Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 20 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 24

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Abril de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 16 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y un minutos del día martes catorce de abril de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de  la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de su participación en el foro "Intercambio de experiencias parlamentarias en torno a las legislaciones a favor de la niñez migrante", celebrada los días 8 al 10 de febrero de 2015, en El Salvador.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Juan Gerardo Flores Ramírez, Javier Lozano Alarcón, David Monreal Ávila y Dolores Padierna Luna, informe preliminar de las actividades del Grupo de Trabajo Bicamaral de análisis de la legislación aplicable a las figuras de ahorro popular y para el seguimiento al proceso de liquidación de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular.-  Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, con la que remite la revista "Enlace Nayarit", en la cual presenta el Segundo Informe de sus actividades legislativas.-  Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 22 propuestas de nombramientos de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 3 al 5 de marzo de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio con el que remite acuerdo que exhorta al Presidente de la Cámara de Senadores a emitir excitativa a las comisiones correspondientes, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al nombramiento de los magistrados electorales del estado de San Luis Potosí.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al nombramiento de los magistrados electorales del estado de Michoacán.-  Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 36 bis y el Capítulo IX, denominado "De los pueblos y sitios de consideración especial", al Título Tercero de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó a nombre propio y de los Senadores Marcela Guerra Castillo y Juan Carlos Romero Hicks, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 de la Ley General de Educación y 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el primer viernes de marzo de cada año como el "Día Nacional de la Oratoria".- Con dispensa de segunda lectura, para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; y Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. Adicionalmente, intervino el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. El proyecto de decreto fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII y una fracción XXX a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se reforman los artículos 72, 73, las fracciones I y III del artículo 74 y 74 Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso c, fracción I del artículo 5; la fracción III del artículo 9; y la fracción VII del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.-Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una mejor coordinación entre las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada, a fin de que se promueva la inversión bilateral entre Costa Rica y nuestro país.

2) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar que México funja como mediador entre los Estados Unidos de América y Cuba en el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas.

3) Por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación a la Sra. Dilma Vana da Silva Rousseff por haber sido reelecta como Presidenta de Brasil para el período 2015-2020.

4) Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por su elección como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Estado Plurinacional de Bolivia.

5) Por el que el Senado de la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano por su gestión como Presidente de Uruguay en el período 2010-2015; y se congratula por el inicio de la gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas como Presidente de ese país para el período 2015-2020.

6) Por el que el Senado de la República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo de los países miembros, en el marco de la III Cumbre realizada el 28 y 29 de enero de 2015.

7) Que exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba, con miras a la posible suscripción de un tratado de libre comercio.

Sin discusión, los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la situación actual que guardan las construcciones de los hospitales generales de segundo nivel de los municipios de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán.

2) Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar programas y acciones que permitan la inclusión plena y efectiva de las personas de talla pequeña en la sociedad; y exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas e instrumentos necesarios para la atención de enfermedades relacionadas con la acondroplasia.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo campañas de concientización dirigidas a los profesionales de la salud, con la finalidad de brindar atención médica de calidad a toda mujer embarazada, con respeto a la dignidad y sus derechos.

4) Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de difusión anual sobre la prevención y detección oportuna de la diabetes.

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno de Chiapas, rinda un informe sobre la construcción y equipamiento del hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y sobre su funcionamiento y la atención médica que se ha brindado desde su inauguración.

6) Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública.

7) Que exhorta a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud a informar el mecanismo mediante el cual las instituciones que cuentan con unidades habilitadas de apoyo al predictamen, han asegurado que los recursos captados por éstas sean canalizados efectivamente a las áreas de investigación.

Intervinieron los senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, quien presentó propuesta de modificación con relación al dictamen sobre hospitales en el estado de Yucatán y Angélica del Rosario Araujo Lara del PRI. El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea la propuesta presentada, la cual fue aceptada. Intervino el Senador Miguel Romo Medina del PRI, para referirse al dictamen sobre atención médica de calidad a mujeres embarazadas; David Monreal Ávila del PT, para referirse a los dictámenes sobre diabetes y abasto de medicamentos y; Martha Palafox Gutiérrez del PT, para referirse al dictamen sobre diabetes. Los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a fortalecer los programas y convenios de vinculación entre universidades públicas y privadas con empresas para que los egresados puedan acceder al mercado laboral; y a informar sobre los programas que se han implementado para combatir el desempleo juvenil.

2) Que exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a informar sobre las acciones y políticas que están implementando para fortalecer la participación de los jóvenes en los ámbitos laboral, cultural, deportivo y social.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe de los resultados obtenidos en relación a los compromisos establecidos en las Reglas del Programa "El Buen Fin 2014".

2) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de tres proposiciones sobre caña de azúcar e industria azucarera.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de  las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y de Desarrollo, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique de Alba Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de año 2022.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación. El acuerdo fue aprobado por 90 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio cuenta con las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día:

1) Al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 constitucional, presentado el 18 de marzo de 2015, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda y con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios.

2) A la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, presentado el 8 de abril pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos y con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

3) Al punto de acuerdo relativo a la tortura como práctica generalizada en México, presentado también el pasado 8 de abril, para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

4) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impuesto y Desarrollo de las Fronteras, que se presentara el 24 de marzo pasado, que se remite a la Cámara de Diputados.

5) Se homologó el turno de los siguientes asuntos: al proyecto de reformas al artículo 73 constitucional, presentado el 17 de febrero del año en curso y al proyecto de reforma a la fracción XVI del artículo 73 constitucional, del 3 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVIII-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV y adiciona una fracción VII al artículo 537 del Código Civil Federal.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 16 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de transparencia en programas sociales.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Marcela Guerra Castillo y Juan Carlos Romero Hicks, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 de la Ley General de Educación y 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 54 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de limitar las jornadas laborales a un máximo de 8 horas continuas para los integrantes de los cuerpos policiales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a diseñar un programa para certificar a restaurantes de comida mexicana en el exterior en sus procedimientos e ingredientes, aprovechando la red mexicana de embajadas y consulados.-  Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre los permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad.-  Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a sus homologas estatales a implementar diversas acciones para promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos en el país.-  Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a destinar y promover una mayor inversión pública y privada al estado de Guerrero, destinada a la ciencia, tecnología e innovación.-  Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido en la plataforma Abkatún, localizada en la Sonda de Campeche; así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a procurar de manera especial los derechos de los trabajadores afectados y sus familias.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a promover la firma de convenios de coordinación con el Gobierno Federal, a fin de impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad en el Distrito Federal y la zona metropolitana.-  Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en el estado de Jalisco, en virtud de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos meses en diversos municipios de la entidad.-  Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Tabasco informe sobre la investigación de los hechos en los cuales fue agredido un grupo de mujeres indígenas el 25 de marzo del año en curso, en el centro administrativo de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.-  Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fungir como mediador entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para que se retomen las negociaciones sobre el diferendo por las Islas Malvinas.-  Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a determinar la viabilidad de extender a todo el ciclo lectivo los descuentos a las tarifas de autotransporte de pasajeros para estudiantes.-  Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a realizar las acciones conducentes a fin de desclasificar la información relacionada con los contratos de arrendamiento o adquisición de treinta convoyes férreos de la Línea 12 del METRO.-  Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a intensificar los programas dirigidos a la prevención y tratamiento de trastornos de salud mental que deriven en suicidio.-  Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer una campaña de difusión de los derechos que tienen los usuarios que contratan seguros de automóvil, con el propósito de evitar abusos y anuncios publicitarios engañosos por parte de las aseguradoras.-  Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar y ampliar las campañas de información, prevención y atención de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas, producidas a causa de la temporada de calor en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Margarita Flores Sánchez, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir e impulsar el tema de la familia, en términos de la Declaración de los Derechos de la Familia, en el marco de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.-  Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en relación con el "Día Mundial del Arte".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día de las Américas".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Enrique Flores Magón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso de Andrés Quintana Roo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con siete minutos y citó a la siguiente sesión solemne el miércoles quince de abril a las once horas, en Palacio Nacional; y a sesión ordinaria el jueves dieciséis de abril a las once horas, en la sede del Senado.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre Anual WIP, en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, del 23 al 25 de marzo del año en curso.







 

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Francisco Búrquez Valenzuela, con el que remiten el informe de su participación en la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada los días 25 al 27 de febrero de este año, en París, Francia.Y







 

De las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez y María Lucero Saldaña Pérez, con la que remiten el informe de su participación en el 59º Periodo de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en Nueva York, los días 9 al 12 de marzo de este año en curso.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la propuesta de nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogable.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con la propuesta de designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala, como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para sus efectos correspondientes.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Nada más para hablar sobre nuestra participación, como Presidenta de ParlAmericas, y dar cuenta a esta Soberanía sobre el resultado de la VII Cumbre, y de la cual hicimos la Senadora Blanca Alcalá, por parte del Parlatino, y su servidora por ParlAmericas, un encuentro conexo a la VII Cumbre de Líderes en Panamá.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, tiene el uso de la palabra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, con permiso de la Presidencia.

Bueno, nada más dar cuenta, aquí al Senado de la República, que los días 10 y 11 de abril, Panamá hizo honor a su situación geográfica, convocando a la VII Cumbre de las Américas, y la cual se convirtió en una gran celebración, porque contó, por primera vez en una historia reciente, luego de 53 años de ausencia de Cuba, con la presencia, ahora, de Cuba, quien volvió a ocupar su lugar en las grandes deliberaciones del continente.

Asimismo, México a través de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, también dio fe y cuenta de un gran encuentro entre todos los mandatarios para esta Cumbre.

Nosotros los legisladores, a través de los foros que encabezamos, tanto la Senadora Blanca Alcalá, quien está aquí presente, desde aquí le doy mi agradecimiento, mi solidaridad y mi amistad, porque desde hace unos meses planeamos un encuentro de legisladores, tanto del Parlatino, es decir, el Parlamento Latinoamericano, del cual ella es Secretaria General; y su servidora, Marcela Guerra, señor Presidente y Mesa Directiva, que ustedes saben muy bien que presido el organismo ParlAmericas, que contiene a más de 35 países de las Américas y que es un foro especializado para profundizar en las democracias y para abordar problemas de nuestras regiones; para el adelanto y para establecer lazos permanentes de diplomacia parlamentaria, y que le sirven tanto a nuestro país.

Por primera vez en mucho tiempo, también acudieron 34 de los 35 Jefes de Estado y de Gobierno, faltando nada más la Presidenta Bachelet, por situaciones que tiene que ver en su país, de una catástrofe de corte natural.

En efecto, una reunión histórica, en la que igualmente se defendió de manera unánime la soberanía nacional frente al intervencionismo, se respaldaron todos los esfuerzos de paz en la región y se acordaron grandes temas esenciales de una agenda de desarrollo incluyente: Combate a la desigualdad, mejoras a la educación y acceso universal a la salud y protección de los derechos humanos de los migrantes.

Y es eso precisamente lo que ocurrió en Panamá, no solo en la Cumbre de las Américas con los Jefes de Estado, sino también durante el encuentro parlamentario, del cual acabo de referir, que versó sobre la transparencia legislativa y los órganos conjuntamente del Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, como una reunión paralela a la Cumbre.

Tuvimos la presencia de más de 90 legisladores, debatimos durante todo un día en la sede del Parlatino, que es una sede espléndida, que después de 50 años, el Parlatino, un organismo que ya tiene una madurez muy concreta, muy sustancial. En ella se efectuó un sólido compromiso con la transparencia legislativa y la rendición de cuentas, que corresponde con el alto grado de desarrollo, gobernanza democrática y participación ciudadana, al que todos aspiramos.

Coincidimos, por tanto, en alentar la apertura de las legislaturas de la región a la colaboración con grupos de la sociedad civil, a fin de mejorar las capacidades de los Parlamentos en la era digital, así como acercar a los gobiernos, nuestros gobiernos, a la gente.

 Con gran satisfacción puedo decir que sentamos las bases para desarrollar iniciativas regionales y subregionales, sobre ética y transparencia parlamentaria, que muy pronto se encaminarán en la elaboración de proyectos conjuntos, como leyes marco regionales.

El Senador Alejandro Encinas tuvo una participación excepcional, y desde aquí lo saludo, con respeto y con cariño, porque al presidir la mesa de ética política, fue para nosotros un referente; puso el nombre de este Senado de la República y de México en alto, poniéndonos de ejemplo, gracias a la Ley de Transparencia que recién acabamos de aprobar, y también en el marco de referencia hacia un Canal del Congreso, que también ha sido referente en las Américas, porque el Canal del Congreso nos permite estar en contacto con nuestro electorado, estar en contacto con la sociedad, con la gente día a día, quienes nos pueden dar seguimiento de todas nuestras actividades parlamentarias.

En esta discusión de alto nivel, contamos con la presencia también del Secretario General Electo de la Organización de los Estados Americanos, y Senador uruguayo, el doctor Luis Almagro; con el Diputado panameño y Presidente del Parlatino, Elías Castillo; con el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Rob Nicholson; y con el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, el Diputado Adolfo Balderrama.

Durante el encuentro, subrayé que con los miembros legislativos de nuestros países, somos directamente responsables de la promoción y del desarrollo de gobiernos democráticos.

También, gracias a la intervención de Blanca Alcalá, Senadora y amiga, quien estuvo de responsable, que gracias a ella pudimos concretar este encuentro.

Pudimos también establecer un memorándum de entendimiento entre el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, siendo las principales cláusulas la de intercambiar información y documentación en el Marco de la Cooperación en actividades conjuntas; cooperar con los medios a nuestro alcance para concretar proyectos que se relacionen con nuestros países; mantenernos recíprocamente informados sobre programas de cooperación para el desarrollo y la integración de Norte, Centro, Sudamérica y El Caribe; coordinar la realización y promover la participación mutua de reuniones y eventos, talleres, identificando e impulsando conjuntamente la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y actividades específicas en los campos de interés común en nuestros países; intercambiar, también, información sobre métodos de trabajo, funcionamientos y buenas prácticas; y realizar todo tipo de tareas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en pro del desarrollo y la integración de la parte Norte, Centro, Sudamérica y El Caribe.

Este fue el memorándum de entendimiento.

Al final de nuestro debate, de las dos grandes mesas de transparencia, como de ética política, emitimos una resolución para la acción de los Parlamentarios de las Américas, congregados en ocasión de la VII Cumbre de las Américas, a la cual le voy a pedir a mi amiga Blanca Alcalá que haga cuenta de eso, porque fue siempre un resolutivo, fue un documento muy importante que fue votado por todos los parlamentarios asistentes.

Es para mí un orgullo, señor Presidente, compañeras y compañeros, estar dando cuenta de todo esto y estar colaborando siempre en pro de México y en pro de este Senado de la República.

Es cuanto. ¡Enhorabuena!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Guerra Castillo.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas amigas y amigos:

Quiero recapitular sobre algunos de los temas que mi amiga y compañera, la Senadora Marcela Guerra, ha hecho referencia hace unos minutos, en virtud de la importancia que representó la VII Cumbre de las Américas, histórica por la presencia de todos los países ahí congregados, pero de manera particular por la presencia de Cuba, después de varias cumbres de ausencia, derivado de las tensiones que existían en el continente al respecto.

Y segundo, por supuesto, por el abordaje de los temas que en esa ocasión fueron abordados por los Jefes de Estado y los Presidentes; temas que, sin duda, son coincidentes con la agenda de nuestro país en aspectos como educación, en temas como salud, en temas como medio ambiente, como participación ciudadana, de la que tuvimos la oportunidad una serie de legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, de poder presenciar y de poder saberlo.

Como aquí se ha señalado por parte de los parlamentarios, tuvimos a bien convocar, de manera paralela, a un encuentro de parlamentarios que dio oportunidad a la asistencia de más de 90 de 100 legisladores de todo el Continente Americano, en torno a un tema fundamental, como es el caso de la transparencia, hablando de los parlamentos abiertos, hablando de la rendición de cuentas, y que nos permitió, efectivamente, no solamente compartir experiencias y legislación, sino, sobre todo, de cara al futuro, de cara al presente, del que somos protagonistas, poder asumir nuevamente compromisos con lo que implican este tipo de situaciones.

Sería incompleto el informe que estamos compartiendo esta mañana sin reconocer, de manera pública, la participación que en el caso del Congreso de la Unión de nuestro país se viene realizando en todo este tipo de foros.

De manera particular, también además de reconocer la sinergia que con la Senadora Marcela Guerra se ha podido hacer a través de estos foros, en el caso de ParlAmericas y en el caso del Parlatino, quien encabeza también la delegación por parte de México, es la Senadora Mariana Gómez del Campo, en su carácter de vicepresidenta de la delegación, y que nos ha permitido que en cada uno de estos espacios la participación sea plural de cada uno de los legisladores, tanto de Diputados como de Senadores.

Se ha señalado, aquí también, la participación importante del Senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, en torno a un tema recientemente aprobado por esta Soberanía, como es el caso, precisamente, de transparencia.

Sin duda, México mostró que va a la vanguardia en esto y en otros aspectos, y tuvimos la oportunidad de, inclusive, que se hiciera entrega de toda la documentación que formó parte de este debate al Secretario General electo de la Organización de Estados Americanos, al doctor Luis Almagro, para que definitivamente este marco contextual, en el que México viene legislando, sea también referente en las leyes marco que en toda la región se están realizando.

La delegación, presidida en este caso por la Senadora Gómez del Campo, contó también con una nutrida participación de otros compañeros legisladores, como fue el caso de la Senadora Martha Palafox, del Partido del Trabajo; del Senador Alejandro Tello y de los representantes de la Cámara de Diputados, al tratarse el Foro del Parlatino, de un foro en el que participan tanto Diputados como Senadores, empezando, en este caso, por el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos.

Concluiría, señoras y señores, simplemente dando cuenta que la diplomacia parlamentaria ha quedado de manifiesto que es un complemento a las relaciones internacionales que los países vienen realizando y que, hoy más que nunca, sea a través de los foros, sea a través de las reuniones bilaterales, debemos dejar acreditado la participación activa, seria y propositiva de los legisladores en favor de nuestro país, en favor del continente y en favor de los temas que aquejan al mundo.

Cada día es mucho más sensible pensar que todos vivimos en un mismo planeta y somos responsables de muchos de los temas que aquí ocurren.

Le pido agradecer a todos los participantes y acreditar, nuevamente, que desde el Foro del Parlamento Latinoamericano estamos buscando que estos temas sean abordados con la seriedad y con la urgencia que requieren los tiempos que nos demandan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Para el mismo efecto, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo también celebro el que hayamos podido tener este encuentro entre ParlAmericas y el Parlamento Latinoamericano, este encuentro con la Senadora Marcela Guerra, con la Senadora Blanca Alcalá. Aprovechar también las posiciones que tenemos como parlamentarios mexicanos en estos dos foros.

Efectivamente, el tema que nos llevó a reunirnos, aprovechando la VII Cumbre de las Américas, fue el tema de la transparencia legislativa.

México, con todas las reformas que hemos aquí impulsado, y que lo expuso de manera muy atinada el Senador Alejandro Encinas, ha tenido avances muy importantes, y el compromiso fue también que pensemos en una ley marco a impulsar en toda América Latina.

Tuvimos la oportunidad de firmar este memorándum de entendimiento, yo espero que hagamos muchas más cosas de la mano.

Y aprovechando también el espacio, es importante decir que en el marco de esta VII Cumbre de las Américas, el tema fue el encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y de Cuba; fue un hecho histórico, por todo lo que ustedes ya saben, y fue un hecho histórico porque, además, somos, al final del día, dos países amigos, hermanos, que todo esto provocó esta Cumbre de las Américas, que inicie una nueva relación tanto de acercamiento como de diálogo.

Y yo quisiera destacar que, dentro de esta Cumbre de las Américas, un tema que me pareció muy importante fue el espacio de algunos otros ex mandatarios para hablar sobre lo que ocurre en Venezuela.

Y lo digo de esta forma, porque se hizo un llamado muy importante, que tiene que ver con democracia, con respeto a derechos políticos, a derechos humanos de diferentes personajes que desafortunadamente hoy han sido encarcelados en Venezuela.

Y este pronunciamiento que hicieron algunos ex mandatarios, pues deja claro que la democracia no es encarcelar a disidentes políticos.

Y yo quisiera decir, también, que espero que en algún momento nuestro país tenga un papel mucho más activo, no nada más desde el ámbito legislativo, para hacer la misma solicitud que hizo ayer el congreso chileno, para pedir que salgan de la cárcel los disidentes políticos que hoy, desafortunadamente, pues han sido encarcelados en Venezuela, y no se respetan sus derechos humanos; y, bueno, de democracia ya ni hablamos.

Me gustaría, también, el poder ver en México un papel mucho más activo en la región, impulsar temas y ser cabeza en la región, creo que es lo que debiéramos estar tratando de hacer entre todos de la mano con la Cancillería.

Sería todo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Solamente para agregar a lo que aquí ya se ha señalado, que me parece que México, con beneplácito, debemos de observar la declaración de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, había sido un tema tratado en muy distintas ocasiones por los legisladores, y creo que era relevante el no omitirlo en esta intervención.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Déjeme decirle que nada más este comunicado fue porque es reciente lo que ha pasado y decidimos así bien hacerlo las oradoras que ya tomamos el uso de la palabra, pero informarle, señor Presidente, que vamos a dar informe en tiempo y forma a este Senado de la República, en breves días.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Mesa Directiva las felicita y los felicita a todos ustedes, gracias por brindar esta información al Pleno.

Y para los mismos efectos, se le concede el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradecer a nuestras compañeras Senadoras Blanca Alcalá, Marcela Guerra y Mariana Gómez del Campo, la deferencia que han tenido con mi participación en el Parlatino, en el tema de avances en materia de transparencia legislativa.

Creo que este es un trabajo colectivo que hemos construido a lo largo de toda esta legislatura, pues desde el primer día, sin lugar a dudas, hemos avanzado en una discusión que nos ha permitido consensar reformas constitucionales y leyes reglamentarias importantes.

Sin embargo, quisiera yo destacar dos aspectos en lo fundamental:

Uno, el que ya han señalado mis propias compañeras Senadoras, la importancia de esta Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, donde la República de Cuba se incorpora, por primera vez, a este tipo de encuentros, y que han traído consigo la posibilidad de un rencuentro en el diálogo entre los distintos países de América Latina, independientemente de las diferencias profundas que existen en estos momentos con países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, en su relación con los Estados Unidos, en donde estoy convencido que México debe ser un interlocutor y un facilitador en el encuentro de estas repúblicas para poder recuperar esta aspiración bolivariana a la integración latinoamericana.

Y reconocer que el retiro de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Estados Unidos a Cuba, es un paso que coadyuvará en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que indudablemente todavía necesitará un proceso de mayor maduración.

Y el segundo tema tiene que ver con esta reunión entre Parlatino y ParlAmericas, estoy convencido de que una de las conclusiones a las que podemos arribar es que necesitamos definir una política no sólo de diplomacia parlamentaria, sino una política de definición clara de objetivos y metas de nuestra participación en este tipo de foros multilaterales en el que participan legisladores de todo el Continente.

Y creo que un buen paso puede darse derivado del encuentro que se tuvo con el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro, es uruguayo, en donde él mismo propuso la posibilidad de generar una ley marco en materia de transparencia.

Nosotros acompañamos esa iniciativa, creo que ahora que se avecina la renovación del órgano directivo del Parlatino en el mes de mayo, uno de los temas que deberíamos de considerar es la importancia de fortalecer los avances en distintos temas que en todo el Continente se vienen dando, todos los tengo vinculados con transparencia.

Lo que hemos logrado en materia de cambio climático, es establecer en las propias páginas del Parlatino y de los distintos congresos, micro sitios que permitan la comunicación entre los distintos congresos e indudablemente eso ayudaría a mejorar nuestra participación, y espero que en los próximos meses fijemos metas y objetivos para que, en el marco de la pluralidad que caracteriza a las delegaciones que participamos en estos eventos, vayamos con políticas, lineamientos, objetivos claros, para poder rendir mejores cuentas aquí en el Senado de la República.

Y mi reconocimiento a Marcela Guerra, a Blanca Alcalá, a Mariana Gómez del Campo, por este acompañamiento y el desempeño durante la celebración de la reunión del Parlatino.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Felicidades a todas y todos los Senadores que han expuesto sus opiniones sobre este tema que es tan importante para la región de Latinoamérica.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, ellos asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Esta Presidencia también da las más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Comercial del Valle de México, invitados por el Senador Armando Neyra Chávez, asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República. ¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Honorable Asamblea: Recibimos un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República, con el que se solicita al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1º de agosto del año 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.



De acuerdo a lo que establece el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento entrará en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos previstos en la declaratoria que emita el Congreso de la Unión.

En consecuencia, señoras y señores Senadores, les solicito ponerse de pie, si son tan amables.

Igual a nuestros distinguidos visitantes les solicitamos ponerse de pie.

(Todos de pie)

En cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del día 1º de agosto del año 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.”

Remítase a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Favor de tomar asiento.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.







 

Y por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnense a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Arturo Zamora Jiménez: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del grupo parlamentario del PVEM, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el nombramiento de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la que hace diversos planteamientos en materia laboral, relativa a la Reforma Política del Distrito Federal.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva acordó retirar del Orden del Día el escrutinio de las aprobaciones recibidas de los congresos estatales a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Hasta la fecha solamente hemos recibido 18 votos, y se prefiere acumular un mayor número de aprobaciones para cumplimentar la declaratoria correspondiente.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes asisten también con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses para presentar, con aval del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, hasta por diez minutos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

(Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, con aval del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Vengo a esta tribuna con la intención de presentarles a todas y a todos ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto para expedir una nueva ley general.

Y como la mayoría sabe, si pretendemos en este país expedir una ley de carácter general, habría que apegarse a lo que señala el artículo 73 de la Constitución, y hay una premisa fundamental, porque sobre el tema que vengo a platicar con ustedes, que es fundamentalmente un tema de derechos humanos, de protección de derechos humanos, y particularmente en el tema de desaparición forzada de personas, el imperativo categórico es que les encomiendo revisen, y a las comisiones dictaminen, a la brevedad que les sea posible, las iniciativas que han presentado varias compañeras y compañeros Senadores, a las que me uno, a las que me he sumado con compañeros de otros grupos parlamentarios, como es el caso de otra iniciativa que hoy mismo, por cuenta separada de ésta, vamos a presentar ante ustedes, Senadoras y Senadores como Angélica de la Peña, Gabriela Cuevas, Alejandro Encinas y un servidor, respecto de un tema que me parece quizá uno de los más relevantes en la agenda internacional de México, y el más importante en México en este momento.

Yo no sé si coincidan conmigo, pero el 26 de septiembre de 2014 marca un parteaguas en la historia de este país: la desaparición de 43 jóvenes normalistas rurales por parte de las autoridades municipales del ayuntamiento de Iguala, en el estado de Guerrero, ha puesto a reflexionar a todos en el país, y a pensar a todos en este Congreso, que resulta fundamental atender de manera precisa, inmediata, las debilidades del Estado mexicano.

Y sin haber hecho ejercicios de extrema rapidez, habiendo escuchado a la sociedad, habiendo escuchado a víctimas, habiendo trabajado en conjunto con quienes tienen que ver en este tema, tomamos la decisión de presentar esta importante iniciativa de reforma.

Hay que reformar, y ayer lo decía yo públicamente, vamos a reformar, estoy seguro porque conozco la voluntad de todas y todos ustedes, vamos a reformar el artículo 73 constitucional, para abrir la posibilidad de las facultades que tiene este Congreso de poder legislar en materia de leyes generales sobre la desaparición forzada de personas; estoy seguro que lo podemos lograr, que hay consenso, y vamos a invitarlos a que aceleremos y apresuremos una decisión que es muy importante para México y los mexicanos.

Les pido que lo analicen a la luz de ver junto con el tema de las desapariciones forzadas, aquellas conductas que se han incluido en tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, que nos obligan a tipificar ciertas conductas como delitos.

Quiero señalarles que en estas iniciativas que hoy presentamos, queremos que se establezcan como mínimo tipos penales y sanciones, los supuestos de conexidad, atracción, delegación, coordinación y distribución de competencias para su investigación, para la persecución, para la sanción, pero que se tome en cuenta aquello de lo que México ha sido parte y está obligado en el derecho internacional.

Es por ello que anticipándome a la reforma del artículo 73, y pensando en que los grupos parlamentarios han presentado ya diversas iniciativas que tienen que ver con el tema, en el PRI pensamos lo mismo, y por eso hoy impulsamos esta posibilidad de expedir el Decreto de Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

Muchas cosas nos animaron en el camino, después de lo que he dicho, el fortalecimiento institucional, sin duda, pero una que debe ser muy importante para todas y para todos, tenemos que, de la experiencia que vivimos, hacer lo necesario para prevenir que nunca más vuelva a ocurrir, y para que, de ocurrir, reciba el procedimiento y la sanción necesaria y sea enfrentado el tema con claridad, y tenemos que dar esa claridad de la ley y para eso estamos aquí.

Hay que dejar establecidos todos los preceptos y protocolos que tengan que ver con el tema, en una ley que necesariamente debe ser de carácter general; los derechos humanos no son competencia de un orden de gobierno o de otro, no son un tema federal, o no son un tema estatal o no son un tema municipal, son de orden general, por eso hay que abrir la puerta con la reforma a la Constitución, que les pido a todas y a todos que aprobemos, y que aprobemos pronto, antes de que termine este periodo ordinario.

Y habrá que definir con claridad, y para eso esta Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, habrá que definir con claridad, ¿qué entendemos por desaparición forzada?

Ya se han dicho muchas cosas, conocemos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y creo que nosotros debemos de tener muy presente que al que arreste o detenga o traslade contra su voluntad a las personas, y que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma, ya sea por los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados, por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, sin su autorización o su consentimiento, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que éstas están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley, estará cometiendo un delito grave, que es la desaparición forzada de personas.

Es un tema delicado, importante, y que en ningún momento hemos soslayado. Como todas y ustedes saben, fue público, los expertos, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron reunirse con algunas comisiones aquí en el Senado de la República.

Se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y se reunieron con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

Y si pudiera hacer yo un resumen y rescatar los muchos temas que tratamos y en los que debe de haber gran sensibilidad desde este órgano colegiado, es que nos hacían una pregunta para la que afortunadamente teníamos respuesta.

La pregunta era: ¿Cuándo van a legislar en materia de desaparición forzada de personas? Porque a juicio de los especialistas, es uno de los temas más relevantes para el fortalecimiento institucional para este país.

Y la respuesta de quienes estábamos ahí era, a estos especialistas en materia de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, estamos listos. Están las iniciativas presentadas de diversos Senadores de diversos grupos parlamentarios, a la cual se suma hoy esta, y seguramente en los próximos días otra general por parte de mi grupo parlamentario, y conocemos de otros esfuerzos de apuntes que se están realizando, y sabemos que el gobierno de la República está haciendo un esfuerzo en el mismo sentido para que todas esas ideas y todas esas iniciativas puedan conjuntarse en una sola, que se llame: Gran Reforma en Materia de Derechos Humanos, Gran Reforma en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para que en México, el 26 de septiembre de 2014 no vuelva a ocurrir, y para que si algo parecido ocurre, exista una fortaleza institucional para combatir todo lo que a todos nos indigna.

Espero que cuente con su respaldo y apoyo, y que se sumen a las iniciativas que se han presentado en esta materia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito OMAR FAYAD MENESES, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy nuestro sistema jurídico acepta la preponderancia del derecho internacional como referente de la actuación del Estado mexicano, especialmente en el caso del reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos, así como para la provisión de un marco legal, orgánico y operativo para el acceso a la debida justicia en el caso de violaciones a los mismos, hasta conseguir castigo a los responsables y evitar la impunidad.

Esto sin duda es signo inequívoco de nuestro avance en la construcción de un estado democrático mucho más moderno, que da cabida a las nuevas generaciones de derechos, al tiempo que consolida las vías legales para la acceso y exigibilidad de los derechos sociales o civiles, y en general a nuevos y más eficaces instrumentos sustantivos y adjetivos a favor de los gobernados.

Pero no se trata de un asunto sencillo, porque para hacer una evaluación integral del cumplimiento de México respecto de sus compromisos derivados de los distintos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, tenemos que hablar del ejercicio de derechos en rubros tan heterogéneos como la capacitación a cuerpos de seguridad para proteger la integridad y libertad de las personas o sobre el financiamiento de las viviendas en el país.

Es revisar los avances en el combate a la pobreza alimentaria, pero también sobre el empleo; es evaluar el avance de la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a la educación, a la salud, y el ámbito laboral, así como para erradicar la violencia de género; al igual que garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad para garantizar su acceso a mejores niveles de vida. Eso entre muchos otros rubros.

En este sentido, el balance es también heterogéneo ya que como Nación hemos tenido avances significativos que registran tanto instancias nacionales como internacionales en la materia y que reconocen el fortalecimiento de todas las estructuras de derechos humanos en el país.

Existen numerosas reformas constitucionales entre las que destacan, la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en materia de juicio de amparo y al sistema de justicia penal; la protección judicial de los derechos político-electorales y la acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos.

Por otro lado, se reconoce el avance jurídico-institucional para la protección de los derechos de mujeres, personas con discapacidad y personas migrantes, entre otros grupos.

Ha habido un fortalecimiento de la autonomía y eficacia de los 33 órganos autónomos de derechos humanos que existen en todo el país.

Otro aspecto a destacar es un mayor acercamiento e interacción con la sociedad civil y mayores esfuerzos para proteger a las y los defensores de derechos humanos, a través de la instrumentación de las medidas cautelares dictadas por organismos nacionales o internacionales

El Estado mexicano en su conjunto, los tres poderes, han hecho un esfuerzo importante para que México cumpla sus compromisos en la materia.

Particularmente, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de las reformas estructurales y los diversos paquetes de reformas a leyes secundarias, así como mediante el fortalecimiento de políticas públicas y programas, busca hacer más asequibles para los mexicanos, los derechos civiles, políticos electorales, sociales, económicos, culturales y de grupos específicos.

Este Senado ha sido participe de reformas que dan una mayor certeza jurídica y protección a los ciudadanos en rubros como la igualdad, la no discriminación; la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información; la seguridad ciudadana; la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social; los derechos de la niñez, las mujeres, los discapacitados y los grupos indígenas.

La apertura democrática que se ha vivido en la gran mayoría de los países, la libertad de expresión y pluralidad ideológica que rige en el mundo, auspiciada por los avances tecnológicos de fácil acceso a la sociedad, la postura abierta e irrestricta adoptadas por los gobernante para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, son algunos de los factores que han ido erradicando a los gobiernos autoritarios y limitando cada vez más a los gobernantes corruptos.

Con ello, se garantiza que las autoridades hagan prevalecer en su actuación los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, transparencia e imparcialidad, tal y como lo mandata la Constitución y las leyes que de ella emanan; así como de los tratados internacionales que México ha suscrito, para proteger y hacer valer los derechos humanos de toda persona, más allá de credos, ideología, raza, género, preferencias sexuales y la situación económica y cultural.

Bajo estos criterios, los tres órdenes de gobierno de nuestro país, han basado su actuación en la protección de los derechos humanos, que mientras los amparan, los han tratado de fortalecer, estableciendo en su cuerpo normativo, las regulación que se debe seguir, ya que no estamos ante actos de buena fe, como pudiera parecer el ideal, los actos de autoridad, deben estar plasmados en ordenamientos legales que estructuren, regulen, fijen las pautas a seguir e incluso, contemplen los supuestos a las violaciones y establezcan las sanciones ya sea directamente en el cuerpo del ordenamiento, o bien a través de la vinculación con ordenamientos vigentes aplicables.

Ahora bien, se ha avanzado en esta regulación, pero no podemos hacer caso omiso al hecho de que quedan pendientes figuras de legislar, y entre estas destaca la de desaparición forzada de personas, un delito que lesiona gravemente a la sociedad, al interés público y al orden público, si se toma en consideración que el supuesto se da por la intervención directa o indirecta de servidores públicos, que rompen con el esquema de los principios que rigen la actuación pública más allá de actos de corrupción, sino que alcanzan el extremo más grave de la comisión de un delito en ejercicio de funciones y afectando los derechos fundamentales de las personas como lo son la libertad y la vida, con las agravantes del daño al entorno familiar y social, la tranquilidad social y el desarrollo físico, psicológico y emocional de todos aquellos que se ven afectados.

Los recientes acontecimientos ocurridos en Guerrero, ponen en la agenda el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y orgánicas, para evitar que prácticas como ésta, se conviertan en una verdadera acción sistémica en nuestro país.

Desaparición forzada

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

A partir del caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se puso en la agenda pública inmediata, la atención a los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas.

Recientemente nuestro país, presentó un informe sobre el avance del caso Ayotzinapa ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

El Gobierno de la República destacó la detención de 102 personas involucradas en los hechos; las labores del Grupo de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en materia de búsqueda, investigación y atención a víctimas; y las medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado, para fortalecer los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos, a través de la presentacion próxima de iniciativas para dotar al Congreso de facultades para expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; así como las leyes en la materia.

Así, derivado de la evaluación al informe de México el pasado febrero, dicho Comité emitió como recomendaciones, las siguientes:

● El Estado mexicano debe contar con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, para conocer la verdadera magnitud del fenómeno y adoptar políticas públicas para combatirlo con efectividad.

● El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas debe incluir información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada de forma confiable.

● El Estado debe asegurar la realización sin demora de una investigación exhaustiva e imparcial cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

● México debe adoptar las medidas legislativas para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, a nivel federal y estatal, como delito autónomo con penas para un delito de extrema gravedad.

● La existencia al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) de una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

● El Estado mexicano debe aprobar a la mayor brevedad posible una ley general sobre desaparición forzada.

En atención a estos resolutivos y encauzando las voces de organizaciones sociales y millones de mexicanos que pedimos una acción contundente para evitar la recurrencia de eventos tan lamentables como el de Ayotzinapa, su servidor trae a esta Soberanía el planteamiento precisamente de una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

El Centro de Intercambio de Información sobre Desapariciones Forzadas, EDIEC por sus siglas en inglés (Enforced Disappearences Information Exchange Center) que como se autodescribe “es una colección de recursos de información en todos los ámbitos del fenómeno de desapariciones forzadas. Ha sido desarrollado por Linking Solidarity, uno de los programas de la organización de derechos humanos Aim for human rights” que recopila datos e información que permiten conocer el alcance del delito.

Para definirlo contempla lo señalado en:

a) En la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, una desaparición forzada es “que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley “

b) La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, una desaparición forzada es “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”

c) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la desaparición forzada como “el arresto, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o conocimiento, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.

d) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada proporciona la siguiente definición del delito de desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”

Partiendo de lo señalado, concluye con los tres elementos que como mínimo deben conjuntarse para la configuración del tipo y un cuarto, en la que el tipo penal recae sobre los particulares, sin que hasta el momento exista un consenso, pero que no debe dejar de tomarse en cuenta, ya que de manera indirecta, autoridades gubernamentales intervienen en las graves violaciones que recaen sobre los afectados:

Privación de libertad en cualquiera de sus manifestaciones

Negativa a reconocer la privación de libertad

Como consecuencia de los elementos mencionados, la sustracción de la persona desaparecida a la protección de la ley y a los derechos humanos reconocidos universalmente.

Desaparición como consecuencia de la acción directa del gobierno o con el conocimiento del mismo.

En un intento de clarificar, señala 8 supuestos, que si bien se han tratado de fijar como desaparición forzada, son materia de otras figuras, por lo que no se deben contemplar durante el momento de su regulación, siendo estas:

1. Personas que faltan a su domicilio

2. Detención de incógnito porque se reconoce su detención aunque por motivos fundados no se revela su identidad

3. Afiliación a grupos armados de oposición, considerada como desaparición voluntaria

4. Reclutamiento forzoso

5. Interpretación extraordinaria de la ley, para trasladar fuera del país a personas detenidas y someterlas a interrogatorios, que pudieran configurar el tipo en el caso de que se dieran los supuestos de la negativa de la autoridad

6. Delito de secuestro

7. Traslados ilegales por parte de grupos delincuenciales, pero que para configurar el tipo de desaparición forzada, se requiere la participación o conocimiento de autoridades gubernamentales

8. Ejecución extrajudicial, en las que en caso de que la autoridad niegue su paradero y no se conozca si ha sido asesinado, se considera desaparición forzada

La misma organización afirma que el daño no sólo se causa a la persona que es afectada directamente, sino que este incide en los familiares que se ven expuestos a consecuencias psicológicas, materiales y sociales:

Psicológicas durante el proceso de aceptación del hecho ya que “no hay una forma universal de duelo ni de llevar el dolor” a la vez que es recurrente la negación del hecho ante la incertidumbre generada.

Materiales por la pérdida del sostén económico, compartido o total, dejando la carga a la parte restante, que en muchos casos se dificulta por la negativa a contratarlos o mantenerlos en el trabajo, el tiempo que se emplea en la búsqueda no permite tener un trabajo estable, al cobro de pensiones y seguros al no existir un certificado de defunción y la imposibilidad legal de volver a contraer matrimonio

Sociales, por el rechazo que se puede generar en el entorno social de los familiares ya que se asume que la persona desaparecida ha tenido que hacer algo prohibido no hubiera recaído en el supuesto.

Durante las convenciones, se han considerado diversas obligaciones por parte del Estado; la protección, respeto y promoción de los derechos humanos para garantizar el disfrute pleno de ellos; la prevención como el remedio idóneo para evitar el fenómeno de las desapariciones forzadas; mantener vivo el recuerdo con conmemoraciones para evitar que las desapariciones forzadas caigan en el olvido y vuelvan a surgir; la reparación, no sólo en lo económico sino en la compensación de las necesidades de las víctimas y de sus familiares y; las exhumaciones para identificar a las personas que pudieran haber sido identificadas y los restos devueltos a sus familiares para un entierro digno y acabar con la incertidumbre.

Las organizaciones de derechos humanos, y en concreto las enfocadas al fenómeno de las desapariciones forzadas, señalan una serie de acciones en el campo legislativo que los Estados pueden asumir para inhibir y castigar el hecho, destacan la tipificación del delito en los códigos penales, expidiendo una legislación en concreto o adecuando procedimientos para demandas civiles y mecanismos administrativos. A esto añaden la creación de Comisiones de la Verdad y Reconciliación como organismos públicos con el objetivo específico de investigar las violaciones de derechos humanos en el campo de las desapariciones forzadas.

Bajo este criterio, tomando en consideración la evolución de los gobiernos democráticos que ante la apertura ideológica y pluralidad de pensamiento, y en un ejercicio de derecho comparado, se analizó la situación de la evolución legal en países hispanoparlantes, encontrando:

Colombia

Ley por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles

Que tiene por objeto crear la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles.

Argentina

Ley nº 24.321 certificado de “ausencia por desaparición forzada”

Expedida a fin de otorgar constancia de denuncia formal, con la que tramita en sede judicial, la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada, de toda aquella persona que hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio o lugar de residencia hasta el 10 de diciembre de 1983.

En el artículo 2º de la Ley se define la desaparición forzada, señala que “a los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si esta hubiere sido alojada en lugares de detención, o privada bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la ex comisión sobre la desaparición de personas (decreto 158/83) o la subsecretaría de derechos humanos y sociales del ministerio del interior o la ex dirección nacional de derechos humanos.”

Facultando a presentarla a cualquier persona que tuviera un interés legítimo, considerando en este supuesto a familiares hasta el 4º grado de parentesco, una vez que se hayan cumplido los requisitos formales, consistentes en:

La denuncia puede realizarla cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

Datos filiatorios de la víctima (nº de d.n.i., partida de nacimiento, fotos, etc).

Acreditación del parentesco (partida de nacimiento, libreta de matrimonio, etc.)

Relato de los hechos, que incluya todo aquello que se pueda recordar, o se hubieran enterado en estos años, desde la desaparición, como el lugar de secuestro, fecha, personas conocidas de la víctima que hubieran sido detenidos, su militancia si la conocen, lugar de trabajo o estudio, etc.

Número de documento de identidad (dni, lc, le, ci) del familiar que realiza la denuncia.

Toda documentación o información sobre gestiones que hubiera realizado la familia, tales como denuncias en comisarías, habeas corpus, otros trámites judiciales, como presunción de fallecimiento, pedido de paradero, etc.

las secretarías y áreas de derechos humanos provinciales y municipales también actúan como órganos receptores de solicitudes remitiéndolas a la secretaría de derechos humanos.

Para la prosecución de este trámite no es necesario contar con patrocinio letrado, pero si para tramitar la declaración de ausencia por desaparición forzada, que se tramitará en la justicia en sede civil.

España

Si bien no contempla a la desaparición forzada bajo esa denominación, en el Código Penal Español en el capítulo de delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, señalan un supuesto que se acerca a la figura, aunque va en razón de detenciones ilegales, considerando que “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.”

Chile

Ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (Ley 20.337)

Considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del estado o personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado

Venezuela.

Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo

De conformidad con lo señalado por el propio texto es una ley que “tiene por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tales como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, lesiones físicas, psíquicas y morales, privaciones arbitrarias de libertad, desplazamientos forzados de personas, expulsiones, deportaciones o exilios arbitrarios, violaciones de domicilio, hostigamientos, incomunicaciones, aislamientos, difamaciones e injurias, perjuicio patrimonial, represiones masivas urbanas y rurales, simulación de hechos punibles o procedimientos administrativos fraudulentos, que como consecuencia de la aplicación de políticas de terrorismo de estado, fueron ejecutados por motivos políticos contra militantes revolucionarios y revolucionarias, luchadores y luchadoras populares víctimas de la represión, quienes perseguían el rescate de la democracia plena, la justicia social y el socialismo, así como la memoria histórica de tales hechos y la reivindicación moral, social y política al honor y a la dignidad de las víctimas de la represión que se generó, por parte del estado venezolano, durante el período transcurrido entre los años 1958 a 1998.”

Por otra parte, existen países, que no contemplan una legislación como tal, pero que lo plasman como delito en los ordenamientos penales, destacando a: Bolivia desde el año 2006, Cuba, Ecuador y Panamá; así como otros, que si bien no la contemplan en la legislación doméstica, se han adherido a los tratados internacionales de la materia, comprometiéndose a castigar el delito, entre ellos se encuentran Costa Rica y Nicaragua.

Destacando países que no contemplan la figura de desaparición forzada como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana.

De todo lo anterior, se observa que a nivel internacional, si bien se ha avanzado en la configuración del delito, existen aún omisiones que deben corregirse.

Nuestro país, se ha enfocado a plasmar legalmente a la desaparición forzada, conforme a los estándares fijados en los tratados internacionales y a la situación que se vive en la actualidad, considerando dos posibles tendencias legislativas, la primera con su inclusión como tipo penal en el Código Penal y la segunda con la expedición de una ley especial de la materia.

Incluirla en el Código Penal, si bien facilitaría su persecución y castigo, queda muy abierto el tipo penal y restringida su regulación en otros aspectos, de lo que se desprende la necesidad de crear una ley especial que permita la preeminencia sobre otras normas por la gravedad del delito y el ejercicio abusivo de funciones amparados en el poder público, ya que si bien, el delito de desaparición forzada no se contempla para particulares por ser un delito de autoridad en el ejercicio de sus funciones, se debe considerar que los particulares pueden incurrir en este, ya sea por apoyo a autoridades o por llevarlo a cabo con conocimiento de las autoridades y la omisión en su persecución, a la vez que es necesario establecer protocolos de búsqueda y mecanismos de control, ya que en muchos lugares, las autoridades no llevan un registro de personas que han sido afectadas por desapariciones forzadas, desconociéndose el impacto del delito, para fijar posturas acordes con la situación.

En nuestro país, en el tema de desaparición forzada, se contempla el fundamento legal en el artículo 29 en relación con los casos en que el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso o en su caso de la Comisión Permanente, restrinja o suspenda el ejercicio de los derechos o las garantías, prohibiendo expresamente que en el decreto que se emita, entre otras acciones, el de la desaparición forzada.

En el texto constitucional, no existe la facultad al Congreso para emitir leyes en materia de desaparición forzada, lo que pudiera inhibir la presente ley, pero en coherencia, es inevitable hacer mención de la iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a fin de modificar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada, que al texto señalan:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ...

Artículo 20 fracción V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, desaparición forzada de personas o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. …

Por otra parte, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 que señala:

Artículo 73. …

I. a XX. …

XXI. Para expedir:

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Lo que dota de congruencia, una vez aprobadas, la expedición de esta reforma.

Es conveniente señalar, a pesar de observarse a simple vista, que nuestro país, está obligado a respetar los tratados internacionales que ha suscrito, máxime en materia de derechos humanos y realizar las adecuaciones en la legislación doméstica, siendo el tema de desaparición forzada, uno de los grandes pendientes.

Es de mención la recomendación de la emisión de declaración de desaparición a solicitud de parte que tenga interés jurídico en razón del parentesco para que el Ministerio Público realice la solicitud y se declare por juez competente, para que proceda como declaración forzada, figura que tiene su origen en la declaración de ausencia, por la que cuando una persona no se encuentra en su domicilio ni en su lugar de residencia, sin tener contacto con las personas con las que mantiene relación y que ponen en duda su existencia o si vive o muere, es declarada como ausente para evitar la incertidumbre jurídica en la que quedan sus derechos; motivando la declaración de desaparición cuando, la ausencia se presupone por causas ajenas del afectado.

Es de mención la recomendación de la emisión de declaración de desaparición a solicitud de parte que tenga interés jurídico en razón del parentesco para que el Ministerio Público realice la solicitud y se declare por juez competente, para que proceda como declaración forzada, figura que tiene su origen en la declaración de ausencia, por la que cuando una persona no se encuentra en su domicilio ni en su lugar de residencia, sin tener contacto con las personas con las que mantiene relación y que ponen en duda su existencia o si vive o muere, es declarada como ausente para evitar la incertidumbre jurídica en la que quedan sus derechos; motivando la declaración de desaparición cuando, la ausencia se presupone por causas ajenas del afectado.

En relación con la declaración, el estado de Coahuila presenta grandes avances con la emisión de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila de Zaragoza, vigente desde el 20 de mayo de 2014, y que sirve de base para la figura a regular en la presente Ley.

No es de omitir, que si bien existe la tendencia de configurar el delito de desaparición involuntaria, en razón de personas que por actos de particulares, sin el conocimiento, intervención o bajo una supuesta protección de alguna autoridad, esta no debe ser considerada en el presente ordenamiento, ya que es un delito contemplado en el Código Penal Federal, bajo las figuras de privación ilegal de la libertad en sus distintas modalidades una vez que se tiene conocimiento del hecho, y en sentido contrario, aunque se dé un matiz de indiferencia, no puede considerarse como un delito cuando es alta la probabilidad de que sea una desaparición voluntaria, premisa fortalecida por el hecho de que entre particulares no puede darse la violación a los derechos humanos.

Bajo este mismo tenor, aunque el ideal es la promulgación de una ley general, como es la base de las propuestas a fin de armonizar la figura en los ámbitos federal, estatal y municipal, no existe el fundamento legal para expedirla ya que se requiere la modificación al artículo 73 y facultar al Congreso para expedir esta ley, situación que se está subsanando con las diversas propuestas de reformas constitucionales en la materia.

Considerando por último, que las iniciativas en comento para realizar esta adecuación de la legislatura doméstica a las recomendaciones emitidas en materia de desapariciones forzadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y reconociendo el gran esfuerzo que se ha realizado, se busca con la propuesta que se presenta, una punto intermedio entre las tendencias ideológicas de quienes las emiten y suscriben, a fin de buscar consensos que permitan que la promulgación de esta ley, transite de manera expedita.

Por ello y con fundamento en el artículo 73 fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el proyecto de iniciativa de ley que aplique para el delito de desaparición forzada en el ámbito federal, persiguiendo a la vez el ideal de que sea un modelo a seguir para la expedición de leyes a nivel local, y que con la aprobación de la reforma constitucional para dotar al Congreso de la facultad de expedir una ley general, esta sirva como base para que el delito de desaparición forzada y las reglas establecidas, se den en todo el territorio federal.

En esta misma línea, también es de considerar que una propuesta del alcance de las presentadas en la materia, cuentan con un alto impacto legislativo, que requiere de manera imperiosa una serie de reformas a distintos ordenamientos, mismas que han sido previstas en las iniciativas expuestas, por lo que sería ociosa repetirlo en la presente propuesta.

El proyecto de Ley busca sentar las bases para cumplir con una de las principales recomendaciones en el orden internacional y para atender una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana para evitar, erradicar y en su caso sancionar los casos de desaparición forzada, con la emisión de éste marco normativo específico.

Busca instaurar los mecanismos legales y de actuación de la autoridad para que ante la sola presunción de la desaparición forzada de una persona, se investigue y atienda el caso de forma inmediata.

De igual forma, atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales como los ya citados, se establece la tipificación del delito de desaparición forzada como autónomo y se establecen sanciones que van desde 2 hasta 60 años de prisión a quien conozca de un caso de desaparición forzada y no lo denuncie y hasta el extremo opuesto para los responsables de casos en donde la víctima pierda la vida.

De igual forma destaco el incremento de las penas en una mitad, en casos en donde la víctima sea menor de edad o adulto mayor, tenga incapacidad, sea mujer en estado de gravidez, o pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena.

Se establece el proceso para la emisión de una Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y a partir de ella, proceder a la investigación inmediata de un caso de desaparición forzada hasta su resolución y el castigo a los responsables.

Asimismo, atendiendo a las recomendaciones para dejar claro que se trata de un delito que lesiona ampliamente el tejido social, quien cometa el delito de desaparición forzada no tendrá derecho a conmutar la pena, a la concesión de la remisión parcial de la pena, a tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.

Y un aspecto que sin duda a todos nos interesa, es la obligación para que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno brinden las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada, en plena concordancia con ordenamientos como la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley General de Víctimas.

Se cumple además con la recomendación para fortalecer la disponibilidad de información estadística certera, mandatando que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas precise cuales son los casos de desaparición forzada y los integre en un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares; para fortalecer los procesos de identificación de víctimas entre otros aspectos.

De igual manera se precisa que la sentencia condenatoria por la comisión de este delito, contemple la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares.

Confío en que en su momento, este proyecto, sea enriquecido con su aporte y que juntos mantengamos a México en el camino de la transformación y el perfeccionamiento de nuestro estado de derecho.

Una ley como ésta, es una enorme oportunidad para dar una respuesta contundente del Estado mexicano a un fenómeno que no puede tener cabida, y para evitar la tentación de que ante las acciones del crimen organizado y de los delincuentes comunes, se propongan soluciones que restrinjan los derechos en lugar de expandirlos, particularmente en el caso de los derechos humanos.

Sigamos haciendo una construcción progresiva y sin regresiones de nuestros derechos, tal y como aspiramos las y los mexicanos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Desaparición Forzada para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés público y social, y de observancia general en toda la República

Artículo 2. El objetivo de la ley es regular las acciones derivadas de la comisión del delito de desaparición forzada a fin de inhibir la conducta y en su caso investigarla y sancionarla, así como establecer la creación del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares.

Artículo 3. Para todo lo no contemplado en esta Ley en relación con el delito de desaparición forzada de personas, se aplicará supletoriamente el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables

Artículo 4. El Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, instaurarán programas permanentes y los mecanismos destinados a:

I. La orientación y asistencia a la población civil de sus derechos y las acciones tendentes para prevenir la desaparición forzada

II. La profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública sobre los derechos de las personas

Artículo 5. Para la interpretación de la ley se entenderá por:

I. Autoridad. Todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho y que por lo mismo en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza que disponen.

II. Acto de autoridad. Cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativamente, unilateral o coercitivamente.

III. Debido proceso. Conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

IV. Derecho a la memoria. El derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

V. Derecho a la verdad. El derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias, en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones.

VI. Desaparición forzada. La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de la autoridad a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

VII. Ley. Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas

VIII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanentemente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

IX. Presunción. Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello.

X. Registro. Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares

XI. Servidor Público. A los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal.

XII. Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.

Capítulo II

Sobre la Desaparición Forzada

Artículo 6. Comete el delito de desaparición forzada el servidor público que en el ejercicio de sus funciones, o persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el hecho sea del conocimiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Artículo 7. Ante la presunción de que se haya configurado la desaparición forzada de personas o por simple denuncia de hechos, el Ministerio Público Federal actuará de oficio en la investigación y en su caso persecución.

Artículo 8. A quien cometa el delito de desaparición forzada no tendrá derecho a conmutar la pena, a la concesión de la remisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.

Los imputados por la comisión del delito de desaparición forzada, estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso penal.

Artículo 9. Son autores o participes del delito los que acuerden o preparen su realización, los que los realicen por si individualmente o en conjunto, y quien lo realice a través de otra persona sirviéndose de su puesto, encargo o función como servidor público.

Artículo 10. La imposición de penas por la comisión del delito de desaparición forzada, será independiente de otras responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos, de conformidad con las leyes vigentes.

Capítulo III

De las variantes del delito de desaparición forzada de personas

Artículo 11. En relación con el delito de desaparición forzada, se le aplicarán:

I. De 2 a 5 años de prisión y de cien a doscientos días multa a quien sin ser autor o participe, tenga conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada y no lo denuncie

II. De 10 a 20 años de prisión y de doscientos a quinientos días multa al propietario, poseedor o a quien tenga bajo su cargo el o inmuebles públicos o privados, y que por comisión u omisión permita que en ellos se oculte a la víctima del delito

III. De 25 a 40 años de prisión y de mil a dos mil días multa al superior jerárquico que sin ser participe, tenga conocimiento y no tome las medidas necesarias para evitarlo o al particular que intervengan en la comisión del delito.

IV. De 40 a 60 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa si la víctima hubiera sido sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o hubiera sido violentada sexualmente.

V. De 50 a 60 años de prisión y de dos mil quinientos a cuatro mil días multa si de la comisión del delito la víctima perdiera la vida o sufriera incapacidad parcial o total permanente

Artículo 12. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se incrementarán en una mitad:

I. Si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 años, o persona con discapacidad

II. Cuando la víctima sea mujer en estado de gravidez, miembro de algún pueblo o comunidad indígena o madre o padre de hijos menores de edad.

III. Cuando se realicen actos para ocultar o desaparecer el o los cadáveres de las víctimas del delito.

IV. Que la persona desaparecida sea testigo o víctima de algún hecho punible

V. Que con la desaparición forzada se pretenda impedir o desvirtuar alguna investigación o asegurar la impunidad de otro delito

VI. Que el delito se cometa como medida de coerción para obligar a otra persona a que haga o deje de hacer algo.

Artículo 13. La tentativa punible del delito de desaparición forzada será sancionada de conformidad con lo estipulado en el Código Penal Federal

Capítulo III

De la Declaración de Desaparición Forzada de Personas

Artículo 14. La Declaración de Desaparición Forzada de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición forzada y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

Artículo 15. Podrán solicitar la declaración de desaparición de personas, todos aquellos que demuestren tener un interés jurídico, además de:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que mantenga un estado civil similar de conformidad con las leyes de cada entidad federativa o bien su relación sea afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VI. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VII. El Ministerio Público;

Artículo 16. Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 20 días naturales, el Ministerio Público evaluará si la presunción o los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición forzada. De ser así, el Ministerio Público presentará inmediatamente la solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas ante un Juez de Primera Instancia competente, quien en un plazo no mayor de diez días naturales, dictará las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

Artículo 17. Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 3º de esta Ley, podrán hacerlo.

Artículo 18. Son competentes para conocer la declaración de Desaparición Forzada de Personas los jueces de primera instancia en Materia Penal del lugar de residencia o del que se tengan las últimas noticias ciertas de la ubicación de la posible víctima de desaparición forzada.

Artículo 19. La solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 20. Una vez emitida la Declaración de Desaparición Forzada de Personas por el Juez competente, el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación por el delito de desaparición forzada de conformidad con la legislación vigente.

Capítulo IV

De la Protección de las personas

Artículo 21. La Procuraduría General de la República y los organismos públicos federales, estatales y municipales en la medida de sus atribuciones, brindarán todas las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada, de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General de Víctimas y cualquier otra disposición legal vigente.

Capítulo V

De los registros de las personas desaparecidas

Artículo 22. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deberá contener de manera explícita el señalamiento de las personas que sean afectadas o exista la presunción de ser afectadas por el delito de desaparición forzada.

Artículo 23. Ante la presunción de que alguna persona sea víctima del delito de desaparición forzada, la autoridad deberá informarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Capítulo VI

Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares

Artículo 24. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas deberá contar un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares, que tendrá por objeto:

I. Salvaguardar y facilitar el acceso a datos que permitan identificar a las víctimas del delito de desaparición forzada y cotejarlas con el de sus familiares

II. Asistir a las instancias de investigación del delito

III. Asistir a las instancias judiciales en sus resoluciones

IV. Garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares en cuanto al:

a) Derecho a la verdad

b) Derecho a la memoria

c) Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus derechos humanos

d) Derecho al debido proceso

Artículo 25. Las muestras biológicas que se recaben para el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares deberán ser entregadas por decisión propia o de manera voluntaria a petición de autoridad competente, autorizando de manera expresa los fines a los que se podrán aplicar los resultados.

La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una constancia de esta diligencia a la persona que la suministró.

Artículo 26. La información obtenida de las muestras genéticas, será considerada con carácter de información confidencial, en términos de la Ley en la materia y su uso será exclusivamente con fines de identificación de personas desaparecidas. Una vez obtenida la información de la misma, la autoridad la está obligada a la destrucción inmediata de la muestra, resguardando la información que se hubiere obtenido, informándoselo por escrito a quien la haya suministrado.

Capítulo VII

De la reparación

Artículo 27. La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos de desaparición forzada, deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten y deben considerar la cuantificación material, las consecuencias psicológicas, laborales y sociales, la afectación al proyecto de vida.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de abril del año 2015.

Sen. Omar Fayad Meneses.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN MATERIA DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL AMBIENTAL

(Presentada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, muy amable, señor Presidente. Honorable Asamblea; estimadas compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy concurro a esta tribuna a nombre de diversos y diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para someter a consideración del Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos ordenamientos jurídicos en materia de reciprocidad internacional ambiental.

El cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable constituyen una asignatura pendiente que preocupa y ocupa a todos los países.

México no es la excepción, por ello hemos optado por sumarnos a los esfuerzos internacionales, suscribiendo importantes tratados, reflejando los compromisos adquiridos en el marco jurídico nacional y emitiendo normas mexicanas que permitan garantizar estándares en materia ambiental.

A pesar de ello, la sustentabilidad ambiental continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta nuestro país, principalmente en materia del desarrollo de nuestras actividades económicas y productivas.

Sin duda, se ha hecho un gran esfuerzo para emitir un marco regulatorio que promueva e incentive el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en estas áreas, a pesar de no estar obligados por el Protocolo de Kyoto a reducir las emisiones de bióxido de carbono, en razón de ser considerado un país en vías de desarrollo.

Se ha legislado a favor de generar incentivos para que las diversas industrias, así como los productos que de ella deriven, no emitan contaminantes en la atmósfera.

Sin embargo, hasta ahora dichas disposiciones medioambientalistas nacionales no han previsto exigir su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano para la actividad productiva nacional.

Esto ha reducido el avance que en materia de cuidado al medio ambiente se puede lograr al imponer obligaciones a nuestro sector industrial, que genera la mayor cantidad de emisiones de carbono y que no se han sumado a compromisos internacionales en la materia.

Por ello, la iniciativa que hoy presentamos pretende establecer con base en principio de reciprocidad internacional en materia ambiental, que los productos que ingresen al territorio nacional, y no cumplan con los mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, reciban un trato distinto a las importaciones que sí cumplen con las normas oficiales mexicanas, que para el caso expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La propuesta consiste en que la autorización para la importación de productos manufacturados que provengan de países que no tengan regulaciones equivalentes a los tratados o convenios internacionales en materia ambiental, no pueda otorgarse si no cumplen con los estándares nacionales ambientales de normas oficiales mexicanas correspondientes, esto es con el fin de que con la sustentabilidad ambiental pueda convertirse efectivamente en un eje transversal de las políticas públicas y se puedan implementar las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente del sector productivo, sean compatibles con la protección del medio ambiente.

México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental; sin embargo, prever la reciprocidad internacional ambiental en el marco de la competitividad de los sectores productivos y del desarrollo social, pueden constituir un paso más al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS, EN MATERIA DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL AMBIENTAL, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable es una asignatura pendiente que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático.

En razón de lo anterior, México ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales para convertirse en un participante activo en el desarrollo sustentable, suscribiendo importantes acuerdos como el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros.

De igual forma, en los últimos años ha promulgado diversos ordenamientos legales que precisan el cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entre muchas otras que reflejan los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha asumido, mismos que también ha ido logrando a través de la emisión y cumplimiento de normas oficiales mexicanas.

No obstante, a pesar de ello, lograr que exista una administración eficiente y racional de los recursos naturales, que hagan posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta México en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.

Por ello, es indispensable que dicho objetivo se constituya como un elemento fundamental de la competitividad y el desarrollo económico y social de nuestro país. Es necesario que la sustentabilidad ambiental sea un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, incorporando consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales, en la toma de decisiones sobre la inversión, producción y las políticas públicas que se desarrollen en el territorio nacional.

En este sentido, es importante mencionar que a pesar de lo establecido en el Protocolo de Kioto, en el que se prevé que, México por ser un país en vías de desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones de bióxido de carbono, se ha hecho un gran esfuerzo por emitir todo un marco regulatorio que promueva e incentive el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable particularmente en la actividad económica, productiva e industrial del país.

De esta forma, se ha legislado a favor de desincentivar que las diversas industrias, así como los productos que de ellas deriven, emitan contaminantes a la atmósfera. No obstante, es indispensable mencionar que dichas disposiciones medioambientales nacionales no han previsto exigir su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano para la actividad productiva nacional.

Lo anterior ha reducido el avance, que en materia de cuidado al medio ambiente, se puede lograr al imponer obligaciones a nuestro sector industrial, toda vez que existen diversos países, de los cuales provienen estos productos, que generan la mayor cantidad de emisiones de carbono y que no se han sumado a compromisos internacionales en materia ambiental.

En este orden de ideas, y con base en el principio de reciprocidad internacional universalmente aceptado, en virtud del cual, en ausencia de norma aplicable a una materia, o como complemento a una norma existente, un Estado adopta una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro Estado; y en razón del cual se reconoce el derecho y mutuo respeto entre los estados para que los extranjeros gocen en sus relaciones jurídicas de las mismas prerrogativas que los nacionales, se considera necesario prever que las importaciones con México  que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, deben recibir un trato distinto a las importaciones que si cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que para el caso expida la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Pues sólo a través de estas acciones la sustentabilidad ambiental podrá convertirse efectivamente en un eje transversal de las políticas públicas, y se podrán implementar las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.

Pues resulta indudable, que el desarrollo de las actividades económicas debe contribuir a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles, pues todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano Sustentable.

México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Sin embargo, prever la reciprocidad internacional ambiental en el marco de la competitividad de los sectores productivos y del desarrollo social, pueden constituir un paso más en la implementación de acciones a escala nacional, que contribuyan al  aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y la educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 15 y un artículo 109 BIS 2 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a XVII. …

XVIII.- Asegurar que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación se cumplan en las transacciones derivadas del comercio internacional.

ARTÍCULO 109 BIS 2.- La autorización para la importación de productos manufacturados no electrodomésticos, que provengan de países que no tengan regulaciones equivalentes a las derivadas de convenios o acuerdos internacionales en materia ambiental y que a la fecha no tenga suscrito un TLC con México, no podrá otorgarse si no cumplen con los estándares ambientales de las normas oficiales mexicanas correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XXVIII y se recorren las subsecuentes, del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. Son atribuciones de la Federación las siguientes:

I a XXVII…

XXVIII. Regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XIX. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 53.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse cumplan con las normas mexicanas o internacionales que les apliquen a los productores nacionales.

Cuando en otro país requieran el cumplimiento de normas o estándares a los productos mexicanos, las autoridades nacionales solicitarán el cumplimiento de esos mismos estándares a los productos a importarse, a través de normas oficiales mexicanas.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 1o. de nuestra Constitución, establece la obligación de nuestras autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, por tanto, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las relaciones que se lleven a cabo a los mismos.

Esto se complementa gracias al derecho de petición ciudadana, establecido en los artículos 8 y la fracción V del artículo 35 de nuestra Carta Magna, y su naturaleza colectiva plasmada en el artículo 9.

Este respaldo constitucional es clave para el desarrollo de la figura de la denuncia popular, presente en algunos esquemas institucionales para actividades específicas; pero que tiene varias aristas pendientes de legislar y desarrollar para garantizar este derecho de nuestros ciudadanos, ya que, si bien existen avances en su implementación, se trata de un instrumento al que debe dotársele de mayores alcances y sobre todo de poder coercitivo, a razón de la falta de credibilidad que hoy tienen nuestros ciudadanos hacia nuestras autoridades e instituciones.

Todo programa social es una herramienta que coadyuva a garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos; esto convierte a la denuncia popular en un poderoso aliado para el involucramiento de la sociedad en las actividades de control que favorecen la democratización de nuestras instituciones, promueve la transparencia y el apego a la legalidad en su operación y ejecución de atribuciones.

El Capítulo VII del Título Cuarto de la Ley General de Desarrollo Social, plantea este tema señalando que toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en dicha norma o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.

Gracias a esto, en la mayoría de reglas de operación de los programas sociales, se contempla este recurso, para que los beneficiaros dispongan de un medio para acceder a la justicia, en caso de ser necesario por algún abuso, omisión o cualquier situación que pudiese presentarse en su perjuicio y que atente contra sus derechos sociales.

La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer esta figura en la ley sectorial, tanto en la instancia encargada de dar vista a la denuncia, como en su forma, plazo y accesibilidad, contemplando medios electrónicos bajo los cuales puede presentarse, facilitando su contenido y presentación, otorgando al ciudadano un concepto asequible, y de mayor claridad sobre su uso, aplicación, plazos y lugares para su presentación.

En este sentido, se considera que la instancia que debe tomar conocimiento de la denuncia es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, toda vez que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, es la instancia donde se coordinan programas, acciones e inversiones para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, en concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o en concertación con los sectores social y privado.

Por otra parte, la pauta para reformar el artículo 68, donde se establecen las condiciones necesarias para presentar una denuncia popular, nace de la notable visión obsoleta de limitar un medio escrito, esto debe actualizarse en una época donde son ampliamente utilizados distintos medios electrónicos. Frente a esta situación, fomentar el uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación ciudadana con la institución de manera precisa, rápida y directa.

De igual manera, debe tomarse en consideración que, de acuerdo con el INEGI, nuestro país cuenta con más de 6.9 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, lo que puede implicar dos supuestos: primero, que algunas de estas personas no sepan escribir; y el segundo, que pudieran querer hacer su denuncia en alguna lengua o dialecto.

En un México que tiene la meta de construir políticas públicas, programas e instituciones incluyentes, el respeto a la pluralidad que convive en nuestro territorio es un paso obligado para su integración, donde se cuidan sus intereses, y protegen sus derechos humanos, evitando a toda costa la discriminación en los programas y acciones en materia de desarrollo social.

Siendo que el desarrollo social implica la participación proactiva de los beneficiarios de los programas sociales, y no la recepción pasiva de servicios prestados por organismos públicos, es indispensable garantizar que los medios de vinculación entre la autoridad y la persona receptora, sean accesibles, sin costo y tengan un trámite y atención oportuna por parte de todos los involucrados.

Ahora bien, tomando en cuenta que la denuncia popular es un recurso sumamente efectivo si es implementado correctamente, y considerando la experiencia internacional por parte de las acciones que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el anonimato se permite al generar una denuncia, e incluso es opcional dejar datos de contacto por parte de la persona que proporciona la información, y solo es necesario establecer datos más precisos que incluyan nombre y dirección cuando se reportan alegatos de hostigamiento, acoso y abuso de autoridad.

Sin embargo, el marco jurídico vigente establece como requisito de validez el señalar nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante, siendo esta una característica que podría inhibir el ejercicio y acción de denuncia por miedo a represalias de algún tipo, violencia en su contra o cualquier otra hipótesis que genere o implique algún riesgo para el afectado.

Por lo tanto, al pretender reforzar y mejorar la redacción legislativa, es necesario eliminar esta parte que compromete al beneficiario a ser plenamente identificado, poniéndolo en una evidente situación de desventaja, cuando es él, quien está quejándose ante la autoridad involucrada.

El PNUD también hace notar que los medios que establece para presentar el recurso, incluyen formularios electrónicos, llamadas telefónicas, fax, correo electrónico y correo convencional, mientras que en nuestro país, como hemos señalado, sólo reconoce el medio escrito.

Además, considerando al Seminario Internacional Candados y Derechos: Protección de Programas Sociales y Construcción de Ciudadanía que formó parte del Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales del PNUD, la denuncia popular contribuye al blindaje de los diversos programas sociales ante las eventualidades que pueden presentarse con fines electorales y que se propician aún más durante los procesos de elecciones en todo el país y durante múltiples fechas, siendo así, un recurso que permite que las instituciones y sus programas operen en un marco de legalidad y transparencia, los recursos de los que disponen.

Igualmente, permite a la ciudadanía estar protegida contra los abusos, condiciones, restricciones o limitantes que pueden darse con el fin de favorecer a un partido o candidato en particular.

No podemos permitir que en nuestro país continúe dándose un tratamiento segmentado de la población y aunque se hacen grandes esfuerzos en este aspecto, aún no se resuelve el tema de la exigibilidad de los derechos sociales.

Considerando otro ejemplo como referencia, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), en México el acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% de la población carece del mismo, por lo tanto, en algún momento de sus vidas, más de la mitad de la población serán acreedores y beneficiarios de algún programa social, por lo que debe fortalecerse y preparar toda una serie de mecanismos institucionales para garantizar su accesibilidad y eficiencia operativa de sus recursos.

La idea de mejorar la denuncia popular como la conocemos hasta ahora, tiene como finalidad esencial permitir y hacer exigible el derecho que tiene nuestra población con sus derechos sociales, mismos que el Estado tiene el deber de atender y subsanar ante la brecha de exclusión social que padece nuestra sociedad.

Asimismo, es un valor agregado el impedir o en cierto punto reducir, actos que merman en gran sentido los fines puros de los programas sociales como son los actos de corrupción por parte de las autoridades involucradas.

En síntesis, con esta iniciativa se aporta a la democratización institucional para que las personas ejerzan sus derechos sin caer en provocaciones, disturbios o agresiones y además se respeta su integridad, atendiendo la necesidad de ser escuchados cuando se les cause alguna condición que violente sus derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo primero de nuestra constitución establece la obligación de nuestras autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y; por tanto, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se lleven a cabo a los mismos.

Esto, se complementa gracias al derecho de petición ciudadana establecido en los artículos 8 y la fracción V del artículo 35, de nuestra Carta Magna y su naturaleza colectiva plasmada en el artículo 9.

Este respaldo constitucional, es clave para el desarrollo de la figura de la denuncia popular presente en algunos esquemas institucionales para actividades específicas; pero que tiene varias aristas pendientes de legislar y desarrollar para garantizar este derecho de nuestros ciudadanos, ya que, si bien, existen avances en su implementación, se trata de un instrumento al que debe dotársele de mayores alcances y sobre todo de poder coercitivo, a razón de la falta de credibilidad que hoy tienen nuestros ciudadanos hacia nuestras autoridades e instituciones.

Todo programa social es una herramienta que coadyuva a garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos; esto convierte a la denuncia popular en un poderoso aliado para el involucramiento de la sociedad en las actividades de control que favorecen la democratización de nuestras instituciones, promueve la transparencia y el apego a la legalidad en su operación y ejecución de atribuciones.

El capítulo séptimo del título cuarto de la Ley General de Desarrollo Social, plantea este tema señalando que toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en dicha norma o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.

Gracias a esto, en la mayoría de reglas de operación de los programas sociales, se contempla este recurso, para que los beneficiaros dispongan de un medio para acceder a la justicia, en caso de ser necesario por algún abuso, omisión o cualquier situación que pudiese presentarse en su perjuicio y que atente contra sus derechos sociales.

La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer esta figura en la Ley sectorial, tanto en la instancia encargada de dar vista a la denuncia, como en su forma, plazo y accesibilidad, contemplando medios electrónicos bajo los cuales puede presentarse, facilitando su contenido y presentación, otorgando al ciudadano un concepto asequible, y de mayor claridad sobre su uso, aplicación, plazos y lugares para su presentación.

En este sentido, se considera que la instancia que debe tomar conocimiento de la denuncia es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, toda vez que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, es la instancia donde se coordinan programas, acciones, e inversiones para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, en concurrencia con los Gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o en concertación con los sectores social y privado.

Por otra parte, la pauta para reformar el artículo 68, donde se establecen las condiciones necesarias para presentar una denuncia popular, nace de la notable visión obsoleta de limitar un medio escrito, esto debe actualizarse en una época donde son ampliamente utilizados distintos medios electrónicos. Frente a esta situación, fomentar el uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación ciudadana con la institución de manera precisa, rápida y directa.

De igual manera, debe tomarse en consideración, que de acuerdo  con el INEGI nuestro país cuenta con más de 6.9 millones de personas que hablan alguna lengua indígena lo que puede implicar dos supuestos: primero que algunas de estas personas no sepan escribir, y el segundo, que pudieran querer hacer su denuncia en alguna lengua o dialecto.

En un México que tiene la meta de construir políticas públicas, programas e instituciones incluyentes, el respeto a la pluralidad que convive en nuestro territorio es un paso obligado para su integración, donde se cuidan sus intereses, y protegen sus derechos humanos, evitando a toda costa la discriminación en los programas y acciones en materia de desarrollo social.

Siendo que el desarrollo social implica la participación proactiva de los beneficiarios de los programas sociales, y no la recepción pasiva de servicios prestados por organismos públicos, es indispensable garantizar que los medios de vinculación entre la autoridad y la persona receptora, sean accesibles, sin costo y tengan un trámite y atención oportuna por parte de todos los involucrados.

Ahora bien, tomando en cuenta que la denuncia popular es un recurso sumamente efectivo si es implementado correctamente, y considerando la experiencia internacional por parte delas acciones que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el anonimato se permite al generar una denuncia, e incluso es opcional dejar datos de contacto por parte de la persona que proporciona la información, y solo es necesario establecer datos más precisos que incluyan nombre y dirección cuando se reportan alegatos de hostigamiento, acoso y abuso de autoridad.

Sin embargo, el marco jurídico vigente establece como requisito de validez el señalar nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante, siendo esta una característica que podría inhibir el ejercicio y acción de denuncia por miedo a represalias de algún tipo, violencia en su contra o cualquier otra hipótesis que genere o implique algún riesgo para el afectado.

Por lo tanto, al pretender reforzar y mejorar la redacción legislativa, es necesario eliminar esta parte que compromete al beneficiario a ser plenamente identificado, poniéndolo en una evidente situación de desventaja, cuando es él, quien está quejándose ante la autoridad involucrada.

El PNUD también hace notar  que los medios que establece para presentar el recurso incluyen formularios electrónicos, llamadas telefónicas, Fax, Correo electrónico y correo convencional, mientras que nuestro país, como hemos señalado, solo reconoce el medio escrito.

Además, considerando al Seminario Internacional Candados y Derechos: Protección de Programas Sociales y Construcción de Ciudadanía que formo parte del Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales del PNUD, la denuncia popular contribuye al blindaje de los diversos programas sociales ante las eventualidades que pueden presentarse con fines electorales y que se propician aún más durante los procesos de elecciones en todo el país y durante múltiples fechas, siendo así, un recurso que permite que las instituciones y sus programas operen en un marco de legalidad y transparencia, los recursos de los que disponen.

Igualmente, permite a la ciudadanía estar protegida contra los abusos, condiciones, restricciones o limitantes que pueden darse con el fin de favorecer a un partido o candidato en particular.

No podemos permitir que en nuestro país continúe dándose un tratamiento segmentado de la población y aunque se hacen grandes esfuerzos en este aspecto, aún no se resuelve el tema de la exigibilidad de los derechos sociales.

Considerando otro ejemplo como referencia, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), en México el acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% de la población carece del mismo, por lo tanto, en algún momento de sus vidas, más de la mitad de la población, serán acreedores y beneficiarios de algún programa social por lo que debe fortalecerse y preparar toda una serie de mecanismos institucionales para garantizar su accesibilidad y eficiencia operativa de sus recursos.

La idea de mejorar la denuncia popular como la conocemos hasta ahora, tiene como finalidad esencial permitir y hacer exigible el derecho que tiene nuestra población con sus derechos sociales, mismos que el Estado tiene el deber de atender y subsanar ante la brecha de exclusión social que padece nuestra sociedad.

Asimismo, es un valor agregado el impedir o en cierto punto reducir, actos que merman en gran sentido los fines puros de los programas sociales como son los actos de corrupción por parte de las autoridades involucradas.

En síntesis, con esta Iniciativa se aporta a la democratización institucional para que las personas ejerzan sus derechos sin caer en provocaciones, disturbios o agresiones y además se respeta su integridad, atendiendo la necesidad de ser escuchados cuando se les cause alguna condición que violente sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos67, 68; y se adiciona un artículo 68bisala Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo VII

De la Denuncia Popular

Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la Comisión Nacional sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social.

La Comisión Nacional establecerá los mecanismos para hacer asequibles los medios que garanticen el derecho a la denuncia para la población que hable lengua indígena, dialecto o analfabeta.

Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona o de manera anónima, pudiendo presentarse por escrito, vía telefónica o por medios electrónicos, debiendo incluir:

I. En su caso, el nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante o de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos o material visual que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas, testimoniales o cualquier otra información física o electrónica que en su caso ofrezca el denunciante.

Artículo 68 bis.La Comisión Nacional contará con un plazo máximo de 15 días hábiles a la presentación de la denuncia para dar respuesta al trámite institucional que se dio a la denuncia correspondiente; y, con 60 días para llamar a comparecer a las autoridades implicadas para el esclarecimiento de los hechos. De ser procedente, establecerá las vías institucionales para el análisis de casos en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 16 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE FERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

En medio de la crisis ambiental que vive el mundo de la destrucción de ecosistemas, debido al crecimiento de la economía, la erosión y la falta de productividad de la tierra por el abuso de fertilizantes químicos, es necesario repensar el modelo de agricultura y ganadería mundial e impulsar mecanismos alternativos de cultivo a fin de proteger la tierra, cuidar el medio ambiente y garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones.

El modelo de agricultura convencional adoptado a nivel internacional desde la década de los 50’s, se fundamenta en un sistema de producción de alta eficiencia dependiente de un alto uso de insumos sintéticos, donde el manejo monocultivista se justifica como una herramienta fundamental para lograr la mayor eficiencia del proceso productivo.

Sin embargo, este sistema de producción ha mostrado serios problemas de sostenibilidad en veinte o treinta años de uso intensivo en zonas algodoneras en Centroamérica, bananeras al sur de Costa Rica, como ejemplos, y de haber ocasionado no solo la destrucción de los recursos naturales y del paisaje, pero sobre todo la desaparición de pequeños productores en algunas regiones.

En este sentido, el Codex Alimentarius, o código alimentario, organismo internacional de referencia para consumidores, productores y elaboradores de alimentos, (quien ha elaborado estándares, códigos de prácticas y otras recomendaciones relativas a los alimentos con reconocimiento internacional), define a la agricultura orgánica como un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agro ecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales.

Dicho organismo ha señalado que un sistema de producción orgánico debe, entre otras cosas: mejorar la diversidad biológica del sistema; aumentar la actividad biológica del suelo; mantener la fertilidad del suelo a largo plazo y reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables; promover el uso saludable del agua, el suelo, y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resultar de la producción agrícola.

El uso de abonos y fertilizantes orgánicos, por ejemplo, se ha usado desde tiempos remotos y la influencia que esto ha tenido sobre la fertilidad de los suelos, se ha demostrado.

Sin embargo, durante la denominada revolución verde en México, a principios de la década de los 40’s, comenzó la proliferación de la práctica general de aplicar fertilizantes químicos de nitrógeno, fósforo y otros componentes, marginando a los abonos orgánicos a pesar de que fue la base de la agricultura por siglos.

Este cambio en la actualidad, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), está propiciando que el suelo sufra de un agotamiento acelerado de materia orgánica y de un desbalance nutrimental, y que al transcurrir el tiempo pierda su fertilidad y capacidad productiva. Todo esto ha conducido al surgimiento de problemas medio-ambientales y al deterioro de los recursos naturales.

En este sentido, la FAO ha señalado que la agricultura orgánica o el uso de fertilizantes y abonos orgánicos están abocados y comprometidos a la conservación y al aumento de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas.

De esta manera, se puede asegurar que debido a los efectos positivos que los abonos y fertilizantes orgánicos causan sobre el suelo, estos deberían ser imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su componente orgánico, sus características de una entidad viviente, su fertilidad física, química y biológica y, en consecuencia, su productividad, teniendo en ello un suelo más sano.

En México, el 7 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Productos Orgánicos, la cual, de acuerdo a su artículo 1o., tiene, entre otros objetivos, el de “promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente”.

La regulación que busca establecer este ordenamiento, implica un gran avance para el cuidado de la biodiversidad y el suelo y, en consecuencia, la generación de productos de mayor calidad, lo que representa un beneficio para la alimentación y la salud de las familias mexicanas.

Los estudios respecto de las ventajas del uso de fertilizantes y abonos orgánicos, no dejan lugar a dudas que estos deben de ser considerados como la opción más viable y más encaminada a la sustentabilidad y sostenibilidad del suelo, ya que se ha demostrado que con su uso hay un aumento en la producción y se obtienen productos agrícolas de mayor calidad nutritiva.

Debido a ello, resulta indispensable que la SAGARPA tenga como una de sus atribuciones fomentar entre los pequeños y grandes agricultores el uso de fertilizantes y abonos orgánicos.

El objeto de esta modificación no es pretender expandir el cultivo de productos con características orgánicas, sino que en la producción de cualquier producto agrícola se utilicen fertilizantes y abonos que ocasionen un menor impacto ambiental, esto a través de la disminución del daño al suelo, al agua y al aire, quienes reciben las sustancias dañinas que contiene los fertilizantes y abonos tradicionales, componentes químicos.

En este sentido, algunas entidades han llevado a cabo esfuerzos para dar impulso al uso de fertilizantes y abonos orgánicos.

Por mencionar algunos ejemplos, en Michoacán, en el año 2012 se entregaron alrededor de mil litros de biofertilizante, beneficiando a poco más de 400 productores agrícolas; en este mismo año, en Puebla, el gobierno del estado hizo entrega de más de 43 toneladas de fertilizantes orgánicos a productores de aguacate; en 2013, el gobierno de Morelos dio apoyo a productores de Huecahuaxco, Jumiltepec y Ocuituco, haciendo entrega de 2 mil 770 bultos de fertilizante orgánico; mientras que en el 2014, el municipio de Parácuaro y la SAGARPA hicieron entrega de fertilizantes orgánicos a cerca de 100 productores.

Es decir, existe voluntad para brindar fertilizantes y abonos orgánicos a los grandes y pequeños productores agrícolas, pero es necesario ampliar el margen de acción de las autoridades para dar un mayor impulso.

Ahora bien, para que las políticas de promoción de uso de fertilizantes y abonos orgánicos tenga una mayor eficacia, es necesario acompañarlos de incentivos y estímulos fiscales para que los fabricantes de estos productos, así como los pequeños y grandes productores agrícolas, se vean incentivados a generarlos y utilizarlos respectivamente, para lo cual es necesario brindar algún tipo de ventaja que estimule estas actividades.

En este sentido, se propone una modificación al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de establecer que los fertilizantes y abonos orgánicos sean calculados bajo una tasa cero por ciento.

El objeto de esta modificación es que a través de la enajenación en tasa cero de fertilizantes y abonos orgánicos, se incentive el uso en pequeños y grandes agricultores, esto a través de disminuir su costo y reducir con ello el impacto al medio ambiente por el uso de dichas sustancias.

Sin embargo, es necesario extender el marco de estímulos fiscales para que los productores de fertilizantes y abonos orgánicos busquen participar en mayor medida en el mercado, mediante la disminución de costos, además de que los insumos utilizados en la elaboración, cuenten con excepción fiscal para abaratar la producción, de tal manera que sean competitivos frente a los productos químicos tradicionales.

Asimismo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de intensificar la promoción sobre el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, entre los pequeños y grandes productores agrícolas, mediante programas de entrega de este tipo de producto, a bien de subsidiar su costo y hacer atractiva su utilización.

El problema del daño al medio ambiente debe ser una prioridad para el Estado mexicano, preservar los recursos naturales y disminuir el impacto generado sobre ellos, a consecuencia de solventar las necesidades de las personas, como lo es la alimentación.

Es una obligación que debe recibir respuesta urgente y eficaz. La crisis ambiental requiere de acciones urgentes encaminadas a reducir los efectos de dicho fenómeno; es necesario que estas acciones sean en los diferentes ámbitos, desde la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por ejemplo, hasta la disminución de sustancias que tienen un fuerte impacto en los ecosistemas, con el objeto de proteger y preservar nuestro medio ambiente y su naturaleza.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MATERIA DE FERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La agricultura es la actividad en la cual el hombre, en un ambiente dado, maneja los recursos naturales, la calidad y cantidad de energía disponible y los medios de información, para producir y reproducir los vegetales que satisfacen sus necesidades.1 Para México esta actividad aportó en el año 2013, 2.6% del Producto Interno Bruto, y en el año 2014, 679,896 millones de pesos corrientes, lo que representó el 4% del Producto Interno Bruto Nominal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo en el año 2011, México tuvo un total de 22,136,742 de hectáreas sembradas, según el mismo Instituto. Mientras que en los últimos 20 años, hasta el 2012, en el país la superficie cultivada ha sido aproximadamente de 20 millones de hectáreas2.

A pesar de la falta de apoyo al campo, que por décadas lo ha mantenido en el olvido, estos datos demuestran que la superficie cultivable en el país es extensa y de suma importancia.

Ahora bien, el modelo de agricultura convencional adoptado a nivel internacional desde la década de los cincuentas, se fundamenta en un sistema de producción de alta eficiencia, dependiente de un alto uso de insumos sintéticos, donde el manejo monocultivista se justifica como herramienta fundamental para lograr la mayor eficiencia del proceso productivo. Sin embargo este sistema de producción ha mostrado serios problemas de sostenibilidad en veinte o treinta años de uso intensivo en zonas algodoneras en Centro América, bananeras al sur de Costa Rica, como ejemplos, y de haber ocasionando no solo la destrucción de los recursos naturales y del paisaje, pero sobre todo la desaparición de pequeños productores en algunas regiones.3

En medio de la crisis ambiental que vive el mundo, de la destrucción de ecosistemas debido al crecimiento de la economía mundial, la erosión y falta de productividad de la tierra por el abuso de fertilizantes químicos, es necesario repensar el modelo de agricultura mundial, y pensar en impulsar mecanismos alternativos de cultivo, a fin de proteger la tierra, cuidar el medio ambiente, y garantizar un mejor futuro a las generaciones venideras.

En este sentido, el Codex Alimentarius, o código alimentario, organismo internacional de referencia para consumidores, productores y elaboradores de alimentos, (quien ha elaborado estándares, códigos de prácticas y otras recomendaciones relativas a los alimentos con reconocimiento internacional), define a la agricultura orgánica como un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales4.

Dicho organismo ha señalado que un sistema de producción orgánico debe entre otras cosas: mejorar la diversidad biológico del sistema; aumentar la actividad biológica del suelo; mantener la fertilidad del suelo a largo plazo y reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables; promover el uso saludable del agua, el suelo, y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resulta de la producción agrícola.

El uso de productos orgánicos como abono, por ejemplo, se ha usado desde tiempos remotos y la influencia que estos han tenido sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado. Sin embargo, durante la denominada revolución verde en México a principios de la década de los cuarenta, comenzó la proliferación de la práctica general sobre la fertilización al suelo a través de aplicar fertilizantes químicos de nitrógeno y fósforo, marginando a los abonos químicos, a pesar de que fue la base de la agricultura por siglos.5

Este cambio en la actualidad, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), está propiciando que el suelo sufra de un agotamiento acelerado de materia orgánica y de un desbalance nutrimental, y que al transcurrir el tiempo pierda su fertilidad y capacidad productiva.6 Todo esto ha conducido al surgimiento de problemas medio ambientales y al deterioro de los recursos naturales.

Asimismo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha señalado que la agricultura orgánica, o el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, están abocados y comprometidos a la conservación y al aumento de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas. De esta manera, se puede asegurar que debido a los efectos positivos que los abonos y fertilizantes orgánicos causan sobre el suelo, estos deberían ser imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su componente orgánico,7 sus características de una entidad viviente, su fertilidad física, química y biológica y en consecuencia su productividad.

El 7 de febrero de 2006, se publicó en el  Diario Oficial de la Federación, la Ley de Productos Orgánicos, la cual de acuerdo a su artículo 1º tiene entre otros objetivos el de “promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente;”. Con la publicación de esta Ley, se reconoce la importancia de la producción y uso de productos orgánicos y los beneficios que estos generan.

La regulación que busca establecer este ordenamiento, implica un gran avance para el cuidado de la biodiversidad y el suelo, y en consecuencia la generación de productos de mayor calidad, lo que representa un beneficio para la alimentación de las familias mexicanas. Sin embargo, dentro de las atribuciones que esta Ley establece en su artículo 6 para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no se encuentran las de buscar que los pequeños y grandes productores agrícolas utilicen fertilizantes y abonos orgánicos con el objeto de mitigar el impacto ambiental en el suelo de los productos químicos, y con ello impulsar la agricultura sustentable en beneficio del medio ambiente.

En este sentido, es necesario detenerse y reflexionar acerca de la importancia de comenzar a impulsar el uso de abonos y fertilizantes orgánicos, tanto para la investigación y desarrollo de mejores productos que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente, como acercar a los productores agrícolas información sobre el uso e implementación de dicho productos, así como sus virtudes y consecuencias sobre las tierras de cultivo y la producción.

Los efectos sobre el uso el suelo por el uso de abonos y fertilizantes orgánicos, además de los ya descritos, se encuentran:

● Aumento en la porosidad

● Aumento de la capacidad del suelo para retener agua

● Incremento en la velocidad de infiltración de la misma agua en el suelo

● Estabilidad de agregados

● Conductividad hidráulica

Los estudios respecto de las ventajas del uso de fertilizantes y abonos orgánicos, no dejan lugar a dudas que estos deben ser considerados como la opción más viable y más encaminada a la sustentabilidad y sostenibilidad del suelo, ya que se ha demostrado que con su uso hay un aumento en la producción y se obtienen productos agrícolas de mayor calidad nutritiva.

En algunas entidades se han llevado a cabo esfuerzos para dar impulso a uso de fertilizantes y abonos orgánicos, por mencionar algunos ejemplos, en Michoacán en el año 2012 se entregaron alrededor de mil litros de biofertilizantes, beneficiando a poco más de 400 productores agrícolas; en este mismo año en Puebla, el gobierno del estado hizo entrega de más de 43 toneladas de fertilizantes orgánicos a productores de aguacate; en 2013 el gobierno del Morelos dio apoyo a productores de Huecahuaxco, Jumiltepec y Ocuituco, haciendo entrega de 2 mil 770 bultos de fertilizante orgánico;  mientras que en el 2014 el municipio de Parácuaro y la SAGARPA hicieron entrega de fertilizantes orgánicos a cerca de 100 productores. 

Debido a ello, resulta indispensable que la Secretaría de Agricultura tenga como una de sus atribuciones fomentar entre los pequeños y grandes agricultores del uso de fertilizantes y abonos orgánicos. El objeto de esta modificación no es pretender expandir el cultivo de productos con característica orgánicas, sino que en la producción de cualquier producto agrícola se utilicen fertilizantes y abonos que ocasionen un menor impacto ambiental, esto a través de la disminución de daños al suelo, al agua y al aire, quienes reciben las sustancias dañinas que contienen los fertilizantes y abonos tradicionales.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que la agricultura sostenible es aquella que debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica, y como una medida para llegar a la agricultura sostenible, recomienda mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, y además señala que se necesitan políticas e instituciones que ofrezcan incentivos para la adopción de prácticas sostenibles, para imponer regulaciones y costes para aquellas acciones que agoten o degraden los recursos naturales, y para facilitar el acceso a los conocimientos y recursos necesarios.8

Es decir, los Estados deben emplear políticas públicas encaminadas no solamente a satisfacer la demanda de alimentos de la población, sino que en el proceso de producción se aseguren la rentabilidad y cuidado ambiental, pensando no solamente en la satisfacción de las necesidades presentes, sino en los costos que esto puede ocasionar para las generaciones futuras, considerando los riesgos que puedan causar y el significado sobre la seguridad alimentaria. En este sentido promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos es una forma de encaminar al campo mexicano a ser sostenible y sustentable, así como cumplir con los objetivos que organismos internacionales han establecido como una obligación para los Estados.

Ahora bien, para que las políticas de promoción de uso de fertilizantes y abonos orgánicos tenga una mayor eficacia, es necesario acompañarlos de incentivos y estímulos fiscales para que los fabricantes de estos productos, así como los pequeños y grandes productores agrícolas se vean incentivados a generarlos y utilizarlos respectivamente, para lo cual es necesario brindar algún tipo de ventaja que estimule estas actividades. En este sentido, se propone una modificación al artículo 2o.-A de la Ley del impuesto al Valor Agregado, el cual señala que se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores, cuando se realicen los actos o actividades, dentro de las cuales se encuentran los fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Sin embargo, y de acuerdo a lo señalado en la Ley de Productos Orgánicos los productos orgánicos de fertilizantes y abonos materia de esta iniciativa, son una gama diferente de productos, por lo cual resulta indispensable señalar con toda precisión que estos pueden estar exentos de aranceles, y en consecuencia sean tazados con 0% de IVA. En este sentido, se propone una modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de establecer que dicho beneficio deberá ser aplicado para los fertilizantes y abonos tradicionales, así como para aquellos con características orgánicas. El objeto de esta reforma, por un lado es incentivar la fabricación de estos productos, y por otro lado promover su uso entre pequeños y grandes agricultores, esto a través de disminuir sus costos, y reduciendo con ello el impacto al medio ambiente por el uso de dichas sustancias.

El problema del daño al medio ambiente debe ser una prioridad para el Estado mexicano, preservar los recursos naturales y disminuir el impacto generado sobre ellos a consecuencia de solventar las necesidades de las personas, como lo es la alimentación, es una obligación que debe recibir respuestas urgentes y eficaces. Con estas modificaciones propuestas se estaría dando un paso más hacia la sustentabilidad del campo.

La crisis ambiental requiere de acciones urgentes encaminadas a reducir los efectos de dicho fenómeno, es necesario que dichas acciones sean en los diferentes ámbitos, desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, hasta la disminución de sustancias que tienen un fuerte impacto en los ecosistemas, con el objeto de protegerlos y preservarlos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

PRIMERO: Se modifica la fracción I del artículo 1; se modifican las fracciones XII y XIII, y se adiciona una fracción XIV al artículo 6 todos de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación, uso y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría:

I a XI…

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías;

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos, y

XIV.- Celebrar convenios con las entidades federativas y municipios para promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos dentro de las actividades agrícolas y ganaderas, así como difundir información de los beneficios del uso de estos productos.

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, condicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría.

I a XI…

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías, y

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, condicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación, uso y certificación de productos producidos orgánicamente;

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría.

I a XI…

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías;

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos, y

XIV.- Celebrar convenios con las entidades federativas y municipios para promover el uso de fertilizantes y abonos orgánicos dentro de las actividades agrícolas y ganaderas, así como difundir información de los beneficios del uso de estos productos.

SEGUNDO.-Se modifica la fracción f) del artículo 2º.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e)…

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, así como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas y abonos, orgánicos, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e) …

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a e) …

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, así como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas y abonos, orgánicos, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Hernández, Xolocotzi, Efraín, “la agricultura tradicional en México”, Revista Comercio Exterior, Vol. 38, núm. 8, México, 1998, p. 673.

2 García, Gutierrez, Cipriano, et. al. “Problemática y riesgo ambiental por el uso de plaguicidas en Sinaloa”, Revista de Sociedad, Cultura, y Desarrollo Sustentable Ra Ximhai, Vol. 8, número 3, México, 2012.

3 “Agricultura orgánica: una herramienta para el desarrollo rural sostenible y reducción de la pobreza”, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Costa Rica 2003, disponible en internet: http://www.fao.org/docs/eims/upload/230027/30476_es_RUTAtaller.pdf

4 Ídem.

5 López, Martínez, José Dimas, et. al., “Abonos Orgánicos y su Efecto en Propiedades Físicas y
Quimicas del Suelo y Rendimiento en Maiz”,  Revista Terra, Vol. 4, Núm. 4, 2001, disponible en internet: http://www.chapingo.mx/terra/contenido/19/4/art293-299.pdf

6 “6 Abonos Orgánicos”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, disponible en internet en: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/Abonos%20organicos.pdf

7 Ídem.

8 Véase “La Agenda de Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, disponible en internte: http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/sustainable-agriculture/es/

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Monreal Ávila. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN VI; Y 35, PRIMER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29 TER Y 29 QUÁTER DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 fracción VI, y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos29 bis y 29 ter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de diciembre de 2014, el Senador Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 29 fracción VI, y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos29 bis y 29 ter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala como antecedente la Ley de Firma Electrónica Avanzada publicada el 11 de enero de 2012, con la cual se buscaba aprovechar los medios de comunicación electrónica, optimizar y ampliar el acceso y cobertura a trámites y servicios gubernamentales para lograr una verdadera administración “en línea” que facilite la interacción entre gobierno y ciudadanos.

Remarca el carácter de Organismo Fiscal Autónomo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que tiene la obligación de garantizar que los patrones realicen en tiempo y forma la aportación del 5% sobre el salario de sus trabajadores a fin de constituir el saldo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

Señala que la firma electrónica tiene los beneficios que da el uso de la firma autógrafa, al amparo de las tecnologías de la información y las comunicaciones robustece los intercambios de información validada debidamente, la interacción en tiempo real y el acercamiento de la autoridad a los gobernados.

Define a la Firma Electrónica Avanzada como el conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo del mismo, tal y como si se tratará de una firma autógrafa.

Destaca que en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya es posible realizar trámites y actuaciones electrónicas por internet, produciendo los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Enfatiza la necesidad de realizar la reforma dado que el Código Fiscal de la Federación excluye a los organismos fiscales autónomos, como el INFONAVIT, del uso de las disposiciones en materia de medios electrónicos hasta en tanto no sea previsto en su propia Ley.

Indica que el objeto de la Iniciativa, busca aprovechar los instrumentos legales con los que hoy se cuenta, a fin de hacer más eficiente la labor del INFONAVIT en beneficio de acreditados, derechohabientes y patrones.

Considera necesario incluir en la Ley del INFONAVIT a los medios electrónicos como mecanismos de comunicación que surtan los mismos efectos legales de los documentos con firma autógrafa, así como permitirle al Instituto la utilización de los mismos para el cumplimiento de su objeto, y de igual modo, reconocerle el carácter de autoridad certificadora.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 29 fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 bis y 29 ter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 29…

I a la V. …

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

(…)

Artículo 29 Bis. Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la federación, en lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 29 Ter. El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de los dispuesto por la Ley de firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, surtiendo los mismos efectos jurídicos.

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, se realizarán por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.

(…)

TRANSITORIO

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistentes en reformar los artículos 29 fracción VI, y 35, primer párrafo; y adicionar los artículos29 bis y 29 ter recorriéndolos a 29 ter y 29 quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para incorporar el uso de medios electrónicos en los trámites ante el INFONAVIT, que beneficien la labor de las autoridades y ofrezcan opciones viables y coherentes a la sociedad actual, para el correcto cumplimiento de las obligaciones de acreditados, derechohabientes y patrones.

Las Comisiones dictaminadoras comparten los motivos y las justificaciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a la necesidad de aprovechar los medios de comunicación electrónica para optimizar y ampliar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales, que faciliten la interacción entre el gobierno y los ciudadanos.

SEGUNDA. Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden ampliamente con las motivaciones y los propósitos fundamentales de la Iniciativa que se dictamina, en el sentido de prever en la Ley específica los instrumentos necesarios para el uso de medios electrónicos según lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Estas Comisiones reconocen las ventajas del uso de medios electrónicos que propicie la agilización de gestión de procesos, el ahorro en insumos, gastos administrativos y uso de papel, el impulso de documentos electrónicos confiables e íntegros, que gracias a la firma electrónica tengan la misma función y garantía del documento físico y la firma autógrafa.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, estiman que es dable incorporar estas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores añadiendo un régimen transitorio que asegure su correcta aplicación e instrumentación en los ordenamientos correspondientes.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

 Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

 Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 29 fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 bis y 29 ter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 29…

I a la V. …

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

(…)

 

 

Artículo 29 Bis. Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la federación, en lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 29 Ter. El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de los dispuesto por la Ley de firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, surtiendo los mismos efectos jurídicos.

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, se realizarán por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.

(…)

TRANSITORIO

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 


ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 29 fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 29…

I a la V. …

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

VII a la IX. …

Artículo 29 Ter. Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la federación, en lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 29 Quáter. El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de los dispuesto por la Ley de firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, surtiendo los mismos efectos jurídicos.

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, se realizarán por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes relativas a las disposiciones materia de este Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN VI, Y 35, PRIMER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29 TER Y 29 QUÁTER, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 29 fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 29…

I a la V. …

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

VII a la IX. …

Artículo 29 Ter. Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la federación, en lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 29 Quáter. El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de los dispuesto por la Ley de firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, surtiendo los mismos efectos jurídicos.

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, se realizarán por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes relativas a las disposiciones materia de este Decreto.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 11 de marzo de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que contiene punto de Acuerdo sobre el Día Nacional de la Familia y el Día Internacional de la Familia.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

Ala Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXIIL Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor dela siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", seda constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen propuesto.

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza la propuesta.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la valoración de la propuesta.

ANTECEDENTES

1. El 26 de febrero de 2015, los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutíerrez, Anabel Acosta Islas, Angélica Del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Ma. Del Rocio Pineda Gochi, Mayela María De Lourdes Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.

2. El 26 de febrero de 2015, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.- 1547, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración.

3. El 3 de marzo de 2015, se aprobó por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Para los proponentes, la familia es considerada la institución cultural más importante para la población, es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida, ya que provee la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal.

Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad mexicana, incluso en otros países como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se aplicó en 57 países, la familia es “muy importante” para 90.1% de los entrevistados considerados en conjunto, porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados: trabajo (62.8%), religión (48.2%) amigos (47.8%), tiempo libre (35.1%) y política (14.3%).

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mayor proporción de hogares en México es de tipo familiar (90.5 por ciento), de acuerdo al censo de Población y Vivienda 2010, en el país habitan 112 millones 336, 538 personas viviendo en 28 millones 696,180 hogares.

Si bien hogar no es sinónimo de familia, tradicionalmente este concepto ha sido utilizado como aproximación de esta, ya que por medio del vínculo que cada uno de los miembros del hogar tiene con el jefe(a) (ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), se pueden conocer las distintas formas de organización de los hogares.

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un cambio profundo en las estructuras familiares, existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como el aumento de separaciones y divorcios entre las parejas, entre otros más.

De ahí que la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”  la cual fue instaurada por decreto presidencial a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2005, a celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, es propicia para fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad. El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos de la familia, involucrando al mayor número de sectores posible. Teniendo como finalidad generar mayor conciencia de la transcendencia social de la familia, edificar una cultura favorable hacia ella, e impulsar la capacidad de las instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema. A la fecha diferentes sectores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otras autoridades han sido quienes han fomentado la celebración de tan importante fecha.

Por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social se involucren en la celebración del Día Nacional de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer la importancia y el valor de la familia en nuestra sociedad.

Es por ello que en el marco de la celebración del Día Nacional de la Familia, los senadores proponen exhortar a las entidades federativas y al Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes lleven a cabo diversas actividades para fomentar en la sociedad dicha celebración, con el fin de contribuir a la unión familiar.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; de ahí que en el año 2006, se decretó en México el primer domingo de marzo de cada año como Día Nacional de la Familia, en el cual se establece que las dependencias deben desarrollar actividades para promover el fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia.

SEGUNDA. La familia en México, se ha desempeñado como institución básica en la formación y realización de los individuos y como grupo fundamental de la sociedad, es una unidad de vida social y personal. La familia no es una simple yuxtaposición de individuos. La familia es de alguna manera lo que son los individuos que la componen, las relaciones que se establecen entre ellos, el grupo que ellos forman, los valores que comparten, los contactos y redes que mantienen, el techo bajo el que habitan, las estrategias que desarrollan para vivir. Son los comportamientos de los integrantes de la familia que favorecen a otras personas, grupos, metas sociales, lo que aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria (entre los que dan y los que reciben), en las relaciones interpersonales o sociales, mejorando la unidad, la identidad, la creatividad y la iniciativa, de las personas o grupos implicados, ya que no está motivada por la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o materiales.

TERCERA. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuando se habla de familia se hace al hogar, espacio que ha permitido aproximarse a este concepto, ya que en él se identifica el parentesco que los miembros tienen con el jefe(a) (sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), lo que permite identificar los arreglos en los que existe una relación de parentesco de tipo familiar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014), en México, los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia (89.8%) con un promedio de integrantes de 4.1 personas, en tanto que aquellos hogares en los que no se identifica algún parentesco de tipo familiar representan 10.2 por ciento.

CUARTA. Es indispensable fortalecer las acciones institucionales a favor de la familia, a de la sociedad ello requiere del compromiso de los tres órdenes de gobierno para articular estrategias orientadas a reducir y aminorar los factores que le afectan, de forma que sea capaz, por sí mismo, de reintegrase de manera armónica a su entorno familiar y social. La familia, debe ser el destinatario del esfuerzo y de los motores del desarrollo social para que este proceso de crecimiento y mejora, trabaje de forma paralela en un beneficio para cada una de las personas que la integran y su comunidad.

QUINTA. La familia, en términos generales, se entiende como una realidad institucional que precede al Estado y que permite la construcción de la sociedad humana. Familia no significa agrupación de personas, sino una unión complementaria, rica en vínculos afectivos de tipo conyugal, filial, fraternal, parental, de distinto tipo, que no puede ser equiparada ni sustituida por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. La intimidad de la persona, dentro de la familia se vive y se expresa de manera cotidiana, lo cual permite su formación y desarrollo. De ahí su importancia en conmemorar este día, con acciones concretas y efectivas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

SEXTA. Esta Comisión coincide con los proponentes en la necesidad de exhortar respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.En términos de lo expuesto y con fundamento en la función constitucional que en el caso específico corresponde a esta Comisión, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades y de difusión conmemorativas al “Día Nacional de la Familia”.

Sala de reuniones siete del Senado de la República, el 3 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, este punto de Acuerdo se somete a discusión del Pleno.

En ese orden de ideas, tiene el uso de la palabra la distinguida Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en favor del presente dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El tema de familia es un tema muy importante, es un tema sensible, es un tema que nos compete a todas las y los ciudadanos, como legisladores, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El dictamen que hoy se pone a consideración pretende dar realce, por un lado, a la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”, la cual fue instaurada por Decreto Presidencial, a iniciativa de la sociedad y con la participación del gobierno federal, desde el año 2006, para celebrar el primer domingo de marzo de cada año.

El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos, como la sana convivencia, el respeto, la solidaridad, el apoyo moral y los valores dentro de una familia; involucrando al mayor número de sectores posibles; teniendo como finalidad generar mayor conciencia de la trascendencia social de lo que representa la familia mexicana.

Edificar una cultura favorable hacia ella e impulsar la capacidad de las instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender los problemas relacionados con este tema y poder lograr una integración familiar.

Lo anterior, bajo el mandato constitucional del artículo 4o., que establece que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Por lo que respecta al ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad mexicana. Un ejemplo de ello es la Encuesta Mundial de Valores, aplicada en el 2008, que dicha encuesta demuestra que la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas; la familia es muy importante para el 90.1 por ciento de los entrevistados, porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados.

Otra cifra que es de suma importancia, es arrojada por el INEGI, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la mayor porción de hogares en México es de tipo familiar, el 90.5 por ciento.

Asimismo, refiere a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, el cual fue proclamado en la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de mayo de cada año, día que ha inspirado una serie de actos de sensibilización, considerado un día que nos ofrece una oportunidad para poner en relieve los distintos ámbitos de interés para las familias.

El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afecten a este importante núcleo de la sociedad.

Cabe hacer mención, que actualmente nuestro país sufre un cambio profundo en las estructuras familiares. Existen distintos modelos de convivencia familiar, que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos.

De ahí que resulta propicia la ocasión para fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad, por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social, se involucren en la celebración de las conmemoraciones del Día Internacional de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer su importancia en nuestra sociedad.

Es indispensable fortalecer las acciones institucionales a favor de la familia. Ello requiere del compromiso de los tres órdenes de gobierno para articular estrategias orientadas a reducir y armonizar los factores que le afectan.

Es por ello que con el presente dictamen, se propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, a través de las instancias correspondientes, lleven a cabo actividades conmemorativas al Día Nacional e Internacional de la Familia.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, les pido su voto a favor del presente dictamen, por el valor de la familia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Hernández Lecona.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) instauro el 15 de mayo como el Dia Internacional de la Familia, con el proposito de crear consciencia sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar la capacidad de las instituciones de la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.

En México el Día Nacional de la Familia, se celebra el primer domingo de marzo, el cual fue instaurado desde enero del 2005 por mandato presidencial.

En México la familia debe ser el eje central de la sociedad; a través de esta celebración anual, queda constancia y es un reflejo de la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias, como unidades básicas de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo.

La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación.

Es considerada como un lugar de crecimiento, donde encontramos protección y seguridad.

El día de la familia es una ocasión para celebrar los vínculos que existen entre todos los miembros que conforman una familia”.

Sin embargo a nivel mundial no es lo mismo una familia de los países desarrollados, que en los países del tercer mundo.

La realidad es totalmente distinta. En los países menos desarrollados las familias padecen más pobreza, y desgraciadamente se ven obligadas a desplazarse con frecuencia debido a las guerras, o se quedaron destruidas por enfermedades.

No obstante, esto no significa que en los países desarrollados las familias no tengan problemas, sólo que son diferentes.

Las necesidades a las que se enfrentan los países desarrollados son más emocionales que económicas. la familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención especial.

Muchas de las cuestiones críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo, están relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones más comunes tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.

México no es la excepción, la familia se ha visto mermada, por la gran migración de los hombres, hacia países del norte en busqueda de un mejor trabajo y una mej0r vida, lo que conlleva a que las mujeres como madres de familia se hagan cargo de los hijos quien en muchas ocasiones toman rumbos diferentes, como la drogadicción o el alcoholismo en algunos casos; por lo tanto es importante resaltar que el día nacional de la familia es un gran avance para México pero que falta mucho por hacer, mejorar cada vez  las políticas públicas y que de verdad se vean reflejadas en la familia que tanto le hace falta.

La celebración del Día Nacional de la Familia es una oportunidad en este país, para que las familias demuestren sus valores, su solidaridad y reflexionen sobre cómo mejorar la relación entre todos sus miembros.

Gracias, señor Presidente.

Se pregunta a la Asamblea si algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra en este tema. No habiendo más oradores, esta Presidencia solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda a un grupo de personas provenientes del municipio de Teoloyucan, Estado de México, invitados por la Senadora Laura Rojas Hernández, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Vivienda, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

COMISIÓN DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

Una vez recibida dicha Proposición con Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al estudio de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para los trabajos previos de la Comisión y la elaboración del Dictamen de la referida Proposición con punto de Acuerdo.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de febrero de 2015, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada para las mujeres.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Expresa que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha expuesto, de manera enfatizada, que la interpretación del contenido del derecho a la vivienda no puede ser restrictiva o limitativa, sino por el contrario, debe tener un amplio y constante desarrollo que satisfaga las necesidades de las personas en un lugar y tiempo determinado.

Precisa que existen otros derechos paralelos, igualmente fundamentales, que deben auspiciarse para poder asegurar el derecho a la vivienda como son: la certeza en la tenencia, la no discriminación para la adquisición de la vivienda, acceso igualitario a las oportunidades de adquirir una vivienda, y la restitución de la tierra y el patrimonio en caso de su perturbación ilegal.

Menciona que deben de abarcarse medidas de seguridad que garanticen la tutela jurídica contra cualquier tipo amenaza. Que los habitantes de la vivienda tengan la infraestructura e instalaciones necesarias para el suministro de agua potable, cocción, calefacción, sanidad, alumbrado, refrigeración de alimentos; un costo accesible, crédito, opciones de pago; la garantía  de la seguridad física de la estructura, espacio suficiente, así como protección contra fenómenos meteorológicos leves e intensos, como la humedad, el frío, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud.

Según las observaciones de la ONU, la vivienda no se considera adecuada si no cuenta con una ubicación que tenga acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guardería y otros servicios e instalaciones sociales, o se encuentra en zonas contaminadas o peligrosas.

En el mismo sentido menciona que en el documento elaborado por la ONU “El derecho a una vivienda adecuada” no solamente es una meta programática que debe alcanzarse a largo plazo. O que éste derecho no impone obligaciones inmediatas al Estado, sino por el contrario, los Estados deben realizar sin demora todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas todas las medidas posibles, dentro de los recursos de que disponen, para llevar a práctica el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, que ha sido regulado como un derecho integral para un nivel de vida adecuado y se encuentra regulado en diversos instrumentos internacionales.

En el artículo cuarto de nuestra Constitución se establece, que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Derivado de éste derecho se exhorta para fijar la mirada en las mujeres con discapacidad.

También hace referencia a que las mujeres representan una proporción importante de las personas cuya vivienda es inadecuada. La mujer enfrenta discriminación en muchos aspectos de la vivienda por cuestión de género o debido a otros factores como la pobreza, la edad, clase social, orientación sexual o el origen étnico. En especial en las zonas rurales, que una mujer pueda o no disfrutar del derecho a la vivienda adecuada depende a menudo de su acceso a la tierra y el patrimonio y del control que ejerza sobre ellos.

Conexo a la condición de mujer, aquellas con la calidad de discapacidad agravan los obstáculos para el acceso a este derecho. Las personas con discapacidad se enfrentan con una diversidad de dificultades para el correcto disfrute de su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; discriminación y prejuicios continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos, y carencia de vivienda social o de apoyo comunitario.

En México, por género, el 22.1% de los hombres cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y las mujeres se ubican por debajo de la media nacional con un 14.4%.

El Punto de acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional para prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Comisión que dictamina coincide ampliamente con las motivaciones y propósitos fundamentales de la propuesta de Punto de Acuerdo que se dictamina, en el sentido de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional para prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

Esta Comisión reconoce el derecho a la vivienda adecuada como derecho humano fundamental consagrado en la Constitución y diversas normas internacionales a manera de un derecho integral para un nivel de vida adecuado.

En tal virtud la Comisión que dictamina  se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional para prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 11 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, este tema está a discusión.

Se pregunta a la Asamblea si hay oradores sobre el mismo.

En ese sentido, solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de 10 dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con estos temas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a las materias de los dictámenes que contienen puntos de Acuerdo:

Sobre las personas de talla pequeña.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice un censo poblacional para gente de talla pequeña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del30 de abril de 2014,las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice un censo poblacional para gente de talla pequeña.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo exponen que en nuestro país existe un importante número, no cuantificado, de personas que viven con acondroplasia (discapacidad cuyas características entre otras son, la estatura baja, el acortamiento rizomélico de brazos y piernas cortas, la limitación de extensión del codo, las piernas arqueadas y la cabeza grande con una protuberancia frontal), a quienes, por su situación, se les genera una situación de discriminación a quienes la presentan.

Agregan que en el año 2004, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaboró la publicación “Las personas con discapacidad en México: una visión censal”, en el que se plasmó la realidad estadística que presentan las personas con discapacidad; sin embargo, las personas con acondroplasia no fueron consideradas en el levantamiento de este censo, por lo que no fueron considerados como sujetos de acción de las políticas públicas a diseñar.

Es por ello que las Senadores proponen que este Senado de la República exhorte respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que realice un censo poblacional para gente de talla pequeña.

CONSIDERACIONES

1.-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene como objetivo lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado mexicano información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Dentro de sus principales atribuciones se encuentran normar y coordinar el desarrollo del SNIEG; normar las actividades estadísticas y geográficas en nuestro país, producir información estadística y geográfica; prestar el Servicio Público de Información, promover el conocimiento y el uso de la información, así como conservar la información que posee.

El INEGI genera estadística básica, la cual obtiene de tres tipos de fuentes: censos, encuestas y registros administrativos, así como estadística derivada, mediante la cual produce indicadores demográficos, sociales y económicos, además de contabilidad nacional.

Los censos son operaciones de recolección de datos de todo el universo de estudio en un momento determinado. En este caso, el Instituto desarrolla tres tipos de censos. En primer lugar se encuentran los censos de población y vivienda, los cuales constituyen la fuente de información básica más completa para conocer la realidad demográfica y  social de México. Los otros dos censos son los económicos, y el agrícola, ganadero y forestal.

2.- En el año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la publicación “Las personas con discapacidad en México: una visión censal”, cuyo objetivo fue proporcionar un conjunto de elementos para comprender el concepto de la discapacidad, los esfuerzos internacionales y las principales características sociodemográficas de este grupo de la población.

En dicho documento, se resalta que en los últimos años la población con discapacidad ha cobrado especial interés, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, lo que provocó que distintas dependencias gubernamentales sumaran esfuerzos para promover políticas que propicien la integración social de estas personas en el país.

Sin embargo, como los destacan las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo, las personas con acondroplasia no fueron consideradas en el levantamiento de ese censo, motivo por el cual no fueron consideradas como sujetos de acción de las políticas públicas destinadas a grupos con cierto grado de vulnerabilidad. De ahí la necesidad de contar con un nuevo censo que incluya a este grupo de personas para que sean sujetos de acción en la definición de políticas públicas dirigidas hacia este sector dela población.

3.-La acondroplasia es considerada como una discapacidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de “enanismo”. Se engloba dentro de un grupo de enfermedades denominadas condrodistrofias u osteocondrodisplasias.

Normalmente, durante el desarrollo fetal y la niñez, los tejidos cartilaginosos se convierten en huesos, excepto en la nariz y en las orejas. No sucede así en los individuos con acondroplasia, en los que este proceso se desarrolla de manera anormalmente lenta, especialmente en los huesos más largos como brazos y piernas, provocando huesos cortos y baja estatura. El tamaño medio de un varón con el trastorno es de aproximadamente 1,31 metros, mientras que el de una mujer es de 1,24 metros.

La apariencia característica del “enanismo” causado por acondroplasia se observa desde el momento del nacimiento. Por lo general, quienes la viven tienen la cabeza grande, la frente bastante prominente y la nariz achatada en la zona del puente. Por otra parte, las manos suelen ser pequeñas, con una separación entre el dedo medio y anular (mano tridente) y los dedos rechonchos. Los pies son, por lo general, cortos, anchos y planos. Además, suelen tener el tono muscular disminuido y suelen presentar estenosis raquídea, así como cifosis y lordosis, curvaturas anormales de la columna vertebral.

Los problemas de salud asociados a la acondroplasia suelen ser problemas respiratorios, normalmente apnea (la respiración disminuye o se detiene por períodos cortos), obesidad e infecciones de oído. Las personas de una edad más avanzada suelen padecer a menudo dolores de espalda.

Los niños afectados presentan un aumento en la morbilidad durante los primeros años de vida debido a complicaciones neurológicas. Por su parte, la inteligencia de estos individuos no se ve afectada. Su incidencia es de 1 caso por cada 26 mil nacimientos por año.

Desafortunadamente, a nivel mundial, así como en México, no existen las estadísticas suficientes para contabilizar el número de personas que sufren de esta malformación genética, ni mucho menos en dónde y en qué cantidad se encuentran geográficamente.

4.-Las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo señalan que en nuestro país existe un importante número, no cuantificado, de personas que viven acondroplasia, situación que les genera una serie de problemas como la discriminación. Agregan, por ejemplo, que desde el inicio de su vida escolar sufren prácticas discriminatorias que se van acumulando en cada etapa de su vida, lo cual no termina al iniciar su vida laboral.

Expresan que el INEGI no cuenta hoy en día con un padrón de personas que viven acondroplasia en México, por lo que resaltan la necesidad de contar con un censo que permita conocer en qué condiciones socioeconómicas viven. A pesar de ello, en el  Primer Foro Nacional de Personas de Talla Pequeña, organizado por organizaciones de la sociedad civil, se dio a conocer que entre 10 y 15 mil mexicanos presentan este trastorno.

Sin embargo, la falta de certidumbre en el número de personas de talla pequeña que habitan en nuestro país, hace que se dificulte conocer la realidad de vulnerabilidad que enfrentan, para así estar en condiciones de diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para atender de manera debida su inclusión en nuestra sociedad.

5.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce el valioso esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad civil, quienes han organizado frentes unidos para que las personas que viven con acondroplasia sean reconocidas como iguales y puedan exigir sus derechos como ciudadanos mexicanos, así como ser escuchadas e incluidas en las políticas públicas y programas que desarrollan los diferentes gobiernos en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este tenor, quienes integramos esta Comisión estamos convencidos de la necesidad de contar con un censo que recabe información y permita contar con datos certeros referentes al número de mexicanos que presentan este trastorno genético, el cual sirva como un instrumento que muestre la situación en que este grupo de personas vive y se desarrolla, y sirva de base para diseñar políticas públicas y estrategias de gobierno dirigidas a este grupo de la población.

Es por ello que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores considera oportuno aprobar la propuesta presentada por las Senadoras del PRI, con el objeto de exhortar al Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI a realizar las gestiones necesarias para que dicho Instituto “levante” un censo poblacional que incluya a gente de talla pequeña, para que este instrumento sirva como base para que las dependencias gubernamentales en todos su niveles, promuevan políticas públicas que promuevan la integración social de las personas de talla pequeña.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas de talla pequeña, con el objeto de que las distintas dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, promuevan políticas públicas que propicien y promuevan su integración social.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta publicitar y dar seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno en torno a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del4 de noviembre de 2014,lasSenadorasHilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora,María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, todas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno en torno a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo exponen que en septiembre de 2014, el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, examinó el informe de México en esta materia. Derivado de dicha revisión, el Comité aprobó diversas observaciones o recomendaciones que nuestro país debería tomar en cuenta.

Derivado de lo anterior, las Senadoras proponen exhortar a la Federación y a las Entidades Federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.-Las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo señalan que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo sus orígenes a finales de los años ochenta. Posteriormente, en 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, las cuales sirvieron de modelo para la legislación de muchos países, ya que proporcionaron lineamientos de políticas públicas sobre la promoción de las oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, dichos instrumentos carecieron del poder jurídico vinculante necesario para que los Estados Parte que las aprobaron se sujetaran a ellas.

Agregan que, derivado de lo anterior, surgió la necesidad de realizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establecieran obligaciones jurídicas para los Estados que la firmaran y ratificaran.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 61/106, del 13 de diciembre de 2006.

El propósito de la Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, retomando una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación, sin necesidad de crear algún derecho nuevo y únicamente expresando los derechos existentes que deberán atender íntegramente las necesidades y la situación de las personas con discapacidad.

Por lo que respecta a nuestro país, el 30 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal firmó la Convención, enviándola para su ratificación al Senado de la República, lo cual tuvo efecto el 27 de septiembre del mismo año, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre siguiente, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.

2.-Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano conformado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención y se encargan de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes.

De lo anterior se deriva que los Estados que ratificaron la Convención están obligados a presentar al Comité, por conductos del Secretario General de la Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de 2 años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Los Estados deben presentar el primer informe 2 años después de la aceptación de la Convención y, posteriormente, cada 4 años.

Dichos informes deberán contemplar las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El Comité examina cada informe y adopta preguntas, es decir, una lista de cuestionamientos que son enviados al Estado Parte para ahondar y obtener mayor información, así como generar diversas recomendaciones (observaciones finales), en relación con el Estado Parte, con el objeto de garantizar una mejor aplicación de la Convención. El Comité se reúne en Ginebra dos veces al año.

3.-Los días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó a cabo sus sesiones 145ª y 146ª, en las que examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones finales en su 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre del mismo año.

Dentro de las observaciones hechas por el Comité, se recomendó al Estado Mexicano lo siguiente:

● Redoblar sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención, a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad;

● Establecer mecanismos regulares para convocar a consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente;

● Establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión;

● Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación;

● Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones;

● Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones;

● Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden;

● Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad;

● Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas;

● Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación -primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares, y

● Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial, incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado.

4.-Cabe destacar que las Senadoras que presentaron el Punto de Acuerdo en estudio, señalan puntualmente que el Estado Mexicano ha trabajado en favor de la protección integral de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como lo muestra en su observaciones el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al señalar que la adopción de legislación y de políticas públicas, así como de los protocolos y directivas, con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, entre los que se destacan:

● La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011);

● La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014);

● La Ley en materia de Telecomunicaciones y de Radiodifusión (2014);

● El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018;

● El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018;

● El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018;

● El Programa Nacional para la Igualdad y la No-discriminación (2014-2018);

● El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2013-2018;

● El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad;

● El Programa Especial de Migración 2014, y

● El Protocolo para la Impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior, vale la pena destacar que la presente Administración Federal no ha sido omisa a ello, ya que entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para al actual sexenio, establece, por primera vez en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, en materia de inclusión, dentro de las estrategias del PND, destaca la 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, cuyas líneas de acción son:

● Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación;

● Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo, y

● Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

5.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce la necesidad de que el Estado Mexicano, en todos sus ámbitos, incluido el Poder Legislativo, trabaje en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las medidas y políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto pleno de sus derechos.

Es por ello que se requiere que conozcamos las recomendaciones señaladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y trabajar en su cumplimentación, con el firme propósito de promover y proteger los derechos de 7.7 millones de personas que viven con discapacidad en México.

En este tenor, quienes integramos esta Comisión coincidimos plenamente con los planteamientos presentados por las Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo, por lo que proponemos exhortar a la Federación, a las entidades federativas, al Distrito Federal, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las modificaciones para armonizar su legislación civil con los tratados internacionales, en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, a armonizar sus respectivos Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles con los Tratados Internacionales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del19 de noviembre de 2014,laSenadora María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, a armonizar sus respectivos Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles con los Tratados Internacionales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente del Punto de Acuerdo expone que el juicio de interdicción es un procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que, por alguna discapacidad no puede manejarse en forma autónoma (dadas las limitaciones o alteraciones que les genera el tipo de diversidad funcional que presenta), por lo que pierden la capacidad legal para ejercer su derechos y contraer obligaciones por sí mismos, lo cual incide a su vez en las decisiones que podrán o no tomar, ya sea con o sin ayuda de alguien más.

Señala que las entidades federativas deben otorgar certidumbre a las personas con discapacidad, en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de igualdad, no discriminación y personalidad jurídica, como los principales directrices de la figura del estado de interdicción, ya que actualmente ninguna entidad federativa contempla expresamente estos derechos en sus respectivas legislaciones; por lo que se debe regular meticulosamente el estado de interdicción, en aras de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, en plena armonía con los instrumentos internacionales en la materia.

Por lo anterior, señala que los Congresos locales tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los Tratados Internacionales en la materia, lo que incluye la obligación de legislar conforme a distintos instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales aplicables en materia de discapacidad.

Es por ello que la Senadora propone exhortar a los respectivos Congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, a armonizar sus Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles con los Tratados Internacionales en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.-La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea Nacional de la Organización las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. Es el primer Tratado Internacional en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, que les permite contar, en todo el mundo, con una herramienta legal para asegurar la protección y el goce de sus derechos humanos.

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

En la Convención, se incluye que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Uno de los principios generales plasmados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas con discapacidad.

2.- En el marco legal, una vez alcanzada la mayoría de edad, las personas con discapacidad, al igual que cualquier otra persona, requiere tomar decisiones sobre su vida, su patrimonio, y ejercer plenamente sus derechos; por lo que se hace necesario determinar, dependiendo de la persona con discapacidad, las decisiones que podrá tomar y quién tomará aquellas que no pueda hacerlo.

En este contexto, contamos con el juicio de interdicción, el cual es un procedimiento por medio del cual se protege legalmente a las personas que sufren alguna discapacidad, a través del nombramiento de la figura de un tutor, el cual representa legalmente los intereses de la persona con discapacidad; así como la figura de un curador, quien es el encargado de vigilar el desempeño del tutor.

Es así que a través de este juicio se busca la mayor protección de las personas con discapacidad, con el objeto de terminar con las barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, en el que se toma en cuenta su opinión por parte del Juez durante un procedimiento legal, y se les explica las razones del procedimiento. También, a través de dicho juicio, se debe lograr que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con ayuda de la persona designada por el Juez, a efecto de garantizar su autonomía.

3.-Sin embargo, la Senadora promovente del Punto de Acuerdo manifiesta que en los Códigos Civiles de las entidades federativas, el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad está restringido, ya que las garantías contempladas en dichos ordenamientos no se encuentran armonizadas con el enfoque contenido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad de los que México es Parte.

Señala que en la mayoría de los estados, la interdicción se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual a todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que hay entre cada una de ellas, y considera que las inconsistencias en la armonización de los Códigos Civiles y en los Códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas con los Tratados Internacionales, radican en que dichos Códigos no se refieren a las personas con discapacidad con un término internacionalmente aceptado, como lo es el que maneja la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.

Ejemplo de lo anterior es que la legislación civil en estados como Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, señala que tienen incapacidad legal los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia.

Por su parte, en otras entidades de la República como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, se hace referencia a las personas con discapacidad como aquellos privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, siendo éstos notoriamente términos discriminatorios.

4.-La discapacidad no puede ser entendida como una carencia, sino como un límite o restricción en la aptitud o en el ejercicio. No puede provenir de una falta de aptitud (legal) o una falta de madurez (natural) para exigir derechos y para contraer obligaciones y cumplirlas.

De lo anterior se puede señalar la importancia de no confundir los términos de incapacidad legal con la discapacidad que tienen las personas que son sujetas al estado de interdicción. En este sentido, la discapacidad de las personas es la que genera su incapacidad legal.

Por lo tanto, el juicio de interdicción es considerado como un ajuste razonable, relacionado con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como la personalidad jurídica, el respeto a la dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad, la libertad personal, la inclusión social, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales.

De ahí la importancia de que el estado de interdicción esté regulado conforme a los parámetros internacionales, para que no se afecten los derechos de las personas con discapacidad, específicamente los relacionados con la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento de la personalidad jurídica.

5.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera oportuno atender las inquietudes planteadas por la Senadora promovente del Punto de Acuerdo, ya que se requiere que toda nuestra legislación se adecue a lo establecido en los instrumentos internacionales signados por México en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Dicha armonización implica que lo plasmado en los Tratados Internacionales se refleje en nuestras leyes, de ahí la necesidad de modificar nuestra legislación, con el objeto de proteger, en este caso, a las personas con discapacidad.

Por lo anterior, quienes integramos esta Comisión proponemos exhortar a todos los Congresos locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que realicen las adecuaciones legales para armonizar sus Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles con los Tratados Internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, de los que México es Parte.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación del presente Dictamen que contiene Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las modificaciones legales pertinentes, con el objeto de armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a informar sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) emita el Reglamento correspondiente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del11 de septiembre de 2014,la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el INAPAM emita el Reglamento correspondiente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo expone que el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores no ha sido emitido y publicado, lo que significa una omisión importante, ya que dicha disposición reglamentaria es la que le da operatividad a la Ley mencionada, la cual es de orden público e interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello que la Senadora María Cristina Díaz Salazar propone exhortar al Ejecutivo Federal para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) emita el Reglamento correspondiente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

CONSIDERACIONES

1.-El envejecimiento de la población en las últimas décadas ha producido que diversos Estados introduzcan dentro de su marco normativo nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central.

De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en desarrollo han diseñado o han introducido de modo experimental políticas innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o bienestar, entre los que se incluyen planes de acción nacionales sobre el envejecimiento.

De igual forma, se han diseñado diversas medidas legislativas referidas a las personas adultas mayores. Es así que diversas administraciones, tanto nacionales como locales, han asumido parte de esa responsabilidad y han creado nuevas legislaciones e instituciones o han modernizado las existentes a fin de buscar formas de responder gradualmente a los problemas a los que se enfrentan las personas adultas mayores.

2.- En el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, publicado en julio de 2011, se ofrece un panorama general de algunos de los problemas a que se enfrentan los hombres y las mujeres adultas mayores a la hora de disfrutar sus derechos y presenta ejemplos de las respuestas de los gobiernos ante esos problemas.

Asimismo, se presenta una colección de medidas legislativas, políticas y programas y describe las principales cuestiones relativas a los derechos humanos, como la discriminación, la violencia y los malos tratos, la protección social, la atención a largo plazo, los servicios adaptados a edades concretas, la participación, el acceso a la justicia y las pensiones vitalicias.

Dentro de los derechos que se le reconocen a las personas adultas mayores se encuentra el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia, lo cual se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, en donde se establece que las políticas nacionales deben contribuir a que las personas adultas mayores permanezcan en su propio hogar, garantizando su integración social, facilitándoles la movilidad y la comunicación mediante la oferta de medios de transporte adecuados.

3.-El 25 de julio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Esta legislación busca regular, principalmente, la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Siguiendo con la misma legislación, en su artículo 2º se establece que su aplicación y seguimiento corresponderá: al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; a la familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; a los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

4.-De acuerdo con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, que el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas del Poder Legislativo.

De lo anterior se desprende que, con la finalidad de darle operatividad a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es necesario contar con su Reglamento.

5.- Quienes integramos la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estamos convencidos de que la actual Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es un importante instrumento para reconocer y proteger los derechos de nuestros adultos mayores, y que hasta la actualidad, dicha Ley tenido un importante papel en favor de este sector de la población; sin embargo, estamos convencidos que contar con su Reglamento abonaría en favor de que las políticas en favor de los adultos mayores tengan una mejor operación y un mayor respaldo.

Es por lo anterior que nos manifestamos porque el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores informe sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que servirá como un mecanismo que ampliaría los derechos de quienes han servido y han dado la vida por sus familias, por el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para informar a esta Cámara sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a realizar un registro de las instituciones donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en coordinación con las autoridades competentes, realicen un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias del día o cualquier centro de atención de adultos mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del14 de octubre de 2014,laSenadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en coordinación con las autoridades competentes, realicen un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias del día o cualquier centro de atención de adultos mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente del Punto de Acuerdo expone que abrir una guardería o un centro de día para la atención de adultos mayores en nuestro país es frecuente, lo que ocurre sin contar con el equipo de expertos requerido y la infraestructura adecuada por la falta de supervisión, con la intención de tratar a los adultos mayores como un negocio sin humanismo.

Agrega que actualmente en el país no se cuenta con un registro de centros de atención a adultos mayores, y que lo más cercano al padrón de asilos de ancianos lo da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), gracias a que en el censo contabiliza los hogares colectivos. En ese tenor, señala que en el año 2010, en el DIF había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores, dando como resultado sitios sin planeación en su atención.

Es por ello que la Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en coordinación con las autoridades competentes, realice un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención de adultos mayores.

CONSIDERACIONES

1.-El maltrato a los adultos mayores es cualquier comportamiento que causa daño a alguna persona mayor. Algunas veces es intencional. Otras veces es la falta de atención adecuada. Este tipo de maltrato se engloba dentro de una categoría más general denominada violencia doméstica, en la que también se incluye el maltrato infantil y la violencia de género.

Frecuentemente se piensa que el maltrato a las personas mayores sucede solamente en las residencias de atención a las personas de la tercera edad pero tristemente se da mayormente en la propia familia y en sus casas.

En la última mitad del Siglo XX el fenómeno de la violencia aumenta considerablemente el grado de sensibilidad social, y es precisamente bajo esta circunstancia que el maltrato a las personas adultas mayores adquiere reconocimiento como problema social.

En un inicio, el maltrato hacia las personas adultas mayores se consideró como un problema de bienestar social y luego como un tema relacionado con el envejecimiento, pero actualmente este tipo de fenómenos se han convertido en cuestiones vinculadas con la salud pública y la justicia penal.

2.- En nuestra legislación, la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene, entre otras, la atribución de “…promover, en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral”.

Por otro lado, el 13 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, la cual tiene por establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

3.-La Senadora promovente del Punto de Acuerdo en estudio señala que en México, en comparación con países como España o Uruguay, se carece de datos sobre la operación y funcionamiento de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención que preste servicio de asistencia para las personas adultas mayores, lo que demuestra la falta de preocupación por los sitios de atención para este sector vulnerable de la población.

Cabe destacar que lo anterior está en contradicción con lo establecido en la fracción XXX del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que estipula que otra de las atribuciones del INAPAM es la de crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores. De ahí la importancia de la proposición presentada.

4.-En este sentido, la Senadora promovente del Punto de Acuerdo señala que en nuestro país, al abrir una guardería o un centro de día para la atención de las personas adultas mayores se hace frecuentemente sin contar con el equipo de expertos requerido ni la infraestructura adecuada, ya sea por la falta de supervisión, o con la intención de tratar a los adultos mayores como un negocio.

Agrega que existen casas de día que operar sólo con 2 cuidadores, atendiendo a 5 adultos mayores, que apenas caben en una estancia o salón principal. Además, muchos centros son en realidad casas sin infraestructura como rampas de acceso y/o barandales que eviten caídas.

Todo lo anterior, sucede en México en clara violación a lo estipulado en la NOM-031-SSA3-2012, en referencia a la forma en que deben operar dichos centros, con la infraestructura y el personal capacitado adecuadamente.

5.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables hace eco de las preocupaciones plasmadas por la Senadora promovente del Punto de Acuerdo, ya que considera que debemos tener la certidumbre de cómo operan las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, donde se brinda asistencia a las personas adultas mayores.

Actualmente no se cuenta con un registro de centros de atención a las personas adultas mayores, y lo más cercano al padrón de asilos de ancianos los da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Por otro lado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dio a conocer que el año 2010, había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores.

Por lo anterior, quienes integramos esta Comisión proponemos al Pleno del Senado de la República la aprobación de un Punto de Acuerdo a través del cual se exhorte al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que, en coordinación con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, públicas y privadas, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que en coordinación con las dependencias homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, públicas y privadas, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores, con el objeto de tener certidumbre del número y la forma en que estas instituciones prestan sus servicios y operan en nuestro país.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a instrumentar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al Instituto de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instrumentar e impulsar acciones contundentes a favor del bienestar, igualdad, protección, así como fomentar una cultura de sensibilización para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del4 de noviembre de 2014,diversos Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al Instituto de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instrumentar e impulsar acciones contundentes a favor del bienestar, igualdad, protección, así como fomentar una cultura de sensibilización para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores y Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo exponen que el escenario de oportunidades, bienestar e igualdad para las personas adultas mayores en nuestro país, no favorece a ese segmento de población, y que la sociedad mexicana tiene la responsabilidad no volverse insensible ante la situación de vulnerabilidad de nuestros adultos mayores.

Señalan que la discriminación, el abandono, la exclusión y el descuido son problemas a los que los adultos mayores en nuestro país tienen que enfrentarse día a día, por lo que debe considerarse como un asunto preocupante tanto por las instituciones encargadas de atender a esta población, como por toda la sociedad. Este tipo de situaciones se manifiestan en formas diversas y cotidianas como la violencia, el abandono, el maltrato físico y psicológico, el despojo de bienes patrimoniales, el aislamiento social, la explotación, e incluso el abuso económico y sexual por parte de familiares o gente cercana a ellos.

Es por ello que los legisladores proponen exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al Instituto de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instrumentar e impulsar acciones contundentes a favor del bienestar, igualdad, protección, así como fomentar una cultura de sensibilización para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores.

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

En este tenor señala que alguna que desafortunadamente, la edad o la forma de vida puede llegar a ser motivo de discriminación, de distinción, exclusión o restricción de derechos.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Por su parte, la fracción III del artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a la discriminación como “… toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades…”, señalando que puede tener como base, entre otros motivos, la edad.

2.- Siguiendo con datos del CONAPRED, la población de adultos mayores en nuestro país, así como en todo el mundo, está en crecimiento, ya que la curva poblacional de juventud va en decaimiento y la cantidad de personas adultas mayores está aumentando 4.16 veces más que el resto de la población, por lo que se calcula que para el 2050 los adultos mayores representarán casi el 30% de la población.

Este sector de la población puede llegar a ver disminuidas sus facultades físicas y, en ocasiones, también mentales, lo cual los deja en una situación de desventaja con respecto a otras personas. Con frecuencia, son falsamente asociadas con enfermedades, ineficiencia, lentitud y poca productividad, lo que lleva a estereotipos equivocados de decadencia, convirtiéndolos en objeto de marginación, rechazo, abandono, maltrato, exclusión y en ocasiones, víctimas de discriminación.

Las personas adultas mayores también padecen discriminación al ser vistas solamente como necesitadas de medidas asistenciales, médicas y de protección social, por lo que requieren de políticas públicas para que sean integradas como sujetos de participación en el desarrollo económico y social del país.

3.- En México, el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria. En 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor. En este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7%, y se espera que en 2050 se incremente a 21.5%.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el monto de personas de 60 años y más es de 11.7millones, lo que representa 9.7% de la población total. Durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.7%; de este porcentaje, la mayoría labora por cuenta propia (50.5%), mientras que 4.9% son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5%) es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones (49.2%).

4.-Los Senadores y Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo señalan que se tiene conocimiento que la discriminación y marginación hacia los adultos mayores tiene diversos factores como el cultural, el social y el económico; sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión y es el estereotipo de la desvalorización de las personas por llegar a cierta edad, atribuyéndoles características negativas como improductividad, la ineficiencia y la enfermedad.

Por lo que destacan la necesidad de que el paradigma de exclusión, marginación y discriminación que en la sociedad mexicana prevalece respecto a los adultos mayores, se traduzca en ambientes que los haga visibles ante los ojos de la sociedad, que les permitan desarrollarse en plenitud y en las mejores condiciones de vida posibles; lo que requiere impulsar estrategias integrales de atención y sensibilización que permitan la adopción de medidas positivas que incidan en el núcleo familiar y social de los adultos mayores, propiciando la inclusión en un entorno de amor, trato digno y oportunidades.

5.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce los múltiples aportes que las personas adultas mayores han hecho al impulso y desarrollo de nuestra sociedad; sin embargo, quienes conformamos esta Comisión también reconocemos que, desafortunadamente, las personas adultas mayores aún viven situaciones de abandono, rechazo, exclusión y discriminación que nos les permiten desarrollarse plenamente.

Por lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República propone exhortar al INAPAM, al DIF y CONAPRED, a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia este sector de la población.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores en nuestro país, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a informar sobre los albergues, orfanatorios, casas-cuna o casas-hogar, que se encuentran en territorio nacional.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en coordinación con sus homólogas estatales y municipales, remitan un informe pormenorizado sobre los albergues, orfanatorios, casa cuna o casa hogar, públicos y privados, que se encuentran en el territorio nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del23 de septiembre de 2014,el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en coordinación con sus homólogas estatales y municipales, remitan un informe pormenorizado sobre los albergues, orfanatorios, casa cuna o casa hogar, públicos y privados, que se encuentran en el territorio nacional.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente del Punto de Acuerdo expone que el operativo realizado el 15 de julio en el albergue de “La Gran Familia”, en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó al descubierto que en México existe un vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los albergues, orfanatos, casas cuna o casa hogar, públicos o privados, pues se comprobó la vulnerabilidad en la que operan estos centros de cuidado y convivencia. Por tal motivo, señala la necesidad de establecer las reglas mínimas de operación de estos lugares.

Es por ello que el Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, informen de diversas situaciones que se viven en los albergues, orfanatorios, casas de cuna o casas hogares, públicos y privados que se encuentren en el territorio nacional, así como exhortar a las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, en coordinación con sus homologas estatales, realicen operativos permanentes de vigilancia en albergues, orfanatos, casas cuna o casas hogar, públicos y privados, que se encuentran en el territorio nacional, para salvaguardar sus derechos humanos.

CONSIDERACIONES

1.-La mañana del 15 de julio de 2014, elementos de la Policía Federal rescataron  cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en una casa hogar ubicada en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. La casa hogar era conocida como “La Gran Familia” o “Casa de Mamá Rosa”, en alusión a su fundadora, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, quien la creó alrededor de 50 años.

La acción policiaca permitió conocer la situación en la que cientos de niñas, niños y adolescentes vivían en la casa hogar “La Gran Familia”, donde eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal que en ella laboraba.

Sin embargo, como lo señala el Sen. Monreal Ávila, dicho operativo puso al descubierto la existencia de un vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación que existen en nuestro país en relación con el funcionamiento de albergues, orfanatos, casas cuna o casas hogar, sean éstos público o privados.

2.-A la luz de los acontecimientos sucedidos en la casa hogar “La Gran Familia”, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF), pidió a las autoridades mexicanas colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados de niños, e instó a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños que han sido privados de su medio familiar.

La revisión sugerida por UNICEF debería tomar como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, así como las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. El organismo internacional agregó que los albergues debían proporcionar información actualizada sobre el número y la situación de los niños que acogen, por lo que indicó que también hace falta un sistema de supervisión de esas instituciones y programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad para prevenir la institucionalización de niños.

3.- Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación.

Dichas Directrices establecen pautas adecuadas de orientación política y práctica, y se ocupan directa o indirectamente de cuestiones relacionadas con el acogimiento alternativo y tienen como finalidad: apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su defecto, a encontrar una solución apropiada y permanente, incluidas la adopción y la kafala del derecho islámico; velar porque, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo; ayudar y alentar a los gobiernos a asumir plenamente sus responsabilidades y obligaciones a este respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada Estado, y orientar las políticas, decisiones y actividades de todas las entidades que se ocupan de la protección social y el bienestar del niño, tanto en el sector público como en el privado, incluida la sociedad civil.

4.-El Senador promovente del Punto de Acuerdo expresa que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), define el derecho a la supervivencia y el desarrollo como las aptitudes y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes, las cuales incluyen derecho a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e información sobre sus derechos.

Asimismo, señala que los derechos a la protección son aquellos que incluyen el resguardo contra todo tipo de malos tratos, abandono, explotación y crueldad, e incluso el derecho a una protección especial en tiempos de guerra y protección contra los abusos del sistema de justicia criminal.

5.-El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ley que tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo Federal y cuya aprobación implicó un importante esfuerzo y una gran responsabilidad del H. Congreso de la Unión.

En la nueva legislación, en su Título Cuarto, “De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, se desarrolla un único Capítulo sobre los Centros de Asistencia Social. En el artículo 107 de la nueva Ley se señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.

Por su parte, en el artículo 108 se establece que en las instalaciones de los centros de asistencia social se observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir, principalmente, con lo siguiente: su infraestructura inmobiliaria cumplirá con las dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil; ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad; contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia; alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por éstos; contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes, y procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.

Siguiendo con esta Ley, el artículo 109 señala que todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia, y que los servicios que presten estarán orientados a brindar, entre otras cosas: un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; servicios de calidad y calidez por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez, y que las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. Aunado a lo anterior, se precisa que con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas, siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior.

Finalmente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 111, entre otras obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, el llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, el cual deberá ser remitido semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa correspondiente

6.-Por otro lado, el Senador Monreal Ávila señala que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), hasta diciembre de 2013 había 25,700 niños distribuidos en 922 instituciones de asistencia social, (805 privadas y 117 públicos).

De igual forma, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México muestran que, hasta el año 2010, había 29,310 menores de edad que no contaban con cuidados familiares ni institucionales. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), computó para el mismo año, 657,000 huérfanos en 753 casas hogar.

Es por ello que el Senador precisa que no existe información oficial de cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en instituciones de asistencia social, ni de cuántas instituciones de asistencia social, sean públicas o privadas, operan en nuestro país.

7.-La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Sanadores se ha caracterizado por trabajar en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, por lo que consideramos necesario conocer la situación en la que éstos viven y se desarrollan en los diferentes albergues, orfanatorios, casas cuna y casas hogar, con el objeto de proteger sus derechos.

En este tenor, quienes integramos esta Comisión estamos convencidos de la pertinencia de contar también con un registro oficial de las instituciones de asistencia social que operan en nuestro país

Es por ello que proponemos aprobar el presente Dictamen, con el objeto de solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, públicos y privados, que se encuentran en territorio nacional, sobre el número y la situación legal en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en dichos centros; el número y la situación jurídica en la que se encuentran dichas instituciones públicas y privadas de asistencia social, así como la metodología de trabajo de dichas instituciones.

Aunado a lo anterior, proponemos también exhortar a las Secretarías de Salud, y de Desarrollo Social, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, realicen operativos de vigilancia en albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, públicos y privados que se encuentren en territorio nacional.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, que se encuentran en territorio nacional.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, realicen operativos de vigilancia, de manera permanente, en albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, públicos y privados que se encuentren en territorio nacional, con el objeto de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivan en ellos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a modificar las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que dentro de las obligaciones a que se refieren las Reglas de Operación del Programa público “Pensión para adultos mayores”, se flexibilice completamente el proceso de verificación de subsistencia de los beneficiarios del programa.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del17 de septiembre de 2014,el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que dentro de las obligaciones a que se refieren las Reglas de Operación del Programa público “Pensión para adultos mayores”, se flexibilice completamente el proceso de verificación de subsistencia de los beneficiarios del programa.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo expone que a lo largo de los últimos años, el Gobierno Federal ha implementado diversos programas a efecto de apoyar económica y socialmente a las personas adultas mayores, tal es el caso del programa denominado “Pensión para Adultos Mayores”, también conocido como “65 y más”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin embargo, señala que a pesar de la naturaleza de justicia social que tiene dicho programa, existe un requisito que dificulta el refrendo al apoyo de las personas con posibilidades de ser beneficiarias al mismo y por tanto el debido acceso a esta ayuda. El requisito que señala es la comprobación de supervivencia, siendo una obligación del beneficiario, la cual debe cumplirse cada seis meses, con la presentación personalísima del beneficiario en las oficinas correspondientes. Dicho requisito representa ciertas dificultades sobre todo para aquellas personas adultas mayores que tienen problemas tanto físico como geográficos, ya que viven en comunidades rurales alejadas, lo cual les implica un gasto significativo el trasladarse hasta las oficinas correspondientes para acreditar su supervivencia, lo que puede llegar a ser bastante difícil para un beneficiario realizar la comprobación de supervivencia en tiempo y forma.

Por lo tanto, el Senador Francisco Salvador López Brito propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a efecto de que, en el próximo año, se modifiquen las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, mejor conocido como “65 y Más”, a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de los beneficiarios se realice a través de la visita domiciliaria por parte de personal de la Secretaría.

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud, dependiendo de la combinación de recursos y de la estructura de oportunidades que tanto el Estado como las familias de las personas adultas mayores les ofrezca tanto individual como colectivamente.

Aunado a lo anterior, existen otro tipo de factores que influyen para que las personas adultas mayores disfruten de su edad adulta con plenitud, nos referimos al contenido de las leyes, las políticas y los programas dirigidos a las personas mayores. Tradicionalmente, la concepción predominante a nivel programático ha sido la construcción de la vejez como una etapa de carencias de todo tipo, tanto económicas, como físicas y sociales; las primeras expresadas en problemas de ingresos, mientras que las segundas y terceras por falta de autonomía y ausencia de roles sociales que desempeñar.

La misma CEPAL señala que en años recientes ha tomado importancia el enfoque de los derechos, el conlleva un cambio paradigmático, puesto que promueve el empoderamiento de las personas adultas mayores y una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad. Por tal motivo, a las personas adultas mayores se les considera sujetos de derecho, no solamente beneficiarios, y por lo tanto, pueden y deben disfrutar de ciertas garantías, teniendo determinadas responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones.

2.- En nuestro país, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), viene desarrollando de manera oportunidad y eficaz, un programa social denominado Pensión para Adultos Mayores, mejor conocido como “65 y más”, el cual atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional.

Según información de la SEDESOL, las y los beneficiarios de dicho Programa reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

El objetivo del Programa Pensión Para Adultos Mayores es contribuir a la ampliación de los esquemas de seguridad social universal para las personas adultas mayores, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social a personas de 65 años en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo.

3.- Las Reglas de Operación del Programa Pensión Para Adultos Mayores señalan como uno de los derechos de los beneficiarios el que, al realizar sus trámites de comprobación de supervivencia o actualización de sus datos, lo puedan hacer en su domicilio, si no cuentan con un representante asignado y por razones de salud no puedan acudir a ninguna de las sedes de atención, lo cual podrán hacer siempre y cuando lo soliciten telefónicamente con al menos 30 días naturales de anticipación a la fecha límite de la realización del trámite.

En cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, en dichas Reglas se establece que cuando reciban sus apoyos mediante transferencias electrónicas, deberán acudir a la Sede de Atención o a los módulos que la Unidad Responsable del Programa (URP) establezca para tal efecto, con el objeto de comprobar su supervivencia. Asimismo, se señala como plazo máximo para que realicen la comprobación de supervivencia de 6 meses.

En este tenor, el Senador promovente del Punto de Acuerdo en estudio refiere que no se debe perder de vista que el Programa está enfocado a beneficiar a personas de la tercera edad quienes, en muchos casos, viven en comunidades rurales, lo que les significa un costo en cuanto al traslado para acreditar su supervivencia, lo que puede llegar a ser bastante difícil para que un beneficiario realice la comprobación de supervivencia en tiempo y forma.

Cabe destacar que de las mismas Reglas de Operación se desprende que, en caso de que la persona beneficiaria del Programa no pueda realizar la comprobación de su supervivencia, ésta podría realizarse a través de un representante; sin embargo, la realidad nos muestra que la mayoría de los beneficiarios del programa viven solos, carecen de una asesoría pertinente para este caso o ignoran las distintas posibilidades que tienen para refrendar su supervivencia.

4.-En abril de 2014, dentro del marco de la Semana de la Seguridad Social que se llevó a cabo en este Senado de la República, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hizo público el compromiso de que dicho Instituto eliminaría el pase de vigencia de derechos, el cual obligaba a los jubilados y pensionados a acudir dos veces por año a las oficinas administrativas a comprobar que están vivos y así poder seguir cobrando sus pensiones.

El 29 de abril de este año, la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales aprobó, en su sesión ordinaria 1344, la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados del Instituto. En el acuerdo aprobado se eliminó el pase de vigencia presencial y se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, llevar a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que éstos tuvieran que presentarse en las instalaciones del Instituto.

Gracias a esta medida, los jubilados y pensionados del ISSSTE pueden hacer el trámite de verificación de su estatus vía telefónica o a través de Internet, para que después una trabajadora o trabajador del ISSSTE acuda a su domicilio para realizar la comprobación pertinente.

Es importante mencionar que en el portal de Internet del ISSSTE, se señala que la eliminación del trámite conocido como “pase de vigencia” o “vigencia de derechos” (el cual se estableció en los años 80), no implicaba la desaparición del pase de vigencia, sino la eliminación de la necesidad presencial de los jubilados en las oficinas del Instituto, y aclara que la medida no pone en riesgo las finanzas del Instituto. Además, se agrega que con la instrumentación de esa medida, se benefició directamente a más de un millón de pensionados y/o jubilados, e indirectamente a otros 3 millones de personas, como sus familiares y beneficiarios.

5.- Las Senadoras y Senadores que conformamos la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconocemos los grandes esfuerzos que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social está realizando para la concesión de los objetivos del Programa “Pensión para Adultos Mayores”; sin embargo, dadas las necesidades específicas de un grupo poblacional como es el de las personas adultas mayores, consideramos pertinente realizar algunos cambios en las Reglas de Operación de dicho programa, en beneficio que quienes son acreedores del apoyo que se les entrega.

En este tenor, quienes integramos esta Comisión, nos permitimos proponer que esta Soberanía haga un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de modificar las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, mejor conocido como “65 y Más”, para adecuar el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa; lo anterior, conforme a la realidad de nuestras personas adultas mayores y aprovechando los beneficios que nos presenta un instrumento tan importante en nuestros días como lo es la Internet.

De este modo, contribuiremos a mejorar la situación de las personas adultas mayores y facilitarle al Gobierno Federal la forma en la que se les retribuye lo que ellas tanto han dado al país.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de modificar las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”, mejor conocido como “65 y Más”, a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa, se realice a través de diferentes medios buscando con ello facilitar la comprobación de supervivencia para las personas adultas mayores beneficiarias del programa.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con sus homólogas estatales, establezcan políticas públicas que garanticen a las personas con discapacidad mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del27 de noviembre de 2014,el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con sus homólogas estatales, establezcan políticas públicas que garanticen a las personas con discapacidad mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente del Punto de Acuerdo expone que la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad incluye su plena inclusión en la sociedad, para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, lo cual debe realizarse mediante políticas públicas y acciones con el firme objetivo de respetar el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, lo cual permita también garantizar su accesibilidad física de movilidad, información y comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales.

Asimismo, señala que el ámbito laboral es el único medio por el cual una persona puede desarrollarse en la sociedad, adquiriendo una mejor condición en la calidad de vida y, aunque las personas con discapacidad se encuentren limitadas, también existen puestos de trabajo que se adecuan a sus capacidades, de manera que pueden desarrollarse plenamente dentro la población económicamente activa.

Es por ello que el Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementen programas que mejoren la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. De igual forma, propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homologas estatales, para que establezcan políticas públicas encaminadas a una mayor generación de empleos para personas discapacitadas en el país.

CONSIDERACIONES

1.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la discapacidades un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

Por su parte, en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define que una persona con discapacidad es aquella que posee alguna limitación física o mental para realizar actividades en el hogar, escuela o trabajo, como puede ser caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir o escuchar, entre otras.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007, señala, en su artículo 4 como “obligación de los Estados, adoptar las medidas necesarias legislativas y administrativas, para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad”.

2.- De acuerdo con la OMS, en los próximos años, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando; debido a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores; además del aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.

En el Informe Mundial sobre la Discapacidad, producido conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, se dio a conocer que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en México existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad; es decir, el 5.13% de la población total del país presenta algún tipo de discapacidad. La distribución porcentual por sexo es muy semejante, 5.15% de los hombres reportó tener alguna limitación y 5.10% de las mujeres.

Asimismo, el grupo de 60 a 84 años concentra el 40.7% de personas con alguna discapacidad. De ellas 54.7% son mujeres y 45.3% son hombres.

Finalmente, del total de personas con discapacidad en el país, 3.5 millones viven en pobreza, y sólo 1.5 millones están incorporados a la población económicamente activa.

3.- El trabajo digno y socialmente útil es un derecho consagrado en nuestra Constitución, ya que ofrece infinitas oportunidades de participación social, desde la independencia económica hasta la formación de una familia y el sentimiento de que se contribuye con la economía nacional.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha considerable entre las condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con y sin discapacidad.

Según el Informe del INEGI “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”, la sociedad y el Estado mexicano han realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en materia laboral. Ejemplo de ello es que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11 se establecen una serie de acciones que deberá llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacan la prohibición de la discriminación laboral por esa condición; el diseño de políticas públicas para la inclusión laboral, y la elaboración e instrumentación de un programa nacional de trabajo.

De igual forma señala que, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social publicó una Guía para la Inclusión Laboral de Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH 2012, cuyo objetivo fue orientar e informar a los centros de trabajo sobre la inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad.

4.- Sin embargo, como lo señala el Senador promovente del Punto de Acuerdo, aún faltan políticas públicas, programas y acciones que beneficien una mayor inclusión laboral tanto para mujeres y hombres con discapacidad.

Además, hace hincapié en la necesidad de que a los sectores económicos se les otorguen mayores incentivos fiscales al contratar a personas con discapacidad, motivo por el cual falta motivar, mediante este mecanismo, a los sectores económicos del país.

Por lo que también es necesario generar una conciencia acerca de la discapacidad, la cual, lejos de ser un elemento que detenga el progreso y el desarrollo de las empresas, puede engrandecer la percepción humana, demostrando estar por encima de las discapacidades de este sector vulnerable en la sociedad, el cual tiene mayores ventajas si se llevan a cabo las medidas y políticas que extraigan los beneficios y aportes que ofrecen a las empresas e instituciones del país.

5.- Los legisladores que integramos esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconocemos el aporte que las personas con discapacidad han dado y siguen dando al desarrollo de nuestro país, ya que su condición no representa para ellos un obstáculo para salir adelante y aportar todos sus conocimientos, por lo que estamos en favor de seguir valorando y aprovechando todos los aportes que puedan brindar.

En este tenor, quienes integramos esta Comisión estamos convencidos de la importancia que representa para el país el aporte de las personas con discapacidad. Es por ello que proponemos, en primera instancia, exhortar al organismo rector de la Administración Pública en materia de discapacidad, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), para que promueva los diferentes programas y políticas públicas que ya existen, los cuales tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De igual forma, proponemos exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con sus homologas estatales, diseñe, promueva e implemente programas encaminados a generar empleos para las personas con discapacidad en el país.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que fomente y coordine, con sus homologas de las entidades federativas y del Distrito Federal, la elaboración de programas encaminados a generar empleos para las personas con discapacidad en el país.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.





 

Que exhorta a fortalecer los programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del4 de diciembre de 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente del Punto de Acuerdo expone que durante la etapa de envejecimiento, se experimenta fisiológicamente y en lo progresivo, un decline en funciones orgánicas y psicológica, como puede ser la pérdida de capacidades cognitivas y sensoriales, que se manifiestan de forma distinta en las personas adultas mayores, y que es de suma importancia una rama de la salud que estudia, en específico, el comportamiento de esta etapa de la vida denominada geriatría.

Señala que las personas adultas mayores requieren de mayor atención en lo que a su salud respecta, pues es el sector más vulnerable para las enfermedades; de ahí la necesidad de pugnar por mejores políticas públicas en la que se busque prevenir enfermedades y remediar la difícil situación en la que muchos de ellos viven.

Es por ello que el Senador propone exhortara las Secretarías de Salud, y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, propone exhortar a la Secretaría de Salud, así como a sus homologas estatales, para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento de la población en el mundo es un indicador de la mejora en el rubro de la salud. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, la cual debe adaptarse a este escenario para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas adultas mayores, así como su participación social y su seguridad.

En los últimos años, llegar a viejo dejó de ser un privilegio. Hoy, para el género humano, el envejecimiento y la vejez a nivel mundial son ya fenómenos generalizados, tendencias que habrá de consolidarse a la luz de la revolución de la longevidad.

En este contexto, la OMS ha desarrollado el término de "envejecimiento activo", como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen; por lo que el término "activo" se refiere a que las personas adultas mayores participen de manera continua, ya sea como individuos o en grupo, en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos en los que están inmersos.

Lo anterior nos lleva a pensar que, pesar de su edad, las personas adultas mayores siguen realizando importantes contribuciones a la sociedad, ya sea en el seno de sus familias, realizando labores de carácter voluntario o participando de forma activa en la fuerza de trabajo.

2.-Sin embargo, las personas adultas mayores requieren de ciertos cuidados y medidas especiales de acuerdo a sus padecimientos y enfermedades, como prevenir y tratar las enfermedades crónicas asociadas a su edad; políticas sostenibles sobre la atención paliativa de larga duración, y servicios y entornos adaptados para las diversas situaciones en las que viven.

En este sentido, cobra gran importancia la Geriatría, la cual es la rama de la Medicina que se ocupa de estudiar la vejez y todos los trastornos que la misma conlleva, es decir, es una especialidad médica que ahonda en los aspectos preventivos, en los curativos y en la rehabilitación de aquellas enfermedades que aquejen a las personas adultas mayores.

La práctica geriátrica nació en la década del cuarenta del Siglo XX, en el Reino Unido, teniendo a la Doctora Marjorie Warren como principal responsable, ya que durante sus trabajos en diferentes hospitales demostró cómo personas adultas mayores con enfermedades no diagnosticadas, tras recibir una correcta atención y valoración, lograban excelentes resultados en su recuperación que le permitían regresar a sus entornos y recuperar la vida con total normalidad.

Un aspecto importante que se debe resaltar es que resulta muy común que los especialistas en Geriatría, además de tratar al adulto mayor, deban tratar a su familia o entorno más cercano, brindándoles recomendaciones acerca de cómo tratarlos en diferentes situaciones que se presenten.

3.-Las principales causas de muerte que afectan a las personas adultas mayores, incluso en los países más pobres, son las enfermedades cardiacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas, mientras que las principales causas de discapacidad son el déficit visual, la demencia, la pérdida auditiva y la artrosis.

Por otro lado, muchas de las personas adultas mayores pierden su capacidad de vivir de forma autónoma debido a su limitada movilidad, su debilidad u otros problemas de salud físicos o mentales, motivo por el cual necesitan una atención de larga duración, como servicios de enfermería (los cuales pueden ser también en su domicilio); así como atención sanitaria comunitaria, residencial y hospitalaria.

4.-El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una disminución relativa de la respuesta homeostática (equilibrio que le permite al organismo mantener un funcionamiento adecuado), debido a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado del organismo.

Actualmente, a nivel mundial se vive un proceso único e irreversible de transición demográfica, el cual trae como resultado poblaciones más envejecidas en todos los países. Por un lado, los índices de fertilidad van a la baja, mientras que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará, esperando que para el año 2050 esta población alcance los 2 mil millones de personas. Aunado a lo anterior, se espera que en la mayoría de los países el número de personas de más de 80 años se duplique hasta alcanzar los casi 400 millones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2012 en México, el número de personas de 60 años y más era de 10.9 millones, representando el 9.3% de la población total. Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.8%.

Por su parte, en 2011, la morbilidad hospitalaria más alta en el grupo de adultos mayores fue por diabetes mellitus, ubicándose en la población de 75 a 79 años. En 2012, el déficit visual fue el principal síndrome geriátrico en la población adulta mayor, ya que 47 de cada 100 lo presentaron.

5.-El Senador promovente del Punto de Acuerdo señala que existe una rama de la Salud que estudia en específico el comportamiento de las personas adultas mayores, denominada Geriatría, la cual se centra en estudiar lo que pasa después de los sesenta años cumplidos, como son los procesos de envejecimiento, su epidemiologia, las fisiopatologías, los síndromes y los cuidados paliativos.

Agrega que en México se forman 1.3 especialistas en Geriatría por cada 1,000 habitantes, dando como resultado que por cada millón de habitantes, existen tan sólo 2 Geriatras, lo que se complica aún más por el acrecentamiento de adultos mayores cada año.

Es por ello que señala que los adultos mayores requieren de mayor atención en lo que a salud respecta, pues son el sector más vulnerable para las enfermedades, siendo necesario pugnar por mejores políticas públicas.

6.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables siempre se ha mantenido atenta y preocupada por atender a las personas adultas mayores; es por ello que a través del presente Dictamen buscamos dar respuesta a los diferentes problemas que aquejan a este sector de la población.

Es por ello que quienes integramos esta Comisión proponemos la aprobación del Dictamen que tiene como objetivo, en primer lugar, exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, a nivel federal, para que fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país y, en segundo lugar, exhortar a la Secretaría de Salud, así como a sus homologas estatales y del Distrito Federal, para que promuevan la especialidad de Geriatría en las universidades públicas del país.

Las Senadoras y Senadores que conformados esta Comisión estamos convencidos que la protección y el cuidado de nuestras personas adultas mayores es una gran responsabilidad que nos compete, con la que siempre hemos y estaremos comprometidos; es por ello que buscamos crear y fortalecer los actuales mecanismos con los que contamos hoy en día para su protección y desarrollo.

En virtud de lo anteriormente señalado, la Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación del Dictamen que contiene Proposición con Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, así como a sus homologas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 14 de abril de 2015.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Son todos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que estos dictámenes están a discusión.

Ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para referirse a los dictámenes en cuestión.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Mayela Quiroga Tamez.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, me permito, en mi intervención, fundamentar tres dictámenes con punto de Acuerdo, en materia de derecho de personas con discapacidad.

Con la presentación de estos dictámenes, la comisión ratifica su compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Si bien se reconocen los esfuerzos institucionales realizados en los diversos ámbitos de la función pública, es necesario continuar trabajando para seguir fortaleciendo las acciones e instrumentos de política pública, como son los censos de población y, por supuesto, dar seguimiento a los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales en materia sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En nuestro país existe un importante número no cuantificado de personas que presentan acondroplasia, situación que les genera una serie de problemas, como la discriminación.

Es considerada como una discapacidad por la Organización Mundial de la Salud, un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, no cuenta, hoy en día, con un padrón de personas que vivan con acondroplasia en México, por lo que resulta la necesidad de contar con un censo que permita conocer en qué condiciones estamos y cuántas personas tienen este problema de discapacidad.

Por su parte, durante el primer Foro Nacional de Personas de Talla Pequeña, organizado por las organizaciones de la sociedad civil, se dio a conocer que existen entre 10 mil y 15 mil mexicanos con este trastorno.

La falta de certidumbre en el número de personas de talla pequeña que habitan en nuestro país, hace que se dificulte conocer la realidad de vulnerabilidad que enfrentan, así como estar en condiciones de diseñar también las estrategias y mecanismos necesarios para impulsar su desarrollo y atender de manera debida su inclusión en nuestra sociedad.

En tal virtud, el primer dictamen se propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de realizar las gestiones necesarias, a fin de que en el próximo censo de población se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer los datos más precisos sobre las personas de talla pequeña, con el objeto de que las distintas dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, promuevan dentro de sus políticas públicas y participen y promuevan también en la integración social de las personas.

El segundo dictamen que se presenta señala que los días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó a cabo una sesión, la 145 y 146, en que examinó el informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A partir de este examen, el comité emitió una serie de observaciones y recomendaciones a nuestro país, para que avance el cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ante este hecho, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno de la República en la materia, así como por el Poder Legislativo; pero también la necesidad de fortalecer la creación, el desarrollo e impulso de las políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y en el respeto pleno de sus derechos.

En este contexto, se requiere que reconozcamos las recomendaciones y, sobre todo, acatar las señaladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y trabajemos en su cumplimiento con el firme propósito de promover y proteger los derechos de 7.7 millones de personas que viven con discapacidad en nuestro país.

Por lo expuesto, se propone exhortar, respetuosamente, a la Federación y a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del informe inicial de México, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, como tercer dictamen, cabe recordar que el juicio de interdicción es un procedimiento por medio del cual se protege legalmente a las personas afectadas por alguna incapacidad, a través de la figura de un tutor, que representa legalmente sus intereses, así como la figura de un curador, quien es el encargado de vigilar el desempeño del tutor; sin embargo, es necesario señalar que en la mayoría de las entidades federativas, la interdicción se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual para todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que existen entre cada una de ellas.

Considerando que las inconsistencias en la armonización de los códigos civiles y en los códigos de procedimientos civiles, de cada uno de los estados con los tratados internacionales, se tienen que radicar en dichos códigos y, sobre todo, que se refiere a las personas con discapacidad con un término internacionalmente aceptado, como lo es el que maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así, la discapacidad no puede ser entendida como una carencia, sino como un límite o restricción a la aptitud del ejercicio, no puede prevenir una falta de aptitud legal o una falta de madurez para exigir, sobre todo, un derecho y poder proteger las obligaciones y cumplirlas.

Ejemplo de esta falta de armonización referida, se da en las legislaciones civiles de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, que señalan que tienen incapacidad legal los mayores de edad y, sobre todo, también indicar estos señalamientos hacia los estados.

Por lo tanto, el juicio de interdicción es considerado como un ajuste razonable, relacionado con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como la personalidad jurídica, el respeto a la dignidad, con independencia de cualquier diversidad funcional: la igualdad, la libertad personal, la inclusión social, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales.

Por lo anteriormente, les solicito, en este punto de Acuerdo que se propone, exhortar respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que realicen las modificaciones legales pertinentes con el objeto de armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Les pido su voto a favor de estos tres dictámenes.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora Quiroga Tamez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar también los dictámenes correspondientes.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimadas Senadoras y Senadores:

Efectivamente, quiero pedir su atención y, sobre todo, su respaldo porque en este momento quiero, en mi intervención, fundamentar siete dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y que, por supuesto, a partir de ello estaríamos solicitando su respaldo en cada uno de ellos, son siete dictámenes de los que estaré hablando en su fundamentación; cinco en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores; uno en materia de derechos de las personas con discapacidad; y uno más de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El 25 de julio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Esta legislación busca regular, principalmente, la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM.

Sin embargo, el día de hoy no se cuenta con el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que vendría a sumar a favor de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, y con ello perfeccionar los alcances de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios que se deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional bajo la coordinación del INAPAM.

En virtud de ello, se propone exhortar respetuosamente a este instituto para informar a esta Cámara de Senadores sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Para efectos del segundo dictamen, es preciso señalar que de acuerdo con la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establece que el INAPAM tiene, entre otras, la atribución de promover que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día, o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con metas para su desarrollo humano integral.

En la actualidad, no se cuenta con un registro de Centros de Atención a Personas Adultas Mayores; y lo más cercano al padrón, lo da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI.

Por otro lado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, dio a conocer que en el año 2010 había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores.

En este sentido, se considera necesario exhortar respetuosamente al INAPAM para que en coordinación con las dependencias homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención públicos y privados, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores con el objeto de tener certidumbre del número y la forma en que estas instituciones prestan sus servicios y operan en nuestro país.

Como tercer dictamen, es importante señalar que en el año 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor.

En este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores se aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento, y se espera que en el 2050 se incremente al 21.5 por ciento.

De acuerdo con cifras del INEGI, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, fue de 33.7 por ciento, y de este porcentaje la mayoría labora por cuenta propia, el 50.5 por ciento; mientras que 4.9 son trabajadores sin pago.

Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos, 35.5 por ciento, es subordinada y remunerada, y la mitad de estos no reciben prestaciones, el 49.2 por ciento.

Se tiene conocimiento que la discriminación y marginación hacia las personas adultas mayores tiene diversos factores como el cultural, social y económico; sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión, y es el estereotipo de la desvaloración de las personas por llegar a cierta edad, atribuyéndoles características negativas como improductividad, ineficiencia y las propias enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al INAPAM, al DIF y al CONAPRED, a instrumentar e impulsar acciones a favor del bienestar de las personas adultas mayores en nuestro país, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores.

Dentro de las consideraciones del cuarto dictamen, se señala que en abril de 2015, dentro del marco de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, el Director General del ISSSTE hizo público el compromiso de que dicho instituto eliminaría el pase de vigencia de derechos, el cual obligaba a los jubilados y pensionados a acudir dos veces por año a las oficinas administrativas a comprobar que están vivos y así poder seguir cobrando sus pensiones.

El 29 de abril de ese año, la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales, aprobó la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados del instituto.

En el Acuerdo aprobado se eliminó el pase de vigencia presencial y se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que estos tuvieran que presentarse en las instalaciones del instituto.

Por lo anteriormente señalado, se propone exhortar, entonces, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de modificar las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, mejor conocido como 65 y Más, a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa se realice a través de diferentes medios, buscando con ello facilitar la comprobación de supervivencia para las personas adultas mayores beneficiarias del programa.

Estimado Presidente, quiero pedirle un poquito más de tiempo, ya estoy por terminar, estoy agrupando, como dije, siete dictámenes, y le pediría, también, porque estoy omitiendo algunos párrafos, que me haga el gran favor de poner íntegra mi participación en el Diario de los Debates. Gracias.

Como quinto dictamen, es necesario señalar que a nivel mundial se vive un proceso único e irreversible de transición demográfica, el cual trae como resultado poblaciones más envejecidas en todos los países.

Por un lado, los índices de fertilidad van a la baja, mientras que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará, esperando que para el año 2050 esta población alcance los 2,000 millones de personas.

Aunado a lo anterior, se espera que en la mayoría de los países el número de personas de más de 80 años se duplique hasta alcanzar los casi 400 millones.

Según datos del INEGI, en el año 2013 en México, la población de personas mayores de 60 años superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9 por ciento de la población total de nuestro país.

Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, fue de 33.8 por ciento.

Por su parte, en 2011 la morbilidad hospitalaria más alta en el grupo de adultos mayores fue por diabetes mellitus, ubicándose en la población de 75 a 79 años.

En 2012, el déficit visual fue el principal síndrome geriátrico en la población adulta mayor, ya que 47 de cada 100 lo presentaron.

En virtud de lo anterior, atendiendo las barreras que viven las personas adultas mayores, se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

Asimismo, a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

Como fundamento al sexto dictamen, el 15 de julio de 2014, elementos de la Policía Federal rescataron cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en una casa-hogar ubicada en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán, la casa-hogar era conocida como La Gran Familia.

A la luz de los acontecimientos sucedidos en la casa-hogar La Gran familia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió a las autoridades mexicanas a colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidado de niñas y niños e instó a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado que han sido privadas de su medio familiar.

Por su parte, el 4 de diciembre de 2014, como todos sabemos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley que tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo Federal y cuya aprobación implicó un importante esfuerzo y una gran responsabilidad del Honorable Congreso de la Unión.

En la nueva legislación se desarrolla un único capítulo sobre los centros de asistencia social, que señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental o familiar atendidos en dichos centros.

En este tenor, consideramos necesario conocer la situación en la que éstos viven y se desarrollan en los diferentes albergues, orfanatorios, casas-cuna y casas-hogar con el objeto de proteger sus derechos.

Es por ello que proponemos aprobar el presente dictamen con el objeto de exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional DIF y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas-cuna o casas-hogar que se encuentran en territorio nacional y a realizar operativos de vigilancia de manera permanente con el objeto de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivan en ellos.

Finalmente, como séptimo dictamen, tenemos que, de acuerdo con la ONU, en todas las regiones del mundo las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha considerable entre la condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con y sin discapacidad.

Según el informe del INEGI, las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, la sociedad y el Estado mexicano han realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en materia laboral.

Ejemplo de ello es que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, se establece una serie de acciones que deberán llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacan la prohibición de la discriminación laboral por esa condición, el diseño de políticas públicas para la inclusión laboral y la elaboración e instrumentación de un programa nacional de trabajo.

Ante ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha implementado el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, que comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo, entre otras.

Sin embargo, es necesario que continuemos potenciando este tema y todas las acciones a favor de las personas con discapacidad, por lo que se exhorta respetuosamente al CONADIS para fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que fomente y coordine con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal la elaboración de programas encaminados a generar empleo para las personas con discapacidad en el país.

Esto es a grandes rasgos la fundamentación de estos siete dictámenes, estimados compañeros, gracias por su atención, pero particularmente estoy segura que también nos darán su respaldo.

Muchas gracias, señor Presidente, por la consideración del tiempo.

Es cuanto.

FUNDAMENTACIÓN DE SIETE DICTÁMENES A PUNTOS DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓNA GRUPOS VULNERABLES

México, D. F., a 16 de abril de 2014.

Con el permiso de la Presidencia, me permitiré en mi intervención fundamentar 7 dictámenes a puntos de acuerdo: Cinco en materia de derechos de las personas adultas mayores, uno en materia de derechos de las personas con discapacidad y uno más de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El 25 de julio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Esta legislación busca regular, principalmente, la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Sin embargo, al día de hoy no se cuenta con el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que vendría a sumar a favor de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, y con ello perfeccionar los alcances de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, que se deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, bajo la coordinación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

En virtud de ello, se propone exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para informar a esta Cámara sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Para efectos del segundo Dictamen, es preciso señalar que de acuerdo con la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se establece que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene, entre otras, la atribución de "…promover que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con metas para su desarrollo humano integral".

En la actualidad, no se cuenta con un registro de centros de atención a las personas adultas mayores, y lo más cercano al padrón de asilos de ancianos los da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Por otro lado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dio a conocer que el año 2010, había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores.

En ese sentido, se considera necesario exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que en coordinación con las dependencias homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, públicas y privadas, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores, con el objeto de tener certidumbre del número y la forma en que estas instituciones prestan sus servicios y operan en nuestro país.

Como tercer dictamen, es importante señalar que en el año 2014 la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor. En este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7%, y se espera que en 2050 se incremente a 21.5%.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.7%; de este porcentaje, la mayoría labora por cuenta propia (50.5%), mientras que 4.9% son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5%) es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones (49.2%).

Se tiene conocimiento que la discriminación y marginación hacia las personas adultas mayores tiene diversos factores como el cultural, el social y el económico; sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión y es el estereotipo de la desvalorización de las personas por llegar a cierta edad, atribuyéndoles características negativas como improductividad, la ineficiencia y la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores en nuestro país, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores.

Dentro de las consideraciones del cuarto dictamen, se señala que en abril de 2014, dentro del marco de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hizo público el compromiso de que dicho Instituto eliminaría el pase de vigencia de derechos, el cual obligaba a los jubilados y pensionados a acudir dos veces por año a las oficinas administrativas a comprobar que están vivos y así poder seguir cobrando sus pensiones.

El 29 de abril de ese año, la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales aprobó la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados del Instituto. En el acuerdo aprobado se eliminó el pase de vigencia presencial y se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, llevar a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que éstos tuvieran que presentarse en las instalaciones del Instituto.

Gracias a esta medida, los jubilados y pensionados del ISSSTE pueden hacer el trámite de verificación de su estatus vía telefónica o a través de Internet, para que después una trabajadora o trabajador del ISSSTE acuda a su domicilio para realizar la comprobación pertinente, representando una medida afirmativa que abona directamente a favor de las personas adultas mayores, a quienes por su condición les resulta complicado trasladarse a realizar este tipo de trámites e inclusive a algunos les es imposible.

Por lo anteriormente señalado, se propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de modificar las Reglas de Operación del Programa "Pensión para Adultos Mayores", mejor conocido como "65 y Más", a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa, se realice a través de diferentes medios, buscando con ello facilitar la comprobación de supervivencia para las personas adultas mayores beneficiarias del programa.

Como quinto dictamen, es necesario señalar que a nivel mundial se vive un proceso único e irreversible de transición demográfica, el cual trae como resultado poblaciones más envejecidas en todos los países. Por un lado, los índices de fertilidad van a la baja, mientras que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará, esperando que para el año 2050 esta población alcance los 2 mil millones de personas. Aunado a lo anterior, se espera que en la mayoría de los países el número de personas de más de 80 años se duplique hasta alcanzar los casi 400 millones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2013 en México, la población de personas mayores de 60 años superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9.3% de la población total de nuestro país. Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.8%.

Por su parte, en 2011, la morbilidad hospitalaria más alta en el grupo de adultos mayores fue por diabetes mellitus, ubicándose en la población de 75 a 79 años. En 2012, el déficit visual fue el principal síndrome geriátrico en la población adulta mayor, ya que 47 de cada 100 lo presentaron.

En virtud de lo anterior, atendiendo las barreras que viven las personas adultas mayores, se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

Asimismo, a la Secretaría de Salud, así como a sus homologas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

Como fundamento al sexto dictamen, el 15 de julio de 2014, elementos de la Policía Federal rescataron cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en una casa hogar ubicada en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. La casa hogar era conocida como "La Gran Familia".

A la luz de los acontecimientos sucedidos en la casa hogar "La Gran Familia", el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF), pidió a las autoridades mexicanas colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados de niños, e instó a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños que han sido privados de su medio familiar.

Por su parte, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ley que tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo Federal y cuya aprobación implicó un importante esfuerzo y una gran responsabilidad del H. Congreso de la Unión.

En la nueva legislación, se desarrolla un único Capítulo sobre los Centros de Asistencia Social que señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.

En este tenor, consideramos necesario conocer la situación en la que éstos viven y se desarrollan en los diferentes albergues, orfanatorios, casas cuna y casas hogar, con el objeto de proteger sus derechos.

Es por ello que proponemos aprobar el presente Dictamen, con el objeto de exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, que se encuentran en territorio nacional y a realizar operativos de vigilancia, de manera permanente, con el objeto de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivan en ellos.

Finalmente, como séptimo dictamen, tenemos que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha considerable entre las condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con y sin discapacidad.

Según el Informe del INEGI "Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010", la sociedad y el Estado mexicano han realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en materia laboral.

Ejemplo de ello es que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11 se establecen una serie de acciones que deberá llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacan la prohibición de la discriminación laboral por esa condición; el diseño de políticas públicas para la inclusión laboral, y la elaboración e instrumentación de un programa nacional de trabajo.

Ante ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha implementado el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018 que comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado.

Sin embargo, es necesario que continuemos potenciando este tema y todas las acciones en favor de las personas con discapacidad, por lo que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que fomente y coordine, con sus homologas de las entidades federativas y del Distrito Federal, la elaboración de programas encaminados a generar empleos para las personas con discapacidad en el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Flores Escalera.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para referirse igualmente a los dictámenes que están a discusión.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para manifestar mi apoyo a las propuestas que se nos están poniendo a consideración, y que contribuyen sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de grupos y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De manera muy especial quiero referirme al tema de adultos mayores, ya que son varias las propuestas que se nos están poniendo a consideración.

Una de ellas exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que informe el estado del Reglamento de la actual Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hasta la fecha no se ha expedido. Avanzar en el instrumento es clave para reconocer y proteger los derechos de nuestros adultos mayores y fortalecerá las políticas a favor de este grupo dándoles un mayor respaldo.

Otro es un exhorto para que ese mismo instituto lleve a cabo un registro de albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención donde se brinde asistencia a personas adultas mayores.

Se incluye también una propuesta en donde se busca que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implementen acciones que se encaminen a una sociedad en donde no se discrimine a las personas adultas mayores.

También tenemos un exhorto a la SEDESOL para modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, con la intención de que se adecue la forma de comprobar la supervivencia de las y los beneficiarios y, sobre todo, que se aproveche el Internet, que es una herramienta pues ahora muy accesible para muchas personas.

Esto me parece muy importante ya que brindará certeza a la operación del programa brindándoles comodidad a las personas adultas mayores que en ocasiones tienen problemas de accesibilidad, que les dificultan asistir a un módulo.

Por último, me refiero al punto que tiene como objetivo, por un lado, exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que fortalezcan y difundan programas, políticas públicas y estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.

Y en segundo lugar, exhorta a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas estatales y del Distrito Federal para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.

Es un hecho que no contamos con suficientes especialistas en esta rama, y ante el crecimiento de la población de adultos mayores es fundamental que las universidades públicas respondan a través de la creación de espacios educativos que promuevan la especialización de médicos que puedan atender apropiadamente a las personas adultas mayores.

Estas propuestas son, de fondo, un llamado a la importante tarea sociodemográfica que tenemos que enfrentar como sociedad a causa del cambio que estamos viviendo en la estructura poblacional. En este sentido, como país tenemos una amplia agenda en este tema.

De acuerdo con el INEGI, 9 de cada cien mexicanos son personas mayores de 60 años, de 1990 al 2012 la población de niños y jóvenes del país se redujo, mientras que la de adultos mayores pasó del 6.2 por ciento al 9.3 por ciento, y se calcula que para el 2050 llegue al 21.5 por ciento.

La tasa de participación económica de este sector indica que apenas la tercera parte lleva a cabo alguna actividad, situación que es por demás importante, puesto que de acuerdo al CONEVAL, el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en pobreza multidimensional.

La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2012 señala que entre los principales problemas de funcionalidad de los adultos mayores de 60 años y más se encuentran las dificultades para vestirse, caminar, acostarse, levantarse, seguidas de aquellas para usar el sanitario, bañarse y comer.

Las enfermedades hospitalarias más altas de este sector son por diabetes mellitus y se ubica muy particularmente en la población de 75 a 79 años. El artículo 1o. de nuestra Constitución prohíbe la discriminación por condición de edad, y en ese sentido la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la protección contra la explotación, el derecho a la salud, a tener una familia, a la educación, al trabajo, a ser sujetos de programas de asistencia social y al acceso a servicios de condiciones preferentes.

Con todo esto pueden visualizarse una serie de desafíos que exigen soluciones inmediatas para ayudar a solventar no solo la sobrevivencia, sino que incidan efectivamente para que los adultos mayores sean autosuficientes y cuenten con un nivel de vida que les garantice su bienestar y desarrollo humano.

Con las propuestas que están poniéndose a su consideración damos un paso muy importante: a prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y a la problemática que enfrentan, poniendo como objetivo garantizar un sistema que respete sus derechos humanos y donde puedan seguir asumiendo funciones sociales desde su condición de adultos mayores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Para finalizar, tiene el uso de la tribuna la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para referirse al dictamen sobre personas de talla pequeña.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy vengo con un punto de Acuerdo importante, que a veces pasa omiso, y más cuando no tenemos que ver con el tema, pero es importante empezar a visibilizarlo.

Nosotros empezamos, digo nosotros, porque es un esfuerzo de varias Senadoras visibilizándolo, pidiendo un día en el que se les pudiera reconocer y donde pudiéramos hacer una reflexión, ¿cuántas personas hay?, ¿qué es lo que hay que hacer por ellas?, los de talla pequeña, pero también después vimos una problemática todavía mucho más fuerte.

Resulta que ellos no son sujetos de apoyos porque no son considerados discapacitados, porque pueden tocar, pueden caminar, pueden ver, pueden hablar, pero qué con la estatura. Pareciera pequeño el problema como se les denomina a ellos, pero no; va mucho más allá. Poniéndonos una muestra, poniéndonos un sillón enorme y decía, trata de subirte, trata de pedir un taxi, de subir a un camión, y vas a ver lo difícil que es cuando tienes una estatura pequeña.

Entonces, se trata de poderlos visibilizar y para poder trabajar políticas públicas que vayan a favor de ellos; había que saber cuántos hay en este país, en qué zonas se encuentran, y resulta que no hay un estudio que lo diga.

En el 2004, cuando INEGI hace un esfuerzo por ver cuántas personas discapacitadas hay en las casas, se hace pero no se toma en cuenta la acondroplasia, o conocido esto como personas de talla baja o estatura pequeña, y eso nos imposibilita el poder visibilizarlos, el poder decir son tantos en el país y se encuentran en tal o cual lado.

Entonces, yo de verdad me encuentro demasiado sensible con este tema, quizá por eso hemos venido abanderándolo porque un día tocó una persona a mi oficina de talla normal y me hablaba de este problema, y yo decía, pues sí está bien pero se me hacía raro que él lo dijera con tanta pasión, con tanta sensibilidad, si tenía una estatura normal.

Después me dijo que su hijo tenía ese padecimiento, que no encontraba las razones; y su esposa también tenía una estatura normal, pero que todos estamos sujetos a todo este tipo de situaciones, y que él soñaba, que él deseaba, que él quería poner un granito de arena para que su hijo pasara las mejores cosas en su vida y que su estatura no fuese una limitante; que él no fuese causa de problemas de discriminación, como ya los veía, porque para muchos de ellos no solamente la pena es moral, porque hay una discriminación, porque son pequeños.

Hay una discriminación y, por supuesto, hay poco acceso a las labores de casa, pero a veces se juntan dos cosas en una misma persona. La pena de no tener solvencia económica y la pena de tener una discapacidad, y ahí es donde la pena se hace más grande, se hace un vacío más fuerte.

Entonces, yo de verdad quiero reconocerle a la comisión el esfuerzo que viene haciendo, y aquí la petición, es decirle a INEGI, decirle a la Secretaría de Hacienda, decirles que pongan su esfuerzo en este trabajo que ya van a realizar, a hacer el conteo, para que también sean consideradas las personas con acondroplasia o con talla pequeña, para que podamos visibilizar el problema en el país, podamos saber cuántas personas hay y, por supuesto, a partir de ahí, hacer nuestro trabajo, que es hacer políticas públicas a favor de estas personas.

Que no nada más son ellos, vuelvo a recordar que no solamente son ellos, son todas las familias y que hay familias que no salen a trabajar y si ellos no pueden trabajar no pueden tener sustento, y así se vuelve un círculo vicioso donde no solamente las personas con este padecimiento tienen la problemática, se vuelve un problema social, se vuelve un problema amplio.

Entonces esa es la petición con este punto de Acuerdo que trae consigo varios trabajos, el trabajo de reconocer un día para poderlos visibilizar, para poder hacer reflexiones de qué hemos hecho a favor de las personas de talla pequeña, también el que sean considerados como unas personas que tienen discapacidad para que sean sujetos a apoyos, y la base es lo que estamos pidiendo ahora en este punto de Acuerdo, la base es poder conocer cuántas personas existen en este país con este padecimiento, con esta problemática, para que a partir del problema podamos encontrar ahora la solución juntos y existan políticas a favor de ellos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ríos de la Mora.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de once dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos correspondientes.

La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con la lectura de los dictámenes que contienen punto de Acuerdo:

En torno a la protección de la vaquita marina.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer el Programa de Acción para la Conservación de la especie manatí en el sistema lagunar de Catazajá.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a realizar un inventario en las áreas consideradas como bienes nacionales ubicadas en la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre centros de acopio de árboles de navidad en la temporada navideña 2015-2016.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicitan diversas acciones en materia de cambio climático.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre el Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Sobre la tala y extracción ilegal de madera en municipios del estado de Michoacán.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a continuar implementando acciones de restauración en los sitios de manglar.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a fortalecer las acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar sobre el impacto que la ampliación de la carretera No. 186, Villahermosa-Escárcega, ha ocasionado en la población del Mono Saraguato Negro.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a informar el estado en que se encuentra el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a discusión. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Comuníquense.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de unidades de vinculación en transferencia de conocimiento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.

El Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a presentar ante ustedes el presente dictamen que espero y encuentren de conformidad, y nos favorezcan con su aprobación.

En las últimas décadas, los países más desarrollados y las principales economías emergentes han puesto especial atención al desarrollo de políticas públicas y legislación para la creación y expansión de empresas de base tecnológica, así como para el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la academia.

En Europa; en Estados Unidos, en Japón y en otras naciones, son muchas las universidades y los centros de investigación en los que los investigadores son académicos, pero también son empresarios. Esto se ha traducido en un incremento de sus capacidades productivas y en su competitividad.

En México, dado el marco legal vigente, esto es impensable y sumamente complicado, pues existen una serie de obstáculos y vacíos legales que impiden el desarrollo de estas alianzas.

Es por ello que el día de hoy queremos darle buenas noticias a nuestro aparato científico nacional, pues gracias a las reformas que estaremos aprobando, si ustedes así lo designan, facilitaremos, desde la ley, que investigadores, científicos y tecnólogos puedan trabajar en proyectos conjuntos con la iniciativa privada.

La propuesta contenida en la minuta, materia de este dictamen, tiene como objeto impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de nuestro país, al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para la transferencia de tecnología y vinculación con la industria en todas las instituciones de investigación, centros públicos de investigación y en las entidades de la Administración Pública Federal que desarrollan ciencia y tecnología; así como eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores, en tanto son considerados como servidores públicos para vincularse con el sector privado, mediante la conformación de alianzas estratégicas.

Para ello, se propone establecer diversas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El dictamen que estamos poniendo a su consideración, contiene una serie de cambios a la minuta recibida por nuestra Colegisladora. Debo destacar que los mismos se han elaborado con la intención de enriquecer las propuestas enviadas.

El objetivo es aprovechar la oportunidad de este proceso legislativo para introducir algunos elementos que le den mayor contundencia y flexibilicen su aplicación.

Los cambios propuestos son resultado de un diálogo amplio y plural con actores de los sectores público y privado; asimismo, se han consensuado y analizado de manera detallada por los Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

En este sentido, quiero agradecer a los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado, Francisco de Paula Búrquez, Víctor Salinas; y a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Raúl Gracia, Enrique Burgos, Miguel Ángel Chico y Zoé Robledo, su disposición para trabajar en este dictamen.

Dentro de las muchas bondades de esta nueva legislación, destacaré las siguientes:

Primero. Bajo esquema de transparencia y rendición de cuentas, se permite a los investigadores de universidades, centros públicos de investigación y entidades de la Administración Pública Federal que desarrollen actividades científicas y tecnológicas, así como vincularse como en sector privado y beneficiarse de las invenciones que desarrollen de manera conjunta, así como estar en la posibilidad de ser accionistas de empresas y obtener las regalías derivadas de proyectos conjuntos con el sector productivo.

Se permite a los investigadores y científicos de nuestro país, incorporarse en proyectos con la industria, mediante asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación o redes de innovación, entre otras figuras.

Los investigadores podrán obtener compensaciones complementarias a su sueldo por concepto de regalías de las invenciones que desarrollen.

Se elimina el posible conflicto de intereses, dada su condición de servidores públicos, pero se establecen mecanismos para dar transparencia y claridad para evitar un uso no adecuado de recursos e infraestructura pública.

Finalmente, se establece la obligación legal para que todos los órganos de gobierno de instituciones que desarrollan actividades científicas y tecnológicas, expidan lineamientos que permitan otorgar a sus investigadores, académicos y personal especializado hasta el 70 por ciento de las regalías que generen sus investigaciones.

Asimismo, se mandata la creación de unidades de transferencia tecnológica para que instituciones de educación, centros de investigación y entidades puedan vincular su desarrollo con las demandas de la industria.

Con este dictamen, el Senado refrenda su compromiso de impulsar las capacidades tecnológicas y de innovación de nuestro país.

Hoy, las comunidades científicas gubernamentales y empresariales deben juntas asumir un papel activo y posicionar a la ciencia, la tecnología y a la innovación como ejes para nuestro desarrollo económico y bienestar social.

México se encuentra en un momento de enormes retos en el que estamos obligados a actuar con responsabilidad, aprovechar las oportunidades que nos brinda el conocimiento, y a continuar en una etapa de recuperación para lograr un país más productivo, más competitivo y más próspero.

Esperando contar con su anuencia, quedo de ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Tello Cristerna.

Está a discusión, y para estos efectos, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para exponer sus argumentos en favor del dictamen.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

La persona que nos regaló el invento de la luz, mediante el electromagnetismo, Michael Faraday, en la segunda mitad del siglo antepasado, en alguna ocasión estaba presentando el resultado de sus inventos, y cuenta la anécdota de que uno de los ministros del gobierno británico le preguntó: ¿Y esto para qué sirve?

Y su respuesta fue monumentalmente persuasiva. Hoy no tiene una aplicación, sin embargo, le puedo garantizar que en los próximos 20 años ustedes van a recolectar impuestos de este invento. Así funciona el mundo de la ciencia. Hay mundos de ciencia libre y de ciencia dirigida.

No hoy, lo que la Comisión de Ciencia y Tecnología quiere corregir es una lamentable situación actual.

El modelo de ciencia que tenemos nos pone que el 95 por ciento de los doctores en ciencias trabajan en las universidades, muy pocos en la industria, y muy pocos en el gobierno.

En los países más desarrollados, el 70 por ciento de los doctores en ciencias, trabajan en la industria, y hoy en México tenemos varios retos por corregir, no solamente el modelo académico, sino también el modelo del empleo que se diseñó para otra época.

Primero, ¿cómo traducir el conocimiento en realidad? a eso se le llama innovación. Pensar en lo que nadie ha pensado.

Segundo, en la eliminación de barreras jurídicas, administrativas o de cualquier naturaleza que no están facilitando la vinculación, que en algunos casos no podríamos hablar ni siquiera de divorcio, porque no ha habido matrimonio. Necesitamos una mayor interacción entre el mundo de la empresa, el mundo académico y el gubernamental.

De manera tal, que en sentido más amplio, hoy en día la universidad es una prolongación de la empresa, y la empresa es una prolongación de la universidad.

Y el tercer aspecto tiene que ver con generar mejores políticas para que esa vinculación pueda tener unas realidades diferentes.

Hay países que ya han legislado al respecto de lo que hoy estamos presentando. Hay un caso vecino, 1980, por dos Senadores de la Unión Americana: los Senadores Bayh y Dole, que presentaron una legislación que potenció, de manera superlativa, todo el mundo de las regalías, las patentes y las fundaciones de las empresas. En México no podemos presumir todavía eso.

Recogiendo ese diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Modificar la Ley de Ciencia y Tecnología y modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ya el señor presidente de la comisión, Alejandro Tello, ha dado cuenta. Se pretende reformar el artículo 40 Bis y 51 del primer ordenamiento; y el artículo 8o. del segundo, que acabo de mencionar.

Lo que queremos es crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento y quitar las barreras, por supuesto, generando toda la transparencia necesaria, porque hoy en día un servidor público que trabaje en un centro de investigación puede ser sancionado por hacer trabajo de emprendedurismo.

Necesitamos que los investigadores tengan dos vocaciones: la del misionero y la del fenicio, sin perder el régimen de la transparencia.

Quiero felicitar a todos los miembros de la comisión, al mundo académico que nos acompañó en este proceso, a la Cámara de Diputados que nos entregó una versión preliminar que hoy estamos perfeccionando, y sobre todo porque en este mundo de aproximaciones necesitamos estar al día y a la vanguardia.

Y hoy, en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que las personas merecen son resultados, resultados y más resultados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeros y compañeras.

Sin duda que es una reforma muy importante la que se pretende aprobar el día de hoy, porque cambia el concepto de investigación que ha existido en nuestro país durante muchos años.

Tenemos un rezago muy importante en materia de innovación en nuestro país, en parte es una de las explicaciones de por qué nuestro país no alcanza las tasas de desarrollo económico necesarias para sacar a la mayoría de la población de la pobreza.

Hay una desvinculación absoluta entre lo que pasa en los centros de investigación y el sector formal de la economía.

Sin embargo, si vemos a lo largo del mundo, ¿cuáles son las economías que están teniendo éxito? Pues son aquellas economías que se vinculan a la educación, que se vinculan a la investigación y a la innovación. El gran motor de la economía en el mundo es la innovación.

Sin embargo, ¿cuál es el papel del Estado en la innovación? Debe incentivar la investigación científica y tecnológica; el gobierno debe dar el paso inicial para el desarrollo de investigaciones.

Pero lo que hacemos en México es que haya un obstáculo para que no haya vinculación entre la investigación, una vez que se tenga el resultado de esa investigación, la patente y el potencial comercial de estas patentes.

Entonces, no existe el incentivo económico en México hacia el registro de patentes y el posterior nacimiento de nuevas empresas y nuevas industrias. Está completamente desvinculado.

Lo que hace esta reforma, justamente, es eso: quitar esa barrera, ordenar la posibilidad que tengan los investigadores de beneficiarse del resultado de una investigación de una patente para que entonces este incentivo sí se genere en un motor que detone la investigación y la innovación en nuestro país.

Algo que no ocurre en México es, como ocurre, por ejemplo, en Israel o en Finlandia. Dentro de las propias universidades están los fondos de inversión que se dedican a financiar el desarrollo de patentes o investigaciones en determinado sector, y toman el riesgo, estos fondos de inversión, de estar patrocinando investigaciones hasta que se tiene una patente.

Una vez que se obtiene una patente y esta es exitosa, entonces, se distribuyen las ganancias para la universidad, para el investigador y para quien está haciendo el financiamiento. Esto en México no ocurre.

El financiamiento de las universidades y la concepción que se tiene sobre el financiamiento de universidades es exclusivamente el presupuesto. Cuando el potencial económico que tienen las universidades en sus centros de investigación y desarrollo es tremendo, si esas investigaciones se vinculan al sector productivo.

Lo que va a hacer esta reforma es eso: para que rompamos, pues, las pocas patentes que tenemos en México.

Déjenme darles los datos que tenemos. Según los datos oficiales, por ejemplo, en la Universidad de Tel-Aviv, en Israel, tiene 29 mil alumnos, presenta 120 patentes por año, de las cuales logra aprobar unas 30 a nivel local y 15 en Estados Unidos.

La universidad es socia fundadora de 15 compañías de tecnologías de las más importantes en el mundo, y cuenta con su propia empresa de protección y comercialización de las invenciones de sus profesores y alumnos.

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para compararlo con la universidad mejor ranqueada en toda América Latina, es la UNAM, esta, por ejemplo, tuvo, tiene una patente registrada al año, contra una universidad mucho más pequeña, la de Tel-Aviv, que tiene cerca de 120 por año, y es que hay un esquema distinto, completamente distinto del financiamiento de las investigaciones.

También. ¿Qué está pasando en nuestro país? La fuga de cerebros.

Según la OCDE, en 2011, de los 11.2 millones de inmigrantes, 867 mil cuentan con estudios de licenciatura y posgrado.

Según el CONACYT, el año pasado fueron 130 mil los científicos que abandonaron México en busca de mejores oportunidades.

Sí, los científicos mexicanos, al no existir las condiciones adecuadas, se están yendo hacia otras partes del mundo.

El número de patentes registradas en México, en el IMPI, por mexicanos, es apenas del 7 por ciento.

Entonces, nuestra economía no va a cambiar si seguimos con esta tendencia. La mayoría de las patentes que se otorgan en México, son para extranjeros.

También tenemos una inversión insuficiente en materia de ciencia y tecnología, este gobierno se fijó la meta de llegar a uno por ciento del PIB. Sin embargo, en los pre-criterios de política económica para 2016, lo que vemos es que hay un ajuste hacia la baja en los fondos para ciencia y tecnología, aunque recientemente al entregar los Premios de Ciencia y Tecnología, se ha dicho que no se van a disminuir estos recursos.

Aunque se cumplieran esas metas de inversión, es insuficiente. Tenemos que atraer mayor inversión, mayor cantidad de recursos al área de innovación, ciencia y tecnología.

Y ésta es una fórmula que se está plateando. Para ello, aquí habrá que tener mucho cuidado de que los funcionarios públicos que puedan participar en esto, pues sean los investigadores.

Creo que la parte que se debe cuidar muy, con mucha cautela, que se debe de cuidar con lupa, es que esta eliminación de conflicto de interés que se está planteando para servidores públicos, sea exclusivamente para los investigadores; para aquellos que desempeñen labores de investigación en los centros de investigación pública en nuestro país.

Creo que es un cambio de paradigma, en la forma de cómo se aborda el financiamiento a la investigación científica en nuestro país. Me parece que es una reforma muy importante, que puede ayudar a detonar la investigación científica en nuestro país y que puede ayudar también, a detonar el número de patentes que registramos como país. Y, por lo tanto, a empezar a cambiar los motores de nuestra economía.

Los incentivos a la innovación, a la ciencia, que es lo que está moviendo a las economías exitosas en el mundo.

Me parece que la fórmula que se está plateando va a tener un impacto relevante, va a lograr esta vinculación entre sector público y sector privado que actualmente no ocurre.

Sin duda alguna, también, que esta reforma va a ayudar a que indirectamente todos aquellos centros de investigación y desarrollo científico en el país, los institutos tecnológicos que hace poco estuvieron aquí, tengan mayores posibilidades de financiamiento y también tengan los incentivos para actualizar de manera permanente, a partir de lo que está pasando en el resto del mundo, con el conocimiento en actualizar perfiles, en actualizar materias, en actualizar áreas de investigación científica y tecnológica en nuestro país.

Entonces, creo que es una reforma que tiene que ser aprobada por este Pleno.

Los invito a que votemos a favor, y con muchas esperanzas que esta reforma cambie la realidad en muchas universidades, centros de investigación y, al final del día, en las oportunidades que se tienen para muchos jóvenes mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hacer uso de la palabra sobre asunto.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Sin duda que este tema es muy importante, porque plantea la posibilidad histórica de que por fin los centros de investigación de nuestro país se vinculen con la iniciativa privada.

Que eso es un paso que debió de darse desde que nacieron los centros de investigación. Nosotros hemos sostenido que las universidades del pueblo, las universidades públicas, que no se vinculan con la solución de los problemas del pueblo, pues son universidades que no tienen razón de ser, porque se convierten en un invernadero, en donde solo hay autoconsumo y no hay una situación de difusión, de los logros científicos, tecnológicos e innovación que tienen en sus lugares, en donde están desarrollándose este tipo de acciones.

Nos preocupa, que a pesar de que conocemos adelantos espectaculares en el mundo, México no destaque, y no destaca por razones que son obvias.

Ningún gobierno, desde que se dio la institucionalización de este país, ha puesto en el centro del debate la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos fundamentales para generar el desarrollo del país.

Eso ha generado que seamos un país dependiente, hablando de ciencia y tecnología. A nuestros cerebros, a nuestros genios, a nuestros talentos que han desarrollado por motu propio la ciencia y la tecnología, el gobierno no los atiende, no los desarrolla y menos les da la oportunidad de que toda esa situación que han desarrollado le sirva al país. Es dramático.

México destina el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto a investigación científica y tecnológica, frente a países como Suecia, que aplican el 3.8 por ciento.

Es imposible que en estas condiciones se pueda tener un desarrollo científico y tecnológico, si no se le invierten recursos económicos suficientes.

En el Plan Nacional de Desarrollo, a mí me parece una extraordinaria aspiración del Presidente, pero no solo de sueños vive el hombre, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, se tienen que hacer acciones concretas y se tienen que reflejar en un presupuesto que alcancemos el uno por ciento, cuando menos. Si países como Suecia tienen el 3.8 por ciento de su producto interno bruto, aplicado a la investigación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.

¿Qué dice el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018? ¿Qué se desprende del objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo?: hacer del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación pilares para el progreso económico social y sostenible.

Bueno, como un deseo es extraordinario, como una ilusión es extraordinaria; pero después de la crisis económica que estamos viendo en México, después de los recortes presupuestales, revisemos cuáles son las áreas afectadas y vamos a llegar a la conclusión, de que una de las áreas afectadas, las principales, pues son las que tienen que ver con educación, con ciencia, con tecnología y con investigación.

Imagínense dos patentes al año por millar de habitantes; frente a 271 de Finlandia, por ejemplo.

Es decir, ¿qué estamos produciendo comparado con otros países? Cuestiones verdaderamente pírricas.

Somos el último lugar en personal ocupado en área de ciencia y tecnología de los países que integran la OCDE.

Y hoy sale una nota a nivel nacional, que a los Senadores de la República nos tiene que preocupar: 50 por ciento de las escuelas tienen carencias, cuando el propio Banco Mundial señala que en una economía el conocimiento, las actividades productivas se basan en la creación de bienes y servicios de alto valor agregado y su funcionamiento; y se basa de manera predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento en la información.

La mano de obra educada, calificada, es uno de los aspectos centrales que señala el Banco Mundial que tiene que desarrollarse, y que debemos de contar con una población bien educada y calificada, y eso es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del conocimiento.

50 por ciento de nuestras escuelas con carencias y se exige educación de calidad, así no se puede.

Coincidimos, por supuesto, con la reforma, la hemos leído a puntualidad. Por supuesto que estamos de acuerdo y vamos a votarla a favor.

Yo insisto, ¿el Senado de la República está dando los pasos necesarios?, ¿qué es un paso necesario? Pues que le soltemos las amarras a los centros de investigación y que les digamos que se pueden vincular con la iniciativa privada para generar desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Ese es el trabajo del Senado, ¿cuál es el trabajo del Ejecutivo? Pues ponerle el recurso económico suficiente al Presupuesto Nacional para que, cuando menos, cumpla su objetivo.

No el de nosotros. El de nosotros seguirá siendo el 8 por ciento para la educación y un porcentaje, cuando menos, del 3 por ciento para la investigación, para la ciencia y la tecnología.

El porcentaje del Presidente es del 1 por ciento, y ojalá ese amor a la ciencia, a la tecnología y a la innovación se refleje en el Presupuesto del 2016, y que México pueda decirle al mundo: "Ya le entramos, 1 por ciento del PIB de nuestro país, destinado al desarrollo para que los mexicanos vivan mejor".

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambio climático y protección al medio ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión en lo general y en lo particular se llevará a cabo en un solo acto.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Intervención.

Con su venia Presidente,
Compañeras y compañeros Senadores,

Antes que nada, quisiera felicitar a las Comisiones Unidas que presentan este Dictamen y en consecuencia, adelantar que, por supuesto, me sumo al sentido del mismo con gran beneplácito.

Resulta esencial para nuestra nación, avanzar en este tipo de temas, ya que, para no variar, y lo digo con profundo respeto, en materia de protección al medio ambiente y equilibrio ecológico México presenta un serio retraso en comparación con otros países.

Estudios realizados en los últimos años por organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) han detectado que la temperatura de la Tierra ha aumentado 0.7 °C durante los últimos 150 años, coincidiendo con el incremento de un 30% en las concentraciones atmosféricas de bióxido de carbono (CO2) en el mismo período.

Sabemos también que el CO2 no es el único gas cuyas concentraciones han aumentado como resultado de la actividad humana:

El metano producido por la cría de ganado y en actividades agrícolas se ha más que duplicado, al igual que el óxido nitroso (N2O); desde la revolución industrial han incluso aparecido gases que antes no se encontraban en la atmósfera, como los clorofluorocarbonos (CFC), los per-fluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF2), empleado en la industria eléctrica.

Todos estos gases tienen en común que son potentes absorbedores de radiación infrarroja y son capaces de alterar los regímenes energéticos de la atmósfera al absorber radiación terrestre y contribuir al sobrecalentamiento de la Tierra, por lo que se les conoce como gases de efecto invernadero (GEI).

El efecto invernadero es el responsable de mantener las temperaturas de la Tierra alrededor de los 15 grados centígrados.

El clima, siempre ha existido y gracias a él la vida en el planeta ha podido prosperar.

Por otro lado, el clima representa un sistema muy complicado en el que este efecto juega un papel muy importante, pues de alguna forma determina la energía de la que se alimentarán los diferentes procesos dinámicos atmosféricos.

Lo anterior lo expongo, en virtud de enmarcar la profunda importancia que el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente revisten a nivel mundial.

De ahí se desprende la relevancia del Dictamen, que estoy seguro, hoy vamos a aprobar.

Me parece impostergable que la educación ambiental se vuelva una materia que vaya formando a los mexicanos desde edad temprana,

Sólo así, vamos avanzar en el cuidado al medio ambiente en nuestro país,

Con la formación de generaciones de mexicanos que desde pequeños tomen conciencia de la relevancia de esta materia para su desarrollo personal resaltando el impacto que tendrá a nivel nacional una sociedad determinada a cuidar el medio ambiente en el que viven.

Es por tales motivos, que mi voto será a favor del dictamen y no pierdo la oportunidad de invitarlos a todas y todos a sumarse en favor de este trascendente avance en favor de la protección al medio ambiente en nuestro querido país.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo señalado en el artículo 72 constitucional.

 





 

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Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 35; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia del uso de la firma electrónica avanzada.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN VI; Y 35, PRIMER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29 TER Y 29 QUÁTER DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato dicho dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Para la discusión en lo general, informo a la Asamblea que la Senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la comisión, hará uso de la palabra para fundamentar dicho dictamen.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Con el presente dictamen que se pone a su consideración, se propone incluir en la Ley del INFONAVIT los medios electrónicos como mecanismos de comunicación que surtan los mismos efectos legales de los documentos con firma autógrafa y, con ello, aprovechar los instrumentos con los que hoy se cuenta a fin de hacer más eficiente la labor del instituto en beneficio, por supuesto, de los acreditados, de los derechohabientes y, por supuesto, también de los patrones.

Esta reforma permitirá la utilización de dichos medios para el cumplimiento de su objeto y de igual modo reconocerle el carácter de autoridad certificadora.

Para ello, se planea reformar los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la finalidad de incorporar, como ya lo he mencionado, el uso de los medios electrónicos en los trámites ante el INFONAVIT.

De esta manera va a beneficiarse tanto la labor de las autoridades del instituto y también se ofrecerán algunas opciones, y sobre todo la viabilidad a los derechohabientes y que pueda haber mayor eficiencia.

La ventaja de respaldar esta propuesta radica en propiciar la agilización de gestión de procesos, el ahorro de insumos, de gastos administrativos e inclusive el uso de papel, el impulso de documentos electrónicos confiables e íntegros, que además, gracias a la firma electrónica, tengan la misma función y garantía del documento físico y la firma autógrafa.

Asimismo, se garantiza que los patrones realicen en tiempo y forma la aportación del 5 por ciento sobre el salario de sus trabajadores a fin de constituir el saldo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores y de esta misma manera emprender acciones prácticas que permitan una atención eficaz y además una interacción más activa, dinámica y transparente de los contribuyentes con el instituto.

Otra ventaja de este proyecto es que permite también al instituto alinearse a la firma electrónica avanzada y, al mismo tiempo, ponerse a la vanguardia tecnológica con las mismas facultades que tiene el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como facilitar el intercambio de información de manera ágil entre instituciones.

Con la reforma planteada, las aportaciones también podrán ser consultadas por los trabajadores y podrán identificar lo que en realidad se está aportando a su subcuenta de vivienda por parte del patrón.

El uso de nuevas tecnologías como los medios electrónicos, en el mediano y largo plazo, permitirá al instituto obtener grandes ahorros para destinarse en otras funciones de carácter social.

Finalmente, compañeras y compañeros Senadores, les pido respaldemos esta reforma que, sin duda, mejorará los mecanismos de atención de la institución, su interacción con otros organismos, con los patrones, con los derechohabientes y, por supuesto, con la sociedad a la cual sirve.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia.

En consecuencia, iniciamos la discusión en lo general.

Para ello, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Senador Presidente. Muchas gracias, amigas y amigos, compañeros Senadores.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, primero, hacemos un reconocimiento por supuesto a nuestro compañero Pablo Escudero, promoverte de esta modificación en esta iniciativa de ley, que hoy ponemos a su consideración, y que solicitamos a todos y cada uno de ustedes sean generosos al momento de aprobar la presente iniciativa de reformas a la ley del INFONAVIT.

Esta iniciativa que habla de digitalizar la firma de cada uno de los patrones es sumamente valiosa e importante, toda vez que dentro de este gran marco que siempre se ha pensado y se ha hablado de tener una ventanilla única digital en la cual pudieran todos hacer los trámites de las diferentes instancias, de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal y de los organismos independientes, como es el caso del INFONAVIT.

Con esto damos un paso más, toda vez que los patrones van a poder hacer sus aportaciones usando las tecnologías, usando los medios digitales para hacer sus comprobaciones ante el INFONAVIT con esta nueva firma, que de manera digital proponemos que se autorice a través de esta reforma de ley.

En el seno de la comisión estuvimos hablando de las bondades y de las ventajas que tendrá en los ahorros, por supuesto, para los patrones, y en el mejor servicio que brindará en este caso el INFONAVIT a un sector muy importante como son los sectores empresariales que hacen las aportaciones, porque les permitirá hacer sus pagos más ágiles, les permitirá hacer sus trámites más ágiles, les permitirá hacer consultas en línea, y con esto por supuesto, ahorrarse los traslados, las implicaciones que tienen de estar acudiendo de manera directa y personal ante las instalaciones del instituto.

De igual manera, lo señaló hace un momento la presidenta de la comisión en el sustento que hizo de la iniciativa, pues bueno, también por supuesto, con esto tendremos oportunidad de revisar y de valorar las aportaciones que se hacen, y los usuarios del INFONAVIT podrán estar muy al tanto de los pagos puntuales, con lo cual, como todos sabemos, podemos garantizar que tengan la puntuación en tiempo y forma que es la que les permite tramitar su crédito a todos los usuarios del INFONAVIT.

Sabemos que cuando no se hace una aportación a tiempo, se interrumpen las cotizaciones y con esto a veces no se tiene los puntos mínimos que se necesitan para tramitar un crédito, y con esto pues el trabajador va a poder consultar de manera directa y en línea, y ver que se esté cumpliendo en tiempo y forma y, por lo tanto, ayudar a tramitar su crédito.

Son muchas las bondades que tiene la firma electrónica, por supuesto cada vez más, aquí hicimos una reforma en telecomunicaciones, cada vez más hay sitios en los cuales se puede consultar inclusive de manera gratuita los servicios de Internet, entonces, esto va a de la mano, como les decía, con todo lo que tiene que ver con que pudiéramos llegar realmente al ideal de tener una ventanilla única digital donde podamos hacer todos nuestros trámites, todos los trámites que se operan hoy día en el ámbito del Ejecutivo Federal.

Por último, decirles que hay instituciones, aquí lo han señalado, como es el IMSS, como es el SAT, como son diferentes instituciones que ya tienen este beneficio, y con lo cual estandarizan sus procedimientos, y vamos a estandarizar al INFONAVIT en la normatividad de sus trámites y de sus servicios.

También, por supuesto, les vamos a dar seguimiento al impulso, que como les decía, de las tecnologías de la información, creo que es un sello distintivo de este nuestro Senado, y sobre todo pues aprovechar las ventajas y las bondades que con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones aprobamos todos y cada uno, nosotros de los Senadores que estamos aquí.

Por todo lo anterior, lo reitero, les pedimos, a nombre de nuestro grupo parlamentario, el voto a favor de esta iniciativa de reformas a la Ley del INFONAVIT.

Muchas gracias señor Presidente, es cuanto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo, y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite este proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 6 de abril cada año como Día del Deporte, la Actividad y Salud Física.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO "DÍA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA"

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física", presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de "CONCLUSIONES" quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas.

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

III. En el año de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió la iniciativa para celebrar el 6 de abril de cada año el "Día Internacional de la Actividad Física".

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretar un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, que coincida con el día internacional  de la Actividad Física, para consolidar el compromiso  de concientizar a la población en general, sobre la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente.

Los Senadores promoventes exponen que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades.

Señalan que a escala mundial, si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente.

Refieren que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la  actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos.

Argumentan que su acceso y participación proporcionan una oportunidad para que la población marginada por barreras sociales culturales o religiosas debido a cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda, vivenciar la inclusión social y moral.

En ese mismo tenor manifiestan que México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil  de acuerdo a la ONU, lo cual nos ubica con un grave problema de salud física y mental. Es importante mencionar que la práctica de la actividad física y del deporte en edades escolares está relacionada con la salud de la población infantil y juvenil.

Resaltan que hoy en día es sabido que la obesidad se inicia desde la infancia y que esto es ocasionado básicamente porque el gasto de energía en edades infantiles y juveniles es insuficiente, puesto que los juegos con gran diversidad de movimientos, tan habituales y prolongados en épocas anteriores han sido reducidos al mínimo, incluso han sido sustituidos por los juegos sin movimiento; por lo que la obesidad  es el resultado de la combinación de factores dietéticos inadecuados y la inactividad física, lo que relaciona a la obesidad y el sedentarismo en los más jóvenes.

De ahí, concluyen, que la obesidad y el sobrepeso son el resultado de un desequilibrio entre las fuentes de ingesta de alimentos y el poco gasto energético.

Refiriendo ante ello que la inactividad física está cada vez más extendida y ello repercute negativamente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) –por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer– y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre y el sobrepeso.

Reconociendo el enorme ahorro en medicamentos que implica la práctica de actividad física, además del gran beneficio mental que provoca el ejercicio, al actuar como una suerte de fertilizante de las neuronas.

Asimismo , manifiestan como desde la fecha promovida por la OMS, como Día de la Actividad Física, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de dicha celebración, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobics, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población.

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas Comisiones que dictaminan, estamos conscientes de que la problemática en materia de salud reflejada a través de trastornos como la obesidad y el sobrepeso entre otros, demandan la creación y aplicación de instrumentos alternativos que permitan al acceso a nuevos mecanismos dirigidos explícitamente hacia su prevención y combate eficaz, en beneficio de la salud e interés público.

Reconocemos que padecimientos como los aludidos por los senadores promoventes, se han incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirán haciendo en el futuro próximo como consecuencia de la falta de acciones diseñadas específicamente para su contención y combate.

Consideramos como principal referencia y base de nuestro análisis, lo señalado en el Actual Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual se expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 

El Plan establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental para atender estas necesidades, el Gobierno Federal propone estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país.

Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; por ello se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

Es indudable que un objetivo primordial será el de propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las diversas instituciones que promuevan y desarrollen programas en las distintas disciplinas deportivas, que permitan a través de instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud y el deporte estimular la práctica del deporte entre los niños y jóvenes.

En ese contexto es que coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo lo considerado por la OMS relativo a que  la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud. Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete".

Por ello es de resaltar lo expuesto con referencia a que la declaración del Día Mundial de la Actividad Física, significó un día no sólo para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino también para que se fundamente y debata en las escuelas y en la comunidad toda sobre la importancia de evitar el sedentarismo.

Todo ello ha permitido ir conociendo y promoviendo un mayor conocimiento sobre los aportes de una cultura física significativa para la salud no solo física, sino también  con amplios beneficios en lo social, donde ya se encuentra fundamentado como la actividad física Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.

De igual forma hoy podemos encontrar como la actividad física y su aporte en la niñez durante su etapa escolar, reduce el riesgo de actitudes negativas frente a la escuela y la salida de la misma.

Está demostrado que en el niño la actividad física tiene efectos positivos contra los miedos y las depresiones, favoreciendo la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.

Por ello, es de nuestra consideración resaltar que, el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético; el ejercicio fomenta la disciplina, la capacidad de concentración y una actitud participativa;  una vida activa en la infancia afecta directamente y de manera positiva la salud en la edad adulta.

Asimismo, siendo la actividad física tan importante para el bienestar y la salud de las personas, un programa nacional bien estructurado y fortalecido desde las mismas políticas del estado, colaborarían en la formación de una población más sana y productiva; de aquí se desprende la importancia sobre el establecimiento de programas interinstitucionales, entre todas aquellas instituciones de bienestar social, que tengan que ver con el tema en la actualidad.

Por ello es que hacemos nuestro lo expuesto por los senadores promoventes en el sentido de que "en la medida en que las instituciones con algún vinculo en la materia fortalezcan sus planes y programas de promoción y fomento de la actividad física, en esa medida estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de toda persona".

Siendo aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como, Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte; Comisiones Municipales del Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Mexicano del Seguro Social y los tres niveles de gobierno, implementen hasta la fecha actividades de amplio impacto con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, promoviendo los beneficios de ser físicamente activo.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada uno de los argumentos presentados, corroboramos la necesidad de ofrecer a la sociedad en nuestro País un bondadoso elemento que le permita concientizar sobre los beneficios de la actividad física y deportiva en beneficio de la salud pública.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera. La iniciativa presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas, ha sido considerada y valorada favorablemente, en los términos acordados por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Segunda.- La declaración de un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, alentará a las diversas instituciones nacionales, estatales y municipales, en la materia, al fomento y rediseño de los planes y programas que permitan definir una nueva política pública concebida para promover y fomentar en la población la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente.

Tercera.- El declarar en nuestro país un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, ante una problemática como la obesidad y el sobrepeso, constituyendo con ello un referente permanente en los objetivos y prioridades de la acción pública en nuestro país.

Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá el esfuerzo de la Estado mexicano por el pleno desarrollo  y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física".

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, con motivo del "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física", promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo del "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física", promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el Senador Carlos Alberto Puente Salas envió a esta Directiva su intervención sobre este tema, por lo cual pido a la Secretaría Parlamentaria que se inserte en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

México como país ocupa de los primeros  lugares en obesidad y sobrepeso infantil, lo cual nos ubica con un grave problema de salud física y mental.

Hoy en día es sabido que la obesidad se inicia desde la infancia. Esto es ocasionado básicamente porque el gasto de energía en edades infantiles y juveniles es insuficiente, puesto que los juegos con gran diversidad de movimientos, tan habituales y prolongados en épocas anteriores, han sido reducidos al mínimo, incluso han sido sustituidos por los juegos sin movimiento (en la computadora o los videojuegos, así como largas horas frente al televisor sin gasto de calorías).

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando el desarrollo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

A través del deporte y la actividad física, los individuos pueden experimentar la igualdad, la libertad y un medio digno de fortalecimiento.

Sin embargo, la inactividad física está cada vez más extendida y ello repercute negativamente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) –por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer– y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre y el sobrepeso.

Ante ello es de observarse que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera  a la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud.

Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete".

En ese contexto la OMS refiere que las actividades físico-deportivas en la etapa de escolarización son necesarias en la infancia y la juventud con el fin de promover un desarrollo saludable del cuerpo y retrasar el deterioro de ciertos aspectos de la salud que pueden producirse en la vejez.

Sobre dicha situación, la misma OMS promovió en 2003 la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con la finalidad de concientizar a la población del mundo de activarse físicamente, quedando establecido el día 6 de abril de cada año como la fecha de su celebración, misma que en nuestro país se festeja desde 2005.

Es en la activación física y el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios positivos de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos de vida de los estudiantes, sus valores sobre la salud y medio ambiente, así como derechos y obligaciones.

Por ello, en el Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de que la problemática en materia de salud reflejada a través de trastornos como la obesidad y el sobrepeso entre otros, demandan la creación y aplicación de instrumentos alternativos que permitan al acceso a nuevos mecanismos dirigidos explícitamente hacia su prevención y combate eficaz, en beneficio de la salud e interés público.

El declarar en nuestro país un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, ante una problemática como la obesidad y el sobrepeso, constituyendo con ello un referente permanente en los objetivos y prioridades de la acción pública en nuestro país.

También se reconocerá el esfuerzo del Estado mexicano por el pleno desarrollo y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

Asimismo seguiremos aplaudiendo y reconociendo el que instituciones como Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte; Comisiones Municipales del Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Mexicano del Seguro Social y los tres órdenes de gobierno, implementen actividades de amplio impacto con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, promoviendo los beneficios de ser físicamente activo.

Informo también a la Asamblea que los Senadores Lilia Guadalupe Merodio y Daniel Ávila, hicieron llegar a esta Directiva las intervenciones sobre este dictamen que estamos votando, por lo cual pido a la Secretaría Parlamentaria que se inserten de manera íntegra
en el Diario de los Debates.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con su venia Señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

El dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte es reflejo del  esfuerzo que hace el Senado de la República para evitar problemas que aquejan a nuestro país como lo es el sobrepeso, la delincuencia y la falta de ocupación de los jóvenes.

La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y en segundo en adultos según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Particularmente, a nivel nacional el estado de Chihuahua ocupa el Primer lugar en obesidad infantil de acuerdo con el último reporte realizado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2012).

Por su parte, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la  actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial.

Como individuos, con el deporte se desarrollan nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y mejora nuestro rendimiento laboral, académico y en todos los ámbitos.

Celebrar un Día para la Actividad Física fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud lanzada a fin concientizar a la población mundial sobre la importancia de realizar actividad física diaria y luchar contra el sedentarismo.

Por ello, en 2002 estableció el 6 de abril como Día Internacional de la Actividad Física.

Esta declaración no solo significa destinar un día al año para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino que es para crear conciencia en las escuelas y en la comunidad sobre la importancia de hacer de la actividad física y el deporte un hábito.

Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte estamos convencidos que el deporte es un elemento fundamental para la inclusión social, la prevención del delito y adicciones, así como para gozar de buena salud física y mental.

Es por ello que la propuesta de declarar en nuestro país el día 6 de abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física" alentará a las diversas instituciones nacionales, estatales y municipales, en la materia, al fomento y rediseño de los planes y programas que permitan definir políticas públicas enfocadas en  promover y fomentar en la población la importancia para mantenerse activos físicamente para conseguir buena salud y bienestar.

Esta acción, representa un esfuerzo que empezó con la promulgación de la Nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual fue aprobada por esta soberanía y posteriormente por la Cámara de Diputados en junio del 2013.

Como legisladores aprobamos la Ley, ahora es necesario materializarla para que los mexicanos gocen plenamente de este derecho que consagra la Constitución.

Ahora, todos los mexicanos tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

Porque uno de los un compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto es con la actividad física, el deporte nacional y con los deportistas.

Compañeras y Compañeros:

Es indudable que uno de los objetivos primordiales de la declaración de esta celebración, será el de propiciar políticas públicas para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral.

Por ello es que les hacemos una invitación a aprobar el presente Dictamen, para hacer de la activación física y el deporte el medio idóneo para llevar por una buena ruta hacia el bienestar a los mexicanos, contribuir a su desarrollo integral y sobre todo, en mejorar sus condiciones de salud y procurarles mejores calidad de vida.

Es cuanto Señor Presidente.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Intervención. Con su venia señor Presidente.

Compañeros Senadores:

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, hago uso de esta tribuna para exponer las razones por las que votaremos a favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se declara el día 6 de abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física", que presentan de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera.

Durante las últimas décadas los hábitos de vida de millones de mexicanos se han alterado drásticamente por múltiples razones; muchos de ellos han sido causa de la disminución de la actividad física y deportiva, y del aumento del sedentarismo, tales como: los periodos prolongados que pasan en el empleo, los cambios en los medios de transporte, la creciente urbanización y la escases de espacios deportivos, así como la influencia de las tecnologías de la información, que mantienen en un estado de inactividad a millones de personas, principalmente a niños y jóvenes.

A este problema se suman, por otra parte, los hábitos alimenticios; los cuales han presentado una tendencia al aumento de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micro-nutrientes.

Estas han sido las principales causas que ubican a México entre los países en el mundo con el mayor número de personas obesas.

Sin duda alguna no es menor el problema; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se ubica en la segunda posición, tan sólo por debajo de Estados Unidos, en cuanto al porcentaje de su población con sobrepeso u obesidad, con 44 millones de personas.

Es preocupante que 2 de cada 3 mexicanos sufran de sobrepeso u obesidad, que el 40% de la población infantil presente problemas de sobrepeso y obesidad, y que cada vez haya más personas con diabetes y otras enfermedades cardiovasculares que alteran su calidad de vida y ponen en riesgo su vida misma.

En Acción Nacional, estamos convencidos de que la cultura física y la práctica deportiva además de significar un ejercicio físico, un juego o una competencia, desempeñan un papel preponderante para prevenir y comenzar a contrarrestar todos estos problemas de salud pública que atentan contra la sociedad.

La cultura física y la práctica deportiva, por poner algunos ejemplos, ayudan a prevenir y controlar la diabetes y la hipertensión arterial, y son acciones efectivas para prevenir enfermedades cardiovasculares e incrementar la capacidad respiratoria, así como la fortaleza de las estructuras óseas y musculares.

La riqueza que se encuentra en la cultura física y la práctica deportiva impacta positivamente en distintos ámbitos. Para la sociedad representa, además, un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora, pues, permiten a las personas desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que contribuyen a mejorar su calidad de vida, y ser uno de los medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos, entre muchos beneficios más.

Uno de los principios básicos de Acción Nacional es precisamente el desarrollo, bienestar y solidaridad de los seres humanos como miembros de la sociedad.

Por estas razones, estamos convencidos de que es fundamental fomentar e impulsar la cultura de la actividad física y la práctica deportiva.

En este sentido, una de las acciones, dentro de las diversas que hemos venido proponiendo e impulsando, está la declaración oficial de un día al año, el 6 de abril, para reconocer, fomentar, promover, estimular y preservar la cultura de la actividad física y la práctica deportiva, así como difundir sus beneficios para la salud física y para la sociedad.

El objetivo principal de conmemorar este día especial no es sólo destinarle una fecha en el calendario cívico u organizar eventos aislados deportivos ese día: se trata de reconocer al deporte como un medio para mejorar la calidad de vida, y una forma para concientizar a la población acerca de la importancia de realizar alguna actividad física, recreativa o deportiva.

Sin lugar a dudas este decreto no resuelve el problema por sí solo, pero contribuye significativamente a la promoción de la actividad física y al conocimiento sobre las bondades del deporte. Lo que buscamos es fomentar una cultura de la salud, del esfuerzo y la convivencia, cualidades que necesitamos todos los mexicanos para gozar de niños, jóvenes y adultos sanos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del dictamen. Señores Senadores: sé que todos estaremos de acuerdo con este esfuerzo.

Muchas gracias.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros:

Voy a dar mi voto a favor para que el  6 de abril  de cada año se declare como "DIA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FISICA"

Lo hago en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, que desde el año 2003, ha promovido que sea así en todos los países.

Pero, lo hago de manera preponderante porque urge una Nueva Política Pública a favor de la Salud Física de los mexicanos.

Y mucho más en las zonas marginadas de los estados como Oaxaca y del Sur Sureste.

No se puede desligar este tema, del señalamiento que las condiciones de vida actual se están volviendo angustiantes con la aplicación de políticas económicas de ajustes, recortes y austeridad.

Las ausencias alimentarias en los comedores de las familias mexicanas se han venido acumulando peligrosamente y se viene transformando en el crecimiento de enfermedades y en falta crónica de SANIDAD FISICA.

La mayoría de las diez enfermedades que viene creciendo alarmantemente están asociadas a la combinación de pobreza y falta de actividad física.

Hay más de siete millones de personas con Diabetes Mellitus, debido a los malos hábitos alimenticios generados por la insuficiencia de ingresos.

No es para menos. El monto del salario mínimo orilla a consumir alimentos chatarra o con mucha grasas que destruyen la salud "pero llenan".

Si se agrega la falta de ejercicio físico, el efecto es que los  excesos se acumulan y terminen generando enfermedades irreversibles.

Esta problemática jamás se podrá combatir con el aumento de los impuestos a los productos chatarra.

Pero sí el acceso a una buena alimentación se ha vuelto muy difícil; las oportunidades para una buena salud física ya han desaparecido para muchos estratos de la población.

Más bien, se han incrementado males como la Artritis reumatoide, el tabaquismo, la depresión, y el asma como enfermedades asociadas  a la falta de actividad física.

La falta de infraestructura deportiva adecuada; la lejanía de centros deportivos en las zonas urbanas son factores que hacen imposible el buen estado de la salud física de las personas.

El decretar el  "DÍA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA"  es un incentivo, es un llamado de atención tanto para la población como para las autoridades responsables del tema.

Esta aprobación debe de ser, también, una motivación en la promoción de más parques públicos; para ampliar las áreas verdes en las ciudades donde la práctica del deporte se va haciendo imposible.

Igualmente un incentivo para construir  centros deportivos adecuados a cada realidad urbana.

No se diga de la urgencia de promover  gimnasios y centros especializados de actividad física de manera masiva y barata.

No queda duda que es necesario dar un golpe de timón en este tipo de política pública, y de llamar la atención con un asunto como el que se hoy se discute
por eso mi voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año, como el "Día del Deporte, la Actividad y la Salud Física". Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 389 de la Ley General de Salud, sobre la expedición de certificado para personas con discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDO EL CONTENIDO ACTUAL, DEL ARTÍCULO 389 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para personas con discapacidad.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de Abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa  que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para personas con discapacidad.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, para que las personas con discapacidad cuenten con un certificado, documento que facilitará el acceso no solo a diversos beneficios, sino que además, será un instrumento de identificación que facilitará y promoverá su inclusión en diversos ámbitos de la sociedad en un marco de igualdad y no discriminación.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. Prenupciales;

I Bis. De nacimiento;

II. De defunción;

III. De muerte fetal, y

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y

V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

 

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I a III…

 

 

 

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Dicha clasificación, presentada en 2001, señala que las personas con discapacidad "son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás".

C. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Mundial, señala que todas las personas del mundo pueden llegar a enfrentar en algún momento de su vida alguna discapacidad, ya sea de manera permanente o transitoria. Así mismo se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, tienen alguna discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes, entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

D. Hay que señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social que reafirma que las personas con tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se pretende "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

Así mismo precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.

E. La OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale a alrededor del 15% de la población mundial, aunado a ello, dicha cifra tiende una tendencia creciente debido al envejecimiento poblacional, que se traduce en la mayoría de los casos, en el detrimento de la salud de la persona y que puede ocasionar pérdida de visión, audición o motriz.

F. Algunos de los obstáculos que las personas con discapacidad pueden enfrentar, están relacionados con las políticas y normas que pueden resultar insuficientes al momento de aplicar las disposiciones a la realidad de cada entorno social; actitud negativa por parte de la población en general, que se puede ver influenciada a partir de sus creencias, prejuicios, educación, empleo, atención de salud y participación social; entre otros obstáculos que pueden ser consecuencia de los señalados y dificultan la cotidianeidad de las personas con discapacidad y su accesibilidad a edificios públicos y privados, oportunidades de educación o empleo, entre otros aspectos.

G. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al año 2010, marcan que alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas en México tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 5.1% de la población total y que puede estar involucrado con la dificultad de caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o comunicarse, o las relacionadas con la mente, la atención y aprendizaje o el autocuidado.

H. El censo poblacional de 2010, arrojó que del total de la población que presenta algún tipo de discapacidad, el 58.3% se debe a la dificultad de caminar o moverse, seguido de la discapacidad visual con 27.2%, la discapacidad auditiva con 12.1% la dificultad para hablar o comunicarse con 8.3%, el 8.5% enfrentan dificultades mentales y con 5.5% están las personas que no pueden atender el cuidado personal y finalmente con el 4.4% se encuentra el grupo de personas que tienen dificultades de atención y aprendizaje.

I. En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH, de 2012, el porcentaje de personas con discapacidad aumentó a 6.6%, con respecto al censo del INEGI de 2010.

J. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2010 nos aporta datos importantes al respecto de la inclusión social, tales como que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad.

K. Hay que destacar que de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1 establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Así mismo en su artículo 4º inciso a), se establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención;

Por su parte, en el inciso b) del mismo artículo se destaca la importancia de tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

En este tenor se tiene que mencionar que la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, publicada el 14 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, tiene como finalidad establecer los criterios que regulan la forma en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en su calidad de pacientes.

Asimismo, refiere la observancia obligatoria de los lineamientos establecidos en la Norma citada, entre ellos y para efectos de la presente iniciativa resulta importante destacar la obligatoriedad de expedir un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad, establecido en el punto 5.1.3 que plasma lo siguiente: "A toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimo los siguientes datos: nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo y grado de discapacidad, en su caso, en el formato correspondiente, a través de una institución del sector salud y por un médico con título y cédula profesional".

En orden, la presente Norma marca la pauta para incentivar a las instancias correspondientes a fin de que armonicen sus procedimientos y recursos con el objetivo de implementar un proceso de expedición de certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad.

L. En México se han venido desarrollando programas y beneficios a los cuales pueden tener acceso las personas con discapacidad, sin embargo, para acceder a estos apoyos se necesita acreditar la discapacidad con algún documento.

Es por ello la importancia que tiene impulsar que toda persona con alguna discapacidad, cuente con un certificado que avale dicha condición, así mismo, se tendrá un control de quienes pretenden tener estos beneficios y no tienen alguna discapacidad.

Por ende, este documento se pretende que sea público y que tenga validez en todo el territorio nacional y se tenga un reconocimiento administrativo de la discapacidad con el propósito de compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando derechos y beneficios sanitarios y de otro tipo, con miras a equiparar oportunidades.

Las personas con discapacidad tendrán los beneficios médicos, laborales y demás que marca nuestros ordenamientos jurídicos vigentes. Es importante señalar que dicho documento únicamente da certeza de que una persona tiene discapacidad independientemente del grado de la misma.

Es por lo vertido que estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu loable de la Iniciativa y consideran viable dicha propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I a III. (…)

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y 

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, Senador Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En términos de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de características similares como la edad, el género, el peso, la estatura, entre otras.

Sin embargo, se ha avanzado sobre la visión de esta definición, evolucionando de manera que la diferencia en el funcionamiento de sus capacidades ya no se ve como una limitante.

Los derechos de las personas con discapacidad se han venido plasmando en diversos instrumentos internacionales. Prueba de ello es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en su artículo 3o. el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de las personas.

La no discriminación, la participación y, sobre todo, la inclusión plena y efectiva en las sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.

En este sentido, países como México se han adherido a este pensamiento demostrando actualmente en la Carta Magna, que establece en su artículo 1o., la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por las discapacidades.

Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene por objeto fortalecer lo establecido en nuestra Constitución.

Por otra parte, hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud destaca que todas las personas del mundo que pueden llegar a enfrentar, en algún momento de su vida, alguna discapacidad, y estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, demuestra que nadie está exento de ello y, por ende, se debe generar mayor conciencia al respecto.

Conforme a ello, estadísticas del INEGI destacan datos nacionales que revelan que de la población afectada por alguna discapacidad que asciende a más de 5 millones, 51.4 por ciento son personas adultas mayores con alguna dificultad básica, seguida de los adultos con 33.7 por ciento, los jóvenes representan el 7.6 por ciento de las personas con discapacidad y las niñas y niños el 7.3 por ciento.

Aunado a lo anterior, cifras de dicha ficha estadística revelan por tipos y causas de discapacidad, que los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia con el 57.5 por ciento, seguido de las dificultades para ver con 32.5 por ciento, dificultades para oír en 16.6 por ciento, para hablar o comunicarse en 8.6 por ciento, mentales con 8.1 por ciento, dificultades para atender el cuidado personal con 7.9 por ciento y dificultades para poner atención con el 6.5 por ciento.

Por lo anterior, observamos que debemos avanzar y reforzar las acciones y estrategias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte, hay que señalar que en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en su primer artículo, establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan ciertas deficiencias al interactuar, y que por ende, puedan impedir su inclusión en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

En dicha Convención se establece que los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma.

Por otra parte, se resalta que la Norma Oficial Mexicana Para la atención integral a personas con discapacidad, plasma en su numeral 5.1.3, que toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimo datos generales, así como el grado de discapacidad a través de una institución del sector salud.

Sabemos bien que en nuestro país existen derechos y beneficios a los que pueden acceder las personas con algún tipo de discapacidad. Ello enfocado a las diversas discapacidades que se puedan presentar, ya sean desde el nacimiento, por enfermedad, por causa de accidente o por edad avanzada.

Sin embargo, para adherirse a éstos, deben de acreditar dicha condición.

Por ende, el presente dictamen pretende que se expida un certificado de discapacidad, documento que será público y conforme a la Ley General de Salud, lo cual traerá un reconocimiento administrativo de la discapacidad, y con ello, ir erradicando las barreras sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

Esto implica que con este certificado tendrán los beneficios médicos, laborales y de inclusión en programas, así como los demás que marcan nuestros ordenamientos jurídicos, y muy importante, evitar abusos de las personas que no tengan alguna discapacidad, pero que presuman que son personas con discapacidad.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que pido su voto a favor de este dictamen el cual únicamente pretende proporcionar mayor acceso a derechos y beneficios a las personas con discapacidad, ello con miras a equiparar oportunidades.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias por tu participación, Senadora Ortiz Domínguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprecio su atención, señor Presidente, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

El motivo de estar aquí es justamente para hablar a favor del dictamen que estamos discutiendo, este dictamen que reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificación para personas con discapacidad.

En ese sentido, les quiero comentar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento con una dimensión explícita que reafirma que las personas con discapacidad deben gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 10 que: "El sector salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional".

Por su parte, el 14 de septiembre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana Para la atención integral a personas con discapacidad, la cual señala, "que a toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá de expedir el certificado señalado".

Aunado a lo anterior, es necesario que en la ley general se establezca expresamente que es una obligación del sector expedir dicho certificado, con lo cual, no sólo se fortalecerá una política pública existente, sino que se le dotará de una continuidad en el tiempo y afinará la transversalidad de las acciones contenidas en el marco jurídico nacional a favor de los 7.7 millones de personas con discapacidad que hay en México.

Lo anterior, además de armonizar el marco jurídico nacional, tiene su relevancia debido a que en nuestro país se han diseñado programas a los cuales pueden tener acceso las personas con discapacidad.

Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para obtener ese tipo de beneficios es presentar algún documento que acredite la discapacidad, que también servirá para evitar que personas que no viven con esta condición pretendan acceder a ellos, con lo que se dará un mayor control por parte del estado y un registro más preciso sobre el número de personas y tipo de discapacidad.

Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen, a través del cual se está proponiendo establecer en la Ley General de Salud, como un fin sanitario, la expedición de certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad.

Por su atención, pero sobre todo por su respaldo, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Flores Escalera.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger este dictamen, en lo general y en lo particular.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de junio de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la presente Iniciativa, se encuentra directamente relacionado con el interés supremo de reducir las tasas de embarazos en adolescentes que en los últimos años se han incrementado considerablemente y cuya tendencia sigue a la alza.

Por ello la propuesta suscrita por la Legisladora proponente, pretende reformar la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68. (…)

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar con la obligatoriedad de proporcionar a la o el solicitante el método anticonceptivo adecuado en base a su historial clínico.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. En México, en los últimos dos sexenios, la atención prenatal incrementó de 64.4% en 2000 a 65.2% en 2006 y hasta llegar a 74.4% en 2012.El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su periodo reproductivo es particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos, relativamente alta.

Aunado a lo anterior, entre las primeras cinco causas de mortalidad materna que representan 88.3% del total de estas defunciones, están:

● Las defunciones obstétricas indirectas1 con 31.9%;

● Seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%;

● Hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%;

● Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2%, y;

● Las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8%.

C. En México, los programas de planificación familiar han permitido que parte de la población tenga acceso a medios para limitar o espaciar su descendencia acorde a sus preferencias, a partir de la implementación de estrategias de planificación familiar, desde hace 35 años. De acuerdo con datos de la Legisladora proponente, en 1973, México se convirtió en el segundo país del mundo y el primero de América Latina, al establecer en la Carta Magna, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos.

Así mismo la Senadora reconoce que los programas de planificación familiar han tenido avances significativos, no obstante, señala que el uso de métodos anticonceptivos no ha ocurrido de forma uniforme, ya que persisten rezagos importantes, particularmente en grupo poblacional de adolescentes y jóvenes, así como aquellas personas que habitan en zonas marginadas, rurales o indígenas.

Destaca también que la planificación familiar requiere de promoción y acceso a los métodos anticonceptivos adecuados para las mujeres y parejas, esto es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en beneficio de su salud, salud sexual y reproductiva.

Al respecto es importante señalar los 4 elementos que destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA que son:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género;

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

D. Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la legisladora proponente, en la necesidad de reforzar la Ley en materia de planificación familiar, con la finalidad de reducir a la brevedad posible la tendencia de incremento de los embarazos en adolescentes, ya que la edad que comprende este periodo de la vida, no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física, ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.

Esto toma en cuenta la capacidad de decidir evitar poner en riesgo la salud materna en mujeres menores de edad, adolescentes y de edad avanzada que presentan un alto riesgo de muerte materna, de igual forma al disminuir la tasa de embarazos no deseados se disminuye la necesidad de someterse a abortos peligrosos.

El incremento de embarazos en menores de edad y adolescentes es igualmente peligroso por las posibilidades de nacer un niño de pretérmino o con peso bajo, frecuentemente presentan tasas altas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes dejan la escuela y a largo plazo tienen serias consecuencias para ellas y sus familias.

Es de suma importancia que los servicios de planificación estén ampliamente disponibles y de fácil acceso, por medio de agentes de salud capacitados, para toda persona sexualmente activa, particularmente los adolescentes. Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las parteras estén capacitadas para facilitar los métodos anticonceptivos localmente disponibles y culturalmente aceptables.

Por lo anterior, se considera pertinente, reformar la fracción II al Artículo 68 de la Ley General de Salud.

PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ SALZAR

PROPUESTA COMISIÓN DE SALUD

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar con la obligatoriedad de proporcionar a la o el solicitante el método anticonceptivo adecuado en base a su historial clínico.

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar, así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico;

III. a VI. (…)

Con la redacción propuesta, se pretende fortalecer además el Programa Nacional de Panificación Familiar, en sus objetivos específicos que consisten en:

1. Promover y difundir a la población los beneficios de la planificación familiar y la anticoncepción mediante acciones de promoción de la salud, dirigidas a lograr el ejercicio de una sexualidad responsable y protegida, en un marco de respeto a los derechos de las personas y con perspectiva de género.

2. Proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres puedan decidir libremente y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.

3. Disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos mediante la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, con énfasis en población con mayor rezago como adolescentes, indígenas y población rural.

4. Fortalecer la capacidad técnico-administrativa del personal de salud para la prestación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

5. Incrementar la participación del hombre en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.

6. Fortalecer la coordinación interinstitucional a fin de homologar la capacitación, el sistema de información, el monitoreo y evaluación del programa para que favorezca la toma de decisiones, primordialmente en el aseguramiento del abasto y la mejora en el acceso y la prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del  Artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar, así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico;

III. a VI. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio, entre otras.


Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En México, en los últimos 2 sexenios, la atención prenatal se incrementó de 64.4 por ciento, en 2000; 65.2, en 2006, hasta llegar a 74.4, en 2012.

El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su período reproductivo, es particularmente de alto riesgo.

De esta forma, la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años, es de 59.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

Aunado a lo anterior, entre las primeras cinco causas de mortalidad materna que representan 88.3 por ciento del total de estas defunciones, están las defunciones obstétricas indirectas, con 31.9 por ciento; seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema, hipostenuria, con 20.4 por ciento; hemorragia del embarazo, parto y puerperio, con 19 por ciento; otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto, con 11.2 por ciento; y las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento.

En México, los programas de planificación familiar han permitido que parte de la población tenga acceso a medios para limitar o espaciar su descendencia acorde a sus preferencias, a partir de la implementación de estrategias de planificación familiar desde hace 35 años.

No obstante, la planificación familiar requiere de promoción y acceso a los métodos anticonceptivos adecuados para las mujeres y parejas, esto es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en beneficio de su salud sexual y reproductiva.

Al respecto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas destaca derechos en la materia, entre los cuales destaco el derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria de cónyugue, formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer, el esparcimiento de los propios hijos y el derecho de tener acceso a información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria.

Esta opción voluntaria y el derecho de formar una familia, de acuerdo a una planeación, involucra tanto a la madre, al padre de familia, como hijas e hijos para que gocen de mejor desarrollo familiar; ya que la planeación implica, entre otras cosas, la certeza de brindar económica, emocional y socialmente lo necesario para el desarrollo de los bebés, y física y mentalmente la madurez de los padres, para decidir crear una familia.

De otra forma, la ausencia de información sobre el tema genera embarazos no deseados a edades tempranas; riesgos tanto para la madre como para el bebé, y consecuencias como truncar los estudios, tanto de la madre como del padre, incertidumbre económica, entre otros aspectos.

Por ello, estas comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de reforzar la ley en materia de planificación familiar con la finalidad de reducir, a la brevedad posible, la tendencia de incremento de los embarazos en adolescentes; ya que la edad que comprende este periodo de vida no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.

Esto se toma en cuenta, la capacidad de decidir, evitar, poner en riesgo la salud de las mujeres menores de edad, adolescentes y de edad avanzada, que presenten un alto riesgo de muerte materna. De igual forma, al disminuir la tasa de embarazos no deseados se disminuye la necesidad de someterse a abortos, médicamente necesarios para peligrosos.

Pero además de la difusión de la planificación familiar, es importante garantizar que estos, los servicios, estén ampliamente disponibles y sean de fácil acceso, por medios de agentes de salud capacitados para toda persona sexualmente activa, particularmente los adolescentes.

La reforma propuesta en el presente dictamen, tiene la finalidad de brindar la información oportuna y a toda persona sexualmente activa, para que adopten el mejor método de planificación familiar, de acuerdo a sus necesidades e historial clínico; toda vez que los riesgos no solo son embarazos no deseados, sino contagio de enfermedades de transmisión sexual y en ocasiones el uso indebido de pastillas anticonceptivas, que puedan derivar en problemas como embolia pulmonar, trombosis e infartos, por la falta de los estudios necesarios para elegir el método de anticoncepción adecuado a su edad.

Es por lo anterior, Senadoras y Senadores, que pido su apoyo para votar a favor de este dictamen, con el cual no solamente se promueve disminuir la mortalidad materno-infantil y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, sino que se promueve una atención de calidad a todas las personas que lo necesiten, para recomendar el método de planificación familiar más adecuado para las personas, de acuerdo a sus características en salud.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Me han solicitado el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Salvador López Brito.

En uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, había una lista.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Fidel Demédicis.

Ofrezco una disculpa, la Senadora que tenía registrada, antes del que está en uso de la palabra, es la Senadora Anabel Acosta Islas.

Le pido una disculpa, para ofrecerle el turno, una vez que concluya el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Quien también me acaba de pedir la palabra, es el Senador Fernando Mayans, que intervendrá en tribuna una vez que concluya la lista anunciada.

Adelante, Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

El tema que estamos discutiendo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, sin duda que es un tema de altísima relevancia.

Porque las cifras que tenemos en México, que ya las dijo la Senadora Maki, son verdaderamente espeluznantes. Es decir, es inaceptable que conociendo estos datos, en México no se atiendan problemas que pueden prevenir el embarazo de niñas y adolescentes.

El 59.3 por ciento de defunciones, por cada 100 mil nacidos vivos, es un porcentaje que nos tiene que llamar la atención. A menor edad en el embarazo, hay mayor riesgo de la pérdida de la salud y hasta de la vida de la madre.

En ese sentido, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, este Senado de la República tiene que fijar una posición clara, contundente, precisa, que ponga en el centro del debate los derechos de todos, para todos.

Todavía existen corrientes que, a partir de su visión religiosa la mayoría de ellos, consideran que este tema no tiene que pasar por el tema de si se debe permitir o no los embarazos no deseados.

El tema del aborto es un asunto que todavía algunos les da escozor y vienen aquí a desgarrarse las vestiduras; pero conociendo estas cifras, es verdaderamente preocupante.

Como educador, como abuelo de dos hermosas niñas que hoy me ha regalado la vida para que las disfrute, en la edad que ya tengo, por supuesto que tengo que estar a favor de este dictamen que plantea que debe haber prescripción del método anticonceptivo adecuado para las niñas y las adolescentes, que se encuentren con ese problema.

Cuando discutimos la reforma educativa, fuimos insistentes en que esa reforma no planteaba, jamás lo planteó y por eso dijimos que era un frankenstein. ¿Cuál era el perfil del egresado que deseábamos obtener?

Se ha tratado esa reforma desde la visión de si corrige o no el problema de la violencia en México, y la respuesta es que no. Lo que genera es una molestia muy grande del magisterio nacional, que hoy ve conculcados sus derechos laborales, sus derechos humanos.

Hemos preguntado si esta reforma se fijó como objetivo, que el egresado del Sistema Educativo Nacional, tuviera una concepción clara, precisa, contundente sobre los métodos de cómo prevenir los embarazos, y que las niñas y adolescentes de este país, tuvieran esa conciencia, a partir de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ser parte del hecho educativo.

Por supuesto que esa reforma educativa, jamás se planteó eso, porque los intereses eran otros.

Por eso seguiremos insistiendo, en que si queremos un perfil del egresado del Sistema Educativo Nacional, que sea algo como lo que señalaba el maestro Jaime Torres Bodet, en el Ciudadano del Porvenir. Bueno, pues entonces tenemos que modificar la currícula, tanto del educador como del educando.

Tenemos que especificar en las materias, cuáles son los contenidos temáticos precisos, para que el niño, la niña, el adolescentes abreve de ellos y entonces vaya generando una conciencia y vaya generando un perfil, que cuando el egresado salga del Sistema Educativo Nacional, esté vacunado contra los embarazos no deseados, si son por ignorancia. Hay otros embarazos, como el de violaciones, que también se pueden corregir desde el Sistema Educativo Nacional, y se los digo con plena conciencia como educador, porque la conducta de la sociedad es producto del fracaso educativo en México.

De las causas, también, que se señalan como causas de los embarazos de niñas y adolescentes está el de maestros poco preparados.

Cuando discutimos la reforma educativa, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, también les dijimos que no era conveniente que compañeros maestros, que no son producto del Sistema Normalista Nacional, se incorporaran solamente porque pasaban un examen al Sistema de Educación Básica del país.

Y hoy tenemos en el Sistema de Educación Básica del país a ingenieros, abogados y otras profesiones, no es que sean indignas, no son ad hoc para impartir clases en la educación básica porque carecen de una parte elemental, el conocimiento pedagógico, la psicología del niños y del adolescente, entre otros.

Ese es el problema, por eso la educación puede aportar poco en este momento para corregir este problema de los embarazos en niñas y adolescentes, pero qué bueno que hoy se está planteando esta reforma al artículo 69 de la Ley General de Salud, porque cuando se den estas situaciones, en donde alguna niña o un adolescente tenga dudas, bueno, que vaya a los centros de Salud y le prescriban los anticonceptivos para que no tenga este tipo de problemas y no sea parte de las estadísticas, en donde muchas niñas y adolescentes mueren, producto de la temprana edad a la que se embarazan.

Felicidades a la proponente y a la Comisión de Salud, y a la comisión legislativa respectiva, por haber aprobado este artículo 68 y la reforma que hemos comentado.

A favor.

Por su atención, muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con la venia, señor Presidente. Muy buenas tardes. Honorable Asamblea:

A nivel mundial, los programas de planificación familiar han demostrado un efecto positivo en la reducción de la tasa de crecimiento de la población, la mortalidad materna e infantil y la mejoría en la calidad de vida.

En un sistema de salud descentralizado, en el que participan instituciones y niveles de gobierno, es necesario contar con directrices y acciones coordinadas que permitan que los esfuerzos que se realizan, para todos los actores involucrados, estén alineados con las metas comprometidas a nivel nacional.

En México, en la última década, si bien la tasa de natalidad ha disminuido, se ha incrementado el número de embarazos entre adolescentes, los cuales, en muchos casos, son de alto riesgo para la vida de las madres jóvenes.

La razón de la mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 60 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra relativamente alta.

La edad comprendida en la adolescencia, no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.

Si bien los programas de planificación familiar han permitido que la población conozca que existen medios para prevenir, limitar o espaciar el número de hijos, hoy en día aún existen importantes rezagos, sobre todo en adolescentes y en personas que habitan las zonas marginadas, rurales e indígenas.

El presente dictamen tiene como objetivo fortalecer la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar, con especial énfasis en reducir, en el corto plazo, la tendencia creciente de los embarazos en adolescentes.

Los servicios de planificación familiar deben estar disponibles y ser de fácil acceso a través de agentes de salud capacitados.

El Programa Nacional de Planificación Familiar establece, como uno de sus objetivos específicos, proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres puedan decidir libre y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.

Para lograr estos objetivos, es fundamental que los servicios de planificación familiar comprendan la prescripción de un método anticonceptivo adecuado, con base en el historial clínico de las personas.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos seguros que con esta reforma lograremos un mayor y mejor uso de los métodos anticonceptivos existentes, y contribuiremos a disminuir el número de embarazos no deseados, principalmente entre los adolescentes y en personas que habitan las zonas marginadas, rurales e indígenas.

Por su atención, muchas gracias señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Acosta Islas.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia del Presidente.

Bueno, vamos a redundar aquí sobre el dictamen, el tema de la planificación familiar como parte de la Comisión de Salud, aunque hemos tenido Secretarios de Salud que están en contra del condón, de la píldora postcoital, del día siguiente, "que lleguen los hijos que Dios mande", como si estuviéramos en el siglo XVIII.

Pero bueno, afortunadamente el Poder Legislativo, en esas ocasiones, se ha impuesto y hemos insistido en impulsar los métodos de planificación familiar, porque, hay que decirlo, en la época de estos Secretarios de Salud, que venían del Partido Acción Nacional, pues la tasa de natalidad se nos fue a las nubes, y pues obviamente los costos que contrae esto en educación y en todos los problemas de desempleo que hay, pues no podemos ser ya demasiados mexicanos, y además sin las oportunidades que el Estado mexicano deja de ofrecer a los que nacemos en este país.

Como dije, el tema que nos ocupa con este dictamen de la comisión, relativo a la planificación familiar, nos obliga a referirnos también a los niveles de pobreza y de marginación social que registra el país.

Entendemos el propósito que se busca con este tipo de dictámenes, que contribuyen en cierta medida a prevenir, inhibir problemáticas que surgen en sociedades, en las que no se fortalecen las acciones de planificación familiar y de concepción, con lo que es, por ejemplo, la deserción escolar con embarazos de adolescentes, y nos remite a la falta de cultura, a la falta de educación y a la falta de oportunidades.

Como no tienen otra cosa que hacer los jóvenes, los que ni estudian ni trabajan, pues qué otra cosa pueden hacer, que andar pensando en esto.

Las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y otras situaciones adversas a la salud materna en niñas y mujeres adolescentes puede evitarse si existe una verdadera política de Estado que haga frente, no sólo a la tendencia de incremento de embarazos en adolescentes, sino también que consolide la educación sexual en todos los niveles educativos y en ámbitos de la vida social.

Hoy en día, nos indica la Tercera Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior 2013, elaborada por la Secretaría de Educación Pública, precisamente, que 20 por ciento de los adolescentes encuestados tuvieron su primera relación sexual entre los 12 y los 14 años; mientras que otro 22.5 por ciento lo hizo a los 15. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad.

Se estima que en México 7 de cada 10 jóvenes menores de 20 años, en estado de gravidez, viven en la pobreza.

A nadie le es ajeno saber que hay un estrecho vínculo entre la deserción escolar y el embarazo adolescente, por lo que en América Latina existen tasas muy elevadas en comparación con otras naciones y regiones del mundo.

En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio es de 35 por cada mil adolescentes; y en Suiza de cuatro por cada mil; mientras que en Brasil es de 75 por cada mil menores.

Nuestro país presenta una incidencia mayor que en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y tienen una media de 60 a 56 casos por cada mil adolescentes.

Compañeras y compañeros Senadores: El Congreso de la Unión ha realizado importantes cambios legislativos en esta materia, pero debe profundizar en reformas que coordinen los esfuerzos conjuntos con el Poder Ejecutivo para abatir también los altos índices de rezago social.

Se tiene que hacer un profundo análisis sobre los pendientes por alcanzar en este 2015, las metas trazadas son los objetivos del desarrollo del milenio, dentro de los que destacan: el disminuir los niveles de pobreza y mejorar la salud materna.

Lo anterior, incluso, da pauta para que este Senado de la República requiera al Poder Ejecutivo Federal a que informe respecto a los avances logrados durante la presente administración, concretamente sobre estos dos objetivos fundamentales.

Hay que subrayar que al establecerse las metas de reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes, y lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva, se destaca una de las recomendaciones del proyecto del milenio, dirigida a los gobiernos de países en desarrollo, a fin de que preparen y ejecuten estrategias de reducción de la pobreza mediante procesos transparentes y amplios en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

El pueblo de México quiere y debe conocer qué logros se tienen al respecto.

Esta Cámara, como representación del Pacto Federal, tiene que estar atenta sobre el cumplimiento de estas recomendaciones para garantizar el derecho constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos.

Es necesario ir perfeccionando la ley para que se establezcan con precisión los instrumentos y condiciones para facilitar a los ciudadanos la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.

Es por ello que apoyamos el presente dictamen reconociendo que esta reforma es positiva, pero no suficiente para atender las necesidades del sector social más dinámica y con enorme potencial para el desarrollo nacional, como es el de los jóvenes.

Necesitamos revertir la situación por la que atraviesan dramáticamente más de 7 millones de ellos, que no tienen condiciones para cubrir sus expectativas de estudio ni de trabajo; en general, un proyecto de vida basado en el disfrute y ejercicio de sus derechos más elementales, como el de la salud y la educación.

En eso tiene que concentrarse su acción el Poder Legislativo, sin dejar de demandar al Poder Ejecutivo lo que en su ámbito de responsabilidad y atribuciones le corresponden.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras Senadores.

Muy breve.

Esta modificación, esta reforma, es sencilla: consiste en hacer una adición a la fracción II del artículo 68 para agregar: "así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico".

Es una adición sencilla, pero sí muy importante para precisamente seleccionar el tipo de método anticonceptivo de planificación familiar de acuerdo con la paciente que se va a atender.

Este, como en prácticamente todos los temas de salud humana, lo ideal, lo necesario, es ponderar, es priorizar el tema de la prevención.

Y en este caso ¿a qué va enfocado?, desde luego a la prevención del embarazo no deseado y a las consecuencias que ello tiene, como son consecuencias biológicas, psicológicas, sociales, laborales, escolares, familiares, que tienen su punto más importante, precisamente en lo que ya se ha comentado aquí: el embarazo en las adolescentes.

Este tema de la prevención, es lo que en el grupo parlamentario de Acción Nacional queremos ponderar, no ya causada la situación, causado el problema, tomar actitudes drásticas; sino siempre ir en el tema de la prevención qué es lo mejor para la salud y para las políticas públicas que se implementen en este tema.

La planificación familiar y la anticoncepción constituyen una base fundamental de la salud reproductiva, dado sus potenciales beneficios sociales y, desde luego, en el mismo tema de la salud.

Dichos beneficios incluyen desde la reducción de la pobreza, la mortalidad materno-infantil, hasta una mejora en la calidad de vida, lo que se traduce en mayores y mejores oportunidades de educación, de empleo y la inserción más igualitaria, sobre todo de las mujeres en la sociedad.

Específicamente hablando de lo que consiste esta adición, que es seleccionar y prescribir el método anticonceptivo adecuado con base en el historial clínico de cada paciente, a lo que nos lleva es a que la recomendación que hacemos desde la Comisión de Salud, y en el carácter de nosotros como médicos, es que siempre se atiendan, y es la recomendación a toda la mujer, que se atiendan por personal profesional con entrenamiento eficiente para administrar el método anticonceptivo.

Les recomiendo no automedicarse, no acudir con personal que no está preparado para ello, no acudir al uso indiscriminado de la píldora del día siguiente que repercute también en fallas, complicaciones y malos resultados.

La recomendación, creo en este tema y en todos, que para evitar malos resultados, siempre acudan ya sea desde la niñez, la adolescencia o la mujer en su vida adulta, acudan a un personal profesional para que aquel método que van administrar, ya sea un dispositivo intrauterino o la administración de hormonales y otros métodos, sea, uno, la que requiere específicamente la mujer; porque no es lo mismo una mujer adolescente joven a una mujer mayor, y en ello consiste también, y de acuerdo a antecedentes propios, enfermedades patológicas o no patológicas, constituye la selección adecuada del método anticonceptivo, por lo tanto, pues en el grupo parlamentario de Acción Nacional vamos a favor y, desde luego, ponderando sobre todo el tema de la prevención en salud, y desde luego también en salud reproductiva.

Por su atención muchas gracias señor Presidente.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos, perdón, sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Una pequeña reflexión, he escuchado con mucho interés a los oradores que han pasado a la tribuna, y creo que, bueno, el secundar este dictamen es de vital importancia para todos; sin embargo, no debemos de hacer de lado ni quitar el dedo del renglón, aunque no sea nuestra facultad, el de destinar presupuesto específico para este asunto de evitar o más bien prevenir los embarazos tempranos, es decir, los embarazos entre las adolescentes.

Creo que independientemente de toda la letra de la ley que es nuestra tarea fundamental, si no se dedican presupuestos específicos en los cuales, por supuesto, no tenemos esa facultad, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero eso no nos exime de que podemos hacer exhortos debidos para que se abra una partida para este asunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo, por su comentario.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Pido a las señoras Senadoras y Senadores que no nos retiremos del recinto en virtud de que llevaremos a cabo una votación más en este instante, sería la última votación, les pido por favor que permanezcamos.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la Minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, remitida por la H. Cámara de Diputados.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis de la Minuta.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la Minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero de 2015, diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

2. En Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada iniciativa por 381 votos en pro y 5 abstenciones la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos constitucionales.

3. En Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-673, turnó la referida Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

4. En reunión ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de la Minuta para la emisión de esta moneda conmemorativa a fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETIVO DE LA MINUTA

La emisión de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta en Dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

El 5 de febrero de 2015 se cumplieron100 años de la expedición del Decreto por el que se creó formalmente el Arma de Aviación Militar del Ejército Constitucionalista, antecedente de la actual Fuerza Aérea Mexicana, por lo que la Minutapropone la emisión de una moneda conmemorativa de curso legal con valor nominal de veinte pesos, que reconozca sus servicios prestados a la Nación.

En la Minuta se expone que durante el periodo revolucionario, el Arma de Aviación Militar tuvo un papel estratégico participando en diversas misiones de combate y de observación para la pacificación del país.

Para 1940, las Unidades Militares Aéreas crecieron hasta integrarse primero como Dirección y después como Jefatura de Aeronáutica, aprovechando la experiencia que adquirieron al participar en las campañas militares desde los inicios de la Revolución.

El 10 de febrero de 1944, se promulgó la reforma constitucional que otorgó al Arma de Aviación Militar el carácter de Fuerza Armada y cambió su nombre a Fuerza Aérea Mexicana, que en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fue puesta a prueba con la participación heroica del Escuadrón de pelea 201 en Manila, Filipinas, y Formosa.

Asimismo, destaca que en 1992, se estableció el 10 de febrero de cada año como "Día de la Fuerza Aérea Mexicana", en conmemoración de la reforma constitucional que le dio la categoría de Fuerza Armada.

Asimismo, desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana cumple con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de México; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en caso de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

De forma coordinada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México actúan para proteger y salvaguardar la vida humana, así como evitar el sufrimiento de las personas ante eventos imprevisibles que las coloquen en estado de vulnerabilidad.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

Primera. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189; 190 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

Segunda. Estas Comisiones Unidas consideran que con la acuñación de la moneda que se propone en la Minuta, se reconoce los 100 años de trascendentes acontecimientos históricos para la aviación mexicana y 100 años en que nuestras fuerzas armadas han trabajado a favor del Estado mexicano, de sus instituciones y del pueblo de México, por lo que es una oportunidad para recordar y enaltecer nuestra historia para refrendar el compromiso de fortalecer a este instituto armado.

Tercera. La Comisiones Unidas consideran relevante rememorar que la historia de la aviación en México inició el 8 de enero de 1910 con el primer vuelo realizado por Alberto Braniff en los llanos de Balbuena, Distrito Federal, a bordo de un avión Voisin.

Posteriormente, el 30 de noviembre de1911, el Presidente Francisco I. Madero, por invitación del Capitán George M. Dyott, se convirtió en el primer Presidente en volar en una aeronave en el mundo, al viajar sobre la Ciudad de México a bordo de un aeroplano Deperdussin.

A finales de 1911, el Presidente mexicano envió a los cinco primeros Pilotos Aviadores a estudiar a los Estados Unidos de América, quienes concluyeron su curso satisfactoriamente. De entre este grupo, el Teniente Piloto Aviador Gustavo Salinas Camiña fue quien protagonizó el primer combate aéreo naval del mundo, tripulando el Biplano Sonora en la bahía de Topolobampo, salvando la vida al General Álvaro Obregón al atacar al buque cañonero Morelos de las fuerzas Huertistas que lo tenían sitiado, haciéndole huir a altamar.

El Sonora inauguró la "Flotilla Aérea del Cuerpo del Noroeste" que con maniobras de bombardeo o vuelos de reconocimiento tuvo un papel decisivo para el triunfo en diversas batallas.

Venustiano Carranza, al ver los resultados exitosos de su uso, dio lugar al nacimiento oficial del Arma de Aviación Militar el 5 de febrero de 1915, decretando la creación de la Flotilla Aérea Constitucionalista.

Dentro del Ejército Constitucionalista, el aeroplano, en su calidad de arma, se convirtió en un emblema de orgullo al simbolizar la superioridad tecnológica que este tenía sobre el ejército usurpador. Con bombardeos, vuelos de reconocimiento, lanzamiento de propaganda y traslado de correos, el Arma de Aviación Militar contribuyó decisivamente a la derrota del gobierno de Victoriano Huerta.

Durante el largo periodo revolucionario, el Arma de Aviación Militar continuó su papel estratégico participando en diversas misiones de combate y de observación para la pacificación del país. No obstante, esta fuerza armada también participó en el desarrollo de la aviación nacional comercial y civil, incursionando en la búsqueda y conquista de nuevas rutas aéreas, contribuyendo a enlazar y comunicar los lugares más apartados de nuestro país y a países de toda América, abriendo nuevas rutas e itinerarios que pusieron el nombre de México a la vanguardia de los vuelos internacionales.

Para 1940, las Unidades Militares Aéreas crecieron hasta integrarse primero como Dirección y después como Jefatura de Aeronáutica, aprovechando la experiencia que adquirieron al participar en las campañas militares desde los inicios de la Revolución.

El 10 de febrero de 1944, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se promulgó la reforma constitucional que otorgó al Arma de Aviación Militar el carácter de Fuerza Armada y cambió su nombre a Fuerza Aérea Mexicana, que en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fue puesta a prueba con la participación heroica del Escuadrón de pelea 201 en Manila, Filipinas, y Formosa.

Es de señalar que en 1992, por Decreto Presidencial, se instituyó el 10 de febrero de cada año como "Día de la Fuerza Aérea Mexicana", en conmemoración de la reforma constitucional que le dio la categoría de Fuerza Armada.

Cuarta. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, reconocen que desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana cumple con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de México; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en caso de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La Fuerza Aérea Mexicana ha sido fundamental en el apoyo y protección civil en zonas y casos de desastres naturales, que en el marco del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III), en coordinación con el Ejército Mexicano, conforma puentes aéreos para el traslado de personal, víveres y materiales indispensables en las regiones afectadas y para la evacuación de personas.

De forma coordinada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México actúan para proteger y salvaguardar la vida humana, así como evitar el sufrimiento de las personas ante eventos imprevisibles que las coloquen en estado de vulnerabilidad. El despliegue de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea en el territorio nacional, permite actuar tanto en la planeación como en la ejecución de las actividades de auxilio en cada uno de los niveles de gobierno.

Quinta. Estas Comisiones Unidas consideran que el uso de las monedas conmemorativas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de sus acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

Asimismo, bajo el entendido de que el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana, los integrantes de estas Comisiones Unidas coinciden en la emisión de una moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su distribución nacional y su buena aceptación por el público.

Sexta. La Comisiones Unidas, consideran adecuado que el diseño principal del reverso de la moneda sea propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional y se incluya la leyenda "1915-2015".

Séptima. Las Comisiones Unidas que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3o., fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar en sus términos la Minuta en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2ode la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

A) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

B) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

C) Peso: 7.355 g. (siete gramos, 355 miligramos).

D) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

A) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

B) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

C) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

D) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio Banco. Dicho motivo deberá relacionarse con los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana (1915-2015) y el valor de su participación institucional en la vida nacional.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir la leyenda "1915-2015". En caso de que la referida Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que proponga la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este Decreto, pueda quedar contenido en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente Decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, el 24 de marzo de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 de constitucional.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite legislativo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, el dictamen está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. El dictamen del cual hemos hecho mención, queda de primera lectura.





 

Daremos turno a la iniciativa que suscriben los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses, Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 73 fracción XXI constitucional.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil y de personas que la suscriben.

La relación de los nombres de los firmantes, viene señalada como Anexo 1 del proyecto de Decreto. Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19, 29 Y 73 FRACCIÓN XXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses y Alejandro Encinas Rodríguez)



Solicito a la Secretaría dé cuenta con la rectificación y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.

Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras, que se presentara el 24 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Y a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 11 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos descritos por la Secretaría.





 

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a las comisiones que correspondan.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES

(Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 29, 64 Y 74 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 29, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las condiciones geográficas, climáticas y geológicas de nuestro país lo hacen propenso a que con frecuencia se vea afectado por diversos fenómenos naturales, como son sismos, huracanes, sequías, incendios forestales, así como actividad volcánica.

Los sismos, la actividad volcánica y los tsunamis están clasificados como riesgos geológicos, ya que son aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la tierra o de la superficie. Asimismo, se presentan riesgos hidrometeorológicos que se manifiestan a través de lluvias, granizadas, nevadas, heladas y sequías.1

En México los Estados clasificados con mayor peligro a sismos son: Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca; tan solo en las zonas clasificadas de alto y muy alto peligro sísmico habita la tercera parte de la población.2De igual manera los fenómenos hidrometeorológicos que golpean a nuestro país se suscitan en la mayoría de las entidades federativas.

La frecuencia con que se presentan dichos fenómenos naturales pone a México en un estado de alerta permanente, ya que lamentablemente el paso de estos desastres naturales deja en el camino pérdidas humanas, daños en infraestructura, además de afectar directamente a una de las principales actividades económicas de México, como lo es el turismo.

Ante la proximidad de la temporada de huracanes y de ciclones es necesario que la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como sus homologas en las  entidades federativas y municipios, estén preparados con los recursos humanos y materiales requeridos para hacer frente a los fenómenos naturales que se lleguen a presentar.

Es de suma importancia invertir en mecanismos de prevención de desastres naturales; a medida que se tengan estudios de riesgo, se logrará tener menores costos en la mitigación de los daños. Ya que, por cada dólar que el Gobierno mexicano invierte en prevención de riesgos relacionados con desastres naturales, gasta 34 dólares más en ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas, así lo señala el especialista en temas de Manejo de Desastres Naturales y Riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lacambra.3

Tan solo en el sexenio pasado el gasto para la remediación de desastres naturales fue de 94 mil 406 millones de pesos, cantidad que supera el presupuesto de la SAGARPA para este año de 2015, el cual asciende a 92 mil 141 millones de pesos. Lo anterior se debe sumar a las pérdidas humanas que ocasionan, como ocurrió en 2013 con las tormentas “Manuel” e “Ingrid”, que dejaron 157 muertos, 18 estados dañados, más de 300 municipios declarados en situación de desastre, 613 mil hectáreas de cultivos con pérdida total y más de 2 mil escuelas dañadas.4

Dentro de las medidas preventivas para los desastres naturales se deben contemplar verdaderos esquemas de planeación urbana, que vayan en estricto apego a los estudios de riesgo y factibilidad de viviendas e infraestructura, así como planes hidráulicos que permitan hacer frente a inundaciones.

Una buena cultura preventiva en materia de Protección Civil debe ir de la mano de políticas enfocadas a la reducción de las brechas de desigualdad y marginación existentes en nuestro país, si bien el cambio climático ha sido factor fundamental en la generación de desastres naturales en todo el mundo, los niveles de precariedad de las personas tienden a potenciar los estragos que causan dichos fenómenos, las zonas de riesgo donde la mayoría de esas familias tienen sus viviendas, los convierte en probables víctimas al presentarse un fenómeno de este tipo.

Por lo tanto es imperante que el Estado mexicano tenga la capacidad no solo para la mitigación o restauración de los daños, sino que operen de manera permanente estrategias de prevención de desastres naturales, que reduzcan costos y permitan una mejor reacción ante los fenómenos que se lleguen a presentar.

Es menester del Congreso de la Unión velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos mexicanos que en tiempos de crisis requieran de una atención oportuna, eficaz e inmediata, tomando siempre en cuenta los intereses de la Nación sobre los particulares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 21, 29, 64 Y 74 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 21, 29, 64 Y 74 de la Ley General de Protección Civil, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse como la función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta, preventiva, ordenada e inmediata, en los términos de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente.

Artículo 29. El Consejo Nacional sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, una previa a la temporada de lluvias, y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente de la República. Corresponde al Secretario Ejecutivo:

[…]

Artículo 64. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural perturbador que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional sea esencial, la Secretaría deberá emitir una declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

La normatividad administrativa determinará los casos en que podrá emitirse una declaratoria de emergencia por inminencia o alta probabilidad, así como los apoyos que podrá brindarse con cargo al instrumento financiero de gestión de riesgos establecido para la atención de emergencias.

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de tres días y el suministro de los insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la autorización correspondiente.

Artículo 74. Esta Ley, su Reglamento, así como las disposiciones administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres naturales, atendiendo al principio de inmediatez.

[…]

El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres naturales, será de hasta siete días naturales, contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastre natural respectiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la cámara de Senadores, el 16 de abril de 2015

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México, CENAPRED, Versión electrónica 2014.

2 Ibíd.

3 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/09/20/desastres-pena-nieto-fonden-inundaciones

4 http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/24/las-cifras-del-desastre-por-manuel-e-ingrid





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México poco más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 90 por ciento son mujeres, asimismo, una de cada tres no concluyó la primaria, tres de cada diez no finalizó la secundaria y una de cada tres son de origen indígena.

La Ley Federal Trabajo (LFT), en su capítulo décimo tercero, regula lo concerniente a los derechos y obligaciones de los trabajadores domésticos y de acuerdo a esta legislación “son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”.

Asimismo, establece que los patrones deben abstenerse de todo maltrato de palabra o de obra. De igual forma, tienen la responsabilidad de proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica alimentación sana, así como condiciones de vida que aseguren su vida y la salud.

Por ejemplo, en caso de enfermedad, tienen la obligación de pagar al trabajador hasta un mes de salario que le corresponda. También establece el derecho de los trabajadores domésticos de un día y medio de descanso a la semana, preferentemente sábado y domingo.

El bajo de nivel de instrucción de las trabajadoras domésticas y un desconocimiento de sus derechos las coloca en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de las ocasiones deriva en diversos abusos. De acuerdo con cifras de la encuesta “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadores y las empleadoras”, el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas desconocen que exista alguna legislación que contemple sus derechos.

El estudio antes citado, señala que los principales abusos de los que han sido objeto las trabajadoras domésticas o que han visto que otra compañera los haya sufrido son: discriminación por ser indígenas (33%); que se le prohíba hablar su lengua indígena (25%); despido injustificado y acusaciones de robo (16%); que les hayan revisado sus pertenencias (16%); maltrato verbal a través de gritos y humillaciones; acoso sexual (12%) y discriminación por ser trabajadora doméstica (11%).

El acceso a prestaciones sociales por parte de las trabajadores domésticas es prácticamente inexistente, solo 1 de cada 10 tiene un contrato por escrito, 8 de cada 10 no está afiliada al IMSS ni tiene pensión de retiro. En contraste, 6 de cada 10 empleadores les descuentan el día cuando no trabajan por estar enfermas, dejando de manifiesto una clara contravención a lo establecido en ley sustantiva en la materia.  

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI nos somos indiferentes ante problemática, prueba de ello es que en 2012 con la Reforma Laboral incorporamos importantes avances para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Entre los cambios más significativos están la modificación del artículo 333 de la LFT, para que los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios disfruten de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, anteriormente solo se establecía de manera génerica el derecho a reposos suficientes.

También se modificó el artículo 336, que en su redacción anterior se refería a la fijación de los salarios mínimos y actualmente trata sobre el derecho de los trabajadores domésticos a contar con un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferentemente en sábado y domingo.

De igual forma establece la posibilidad que mediante acuerdo entre el empleador y trabajador se puedan acumular los medios días en periodos de dos semanas, sin dejar de disfrutar un día completo de descanso en cada semana.

Las cifras son contundentes y demuestran la discriminación y el maltrato que existe hacia las trabajadoras domésticas. Como sociedad tenemos que erradicar estas prácticas.

En virtud de lo anterior, resulta impostergable hacer visible esta problemática y sumar esfuerzos para dignificar el trabajo doméstico. No debemos olvidar, que através de éste, más de dos millones de mexicanas logran sacar adelante a sus familias.

En el grupo parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para garantizar mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas. Tenemos el firme compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica de la cual dependen millones de familias mexicanas.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y a los Gobiernos de las treinta y dos entidades, para que en el ámbito de sus facultades promueva una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo sobre los procesos de licitación de contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, como parte de la Ronda Uno. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus homologas estatales, a implementar políticas que promuevan de forma activa la agricultura urbana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente más del 60% de la población mundial vive en ciudades urbanas lo cual implica una explotación excesiva de los recursos naturales, un aumento acelerado de la demanda de alimentos, un incremento de la contaminación de lagos, ríos y mares, así como de suelos por la erosión y deforestación.

Este constante crecimiento de las ciudades afecta el entorno natural, no sólo rompiendo ecosistemas y disminuyendo la diversidad biológica, sino que también impactan negativamente a la tierra de campo, por lo que es necesario crear y buscar nuevas alternativas como medio para lograr ciudades sostenibles.

Una opción viable es la agricultura urbana, que a nivel mundial se desarrolla bajo diversos modelos que se manifiestan variablemente en cuanto a producción de alimentos se refiere, en las zonas concretamente urbanas, los ciudadanos agricultores han transformado todo, parte de su patio o jardín con el fin de cultivar hortalizas.

En América Latina la agricultura urbana debe tomar mayor importancia a partir de las problemáticas de hacinamiento y limitación de recursos alimentarios que padecen las grandes ciudades, debido a la rápida expansión y el crecimiento demográfico, la alta  tasa de natalidad, la constante migración de habitantes del campo a la ciudad, atraídos por los servicios y las posibles oportunidades de empleo que se ofrecen en las grandes ciudades.

La tendencia actual indica un distanciamiento entre las grandes ciudades del contacto con la naturaleza y del trabajo con la tierra, por lo que una alternativa para afrontar esta situación y a las anteriores problemáticas, es el aumento de actividades agrícolas urbanas como forma de producción y distribución de alimentos, de manera que se puedan aprovechar los recursos locales disponibles y se genere autoconsumo para la población.

Tomando en cuenta que siempre ha existido una contradicción entre lo rural y lo urbano, entre la ciudad y el campo, falsamente se entiende por rural el atraso, la postergación y pobreza, y por urbano, se entiende todo lo contrario, representa la modernidad, la alta tecnología, el acceso a la información y la actualidad; esta falsa creencia ha mermado el desarrollo de la agricultura urbana en beneficio de las ciudades.

El vínculo entre la agricultura y ciudad se ha definido por la circulación de insumos y productos que caracterizan esta actividad, siendo las más destacables la producción a gran escala en tierras de cultivo o granjas, así como el uso de aguas recicladas o la utilización de abonos orgánicos e inorgánicos en grandes porciones que pueden ser nocivos para la salud.

Por esta razón, la agricultura urbana se vincula estrechamente con el de seguridad alimentaria que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se da cuando todas las personas tiene acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimenticias, y así  poder llevar una vida activa saludable.1

Solo cuando existen estas condiciones, una población puede considerarse segura alimentariamente, los dos aspectos que destacan en esta definición, son los referentes al acceso y la calidad, lo que deriva en la bipolaridad de la agricultura urbana.

La agricultura urbana en México tiene un gran campo de acción si se aprovechan los diversos climas que imperan en todo el país, mismos que en su mayoría son aptos para la cosecha de alimentos a pequeña escala, aprovechando la luz solar y la recolección de agua de lluvia, se pueden llevar a cabo en zonas:

Urbanas o áreas habitadas que parten de un núcleo central, presenta continuidad física en todas direcciones hasta ser interrumpida en forma notoria, por terrenos de uso no urbano como bosques, sembradíos o cuerpos de agua, se caracteriza por presentar asentamientos humanos concentrados de más de 15 000 habitantes. En estas áreas, se asienta la administración pública, el comercio organizado y la industria.   Cuenta con infraestructura, equipamiento y servicios, tales como drenaje, energía eléctrica, red de agua potable, escuelas, hospitales, áreas verdes y de diversión, etcétera;

Suburbanas que se  refieren a aquellas zonas donde la población es de 2 500 a 14 999 habitantes, las viviendas se encuentran dispersas y en algunas ocasiones carecen de algunos servicios y;

Periurbanas referente a áreas ubicadas entre una región urbana y una región rural, ambas consolidadas.

En todas estas zonas se observa producción para consumo propio, predios desocupados, cultivos o árboles frutales en poca proporción; la cuestión entonces es, ¿por qué existe este fenómeno en tan pequeña escala? Las respuestas versan en la pobreza y falta de programas que promuevan la agricultura urbana, sin duda alguna hacen falta políticas públicas encaminadas a una seguridad alimentaria desde el punto de vista de la provisión oportuna, reviviendo las tradiciones familiares, dado que la procuración de alimento también incluyen empleo y uso de desechos que pudieran ser basura o abonos orgánicos.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha señalado que la agricultura orgánica, o el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, están abocados y comprometidos a la conservación y al aumento de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas.2

Al sistema de agricultura urbana se le conoce como la práctica agrícola y pecuaria llevada a cabo dentro de las ciudades, que por iniciativa de los productores afincados en las ciudades y sus alrededores; utilizan los recursos locales, como mano de obra, espacios, agua y desechos sólidos orgánicos y químicos, así como servicios, con el fin de generar productos de autoconsumo y también destinados a la producción de alimentos para venta en el mercado.3

Además de contribuir a la preservación de la tradición agrícola y culinaria en México, son pocos los programas que promuevan esta actividad que ayuda a reducir la huella ecológica de las ciudades y a mitigar la pobreza, por tal razón se requieren implementar políticas y acciones relacionadas a su práctica en todo el país.

Se puede entender que los beneficios que ofrece la agricultura urbana son variados y en favor de la población, como los siguientes:4

● Asegurar parte de la alimentación de las familias, lo que aporta estabilidad a la soberanía alimentaria del país.

● Conocer el proceso que llevan a cabo los alimentos y por lo tanto la calidad real de los productos.

● Se evita el uso a gran escala de agroquímicos tóxicos y potencialmente nocivos para la salud.

● Se aporta a la economía local y familiar al evitar comprar productos en las cadenas de supermercados.

● Se aprovecha el agua de lluvia y la luz solar.

● Permite un espacio de recreación y trabajo, asimismo reconecta al ser humano con la tierra y la naturaleza.

● Además cabe recalcar que las plantas reducen el nivel de ruido y ayudan a contrarrestar la contaminación atmosférica.

La producción agrícola urbana está orientada en general hacia el consumo dentro de la familia, los beneficios versan en su mayoría en la mejora y el acceso a alimentos, según la FAO, los hogares urbanos involucrados en actividades agrícolas suelen consumir una mayor cantidad de alimentos, a veces hasta un 30 por ciento más, también parecen tener una dieta más diversificada.5

A pesar de la falta de programas y apoyos dirigidos a la agricultura urbana, que por años se ha mantenido en el olvido, está claro que los espacios o superficie cultivable urbana en el país es extensa, por tal razón es que se deben crear políticas que promuevan de forma activa la agricultura urbana y encontrar la forma de integrarla en la planificación del uso del suelo urbano.

En medio de la crisis ambiental que vive el país, de la destrucción de ecosistemas debido al crecimiento de la economía, la erosión y falta de productividad de la tierra por el abuso de fertilizantes químicos, es necesario estudiar el modelo de agricultura, y pensar en impulsar mecanismos alternativos de cultivo, a fin de aprovechar el uso de espacios o tierra, cuidando el medio ambiente, y garantizando un mejor futuro a las generaciones venideras.

Se requiere orientación y formación a la ciudadanía sobre las técnicas y manuales de producción adecuadas que aumenten el autoconsumo familiar recalcando que esta es la forma de minimizar los riesgos relacionados con la contaminación de alimentos o del agua al conocer el origen y cuidado en la producción de hortalizas.

Así como de estudios que indiquen cuales son las zonas urbanas que concentran mayor viabilidad para implementar la agricultura urbana o sus diferentes tipos de cultivos que se puedan aplicar dependiendo de las condiciones ambientales o regiones geográficas que caracterizan la amplia biodiversidad que subsiste en el país.

Por estas razones expuestas y con la finalidad de aprovechar las área y espacios urbanos dentro de las ciudades a fin de promover las tradiciones familiares, el autoconsumo y aprovechamiento del agua y la luz solar, se deben promover acciones y propuestas normativas que se centren en perfeccionar los derechos y uso de los espacios urbanos, especificando qué actividades se permiten, garantizando que estas acciones en las ciudades podrán alcanzar la sostenibilidad social, económica y ambiental en beneficio de la población y alcanzar mejores estándares en lo que a soberanía alimentaria respecta.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, así como a sus homologas estatales para que:

A) Implemente políticas que promuevan de forma activa la agricultura urbana.

B) Integre a la agricultura urbana en la planificación del uso del suelo urbano.

C) Diseñe manuales que muestren el uso y beneficios que genera la agricultura urbana a la salud de la población y al medio ambiente.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que informe a esta soberanía cuáles son las zonas urbanas con mayor viabilidad para implementar la agricultura urbana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 16 de abril de año 2015.

Suscribe

Sen. David Monreal Ávila.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por un mundo sin hambre. Fecha de consulta el 09 de abril de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/

2 Ídem.

3 Soriano Ramón. Agricultura urbana en México: situación y perspectivas. Fecha de consulta 09 de abril de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.uaaan.mx/postgrado/images/files/hort/simposio5/01-agric_urbana.pdf

4 Manual de Agricultura Urbana. Azoteas verdes de Guadalajara2012 Consultado el 10 de abril de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.ecohabitar.org/wp-content/uploads/2013/10/manual-agricultura-urbana.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La lucha contra el hambre y la pobreza. Consultado el 10 de abril de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.fao.org/docrep/012/al377s/al377s00.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para garantizar el acceso y la permanencia a la escuela de los menores de 15 años. Se turna a la Comisión de Educación.

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones:

Hace algunos días,  la representación para México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presentó  el “Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2000-2015. Logros y Desafíos”, las cuales fueron fijadas en el año 2000 en la ciudad de Dakar, capital de Senegal.

El informe presenta resultados relevantes, por un lado alentadores y por otro preocupantes, a nivel mundial 121 millones de niños y niñas no van a la escuela, en América Latina, Cuba fue el único país que alcanzó el total de los objetivos establecidos, solo uno de cada tres países del mundo alcanzaron la totalidad de los objetivos mesurables de la “educación para todos (EPT)”.

En América Latina y en el mundo, solo la mitad de los países alcanzaron el objetivo central de la EPT, la escolarización universal de los niños en edad de cursar la educación primaria (6 a 12 años)

Los objetivos establecidos en el año 2000 en Dakar fueron:

● Extender y mejorar la atención y educación de la primera infancia.

● Lograr la universalización de la enseñanza primaria, especialmente las niñas y los niños pertenecientes a minorías étnicas o marginadas. Este indicador para nuestro país es de 98%.

● Garantizar que los jóvenes y adultos tengan iguales oportunidades de acceso al aprendizaje y la adquisición de competencias para la vida diaria.

● Lograr  en 2015 una reducción del 50% de los niveles de analfabetismo de la población adulta.

● Suprimir la disparidad entre los sexos y lograr la igualdad entre ellos en la educación.

● Mejorar la calidad de la educación para todos y obtener resultados de aprendizaje mesurables.

En México sólo se lograron cumplir 2 de los 6 objetivos señalados, sin embargo, en todos los indicadores se presentaron avances significativos.

Los 2 objetivos cumplidos fueron: mayor atención a la primera infancia y universalización de la educación primaria.

Sin embargo, se muestran importantes avances en los demás temas, según la UNESCO, está muy cerca de reducir en 50% el analfabetismo en el país, así como de garantizar la paridad e igualdad de oportunidades de acceso educativo para niñas y niños,  el cual se cumplió en el nivel de primaria, pero en la secundaria no tuvo los mismos resultados,  tampoco se garantizó la educación de calidad para todos, ni dar oportunidades a jóvenes y adultos de alcanzar los aprendizajes indispensables.

México junto a Chile, Ecuador y Perú (en Latinoamérica) lograron que la tasa bruta de matrícula en preescolar superara el 80%.

Otro resultado es la reducción de las diferencias en el logro educativo del nivel secundaria, entre la población urbana y la rural, no existe disparidad en materia de equidad de género en educación primaria, además de que a través de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del  Rezago Educativo, se ha avanzado en la meta propuesta de alfabetización para los adultos, aunque todavía existen casi 5 millones de personas que no saben leer ni escribir.

Un dato importante del informe citado es que en nuestro país alrededor de 1 millón de niños, menores de 15 años,  no asisten a la escuela o la abandonan.

En relación a la tasa neta de matriculación en primaria, el sector más rezagado son los niños indígenas con el 70%, similar a las tasas de deserción, lo cual se presenta en mayor medida en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública en su Informe sobre los avances de la Reforma Educativa, ha dado importantes datos sobre el Sistema Educativo Nacional como son los siguientes:

Somos el quinto sistema educativo más grande del mundo,  el Estado ha recuperado la rectoría del sector, se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación, el Servicio Profesional Docente y el Sistema de Información y Gestión Educativa, en Educación básica y especial existen casi 240 mil escuelas, 24 millones de alumnos y 1.8 millones de trabajadores de la educación.

En los últimos dos años, el programa de escuelas dignas ha beneficiado a casi 11 mil centros de enseñanza, con un presupuesto de 8 mil millones de pesos.

Por otra parte, el Programa de la Reforma Educativa inició operaciones en este ciclo escolar, con un presupuesto de más de 7 mil 500 millones de pesos, para poner directamente en manos de los directores y padres de familia el manejo de los recursos que fortalezcan la autogestión escolar, atendiendo a 20 mil planteles.

Se han entregado gratuitamente más de 6 millones de paquetes de útiles a estudiantes con severas carencias. Las escuelas de tiempo completo ponen énfasis en la buena alimentación de los niños. En 2012 había aproximadamente 6 mil escuelas de este tipo 28 meses después hay 23 mil, 3.5 veces más.  La mitad de estas  Escuelas de Tiempo Completo ofrecen alimentación gratuita.

Se entregaron, en 2013, 240 mil equipos de cómputo portátiles para alumnos de quinto y sexto de primaria en Colima, Sonora y Tabasco, y en el ciclo actual, 709 mil tabletas para alumnos del mismo grado en las 3 entidades mencionadas, más el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal, con lo que se busca reducir la brecha digital entre familias y comunidades del país con mayores carencias.

En el Grupo Parlamentario del PRI, sabemos que hay avances en los objetivos del milenio, sin embargo es fundamental redoblar esfuerzos para que todos los niños puedan cursar su educación básica.

Con base a estas consideraciones, manifestamos nuestra preocupación por los resultados presentados por la UNESCO, y sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades federativas, para que en el marco de sus facultades fortalezcan los programas y acciones para garantizar el acceso y la permanencia a la escuela de los menores de 15 años.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo respecto de los posibles casos de uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos y el sector hidrocarburos, en favor de las empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2015, en el contexto de la reforma energética. Se turna a la Comisión de Energía.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS POSIBLES CASOS DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y EL SECTOR HIDROCARBUROS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DE GRUPO BAL, ENTRE 2004 Y 2015 EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México se encuentra inmerso en una profunda crisis de corrupción. Día con día se difunden más casos de personas y empresas que se aprovechan de sus vínculos familiares, de amistad o de su poder económico para tomar decisiones en su propio beneficio. En este sentido, tenemos presentes los casos de Grupo HIGA, vinculados con las casas de la esposa del Presidente y la del Secretario de Hacienda. Cabe señalar que una de las áreas en que más corrupción se encuentra es en el mercado energético. En él, encontramos noticias constantes de cómo en otros países, las empresas buscan obtener un mayor beneficio a costa del pueblo.

Por esta razón es preocupante el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte del ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) en favor de su actual patrón, Grupo BAL. Cabe recordar que el 7 de febrero de 2014, Petróleos Mexicanos difundió a través de un boletín de prensa la renuncia del Ingeniero Carlos Morales Gil al cargo de Director de PEP. En ese mismo comunicado, Lozoya reconoció la contribución de Morales durante sus más de nueve años al frente de la subsidiaria y sus más de treinta al servicio de la entonces paraestatal.1

A los pocos días de cumplir un año de la renuncia de Morales, el portavoz de Grupo Bal, propiedad de Alberto Bailleres, dueño de las mineras Peñoles y Fresnillo así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México, difundió que dicho Grupo creó “Petrobal”, con el fin de ingresar al “negocio de la exploración y extracción de petróleo y gas en México de cara a la reforma energética que se ha aprobado en el país.”2Asimismo informó que Morales asumiría el cargo de director general de dicha empresa. Esta noticia provocó un gran revuelo, por la exactitud en que se cumplieron los plazos legales para evadir todo tipo de responsabilidad administrativa.

Al respecto, La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 9, la obligación de los servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión de observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, (…)

Es claro que la incorporación de Morales a Grupo Bal no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que fue algo que implicó un mayor proceso deliberativo. Por ello, cabe preguntarse la manera en que este ex funcionario contribuyó para el diseño de Petrobal, a través del uso de la información privilegiada a la que tuvo acceso por su  cargo como Director de Pemex-Exploración y Producción, meses antes de la apertura  del sector energético y con la que, seguramente buscará posicionarse como un actor importante en el sector, tal y como ocurre con el resto de las empresas de dicho Grupo.

Por otra parte, la renuncia del ex directivo Morales Gil también está ligada con el caso de Oceanografía, pues se dio días antes de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara a dicha empresa, por los incumplimientos en numerosos contratos suscritos por PEP, bajo la gestión de Carlos Morales. De este modo, esta persona aún está bajo investigación de la Procuraduría General de la República, junto con una veintena de funcionarios de la otrora paraestatal. Durante la administración de Morales Gil no sólo se le otorgaron generosos contratos, también se le permitieron graves incumplimientos en los trabajos efectuados.

Las empresas extranjeras Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, acapararon la inmensa mayoría de los contratos de perforación en el tiempo de Morales Gil, sumando miles de millones de dólares. Especialistas han denunciado que Halliburton cobra habitualmente un 20% adicional sobre los trabajos que realiza en México y  que no carga en otras partes del mundo. Algunos contratos fueron fraccionados para que cada una de esas firmas tuviera un pedazo, lo cual también ocurrió con los contratos de arrendamiento de plataformas de perforación en la región marina, que beneficiaron a Grupo México, Swecomex (Slim), Dragados (España), entre otras.

Otros de los señalamientos que se hacen a Carlos Morales son los vínculos con las enormes pérdidas que sufrió la Región Norte por onerosos contratos y trabajos no concluidos. De igual modo, Morales utilizó a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), sectorizada a la Secretaría de Energía, para no llevar a cabo licitaciones públicas en la adquisiciones, obras y servicios por varios miles de millones de dólares. De este modo es evidente que Morales es ejemplo de cómo los funcionarios públicos pasan al servicio de las grandes empresas, a las que ahora se entregarán nuestras reservas petroleras, una vez que reúnen la experiencia e información estratégica de la ahora empresa productiva del Estado.

Cuando Luis Ramírez Corzo fue nombrado Director General de Pemex en 2004 nombró a Carlos Morales como director de Pemex Exploración y Producción. Esta designación fue pagada tiempo después mediante la asignación directa de varios contratos a Oro Negro, empresa petrolera que el primero fundó al concluir la administración foxista. Ramírez Corzo confesó en los medios de comunicación que recibía instrucciones desde Los Pinos para que asignaran contratos a Oceanografía, siendo su operador, Morales.

No hay que olvidar que Carlos Morales salió de Pemex gozando de una jugosa pensión a cargo del Estado, misma que se sumará a los honorarios que recibirá ahora como funcionario privado, más la fortuna que presumiblemente pudo acumular durante su importante cargo en Pemex.

Grupo BAL, cabe advertir, que ha posicionado a personas relacionadas con sus operaciones en cargos importantes del sector energético. Arturo Fernández Pérez, fue confirmado por el Senado como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, es rector del ITAM y mantiene una relación estrecha con el presidente del consejo de gobierno de esa institución, Alberto Bailleres González, tercer hombre más rico de México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase. Ante la integración de Petrobal, el pasado 27 de febrero se dio a conocer la renuncia de Fernández al Fondo ante un presunto conflicto de interés, aunque reportaron los medios que negó tenerlo. En el mismo caso encontramos a Jaime Lomelín Guillén, quien presentó su renuncia a su puesto de Consejero Independiente de Pemex también por el potencial conflicto de intereses, al fungir también como Consejero Propietario de Peñoles, empresa de Grupo Bal y director corporativo de Técnica Administrativa Bal.

El caso de Carlos Morales Gil es el más reciente ejemplo de funcionarios de Pemex que salen de la empresa pública para trabajar en la iniciativa privada, aprovechando conocimientos, experiencia, contactos e información privilegiada en perjuicio del interés general. Algunos, salen para cobrar favores que hicieron durante su paso en la administración pública. En la mayoría de los casos el conflicto de interés es evidente.

Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2015.

Senado de la República, el 16 de abril de 2015

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Petróleos Mexicanos, Boletín Nacional 13: El Ingeniero Carlos Morales Gil deja la Dirección de Pemex Exploración y Producción, 7 de febrero de 2014, http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-013_nacional.aspx#.VOJi2_mG-Ck, consultado el 16 de febrero de 2015

2 CNNExpansión, Grupo Bal: del Palacio de Hierro a la exploración petrolera, 11 de febrero de 2015, http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/11/grupo-bal-del-palacio-de-hierro-al-petroleo, consultado el 16 de febrero de 2015

Jalife, Alfredo, JP Morgan Chase y EvercorePartners, ¿detrás de la privatización encubierta de Pemex?, La Jornada, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/opinion/018o1pol

Cruz Serrano, Noé, “Renuncia consejero de Pemex por conflicto de intereses” en El Universal, 17 de febrero de 2015, http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/renuncia-consejero-de-pemex-por-conflicto-de-intereses-1077786.html, consultado el 17 de febrero de 2015





 

De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Carlos Alberto Puente Salas, Ernesto Ruffo Appel, Marco Antonio Blásquez Salinas, Mariana Gómez del Campo Gurza y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a los institutos de cultura física y deporte de las entidades federativas, y al del Distrito Federal a coordinar y promover la constitución de las comisiones del deporte profesional. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

El pasado  24 de marzo, el Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.

El Objetivo de la iniciativa propone que dentro de las atribuciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) estará la de vigilar la observancia de las normas de protección a los participantes en deportes de combate y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Se pretende que en los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes y será elaborado por la CONADE con opinión de las Asociaciones Deportivas Nacionales que corresponda, los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte y las asociaciones de los deportistas de combate.

Finalmente, la iniciativa propone que los organizadores del evento recreativo-deportivo de combate deberán garantizar la atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate.

Como parte fundamental para atender, estudiar y analizar dicha iniciativa, la Comisión de Juventud y Deporte a la cual fue turnada,  se dio a la tarea de platicar con el Senador promovente a fin de tener más elementos en cuanto a la motivación y alcances de su iniciativa.

De la misma manera el promovente, junto con la Comisión de Juventud y Deporte, celebraron el pasado día 14 de abril  una reunión en la que se dieron cita distintas personalidades del mundo del boxeo y la lucha libre principalmente, entre los que se destacan, Mauricio Sulaiman, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Los luchadores profesionales “El hijo del Santo” y “El Fantasma”, los boxeadores campeones mundiales Edgar Sosa y Román González, además de presidentes de Comisiones de Box y Lucha Libre de varias entidades, así como promotores y diversos involucrados en los deportes de contacto.

Los argumentos esgrimidos en dicha reunión por quienes viven al día la presente realidad del mundo del deporte, nos deja claro una imagen de esta actividad como un reflejo de nuestra cultura la cual también presenta múltiples facetas dentro de las cuales, sin duda alguna, cuando la actividad deportiva se convierte en un asunto de masas se asocia con aspectos comunes de la vida cotidiana y la idiosincrasia de cada lugar donde se desarrolla y genera un sentido de integración social, el cual hoy se manifiesta mediante la solidaridad ante la pérdida deuna figura emblemática, como lo fue Pedro Aguayo.

Es así como a través de encuentros como él desarrollado en este Senado de la República, se demuestra claramente que la cooperación, la solidaridad, la competitividad, la perseverancia, la disciplina, el respeto a las reglas y la honestidad son valores del deporte que se reproducen en la convivencia diaria entre los individuos.

Es así quedando de manifiesto que hoy no cabe la menor duda que en todas las circunstancias que rodean al deporte, preponderantemente en el profesional, empiezan a suscitarse factores que hacen de la intervención de las instituciones públicas, una necesidad imperante hacia la protección de quienes se desempeñan en su práctica cotidiana.

Por ello en la medida en que las instituciones responsables de normar dichos eventos o aquellas con algún vinculo en la materia fortalezcan sus protocolos y programas diseñados e implementados en beneficio de la integridad física de todos sus participantes ya que en esa medida se estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de la salud de todos aquellos que hoy viven y se desarrollan en los deportes de combate.

La reunión tuvo como principal objetivo escuchar y atender las inquietudes de quienes viven de cerca la práctica de este deporte, quienes deseaban conocer además el contenido de la iniciativa en comento y proponer diversas soluciones para la seguridad e integridad de los practicantes de deportes de contacto.

Dentro de las inquietudes y propuestas que se ventilaron en la reunión, surgió la de crear una Comisión Nacional, la cual pueda vigilar y dar atención a la creación de protocolos que tiendan a garantizar la seguridad de quienes practican este deporte. Al respecto, se enfatizó en que la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, ya se contempla la creación de este tipo de comisiones, la cual señala:

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Su objeto será el de establecer los alcances y criterios de organización y funcionamiento de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, para efecto de dar una mejor calidad de atención a las disciplinas deportivas profesionales a fin de que éstas puedan coadyuvar en la resolución de las problemáticas de la disciplina deportiva profesional a la que representen, participando en el desarrollo de sus disciplinas deportivas, así como aportar elementos para el desahogo de controversias internas y externas de las Asociaciones Deportivas Nacionales, sin contravenir los ordenamientos nacionales e internacionales de la disciplina deportiva que se trate, así como realizar propuestas para la actualización de los ordenamientos internos de la Asociación Deportiva Nacional a la que representen.

Es por lo anterior que a fin de proporcionar los medios estructurales y mecanismos para la atención de los deportistas de contacto, a fin de preservar su integridad y salud física, los que suscribimos Senadores Lilia

Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason del Partido Revolucionario Institucional; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ernesto RuffoAppel y Mariana Gómez del Campo Gurza del Partido Acción Nacional;Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México; Marco Antonio Blásquez Salinas y Ana Gabriela Guevara Espinoza del Partido del Trabajo;  proponemos a esta soberanía con fundamento en el artículo 87 numeral 5 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con carácter de urgente resolución, para comunicarse de la siguiente manera:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en términos de lo que establece el artículo 87 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, coordine y promueva la constitución  de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional.

Segundo. Se exhorta a los Institutos de Cultura Física y Deporte de los Estados y del Distrito Federal, coordinen y promuevan la constitución  de las Comisiones Estatales del Deporte Profesional.

Tercero. Se exhorta a los Institutos de Cultura Física y Deporte de los Estados y del Distrito Federal, coordinen y promuevan dentro de sus Comisiones Estatales de Box y Lucha libre, la elaboración de protocolos de atención de riesgos, atendiendo a la modalidad deportiva de que se trate.

Senado República, el 16 de Abril de 2015.

Firman

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar cabal cumplimiento al programa anual de inspección. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido.

Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.

Para las autoridades, tanto federales como locales, esta situación tampoco es desconocida, e incluso ha habido casos en los que han intervenido para “rescatar” a los jornaleros, como ocurrió recientemente primero con los 200 jornaleros indígenas rarámuris que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró en dos ranchos en Comondú, Baja California, y días después con 49 jornaleros indígenas mixtecos en Colima.

La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas. De los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.

La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años,    aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a   destajo.

El 60.9 por ciento trabaja seis días a la semana y casi el 14 por ciento, lo que representa a uno de cada siete, trabaja todos los días.

Además, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias.

Respecto a los menores de edad, la encuesta oficial estimaba que, para 2009 había al menos un millón 58 mil 63 niños y adolescentes trabajando en el sector agrícola y que por lo menos 400 mil de ellos recibían un pago por su trabajo. Asimismo refería que el 39.1 por ciento de la población jornalera agrícola era menor de 18 años.

En sesiones pasadas, este Senado de la República, ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973, el cual, tiene por objeto la implementación de una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de las niñas, niños y adolescentes y se eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Pese a ello, y de existir claramente dentro del marco de las Constitución Política de los Estados Mexicanos y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el interés superior del niño y el derecho de prioridad, somos testigos que estos son, al igual que las mujeres, los sectores más afectados en materia de explotación laboral en los campos agrícolas.

Muestra de ello, es que cada vez, que se presenta una denuncia, por parte de organizaciones sociales o medios de comunicación, sobre casos de condiciones precarias de trabajo, no sólo de jornaleros agrícolas, se ven involucrados las niñas, niños adolescentes y mujeres, convirtiéndolos en los más perjudicados de estas violaciones a sus derechos más elementales.

En su apartado sobre Trabajadores del campo, la Ley Federal del Trabajo, vigente desde diciembre de 2012, contempla obligaciones que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como: pago de salarios que no exceda una semana; otorgar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita; mantenimiento del buen estado de las habitaciones; proporcionar agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

Asimismo la ley obliga a contar con medicamentos y material de curación en los lugares de trabajo; proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores a lugares con servicio médico; fomentar la alfabetización; seguro de vida para los traslados; proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; brindar servicios de guardería; usar intérpretes cuando los trabajadores no hablen español; llevar un registro de los trabajadores eventuales y estacionales que se contraten cada año; pagar al término de la temporada agrícola las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.

Para asegurar que estas condiciones se cumplan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con el Programa Anual de Inspección (PAI), el cual prioriza los centros de trabajo de alto riesgo o que no tengan antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.

Sin embargo persisten una deficiencia de en ellas, puesto que no contemplan la inspección de las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, además de que las visitas “son en exceso laxas; no se traducen en procedimientos administrativos expeditos; y no desembocan en multas por montos que verdaderamente inhiban la repetición de las violaciones”.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que dé cumplimiento al Programa Anual de Inspección (PAI), priorizando aquellos centros, empresas y campos agrícolas en los que se hayan presentado quejas o que no tengan antecedentes de inspección.

SEGUNDO.- Se solicita a las Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe detallado sobre la situación laboral actual que prevalece en los centros, empresas y campos agrícolas dentro del territorio Nacional.

TERCERO.- Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que coadyuve en las inspecciones que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se garanticen y protejan los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.

Dado en el salón de sesiones, el 16 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones para la adecuación técnica y operativa con el fin de corregir las irregularidades en el entronque carretero "La Pochota". Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LAS IRREGULARIDADES EN EL ENTRONQUE CARRETERO "LA POCHOTA", al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

La principal vía de entrada a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por vía terrestre,  desde la ruta de la ciudad de México, es por el lugar conocido como La Pochota o Fuente La Carreta. 

Este acceso es una pendiente muy pronunciada que ha provocado que los vehículos pesados tomen velocidad en la pendiente peligrosa y al aproximarse al retén policiaco les sea imposible frenar por motivo de que este está ubicado en una zona altamente riesgosa.

Hay que agregar que en los últimos tres años estos percances han provocado lamentables pérdidas humanas y un sinfín de accidentes 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud publicó el perfil estatal del Estado de Chiapas, en el cual se muestra entre las principales causas de muerte en el periodo 2007-2012 los accidentes de vehículo de motor (tránsito). Se muestra que el 65.7% de los accidentes que ocurren en el estado se concentran en 3 municipios, entre ellos Tuxtla Gutiérrez (lugar donde se localiza la Pochota) Asimismo, se muestra un significante  aumento de 164 a 362 el número de defunciones de ocupantes de vehículos entre los años 2010 y 2011.1

Se estima que hay al menos 16 muertos y 22 heridos entre los años 2012-2014 y en lo que va del presente año. Y lamentablemente las autoridades competentes no hay tomado ninguna medida para solucionar y prevenir los accidentes en esta zona conocida como La Pochota.

Constantes molestias y denuncias ciudadanas por el caos vehicular que se forma en esta zona, derivando emisión de Dictamen de Riesgo Antropogénico No. IPCMlRD/DG/OD/1006/2011 de fecha 22 de Agosto del 2011.

Se registran seis personas muertas en Octubre del 2012, una decena de heridos y unos nueve vehículos particulares y del servicio público de pasaje que fueron destruidos por un tráiler que se quedó sin frenos en la entrada poniente de la capital del estado, en La Pochota.2

Además de los diferentes accidentes suscitados frente a instalaciones de la Terminal de Almacenamiento de Pemex del cual esta instancia emitió un Oficio Dictamen con No. IPCMlRD/DG10D/0887/2013 de fecha 15 de Octubre del 2013, dirigido al C. Lic. Samuél Toledo Córdova Toledo, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El 16 de diciembre del 2013 resultaron lesionadas 2 mujeres3y para el domingo 22 de diciembre del mismo año, en el tramo carretero, se registró una colisión entre dos vehículos de transporte de carga en la que resultaron lesionadas 3 personas.

El 30 de agosto del 2014, también, en “La Pochota”, un transporte de carga perdió el control de su sistema de frenos, volcando con toneladas de frutas y verduras que transportaba, afectando gravemente el tránsito y dejando lesionadas a dos personas que además causó diversos y cuantiosos daños materiales.4 Esto da como resultado un saldo de 5 muertos y 7 heridos en el año 2014.5

Las observaciones arrojadas en el Oficio Dictamen por el Sistema Estatal de Protección Civil del 5 de Septiembre de 2014, señala:

1. Que actualmente se ha habilitado el carril de poniente a oriente, de acceso a esta Ciudad, como de doble sentido, esto es, como de entrada y salida de vehículos.

2. Que algunos automovilistas provenientes del distribuidor vial encuentran dificultades al tratar de incorporarse al resto de la autopista, justo en donde se forma la bifurcación o "tijera"

3. Que los señalamientos colocados a lo largo de 600 metros antes de llegar al puesto de control, sobre la curva, son poco llamativos o se encuentran en posición incorrecta, lo que ocasiona que pasen inadvertidos para los automovilistas.

4. Que no existe otro tipo de señalamiento (torreta, luces de advertencia, patrullas, etc.), con el que se obligue a los conductores (especialmente de camiones pesados que necesitan más espacio para el frenado) a disminuir su velocidad.

5. Que se logró observar una fila de vehículos a vuelta de rueda de aproximadamente 200 metros de largo, sobre la autopista debido a la reducción del carril en el puesto de control, por las razones mencionadas anteriormente.

6. Que el tramo carretero de entrada a esta ciudad es en pendiente negativa (cuesta abajo).

7. Que los vibradores que existen en este tramo, como aviso para disminuir la velocidad, no parecen cumplir con su función

8. Que en promedio llegan al punto de revisión y control (que es justo donde se reduce el carril) un promedio de 20 vehículos por minuto, disminuyendo este flujo en razón de 13 vehículos por minuto que ingresen la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que ocasiona las filas largas de automovilistas, de intermitente.

El citado Dictamen concluye considerando al lugar donde se encuentra el punto denominado "La Pochota", frente al puesto de revisión y control vehicular en la salida poniente de la Ciudad dele Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como de RIESGO ALTO para los automovilistas que ingresan y egresan de esta Ciudad en mención, así como para el personal que labora en el puesto de control y su entorno, ya que incumple con las disposiciones en materia de Protección Civil y de control de tráfico antes señaladas.

El 10 de marzo del año en curso, en la entrada poniente de la capital chiapaneca, en el entronque carretero “La Pochota”, se registró un accidente en el cual una unidad de transporte de carga perdió el control al quedarse sin frenos, ocasionando cuantiosos daños materiales y poniendo en riesgo la seguridad, integridad y patrimonio de diversas personas.6

Además de lo señalado, profesionales y académicos como el C.P Manuel Villalobos García, Director de Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas, han elaborado cartas en las cuales solicitan la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás autoridades competentes, antes de que más vidas humanas sean destrozadas con los accidentes de tránsito.

De la misma forma se pide una solución al acceso vehicular del Campus del Tecnológico de Monterrey, proveniente del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya que se forman largas filas de vehículos que desean ingresar a las instalaciones del campus, poniendo en riesgo vidas ante el problema planteado.

Es por esto que debemos implementar con urgencia las medidas de seguridad necesarias para mejorar el camino de entrada tanto en el aspecto técnico como en el operativo, tales como construir una rampa de emergencia y cambiar el retén policiaco del lugar a una zona menos riesgosa. Asimismo, es necesario tomar las recomendaciones de la ONU plasmadas en la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas el 2 de marzo de 2010 “64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo.” Se Proclama el período 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como al Gobierno del Estado de Chiapas a realizar, en el ámbito de sus competencias, las acciones necesarias para la adecuación técnica y operativa con la finalidad de subsanar las irregularidades en el entronque carretero “La Pochota”, de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.

SEGUNDO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Perfil_Accidentes_Estado.html

2 http://www.proceso.com.mx/?p=323872

3 http://www.cuartopoder.mx/carambolazo-en-la-pochota/

4 http://www.cuartopoder.mx/volcadura-en-la-pochota/

5http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnvi.mx%2Fotra-vez-en-la-pochota%2F&ei=lAkkVbTUFYapyQSvvYH4Aw&usg=AFQjCNH1lrp-euL0D4VQGolZlkNhyxidWA&sig2=aWXVlKTv5zUYsaclqUm65g&bvm=bv.89947451,d.b2w

6 http://www.reporteciudadano.mx/?p=80883





 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no recortar el gasto de los programas sociales propuestos en los pre-criterios de política económica de 2016. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante de la LXII Legislatura en el Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II ,y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A NO RECORTAR EL GASTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROPUESTO EN LOS PRE-CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA DE 2016, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Los Pre-criterios sobre la perspectiva económica y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2016 contienen, una vez más, sobre estimaciones del crecimiento económico y cifras engañosas que han llevado a presupuestos falsos para justificar el alto nivel de gasto público y endeudamiento.

Las consecuencias de estas imulación en la planeación del presupuesto han sido, en el  corto plazo, el recorte en 45 programas prioritarios, y en el mediano y largo plazo será el debilitamiento acelerado de las finanzas públicas.

I. Recortes en Programas Prioritarios

De acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados el pasado 31 de Marzo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los Pre-criterios Generales de Política 2016, el gobierno federal prepara el recorte presupuestal a 45 programas prioritarios.

Algunos de los rubros que han sido afectados incluyen aspectos estratégicos y necesarios desde un punto de vista social, económico, de seguridad nacional, participaciones que se dan a Entidades, Municipios y el Distrito Federal, alimentación, comunicaciones y transporte.

No se trata de una acción aislada, sino de una serie de afectaciones de gran magnitud.

De hecho, las reducciones más significativas a los Ramos Administrativos se dieron en Educación Pública y Desarrollo Social, algo que atenta contra el bienestar de las familias más pobres del país y que demuestra que sí existirá una afectación al desarrollo humano de los mexicanos más desfavorecidos.

De igual forma, queda claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso la encargada de conducir la política económica del país y de realizar las estimaciones fallidas sobre crecimiento de la economía, no tendrá ningún recorte, ni sufrirá ajustes en el presupuesto de 2016.

La misma SHCP informó que estos programas en conjunto en 2015 tuvieron un presupuesto programado de 305,535 millones de pesos; para 2016 la Secretaría planea disminuir el monto a 298,804 millones de pesos, es decir 6,731 millones menos en aquellos programas considerados como prioritarios.

En este recorte para el presupuesto del siguiente año, el ramo más afectado será de la Educación, que disminuirá de 97,607 millones de pesos en 2015 a 95,605 millones de pesos para el siguiente año, lo que representará 2,542 millones de pesos menos. En este ramo, los dos programas más afectados serán el Programa de Prestación de Servicios de Educación Superior, Programa de Posgrado y Prestación de Servicios de Educación Media Superior y el Programa Nacional de Becas. Desafortunadamente es en este tramo de nuestro sistema educativo donde se encuentra uno de los sectores más vulnerables en lo que a deserción escolar se refiere.

Otro ramo cuyo gasto tiene un importante impacto social es el Agricultura, Ganadería y Pesca. El recorte en el presupuesto será de 878 millones de pesos menos para 2016. En 2015 este ramo tiene programado 35,830 millones de pesos para el siguiente año serán 34,957.

En el Ramo de Desarrollo Social, el ejecutivo federal busca reducir 785 millones de pesos. El presupuesto total de los programas prioritarios con reducción en el gasto de este Ramo en 2015 es de 59,818 millones de pesos, que disminuirán a 59,033 millones de pesos. En estos programas destacan, entre otros, el de Pensión para Adultos Mayores con 402 millones de pesos menos, el Programa de Apoyo Alimentario con 101 millones de pesos de recorte y el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias con 81 millones de pesos fuera de su presupuesto.

Otros ramos de la administración centralizada también serán afectados, de acuerdo con el documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual omite en este documento una revisión crítica de la política económica que ha realizado en la presente administración, misma política que hoy desemboca en un múltiples recortes en programas que afectan directamente a la población, sin asumir su responsabilidad en la utilización ineficiente de los recursos y en el alarmante incremento de la deuda pública.

II. Recortes como consecuencia de una mala planeación económica

Los Pre-Criterios 2015 presentan una visión optimista de la economía, la cual deberá ajustarse a lo largo del año. Se parte de una revisión a crítica de la política económica de los dos años previos, una estrategia que provocó mayor endeudamiento para financiar un gasto improductivo.

En los dos últimos años, el promedio de crecimiento de la economía ha sido de 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, mientras que el saldo histórico de la deuda pública ha crecido nominalmente en 30 porciento. Además, el gasto público federal en la administración de Peña Nieto ha crecido por arriba del 15%.

En los Pre-criterios del año pasado, Hacienda estimó que en 2014 la economía crecería al 3.9%, y que en 2015 el crecimiento sería de 4.7 porciento. La realidad le quedó corta al ejecutivo, pues la economía nacional tan solo creció 2.2 por ciento en 2014, mientras que para 2015, las estimaciones son apenas cercanas al 3% de crecimiento, muy por debajo, otra vez, de lo que estima SHCP.

Como ya lo habíamos advertido antes, frente a este bajo crecimiento, era necesario y previsible que el gasto de gobierno se redujera en 2015 aplicando medidas de austeridad y disciplina en el gasto. A pesar de esto, el gobierno optó por apostar al incremento de la deuda. No fue sino hasta enero del presente año, cuando el gobierno reaccionó y redujo el gasto en 124,300 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría continúa con una estimación de crecimiento muy optimista en el rango de entre 3.2  y 4.2 por ciento del PIB para 2015, algo, que de nuevo, parece muy difícil de cumplirse.

Si bien es cierto que el gasto del gobierno en México no ha sido gran detonante en el crecimiento económico, no podemos perder de vista que la mayor parte de este recorte será en inversión en PEMEX y en CFE, empresas determinantes en el desarrollo el país. Por lo tanto, en este caso, el recorte en el gasto si podría tener consecuencias negativas en el crecimiento de la economía.

Otra de las consecuencias de la política de sobre estimación de crecimiento por parte del ejecutivo, tendrá un efecto negativo en las finanzas de los estados y municipios, los cuales no cuentan con coberturas petroleras. Solamente en el primer bimestre del 2015, las entidades registraron un decremento de 6% en términos reales de las participaciones federales.

Para iniciar el camino al presupuesto de 2016, en los nuevos Pre-Criterios, la SHCP estima un rango de crecimiento de entre 3.3 y 4.3 porciento. Por lo visto, se propone repetir la misma fórmula, que es suponer altas tasas decrecimiento para mantener la tendencia creciente en el gasto y continuar con un manejo irresponsable en la deuda.

Es evidente que las estimaciones de crecimiento de la SHCP se niegan a reconocer que en 2016 la situación será aún más delicada, pues habría que agregar, por un lado, la falta de coberturas petroleras y por otro lado, el recorte presupuestario como resultado de la reingeniería presupuestal “Base Cero”, del cual aún no tenemos una previsión sobre su magnitud.

En este sentido, la construcción de un Presupuesto Base Cero es el reconocimiento tácito de que el gobierno tuvo más ingresos pero que no se preocupó primero por garantizar que su gasto fuera aplicado en programas oficiales eficaces, en la generación de crecimiento económico, mayor desarrollo social, seguridad pública, educación de calidad. La elaboración del Presupuesto Base Cero también implica que el gobierno, tendrá que reconstruir, a mitad de sexenio, su estrategia de política económica.

Se trata, más que de una postura activa, de una estrategia reactiva.

Otro de los inconvenientes en los Pre-Criterios de Hacienda es la estimación en el precio del petróleo, ya que el documento emitido por la SHCP prevé el precio de la mezcla entre 50 y 55 dólares por barril (dpb), sin embargo, durante el primer trimestre del año el máximo ha sido de 50.57 dpb y el mínimo de 37.3 dpb, es decir, por debajo de las estimaciones de la SHCP.

Es un hecho que los bajos precios del petróleo han mostrado la debilidad estructural de las finanzas públicas nacionales, aun dependientes del petróleo, por lo tanto, no es posible que nuevamente el planeamiento del presupuesto sobrestime el precio del crudo, para hacer un reajuste tardío.

Un tema en el que hemos insistido, es el preocupante incremento de la deuda de los últimos años, pero sobre todo a partir del a presente  administración. , el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Publico (SHRFSP) era superior a los 5 billones 890 mil millones de pesos, el último dato de la SHCP de febrero del 2015 el saldo es de 7 billones 662 mil 266 millones de pesos. Con esta inercia creciente, el SHRFSP para 2015 se ubica en 44.1 por ciento del PIB, mientras que el estimado para 2016 será de 44.5 porciento. Esta tendencia creciente no es congruente con una política de finanzas públicas sanas que supuestamente promueve el ejecutivo federal y que pregona sin mucho sustento.

Si la SHCP sigue calculando el PIB, seguirá la  tentación a tener cifras engañosas. Una institución con mayor objetividad como el INEGI debería calcularlo para evitar la trampa de aumentar la deuda cuando no se crece; y a nadie recuerda y nadie se hace cargo de que el crecimiento es el mandato principal de la política económica.

Una vez más que da de manifiesto el manejo fantasioso de los supuestos decrecimiento económico para privilegiar un nivel de gasto insostenible que requiere cada vez de mayor deuda y debilita las sostenibilidad de las finanzas, al mismo tiempo que incrementa el nivel de exposición ante choques externos.

Lo más delicado en los Pre-Criterios es que no se haga un reconocimiento de que la política económica del gobierno tuvo un error de origen: comenzaron alrevés.

El causante de los problemas económicos del país es el propio gobierno.

El gobierno, a través de la SHCP aplicó una reforma fiscal para darle más recursos al gobierno, con eso aumentó su gasto sin antes garantizar que los programas, procesos y ejecución fueran eficaces. El resultado es claro: No hay un impacto favorable sobre el crecimiento económico, pero si se deja una herencia de mayor endeudamiento, el cual obliga a que sedé marcha atrás a la estrategia inicial, por lo tanto ahora se tiene que recortar el gasto público que hace solo 2 años antes se había incrementado.

En realidad, el ajuste al gasto por 124,300 millones de pesos en 2015 representa prácticamente el mismo monto que ha crecido el gasto público federal en esta administración, es decir, se trata de una compensación de los excesos cometidos por la alta burocracia federal.

Un error (tener a disposición más ingresos públicos sin haber al mismo tiempo revisado cómo se gastan), desafortunadamente, se quiere corregir con otro error (tener menos gasto público sin hacer nada contundente para reactivar la economía).

De hecho, aun cumpliéndose el escenario proyectado por la SHCP en los Pre-Criterios, la presidencia de Enrique Peña Nieto NO pagará el endeudamiento en el que ha incurrido. La pregunta para el ejecutivo federales ¿quién y cómo se pagará este endeudamiento?

Desde esta perspectiva, uno de los logros de la presente administración será haber generado nuevos compromisos por deuda improductiva para el pueblo de México.

III. La prioridad de los programas sociales

De acuerdo con el art. 6 de la Ley General de Desarrollo Social son derechos humanos básicos de carácter social, entre otros, los de alimentación, salud educación, medio ambiente y otros necesarios para la vida digna, como el trabajo y la seguridad social.

El artículo 8 de la misma ley establece el derecho de toda persona o grupo a recibir y exigir a las autoridades competentes sus derechos sociales.

Es de resaltar que conforme al artículo 18 de la misma ley los programas sociales son prioritarios y de interés público, por lo cual es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados tomar la decisión de disminuir el monto de recursos asignados a los programas sociales, al ser considerados en el proyecto de presupuesto de egresos federal.

Habrá que ver cómo se concilian las normas presupuestarias del orden federal y esta norma de carácter general, es decir, aplicable para todos los órdenes de gobierno, en el escenario de una propuesta de recorte al gasto.

El artículo 43 del mismo ordenamiento legal establece que corresponde al Ejecutivo Federal, lejos de recortar el gasto en programas sociales, promover y apoyar instrumentos de financiamiento de desarrollo social, mismos que de acuerdo con la normatividad orgánica de la administración pública federal, correspondería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, de conformidad con la ley de desarrollo social, el fortalecimiento de las políticas públicas relativas a la programación, ejercicio y evaluación de los recursos destinados a programas sociales es de carácter prioritario y en su definición participan sustancialmente dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo al hacer las propuestas de recursos y la Cámara de Diputados, al aprobar los recursos para su financiamiento.

El objetivo de no afectar los recursos públicos para los programas sociales, que ya se encuentra en la ley de desarrollo social, también tiene su desarrollo en varios dispositivos de la ley presupuestal federal. Por ejemplo, tratándose de subsidios a la población, el artículo 75 del mismo ordenamiento presupuestario establece que uno de los objetivos de los subsidios es atender a la población menos favorecida, a aquella que requiere del subsidio para cerrar la brecha de iniquidad individual y social.

En esa misma dirección, el artículo 23 mandata a las unidades ejecutoras de gasto a privilegiar el gasto en programas sociales e infraestructura. El mismo artículo establece que en caso de que existan subejercicios y los mismos no se subsanen en el plazo que se indica, los recursos se canalizarán o reasignarán a los programas sociales.

De conformidad con el artículo  21 de la ley federal de presupuesto mencionada, cuando hay menores ingresos a los programados, el Ejecutivo Federal, debe en responsabilidad, realizar ajustes a las partidas de gasto, sin afectar los programas de atención a la población, como lo es el gasto en comunicación social y servicios personales por percepciones extraordinarias; en caso de que las medidas no sean suficientes, se pueden afectar otros conceptos de gasto, siempre que se procuren o afectar los programas sociales; en el mismo sentido está el artículo 63 de la misma ley, al referirse en especial a la disciplina presupuestaria, ordena a las unidades ejecutoras a no gastar en exceso en gasto corriente, ajustándose el cinturón sin afectar las acciones de financiamiento público mediante las cuales se presten directamente servicios públicos a la población, como es el caso de adquisición de vehículos para prestar directamente esos servicios.

En consecuencia, tanto por la ley de desarrollo social, como la ley de presupuesto, son diversas las disposiciones de ley que establecen la prioridad del gasto en programas sociales, por un doble vía, por un lado, no reducir el gasto, a menos que sea con la aprobación de la Cámara de Diputados, y en segundo lugar, a mantener cuando menos los montos  aprobados, dado que se trata de un asunto de interés general y de orden público, con carácter prioritario, al tratarse del beneficio directo a la población, en especial de la población con menores oportunidades; en adición, se obliga al Ejecutivo a buscar alternativas de financiamiento serio y responsable.

No podemos permitir, como Congreso de la Unión, que el Ejecutivo Federal disponga unilateralmente de la política social del Estado  Mexicano, por la irresponsabilidad en el manejo de la política económica del  actual gobierno, incapaz de impulsar acciones productivas, que con su reforma fiscal lesionó seriamente la economía de las familias y las empresas y, en adición, ha sido negligente en el ejercicio racional, eficiente y republicano de los recursos públicos.

Por todo lo anterior, someto a consideración de este Pleno, el presente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a hacer una revisión responsable, realista y objetiva de los escenarios económicos presentados en los pre-criterios de política económica, que sentarán las bases para el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2016 con la finalidad de no seguir justificando la actual estrategia del gobierno federal para elevar de manera irracional el gasto público y el insostenible nivel de endeudamiento que debilitan las finanzas públicas nacionales.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a no realizar recortes al financiamiento público en programas sociales, en especial aquellos relacionados con el desarrollo social, la educación y la agricultura, y todos aquellos con carácter prioritario en materia de desarrollo social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a explicar las causas por las cuales el precio del gas natural en Nuevo León es el segundo más caro en el país y a exponer porqué existe la disparidad en la tarifa de distribución entre las dos únicas prestadoras del servicio de gas natural en el estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía bariátrica. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.

Gracias al movimiento contra la esclavitud, la comunidad internacional alzó unida su voz para declarar que las prácticas de la esclavitud constituyen una afrenta a nuestra humanidad común y que ningún ser humano debe ser propiedad de otro.

Ban Ki moon
Secretario General de Naciones Unidas

Sin duda, una de las aberraciones más lastimosas para la humanidad, lo es la explotación de nuestros niños; cuando adultos sin escrúpulos los utilizan prácticamente como esclavos para fines económicos o de cualquier índole, trastocando su desarrollo personal, intelectual, emocional y el disfrute de todos sus derechos.

La infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Debiera ser la etapa más linda de la vida, puesto que se trata de las personitas más inofensivas, sin prejuicios, con sus muy peculiares maneras de ver, pensar y sentir. Contrario a ello, existen casos en los que la vulnerabilidad de esa etapa de la vida es aprovechada para someterles a los peores e inmerecidos escenarios de vida, con tal de obtener provechos o ventajas por demás condenables.

Lamentablemente por causa de la pobreza, muchos niños son obligados a trabajar en condiciones inhumanas y sometidos a diversos abusos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que millones de niños en el mundo padecen este tipo de esclavitud laboral, en la que por ejemplo, las niñas trabajan como sirvientas domésticas sin salario y a parte son objeto de maltrato. Otros tantos pueden ser víctimas de trata como la servidumbre por deuda, víctimas de prostitución y pornografía infantil y hasta el grado de ser reclutados de manera forzada como soldados en conflictos armados.

Por esta razón, de suma importancia resultan los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar este tipo de prácticas, de ahí que con la intención de reflexionar y concientizar sobre la necesidad de luchar contra el fenómeno de la esclavitud infantil, cada 16 de abril diversos organismos no gubernamentales y organismos internacionales conmemoran el “Día Mundial contra la esclavitud Infantil”.

El día fue elegido en virtud de tratarse de la fecha en la que el niño pakistaní Iqbal Mashib, fuera asesinado a la edad de 12 años.  Se sabe que Iqbal Masih tenía cuatro años cuando su padre lo cedió a una fábrica de alfombras de Punjab a cambio de un préstamo de 600 rupias. Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas diarias haciendo alfombras para devolver el préstamo familiar, que llegó a las 13,000 rupias años más tarde. Al cabo de cinco años, Iqbal conoció a Ehsan Khan, un luchador contra el trabajo esclavo, y a partir de 1993 se convirtió en un líder infantil que denunciaba las condiciones laborales, los horarios y el régimen de esclavitud en el que viven aún niños trabajadores.

Fue asesinado de un disparo el 16 de abril de 1995, mientras iba en bicicleta; pero su ejemplo trascendió internacionalmente y ahora es un referente de la lucha contra la esclavitud infantil.

Por ello, en el marco de esta conmemoración, es un día propicio para recordar a un pequeño gran líder y reflexionar sobre la necesidad de acabar con el fenómeno de la esclavitud en contra de lo más sagrado que tenemos: nuestros niños.

En México lo sabemos, por ello, la importancia y trascendencia de la iniciativa que la semana pasada nos permitimos presentar los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para sancionar severamente la reiterada práctica de explotación de menores de edad en las calles y avenidas de nuestras ciudades, que evidentemente constituye uno de tantos tipo de esclavitud infantil que debemos desterrar.

¡Desde aquí, mi repudio a todo tipo de esclavitud en el mundo, de sobremanera la que se dirige en contra de la niñez!

Dado en la ciudad de México, el 16 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.

Día Mundial contra la Esclavitud Infantil
16 Abril

El 16 de abril es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, este día se conmemora el asesinato del niño IqbalMasih, quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en régimen de semi esclavitud.

Iqbal pudo escapar de la fábrica a los 10 años, y en vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista contra la explotación laboral infantil, hasta que el 16 de abril de 1995 a la edad de 12 años fue asesinado, mientras conducía su bicicleta en las calles. En su honor y homenaje, determinadas ONG han establecido este día como el día Mundial contra la Explotación Infantil.

Según la organización Savethe Children, alrededor de ocho millones de niños en todo el mundo trabajan en condiciones de esclavitud. Hoy, se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil para denunciar esta injusticia, que tiene especial incidencia en el Tercer Mundo, pero sigue existiendo en Europa.

Los niños que son empleados como esclavos son obligados muchas veces a mendigar, robar o incluso a ejercer la prostitución para atender a las demandas de las redes delictivas que los poseen. Hay casos especialmente alarmantes, como los niños que trabajan en las minas de carbón de Brasil, los que trabajan en las minas de diamantes en Sierra Leona o los niños soldado, muy frecuentes en los países en conflictos armados de África.

Según datos de UNICEF, aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de México, y 3 de cada 10 en las ciudades, lo que equivale a un millón 114 mil 991 niños y niñas residiendo en las capitales de los Estados y/o en las localidades con 100,000 habitantes y más, y a dos millones 532 mil 076 trabajadores infantiles en las áreas de menor tamaño poblacional. Así como los niños y las niñas que trabajan se concentran en mayor medida en el campo que en la ciudad, la incidencia del trabajo infantil rural es más elevada que la urbana: el 15.6 por ciento y el 8.6 por ciento de la población entre 5 y 17 años, respectivamente.

Es de destacar que aproximadamente el 24 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: Estado de México, Jalisco y Puebla. El 52.8 por ciento se distribuye en la cuarta parte de los Estados: además de los anteriores, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato. El 23.8 por ciento de los niños y las niñas de México entre 5 y 13 años que trabajan reside en Puebla, Jalisco o Guerrero. El 52.6 por ciento se reparte en estos Estados y Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. 

Ayudemos a que esto termine en nuestro país y en el mundo entero, levantemos la voz y castiguemos a los culpables. “Los niños y niñas son el presente y futuro del Mundo”.

Jueves 16 de abril de 2015

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz.

EFEMÉRIDE “320 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”

Tal y como escribió Octavio Paz acerca de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, el día de hoy reconocemos también, que su poesía dejó de ser una reliquia histórica para convertirse en un texto vivo.

Lo anterior, porque lo escrito por Sor Juana está dedicado a las mujeres del país y nuestra raza, y en un contexto histórico disímil al que hoy vivimos su obra permanece vigente, reivindicando en todo momento el valor de la mujer, de la mujer mexicana.

Millones de mujeres mexicanas emprenden diariamente una lucha incansable por vivir, y sobrevivir, en una sociedad aún adversa para ellas. Sin embargo, siempre han salido abantes y lo seguirán haciendo. Somos fieles testigos del avance de la mujer mexicana en ámbitos de la vida nacional que en el pasado eran impenetrables.

Hoy nos sentimos orgullosos del legado vivo que dejo Sor Juana Inés de la Cruz, así como nos sentimos orgullosos de que, como ella, la mujer en México crece cada vez más y con mayor determinación en todos los ámbitos de la vida nacional.

Por tales motivos, hoy recordamos a una excelente mexicana, Sor Juana, así como celebramos que millones de mujeres en nuestro país estén triunfando ante los retos que los cambios sociales les han impuesto.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso de Don Ignacio Mariscal Fagoaga.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz.

Efeméride con motivo del 320 aniversario luctuoso de
Sor Juana Inés de la Cruz

Juana Ramírez de Asbaje, mujer del siglo XVII novohispano, mejor conocida por su nombre religioso como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una de los personajes más emblemáticos de la literatura novohispana.

Nacida el 12 de noviembre de 1651, según la conclusión de diversos estudios, en San Miguel Nepantla Estado de México. Fue la tercera hija de la pareja que formaron Isabel Ramírez y el capitán de origen vasco, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Matrimonio que nunca llego a ser legítimo y que causara cierto ocultamiento por parte de Juana Inés, quien trato de ocultar su condición de hija ilegítima.

La niña Juana Inés creció junto a su abuelo materno y entre esos años en los que se suscita la muerte de sus abuelos entre 1655 y 1657, además del nacimiento de sus medios hermanos,  y su iniciación la lectura y el estudio, ella compone su primera Loa al Santísimo Sacramento en 1657, demostrando ya los dotes artísticos para la lírica a muy temprana edad, siendo este además el inicio de la construcción del camino que daría a su vida dedicada a la lectura y la escritura, a la avidez del conocimiento.

La vida de Juana Inés cambiaría con su partida y llegada a la Ciudad de México donde en casa de su Tía María aprendió, al mismo tiempo de las labores femeninas que su tiempo le imponía, sus primeras lecciones de gramática latina con el Bachiller Martín Olivas. Poco le costó, por su capacidad intelectual, pero mucho por el rigor auto infligido, el conocimiento de a cuanto se dedicó, como lo es la lengua latina y el conocimiento de los autores romanos y griegos. Todo, en pos de la construcción de una obra que exaltaría los criterios literarios pero que también los transcendería, como transcendió a los dogmas de género y tiempo.

En febrero de 1668, Juana Inés ingresa como novicia al convento de San Jerónimo, de las hijas de Santa Paula y profesa como religiosa en ese mismo convento al siguiente año. En este lugar pasaría los aproximadamente 27 años del resto de su vida. Esto es muestra de la naturaleza del carácter de Sor Juana Inés de la Cruz, que frente al inevitable destino que era el matrimonio para la mujer en su época, fue preferible la vida en reclusión religiosa; y aun cuando solía decirse en la época que los Conventos eran paraísos terrenales por las especiales condiciones de buen vivir que representaba la vida en los Conventos, contraste con la idea moderna que se tiene de ellos; además de como la mejor vida a la que pudiera aspirar una mujer soltera, y abundada por la cercanía que Sor Juana guardó con la Corte del Virreinato, ni antes ni ahora puede ser una decisión fácil de tomar.

Sor Juana quería el convento como ese tipo de paraíso de soledad, de independencia femenina, pero también como un lugar de estudio, como un enorme claustro de letras y de las artes.

Es gracias a la vida que Sor Juana elige que puede ser explotado su genio y su intelecto poético. Su obra divida en lírica, prosa y teatro, tocó tanto los temas mundanos, tanto como los temas religiosos aunque en menor medida en comparación con la primera. Su obra puede ser considera no menos que como el primer gran legado lírico escrito de México. La influencia de su obra abarca todos los campos del quehacer poético; la técnica impecable, la enunciación de un mensaje simple en su forma pero complejo en su crítica, así como la teorización filosófica. Condiciones estas de su obra que le constaran la admiración tanto como el odio de sectores contrastados, quizás todos igualmente deslumbrados por el genio de Sor Juana, pero velados por los estereotipos propios de su tiempo.

Hasta 1690 que empieza a tener problemas con las autoridades clericales de la nueva España, conocíamos a una Sor Juana empeñada en la felicidad, una mujer dichosa, que escribe una obra dichosa,

“En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento

poner bellezas en mi entendimiento

y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas;

y así, siempre me causa más contento

poner riquezas en mi pensamiento

que no mi pensamiento en las riquezas.”1

Al respecto de Sor Juana, de su quehacer artístico y de su personalidad vale la pena conocer lo que Eduardo Galeano, fallecido hace pocos días, decía:

“Como Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio.

Pero también en el convento su talento ofendía. ¿Tenía cerebro de hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué quería pensar, si guisaba tan bien? Y ella, burlona, respondía:

—¿Qué podemos saber las mujeres, sino filosofías de cocina?

Como Teresa, Juana escribía, aunque ya el sacerdote Gaspar de Astete había advertido que a la doncella cristiana no le es necesario saber escribir, y le puede ser dañoso.

Como Teresa, Juana no sólo escribía, sino que, para más escándalo, escribía indudablemente bien. 

En siglos diferentes, y en diferentes orillas de la misma mar, Juana, la mexicana, y Teresa, la española, defendían por hablado y por escrito a la despreciada mitad del mundo. 

Como Teresa, Juana fue amenazada por la Inquisición. Y la Iglesia, su Iglesia, la persiguió, por cantar a lo humano tanto o más que a lo divino, y por obedecer poco y preguntar demasiado.

Con sangre, y no con tinta, Juana firmó su arrepentimiento. Y juró por siempre silencio. Y muda murió.”2

Es clara la importancia la obra de Sor Juana tanto por las temáticas prohibidas en su tiempo y es claro además el motivo de asombro de las autoridades que decidieron condenarla.

La obra de Sor Juana Inés de la Cruz comparte un lugar privilegiado en un siglo de grandes escritores junto a Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora.

Es además en el último sentido de la referencia de Galeano, un ejemplo de la experiencia de privación de la libertad de expresión por parte de las autoridades a quienes incomodó. Podrán decir que el 17 de abril de 1695 a causa del tifus, muere Juana Ramírez de Asbaje. Sin embargo, sumida en un silencio sin retorno y condenada a no escribir, a Sor Juana Inés de la Cruz la mató no plasmar su alegría en poemas  y el no poder expulsar a través de las letras aquello que la enfermaba.

“Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato; quizá prodréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues sólo en la aprehensión dicen que estriban los daños, si os imagináis dichoso no seréis tan desdichado.”3

Hacer honor a la memoria de Fénix de México y Décima Musa es hacer honor a la tradición poética de México, al espíritu trágico, romántico y pero también alegre de los y las poetas que ha dado nuestro territorio.

Senado de la República, el 16 de abril de 2015

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz I Lírica personal. Fondo de Cultura Económica. México.2009.

2 Galeano, Eduardo. Espejos: una historia casi universal. Ed. Siglo XXI.

3 De la Cruz, Sor Juana Inés. Acusa la Hidropesia de mucha ciencia, que teme inútil aun para saber y nociva para vivir. En  Sor Juana Inés de la Cruz. Obra Selecta. Biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela.1994.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRD, sobre el 146 aniversario de la erección del estado de Morelos.

Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la Efeméride en relación con el 146 Aniversario de la erección del estado de Morelos que se conmemora cada 17 de abril.

Efeméride del 17 de abril:

El Estado de Morelos es una de las 32 entidades federativas de México y se localiza al centro del territorio nacional. Colinda al norte con el Distrito Federal, al noreste y noroeste con el Estado de México, al sur con el Estado de Guerrero y al oriente con el Estado de Puebla.

Cuando el Emperador Maximiliano I tomó posesión de la corona de México, el Presidente Benito Juárez tuvo que trasladar la capital de la República a diferentes regiones. Para ese propósito dividió el territorio original del Estado de México en tres distritos militares: el actual Estado de México y los territorios que ahora comprenden los Estados de Hidalgo y Morelos.

Después del triunfo de los republicanos, los nuevos distritos rehusaron reintegrarse y tras un año de deliberaciones el presidente decidió elevarlos a la categoría de Estado. Uno de ellos, Morelos, rinde honor al sacerdote insurgente José María Morelos y Pavón.

Previamente, durante la época prehispánica, el territorio de Morelos había sido habitado por los tlahuicas y durante la Revolución Mexicana se distinguió por ser la sede del ejército comandado por Emiliano Zapata.

El 17 de abril de 1869, quedó erigido el estado de Morelos comprendido por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían integrado el tercer distrito militar. Así mismo el gobernador provisional, Pedro Baranda, ordenó convocar a una Legislatura con el doble carácter de Constituyente y Constitucional, que hizo uso de sus facultades para formar la primera Constitución estatal.

El Congreso Constituyente por lo tanto, se instaló en un pequeño teatro de Yautepec y dio su primer decreto el 30 de julio de 1869, al declarar gobernador constitucional al General Francisco Leyva.

Fue en sesión secreta de la Cámara, el 17 de agosto de ese mismo año, cuando decidieron cambiar la capital a Cuernavaca, por lo que un día después de la toma de protesta del gobernador, se trasladaron al viejo Palacio de Cortés, ahí ya se encontraba instalado el Ayuntamiento de Cuernavaca.

El gobernador comisionó a los legisladores para que formularan la primera Constitución del estado, y esta fue aprobada, ya en la ciudad de Cuernavaca, por la II Legislatura el 20 de julio de 1870, promulgada por el gobernador Leyva el día 28 del mismo mes, y publicada el 7 de diciembre de 1871.

La capital se trasladó de Cuernavaca a Cuautla, de 1874 a 1875 junto con la III Legislatura, hasta el 1 de enero de 1876, cuando los Poderes regresan a Cuernavaca, estando en funciones la Legislatura IV.

Actualmente el estado políticamente se divide en 33 municipios, Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río,Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco,  Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec,  Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan.

Además, el Honorable Congreso del Estado de Morelos está integrado por 30 Diputados, y el Poder Ejecutivo está integrado por 18 secretarias.

Hoy en día Estado de Morelos es elegido por gran cantidad de turistas residenciales, ya que por su cercanía con el Distrito Federal y su excelente clima, hace que la estancia sea más placentera.

Pero por otro lado, es lamentable mencionar que el Estado de Morelos es una de las entidades federativa más violenta de México ya que se encuentras  entre los primeros tres lugares a nivel nacional en cuatro delitos: secuestro, violación, robo con violencia y extorsión. Lo que hace a nuestro estado un lugar con poca productividad  y con altos índices de desempleo y marginación.

Es por ello, que al celebrar orgullosamente un aniversario más de la erección del Estado Libre y Soberano de Morelos, por decreto del Presidente Benito Pablo Juárez García, hagamos conciencia de la inseguridad que existe en el estado y unamos fuerza para combatir este mal que nos asecha día con día, buscando mayores beneficios para nuestro estado.

Dado en el salón de Pleno, el 16 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 21 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:03 horas)

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