.

De entra comento a ustedes que las y los legisladores del grupo parlamentario del PRI no estamos de acuerdo con el contenido de un dictamen aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F., entre las que se contempla una haber de retiro del cien por ciento de sus percepciones mensuales netas durante los dos primeros años, y del 70 por ciento durante el resto de su vida.

Lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, representa una gravísima incongruencia por parte del partido mayoritario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, puesto que mientras ellos critican con vehemencia disposiciones similares en el ámbito federal, aprueban en su ámbito una pensión vitalicia a todas luces reprobable por toda la sociedad mexicana, no solamente por la sociedad del D.F., por los ciudadanos de nuestra capital.

Y aquí llamo a ustedes, compañeras y compañeros, a que recordemos brevemente algunos conceptos que compañeros del PRD mencionaron en su momento, cito literalmente los siguientes comentarios:

Quienes aprobaron esto, quienes avalaron esto están comprando la voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que actúen a modo de acuerdo a los intereses de quienes les promueven este favor, primera cita.

Segunda cita. El haber de retiro es un ejemplo de la escandalosa y ofensiva realidad frente a los salarios del grueso de los mexicanos en un país con graves carencias económicas. La cita sigue.

Parece un soborno, parece que se está comprando la voluntad de las decisiones en el futuro de impartición de justicia electoral, mientras a los pobres les daban tarjetitas.

Ultima cita. Es un premio y no solamente por lo que pasó en 2012, sino por lo que pueda pasar en las próximas elecciones.

Ultima cita. Nosotros, refiriéndose a los compañeros del PRD dicen: nosotros consideramos que es un soborno anticipado, que lo que el PRI intenta con esta reforma es comprar magistrados con miras a las próximas elecciones. Término de las citas de los comentarios y pronunciamientos que realizaron legisladores del PRD.

Prosiguiendo con el tema. El grupo parlamentario del PRD, mayoritario en la Asamblea, tuvo pronunciamientos de la siguiente forma: se harán acreedores a un haber justo y equiparable a la importancia de su función judicial, es decir, por retiro de carácter vitalicio podrán recibir el equivalente al cien por ciento de sus percepciones mensuales, durante los dos primeros años, y al 70 por ciento de estas durante el resto de su vida, con esta medida se alienta a la situación de relevo en el cargo y permite nuevas incorporaciones que aseguren el adecuado desarrollo de la carrera judicial y la renovación contínua de los funcionarios públicos.

Ante lo dicho en la tribuna capitalina, cabe preguntarnos todos nosotros, compañeras y compañeros: ¿Cómo es que la mayor erogación presupuestal garantizará el relevo en los cargos? ¿Cómo es que los haberes de retiro, jugosos, por cierto, permitirán nuevas incorporaciones en el Tribunal de Justicia? ¿Serán capaces de explicar semejantes nexos causales, los correligionarios del PRD, en la Asamblea? ¿Qué clase de complicidades se están premiando? ¿Qué compromisos se están satisfaciendo? ¿Qué promesas se esconden tras esta reforma? Definamos, compañeros, somos austeros o no lo somos.

¿Creemos en la medianía del sueldo o nos comportamos con voracidad frente al presupuesto? ¿Invocamos a Juárez o nos comportamos como Santa Anna? La lógica nos dice que no se puede hacer un cosa y lo contrario al mismo tiempo, por eso es que emplazamos a los correligionarios de los legisladores del partido mayoritario en la Asamblea Legislativa del D.F., a que suban a tribuna y nos digan si debemos atender a su discurso en el Congreso Federal, o en contrario a sus hechos en la Asamblea Legislativa en la capital del país.

El momento económico por el que atraviesa nuestro país no es viable, para realizar reformas que menoscaben el presupuesto, con dicho aumento a los magistrados del Distrito Federal es imperativo realizar acciones que tiendan a satisfacer las necesidades de la mayoría de los mexicanos, y no, compañeros, la bonanza de solamente unos cuantos.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI, hoy estamos a favor del presente punto de Acuerdo con el cual se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que de manera categórica deroguen la reforma del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados y su pensión vitalicia, adelantándonos que presentaremos una iniciativa con el propósito de quitar cualquier pretensión de los asambleístas del D.F., para aprobar en lo sucesivo pensiones de esta naturaleza.

A todas y todos ustedes, compañeras y compañeras, muchísimas gracias.

Propuesta

El que suscribe Dip. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al haber de retiro es considerado como una retribución económica que se les otorga a ciertos servidores públicos cuando terminan su mandato, a efecto de que tengan una digna separación, ya sea porque cumplieron con el tiempo para el cual fueron designados o por causas forzosas.

El origen de este concepto atañe a los militares, debido a que se encuentran dentro de los primeros a quienes se les concedió este derecho, además de que específicamente en la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas se establece una definición, como en ninguna otra ley, sobre este derecho. El artículo 21considera que el haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija dicha Ley, asimismo recalca que se cubren con cargo al erario federal.

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece en el artículo 26 que los Magistrados ratificados tendrán derecho al haber por retiro de carácter vitalicio, siempre y cuando se encuentren bajo los supuestos de tener quince años o más como Magistrados, o tener treinta años o más al servicio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En este contexto, el 9 de junio del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre estas reformas se encuentra una modificación al artículo 26,relativa al derecho al haber por retiro de carácter vitalicio, mediante el cual señala que tendrán derecho al equivalente al cien por ciento de sus percepciones mensuales netas, durante los dos primero años y al setenta por ciento de éstas durante el resto de su vida.

Lo anterior, representa un elevado aumento, ya que anteriormente la disposición legal señalaba que este derecho equivalía al setenta por ciento de sus percepciones mensuales netas, durante los dos primeros años y al cincuenta por ciento de éstas durante el resto de su vida.

Si bien es cierto, que se están realizando diversas reformas económicas con miras a que el país avance en este ámbito, las cuales serán paulatinas, también es cierto que no es momento de que se tomen decisiones precipitadas que aumenten las erogaciones económicas, por lo que consideramos que el Decreto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF, contiene el aumento económico de un privilegio de los magistrados incompatible con la situación económica que vive el país.

Por ello, consideramos necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analice nuevamente y derogue la reforma al artículo 26 de la mencionada ley, porque no es momento derogar recursos ante la situación económica que atraviesa el país y la limitada condición en que se encuentran millones de mexicanos, que verdaderamente necesitan el aumento de apoyos sociales que redunden en un beneficio general.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que nuevamente analice y derogue la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 9 de junio de 2014.

Dip. José Luis Flores Méndez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted Diputado Rodríguez Calderón, además de atender a esta Presidencia.

Esta Presidencia pregunta a la Asamblea qué oradores se inscriben sobre este tema, porque notó la Presidencia inquietud sobre el particular.

Tienen toda la razón, ya me andaba adelantando, ofrezco una disculpa, primero hay que consultar si es de urgente resolución. Creo que hay demasiadas ganas de debatir sobre el tema.

La Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta que esta proposición con punto de Acuerdo se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se pone a discusión de inmediato. Esta Presidencia pregunta qué oradores tenemos registrados sobre el particular. El Diputado Miguel Alonso Raya, el Diputado Fernando Zárate, la Diputada Lilia Aguilar, el Senador Omar Fayad, el Diputado Añorve Baños, todos a favor.

Se le cencede el uso de la palabra al Diputado Miguel Alonso Raya, para hablar sobre el tema.

El Diputado Miguel Alonso Raya: Compañeras y compañeros.

Qué bueno que se da esta oportunidad de discutir un punto de Acuerdo relacionado con una decisión que tomó la Asamblea de Representantes que evidentemente no compartimos y que respaldamos por hoy el resolutivo que plantea, el exhorto que se hace, para que derogue lo aprobado.

Pero también es oportuno para recordar aquí que tenemos pendiente una minuta en la Cámara de Diputados que fue aprobada, aquí ya la tenemos con minuta enviada del Senado a la Cámara de Diputados para reglamentar los salarios máximos, de tal manera pues que nadie pueda estar haciendo este tipo de cuestiones.

Ya se aprobó, se hicieron modificaciones a la Constitución en la legislatura pasada del Senado y de la Cámara y está pendiente pues la Ley Reglamentaria para poder regular los salarios máximos, de manera que nadie pueda ganar pues más que el Presidente de la República, porque entones seguimos siempre con la tentación de estar yendo y buscando salidas.

El esquema que se está aquí, el esquema que estamos cuestionando y que estamos de acuerdo en exhortar a la Asamblea del D.F. a que derogue, a que eche para atrás, es el mismo esquema que utilizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con recursos que fue ahorrando o con recursos que no ejerció, crea un fideicomiso y ahora tiene un esquema especial de pensiones, que es en donde, cuando un ministro se retira, de inmediato los dos tienen 100 por ciento y a partir de esos dos años lleva el 80 por ciento del conjunto de percepciones.

Y les deriva la viuda o los beneficiarios, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, requerimos acabar y requerimos revisar.

Recuerdo otro asunto que tiene el Senado, a propósito de las reformas que hicimos a la ley del SAT y el asunto de la pensión universal, en la ley del SAT estamos planteando un transitorio para crear un grupo especial de expertos que revise de fondo lo que está aconteciendo con los diversos sistemas de pensiones, y que eso permita que el Congreso de la Unión en un periodo considerable tenga toda la información para hacer las modificaciones legales, necesarias a unos para darle viabilidad al objetivo de tener una pensión y a otros pues para evitar los abusos en que se estén dando pensiones de privilegio.

Estamos de acuerdo en el resolutivo que plantean, en el punto de Acuerdo, aquí, quien me antecedió en el uso de la palabra de exhortar a la Asamblea, que derogue lo que aprobó, que le dé para atrás en el asunto, como vamos a hacer en un próximo periodo con el haber de retiro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respecto a los magistrados del Tribunal Electoral, como lo haremos, lo mismo que se exhorta y se le pida a la Asamblea, y yo exhorto con mucho respeto a mis compañeros a quienes conscriben la mayoría en la Asamblea, para que atiendan el exhorto de inmediato y obviamente den para atrás al asunto de lo aprobado y también a que el Senado rápidamente revise y apruebe si no quieren aprobar el esquema de financiamiento en el que no estuvimos de acuerdo, tampoco nosotros, del seguro de desempleo aprueben lo demás para el hecho de que podamos también integrar el grupo de expertos que rápidamente pueda ponerse a trabajar y a revisar de fondos el sistema de pensiones que tenemos en el país y los especiales que tenemos para que el Congreso pueda tener información y elementos para encontrarle una salida a una problemática en la que cada día hay la tentación de hacer determinados regímenes especiales o de privilegio y seguimos sin resolver de fondo el masivo, el que se creó y que supuestamente iba a resolver por los problemas que tenemos que es en donde están las cuentas individuales, en donde insistimos, la mayoría para no abusar de ustedes, la absoluta mayoría de los 51, de poco más de 51 millones de cuentas que están abiertas ahí no tendrá, no podrá cumplir los requisitos para poder tener derecho a la pensión.

Por eso urge pues que debatamos con responsabilidad, con seriedad y no le rehuímos al bulto en el asunto de lo aquí planteado, no estamos de acuerdo con lo que los compañeros nuestros en la Asamblea hayan avalado respecto a esa situación.

 Y por eso respaldamos el punto de Acuerdo que se propone.

Muchas gracias.

 El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Le concedemos el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, hasta por cinco minutos.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, con la venia de la Asamblea.

Es prudente informar a la ciudadanía sobre qué estamos hablando y que esto no parezca solamente un chiste interno entre el partido del gobierno federal y el partido que encabeza el Gobierno del Distrito Federal; estamos hablando de los privilegios de pensiones y de los privilegios económicos que tienen los magistrados y los jueces electorales y de cualquier tipo que están y que son parte del Poder Judicial y de la estructuración de la República. Eso es de lo que estamos hablando.

Es decir, el Poder Legislativo no puede de ninguna manera solapar ni mucho menos aprobar pensiones de privilegio o prestaciones de privilegio para miembros del Poder Judicial como si éstos fueran intocables, más allá, es responsabilidad del Poder Legislativo el velar por la aplicación del presupuesto y por la fiscalización de los recursos.

La aprobación que ha hecho la Asamblea del Distrito Federal no solamente es descabellada, sino que queda fuera de todo contexto sobre la discusión y la posición que guardó la izquierda en la discusión de la reforma política en lo que tiene que ver con los haberes de retiro sobre los jueces y magistrados electorales.

No solamente nos sumamos a este punto de Acuerdo para exhorta a la Asamblea del Distrito Federal a que dé marcha atrás sobre estos privilegios que pretenden dar al Poder Judicial, sino que decimos que, no solamente queda pendiente el tema de pensiones, sino también queda pendiente la iniciativa de haberes de retiro que presentó el PRI junto con el Partido Verde y que esperemos que pueda dictaminar en próximos días en un periodo extraordinario y llamamos a la transparencia de la aplicación de los recursos al Poder Judicial.

No puede, ningún poder, de ninguna manera estar por encima de otro y tener privilegios que no le correspondan, porque se sientan pues, aquellos que son los que llevarán el control constitucional y legal de este país.

Esta República está estructurada para que todos los poderes tengamos un rol y es nuestro trabajo como Poder Legislativo cuidar los recursos de la nación, nos sumamos pero también hacemos un llamado a toas las bancadas a que no aprobemos los haberes de retiro que se contemplaron en la reforma política y a que transparentemos los recursos que se aplican en el Poder Judicial.

Cerraré diciendo que me da gusto además que la presentación de esta iniciativa se haya hecho referencia a los discursos que dio la izquierda cuando discutimos precisamente estos haberes de retiro que consideramos privilegios innecesarios para jueces y magistrados electorales y que aunque pareciera que en las tribunas nos subimos a discutir sin que nadie nos escuche, pues aparentemente estos discursos calan, llegan y siempre tenemos la razón.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Aguilar Gil.

Le concedemos el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Ciertamente existe ya en el Poder Judicial Federal y en la mayor parte de los poderes judiciales de los estados, un mecanismo que establece una pensión de retiro, a quienes han transcurrido un determinado tiempo, 25 ó 30 años es la variante, en el servicio del Poder Judicial, ya sea del estado o sea de la Federación.

De tal forma, que ningún haber de retiro adicional tiene posibilidad de tener alguna justificación.

Ahora, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es, modificar la pensión que ya tienen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la está modificando a la alza. Eso es lo que se viene a discutir aquí.

Y me parece que lo que tiene que hacer… haber, tanto la Federación, que ya lo existe con absoluta claridad, y que no tiene que haber distingos con respecto a si tuvo como magistrado de Tribunal Superior o en el caso de lo federal, como ministro de la Corte o si estuvo en un Tribunal Electoral, no tiene que haber diferencias. Ya tienen un sistema de jubilación, ya tienen un sistema de pensión.

Pero también hay que decirlo con claridad. Este tema, es claramente aprovechado por PRI, para lavarse la cara. Porque por debajo de la alfombra, apareció una reforma, un artículo, un inciso de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece, además de esa pensión que ya tienen los magistrados del Tribunal Electoral, un haber de retiro, utilizando incluso esta terminología.

Me parece que lo importante no es que venga aquí el PRD, a decir, es que nosotros estamos en desacuerdo. Quien sabe, mis hermanos perredistas en la Asamblea que hicieron. Ni tampoco aprovechar a hacer el deslinde del PRD, para venirse a lavar la cara.

No, lo que importa no es la imagen que damos ante el público. Lo que importa es la realidad.

Y desde luego el PAN votará a favor de ese punto de Acuerdo.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios Córdova.

Ahora le concedemos el uso de la tribuna al Senador Omar Fayad, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Que bueno que hoy tengamos la gran oportunidad de tener este tema, importante, sin duda, en el debate. Porque nos permitirá analizar nuestra propia actuación.

A veces creo que en la vehemencia del discurso, en la vehemencia del uso de la tribuna, nos atrevemos a hacer una serie de aseveraciones, que al pasar de los días nos damos cuenta, que tenemos que analizar o, en su caso, tenemos que rectificar.

Le decía yo de broma, mientras mi compañero Alberto Rodríguez Calderón hablaba en esta misma tribuna, a mi compañero Diputado Raya, le decía yo de broma, que le vendía yo, le llevaba un casco para las pedradas, por los señalamientos que estaba recibiendo. Lo decía a nivel de broma, sin que el tema se preste a bromas. Pero lo decía yo a nivel de broma, porque a veces en nuestras expresiones hacemos una serie de imputaciones, en las que si no somos responsables, en el futuro tendremos que cargar con ellas y máxime en partidos políticos, como los nuestros, y máxime en organizaciones que tienen muchos miembros y muchos militantes, y que están representados en las Cámaras, en una, en otra, en el nivel federal, estatal, municipal.

Por eso hoy aprovechemos que estamos de acuerdo en el fondo de este tema. Para hacer un gran llamado a la cortesía política, que creo que nunca está de sobra en esta tribuna.

Para tratarnos como compañeros y pares, no para agredirnos brutalmente, hace aseveraciones de que hay actos de corrupción, como se dijo, se acuerdan en el debate del Senado, en lo federal, dijeron, esto es un soborno anticipado.

Compañeros, no hubo ningún soborno anticipado. Son cosas que a veces se escapan a la decisión de los que estamos participando en la construcción de acuerdos.

Leyes tan complejas requieren de muchos articulados y de muchos incisos, y se divide el trabajo, y a veces uno no ve lo que otros están haciendo.

Por eso me parece tan importante reflexionar en ello, porque evidentemente que mi grupo parlamentario, no había ningún interés oscuro, no había ningún soborno anticipado. Tampoco hubo ninguna intención, que tuviera que ver con complicidades o con premios que hubiéramos querido dar específicamente a alguien.

No, compañeros, eso, en verdad, no existe.

Por eso creo que debemos de hacer conciencia, para que cuidemos el efecto boomerang, que puede haber en discursos que, a veces, pronunciamos en esta alta tribuna. Que al pasar de los días o al pasar de algunos meses, asuntos equivalentes, asuntos parecidos, asuntos similares en distintos órdenes de gobierno, nos puede llevar a lo que acaba de ocurrir aquí.

Bien decía el compañero del PRD, pues que no sabía lo que hicieron sus compañeros en la Asamblea, y que él si está de acuerdo con este punto de Acuerdo.

Así es que esto, hoy nos da pie a otra cosa. Todos estamos de acuerdo. Mejor vamos hacer el esfuerzo de que se consolide lo que hemos planteado respecto de los haberes para los magistrados.

Y que en el caso federal, pueda servir de marco, para lo que va a ocurrir también en las entidades federativas; para que sea un asunto tratado, estrictamente con justicia.

Yo creo que nadie le puede negar el haber de retiro o lo que ley laboral y fiscal consideren para este efecto, a un servidor público que se dedica a la administración de justicia. Ni tampoco permitamos, entre todos, que no se caiga en ningún exceso al respecto.

Creo que una posición equilibrada, creo que un pronunciamiento conjunto, aprovechando este punto de Acuerdo que presenta Alberto Rodríguez Calderón, y que mi grupo parlamentario, a través de mi conducto, hoy les manifiesta su total y absoluto apoyo, nos ayude a construir un mejor esquema y nos ayude a reflexionar para que en un futuro, pues no nos den agua de nuestro propio chocolate.

Por su apoyo a este punto de Acuerdo, mil gracias anticipadas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Zárate Salgado, para hablar a favor de la propuesta.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

Es necesario partir de reconocer un problema, pero ese problema, no se reduce al Distrito Federal. Quienes puedan abrir hoy la primera plana del periódico El Norte, verán que en otras partes de la República, especialmente en el norte, también los magistrados y también el Poder Judicial, quiere hacer lo mismo que se hizo en el Distrito Federal.

Este problema no es un tema solamente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Y nosotros no nos tomamos a juego, ni nos tomamos con docilidad, nos tomamos a un tema de buena fe, que algunos compañeros quisieran beneficiar mediante la ley, privilegios de otros poderes.

Nosotros le llamamos con su nombre. Y ésa es la crítica que la izquierda hace. Si es un soborno institucional o si es un soborno de poder a poder, está absolutamente prohibido en términos del 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El PRD se toma en serio este debate. No debe haber emolumentos, ni debe haber títulos nobiliarios o lo que se asemeje, a ganancias desproporcionadas con respecto a un salario.

El PRD no comparte lo que ha hecho la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No comparte lo que el coordinador de los Diputados perredistas en el Distrito Federal, debió de haber entendido en el debate nacional.

Los privilegios, pero revisemos los privilegios a nivel nacional. Revisemos los privilegios, como ya lo señalaban aquí, y por cierto en el punto de Acuerdo que propuso el PRI, señala que ellos estuvieran absolutamente de acuerdo, en emitir una norma de modificación al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ya que el Congreso de la Unión tiene competencia, porque al Distrito Federal no se le considera un estado, para revocar ese privilegio.

¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Banco de México?

¿Y por qué no hacemos lo mismo con los funcionarios de Hacienda?

¿Y por qué no hacemos lo mismo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

¿Por qué seguimos manejando un doble discurso y una doble moral, para que se le recorte en los bueyes de mi compadre?

¿Por qué de una vez por todas, generamos que el imperio de la ley aplique para todos y cada uno de los ciudadanos en este país?

¿Por qué como se ha planteado, un sistema de jubilaciones, debe de regir de manera especial para los jueces? Y no todos y cada uno de los mexicanos puedan tener las mismas bondades.

¿Qué especial tiene un juez, que no pueda tener un educador o un trabajador del Estado, que trabaja en una guardería?

¿Por qué no consolidamos el sistema de seguridad social, para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades?

¿Por qué los ministros de la Corte, con ya un muy buen ingreso, deben y tienen, un ingreso mucho mayor que un chofer de transporte de Ruta 100 o de RTP?, como se conoce hoy.

¿Por qué no le entramos al tema del imperio de la ley?

¿Por qué no discutimos la igualdad ante la ley?

¿Por qué continuamos simulando con los beneficios y con los privilegios?

¿Por qué no adoptamos este debate para modificar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que todo centavo que tenga como objeto o como destino un salario de un servidor público, esté topado, incluyendo los de la Universidad Nacional Autónoma de México? que yo tengo entendido, con temor a equivocarme, que algunos directores de facultades, lo son solamente un mes, y están pensionados de por vida. En México no debería de haber distingos.

Si los 3 partidos estamos de acuerdo, más el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y todos los demás, pudiéramos ir modificando este país.

No utilicemos este discurso para aventarse piedras de un lado a otro, utilicemos para resolver el problema serio de la ciudad y del país.

Resolvamos el problema de inequidad y de desigualdad. Eso convoca el PRD, reconociendo que hay un problema grave en el Distrito Federal, haber aprobado una ley, que en lo federal, todos y cada uno de nosotros estuvimos de acuerdo en que era desproporcionado, inequitativo, y sobre todo, quería a nuestra población en lo general.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Zárate Salgado.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Manuel Añorve, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente quiero ser breve y muy puntual, para darle las gracias a todos los grupos parlamentarios.

Por supuesto que reconozco la pluralidad política y reconozco también perfectamente bien, valga la repetición, que podemos llegar a los acuerdos que este país necesita.

Tenemos unanimidad en esta aberración que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó en el tema de “Haber de retiro”.

Por supuesto que coincido con mi amigo, el Diputado Raya. Tenemos que legislar el tema de los salarios máximos.

Y por supuesto que también coincido que tenemos que ponerle límites a esta aberraciones y que finalmente lastiman a la sociedad en su conjunto.

Tenemos que pedir, con puntualidad, que se derogue el “Haber de retiro”.

Tenemos que darle seguimiento, no sólo como un exhorto, sino como miembros del Congreso de la Unión, y que hoy por hoy no se trata de aprovechar coyunturas, porque si aquí se dice que hay que aprovechar coyunturas, pues muchos, no digo que todos, pues estarían probablemente recibiendo una acusación injusta, y seguramente sin fundamento.

No es una coyuntura, es una realidad, pues la realidad es que esto ya fue autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que necesitamos necesariamente terminar con este privilegio y pedirle a la Asamblea Legislativa que se pronuncie en este tema, que no lo deje al aire o que no lo deje sólo como un exhorto que llegará, por supuesto, de manera puntual, sino que actúe en consecuencia.

Y quiero terminar diciendo que el PRI no está aprovechando coyunturas, que por supuesto la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, ya dictaminó en el tema de “Haber de retiro”, que tanto debate generó hace unos días, y que además el grupo parlamentario del PRD, todos los demás grupos parlamentarios se sumaron, y particularmente el grupo parlamentario del PAN.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, y gracias por su atención

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Miguel Alonso Raya, para hechos.

El Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Qué bueno que coincidamos a partir de un asunto de esta naturaleza.

Primero. Para plantear efectivamente a la Asamblea, unánimemente, que derogue lo que aprobó y que a todas luces resulta inequitativo a injusto el darle privilegio a unos cuantos magistrados en detrimento de la mayoría de la población.

Segundo. El problema que tenemos es para, si la Asamblea no hace caso, pues hagamos la modificación, una Iniciativa que permita modificar el estatuto de Gobierno del Distrito Federal ahora para evitar que esos privilegios puedan tener viabilidad. O sea, eso da la garantía y la certeza de que eso no deba ser, que hay unanimidad, pues lo procedemos a hacerlo.

Tercero. Yo los invito a que, tenemos, a que reconozcamos. Hay un problema estructural en el sistema o en los sistemas de pensiones, hay un problema estructural.

Tenemos problemas en universidades, tenemos problemas en estados; hay algunas entidades que han legalizado hasta las rifas para poder darle sustento al pago de pensiones. No podemos dejar que siga eso caminando así.

Y tenemos problemas en el sistema nacional de pensiones, que hoy existe, el más importante, el que tiene el Seguro Social, a partir de las cuentas individuales que administran las AFORES. Tenemos un problema real que tenemos que reconocer.

Quienes en aquel entonces diseñaron el sistema, pues no sé, calculaban que iba a haber empleos permanentes, que la gente iba a poder cotizar todo mundo, y que iba a poder cumplir con los requisitos.

Al día de hoy, en estos momentos, se va a cumplir el 1º de julio de este año, 17 años de haber iniciado el sistema de cuentas individuales. Y a 17 años podemos hacer un corte.

Yo insisto, la absoluta mayoría de los 51 millones de trabajos que tienen abiertas sus cuentas en las AFORES, en las diversas AFORES, no van a tener pensión.

Y si no se aprueban tampoco las reformas que tenemos planteadas a la Ley del SAT, le seguirá disminuyendo, porque los están llevando a cambiarse a AFORES, que tienen menos rendimiento, y cada vez que se cambian pierden, además, en lo que está aconteciendo.

Y entonces, si no se protege, si no se revisa de fondo este asunto, vamos a seguir generando inequidades e injusticias en el sistema, sin resolver de fondo los problemas.

Por eso la importancia de crear un grupo de expertos que estudie de fondo el problema y que le plantee al Congreso las alternativas que deba tener, que deba abordar, que deba tomar en cuenta para encontrarle solución al grueso de los trabajadores que tienen esperanza o que tienen fincado su futuro en tener una pensión y que hoy no tienen ninguna certeza sobre cómo lograrlo.

Hoy, la certeza de todos los trabajadores, la única certeza es que tendrán la pensión universal creada, el reto, no hay ninguna seguridad de que lo tengan.

Y seguimos generando, en determinados sectores, pensiones de privilegio, aún cuando tengan la del ISSSTE, o aún cuando tengan la del IMSS u otra.

Y entonces, por ello, creo que vale la pena aprovechar la ocasión, pues para irnos al fondo del problema y a modificar las cosas que haya que modificar, pues para acabar con desigualdades y privilegios. O sea, no permitamos que se siga generando esta situación.

En la reacción de la sociedad, y con ello termino, no fue casual en el caso de los “Haberes de retiro” del Tribunal, la reacción, fue una de las reacciones más fuertes, más antiguas por parte de la sociedad con mayor enojo, con mayor, la que tuvo mayores reacciones de repudio, de rechazo a la pretensión de los haberes de retiro. Dicen que por la manera como se manejó, lo que sea, hay una actitud de rechazo de la sociedad a seguir, a que sigamos generando privilegios para unos, cuando la mayor parte de la población no tiene los ingresos que debiera para poder sacar su hogar adelante.

Entonces, seamos sensibles y entonces tengamos, tenemos en nuestras manos los instrumentos para poder actuar y la responsabilidad para hacer. Si hay voluntad, echemos, pongamos manos a la obra para poder resolver los asuntos, la Ley de… máximos en la Cámara de Diputados que está como minuta, pongamos, si la Asamblea no hace caso del exhorto, modifiquemos el estatuto de gobierno para poder resolver el problema.

Y tres, revisemos de fondo, echemos a andar el grupo de expertos para revisar de fondo todo el sistema de pensiones y encontrarle buscar las salidas, mejores alternativas para que la gente pueda tener cuando menos la certeza de que lo que está ahorrando va a servir para tener pensión.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted Diputado Alonso Raya.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Alfonso Durazo, para hechos, con el señalamiento por parte de esta Presidencia que una vez que concluya el Diputado Durazo, se someterá a consideración de la Asamblea, en votación económica, la proposición con punto de Acuerdo, misma que en su momento le solicitaré a la Secretaría le dé lectura para su posterior aprobación. Gracias.

El Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias estimado Presidente, por su flexibilidad.

Sólo para sumarnos de parte de Movimiento Ciudadano a este punto de Acuerdo. No puedo evitar repetir algunos de los clásicos, pero qué necesidad tiene un Poder Legislativo de meterse de nuevo en un tema que ya fue rechazado de manera generalizada a nivel nacional.

Ha resultado humillante, pero también afortunada la intervención de la opinión pública para rechazar, para inconformarse por la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados por el haber del retiro privilegiado a los magistrados del Tribunal Federal.

Retomar el tema a nivel del Distrito Federal, una vez que por la presión de la opinión pública la Cámara de Diputados y específicamente el PRI tuvo que desdecirse o deshacerse su iniciativa, me parece de una insensibilidad extrema.

No cuestiono el derecho de la Asamblea a tomar sus propias decisiones, pero sí me parece en términos sociales una decisión sumamente insensible y desacertada frente a un país que se nos deshace entre las manos en términos económicos, frente a un país marcado por el desempleo.

Y quienes lo tenemos, la gran mayoría tienen apenas percepciones de sobrevivencia, excepción hecha de aquellos privilegiados como nosotros que lo que deberíamos hacer es revisar la percepción de todos los altos cargos del gobierno federal. De tal manera que no haya forma de que por acuerdos de uno u otro grupo, o por compromisos eventuales con los propios magistrados o con algunos funcionarios de alto nivel que viven decisiones legislativas que terminan por beneficiarlos de manera privilegiada y muy al margen del sentir general y, sobre todo, de la situación económica de la generalidad de los mexicanos.

Así es que por esta razón me parece afortunado. Y de no ser el caso, como ya lo ha expresado nuestro compañero Raya, creo que será necesario asumir con un sentido federal una iniciativa que ponga orden a esta serie de privilegios desacertados, vengan de la Asamblea o de cualquier otra instancia estatal.

Por supuesto comenzando con la de carácter federal, que afortunadamente fue reconsiderada en días pasados.

Gracias a todos por la atención y a usted, señor Presidente, por su flexibilidad. Gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: A usted Diputado Durazo Montaño. Le agradezco a la Secretaría le dé lectura al punto de Acuerdo a someterse a consideración de esta Asamblea.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al punto de Acuerdo:

“Unico.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que derogue la Reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.”

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario. Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo en relación a las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

En estos momentos, en estas semanas y en las próximas semanas, se está discutiendo la Reforma en Telecomunicaciones. Lo que venimos a hacer aquí es a presentar un punto de Acuerdo para exhortar a las comisiones dictaminadoras que en ese dictamen consideren a los usuarios de las telecomunicaciones.

Esto nos parece de la mayor relevancia en este país, los usuarios de los servicios de telecomunicación en general son sujetos de abuso por todas las empresas. Aquí no es un asunto de calificativos.

Y es importante que en la Ley Reglamentaria se contemple el cuidar los intereses de los usuarios, no solamente la competencia, no solamente el debate enorme que existe en toda la parte que tiene que ver con radiodifusión. Me parece que el tema de los servicios de telecomunicaciones y el respeto a los derechos de los usuarios, es fundamental en la reforma.

Hoy ya viene un artículo en el anteproyecto que se está discutiendo, un artículo, si mal no recuerdo, el 191, pero me parece que es insuficiente.

Déjeme referir aquí algunos abusos que absolutamente todas las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones cometen.

Por ejemplo, hoy a un usuario del servicio de, vamos a poner de telefonía móvil y de Internet, se le cobra una mensualidad. Esa mensualidad no transparenta dos componentes que tiene, por un lado se cobra el paquete de servicios, tantas llamadas locales, tantas de roaming, tanta cantidad de Internet. Por un lado se les cobra el servicio y, por otro lado, se le cobra el pago del equipo que se está usando.

Normalmente un cliente llega, le ofrecen un equipo, un teléfono celular y le dice: “tú vas a pagar una mensualidad de 500 pesos”. Para de esos 500 pesos que nunca se transparenta, está destinado al pago del servicio de las llamadas de los servicios de telecomunicaciones y la otra parte está destinada a amortizar el pago del equipo.

Pero como no se hace transparente, se presta a muchos abusos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un usuario que es muy común, sobre todo en los usuarios que lo usan como herramienta de trabajo?

El otro día me tocó conocer el caso particular de un cerrajero, vive con el celular dando su servicio, pero no pudo hacer pago de una mensualidad y entonces le cortan el servicio, pero le cortan el servicio y no le cortan la mensualidad. Es decir, si se tarda tres meses en juntar para pagar una mensualidad que debía, resulta que ahora debe tres mensualidades, le están cobran tres meses sin haber disfrutado del servicio de telecomunicaciones.

Y a veces verdaderamente ustedes asómense cualquier día a cualquiera de las compañías y vean verdaderamente las tragedias que muchas gentes sufren porque se les hace la cuenta totalmente impagada.

Y es que las compañías dicen: “bueno, es que en la mensualidad está incluido el pago mensual que me tiene que hacer por el equipo, pero no se transparenta”, ese es un abuso y me parece que tiene que transparentarse.

Segundo abuso que se deriva de esa no transparencia. Cuando alguien por algún motivo tiene que cancelar el contrato tiene una penalización, ¿cuál es la raíz, cuál es la explicación, la lógica de la penalización? Si compró un equipo que valía equis cantidad de dinero y firmó un contrato por 18 meses para que ese equipo se pagara en los 18 meses, justo es que si cancela en contrato pagara el saldo que queda por pagar del equipo; pero no, aquí le cobran todas las mensualidades que faltan, que incluyen el equipo y un servicio del cual no va usar, este es un verdadero abuso que todas las compañías comenten en contra del consumidor.

Y un último abuso que es muy común. Alguien va y contrata un teléfono celular con servicio de llamadas y de Internet y compra el equipo, y le dan por 18 meses ese equipo. Terminan los 18 meses y le siguen cobrando la misma mensualidad que incluye la amortización de un equipo que ya pagó totalmente, es otro abuso más que se da en contra del consumidor.

¿Qué es lo que tiene que contemplar la ley? Pues el separar lo que es el cobro de servicio de lo que es la amortización del aparato. Otros abusos que se dan en contra de los consumidores, por ejemplo, son el uso indiscriminado de llamadas para promover servicios de telefonía.

Quién de los aquí presentes no ha recibido una llamada, y otra, y otra insistente sin haberlo autorizado de la compañía de servicios de telefonía que tiene para promover un servicio más, ¿por qué no tomas este otro paquete? Y no hemos dado ninguna autorización para ello. Pero de ahí se deriva una queja muy común entre los usuarios.

Alguien en una llamada le dice: “por qué no te cambias al plan de más minutos, de más cantidad de Internet”. Se cambia, cambia las condiciones de su contrato y ahora tienen una grabación que dice: “es que la autorizó y la cambió radicalmente el paquete que tiene”.

Finalmente, por ejemplo, los paquetes de Internet. A alguien se le vence su paquete de Internet faltando dos días para que concluya el plazo del servicio y entonces le venden un paquete de Internet que nada más tiene vigencia para esos dos días, cuando se está comprando tanto megabyte debería de durar hasta que se agotaran esos megabytes. No hablo de la calidad del servicio, en fin, hay una cantidad enorme de abusos que solamente en este país sucede.

Uno ve los contratos que existen en otros países y no se dan este tipo de situaciones que van en detrimento del uso de una herramienta que es central para trabajo de muchísimos mexicanos. Por eso, en este punto de Acuerdo lo que hacemos es exhortar a las comisiones dictaminadoras a que no cambien, me parece que lo que llevan redactado no abona en nada en beneficio de los usuarios, por el contrario va en contra de ellos.

Ahora se dice, unilateralmente la compañía pude modificar las condiciones del contrato, pero le damos la concesión al usuario que en los siguientes 60 días puede anular el contrato sin penalización alguna. Es decir, si la compañía dice: “no, se me fue la mano y le estoy dando más servicios, mejor se los quito, y si no quiere pues que cancele el contrato”.

Yo creo que tienen que vigilar muy bien las comisiones dictaminadoras este tema, es un exhorto para ellos, y por ese motivo, porque está ahorita en el momento de la discusión, solicito, Presidente, que le sea dado el trámite de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

El que suscribe, HECTOR LARIOS CORDOVA, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el tema de las telecomunicaciones puede analizarse desde diversos ámbitos, desde su concesión, la regulación en las tarifas y contratos, hasta la evaluación en la prestación del servicio; aspectos regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones, y la Ley Federal de Protección al Consumidor, por mencionar algunos marcos jurídicos.

2. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto la promoción y protección de los derechos de los consumidores, así como procurar las relaciones entre proveedores y consumidores.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

3. Que en el caso de la prestación de un servicio, en particular, el de “telecomunicaciones” los consumidores se adhieren al denominado “Contrato de Adhesión”, que para efectos del artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias del contrato”.

De acuerdo con esta ley, todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la ley.

La Secretaría de Economía mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría Federal de Consumidor cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

Así tenemos que, en materia de telecomunicaciones, en el 24 de agosto de 2012, la Secretaría de Economía decreto la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones.

Características Generales de la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012:

• Es de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales que se dediquen directa o indirectamente a comercializar, prestar y/o proporcionar servicios de telecomunicaciones a consumidores cuando utilicen la red pública de telecomunicaciones en la República Mexicana.

• Tiene por objeto establecer los elementos normativos y de información comercial que los proveedores deben cumplir en la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen la red pública de telecomunicaciones, así como los requisitos mínimos que deben contener los contratos de adhesión que los proveedores utilicen con los consumidores en sus relaciones comerciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a fin de que los consumidores cuenten de manera previa a la contratación con la información suficiente para tomar la decisión que más convenga a sus intereses.

4. Que del contenido de esta Norma Oficial, se desprende que “… El proveedor debe tener disponible en su portal de Internet, el horario de atención, los precios, el hipervínculo correspondiente para consultar las tarifas registradas ante la autoridad competente, las formas de pago, descripción, características y/o contenidos de los planes o paquetes de los servicios de telecomunicaciones y el modelo de contrato de adhesión registrado ante PROFECO…”

De acuerdo a The Competitive Intelligence Unit, México tiene de las mayores concentraciones de mercado en telefonía móvil, donde Telcel cuenta con siete de cada diez usuarios del servicio.

En este sentido, consultamos los portales de internet de las empresas RADIOMÓVIL DIPSA S.A de C.V., (Telcel), Nextel de México, S.A de C.V, y Iusacell, y encontramos lo siguiente:

Generalidades del Contrato

Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones que presta a sus clientes Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V.(TELCEL)

 

Contrato de Prestación de Servicios en materia de Telecomunicaciones, que presta a sus suscriptores Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V.

IUSACELL S.A de C.V

-Que es un contrato inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión, de fecha 13 de diciembre de 2012, con número 6536-2012, autorizado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

-Que el contenido de este contrato es de 30 cláusulas entre las que se encuentran; “Condiciones para la prestación de servicios”, “Plazo”, “Facturación”, “Calidad de los Servicios”, etc.,

-Que es un contrato inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión, de fecha 11 de noviembre de 2012, con número 6277-2012, autorizado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

-Que el contenido de este contrato es de 13 cláusulas entre las que se encuentran; “Condiciones del Servicio”, “Pagos”, “Vigencia”, “Confidencialidad”, etc.,

No tiene publicado el contrato en su portal de internet http://www.iusacell.com.mx/
a pesar de que el numeral 3.4 de la NOM-184-SCFI-2012, establece que el proveedor debe tener disponible en su portal de internet, el modelo de contrato de adhesión registrado ante PROFECO.

De manera particular, haremos un análisis de estos contratos en comento, respecto a las diversas cláusulas:

En cuanto al plazo:

Contenido de los Contratos

 Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones que presta a sus clientes Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V. (TELCEL)

 Contrato de Prestación de Servicios en materia de Telecomunicaciones, que presta a sus suscriptores Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V.

Observaciones

 QUINTA.- PLAZO.

El Contrato tendrá vigencia indefinida. Sin embargo, LA EMPRESA y el CLIENTE podrán pactar que dentro del mismo se establezcan Plazos Forzosos, durante los cuales el CLIENTE no podrá darlo por terminado anticipadamente, salvo que pague la Pena Convencional a la que se refiere la Cláusula Vigésima Segunda – Pena Convencional.

En su caso, una vez concluido el Plazo Forzoso y toda vez que el Contrato es de vigencia indefinida, el CLIENTE podrá continuar utilizando los Servicios bajo los mismos derechos y obligaciones definidos en el presente documento. Asimismo, en caso de que no se encuentre el Contrato en Plazo Forzoso, el CLIENTE podrá solicitar la terminación del Contrato en cualquier tiempo. LA EMPRESA suspenderá totalmente la prestación de Servicios dentro de los 2 (dos) días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud anterior, sin perjuicio de lo cual el CLIENTE quedará obligado al pago de todos los cargos generados por la prestación de Servicios, aún y cuando su facturación se realice con posterioridad a la terminación de los Servicios.

A efecto de que la solicitud de terminación de Contrato proceda, se requerirá: (i) que se realice por escrito; (ii) sea presentada en el CAC de su elección; y (iii) se acompañe del pago del Saldo Conocido, así como cualquier otro cargo vencido que se encuentre pendiente de pago. Queda entendido para todos los efectos que las obligaciones bajo este Contrato, son independientes a las establecidas a cargo del CLIENTE en las leyes o normas aplicables, dada su condición de usuario de servicios de telecomunicaciones y por cualquier otra causa.

En caso de existir depósito en garantía, el CLIENTE autoriza a LA EMPRESA a aplicarlo como medio de pago principal a los cargos que LA EMPRESA le facture con posterioridad a la terminación de los Servicios, de conformidad con la cláusula Vigésima Primera - Garantía.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.

En caso de contratación de un Plan Tarifario sujeto a Plazo Forzoso, el CLIENTE acepta la pena convencional a su cargo señalada en la carátula del presente Contrato, cuyo monto no podrá exceder en ningún caso, la cantidad resultante de multiplicar el Cargo Fijo Mensual por los meses restantes del Plazo Forzoso.

 6. VIGENCIA

La vigencia del presente Contrato será por tiempo indefinido y podrá darse por terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes, previa notificación por escrito o vía telefónica utilizando su número confidencial con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de corte establecido en su Ciclo de Facturación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Suscriptor se encuentre sujeto a un Plazo Mínimo, se obliga a pagar todas las cantidades adeudadas hasta la fecha de corte de su Ciclo de Facturación, así como el pago correspondiente al importe de las Rentas y Servicios por el tiempo remanente del Plazo Mínimo conforme a lo establecido en presente Contrato, para tal efecto, la Comisionista emitirá su último Estado de Cuenta y Factura. Así mismo, el presente Contrato podrá darse por terminado conforme a las causales establecidas en la Cláusula Séptima.

 

 

El artículo 85 de la LFPC, dispone que “…El contrato de Adhesión no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas…”

No obstante, como se puede apreciar en este caso, el “Cliente” o “Suscriptor” tiene desventajas sobre la “Empresa”, al determinar esta última, una “vigencia indefinida”, pues no solo se violenta lo que estipula la ley en comento, sino también otras disposiciones como el Código Civil Federal que dispone lo siguiente:

Artículo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Aunado a ello, no puede dejarse a una vigencia indefinida, cuando el Código en comento dispone que;

Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:

“…V. contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse…” ,

En este caso se presenta un contrato en forma genérica.

En cuanto al establecer un “Plazo Forzoso” vinculado a una “Pena Convencional”, se desprende que existen “obligaciones inequitativas o abusivas” aplicables a el “Cliente” por parte del “Proveedor”, exigirle el pago de un servicio que no recibirá, pues lo justo es que se le cobrará sólo el valor del aparato que adquirió más no el servicio que no recibirá.

En cuanto a la “Facturación”:

Contenido de los Contratos

 Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones que presta a sus clientes Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V. (TELCEL)

 Contrato de Prestación de Servicios en materia de Telecomunicaciones, que presta a sus suscriptores Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V.

Observaciones

DÉCIMA.- FACTURACIÓN.

LA EMPRESA enviará mensualmente al CLIENTE la factura en la cual se incluirá el Saldo Conocido a la fecha de corte, desglosando, entre otros, los siguientes conceptos: (a) los Cargos Fijos Mensuales correspondientes al Plan Tarifario y a los Servicios Complementarios contratados por el CLIENTE; (b) Cargos Adicionales por el uso de eventos no incluidos en el Plan Tarifario y/o Servicios Complementarios contratados, detallándose de tal suerte, la vigencia del Servicio, y (c) Cargos Adicionales por la utilización de Servicios Disponibles.
LA EMPRESA se obliga a proporcionar al CLIENTE el detalle de llamadas telefónicas realizadas empleando el Servicio de Larga Distancia, especificando su duración y el número al cual se hizo la llamada, independientemente de la facturación. Asimismo, proporcionará el detalle de las llamadas telefónicas locales, siempre y cuando el CLIENTE lo solicite, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales, y cubra el cargo aplicable al efecto. En el caso de llamadas telefónicas recibidas, LA EMPRESA no está obligada a proporcionar el número telefónico que originó la llamada.
LA EMPRESA enviará al domicilio señalado por el CLIENTE en la carátula del presente Contrato, la Factura correspondiente, dentro de los 10 (diez) días naturales previos a la fecha límite de pago del período respectivo de facturación, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Asimismo, pone a disposición del CLIENTE, la opción de consultar sus saldos, facturas y otros servicios en la página web de LA EMPRESA, los CACs, Kioscos TELCEL, Cajeros Automáticos, además de cualquier otro medio, presente o futuro, que LA EMPRESA ponga a disposición de sus usuarios.

4. PAGOS

4.1 El suscriptor se obliga a pagar a la Comisionista los cargos que se generen por los Servicios que queden establecidos en la Carátula desde la fecha en que se active el Servicio, así como los que posteriormente contratare con la Comisionista. Los pagos deberá hacerlos en la forma y lugares señalados por la Comisionista o en la Factura.

 

El artículo 7 de la LFPC establece que “…Todo proveedor estará obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna…”

Por otro lado, el artículo 7 BIS de la LFPC, dispone que: “…El proveedor estará obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor…”

En este caso, existe una violación a la LFPC, dentro de este apartado. Como se puede observar en esta “Décima” cláusula que se refiere a la facturación, la empresa no desglosa el costo del aparato y el costo del servicio, que le generará al “Cliente”, cuando debería proporcionárselo.

De hecho en ninguna parte del contrato aparece el “Costo del Equipo”, cuando este debería establecerse.

Y por último, la “Calidad de los Servicios” y “Confidencialidad”:

 Contenido de los Contratos

 Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones que presta a sus clientes Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V. (TELCEL)

 Contrato de Prestación de Servicios en materia de Telecomunicaciones, que presta a sus suscriptores Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V.

Observaciones

DÉCIMA SEGUNDA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La calidad de los servicios provistos por parte de LA EMPRESA será evaluada por la Cofetel, de conformidad con lo establecido en los diversos títulos de concesión, las disposiciones normativas y administrativas aplicables.
Con base en tales determinaciones firmes y definitivas, LA EMPRESA cumplirá las estipulaciones referidas en la Cláusula Décima Sexta – Interrupción de los Servicios.

11. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a que la información que reciban y se genere en relación con los servicios y operación de la Concesionaria o la Comisionista será considerada como estrictamente “confidencial” por lo que se abstendrán de divulgar a terceras personas sean físicas o morales y de utilizar en beneficio propio, durante la vigencia del Contrato y durante los 5 (cinco) años siguientes a la terminación del mismo.

Es válido que un tercero sea quien evalué la calidad de los servicios, pero también lo es que la “Empresa” debe otorgar garantías sobre la calidad en el servicio y en este sentido es nulo en el contrato la prestación de calidad en el servicio.

El artículo 7 de la LFPC dispone que: “…Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, en la prestación de un servicio…”, por lo que hay una inobservancia de la ley.

En el caso de la compañía “Nextel”, existe un incumplimiento en la cláusula 11, toda vez que esta empresa comparte los datos personales del “suscriptor” a otras compañías para ofrecer otros servicios.

5. Que en cuanto a las “tarifas” en el servicio de las telecomunicaciones en el capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone lo siguiente:

a) Que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

b) Que las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

c) Que los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias o filiales.

d) Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará facultada para establecer al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.

La regulación tarifaria que se aplique buscará que las tarifas de cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de interconexión, permitan recuperar, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo.

6. Que bastaría acudir a cualquier “Centro de Atención de Clientes” de algunas de las compañías analizadas con anterioridad, a solicitar algún servicio, para darse cuenta de los abusos y las violaciones que estas compañías cometen en contra de los consumidores; prácticas desleales que van desde no explicar los alcances y las cláusulas del contrato a los clientes o suscriptores, hasta el cobro de un servicio que no otorga. El panorama que se observa en estas compañías de telefonía celular, es desalentador para cualquier consumidor, pues en la mayoría de los casos no resuelven las demandas de los consumidores, y si afectan su patrimonio.

7. Que la telefonía celular resulta ser un factor fundamental para la productividad de México y por consecuencia para el crecimiento económico.

La OCDE ha mencionado en diversos estudios que mejorar las telecomunicaciones resulta importante para aumentar la calidad y el nivel de vida de la población. Explica que la falta de regulación en el sector de las telecomunicaciones en México ha restringido la posibilidad de tener nuevos servicios, ha dado lugar a precios muy elevados tanto para los consumidores como para las empresas y resulta en un alto costo a la economía.

Por esto es esencial atender estas debilidades del mercado a fin de convertir el sector de las comunicaciones de México en una plataforma para la innovación y la competitividad de la economía en general.

8. Que la telefonía celular ha tenido un alto crecimiento en los últimos años y que continuará con su tendencia a la alza, principalmente en las clases sociales más bajas de la sociedad.

Con datos del IMCO, actualmente la penetración de la telefonía celular es del 85% y se espera que en los próximos años la penetración sea del 100%.

La telefonía móvil es una industria que crece mucho más que la economía y que tiene un impacto muy importante en la sociedad por lo que atender las necesidades y problemas que tienen los consumidores, ayudará a solucionar problemas regulatorios que se pudieran generar en un futuro.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus facultades, analice la modificación de Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012denominada: “Prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones”, en el apartado de “Elementos Informativos” y “Contratos de Adhesión” para obligar al proveedor, a que en el caso de que la prestación de servicio de telecomunicaciones se realice por un plazo forzoso ,informe al consumidor sobre el costo del equipo que adquiere y el costo por la prestación del servicio que se otorga con la finalidad de garantizar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en el ámbito de sus facultades emprenda una campaña de verificación, revisión y cumplimiento de los Contratos de Adhesión por parte de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, y tome las medidas necesarias para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores con respecto a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en la discusión de un nuevo marco jurídico en materia de telecomunicaciones, contémpleme la regulación del tema de las “tarifas” en la prestación del servicio de las telecomunicaciones, que permita que esta prestación, se genere bajo estándares satisfactorios de calidad, competitividad y de seguridad jurídica a los consumidores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 11 de junio del 2014.

Suscribe,

Sen. Héctor Larios Córdova.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

El Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Presidente.

La intervención de un servidor es obviamente para hablar a favor de esta proposición con punto de Acuerdo, pero a su vez precisar determinadas situaciones que en la redacción del propio punto de Acuerdo no son los suficientemente claras, y espero que en el momento oportuno el proponente esté de acuerdo en determinadas modificaciones.

Coincidimos plenamente en la motivación que lleva esta proposición con punto de Acuerdo, más, sin embargo, como es de todos ustedes conocido, el sector de telecomunicaciones no es única y exclusivamente sobre telefonía móvil, es decir, precisa banda ancha, precisa Internet y otro tipo de servicios, inclusive la televisión restringida o de cable entraría dentro del concepto de sector telecomunicaciones.

En ninguna parte de la proposición con punto de Acuerdo se precisa que es sobre telefonía móvil, es decir, es necesario modificar los tres resolutivos de esta proposición con punto de Acuerdo para precisar que estamos en presencia de telefonía móvil. Y por otro lado, hay determinadas atribuciones, y no quisiera entrar a detalles, dentro de la propia reforma constitucional, en la cual tiene ingerencia el actual Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por lo que propongo que en el exhorto, para ser preciso en el resolutivo segundo se incluya al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no para revisar normas, como sería en el primer punto, donde efectivamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones fijará en su momento criterios, pero no fija normas oficiales mexicanas, pero sí en el segundo punto para que tenga una intervención, que el exhorto no sólo sea a la Procuraduría Federal del Consumidor, sino que a su vez intervenga también en la revisión el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en los tres resolutivos incluir o limitar a la telefonía móvil, que es de donde deviene precisamente esta proposición con punto de Acuerdo.

Y felicitar, obviamente, la propuesta presentada por nuestro amigo el Senador Héctor Larios.

Es cuanto, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, y al final se someterá a consideración de la Asamblea la propuesta que ha formulado el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la propuesta del texto que se va a consensar, cuando menos entre mi grupo parlamentario y el Senador proponente, el Senador Larios, la eliminación de un párrafo en los puntos resolutivos que ahora mismo acordarán y enviarán a la Mesa Directiva para que al final se dé lectura, yo creo que puede ser un tema de mucho interés para todas y todos, Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores.

Lo que ha expuesto aquí el compañero Larios es muy cierto, creo que nos hemos enfrentado como usuarios de los servicios en materia de telecomunicaciones a una serie de circunstancias que el ciudadano nos pide a gritos que modifiquemos, que revisemos y que pensemos en la gente. Y ustedes recordarán, algunos, sobre todo las y los Senadores, que en meses pasados me permití presentar una iniciativa de ley, reformar la ley para poder ayudar al ciudadano, y al usuario de los servicios de telecomunicaciones, pues a quitar lo que en algunas ocasiones se ha denominado la letra chiquita en los contratos de los ciudadanos usuarios con las empresas que brindan los servicios.

Y por efecto del tiempo sólo voy a referir un ejemplo, pero que me parece el ejemplo que, sin duda, revela de la mejor manera el asunto que estamos planteando.

Llega un usuario de la telefonía móvil a contratar, y le ofrecen el equipo, o como ahora se le denomina a estos aparatos gadget o teléfonos inteligentes o como le quieran llamar, le ofrecen la última tecnología existente en la materia, y a cambio de ello lo hacen firmar un documento que lo amarra por 6, 12, 18, hasta 36 meses; yo creo que, aquí se ha dicho, y lo dijo Larios, con mucha precisión, atrás de esas cosas se ocultan los costos de los equipos.

Sin embargo, ante la disyuntiva de lo que hay que hacer en la reforma de telecomunicaciones, que espero que todas y todos apoyemos, sabemos que es una reforma útil para el ciudadano, sabemos que es una reforma fundamental para el desarrollo económico de México, para el crecimiento, que ha sido una reforma valiente; una reforma que desde la parte constitucional ha ido para acabar con monopolios y duopolios, deberíamos de revisar éstas que parecieran minucias, pero que en realidad es lo que la ciudadanía y lo que la gente nos pide y está esperando de nosotros.

No es posible tener un mal servicio de telefonía móvil a un alto costo, y que además ni siquiera tengas la opción de poderte cambiar de una compañía a otra en virtud de que so pretexto de un teléfono de última tecnología, te amarren para que te quedes en un mal servicio a un alto costo, y por mucho tiempo.

Ya están las iniciativas, vamos a aprovechar este punto de Acuerdo que con las modificaciones que he señalado vamos a apoyar al compañero Larios del PAN, y vamos a hacer un llamado, un llamado para que nosotros en los próximos días, de una vez por todas le entremos a la revisión de las propuestas que algunos duermen el sueño de los justos, y que sería absolutamente necesario revisar para incluir en las discusiones y en los debates que habremos de llevar en los próximos días.

Si lo logramos, en verdad que le estaremos haciendo un gran favor a quien se ha planteado aquí, debemos de beneficiar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Finalmente, el gran favor se lo estamos haciendo a las y los mexicanos, porque hoy el uso de las tecnologías, de las telecomunicaciones no es un tema privativo de algún segmento o estrato de sociedad; el uso de las telecomunicaciones e incluyendo la telefonía móvil y el Internet creo que son fundamentales y de primerísimo necesidad para las y los mexicanos; si realmente les queremos dar las herramientas para ponernos en igualdad de circunstancias para luchar en la vida.

Por eso, me parece una reforma justa, y entonces, el punto de Acuerdo aquí presentado con las modificaciones que plantea mi grupo parlamentario perfectamente atendible y apoyable desde esta perspectiva.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Omar Fayad.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, señor Presidente.

Coincidiendo con los argumentos que se han presentado anteriormente aquí en la tribuna, y por supuesto con el punto de Acuerdo del Senador Larios, quiero hacer un llamado para todos los que nos están viendo a través del Canal del Congreso, pero, por supuesto también para los legisladores que se encuentran actualmente en este salón, a que enfoquemos todas estas baterías, y enfoquemos todos estos esfuerzos, y buenas propuestas y argumentos que se han dado, precisamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que actualmente se está discutiendo.

Hemos dicho todos los grupos parlamentarios, en distintos medios de comunicación, en argumentaciones que se han presentado, que uno de los enfoques principales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión será el garantizar los derechos para los usuarios de las telecomunicaciones.

Y, es precisamente la ocasión que da esta tribuna para que en el 191 que actualmente está en el proyecto, todas las fuerzas parlamentarias nos aboquemos y nos esforcemos a mejorar ese Artículo 191 que actualmente se presenta en el proyecto.

¿Por qué lo digo?

Porque es en el Artículo 191 en donde están todos estos derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, pero si lo leemos con toda claridad nos vamos a dar cuenta que muchos de estos derechos ya están garantizados por la propia Constitución, y que ya las propias compañías también ya los adoptaron; por lo tanto, no les estamos haciendo, en muchos de los casos ni siquiera una modificación que les duela, y no que les duela para afectar sus intereses económicos, sino para poder mejorar toda la atención que puedan tener los usuarios de telecomunicaciones.

Los problemas ya se han mencionado en esta tribuna por los distintos grupos parlamentarios.

Ahora, el llamado que yo les haría es, a mejorar todo el capítulo de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones que actualmente está en el proyecto en el Artículo 191, y que con todos los argumentos que aquí se han presentado, le demos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión derechos que puedan ser exigibles, garantizables y aplicables para todos los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Juan Pablo Adame.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea.

Yo me permitiré hacer esta aportación en dos partes, y hacerle una propuesta de congruencia al Senador Larios.

Primero, sumarnos, no solamente a esta propuesta, porque nos parece que es precisamente en la Contraloría Social en donde los ciudadanos puedan, no solamente acotar para la defensa de sus propios derechos en los temas estratégicos de la nación como es el tema de telecomunicaciones donde sea las Cámaras de Diputados y Senadores a través de esta Comisión Permanente que garanticen la acotación de estos usuarios de telecomunicaciones, y que ahora, el PRI pide que se amplíe no solamente para la telefonía móvil, esta es la manera correcta de actuar para tratar una reforma tan importante como la de telecomunicaciones.

No podemos estar más de acuerdo, y no podemos estar más de acuerdo también con la motivación que esto trae.

La consulta a los ciudadanos que serán finalmente a quien tendremos que garantizarles sus derechos como usuarios finales de esta reforma.

Y, la propuesta que yo le hago, es: ¿por qué no en esta misma motivación y en esta misma lógica abrimos también el tema para el tema energético?

Si estamos hablando de consultar a ciudadanos para garantizar sus derechos, yo, hago este llamado al Senador Larios para que no solamente consultemos a los usuarios de telecomunicaciones, sino también que consultemos a los usuarios energéticos; porque, a mi me parecía muy interesante el ejemplo que se daba en esta tribuna, Senador, de cómo afectaba el tema de las telecomunicaciones, y de la telefonía móvil el día a día de un ciudadano mexicano.

Pero, yo le diría que precisamente los usuarios energéticos somos todos, y somos usuarios energéticos desde que nos levantamos: prendemos la luz; ponemos agua a calentar para hacernos nuestro café, que nos ayude a despertar; usamos el transporte público para poder llegar a nuestros trabajos; utilizamos los hidrocarburos; la electricidad; el gas, y todo lo que tiene que ver con la reforma energética.

¿Por qué entonces no consultar también a los usuarios energéticos?, y también este llamado es para el PRI porque se ha dicho en esta tribuna que se está de acuerdo con la motivación, digamos que no puede haber en este tema reformas estratégicas de primera y de segunda; la de Telecomunicaciones evidentemente tiene una gran importancia estratégica para este país, pero yo me atrevería a decir que la energética es de igual manera importante, pero afectará a los ciudadanos, muchos más ciudadanos que la reforma de telecomunicaciones en el día a día, en los precios de la gasolina, en los precios de los productos, bienes y servicios.

Y yo simplemente digo: hagamos un ejercicio de congruencia, ampliemos y consultemos a los usuarios energéticos, no limitemos el debate, no limitemos el debate ni nos quedemos solamente en la consulta, de lo que se pueda creer que puede ser el empujón o el “lobby” de algunas empresas que puedan estar empujando para estas consultas, sino escuchemos también a nuestros representados, escuchemos también a los mexicanos que no están aglomerados en grandes empresas, y no cometamos el error de aprobar la reforma energética sin consultarlo porque, coincido con usted, que la Contraloría Social y el usuario final es quien debe de opinar finalmente en las reformas estratégicas.

Espero Senador Larios que usted tome esta propuesta del Partido del Trabajo, pero además de muchos y muchos mexicanos para que no solamente consultemos a los usuarios Telecom, sino también consultemos a los usuarios energéticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Aguilar Gil.

Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para hacer una precisión a la Diputada Lilia Aguilar. La propuesta del punto de Acuerdo se limita a exhortar a las comisiones dictaminadoras, que ya están trabajando en la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones, a que contemplen con especial cuidado los derechos de los usuarios, de los servicios de telecomunicaciones, y segundo, exhortar a la PROFECO para que sea cuidadosa.

Ahora va a haber otra adición, en la revisión de los contratos de adhesión que impidan que se abuse de los usuarios en temas como los que mencioné en tribuna, en ningún momento, en ninguna parte de la intervención, ni del punto de Acuerdo, ni en la exposición de motivos está expresada que se consulte, ya está ahorita la discusión y no necesita hacerse ninguna consulta, es obvio que cualquier usuario que se consulte dirá que se deben de proteger sus derechos.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Héctor Larios.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente. Por supuesto que coincidimos con el Senador Larios y con los posicionamientos que han existido anteriormente.

Yo extraigo dos o tres conclusiones. En la primera, lo que se entiende y que se dijo anteriormente que era una consulta, yo entiendo en primer punto petitorio del punto de Acuerdo que es la información, que se informe al consumidor sobre el costo del equipo que adquiere, y el costo por la prestación del servicio que se otorga con la finalidad de garantizar la equidad, certeza y seguridad jurídica entre las relaciones entre proveedores y consumidores.

Pero más allá de eso, yo extraigo que el tema de la consulta parte de un principio, y como correctamente se narra en los antecedentes del punto de Acuerdo, se puede observar o se puede analizar las telecomunicaciones desde un punto de vista de la concesión, y a partir de la concesión desde el punto de vista el contrato, y esos contratos nosotros los entendemos de los que somos abogados más, que las características de los contratos pudieran ser unilaterales, bilaterales, conmutativos, etc., y en ello debe de haber una equidad.

Es decir, debería de evitarse los contratos leoninos, y esos contratos leoninos entre prestadores de servicios y usuarios debiera ser con la mayor justicia posible, con la mayor equidad posible y, sobre todo, garantizando certeza jurídica y seguridad jurídica.

Yo lo que extraigo con la consulta, a otras áreas de telecomunicaciones, y no solamente a la telefonía, es un principio.

Hoy las concesiones en México, y específicamente los contratos en México han sido leoninos entre las prestadoras de servicios y entre los usuarios. No es casualidad que tengamos al hombre más rico del mundo, no es casualidad que el mercado en donde más se han ampliado los contratos sean los de telecomunicaciones, específicamente los de telefonía, y más allá los de televisión.

No es casualidad que los contratos se estén ajustando para un lado, obteniendo ganancias, sino ilícitas sí desproporcionadas porque el marco jurídico se ha llevado a  cabo con base en los intereses, única y exclusivamente de las diez personas más ricas de este país, y que concentran una gran parte de la riqueza.

Yo extraigo un punto muy importante de este punto de Acuerdo. Necesitamos avanzar en mayores criterios de justicia, de certeza y de seguridad jurídica para que tengamos un mercado más abierto.

El PRD ha estado siempre de acuerdo en ello, creemos en el libre mercado, pero lo queremos con ciertos principios que protejan el bolsillo de los mexicanos y no que estén obteniendo de los ingresos un porcentaje desproporcionado de su bolsa, no es lo mismo que gasten el 40 ó el 50 por ciento en telefonía, que pudieran gastar el diez por ciento, y en esos términos entiendo el punto de Acuerdo, y en esos términos el PRD se suma a este punto de Acuerdo, pero abundaría en el principio que se va a discutir.

Seguiremos esta misma discusión en el campo general, ya que las comisiones dictaminadoras hoy están en el tema de comunicaciones, de que tan justo, que tan injusto y no en términos abstractos, sino en términos específicos respecto del ingreso y respecto del consumo que las familias mexicanas tienen de las telecomunicaciones y específicamente respecto a la telefonía.

Eso sí, una consulta no en términos de democratizar porque los usuarios propondrían no pagar, lo que generamos y nosotros proponemos, en términos democráticos, preguntémosle a los usuarios ¿cuál es su ingreso y cuanto están dispuesto a consumir para no generar un contrato leonino?, y sobre todo para que las compañías de telecomunicaciones, específicamente las de telefonía, se queden con el grueso de los ingresos de los mexicanos.

También aceptamos la propuesta hecha por la Diputada Lilia Aguilar que en materia energética debemos hacer lo mismo, debemos de defender el proyecto energético para nuestro país, y yo estoy seguro que su partido también propone lo mismo, entonces ya que estamos hoy en una sesión de abstraer principios y llevarlos a la práctica, este es uno más de ellos que con su punto de Acuerdo, Senador Larios nosotros claramente pudiéramos generar la premisa mayor para la discusión energética y para la discusión de telecomunicaciones en lo general.

Saludamos el punto de Acuerdo, y quisiéramos que se ampliara para otras discusiones en esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Fernando Zárate.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario. Declina su intervención.

Informo a la Asamblea que los legisladores proponentes han hecho llegar a la Mesa Directiva una propuesta de texto de consenso, por lo que solicito respetuosamente a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Debido a que no hay oradores para discutir la propuesta, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada, que ya fue admitida.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta aceptada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el asunto con la propuesta que ya fue aceptada.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se admite la propuesta que ya fue aceptada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Víctor Manríquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, información sobre la implementación de la reforma política-electoral aprobada en el presente año.

El Diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y Diputados de esta Comisión Permanente, Senadores y Senadores.

Tomando en cuenta que el pasado 10 de febrero del presente año, fue publicada la reforma constitucional en materia político-electoral en la que se instituye el nuevo marco jurídico-electoral que transforma el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y se crea de manera particular una nueva esfera de competencia nacional en materia electoral que articula tanto la esfera federal, local y municipal para la realización de los comicios de nuestro país.

En el mismo sentido también, fue publicado el 23 de mayo en el propio Diario Oficial de la Federación las reformas a las leyes secundarias que en ese mismo Decreto obliga a aprobar al Congreso de la Unión mediante el cual se crearon la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y otras más que deberían de reformarse a partir de ordenamientos legales ya vigentes.

En este sentido, existe un especial interés para conocer el avance que tiene el Consejo General de INE, en el tema de la integración del servicio electoral nacional, que de manera particular es de la preocupación de los legisladores conocer lo que atañe al procedimiento para la designación de los consejeros Presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales, denominamos “oples”, así como la integración de la nueva comisión de vinculación con estas instancias y los lineamientos que para tal efecto se requieren aprobado por parte del Consejo General y que fueron dados a conocer la semana pasada.

Toda vez que para su integración por parte del Consejo General INE, éste debe garantizar que se haga un proceso de selección apegado a los principios de independencia, imparcialidad, certeza y máxima publicidad para lo cual es necesario contar con reglas claras que eviten toda ingerencia externa durante el desarrollo, vigilancia y conducción del mismo.

Por ello, nuestro grupo parlamentario, el del PRD, atendió esta preocupación con el propósito de que tanto el servicio electoral nacional como los órganos locales electorales cuenten con los servidores públicos y candidatos mejor calificados, capaces, idóneos, independientes e imparciales con amplia trayectoria nacional y conocimiento previo de la materia electoral para tener un conocimiento puntual de los avances que se registren hasta el momento para conocer inclusive la emisión de los reglamentos específicos que debe emitir el propio Consejo General.

Proponemos que se solicite al Consejo General del Instituto Nacional Electoral e informe a esta soberanía sobre la implementación en el ámbito de su competencia de la reforma política-electoral aprobada en el presente año.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

Con un solo punto, la Comisión Permanente solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral informe a esta soberanía sobre la implementación en el ámbito de su competencia de la reforma política-electoral aprobada el presente año.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta soberanía proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, DE LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL APROBADA EN EL PRESENTE AÑO al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Tomando en cuenta que el pasado 10 de febrero del presente año, fue publicada la reforma constitucional en materia político-electoral en la que se instituye el nuevo marco jurídico electoral que transforma el Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, y se crean de manera particular una nueva esfera de  competencia nacional en materia electoral, que articula tanto las esferas federal, local y municipal para la realización de los comicios en nuestro país.

Que en el mismo sentido también fue publicado a posteriori  el 23 de mayo en el propio Diario Oficial de la Federación,  la reforma a las leyes secundarias que ese mismo decreto obligó a aprobar al Congreso de la Unión, mediante el cual se crearon la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales y otras más que debían reformarse a partir de  ordenamientos legales ya vigentes.

En ese sentido, el decreto existe un especial interés para conocer el avance que tiene el Consejo General del INE en el tema de la integración del Servicio Electoral Nacional, ya que el transitorio sexto de ese decreto establece que:

“SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total” .

Que de manera particular, es de la preocupación de los  legisladores conocer lo que atañe al procedimiento para la designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales (OPLES), así como la integración de la nueva Comisión de Vinculación con estas instancias y los lineamientos que para tal efecto se requieren aprobar por parte del Consejo General y que fueron dados a conocer la semana pasada a partir del propio transitorio que dice a la letra:

“NOVENO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. El Consejo General llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto”.

Toda vez que para su integración por parte del Consejo General del INE, este debe garantizar que se haga  un proceso de selección apegado a los principios de independencia, imparcialidad, certeza y máxima publicidad, para lo cual es necesario contar con reglas claras que eviten toda injerencia externa durante el desarrollo, vigilancia y conducción del mismo.

Por ello, nuestro grupo parlamentario atendiendo a estas preocupaciones con el propósito de que tanto el Servicio Electoral Nacional como  los órganos locales electorales cuenten con los servidores públicos y candidatos mejor calificados, capaces, idóneos, independientes e imparciales, con amplia trayectoria profesional y conocimiento pleno de la materia electoral, para tener un conocimiento puntual de los avances que se  registren hasta el momento, para conocer inclusive la emisión de los reglamentos específicos que debe emitir el propio Consejo General, proponemos que se solicite al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informe a esta soberanía sobre la implementación, en el ámbito de su competencia, de la reforma político-electoral aprobada en el presente año.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informe a esta soberanía sobre la implementación, en el ámbito de su competencia, de la reforma político-electoral aprobada en el presente año.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de junio de 2014.

Suscribe

Dip. Miguel Alonso Raya, Dip. Fernando Zárate Salgado y Dip. Fernando Belaunzarán Méndez

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Víctor Manríquez. Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: En consecuencia está a discusión la propuesta.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Añorve Baños.

El Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor Presidente.

Por supuesto que vamos a apoyar este punto de Acuerdo, y de manera muy congruente porque no tenemos la mejor duda que hemos legislado con responsabilidad una reforma electoral y por supuesto esta reforma electoral que fue prácticamente votada por la mayoría de los grupos parlamentarios en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, debemos, como objetivo, que se le dé certeza a las futuras elecciones que tenemos en puerta, prácticamente arrancando este año ya en el 2005.   

Yo no tengo, tampoco la menor duda que le hemos dado atribuciones y facultades al nuevo Instituto Nacional Electoral y que con responsabilidad van a cumplir cuál es su objetivo y sobre todo darle certeza a las elecciones a través de los nombramientos de los mismos consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los mismos magistrados que como sabemos, ya tienen una ruta jurídica para su sustitución.

Solamente queremos decirles, que el grupo parlamentario del PRI, actúa en consecuencia y también estamos ciertos que aquellos miembros, once miembros del Instituto Nacional Electoral que votamos con responsabilidad por ellos, cumplirán el papel que les hemos dado a través del voto directo y público que en su momento emitimos en Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Añorve Baños. En virtud de no existir más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a emitir un informe de los elementos técnicos y ambientales que fueron considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a tratar de ser muy breve, compañeras y compañeros legisladores, para poder exponer puntualmente, y posterior en la Comisión correspondiente, qué es lo que estamos solicitando a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El pasado mes de mayo, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó modificar la ruta de aproximación de los aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el argumento fue por motivos de seguridad.

Dicha modificación implica que los aviones que aterrizan en el aeropuerto capitalino, en lugar de realizar su recorrido de aproximación, por la zona norte y seguir por el periférico, para que posteriormente volar sobre la propia torre de Comunicaciones y Transportes, y atravesar diversas colonias, ahora ingresan por la zona norte de la ciudad, pero sobrevuelan las zonas más altas de la ciudad de México y donde se concentran la mayor cantidad de construcciones, de edificios de la propia ciudad.

El titular de dicha Dirección, manifestó que la nueva ruta, cumple con todos los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional.

Sin embargo, ante dicha situación, se han creado diferentes conflictos, que estamos obligados a atender, y es lo que vamos a poner a discusión en la propia Comisión.

La primera, que tiene que ver con el tema ambiental. Se han incrementado de 60 a 70 decibeles y de 70 a 80 decibeles, en todo lo que tiene que ver con el ruido en la ciudad de México, provocado por las aproximaciones de los aviones.

Una clara evidencia que se estaría violentando la propia norma ambiental correspondiente, en la cual determina, que solamente son permitidos 62 decibeles, en un horario matutino, y 65 nocturnos.

Para nosotros es una preocupación, el hecho de que diversas voces ciudadanas, se hayan manifestado para que podamos conocer más a fondo este estudio y este análisis, que se hizo para determinar este cambio dentro de la ruta de aproximación de todos los aviones que sobrevuelan la ciudad de México.

Al respecto, el Secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, mejor conocida como ASPA, también ha manifestado algunas inquietudes, sobre esta ruta, nos gustaría conocer mucho más a detalle en lo que tiene que ver, cuál fue la determinación en el ámbito ambiental y en el ámbito técnico, para la cual se ha tomado dicha determinación.

Lo único que estamos solicitando, es un informe pormenorizado de los elementos técnicos, en el cual podamos tener la información, transmitirla a los ciudadanos, y que con esto podamos contribuir a todo lo que tiene que ver con la prevención y todo lo que tiene que ver, con atender puntualmente las diferentes voces ciudadanas.

Y siendo muy respetuoso también, de la voz oficial; por eso, precisamente, estamos solicitando este informe, con el cual y la comisión correspondiente, estaremos implementando la justificación que aquí les expongo compañeras y compañeros legisladores.

Es cuanto, Presidente.

Propuesta

El que suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de mayo la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinó modificar la ruta de aproximación de los aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo el argumento de que fue por motivos de seguridad.

Dicha modificación implica que los aviones que aterrizan en el aeropuerto capitalino en lugar de realizar su recorrido de aproximación por la Zona Norte y seguir por el Periférico, para posteriormente virar hacia la colonia del Valle, sobrevolando la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la colonia Narvarte, Balbuena y aterrizar, ahora ingresan por el Norte de la ciudad pero sobrevuelan las zonas más altas de la Ciudad de México, como son Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Lomas de Virreyes.

El titular de la DGAC manifestó que la nueva ruta cumple con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), así como con la aprobación de la Cámara Nacional de Aerotransportes; además señaló que la ruta para alinear su aterrizaje se cambió de la radial 160 a la 170 para darles a los pilotos una aproximación más segura, con un mejor control de la aeronave y un viraje más terso, aunado a que con dicho cambio se permitirá la utilización de las dos pistas con las que cuenta el Aeropuerto Internacional.

Ante dicha situación, diferentes grupos de personas han manifestado su descontento, pues afirman que el ruido provocado por los aviones que se aproximan a la Ciudad es muy molesto, utilizando para sustentar su dicho, diversas tomas a través de la aplicación móvil "Sonómetro”, la cual arrojó que la intensidad del ruido en las colonias de la Delegación Miguel Hidalgo afectadas por esta nueva ruta fue de 60 a 70 decibeles y de 70 a 80 decibeles en la Colonia Jardín Balbuena.

Esta situación evidencia una violación a la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-06, que establece los límites máximos permisibles, mismos que no deberán exceder de 65 decibeles en un horario comprendido de las seis a las veinte horas y 62 decibeles fuera de dicho horario.

Al respecto, el propio Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), consideró que no fue positivo el cambio en la ruta de aproximación de los aviones, ya que la misma los fuerza a hacer un descenso más pronunciado y aumenta la probabilidad de aproximaciones fallidas, sumado al alto riesgo que se corre al sobrevolar a tan solo diez mil pies de las zonas más altas de la ciudad como Santa Fe y Lomas de Chapultepec.

La situación es verdaderamente preocupante, por una parte las autoridades responsables de autorizar las referidas modificaciones afirman que las mismas son en beneficio de los pilotos y usuarios de los servicios de transportación aérea, y por el otro, la población en general que día a día se encuentra en alto grado de vulnerabilidad, ante la aparente mala planeación de dicha ruta, pues según manifestaciones de los mismos, se encuentran en una constante percepción de algún accidente aéreo provocado por el nivel tan bajo en el que sobrevuelan ciertas zonas de la Ciudad de México.

Lo anterior sin duda merece ser atendido con el profesionalismo y seguridad que el tema implica, pues además de todos aquellos factores sociales que actualmente afecta, habremos de atender a un elemento de vital protección como lo es el medio ambiente.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil a emitir un informe pormenorizado de los elementos técnicos y ambientales que fueron considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que la misma genera posibles afectaciones al medio ambiente por contaminación por ruido, derivado del aumento de decibeles que generan dichas prácticas, así como el descontento de a la población en general ante el estado de inseguridad que provoca la probabilidad de aumento de accidentes, ya que la nueva ruta de aproximación implica el desplazamiento sobre las zonas más altas de la ciudad.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 11 de junio del 2014.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Túrnese a la Tercera Comisión.





 

Se concede, la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, para presentar a nombre propio y de diversos legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, un punto de Acuerdo en torno a las leyes secundarias en materia energética.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Según la Real Academia Española, confabular significa: dicho de dos o más personas. Ponerse de acuerdo, para emprender algún plan, generalmente ilícito.

La confabulación, fue lo que se pretendió llevar a cabo cuando se realizó un plan que pretendía transgredir el Reglamento del Senado.

La mala fama de legisladores, hoy es más cuestionado que nunca, como se había visto en el pasado a grupos de legisladores para violar el Reglamento. Y tratar de imponer un acuerdo.

¿Cuándo los acuerdos se habían subordinado a los mandatos que establece la ley?

Probablemente solo en esta LXII Legislatura. Esta legislatura se ha destacado de otras, con las reformas estructurales aprobadas.

Muchas de ellas, afectando el interés nacional. La mayor parte de estas reformas aprobadas, a través de los procesos legislativos, completamente irregulares, anómalos de pies a cabeza.

Las irregularidades se han podido realizar con el contubernio de los partidos mayoritarios, que olvidando sus principios ideológicos y movidos solo por sus propios intereses, han negociado, para lograr una mayoría que arrastra con quienes sí queremos los intereses de la nación.

Se ha negociado para lograr una mayoría, que cobra favores mutuamente, una mayoría que manipula los tiempos del Congreso, los tiempos legislativos a contentillo.

A finales del año 2013, nos enteramos de que el PAN, condicionó su voto a favor de la reforma energética, a cambio de que el PRI aprobara sus propuestas para la reforma política.

Lo cual identifico que las cúpulas de las principales fuerzas políticas, olvidaron a sus ciudadanos, que les otorgaron el voto de confianza, para enfocar solo los propios intereses.

En la madrugada de diciembre, el día 12, cuando la Cámara de Diputados, quienes se oponían a las reformas, señalaron en una prolongada sesión, los aspectos negativos de la reforma constitucional en materia energética y lo que ya contenía, intentando reparar el daño, que el Senado ya había hecho, pese al esfuerzo de los defensores de los energéticos, habían dicho y hecho.

Hoy, externamos nuestro más profundo rechazo a la entrada del capital privado al sector energético de nuestro país, disfrazado con contratos de utilidad compartida, por considerar que esto es lo único que producirá. Es la oportunidad de que más bolsillos se lleven a costa de los recursos nacionales del país.

Es una práctica reconocida, generar ante la opinión pública, la idea de que una empresa pública y eficiente, y que no puede crecer y que es la única salida con su privatización.

Lo vimos con Ferrocarriles con México y lo vimos también con Teléfonos de México. Ya se dijo aquí anteriormente.

Y hoy la primera ya no existe. Y la segunda, son las empresas con las tarifas más altas del mundo.

Hay una negación permanente, a no querer aprender de la historia, a reconocer que la entrada del capital privado, no necesariamente significa eficiencia; la eficiencia de una empresa productiva comienza de su cabeza, desde el modo en que se administra y desde el modo que se lleva con paso firme hacia el futuro de una nación.

Si Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no estuvieran plagados de historia de corrupción, otra cosa sería. Sin embargo, el gobierno se salió con la suya y logró con apoyos de otros, aprobar la reforma energética, de la que el Presidente tanto se había jactado.

Hoy estamos en una discusión, no de las propuestas del contenido de las leyes secundarias en materia energética, sino de la discusión sobre el proceso de dictaminación.

A qué queremos la normatividad interna, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya tiene contemplada.

Pero en una práctica que se está volviendo costumbre, tramposamente en las mesas directivas de las comisiones, acordaron para llegar a los integrantes de las comisiones, esperando que los legisladores, asistieran el acuerdo.

Sin embargo, ayer se dieron cuenta que los partidos de oposición seguimos en pie de lucha para evitar esa aberración.

El día de ayer se llevó a cabo una reunión desde las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Debido a la falta de acuerdos, y no pueden llegar a un acuerdo, porque las normas no se negocian.

Lo único que los legisladores de oposición hicieron, fue solicitar un proceso legislativo legal. Solicitamos un debate, el tema lo amerita y el pueblo se lo merece.

La trascendencia del tema, nos obliga a poner atención en cada detalle que se apruebe. Empezando con el proceso legislativo, que se lleve a cabo conforme a Reglamento, no en su contra.

Existen violaciones al Reglamento a la Cámara de Senadores, y ni siquiera contemplan la votación del dictamen en lo general. Tampoco en lo particular.

Lo que pretenden es cerrar es la puerta a la discusión y no a darle cabida a otras opiniones que analizan y cuestionan.

Ese es un llamado a las comisiones a reponer el procedimiento y a cumplir con lo que establece la ley. Respecto a las votaciones y no podemos aceptar un acuerdo de este tipo.

Tramposo acuerdo, establece dos rondas en línea, para evitar la discusión. Ayer, el Partido del Trabajo solicitó más rondas, al menos una más, pero no fue aceptada. Lo que apoyaron fue dos rondas y cada una de 70 minutos. En dos horas y fracción, se quiere discutir, lo que va ser un futuro irreversible para este país.

Aunque sabemos que el PRI y el PAN no debaten, callan mientras otros se comen el tiempo, para votar como se ha designado.

¿Por qué no aceptar que haya más rondas? Y ¿Por qué no aceptar que al final se abra la discusión a quienes les interesa el destino nacional?

Otro aspecto a rechazar, es que de acuerdo con este método de votación no ha existido nunca un antecedente en donde se haya empezado a discutir en lo particular sin antes haber votado en lo general.

La aprobación, de la legislación secundaria de la reforma energética, es una decisión política que corresponde a los mexicanos. No queremos un debate en desorden, ni obstaculizar la discusión, sólo queremos informar, clara y directamente al pueblo mexicano sobre el contenido del dictamen.

Hay un formato especial para la discusión y dictaminación, según el artículo 187 del Reglamento del Senado de la República, pero de ninguna manera, por especial que sea la discusión de dicho formato, se puede limitar, restringir o conculcar a los derechos y prerrogativas de los legisladores.

Los promoventes han argumentado circunstancias especiales, las cuales no se han explicado aún, y no tiene ningún Senador facultad para violentar el Reglamento.

Todos, sabemos cuáles quieren hacerlo, ningún acuerdo, y ningún formato especial puede colocarse por debajo de la garantías que ya están establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento que rigen los trabajos del Senado de la República. Consideramos un agravio y un hecho lamentable que puede sentar un precedente sumamente negativo en este Senado.

Es por ello que estamos presentando este punto de Acuerdo a fin de llamar a reflexión de todas y todos, quienes están en este recinto legislativo.

Para transparentar y legalizar, exigimos una verdadera discusión parlamentaria.

Reconozcamos que es el momento de concentrar a la ciudadanía sobre un tema de relevancia al futuro de la nación.

La cerrazón nos llevará a realizar sesiones, en las que luego de horas y horas sólo se apruebe un asunto, como ocurrió ayer, en el que sólo se aprobó la modificación del proceso a discusión en la que se amplía el tiempo de intervención de 5 a 10 minutos.

Por ello estamos exhortando a las comisiones dictaminadoras a que lleven a cabo el procedimiento legislativo conforme a la ley respetando el Reglamento a cabalidad en las discusiones para la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética.

Exhortamos a las comisiones dictaminadoras a informar y consultar abiertamente a la ciudadanía sobre este tema de relevancia para el futuro y el desarrollo del país.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

H. ASAMBLEA

La que suscriben Senadores MANUEL BARTLETT DIAZ, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DAVID MONREAL AVILA, MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS y LAYDA SANSORES SAN ROMAN así como los Diputados, ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA y LILIA AGUILAR GIL, todos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Especialistas y analistas de la Reforma Energética, tanto nacionales como internacionales, han declarado durante semanas que las Leyes Secundarias en Materia Energética serán  dictaminadas en un proceso anómalo que demuestra la falta de democracia en nuestro país. Donde las principales reformas no se han discutido siquiera dentro del Congreso, la máxima tribuna de la nación.

Las leyes secundarias de la Reforma Energética son otra muestra de la falta de transparencia que hay en nuestras instituciones desde el propio Congreso, de donde emanan las normas que rigen la vida de los mexicanos.

México es un país que se ha caracterizado por su riqueza petrolera, durante décadas hemos tenido como principal fuente de ingreso la renta petrolera que si bien ha sido suficiente, no se ha administrado de la mejor manera debido a los tantos casos de corrupción que ha habido en la paraestatal, Petróleos Mexicanos.

El debate sobre las Leyes Secundarias en Materia Energética es pues, uno de los temas más importantes para el  desarrollo de la Nación, debido a que abarca los temas no sólo del petróleo, las gasolinas y el gas sino las energía renovables, futura fuente de energía a nivel mundial; por lo que debemos ser especialmente cuidadosos en su dictaminarían. Cuidar tanto el procedimiento como la debida información a la ciudadanía sobre este tema de gran importancia nacional es una obligación que no se debe pasar por alto, bajo ningún argumento.

El hecho de que hayan aprobado la reforma constitucional energética en los últimos días del periodo ordinario del año pasado y que se concretó justamente el 12 de diciembre, el día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe, pues, tiene que ver con una intencionalidad del gobierno federal, del PRI y del PAN de que la población no se entere qué es lo que sucede en materia energética y por eso mismo, es que han retrasado esto de las reformas secundarias para llevarlo al momento del campeonato de futbol, para que la gente no se entere, para que la gente esté distraída. Se actuó mal desde la reforma constitucional y las malas prácticas parlamentarias se están volviendo una costumbre en ambas Cámaras.

Por la enorme trascendencia de la reforma energética es por lo que se debería consultar a la ciudadanía abiertamente, con los mayores y más claros espacios de discusión nacional, con el profundo conocimiento público de lo que está en juego y que, efectivamente, es mucho más importante y trascendente que el negocio del futbol de las televisoras. Seamos realistas y reconozcamos que la cobertura televisiva del Canal del Congreso no es la más adecuada para llegar a todos los hogares de nuestro país. El fútbol sí llegará y como en otras ocasiones será un distractor más de enturbiará el panorama claro que debiese tener este procedimiento.

Habrá que recordar a los legisladores que actuemos con responsabilidad,  respetando el cargo que como servidores públicos portamos, la sociedad mexicana lo merece y lo exige.

La ciudadanía merece conocer no sólo los pros de las Leyes Secundarias sino los contras, aquellos que lesionaran el día a día de los mexicanos y que beneficiarán a unos cuantos.

La suscrita, no deja de externar su preocupación por lo que se prevé aprobar, dándole más poder al Poder Ejecutivo, quitando trabas al ingreso de capital privado y permitiendo que el ambiente de negocios y corrupción se extienda aún más a la industria  energética, como lo hemos podido  conocer a través del Caso Oceanografía que lejos de beneficiar por ser una empresa privada, presuntamente dañó el erario de la paraestatal.

La reforma energética es sin duda la de mayor importancia para el poder Ejecutivo Federal por lo que en un acto de responsabilidad debe discutirse con un debido debate, no votándose sólo en lo general sino también en lo particular como lo determina el reglamento a fin de que el trabajo de las Comisiones Dictaminadoras sea suficiente y efectivo y no que se apruebe sin discusión, que llegue al pleno ante una mayoría que vota por lo que no conoce, que sólo vota por lo que le instruyen, sin importarle que el futuro de los mexicanos..

Durante años los ciudadanos le han temido a este momento, en el que se abra al capital privado el sector energético, porque se sabe, porque la historia así nos lo ha enseñado que se corre un riesgo seguro de malos manejos, de la entrega de concesiones para la explotación de los hidrocarburos, disfrazadas de contratos –aunque su prohibición quedó explícitamente definida en el 27 de la Nuestra Carta Magna–, que debilitará a Pemex y a la CFE , que garantizará el incremento permanente de la gasolina y el diesel. Esto entre otros aspectos preocupantes.

Dada la importancia de lo que se va a aprobar se debe actuar transparentemente, actuemos como los representantes de los ciudadanos, expliquemos y preguntemos a ellos si consideran si esta reforma es la única salida para el impulso al desarrollo nacional. La ausencia de debate presume el temor a la respuesta ciudadana. Demos voz a los dueños legítimos de los recursos energéticos de este país y como representantes actúese a través de un proceso de toma de decisiones derivado de un análisis exhaustivo y fundado en la ley no en los acuerdos políticos de unos cuantos.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones  Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República a que lleven a cabo el procedimiento legislativo conforme a la Ley, respetando el reglamento a cabalidad en las discusiones para la Dictaminarían de las Leyes Secundarias en Materia Energética.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones  Dictaminadoras de las Leyes Secundarias en materia Energética a informar y consultar abiertamente a la ciudadanía sobre este tema de gran relevancia para el desarrollo del país.

Dado en el Congreso de la Unión, el 11 de junio del 2014.

Dip.Alberto Benavides Castañeda.-Lilia Aguilar Gil.-Alberto Anaya Gutiérrez.-Sen. Layda Sansores San Román.-Marco Antonio Blásquez Salinas.-Martha Palafox Gutiérrez.-Ana Gabriela Guevara Espinoza.-Manuel Bartlett Díaz.-David Monreal Ávila.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Túrnese a las Comisiones de Energía; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Dígame, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Sonido en la curul de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle al Diputado Ricardo Astudillo, si me permite sumarme al punto de Acuerdo que presentó sobre la nueva ruta aérea en la Ciudad de México, y dejar claro también, Diputado, que ha sido una inquietud de los vecinos del Distrito Federal, porque de la noche a la mañana cambió la ruta, y se informó poco a los ciudadanos.

Me parece muy atinado el que el gobierno federal pueda brindarnos este estudio ambiental, por un lado, y por supuesto, también técnico.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

El Diputado Ricardo Astudillo acepta la adhesión a su punto de Acuerdo.

El Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Tiene el uso de la palabra el Diputado Alfonso Durazo.

El Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Gracias, compañero Presidente.

Bueno, en relación a lo expuesto aquí por la Senadora Ana Gabriela Guevara, y la compañera Diputada Lilia Aguilar, señalar que el tema ha sido el más relevante, y que lamentablemente fue al final, el final de la agenda de esta sesión.

Lamento también que no se haya aceptado como punto de urgente resolución, dando lugar a que en esta Comisión Permanente se iniciara el debate correspondiente, no obstante expreso mi reconocimiento a las promotoras de este punto de Acuerdo: compañera Senadora Ana Gabriela Guevara, y Lilia Aguilar, del PT, y pedirle a ambas ¿si aceptarían que me sumara, por supuesto, en respaldo de este punto de Acuerdo?

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Alfonso Durazo.

Solamente la informo que a esta Presidencia no le fue solicitado por la proponente someterlo a consideración de la Asamblea, ya fue turnado a la comisión correspondiente para efectos de su dictaminación. Tomamos, por supuesto, nota de su adhesión.





 

En otro apartado de nuestra agenda, se concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, para presentar una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en Materia de Violencia Escolar, remitido al Senado el 30 de abril de 2013.

EXCITATIVA

El Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para presentar en nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, una excitativa con relación a una minuta remitida al Senado de la República, tal como fue señalado hace algunos momentos, desde el 29 de abril del 2013, en la que se pretenden realizar diversas modificaciones a la Ley General de Educación en Materia de Violencia Escolar, comúnmente denominada: Bullying.

Deseo hacer mención de la importancia, para nosotros, que las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, atiendan esta solicitud respetuosa de Cámara de Diputados.

Deseo advertir que el pasado lunes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuyo Presidente es el Diputado Silvano Aureoles Conejo, hace suya esta excitativa y la presenta como una solicitud de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Pero a su vez, en total coincidencia con lo manifestado en alguna de las proposiciones con punto de Acuerdo con anterioridad por parte de la Senadora Mariana Gómez del Campo, la propia Junta de Coordinación Política señala que esta minuta, para nosotros, es de total interés que se ventile y resuelva en el próximo periodo extraordinario de sesiones.

Deseo señalar, porque es justo el establecer también los acuerdos que se tienen con la finalidad de resolver la problemática que nos ocupa, que el Senador Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, nos ha manifestado, que ha tenido comunicación con el Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y harán una presentación a esta Comisión Permanente con relación a una ruta crítica para resolver sobre el particular. Será decisión, más adelante, si se incluye dentro de este periodo extraordinario de sesiones, o se analiza posteriormente.

El Senador Romero Hicks nos hizo esta manifestación hoy en la mañana, y tenemos conocimiento, que antes del próximo miércoles tendremos alguna propuesta de ambas comisiones, tanto del Senado como de Diputados, buscando una ruta crítica para resolver de manera integral el tema de violencia escolar, tanto desde el punto de vista educativo, como de las diversas iniciativas que se han presentado y de algunos otros ordenamientos, incluyendo la propia Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Eso es lo que el día de hoy queríamos hacer mención, y de la importancia, tal como aquí se señaló, que esto se resuelva a la brevedad posible.

Muchísimas gracias.



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Gracias a usted, Diputado Gutiérrez de la Garza. Se remitirá esta solicitud a las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para sus efectos.





 

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se crea un grupo plural de observación electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit.

Solicito a la Secretaría, dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.





 

Recibimos una solicitud de excitativa del Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, la cual se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.

EXCITATIVA

“El suscrito, diputado FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ, secretario de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 8, fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 8 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad conferida en el artículo 71, fracción I, de la Carta Magna, presentó al pleno de la Cámara de Diputados el paquete de iniciativas que conforma la Reforma Hacendaria y Social, entre las que se encuentra la que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras Leyes.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para su dictamen correspondiente.

2. El 18 de marzo de 2014 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen relativo a la citada iniciativa del Ejecutivo Federal.

5. El 19 de marzo de 2014, el Senado de la República dio cuenta de la recepción de la minuta con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras Leyes, turnándola a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera; del Senado de la República.

La citada minuta  propone, entre otras cosas, lo siguiente:

1. ADOPCION DE UN NUEVO MODELO DE TRASPASOS DE CUENTAS INDIVIDUALES. Adoptar un nuevo modelo de traspasos en el que el derecho al traspaso pueda ejercerse cada dos años en vez de cada uno, con posibilidad de hacerlo cada año siempre y cuando dicho cambio sea a una administradora de fondos de ahorro para el retiro que ofrezca mejores rendimientos y presente mejor desempeño en los servicios que se otorgan a los trabajadores.

2. CAMBIOS AL ESQUEMA DE COBRO DE COMISIONES POR PARTE DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO. Propone mantener el esquema actual de comisión única, pero ahora estructurada en dos componentes: uno, calculado como porcentaje sobre el valor de los activos administrados como ocurre actualmente; y otro calculado sobre el desempeño en la administración de fondos. Adicionalmente, para los casos que una administradora omita presentar su propuesta de comisión anual para autorización por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como lo señala actualmente la Ley o, en su caso, ésta deniegue dicha autorización, se propone que dicha administradora esté obligada a cobrar la comisión más baja del mercado.

En los últimos meses las condiciones en los mercados financieros internacionales han mejorado, reflejándose en la reducción de diversas primas de riesgo y la intensificación de los flujos de capital hacia gran parte de las economías emergentes. En particular, recientemente se han observado disminuciones en las tasas de interés de mayor plazo y apreciaciones cambiarias en muchas de estas economías, incluida la mexicana. Si bien persiste el riesgo de que resurjan episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, se estima que dicho riesgo se compensa en parte por la  intención manifiesta de los principales bancos centrales de los países avanzados de mitigar dicha volatilidad.

El 6 junio de 2014, el Banco de México emitió un comunicado en materia de política monetaria tomando como base lo anterior, donde anuncia que su Junta de Gobierno ha decidido disminuir en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en virtud de que, dado el mayor margen de holgura en la economía, se estima factible la convergencia eficiente de la inflación al 3 por ciento con una tasa de interés de referencia menor. Situación que debe valorarse por el impacto y repercusión en los rendimientos de los ahorros de los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior habrá de afectar de manera considerable el cálculo de las variables que conforman el rendimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro vigente, lo que hace aún más urgente la adopción de medidas que protejan el ahorro de los trabajadores, por lo debe ser tomado en cuenta para la pronta dictaminación de la multicitada minuta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta Presidencia de la Mesa Directiva emitir la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Se formula excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para que presenten, a la brevedad posible, el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras Leyes, turnado el 19 de marzo de 2014.

Atentamente

Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.





 

Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, como lo establecen los resolutivos Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Acuerdo que norma las sesiones de la Comisión Permanente. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más, aquellas iniciativas de reciente inscripción, como lo permite el resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo. Las iniciativas que ya cumplieron su registro en la agenda por dos sesiones, se turnarán a las comisiones que corresponda. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 188 Y ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por los Diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas y José Angelino Caamal Mena, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

“Los que suscriben, DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS Y JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA, diputada y diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DE ARTÍCULO 188 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor del siguiente:

Planteamiento del Problema:

La agricultura ha sido, durante siglos, la base del desarrollo económico y social.

Fue la actividad económica fundamental y la base principal del intenso tráfico comercial en las sociedades prehispánicas, así como la sustentación de las sucesivas culturas y los imperios.

Actualmente, México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, significando esto más de la mitad del territorio nacional.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 30 millones de hectáreas de las ya señaladas, son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero (Agostadero/ Pastizal- Tierras con capacidad para producir forraje para el ganado y animales silvestres).

En México la agricultura significa uno de los mayores sectores productivos del país.

Derivado de la mala distribución de los apoyos e incentivos agropecuarios que el gobierno federal brinda a los productores, el campo mexicano ha sido abandonado y no se ha fomentado su crecimiento con las herramientas necesarias e indispensables para lograrlo de una manera sustentable, que sea capaz de producir al menos el 75% del alimento que las y los mexicanos consumen, tal y como la FAO lo señaló en una recomendación que  realizó a México.

Se debe promover la consecución de un país incluyente tal y como el Presidente de la República lo ha señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, “Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.”

Tal  como lo señala el Gobierno Federal, es obligación del Estado garantizar el ejercicio de los derechos sociales y evitar a toda costa la desigualdad social, esto sin olvidar los programas sociales y en este caso los programas agrarios en los que se establecen condiciones que parecieran no ser igualitarias.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que es urgente cerrar las brechas de desigualdad social en nuestro país y también sabemos que esto sólo se logrará brindando mayores apoyos a quienes más lo necesitan.

La mayoría de los agricultores mexicanos escasamente producen maíz y frijol para autoconsumo, porque producir esos granos en México es 100 veces más caro que los que se producen en Estados Unidos.

Un total de 110 mil millones de dólares gastó el gobierno mexicano en importar alimentos entre 1994 y 2005. Antes de entrar en vigor el TLC, México importaba casi 29 millones de toneladas de maíz, y de 1995 a la fecha, importa más de 60 millones de toneladas de maíz.

Por otro lado, en EE.UU. existen un total de mil 484 tractores por cada mil campesinos, mientras que en México, por cada mil hombres del surco, hay 20 tractores y unas cuantas yuntas de bueyes.

Lo señalado, refleja la desigualdad que existe en nuestro país y la falta de incentivos para que los productores puedan hacerse del material indispensable para llevar a cabo su labor de la mejor forma.

Las y los diputados de Nueva Alianza exigimos que nuestra legislación contemple la inclusión social sin distinción alguna favoreciendo preferentemente al pequeño productor, para de esta forma brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor dignamente.

La presente iniciativa busca que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contemple el término “incluyente” refiriéndose a las reglas de operación y normatividad que rige a los apoyos económicos que reciben los productores agrícolas nacionales.

Argumentación

Dos millones de productores de maíz en nuestro país poseen menos de cinco hectáreas de tierra. El total de toneladas de maíz que producen estos agricultores es de apenas 2.8 toneladas por hectárea.

La agricultura es sin lugar a dudas una actividad fundamental en el medio rural, en el cual no podemos olvidar que aún existe una gran parte de población nacional.

Tal como lo señala la publicación “La FAO en México: Más de 60 años de cooperación", en las pequeñas localidades rurales dispersas de nuestro país (con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. Sin embargo, la vida rural se extiende mucho más allá de esas pequeñas localidades. En ocasiones se considera un umbral de 15 mil habitantes ya que las localidades con población inferior a ese número presentan formas de vida característicamente rurales.

Según datos del informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria.

Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentran en el rango de prevalencia de subalimentación.

Todo esto a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el proceso de emigración ha ocasionado que el mayor número de personas pobres vivan en las ciudades, en México todavía la mayor parte de la población pobre vive en el campo.

En 2008, según el informe referido, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales.

El imperativo-ético, económico y político de  reducir la pobreza en el país implica la atención al desarrollo agrícola y rural.

México se encuentra estratégicamente ubicado en términos geográficos, ya que los climas que se presentan a lo largo del territorio nacional permiten la siembra y cosecha de diversos productos.

La desigualdad en materia agraria que se vive en nuestro país es alarmante, la distribución de la riqueza es una de las peores a nivel mundial, unos pocos concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir.

La situación rural no es un problema menos. Cerca de 10 millones de personas mantienen una estrecha relación laboral con el campo, generando bienes y servicios en sus unidades productivas, como jornaleros agrícolas o trabajando sin remuneración monetaria, como sucede frecuentemente con las mujeres y los menores de edad.

La omisión del Gobierno Federal en materia de igualdad social resulta un agravio directo a los pequeños productores nacionales.

Es menester señalar que la SAGARPA es una de las dependencias que mayor presupuesto reciben para programas sociales, tal y como lo menciona en un comunicado NUM.009/14 de la misma entidad.
El presupuesto asignado para el 2014 se aplicará en la operación de nueve programas y 55 componentes enfocados a impulsar la transformación del campo.

El monto asignado es de 82 mil 900.4 millones de pesos. La dependencia detalló que la composición del presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 69 mil 783.9 millones de pesos a programas agropecuarios y pesqueros; cinco mil 638.1 millones de pesos a programas de educación e investigación y siete mil 388.4 millones de pesos en gastos de operación.

Del total de los recursos, 20 mil 599.8 millones de pesos serán canalizados al Programa de Fomento a la Agricultura y 13 mil 558.8 millones de pesos para los Componentes Proagro (antes PROCAMPO) productivo.

De la misma forma de canalizarán recursos para fomentar la asociatividad de pequeños productores, a través del desarrollo de clúster; proyectos de bioenergía y sustentabilidad; impulso productivo al café y esquemas de reconversión productiva, entre otros.

Lo anterior, es la muestra clara de que presupuesto asignado existe, solo es cuestión de destinarlo a quienes más lo necesitan y requieren, es por ello que en Nueva Alianza consideramos de vital importancia implementar normatividad incluyente que tome en cuenta a todos los productores sin importar el tamaño de sus predios o su producción.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Diputada y Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DE ARTÍCULO 188 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Primero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 188 para quedar como sigue:

“Artículo 188.- …

Los diversos programas e instrumentos que se requieran para cumplir con los lineamientos definidos en el artículo 22 de esta Ley, estarán previstos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La normatividad para la operación de estos programas será propuesta por la Comisión Intersecretarial, por medio de la Secretaría y demás dependencias que concurren en el fomento agropecuario y en el desarrollo rural sustentable. Tanto la referida normatividad como la operación de los Programas, deberá ser en todo momento incluyente, es decir, tomará en cuenta a todos los productores sin hacer distinciones arbitrarias y sin importar el tamaño de sus predios o producción.”

Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 191 para quedar como sigue:

“Artículo 191 .…

I. a VIII. …

IX. Inclusión social; favoreciendo preferentemente al pequeño productor agropecuario con la finalidad de impulsar el desarrollo rural sustentable de la nación.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 11 de junio de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas Dip. José Angelino Caamal Mena”





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Presentada por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quien suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUAREZ, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El agua juega un papel esencial para nuestro organismo, pues este elemento es el componente mayoritario de las células del cuerpo humano. A través del agua se transportan los nutrientes que las células necesitan para funcionar adecuadamente, además de que ésta se encarga de retirar de las mismas los residuos o sustancias de desecho.

El agua es el pilar fundamental de las funciones fisiológicas más básicas, como por ejemplo la regulación de la tensión arterial y la temperatura corporal, así como la digestión, de modo tal que una hidratación adecuada resulta esencial para la salud y el bienestar.

De acuerdo al Instituto Europeo de Hidratación, el óptimo rendimiento físico y cognitivo de los seres humanos depende en gran medida del mantenimiento de niveles de hidratación saludables. Por este motivo, la hidratación resulta de interés tanto para los individuos comunes y corrientes como los tomadores de decisiones en las instituciones públicas de salud, a tal grado que el hecho de poder garantizar a toda la población el acceso al agua potable para consumo humano se ha vuelto una preocupación constante de los organismos internacionales, así como de muchos gobiernos nacionales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, el Poder Legislativo ha aprobado recientemente cambios legales que tienen la finalidad de garantizar la existencia de mecanismos a través de los cuales un segmento de la población tenga acceso al agua potable para saciar su sed, como son los bebederos en los planteles educativos que integran el Sistema Educativo Nacional.

Las modificaciones que sufrió la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se llevaron a cabo tomando en consideración que nuestro país enfrenta hoy un serio problema de salud pública derivado de la emergencia de enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida que poseemos los mexicanos, caracterizado fundamentalmente por la falta de activación física y por una mala alimentación, la cual incluye una hidratación inadecuada.

Actualmente ocupamos el poco honroso primer lugar en cuanto se refiere a los países con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso en su población, lo cual ha sido calificado como el principal factor de riesgo que existe para contraer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cáncer.

Ante la magnitud del problema que enfrentamos, en los últimos años se habían propuesto múltiples medidas encaminadas a transformar esta lamentable situación que pone en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de salud y que amenaza con colapsarlo si no somos capaces de generar cambios significativos al respecto.

Hasta ahora las políticas públicas implementadas para revertir el problema, no han producido los resultados deseados y lejos de apreciar un avance hemos visto aumentar la cifra de personas que en nuestro país sufren de sobrepeso y obesidad, y que de mantenerse en esa circunstancia es muy factible que en los próximos años les sea diagnosticada alguna enfermedad de las ya mencionadas, lo cual afecta sensiblemente la calidad de vida de la población y representa una pesada carga financiera para el Estado.

Se debe señalar que el Poder Legislativo en aras de enfrentar de manera más efectiva la problemática de la obesidad en nuestro país, aprobó en 2013 medidas tales como el impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas cuya finalidad esencial, además de allegarle mayores recursos al Estado, es desincentivar el consumo de los mismos, pues se ha comprobado que este es una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso que aquejan a 7 de cada 10 mexicanos.

Ahora bien, en virtud de que el objetivo principal es avanzar en la construcción de una estrategia integral para el combate a la obesidad y el sobrepeso la cual arroje mejores resultados de los que hasta ahora se han conseguido, se hacía necesario legislar con la finalidad de ofrecer alternativas a la población para motivarle a adoptar un estilo de vida más sano, el cual implica hacer ejercicio y llevar una dieta más balanceada y saludable que incluye desde luego un mayor consumo de agua natural y una reducción drástica en el consumo de azucares, de las cuales los refrescos aportan cantidades que sobrepasan por mucho las recomendadas por los profesionales de la nutrición y la medicina.

En este sentido, para generar una cultura que privilegie el consumo de agua para la hidratación del cuerpo por encima de los refrescos y bebidas azucaradas, no sólo bastaba con elevar el costo de los mismos, sino que lo verdaderamente importante era garantizar que todos los mexicanos, principalmente los niños y niñas tuvieran acceso de manera gratuita al agua potable de calidad.

No se puede soslayar el hecho de que este país, con un consumo promedio per cápita de 163 litros por año, es uno de los principales consumidores de refresco en todo el mundo, incluso por encima de Estados Unidos y que paradójicamente, el costo de una botella de agua potable en México puede llegar a ser igual e incluso mayor que el de una botella de refresco. Por lo anterior, para los habitantes de las muchas localidades a las cuales, por falta de infraestructura, no llega el agua potable resulta más razonable en términos económicos hidratarse con un refresco que con agua simple, situación que resulta inaceptable y que requiere la oportuna intervención del Estado.

No obstante que las modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en vigor desde el 7 de mayo de 2014, representan un avance muy significativo en cuanto respecta a la tarea de combatir decididamente la obesidad y el sobrepeso que afectan a nuestro país, en el Partido Verde consideramos necesario establecer en la legislación algún tipo de sanción que permita cumplir cabalmente con el espíritu de la reforma, que es en esencia que un plazo de 3 años contados a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación se garantice la existencia de bebederos suficientes y con suministro de agua potable en cada escuela del país, sin importar que ésta sea pública o privada.

Para efectos de lo anterior, proponemos, por una parte, adicionar el artículo 75 de la Ley General de Educación para que el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares sea considerado como una infracción en la cual incurren los prestadores de servicios educativos, es decir, las escuelas privadas, misma que puede ser sancionada de acuerdo al artículo 76 de la Ley General de Educación con una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo, o bien, con la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

Por otra parte, para el caso de las escuelas públicas que no cumplan con la instalación de bebederos en sus planteles a pesar de haber sido beneficiadas con la asignación de recursos para tal efecto, se plantea adicionar un párrafo al artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa con el objeto de facultar a la Secretaría de Educación Pública para determinar reducciones en la ministración de recursos a las escuelas que incurran en el incumplimiento mencionado, de manera tal que se incentive el correcto ejercicio de los presupuestos asignados.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XVII.

XVIII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 11.- En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá determinar reducciones en la ministración de recursos a aquellos planteles educativos que no cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior habiendo recibido una asignación presupuestaria para instalar bebederos con suministro de agua potable.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 11 de junio del año 2014.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El proponente RICARDO MEJIA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL AVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LETRA H AL ARTICULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todos los niños tienen derecho a recibir protección contra la violencia, la explotación y el abuso. Sin embargo, en todo el mundo, millones de niños de todos los estratos socioeconómicos y de todas las edades, religiones y culturas sufren actos de violencia, explotación y abuso todos los días. Millones más corren el riesgo de ser víctimas de la violencia1.

La violencia, la explotación y el abuso provienen a menudo de personas que el niño conoce, incluyendo los padres y madres, otros familiares, cuidadores, maestros, empleadores, autoridades policiales, agentes estatales y no estatales, y otros niños. Sólo una pequeña proporción de los actos de violencia, explotación y abuso se denuncian e investigan, y un escaso número de quienes cometen estos actos rinden cuentas por ellos.

El abuso sexual infantil es una forma de maltrato, abuso de poder y menoscabo hacia esta población, que viola de manera sistemática los derechos inherentes a su condición humana. Es un grave problema social que ocurre con mayor frecuencia de lo imaginado. Se trata de un delito que se realiza a puertas cerradas y en la privacidad. Los agresores se encargan de engañar a las victimas haciéndoles creer que es normal lo que les hacen; esto se logra mediante amenazas, seducción u otras estrategias para silenciarlas.

¿Quiénes cometen el abuso sexual?

Generalmente personas cercana a las víctimas, con quienes tienen un vínculo emocional significativo, volviendo muy difícil para un niño hablar del abuso sexual que sufre, principalmente por la forma en que opera el agresor.

El abuso sexual infantil es toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto la edad, la madurez o el poder.

El abuso sexual constituye una experiencia traumática  y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad  y desarrollo físico y psicoemocional, y no tanto contra su sexo, por lo que consuma forma más de victimización en la infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico, abandono emocional y en donde la secuela puede continuar incluso en la edad adulta.

El agresor envía infinidad de mensajes distorsionados para generar confusión en sus víctimas y provocarles profundos sentimientos de tristeza, miedo y culpa. Las frases más comunes que utilizan estos delincuentes son:  

● “Te doy dulces pero  no le digas a nadie”.

● “Estas bien bonita, me gusta acariciarte”.

● “Te quiero mucho y por eso te toco así”.

● “Si hablas de lo que hacemos voy a matar a tu familia”.

● “Si me delatas me van a meter a la cárcel por tu culpa”.

● “Nadie te creerá porque mientes”.

Por lo tanto la víctima manifiesta sentimientos de culpa, remordimiento y cree que si habla la familia la culpará y algo malo sucederá si habla del abuso sexual cometido. El abusador deja en el niño la sensación de que fue él mismo niño, quien lo causo y tiene la culpa de ello.

Las estadísticas demuestran que un altísimo porcentaje del abuso sexual infantil, llega a ésta etapa y ahí se mantiene por años. Y esto se logra por la complicidad y/o negación de más integrantes de la familia, principalmente de los padres.

Principalmente porque la mayoría de las personas no están preparadas para escuchar que sus hijos sufrieron abuso sexual y menos por alguien en quien no confían. Las reacciones más frecuentes ante el abuso sexual son dudar de las víctimas y recriminarlas por no defenderse y no hablar antes.

La Convención sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, 2007, es el primer documento internacional que señala como delitos penales las distintas formas de abuso sexual de menores.

Cifras de UNICEF revelan que cada hora 228 adolescentes de América Latina son abusados sexualmente a través de diversas modalidades.

El Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han presentado el pasado 8 de mayo del  año en curso, su último informe sobre la violencia contra la niñez en América Latina, basado en datos de 17 países de la región.

  El informe agrupa los avances en tres categorías. Atendiendo a las políticas públicas y planes para combatir la violencia contra la niñez, destaca América del Sur y en la armonización de los marcos normativos para poner fin a la violencia contra la niñez, es América Central la que destaca. Finalmente, la organización para mejorar los sistemas de registro de datos de forma integral se muestra como un desafío para toda la región.

Uno de los aspectos que se rescata es que en la región latinoamericana persiste una brecha entre el marco normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la realidad diaria de millones de niños, que siguen identificando la violencia como una de sus mayores preocupaciones.

Por su parte, el secretario general del MMI-LAC y director para las Américas de ChilFund International, Paul Bode, ha querido destacar que "las niñas y adolescentes son las principales víctimas del abuso sexual en la región y que los niños y niñas pertenecientes a poblaciones indígenas son los más expuestos a violaciones de sus derechos". También ha resaltado como desafíos la pobreza y la pobreza extrema y que deben de abordarse como causas estructurales para poder eliminar la violencia contra la niñez.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública (SEP) advierte que México es considerado el segundo país en el mundo con mayor producción pornografía infantil.

¿Cuáles son las fallas en la prevención del abuso sexual infantil?

La falta de información sobre sexualidad genera incertidumbre y da una idea negativa del cuerpo, además expone a los niños a sufrir abusos sexuales debido a que los agresores son astutos y buscan formas creativas de mentir a sus posibles víctimas, las cuales entre menos información tengan, mayor probabilidad tendrán de ser engañadas y abusadas sexualmente. 

Existe una tendencia de enseñarles a los niños a obedecer ciegamente a los adultos. Infinidad de padres de familia educan a sus hijos para que hagan lo que otros adultos les digan y de forma contradictoria, “al intentar prevenir el abuso sexual”, les exigen que no se dejen tocar por éstos.

La mayoría de los programas de prevención del abuso sexual infantil están dirigidos a niños, sus principales objetivos son que aprendan a cuidarse, las campañas dicen:

● “Cuídate a ti mismo”

● “Mucho ojo”

● “Cuida tu cuerpo”

● “No al abuso sexual infantil”

Estos mensajes son los que se deben proyectar y responsabilizar a la población infantil de su propia protección, lo cual es sumamente difícil ya que el abuso sexual se presentan en una relación desigual y de alto poder en donde los niños se encuentran desprotegidos y vulnerables. 

Para que la prevención del abuso sexual infantil sea realmente efectiva es importante implementarla mediante un modelo continuo y permanente que involucre la participación de toda la sociedad, en que se analice información sobre derechos de la infancia y se fomenten relaciones de convivencia caracterizadas por respeto y la armonía.  

Hay que añadir que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y que la desigualdad es uno de sus principales obstáculos para avanzar en el desarrollo humano.

Toda la región está caracterizada por sociedades altamente inequitativas, lo cual condiciona una extendida violencia social. El crimen organizado y el fácil acceso a armas de fuego añaden elementos de complejidad a este panorama general. La situación de la infancia, por tanto, tiene que ser analizada en el contexto más amplio de la realidad económica y social de la región.

En el informe presentado por el Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe(MMI-LAC) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el presente mes, se presentan datos sobre las principales formas de violencia contra la niñez en la región donde el abuso sexual encabeza la lista (con datos del 2012 que indican que 1 cada 10 niños/ases abusados en el Caribe.

En dicho informe se señala que es necesario y  que ameritan la adaptación o actualización de la legislación interna con relación a los estándares internacionales como son: la violencia sexual, la pornografía, la trata de personas, la violencia en los lugares de trabajo, el matrimonio temprano y otras prácticas tradicionales.

Uno de los lugares esenciales para el desarrollo integral de los niños es el ámbito escolar, es aquí donde consolidan las capacidades físicas e intelectuales que conllevan al proceso de socialización.

Por la importancia que reviste el ámbito escolar, en la prevención de posibles actos de abuso y maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, se propone la creación de espacios institucionales denominados “áreas interactivas” de prevención de la violencia, ello garantiza el conocimiento, habilidades y capacidades que les permitan hacer frente ante casos de abuso como puede ser el sexual, identificando situaciones de riesgo y estrategias asertivas para afrontarlas.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LETRA H AL ARTICULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo Primero. Se adiciona la letra H al artículo 32 de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes.

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes….

A – G

H. Se implementen dentro de las instituciones educativas áreas interactivas dotadas con la tecnología necesaria y material audiovisual de prevención, las cuales tendrán por objeto promover una cultura de respeto, además de proporcionar herramientas para fortalecer acciones encaminadas a la prevención del maltrato y/o abuso sexual infantil.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de junio de 2014.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.

1 “La violencia sexual contra los niños” UNICEF. http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT)

EL SUSCRITO RICARDO CANTU GARZA, DIPUTADO FEDERAL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO A LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROPIA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Según lo marca la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, señala que fue el día 15 de octubre de 2013, misma que dispone el cumplimiento de lo dispuesto por el Senado de la República con relación a la Sesión Solemne, para la entrega del reconocimiento “Elvira Carrillo Puerto”.

De aquella fecha para estos días recientes, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido instrumento de análisis y discusión, figurando entre esta la necesidad inmediata de homologar los términos en materia electoral, con  aquellas nuevas normatividades que dan ordenamiento al régimen electoral de nuestro país.

La reciente reforma constitucional en materia político electoral aprobada en esta Cámara de Diputados, así como por la mayoría de las legislaturas locales y publicada el día 10 de febrero del presente año, son el precedente de una etapa de transiciones institucionales, jurídicas y administrativas, por las que todos los actores en esta rama tendrán que adecuarse para su óptimo funcionamiento.

Es por ello que esta propuesta para modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta para dar cumplimiento con las medidas de homogeneización y actualización del marco jurídico que da las bases de una correcta interpretación de las tareas legislativas, en esta ocasión, de todas aquellas de carácter electoral.

En este sentido, de las tareas concernientes a la Junta de Coordinación Política, así como de la Mesa Directiva en cuanto a la propuesta y expedición de la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los Consejeros Electorales y del contralor General del Instituto Nacional Electoral, no sufrirán riesgo alguno de  enfrentarse a interpretaciones equivocadas o bien de quedar en un marco regulatorio desactualizado.

Es pertinente recordar que en el año de 1994, está sede legislativa se afrontó a una serie de propuestas referentes a su funcionamiento y a su organización, incluidas en la modificación de la reforma de la Ley Orgánica en ese mismo año. Dicha reforma desafortunadamente sólo actualizaba su contenido de manera estética y no incorporaba las necesidades prevalecientes en su contexto actual. Ante ello, la presencia de los medios de comunicación en el Congreso, así como la conformación de la Mesa de Decanos y el Servicio Civil de Carrera, por ejemplo, no eran contemplados y sin embargo eran necesarios.

Lo que aquí se contempla es precisamente una serie de consideraciones con las que se busca lograr la armonización de las disposiciones legales de carácter electoral mandatadas en la Constitución con aquellas normas secundarias vinculadas con el mismo tema.

De la misma manera en la que la actual legislatura ha dado trámite a diversas reformas a leyes secundarias así como a la Constitución en términos de armonización u homogeneización de sus contenidos con otras normas o acuerdos, la presente Iniciativa se fundamenta en este sentido y no hace más que recuperar términos de legislaciones recientemente aprobadas en materia electoral, por aquellas que aún persisten en la redacción de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos haciendo alusión al mismo tema pero con distinta redacción.

Es necesario entonces hacer la homologación de las Leyes secundarias, como lo es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su correspondencia con lo que dispone la reforma constitucional en comento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Artículo Primero.- Se reforma el inciso i) del numeral 2 del artículo 20, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. …

1. …

2. …

De a) a h) …

i) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral; y

….

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso h) del numeral 1del artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34. …

1. …

De a) a g). …

h). Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios, e

Artículo Tercero.- Se reforma el primer párrafo del numeral 1, y el primer párrafo del numeral 2, del artículo 34 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. …

1. La convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral, por lo menos, deberá contener:

. . .

2. En el proceso de designación de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, se procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres.

. . .

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 11 de junio de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION II DEL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PLANIFICACION FAMILIAR

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION II DEL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La planificación familiar y la anticoncepción constituyen una base fundamental de la salud reproductiva debido a los beneficios sociales y de salud.

México tiene una trayectoria de más de 35 años en la promoción de la planificación familiar, ya que se impulsaron dos grandes cambios en el marco legal y políticas públicas. En 1973 México se convirtió en el segundo país del mundo y el primero de América Latina al instituir en la Constitución el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos (artículo 4). El segundo acciones para regular el crecimiento de la población dentro de la Ley General de Población.

Sin hacer a un lado que la planificación familiar en nuestro país ha provocado el descenso que la tasa global de fecundidad ha tenido a lo largo del tiempo, debiéndose a la promoción e incremento gradual del uso de anticonceptivos entre las mujeres y sus parejas. No obstante en los últimos 12 años esta tendencia se desacelero debido a la disminución de cobertura anticonceptiva de las mujeres unidas o casadas.

Reconociendo que el programa de planificación familiar ha tenido avances significativos, el uso de métodos anticonceptivos no ha ocurrido de forma uniforme persisten rezagos importantes, particularmente en la población adolescente y joven, así como quienes habitan en zonas marginadas y rurales e indígenas.

La planificación familiar requiere de promoción y acceso a los métodos anticonceptivos adecuados para las mujeres y parejas, esto es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en beneficio a su salud, salud sexual y reproductiva.

Esto toma en cuenta la capacidad de decidir evitar poner en riesgo la salud materna en mujeres menores de edad, adolescentes y de edad avanzada que presentan un alto riesgo de muerte materna, de igual forma al disminuir la tasa de embarazos no deseados se disminuye la necesidad de someterse a abortos peligrosos.

El incremento de embarazos en menores de edad y adolescentes es igualmente peligroso por las posibilidades de nacer un niño de pretérmino o con peso bajo, frecuentemente presentan tasas altas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes dejan la escuela y a largo plazo tienen serias consecuencias para ellas y sus familias.

Es de suma importancia que los servicios de planificación estén ampliamente disponibles y de fácil acceso, por medio de agentes de salud capacitados, para toda persona sexualmente activa, particularmente los adolescentes. Las parteras están capacitadas para facilitar los métodos anticonceptivos localmente disponibles y culturalmente aceptables, recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I…

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar con la obligatoriedad de proporcionar a la o el solicitante el método anticonceptivo adecuado en base a su historial clínico.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 11 de junio de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito Diputado Federal, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Cámara de Diputados correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El entorno inflacionario es un factor capaz de incidir en los términos en los cuales se presenta y valora la información financiera de la empresa, lo cual en alguno casos puede permear la situación fiscal del contribuyente, tal incidencia puede ser negativa o positiva para aquel; lo anterior se evidencia con el hecho de que la legislación fiscal conmina a ciertos causantes a reconocer un ajuste anual por inflación, valorando el efecto que ésta tiene en relación con los intereses pagados o cobrados por el contribuyente.

Tal y como fue señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar resolución a los asunto relativos a la constitucionalidad del artículo 45-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 —cuyo texto preceptúa la obligación de calcular dicho ajuste—, la inflación se refleja en el incremento generalizado y constante de los bienes y servicios y, por ende, en una pérdida en el valor del dinero o la moneda. Se trata de un hecho que existe y afecta de manera real y no sólo ficticia al patrimonio de los causantes, pues no puede negarse que el valor de un bien aumenta de un mes a otro, ni que lo que podía adquirirse con cierta suma de dinero en un determinado momento ya no puede adquirirse con igual suma al paso del tiempo. Así pues, el legislador estimó conveniente  reconocer efectos dentro de la mecánica del impuesto sobre la renta a la modificación —tanto positiva como negativa—, que sufre el patrimonio del causante con motivo del fenómeno económico de la inflación.

Luego entonces, la inflación afecta de manera real el patrimonio, tanto en forma positiva como negativa, por lo que en aquellos casos en los que el pagador de impuestos se encuentra obligado a reconocer el efecto positivo derivado de dicho fenómeno económico,  la legislación — en observancia al principio de proporcionalidad tributaria— no debe limitar el reconocimiento al efecto negativo del mismo, por ser elementos que repercuten en el nivel de renta de los contribuyentes —como indicador de la capacidad contributiva de éstos, entendida como potencialidad para contribuir al gasto público—.

En esta misma tesitura, se aprecia que el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente establece que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido.

Así las cosas, y con base a lo señalado anteriormente —la necesidad de que, cuando la legislación conmine a reconocer efectos positivos de la inflación en el patrimonio, también deberá reconocer los efectos negativos de ésta—, se justifica la prohibición de reconocer efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido en el caso en que los contribuyentes enajenen la mercancía en el mismo ejercicio fiscal en que la adquirieron o produjeron.

Cabe señalar, que la causación del impuesto se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, mismo que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se vuelva exigible la contraprestación. No obstante lo anterior, a pesar de causarse el gravamen desde ese momento, la legislación no prevé que el impuesto correspondiente al pago provisional o al pago anual contemple los efectos derivados de la inflación.

De esta suerte, es claro que la legislación fiscal no permite que el efecto inflacionario se aplique en un lapso menor a un ejercicio fiscal, pues no se obliga al causante a que los ingresos que acumule se presenten en pesos —moneda nacional— actualizados y constantes.

En cambio, en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de la enajenación, la prohibición de reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los inventarios o del costo de lo vendido, provoca que la renta gravable sea determinada de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, tal como es delimitada por la propia legislación fiscal.

En razón de que el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conmina a los contribuyentes personas morales, a determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, considerando su repercusión en los créditos y deudas del causante, en relación con los intereses que perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus deudas.

En estas condiciones, debe apreciarse que la prohibición de reconocer efectos inflacionarios al costo de lo vendido conlleva una vulneración a la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, toda vez que —así como acontece con el ajuste anual por inflación— el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores registrados en la contabilidad de los pagadores de impuestos, disminuyéndolos y provocándose con ello la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la capacidad contributiva, cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio fiscal.

Por lo anterior se considera que el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues impide la determinación de una utilidad acorde a la capacidad contributiva de los causantes de dicho gravamen, en virtud de que no autoriza el reconocimiento de efectos inflacionarios, con lo cual no se permite la determinación de una utilidad acorde a la capacidad contributiva de los causantes de dicho gravamen.

En este sentido, al haberse determinado que la tributación conforme a la auténtica capacidad contributiva de las personas morales, amerita que se permita el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de adquisición que forma parte del costo de lo vendido. Ahora bien, atendiendo al principio de proporcionalidad es necesario que se permita al causante la actualización de dichos valores, hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, si bien limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta —sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado— tenga lugar en ejercicios distintos.

Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencianúmero 1a./J. 126/2007, emitida en la Novena Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 304, la cual señala lo siguiente:

“RENTA. EL ARTICULO 45-F, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARAN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACION DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ENERO DE 2005). El citado precepto, al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el origen del gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se torne exigible la contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto relativo no contemple los efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, también lo es que en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, en razón de que el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conmina a los causantes personas morales, a determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, considerando su repercusión en los créditos y deudas del causante, en relación con los intereses que perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus deudas. En estas condiciones, el no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio constitucional referido, toda vez que -así como acontece con el ajuste anual por inflación- el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores registrados en la contabilidad de las personas morales, que al verse disminuidos provoca la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la capacidad contributiva cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio fiscal”.

[Énfasis añadido]

De lo antes transcrito se desprende que el artículo 45-F, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 —ahora artículo 39, último párrafo, de la Ley referida vigente—, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que dicho precepto legal viola el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que prohíbe reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los inventarios o del costo de lo vendido, provocando que la renta gravable se determine de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, lo cual transgrede dicho principio; por tanto, no se justifica la prohibición que tiene el causante a reconocer efectos inflacionarios en la valuación de sus inventarios o del costo de lo vendido, puesto que como se ha mencionado dicha prohibición provoca que la renta gravable se determine de una forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, lo cual violenta el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que atendiendo a este principio es necesario que se permita al contribuyente la actualización de dichos valores, hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice.

Por lo antes expuesto, en aras de velar por los derechos de los contribuyentes que se ven afectados y limitados por el artículo 39, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido, lo cual es inconstitucional según lo ha expuesto el máximo Tribunal del país, se propone la modificación del último párrafo de dicho artículo.

Finalmente, no omito señalar que esta propuesta es de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, ya que señala que con esta modificación se evitarían litigios innecesarios en los que, inevitablemente, por razón de los criterios de nuestro más alto Tribunal aquí citados, se obtendrían resultados desfavorables a los intereses de la Federación. Teniendo lo anterior como consecuencias, el trato inconstitucional al contribuyente y el ejercicio innecesario y estéril de recursos para defender lo que claramente es contrario a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.

Artículo Unico. Se Reforma el último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 39.- …

[…]

Únicamente se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, y siempre y cuando la compra de la mercancía y su venta, sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado, tengan lugar en ejercicios fiscales distintos.

TRANSITORIO

Artículo Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dip. Carlos Alberto García González.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los efectos dañinos del calentamiento global no pueden seguir en tela de juicio, recientemente hemos sido testigos de las grandes pérdidas humanas y materiales que los desastres naturales pueden dejar a su paso, esto constituye una amenaza para las generaciones futuras como para las presentes, que a su vez deben comenzar a implementar tecnología de mitigación y técnicas de adaptación.

Es importante señalar que el aumento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero provoca el aumento de la temperatura del planeta. Esto ocasiona actualmente el derretimiento de los glaciares, la variación irracional de las precipitaciones durante los periodos estacionales y detona la frecuencia de eventos meteorológicos contundentes, el ritmo acelerado de cambio climático y la explosión demográfica ponen en riesgo la seguridad alimentaria de todo el planeta.

La agricultura es directamente vulnerable al cambio climático, el aumento de las temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos prospectados, aunado a la proliferación de malas hierbas y pestes, los cambios que presentan los periodos de lluvias provocan el fracaso de las cosechas y reducen la producción a largo plazo.

Los impactos del cambio climático afectan actualmente la seguridad alimentaria en México y para muestra están los recientes fenómenos naturales de Manuel e Ingrid, sin precedentes azotaron el sureste de nuestro país y dejaron devastadas cientos de comunidades en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Las investigaciones científicas y las pruebas tangibles del cambio climático señalan que afectará negativamente la agricultura y el bienestar humano.

Dentro de los principales problemas que puede enfrentar el sector agropecuario en México están los siguientes:

El cambio climático reducirá el rendimiento de los cultivos más importantes;

Impactará los rendimientos de los cultivo bajo riego en todas las regiones provocando disminución productiva de las cosechas.

Al disminuir las cosechas, la ley de la oferta y la demanda provocará aumentos adicionales de precios para los principales cultivos, tales como el arroz, trigo y maíz. Esto implica un aumento en los costos de la alimentación animal, que se traducirá en un aumento de los precios de la carne.

Según estudios; la disponibilidad de calorías en 2050 será menor derivado del cambio climático provocando la malnutrición infantil en un 20 por ciento, en relación con lo estimado para un mundo sin cambio climático.

El cambio climático eliminará muchas de las mejoras que se alcanzarían en malnutrición infantil.

Por lo tanto y ante este escenario prospectado es imperante priorizar el acceso a financiamiento para aquellos proyectos productivos destinados a transformar el paradigma agropecuario en México, para mejorar la productividad agrícola por medio de la implementación de tecnologías que mitiguen el cambio climático y adecuen sus procesos productivos con una visión en contra del calentamiento global.1

De tal suerte que resulta urgente toma medidas de apoyo al campo y a los productores que usan tecnología y mecanismos de mitigación al medio ambiente, como fomento al campo y a los mecanismos que benefician al medio ambiente, así mismo es necesario la inversión del Estado mexicano a la brevedad.

Por lo que se propone lo siguiente:

ACTUAL

PROYECTO DE REFORMA

Artículo 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas.
Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.


La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá la integración del Sistema Nacional de Financiamiento Rural con la banca de desarrollo y la banca privada y social, las cuales desarrollarán sus actividades de manera concertada y coordinada.

Artículo 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas.
Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, los que empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.
La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá la integración del Sistema Nacional de Financiamiento Rural con la banca de desarrollo y la banca privada y social, las cuales desarrollarán sus actividades de manera concertada y coordinada.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

UNICO.-Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas.

Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, los que empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.

La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá la integración del Sistema Nacional de Financiamiento Rural con la banca de desarrollo y la banca privada y social, las cuales desarrollarán sus actividades de manera concertada y coordinada.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 11de junio de 2014.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete.

1 Bibliografía: Internacional Food Policy Research Institute




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

(Presentada por la Diputada Martha Edith Vital Vera, del grupo parlamentario del PVEM)

Quien suscribe, MARTHA EDITH VITAL VERA, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA Y LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente el acceso y la procuración de justicia para los pueblos indígenas, sigue siendo un problema pendiente por resolver ya que en los procedimientos penales la impartición de justicia tiene deficiencias que vulneran los derechos humanos; el acceso a la justicia se ve obstaculizado por una serie de barreras culturales y socioeconómicas que llevan a la discriminación por el simple hecho de pertenecer a una etnia, por tener usos, costumbres y tradiciones propias; el hablar una lengua diferente al español y la falta de recursos económicos pone a las personas indígenas en condiciones de desigualdad al no tener la posibilidad de asumir los costos que demanda un proceso penal.

Por otro lado, las barreras lingüísticas afectan a la población indígena, y se ve vulnerado el derecho que tienen a expresarse en su propio idioma, hay una escasez de defensores públicos bilingües e intérpretes, lo cual conlleva a que los indígenas se enfrenten a problemas lingüísticos cuando los procedimientos se llevan a cabo en un idioma distinto al español, a esto se incluye que la defensa no conoce sus especificidades culturales.

A) La población Indígena en México

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, define al país como una nación pluricultural; y a su vez es una nación multilingüe ya que de acuerdo al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del  Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas (INALI), en nuestro país se hablan 364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas, lo cual lo hace uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente.

Según datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 15.7 millones de personas consideradas indígenas, de las cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen indígenas aunque no hablen alguna lengua; con respecto a las personas hablantes de lengua indígena el 54.7 por ciento hablan náhuatl, maya, mixteco, tzeltal y zapoteco.

La población Hablante de Lengua Indígena se concentra en pocas entidades y localidades del país. Aproximadamente cuatro quintas partes de los Hablantes de Lengua Indígena (poco más de 5.5 millones) se concentran en los ocho estados con mayor población indígena: Chiapas (18.3%), Oaxaca (17.3%), Veracruz (9.3%), Puebla (9%), Yucatán (7.9%), Guerrero (6.6%), Estado de México (5.8%) e Hidalgo (5%).

B) Administración y acceso a la justicia a indígenas

Los presos indígenas enfrentan enormes dificultades de administración y acceso a la justicia, ya que sus procesos penales carecen de una adecuada defensa, de un traductor, de la consideración de cultura, usos y costumbres y de recursos económicos; en la mayoría de los casos, lo que obstaculiza el proceso penal de los indígenas es precisamente la lengua que hablan ya que no pueden comunicarse con el juez, abogados, peritos  y otros sujetos los cuales participan en el proceso penal, esto ocasiona que muchos de los procesados indígenas que no hablan español pasen más tiempo en las cárceles esperando ser juzgados, o bien reciben condenas injustas debido a que el proceso está lleno de contradicciones y confusiones.

Por otra parte, la falta de conocimiento de quienes imparten justicia, la escasa capacitación en esta materia y las actitudes discriminatorias también inciden sobre los derechos de los indígenas. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013 había 8 mil 486 personas indígenas recluidas en los centros penitenciarios del país, de las cuales 8 mil 196 son hombres y 290 son mujeres, la mayoría de estos enfrentan problemas de discriminación, deficiente atención médica, carencia de recursos y escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros y sus comunidades. En el mismo año, la CNDH realizó 612 trámites a favor de los indígenas privados de su libertad, ante autoridades penitenciarias del orden federal y las diferentes entidades del país, con el propósito de hacer un análisis de expedientes para así determinar la procedencia de alguno de los beneficios de libertad anticipada.

El acceso a la justicia es un derecho humano que se debe garantizar y respetar, el cual consiste en el derecho de toda persona de acudir a procedimientos efectivos para la obtención de una resolución justa a sus pretensiones, en un plazo razonable, de manera imparcial y conforme a los criterios establecidos en la ley o en las normas jurídicas tradicionales del derecho indígena, de conformidad con los estándares de derechos humanos. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8°, “reconoce que el ‘debido proceso legal’ (…) abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial (…)”1 Entre esas condiciones, y especialmente en el ámbito de la justicia penal el que más destaca es el “derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal”, es por esto que el debido proceso legal y en especial la posibilidad de acceder a la justicia en términos de igualdad obliga a tomar en cuenta una serie de características específicas adecuadas al contexto étnico, cultural y lingüístico de los indígenas.

No obstante lo anterior, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas está relacionado con otros derechos que deben ser considerados para que los derechos de los pueblos indígenas no se vean vulnerados, tales como:

-Derecho a la libre determinación: en relación con el acceso a la justicia, la libre determinación afirma su derecho a mantener y reforzar las instituciones jurídicas indígenas y a aplicar sus propias costumbres y leyes. Sin embargo, los pueblos indígenas a lo largo de muchos años han tenido dificultades importantes para conseguir el respeto internacional y nacional de su libre determinación, debido en parte al miedo de los Estados a que dicho reconocimiento pudiera socavar sus propias formas de autoridad estatal en los planos jurídico, económico, cultural o de otro tipo.

-No discriminación: esta norma exige que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad con la población en general; no obstante, el problema al que se enfrentan es que la mayoría de indígenas tienen una probabilidad desproporcionalmente mayor de vivir en precarias condiciones económicas y sociales, que incluyen la pobreza y la falta de acceso e igualdad a servicios de educación y de salud, empleo, formación profesional y vivienda en condiciones adecuadas y a su vez estos son factores que afectan a los pueblos indígenas a lograr acceso a la justicia; se enfrentan a prácticas discriminatorias en la asistencia jurídica, así como a una falta de financiación necesaria para recabar justicia; hay un número deficiente de abogados indígenas y a esto se debe incluir que por el hecho de ser considerados indígenas se enfrentan a prejuicios cuando se ven inmersos en procesos judiciales.

-Derechos culturales: estos incluyen el reconocimiento y la práctica de sus sistemas de justicia, así como el reconocimiento de sus costumbres, valores e idiomas tradicionales en los tribunales y los procedimientos jurídicos. La Constitución mexicana contempla este derecho en la fracción VIII del apartado A del artículo 2°, en el cual se establece que “…en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, se hace énfasis en el deber de las autoridades del Estado de conocer y reconocer usos, costumbres y normas de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual implica el reconocimiento de una identidad diferente; los pueblos indígenas tienen una organización e instituciones propias dentro de las que se comprenden instituciones jurídicas y políticas y que tienen su raíz en una cultura diferente que debe ser respetada.

Por el contrario, frecuentemente no se reconocen sus derechos culturales, en el caso de los derechos lingüísticos, las dificultades incluyen la falta de intérpretes bilingües y de capacitación en los idiomas indígenas para informar a los ciudadanos sobre los mecanismos que facilitan el acceso a la justicia. Hay un déficit en la capacidad de las instituciones del sistema de justicia oficial de prestar servicios de traducción y de intérpretes, los intérpretes no hablan todas las variantes dialectales del lugar y deben hacer la traducción de varios sujetos procesales al mismo tiempo; no existe certeza de que los intérpretes tengan comprensión de las normas y actos procesales, por lo cual no siempre están en la capacidad de transmitir el sentido y alcance legal de aspectos sustantivos y de procedimientos en los cuales intervienen los titulares de derechos.

C) Marco jurídico

El marco jurídico del derecho al uso de las lenguas indígenas y la administración de justicia, están basados en normas del derecho interno así como en normas y principios del derecho internacional. Dentro del ámbito internacional destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 cuyo artículo 2° establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Así mismo, en el artículo 7° se señalan los principios de igualdad y no discriminación, y al respecto mencionan que “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación”. Por otro lado, en lo que respecta a la administración de justicia, el artículo 10° menciona que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Por otra parte, el artículo 11° refiere que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 en el artículo 1°, expresa la libre determinación de los pueblos y señala que: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, derecho en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Hay que mencionar además que en el ámbito de administración de justicia el artículo 14° señala, todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia; y establece los derechos tanto de la persona imputada como de la víctima; respecto a las garantías de la persona imputada señala que “durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.”

Las observaciones anteriores se relacionan también con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas4, en la cual se detallan los derechos humanos de los pueblos indígenas; entre los que destacan la igualdad, el derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, el derecho a la libre determinación, el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, entre otros. En relación al acceso y administración de justicia el artículo 40° menciona que “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”.

Por último, uno de los instrumentos de mayor importancia relativo a los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual en su artículo 8° subraya el reconocimiento de usos y costumbres y menciona que “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario; en lo que refiere al derecho al acceso a la justicia el artículo 12° establece, “Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. Es posible notar que los derechos humanos de los indígenas están respaldados por diversos instrumentos los cuales en general protegen la libre determinación, no discriminación, la igualdad y el acceso a la justicia; respecto a este derecho se reafirma la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar procedimientos legales justos y equitativos, enfatizando en el derecho de acceso a la información comprensible para la persona teniendo como elemento principal la asistencia de un intérprete cuando sea requerido.

Ahora bien, nuestra Carta Magna reconoce en el artículo 2° la existencia de los pueblos indígenas, con ello se establece el carácter pluricultural de la Nación, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. También se reconocen derechos tales como el derecho a que sean tomados en cuenta, los usos, costumbres, prácticas y normas indígenas dentro de los procesos del Estado, respecto a ello en el mismo artículo, Apartado A, fracción VIII se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para “acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución...”.

En cuanto a las reformas procesales las que destacan respecto al derecho de ser asistido por traductores, el Código Federal de Procedimientos Penales en el artículo 28° señala que “Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción”. Además el artículo 124 Bis establece que “En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor”. Por su parte la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el artículo 7° dispone que “Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública…”. Por último, el artículo 10° señala que “El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Podemos consensar lo dicho hasta aquí, que hay un amplio marco jurídico el cual desde diversas perspectivas reconoce que el derecho a la administración y acceso a la justicia involucra una serie de garantías que en conjunto deben ser respetados tales como el derecho a la libre determinación, la no discriminación, el derecho a la información cuya expresión es la asignación de un intérprete y el reconocimiento y respeto de la cultura.

D) El papel del defensor público, el intérprete y traductor

Las personas indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes, de acuerdo a lo dispuesto en el Apartado A, fracción VIII del artículo 2° constitucional “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. Sin embargo, la figura del intérprete no sólo es un medio de comunicación de palabras o ideas, es también un medio para asegurar el pleno ejercicio de su identidad cultural, la cual involucra el reconocimiento de las formas de organización social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas.

Al respecto, el derecho al intérprete en la legislación nacional tiene dos aspectos. El primero es en relación con el derecho al debido proceso y significa que las partes en un proceso que no dominen el idioma en que se desarrollan los procedimientos, deben contar con los medios suficientes para establecer una adecuada comunicación que les permita ejercer plenamente el derecho de la persona a “ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”, el derecho a la defensa adecuada y todo lo demás que ello implica, tal como se menciona en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

No obstante, no se trata sólo de comprender ciertos términos, sino que se requiere además una comunicación intercultural para su debido ejercicio, se trata también de “comprender y hacerse comprender”. Esto lleva al segundo aspecto de interpretación de este derecho, que va más en el sentido de la perspectiva integral de los derechos indígenas, y se relaciona con el derecho individual y colectivo de los pueblos indígenas a expresarse en su lengua. Se considera un derecho colectivo porque es la garantía de una colectividad, la interpretación no sólo implica una conversión literal de palabras ya que un idioma encierra una visión del mundo, una manera de expresar ideas en contextos de emisión del lenguaje donde las palabras contienen ideas, percepciones y entramados significativos; se debe considerar que si los juzgados no logran captar la amplia dimensión del lenguaje, muy difícilmente podrán entender los hechos que se pretenden resolver.

Como se puede apreciar, los pueblos indígenas tienen características propias, tales como lenguaje, usos, costumbres, tradiciones, tienen una riqueza cultural que los hace únicos; así mismo, el derecho de acceso a la justicia tiene particularidades las cuales deben ser reconocidas cuando se ven inmiscuidos en procesos legales; los dos elementos principales son la cultura y su lengua, como se expuso anteriormente la Constitución Mexicana señala que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura; sin embargo, dada la ambigüedad que muchas veces se tiene de los términos es necesario distinguir las figuras procesales “intérprete” y “defensor” así como “traductor”, ya que como señala el Ministro José Ramón Cossío Díaz son tres figuras procesales diferentes.

Si bien es cierto existe un consenso en el sistema jurídico en cuanto a que las personas indígenas sometidas a procesos penales deben contar con la asesoría de una persona, ya sea defensor público o asesor jurídico; no existe un consenso en cuanto a la calidad que deben guardar las personas a las que se les encomienda dicha asesoría; en la Ley Federal de Defensoría Pública en el artículo 5° no se especifica si el defensor público o asesor jurídico debe contar también con conocimiento de la lengua y cultura del sujeto activo indígena. El defensor es un ente procesal provisto por el Estado o no, cuya asistencia es irrenunciable. Sus obligaciones no recaen sobre la comprensión de las palabras e ideas que la persona indígena verbalice, sino sobre sus conocimientos acerca del sistema normativo mediante el cual la persona deberá ser procesada; es un conocedor de leyes, no obstante desconoce la cultura, lengua, los usos y costumbres y además carece de preparación como traductor e intérprete en lenguas indígenas. Según datos del Instituto Federal de Defensoría Pública, dicho Instituto cuenta actualmente con 24 defensores bilingües5 para los casos de defensa que involucren a personas indígenas, quienes además de hablar sus lenguas conocen sus culturas.

En contraste, las dos figuras procesales: traductor e intérprete comparten la función de trasladar significados de una lengua a la otra; ambas figuras cumplen con la finalidad de acercar la realidad del indígena a la del juzgador y al resto de las partes, pero más que llevarlo a cabo mediante el cumplimiento de normas procesales, lo hacen a través de la contextualización simbólica de la cosmovisión y personalidad del individuo sujeto a proceso penal. A pesar de estas semejanzas, entre ambos existen algunas diferencias relevantes: la función del traductor es dar el significado que las palabras tienen entre una lengua y otra, la del intérprete excede a las meras palabras y conceptos verbalizados a fin de revelar los pormenores de una cultura a través de la explicación de sus tradiciones, educación, cosmovisión e interpretación de la realidad. Mientras que el traductor brinda la luz en torno a las expresiones de la persona indígena, el intérprete hace lo propio respecto del mundo al que pertenece, proveyendo al juzgador de elementos meta-jurídicos que le permitan acceder a una mejor comprensión de las condiciones que yacen detrás de los actos específicos de dicha persona.

El intérprete además de hablar ambas lenguas debe comprender las particularidades culturales del inculpado o acusado y el lenguaje indígena, ya que también adquiere un conjunto de significados particulares en los respectivos contextos, por lo cual es evidente que la comunicación entre el defensor y su defendido es necesaria para el cumplimiento del derecho a una adecuada defensa; el intérprete y traductor certificado en este caso por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conoce la lengua indígena pero no tienen formación académica necesaria para la defensa adecuada, no cuentan con el conocimiento de términos jurídicos y mucho menos con un título de licenciado en derecho cuyo requisito es indispensable para poder fungir como defensor en un proceso penal. Por ello, en un contexto pluricultural la adecuada defensa requiere, adicionalmente, de personal especializado que pueda facilitar la comunicación intercultural entre defensor y representado y de éste con el ministerio público y el tribunal, así como el conocimiento de los procedimientos y su contenido.

E) Acciones de Protección de Derechos Humanos a indígenas en prisión.

-Comisión Nacional de Derechos Humanos

La CNDH considera que la población indígena en prisión enfrenta problemas de discriminación, deficiente atención médica, carencia de recursos y escaso contacto familiar por la lejanía que hay entre los centros y sus comunidades; los reclusos no son informados adecuadamente sobre sus derechos humanos y un problema que es considerado más grave es que a pesar de que la Constitución les otorga el derecho a ser asistidos por un intérprete el cual conozca su lengua y cultura este es violado en la mayoría de los casos. Un sector que se ve más vulnerado en sus derechos son las mujeres indígenas en reclusión, de acuerdo a cifras del “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana” realizado en 2013 por la CNDH, de las 290 indígenas internas, 236 cometieron delitos del fuero común y 54 del fuero federal, las cuales pertenecen a 27 diferentes grupos étnicos del país: Náhuatl, Tzotzil, Mixteco, Otomí, Zapoteco, Maya, Tzeltal, Totonaca, Mazateco, Mazahua, Mixe, Tlapaneco, Chol, Chinanteco, Mayo, Purépecha, Huasteco, Amuzgo, Chatino, Cora, Huichol, Quiché, Zoque, Cakchiquel, Cuicateco, Matlatzinca y Tarahumara, la discriminación que más afrontan es por el idioma ya que al no hablar español y el carecer de intérpretes o traductores se crea una barrera y aislamiento para exigir sus derechos.

Este organismo cuenta con el programa de “Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión”, el cual tiene como finalidad contribuir eficazmente a la protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión mediante acciones de difusión, asesoría y visita a los Centros Penitenciarios; del mismo modo, apoya con  la revisión de casos que cumplen requisitos legales para gestionar el otorgamiento de beneficios, se realizan visitas a Centros Penitenciarios con población indígena para verificar el respeto de los Derechos Humanos de indígenas en reclusión, da atención a solicitudes de asesorías a indígenas y realiza promoción y distribución de material sobre Derechos Humanos.

En 2013 la CNDH realizó 612 trámites a favor de los indígenas privados de su libertad ante autoridades penitenciarias del orden federal y las diferentes entidades del país con el propósito de que se analicen los expedientes y determinar la procedencia de alguno de los beneficios de libertad anticipada.

-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas

La CDI cuenta con el “Programa de Derechos Indígenas”, el cual en lo que respecta al acceso a la justica tiene como objetivo contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho, proporcionando servicios de atención jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a través de asesoría y gestoría, así como con la presentación de peritajes en materia antropológica/cultural; la CDI otorga apoyos económicos mediante el proyecto de  “Atención a Indígenas en Materia Penal y Penitenciaria” (antes Excarcelación de Presos Indígenas), el cual promueve la libertad de personas indígenas que se encuentran sujetos a un proceso legal, inclusive cuando ya se les haya dictado sentencia condenatoria, siempre y cuando la ley contemple la posibilidad de obtención de la libertad provisional o definitiva mediante la exhibición de garantía (pago de fianza, caución, multa y/o reparación del daño). Por otra parte, en lo que respecta a intérpretes y traductores en lenguas indígenas se otorga apoyo económico en favor de personas ajenas a la CDI las cuales intervienen en diligencias de carácter judicial; en 2013 con estos apoyos económicos se liberó a 675 indígenas presos (623 hombres, 52 mujeres) principalmente de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán.

 -Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

El INALI es un organismo descentralizado cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y una de sus atribuciones de acuerdo al inciso d) del artículo 14° de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es “establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia…” En base a lo anterior  se creó el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), para satisfacer la demanda institucional y social de servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas en materia de administración, impartición y procuración de justicia, salud y servicios públicos en general; la acreditación o certificación en materia de lenguas indígenas no la otorga solamente el INALI, para ello participan en conjunto Instituciones Públicas, Instituciones educativas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De acuerdo a cifras del INALI, hoy en día tiene un padrón de 510 intérpretes/traductores acreditados y/o certificados6. Así mismo, ha suscrito convenios de colaboración con el objetivo de impulsar la formación de defensores penales en lenguas indígenas y así integrar un Padrón Nacional de Defensores Bilingües, en lenguas indígenas y español, para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a todos los mexicanos, tales como el suscrito en octubre de 2013 con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Como se puede apreciar estos organismos a través de sus diferentes programas han llevado a cabo acciones para contribuir a que las personas indígenas que se encuentran en procesos penales y en reclusión cuenten con los adecuados servicios de atención jurídica; sin embargo, es urgente que se hagan modificaciones necesarias para que durante todo el proceso penal las personas indígenas reciban asistencia de defensores y/o asesores jurídicos bilingües en materia indígena y de tal forma tener una resolución favorable de su situación jurídica.

Es así que esta iniciativa tiene como objetivo principal, administrar y procurar justicia a los pueblos indígenas, otorgando una adecuada defensa jurídica que tenga conocimiento de la lengua, cultura, usos, costumbres y tradiciones para que se garantice en condiciones de igualdad y sin discriminación el pleno acceso a la justicia de manera que sean removidas las diversas barreras culturales y lingüísticas y los pueblos indígenas ejerzan todos los derechos que les son otorgados considerando todas las especificidades culturales que los caracterizan. Es urgente que el acceso a la justicia sea integral ya que se deben respetar sus formas tradicionales de resolver conflictos de manera que no se vulneren los derechos fundamentales, además es necesario que se asegure una efectiva procuración de justicia mediante la preparación y aumento de defensores públicos bilingües que conozcan su cultura y costumbres. Con lo anterior se garantizará que se protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas teniendo pleno acceso a la justicia en condiciones de igualdad, no discriminación y eliminando las barreras que permean los diversos procedimientos penales en los cuales se ven involucrados. Es primordial que en todo momento sean respetados los derechos humanos de los pueblos indígenas, los cuales forman parte de un amplio mosaico socio-cultural; aportan tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensar únicas que nos dan identidad y pluralidad y nos convierte en un país con una enorme riqueza cultural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA Y LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS

Artículo Primero. De la Ley de Defensoría Pública, se adiciona la fracción III al artículo 4; se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción VII al artículo 5; se reforma el artículo 10; se reforma la fracción VIII, recorriendo la actual del artículo 11; se reforma la fracción X, recorriendo la actual del artículo 12; se reforma la fracción V del artículo 15; se adiciona un párrafo al artículo 24, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Se adiciona la fracción III al artículo 4°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción VII al artículo 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforma el artículo 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforma la fracción VIII, recorriendo la actual del artículo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforma la fracción X, recorriendo la actual del artículo 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforma la fracción V del artículo 15

 

 

 

 

 

 

 

Se adiciona un párrafo al artículo 24

Título Primero

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la Justicia Federal para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas, y

II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.

 

 

 

 

Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere:

 

 

 

I. a VI. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II
De los Defensores Públicos

 

Artículo 10. Los defensores públicos y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el adolescente o adulto joven al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado y el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.

 

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I. a VII. ...

VIII. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales comprende:

I. a IX. …

X. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III
De los Asesores Jurídicos

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a: 
I. a IV. ...

V. Los indígenas, y

 

 

 

Título Segundo
Del Instituto Federal de Defensoría Pública

 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

Título Primero

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la Justicia Federal para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas, y

II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones,

III. Defensores públicos y asesores Jurídicos bilingües especializados en materia indígena, en asuntos correspondientes a su competencia

Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico, así como, defensor público y asesor Jurídico bilingüe especializado en materia indígena se requiere:

 

I a VI. ...

VII. Para ser defensor público y asesor jurídico bilingüe especializado en materia indígena, además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, deberá contar con la certificación y acreditación profesional en observancia con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como con el conocimiento de usos, costumbres y especificidades culturales.

Capítulo II
De los Defensores Públicos

 

Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores públicos para adolescentes y los defensores públicos bilingües especializados en materia indígena serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto joven, al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado y el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I. a VII. ...

VIII. Solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación, la designación de un defensor público o asesor jurídico bilingüe en materia indígena, traductor e intérprete debidamente certificado en la lengua materna que corresponda, que tenga conocimiento de usos, costumbres y especificidades culturales, en caso de que sea indígena.

IX. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta

Artículo 12. El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales comprende:

I. a IX. ...

X. Solicitar ante el Juez designado, la designación de un defensor público o asesor jurídico bilingüe en materia indígena, traductor e intérprete debidamente certificado en la lengua materna que corresponda, que tenga conocimiento de usos, costumbres y especificidades culturales, en caso de que sea indígena.

XI. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.

 

Capítulo III
De los Asesores Jurídicos

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a: 

I. a IV. ...

V. Los indígenas, a través de un asesor jurídico bilingüe especializado en materia indígena, traductor e intérprete,

Título Segundo
Del Instituto Federal de Defensoría Pública

 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de Materia Penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

 

En entidades y localidades cuya población sea indígena se designará a defensores públicos y asesores jurídicos bilingües especializados en materia indígena.

Artículo Segundo: De la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se reforma la fracción XI del artículo 13, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Se reforma la fracción XI del artículo 13

Capítulo III
De la Distribución, Concurrencia y Coordinación de Competencias

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de
instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los
objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes: 

I. a X. ...

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

Capítulo III
De la Distribución, Concurrencia y Coordinación de Competencias

Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de
instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los
objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes: 

I. a X. ...

XI. Apoyar en la formación, acreditación y certificación profesional de defensores públicos, asesores jurídicos bilingües especializados en materia indígena, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tendrán 180 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar la normatividad correspondiente.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 11 de junio del año 2014.

Suscribe

Dip. Martha Edith Vital Vera.

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf

4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (2007). http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement

5 De acuerdo al comunicado No. 13 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal con fecha al 11 de marzo de 2014.

6 De acuerdo a cifras del Padrón Nacional de Defensores Bilingües con fecha al 18 de mayo de 2014.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 12 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del PVEM)

La que suscribe, ROSA ELBA PEREZ HERNANDEZ, Diputada de la LXII Legislatura perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, LA FRACCION III DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad somos testigos de la discriminación de la cual son objeto las personas mayores de 40 años.  Los empleadores difícilmente contratan sus servicios y por ello consideramos necesario evitar la discriminación por edad, sobre todo, porque en algunos años más, el bono demográfico del que gozamos como país, se revertirá por razones naturales, circunstancia que afectará severamente a la economía nacional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al inicio de la presente legislatura nos tocó vivir y participar intensamente, en dos reformas preferentes, proceso inédito en la historia legislativa mexicana. Uno de aquellos retos trascendentales, fue el tema de la reforma laboral, la cual, con todos los paralelismos hallados en este plural grupo de formadores de leyes, alcanzó, en términos generales, por todas las fuerzas políticas del país, y en las dos Cámaras, puntos en comunión logrando ser remitida por el Senado al Ejecutivo Federal para la correspondiente promulgación. Confiamos que la reforma laboral, hoy ley vigente, debe fungir como un pistón en el engranaje social para generar empleos y crecimiento en la economía.

Sin embargo, a pesar de ser un cambio fundamental, no dado desde hace cuatro décadas, es un logro inacabado que debemos intentar mejorar constantemente.

Por ello, en esta ocasión traigo a la reflexión un fenómeno social común: la discriminación laboral por edad, la cual se encuentra vinculada con la materia del derecho social, con el bono demográfico presente en el país y su proyección en algunos años más.

La discriminación laboral por edad se acentúa a partir de los 35 años, circunstancia indeseable, pues a esas alturas de la vida las personas cuentan con fuerza física plena y además, con la experiencia propia de la vida, así como la propia de su técnica o profesión.

El Reporte Sobre la Discriminación en México 2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), informa que el mercado laboral se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 años. Señala que el 90 por ciento de las ofertas de empleo excluyen a las personas que tienen más de 35 años, y de ellas, un escaso porcentaje (no más de 35 por ciento) corresponde a empleos reales y radicados, por lo general, en actividades como guardias de seguridad o personal de limpieza.

Ese reporte subraya que la situación es aún más difícil en el caso de las mujeres, que padecen una discriminación múltiple: por edad, por sexo y/o discapacidad.

Los empleadores suelen no contratar a personas de este segmento, porque sus honorarios son más costosos a los de jóvenes, y a éstos se les puede remunerar con cantidades decrecientes en comparación a las personas mayores.

Es común constatar en los anuncios clasificados de los diarios del país, la exclusión de contratar solamente a menores de 40; esto impacta seguramente de modo considerable a la economía y bienestar de familias cuyas cabezas de hogar rondan por esas edades y con preocupación atestiguan una baja en el poder adquisitivo.

Los informes de algunas compañías expertas en búsqueda de empleo, manifiestan que el 80 por ciento de la oferta de trabajo, excluye a profesionales que sobrepasan la edad de 40 años. El rango de edad se ha convertido en un factor determinante para la inserción en el mercado laboral. Esta condición sin justificación alguna, no solo distorsiona el mercado laboral sino discrimina a personas en su mejor periodo productivo y con un importante bagaje de experiencia.

De este modo, el ciclo económico y las condiciones del mercado laboral, convierten a las personas en este supuesto, en subempleados, trabajando en cuestiones diferentes a su preparación, percibiendo poco y no proporcionar todos lo aprendido durante años.

Países como España, Australia, Chile, o Argentina, han reconocido esta situación y cuentan con marcos jurídicos dedicados a resolverla. Los Estados Unidos de Norte América cuenta con “The Age Discrimination in Employment Act” (ADEA) o Ley de Discriminación por Edad en el Empleo,  con la que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

● Define la discriminación por edad cuando el patrón da un trato menos favorable a algún candidato o empleado por motivo de edad de más de 40 años.

● Prohíbe la discriminación por edad en cualquier contexto del empleo, ya sea en el proceso de contratación, de despido, de pago, para promociones, beneficios y cualquier otra condición para el empleo.

La cláusula antidiscriminatoria para nuestro país, ha quedado establecida en el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En la legislación mexicana el concepto de discriminación ha quedado definido en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

En el entendido de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos define las obligaciones del Estado para garantizar su disfrute en igualdad de condiciones, esta iniciativa busca establecer en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de la práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio del derecho al acceso de oportunidades de empleo por edad.

En ese mismo orden de ideas, tenemos que las  micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un eslabón fundamental para el desarrollo económico de país, que además de ser motor del crecimiento económico y fuente de la innovación tecnológica de nuevos productos, constituyen un factor crítico para la reducción de la pobreza.

En México contamos con una importante base de micro, pequeñas y medianas empresas, claramente más sólida que en otros países del mundo y debemos aprovecharlas como una fortaleza para hacer competitivo al país así como para convertir su potencial en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y consolidar la presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra nación.

Las MIPYMES, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país1.

Por ello, se pretende establecer en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la obligación de las empresas Medianas y Pequeñas legalmente constituidas, de contar con un mínimo del 10 por ciento de empleados cuya edad se encuentre por encima de los 40.

Esta iniciativa se instituye como una política pública dirigida exclusivamente a la administración de los recursos humanos de empresas medianas y pequeñas. No debemos soslayar que la mayoría de las microempresas se integran por los propios emprendedores por lo que fijar un rango de edad para los empleados de esa categoría de empresas, vulneraría su capacidad operativa.

Adicionalmente y como un estímulo a dicha disposición, se formula una reforma a la Ley de Igualdad de las Mujeres y los Hombres para promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo en razón de su sexo o de su edad.

Todo ello, con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la no discriminación en las ofertas laborales y de promover estímulos fiscales para propiciar la contratación de individuos en las brechas de edades referidas, sabiendo que se ganaría experiencia, responsabilidad y fuerza física plena.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9 DE  LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION,  LA FRACCION III DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforma la fracción III del artículo 9 de  la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9.- …

I. …

II. …

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir  la permanencia y el ascenso en el mismo, o limitar las oportunidades de acceso por edad.

IV. … XXIX. …

Artículo Segundo.-  se reforma el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.- …

I. II. …

III. MIPYMES: Micro pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente:

Estratificación por número de trabajadores.

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

Las medianas y pequeñas empresas contarán con un mínimo del 10% de empleados cuya edad se encuentre por encima de los 40 años.

IV. XVII. …

Artículo Tercero.-  Se reforma la fracción I del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 34. …

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo o de su edad.

II. … XIX. …

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación derogándose todas las disposiciones contradictorias.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 11 de junio del 2014.

Dip. Rosa Elba Pérez Hernández.

1 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 222 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Héctor Larios Córdova, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 222 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILESEN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discapacidad no debe ser un obstáculo, particularmente en un país como el nuestro, en el que se reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos, sin distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

No obstante lo anterior, es una realidad que las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Por ello, es indispensable implementar las medidas necesarias que permitan eliminar progresivamente las barreras que les impidan integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones.

Es necesario contribuir con los esfuerzos del Estado mexicano por establecer políticas y normas para garantizar la protección de los derechos de cada habitante, sensibilizando a todos los sectores del país respecto a la integración de las personas con discapacidad en los diversos aspectos de la vida; así como fomentar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la situación de este grupo de la población. 

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, constituye un gran avance al tener como uno de sus propósitos el garantizar la protección de los derechos humanos, observando los contenidos de diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

De esta forma,  los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos de este grupo vulnerable de la población, se ven plasmados en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país, en el año 2008. 

Así, en congruencia con lo anterior, y en la búsqueda porque la regulación jurídica nacional sobre personas con discapacidad, tenga como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social, el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Dicho ordenamiento jurídico reconoce, entre otros, el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la justicia, a fin de que puedan recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte.

Tales prerrogativas se han visto reflejadas en las leyes respectivas, sin embargo, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Por ello, las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, cobran relevancia como un factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes y programas destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a este grupo de la población.

Es de acuerdo con estas normas, que los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad; y es con base en ellas, que se han adoptado medidas, que si bien resultan novedosas en nuestro país, en otras naciones gozan de un importante nivel de desarrollo.

En este sentido, respecto al derecho pleno de acceso a la justicia, los órganos internacionales y, en congruencia con ellos, nuestro Máximo Tribunal Constitucional, han advertido que respecto de las personas con diversidades funcionales intelectuales, éste no se agota con permitir que tengan conocimiento de las sentencias emitidas por los juzgadores, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar medidas, a través de las cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica.

Por ende, resulta acertado adoptar en nuestra legislación, la implementación del denominado formato de lectura fácil, a fin de favorecer a quienes padezcan una discapacidad que influya en su capacidad de leer o de comprender un texto de forma adecuada.

Tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y de un lenguaje cotidiano, que permita personificar el texto lo más posible.

En este sentido, asociaciones internacionales han emitido directrices para facilitar la lectura y elaboración de un texto de este tipo, señalando que es recomendable emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo.

Este formato, no pretende sustituir la estructura o los requisitos exigidos por la ley para las resoluciones que han de emitir los juzgadores, por el contrario, se constituye como un complemento que habrá de acompañarse a las sentencias cuando éstos conozcan de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna discapacidad intelectual, el cual no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta.

Esta acción afirmativa es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y constituye un apoyo más de carácter específico destinado a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

Es así, que mediante estas acciones lograremos seguir contribuyendo con una visión de un país incluyente en el que todos los mexicanos puedan vivir con dignidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

ARTICULO 222 Bis.-…

En los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad, o en los casos en los que la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, las sentencias deberán contener, además de los requisitos previstos en el presente Capítulo, un complemento con la redacción de la misma, bajo un formato de lectura fácil que estará determinado por la discapacidad concreta.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 11 de junio de 2014.

2005141. 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Pág. 536.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Diputado Silvano Blanco Deaquino, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, diputado SILVANO BLANCO DEAQUINO, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Planteamiento del Problema a resolver con la presente iniciativa

Esta iniciativa tiene el propósito de incluir como producto estratégico con fines de fomento y desarrollo de la producción en el campo al sistema- producto coco, por ello se propone añadirlo en la lista del texto del Art. 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Lo anterior creará mayores oportunidades de desarrollo económico para los más de 30 mil productores de Palma de coco que existen en el país1.

Aunado a ello se generaran externalidades positivas para el medio ambiente debido a que dicho cultivo permite la reforestación, una mayor retención de flujos pluviales, evita la erosión del suelo y sirve como barrera natural ante fenómenos climáticos como tormentas tropicales, ciclones y/o huracanes.

Exposición de Motivos:

La familia de las Arecaceae, a la cual pertenecen las palmas cuenta con más de 200 géneros y alrededor de 2,700 especies distribuidas mayormente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Dentro de esta variedad se encuentra el género denominado Cocos, destacando por su gran importancia económica a nivel mundial: la Cocosnucífera, o coco.

La Palma de coco es un cultivo muy importante en las regiones tropicales costeras ya que permite la creación de muchas cadenas productivas. Reconocida desde hace cientos de años por millones de seres humanos como “El árbol de la vida” es una de las plantas a la que se le conocen más aplicaciones, además de ser una de las más aprovechadas por el hombre. Aunque su uso principal como producto final es muy importante (agua, carne o pulpa, cáscara y concha), también puede ser utilizada en la industria alimenticia, la farmacéutica, de la construcción, de fibras, de detergentes y jabones, de aceites y combustibles, entre otras. Conjuntamente, su importancia económica deriva de ser un cultivo que puede ser explotado a cabalidad siendo utilizado en:

● Productos de contenido importante de materia grasa, empleados para la alimentación humana o para la elaboración de solventes, jabones, etc.

● Productos fibrosos, utilizados en la industria textil, automotriz, etc.

● Productos diversos como carbón activado, madera, materiales para revestimientos, etc.

Dentro de estos tres grandes rubros podemos encontrar productos derivados del coco como:

● Coco entero sin procesar.

● Endospermo fresco o deshidratado (copra), utilizado para la extracción de aceite y coco seco o rallado.

● Aceite de copra o pulpa fresca.

● Fibra de coco.

● Coco deshidratado.

● Carbón activado.

● Coco rallado: integral, azucarado o desgrasado.

Dentro los productos para consumo animal se encuentra en forma de:

● Harina de coco, residuos sólidos deshidratados y molidos de la extracción de aceite.

● Hojas que se emplean como forraje para el ganado vacuno en épocas de escasez de alimentos.
En la agricultura su aplicación se da como:

● Polvo, subproducto de la extracción de fibra se usa para recuperar suelos arenosos, ya que mejoran la retención de agua y la textura del suelo.

● Subproductos de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes para preparar abonos orgánicos.

● Fibra de coco como subproducto industrial tiene un gran potencial como sustrato hortícola alternativo en el cultivo hidropónico.

Aunado a lo anterior podemos encontrar diversos beneficios para el medio ambiente debido a que:

● Incluso con su muerte la Palma de coco aporta madera lo que atenúa la deforestación.

● De la concha de coco y fibra se produce carbón activado, lo que evita la deforestación de zonas de selva.

● Finalmente la palma es importante en las zonas costeras ya que ayuda a evitar el movimiento de arenales.

Otro de los enormes beneficios del producto es que se le considera como un alimento funcional debido a que tanto el agua como la carne de coco aportan beneficios a la salud que van más allá que el simple aporte de nutrientes básicos. Por lo que como bebida natural rehidratante también está demostrado sus mayores beneficios respecto de otros productos del mercado:

"Bebida deportiva" de coco

El agua de coco podría competir en el mercado de 10 000 millones de dólares EE UU de las "bebidas deportivas", a continuación se expone porqué:

Parámetros

Agua de coco

Bebida deportiva

mg/100 ml

Carbohidratos

2 100

5 800

Calcio

60

1

Fósforo

10

9

Sodio

3,8

45,8

Potasio

2,1

8

Magnesio

10

3

Producción mundial y nacional.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), en 2012 se cultivó una superficie a nivel mundial de nuez de coco de 17,243,830.00, en tanto que la producción mundial fue de 249,528,288.00, toneladas. Son importantes en superficie y producción de este cultivo: Filipinas, Indonesia e India, que en conjunto aportan el 75% de la producción y el 72% de la superficie cultivada.

 

 

2012

Mundo + (Total)

Producción
Toneladas

249,528,288.00, TONELADAS

Mundo + (Total)

Rendimiento

144,705.84, Hg / Ha

Mundo + (Total)

Área
cosechada

17,243,830.00, Ha

Fuente: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/S.Nota: Es importante destacar que las estadísticas existentes de Organizaciones como la FAO o incluso a nivel nacional basan sus datos en la producción y comercialización de copra y nuez de coco.

Actualmente un total de 92 países son productores de coco, entre los que destacan los países Asiáticos miembros del APCC (Asia and Pacific Coconut Community) los cuales para el 2010 generaron alrededor del 90% del total de la producción mundial (FAOSTAT, 2010; APCC, 2010.)

En lo referente al cultivo y producción del cocotero en América Latina, Brasil y México son los países que sobresalen en su volumen de producción. En el año 2010 participaron con el 4.3% y 1.6% de la producción mundial respectivamente, ubicándose como el cuarto y octavo productora nivel mundial. (FAOSTAT, 2010).

Brasil es el país que ha logrado el mayor crecimiento y rendimiento en producción de Palma de coco en las últimas dos décadas, caso opuesto es el de México, que para el mismo periodo ha registrado una pérdida en su crecimiento (SAGARPA, 2005).

El crecimiento de Brasil se explica por la fuerte demanda del consumo, mientras que en México su caída está relacionada con el cambio hacia otros cultivos de mayor valor como las hortalizas y algunos frutos, así como por la presencia de enfermedades como el amarillamiento letal que ha mermado importantemente las plantaciones de Palma de coco.

Producción de coco en México.

En México la industria del coco tiene un fuerte impacto en el empleo y la economía regional sobre todo en los Estados de Guerrero, Colima, Tabasco y Oaxaca.

Según datos del Comité Nacional del Sistema Producto Palma de Coco, AC. en 2010 nuestro país contribuyó con aproximadamente el 1.75 % de la producción mundial de copra con132,837.84 hectáreas distribuidas en nueve estados.

La producción nacional de coco se destina casi en su totalidad para el consumo interno y aún así es insuficiente para satisfacer la demanda nacional, por lo que ha sido necesaria la importación (SAGARPA, 2005).

Lo anterior se debe a que los derivados del coco han registrado una demanda creciente en los mercados internacionales, especialmente en la región comercial de América del Norte y de la República Federativa de Brasil, en el periodo de 1996 a 1998 las exportaciones del pulpa de coco deshidratado han tenido un crecimiento de 28% y las de fibra y polvillo de coco de 47%, por lo que se deduce un mercado potencial para la exportación, del que México solo cubre una mínima parte a pesar de que cumple con todos los requisitos para poder aumentar su producción a nivel mundial.

PRODUCCIÓN DE COPRA 2010

Ubicación

Sup.
Sembrada
(Ha)

Sup.
Cosechada
(Ha.)

Producción

Campeche

660.0

0

0

Chiapas

905.0

905.0

7200

Colima

17,291.5

17,291.5

21454.0

Guerrero

84,846.0

84,846.0

162,792.39

Jalisco

1,921.0

1,921.0

2,032.39

Michoacán

2,954.0

2,954.0

2,513.60

Oaxaca

10,085.0

10,085.0

9,266.67

Tabasco

12,174.84

12,174.14

8,852.00

Veracruz

2,000.0

2,000.0

1,388.0

Si México sembrara por lo menos el 50% de la superficie potencial de cultivo que existe se cubriría la demanda nacional y habría excedentes para la exportación (Granados y López, 2002), además de generar ambientes propicios para el turismo, la biodiversidad y protección contra huracanes y tormentas tropicales.

A partir de 2010 y dado el aumento de los precios de la copra la superficie sembrada de este cultivo ha ido en aumento, derivado de que los productores han optado por incrementar la superficie dedicada al cultivo de coco, ya que visualizan un escenario de oportunidad dado los incrementos de los precios de copra (en marzo de 2012 se pagaba un promedio de $8.50 a $9.00 kg) aunado al potencial que el producto tenga en la generación de biocombustible.

De acuerdo a datos de 2010 del Sistema de Información Agropecuaria y Forestal (SIAP) el cocotero se siembra en 11 Estados del país, de acuerdo a la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN DE COCO FRUTA 2010

UBICACIÓN

Sup. sembrada (Ha)

Sup. cosechada (Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

Baja California Sur

34.75

0

0

0

Guerrero

301.00

301

3165.63

10.52

Jalisco

1443.00

1430

22866.5

15.99

Michoacán

3338.50

3338.5

26009

7.79

Morelos

1.00

1

7

7

Nayarit

888.00

881

6964.99

7.91

Oaxaca

1561.00

1553

21972.22

14.15

Quintana Roo

738.00

728

3881

5.33

Sinaloa

4107.00

4107

5941.5

1.45

Veracruz

470.00

470

5857.6

12.46

Yucatán

761.00

505

10215.46

20.23

13643.25

13314.5

106880.9

9.3

En el país la crisis por la que atraviesa la producción agropecuaria, desde la entrada en vigor del TLCAN, ha provocado que dirigentes campesinos y legisladores locales y federales hayan expresado la necesidad de ampliar el concepto de productos estratégicos para aquellos cultivos que cumplen un papel principal en el desarrollo rural a nivel regional y nacional.

En este sentido, el cultivo de Palma de coco representa una fuente de empleo directo para alrededor de 35 mil jornaleros en alrededor de 80,000 ha. (85% de la superficie es ejidal). Sumado a lo anterior, cabe destacar que aunque el 90% de la superficie sembrada es de temporal, la palma da frutos durante todo el año y su cultivo tiene la ventaja de permitir asociación de cultivos intercalados entre los que destacan: maíz, frijol, cítricos, hortalizas y pasto para ganadería.

Sin embargo, existen retos por enfrentar debido principalmente a que la superficie de plantación se ha reducido entre otras causas a la edad avanzada y mal manejo de las plantaciones, la fluctuaciones en los precios de la copra, los problemas de acceso créditos, el cambio de vocación coprera, tanto en los suelos como por parte de los productores así como a problemas fitosanitarios como amarillamiento letal y el picudo negro.

Por ello, a pesar de que en el año 2010 México se ubicó como el octavo productor de coco a nivel mundial (1.63 de la producción total) y como el segundo en América, después de Brasil, con una producción total de 1,004,710 ton., Sin embargo, en México la producción regional y nacional de coco aún no satisface las demandas del mercado nacional e internacional, por lo que es importante detonar este sector económico.

Además, actualmente ya existen herramientas biotecnológicas que permiten la micropropagación por embriogénesis que permiten que el cultivo sea más rentable y factible en el corto plazo ya que estas palmas tienen una mayor productividad, adaptabilidad ambiental y estabilidad genética.

A pesar de estos avances la agroindustria de esta cadena de producción sigue siendo limitada para aprovechar de manera integral el cocotero, de ahí la importancia de contar con mayores apoyos para los productores, procesadores y comercializadores de este sistema-producto y sus derivados que les permita ampliar las oportunidades de negocio y su cartera de clientes dentro y fuera del país. Ello repercutiría positivamente en sus ventas, así como la puesta en marcha de proyectos productivos en toda la cadena productiva del cocotero del país que permita recuperar la rentabilidad del cultivo.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reformada en su Art. 20 y adicionada en su Art. 3 el 27 de enero de 2011, definió como “productos básico y estratégicos” aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales; en este sentido consideramos que el sistema-producto coco puede catalogarse como estratégico si se le da el impulso económico requerido.

En este sentido, consideramos que el sistema producto palma de coco constituye un cultivo extensivo que puede catalogarse como estratégico ya que genera empleos para más de 32,000 productores a nivel nacional y contribuye de manera significativa a la economía a nivel intermunicipal y por lo tanto regional.

Aunado a lo anterior los Estados productores esta cadena agroalimentaria tiene un nivel de desarrollo que se puede catalogar como en proceso de crecimiento ya que existen áreas de oportunidad para los actuales niveles de integración organizativa, productiva y comercial.

Además, abundan en favor de la propuesta contenida en esta iniciativa el hecho de que la crisis agraria sigue agudizándose y que hoy, con mayor urgencia, se plantea la necesidad de fortalecer y multiplicar los mecanismos de fomento y desarrollo que vengan al menos a atenuar la situación agobiante del medio rural mexicano.

FUNDAMENTO LEGAL.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Único. Se adiciona una fracción IX al Artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 179. Se consideran productos básicos, los siguientes:

I. Maíz;

II. Frijol;

III. Trigo;

IV. Arroz;

V. Huevo;

VI. Leche;

VII. Carne de bovinos, porcinos, aves;

VIII. Pescado, y

IX. Coco.

TRANSITORIO.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, Junio de 2014

Suscribe

Dip. Silvano Blanco Deaquino.

1 (Informaciòn obtenida del Comité Nacional del SP Palma de Coco, 2011).




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CODIGO CIVIL FEDERAL Y EL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito, DAVID PEREZ TEJADA PADILLA, Diputado integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 55 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 230 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Proteger el interés superior de la niñez implica defender su derecho a la identidad, dar certeza jurídica a dicho precepto y garantizar que el Estado mexicano proteja ese bien jurídico que posibilita el acceso a diversos derechos que otorgan los estados integrantes de la federación, a través de la implementación de políticas públicas y de sus marcos normativos.

En la actualidad, es inadmisible negarle el derecho a la identidad a un menor, toda vez que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales toda vez que son inherentes al ser humano. Sin embargo, en pleno siglo XXI este problema no ha sido del todo superado, dado que existen diversos factores que continúan poniendo en riesgo al menor, y en el tema que nos ocupa, también se afecta a las personas de escasos recursos, lo que coloca a ambos segmentos poblacionales en situación de desventaja social por no contar con los medios económicos y de acceso a la justicia que les permitan revertir las situaciones de alta vulnerabilidad que por su condición de pobreza y marginación enfrentan.

Hoy en día, la retención de documentos, como parte del cumplimiento en el pago de una contraprestación económica por haber recibido el servicio de parto en una institución pública o privada no es un hecho aislado, es una práctica que se presenta en la actualidad, ya que en el caso de las instituciones privadas de atención a la salud, dentro de los contratos que emiten las instituciones privadas de atención a la salud los particulares, se establecen cláusulas donde se condiciona la entrega del Certificado de Nacimiento, que de acuerdo a lo que indica la Ley General de Salud, las instituciones de salud pública y privada están obligadas a emitir, con la finalidad de que se pueda tramitar ante la autoridad civil competente, el Acta de Nacimiento durante los primeros 6 meses de vida, posibilitando que su registro no sea de forma extemporánea. 

Este hecho no puede pasar desapercibido, a razón de que se vulnera el derecho a la identidad del recién nacido, afectando su desarrollo psicosocial y humano, además de convertirse en una limitante para acceder a otros derechos civiles y humanos entre los que destacan el derecho a la educación. Cabe mencionar que la retención del Certificado de Nacimiento es una práctica llevada a cabo por las instituciones de salud privadas, como forma de presión ejercida hacia sus pacientes con la finalidad de que se finiquite el pago del servicio de parto prestado, vulnerando los derechos humanos toda vez que se privilegia el interés económico; derivando que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, revierta esta práctica dado que el sancionar la retención o condicionamiento de la entrega de documentos mediante los instrumentos civiles y penales que permitan el registro del menor ante la autoridad civil competente, no exime del cumplimiento en el pago por parte de los que reciben el servicio de parto en alguna institución pública o privada, dado que se puede garantizar con los instrumentos jurídicos en materia mercantil ya existentes, el cumplimiento del mismo y de esa forma se garantiza el respeto a los derechos humanos.

Es pertinente destacar, los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional e internacional para garantizar la certeza jurídica en materia de identidad, y en este caso el cumplimiento que le da el Estado Mexicano a los compromisos establecidos en acuerdos y tratados internacionales con la reciente votación del 13 de marzo de 2014 en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta enviada por la Cámara de Senadores, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad para garantizar el derecho de los niños y las niñas a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer. 

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

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Sin embargo, cabe mencionar que aún quedan muchos esfuerzos por hacer, con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez dado que a pesar de que la reforma constitucional impone obligaciones para que toda la legislación secundaria sea adaptada a las nuevos derechos de los que gozan todos los recién nacidos para ser registrados de forma inmediata, sin que medie ninguna condición de tipo económico para el goce y disfrute de ese derecho, se deben de adecuar los instrumentos jurídicos en materia civil y penal.

Es tarea de los representantes en el Poder Legislativo Federal, el realizar esfuerzos por adecuar los marcos jurídicos en nuestro país para que las reformas realizadas en materia del derecho a la identidad en un contexto pleno e integral, adquieran un carácter que garantice que los niños y niñas nacidos en nuestro país cuenten con elementos para que su registro de nacimiento sea pronto y expedito, lo cual posibilitará y garantizará los derechos que, como persona y como mexicano, se adquieren desde el nacimiento.

De la misma forma, se abatiría el registro tardío que, de acuerdo a la UNICEF dentro de la 2da. Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento del 20 de noviembre del 2011, aún presenta cifras alarmantes en la región latinoamericana, pues de acuerdo con datos arrojados en esa misma conferencia, existe un porcentaje del 18% de niñas y niños menores de 5 años no registrados, ubicados en áreas rurales, en comparación con un 8% de los que viven en áreas urbanas.

Continuando con lo dicho en la Conferencia referida:

“La falta de inscripción de nacimiento afecta principalmente a los niños y niñas en situación vulnerable que viven en zonas fronterizas y zonas de conflicto armado, y de manera más aguda, a aquellos pertenecientes a poblaciones indígenas y afroamericanas. En la misma conferencia se determinó que el registro civil d