Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 11 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 20



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Abril de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (12:30 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 86 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del miércoles 8 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes siete de abril de dos mil quince, encontrándose presentes noventa ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, el Informe de su participación en calidad de observador de la delegación mexicana que asistió a las sesiones extraordinarias de preparación para la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de Drogas, en el marco del 58º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, que se realizó en Viena, Austria, del 9 al 12 de marzo de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, Informe Anual 2013-2014.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política un acuerdo, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano Enrique de Alba Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para un segundo período que concluirá el 31 de diciembre de 2022.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento a favor del ciudadano Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México salgan de los límites del país, en los cruceros de instrucción y ejercicio siguientes:

1. Cruceros de Instrucción “Caribe 2015” y “Pacífico Norte 2015”, ambos del 9 de junio al 14 de julio de 2015.

2. Crucero de Instrucción “LEVANTE MEDITERRÁNEO 2015”, del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015.

3. Ejercicio Multinacional “DAWN BLITZ 2015”, del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015.

4. Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, del 15 al 24 de junio de 2015.

5. Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVI”, en el mes de octubre de 2015.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9 a 11 de abril de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Panamá, Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, para participar en la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2015; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2016: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Banco de México, oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su Informe de actividades correspondiente a 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros en Reclusión de la República Mexicana, correspondiente a 2014.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Iniciativas)

La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón  Pozos Lanz, Mayela Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10 y el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.-Se turnó a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, con aval de grupo del  PRD, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional y responsabilidad de los servidores públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Las Senadoras María Elena Barrera Tapia, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro Universitario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3) De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo.

4) De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5) De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet.

6) De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 3 proyectos de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

7) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para expedir el Reglamento de las Sesiones del Congreso General.

8) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los numerales 3, 4 y 5 al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

12) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de decreto para reformar Ley General de Salud, en materia de suicidio.

Sin discusión, los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un  dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos,  Segunda, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un  dictamen de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que informe sobre las acciones que realiza para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo:

1) Relativo al grupo de mujeres “Las Patronas”.

2) En torno a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del ferrocarril conocido como “la bestia”.

3) Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a nivel nacional.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo:

1) En materia de sismos.

2) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad de México.

3) Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe de las acciones de coordinación con las demás entidades federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar las disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”.

4) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore el inmueble de Avenida Juárez No. 58 como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble.

5) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a elaborar el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal que regule en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la cosecha de agua de lluvia.

Los cinco dictámenes se discutieron de manera conjunta. Para fundamentar los dictámenes hizo uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD. Fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a disponer de los recursos presupuestarios para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones locales con dicha Ley.

2) En torno al albergue “La Gran Familia”.

Los dos dictámenes se discutieron de manera conjunta, intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, Irma Zulema Cobián Chávez a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y, Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores;   y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de      decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres.- Para fundamentar el dictamen hizo uso de la tribuna la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del PAN. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: María Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, a favor; Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez del PRI, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Fernando Enrique Mayans Canabal del PRD, a favor; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; y Martha Elena García Gómez del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibió el texto de la intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo, el cual se integró al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 97 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un acuerdo, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de guarderías.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Manuel H. Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario de la Ley Agraria en 1915.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General capitalina a presentar un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet Ingeniería, S.A de C.V., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad” y “Decisiones por Colonia”.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un “bono del cacao”, como una remuneración otorgada a productores que fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector privado como al sector público, con inversiones a largo plazo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía y a sus homólogas estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país.- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que los Senadores integrantes de la LXII Legislatura expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad con los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, que perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings, acaecido el pasado 24 de marzo en el sur de Francia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elaboren e implementen a partir de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, aplicada a los estudiantes mexicanos, acciones políticas o los programas necesarios que permitan incrementar la calidad educativa del país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias registradas en días pasados.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar la situación del consulado mexicano en Barcelona, España y a proporcionar información sobre mexicanos residentes en Barcelona.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que exhorte a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de sus respectivos partidos.-Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre la licitación de pasaportes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de  Salud a dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a capacitar al personal técnico y de brigada, así como ampliar y actualizar el equipamiento especializado para el combate de los incendios forestales en las temporadas del 2015.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la Salud”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la Salud: Inocuidad de los Alimentos".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la Salud”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.-Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el miércoles ocho de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibieron los siguientes proyectos de Decreto.

Uno, por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.








Y uno, por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnense a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados nos remitió cuatro oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas; ante el Parlamento Latinoamericano y ante el Organismo Parlamentario por las Américas.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También la Colegisladora, remitió un oficio por el que informa de la designación de consejeros por parte del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea se da por enterada.






CONGRESOS ESTATALES

Informo a la Asamblea que se han recibido la mayoría de votos aprobatorios, de conformidad con el artículo 135 constitucional, al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. constitucional.

Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente de las aprobaciones recibidas, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que lo aprueban.

(Se realiza escrutinio)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, son 19 comunicaciones de los congresos estatales, por las que informan su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. constitucional, que establece que en las formas de gobierno indígena, se garantice que las mujeres y hombres ejerzan sus derechos de votar y ser votados, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Informo también a la Asamblea, que los votos aprobatorios son de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 19 votos aprobatorios al proyecto de Decreto de referencia.

Les solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales:

“La Cámara de Senadores declara aprobado el Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Se remite a la Cámara de Diputados.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.






Honorable Asamblea: La Comisión de Relaciones Exteriores, África, el Senador Benjamín Robles Montoya y los integrantes de la Mesa Directiva, hemos formulado un pronunciamiento por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Kenia, por los recientes atentados terroristas ocurridos en la Universidad de Garissa, al cual daré lectura.

Le pido a la Secretaria dé lectura al pronunciamiento.

La Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senadora.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha García.

La Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Si, señor Presidente, pidiendo su anuencia, para solicitar a la Asamblea, un minuto de silencio por el sensible fallecimiento, el pasado 3 de abril, de la señora Rocío García Gaytán, quien fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y las niñas; desempeñando cargos de elección popular en la Administración Pública, destacando su importante labor al frente del Instituto Nacional de las Mujeres.

Y, sin duda, nos deja un gran legado y un camino avanzado en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Así será. Si nos permite, concluimos con la lectura del pronunciamiento, en su caso la aprobación del mismo, previa intervención de los oradores que se han registrado e inmediatamente procedemos al minuto de silencio que usted ha pedido.

Adelante, Secretaria.

PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señoras y señores Senadores: Como es de su conocimiento, el pasado 2 de abril, la República de Kenia se vio envuelta por un terrible acontecimiento ocurrido en la Universidad de Garissa, ubicada en el noroeste de ese país, donde se perpetró un ataque terrorista, ocasionando la muerte de 148 estudiantes y decenas de heridos.

Ante estos reprobables hechos, el Senado mexicano condena de forma rotunda la masacre cometida en esa universidad y reprueba la barbarie criminal en nombre de lo injustificable.

Al Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, le ofrecemos nuestras condolencias y le hacemos extensivas a las familias de los estudiantes muertos, así como a la sociedad keniata, ante los trágicos acontecimientos producidos por una violencia sectaria y absolutamente cruel.

Los Senadores de la República, consternados por la pérdida de vidas humanas causadas por el ataque de los miembros de la secta de Al Shabab, condenamos este acto de insensata brutalidad.

Al mismo tiempo, nos sumamos a todas aquellas voces que, alentando la búsqueda de la paz permanente, invitan a redoblar esfuerzos, a fin de trabajar con todos los hombres y mujeres de Kenia para poner fin a la violencia.

Manifestamos nuestro inquebrantable compromiso con la libertad de culto y hacemos votos para que impere el diálogo, la tolerancia, el respeto, así como la estabilidad, no sólo en África, sino en todo el mundo.
Finalmente, reiteramos nuestro deseo para que Kenia encuentre pronto la paz y la estabilidad, independientemente de sus diferencias religiosas, éticas o de cualquier otro tipo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, externamos nuestra solidaridad y consternación por los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves 2 de abril en Kenia, por parte de un grupo extremista, que ocasionó la muerte de 148 personas, dejando decenas de heridos.

Cabe señalar que la relación diplomática de nuestro país con Kenia se estableció el 15 de marzo de 1977, y se ha caracterizado por una atmósfera de cooperación en las áreas científica, técnica, educativa y cultural.

Actualmente, 7 países latinoamericanos, incluyendo México, mantienen una representación diplomática residente en Nairobi: Brasil, Cuba, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela.

Lamentablemente, durante los últimos años, este país hermano ha tenido fuertes conflictos generados por las diferencias ideológicas, por lo que ante los hechos ocurridos, los integrantes de esta comisión manifestamos nuestro pésame al pueblo y gobierno        de Kenia, en particular a los familiares de las víctimas, a través de su Embajada representada en nuestro país. Asimismo, rechazamos cualquier forma o manifestación de violencia, no sólo en África, sino en todo el mundo.

Las y los legisladores de esta Cámara Alta externamos nuestro deseo para que Kenia encuentre pronto la paz y estabilidad, independientemente de sus diferencias religiosas, étnicas o de cualquier otro tipo.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Margarita.

En uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente.

Sin duda hay que sumarse a un pronunciamiento como el de esta naturaleza. Lo que ha sucedido en Kenia y en otras latitudes del mundo, respecto de expresiones de terrorismo, de intolerancia, de muertes, de explotación e incluso de trata de personas, es un tema que por más que se vea en otros continentes y en otras latitudes, una vida humana tiene el mismo valor en cualquier país y en cualquier rincón del mundo.

Lo sucedido el pasado 2 de abril en la República de Kenia, sin duda, es un motivo para reflexionar y también para sumar voluntades en México en contra del terrorismo, a favor de una promoción activa de los derechos humanos, también de la tolerancia religiosa y de distintas expresiones.

La libertad de culto, los derechos humanos no deben ser solamente espacios en ciertas democracias, y ahí nuestra Constitución, y sobre todo la reforma que se hizo en materia de derechos humanos en el 2011, obligan a nuestro país, y parece que hay quienes así lo han olvidado, a hacer una promoción activa de los derechos humanos.

Y hoy este pronunciamiento, sin duda, nos lo recuerda, aunque sí creo que valdría la pena hacer mención tal cual a los derechos humanos.

Ver cómo fueron muertos y heridos jóvenes estudiantes, y cómo ha habido distintas expresiones de violencia y de muerte por sectas y por grupos terroristas, sí debe obligar a México a tener también mejores espacios de cooperación, también de hermanamiento y evaluar incluso nuestras políticas en materia de refugio.

Hoy México ha dejado de ser ese hermano solidario. Seamos capaces, en este Senado de la República, de pasar de los pronunciamientos a los hechos, que este pronunciamiento sea el primer paso y que de él se desprendan también muchas otras acciones.

Que vuelva a México ese hermano activo, hermano solidario y hermano respetuoso de los derechos humanos que fue en décadas anteriores.

Sin duda, desde la bancada de Acción Nacional, nos sumamos a este pronunciamiento, en donde condenamos los atentados terroristas ocurridos en la República de Kenia; en donde también hacemos muestra de nuestras condolencias y toda nuestra solidaridad al Presidente Uhuru Kenyatta, Presidente de la República de Kenia; y elevamos todas nuestras condolencias y plegarias para que encuentren consuelo cada uno de los familiares de las víctimas de estos terribles atentados, en donde perdieron la vida 148 estudiantes y hubo decenas de heridos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gabriela.

En uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, para referirse al mismo tema.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Subo a la tribuna a nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, para hacer un posicionamiento en torno a estos lamentables acontecimientos.

Compañeras y compañeros: El amor por la vida nos lleva a condenar, sin duda, todo acto de muerte, por eso donde quiera que suceda un crimen nuestra voz dirá que la justicia debe cernir su verdad.

Ningún credo, compañeras y compañeros, justifica el odio, la intolerancia; ninguna ideología justifica el crimen.

De estas definiciones, es que he decidido adherirme, y así lo hemos hecho quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRD, a este pronunciamiento presentado por la Mesa Directiva de este Senado de la República, en el cual nos solidarizamos con el pueblo de Kenia, luego del condenable atentado sufrido hace algunos días en la Universidad de Garissa.

Sabemos que las 148 personas que murieron a consecuencia de aquella madrugada del 2 de abril, representan un episodio más de la ya larga lista de atentados extremistas efectuados en países y tiempos diversos. Nos duele la muerte de estos estudiantes, nos duele la muerte de policías, soldados, vigilantes y civiles; y nos duele, aún más, que esa lista ignominiosa no tenga a la vista un punto final.

Parece como si el mundo estuviera condenado al enfrentamiento y a sucesos de esta índole, que adoran la muerte y que, por lo tanto, parecen traducir la muerte en victoria.

Para un servidor, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRD, la vida es victoria. Y estoy seguro que ustedes, compañeras y compañeros del Senado, coinciden con ello, porque somos personas que reconocemos en el diálogo, en la deliberación y las libertades el rumbo correcto para dirimir nuestras diferencias.

De hecho, las diferencias no se dirimen, sino que se toleran, se aceptan y se respetan. La diversidad es un patrimonio común de la humanidad, incluyendo la diversidad en términos de creencias religiosas y políticas. Lo que esa diversidad no puede incluir es el desprecio por la vida, nuestro valor supremo.

Por eso, no debemos estigmatizar religión alguna ni feligresía específica, lo que sí es necesario hacer es tomar definiciones claras, no es tolerable ni justificable ningún acto de terror en contra de población civil e indefensa.

Y en eso incluyo, compañeras y compañeros, los atentados al hermano pueblo de Kenia, pero también a poblaciones civiles en otros países y perpetrados no sólo por razones religiosas, sino también económicas y aún políticas.

El terror es el método de la ignorancia y del perfil oscuro del ser humano.

En cambio, el diálogo, la tolerancia, el respeto y la paz son los métodos de la cultura y la civilidad, son los mecanismos que la vida humana se ha dado para pervivir.

Hagamos, compañeras y compañeros, cuanto esté posible, cuanto esté a nuestro alcance, para fortalecerlos hoy con plena solidaridad con Kenia y con todos los pueblos del mundo, incluido el nuestro, un país con plena vocación pacifista en el que aún creemos con todo nuestro ser.

Un abrazo fraterno para el hermano pueblo de Kenia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señores Senadores, por su participación. Comuníquese.






En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Omar Fayad Meneses, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Luis Armando Melgar Bravo, Graciela Ortiz González, David Penchyna Grub, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, José Francisco Yunes Zorrilla y Arturo Zamora Jiménez, un proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Omar Fayad Meneses, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Luis Armando Melgar Bravo, Graciela Ortiz González, David Penchyna Grub, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y José Francisco Yunes Zorrilla)

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

El lavado de dinero constituye uno de los actos criminales que de manera subrepticia y oscura daña la economía y da viabilidad a múltiples actividades ilícitas.

Seguir el dinero ha sido y es la recomendación más evidente para advertir cualquier actividad del crimen organizado, porque toda acumulación de dinero ilícito requiere cumplir su ciclo y esto sólo es posible cuando a través de distintas actividades se acredita como un ingreso ilegítimo e ilegal.

Por ello, desde hace algunos años, es importante recordar que el Estado mexicano ha adoptado diferentes acciones para identificar los agentes y los espacios de la economía en donde se lleva a cabo el blanqueo de dinero obtenido por la vía de la ilegalidad.

La finalidad es reducir con instrumentos institucionalizados y de inteligencia financiera, operaciones con recursos de procedencia ilícita para de esta forma reducir la capacidad corruptora de fuego y riqueza del crimen organizado y de la delincuencia común.

Con el tiempo, es importante señalar que se ha consolidado un sistema que opera desde una triple perspectiva; por un lado, la fiscalización de los agentes económicos; por otro, el seguimiento de las operaciones financieras; y la identificación y registro de las actividades vulnerables.

A poco más de un año de la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, un grupo amplio de legisladores, de diferentes grupos parlamentarios, hemos reflexionado sobre la calidad y la operatividad de los dispositivos de la ley con los siguientes objetivos.

Primero. Es importante destacar que nos interesa seguir manteniendo el objeto de la misma de combatir el lavado de dinero, pero también de poder hacer los ajustes necesarios para favorecer la operación normal de las empresas que realizan actividades calificadas como vulnerables.

Por supuesto, de generar información de mayor especificidad y calidad respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita que evalúa las autoridades correspondientes y, por supuesto, también hacer mucho más eficiente los instrumentos de la propia ley.

Se trata, la iniciativa que ponemos a su consideración, de un enfoque basado en la ponderación de riesgos y en la identificación de las actividades más sensibles al lavado de dinero.

La autoridad nos interesa, se centra en la información sensible e importante en cuanto al blanqueo de capitales, pero también al mismo tiempo que permitamos tener mecanismos que faciliten la operación de las personas físicas o morales, cuyas actividades profesionales están relacionadas con las actividades vulnerables.

Es importante, también, traer a esta Soberanía lo que ha señalado el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, quien señala claramente en sus recomendaciones que si bien no existen metodologías aceptadas universalmente que establezcan la naturaleza y el alcance de un enfoque basado en el riesgo, es importante que se consideren algunos temas que nos permitan identificar y categorizar los riesgos del lavado de activos y el establecimiento de controles razonables basados en los riesgos identificados, esto que se llama un riesgo eficaz.

Es así que la propuesta de reforma a la ley en comento, ha sido el resultado de la consulta a distintos sectores económicos, involucrados en la aplicación de la misma, quienes han hecho llegar diferentes solicitudes a los legisladores a fin de mejorar la operación de sus empresas y negocios, sin renunciar, en ninguno de los casos, a la colaboración con las autoridades para la prevención y la identificación de la operación con recursos de procedencia ilícita.

Destaco, adicionalmente, que para la construcción cuidadosa de este proyecto de iniciativa se tomaron en cuenta, así también, los foros de consulta que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, con motivo precisamente de analizar la implementación de la Ley Contra el Lavado de Dinero, como se le conoce coloquialmente, y que tuvieron lugar en el mes de noviembre del año pasado.

En ellas participaron, entre otros, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y del propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Unidad de Análisis Financiera de la PGR, la de agentes aduanales, así como directivos de distintas instituciones.

Del mismo modo, se han realizado consultas con distintas autoridades a fin de conocer las necesidades de orden normativo que permitan una obligación más eficiente de los criterios y de los instrumentos de la ley.

Nos interesa que la efectividad del sistema de prevención y combate al lavado de dinero no se dé en función del volumen de información aportada por las instituciones financieras y demás agentes, sino sobre todo por la calidad de la información.

Es de este modo, compañeras y compañeros legisladores, que este proyecto está enfocado con un análisis de riesgo eficaz, se ha hecho con una visión eminentemente técnica, plural, de institucionalidad del Estado mexicano, pero también sensible a los ciudadanos.

Quienes suscribimos esta iniciativa tenemos el interés que, a partir del turno que se dé en esta ocasión, pueda hacerse nuevamente este análisis amplio, institucional, transversal y pertinente para poder llegar a un proyecto que pueda construir a favor de los mexicanos, pero también del Estado mexicano, en una de las situaciones que más nos interesa a todos: cómo combatir el lavado de dinero, cómo combatir el tema del crimen organizado, pero también cómo ser sensible y ser interlocutores eficaces con la sociedad.

Le pido, señor Presidente, que pueda ser inscrita la exposición de motivos de la iniciativa en su conjunto de manera íntegra en el Diario de los Debates y, por supuesto, el interés y la participación de todos mis compañeros para el análisis del proyecto en comento.

Muchas gracias.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Desde luego, Senadora, se insertará en el Diario de los Debates la exposición de motivos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Entiendo que es con el propósito de suscribirla también, ¿verdad? La Senadora Mariana Gómez, el Senador López Brito, la Senadora Sonia Rocha Acosta, el Senador Pedroza, Zoé Robledo, Eviel Pérez, Lucero Saldaña, Miguel Romo, Leticia Herrera, Patricio Martínez, Isaías González, Aréchiga, Puente, Ernesto Ruffo. Pido a la Secretaría tome nota de los Senadores que desean suscribir la iniciativa.






MINUTO DE SILENCIO

Como fue solicitado por la Senadora Martha Elena García, guardaremos un minuto de silencio en memoria de la señora Rocío García Gaytán.

La señora García Gaytán se destacó en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, desempeñó cargos de elección popular y en la Administración Pública Federal por su importante labor al frente del Instituto Nacional de las Mujeres.

Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, y le solicito a Servicios Parlamentarios corrija el reloj de este Pleno, para el cual son la una de la tarde con dos minutos, no ha sido modificado. Perdón, entonces me desisto, el que tiene que modificar soy yo.






Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN XI, 13 FRACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN III BIS, ASÍ COMO UN CAPÍTULO V DENOMINADO “CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA” AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenas tardes, señoras y señores Senadores.

Este tema, esta propuesta, esta iniciativa acerca de los centros de descarga certificados en pesca es un motivo que me ha llevado, y a varios Senadores más, un trabajo de más de un año con el propósito de buscar el orden en la actividad pesquera para que exista menos furtivismo. Han estado también siendo consultados y se han recibido las opiniones de CONAPESCA, de SAGARPA y, sin duda, de los pescadores mismos.

Me acompañan en esta iniciativa los Senadores López Brito, Ceseña Burgoin, Salinas Balam, Aréchiga Ávila, Beristain Navarrete, Hermosillo y Celada, Ávila Ruiz, Díaz Lizama y Fernández Sánchez Navarro.

Este asunto, como dije, tiene que ver, fundamentalmente, con buscar el orden en la actividad pesquera y en la acuacultura con beneficio a la sustentabilidad y, sin duda, a la mejora económica de los pescadores, y para el público en la calidad de los productos.

Esta estrategia, como una opción en la ley pesquera para los pescadores, se refiere a un lugar común, un lugar que ellos decidan porque ahí convergen sus actividades, son permisionarios o concesionarios que al estar operando les es conveniente que se dé una certificación de lo que se descarga, de manera de que esto se compare contra sus permisos, contra sus equipos, con las distintas observaciones de la capitanía de puerto, inclusive necesidades de la misma vigilancia nacional federal de marina.

En fin, nos trae pues una razón en donde el orden, puesto que serían todos los pescadores legales, podrían llegar ahí y ser certificado su producto contra los permisos, y en el fondo, pues, los que no tendrían la facilidad son los que no tienen permiso y que tanto daño le han hecho a la pesca.

En esta razón, creo que fomentaríamos con ello, entonces en ese centro de descarga certificado, la convergencia de distintos servicios. Llegaría el frío, el hielo; habría pues también trazabilidad del producto, esto le va a provocar, le va a dar reconocimiento de valor y esto mismo entonces va a mejorar los precios al pescador.

Así que esto, me parece, sería una consecuencia esencial y, sin duda, va a mejorar la operación de la autoridad. Fijémonos que nada más a nivel nacional, con la pesca, se tienen 214 inspectores para 11,500 kilómetros, o sea que, pues no se puede vigilar bien, son cerca de 54 kilómetros por inspector. En este centro de descarga certificado podría converger entonces este certificador designado por la comunidad pesquera, en un convenio con SAGARPA, con CONAPESCA, para que las guías de pesca fueran evitadas ahí mismo. No ocupará presupuesto público dado que el aumento de precios de los productos puede entonces subvencionar el costo del certificador.

Pero la definición del mismo centro de descarga, pues puede ser atractivo para los programas de gobierno en infraestructura.

Así que estas ventajas seguramente van a ser evaluadas en las comisiones a las que se ha turnada esta iniciativa, de manera de que confío venga en una propuesta positiva a este Pleno y podamos votarlo de manera favorable.

Yo veo que con ello, pues daremos una gran fortaleza a la comunidad pesquera, al orden y al principio de la transparencia fundado en la capacidad de la comunidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador ERNESTO RUFFO APPEL, miembro de esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 numerales 1 y 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN XI, 13 FRACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN X; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN III BIS, ASÍ COMO UN CAPÍTULO V DENOMINADO “CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA” AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, la pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el industrial (pesca de altura) y el artesanal (ribereño). El sector industrial está compuesto por cerca de 2,200 barcos, dedicados principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún. Se estima que este sector emplea cerca de 47 mil personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos.

Mientras dicho sector representa apenas el 20% de los pescadores, captura dos terceras partes del volumen total (68%) y representa cerca de la mitad del valor de la producción nacional. 1

Según cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la flota ribereña representa cerca del 96%, 23 de las embarcaciones totales del país (78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110,000 y 190,000 pescadores.

Información proporcionada por Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI), en México existen por lo menos 100 mil embarcaciones menores o pangas, cuya actividad es sumamente difícil de supervisar, por lo que la pesca ilegal representa aproximadamente un 60% adicional a la producción nacional oficial. 2

De acuerdo con la CONAPESCA, las labores de inspección y vigilancia para evitar la pesca ilegal en México recaen en 214 Oficiales Federales de Pesca, mismos que cuentan con 93 vehículos terrestres y 43 embarcaciones menores para los 11,500 km de litoral existentes en el país.

El 29 de octubre de este año el titular de esta dependencia, Mario Aguilar Sánchez, se presentó ante esta Soberanía donde expuso los datos anteriores, comentando que ante la falta de presupuesto público para este sector, difícilmente podría aumentarse el número de inspectores.

La pesca como actividad generadora de recursos alimenticios ha sido siempre un factor esencial para la subsistencia del ser humano. Actualmente, la pesca y la acuacultura aportan alrededor del 38% del comercio agroalimentario mundial de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

En México, la actividad pesquera y acuícola representa casi el 1% del PIB, sin embargo, su potencial es mucho mayor. La pesca en México tiene un valor económico, social y alimentario con fuertes impactos regionales ya que su alto potencial de producción ha contribuido a la solución de problemas y empleo. Esta actividad se realiza en tres áreas geográficas principales: 1) El litoral del Océano Pacífico; 2) El Litoral del Golfo de México y el Mar Caribe; y 3) En aguas continentales.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit aportan casi el 70% en peso de las capturas pesqueras nacionales. El Anuario Estadístico de Pesca del año 2008 señala que en el ámbito internacional, la producción de México ocupa el décimo quinto lugar, con un volumen de 1´618,000 toneladas, de las cuales se exportan 184,000 toneladas con un valor de 762 millones de dólares, y se importan 157 mil toneladas con precio de 437 millones de dólares, convirtiéndola en la única actividad superavitaria del sector primario.

A lo largo de la región costera mexicana se encuentran ubicados 107 puertos con una longitud de atraque de 13,004 metros. La pesca reviste de gran importancia debido a que aporta alimentos, trabajo y divisas; incluso en algunas regiones del país es el motor de la economía y en otras, sirve como amortiguador del desempleo rural, principalmente de la actividad agrícola. Sin embargo, la pesca enfrenta enormes retos, sobre todo, la presión que se ejerce sobre los recursos naturales tanto para que sean fuentes de alimento, como para generar empleos, por lo que constituye un elemento muy importante para la seguridad alimentaria.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) otorga la facultad al Estado para legislar a través del Congreso de la Unión respecto de la propiedad, manejo y protección de los recursos naturales marinos y costeros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y FAO consideran que la pesca en nuestro país presenta vacíos legales y falta de definición, así como la ausencia de una estrategia de desarrollo sectorial que aumente su rentabilidad.

En su gran mayoría, las condiciones del manejo de productos marinos en México, en las zonas de descarga, se ha caracterizado por tener instalaciones inadecuadas, insuficientes, al aire libre, en muchos casos improvisadas, anticuadas, en condiciones de higiene y salubridad deficientes, propiciando con ello que los recursos pesqueros descargados en instalaciones de infraestructura deficiente tengan muchas veces un aprovechamiento relativo y un desperdicio significativo.

Es por ello que se propone la creación de los “Centros de Descarga Certificada” (en lo sucesivo “CDC” o “centros”) como un derecho que otorgue la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) a los pescadores que debidamente cuenten con permiso o concesión para la captura de determinada pesquería. Los centros deberán entenderse como instalaciones establecidas en puertos o costas donde se llevarán a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y sistematizadas que, a petición de los pescadores de una localidad, por medio de su representante legal, establecerán una coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el propósito de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero.

Lo anterior debe entenderse de la siguiente manera: se tiene la intención de que los “centros” sean instalados en una comarca definida de acuerdo a lo señalado en su permiso o concesión (localidad), para que sea el representante legal de los pescadores quien se coordine con la autoridad para iniciar el proceso de instalación.

La práctica de certificación para los efectos propuestos tiene antecedentes recientes, ya durante el XVII Foro Nacional sobre el Atún celebrado en Mazatlán, Sinaloa en noviembre de este año, el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, precisó que existen organizaciones de la sociedad civil cuyos estándares son ideales para certificar procesos de pesca que se ajustan a principios de sustentabilidad y trazabilidad. Durante ese evento se hizo énfasis en que, por medio de la certificación, se contribuiría a posicionar a México como líder en el ámbito mundial del manejo de recursos pesqueros sustentables en una de las dos especies con mayor consumo a nivel global. 3

La certificación del proceso y específicamente de la calidad de los productos pesqueros en los “centros de descarga certificada” tendrá como consecuencia los siguientes beneficios:

• Simplificará la evaluación que se hace de las capturas y que genera la información estadística indispensable con métodos científicos con base en capturas reales y medibles.

• Se creará una estructura de precios regulados que beneficiará a los pescadores que atiendan los estándares de calidad en la captura hasta su entrega en la recepción de los centros de descarga certificada.

• Al mejorar los precios de acuerdo a la buena calidad en el estado que se reciban las capturas, fomentará la pesca legal porque además podrá ser recompensada con incentivos como capacitación, avíos de pesca, facilidad de créditos para avituallamientos y adquisición de materiales necesarios para el ejercicio de la actividad. 

• Los productos procesados entregados en los centros de descarga certificada serán susceptibles (debido al cuidado en su proceso) de tener un sello de calidad (convocar a su creación) y garantizará su aceptación diferenciándolos de todos los demás, en los mercados en los que sean destinados.

• Asimismo el mercado de consumidores conocerá a través de campañas de publicidad para tal fin (se implementarán campañas publicitarias para incrementar el consumo a nivel nacional en su momento) de la existencia de este sello de calidad y lo que ello respalda.

• Generarán un programa y campaña nacionales dirigidos al consumidor final buscando incrementar la demanda de los productos marinos producidos que hayan sido entregados en estos centros de descarga certificada.

• La iniciativa de instalación de los centros de descarga certificada motivará a la instalación de mejor infraestructura y/o al mejoramiento de las instalaciones existentes para mantener desde el inicio la alta calidad de los productos pesqueros durante sus etapas de proceso.

• La instalación de los centros de descarga certificada desalentarán la informalidad en el sector, incidiendo en la reducción de la pesca furtiva.

• Se desprenderá de esta iniciativa de centros de descarga certificada la inminente necesidad de generar procesos también certificados, que garanticen la calidad de los productos, su transportación en medios y vehículos acondicionados y adecuadamente equipados, así como su debida conservación para su comercialización hasta la compra por el consumidor final.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables es el ordenamiento jurídico que debe tener dentro de sus objetivos el mandato de servir como base para el establecimiento de las bases que den pie a la organización y operación de los centros de descarga certificada. Bajo el entendimiento de que si las autoridades competentes se dedican a promover y apoyar la implementación de los “centros”, será más viable el mejoramiento de las condiciones en las que se encuentra actualmente el sector pesquero, gracias a los beneficios que aquí se exponen.

Resulta fundamental que exista armonía entre las disposiciones que actualmente están vigentes en nuestro Derecho positivo, así como con las normas de carácter administrativo que regulan determinadas artes de pesca para la captura de ciertas pesquerías, por mencionar un ejemplo, ya que los centros de descarga certificada deberán ajustarse conforme a los criterios que dispongan determinadas Normas Oficiales Mexicanas conforme a lo que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La importancia de la celebración de colaboración entre las autoridades pesqueras y acuícolas federales con las estatales recae en que, ante la imposibilidad manifiesta públicamente por la CONAPESCA, se permite que sea a través de las Secretarías de Pesca Estatales (o, en su defecto de inexistencia, alguna autoridad homóloga) sea quien pueda suplir las funciones de la autoridad federal únicamente para los efectos correspondientes a la instalación y operación de los “centros”.

Asimismo, esta iniciativa pretende que un “representante legal”, que los pescadores organizados elijan, sea la persona que tenga la facultad para ponerse de acuerdo con la autoridad pesquera competente (federal o estatal, en su caso) para establecer los lineamientos generales que darán lugar a la organización de los centros de descarga certificada. Estos lineamientos serán las bases bajo las cuales quedarán asentados datos como el lugar donde se instalará el centro, en qué fecha se iniciará un proceso de descarga, entre otra información que resulte básica para la operación del “centro”.

El propósito que el financiamiento para sufragar los gastos de inversión del centro sea “público, privado o mixto” conlleva que, si bien la operación de los “centros” será un derecho de los pescadores, esto no exime la responsabilidad estatal que tiene el Estado en materia de pesca, por lo que podría hacerse uso de fondos destinados para el incentivo de los centros de descarga certificada, ya sea a través de una partida presupuestal destinada ex profeso para ello, o bien, por medio de algún fondo pesquero vigente que pudiera solventar el financiamiento de los centros de descarga.

Por otro lado, es permisible que sea el interesado de la instalación del centro quien financie en su totalidad la instalación y operación del centro, pudiendo ponerse de acuerdo con la autoridad pesquera competente para que ambas partes opten por financiar de manera conjunta el centro. Sin embargo, en lo que respecta exclusivamente a la expedición del “certificado”, éste será sufragado por quien sea la persona interesado de obtener dicho documento (ya sea el productor que comprará el producto certificado o bien, el pescador o representante que solicitó la instalación del centro).

El tercero certificador (persona con o sin fines de lucro), deberá ser designado por el representante de los pescadores, en el entendido que son precisamente los pescadores quienes incitan a la operación e instalación del centro, siendo derecho del sector deliberar quien para los efectos de esta ley, deberá coordinarse asimismo con la autoridad competente, para la debida expedición del certificado sólo en caso de haber cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Una vez que el tercero certificador dé cuenta de todos y cada uno de los requisitos que se proponen en este proyecto de decreto, deberá expedir el documento (certificado). Entre los elementos que deberá precisar el tercero certificador en el documento serán los datos generales del o los permisionarios o concesionarios que se trate, los materiales con los cuales fueron usados como herramienta para la captura del recurso pesquero, información sobre la embarcación con la cual salieran los pescadores, la vigencia del certificado (con el objetivo de evitar un reúso indebido del documento y que el mismo precise exclusivamente la certificación de la descarga en la fecha específica).

Otro mecanismo para incentivar la participación ciudadana en este sector y, a su vez, proporcionar otra vía para dotarle de legitimidad al proceso de certificación, es la opción de que “testigos” funjan como observadores del proceso, los cuales deberán estar previamente registrados ante el centro de descarga que pretendan observar, esto para evitar un descontrol y fomentar la legalidad del centro de descarga.

Sin embargo, por facilidad en la exposición, la justificación y la redacción sugeridas las señalo más abajo. El articulado propuesto es el siguiente:

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables propuesta

ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley:

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos e instalaciones en los que se produzcan o conserven;

ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley:

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, así como de las actividades relacionadas con estos y de los establecimientos, centros de descarga e instalaciones en los que se produzcan o conserven;

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

No hay correlativo

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

XIII. BIS. Centro de descarga certificada: Instalación establecida en puertos o costas donde se llevan a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y sistematizadas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

VIII. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;

ARTÍCULO 13.- Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

VIII. Promover y apoyar la implementación  de centros de descarga certificada, así como la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;

ARTÍCULO 17.- Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta Ley, se deberán observar los siguientes principios:

X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.

ARTÍCULO 17.- Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de esta Ley, se deberán observar los siguientes principios:

X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas mediante la implementación de centros de descarga certificada o cualquier otro mecanismo que logre esos fines.

 

 

 

No hay correlativo

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD

CAPÍTULO V
CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA

ARTÍCULO 119 TER.- Los centros de descarga certificada serán instalaciones localizadas en puertos o costas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 1.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

I. Centro: Centro de descarga certificada;

II. Certificado: Documento expedido por el tercero certificador que demuestra que la descarga del recurso pesquero fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo;

III. Localidad: Ubicación geográfica en la que los permisionarios o concesionarias ejercen la actividad pesquera en una comarca definida, y

IV. Tercero certificador: Organización con o sin fines de lucro que expide el certificado.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 2.- La Secretaría, a través de la CONAPESCA, podrá ejercer  sus atribuciones y facultades en materia de descarga de especies capturadas de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, podrán celebrar acuerdos con el propósito de promover la instalación e implementación de centros de descarga certificada.

La entidad federativa podrá suplir las funciones de la Secretaría para los efectos de este capítulo siempre y cuando exista  un convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría y la autoridad estatal correspondiente.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 3.- El representante legal de los pescadores de la localidad deberá coordinarse con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, para establecer los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 4.- El financiamiento para sufragar los gastos de inversión del centro de descarga certificada podrá ser público, privado o mixto.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 5.- Los costos derivados de la emisión del certificado quedarán a cargo del interesado de la instalación del centro de descarga certificada.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 6.- El tercero certificador deberá ser designado por el representante legal de los pescadores de la localidad interesados en la instalación del centro, quien a su vez deberá notificar de este nombramiento a la CONAPESCA, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley emanen.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 7.- Será el tercero certificador quien deberá verificar y  analizar los elementos necesarios que le proporcionen tanto las autoridades competentes, como los pescadores de la localidad correspondiente, con el propósito de proporcionar la información necesaria para la expedición del certificado.

No hay correlativo

ARTÍCULO 119 TER 8.- Son elementos y requisitos del certificado de descarga:

I. Ser expedido por una organización con o sin fines de lucro cuyo objeto social se encuentre la certificación de procesos, manifestando lugar y fecha de emisión;

II. El esfuerzo pesquero;

III. Datos generales de:

a) Embarcación pesquera;

b) Aviso de arribo;

c) Guía de pesca, y

d) Permiso o concesión para capturar especies marinas;

IV. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto, dolo o violencia en su emisión;

V. Descripción escrita y concisa del desarrollo del proceso de descarga;

VI. Vigencia del certificado, y

VII. Cualquier otro que se haya contemplado en los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 9.- La vigencia del certificado se establecerá de conformidad con las disposiciones reglamentarias de esta Ley, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

ARTÍCULO 119 TER 10.- Podrán observar el proceso de certificación de descarga en calidad de testigos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 119 TER 11.- Para poder participar en calidad de testigo durante el proceso de certificación, el interesado deberá registrarse ante el centro que desee observar y cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos:

I. Acreditar ser integrante del sector pesquero de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables;

II. Formar parte de una cooperativa pesquera;

III. Ser parte de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, o

IV. Acreditar que cuenta con experiencia laboral o académica en el sector pesquero.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º fracción XI, 13 fracción VIII, 17 fracción X; y se adiciona el artículo 4 fracción III BIS, así como un Capítulo V denominado “Centros de Descarga Certificada” al Título Décimo Primero, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2º.- …

I al X. …

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, así como de las actividades relacionadas con estos y de los establecimientos, centros de descarga e instalaciones en los que se produzcan o conserven;

[…]

ARTÍCULO 4o.- …

I al XIII. …

XIII. BIS. Centro de descarga certificada: Instalación establecida en puertos o costas donde se llevan a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y sistematizadas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero.

XIV al LI…

ARTÍCULO 13.- …

I al VII. …

VIII. Promover y apoyar la implementación de centros de descarga certificada, así como la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;

IX al XVIII…

ARTÍCULO 17.- …

I al IX. …

X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas mediante la implementación de centros de descarga certificada o cualquier otro mecanismo que logre esos fines.

[…]

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD

CAPÍTULO V
CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA

ARTÍCULO 119 TER.- Los centros de descarga certificada serán instalaciones localizadas en puertos o costas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique los procesos relacionados con la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 1.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

I. Centro: Centro de descarga certificada;

II. Certificado: Documento expedido por el tercero certificador que demuestra que la descarga del recurso pesquero fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo;

III. Localidad: Ubicación geográfica en la que los permisionarios o concesionarias ejercen la actividad pesquera en una comarca definida, y

IV. Tercero certificador: Organización con o sin fines de lucro que expide el certificado.

ARTÍCULO 119 TER 2.- La Secretaría, a través de la CONAPESCA, podrá ejercer sus atribuciones y facultades en materia de descarga de especies capturadas de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, podrán celebrar acuerdos con el propósito de promover la instalación e implementación de centros de descarga certificada.

La entidad federativa podrá suplir las funciones de la Secretaría para los efectos de este capítulo siempre y cuando exista un convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría y la autoridad estatal correspondiente.

ARTÍCULO 119 TER 3.- El representante legal de los pescadores de la localidad deberá coordinarse con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, para establecer los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 4.- El financiamiento para sufragar los gastos de inversión del centro de descarga certificada podrá ser público, privado o mixto.

ARTÍCULO 119 TER 5.- Los costos derivados de la emisión del certificado quedarán a cargo del interesado de la instalación del centro de descarga certificada.

ARTÍCULO 119 TER 6.- El tercero certificador deberá ser designado por el representante legal de los pescadores de la localidad interesados en la instalación del centro, quien a su vez deberá notificar de este nombramiento a la CONAPESCA, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley emanen.

ARTÍCULO 119 TER 7.- Será el tercero  certificador quien deberá verificar y analizar los elementos necesarios que le proporcionen tanto las autoridades competentes, como los pescadores de la localidad correspondiente, con el propósito de proporcionar la información necesaria para la expedición del certificado.

ARTÍCULO 119 TER 8.- Son elementos y requisitos del certificado de descarga:

I. Ser expedido por una organización con o sin fines de lucro cuyo objeto social se encuentre la certificación de procesos, manifestando lugar y fecha de emisión;

II. El esfuerzo pesquero;

III. Datos generales de:

a) Embarcación pesquera;

b) Aviso de arribo;

c) Guía de pesca, y

d) Permiso o concesión para capturar especies marinas;

IV Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto, dolo o violencia en su emisión;

V. Descripción escrita y concisa del desarrollo del proceso de descarga;

VI. Vigencia del certificado, y

VII. Cualquier otro que se haya contemplado en los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 9.- La vigencia del certificado se establecerá de conformidad con las disposiciones reglamentarias de esta Ley, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

ARTÍCULO 119 TER 10.- Podrán observar el proceso de certificación de descarga en calidad de testigos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 119 TER 11.- Para poder participar en calidad de testigo durante el proceso de certificación, el interesado deberá registrarse ante el centro que desee observar y cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos:

I. Acreditar ser integrante del sector pesquero de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables;

II. Formar parte de una cooperativa pesquera;

III. Ser parte de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, o

IV. Acreditar que cuenta con experiencia laboral o académica en el sector pesquero.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Ernesto Ruffo Appel.

1 Cisneros, M.A., P. Guzmán, P. Rojas, G. Morales y N. Juárez. 2010. Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura. INAPESCA, SAGARPA. México, DF, p. 70.

2 La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una barrera a la competitividad. Comunidad y Diversidad AC [et al], 2013, p. vii.

3 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B919.aspx

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ernesto Ruffo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.






Sonido en el escaño donde se encuentra sentado el Senador Arturo Zamora, por favor.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde un escaño) Gracias, señor Presidente, muchas gracias.

Compartir en el Pleno, que en días pasados ocurrió una verdadera tragedia en el estado de Jalisco, en donde en una de las carreteras que comunican la Zona Metropolitana con Puerto Vallarta, fue bloqueada por un grupo de criminales, y éstos abatieron a 15 servidores públicos, a 15 uniformados que perdieron la vida, todos ellos lamentablemente padres de familia, y 5 más resultaron gravemente lesionados.

Pedirle a este Pleno y a la Presidencia, que se guarde un minuto de silencio por la memoria de estos servidores públicos. Es muy importante que la memoria colectiva no omita o no olvide este tipo de acontecimientos o sucesos, no obstante que sabemos que las personas que portan un uniforme corren un riesgo, pero, sin embargo, también son seres humanos.

Hoy hemos planteado una situación que nos extraña mucho, que ocurre en un lugar muy lejano de nuestro país, pero también en nuestro país, lamentablemente en el caso de Jalisco, ocurrió este suceso, razón por la cual solicito atentamente se guarde un minuto de silencio por la memoria de estos servidores públicos.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Como lo solicita el Senador Arturo Zamora, les pediré guardemos un minuto de silencio por la memoria de 15 servidores públicos, policías del estado de Jalisco, que fueron acribillados por bandas del crimen organizado, y sin duda compartimos la opinión de que la sociedad civil, de que las instituciones no podemos ser indiferentes a este tipo de hechos, y por lo tanto, el Senado se pronuncia de manera respetuosa en su memoria, con este minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, CON LA FINALIDAD DE ESPECIFICAR LOS INTERESES DEL USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

En nombre de toda aquella familia que ha sido afectada, muchas veces por la insensibilidad, otras por la intransigencia de la Comisión Federal de Electricidad, y ante la imposibilidad de la ciudadanía de cubrir el pago de sus altas tarifas, son castigados con cortes de energía sin previo aviso, y/o cortes masivos de energía a varias colonias y comunidades, es que me presento en esta tribuna para presentar esta iniciativa.

Y lo hago, porque no obstante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado en incontables ocasiones, que la CFE actúe con profesionalismo, apegados al principio de eficiencia para dar respuesta a las necesidades sociales, y prestar el servicio público de forma continua y regular que evite la suspensión del servicio público, sigue latente. Como muchos de ustedes lo sabrán, el clamor de los ciudadanos para frenar las acciones ya tan conocidas como parte de su estrategia.

¿A qué me refiero? A cortes de energía eléctrica sin previo aviso, como sanción a quién no pague, a los cortes masivos de energía, reitero, a varias colonias y comunidades, es decir, la insensibilidad que se ejerce también contra la presión social y, en su caso, hay incontables ejemplos de encarcelamientos en resistencia contra el aumento de las tarifas de luz.

Por ello, con la finalidad de prevenir, de resarcir daños y abusos derivados de la aplicación del excesivo cobro de energía eléctrica, presento la iniciativa para especificar, así lo denominamos, los intereses del usuario del suministro básico de energía eléctrica, y en referencia concreta, a aquellas personas físicas que adquieren para su propio consumo la electricidad que está bajo una regulación tarifaria, como todos sabemos, y que por razones de desempleo están impedidas, muchas veces, a cubrir momentáneamente el pago de dicha energía.

Miren ustedes, un servidor planteó que las reformas estructurales son, sin duda, uno de los ejes relevantes que ha arrastrado a los gobiernos a renunciar a su función de proveedor y garante de los bienes y servicios básicos de cualquier sociedad, y en su lugar, lo que ha hecho es exigir vea espacios legales, para que dichas obligaciones del Estado sean realizadas por empresas privadas, cuyo comportamiento, pues es la competencia monopolística o de oligopolios, es decir, estoy hablando de la privatización.

La experiencia, compañeras y compañeros, en materia de privatizaciones eléctricas, muestra que con el transcurso de los años, el abanico de las tarifas eléctricas se va ampliando, los equipos e infraestructura no se renuevan o se renuevan insuficientemente provocando obsolescencia.

Los modelos de privatización eléctrica provocan que los costos desarticulados aumenten, afectando seriamente a los usuarios de suministro básico. Y por ello, no hay quién responda por los daños y abusos.

Senador Presidente, compañeras y compañeros, por todo lo anterior, es que efectivamente creemos necesario agregar un artículo 42 Bis a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con la finalidad de precisar quiénes son y cuáles son los intereses del usuario del suministro básico.

¿Cuándo? Cuando se produzcan fallas o interrupción de suministro eléctrico imputables a los suministradores. Estos, desde nuestro punto de vista, deberán otorgar al usuario del suministro básico, una contraprestación equivalente a los daños producidos cuando el usuario del suministro básico, por razones de desempleo o de pertenencia comprobable a un segmento de pobreza, de acuerdo con los parámetros que inclusive definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues no pueda cumplir con el pago del suministro eléctrico. El suministrador, desde nuestro punto de vista, no podrá suspender el servicio, y cuando se reestablezca el empleo o se produzca el abandono de la condición de pobreza, pues el pago del adeudo debería de efectuarse sin intereses moratorios.

Con más detalle, Senador Presidente, en la Gaceta del día de hoy aparece íntegra esta iniciativa, que he de rogarle, me obsequie que también pueda quedar íntegra en el Diario de los Debates, para mayor conocimiento de las Senadoras y de los Senadores presentes.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 bis a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética con la finalidad de especificar los Intereses del Usuario de Suministro Básico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El diseño y aplicación de las “reformas estructurales” -en países, en particular, menos desarrollados y de “economías emergentes” como México- tiene una procedencia bastante conocida pero no muy señalada. Se trata del Banco Mundial con el apoyo, en algunos casos, del Fondo Monetario Internacional.

Uno de los ejes centrales de las “reformas estructurales” ha sido y es persuadir u obligar a los gobiernos y estados nacionales a renunciar a su rol de promotores del desarrollo y del crecimiento económico por medio de la denominada “desregulación”. Lo que significa la aplicación de privatizaciones en los sectores estratégicos de cualquier economía nacional.

2.- El Banco Mundial, dice tener como objetivo primario el combate a la pobreza, pero con sus recomendaciones, condicionamientos de financiamiento y sus aplicaciones solo se ha logrado exactamente lo contrario, es decir el aumento de la pobreza en el mundo.

Más bien, una de las estrategias centrales del Banco Mundial, tiene que ver con evitar la industrialización de las economías subdesarrolladas. Existen decenas de decenas de documentación representativa y demostrativa al respecto, pero para muestra, el comentario publicado en el periódico El Economista, el 22 de agosto de 2013, por Ulises Juárez, que dice:

“En los ochenta, el Banco Mundial y otros organismos internacionales comenzaron a presionar a los países, especialmente los menos favorecidos, para abrir a las grandes empresas multinacionales sus diferentes sectores de la economía y finanzas, así como vender sus empresas paraestatales -que en aquella época sumaban miles-, con el pretexto de que eran medidas que acabarían con el hambre, promoverían el desarrollo, la competencia, la estabilidad económica y todo lo que ahora seguimos escuchando 30 años después.

A través de préstamos “generosos” por parte del Fondo Monetario Internacional, naciones enteras adquirieron (y adquieren) deudas por cientos de años que nunca van a poder pagar. Por ello, a cambio se les “pide” (por usar un eufemismo) abrir sus sectores energéticos a capitales internacionales. Pero no a todos, hay una lista de exclusivos.”

3.- Lograr un crecimiento económico acelerado, implica desarrollar rápidamente los elementos básicos del Agua, Energía y Transporte. Pero da la casualidad que el Banco Mundial ha desplegado esfuerzos gigantes -de todo tipo, incluyendo la organización de comunidades- para evitar que eso ocurra. Y dentro de sus esfuerzos, se incluye también el haber sido co-autor y promotor de las “reformas estructurales” con modelos de privatización energética; de privatización de la seguridad social; de la “desregulación” estatal; de la reforma educativa; de tergiversaciones sobre temas centrales de la ecología, del desarrollo sustentable, entre otros.

4.- Como bien lo reconoce la propia revista especializada del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, Précis, en su número 192, de la primavera de 1999, en referencia al papel de dicha institución en las privatizaciones eléctricas:

“la semilla de la transformación fue una reunión de ministros latinoamericanos del sector de electricidad, celebrada en 1991 en Cocoyoc (México). En la conferencia organizada en forma conjunta por el Banco y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), se analizaron los principios de la reforma del sector. En los años siguientes, el Banco continuó prestando un sólido y oportuno apoyo técnico…”

Esto a propósito de la privatización energética en Bolivia. Aunque, ya antes de irse del poder, en 1990, el dictador A. Pinochet, en Chile, ya tenía aplicada la reforma de la seguridad social, y dejó avanzada la reforma energética que entraría en vigencia en 1992.

5.- Los resultados del modelo de privatización eléctrica, por parte del Banco Mundial, han logrado mantener a la mayoría de las naciones pobres en la misma situación de subdesarrollo. Este modelo tiene algunas variantes de acuerdo a cada país, pero en esencia, como base está en los siguientes propósitos:

a).- Desarticular totalmente y entre sí, cada uno de los procesos principales de un sistema eléctrico: generación; transmisión; distribución y comercialización. De forma tal, que para diseñar e implementar una política de crecimiento sustancial del sector, simplemente sea imposible.

b).- Establecer el cuento del “libre mercado” o “libre competencia” en la generación de energía, de forma tal que el estado nacional no pueda intervenir, o intervenga parcialmente, o tenga que pagar por hacerlo en la oferta energética diaria. Porque en la práctica se convierte en un oligopolio, cuyo poder de mercado, se ejerce por medio de precios manipulados.

c).- De igual forma, la parte de la comercialización, recae en manos de empresas, que a su vez diseñan una larga lista de tarifas por destino, por lugar y hasta por hora (¡). Las modificaciones que se han hecho, como es para el caso de México, consisten en que la parte de la comercialización la dividen por tipo de usuario. En la ley de privatización energética, existen dos tipos de usuarios, los “calificados” y los de “suministro básico”. A estos últimos les facturará -hasta el momento- la Comisión Federal de Electricidad en su papel de empresa productiva del estado. Sin embargo, ¿Cómo va la CFE a resolver el problema de los costos crecientes de insumos de la producción de electricidad, y a la vez no aumentar las tarifas? ¿Será con apagones?, como viene ocurriendo en otras partes del mundo.

d).- La parte -y sus costos- de transmisión y distribución, es decir la parte de la infraestructura del transporte de la electricidad recae en el estado, y podrá cuando quiera concesionar parte del proceso. Lo cual hace más rentable el negocio para las empresas privadas que no tienen por qué preocuparse de llevar la electricidad a las poblaciones más alejadas del país, ni ofrecer su producción “por la falta de cables”.

e).- Se genera tanta heteronomía en el sector, que cuando existe una falla eléctrica o un apagón, los que terminan afectados son los usuarios de suministro básico, y no hay quien responda por los daños. Así mismo, la demanda eléctrica siempre está creciendo, pero no así la infraestructura de oferta, de esta forma la tendencia al mediano plazo, y en algunos lugares, al corto plazo, es, al aumento de las tarifas.

f).- Finalmente, con este tipo de políticas, el crecimiento energético acelerado, de cualquier economía está prácticamente enrededado y en condiciones de no producirse. Y por lo mismo, es una seria afectación al crecimiento económico

6.- Pero habría que agregar otros aspectos importantes del modelo privatizador del sistema eléctrico. Y es que la generación y comercialización eléctrica empieza a ser regida por la racionalidad empresarial de obtener beneficios máximos por medio de la minimización costos y la maximización de los ingresos. Los costos de la generación, están relacionados a la tecnología y a las importaciones del sector.

Estos costos se disparan, con las variaciones del tipo de cambio, como ocurre en la actualidad en México, variaciones que siempre están al alza, y por lo tanto para mantener la tasa de ganancia empresarial no hay más que aumentar el precio de venta eléctrica. A lo anterior se debe agregar que gran parte de los mayoristas, trabajan con financiamiento en divisas, sí hay una depreciación o devaluación, los costos financieros aumentaran. Y sí hay una alza en las tasas de interés se produce el mismo efecto, que necesariamente va a ser trasladado al precio de venta.

7.- Sí no hay tal aumento en el precio, entonces se genera la incapacidad de cumplimiento de la demanda eléctrica, y el uso intensivo de equipos, y es cuando se dan las condiciones para las fallas en el suministro surgiendo los apagones, cuyos efectos en la industria y en los hogares son de gran impacto.

Por ejemplo en Argentina, donde en 1992 inició la privatización. Del año 2004 al 2014, los apagones pasaron de un promedio de 2.6 cortes con una duración de 4.3 horas; a 8 apagones con una duración de 19.5 horas; en un año, produciendo efectos nocivos irrecuperables en empresas y hogares. Los efectos de no crecimiento adecuado del sector, por lo mencionado en el punto anterior, dio por resultado la crisis sistémica del sector, que hasta la actualidad está generando pérdidas en las temporadas de calor y de invierno.

Esta misma situación de crisis eléctrica por privatizaciones, se manifestó en Chile, donde el régimen de Pinochet la puso en marcha a fines de su dictadura en 1990. Diez años después, el país tuvo que soportar cortes programados de electricidad, pues las compañías privadas generadoras nunca informaron al gobierno que había problemas en el abasto. De esa forma, el gobierno fue sometido a pagar más por menos.

Al respecto la empresa Consumers International advirtió de la “indefensión en que quedan los consumidores cuando el Estado traspasa la electricidad, agua potables y otros servicios básicos a empresarios privados que actúan con criterios monopólicos” (http://www.ipsnoticias.net/1998/11/chile-apagones-hacen-luz-sobre-privatizaciones-de-la dictadura/)

En Bolivia, el año 2012, se tuvo que renacionalizar la industria eléctrica ante el abuso de las empresas españolas Electropaz y Elfeo, que cobraban tarifas rurales cuatro veces más altas que las tarifas urbanas. La razón aludida por el gobierno precisaba que la medida “es para hacer equitativas las tarifas y uniformar el servicio”.

En febrero del 2014, en Lima, Perú, más de 500,000 usuarios se quedaron sin luz, debido a fallas de Edelnor, una empresa concesionaria de generación; ésta a su vez, culpó a otra empresa privada responsable de la parte de la transmisión de energía. El hecho concreto es que hubo apagón y no hubo culpable.

8.- Resultado de la combinación de devaluaciones, aumento de tasas de interés, financiamiento externo, inflación y maximización de utilidades, falta de expansión o de reinversión; las empresas beneficiadas con las privatizaciones no han logrado cumplir el cometido de llevar la energía eléctrica a los sectores más pobres de las naciones latinoamericanas. Al mediano y largo plazo tampoco han logrado que las tarifas eléctricas disminuyan. Por el contrario, en algunos casos, las tarifas están subsidiadas, y estos subsidios caen en manos de poderosas empresas transnacionales (¡). Tampoco han generado un impacto positivo para el crecimiento económico acelerado por el contrario han sido factor de desvío de recursos gubernamentales hacia el sector privado.

Adicionalmente, los usuarios finales de suministro básico, es decir los hogares y pequeños negocios, terminan perdiendo, y en un alto grado de indefensión ante este tipo de comportamiento de los actores en los cuatro segmentos en que se ha desmembrado el sector eléctrico.

Por todos estos antecedentes, surge la necesidad  de establecer concretamente en la ley correspondiente, el contenido del mandato otorgado a la Comisión Reguladora de Energía, en el sentido que “protegerá los intereses de los usuarios” y mucho más concretamente el de los denominados “usuario del suministro básico”. Este suministro básico es el “El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado”

Por todo lo anterior, expongo que:

El artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica establece:

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público.

Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

En el artículo 3, de la misma se dice:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I…

II…

XLIX. Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado;

LV. Usuario Calificado: Usuario Final que cuenta con registro ante la CRE para adquirir el Suministro Eléctrico como Participante del Mercado o mediante un Suministrador de Servicios Calificados;

LVI. Usuario de Suministro Básico: Usuario Final que adquiere el Suministro Básico, y

LVII. Usuario Final: Persona física o moral que adquiere, para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de Carga, como Participante del Mercado o a través de un Suministrador.

En el artículo 6, a la letra se dice:

Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:

I. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales.

Pero, ya de manera más específica, se establece en el artículo 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y en referencia a la Comisión Reguladora de Energía, como responsable de la protección mencionada, y que a la letra dice:

Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Sin embargo no hay precisión de los “intereses de los usuarios” y con la finalidad de lograr dicha precisión de manera particular en el caso del “usuario de suministro básico”  y tomando en consideración, toda la problemática expuesta, los argumentos legales citados, las explicaciones proporcionadas, me permito, poner a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el artículo 42 BIS a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue:

ARTICULO 42 BIS

Cuando se trate de un Usuario de Suministro Básico, los intereses del mismo se referirán a:

1.- Cuando se produzcan fallas o interrupción del suministro eléctrico imputables a los suministradores, estos, deberán otorgar al usuario de suministro básico contraprestación equivalente a los daños producidos.

2.- Cuando el usuario de suministro básico, por razones de desempleo o de pertenencia comprobable al segmento de pobreza de acuerdo a los parámetros definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social no pueda cumplir con el pago del suministro eléctrico, el suministrador no podrá suspender el servicio. Cuando se restablezca el empleo o se produzca el abandono de la condición de pobreza, el pago del adeudo debe efectuarse sin intereses moratorios.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robles Montoya. Como lo solicita, se incorporará al Diario de los Debates el contenido total de su iniciativa, no solamente la parte articulada, sino de exposición de motivos y argumentos al respecto. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección a trabajadoras del campo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A TRABAJADORES DEL CAMPO

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso, y también el de la Asamblea.

En las últimas semanas, hemos estado debatiendo sobre las condiciones laborales de los compañeros jornaleros que se distribuyen a lo largo de la República Mexicana, en pos de condiciones de trabajo y un salario digno, aunque hay que establecer que esto no lo consiguen.

Particularmente represento a Baja California, donde se encuentra una de las zonas de mayor explotación, de mayor depredación en contra de los compañeros jornaleros de origen oaxaqueño, chiapaneco, zacatecano, en fin.

Y es de mi interés retomar este caso, porque lo menos que podemos permitir es que después de un debate en las Cámaras, después de cinco, seis, siete notas en los horarios prime de los noticieros nacionales, y de algunas declaraciones, como siempre sin fondo y sin sentido, de líderes, confederaciones o de cámaras patronales, este asunto se sofoque.

Ya por ahí vemos en algunos periódicos de diferentes ciudades, que los temas están controlados hasta en un 95 por ciento; y yo les digo no sé de dónde sacan esa fantasía, porque las condiciones de trabajo a las que son sometidos los jornaleros, por lo menos donde sé y me consta, que es San Quintín, son deplorables.

El asunto que ocupa en el caso de San Quintín, y de todas las comunidades donde se presenta este abuso, es básicamente el respeto a la ley ya existente. Se confunde; por un lado, la esfera de lo que es el derecho conquistado, no sólo de los jornaleros, sino de los trabajadores mexicanos; y, por otro, lo que aspiran a ganar.

En el caso de los jornaleros, buenos ellos, los que son trabajadores fijos devengan un salario, están pidiendo claramente un aumento; y los que trabajan a destajo, sus unidades de ganancias se miden en jarras, en cajones o en cubetas, va a depender de lo que estén recolectando.

Pero no hay que confundir, porque por lo menos a lo que hace al pliego petitorio de San Quintín, de los 14 puntos que demandan, 10 tienen que ver con los derechos conquistados, consagrados en la Constitución, y yo creo que esto, a nivel de Senadores de la República, no debiera ser materia de debate, cómo vamos nosotros a otorgar una concesión graciosa a un jornalero, derechos que están consagrados en la Carta Magna si, como se establece, son sus derechos.

Y les puedo dar la prueba, los jornaleros piden revocación de contrato de la CTM y de la CROM; que se respete su antigüedad; que todos estén afiliados al Seguro Social; que se paguen prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos; que se paguen horas extras dobles y triples; pensión para las madres que den a luz, su incapacidad, lo mismo a los padres que tengan hijos; no más tolerancia al acoso sexual, no represalias en contra de quienes están en los movimientos de rebeldía, y de igual, todo lo que se produzca en los estados se dé un pago justo.

Yo digo: ¿esto es materia de negociación? ¿Esto es materia de una mesa de trabajo?

No, esos son sus derechos.

Y por otra parte, los compañeros piden aumentos que por supuesto se deben de abordar en una mesa de trabajo con los patrones.

La ley es muy clara, y hablo de la ley vigente. Se obliga a pagar los salarios precisamente en el lugar donde el trabajador preste sus servicios y en periodos de un tiempo no mayor de una semana.

La ley actual obliga a suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, mantener las habitaciones en buen estado; mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios; proporcionar a los trabajadores y a sus familias asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo; proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades propias de la región; fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.

Yo digo, de esto que ya está señalado en la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se cumple? No se cumple nada, si es lo que precisamente están demandando aquí, y estamos viendo que la ley que opera no los está cobijando, bueno, entonces hay un problema en la ley.

¿Qué es lo que yo sugiero? Lo primero es de que el señor Secretario de Gobernación, el señor Secretario del Trabajo y Previsión Social, nos convoquen a los interesados, pero ¡por favor! a estos gobernadores que se la pasan defendiendo a los patrones, están heridos de coraje porque cómo es posible que si les aumentan el sueldo van a venir más jornaleros, y luego que vamos a hacer con ellos, ellos vienen de Oaxaca, imagínense, son palabras de los gobernadores, por lo menos el sedicente gobernador de Baja California, esa es la expresión de él.

Si les aumentamos van a venir más “oaxaquitas”, háganme el favor. Entonces, aquí la situación es que antes de entrar a la negociación de los salarios, ¿por qué no entramos a la discusión de los derechos conquistados? Aquí hay varios líderes de confederaciones, de la CTM, de la CROC, de la CROM, gente muy honorable, ¿por qué no nos sentamos y vamos a hacer, junto con la Secretaría de Gobernación y con la Ley Federal del Trabajo, un recorrido, una inspección, para asegurarnos que lo que está consagrado en la ley se cumpla? Porque de 14 puntos, 10 tienen que ver con estos derechos conquistados.

Y, por otra parte, quiero también saludar y compartir la iniciativa de mis compañeros Senadores de los estados de Oaxaca y de Guerrero, que plantea regular a los intermediarios.

Creo que es urgente ocuparnos también de que las normas que brindan protección directa a los jornaleros se cumplan.

¿Qué es lo que estoy proponiendo con esta iniciativa? Vengo a presentar ante ustedes esta iniciativa para que el trabajo en el campo sea objeto de inspección especial por parte de las autoridades del trabajo. Propongo enriquecer los artículos 284 Bis, 284 Ter y 550 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

Hay que darles a los trabajadores mexicanos una nueva preceptiva para que la inspección sea sistemática y preactiva. Y como debe ser, armonía con las nuevas obligaciones y principios de derechos humanos, en términos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Propongo que las inspecciones se hagan al inicio de la vigencia del contrato, en lo subsecuente cada mes y 15 días antes de concluir el ciclo agrícola. Se trata de verificar que los jornaleros y sus familias reciban las prestaciones establecidas en el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, y el pago puntual del producto de su empleo, no basta con clarificar cuando hay que llevar a cabo las inspecciones, se requiere que los patrones coadyuven con esta meta, los patrones, los intermediarios o enganchadores y las bolsas de trabajo son corresponsables de la justicia y equidad en el trabajo del campo.

De ahí que se establece el deber de dichos agentes económicos de dar aviso escrito, o a través de internet, de las relaciones laborales que se establezcan en los sembradíos.

Los derechos básicos para los jornaleros reconocidos en la Ley Federal del Trabajo se pueden ampliar con experiencia del ámbito internacional, inspirados en los contratos que las autoridades federales revisan cuando las y los mexicanos salen a trabajar al exterior.

Pido, en el proyecto de Decreto, que los patrones brinden acceso a establecimientos para envíos de dinero a sus lugares de origen y que faciliten transporte para que los hijos de los trabajadores vayan a la escuela.

La vigilancia permanente en los centros de trabajo en el campo permitirá la observancia de los derechos de los trabajadores, que sea por ejercicio puntual de sus obligaciones que la autoridad laboral intervenga para otorgar a los jornaleros la protección directa a que tienen derecho. No más denuncias anónimas, no más explotación en el campo.

Y no confundamos, una cosa es lo que piden en cuanto al aumento de sus ingresos; y una muy diferente, pero radicalmente opuesta, es el derecho que debiera cobijarles como ciudadanos mexicanos y que vemos, no les cobija.

Es la cuenta, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PROTECCION A TRABAJADORES DEL CAMPO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vulnerabilidad de los trabajadores del campo.

Los índices más agudos de pobreza se encuentran en las poblaciones rurales de México. Durante el Siglo XX se invirtió la pirámide demográfica en nuestro país pasando la población rural de ser la predominante a tener en nuestros días una presencia marginal ante la concentración de personas en las ciudades a las que los campesinos se vieron forzados a emigrar en busca de oportunidades principalmente del trabajo y de educación para sus hijos. El amplio abanico de problemas estructurales de México se profundiza en las comunidades del campo donde prevalece el hambre, la desnutrición, viviendas inadecuadas con piso de tierra, analfabetismo y deserción escolar, embarazos en adolescentes, entre otros.

Los programas sociales destinados al campo han resultado prácticamente infructuosos en vista del enfoque asistencial que adoptan, lo que se traduce en que los campesinos y sus familias no logran salir de los deciles más bajos de la graduación social y se ven condenados a perpetuar la pobreza que se transmite de padres a hijos a menos que los jóvenes decidan salir de sus comunidades en busca de plazas de trabajo. La escasa preparación con que cuentan los jóvenes del campo los coloca en una situación precaria a la hora de que ofrecen sus servicios personales subordinados en empresas o establecimientos agrícolas. En efecto, habiendo dejado atrás sus comunidades de origen en razón de que no cuentan con los medios para la mínima subsistencia, los jornaleros se ven obligados a aceptar condiciones laborales irrisorias desconociendo que desde hace casi un siglo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les asiste y contiene un catálogo de derechos expresados en el artículo 123 que les otorga protección.

En estas condiciones, las familias campesinas que se trasladan a otros puntos de la República para trabajar caen en la paradoja de que en lugar de que lleven consigo las prestaciones laborales a que tienen derecho terminan como portadores de la misma degradación y exclusión social únicamente contando ahora con lo mínimo para subsistir. En otras palabras, la vulnerabilidad de los campesinos y sus familias se torna crónica independientemente de que se encuentren en sus comunidades de origen o en campos de trabajo fuera de ellas. Tampoco hace, de hecho, ninguna diferencia que cuenten con derechos constitucionalmente reconocidos pues, forzados por las circunstancias, aceptan trabajos en condiciones infrahumanas. Esta iniciativa tiene la finalidad de brindar a los jornaleros y sus familias la garantía de que en todo momento sus derechos sociales serán puntualmente observados en los centros de trabajo sin importar el lugar donde se encuentren dentro del territorio nacional.

La preceptiva específica para los trabajadores del campo.

Uno de los ordenamientos mejor elaborados de los que se encuentran en vigor en nuestro país es la Ley Federal del Trabajo. La calidad de sus enunciados normativos es producto de la feliz coincidencia de la participación de juristas insignes mexicanos con el ilustre Mario de la Cueva a la cabeza y la militancia de movimientos sociales que durante más de un siglo han impulsado los derechos de los trabajadores. Fue así que se propuso un capítulo específico para los trabajos especiales. La decisión se justificó en la exposición de motivos, en su apartado 16, de la Ley de 1970 explicando lo siguiente:

"para redactar esta disposición y las reglamentaciones especiales se tomaron en consideración dos circunstancias principales: primeramente, que existen trabajos de tal manera especiales, que las disposiciones generales de la ley no son suficientes para su reglamentación; en segundo lugar, se consideró la solicitud de los trabajadores y aún la de las empresas, para que se incluyeran en la ley las normas fundamentales sobre esos trabajos especiales…

…Es cierto que en los contratos colectivos podrían establecerse algunas de esas normas, pero la ventaja de incluirlas en la ley consiste en que las normas reguladoras de los trabajos especiales son el mínimo de derechos y beneficios de que deben disfrutar los trabajadores de los respectivos trabajos. "

Destaca entre los trabajos especiales, el Capítulo VIII relativo a los trabajadores del campo e integrado por los artículos del 279 al 284. Por efecto del primero de los preceptos citados se considera trabajadores del campo a los que ejecutan los trabajos propios y habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, al servicio de un patrón. La misma disposición establece que los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de la ley. En los artículos subsecuentes se busca brindar a los jornaleros o trabajadores del campo una protección integral al regular materias como la responsabilidad laboral de los patrones solidarios, las obligaciones específicas de los patrones en este campo de actividad así como las conductas que le sean prohibidas a dichos patrones con el propósito de mantener la armonía en las relaciones de este tipo particular de trabajo.
Sobre la necesidad de normas pro activas.

En los últimos meses han proliferado los casos de explotación de jornaleros en el país. En diferentes latitudes de la República mexicana el común denominador es el mismo y los trabajadores del campo ven violados sus derechos por patrones extranjeros o nacionales. El modus operandi es casi siempre el mismo: empresas administradoras de mano de obra los enganchan en las comunidades de origen, los trasladan a los centros de trabajo casi siempre a largas distancias lo que implica un desarraigo absoluto y se les confina en las áreas de cultivo donde se ven condenados a una existencia precaria. Desde luego, los sueldos son raquíticos, las jornadas de trabajo extenuantes, las herramientas y equipos escasos y constantes los requerimientos de los patrones, a través de los capataces, para que los trabajadores realicen actividades no remuneradas ya que se les obliga, bajo la amenaza de despido, a laborar horas extras y días de descanso obligatorio que no se les pagan.

En la península de Baja California se han registrado casos aberrantes de explotación de jornaleros. Tanto en Baja California Sur como en la Baja California los trabajadores se quejan de esquemas de explotación que regatean sus legítimas prestaciones empezando por un salario realmente remunerador que les permita, en términos del artículo 123 constitucional, cubrir sus necesidades y las de sus familias.

La persistencia de estos abusos produce un contraste con la orientación legislativa que ha guiado en los últimos meses al H. Congreso de la Unión. Mientras las y los legisladores se dedican a orientar su trabajo legislativo a temas como la competitividad y el valor agregado en los empleos, la letra de la ley que proviene de la Carta Magna de 1917 simple y sencillamente no se cumple. Se requiere garantizar adecuadamente la vigencia plena de los postulados básicos del artículo 123 constitucional.

Los derechos humanos y los trabajadores del campo.

A pesar de que, en su momento, hace casi 50 años, la ley registró avances al reconocer la naturaleza de los trabajos especiales y establecer un capítulo ad hoc, lo cierto es que la nueva preceptiva constitucional así como la realidad obligan a actualizar sus postulados. En efecto, los múltiples casos de explotación laboral y en algunos casos de circunstancias de esclavitud en los que también se incorpora el trabajo infantil entrañan un llamado para revisar la Ley Federal del Trabajo en lo que hace a los trabajos especiales a la luz del nuevo constitucionalismo mexicano.

En este orden de ideas, la principal característica de los trabajadores del campo, en particular aquellos que ponen a disposición su fuerza de trabajo en entidades distintas a sus lugares de origen, es la vulnerabilidad en que se encuentran. Por ello, destaca entre las nuevas obligaciones del núcleo constitucional de derechos humanos la relativa a la protección y garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores. No menos importante resulta la obligación de promover los derechos humanos ya que el objetivo del artículo 123 constitucional, precepto cardinal en la materia del trabajo, consiste precisamente en lograr el equilibrio entre los factores de la producción, por lo que la promoción de los derechos de unos y otros principalmente de los trabajadores implica la concientización para crear una cultura de relaciones laborales en armonía. Finalmente, entre los principios introducidos provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, cobra aplicación especial el de universalidad para eliminar la exclusión social de que son víctimas los trabajadores del campo en principio por padecer condiciones irrisorias al prestar sus servicios personales subordinados.

La inspección cobra relevancia para el cumplimiento de las normas laborales tratándose de jornaleros. Se puede afirmar que la vigencia efectiva de los postulados constitucionales y de las normas secundarias en el ámbito del trabajo en el campo depende por entero de dicha función. Ello es así en razón a dos factores: a)Los trabajadores del campo lamentablemente son las personas que se encuentran en situación de la peor pobreza y en la mayoría de los casos de carácter extrema lo que implica la carencia de habilidades para hacer valer sus derechos; y b)La circunstancia especial que caracteriza al campo en el sentido de que los centros de trabajo en muchas ocasiones se encuentran apartados o en lugares despoblados. Salvo excepciones, la dinámica de la relación de trabajo presenta una marcada tendencia al abuso, la cual se incrementa si tomamos en cuenta el entorno de fractura del tejido social derivado de la violencia extrema de que somos testigos en numerosas zonas del país así como los casos de corrupción endémica.

En el ámbito de las leyes de la República, aun cuando los derechos humanos se caracterizan por su vocación de universalidad también es cierto que el enfoque de derechos humanos implica una perspectiva profunda de prioridades y preferencias por los grupos vulnerables. Es así que el espíritu de protección a los desvalidos característico del núcleo de derechos humanos reconocidos en nuestra Ley Fundamental se traduce en la necesidad de contar con inspecciones especiales para el caso de los trabajadores especiales entre los cuales ocupa un lugar importante el trabajo en el campo.

Es importante tener presente que además de la situación particular de los trabajadores del campo se presenta otro grupo particularmente vulnerable que son los niños expuestos a un mayor riesgo de explotación infantil en los sembradíos.

Hoy día se cuenta con una preceptiva especial en lo sustancial pero que no logra traducirse en una realidad sociológica ya que las normas relativas a la inspección por parte de las autoridades laborales han caído en una situación de rezago. Se cuenta con una regulación especial de los trabajos que así lo ameritan pero se carece de una inspección de la misma naturaleza. De la lectura detenida de las normas relativas a la facultad de inspección de las autoridades laborales queda claro que no hay una conexión inmediata para efectos de protección directa de los grupos de trabajadores vulnerables ya que simplemente se establece la atribución sin la medida proactiva que garantice los derechos sustantivos.

En consecuencia, la finalidad de la presente iniciativa radica en actualizar las normas sobre inspección laboral para que permitan una vigilancia dinámica, pro-activa que al mismo tiempo garantice condiciones laborales justas y equitativas así como la concientización de patrones y trabajadores en torno a una cultura laboral legítima, competitiva y con plazas laborales de alto valor agregado. Para lograr lo anterior, se propone que por ley los patrones, las administradoras de recursos humanos y las bolsas de trabajo den aviso por escrito y dentro de los tres días de la celebración de contratos en los que participen trabajadores del campo. También podrán hacerlo por medio de Internet. En la Era del Conocimiento que comienza, los sujetos obligados por efecto de esta propuesta normativa a dar avisos ya sea de la contratación o de la noticia de la relación laboral, disponen de medios electrónicos que reducen significativamente el costo del aviso por medio de la utilización de la red informática mundial denominada Internet.

Asimismo, se establece el deber de los servidores públicos de las instituciones de seguridad social de dar el mismo aviso en cuanto tengan conocimiento de que surja alguna relación laboral en el ámbito del campo. Lo anterior como primer peldaño que facilite inspecciones obligadas por parte de las autoridades laborales a fin de cerciorarse antes, durante y después de la relación de trabajo que se observe puntualmente los derechos de los jornaleros y, como es costumbre creciente, de sus familias que se trasladan con ellos a los campos de labores. Dentro del espíritu actual de la función de inspección, se establece el deber de las autoridades laborales que la practiquen no sólo de registrar y reportar las violaciones a la Ley Federal del Trabajo con que se encuentren sino de propiciar, a través de sugerencias principalmente a los patrones, la modificación de las condiciones de trabajo para llevarlas a un piso mínimo de legalidad y justicia.

Se propone de igual modo que los inspectores verifiquen que los patrones faciliten a los trabajadores transporte a la escuela más cercana para los hijos de los trabajadores ya que es costumbre que éstos se trasladen a los cultivos con sus familias, en la mayoría de los casos procedentes de pueblos indígenas para quienes la educación resulta aún más necesaria para ascender en la escala social hacia un nivel de vida digno. Los trabajadores, por desplazarse de su lugar de residencia original, requieren de hacer envíos de dinero a sus familias cuando no la llevan o al resto de la misma en caso contrario. De ahí que se establece el deber del patrón de facilitar a sus empleados el acceso a establecimientos que brinden dicho servicio, tal y como se establece para los trabajadores migrantes mexicanos que prestan sus servicios en el extranjero.

Cabe mencionar que la protección proactiva de los jornaleros que aquí se propone quedará debidamente garantizada puesto que la violación de estos preceptos daría lugar a una contravención genérica a la Ley Federal del Trabajo con la aplicación de las multas correspondientes.

En el Siglo XXI no debieran darse casos de explotación laboral. Las y los mexicanos debemos dejar atrás dichas prácticas laborales atávicas para enfocarnos en el logro de la productividad que permita a nuestro país convertirse en una Nación competitiva que brinde un adecuado y creciente nivel de vida a sus habitantes. Con el propósito anterior es que me permito elevar a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 284 BIS, 284 TER Y 550 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 284 bis, 284 ter y 550 bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 284 Bis. El trabajo en el campo será objeto de inspección especial por parte de las autoridades del trabajo.

Artículo 284 Ter. Los patrones, las personas físicas o morales que consigan para ellos trabajadores en el campo y las bolsas de trabajo darán aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la delegación que corresponda, de la contratación que hagan de trabajadores para el campo. El Instituto Mexicano del Seguro Social así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores darán aviso a las autoridades laborales, por conducto de los titulares de las delegaciones que correspondan, de los contratos o relaciones de trabajo en el campo de que tengan noticia. Los avisos se harán por escrito o por mensaje enviado a través de la red informática mundial denominada Internet en los portales de la dependencia laboral en un plazo de tres días contados a partir de la celebración del contrato de que se tenga conocimiento o de la relación de trabajo en el campo.

Artículo 550 Bis. Tratándose de trabajadores del campo, los inspectores realizarán las inspecciones siguientes:

I. Al inicio de la prestación de los servicios personales subordinados en la que, además de verificar la observancia de los derechos generales y los establecidos en el artículo 283 de esta Ley a favor de los trabajadores, confirmarán que estos cuenten con transporte a las escuelas para sus hijos. También deberán los patrones facilitar a los trabajadores el acceso a establecimientos de servicios de envío de dinero a sus lugares de origen.

II. En lo subsecuente, los inspectores del trabajo realizarán inspecciones en los centros de trabajo cada mes.

III. Quince días antes de que termine el periodo para el que hayan sido contratados los trabajadores del campo o el ciclo agrícola, los inspectores del trabajo acudirán a los centros de trabajo para verificar que los trabajadores reciban los pagos por las prestaciones a que tengan derecho.

Durante las inspecciones, los servidores públicos del trabajo harán del conocimiento tanto de patrones como de trabajadores las normas aplicables a su relación de trabajo exhortándolos a su debido cumplimiento haciendo las sugerencias que deriven de los actos de inspección que lleven a cabo.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

Juan B. Climént Beltrán, Ley Federal del Trabajo, Comentarios y Jurisprudencia, Editorial Esfinge, México, 2008, p. 232 y 233.

Véase el Capítulo V del Título Décimo primero de la Ley Federal del Trabajo que consta de los artículos del 540 al 550.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Blásquez. Aplausos del Senador Manuel Bartlett, registrado en el Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Isaías González.

El Senador Isaías González Cuevas: (Desde su escaño) Quisiera hacer un comentario sobre lo que ha planteado el Senador que me antecedió.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No es procedente, es la presentación de una iniciativa.

Desde su escaño puede hacernos los comentarios, de manera breve.

El Senador Isaías González Cuevas: (Desde su escaño) Bueno, estamos de acuerdo en que los derechos de los trabajadores se tienen que respetar, totalmente de acuerdo; y desde luego que esto, las organizaciones sindicales tienen una gran responsabilidad, y sobre todo los que tienen contrato colectivo de trabajo.

Yo agregaría ahí, a esta inspección, que sugiere el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, verdad, de que verifiquemos los contratos colectivos de trabajo ¿si son de protección?, porque es lo que viene sucediendo, si son de protección, van en contra de los derechos de los trabajadores.

Los contratos colectivos de trabajo tienen que estar vigentes y tienen que estar transparentados para que los trabajadores jornaleros los conozcan, y también agregar que para que los trabajadores tengan injerencia en estos contratos colectivos de trabajo debe haber la democracia sindical, como lo establece la ley.

Ellos tienen que elegir su mesa directiva, en forma directa y secreta, para que de esta manera tengan sus líderes auténticos y, comento, si ellos deciden adherirse a alguna central, están en libertad de hacerlo, pero lo que ahí vemos de fondo, es que la participación de los trabajadores jornaleros es definitiva para que la Ley General del Trabajo, el artículo 123, se cumpla a cabalidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Isaías González.

Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Obviamente que la CTM coincide con la propuesta del Senador Blásquez, que es en defensa de los trabajadores jornaleros.

Pero la forma, las centrales obreras no tienen personalidad jurídica, tienen la representación sociopolítica.

Los trabajadores, individualmente o colectivamente, de acuerdo al artículo 123, como lo decía el Senador Isaías, tienen todo el derecho de organizarse, y de ser cierto, si hay contratos de protección, que es lo más seguro, la Secretaría del Trabajo debe de promover que los trabajadores y la empresa resuelvan sus problemas. Esta es una gran oportunidad para que puedan constituir un sindicato nacional, un sindicato nacional de industria, con una contratación de aplicación nacional y protegerlos a todos.

Entonces, estamos a menos de 2 años de celebrar la Constitución del 17, y no se vale esta explotación.

Yo nada más quería aclarar eso, que coincidimos con el Senador que siempre está preocupado por los trabajadores de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Se incorporan al Diario de los Debates las reflexiones hechas por el Senador Isaías González y el Senador Armando Neyra.

El Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Hay alguna inquietud, Senador Gerardo Sánchez?

Sonido en su escaño.

El Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Solamente para solicitarle, señor Presidente, si no tiene inconveniente el Senador proponente, de que nos sumemos a su iniciativa.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Dígame, Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aceptado, señores. Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DEESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Marzo 24, 2015

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, remitida por la H. Cámara de Diputados.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis de la minuta.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero de 2015, diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

2. En Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada iniciativa por 381 votos en pro y 5 abstenciones la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos constitucionales.

3. En Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-2P3A.-673, turnó la referida minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

4. En reunión ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la propuesta de la minuta para la emisión de esta moneda conmemorativa a fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar su contenido e integrar el presente dictamen.

II. OBJETIVO DE LA MINUTA

La emisión de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta en Dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

El 5 de febrero de 2015 se cumplieron100 años de la expedición del Decreto por el que se creó formalmente el Arma de Aviación Militar del Ejército Constitucionalista, antecedente de la actual Fuerza Aérea Mexicana, por lo que la minuta propone la emisión de una moneda conmemorativa de curso legal con valor nominal de veinte pesos, que reconozca sus servicios prestados a la Nación.

En la minuta se expone que durante el periodo revolucionario, el Arma de Aviación Militar tuvo un papel estratégico participando en diversas misiones de combate y de observación para la pacificación del país.

Para 1940, las Unidades Militares Aéreas crecieron hasta integrarse primero como Dirección y después como Jefatura de Aeronáutica, aprovechando la experiencia que adquirieron al participar en las campañas militares desde los inicios de la Revolución.

El 10 de febrero de 1944, se promulgó la reforma constitucional que otorgó al Arma de Aviación Militar el carácter de Fuerza Armada y cambió su nombre a Fuerza Aérea Mexicana, que en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fue puesta a prueba con la participación heroica del Escuadrón de pelea 201 en Manila, Filipinas, y Formosa.

Asimismo, destaca que en 1992, se estableció el 10 de febrero de cada año como “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”, en conmemoración de la reforma constitucional que le dio la categoría de Fuerza Armada.

Asimismo, desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana cumple con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de México; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en caso de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

De forma coordinada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México actúan para proteger y salvaguardar la vida humana, así como evitar el sufrimiento de las personas ante eventos imprevisibles que las coloquen en estado de vulnerabilidad.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

Primera. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189; 190 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

Segunda. Estas Comisiones Unidas consideran que con la acuñación de la moneda que se propone en la Minuta, se reconoce los 100 años de trascendentes acontecimientos históricos para la aviación mexicana y 100 años en que nuestras fuerzas armadas han trabajado a favor del Estado mexicano, de sus instituciones y del pueblo de México, por lo que es una oportunidad para recordar y enaltecer nuestra historia para refrendar el compromiso de fortalecer a este instituto armado.

Tercera. La Comisiones Unidas consideran relevante rememorar que la historia de la aviación en México inició el 8 de enero de 1910 con el primer vuelo realizado por Alberto Braniff en los llanos de Balbuena, Distrito Federal, a bordo de un avión Voisin.

Posteriormente, el 30 de noviembre de1911, el Presidente Francisco I. Madero, por invitación del Capitán George M. Dyott, se convirtió en el primer Presidente en volar en una aeronave en el mundo, al viajar sobre la Ciudad de México a bordo de un aeroplano Deperdussin.

A finales de 1911, el Presidente mexicano envió a los cinco primeros Pilotos Aviadores a estudiar a los Estados Unidos de América, quienes concluyeron su curso satisfactoriamente. De entre este grupo, el Teniente Piloto Aviador Gustavo Salinas Camiña fue quien protagonizó el primer combate aéreo naval del mundo, tripulando el Biplano Sonora en la bahía de Topolobampo, salvando la vida al General Álvaro Obregón al atacar al buque cañonero Morelos de las fuerzas Huertistas que lo tenían sitiado, haciéndole huir a altamar.

El Sonora inauguró la “Flotilla Aérea del Cuerpo del Noroeste” que con maniobras de bombardeo o vuelos de reconocimiento tuvo un papel decisivo para el triunfo en diversas batallas.

Venustiano Carranza, al ver los resultados exitosos de su uso, dio lugar al nacimiento oficial del Arma de Aviación Militar el 5 de febrero de 1915, decretando la creación de la Flotilla Aérea Constitucionalista.

Dentro del Ejército Constitucionalista, el aeroplano, en su calidad de arma, se convirtió en un emblema de orgullo al simbolizar la superioridad tecnológica que este tenía sobre el ejército usurpador. Con bombardeos, vuelos de reconocimiento, lanzamiento de propaganda y traslado de correos, el Arma de Aviación Militar contribuyó decisivamente a la derrota del gobierno de Victoriano Huerta.

Durante el largo periodo revolucionario, el Arma de Aviación Militar continuó su papel estratégico participando en diversas misiones de combate y de observación para la pacificación del país. No obstante, esta fuerza armada también participó en el desarrollo de la aviación nacional comercial y civil, incursionando en la búsqueda y conquista de nuevas rutas aéreas, contribuyendo a enlazar y comunicar los lugares más apartados de nuestro país y a países de toda América, abriendo nuevas rutas e itinerarios que pusieron el nombre de México a la vanguardia de los vuelos internacionales.

Para 1940, las Unidades Militares Aéreas crecieron hasta integrarse primero como Dirección y después como Jefatura de Aeronáutica, aprovechando la experiencia que adquirieron al participar en las campañas militares desde los inicios de la Revolución.

El 10 de febrero de 1944, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se promulgó la reforma constitucional que otorgó al Arma de Aviación Militar el carácter de Fuerza Armada y cambió su nombre a Fuerza Aérea Mexicana, que en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fue puesta a prueba con la participación heroica del Escuadrón de pelea 201 en Manila, Filipinas, y Formosa.

Es de señalar que en 1992, por Decreto Presidencial, se instituyó el 10 de febrero de cada año como “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”, en conmemoración de la reforma constitucional que le dio la categoría de Fuerza Armada.

Cuarta. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, reconocen que desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana cumple con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de México; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en caso de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La Fuerza Aérea Mexicana ha sido fundamental en el apoyo y protección civil en zonas y casos de desastres naturales, que en el marco del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III), en coordinación con el Ejército Mexicano, conforma puentes aéreos para el traslado de personal, víveres y materiales indispensables en las regiones afectadas y para la evacuación de personas.

De forma coordinada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México actúan para proteger y salvaguardar la vida humana, así como evitar el sufrimiento de las personas ante eventos imprevisibles que las coloquen en estado de vulnerabilidad. El despliegue de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea en el territorio nacional, permite actuar tanto en la planeación como en la ejecución de las actividades de auxilio en cada uno de los niveles de gobierno.

Quinta. Estas Comisiones Unidas consideran que el uso de las monedas conmemorativas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de sus acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

Asimismo, bajo el entendido de que el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana, los integrantes de estas Comisiones Unidas coinciden en la emisión de una moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su distribución nacional y su buena aceptación por el público.

Sexta. La Comisiones Unidas, consideran adecuado que el diseño principal del reverso de la moneda sea propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional y se incluya la leyenda "1915-2015".

Séptima. Las Comisiones Unidas que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3o., fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar en sus términos la minuta en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2ode la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro:32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, 355 miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio Banco. Dicho motivo deberá relacionarse con los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana (1915-2015) y el valor de su participación institucional en la vida nacional.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir la leyenda “1915-2015”. En caso de que la referida Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que proponga la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este Decreto, pueda quedar contenido en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente Decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2ode la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 24 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.






Y de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE   LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Pasamos a la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Rural.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, está a discusión. No hay oradores interesados en intervenir, por lo cual, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el contenido del dictamen en el sentido de desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.






Tenemos la discusión de 5 dictámenes de la Comisión de Turismo, que contienen puntos de Acuerdo. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos del primer dictamen.

Primero.- El Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el gobierno federal y el gobierno del estado de Baja California Sur para la reconstrucción de Baja California Sur.

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Baja California Sur y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas, incluyendo dentro de ellos las vialidades principales y la zona hotelera.

(Dictamen)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las autoridades del estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que éste último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posteriormente mantenimiento, presentado por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 14 de octubre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que éste último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posteriormente mantenimiento.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 17 de febrero de 2015.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Turismo y al FONATUR para que realicen las gestiones necesarias con las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para acceder a los recursos del FONDEN con la finalidad de que puedan llevar a cabo las obras de reconstrucción y restauración en la zona de Cabo San Lucas.

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, al FONATUR para el mantenimiento de las vialidades principales y la zona hotelera de la localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Señala el promovente que en 1976 el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) comenzó a detonar el desarrollo del Centro Integralmente Planeado de Los Cabos; y que gracias a ello este destino se ha convertido en el segundo más importante en la zona del Pacífico contribuyendo a la generación de empleos bien remunerados, atracción de divisas, crecimiento económico y desarrollo regional.

FONATUR entregó el mantenimiento de la localidad de Cabo San Lucas al municipio de Los Cabos, quien ha venido cumpliendo con esta labor, no obstante existe ya un deterioro en la imagen urbana, mismo que se agravo con el paso del huracán “Odile”.

El legislador da cuenta de que la tormenta tropical “Odile” se originó el 10 de septiembre con la categoría de depresión tropical, convirtiéndose en huracán categoría IV el 14 de septiembre, dejando un sin número de destrozos en los cinco municipios de Baja California Sur,  siendo Los Cabos el municipio más dañado.

Bajo este contexto es que señala que el fenómeno hidrometeorológico originó que las autoridades municipales se vieran rebasadas para poder hacer frente a los daños causados. Por ello, resulta necesario garantizar a la población de Cabo San Lucas acciones inmediatas para dar continuidad a las actividades económicas y turísticas en la región, lo cual se lograría con el respaldo de una dependencia Federal con experiencia probada por más de 40 años como lo es FONATUR.

En virtud de lo anterior, propone que el municipio de Los Cabos formalice la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al  FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el promovente en reconocer las acciones preventivas y correctivas que emprendió el Gobierno de la República para el auxilio de la población Sudcaliforniana, asimismo reconoce que la reactivación económica de Baja California Sur ha sido una de las más rápidas en cuanto a sitios turísticos afectados por un huracán.

Cifras de la Secretaría de Turismo señalan que durante la temporada de vacaciones invernales 2014, los destinos turísticos de Los Cabos, La Paz y Loreto registraron al cierre de 2014 una ocupación hotelera promedio igual a la de 2013, destacando que la recuperación que se registró en diciembre del año pasado fue casi siete por ciento mayor que el mismo mes de 2013 para el caso de Los Cabos. De igual forma, el mes de enero de 2015 es considerado como uno de los mejores en la historia de Los Cabos, ya que se alcanzó el 96.5% del tráfico aéreo.

En materia de reconstrucción de la infraestructura, la Secretaría de Turismo informó el 25 de febrero de 2015 que en San José del Cabo se destinaron alrededor de 500 millones de pesos por parte de FONATUR para la regeneración urbana y de la zona turística y que las obras están próximas a concluir.

Esta Comisión Legislativa quiere resaltar que en su visita del 24 de febrero del presente, a Baja California Sur, para supervisar los avances en las obras tras el paso del Huracán Odile, la Mtra. Claudia Ruiz Massieu informó que en 2014 el gobierno destinó mil 900 millones de pesos para la rehabilitación de Baja California y que para este año se dispondrá de mil 700 millones de pesos adicionales que ejercerán diversas dependencias del Gobierno de la República y en específico FONATUR, para obras como la renovación de la infraestructura vial, luminaria con leds y planta de tratamiento de aguas en Cabo San Lucas.

Asimismo, detalló que de los recursos ejercidos 300 millones se destinaron para las reparaciones del aeropuerto internacional, y que en marzo-abril de este año concluirán los trabajos de dicho aeropuerto.

En materia de recuperación de infraestructura carretera es importante reconocer, además el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que emprendió obras para conectar Los Cabos y La Paz. Al respecto destaca el hecho de que el 6 de febrero se inauguró el Libramiento Todos Santos, la reconstrucción del Puente Caduaño y el Camino Santa Rita-Puerto Chale, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

Sin duda otro factor que contribuirá a la reconstrucción de la infraestructura en Baja California Sur, es el hecho de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se estipuló que para atender y mitigar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en 2014 que afectaron a dicho estado de Baja California Sur, se aprobaron 300 millones para la creación de un Fondo que se utilizará para la reconstrucción de la infraestructura estatal dañada en dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, quedando dicho fondo a cargo de la entidad federativa para su administración.

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión Legislativa considera destacable señalar la rápida inversión del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) para la reconstrucción hotelera en Los Cabos. Para octubre de 2014 se informó que se habían destinado alrededor de 800 millones de pesos para la reactivación económica de Baja California Sur, en especial su zona hotelera.

En ese sentido, al realizar una gira de trabajo a Los Cabos, el Director General de BANCOMEXT detalló que la cantidad referida representa un universo de dos mil 700 llaves, de 11 hoteles que resultaron afectados con la contingencia y que con ello se garantizan más tres mil 200 empleos directos. Asimismo, se mencionó que se continuarían ofreciendo a sus clientes créditos ya garantizados, gracia de seis meses para capital e intereses para que esos recursos pudieran ser canalizados a la reconstrucción de la infraestructura dañada.

No menos importante ha sido el trabajo del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien junto con la Nacional Financiera iniciaron un censo de pequeñas y medianas empresas afectadas física o económicamente por el fenómeno hidrometeorológico a fin de que pudieran ser acreditadas para poder acceder a créditos con tasas preferenciales.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el trabajo oportuno y coordinado de los gobiernos Federal y Estatal han sido clave para la recuperación de Baja California Sur, razón por la que consideran oportuno que el Senado de la República haga un reconocimiento a dicho trabajo y los exhorte a continuar con sus labores para el mantenimiento y mejora turística de Cabo San Lucas.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California Sur para la reconstrucción de Baja California Sur.

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas, incluyendo dentro de ellos las vialidades principales y la zona hotelera.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE TURISMO.






Doy lectura al resolutivo del segundo dictamen.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como Pueblo Mágico.

(Dictamen)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 12 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 17 de febrero de 2015.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a que consideren el alto potencial de las regiones de Quintana Roo que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico, con la finalidad de trabajar en conjunto con las partes involucradas y realizar las acciones necesarias para concretar la certificación de pueblo mágico a las localidades correspondientes.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La promovente establece que en el estado de Quintana Roo es punta en materia turística, por lo cual la principal actividad económica del estado es el turismo.

Señala que nuestro país debe ser innovador en cuanto a mecanismos que atraigan a más turistas, ofreciéndoles experiencias dignas de volverse a repetir, y que una estrategia que ha resultado adecuada para ello es el programa “Pueblos Mágicos”.

La promovente considera que la participación de diversos municipios del estado de Quintana Roo en el programa “Pueblos Mágicos” propiciaría un gran fomento al turismo de forma sustentable y equitativa, lo que beneficiaría a los pequeños prestadores de servicios turísticos, quienes requieren más inversión.

Refiere que actualmente los municipios de Isla Mujeres, Holbox, Tulum y Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo han realizado la solicitud correspondiente para ser considerados como “Pueblos Mágicos”, y que dado que ello resultaría propicio para el desarrollo turístico y económico del estado considera necesario que se considere el potencial de dichos municipios para ser considerados “Pueblos Mágicos”.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad fuerte y resistente que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos.

La Organización Mundial de Turismo prevé que para este año las llegadas de turismo internacional crezcan entre un 3 y 4%; aunque a nivel regional se espera que el aumento sea mayor en las regiones de Asia y el Pacífico y las Américas (de un 4 a un 5%); lo que representa una excelente oportunidad para México.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que dentro de los atractivos turísticos culturales con los que México cuenta existen 37 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, diversas ciudades coloniales y más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX.

Asimismo, contamos con más de 40 mil zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público, mismas que permiten apreciar vestigios de grandes civilizaciones como la Maya, Azteca, Tolteca, Zapoteca, Purépecha, Olmeca y Mixteca. Además contamos con 112 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 18 museos operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y otros muchos museos estatales, municipales, privados y comunitarios en los que se exhiben objetos históricos, artísticos y de uso diario.

Todo este patrimonio cultural permite ofertar productos turísticos como los Pueblos Mágicos los que son localidades que tienen atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, e incluso cotidianidad que los hace distintos. Todo ello significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la vida y alma de una comunidad.

Dentro de los objetivos del Programa Pueblos Mágicos encontramos el resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura; sus repercusiones rebasan la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional.

El número de visitantes a los Pueblos Mágicos produce resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. De acuerdo con la Secretaría de Turismo este programa ha generado 6 mil millones de pesos en derrama económica y se han recibido 4 millones de turistas en los 83 Pueblos Mágicos.

Esta Comisión Legislativa reconoce lo señalado en los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014, en el sentido de que los Pueblos Mágicos es un Programa congruente con los ejes de la Política Nacional Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país; lo que evidentemente se ha alcanzado con este Programa que propicia la coordinación interinstitucional y la coordinación con estados y municipios; diversifica y mejora la calidad de los destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública privada para generar derrama económica y empleo; además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora.

Teniendo presente lo anterior es que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran pertinente exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

Con lo anterior se fortalecería la diversificación del turismo en dicho estado, a la vez se promovería el valor cultural que tienen sus diversas localidades.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE TURISMO.






Doy lectura al resolutivo del tercer dictamen.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar un programa similar al de Pueblos Mágicos para el Turismo de Naturaleza que contribuya a revalorar a un conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

(Dictamen)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a evaluar la implementación de un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo de localidades del país que cuenten con los atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de naturaleza y de aventura presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores de esta Soberanía.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 10 de diciembre de 2014, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras Luz María Beristain Navarrete y Angélica Araujo Lara, así como del Senador Daniel Ávila Ruiz, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a evaluar la implementación de un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo de localidades del país que cuenten con los atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de naturaleza y de aventura.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 15 de diciembre de 2014.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

Único: Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a evaluar la implementación de un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo de localidades del país que cuenten con los atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de naturaleza y de aventura.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente establece que en nuestro país el turismo representa la tercera fuente de divisas y el 9% del Producto Interno Bruto y aglutina 7.5 millones de empleos directos; en 2013 el ingreso de divisas de turistas extranjeros alcanzó los 13 mil 800 millones de dólares, superando los 12 mil 779 millones registrados en 2012.

El Senador promovente establece que la Organización Mundial del Turismo, pronosticó a finales de los años noventa que la llegada de turistas extranjeros crecería a una tasa media anual de 3.6% consolidando en el 2020 cerca de 50 millones de turistas, lo que daría como resultado que México mantuviera el octavo lugar de los países más visitados.

En el 2013 la cifra no era tan favorable, se alcanzó la cifra de 23 millones de visitantes, manteniendo una tasa de crecimiento de 1.1% resultando que nuestro país haya perdido varias posiciones en la clasificación mundial.

El promovente también menciona que la Secretaría de Turismo implementó en 2001 el Programa Pueblos Mágicos, el cual surge como una estrategia para estructurar una oferta turística complementaria y diversificarla al interior del país, con base en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.

El referido programa ha detonado la generación de una derrama económica de 7,200 millones de pesos al año. Al día de hoy se cuenta con 83 pueblos mágicos. En este año, en el presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se etiquetaron 500 millones de pesos para los Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios.

El Senador promovente establece que en materia de turismo de aventura y de naturaleza, nuestro país tiene una gran oportunidad para desarrollar estrategias de adaptación que apoyen los esfuerzos de conservación de los recursos naturales, así como la exploración para el desarrollo de este segmento turístico.

Por lo anterior, el Senador propone que el Gobierno Federal identifique y elabore un programa a favor del impulso del turismo de naturaleza y aventura, estableciendo las reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, por medio del cual, localidades con ciertas características de turismo de naturaleza y aventura puedan ingresar al programa, a fin de consolidar su crecimiento y evolución a favor del turismo nacional e internacional.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país.

Durante el 2014 el turismo volvió a demostrar su importancia para el desarrollo económico del país. El Banco de México informó que de enero a noviembre de 2014 se captaron 14 mil 468 millones de dólares por turismo internacional, el arribo de visitantes internacionales se incrementó en 19.3% con respecto al mismo periodo del 2013; el gasto medio de turismo de internación por vía aérea fue superior en 9.7% en comparación con 2013 y el ingreso de divisas por visitantes internacionales registró un crecimiento del 16.5% en el mismo periodo.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora tenemos claro el potencial turístico que nuestro país tiene, por ello consideramos prioritario continuar implementando diversas estrategias que nos permitan diversificar nuestra oferta turística y fortalecer los segmentos que tienen una solidez confiable.

La fracción XV del artículo 2º de la Ley General de Turismo, establece que la ley tiene por objeto: fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, estableciendo que todas las modalidades turísticas (no sólo el turismo alternativo) se consideran como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Esta Comisión Dictaminadora concuerda con el Senador promovente en el sentido de la importancia que tiene el impulsar al Turismo de Naturaleza, el cual es un sector que en nuestro país sigue en franca evolución, siendo una oportunidad para el crecimiento económico y social de las comunidades aledañas a estos atractivos turísticos.

Como lo comenta el Senador promovente, estados como Chihuahua, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, por mencionar algunos, cuentan con un alto índice de recursos naturales, sumamente atractivos y diversos, lo que permite contar con las condiciones óptimas para la práctica de actividades de Turismo de Naturaleza.

Esta Comisión Legislativa considera importante continuar impulsando esfuerzos y uniendo sinergias para implementar acciones que aprovechen todo nuestro potencial turístico.

Es necesario mencionar que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo ha impulsado de manera importante el Turismo de Naturaleza; en 2014 la Federación invirtió 214 millones de pesos para impulsar este segmento turístico en 14 entidades federativas del país.

La Secretaría de Turismo tiene identificados a mil 126 empresas especializadas en Turismo de Naturaleza, cifra que aumentará en los próximos años ya que se han implementado empresas comunitarias en zonas rurales que se encuentran en proceso de desarrollar sus capacidades.

Es importante el esfuerzo que desde el Gobierno Federal se lleva a cabo para el impulso del Turismo de Naturaleza, no obstante, es necesario considerar nuevas ideas y planteamientos para que crezca de manera determinante.

Esta Comisión Dictaminadora, ve oportuna la propuesta del Senador promovente para analizar la posibilidad de elaborar e implementar un programa en favor del impulso del Turismo de Naturaleza, que contenga reglas de operación similares a las del programa Pueblos Mágicos.

Los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocemos la importancia de diversificar el turismo en México y fomentar el Turismo de Naturaleza para dar un uso óptimo a los recursos naturales; respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y para asegurar el desarrollo económico y social de las comunidades que cuentan con este tipo de atractivos.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar un programa similar al de Pueblos Mágicos para el Turismo de Naturaleza que contribuya a revalorar a un conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE TURISMO.






Doy lectura al resolutivo del cuarto dictamen.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación a la brevedad posible el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos y con ello, darle un impulso al turismo de reuniones, convenciones y congresos de la entidad.

(Dictamen)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, previo procedimiento que al caso corresponda, se ponga a disposición de la Federación el inmueble denominado “Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos” para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sea restaurado y, posteriormente, puesto en operación, presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 28 de octubre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, previo procedimiento que al caso corresponda, se ponga a disposición de la Federación el inmueble denominado “Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos” para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sea restaurado y, posteriormente, puesto en operación.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 30 de octubre de 2014.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

UNICO. Con el debido respeto a la soberanía del Estado de Baja California Sur, el Senado de la República exhorta al Gobierno de la entidad para que, previo procedimiento que al caso corresponda, se ponga a disposición de la Federación el inmueble denominado “Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos” para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sea restaurado y, posteriormente, puesto en operación.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente estableció que la séptima reunión del G-20 se realizó los días 18 y 19 de junio de 2012, siendo sede la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur. El evento se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos. Para realizar este evento, en agosto de 2011, el Gobierno del Estado de Baja California Sur inicio las gestiones para la construcción de este inmueble y con ello atender los compromisos del Gobierno Federal.

El Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos fue construido en un periodo de siete meses y cuenta con una superficie de 5,400 mts2 y una capacidad para 6 500 personas, está ubicado en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mismo que abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Comenta el Senador Ricardo Barroso Agramont que a poco más de dos años de celebrarse la Cumbre del G-20, este inmueble se encuentra actualmente en un estado de abandono, con obras pendientes de concluir y con adeudos a la compañía constructora contratada para realizarlo.

Aunado a esto, con el paso del huracán “Odile”, el Centro Internacional de Convenciones tiene severos daños, además todo indica que dicho inmueble no cuenta con seguro vigente por parte del gobierno estatal, por lo cual no se puede hacer frente a la reparación y reconstrucción del inmueble.

Por lo anterior, establece el promovente, resulta necesario hacer un atento exhorto al Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que haga entrega formal y ponga a disposición de la Federación el inmueble del Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, para que a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, institución con una experiencia probada por más de 40 años, sea reparado y posteriormente puesto en operación.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Uno de los segmentos turísticos que más ha crecido en los últimos años es el de turismo de reuniones, convenciones y congresos. Según cifras de la Secretaría de Turismo, este sector suma 1297 eventos y deja una derrama económica de 32 mil millones de dólares, así como la creación de 783 mil empleos.

En 2014, se invirtieron cerca de 140 millones para la construcción de centros de convenciones en 6 estados de la República. Esta inversión fue para los estados de Baja California, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Durango y Coahuila, además la Secretaría de Turismo firmó convenios para avanzar en la consolidación de centros de convenciones, a fin de abrir los espacios que permitan el crecimiento en el turismo de convenciones.

Sin duda, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran necesario seguir impulsando este segmento, el que a mediano y largo plazo será una fuente de desarrollo regional.

Bajo este orden de ideas, esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que se debe de actuar para recuperar y consolidar al Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos que se encuentra en Baja California Sur.

Como comenta el promovente, el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos está ubicado en el municipio de Los Cabos, donde se encuentra el Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, mismo que abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Estos dos poblados son reconocidos como un centro internacional de pesca y golf, además de conformar actualmente una dinámica ciudad turística donde habita el 25% de la población del Estado, es el segundo destino turístico más importante del Pacífico con casi un millón setecientos mil turistas anuales y con una infraestructura hotelera equivalente a poco más de 12 mil habitaciones.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que este inmueble fue sede de la séptima reunión del G-20 que se realizó los días 18 y 19 de junio de 2012 y después de la conclusión de la reunión, el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, no se ocupó, ya que la construcción no se había terminado en su totalidad. Debido a lo anterior, en 2013 se firmó un convenio entre los gobiernos Federal y el de Baja California Sur, para concluir dicho inmueble. El Gobierno Federal aportaría 180 millones de pesos, estos recursos saldrían de la Secretaría de Hacienda.

Se tenía previsto que una vez que se terminará con la totalidad de la construcción, el gobierno estatal abriría una licitación para que un operador emprendiera labores de promoción para atraer turismo de reuniones a la entidad; se estimaba que cuatro meses después de la licitación el centro de convenciones empezaría a generar actividad en sus alrededores.

Esta Comisión Dictaminadora, establece que el 14 de septiembre de 2014 el Huracán Odile tocó tierra en las inmediaciones de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de hasta 250 km/h y con un desplazamiento de 28 kilómetros por hora hacia el nor-noroeste, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua.

En materia turística se estima que este fenómeno meteorológico causó daños por aproximadamente 220 millones de dólares para las industrias hotelera, de restaurantes y cruceros.

El Huracán Odile también dejo daños en el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, valuados en 50 millones de pesos, razón por la cual, en voz del Secretario de Turismo de Baja California Sur, Rubén Reachi, la licitación para la operación del centro de convenciones está paralizada.

Esta Comisión Dictaminadora reconoce el esfuerzo que desde 2013 el Gobierno Federal y el Gobierno de Baja California Sur han realizado para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos estuviera en operación.

Sin embargo, a causa del huracán Odile, este recinto sigue paralizado y sin fecha para abrir sus puertas al turismo de reuniones.

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión Legislativa, estiman necesario que los gobiernos federal y estatal trabajen de manera conjunta para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos esté en condiciones óptimas para su operación y con ello generar un impulso para el turismo de reuniones, convenciones y congresos.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y al Gobierno del estado de Baja California Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación a la brevedad posible el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos y con ello, darle un impulso al turismo de reuniones, convenciones y congresos de la entidad.

Dado en el Senado de la República, a 12 de marzo de 2015.

COMISIÓN DE TURISMO.






Por último doy lectura al resolutivo último dictamen.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo, por conducto de la Secretarías de Economía y Turismo, y a los gobiernos de los municipios de dicha entidad federativa, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional.

(Dictamen)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a los titulares de los municipios de la misma entidad a estimular y promover entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 5 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a los titulares de los municipios de la misma entidad a estimular y promover entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 11 de febrero de 2015.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría Federal de Turismo, al titular ejecutivo del Estado de Quintana Roo, y a los titulares del poder ejecutivo de los municipios de la misma entidad federativa para que en el ámbito de sus competencias, estimulen y promuevan entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La Senadora promovente establece que en el estado de Quintana Roo la principal actividad económica es el turismo, Cancún se planeó como un Centro Integralmente Planeado y al comienzo había diversos prestadores turísticos que funcionaban en equidad de competencia, sin embargo, al paso del tiempo y ante el incremento de los hoteles en la Riviera Maya se ha propiciado una afectación al flujo de la derrama económica, principalmente a los restaurantes de la región.

Por ello, la promovente menciona que es necesario que las autoridades: tanto la Secretaría de Turismo como el titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y los titulares el Ejecutivo en los municipios de la entidad, promuevan entre la iniciativa privada y el sector social la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en los desarrollos turísticos nuevos y existentes, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información del Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México. Lo anterior a fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que en nuestro país la industria turística tiene clara la importancia como una actividad transformadora de la sociedad y promotora del desarrollo económico sostenible.

Cifras del Gobierno Federal, establecen que en el 2014 el turismo creció un 19% con respecto a 2013 año en que se recibieron 24.1 millones de turistas, contra los 28 millones que se reportan en 2014.

El crecimiento que se tuvo en el sector turístico según datos de la Secretaría de Turismo son tres veces superiores al promedio que se tiene a nivel mundial, lo que estima un buen 2015.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estamos conscientes que el potencial turístico de México nos permitirá aspirar a un crecimiento continuo, por ello es necesario seguir trabajando en la diversificación de servicios y la inclusión del trabajo conjunto entre el sector productivo y el sector social.

Un ejemplo de lo anterior lo podemos reflejar en las cadenas productivas, las cuales parten de la premisa que la producción de bienes o servicios se puede representar como un sistema, donde flujos de materiales, capital, y de información, conectan a los diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor final de los productos del sistema.

Aunque las cadenas productivas se han implementado más en el sector agrícola, en el turístico su aplicación es importante, como ejemplo pensemos en un hotel, la hotelería como una actividad de la producción y del consumo del turismo.

Esta actividad crea encadenamientos hacia atrás que se establecen entre los hoteles y los proveedores de los insumos para consumo inmediato, tales como carne y pescado, productos lácteos, vegetales y bebidas en general, que pueden ser comprados en el mercado local.

Cuando esos bienes son producidos localmente, las actividades relacionadas con el turismo pueden tener un elevado efecto multiplicador en la economía local, mediante externalidades del consumo directo a lo largo de cadena de valor. Además, el consumo turístico produce encadenamientos hacia adelante por medio de la producción de bienes y servicios directamente comprados por los turistas, tales como artesanías, compras locales de otros bienes, espectáculos musicales, tratamientos de salud, estética, el empleo de guías turísticos, entre otros.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coinciden con la promovente, en el sentido de reconocer que nuestra legislación ya contempla a las cadenas productivas como un instrumento importante para la detonación de las economías locales, el artículo 15 de la Ley General de Turismo establece:

Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Esta Comisión Dictaminadora quiere destacar que desde 2001 Nacional Financiera creó un modelo de cadenas productivas mediante el cual se brinda apoyo a las pequeñas y medianas empresas de manera integral.

En materia turística es importante mencionar que la Secretaría de Turismo, la Nacional Financiera y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de identificar a las empresas turísticas susceptibles de ser apoyados con programas y proyectos de Nacional Financiera, entre estos las cadenas productivas.

Asimismo, reconoce que las 44 Agendas de Competitividad de Destinos Turísticos, elaboradas por la Secretaría de Turismo en 2014 tienen dentro de sus propósitos impulsar la construcción de cadenas productivas para con ello multiplicar el efecto de la inversión que se canalice en las localidades, creciendo con ello las oportunidades de trabajo y los motores para el desarrollo regional.

Por otra parte, es importante destacar que el gobierno del estado de Quintana Roo también ha trabajado por impulsar a las cadenas productivas, prueba de ello son las convenciones “Kapta Expo Proveedor”, que por conducto de la Secretaría de Economía, Asociaciones de Proveedores y el Fondo Nacional Emprendedor se han venido realizando desde hace 14 años para vincular a los productores de Quintana Roo, con los grandes compradores de sectores hoteleros, restauranteros e integrarlos a las cadenas productivas, además de brindar información y asesoría para acceder a los programas de apoyo a empresas y emprendedores que brindan diversas dependencias de los 3 órdenes de gobierno para la formación de nuevas empresas o proyectos, y para el fortalecimiento de las ya existentes.

Dada la importancia de las cadenas productivas, esta Comisión Dictaminadora considera necesario continuar con el trabajo que las autoridades, el sector privado y social, vienen realizando para impulsar las cadenas productivas en el sector turístico y con ello se tenga la oportunidad de incentivar la economía local y el turismo de nuestro país.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo, por conducto de la secretarías de Economía y Turismo, y a los gobiernos de los municipios de dicha entidad federativa, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional.

Dado en el Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

COMISIÓN DE TURISMO.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Ceseña Burgoin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen sobre zonas turísticas de Cabo San Lucas.

El Senador Ángel Salvador Ceseña Burgoin: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El turismo concebido como un fenómeno social, cultural y económico, que representa el desplazamiento de personas a lugares que se encuentran fuera del lugar de residencia, es una de las actividades más importantes para la economía, el entorno natural y las zonas edificadas de los distintos destinos que hay en México.

Es ahí donde estriba la importancia del asunto que hoy nos ocupa.

En este sentido, México es un país privilegiado que cuenta con todo tipo de sitios turísticos, que van desde aquellos que se distinguen por sus construcciones coloniales, vasta cultura y arraigadas tradiciones; hasta aquellos que son reconocidos por su gastronomía, música, danza, flora, fauna y geografía.

Por ello, México cuenta con un enorme potencial turístico.

Para dimensionar la trascendencia del turismo nacional, basta con mencionar que más de tres millones de mexicanos laboran de manera directa en el sector, lo cual genera unos importantes dividendos para las entidades y, por supuesto, para la población.

A nivel nacional, tan sólo de enero a octubre del 2013, se registró un flujo de 19 millones de turistas. Asimismo, durante el mismo periodo de tiempo, los ingresos por concepto de visitantes internacionales ascendieron a 11 millones de dólares; superando los 10 millones 269 mil dólares registrados en el mismo periodo del 2012.

Por lo que respecta al estado de Baja California Sur, como sabemos, en septiembre del 2014, el huracán Odile produjo graves estragos en la entidad, incluido el turismo. Por ello, de la misma manera que la dictaminadora, reconocemos que gracias al trabajo del gobierno federal y estatal, se ha dado una de las recuperaciones más rápidas en cuanto a sitios turísticos afectados por un huracán.

Por ejemplo, como lo refiere el dictamen, es importante señalar que de acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante la temporada de vacaciones invernales 2014, los destinos turísticos de Los Cabos, La Paz y Loreto, registraron una recuperación hotelera promedio igual a la de 2013; destacando que la recuperación que se registró en diciembre del año pasado, fue casi 7 por ciento mayor al mismo periodo del 2013, para el caso de Los Cabos.

Siguiendo esta tendencia, el mes de enero de 2015, es considerado como uno de los mejores en la historia de Los Cabos, en virtud de que en esa fecha, nuevamente se logró alcanzar el 96.5 del tráfico aéreo.

Bajo este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos a favor del presente asunto, pues como bien lo señala la dictaminadora, tanto de la pasada y por supuesto, la actual Administración Pública Federal, han sido determinantes para la conducción turística en México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, electo, por cierto, por el Estado Libre y Soberano de Yucatán.

El Senador Daniel Ávila Ruiz: Muy buenos días. Con su permiso, Senador Presidente Miguel Barbosa Huerta, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza. Compañeros y compañeras Senadoras:

Hoy me dirijo a este Pleno, para apoyar el dictamen de la Comisión de Turismo, a favor del punto de Acuerdo propuesto por nuestro compañero Senador Luis Armando Melgar Bravo, electo por el Estado Libre y Soberano de Chiapas, y suscrito también por las Senadoras Luz María Beristain, de Quintana Roo; Angélica Araujo y un servidor.

El dictamen propone al Senado emitir un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de Turismo, para que evalúe la instrumentación de un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, con el propósito de incentivar e impulsar el desarrollo de localidades del país que cuenten con atractivos turísticos naturales y de aventura.

Comparto con los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, la necesidad de establecer nuevas disposiciones y programas que abran oportunidades para el crecimiento económico y social de las comunidades y municipios que cuentan con atractivos turísticos de naturaleza.

También me adhiero, porque este tipo de turismo es un excelente modelo de aprovechamiento sustentable de la riqueza natural y ambiental de nuestro país, y una opción que incrementará el crecimiento económico nacional a través de nuevas opciones de turismo.

El turismo de naturaleza tiene un gran potencial para convertirse en autosustentable. Permite utilizar de forma responsable y óptima nuestros recursos naturales, desarrollar actividades que redunden en bienestar económico, social y ambiental, tanto para las localidades que cuenten con esos recursos, como para el total de la economía nacional.

Es claro que este tipo de turismo, es una opción para mejorar el nivel de vida de los habitantes de nuestras comunidades. Pues estoy convencido de que sería un reactivador del sector turístico actual y un motor que inyectaría nueva fuerza a las actividades de promoción, ya que los turistas de aventura buscan satisfacer objetivos muy determinados y diferentes a otro tipo de turismo.

Un país como México, clasificado entre las primeras cinco naciones con mayor biodiversidad, debería tener como objetivo crecer y volverse una potencia en este espectro turístico.

Por ello, es conveniente, que así como se implementó por la Secretaría de Turismo, en 2001, el Programa Pueblos Mágicos, para dar a conocer los atributos históricos y culturales de localidades únicas, ahora se estudie la posibilidad de instrumentar un programa que incentive e impulse el desarrollo de las localidades, que cuenten con atractivos y potencial para desarrollar el turismo de naturaleza.

De acuerdo con la propia Secretaría de Turismo, el turismo de naturaleza, se entiende a través de tres grandes sectores: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.

Todos estos segmentos están presentes en muchos de los estados de la República, y por supuesto, en mi estado, Yucatán, el cual tiene, sin duda, un sinfín de atractivos que tanto nacionales como extranjeros deben visitar.

A través del turismo de naturaleza, se pueden realizar diversas actividades y tener un entorno, un contacto directo con la cultura, tradiciones y raíces de las localidades.

En el caso de mi estado, Yucatán, con este tipo de atractivos, se puede realizar la observación de aves, nadar en las aguas de los místicos cenotes mayas, atravesar los manglares, hacer recorridos en bicicleta tipo montaña, pasear en kayak, así como realizar también pesca deportiva, entre otras actividades.

Además, se tiene la oportunidad de contribuir a la conservación de los recursos naturales y culturales de la región, convivir con las comunidades mayas y ser parte de ellas.

Yucatán, en pocas palabras, es una aventura y cuenta con organizaciones bien definidas que brindan servicios diversos para conocer toda la maravilla del estado.

Por ello, reitero, que ahora que se estudie la posibilidad de diversificar la oferta turística a través de los atractivos naturales con los que cuenta nuestro país; considerando que el turismo es un pilar fundamental para el desarrollo económico, no sólo por su aportación al Producto Interno Bruto, sino porque genera millones de empleos directos.

En ese sentido, la aplicación de reglas similares a las del Programa de Pueblos Mágicos, con comprobado éxito, beneficiaría a muchas localidades que cuentan con atractivos de naturaleza, pues si logramos en un futuro no muy lejano, que se le asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, promoveríamos su desarrollo económico y social, así como la conservación sustentable de los recursos naturales con los que cuenta.

Sin duda, con estas acciones beneficiaremos a un conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros, y ampliaremos el número de turistas nacionales e internacionales en nuestro país, México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Daniel Ávila.

En uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras y Senadores.

Me voy a referir a dos dictámenes de turismo que estamos por someter a votación.

El primero que abordaré es el punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como Pueblo Mágico.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el Programa de Pueblo Mágico ha generado 6 mil millones de pesos en derrama económica y se han recibido 4 millones de turistas en los 83 Pueblos Mágicos.

Asimismo, la Organización Mundial de Turismo prevé que para este año las llegadas de turismo internacional crezcan entre un 3 y 4%, lo que representa una excelente oportunidad para México.

Debido a que contamos con mucho potencial en todo el territorio del estado de Quintana Roo, susceptible de ser reconocido como Pueblo Mágico, es necesario que impulsemos, replicando a este programa en más localidades, siempre bajo una perspectiva de efectividad, ya que también es nuestra obligación brindar servicios de primer nivel en el turismo.

Por ello, además de impulsar, debemos supervisar y construir de la mano con los interesados, lo cual arrojará beneficios para todos los mexicanos.

Dado el gran éxito de los Pueblos Mágicos, es necesario que apoyemos particularmente los municipios que han solicitado formar parte de este programa, y que ya se les ha asignado un folio, las localidades en comento son: Isla Mujeres, Holbox, Tulum y Carrillo Puerto.
Con lo anterior se fortalecería la diversificación del turismo en mi estado, Quintana Roo, y a la vez se promovería el valor cultural con el que cuenta, además de hacer más justa la derrama económica. Es por eso que hoy les pido su respaldo para poder aprobar esta propuesta.

Y también discutimos un dictamen de gran calado, el cual está relacionado con la educación y el medio ambiente. Dicha propuesta propone robustecer la legislación en materia ambiental para incorporar los temas de desarrollo sostenible, la prevención al cambio climático y la valoración y protección del medio ambiente en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico.

Compañeros legisladores, como ustedes seguramente ya lo han notado, día a día el cambio climático está presente y es una realidad, y por ello estamos obligados a sumar esfuerzos y tomar acciones tangibles, desde iniciativas que generen un marco normativo, hasta foros de discusión en donde se busque un cambio a una transición de energía limpia, así como generar los vínculos de financiamiento internacional que se requieren, todo lo anterior para atender las necesidades que nuestra nación requiere en materia de cambio climático.

Y el siguiente punto de Acuerdo es para exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo y a los gobiernos de los municipios, en dicha entidad, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional.

Es importante que realicemos las gestiones necesarias para que los diversos agentes económicos de turismo creen cadenas que mejoren los servicios turísticos para poder brindar una mejor calidad y experiencia para el turismo, tanto nacional como internacional.

Asumiendo en materia de cambio climático esta situación, no deberíamos olvidar que la mitigación del cambio climático requiere de una estrategia integral, en donde la educación básica resulta crucial, porque es el pilar del futuro de la nación.

Ante una problemática y realidad mundial, es necesario que nuestros niños conozcan el desarrollo sostenible, lo que quiere decir, la prevención del cambio climático, la valoración y protección del medio ambiente, aunado con el turismo, porque sólo así cambiaremos el paradigma cultural que nuestro país necesita.

Las niñas y los niños al tener una educación más amplia, originarán una nación mexicana con mayor cultura social, que propiciará que tengan mayores oportunidades para gozar de un medio ambiente más sano; que de manera conjunta con el turismo cree un ambiente sustentable.

Por todo lo anterior, es que hoy estamos a favor de los presentes dictámenes, y los invito a que voten a favor de todas estas propuestas.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

En uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Al igual que mi compañera Senadora Beristain y mi compañero Senador Ávila, que me precedieron aquí en la palabra, nosotros estamos proponiendo, en el Partido Verde Ecologista de México, que este punto que se propone que se lleve a cabo. Es de total y absoluta importancia, no sólo porque reconoce una realidad en nuestro país. Esta realidad que tiene que ver con la enorme pobreza que existe en algunos estados, particularmente en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, como en el estado de Guerrero, sin excluir otros estados que también presentan pobreza y que también presentan falta de oportunidades.

Con esta iniciativa lo que nosotros buscamos es que se tenga muy claro que la pobreza sólo se resuelve generando riqueza. Y de la misma manera, también tenemos que tener, con precisión y certeza en políticas públicas, las medidas que son necesarias para el fortalecimiento de nuestras áreas y nuestras reservas naturales.

Esta iniciativa, que promueve un turismo productivo, tiene que ver, de manera muy focalizada, con buscar que estos sitios de naturaleza mágicos, o como les podamos denominar, son sitios que buscan preservar áreas naturales, al mismo tiempo que buscan que se logre generar un desarrollo económico productivo.

Nosotros, en el Partido Verde Ecologista de México, estamos completamente convencidos de que estas medidas son medidas de política pública moderna, de una política pública sustentada en una visión moderna para hacer las cosas de cara a los enormes problemas de pobreza que tenemos.

Por todo esto, les pido que respaldemos este dictamen, que se apruebe el exhorto que hoy vamos a votar, con el fin de garantizar la necesaria y urgente sintonía, y de esta manera nos pongamos en un gobierno moderno, en un gobierno con una visión de preservación de nuestros recursos naturales, al mismo tiempo que también se combata a la pobreza.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Luis Armando Melgar.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los cinco dictámenes que se han discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Compañeros Senadores, Senadoras, en el marco del Seminario: "La Constitución, análisis rumbo a su centenario", la Mesa Directiva suscribió una iniciativa con proyecto de Decreto para declarar como sede del Senado el recinto parlamentario del Palacio Nacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA DECLARAR COMO SEDE DEL SENADO EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PALACIO NACIONAL

(Presentada por los Senadores integrantes de la Mesa Directiva)



Este documento se encuentra disponible en sus escaños para su conocimiento. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a la agenda del día de hoy el asunto referido. Quienes estén porque se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto que ha hecho referencia el señor Presidente, se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión el proyecto. Si hubiera algún interesado, interesada, en hacer uso de la voz, hágalo saber. En virtud de que no hay interesado, interesada, está a discusión el siguiente artículo.

"Único.- Se declara Recinto Oficial de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, que fue la sede del Congreso de la Unión del 1° de enero de 1829 al 22 de agosto de 1872, exclusivamente para que el Senado de la República celebre sesión solemne el miércoles 15 de abril del 2015, a las 11:00 horas, en el marco del Seminario: "La Constitución, análisis rumbo a su centenario", con los siguientes transitorios.

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

Segundo.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.- El presente Decreto queda abrogado una vez que se cumpla con su cometido.

Está a discusión.

No habiendo interesado en hablar, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 88 votos: 82 a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria. Aprobado el Decreto por el que se declara Recinto Oficial de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, que fue la sede del Congreso de la Unión del 1° de enero de 1829 al 22 de agosto de 1872, donde fue aprobada la Constitución de 1857, exclusivamente para que el Senado de la República celebre una sesión solemne el miércoles 15 de abril del 2015, a las 11:00 horas, en el marco del Seminario: "La Constitución, análisis rumbo a su centenario".

Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

 






En complemento del anterior asunto, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la decisión de llevar a cabo la sesión solemne el 15 de abril del 2015, en el recinto parlamentario de Palacio Nacional.

Este Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Primero.- La Cámara de Senadores acuerda celebrar sesión solemne el miércoles 15 de abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, en el marco del Seminario: “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”.

Segundo.- A esta sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Presidente de la Cámara de Diputados.

Durante su presencia en el salón de sesiones, a los titulares de los Poderes de la Unión o de sus representantes y al Presidente de la Cámara de Diputados se les asignará un escaño en el presidium

Tercero.- En esta sesión solemne tendrán lugar las siguientes intervenciones y en el orden que se menciona.

Del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Del representante del titular del Ejecutivo Federal.

Del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Cuarto.- En reconocimiento a la investidura de los titulares de los Poderes de la Unión o de sus representantes, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones del ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado.

Quinto.- Como acto final de la sesión solemne se entonará el Himno Nacional.

Sexto.- Se instruye a las Secretarías Generales del Senado que realicen las tareas logísticas necesarias con el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la organización de la sesión solemne.

Séptimo.- Se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne.

Transitorios

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Segundo.- Publíquese en la Gaceta del Senado de la República.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo orador u oradora registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo para realizar la sesión solemne el 15 de abril de 2015, en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Comuníquese.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designa a la ciudadana Mónica González Contró como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

NOMBRAMIENTO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Único. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo sexto, Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el artículo 255, numeral 1, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, designa como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana Mónica González Contró.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para estos efectos ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

La Comisión de Derechos Humanos recibió del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la renuncia de uno de los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo autónomo.

Como es el procedimiento inscrito en la Constitución y en la propia Ley de la CNDH, el Senado de la República convocó a organizaciones, especialistas, a que se inscribiesen para que este lugar del Consejo Consultivo fuese integrado por una personalidad, defensora de los derechos humanos; y en ese proceso, la Comisión de Derechos Humanos recibió seis propuestas de aspirantes a ocupar esta integración en el Consejo Consultivo.

Las seis personalidades de una gran relevancia: Carlos Pérez Vázquez, Luis de la Barreda Solórzano, Erasmo Adolfo Sáenz Carrete, Francisco Fernando Pimentel González, Fernando Soto Cruz, María Elena Morera Mitre y Mónica González Contró.

Quiero informar a ustedes que en las comparecencias, las seis personas que acabo de mencionar, no solamente mostraron un gran conocimiento en la materia de derechos humanos, lo cual, además, queda refrendado con la currícula que entregaron en función de los requisitos establecidos en la convocatoria que giramos, y para la comisión fue bastante difícil llegar a la determinación de quién tenía que ocupar este encargo en el Consejo Consultivo de la CNDH.

De tal forma que en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos las y los integrantes de esta comisión decidimos finalmente unirnos en el nombramiento de la ciudadana doctora Mónica González Contró.

Ella tiene una gran experiencia como defensora de los derechos humanos, particularmente es una especialista en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y por supuesto, es una académica que por su rigurosidad es indispensable leerla, estudiarla; y estamos ciertas y ciertos, seguras y seguros, de que vendrá a fortalecer el Consejo Consultivo de la CNDH.

Es por eso que hoy presentamos este dictamen para que, como lo plantea, como lo señala también la propia Constitución y la propia ley en la materia, procedamos, si ustedes así lo determinan, a que reunamos cuando menos los dos tercios legales obligatorios de votos de ustedes para que podamos finalmente determinar con puntualidad el cumplimiento del mandato legal.

Lo que estamos pidiéndoles a todos ustedes es que refrenden con su votación en cédula, un poco más tarde, cuando lo instruya el Presidente de la Mesa Directiva, para que con toda certidumbre podamos lograr cuando menos los dos tercios de votos que nos obliga la Constitución y logremos que Mónica González Contró se integre al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por cierto, esta integración nos va a permitir, y no debo obviar mencionarlo, que el Consejo Consultivo tenga la paridad; es decir, será constituido por cinco hombres y con ella serían cinco mujeres.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.

Se pregunta a la Asamblea si alguna Senadora o Senador tienen interés de opinar sobre este tema.

Sonido en el escaño de la Senadora Dávila Fernández.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Nada más señalar que la importancia de este nombramiento radica justamente en el perfil de quien hoy será ratificada por este Pleno, y que, evidentemente, viene a fortalecer recientes ordenamientos que este Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, ha aprobado, me refiero a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, quiero destacar que hay o hubo otros perfiles también, y entre ellos quisiera mencionar especialmente el de María Elena Morera, que es uno de los perfiles más completos que su servidora ha visto en términos de su participación, y no quiero dejar de reconocer el de ella y el de algunas otras personalidades que participaron; sin embargo, la importancia de fortalecer temas como el de la niñez que este Senado de la República ha puesto total interés, nos inclinó a decidir por el perfil de Mónica González.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Se toma en consideración esta opinión de la Senadora Dávila, para que se registre en el Diario de los Debates.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal.

Se les recuerda que para la aprobación de este nombramiento, se debe reunir una mayoría de dos tercios de las y los Senadores presentes.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se tiene un total de 87 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se designa a la ciudadana Mónica González Contró como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Mónica González Contró, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores: Lucero Saldaña, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila y Marco Antonio Blásquez Salinas, la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de toma de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Solicito sean tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadana Mónica González Contró: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Mónica González Contró: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Consejera!

Solicito a la comisión designada acompañe a la señora González Contró cuando desee retirarse del salón.

¡Felicidades!






El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tenemos ahora la segunda lectura    de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia del interés superior de la niñez.

Les informo que la Comisión de Educación hizo del conocimiento de la Mesa Directiva, un error de captura en una de las hojas del dictamen, es un ajuste respecto al propósito del proyecto del Decreto. La nueva versión del dictamen es la que está publicada en la Gaceta el día de hoy, y es la que se someterá a la consideración de las y los señores Senadores en este Pleno.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del presente dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con su permiso, señor Presidente.

El día de hoy los legisladores del Senado de la República vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión trascendente; incorporar por primera ocasión en el texto de la Ley General de Educación, el principio del interés superior de la niñez, que aunque ya está en la Constitución, en la Carta Magna, no está en la ley general de la materia.

El origen de esto, y debo reconocerlo, es iniciativa de los Senadores Angélica de la Peña y Sofío Ramírez.

En el plano mundial, el interés superior de la niñez del Derecho Internacional, ha pasado por varias etapas: la Declaración de Ginebra, en 1924; la Declaración de Derechos Humanos, que recordaremos es de 1948; la Declaración de los Derechos del Niño, que es de 1959; así como también la Convención de los Derechos del Niño, de 1989.

Estas convenciones nos han entregado principalmente cuatro principios rectores que hoy permean la legislación: primero, la no discriminación; segundo, la supervivencia del desarrollo; tercero, la participación; y cuarto, el interés superior de la niñez.

Hay que recordar que la obligación del derecho a la educación nos da varias características imperativas.

Primero. La asequibilidad que tiene que ver con que este derecho sea disponible.

Segundo. Su accesibilidad para que en los espacios públicos no exista discriminación alguna.

Tercero. Su adaptabilidad para que se concilie con el principio de calidad.

Y cuarto. Su adaptabilidad para que esto tenga mejores condiciones.

Esta iniciativa se vio enriquecida en el proceso parlamentario, y quiero agradecer a la Comisión de Estudios Legislativos correspondiente y a todos los miembros de la Comisión de Educación.

Pero también quiero destacar que aquí hay una advertencia para tomar en cuenta. No se puede caminar por el mundo presumiendo reformas de vanguardia y creyendo que por generación espontánea, por poner el interés superior de la niñez en diferentes legislaciones, ya se van a cristalizar algunas realidades. Se requieren condiciones diversas: económicas, humanas e institucionales.

Ayer comentábamos en un punto de Acuerdo que los derechos cuestan y la no atención a los derechos cuesta todavía más. Estamos legislando temas de una nueva generación que son muy importantes, pero que no pueden quedar solamente en la inspiración, tiene que ver la obligación, y aquí quiero destacar que ya van varias ocasiones en que la Secretaría de Hacienda se acerca para acotar lo que queremos legislar, porque señalan que esto no va a ser posible, esto es una ley, es general, es abstracta, es impersonal y, por supuesto, que tiene que ser obligatoria.

En este marco, el camino no ha concluido, voy a destacar, por ejemplo, un pendiente en el ámbito internacional.

Tenemos, por parte del Ejecutivo Federal, la revisión que no ha trascendido en la firma correspondiente del protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicaciones de 2011, ya hay dos etapas previas que se han desahogado.

Una. El facultativo en protocolo en lo que se refiere a los niños que están en zonas de conflictos armados.

Dos. Respecto a la venta de niños, prostitución y pornografía infantil.

Y este tema que está pendiente espero que el Ejecutivo Federal, a través de la Presidencia de la República y la Cancillería le pueda dar la relevancia correspondiente, es muy importante porque no hay un protocolo de comunicación para la atención en todo esto.

Por ejemplo, en los Conejos de Participación Social y Ciudadana los niños, las niñas y las jóvenes no están participando. Por eso, el día de hoy es muy importante reconocer que estamos ubicando estos principios sustantivos en la Ley General de Educación; sin embargo, también tenemos que decir, y lo decimos con énfasis y con intento de prudencia, basta de demagogia, no basta con modificar la ley, tenemos que hacer, no lo posible, lo necesario para que ésta se cumpla.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Está a discusión en lo general, por lo que informo a la Asamblea que se han inscrito en lo general, los Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Luciano Borreguín González, Sofío Ramírez Hernández y Fidel Demédicis Hidalgo.

Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Señor Presidente, muchas gracias.

El dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, que modifica distintos artículos de la Ley General de Educación, es muy pertinente por varias cuestiones; la más importante tiene que ver con una armonización con la recién publicada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el interés superior de la niñez.

El interés superior de la niñez fue inscrito por primera ocasión en 1959, en la Declaración sobre los Derechos del Niño, que inscribían 10 principios, desde Naciones Unidas. Fue el primer debate en donde se plantea con puntualidad que ningún interés puede estar por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y en este caso, el dictamen que nos ocupa tiene claramente inscrito que ningún interés puede estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que les impida el acceso a los servicios educativos, a las instalaciones, a la infraestructura para recibir educación en días escolares.

Este es un tema que debiese ser de una preocupación formal, una preocupación objetiva, una preocupación sin ningún tapujo donde en el Senado de la República hablemos de lo que significa para un niño ir a la escuela todos los días del ciclo escolar, y lo que significa que un niño deje de ir a la escuela un tercio, o más, o menos del ciclo escolar al que tiene derecho.

Por tanto, hoy las autoridades educativas tienen que, a partir de esta inscripción, tomar consideración que ningún interés, por más legítimo que sea, puede estar por encima del interés superior de niñas, niños y adolescentes a recibir su educación en todo el ciclo escolar.

Debemos analizar que una niña, un niño, tiene un desarrollo, a partir de su edad, cognoscitivo, y no es igual, dependiendo la edad, un mes, otro mes, o 6 meses después de su vida.

Por eso el ciclo escolar está diseñado pedagógicamente para tener en cada mes del ciclo escolar, ciertos preceptos educativos que le permitan ir avanzando en la persecución de un desarrollo de percepción de la educación, de la enseñanza en las materias en la que está inscrito el ciclo escolar, para que esa niña o niño, en función de su edad, vaya adquiriendo progresivamente el conocimiento.

Cuando se interrumpe ese ciclo, cuando se dejan meses sin darles educación a las niñas y a los niños, entonces es contraproducente para su desarrollo cognoscitivo, para su educación y, por lo tanto, para el proyecto de vida que tienen derecho como personas humanas.

Por eso es muy importante que el día de hoy, el Senado de la República, estas comisiones estén dictaminando ese principio rector de los derechos humanos de niñas y niños, que además fue refrendado en la Convención sobre Derechos de la Niñez, de manera mucho más amplia, a partir de 20, 30 años de discusión en el mundo, insisto, a partir de 1959 en que se inscribe por primera ocasión la Declaración sobre Derechos de la Niñez en Naciones Unidas, y que finalmente queda inscrito como un principio rector de los derechos en la convención sobre la materia.

De tal manera que, simplemente quiero refrendar algo que ya se ha señalado en la opinión consultiva 17/2002, sobre la condición jurídica y derechos de la niñez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Un mundo, dice la Corte, que descuida a sus niños y niñas, que destruye el encanto de su infancia dentro de ellos, que pone un fin prematuro a su inocencia y que le somete a toda clase de privaciones y humillaciones, efectivamente no tiene futuro”.

Por tanto, es importante que los Estados tomen todas las medidas necesarias para prevenir que niñas y niños queden expuestos a castigos denigrantes o corporales, a la humillación, al acoso y a la violencia, en especial, a manos del personal que trabaja dentro de las instituciones educativas y que son responsables de niñas y niños.

También, el interés superior de la niñez, señoras y señores, tiene que ver con que a partir de esta ley, de estas modificaciones, ningún maestro, ninguna maestra puede maltratar a las niñas y a los niños.

Incluir este principio es seguir la ruta que se inició cuando se modificó el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Por lo tanto, llamamos a que se vote de manera positiva este dictamen.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luciano Borreguín González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Borreguín.

El Senador Luciano Borreguín González: Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores y Senadoras:

Al hablar de la infancia, nos referimos a niñas, niños y adolescentes. Al incluir a éstos últimos, redireccionamos los sistemas de protección infantil, reconociendo que en esta etapa de la niñez se es propietario de los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas, enfocados a proteger los derechos de su propia personalidad, así como el de su dignidad, la cual el Estado proveerá lo necesario para propiciarlo.

La primera referencia sobre el interés superior de la niñez fue en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, en donde el niño es reconocido universalmente como un ser humano, que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente.

En su artículo 1o. se entiende por niño a todo ser humano menor a 18 años.

En la actualidad, el principio de interés superior de la niñez aparece ya como un principio rector de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, convirtiéndose en una disposición de interpretación jurídica en todo su articulado.

Las resoluciones como los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad como lo establece el artículo 1o. de nuestra Constitución.

Asimismo, como lo dispuesto en el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana ha establecido que el principio de interés superior de la niñez implica que el desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de las normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la de la vida del niño, considerando que ellos son sujetos activos y destinatarios de sus propios derechos, obteniendo así una vida digna, permitiendo alcanzar el máximo bienestar posible.

Para ello debemos construir condiciones favorables como sociedad y gobierno, crear instrumentos para garantizar, respetar y proteger el ejercicio de sus derechos humanos.

La educación es un eje clave del desarrollo que contribuye a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad.

En nuestro país, la educación es parte de derechos humanos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El interés superior de la niñez redunda en el ejercicio del derecho a la educación a que sea gratuita y obligatoria, favoreciendo su cultura, desarrollando aptitudes y generando así condiciones de igualdad y oportunidades, que ahora deben de ser de calidad, tanto de educación básica como la media-superior”, establecido en el artículo 3o. de la Ley General de Educación.

La obligatoriedad de la educación media-superior se estableció con la reforma constitucional del 9 de febrero del 2012, para que ningún joven se quede sin cursar el bachillerato, considerando que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo integral y formativo de esta etapa de la niñez.

El presente dictamen que reforma la Ley General de Educación, en la cual consagra el principio de interés superior de la niñez y la obligatoriedad de la educación media-superior, y se refiere a éste ya como un derecho consolidado, la calidad educativa, con reconocimiento de validez oficial que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y particulares, fortaleciendo la protección de sus derechos humanos.

Se hace una armonización de los artículos de manera que se atienda en todo momento el interés superior de la niñez, ya que ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y las autoridades; establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio, lo cual se dirige a la formulación de políticas públicas, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de la niñez.

En este sentido, al aprobar el presente dictamen, se protege y salvaguarda el derecho fundamental de la infancia y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ejercerlos por sí mismos, desarrollando así su autonomía, consolidando la satisfacción integral de sus derechos a través de este principio, priorizando siempre el interés de la niñez en caso de vulnerabilidad, preservando así un desarrollo integral.

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Señor Presidente, muchas gracias por el espacio. Compañeras Senadoras, Senadores:

Primeramente, quiero reconocer a los integrantes de la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, de tal manera de que pusieron un gran esfuerzo para poder retomar esta iniciativa, de darle por primera vez a millones de mexicanos la oportunidad de tener como principio de obligatoriedad, no nada más en el concepto de un derecho, sino la obligatoriedad de la educación; no nada más en el nivel preescolar, primaria, secundaria o media básica, sino la educación media superior.

La educación debemos de concebirla siempre como el pilar fundamental para el desarrollo humano de todos los mexicanos.

Y es por eso que reconozco a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Senadora Angélica de la Peña, el arduo trabajo que siempre ha impulsado, precisamente, en la comisión que representa; y la educación para los niños, niñas y adolescentes es y será siempre parte de los derechos humanos, de sus derechos humanos, en los que debemos de poner nuestro mayor esfuerzo y aportación, todos, para que se alcance a plenitud el principio básico: la educación.

La educación, reitero, será siempre el espacio generador de mayor oportunidad para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo de los pueblos, pero sobre todo, para la consolidación de las familias.

Pero es a través, también, de la educación como podemos erradicar prácticas que han atentado, han lastimado los derechos de las niñas y las adolescentes.

No podemos negar una realidad, que aquí en México, y particularmente en los pueblos originarios. El caso concreto, la región de la montaña, de mi estado, de Guerrero, existen localidades de pueblos indígenas donde, en función de su tradición, su costumbre, hay manipulación hasta de los propios padres de familia, en función de la decisión que deben de tomar las adolescentes sobre su matrimonio, porque se mueven en la esfera de las tradiciones y de las costumbres.

Y el desarrollo humano, es cierto que se da, en primer momento, en el seno de la familia. Pero el desarrollo universal, en su capacidad, en su conocimiento, se da desde adentro de las instituciones educativas, como parte de la obligación del Estado mexicano.

Y no es la misma percepción de un adolescente, que no sabe leer, que no sabe escribir, o que nada más tiene su educación primaria, cuando llega la decisión, la manipulación o lo que para ellos es normal, cuando se tiene que tomar la decisión de matrimonio, a que le propongan a una adolescente, que no sabe leer, o que reitero, tiene nada más primaria o secundaria, a una adolescente que tenga su bachillerato; la percepción es completamente diferente, como decía la Senadora Angélica de la Peña, hasta en función de su propio desarrollo humano, por razones de edad.

Quiero compartir una experiencia de reflexión. Allá en un municipio, en una localidad que se llama Santacruz, la estadística, es un pueblo mixteco, la estadística indicaba que las niñas o, perdón, las adolescentes, tomaban su decisión de matrimonio en función de la tradición y la costumbre, con los intermediarios y con el aval de lo que representa el seno de la propia familia; pero cuando se aperturó, porque nada más tenían primaria, cuando se aperturó la educación media básica, a través de una telesecundaria, seis, ocho años después, la estadística disminuyó, porque ya las adolescentes tenían tres años de educación, tres años en su desarrollo humano, tres años de conocimiento.

Y si aunado a esos tres años, que antes no se tenía, que es la secundaria, ahora damos la oportunidad, en un principio de obligatoriedad, para lo que representa la modificación del artículo 4o. de la Ley General de Educación, para que todos los niños y niñas tengan el derecho a la educación media superior, yo estoy plenamente convencido, como un hombre que viene de esas familias de los pueblos originarios, yo estoy plenamente convencido que no nada más será una gran oportunidad para poder fortalecer la toma de decisiones, su crecimiento en término de nivel de conocimiento de las adolescentes y de los adolescentes, sino que para todos los mexicanos.

Por eso es, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que les pedimos que puedan dar su voto a favor de este dictamen, que en la Comisión de Educación se hizo el análisis correspondiente y que con ello se va a armonizar lo que ya está establecido en la Constitución General de la República, en la Carta Magna, la obligatoriedad de la educación media superior, pero que es necesario acreditarla ya en ley, armonizarla en la Ley General de Educación, y que sea para el bien de todos los mexicanos, particularmente para las niñas, los niños, las y los adolescentes.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del presente dictamen.

Enseguida tendrá el uso de la palabra el señor Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, y con eso cerramos las intervenciones, según los oradores inscritos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Suceden tantas situaciones, que la mea culpa hay que señalar a quien le corresponde.

Hoy el Senado de la República, a través de su Comisión de Educación y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, está haciendo una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, con un sentido concreto: Que las acciones educativas tengan un enfoque de derechos humanos.

Es decir, el Senado de la República, una de sus responsabilidades constitucionales, es la de hacer leyes o la de reformar y modificar leyes.

Frente al pueblo, esa parte la estamos cumpliendo de manera cabal. Porque necesitamos crear un andamiaje jurídico que permita que los derechos de las niñas, niños y adolescentes estén garantizados a plenitud.

Hoy todo mundo se pregunta, ¿por qué la violencia está desatada en las escuelas?

¿Por qué la violencia está desatada en la sociedad?

¿Por qué la violencia es el sello característico de estas generaciones?

Los pedagogos de todo el mundo, los antiguos y los actuales, absolutamente todos señalan algo que el gobierno de la República, que el Secretario de Educación, que los Subsecretarios respectivos, que los directores de los institutos de educación básica del país, no quieren atender.

La violencia es un fracaso pedagógico, y es necesario que se entienda de esa manera.

Cuando discutimos la reforma educativa, puntualizamos que no podíamos hacer esa reforma, porque no se ponía en el centro del debate cuál era el perfil del educando que se pretendía obtener de esa reforma.

Nunca se quiso discutir eso, se discutieron otras cuestiones, pero nunca se dijo: “Vamos a modificar el perfil violento del egresado del Sistema Educativo Nacional, vamos a mejorar la percepción de los niños, niñas y adolescentes de este país en relación con el amor a la Patria, en relación con los derechos humanos, en relación con la convivencia pacífica”, jamás se quiso discutir eso, pero nunca es tarde, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, nunca es tarde.

Hoy iniciamos una serie de diálogos con especialistas en temas de violencia escolar, igual que los pedagogos, desde la visión de la UNICEF y de otros organismos internacionales y nacionales. Se requiere revisar algo que es elemental: la currícula, tanto del educando, como del educador.

Está comprobado que lo que se obtiene del Sistema Educativo Nacional es un perfil que no le gusta absolutamente a nadie. Hoy todo mundo habla del bullying, hoy todo mundo habla de la violencia y hablan de sanciones. Hay que sancionar.

Diría una compañera que me antecedió en el uso de la palabra, que habría que sancionar a los profesores y a las profesoras que maltraten a los niños, a las niñas y a los adolescentes, hay que castigarlos.

Aquí la pregunta es: ¿Quién va a sancionar al que ha desatado la violencia institucional en contra de nuestros infantes?, ¿quién tiene la obligación de garantizarle a los niños, niñas y adolescentes que la educación sea de calidad?, ¿el Estado mexicano?

Y hay un responsable, el ciudadano Presidente de la República, y hay un responsable del sector, el ciudadano Secretario de Educación. Ninguno se preocupa por esto que estamos planteando, pero a ellos no se les corren sanciones.

Para empezar, el ciudadano Presidente tiene un fuero constitucional que lo protege de este tipo de sanciones, que es necesario que también lo alcancen, porque está perjudicando lo más hermoso que tiene un país, que son sus niñas, niños y adolescentes.

Para que tengamos un enfoque de derechos humanos en educación necesariamente, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, entiéndanlo, se requiere modificar la currícula del educador y de los educandos.

Parafraseo a mi compañero Presidente de la Comisión de Educación, a Juan Carlos Romero Hicks, "la implementación de la ley cuesta", ayer lo señalamos con puntualidad, pero no implementarla cuesta más caro, porque nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están viviendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, y son víctimas de la cooptación por parte de los delincuentes, redes de prostitución en muchas partes de México, los pequeños son utilizados como narcomenudistas para vender las famosas grapas.

Compañeros, compañeras: Hay que reformar la ley, pero el Senado de la República tiene el peso político para exigirle al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones.

Tenemos ese peso político y hay que hacerlo valer por el bien de las niñas, niños y adolescentes de este país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudimos esta tarde a la tribuna para hacer uso de la palabra en favor del dictamen,  pero también para que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI digamos que, efectivamente, una de las prioridades fundamentales que tenemos los Senadores del PRI es precisamente trabajar a favor de la niñez.

Casualmente el día de ayer aprobamos en esta misma Cámara una importante adecuación de nuestras leyes en materia de las edades mínimas para trabajar, según lo que ayer aprobamos aquí por consenso para compasarnos con la Organización Internacional del Trabajo.

Hoy mismo en la mañana, desde las 9 de la mañana, y aún ahora mismo, se está trabajando en una ronda de comparecencias públicas para armonizar la Ley General de Educación con la nueva Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para erradicar la violencia.

Eso habla de la gran importancia que tiene para el debate y para la lucha parlamentaria el tema de los niños, por eso hoy estamos aquí convencidos de que, efectivamente, los intereses superiores de lo más importante que tiene este país, de lo más importante que tenemos todas y todos los que tenemos la fortuna de ser padres, que son nuestros hijos, debe tener una salvaguarda en la Constitución, y particularmente ahora en la Ley General de Educación, en el artículo 4o., como se anota en el dictamen que hoy se presenta.

Desde luego, proveer la certeza legal de los derechos de los niños, entre otros el de educación, es algo que hacemos convencidos de que el futuro del país se encuentra en esas niñas y en esos niños que están cursando su preparación en las aulas. Y que así como lo dice también la Constitución, “deberán tener también derecho a la educación de calidad”, ahora mismo nosotros estaremos proveyendo de esta herramienta, también legal, que habrá de servir para la formación de niñas y de niños mejor preparados para el futuro.

Hace rato lo decíamos, no es suficiente con que nosotros inscribamos en las leyes todo lo que concierne a los derechos de los niños y de las niñas, no solamente es suficiente con que la letra constitucional lo establezca con claridad; es necesario que logremos aterrizar en un ejercicio transversal de políticas públicas que estos derechos se conviertan en realidad, pero precisamente a quienes va dirigido.

No es sólo suficiente con pronunciamientos y discursos aquí y en otros lados; es necesario que este reto que nos impongamos todos nos tome convencidos de que tenemos y que podemos aportar algo.

Miren ustedes, hacíamos una reflexión hace unos minutos en el Pleno de la Comisión de Educación, y decíamos que es esencial para erradicar, por ejemplo, la violencia, el acoso escolar, el amor de la familia, el inculcar los valores y los principios a los niños para que logremos hacer niños felices; que se conviertan en adolescentes felices, que sean adultos felices, y que siendo felices hagan las cosas con gusto para que las hagan bien, para que entonces la productividad y la competitividad, producto del gusto con el que se hacen las cosas, sea el sello que caracterice al desarrollo de este país.

Por eso estamos de acuerdo que los intereses superiores de la niñez deben ir en éste y en todos los artículos que sea necesario, pero es más necesario que lo hagamos realidad en los hechos y en las acciones, y no solamente del gobierno, sino de todos quienes vivimos en este país.

Por eso, y por muchas cosas que seguramente estaremos discutiendo en los próximos días, votaremos a favor de este dictamen.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Como lo anuncié, hace dos oradores, y en virtud de que ya no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

Se informa a la Asamblea que el posicionamiento para referirse al dictamen de la Comisión de Educación, del Senador Monreal, se integrará de manera textual al Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Posicionamiento para referirse al dictamen de la Comisión de Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez en la Ley general de educación

Con el permiso de la Presidencia.

Dentro del avance al reconocimiento y protección de los derechos humanos, se ha dado una creciente especialización en cuanto a los sujetos que deben ser especialmente protegidos, de tal suerte que hoy no sólo se encuentran derechos pertenecientes a las personas, hoy hay derechos especiales para grupos como niñas, niños, adolescentes mujeres y personas con capacidades diferentes.

Los derechos fundamentales en el mundo, se han posicionado como barreras inaccesibles ante todo tipo de poder, posicionando en la máxima jerarquía en aras de protección de los individuos. Esto es por el reconocimiento de la dignidad y autonomía de cada ser humano.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º párrafo primero señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Es bajo este principio que a nivel internacional ha existido un impulso por la defensa y superioridad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

México, en 2011 asumió un compromiso con los Derechos Humanos a nivel internacional, esto quiere decir que los órganos del Estado están obligados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos, especialmente los de las niñas, niños y adolescentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy en día consagra en su artículo 4º el principio del interés superior de la niñez; el cual, debe ser interpretado en conformidad con el artículo 1º del mismo ordenamiento; de esta manera, todas las autoridades del poder público deben velar porque sus actuaciones sean encaminadas al máximo beneficio de este sector. De ahí que el Estado mexicano está vinculado al respeto y protección de estos derechos de este sector poblacional.

Sin embargo, la niñez mexicana es víctima constante de atropellos y violaciones a sus derechos, por lo que no se encuentran en las condiciones óptimas para desarrollar una vida plena.

La incorporación del principio de interés superior de la niñez en la Ley General de Educación significa avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Estado en proteger a niñas, niños y adolescentes.

Si bien a nivel constitucional ya existe dicho reconocimiento, las leyes secundarias dirigidas a este sector poblacional deben contemplar dicho principio y de esta manera establecer como obligación para los tres órdenes de gobierno que toda acción y actuación no puede estar por encima de la protección de la niñez mexicana.

Recientemente este principio también fue reconocido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que significa que la articulación de la legislación secundaria deberá mostrar sus resultados en un corto plazo, ya que ahora será el turno de las autoridades para demostrar que estos cambios son en beneficio de la niñez.

El primer promotor del respeto al principio de interés superior de la niñez debe ser la autoridad educativa, cada docente, cada directivo y en cada centro escolar, se debe promover que ninguna decisión puede estar por encima de dicho principio, y con ello garantizar su desarrollo pleno.

El derecho a una educación de calidad, incluyente y respetuosa de los derechos humanos, es la columna vertebral de toda nación, esto resulta primordial para poder ejercer, defender y divulgar los demás derechos inherentes del ser humano. La educación fortalece los ámbitos económicos, tecnológicos, académicos, sociales, políticos y culturales.   

Las niñas, niños y adolescentes del país merecen que el poder público en México tome las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida. Por ellos y por todos los mexicanos es la lucha por los derechos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 88 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Antes de hacer la declaratoria correspondiente, informo a la Asamblea que hacen falta por votar dos dictámenes de manera nominal.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que propone la designación de un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, en el estado de Campeche.

El Acuerdo se origina en la renuncia de la Magistrada Gloria Vilmary Pérez Escobar, que fue designada por esta Asamblea para integrar el órgano jurisdiccional para el estado de Campeche, el 6 de octubre del año 2014.

En la sesión del 14 de octubre del 2014, se dio cuenta con la comunicación de la ciudadana Pérez Escobar, por lo que se informó de su renuncia y, con ello, se generó una vacante en dicho órgano electoral.

El Acuerdo de la Junta, que estamos recibiendo, presenta la propuesta de designación para cubrir dicha vacante.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que este asunto se incorpore en la agenda de este día para el trámite correspondiente.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto de referencia se incorpore a la agenda del día de hoy. Quienes estén porque se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. El Acuerdo está disponible en sus escaños, señores Senadores.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Primero.- La Junta de Coordinación Política propone, por medio de la Mesa Directiva, al Pleno del Senado de la República, la designación del ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, como Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Campeche, por un periodo de siete años.

Segundo.- En caso de que el candidato no reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción IV, Apartado 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, según se requiera.

Tercero.- La Mesa Directiva convocará a quien resulte designado para el acto de protesta.

Cuarto.- La designación de quien resulte electo se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Titular del Ejecutivo del estado de Campeche, al congreso local del estado de Campeche, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo Local en Materia Electoral.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. Para cumplir con lo dispuesto por el párrafo quinto del inciso C de la fracción IV del artículo 116 constitucional, procederemos a consultar a la Asamblea sobre la designación del ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. La designación la realizaremos a través de una votación nominal, como dispone la norma.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.

Les recuerdo que para aprobarse este nombramiento, se debe de reunir una mayoría de dos tercios de los señores Senadores presentes.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron 84 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, se designa al ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez como Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Campeche por un periodo de siete años. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el referido ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, por lo que solicito a las y los Senadores: Zoé Robledo, Víctor Salinas Balam, Jorge Luis Lavalle Maury, Angélica de la Peña Gómez y David Monreal Ávila, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Si son tan amables de ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

Ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Campeche por un periodo de siete años, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Carlos Francisco Huitz Gutiérrez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades señor Magistrado!

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Carlos Francisco Huitz Gutiérrez cuando desee retirarse del salón, y lo invitamos a esta Presidencia a que acuda a recibir su nombramiento correspondiente.

Informo a la Asamblea que teníamos prevista la discusión de un segundo dictamen de  las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que están inscritos como oradores los Senadores: Jesús Casillas Romero, Alejandro Encinas Rodríguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Lorena Cuéllar Cisneros y Graciela Ortiz González, y para dar lugar a todas las intervenciones de los señores oradores, este dictamen se discutirá el día de mañana.






Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política nos remitieron un Acuerdo que propone modificaciones en la conformación de las comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura a sus resolutivos.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Primero. El Senador Joel Ayala Almeida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja como Secretario de la Comisión de Defensa Nacional y se da de alta al Senador Ricardo Urzúa Rivera.

Segundo. El Senador Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja como Secretario de la Comisión de Defensa Nacional y se da de alta al Senador Ángel Salvador Ceseña Burgoin.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está a discusión el Acuerdo. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo referido es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






EXCITATIVA

A petición del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de Decreto que reforma el artículo 165 de la Ley de Amparo.

El que suscribe, SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXII LEGISLATURA, y con fundamento a lo establecido en los artículos 8, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente se formule EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En la sesión ordinaria del 3 de abril del año 2013, presenté ante el Pleno del Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, misma que fue turnada a las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, segunda.

II. Esta nueva Ley Reglamentaria, al referirse en el título segundo “De los procedimientos de amparo” y en el “capítulo I” denominado “El amparo indirecto” tiene una sección tercera específica que se refiere a la “Suspensión del acto reclamado”, donde a partir del artículo 159, inicia la reglamentación de la suspensión en una “Segunda parte” denominada “En materia penal”.

III. Ante la minuta remitida por la Cámara de Diputados Federal, en la discusión de la segunda lectura del dictamen en esta honorable Cámara de Senadores, el suscrito reservó una modificación sustancial al primer párrafo del artículo 165 del proyecto de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para que tratándose de la suspensión que resolviera un Juez de Distrito, la Ley, faculta en los asuntos que no corresponden a la delincuencia organizada, que aplique la citada suspensión y otorgue la libertad al quejoso hasta en las siguientes cuarenta y ocho horas.

IV. Lo anterior, pone de manifiesto que se violenta el espíritu constitucional integral de los derechos humanos, patente en la misma norma superior, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos donde el Estado mexicano sea parte. En efecto, la protección dogmática constitucional de los derechos humanos y sus garantías prepondera la protección a cualquier individuo de su esfera de derechos, y que tratándose de la libertad personal, debe atenderse como una de las facultades intrínsecas de cada individuo, misma que solo puede restringirse o suspenderse con fundamento y en los casos que la misma norma superior faculta.

V. En el caso concreto, cuando existe una orden de detención que ha girado un fiscal o Agente del ministerio público, constituye una afectación contra esa libertad personal, misma que el individuo afectado, puede acudir como quejoso a un Juez de Distrito, solicitando el “Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión”, en el cual dentro del procedimiento, de oficio o a petición de parte (artículo 125 de la Ley de Amparo) el citado Juez, obsequiará o negará la suspensión, en el caso positivo se otorgará generalmente bajo la apariencia del buen derecho, para evitar un agravio mayor, de difícil o imposible reparación. Ante este escenario el primer párrafo del artículo 165 de la ley de Amparo, establece para los casos que no se identifican dentro de la delincuencia organizada, que para otorgar esa suspensión por el Juez de distrito, el ministerio público, para efectos de restituir la libertad podrá otorgarla dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lo que resulta una contradicción intrínseca con la norma superior que bajo el mecanismo de amparo.

VI. La sociedad es escéptica de las actuaciones de las autoridades investigadoras del delito y en específico del Ministerio público, donde la nota roja, informa cotidianamente los más inverosímiles sucesos, donde individuos bajo la responsabilidad de autoridades competentes han llegado al extremo de desapariciones forzadas como el caso donde se sentenció al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo fue con el asunto de Rosendo Radilla Pacheco, con lo cual, una suspensión en un juicio constitucional, que privilegia la libertad puede en los casos más extremos en ser la diferencia entre la vida o la muerte, o de las penas que prohíbe el artículo 22 Constitucional Federal.

VII. Por lo anterior, es indispensable sostener que si se trata de la libertad personal, aún en caso del cumplimiento de una orden de detención, entendida que fue dictada fundada y motivadamente, con todas las formalidades del procedimiento y bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio público, la suspensión dictada por una autoridad constitucional competente, como es el Juez de distrito, el restablecimiento de la libertad personal del individuo debe de ser atendida de manera inmediata, y no bajo un plazo que atenta contra la institución protectora en esencia de los derechos humanos como es el juicio constitucional de protección de los derechos humanos y sus garantías.

VIII. En este sentido proponemos bajo la coherencia de la normatividad y el carácter intrínseco de las instituciones constitucionales protectoras de los derechos fundamentales, la reforma al primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando el plazo para otorgar la suspensión de hasta en el término de cuarenta y ocho horas, en los casos de orden de detención que debe atenderse de manera inmediata y ser consignado a un juez penal o para que se le otorgue su libertad.

IX. El sistema jurídico mexicano, en los términos en que se plantea el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, contiene un plazo inverosímil de entre cuarenta y ocho horas para otorgar la suspensión, por el cual, una autoridad constitucional, cuya naturaleza es la de proteger los derechos humanos y sus garantías, debe restringir esa facultad innata, desatendiendo su principal teleología garantista de derechos humanos, o que peor aún, otorgada la suspensión, la autoridad administrativa en persona del Ministerio Público cuente con el término de hasta cuarenta y ocho horas para dar cumplimiento a esa suspensión constitucional otorgada.

IX. Lo anterior se encuentra pendiente para su dictaminación del siguiente asunto:

PRESENTADOR

ASUNTO

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA  DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentado el día 03 de abril de 2013.

X. Ahora bien, bajo el contexto que guarda la presente iniciativa, es de suma importancia que la comisión se reúna para discutir y dictaminar el proyecto de decreto que reforma EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentado.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto y fundado le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO.-Se formula excitativa a las COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, de esta Cámara de Senadores, para que convoque a la brevedad posible, a la reunión de trabajo de esa Comisión, a fin de continuar con el proceso legislativo, y emita el dictamen correspondiente al asunto detallado en el numeral IX del presente documento, de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de República.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.

Les informo que en su reunión de este día, la Mesa Directiva acordó emitir las excitativas a que se refiere el artículo 214 del Reglamento del Senado, a los proyectos que han concluido el plazo, que ahí mismo se señala.

Las excitativas se publicarán en la Gaceta y se remitirán a las comisiones correspondientes; asimismo, se publicará el informe mensual de vencimientos de plazos.






Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen con su segunda inscripción, se turnarán inmediatamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del PRI)

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Senadoras de la  República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes y se reforman los párrafos tercero y cuarto del Artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país se requiere trabajar en mecanismos que permitan incrementar la eficacia de las instituciones dedicadas a la protección de derechos humanos, por tanto, la vinculación entre las instituciones constitucionalmente encargadas de la procuración de justicia y las garantes de los derechos humanos deben ser especialmente adaptados para este fin.

Para este efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) definió en el artículo 102 lo siguiente:

Artículo 102.

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios…

…Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

En la actualidad, para que una queja de derechos humanos se presente, esta debe ser promovida a petición de parte, y para ello, se requieren dos supuestos:

1. Que él o la quejosa conozca sus derechos humanos y;

2. Que sepa a donde debe acudir para presentar dicha queja.  

La realidad es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, de las cuales en su contenido se presuma que existió una violación a derechos humanos por parte del Estado o sus agentes, o discriminación no se acompaña de una queja simultánea ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las Comisiones Estatales de derechos Humanos o ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Aunado a lo anterior, cuando las personas víctimas tienen condiciones de marginación, vulnerabilidad, discriminación o simplemente ignorancia sobre el contenido y ejercicio de sus derechos, es poco probable que levanten una queja con lo que se provoca un claro subregistro que impide que las instituciones constitucionalmente encargadas puedan desarrollar estrategias claras de prevención y atención.

Ahora bien, dentro de las obligaciones constitucionales del ministerio público, se encuentran el conocer de delitos y su tratamiento conforme al artículo 20 de la CPEUM, asimismo se establecen algunas obligaciones específicas en términos de velar por el correcto goce y ejercicio sustantivo de derechos humanos de las víctimas, como las establecidas en los términos del artículo 20 constitucional apartado C fracciones IV y V, en donde se debe proteger a la víctima y velar por la reparación del daño.

El artículo 20 Constitucional en su apartado C, fracción V estipula los principios por los cuales se rige el proceso penal acusatorio, y la obligación del Ministerio Público de velar y garantizar los derechos de las víctimas.

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Apartado C De los derechos de la víctima o del ofendido:

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;…”

Dentro de las obligaciones legales del ministerio público establecidas en la Ley General de víctimas en su artículo 12 fracción I se establece que el ministerio público debe comunicar a la víctima sus derechos dejando constancia en la carpeta de investigación, con independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos.

Ahora bien, dentro de las obligaciones legales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se establecen en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo siguiente:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

1. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;  

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

Con lo que establece la obligación de recibir quejas, conocer e investigar a petición de parte o de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos.

La multicitada Ley en su artículo 73 señala que la Comisión se limitara a dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas.

Artículos 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.

La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Lo anterior, en ocasiones puede no ser suficiente atendiendo a que la Comisión puede optar por desconocer o no dar seguimiento sobre asuntos de violaciones a derechos humanos y por tanto desproteger a la víctima.

Dentro de las obligaciones legales derivadas del párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) atribuciones como las definidas en el artículo 20 Fracciones, XLIV entre las que se encuentran principalmente las de conocer, e investigar los presuntos casos de discriminación cometidos por personas servidores públicos, y los distintos poderes públicos del estado Mexicano. Asimismo la fracción XLVII establece la promoción de la presentación de denuncias por actos de discriminación.

Como se puede observar, existe una falta de obligación por parte del Ministerio Público Federal o Local el que notifique a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o al CONAPRED sobre la presunción de violaciones a derechos humanos de las víctimas o presunción de discriminación por distintas condiciones, lo que dificulta que las instituciones encargadas del registro, protección y acompañamiento de derechos humanos puedan tener información completa y certera de las violaciones a derechos humanos ocurridas, generar estadísticas que abatan el posible subregistro por no denuncia o queja, así como de cumplir su función de acompañamiento a las víctimas y la emisión de recomendaciones constitucionalmente encomendadas.

Establecer la obligación de articulación estructural de las diferentes entidades y sistemas encargadas de la protección de derechos humanos que podría denominarse, “notificación de oficio de presuntas vulneraciones de derechos humanos”, por parte del Ministerio Público, cumpliría un triple propósito;

1. Abatir el subregistro que existe en materia de múltiples delitos asociados a la vulneración de derechos humanos.

2. Coadyuvar a que las comisiones de derechos humanos y el CONAPRED, observen, conozcan y se pronuncien en términos de sus respectivas atribuciones sobre las vulneraciones de derechos humanos y;

3. Contribuir a que dichas instituciones acompañen a la víctima y la asistan desde un enfoque victimar la actuación del Ministerio Público federal y local en las distintas etapas del procedimiento penal acusatorio mexicano.

La notificación de oficio por parte del Ministerio Público hacia las instituciones antes mencionadas, facilitará el acompañamiento a la presunta víctima del delito por parte de las comisiones de derechos humanos y del CONAPRED detonando a su vez y de oficio los respectivos procedimientos administrativos de cada institución, adicionalmente del penal, mismo al que la víctima tiene derecho a iniciar si así lo desea.

Para que la articulación anterior funcione, la notificación de oficio, deberá ocurrir cuando el Ministerio Público tenga la presunción indiciaria de que pudieron existir acciones u omisiones violatorias de derechos humanos por parte de agentes del Estado Mexicano en los términos del artículo 1 constitucional y de las respectivas Leyes de derechos humanos y parar prevenir y eliminar la discriminación, que hubieran provocado violaciones a derechos humanos de las víctimas.

Si bien es cierto, que las recomendaciones que puedan emitir las Comisiones de Derechos Humanos y el CONAPRED no son vinculantes y son de naturaleza administrativa, se puede establecer comunicación entre las autoridades que incida en la mejora general del sistema de protección.

En este orden de ideas, resulta importante que el Ministerio Público informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al CONAPRED, sobre los asuntos que deriven de posibles violaciones a derechos humanos, y que a su vez dichas instituciones se fortalezcan para hacer frente a la demanda y al volumen real de violaciones que ocurren en nuestro país. El objetivo es: Que ninguna persona en México quede sin ser atendida.

En este contexto es de señalar que también la hoy Consejera, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maestra María Ampudia González, al presentar su programa de trabajo ante el Senado de la República, señalo categóricamente este problema y propuso para la atención de esta Soberanía lo siguiente:

“que la Comisión sea notificada por el ministerio público acerca de los expedientes donde se reclamen violaciones de derechos humanos y fundamentales, desde el momento de la integración de averiguaciones previas para estar en posibilidad de acompañar a la víctima, dar seguimiento y realizar observaciones que insten a la representación social a observar el respeto de los Derechos Humanos de las personas. Dichas observaciones serán informativas y deberán integrarse al expediente para conocimiento del juez”.

También en dicho documento la Consejera Ampudia cita los Principios de Paris inciso C, respecto de las Modalidades de funcionamiento punto 2, señalando que los Organismos de derechos humanos deben recibir y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para la correcta actuación en el ámbito de su competencia, lo cual incluye el conocimiento de las denuncias:

“C. Modalidades de funcionamiento

En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá:

1. Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud de sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante;

2. recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;”

Como beneficio adicional de esta disposición, se acabará, con las negativas de facto por parte del Ministerio Público, sobre el acceso a las carpetas de investigación cuando las comisiones de derechos humanos por medio de sus visitadores soliciten conocerlos.

En la averiguación previa y ahora con el nuevo sistema la investigación penal acusatorio se dará oportunidad a que la autoridad ministerial, obtenga datos relevantes que le permitan allegarse a la verdad de los hechos, en el expediente o carpeta de investigación y que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos coadyuven a ello mediante la observación de los expedientes.

Por ello se considera oportuno que dicha autoridad, tratándose de delitos que conformen indicios presuncionales durante la etapa de investigación, informen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y al CONAPRED a fin de que puedan tener una intervención que beneficie a las víctimas en la protección y garantía de sus derechos humanos.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes y se reforman los párrafos tercero y cuarto del Artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículos 73.- …

El Ministerio Público y/o la Fiscalía General, deberán notificar de oficio a las instituciones encargadas para la protección de derechos humanos en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde se presuma que existen víctimas de violaciones de derechos humanos para su seguimiento.

La Comisión Nacional deberá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional, rindiera informes falsos, omita informar, niegue acceso a expedientes o rinda informes parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Artículos Transitorios:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Los Estados contaran con un plazo de 180 días para adaptar sus respectivas legislaciones a las disposiciones de este Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.


La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución. Párrafo adicionado

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Artículos 73.- …
El Ministerio Público y/o la Fiscalía General, deberán notificar de oficio a las instituciones encargadas para la protección de derechos humanos en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde se presuma que existen violaciones de derechos humanos y victimas para su seguimiento.

La Comisión Nacional deberá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional, rindiera informes falsos, omita informar, niegue acceso a expedientes o rinda informes parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Consejo/CV_MAG1.pdf Consultado 19-Marzo-2015






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y A LA GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández y Martha Elena García Gómez)

Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario del PRD, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del grupo parlamentario del PRI, ADRIANA DÁVILAFERNÁNDEZ y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrantes del grupo parlamentario del PAN, todas Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y A LA GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.

Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el hecho de serlo y su ejercicio resulta indispensable para su desarrollo integral dentro de una “sociedad jurídicamente organizada”, estos derechos “deben ser reconocidos y garantizados por el Estado” 1.

Los derechos humanos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte de los Estados.

Tales derechos corresponden a mujeres y hombres por igual, aunque ellas han visto limitados estos derechos a partir de construcciones sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las características masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y les impiden el ejercicio pleno de todos los derechos, de ahí surge la necesidad de referirse a los derechos humanos de las mujeres, pero no se tratan de otros derechos diferentes o especiales respecto a los de los hombres.

El colectivo social había “asignado” a las mujeres a la esfera privada que conlleva el “deber” de reproducción y de cuidados familiares, mientras que a los hombres se les asignó el desarrollarse en la esfera pública y de proveeduría.

Sin embargo, al aplicar el enfoque de género en el análisis de los derechos humanos, podemos comprender que los derechos humanos deben corresponder a ambos sexos por igual, como es el caso de los derechos civiles y políticos, que se refieren a la posibilidad de toda persona a participar en el gobierno de su país.

La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Es oportuno mencionar que el acoso es una forma de violencia, el cual implica “un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien con molestias o requerimientos. Aunque normalmente se trata de una práctica censurada, se produce en contextos donde el entorno social brinda condiciones para ello, al no existir una sanción colectiva contra dichos actos…”2.

Recientemente, hemos conocido de casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo.

La Red de Mujeres en Plural se pronunció a favor de la generación de condiciones adecuadas para la participación femenina en la política, así como de legislar para erradicar la violencia de quienes pretenden un cargo de elección popular.

Es por lo anterior que todo acto que implique violencia debe prevenirse y garantizar la seguridad y protección de las mujeres que contienden por un puesto de elección popular.

Aun y cuando, exista un reconocimiento expreso a este derecho, podemos afirmar que, las mujeres por su condición de género, no han ejercido este derecho en condiciones de igualdad respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente en los espacios políticos.

De lo anterior, se desprende una obligación del Estado, para crear condiciones y remover obstáculos, a fin de que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder.

Otros derechos que deben ser asegurados por el Estado, es el que se refiere al derecho de las mujeres a participar en el ámbito público, así como el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, el cual también se halla relacionado con el derecho a la seguridad.

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave  violación a los derechos humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La violencia es un medio para conservar el poder mediante el uso de la coacción.

Al suscribir los tratados sobre derechos humanos, y en particular a aquellos que se refieren a los derechos humanos de las mujeres, el Estado mexicano se ha comprometido a prevenir, atender y sancionar dicha violencia, y en caso de no hacerlo, estaría incurriendo en responsabilidad.

En ese contexto, son diversos los instrumentos internacionales que se refieren tanto a los derechos civiles y políticos, como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos3 que si bien no es un instrumento vinculante, su contenido tiene un carácter de carácter político, el cual debe ser asumido por los Estados. La Declaración reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1°), también reconoce el derecho de toda persona a la vida y a la seguridad (artículo 3°) y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, y de acceder, en términos de igualdad, a las funciones públicas (artículo 21).

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes4 define la tortura como todo acto intencional que cause daño a una persona para obtener información o una confesión, de castigarla, o intimidarla, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, por parte de un funcionario público (artículo 1°). Las disposiciones de este instrumento se aplicarían en los casos enmarcados en el contexto político, cuando una mujer intente acceder a los espacios públicos y sea coaccionada por algún servidor público para abstenerse de su pretensión.

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer5 reconoce los mismos derechos de mujeres y los hombres a votar en igualdad de condiciones y sin discriminación (artículo 1°); así como a ser elegibles para todos los organismos electivos (artículo 2°). También se reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer, cargos públicos sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad respecto a los hombres (artículo 3°).

De lo anterior se desprende el compromiso de reconocer los derechos de las mujeres para participar en la vida política, así como a llevar a cabo las medidas necesarias para que puedan ejercer este derecho.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 6 define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer” (artículo 1°).

CEDAW no hace alusión al tema de la violencia contra de las mujeres, pero la aborda en su Recomendación No. 19 en la que señala que ésta es una forma de discriminación contra las mujeres que impide el goce de sus derechos y libertades.

Respecto a la participación política de las mujeres, la CEDAW plantea el uso de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, en todas las esferas (artículo 4°).

Esta Convención determina la obligación de los Estados Partes para tomar medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres “en la vida política y pública del país”, como votar y ser votada, participar en la formulación de políticas de gobierno, y a ocupar cargos y ejercer funciones públicas (artículo 7°). Adicionalmente, mandata a los Estados Partes asegurar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en la representación de su gobierno (artículo 8°).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7 establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” referidos en el Pacto (artículo 3°). Así mismo, reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 6°), prohíbe las torturas, penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7°), y reconoce la libertad y la seguridad personales (artículo 9°).

En materia de participación política, se reconoce que la ciudadanía tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa o bien, a través de representantes elegidos de manera libre, así como a acceder en condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país (artículo 25).

En cuanto hace al contexto regional, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer8 determina que debe entenderse por violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo1°).

En ese tenor, reconoce el derecho de las mujeres a un igual trato político en relación con los hombres, y determina que el derecho al voto y a ser “elegido” para un cargo nacional “no deberá negarse o restringirse por razones de sexo” (artículo 1°). Lo anterior implica que deben crearse condiciones que eviten la violencia política contra las mujeres y aseguren que puedan acceder a ese ámbito sin discriminación.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”9 reconoce el derecho de toda persona a la integridad personal (artículo 5°), también reconoce a toda la ciudadanía, su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por sí o a través de representantes libremente elegidos, así como el derecho a votar y ser elegidas “en elecciones periódicas auténticas, mediante el sistema de sufragio universal e igual voto secreto” que garantice la libre expresión de voluntad del electorado (artículo 23). Lo anterior implica, asegurar que en las elecciones no se presenten incidentes de discriminación o violencia contra las mujeres que pretendan acceder a algún cargo público.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer10 refiere que los derechos de las mujeres deben ser reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos se encuentran el derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como una vida libre de violencia, “tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3°).

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones” (artículo 4°). En esta Convención se aborda el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia en los espacios públicos, en específico, a garantizar su participación política sin violencia.

Aunque la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer11 no tiene un carácter vinculante, sus contenidos son un referente para la elaboración de políticas de Estado y legislación que asegure los derechos humanos de las mujeres. En el marco de la misma, se destacó que la violencia contra las mujeres impide el disfrute de sus derechos humanos, por lo que debe ser condenada.

Además se destacó que la participación equitativa de las mujeres en la política, resulta crucial en su proceso de adelanto. En ese sentido, se propusieron medidas hacia la igualdad en el acceso a la participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

En el seno de esta Conferencia, se recomendó hacer uso de las acciones afirmativas, con el propósito de elevar el número de mujeres en cargos decisorios; y de empoderar a las mujeres para que estén en posibilidad de acceder a puestos de dirección.

Resulta indispensable recordar los planteamientos derivados del Consenso de Quito12 en el cual se analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, además se recomendó la adopción de cuotas que aseguren la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política; estimular mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo femenino, impulsar que los partidos políticos incluyan en sus agendas la perspectiva de género, así como:

Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto nacional como localmente, así como en los partidos y movimientos políticos.

Estas disposiciones internacionales, deben ser consideradas referentes para asegurar que la participación política de las mujeres sea en un marco de igualdad y de seguridad personal.

En la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe13, entre los acuerdos adoptados para ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, se encuentra:

Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido.

Algunos países de la región cuentan con leyes específicas o iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres, a continuación se hará una breve referencia a éstas:

Bolivia
LEY Nº 243
LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

Artículo 7. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones: a. Acoso Político.- Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. b. Violencia Política.- Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Costa Rica
Ley contra el acoso y/o la violencia política contra las mujeres(Iniciativa)

ARTÍCULO 7.- Definiciones: Para efecto de aplicación de esta ley, se entenderá por:

Discriminación contra las mujeres políticas: toda distinción, exclusión o restricción que agravie el principio de igualdad hacia la mujer y que tenga como objeto por resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Acoso político: toda omisión, acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres políticas con el propósito de acortar, suspender, limitar, impedir, manipular o restringir sus actividades políticas tanto para participar como para el ejercicio de cargos, obligándola o induciéndola a que realice, en contra de su voluntad, una acción o omisión contraria al libre ejercicio de sus derechos políticos.

Violencia política: acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres políticas con el propósito de impedir, suspender, restringir, acortar el ejercicio de su plena ciudadanía induciéndola u obligándola a realizar en contra de su voluntad, una acción u omisión en el ejercicio de sus derechos políticos.

Violencia física contra las mujeres políticas: cualquier acto brusco, impetuoso que infringe daño no accidental o que utiliza la fuerza física o cualquier tipo de objeto o arma que pueda provocar o no lesiones ya sea internas, externas o ambas, dirigidas a vencer la resistencia de las mujeres políticas para obligarlas a adoptar conductas contrarias o repudiables a sus convicciones o al ejercicio regular, razonable o justo de sus derechos políticos.

Violencia psicológica contra las mujeres políticas: toda acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica de una mujer política que puede consistir en negligencia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, invisibilización, rechazo, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación, restricción al ejercicio de cargos políticos y amenazas las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación del autoestima, al abandono del cargo e incluso el suicidio.

Violencia verbal política. todo ataque que realicen a través de palabras ofensivas, insultos, calificativos, palabras que impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres políticas, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos políticos.

Ecuador
Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género (Iniciativa)

Artículo 4.- DEFINICIONES.- Para efecto de aplicación de esta ley, se entenderá por:

1. …

2. …

3. Acoso político.- todo acto reiterativo de persecución o apremio, evidente o simulado, dirigido contra las mujeres políticas para requerir de ellas una conducta o manifestación de voluntad contraria al libre ejercicio de sus derechos políticos.

4. Violencia física contra las mujeres políticas: todo acto brusco, impetuoso o que utiliza la fuerza, que se dirija a vencer la resistencia de las mujeres políticas para obligarlas a adoptar conductas contrarias o repudiables a sus convicciones, o al ejercicio regular, razonable o justo de su accionar político.

5. Violencia psicológico política: toda acción u omisión que pretenda causar o cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de las mujeres políticas, dirigida a atacar sus posiciones políticas o acallar su voz.

6. Violencia verbal política: todo ataque a través de palabras ofensivas, gritos, desprecios, insultos, calificativos, palabras que impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres políticas, con el fin de minimizar su accionar político.

7. Actos contrarios a los derechos de las mujeres políticas: incurre en actos contrarios a los derechos de las mujeres políticas quien utilice una o más formas de discríien, acoso o violencia política en su contra.

Perú
LEY CONTRA EL ACOSO POLÍTICO HACIA LAS MUJERES (Iniciativa)

Artículo 3°.- Concepto de acoso político

El acoso político es el acto o conjunto de actos realizados con la finalidad o resultado de limitar, anular, atentar, restringir, contrarrestar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres autoridades, electas, candidatas o representantes, comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, en las facultades inherentes a la naturaleza del cargo o candidatura que detentan.

Artículo 4°.- Actos que constituyen acoso político

Constituye acoso político contra las mujeres autoridades, electas, candidatas o representantes, la perpetración, por acción u omisión, de los actos cometidos por cualquier autoridad, funcionario/a o persona, que se refieren a continuación:

4.1. Restricciones para ejercer su participación política, representar, fiscalizar, opinar, cuestionar, solicitar información o expresarse dentro de las funciones que le competen, mediante acusaciones, amenazas, imposiciones, improperios, objeciones, citas a reuniones en horarios inadecuados para la seguridad personal, denegaciones a las solicitudes u ocultamientos de información, respecto a los derechos que le corresponden, tales como la información, reconocimiento o entrega de documentos, informes, recursos, materiales, herramientas de trabajo, dietas o beneficios aprobados, para la labor de representación o función a cumplir.

4.2. Amenazas a su integridad física, psicológica o sexual, o la de miembros de su familia, incluyendo las expresiones verbales, en privado o en público, con o sin la presencia de la agraviada, comunicaciones escritas a través de cualquier medio empleado, la interceptación telefónica, el acecho personal por acción propia o de terceros, y el hostigamiento sexual.

4.3. Agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales a su persona o a miembros de su familia, incluyendo las faltas contra la persona, los delitos contra el honor, los delitos contra la libertad y los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

4.4. Imposiciones, solicitudes o requerimientos que, aprovechando la buena fe de la autoridad, electa, candidata o representante, la inducen a la comisión de errores administrativos sancionables.

Por otro lado, en cuanto al marco jurídico nacional, nuestra Constitución14 reconoce los derechos humanos a todas las personas, como son el de votar y ser electa, así como el de vivir una vida libre de violencia. Además, prohíbe toda forma de discriminación incluida aquella en razón del género (artículo 1°).

El texto Constitucional, también reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres (artículo 4°), así como los derechos políticos de la ciudadanía (artículos 9°, 34, 35 y 41).

Otro ordenamiento que es oportuno destacar, es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación15 , que señala a la violencia es una forma de discriminación (artículo 1°).

Esta Ley refiere que la negativa o condicionamiento del derecho de participación política, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, son formas de discriminación (artículo 9°).

El ordenamiento marco para eliminar la violencia de género contra las mujeres, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv) 16 misma que define los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres.

Si bien, esta ley no hace alusión específica a la violencia contra las mujeres, determina que ésta se refiere a “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (artículo 5°). De ahí la necesidad de incorporar la violencia política en este ordenamiento, a efecto de definirla puntualmente.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres17 determina que las políticas de estado, incluyan acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político, y el establecimiento de mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, la promoción de la participación equilibrada de ambos sexos en las estructuras políticas (artículo 17).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales18 reconoce como un derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7°).

También se contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE), diseñe reglas electorales que se enmarquen en la paridad entre mujeres y hombres. Se mandata a los partidos políticos: promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232).

No se encontraron en este ordenamiento disposiciones relativas a los supuestos de violencia política contra las mujeres, por lo que se considera indispensable incorporar disposiciones que aseguren a las mujeres acceder a espacios públicos en un marco de seguridad, respeto y en un entorno libre de cualquier forma de violencia en su contra.

Como podemos observar, existen disposiciones tendientes a asegurar que las mujeres puedan acceder a ejercer sus derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad frente a los hombres, así como hacerlo sin obstáculos, ni violencia política en su contra, en ese sentido, aunque es indispensable fortalecer el marco jurídico vigente, para remover aquéllos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en un contexto de seguridad y libertad, que garantice su dignidad humana.

Es oportuno señalar que, la Senadora Lucero Saldaña presentó el 13 de noviembre del 2012 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, con fecha 4 de noviembre de 2014, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por otro lado, las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert presentaron el 16 de octubre de 2014, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

El tema es relevante, porque no se puede hablar de una verdadera democracia, sin la representación de las mujeres.

Por lo antes expuesto, la suscrita, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y A LA GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo IV Bis del Título II, se adiciona el artículo 20 Bis, se reforman las fracciones IX y X y se recorren las subsecuentes del artículo 48, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Título II
Modalidades de Violencia

Capítulo IV Bis
De la Violencia Política

Artículo 20 Bis.- Violencia política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres; puede expresarse a través de los siguientes medios:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que consignan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;

II. Forzar la realización de tareas distintas a las propias de la representación política;

III. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones

IV. Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones;

V. Impedir o restringir la reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad;

VI. Conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en público o privado; comunicaciones por cualquier medio convencional y/o electrónico; acecho, hostigamiento o acoso sexual;

VII. Intimidación, agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus familiares;

VIII. Revelar o difundir información personal y privada, para denostarlas y menoscabar su dignidad, con el propósito de obtener su licencia y/o renuncia al cargo al que aspiran u ostentan;

IX. Las palabras ofensivas, descalificaciones, insultos, calificativos, palabras con doble sentido, comentarios sarcásticos y burlas contra las mujeres políticas o sus familiares;

X. No respetar sus decisiones;

XI. Destruir o dañar sus bienes;

XII. Coaccionar para suscribir documentos contrarios a su ideología o al interés público; y

XIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio de poder o de decisión.

Título II

Capítulo III
De la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Sección Octava. Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 48.- Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

I a VIII…

IX.- Promover la formación de liderazgos políticos de mujeres;

X.- Crear mecanismos de promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidas en la legislación.

XI.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso d) al artículo 3; se reforma el inciso b) al artículo 443; se reforma el inciso f) y se recorren los subsecuentes de la ley general de instituciones y procedimientos electorales:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Libro Primero

Título Único
Disposiciones Generales

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a)…

b) …

c) …

d) Violencia política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

e) ..

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Libro Quinto
De los Procesos Electorales

Título Segundo
De los actos preparatorios de la elección federal

Capítulo IV
De las Campañas Electorales.

Artículo 247.

1. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas y/o que constituyan actos de violencia política contra las mujeres.

Libro Séptimo
De las candidaturas Independientes

Título Segundo
Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes

Capítulo IV
De los Derechos y las Obligaciones de los Aspirantes.

Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes:

a) – e)…

f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia, o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; así como cualquier acto de violencia política contra las mujeres.

g) …

Libro Octavo
De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

Título Primero
De las Faltas Electorales y su Sanción

Capítulo I
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

b) El incumplimiento de las obligaciones en materia de violencia política contra las mujeres.

c) …

d) …

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) – e) …

f) Realizar actos de violencia política en contra las mujeres.

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) – n)

ñ) Realizar actos de violencia política contra las mujeres.

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

a....

b. …

c. …

d. …Realizar actos de violencia política en contra de las mujeres.

e. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 452.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a.…

b. …

c. …

d. …

e. La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de proporcionar datos o información falsos, o información incompleta, errada o imprecisa que induzca a actos de violencia política en contra las mujeres.

publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Se; adiciona una fracción XV al artículo 3 y se adiciona un artículo 7 bis, todos de la  Ley General en materia de Delitos Electorales.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I – XIV.-…

XV. Violencia Política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres

Título Segundo
De los Delitos en Materia Electoral

Capítulo I
Reglas Generales

Artículo 7 Bis.-Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien por razones de género presione, persiga, hostigue, coaccione o amenace a una mujer con el objeto de menoscabar, limitar, excluir, condicionar, o anular el legítimo derecho de ésta a participar por un cargo de elección popular.

Para los efectos del presente artículo se considera razón de género, que para la comisión de la conducta se utilicen epítetos infamantes o degradantes, violencia sexual, psicológica, o verbal contra su persona o familiares, se difunda información personal o privada para denostarla o menoscabar su dignidad o la de sus familiares.

Artículo Cuarto.- Se reforma el párrafo uno y el inciso b) y se adiciona un inciso n) al artículo 2; se adiciona un inciso l) al artículo 4; se reforma el inciso c) al artículo 25; se adiciona un inciso f) al artículo 37; se adicionan los incisos e) y f) del artículo 38, todos de la Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Partidos Políticos

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

a)

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, en un contexto libre de discriminación y de cualquier forma de violencia de género, y

c)- m)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; los partidos vigilarán la correcta aplicación del financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Artículo 4.-

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) – k)

l) Violencia Política: Son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias mujeres por parte de quien o quienes ejercen algún tipo de poder con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.

Título Segundo
De los Partidos Políticos

Capítulo III
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 25.-

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) …

b)…

c) Abstenerse de recurrir a cualquier forma de violencia política contra las mujeres. Se entenderá por violencia política aquella que tenga como fin menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación de las mujeres en los órganos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de poder en los ámbitos legislativos y/o ejecutivos.

d) …

Título Tercero
De la Organización Interna de los Partidos Políticos

Capítulo II
De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos

Artículo 37.

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

a.…

b. …

c. …

d. …

e.…

f. La promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable.

Artículo 38.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

a.…

b. …

c. …

d. …

e. Promover la formación de mujeres como liderazgos políticos;

f. Crear mecanismos que garanticen la promoción, protección y respeto de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los partidos políticos se obligarán a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto en la siguiente asamblea estatutaria posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Martha Elena García Gómez.

1 CNDH. (s/f). ¿Qué son los Derechos Humanos? Recuperado el 16 de marzo de 2015, dehttp://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos

2 INMUJERES. (2006). Glosario de Género. P. 14. México.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

4 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por México el 23 de enero de 1986 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 6 marzo de 1986.

5 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 1981.

6 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el18 de junio de 1981.

7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de mayo de 1981.

8 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 1981.

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 22 de noviembre de 1969.

10 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999.

11 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995.

12 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

13 Consenso de Brasilia. En el marco de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasil, Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917.

15 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2003.

16 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007.

17 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de agosto de 2006.

18 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, EN MATERIA DE REMESAS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El incremento de remesas en México es la prueba irrefutable del gran esfuerzo y dedicación de aquellos trabajadores mexicanos que sin duda alguna abandonan el país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Es por lo anterior que este ingreso de mayúscula importancia es, al día de hoy, parte fundamental de la estabilidad y crecimiento económico del país, toda vez que se caracteriza por aportar el 2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional e impactar directamente al desarrollo social, mitigando la pobreza y el desempleo en las familias de origen.

Cabe resaltar que, las remesas se establecen como uno de los pilares fundamentales en México, posicionándose como el segundo sector aportador de la mayor cantidad de moneda extranjera al país, después de los hidrocarburos.

Es importante recordar que en el año de 1990, el flujo de remesas aumentó gracias a las transacciones que realizaban las instituciones bancarias y las casas de cambio. Sin embargo, esta situación se mantuvo así hasta 1993, cuando se les otorgó participación a empresas comerciales con el objetivo de transferir recursos y comprar remesas.

Fue en razón de lo anterior, que en 1994, el Banco de México incorporó las remesas vía transferencia electrónica al sistema financiero nacional. Situación que experimentó un pico histórico durante el año 2007 al obtener 26, 076 millones de dólares.

No obstante al gran aumento de divisas en el año 2007, este sector manifestó un notable decremento en las remesas mexicanas debido a la crisis que se presentó a partir del tercer trimestre del 2008, pero sobre todo durante el 2009.

Es importante mencionar que en el 2012, los migrantes mexicanos en el extranjero enviaron a sus familias de origen más de 23 mil millones de dólares (alrededor de 320 mil millones de pesos) lo que permitió que México se posicionara como el primer receptor de remesas en toda América Latina y el tercer lugar a nivel mundial, después de la India y China, países que consiguieron 63 y 61 mil millones de dólares respectivamente.

En este sentido, celebramos ampliamente la participación que ha manifestado el Gobierno Mexicano, al promover programas que faciliten los procesos de envíos de remesas por parte de los connacionales a sus familiares dentro del territorio nacional.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que aun y cuando existe un gran incremento de remesas en México, la difusión de información respecto de las comisiones y los tipos de cambio que utilizan las diferentes empresas dedicadas a la transacción de capital al país no cuentan con una normatividad que las impulse a mantener una transparencia en sus operaciones, por lo que los beneficiados desconocen los costos que representan los envíos de dinero, así como el tipo de cambio aplicado al momento del cobro.

De acuerdo con datos del Banco de México, durante el 2013, los mexicanos residentes en el extranjero realizaron casi 74 millones de envíos de dinero a sus familiares. Sin embargo, desde 2010 y hasta el cierre de 2013, las remesas familiares han tenido una disminución promedio anual de 2.9 por ciento, pasando de entre 75 mil y 78 mil millones de pesos por trimestre, a un promedio de 68 mil millones de pesos trimestrales. De hecho, particularmente se observa este punto de disminución a partir de la segunda mitad de 2009.

Aunado a las grandes bajas por las que ha pasado el país, consecuencia de los ajustes y recortes económicos, existen factores que determinan la caída del capital que recibe México por concepto de remesas. Lo anterior por el cobro que realizan las empresas dedicadas al envío de dinero, el cual es en promedio de ocho dólares por remesa transferida, lo que representa una merma cerca de los 600 millones de dólares, alrededor de 7 mil 700 millones de pesos es por comisiones.

En la actualidad han existido un sin número de quejas a través de diversos medios públicos y privados. Esto a razón de la gran inconformidad que existe por parte de los mexicanos, en contra de las altas comisiones que establecen las empresas por el servicio de transferencia de dinero y además el bajo tipo de cambio que reciben en México.

Para esto es indispensable expresar, que en realidad el servicio que prestan las empresas o sucursales dedicadas a la transferencia de remesas al país, se caracterizan por practicar actos abusivos en contra de los connacionales y sus familias mexicanas, por lo que a esto se le denomina violación legal y humana.

El segundo punto importante de este tema, es la gran manipulación que existe al tipo de cambio y los mecanismos que se presentan a la hora de otorgar el pago. Ya que con frecuencia se les induce a los familiares a adquirir mercancías y tomarlas como formas de pago o en su caso retrasarles los pagos horas o inclusive días después, por lo que esta situación reduce las ventajas de obtener la transferencia económica de forma inmediata.

No es posible que siendo esta actividad una de las fuentes de recursos financieros de mayor importancia en México, aun no se le dé la importancia que realmente merece, y que las familias mexicanas sigan sufriendo los grandes abusos por el cobro de estos recursos.

Se considera importante saber que en la actualidad no se cuanta con una legislación que regule los envíos y proteja los recursos que reciben las familias mexicanas de todas las regiones del país.

Para esto es indispensable que se haga presente la voluntad de las autoridades financieras, con el objetivo de tomar cartas en el asunto, y poder construir los mecanismos institucionales que contribuyan eficientemente a remediar la problemática que se presenta en la actualidad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

ARTICULO 26.- …

En cuanto a las comisiones por remesas, el Banco de México establecerá y regulará el porcentaje que se deriva por el cobro de las operaciones entre las entidades financieras, instituciones de crédito, instituciones auxiliares de crédito, casas de cambio y empresas comerciales con los clientes. Asimismo, el tipo de cambio para las remesas, correspondiente a lo publicado por el Banco Central el día de la operación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO HACIA LOS ADULTOS MAYORES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; Y EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE ABANDONO HACIA LOS ADULTOS MAYORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra sociedad está viviendo un importante cambio demográfico en su estructura poblacional, factores como los avances en la medicina han reducido los niveles de mortalidad y han aumentado la esperanza de vida, aunado a una decreciente tasa de natalidad y a una mayor planificación familiar, han contribuido al engrosamiento del número de personas que alcanzan una edad avanzada y en consecuencia una sociedad más envejecidas,

En nuestro país, estos cambios evidentemente necesitan de adecuaciones y tratamientos especiales por parte de leyes, instituciones, programas y actores políticos involucrados que permitan enfrentar adecuadamente los retos venideros, y la improrrogable transformación que se avecina en materia demográfica.

Un número más alto de adultos mayores, implica que habrá que cubrir necesidades especiales, por lo que será necesario contar con el marco jurídico que garantice el goce de una vejez plena, digna e integral, promoviendo el acceso a las mismas oportunidades y reduciendo la brecha de exclusión que hasta hoy en día es tan grande para este sector.

Para muchas familias de nuestro país, los adultos mayores son parte de su formación e identidad, pues su conocimiento perpetua nuestras tradiciones y elementos básicos de la cultura a través del tiempo; son personas que cuentan con experiencia y la comparten tanto con chicos como grandes en todo tipo de ambientes, tanto el familiar como el laboral, además, es innegable que al ser la vejez un proceso natural, propio del desarrollo humano, todos, sin excepción, llegaremos a ese punto en nuestras vidas, por lo que gran parte de los avances que se consigan ahora son en beneficio directo de todos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en nuestro país, en 2014, el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total.

El proceso de envejecimiento se ha visto acelerado a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una tendencia e incremento constante, haciendo que la pirámide poblacional se haya ido invirtiendo, pasando de ser más ancha en el número de adultos mayores y más angosta en cuanto a niños y jóvenes, de 1990 a la fecha, la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7% y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento.

Desafortunadamente, nuestros adultos mayores han sido víctima de múltiples abusos y violaciones hacia sus derechos humanos desde hace décadas, y aunque nuestro país ha trabajado en la materia, aún se encuentran en riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyos efectos van del desempleo, al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, un 16 por ciento de los adultos mayores en el país sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes; en muchas ocasiones este tipo de situaciones no solo son realizadas por terceros, sino que en repetidas ocasiones son sus propios familiares o gente allegada quien comete las acciones en contra de todos ellos, siendo los primeros que deberían velar por su bienestar.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, señala que 3 de cada 10 adultos mayores ha sentido alguna vez que su edad ha sido factor para que sus derechos, incluso los laborales, no sean respetados; y4 de cada 10 describe como sus problemas principales los económicos, y de acceso a la salud.

Como puede verse, nuestros adultos mayores enfrentan un escenario en el que son privados de sus garantías en diversos escenarios, y en muchas ocasiones se ven afectados directamente en su salud, y economía, incluso, quedan faltos de atenciones afectivas que indudablemente, nuestra naturaleza humana nos exige, siendo desplazados y haciéndolos sentir como un estorbo o una carga para sus familias y la sociedad en general, además, de que esta sensación puede incrementarse si están enfermos o tienen alguna deficiencia producto de su edad.

La esencia de la presente iniciativa nace en este punto, puesto que, además del maltrato social e institucional que, a pesar de los avances en nuestra legislación, todavía reciben nuestros adultos mayores, se da el caso en que muchos de ellos terminan en situación calle, al ser abandonados por sus familiares, o bien como resultado de salir de su hogar por ser violentados por las personas que son sus cuidadores o tutores tanto en su casa como en los asilos.

Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 60 de cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan un rechazo o total abandono de sus hijos, quedando en vulnerabilidad económica y de medios de supervivencia, sumando que por presentar alguna enfermedad o bien, por el simple hecho de su edad ya no son capaces de encontrar un trabajo o de valerse por sus propios medios.

En muchos casos, incluso, sus familiares más cercanos los afectan diariamente, como en los que a cambio de proporcionar alimento y un espacio donde vivir abusan de ellos, les quitan sus bienes o los torturan frecuentemente de manera física o psicológica, demostrando un desprecio continuo hacia su persona.

Con la propuesta pongo a su consideración se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Penal Federal, para incidir sobre la figura del supuesto de abandono.

En materia penal, hasta el día de hoy se considera delito el abandonar a un menor de edad o a una persona enferma, mas no a una persona de la tercera edad, lo que sin duda hace que la conducta del abandono quede impune cuando llega a presentarse contra alguien de este sector de edad, siendo que al igual que un menor, o una persona enferma, requiere de cuidados especiales, atención personal, o bien, ya no es capaz de valerse por sí mismo, y evidentemente, el abandono constituiría un agravante para su estado de salud y reduciría notablemente las oportunidades de disfrutar de su vejez en condiciones favorables.

En el contexto de una política democrática e incluyente del Estado mexicano, la igualdad debe ocupar un lugar central, y a pesar de su edad, las personas que se encuentran en su vejez, deben tener acceso a la justicia y el Estado debe velar por conservar su integridad.

El llamado bono demográfico marca un conjunto de retos a nivel institucional, comunitario, familiar e individual, mismos que son claramente identificables, y que pueden tener soluciones, como el enriquecer la descripción de una conducta penal que atenta contra este sector de la población.

Es importante tener leyes sólidas que puedan aplicarse para el beneficio de nuestros adultos mayores, puesto que evidentemente nos sumaremos todos con el paso del tiempo, y que además, hoy en día ya es un tema de agenda obligado para nuestro país.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece como un derecho el recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad; y asimismo, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

Por otra parte, el artículo 22 de la misma Ley, señala al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como organismo encargado de garantizar a las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, programas de prevención y protección para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.

Esta propuesta dota de mayores alcances a dicha ley. Como ustedes saben, cuando un niño es abandonado tiene muchas posibilidades de ser asistido por el Estado. En cambio para un adulto mayor, estas posibilidades disminuyen notablemente. Es triste la realidad, pero un adulto mayor abandonado poco le importa a nuestra sociedad y el Estado no hace el esfuerzo suficiente para buscarlos, atenderlos y proveer algún tipo de bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 50. Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato, violencia o abandono contra las personas adultas mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 335 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 335.- Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, a una  persona enferma o a una persona adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 8 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del estado de Querétaro a realizar las acciones oportunas para salvaguardar la seguridad en el uso de la pirotecnia; y al Poder Legislativo a llevar a cabo las medidas legislativas que garanticen la seguridad en la fabricación, uso, venta, transporte y almacenamiento de cohetes y cohetones de toda clase. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

México, D.F. a 23 de marzo de 2015.

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Presente.

En México los juegos pirotécnicos desde siempre han formado parte de nuestras celebraciones patrias, sociales o religiosas. Son un elemento cultural ya adherido como tradición.

La pirotecnia como parte fundamental de la identidad festiva del pueblo mexicano; representa un punto de confluencia de tradiciones remotas y rasgos sociales contemporáneos. No podríamos imaginar una auténtica celebración popular en México sin la presencia de cohetes y fuegos artificiales.

Sin embargo, el uso de la pirotecnia, aún no ha sido tomada en cuenta con la suficiente seriedad. Durante décadas, estuvo relegada al nivel de una ocupación menor, sin derecho a contar con una regulación efectiva que le permitiese desarrollar sus tareas en un marco de certidumbre y bienestar.

Por esto mismo la elaboración o manufactura de pirotécnicos artesanales ha sido una gran fuente de trabajo para muchas familias en distintos estados de la República. El riesgo que esto con lleva es el uso de la pólvora y representa un constante peligro en el manejo, fabricación, distribución, transportación y comercialización de estos productos.

Desafortunadamente los accidentes con fuegos artificiales, han sido una constante con consecuencias lamentables, provocando quemaduras y cicatrices permanentes, así como incendios potencialmente mortales en casas y espacios públicos.

El pasado 17 de marzo en el estado de Querétaro, se registró una explosión en la comunidad de San José de la Peñuela, en el municipio de Colón. Causando a la fecha la muerte de 3 personas y dejando más de 10 lesionados, algunos de ellos de gravedad. Este accidente se suma a una larga lista de accidentes con fuegos pirotécnicos en el Estado así como en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que estar en contacto con fuego, pone en peligro no sólo a quien lo manipula, sino también a quien está a su alrededor. Ejemplo claro el infortunado accidente en Colón.

Es una pena que tengan que ocurrir accidentes como estos para darnos cuenta que falta una buena regulación y una conciencia preventiva en relación al manejo de la pirotecnia. Es una actividad productiva que requiere de una constante vigilancia en materia de protección civil y las autoridades debemos velar por la seguridad de su uso.

En el caso concreto la legislación del Estado de Querétaro, en materia de protección civil presenta un marco legal que carece de normas claras y específicas en relación al manejo, distribución, comercialización de estos productos, como consecuencia los accidentes que pudieron ser evitados son ahora un antecedente más de la arbitrariedad e inseguridad.

A diferencia de otros Estados, el Estado de México desde 2004 cuenta con el (IMEPI) Instituto Mexiquense de la Pirotecnia fundado en ese año. Desde su fundación los accidentes entre pequeños empresarios y trabajadores del ramo ha disminuido debido a los constantes cursos y capacitaciones.

El Estado de Querétaro debe tomar las medidas necesarias para prevenir y proteger a la sociedad sobre el uso y almacenamiento de fuegos pirotécnicos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- ESTE H. SENADO EXHORTA AL GOBIERNO ESTATAL Y A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES OPORTUNAS EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD EN EL USO DE LA PIROTECNIA.

SEGUNDO.-SE EXHORTA AL LEGISLATIVO PROPIAMENTE PARA QUE LLEVE ACABO LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LA FABRICACIÓN, USO, VENTA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COHETES Y COHETONES DE TODA CLASE.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2015.

Atentamente.






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos; al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; al Director General de Pemex Exploración y Producción; y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ante la Comisión de Energía a fin de que rindan un informe pormenorizado acerca de las medidas, protocolos y acciones que correspondan en materia de seguridad industrial, operativa y de prevención que se implementan en las plataformas y complejos petroleros. Se turna a la Comisión de Energía.








De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar la responsabilidad administrativa y penal de Víctor Santiago Pérez Aguilar, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche, por el deterioro de las instalaciones correspondientes al almacén general de suministros de dicho instituto. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

La suscrita, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL, POR OMISIÓN O ACCIÓN, DE VÍCTOR SANTIAGO PÉREZ AGUILAR DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE EN EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES AL ALMACÉN GENERAL DE SUMINISTROS DE DICHO INSTITUTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

“Para nadie es desconocida la precaria atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los derechohabientes, ni las múltiples denuncias de organizaciones civiles por el desabasto de medicamentos, incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche lo ubica entre las entidades con el mayor número de quejas, pero las irregularidades no terminan ahí, porque prevalece la falta de actuación de las autoridades para terminar con el multimillonario desperdicio de fármacos.”1

El pasado 28 de febrero del año en curso constaté que el almacén de suministros de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche se encuentra en condiciones deplorables. Observé que medicamentos de nuevo ingreso están mezclados con caducos. El almacén tiene una antigüedad de por lo menos 40 años, está deteriorado y no cuenta con los requerimientos más elementales ya que no fue construido con dicha finalidad.(ANEXO ARCHIVO FOTOGRÁFICO).

El actual almacén fue habilitado como bodega hace unos cuantos años, antes el mismo local era utilizado como oficinas. Al inicio contaba con capacidad suficiente para albergar los medicamentos correspondientes a dos hospitales. Pero actualmente, ahí se almacenan las provisiones médicas de siete unidades médicas, dos hospitales y 42 unidades médicas rurales.

Cabe señalar que la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), giró la orden número 14-ML.040-02360-NG, la cual tenía por finalidad la “Verificación del Establecimiento por condiciones Sanitarias”. Dentro de las observaciones generales emitidas por el organismo en la mencionada inspección, se determinó múltiples señalamientos respecto a las condiciones que guardan las bodegas utilizadas por el IMSS-Campeche.

Dentro del acta de verificación, se señala por ejemplo que “el área administrativa no cuenta con registros actualizados de los ingresos y egresos de los insumos que se manejan, ya que se corroboró que las listas de existencia con los saldos señalados en ésta, como disponibles, no coinciden con la existencia física encontrada…”, es decir, la COFEPRIS detectó irregularidades graves en el funcionamiento del almacén.

Asimismo, en la mencionada acta, se indica que no se cuenta con un programa que incluya buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de documentación, inducción al puesto, conocimiento de los procedimientos y seguridad, no se respeta el procedimiento establecido para la utilización del personal de instrumentos de trabajo limpios y confortables, ni equipos de protección que eviten riesgos para salud. En el mismo documento, los inspectores señalan que el almacén “no es un área libre de plagas o fauna nociva”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaria de la Función Pública a que investigue, en el marco de sus atribuciones, la responsabilidad administrativa y penal, por omisión o acción, de Víctor Santiago Pérez Aguilar delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Campeche en el deterioro de las instalaciones correspondientes al almacén general de suministros de dicho instituto, así como el multimillonario desperdicio de medicamentos y suministros en detrimento del organismo público al que representa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2015.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias federales y de las entidades federativas a emprender acciones en materia de inocuidad de los alimentos, en el marco del “Día Mundial de la Salud”. Se turna a la Comisión de Salud.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALY MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Día Mundial de la Salud se conmemora anualmente desde 1950. Desde que se estableció, como uno de los primeros actos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda a los sectores público, privado, social y a la población en general una oportunidad invaluable para conocer, hacer conciencia y promover acciones en torno a aquellas cuestiones de salud pública que impactan a nivel mundial.

Este año, el tema del Día Mundial de la Salud es la inocuidad de los alimentos. Un tema de gran trascendencia global si consideramos que de acuerdo con la propia OMS las enfermedades transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para la salud; millones de personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos insalubres.

Esta misma organización internacional ha destacado que los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Asimismo señala que las niñas y niños son los más propensos a padecer las consecuencias de este grave problema global, pues sólo la enfermedades diarreicas matan a cerca de 1.8 millones de ellos y ellas, por causas atribuibles a aguas o alimentos contaminados.

Las enfermedades transmitidas por alimentos han aumentado en todo el mundo principalmente por la estrecha vinculación de las cadenas alimentarias a nivel internacional. Esto provoca que las bacterias, virus u otros agentes nocivos se transmitan rápidamente sin importar las distancias.

Debido a lo anterior, en las últimas décadas hemos sido testigos de acontecimientos vinculados con la falta de control sanitario que hacen evidente la necesidad de un mayor control de la inocuidad alimentaria alrededor del mundo; este es el caso de la influenza aviar, la encefalopatía espongiforme bovina (conocida como “el mal de las vacas locas”) y, en años recientes, la denominada “fiebre porcina”, padecimientos que representan además de un enorme riesgo para la salud humana, enormes pérdidas económicas y de confianza de los mercados hacia el origen de productos donde se detectan.

En virtud de que la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos, la OMS promueve 5 claves para mejorar la inocuidad de los alimentos. Estas consisten en:

1. Mantener la limpieza.

2. Separar los alimentos crudos de los cocinados.

3. Cocinar bien todos los alimentos.

4. Mantener los alimentos a la temperatura adecuada.

5. Utilizar agua e ingredientes inocuos.

En nuestro país existen diversas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas y lineamientos para la promoción y vigilancia de prácticas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas; con el firme propósito de reducir el riesgo a la población, así como las pérdidas de los productos comestibles.

Este es el caso de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como las normas oficiales aplicables a los alimentos para lactantes y niños de corta edad (NOM131-SSA1-1995); así como a las prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos públicos (NOM-039-SSA1-1994), por mencionar solo unos ejemplos.

Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para consolidar un sistema de calidad e inocuidad de alimentos a nivel nacional que abraque a todos los sectores de la población, de modo que todos y todas tengamos acceso a alimentos de calidad y en condiciones salubres.

Es indispensable que las y los mexicanos conozcamos la importancia de consumir alimentos de calidad y en buen estado tanto en los hogares como en las escuelas; que las autoridades competentes redoblen esfuerzos para vigilar que el proceso de producción y consumo de alimentos se realice en condiciones óptimas, así como para hacer frente a cualquier posible contingencia provocada por la propagación de microorganismos nocivos en alimentos.

Por lo anteriormente expuesto, y con el firme propósito de prevenir exitosamente la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos; reducir el impacto de las mismas en el sector salud y en la economía de las familias mexicanas, y evitar riesgos para el sector productivo nacional, ponemos a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas de información sobre la importancia del consumo de alimentos inocuos entre la población, así como a fortalecer la vigilancia epidemiológica para la rápida detección y atención de enfermedades propagadas a través de alimentos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a reforzar las políticas públicas en materia de inspección y vigilancia en el sector agroalimentario a fin de promover el acceso de la población a productos alimenticios en buen estado y de calidad; así como a fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico para mejorar la salud animal en el país.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar la implementación y vigilancia de la inocuidad de los alimentos en los planteles educativos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela y Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la entrega de placas a los pequeños empresarios de pasaje, turismo y hombres camión que aún cumpliendo con los requisitos de dicha Secretaría, no se les ha otorgado su derecho al reemplacamiento. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Kenia por los recientes atentados terroristas ocurridos en la Universidad Garissa en la región noreste del país africano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

El terrorismo es hoy una de las manifestaciones más aciagas de la intolerancia, del odio y de la sinrazón. Nadie es ajeno al hecho de que atentados como el sufrido en Kenia son completamente irracionales, grotescos.

La madrugada del jueves dos de abril hombres armados identificados como parte del grupo terrorista islámico Al Shabab irrumpieron en la Universidad de Garissa, en Kenia,  y asesinaron a 147 personas, la mayoría estudiantes pero también fallecieron policías, soldados y vigilantes.

Las versiones que han circulado en distintos medios de comunicación señalan que, según testigos, los extremistas separaron a los alumnos cristianos y los ejecutaron, el atentado se extendió durante más de 12 horas y cuatro asaltantes fueron abatidos.

Estos hechos nos dan cuenta de la cerrazón que una ideología puede causar en la mente del ser humano, no logramos entender que un grupo que enarbole cualquier tipo de ideología o que practique cualquier credo, tome como herramienta para sustentarse y legitimarse la violencia llevada a sus máximas expresiones.

Los pilares fundamentales del libre albedrio que todo ser humano tiene derecho de ejercer ha sido mancillados en una afrenta que nos cimbra a todos por igual, a todos aquellos quienes reconocemos en el diálogo, la deliberación y las libertades, el rumbo correcto para dirimir nuestras diferencias.

Se considera importante resaltar que este tipo de eventos no son aislados, asociados muchos de ellos a la gran intolerancia que existe en contra de la libertad de culto, siendo este uno de los blancos preferidos de los grupos terroristas cuya principal bandera es la intolerancia.

El terrorismo constituye un mecanismo para silenciar a la población y tratar de sembrar miedo en aquellos que han optado por hacer valer su libertad de culto.

Es por lo anterior, porque a todos nos atañe de manera directa, que resulta importante hacer votos para que  impere la tolerancia, el respeto, y la libertad del individuo; porque las diferencias se diriman en función de los cauces institucionales democráticos, a partir de procesos y procedimientos de naturaleza incluyente. Porque se haga valer el Estado de Derecho.

Sólo la democracia puede vencer al terrorismo; sólo la democracia puede frenar al fanatismo, a la recalcitrante visión única.

Hacemos votos también porque estos lamentables hechos no sean utilizados para estigmatizar a una religión o credo en particular; que las acciones de un puñado de individuos no defina a cientos de millones de individuos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Esta Soberanía se solidariza con el pueblo de Kenia por los recientes atentados terroristas, manifestando nuestro inquebrantable compromiso con la libertad de culto y haciendo votos por que impere el diálogo, la tolerancia, el respeto y la paz.

Suscribe.






Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Desarrollo Social a crear e impulsar una política pública nacional que fomente e integre cooperativas de producción agropecuaria. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las políticas públicas aplicadas al campo han beneficiado solamente a los grandes productores y a empresas transnacionales, dejando a un lado a los verdaderos labradores de la tierra mexicana, provocando, a su vez, marginación, pobreza, migración, desempleo y, en el peor de los escenarios, delincuencia.

El campo mexicano se encuentra en el total abandono y no se ha logrado reactivar la agricultura a pesar de que en el año 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dicho Tratado no ha tenido el auge que se prometió, al contrario, la agricultura mexicana está estancada; no se vislumbra la forma en que un campesino mexicano pueda competir con uno estadounidense.

El Reporte de Investigación número 94, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y titulado, “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional” [*] señala que:

• Más de 29 millones de agricultores no pueden adquirir la canasta básica, sólo 3.9 millones de personas tienen acceso a algunos productos que la integran.

• Para diciembre de 2011, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales.

• En México, el 72 por ciento de los productores del campo están en quiebra, entre 2006 y 2011, las familias que vivían en el medio rural tuvieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 44 por ciento.

Tan sólo en 2013, México alcanzó la importación del 30 por ciento de leche, frijol, carne de aves y sorgo e importa entre el 30 y el 50 por ciento de carne de cerdos y bovinos. Por último, del maíz amarillo, del arroz y de la soya que se consume por los mexicanos, la mitad proviene del exterior. Lo anterior es una muestra de la situación en la que se encuentra el campo y agricultores mexicanos.

En consecuencia, es necesario que se rescate el campo y la agricultura, pues es una fuente perdurable de empleos y con ello se reactivaría la economía. México debe contar con una economía agrícola basada en más exportaciones y menos importaciones, a fin de que garantice su soberanía alimentaria; asimismo, se debe desarrollar una producción ambiental y sustentable, que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial.

Es necesario contar con un sector agropecuario económicamente fuerte que proporcione alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, la exportación de cultivos de alta densidad económica, generación de empleos agrícolas, por este medio será posible reducir las presiones sobre los mercados de trabajo urbanos, al mismo tiempo se detonarían efectos multiplicadores en otras ramas de la economía provocando una dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para acelerar el crecimiento económico en el país.

En este tenor, el objetivo de la presente Proposición con Punto de Acuerdo es solicitar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y Desarrollo Social, y en coordinación con sus homólogas estatales, impulsen una política pública nacional que fomente e integre Cooperativas de Producción Agropecuaria.

La cooperativas de producción agropecuaria tiene su fundamento legal en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su párrafo 6 y 7 señalan que:

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por su parte, al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, señala que dichas asociaciones son “una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicio”.

En México existen tres diferentes tipos de cooperativas: De consumidores de bienes y/o servicios; de productores de bienes y/o servicios, y de ahorro y préstamo, lo anterior de acuerdo al artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Con lo que respecta a las cooperativas de productores de bienes y/o servicios, el artículo 27 de la ley en cuestión señala que: “son aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual…”.

México debe cambiar la forma en que se apoya al campo, el país debe contar con políticas públicas modernas, eficaces, eficientes y congruentes con las necesidades del desarrollo del sector agrícola. Por tal razón, se propone que la Federación en coordinación las entidades federativas, promuevan la creación de cooperativas de productores de bienes y/o servicios, y que se comprometan verdaderamente en su impulso y promoción, otorgándoles un papel destacado en el proceso de desarrollo económico y social de México.

Con la creación de “cooperativas agrarias”, se generaría en un mediano plazo una situación de autosuficiencia en productos básicos del campo entre las comunidades estatales, para que en el largo plazo comiencen su comercialización hacia el exterior, detonando y fortaleciendo la actividad económica en México.

Por su parte, la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que “Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, […], con miras a”:

• establecer un marco institucional que permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida, sencilla, económica y eficaz posible;

• promover políticas destinadas a permitir la creación de reservas apropiadas, que en parte por lo menos podrían ser indivisibles, así como fondos de solidaridad en las cooperativas;

• prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y la práctica nacionales y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de organización social;

• facilitar la adhesión de las cooperativas a estructuras cooperativas que respondan a las necesidades de los socios, y

• alentar el desarrollo de las cooperativas como empresas autónomas y autogestionadas, en especial en los ámbitos donde las cooperativas han de desempeñar un papel importante o donde ofrecen servicios que, de otra forma, no existirían. [*]

Las políticas públicas de fomento cooperativo deben tener un impacto social económico y cultural, lo cual se verá traducido en la generación de empleo, fortalecimiento del poder adquisitivo, y económico del Estado.

Las cooperativas agrarias son indiscutiblemente una opción para el fortalecimiento de zonas rurales, ya que desempeñan un papel trascendente en el apoyo a pequeños productores agrícolas, así como los grupos más vulnerables.

Finalmente, es necesario mencionar que el financiamiento público hacia las cooperativas, debe ser con créditos a bajas tasas de interés, y al mismo tiempo deben disponer de recursos para que puedan financiar sus actividades de producción, distribución e investigación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y Desarrollo Social, para que en coordinación con sus homólogas estatales impulsen una política pública nacional que fomente e integre Cooperativas de Producción Agropecuaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

[*] Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional”, [en línea], México, Facultad de Económica de la UNAM, consultado el 26-03-2015, disponible en: http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf. 
[*] “México importa más de la mitad de sus alimentos: académica”, [en línea], en El Semanario, consultado el 26-03-2015, disponible en: http://elsemanario.com/95078/mexico-importa-mas-de-la-mitad-de-sus-alimentos-academica/
[*] “Recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, 2002 de la Organización Internacional (núm. 193)”, [En línea], Organización Internacional del Trabajo consultado 27-05-2015, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193






De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las problemáticas que más laceran e indignan a cualquier sociedad es el maltrato infantil. Desafortunadamente en nuestro país, a pesar de los avances en la materia, ésta es una situación que sigue presente, por ello resulta impostergable llevar a cabo acciones que coadyuven a prevenir cualquier forma de violencia hacía este segmento de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al maltrato infantil como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Para contextualizar los alcances de la problemática, tenemos que de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), en México, 6 de cada 10 niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, de igual forma, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

A pesar de que el maltrato infantil es un concepto complejo y de difícil análisis, diversos autores coinciden en que en términos generales se trata de un fenómeno multifactorial que se reproduce en prácticamente todos los extractos sociales afectando el desarrollo adecuado, armónico e integral de la población infantil, poniendo en peligro su formación personal, social y profesional.

Los fenómenos migratorios son factores que han contribuido a potencializar el riesgo de que los infantes sean objeto de violaciones a sus derechos. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración, cada año 40, 000 niños son repatriados de estados Unidos a México y de éstos 18, 000 son menores que viajan solos. En su intento por cruzar hacía los Estados Unidos, los infantes no solo son objeto de innumerables violaciones a sus derechos, también se exponen en a riesgos que ponen en peligro su integridad física e incluso su vida.

Como ya mencionamos el maltrato infantil puede presentarse en cualquier estrato social o actividad cotidiana de las niñas y niños, incluso estos últimos pueden volverse victimarios de sus iguales, tal como sucede con el bullying.

Actualmente no contamos datos precisos sobre el maltrato infantil, pues en muchas ocasiones casos la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, no son denunciadas. Lo grave de este hecho, es que son los mismos familiares los que encubren a los victimarios.

Lo violencia infantil tiene consecuencias de diversa índole en virtud de que el maltrato sufrido durante la infancia aumenta la posibilidad de que en la etapa adulta las personas tengan problemas conductuales, físicos y mentales que en la mayoría de las ocasiones se traducen en actos de violencia, depresión, obesidad, adicciones -tabaco, alcohol o drogas-, embarazos en adolescentes y comportamientos sexuales clasificados como de alto riesgo.

En el Grupo Parlamentario del PRI, tenemos un firme compromiso con las niñas y los niños mexicanos, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país. Ante este contexto adverso para la niñez, desde el grupo parlamentario del PRI hemos impulsado distintas acciones para garantizar a nuestra niñez un entorno libre de violencia.

En este sentido, llevamos a cabo la reforma constitucional para establecer la gratuidad de la primera acta de nacimiento y el registro de nacimiento; la reforma constitucional en materia de trabajo infantil para establecer la prohibición de la utilización del trabajo de los menores de 15 años; y por supuesto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que entro en vigor en diciembre de 2014.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ataca problemáticas como el bullying, creando protocolos para la prevención de este tipo de violencia. De igual forma, se busca la inclusión social de los menores otorgando mayores oportunidades a las niñas y niños con capacidades diferentes. Destaca también la creación de la Procuraduría Federal de Protección a los Niñas, Niños y Jóvenes, así como la instauración de procuradurías estatales.

Estas acciones dejan de manifiesto las diversas acciones desde las cuales debe ser abordado el maltrato infantil, así como la necesidad de que sea atendido de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno y las dependencias que por imperio de ley deben conocer de asuntos relativos al desarrollo integral de la niñez.

La erradicación del maltrato infantil, es un problema que debe ser abordado a través de un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, así como las instuciones del estado mexicano encargadas del bienestar de la familia como es el caso de los Sistemas Estatales DIF.

En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos decididamente para que la niñez de nuestro país no sea susceptible de acciones de violencia, abuso, explotación y trabajo infantil.

Por lo expuesto, los legisladores del grupo parlamentario del PRI acudimos a esta Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la Repúblicaexhorta a los Gobiernos de los 31 estados y el Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo Acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil.

Segundo. El Senado de la República exhorta a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco de la conmemoración del día del niño lleven a cabo una campaña de concientización con el objeto de erradicar toda forma de maltrato infantil.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2015.

Atentamente.






De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda el acuerdo preliminar alcanzado por Irán y las seis potencias del llamado Grupo P5+1 sobre el programa nuclear iraní. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Senado de la República saluda el acuerdo preliminar alcanzado por Irán y las seis potencias del llamado Grupo P5+1sobre el programa nuclear iraní, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Tras meses de negociaciones, la semana pasada se dio a conocer que el gobierno de Irán y las seis potencias del llamado Grupo P5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania) lograron un acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní.

Con este acuerdo, que para muchos constituye un hecho sin precedentes, se busca poner fin a 12 años de conflicto con Irán en el tema nuclear, mediante el levantamiento de sanciones internacionales a cambio de una reducción de las capacidades atómicas de dicho país. Sin embargo, se espera que el pacto definitivo se firme a finales de junio.

2. Diversos medios han señalado que este pacto pavimentará el camino para que las potencias mundiales limiten la actividad nuclear de Irán, le impidan construir la bomba atómica y le permitan reintegrarse a la comunidad internacional. Entre los puntos clave que se han acordado se mencionan los siguientes:

a. Irán reducirá en más de dos tercios sus centrifugadoras de uranio en la instalación de Natanz al pasar de 19 mil a 6 mil activas. Y las reservas de uranio enriquecido, que podrían emplearse para la construcción de una bomba nuclear, se reducirán de 10 mil kilos a solo 300 kilos durante 15 años. De esta manera, Irán deberá deshacerse de gran parte de sus reservas de uranio y se compromete a no construir ninguna instalación nuclear en ese periodo;

b. La instalación subterránea de Fordow sólo contará con mil centrifugadoras y se convertirá en un centro científico de carácter civil y tecnológico;

c. Irán rediseñará y reconstruirá el reactor de agua pesada de Arak y se comprometerá a no enriquecer uranio más allá del 3.67% por un periodo de 15 años;

d. Irán aceptará una mayor verificación internacional a su programa nuclear. En específico, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) tendrá acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes utilizando las tecnologías más actualizadas y modernas en materia de monitoreo. De acuerdo con el gobierno estadounidense, estos mecanismos de inspección permitirán prevenir cualquier programa secreto, ya que en caso de que Irán decida desarrollar la bomba, requerirá de un año como mínimo para ello y esto permitirá a la comunidad internacional detectarlo a tiempo y reaccionar en consecuencia; y

e. Las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU han impuesto a Irán en los últimos años se levantarán cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte de Irán. Pero en caso de que se detecte una violación o incumplimiento a los acuerdos, las sanciones se reactivarán automáticamente.

3. Las expresiones a nivel mundial sobre el acuerdo alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 no se hicieron esperar. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó que éste es un “buen acuerdo” que evitará que Irán consiga un arma nuclear; la encargada de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, señaló que “ésta es una decisión clave que prepara la base acordada para el texto definitivo de un plan de acción final”.

Por su parte, el Presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado su vehementemente oposición a dicho acuerdo, mismo que ha calificado de "una amenaza a la supervivencia de Israel" porque “aumenta los riesgos de la proliferación nuclear en la región”; en tanto que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que el acuerdo contribuirá a la paz y estabilidad en Oriente Medio.

En términos generales, la comunidad internacional ha mostrado una reacción favorable a este acuerdo pero es necesario esperar a que se concreten los detalles finales del pacto y se especifiquen algunas cuestiones que han quedado señaladas en términos generales. Sólo hasta el momento en que se firme un documento final se podrán conocer los alcances de los compromisos alcanzados para evitar que Irán desarrolle un programa nuclear con fines militares y que sólo aproveche la energía nuclear con fines pacíficos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania) sobre el programa nuclear iraní, haciendo votos para que a más tardar el 30 de junio se concrete un acuerdo final que vele por el uso pacífico de la energía nuclear y contribuya a consolidar la paz entre las naciones.

Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para dar un informe sobre las medidas tomadas en materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, la supervisión llevada a cabo para garantizar su debido cumplimiento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras del país. Se turna a la Comisión de Energía.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

En materia de Seguridad Industrial, PEMEX atraviesa uno de sus peores momentos. Los accidentes, las explosiones y otros desperfectos, en instalaciones de la empresa emblemática del país, van a la alza. Esto, lamentablemente, con fatales consecuencias.

Son ya muchas las pérdidas humanas que hemos tenido que lamentar en los últimos años. Desde el inicio de esta legislatura, más específicamente el 25 de septiembre del 2012, alzábamos ya la voz en el Senado de la República sobre la gravedad de esta situación.

En ese momento, y como consecuencia de la tragedia acaecida en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, en Reynosa Tamaulipas, donde fallecieron 30 trabajadores, presentaba, el que suscribe, un Punto de Acuerdo por el que se citaba al Director General de PEMEX a comparecer ante esta soberanía con la finalidad de dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa.

Mi motivación entonces, como ahora, encuentra su origen en la convicción de que esto no pude seguir sucediendo. Y es que ciudadanos mexicanos, ya sean trabajadores de PEMEX o de alguna subcontratadora, o incluso civiles que viven cerca de instalaciones de la empresa, están muriendo por decenas.

En ese punto de Acuerdo, presentado el 25 de septiembre, mencionaba quede 2001 a la fecha, en más de 20 accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX, incluyendo el ocurrido en Tamaulipas, se han perdido más de 95 vidas humanas, dejando además decenas de heridos y cuantiosos daños materiales y ecológicos.

Recalcaba además, como una cifra realmente alarmante, que de 2006 al 2012 más de 95 mexicanos habían resultado muertos en accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX.

No pasó mucho tiempo antes de que una nueva tragedia sacudiera al país entero. El 31 de enero de 2013, una explosión de grandes magnitudes ocurrió en el edificio B2 de la Torre de Pemex, en la Ciudad de México. El hecho ocurrió a las 15:45 horas, en el momento en el que cientos de empleados realizaban el registro de salida y entrada de sus labores. La detonación causó severos estragos en el sótano, planta baja y el primer piso del anexo (Edificio B2), además de afectar ciertas partes de la Torre de 53 pisos. Miles de personas fueron desalojadas del complejo ubicado en la colonia Verónica Anzures.

Para el día viernes 1 de febrero de 2013, la cifra de muertos era ya de 32 personas.

En ese momento, al igual que en ocasiones anteriores, varios senadores presentamos un punto de acuerdo, no sólo manifestando nuestra solidaridad con los deudos, sino también exhortando a la Secretaría de Gobernación a permitir que esta Soberanía coadyuvara en las investigaciones correspondientes al siniestro, fomentando así la mayor transparencia y publicidad posible.

Hoy, y decimos esto con gran pesar, tenemos que sumar más víctimas fatales a una ya larga lista.

El pasado miércoles 1 de abril, como consecuencia de un incendio en la plataforma Abkatún Alfa de PEMEX, de la Región Marina Suroeste en Campeche,cuatro trabajadores fallecieron y otros tres se encuentran desaparecidos.

Petróleos Mexicanos informó que otra de las personas que resultaron heridas durante el incendio de la plataforma salió del Hospital Regional de Pemex en Ciudad del Carmen. Todavía Permanecen 2 hospitalizados en esa ciudad y otros 2 en el DF, según la misma empresa.
Ocioso resultaría hacer un recuento pormenorizado de todos los incidentes fatales acaecidos en la empresa emblemática del país en los últimos años, pero tal vez con mencionar los más graves podríamos arrojar luz, y sensibilizar a todos los involucrados,  sobre la urgencia de tomar medidas concretas e inmediatas:

• El 17 de octubre de 2006, una explosión e incendio en el buque tanque “Quetzalcóatl”, que se encontraba anclado en el muelle 6 de la Terminal Marítima de Pajaritos, dejó nueve muertos y 14 personas lesionadas

El 23 de octubre de 2007 más de 20 trabajadores de PEMEX son reportados muertos en las aguas de la sonda de Campeche, como saldo de una fuga descontrolada de aceite y gas en el pozo Kab 101, producto de una falla en la plataforma petrolera Usumacinta.

El 7 de septiembre de 2010 PEMEX informa sobre una explosión, ocurrido en la refinería de Cadereyta, donde un trabajador murió y dos resultaron gravemente heridos.

El 19 de Diciembre de 2010, en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, la extracción clandestina de combustible de la red de Petróleos Mexicanos causó la explosión de un oleoducto, ocasionando la muerte de al menos 28 ciudadanos, 52 heridos y cinco mil personas evacuadas, además de importantes daños materiales.

El 18 de septiembre de 2012, en Reynosa Tamaulipas, mueren 28 trabajadores en un incendio ocurrido en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción.

El 31 de enero de 2013, una explosión de grandes magnitudes en el edificio B2 de la Torre de Pemex, en la Ciudad de México, deja como saldo a 32 personas fallecidas.

El miércoles 1 de abril, del año en curso, como consecuencia de un incendio en la plataforma Abkatún Alfa de PEMEX, de la Región Marina Suroeste en Campeche, cuatro trabajadores fallecieron y otros tres se encuentran desaparecidos.

Esto es, 122 ciudadanos fallecidos.

Es evidente, así lo muestra la realidad, la alta cifra de muertos lamentablemente lo constata, que a este tema no se le presta la atención debida.

CONSIDERACIONES

PEMEX ha confirmado que será la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos(Asea), quien encabece el análisis de las causas que provocaron este incidente, para determinar las acciones que correspondan en materia de seguridad industrial y operativa, esto de acuerdo a las responsabilidades que se le otorgaron con la aprobación de la Reforma Energética.

No podemos olvidar que la Reforma Energética contempló la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en dicho sector.

Varios senadores hemos sido claros sobre nuestra postura con respecto a esta agencia. Señalamos, desde un inicio, que con su creación se buscaba concentrar en una sola instancia la regulación ambiental y la autorización de los permisos en la materia, por un lado, y los procesos de investigación, inspección y sanción, por el otro, como se describe en el Artículo 5 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Esto, que no tenía ningún sentido ni lógica operativa, aclaramos, pondría en riesgo la objetividad de la Agencia en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente y en materia de seguridad industrial, al ser juez y parte en los diferentes procesos.
Sin embargo, más allá de esas apreciaciones originales, ha llegado el momento de que esta Agencia de muestra de su valía, o de su falta de valía.

Según la fracción III, del artículo 5º la ley en comento, la agencia deberá:

“Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;”

Es momento de avanzar de manera decidida en materia de seguridad industrial; no podemos permanecer inmóviles ante la tragedia que desde hace años viene configurándose en las instalaciones de PEMEX.

Es un buen momento para saber si esta agencia, por su diseño, estará a la altura de la situación. Para esto, en aras de abonar al fortalecimiento de la agencia como tal, así como a la transparencia y rendición de cuentas, es importante que exista en todo momento interlocución institucional entre esta soberanía y las dependencias encargadas de supervisar la seguridad industrial en las instalaciones de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la República manifiesta su solidaridad y su más sentido pésame a los deudos de las personas fallecidas el pasado miércoles 1 de abril, como consecuencia del incendio en la plataforma Abkatún Alfa de PEMEX.

Segundo.- El Senado de la República cita a comparecer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos para dar un informe detallado sobre las medidas tomadas en materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, la supervisión llevada a cabo para garantizar su debido cumplimiento y las condiciones físicas y de seguridad de todas y cada una de las instalaciones petroleras del país.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones y cementerios bajo su administración, así como los programas de mantenimiento que instrumenta para conservarlos en buen estado. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los panteones y cementerios constituyen un servicio público a cargo de los municipios conforme a lo establecido en el inciso e) fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, asimismo, la Asamblea Legislativa del D.F está facultada en el inciso k) de la Base Primera de artículo 122 constitucional, para legislar en materia de prestación y concesión de los servicios públicos, entre los cuales, se encuentran los cementerios.

En el caso de la ciudad de México, se reconoce a los cementerios como el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres conforme lo dispuesto en la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Salud del Distrito Federal2.

Los cementerios en el Distrito Federal se clasifican en oficiales y concesionados, en el primer caso, los hay de carácter general para todo tipo de inhumación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados, sin importar su procedencia.

Ahora bien, dentro de los cementerios oficiales-públicos hay civiles delegacionales3 para inhumar cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados, procedentes del área de la demarcación territorial correspondiente; y civiles vecinales, en los cuales se podrán inhumar cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados procedentes del área vecinal respectiva.

Resulta vital conocer el número de sitios que prestan este servicio público con alto impacto en la ciudadanía, por lo imprevisto de las circunstancias en que ocurre la necesidad de utilizarlos; por los criterios para prestar el servicio en materia de salud ambiental y salubridad general para la gente; por el uso y propiedad de la tierra, -particularmente- en los casos de los panteones civiles vecinales o comunitarios, como también se conocen.

No obstante, la trascendencia de la materia que nos ocupa, se agrega un factor adicional para su complejidad, la gran opacidad que impera en la información respecto al estatus que guardan los panteones y cementerios en la capital del país, toda vez que, en el portal electrónico de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, lo único publicitado al respecto es el nombre del titular de la Jefatura de Unidad encargada -entre otras facultades- de la atención a las quejas que formulen los particulares respecto a la prestación del servicio otorgado en los cementerios públicos y concesionados en el D.F.

Si bien dicha información debería estar disponible en un portal cuya esencia es atender las quejas ciudadanas respecto al servicio, no hay datos -que deberían ser públicos- como el número de cementerios total, el estado que guardan y los programas de rescate y mantenimiento de los mismos.

Por el contrario, al solicitar vía telefónica en el número de contacto del portal, la información antes citada, la respuesta fue que se requiere elaborar oficio y entregarlo personalmente a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal para proporcionar la situación general que guardan los cementerios en la ciudad. Lo cual es contrario y ajeno al principio de máxima publicidad y merma la construcción de ciudadanía con la que debe estar comprometido todo poder público.

Derivado de este escenario, se acudió a los datos vertidos en el dictamen aprobado el 6 de junio de 2014 por las comisiones unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de Administración Pública Local, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Panteones, Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios del Distrito Federal4.

En el texto se indica que el Distrito Federal tiene registrados 117 cementerios, de los cuales 102 (87%) son oficiales y 15 (13%) concesionados, entre ambos ocupan una superficie de 828 hectáreas (8´288,964 m2) de las cuales (6´178,541 m2) el (74.5%) corresponden a los oficiales y (2´110,423 m2) (25.5%) a los concesionados, concentrando un total de 1´442, 548 fosas.

Lamentablemente, como es de conocimiento público, estos están en condiciones insalubres, abandonados de toda acción de mantenimiento y priva un caos en la organización interna pues lo mismo se encuentra un visitante con una tumba que con montañas de grava o basura orgánica e inorgánica, producto del paso humano. Más aun, se han encontrado restos de los ataúdes y de cuerpos expuestos al aire libre, representando un alto riesgo de contaminación.

La ineficacia de la operación de este servicio público es una vertiente que debe  atenderse de manera pronta por las autoridades centrales del Distrito Federal y de manera coordinada con las delegaciones, no sólo impacta la salud de los visitantes sino la viabilidad de seguir ofreciendo este servicio público5 a quienes más lo requieren, debido a que las fosas son vendidas a perpetuidad (86%) y se impide un uso óptimo y más dinámico de los espacios

No todas las delegaciones, como Miguel Hidalgo, cuentan con áreas específicas para atender el servicio de cementerios, lo cual abona a la disipación de responsabilidad sobre este servicio público.

El diagnóstico lo tiene claro la Asamblea Legislativa del D.F. el 9 de junio de 2014 aprobó la Ley de Cementerios en cita, con la finalidad de poner al día la norma conforme a la nueva realidad social y demográfica de la capital.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno, conforme a las facultades que le confiere el artículo 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal6, emitió observaciones.

Desde entonces ha sido ocasión para que diversas voces se pronuncien en contra del decreto aprobado por la ALDF particularmente por lo que toca al artículo 69 debido a la colisión de intereses con el régimen de propiedad de los cementerios comunitarios, toda vez que diversas asociaciones de pueblos originarios reclaman que no todos los cementerios y panteones del D.F. son parte del patrimonio inmobiliario de la ciudad de México, pues tienen escrituras de esas tierras, lo cual ha complicado el escenario para atender la problemática que afecta a este importante servicio público.

Con estos antecedentes y considerando que la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica del Distrito Federal7 señala a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales responsable de coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de panteones y bienes mostrencos, entre otros.

Que el artículo 108 de la Ley de Salud del D.F. señala a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal como la responsable de vigilar y atender el establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea por sí mismo o por concesión.

Que está expresamente prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios, crematorios y funerarias, de realizar cualquier manejo de cadáveres, fuera de lo estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes8.

Que el artículo 6º del Reglamento de Cementerios del D.F. también reconoce a las delegaciones como encargadas de prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación y reinhumación de cadáveres, restos humanos, y restos humanos áridos o cremados en los panteones civiles generales, delegacionales y vecinales.

Resulta necesario y urgente que las autoridades del gobierno del Distrito Federal rindan cuentas y ofrezcan una explicación a los capitalinos sobre el estado que guardan los cementerios y panteones oficiales de la ciudad de México, puesto que, además de insalubre, resulta indigno para los deudos de quienes han perdido la vida acudir a visitar a sus difuntos en condiciones tan paupérrimas como las actuales en la prestación de este servicio público.

Es justo que las delegaciones y el gobierno central informen lo que está ocurriendo e inviertan parte de los ingresos que reciben por el cobro de dicho servicio en mejorar las condiciones generales de los cementerios.

La fracción II del artículo 138 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal9 reconoce entre los bienes de dominio público del D.F. aquellos bienes muebles e inmuebles utilizados para la prestación de servicios públicos, los cuales son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su situación jurídica.

En concordancia, el artículo 74 del Reglamento de Cementerios mandata que los servicios prestados al respecto en el Distrito Federal sólo deberán pagarse en los cementerios oficiales y conforme los derechos que se establezcan la Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita al Gobierno del Distrito Federal envíe un informe detallado del estado que guardan los panteones y cementerios civiles en la ciudad de México, el cual deberá contener cuantitativa y cualitativamente las medidas y programas de conservación y mantenimiento instrumentados para brindar este servicio público, de manera digna y salubre a la ciudadanía.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a transparentar -atendiendo al principio de máxima publicidad-, el número de acciones y costo del mantenimiento de los panteones y cementerios oficiales de las dieciséis delegaciones de la ciudad de México

Dado en el recinto del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Atentamente.

2 Ver. http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/normaplicable/2014/4/lsdf_15102014.pdf 
Cabe mencionar que el artículo 1 del Reglamento de Cementerios del D.F. contempla una definición más extensa, aunque no se ha modificado desde su creación el 28 de diciembre de 1984.

3 Conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento de Cementerios del D.F.
Ver. http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3209.pdf

5 La Consejería Jurídica del D.F. expuso que al mes de agosto de 2012, el Distrito Federal contaba solo con 54,747 fosas disponibles a temporalidad de 7 años, de las cuales 52,840 correspondían a los panteones civiles y 1907 a los panteones concesionados. Con base en este escenario, se puso en marcha el programa de Regularización de Títulos de fosas a perpetuidad, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 129-bis del 6 de diciembre de 2004, cuya responsabilidad recae en la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
Cfr.: http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/portal_detalle.php?contenido=Mzc3&direccion=Mw==&

8 Artículo 160 de la Ley de Salud del D.F.

9 Ver. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10_270614.pdf






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a su gabinete legal y ampliado para que los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que constituyen patrimonio del Estado sean destinados para el ejercicio de la función pública que desempeñan. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila y a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus facultades instruya a su gabinete legal y ampliado para que los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que constituyen patrimonio del estado, sean destinados para el ejercicio de la función pública que desempeñan, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

El domingo pasado, un helicóptero oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue usado por su Director General David Korenfeld Federman, para transportar a su familia de vacaciones. En unas fotografías publicadas en distintos medios de comunicación, se observa cómo en el fraccionamiento Bosque Real ubicado en Huixquilucan, Estado de México, un grupo de personas -entre ellas varios niños- desciende de una camioneta de lujo color gris, mientras la aeronave de la dependencia gubernamental espera a sus pasajeros en un área verde del conjunto habitacional.

Estas acciones hablan de que el funcionario hace uso indebido de los bienes que le pertenecen al estado y que son parte fundamental para las tareas propias de la Comisión Nacional del Agua. En este caso en particular, la aeronave se utilizó para fin distinto a su objeto que fue el traslado del director de la dependencia, David Korenfeld para agilizar su traslado en compromisos personales. Pese a las declaraciones del servidor público al querer justificar que se utilizó para fines médicos, aun en tal caso no se justifica el uso de bienes públicos a su cargo.

Personas vecinas del funcionario aseguran que se trató de un viaje de placer, con toda la familia y con maletas. Algunos comentarios adicionales aseguran que el titular de CONAGUA vive con su familia en dicho fraccionamiento desde diciembre del 2012, en el municipio que él mismo gobernó en el periodo de 2003 a 2005.

La CONAGUA es el órgano administrativo desconcentrado del gobierno federal que ejecuta las funciones en lo respectivo a las aguas nacionales y recursos hídricos en México, hasta donde tengo entendido no tiene funciones de servicio de aerotaxi o de servicio médico al público. Es ingenuo pensar que por un acto de corrupción donde el titular de CONAGUA estuvo directamente involucrado no se aplique la misma medida que en el caso del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO. Creo que es necesario que el propio Ejecutivo Federal separe del cargo al Director General de la CONAGUA para que la Secretaría de la Función Pública pueda ejercer su labor sin obstáculos.

No cabe duda que en la Comisión Nacional del Agua se está haciendo costumbre la distracción de sus bienes para fines distintos a sus funciones. Como ocurrió también en el caso de la utilización de otra aeronave propiedad de la CONAGUA para el traslado de funcionarios públicos locales y particulares de la Ciudad de Torreón a la Hacienda de Guadalupe en el estado de Coahuila, con motivo del aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, evento que no tiene ninguna relación con las obligaciones de la Dependencia propietaria de la aeronave. Mi preocupación es en el mismo sentido para que se investigue y se siga evitando la distracción de los recursos públicos para fines personales o en beneficio de terceros.

Resulta incuestionable que además de ser reprochable la actitud de los funcionarios públicos al distraer bienes a su cargo, no solo traicionan la confianza que se les brinda en el cumplimiento de sus funciones, sino además, incurren en la probable comisión de delitos que deben sancionarse, no podemos permitir que en este país la corrupción y la impunidad sigan siendo una regla en la forma de hacer política de quienes tienen a su cargo bienes público. Hoy que el gobierno federal y el Congreso de la Unión, presumen la intención de impulsar una Ley que frene la corrupción y la impunidad, se hace exigible que el ejecutivo federal dé la primera muestra por resolver cualquier problema de corrupción cometido por funcionarios públicos de su adscripción, separando de su cargo a cualquier servidor que de manera clara sea acusado de desviar recursos públicos a su cargo, ya sea en beneficio propio o de terceros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que inicie investigación al titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, por la posible participación en la comisión de un delito por el uso para fines personales de una aeronave propiedad de la Comisión Nacional del Agua.

Derivado de los hechos en que se involucra a David Korenfeld y para efecto que se facilite la investigación de los mismos, esta Soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que separe de su cargo al actual Director General de la Comisión Nacional del Agua. Una vez concluida la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública envié un informe detallado a esta Soberanía sobre el resultado de la investigación y de las sanciones impuestas a los funcionarios públicos involucrados en la utilización de bienes que constituyen recursos públicos, para fines distintos a su objeto.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus facultades instruya a su gabinete legal y ampliado para que los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que constituyen patrimonio del estado, sean destinados única y exclusivamente para el ejercicio de la función pública que desempeñan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Vianey Montes Colunga.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales a actualizar la normatividad a fin de fomentar la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En materia de bienestar y protección animal hace falta mucho por hacer.

Actualmente la normatividad que regula la protección y el bienestar animal se encuentra dispersa en diversos instrumentos legales, como la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de diversas normas oficiales mexicanas y reglamentaciones que emiten los diversos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Hace algunos meses se propuso1 que hubiera un solo marco legal que regulara el bienestar y la protección animal en una ley de carácter general, que contenga todas las normas de la materia. Seguiremos insistiendo en este punto para que dicha iniciativa se apruebe, porque la consideramos importante.

El bienestar animal es muy amplio, incluye desde el trato digno que deben recibir los animales en los procesos productivos y de investigación, hasta las obligaciones de las autoridades para tomar un papel más activo a favor de la protección de la fauna silvestre. Por otra parte, en el tema relativo al bienestar de los animales que conviven con nosotros diariamente, tenemos que insistir en acciones específicas para una cultura de tenencia responsable, trabajar en campañas de esterilización que respeten el bienestar y la dignidad de los animales y por fomentar la adopción y no la compra de animales de compañía. Todas ellas, acciones de gran impacto para los valores de convivencia respetuosa, digna y sustentable de todas las entidades vivientes en nuestro país.

Hoy quisiéramos tocar un punto en especial relacionado con las acciones para favorecer el bienestar de los animales de compañía, con la promoción de la adopción de perros y gatos y la tenencia responsable.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),hasta el 2011 en el país vivían 23 millones de perros y gatos, ocupando el primer lugar de América Latina. En México hay un perro por cada 6 habitantes, Consulta Mitofsky2 también señala que 6 de cada 10 viviendas en el país reportan la existencia de al menos una mascota.

En 2012, la facultad de Veterinaria de la UNAM y la Secretaría de Salud, indicaron que existían alrededor de 22 millones de perros, de los cuales más de 10 millones vivían en las calles; además, se calcula que el 70% de los perros viven en situación de calle. 3 Miembros de la sociedad civil ha señalado que esto se debe principalmente a “la venta indiscriminada de animales de compañía y la falta de responsabilidad por parte de los dueños”.

Según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal cada año se pierde no son abandonados 18 mil perros por sus dueños. Tan sólo en 2011 se recibieron aproximadamente 60 mil perros y gatos callejeros, de los cuales 9 de cada 10fueronsacrificados debido a que no fueron reclamados o no fueron adoptados. 4

A pesar de algunos esfuerzos que se han emprendido tanto por parte de las autoridades gubernamentales como de las organizaciones civiles y personas en lo individual, sigue habiendo diferencias en cómo se regula a partir de las competencias entre los niveles federal y local, como pasa con las acciones para atender la sobrepoblación de perros callejeros. En ese mismo sentido, hasta ahora no se ha promovido lo suficiente la tenencia responsable, ni la adopción, y no se han tomado medidas proactivas, libres e informadas para solucionar el problema.

Otros problemas están relacionados con el abandono de animales de compañía, pues son casi 10 millones de animales que viven en situación de calle los que no están esterilizados, y esto provoca que se reproduzcan de manera indiscriminada,5 lo cual genera graves problemas de sobrepoblación, que entre otros, se asocia a problemas de salud pública. A nivel nacional se recogen aproximadamente 696 toneladas de excremento al día, cuando las heces fecales se secan o pulverizan viajan y pueden ocasionar enfermedades en los humanos como conjuntivitis. En la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM se señala que hay más de 140 enfermedades relacionadas con el contacto con perros. 6

Promover la adopción y la tenencia responsable, son dos elementos necesarios para el bienestar animal de los animales de compañía en nuestro país. Aunque existe legislación relacionada, todavía requerimos de mecanismos de carácter general que fomenten estas conductas.

Afortunadamente ya hay casos que avanzan en ese sentido en México: una compañía de alimentos para mascotas promovió una campaña de adopción entre 2008 y 2014, logrando la adopción de 30 mil perros y gatos. 7 Respecto a la materia, los estados y principalmente los municipios, han emitido reglamentaciones sobre tenencia de animales8,9 ,10 Lo han hecho a partir de la regulación de normas de convivencia social y ciudadana, en específico, la tenencia, el control animal, la crianza, el transporte, el sacrificio, así como los derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones, así como los recursos contra los actos de las autoridades que no cumplan sus responsabilidades.

En el entendido que el bienestar animal y su protección representa beneficios directos para la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, así como en la convivencia social pacífica y libre, algunos municipios han ido avanzando en esta materia. Sin embargo, los esfuerzos no son ni sistemáticos, ni uniformes, ni generales. Donde en un municipio se regula el bienestar de los animales de carga, en otros faltan estas disposiciones; en unos se enfatizan las obligaciones de los establecimientos mercantiles y los proveedores, en otros las de los ciudadanos.

Aunado a esta situación, en el nivel federal de gobierno, se han emitido normas oficiales mexicanas relativas a la venta de animales por parte de los proveedores. Desafortunadamente, no han promovido la adopción y tenencia responsables, pues se limitan a regular la relación cliente-proveedor, a pesar de que tiene como objetivo proveer información suficiente de ayude a tomar la mejor decisión de compra.

LA NOM-148-SCFI-2008, PRÁCTICAS COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA O DE SERVICIO, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO Y ADIESTRAMIENTO, expedida por la Secretaría de Economía, en primera instancia en 2001 y luego actualizada en 2008,fue emitida con la finalidad de establecer los elementos y requisitos mínimos de información comercial. También se refiere al contenido mínimo de los contratos de adhesión, en caso de que se utilicen, y garantías, en caso de que se ofrezcan, a que deben apegarse los proveedores fin de que los consumidores cuenten con información clara y suficiente para tomar la decisión más adecuada a sus necesidades.

Dicha NOM es aplicable en todo el territorio nacional para los proveedores dedicados a comercializar animales de compañía o de servicio, y/o a prestar servicios para su cuidado y/o adiestramiento.

Actualmente dicha NOM establece la obligación de proporcionar cierta información al consumidor, en la que destaca:

• Información veraz que no induzca al error.

• Contar con los permisos y autorizaciones para ejercer su actividad y liberar al consumidor de cualquier procedencia ilícita de animales.

• Exhibir los precios y las guías informativas.

Los establecimientos y proveedores están obligados a tener contratos de adhesión con las siguientes características:

• Estar registrados en la PROFECO.

• Expresar el precio.

• Establecer la identificación del proveedor, así como las garantías.

• Teléfonos de contacto, formas de reclamación, de presentación de quejas.

• La imposición de penas convencionales, entre otras.

Tratándose de venta de animales, se debe entregar al consumidor la información relativa al sistema de registro y/o identificación que aplicó al animal o servicio que adquirió el consumidor.

Esta NOM si bien cumple la función de brindar información al consumidor cuando adquiere un animal de compañía, requiere ser actualizada para que –sin alterar su objetivo- pueda coadyuvar a fomentar la tenencia responsable y la adopción de animales de compañía, protegiendo al mismo tiempo:

a. la libertad de comercio de las empresas que tienen por objeto la venta de animales, misma que ya se encuentra regulada, así como
b. el derecho a la información de los usuarios y consumidores, y hacerles saber que además de la opción de compra, pueden adoptar, y

c. la protección y el bienestar animal, de forma muy especial, enfatizando la tenencia responsable.

Hoy en día, como dijimos, algunos establecimientos mercantiles, 11 ,12 en conjunto con organizaciones sociales, han promovido acciones para fomentar la adopción de animales, acciones que son voluntarias y generadas a partir del empuje social, de la fuerza de la ciudadanía que está interesada en promover las mejores prácticas en un contexto de respeto, solidaridad y cuidado por los otros. Como se mencionó anteriormente, estos programas han tenido gran éxito para solucionar algunos de los problemas relacionados a los animales de compañía.

Nos parece que es necesario rescatar y elevar esa iniciativa para que tenga impacto positivo en las políticas públicas, mediante la revisión y en su caso actualización normativa de la normatividad aplicable y en especial de la NOM señalada, en las siguientes aristas:

a. Con nivel general, para que contenga líneas y directrices comunes, aplicables de manera estandarizada a todos los establecimientos mercantiles y proveedores.

b. Con nivel nacional, para que sea aplicable en todo el país, y de acuerdo con las características y regionalismos específicos, se aplique de manera efectiva en cada entidad federativa, en cada región, en cada municipio, con base en las reglamentaciones que emiten.

c. Actualizada, considerando los niveles de participación ciudadana, solidaridad social y cuidado y respeto de todas las formas de vida, promoviendo una moralidad que no ponga precio a todo y que fomente la protección de los seres que se encuentran en desventaja.

Esto nos permitirá promover entre los consumidores una ética del cuidado y de la solidaridad, favoreciendo la adopción voluntaria, como primera opción, y la compraventa de animales de compañía, como opción segunda.

La operación se establecería de la siguiente manera:

Cuando el consumidor acuda con un proveedor, éste, además de las obligaciones que ya tiene, contenidas en la NOM, estará a obligado a proporcionar y obtener por escrito el consentimiento del consumidor en el que éste último manifiesta a) haber recibido del proveedor información sobre las ventajas de la adopción de animales de compañía y las opciones con que cuenta para ejercerla, b) manifiesta su voluntad para ejercer la opción de la adopción, o bien optar definitivamente por la compraventa; y en caso de preferir la compra c) manifestar que asume la responsabilidad de tratar con cuidado y ofrecer condiciones de bienestar al animal de compañía, de conformidad con las normas jurídicas federales o locales aplicables.

Esta acción por sí misma permitiría alcanzar el fin de la norma que es establecer una relación de cuidado y solidaridad con los animales de compañía, además, que promovería diversos valores y no restringe ningún derecho constitucional o legal. Por un lado, promueve alternativas a la compra de animales, a la vez que no limita el derecho constitucional que tienen tanto los proveedores como los consumidores de acordarla en respeto estricto a la libertad comercial y de mercado. Representa, además, la posibilidad de que ampliar el campo del derecho a la información y a elegir opciones de mayor sustentabilidad que alcanzan para un mismo fin: convivir y cuidar de una entidad viviente, como lo es un animal de compañía, ya sea mediante la adopción, en primer lugar, o mediante la compra, en segundo lugar, en ambas asegurando la tenencia responsable.

Para asegurar la efectividad de la NOM establecida, se tendría que sancionar a aquellos proveedores que oculten o no entreguen información de las opciones de adopción, o bien la obstaculicen de cualquier manera.

Para ello, se propone:

a. Exhortar a la Secretaría de Economía a actualizar la NOM-148-SCFI-2008, PRÁCTICAS COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA O DE SERVICIO, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO Y ADIESTRAMIENTO con base en la información científica y veterinaria actual y de los patrones de consumo y comercialización de animales, a fin de incorporar el fomento de la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía en el punto 2.7, guía informativa, la opción de la adopción, y lo mismo en su punto 3., relativo a la información al consumidor, como se ha señalado en párrafos anteriores.

b. Exhortar a las autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales, para que en el ámbito de sus competencias, actualicen la normatividad, los reglamentos y acuerdos a fin de incorporar la obligación de los establecimientos mercantiles que cuenten con permisos o autorización para la venta de animales de compañía, de informar a los usuarios y consumidores de la tenencia responsable sobre las ventajas de la adopción y a favorecerla, así como a tomar ellos mismos las medidas de política pública para que la población esté informada de esta opción y los beneficios que tiene para la salud pública, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, considerando la importancia que tiene para una vida sustentable, de cuidado y solidaridad entre todas las especies, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, a actualizar la NOM-148-SCFI-2008,  PRÁCTICAS COMERCIALES-COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA O DE SERVICIO, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SU CUIDADO Y ADIESTRAMIENTO, a fin de incorporar en beneficio del consumidor la opción de la adopción, y la tenencia responsable de animales de compañía.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales, para que en el ámbito de sus competencias, actualicen los reglamentos, acuerdos administrativas y en general toda la normatividad de su competencia, con objeto de incorporar la obligación de los establecimientos mercantiles que cuenten con permisos o autorización para la venta de animales de compañía, a fin de informar a los usuarios y consumidores de la tenencia responsable, así como de las ventajas de la adopción. Asimismo, tomar las medidas de política pública para que la población, además de cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos en esta materia, esté informada de esta opción y los beneficios que tiene para la salud pública, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar y Protección Animal y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Civil Federal y de la Ley General de Vida Silvestre. Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, integrante del GP-PRD. Materia: expide la Ley General de Bienestar y Protección Animal. Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen, el 10 de diciembre de 2014.

2 Cfr. http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2011/20110427_NA_Mascotas.pdf

3 Cfr. http://ciencia.unam.mx/leer/109/Proponen_solucion_al_problema_de_los_perros_callejeros

4 Ibídem

5 Cfr. ENLACE

6 Cfr. ENLACE

7 Cfr. ENLACE

8 Cfr. ENLACE

9 Cfr. ENLACE

10 Cfr. ENLACE

11 Cfr. ENLACE

12 Cfr. ENLACE






De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”. Se turna a la Comisión de Salud.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada implementen diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Garantizar la protección al derecho a la salud constituye una tarea fundamental para el Estado Mexicano, así queda de manifiesto en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, en la que se concibe a la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, lo cual representa el bien jurídico más valioso del ser humano.

En contravención a lo anterior, diversos medios informativos han documentado la proliferación de los llamados “medicamentos milagro”, que son a toda vista fraudulentos, ya que se venden y publicitan como medicamentos, cuando legalmente no tienen dicho reconocimiento.

Estos productos se caracterizan por enaltecer en su publicidad cualidades terapéuticas, preventivas y de rehabilitación, las cuales prometen la curación de problemas graves de salud como diabetes, cáncer, hipertensión arterial y obesidad.

Su circulación en el mercado nacional constituye un problema, debido a que no cuentan con las pruebas mínimas de eficacia, además no existen registros de las empresas que los producen y los controles de calidad de su producción.

Para dimensionar el fenómeno, se han reconocido al menos 3 mil 432 páginas de internet dedicadas a estos productos y se han identificado más de 21 mil marcas, productos y servicios, además de estas irregularidades, destaca que no cuentan con la autorización para su venta.

Gran parte del mercado de estos productos está focalizado al sector poblacional que desea bajar de peso de manera rápida sin el menor esfuerzo para lograrlo, esto los orilla a consumir pastillas o hierbas para lograrlo, sin embargo, carecen de sustento científico y aval sanitario que sustente sus resultados.

En particular, diversos especialistas en nutrición indican sobre los riesgos para la salud que representa el consumo de las pastillas, licuados y tés para bajar de peso, ya que lejos de ayudar con este propósito provocan parálisis del hígado, daño en las paredes del intestino y en los riñones.

Estos tratamientos y dietas están basados en la abstinencia del consumo de proteínas, vitaminas y minerales, lo cual puede desencadenar en trastornos del comportamiento alimentarios como la anorexia y bulimia, además logran producir efectos psicológicos negativos, por si fuera poco en su mayoría provocan la rápida recuperación del peso perdido, lo que se conoce como rebote.

En este sentido, diversos especialistas mencionan que estos productos provocan serios problemas a la salud, ya que contienen un alto contenido en plomo y recomiendan a todas aquellas personas que se quieren poner a dieta o cambiar sus hábitos alimenticios, acudir con un nutriólogo y no dejarse llevar por la publicidad que se maneja en estos productos.

Es importante mencionar que las autoridades, han instrumentado una serie de acciones de vigilancia, asimismo, se ha robustecido el marco jurídico en la materia con la aprobación diversas modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir la publicidad engañosa, estas medidas deben ser fortalecidas a través de diversas campañas de información y concientización para evitar riesgos a la salud de la población.

El Grupo Parlamentario del PRI, tenemos claro que de implementarse estas campañas tendrán como resultado una mejor comprensión de los riesgos que representa el consumo de estos “medicamentos milagro”, lo cual se verá traducido en el desincentivo de su consumo.

Para cumplir con este objetivo, es fundamental la participación de la Secretaría encargada del ramo y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien tiene como facultades, el control y vigilancia de los establecimientos de salud; el control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos; y el control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que de manera coordinada implementen diversas campañas de información y concientización en relación a los riesgos para la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LUCIANO BORREGUÍN GONZÁLEZ Y ERNESTO CORDERO ARROYO, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO CHILENO POR LAS INUNDACIONES SUFRIDAS EN EL NORTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Entre el 24 y 26 de marzo, fuertes lluvias afectaron el norte del territorio de la República de Chile, particularmente las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Datos de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) de la República de Chile, señalan que las inundaciones han dejado 25 personas fallecidas, 125 desaparecidos y más de 29 mil damnificados.

2. El 25 de marzo se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en toda la región de Atacama, en la que habitan aproximadamente 320 mil personas; a partir de la declaración, las Fuerzas Armadas de Chile tomaron el control de la zona para resguardar y mantener el orden público en la zona afectada, pues se han identificado saqueos registrados en algunos comercios, así como casos de especulación y acaparamiento de alimentos y productos de primera necesidad los cuales han sido sancionados por las autoridades chilenas.

La Presidenta Michelle Bachelet ha visitado la región afectada para supervisar las labores de rescate, y señaló que se destinarán mil 100 millones de pesos chilenos para la reconstrucción de la región afectada.

3. Los gobiernos de la región se han solidarizado con la República de Chile; el gobierno de Bolivia anunció el envío de 13 toneladas de agua embotellada a las zonas afectadas; el Gobierno de los Estados Unidos de América donará material de emergencia (camas, colchones, cobijas, etc.) con un costo de cien mil dólares; el Gobierno de Japón señaló que enviará cien mil dólares en artículos de primera necesidad destinados a los damnificados; el Gobierno de México anunció que se destinarán cien mil dólares en suministros para los afectados.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los Grupos Parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno que ha sido afectado por las inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Luciano Borreguín González.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América a derogar la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela, así como la derogación de la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014” que le sustenta. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América a derogar la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional con respecto a Venezuela, así como la derogación de la "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014" que le sustenta, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

América Latina y el Caribe atraviesan por profundas transformaciones que han impactado tanto la dinámica regional, como el entorno global. El surgimiento de procesos de integración como la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC); la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR); la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), a la par del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), son elementos significativos que sellan la dinámica regional, donde se ha definido a la misma como una Zona de Paz.

En este contexto, Venezuela vive un nuevo embate en su contra desde el inicio de la gestión del Presidente Nicolás Maduro. El pasado 18 de diciembre de 2014, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, suscribió y promulgó la denominada "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014". Dicha ley emanó del Congreso estadounidense y surgió con la finalidad de "sancionar" a funcionarios señalados de encabezar o asistir en “actos de violencia o abusos serios de Derechos Humanos”, arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en dicho país. [*]

Asimismo, el pasado 9 de marzo se emitió una nueva Orden Ejecutiva [*] firmada por Barak Obama; en ella se aplican y amplían sanciones en contra de funcionarios venezolanos so cargo de violación a los derechos humanos. La Orden se basa en la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014” y tiene un carácter eminentemente extraterritorial, lo que contraviene todo precepto establecido por el Derecho Internacional. Esto es a todas luces una acción unilateral que atenta contra la Soberanía de una nación.

Los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción para sancionar y promulgar leyes en contra de Venezuela o de aplicar leyes de carácter extraterritorial. El argumento de los Estados Unidos de América estriba en que Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad”. Cabe señalar que el país que se presupone es primera potencia mundial por cuanto hace a su poderío militar, riqueza económica, y desarrollo tecnológico.

La declaración de una 'emergencia nacional' es una herramienta con la que cuenta el Presidente estadounidense para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Un ejemplo de los poderes de emergencia a los que el Ejecutivo norteamericano puede acceder son aquellos que se adscribió con la promulgación del Acto Patriota tras los ataques del 11 de septiembre de 2011. Con el fin de aumentar la cantidad y la calidad de información disponible para las autoridades de los EE.UU. encargadas de combatir el terrorismo y otras actividades criminales, el Acto Patriota expande los métodos permitidos para la recolección de información e incrementa el financiamiento para ciertos proyectos de inteligencia.

Sin embrago, además de la ampliación a las facultades de los cuerpos de inteligencia, el Acto también permite a las autoridades norteamericanas endurecer sus medidas de seguridad en las fronteras, restringir el acceso al país o la obtención de una visa, así como modificar las leyes contra el terrorismo.

Bien puede suponerse que el verdadero interés norteamericano versa sobre las grandes reservas petroleras con las que Venezuela cuenta, además de su estratégica posición geopolítica, sobre todo considerando que el gobierno nacional venezolano, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, ha hecho de su principal recurso natural una política de Estado en el ejercicio de su propiedad.

Ante esta situación, muchas voces se han alzado. El 29 de enero de 2015, en Belén, Costa Rica, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitió la Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela, señalando que “La CELAC manifiesta su preocupación por la adopción de una Ley por el Gobierno de los Estados Unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela”. Asimismo reitera los postulados de una América Latina y el Caribe como Zona de Paz, acordada en su II Cumbre, donde insta a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente el compromiso de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. [*]

El 16 de marzo de 2015,el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados emitió un comunicado donde rechaza de forma categórica la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de ampliar sus medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela [*]. En los mismos términos, la Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) adoptada el 17 de marzo del 2015, manifiesta su rechazo a la Orden Ejecutiva suscrita por Obama al considerarla injustificable y atentatoria -al ser injerencista,- contra la soberanía de una nación, además de atentar al principio de no intervención.

En dicha Declaración [*], la Cumbre, señala que:

3. Nuestra solicitud soberana y sincera al gobierno de Estados Unidos para acoger y establecer el diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación, fundamentada en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y los estados-naciones independientes.

4. Nuestra propuesta de conformar un Grupo de Facilitadores de nuestro hemisferio y sus instituciones (CELAC, UNASUR, ALBA-TCP y CARICOM) para facilitar una diplomacia de compromiso entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Bolivariana de Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable.

Destaca, además, el Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas al respecto, adoptado en Ecuador el pasado 14 de marzo del año en curso [*], y la Declaración de Managua, del 20 de marzo del 2015, con motivo del 86 Aniversario del Lanzamiento del Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, escrito por el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, en donde se expresó el rechazo irrestricto a las acciones injerencistas y unilaterales por parte de los Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela [*].

El Senado de la República no puede dejar de pronunciarse por el más irrestricto respeto a los principios de soberanía, no injerencia en los asuntos internos de otras naciones y de libre autodeterminación de los pueblos. Cualquier conflicto interno, sea de Venezuela o de cualquier nación del orbe, debe ser resuelto en el marco de sus respectivas normas constitucionales y por sus propias sociedades sin la injerencia de potencia o Estado extranjero alguno.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente ACUERDO como de urgente y obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, acorde a los principios rectores de la política exterior de México, principalmente el de la No intervención en los asuntos de otro Estado, rechaza la acción injerencista de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela a través de la Orden Ejecutiva suscrita el pasado 9 de marzo de 2015 por el Barack Obama.

SEGUNDO. El Senado de la República se pronuncia por el más irrestricto respeto a la Soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresa su rechazo a la denominada "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014", además de que exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Barak Obama, a derogar la “Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional con respecto a Venezuela”.

TERCERO. EL Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie a nombre del Estado Mexicano en contra de las acciones extraterritoriales de Estados Unidos contra Venezuela y exhorte a las partes a resolver las diferencias en el marco del respeto al derecho internacional.

Senado de la República, a 8 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*] Meza Alfredo y Faus Joan, Obama firma una ley que sanciona a altos funcionarios de Venezuela, el País, disponible en:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/19/actualidad/1418959170_254034.html
[*]FACT SHEET: Venezuela Executive Order, The White House, disponible en: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/09/fact-sheet-venezuela-executive-order
[*]Declaración Especial 24: Comunicado sobre acciones unilaterales contra Venezuela. III Cumbre de CELAC, Belén, Costa Rica. 29 de enero de 2015.
[*]Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en rechazo a la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama, de ampliar las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. New York, 16 de marzo de 2015.
[*]Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de marzo del 2015.
[*]Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Mitad del Mundo, Quito, 14 de marzo de 2015.
[*]Declaración de Managua. 20 de marzo de 2015.






De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, con punto de Acuerdo relativo a la tortura como práctica generalizada en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.








De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz Domínguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Director de la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe en el que explique los criterios técnicos aplicados en la licitación SA-018TOQ003-N195-2014. Se turna a la Comisión de Energía.

MARCELA TORRES PEIMBERT, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, ERNESTO RUFFOAPPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MA. PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal a que instruya al Director de la Comisión Federal de Electricidad a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días un informe fundado y motivado en el que explique los criterios técnicos aplicados en la licitación SA-018TOQ003-N195-2014 y sí garantiza las mejores condiciones económicas y de transparencia, así mismo se solicita al Contralor Interno informe si obra en expedientes alguna investigación de esta adjudicación directa, en caso de que exista investigación se le solicita informe a esta soberanía el resultado de la misma, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Se debe precisar que el solo acceso a la información no representa una herramienta suficiente de vínculos honestos en un sistema político gubernamental.

Ante dicho escenario, la transparencia y rendición de cuentas debe concebirse como una obligación del gobernante para informar su actuar en la administración pública, que permita informar a la ciudadanía quienes siguen percibiendo principalmente en esta administración un elevado tono de enriquecimiento ilícito, favoritismos, negocios y beneficios personales que se traducen en asignaciones de contratos millonarios.

En razón de lo anterior es preciso mencionar con gran preocupación la adjudicación directa por parte de la Comisión Federal de Electricidad de contratos por 4 mil 424 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos.

Según se relata en recientes notas periodísticas, la empresa Casanova Rent misma que ya ha recibido 53 contratos de 17 dependencias del gobierno federal para el arrendamiento de autos, camionetas y motocicletas, por un monto total de 439 millones de pesos, recibió lo que se considera la adjudicación directa del contrato multimillonario más grande que el gobierno federal haya otorgado en este tipo de contratos, se trata de la renta de al menos 7 mil 164 camionetas a un costo de 4 mil 424 millones de pesos.

Cabe señalar que la adjudicación directa registrada con la clave SA-018TOQ003-N195-2014 fue otorgada a 4 empresas: Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Arrendo móvil de México y Ferbel Norte.

Lo anterior sorprende pues la misma compañía Casanova recibió el 82% del valor del contrato, lo que representa 3 mil 635 millones de pesos para el arrendamiento de más de 6 mil vehículos como mínimo, lo anterior, representa una violación a la legislación toda vez que cuando una compra del gobierno excede los 350 millones de pesos es una obligación tener la figura del testigo social, lo anterior de acuerdo con el artículo 26 ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo a la información periodística recabada se presumen diversas violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de las cuales se puede destacar la falta de contratación de un testigo social, la falta de un análisis costo beneficio de la misma y otras.

Además hay cuestionamientos sin respuesta, como el ¿por qué no existe una requisición consolidada? ¿Por qué si existía un contrato para este servicio tasado a un menor costo se terminó pagando el monto superior de los ocho modelos requeridos? Lo anterior implicó un sobreprecio de más de 50 por ciento.

En el mismo tenor, la nota publicada por el diario de circulación Excélsior menciona que en el escritorio del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE obra una solicitud de investigación que versa sobre el mismo contrato.

La nota periodística afirma que en esta adjudicación, CFE, el gobierno federal se va a gastar durante tres años el 40 por ciento del ajuste presupuestal de esta empresa, programado para este año en diez mil millones de pesos.

Resulta preocupante lo que el columnista Darío Celis señala en su columna del 3 de marzo en donde se menciona que Eduardo Segovia podría estar operando como cabildero de los Hermanos Echenique Casanova ante las dependencias y oficialías mayores del gobierno federal, lo anterior bajo el entendido de que Segovia fungió como Secretario de la contraloría de 2003 a 2007 en el Gobierno del Estado de México.

Así las cosas, los senadores de Acción Nacional buscando en todo momento que en nuestro país prevalezca la justa competencia entre prestadores de servicios, alejándose de situaciones de corrupción, tráfico de influencias o cumplir con intereses personales, presentamos ante esta Soberanía en carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal a que instruya al Director de la Comisión Federal de Electricidad CFE a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días un informe fundado y motivado en el que explique los criterios técnicos aplicados en la licitación SA-018TOQ003-N195-2014 y sí garantiza las mejores condiciones económicas y de transparencia.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaria de la Función Pública a que instruya al Contralor Interno de la CFE para que remita un informe fundado y motivado en donde explique si obra en expedientes alguna investigación de la adjudicación directa de la licitación SA-018TOQ003-N195-2014, en caso de que exista investigación se le solicita informe a esta soberanía el resultado de la misma.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Maki Ortiz Domínguez.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Ma. Pilar Ortega Martínez.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones y fundamentos jurídicos por los cuales a los viajeros que se trasladan en territorio nacional en vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por el Instituto Nacional de Migración. Se turna a la Comisión de Gobernación.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones y fundamentos jurídicos por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio Nacional en vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por el Instituto Nacional de Migración

ANTECEDENTES

1. En fechas recientes gran número de ciudadanos y en caso particular  Neoloneses que viajan al Estado de Nuevo León han sido víctimas de actos de molestia en su persona ya que al llegar al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, provenientes de un viaje nacional el Instituto Nacional de Migración por medio de retenes establecidos en dicho aeropuerto los detiene y se les interroga acerca de su nacionalidad así mismo se les hace el requerimiento de una identificación oficial para efectos de demostrar a la autoridad su nacionalidad mexicana.

Lo cual trae como consecuencia un acto de molestia infundado e ilegal por parte de dicha autoridad. Ya que este derecho el cual se denomina “libertad de tránsito” se encuentra tutelado en el artículo 11-once de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene en general la libertad de tránsito, dentro del cual se incluye cuatro libertades especificas: la libertad de entrar en la República; la libertad de salir de ella; la libertad de viajar por su territorio y la libertad de mudar la residencia el texto en su conjunto establece lo siguiente:

“Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones”

3. Las cuatro libertades mencionadas por el artículo 11 de la Constitución no podrán supeditarse al requisito de contar con carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro semejante, cuestión que sin duda es violada cotidianamente en nuestro país, puesto como se podrá observar en los anteriores párrafos la autoridad administrativa de manera arbitraria establece retenes en los cuales se detiene a los ciudadanos y se les obliga a presentar una identificación oficial para acreditar la nacionalidad mexicana.

El propio artículo 11-once en su literalidad brinda la libertad de viajar por todo el territorio mexicano sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes la es atropellada por la autoridad administrativa al recurrir a este tipo de prácticas.

4. Aunado a esto en el articulo 16-diesiceis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo estipula:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Dentro de su texto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy tajante al mencionar que:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.” Y;

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Por lo cual esta de mas mencionar que nuestra Constitución tutela el libre tránsito al interior del país y que no es necesario acreditar ante la autoridad administrativa la nacionalidad.

5. De lo anteriormente citado causa un agravio a los derechos conferidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 11-once y 16-dieciseis ya que de manera arbitraria el personal del Instituto Nacional de Migración realice un reten en el aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey y solicite a los viajeros se identifiquen como ciudadanos Mexicanos y así poder accesar a la ciudad. Es preocupante que el Instituto se auto faculte con poderes meta constitucionales y así atropelle los derechos fundamentales de las personas.

CONSIDERANDOS

1. En base a lo anteriormente expuesto se desprenden las grandes problemáticas que son:

La clara falta de fundamentos jurídicos por la cual los ciudadanos se tienen que identificar ante el personal del Instituto Mexicano de Migración.

La realización de un acto inconstitucional por parte del Instituto Nacional de Migración

2. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio Nacional en vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad mexicana en retenes realizados por el Instituto Nacional de Migración.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.






CITA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá verificativo el día de mañana jueves 9 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:33 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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