Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 23 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Marzo de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 70 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del jueves 26 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta minutos del día miércoles veinticinco de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los movimientos de Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva relativo al Ceremonial y Protocolo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio la bienvenida a una delegación parlamentaria del Congreso de la República de Guatemala.- El Diputado Luis Armando Rabbé Tejada, Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, hizo uso de la tribuna para dirigir un mensaje.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Iniciativas)

El Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del centenario de la batalla de “El Ébano”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación normal para la formación y actualización de los maestros y maestras de educación básica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud.-  El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción de una propuesta de modificación por parte de las comisiones dictaminadoras al artículo 112, la Asamblea autorizó su incorporación al texto del proyecto de Decreto. Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Comisión de Salud. En la discusión en lo general intervino el Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Los grupos parlamentarios presentaron un punto de Acuerdo en relación con los derechos de los trabajadores jornaleros agrícolas.- Considerado de urgente resolución, intervinieron los Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI; Francisco Salvador López Brito del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Ernesto Ruffo Appel del PAN; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Isaías González Cuevas del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de adición; Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD, quien presentó propuesta de adición; Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez del PRI; Héctor Larios Córdova del PAN y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Las propuestas de adición presentadas por los Senadores Mariana Gómez y Benjamín Robles, fueron aceptadas. El Acuerdo, con las adiciones aceptadas, fue aprobado en votación económica.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, un dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión, el dictamen quedó de primera lectura.

 

La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva de este día, se autorizó la ampliación de turnó al proyecto de Decreto                por el que se reforman diversos artículos constitucionales, sobre mando único, presentado el 2 de diciembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María  Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Bibliotecas, en materia de accesibilidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley  General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para incluir los delitos de tortura y desaparición forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social, en materia de integración y facultades del Consejo Consultivo Ciudadano.- Se turnó a  las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano” así como al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería conmemorativo del centenario de dicha batalla.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

De los Senadores Layda Elena Sansores San Román y Martín Orozco Sandoval, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a ampliar la prórroga dispuesta en la cuarta resolución de modificaciones, resolutivo Segundo, a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2015, durante el presente año fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública que, de Acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de diversas delegaciones y, en su caso, realice las acciones legales correspondientes.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los resultados y alcances obtenidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal informe cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones de la línea 12 que van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorpore los resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a institucionalizar un registro nacional único de desaparición forzada de personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el precio del huevo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo respecto de las investigaciones que realizan distintas autoridades a la empresa Oceanografía S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a instruir a la Dirección de Finanzas de Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad y austeridad presupuestal que permitan mejorar la eficiencia en la operación y hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que evalúe la situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos".- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos".-  Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con catorce minutos y citó a la siguiente el jueves veintiséis de marzo a las once horas.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. Si alguien tiene interés de hacer uso de la palabra, hágalo saber.

En virtud de que no hay interés por ello, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto para el mes de abril de 2015. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración, el informe del presupuesto ejercido en el mes de febrero de 2015.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Tiene la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, del grupo mencionado, un proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III al Título Cuarto de la Ley de Migración.

Adelante, Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III, DENOMINADO "DE LOS MIGRANTES EN RETORNO", AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del PAN)

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras Senadoras y Senadores:

Hoy vengo a esta tribuna, a nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para someter a su consideración una iniciativa de reforma a la Ley de Migración, para garantizar mejores oportunidades de desarrollo para los migrantes en retorno.

Porque migrar es una acción con deseo de futuro, es un movimiento que no pretende mirar hacia atrás, mientras se cruzan las fronteras que para muchos hoy representan la esperanza de un mejor mañana.

Alrededor de 230 millones de personas en el mundo se enfrentan a este fenómeno, que los ha llevado a vivir fuera del territorio en el que nacieron, y del cual, nuestro país no ha sido ajeno.

Se estima que un millón de mexicanos, documentados y no documentados, migran hacia Estados Unidos cada año. Alrededor del 27 por ciento de la población migrante de ese país, es decir, 12 millones de personas, son provenientes de México.

Estados como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, registran los más altos índices de intensidad migratoria, que resultan de un México que actualmente refleja uno de los sistemas de mayor movilidad humana y complejidad social.

Aunado a ello, la migración mexicana ha experimentado significativos cambios en su volumen, modalidades y características sociodemográficas.

El resultado de estos múltiples cambios ha llevado, incluso, a generar que las expectativas ya no sean puestas permanentemente en el lugar donde han decidido migrar. Esto se refleja en el incremento de flujos de migrantes mexicanos y sus familiares que retornan principalmente de Estados Unidos, después de haber vivido un corto o un largo plazo de tiempo en aquel país.

Ello nos lleva a advertir que, si bien las repatriaciones de connacionales se han mantenido muy elevadas, según INEGI, en los últimos cinco años, éstas sólo representan el 11 por ciento del total de la migración de retorno a México. Lo que significa que un número equivalente a un millón 400 mil mexicanos retornaron al país, porque voluntariamente decidieron volver al territorio nacional.

Ya sea por factores económicos que han desalentado el acceso a las oportunidades en otros países o la implementación de políticas restrictivas en materia migratoria o el deseo de los mexicanos de reunirse con familiares, este cambio de perspectiva consolida a México en un país de retorno de migrantes; obliga a impulsar, desde el Estado mexicano, políticas de apoyo a quienes deciden regresar al país.

También obliga a contar con un marco jurídico que favorezca la implementación de medidas que permitan aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de retorno mediante acciones que promuevan sus capacidades e impulsen los apoyos necesarios para la inserción laboral, el emprendimiento y la inversión, que hasta ahora han sido muy limitadas.

Por ello, compañeras y compañeros, la iniciativa que hoy presentamos tiene por objeto establecer mecanismos que le permitan al Estado mexicano emprender un esfuerzo institucional para un acompañamiento efectivo que aminore la situación de riesgo e incertidumbre a la que se enfrentan los migrantes en retorno.

Proponemos reformar la Ley de Migración, a fin de incorporar un capítulo denominado “De los migrantes en retorno”, en el que se defina al migrante en retorno como aquel individuo que luego de residir temporalmente, al menos más de 5 años en el territorio de un Estado distinto de su nacimiento, es deportado o voluntariamente busca regresar a su país de origen, solo o acompañado por su familia, por causas especiales o por fuerza mayor.

Planteamos la creación de una Comisión Intersecretarial para el Retorno, integrada por representantes de las distintas Secretarías y entidades de la Administración Pública Federal, que tengan competencia en la materia, a fin de que sea la encargada de diseñar programas, incentivos de carácter aduanero, fiscal, financiero, de educación y capacitación, empleo, vivienda, seguridad social, que propicien la adecuada reinserción de los migrantes a nuestro país.

Y del mismo modo, contemplamos la facultad de esta comisión, de diseñar e implementar un registro único de migrantes en retorno, que permita mantener una base de datos de actualización permanente sobre el estatus de las solicitudes de respaldo al retorno.

De esta forma contribuiremos a fortalecer las reformas que se han aprobado a la Ley de Migración, por las cuales se ha coincidido en que los principios, sobre los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, deben ir dirigidos a generar un enfoque integral que considere a todos y cada uno de los migrantes que han ido en búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus familias, pero que han decidido volver a México para construir un mejor futuro y un mejor país del que los vio nacer.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III, denominado “De los migrantes en retorno”, al Título Cuarto de la Ley de Migración, a la luz de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración internacional ha crecido sostenidamente en las últimas décadas, modificándose además, de manera reciente, las rutas de origen, tránsito y destino. Hoy en día es prácticamente imposible identificar a algún país que, de una manera u otra, no participe de los flujos migratorios globales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 230 millones de personas residen fuera de su país, lo que representa prácticamente el 3% de la población mundial.

Por su ubicación geográfica, historia y condiciones socioeconómicas, en México confluyen múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. La migración ha contribuido a la transformación de nuestra nación y seguirá teniendo un papel destacado en la evolución social, económica, cultural y política del país. Los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia.

Nuestro país se encuentra integrado en uno de los sistemas de mayor movilidad humana y complejidad social, donde se encuentra el principal destino de migrantes del planeta, Estados Unidos. La población nacida en México que reside en Estados Unidos asciende a alrededor de 12 millones, cifra que representa 27% de la población inmigrante.

La migración mexicana ha experimentado significativos cambios en su volumen, modalidades y características sociodemográficas. Una premisa a destacar es el incremento de los flujos de migrantes mexicanos y sus familiares que retornan de Estados Unidos después de haber vivido temporal o permanentemente en ese país. Si bien la migración de retorno no es un fenómeno nuevo, presenta actualmente rasgos que la distinguen de los flujos migratorios del pasado.

En particular y los últimos años, se han dado cambios significativos en la migración de retorno de Estados Unidos a México. Hasta finales de la década de los ochenta el retorno de migrantes mexicanos provenientes de Estados Unidos se había mantenido relativamente estable. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) refiere la crisis económica de 2008 y la implementación de políticas restrictivas en materia migratoria en Estados Unidos como algunos de los factores que han incentivado los flujos de retorno en los últimos años. Tendencia que es viable que se mantenga en los próximos años.

Asimismo y de acuerdo con un estudio de la organización Mexicans and Americans Working Together (MATT), entre 2005 y 2010, 1 millón 390 mil personas migraron de Estados Unidos a México. De ese total, 985 mil son migrantes de retorno. Por su parte, el Programa Especial de Migración 2014-2018, refiere que los datos de migrantes que volvieron al país, entre 2005-2010, representan prácticamente el doble que los registrados en el quinquenio 1995-2000.

El estudio de MATT concuerda con las predicciones realizadas por CONAPO y confirma que factores económicos, como la recesión en Estados Unidos, y las políticas migratorias de ambos países, tienen un impacto decisivo en los patrones de migración de retorno. Se destaca, además, que un importante número de migrantes de retorno regresa a México por razones familiares después de 1 a 5 años, y la mayoría de quienes regresan goza de ingresos ligeramente más altos que los que percibía en México antes de migrar a Estados Unidos. Una gran parte de estos migrantes de retorno expresan un fuerte deseo de permanecer definitivamente en México.

Si bien las repatriaciones de connacionales se han mantenido muy elevadas, el estudio de MATT precisa que las deportaciones representan sólo el 11% de toda la migración de retorno a México entre 2005y 2010, lo que significa que un número significativo de migrantes de retorno “eligió” volver a México voluntariamente.

El número de repatriaciones aunado al creciente número de regresos voluntarios, ha consolidado a México como un país de retorno de migrantes. En consecuencia, la creación de incentivos concernientes al regreso de nuestros connacionales, resulta de la mayor importancia dado el enorme potencial de su contribución para el desarrollo nacional.

En el ámbito internacional existen distintos ejemplos de legislación específicamente dedicada a apoyar y a acompañar a los nacionales que voluntariamente buscan volver al país en un proceso complejo y frecuentemente plagado de adversidades, obstáculos prácticos y limitaciones jurídicas. Es el caso de la Ley 1565 aprobada por el Congreso de Colombia el 31 de julio de 2012 “Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero” así como de distintas disposiciones legales en Paraguay (Título III Del Retorno de Nacionales y su protección en el exterior de la Ley No.978/96 de Migraciones), Perú (Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado. Ley No 30001 publicada el 16 de agosto de 2013), entre otros.

Todas coinciden en el establecimiento de mecanismos que le permitan al Estado emprender un esfuerzo institucional para un acompañamiento efectivo, aminorar la situación de riesgo e incertidumbre del inmigrante en retorno y hacer posible un reasentamiento que atienda sus necesidades básicas mediante programas que aprovechen las experiencias laborales, los oficios y las capacidades adquiridas por los migrantes durante su estancia en el exterior.

En México el Programa Especial de Migración 2014-2018 reconoce que las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de retorno, mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción laboral, el emprendimiento y la inversión han sido muy limitadas.

Asimismo y a pesar de los avances en la elaboración de estudios y estadísticas en migraciones, no se cuenta con un sistema de información que permita saber quiénes son los migrantes de retorno, y en consecuencia se cuente con elementos para el diseño y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Por otra parte, las cifras relativas a la reintegración económica y social de las personas migrantes de retorno no son del todo alentadoras puesto que en la vasta mayoría de los casos no se aprovechan las competencias adquiridas durante la experiencia migratoria. Su acceso a los servicios de salud es bastante limitado y casi la mitad no cuenta con seguridad social. El mismo Programa refiere la urgencia de atender las necesidades específicas de las familias binacionales que llegan al país.

En muchos casos, los hijos de los migrantes de retorno fueron abruptamente obligados a dejar el país en que nacieron a raíz de la repatriación de alguno de sus progenitores, un grupo importante de ellos no domina el español y enfrenta obstáculos para certificar sus credenciales educativas. Asimismo, el acceso a la salud constituye un elemento central del contexto laboral y una condicionante fundamental para el establecimiento de planes de permanencia y participación en su comunidad. A partir de lo anterior, se considera que la implementación de políticas adecuadas puede convertir a las migraciones de retorno en un importante agente del desarrollo.

Cabe recordar que a partir de 2011 en el marco de la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, México actualizó su marco jurídico sobre algunas de estas materias. Las nuevas normas en materia de migración y refugiados así como otros ordenamientos representaron avances importantes en el reconocimiento de derechos y la protección a migrantes. A partir de la promulgación de la Ley de Migración en 2011, se inició un proceso de modificación en la legislación para impulsar un cambio de prácticas y políticas.

Recientemente, una reforma a la Ley de Migración, planteó como principios sobre los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los asociados a un enfoque integral que considere el retorno de migrantes y que facilite la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias a través de programas interinstitucionales.

Sin embargo, son precisamente este tipo de disposiciones de las que aún carecemos a fin de institucionalizar, precisar y elevar a rango de ley el respaldo que el Estado está obligado a otorgar a nuestros connacionales para su reinserción efectiva a las actividades productivas, la vida social y comunitaria en territorio nacional. Se considera por ello, indispensable señalar claramente en el marco jurídico los derechos y garantías de los migrantes en retorno, considerando entre ellos tanto a los connacionales que regresan de manera voluntaria como aquellos que han sido objeto de deportaciones estableciendo mecanismos que actúen claramente en su beneficio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III, DENOMINADO “DE LOS MIGRANTES EN RETORNO”, AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 3º para adicionar una fracción XVIII bis, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. a XVIII. …

XVIII bis. Migrante en retorno: al individuo que habiendo salido del territorio nacional, e independientemente de su calidad migratoria, luego de residir temporalmente por más de cinco años en el territorio de un Estado distinto al de su nacimiento, voluntariamente busca regresar a su país de origen y residencia permanente o bien es deportado o retorna, solo o acompañado por su familia, por causas especiales o de fuerza mayor.

XIX. a XXXI. …

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se incorpora un Capítulo III al Título Cuarto, adicionando los artículos 66 bis al 66 quintus, para quedar como sigue:

TÍTULO IV
CAPÍTULO PRIMERO A CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO III
DE LOS MIGRANTES EN RETORNO

Artículo 66 bis. Los mexicanos que viven en el extranjero, o bien quienes ya se encuentran en territorio nacional, podrán acogerse por una sola vez, a lo dispuesto en el presente capítulo, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a. Acreditar que ha permanecido en el extranjero por los menos cinco (5) años consecutivos para acogerse a los beneficios de la presente ley;

b. Manifestar por escrito al Instituto Nacional de Migración, su interés de retornar al país y acogerse a los beneficios del presente capítulo;

c. Ser mayor de edad;

d. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos graves tanto en México como en el extranjero;

e. Para el caso de los migrantes en retorno que se encuentran en territorio nacional podrán hacer la solicitud respectiva hasta noventa días después de su fecha de ingreso al país.

Artículo 66 ter. La Comisión Intersecretarial para el Retorno, integrada a partir de representantes de las distintas Secretarías y entidades de la administración pública federal con competencias en la materia y bajo la convocatoria que para el efecto emitirá la Secretaría de Gobernación en consulta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estará encargada de diseñar los programas de incentivos de carácter aduanero, fiscal, financiero, de educación y capacitación, empleo, vivienda y seguridad social a fin de instrumentar las acciones que propicien la adecuada reinserción de los migrantes en retorno y el pleno aprovechamiento de su potencial en materia de desarrollo humano, de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente.

Artículo 66 quater. Con la finalidad de respaldar estas tareas, la Comisión Intersecretarial para el Retorno, estará encargada del diseño e implementación del Registro Único de Migrantes en Retorno mismo que permitirá mantener una base de datos, de actualización permanente, sobre el estatus de las solicitudes de respaldo al retorno así como dar debido seguimiento a la situación de cada uno de los solicitantes en los distintos momentos procesales de su retorno y reinserción.

Artículo 66 quintus. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, sin menoscabo de las acciones acordadas en el contexto de la Comisión Intersecretarial, deberá implementar las campañas de información y difusión necesarias para dar a conocer lo relativo a la Comisión, el Registro y los Programas derivados.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de marzo de 2015.

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.-Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Sonia Rocha Acosta.- Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. Fernando Herrera Ávila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Vianey Montes Colunga - Sen. Martín Orzco Sandoval.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Irma Zulema Cobián Chávez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez.

De acuerdo a declaraciones de Ban-ki Moon, Secretario General de la ONU,Naciones Unidas cifra en 232 millones los migrantes que buscan refugio en el mundo, 17 de diciembre de 2014 en http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/naciones-unidas-cifra-232-millones-migrantes-buscan-refugio-mundo/20141217010803025223.html
Smith, Robert, 2000, "Dilemas y perspectivas del sistema migratorio de América del Norte",cit. Programa Especial de Migración 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014. Consultado el 10 de marzo de 2015 en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343074&fecha=30/04/2014
Programa Especial de Migración 2014-2018.
Determinantes de la migración de retorno en México, 2007-2009 Telésforo Ramírez García y Daniel Aguado Ornelas, Conapo, Consultado en http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Determinantes_de_la_migracion_de_retorno_en_Mexico_2007-2009
The US/Mexico Cycle. End of an area. Quantitative Research Study. Preliminary Findings and Insights. December, 2013, MATT, Consultado el 10 de marzo de 2015 en: http://www.matt.org/uploads/2/4/9/3/24932918/returnmigration_top_line_www.pdf
De acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria de SEGOB con base en estimaciones del Pew Hispanic Centercit. en Programa Especial de Migración 2014-2018.
The US/Mexico Cycle. End of an area, op. cit.
De acuerdo al Programa Especial de Migración, alrededor de 12% de las repatriaciones son de mujeres y casi 5% de menores de edad, que en su gran mayoría viajan sin compañía de algún familiar (72% en 2010-2013) Ver Programa Especial de Migración, op. cit.
Idem.
Tesis que sostienen diversos estudios realizados tanto por organismos nacionales como internacionales como la Comisión Mundial sobre las Migraciones, la ONU, el Consejo Nacional de Población en México y la Secretaria de Relaciones Exteriores. Ver Gobierno Federal, 2005; CMMI, 2005; CONAPO, 2009; SRE, 2013 y ONU, 2013 cit. en Programa Especial de Migración, op. cit.
Entre otras leyes se encuentra la Ley de Víctimas, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

Adelante, Senadora Gómez del Campo. Sonido en su escaño.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para revisar si puede también enviarse la iniciativa presentada por los Senadores de Acción Nacional, a la Comisión de Derechos Humanos.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Es imposible negarle su petición, se obsequia.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO  DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Y uno, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas.

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

III. En el año de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió la iniciativa para celebrar el 6 de abril de cada año el “Día Internacional de la Actividad Física”.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretar un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, que coincida con el día internacional de la Actividad Física, para consolidar el compromiso de concientizar a la población en general, sobre la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente.

Los Senadores promoventes exponen que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades.

Señalan que a escala mundial, si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente.

Refieren que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos.

Argumentan que su acceso y participación proporcionan una oportunidad para que la población marginada por barreras sociales culturales o religiosas debido a cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda, vivenciar la inclusión social y moral.

En ese mismo tenor manifiestan que México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil de acuerdo a la ONU, lo cual nos ubica con un grave problema de salud física y mental. Es importante mencionar que la práctica de la actividad física y del deporte en edades escolares está relacionada con la salud de la población infantil y juvenil.

Resaltan que hoy en día es sabido que la obesidad se inicia desde la infancia y que esto es ocasionado básicamente porque el gasto de energía en edades infantiles y juveniles es insuficiente, puesto que los juegos con gran diversidad de movimientos, tan habituales y prolongados en épocas anteriores han sido reducidos al mínimo, incluso han sido sustituidos por los juegos sin movimiento; por lo que la obesidad  es el resultado de la combinación de factores dietéticos inadecuados y la inactividad física, lo que relaciona a la obesidad y el sedentarismo en los más jóvenes.

De ahí, concluyen, que la obesidad y el sobrepeso son el resultado de un desequilibrio entre las fuentes de ingesta de alimentos y el poco gasto energético.

Refiriendo ante ello que la inactividad física está cada vez más extendida y ello repercute negativamente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) –por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer– y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre y el sobrepeso.

Reconociendo el enorme ahorro en medicamentos que implica la práctica de actividad física, además del gran beneficio mental que provoca el ejercicio, al actuar como una suerte de fertilizante de las neuronas.

Asimismo , manifiestan como desde la fecha promovida por la OMS, como Día de la Actividad Física, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de dicha celebración, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobics, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población.

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas Comisiones que dictaminan, estamos conscientes de que la problemática en materia de salud reflejada a través de trastornos como la obesidad y el sobrepeso entre otros, demandan la creación y aplicación de instrumentos alternativos que permitan al acceso a nuevos mecanismos dirigidos explícitamente hacia su prevención y combate eficaz, en beneficio de la salud e interés público.

Reconocemos que padecimientos como los aludidos por los senadores promoventes, se han incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirán haciendo en el futuro próximo como consecuencia de la falta de acciones diseñadas específicamente para su contención y combate.

Consideramos como principal referencia y base de nuestro análisis, lo señalado en el Actual Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual se expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 

El Plan establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental para atender estas necesidades, el Gobierno Federal propone estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país.

Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; por ello se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

Es indudable que un objetivo primordial será el de propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las diversas instituciones que promuevan y desarrollen programas en las distintas disciplinas deportivas, que permitan a través de instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud y el deporte estimular la práctica del deporte entre los niños y jóvenes.

En ese contexto es que coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo lo considerado por la OMS relativo a que  la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud. Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete".

Por ello es de resaltar lo expuesto con referencia a que la declaración de el Día Mundial de la Actividad Física, significó un día no sólo para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino también para que se fundamente y debata en las escuelas y en la comunidad toda sobre la importancia de evitar el sedentarismo.

Todo ello ha permitido ir conociendo y promoviendo un mayor conocimiento sobre los aportes de una cultura física significativa para la salud no solo física, sino también  con amplios beneficios en lo social, donde ya se encuentra fundamentado como la actividad física Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.

De igual forma hoy podemos encontrar como la actividad física y su aporte en la niñez durante su etapa escolar, reduce el riesgo de actitudes negativas frente a la escuela y la salida de la misma.

Está demostrado que en el niño la actividad física tiene efectos positivos contra los miedos y las depresiones, favoreciendo la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.

Por ello, es de nuestra consideración resaltar que, el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético; el ejercicio fomenta la disciplina, la capacidad de concentración y una actitud participativa;  una vida activa en la infancia afecta directamente y de manera positiva la salud en la edad adulta.

Asimismo, siendo la actividad física tan importante para el bienestar y la salud de las personas, un programa nacional bien estructurado y fortalecido desde las mismas políticas del estado, colaborarían en la formación de una población más sana y productiva; de aquí se desprende la importancia sobre el establecimiento de programas interinstitucionales, entre todas aquellas instituciones de bienestar social, que tengan que ver con el tema en la actualidad.

Por ello es que hacemos nuestro lo expuesto por los senadores promoventes en el sentido de que “en la medida en que las instituciones con algún vinculo en la materia fortalezcan sus planes y programas de promoción y fomento de la actividad física, en esa medida estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de toda persona”.

Siendo aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como, Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte; Comisiones Municipales del Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Mexicano del Seguro Social y los tres niveles de gobierno, implementen hasta la fecha actividades de amplio impacto con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, promoviendo los beneficios de ser físicamente activo.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada uno de los argumentos presentados, corroboramos la necesidad de ofrecer a la sociedad en nuestro País un bondadoso elemento que le permita concientizar sobre los beneficios de la actividad física y deportiva en beneficio de la salud pública.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera. La iniciativa presentada por las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas, ha sido considerada y valorada favorablemente, en los términos acordados por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Segunda.- La declaración de un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, alentará a las diversas instituciones nacionales, estatales y municipales, en la materia, al fomento y rediseño de los planes y programas que permitan definir una nueva política pública concebida para promover y fomentar en la población la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente.

Tercera.- El declarar en nuestro país un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, ante una problemática como la obesidad y el sobrepeso, constituyendo con ello un referente permanente en los objetivos y prioridades de la acción pública en nuestro país.

Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá el esfuerzo de la Estado mexicano por el pleno desarrollo y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA.

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

Senado de la República, a 2de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, invitados por el Senador Arturo Zamora Jiménez.

¡Bienvenidos, estudiantes!






Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión Contra la Trata de Personas, que contiene punto de Acuerdo.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.

COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al resolutivo del dictamen.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en apego a su Ley Orgánica y trámites legislativos correspondientes, creen sus respectivas comisiones ordinarias contra la trata de personas.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para presentar el dictamen.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

México, por su ubicación geográfica, es un territorio que es origen, tránsito y destino de la trata de personas.

Cada año, sin tener una secuencia de metodología específica para captar y difundir cifras de datos relativos a la trata de personas, nos alarmamos con los números sobre ese delito, que por lucrativo y redituable está dentro de los 3 primeros ilícitos a nivel nacional, abajo del tráfico de estupefacientes y el robo de combustible.

Aunque tiene particularidades en cada una de las entidades de la República, lo lamentable, en las distintas modalidades de la trata de personas, es que violenta derechos humanos básicos, como la vida, la libertad y la dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad.

También, cada año, por la importante tarea de activistas, se le recuerda al pueblo de México que tenemos que exigir justicia; prevenir, combatir, sancionar, inhibir y erradicar la trata de personas; y, de hecho, en el mes de julio se conmemora el Día Contra la Trata de Personas.

Sin embargo, no es suficiente la manifestación social contra este delito. Quienes tenemos la responsabilidad de legislar tenemos que actuar, acelerar los tiempos para elaborar leyes que sancionen a los criminales.

Según el diagnóstico que presentó a finales del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde la aprobación de la ley vigente, hasta junio de 2014, sólo se han dado mil 469 averiguaciones previas; 490 consignaciones y 103 sentencias, sin saber si éstas son condenatorias o absolutorias.

Ante esta información, que habla por sí misma, debemos crear espacios de discusión parlamentaria para analizar, debatir, proponer y, en su caso, modificar lo que tenga que cambiarse.

Tengo certeza que en esta materia, desde el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, podemos coordinar esfuerzos para enfrentar con eficacia este delito.

Al respecto, señala bien el Senador Herrera Ávila, al considerar que los esfuerzos deben ser unificados en los distintos niveles de gobierno.

Resulta de vital importancia que los legisladores de toda la nación trabajen juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia, que resulten en una mayor eficacia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senadora.

Le ruego a las y los Senadores pongamos atención a la oradora, porque sí se oye el cuchicheo.

Adelante, Senadora.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señores Senadores.

Por ello, es que en el ámbito legislativo local no se puede ceder a la costumbre de celebrar eventos de reflectores que quizá revictimizan a las personas afectadas, sin atender el problema, detener, procesar y sentenciar a los tratantes.

Hay que redoblar esfuerzos para que más que opiniones, se presenten dictámenes que coadyuven a combatir este mal.

No niego que hay avances en la materia, pues la sociedad en su conjunto se ha vuelto más sensible, porque se ha logrado visibilizar el delito. Sin embargo, es prioritario coordinar esfuerzos y mejorar los mecanismos de comunicación para hacer eficiente el ejercicio legislativo.

Les comparto, la Comisión Contra la Trata de Personas ha celebrado dos conferencias nacionales de legisladoras y legisladores. Además, en diversas oportunidades, se ha manifestado la conveniencia de realizar las conferencias y la necesaria coordinación y comunicación constante entre los congresos locales y el Congreso federal para tener la posibilidad de retroalimentación sobre un flagelo que es complejo.

Y también ha quedado la inquietud de que no cuentan con una comisión que dé seguimiento al tema de trata de personas.

Por ello, se exhorta a los legisladores locales a tener la sensibilidad de esta Soberanía, que con el inicio de la Legislatura aprobó la correspondiente comisión ordinaria.

Este Senado de la República ha impulsado reformas importantes en la materia y ha promovido el trabajo coordinado y responsable con cada una de las legislaturas.

Con este exhorto se busca que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsen la creación de comisiones ordinarias contra la trata de personas para crear, modificar y aprobar leyes en distintos ámbitos que nos ayuden a combatirla, pero también que con una comisión se cuente con instrumentos y recursos para cumplir las funciones que la ley general ya establece.

Por los medios electrónicos nos enteramos, y ayer mismo discutimos en esta tribuna, sobre la explotación humana.

Ayer mismo se aprobó un punto de Acuerdo respecto de asuntos como los que sucedieron en Nayarit, en Baja California Sur y también en Jalisco.

El tema que ayer se discutió se basó generalmente en todo el concepto de explotación laboral, lo que en realidad es trata de personas, no sólo explotación.

Por eso, señoras y señores Senadores, solicito a ustedes, con su voto, la aprobación de este dictamen que nos permitirá crear en todos los congresos locales comisiones ordinarias que nos ayuden a combatir este delito.

Estoy segura que con el apoyo de todos ustedes, nuestros congresos locales, nuestros legisladores y legisladoras podrán, sin duda, ayudarnos y coadyuvar al combate a la trata de personas que cada día avanza más y se conoce menos.

Muchísimas gracias.

Buenas tardes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña había registrado su interés de intervenir, ¿lo sostiene?

Adelante, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

Es para apoyar la propuesta que ha impulsado la Presidenta de la Comisión Contra Trata de Personas, la Senadora Adriana Dávila.

Creo que es muy importante el exhorto que se haga a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, para que puedan crear la comisión ordinaria contra la trata de personas, puesto que éste es uno de los flagelos más graves que afectan a la humanidad, pero también en nuestro país constituye uno de los tres recursos negros, recursos de la delincuencia organizada trasnacional también, que tienen que ser atendidos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente a Niñas, Niños y Mujeres, que se conoce como el Protocolo de Palermo, define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

¿Por qué lo menciono?

Porque en el mundo, a partir de este precepto de la Convención del Protocolo de Palermo, que tiene que ver, por cierto, con uno de los Protocolos de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, en todo el mundo deriva una discusión para definir este nuevo tipo penal que nos ha llevado incluso al Senado de la República, desde hace prácticamente desde el inicio de esta Legislatura, a trabajar en la revisión en la ley en la materia para que ésta pueda ser eficiente, para que pueda ser efectiva en la persecución de los delincuentes.

Y es muy importante que ustedes recuerden que por unanimidad votamos la definición del tipo penal, los medios comisivos y, además, establecimos un segundo libro que tiene que ver con las tareas irrestrictas que tienen que emprender las autoridades en los tres órdenes de gobierno para la atención y para la prevención de este problema y la atención de las víctimas de todo tipo de trata.

De tal manera, que ciertamente es muy importante apoyar este dictamen.

Y solicitamos a todas ustedes que sigan pugnando porque sigamos la ruta que emprendimos cuando revisamos la ley en la materia y tomemos consideración de la experticia y especialidad de quienes han contribuido a la especialización de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria.






Compañeras Senadoras, Senadores: Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, abordaremos ahora las proposiciones con punto de Acuerdo sobre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui.

Tenemos registradas cuatro proposiciones sobre este tema. Escucharemos las cuatro propuestas y al concluir las consultaremos si se admiten a discusión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de la periodista Carmen Aristegui, y los demás términos del documento y lo que aborde el proponente.

Adelante, Senador Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente.

Aunque hoy vamos a discutir un tema de la mayor importancia, no debo dejar de señalar que hay poco Senado para abocarse a la discusión de este fundamental asunto.

Y es una pena que en un momento en el que se acechan las libertades de información, de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, la mayoría de los Senadores no tenga interés en ello y no estén ni siquiera presentes en este Pleno.

Pero hablo para la nación mexicana y para los legisladores que están aquí, conscientes del delicado momento que vive México.

Señor Presidente del Senado: El punto de Acuerdo que hemos suscrito varios Senadores de la República tiene cuatro propósitos.

El primero de ellos es que esta Cámara, que representa el Federalismo, la soberanía de los estados, el Pacto Federal, no quede al margen de la protesta y de manifestarse de un asunto fundamental frente al que una gran parte de la sociedad mexicana se ha manifestado, y que constituye un atropello a las libertades de información, al derecho a la información de los mexicanos: el despido de la periodista Carmen Aristegui Flores, de su programa de radio en MVS Noticias.

El segundo objetivo es abrir una discusión entre nosotros, como se dice “rajar la leña de la verdad”, acercarnos al momento que está viviendo México a partir de un caso como éste y expresar un acto de solidaridad; no solamente con la periodista, sino con el equipo de periodistas que la han acompañado en un ejercicio crítico.

Un ejercicio crítico frente al que hoy muchos mexicanos sentimos una orfandad informativa cuando recorremos el cuadrante de la radio en México.

Pero también queremos, con este punto de Acuerdo, hacer un llamado a la empresa a que cumpla, a que respete cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que la periodista y MVS suscribieron, y que se respete cabalmente ese contrato, que se reinstale a la periodista, pero además, que se respete el acuerdo general de política editorial y reglas de conducta ética, que se suscribieron desde el 1° de enero de 2009, y que se mantenían vigentes hasta hace dos semanas.

Un contrato que es un modelo en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de los periodistas, y que es también lo que está en el centro y en el fondo de este acto de censura.

Y, por supuesto, como lo plantea el punto de Acuerdo, queremos promover alternativas desde el sistema de medios públicos, particularmente desde el Canal del Congreso de la Unión, espacios para que esa voz que pretende ser silenciada pueda seguir ejerciendo el periodismo crítico en aras de una pluralidad que México necesita, porque la voz de Carmen Aristegui es un voz necesaria en el proceso democrático de México.

Se ha querido decir, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, que éste es un conflicto entre particulares, eso no es cierto, pero aunque así fuera, no se trata de dos particulares cualquiera, porque un particular es concesionario de un bien público, presta un servicio público de interés general, así catalogado por la Constitución, como es el servicio de Radiodifusión, y ella presta también un servicio público que es el derecho a la información de los mexicanos, que es el ejercicio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución.

Se quiere reducir, por confesión de la Secretaría de Gobernación, el asunto a un conflicto de empresa y una prestadora de servicios, más que deslinde sonó a un mea culpa.

La Constitución, si fuera incluso un conflicto entre particulares, defiende los derechos y los servicios que esos particulares ejercen y prestan, es absolutamente imbatible el artículo 7o. de la Constitución.

Para la Constitución es inviolable la libertad de difundir opiniones, información, de ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares, así dice la Constitución, de papel para periódicos o de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquier otros medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, el conflicto que se inventó para conducir al despido de Carmen Aristegui tiene un fondo sumamente preocupante para la vida de México, es uno de los actos, es otro más del vendaval autoritario que México vive y está vinculado a la aparición de la plataforma MéxicoLeaks, que mantiene preocupado desde el Presidente de la República, a todo su gabinete y a varios actores políticos, porque MéxicoLeaks es una plataforma digital independiente que permitirá a los ciudadanos enviar de manera segura y anónima información y documentos de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que sea investigada, verificada, analizada y compartida.

Es una iniciativa de Free Press Unlimited, una Organización No Gubernamental holandesa y un trabajo conjunto de GlobaLeaks, que pretende ayudar a periodistas de diversas partes del mundo a la construcción de un mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público.

En entrevista, Albana Shala, coordinadora de Free Press Unlimited, señaló que pensaron en México porque es un país con muchos problemas y muchos riesgos para periodistas que son perseguidos o asesinados sólo por hacer su trabajo, es decir, informar a la gente.

El grupo de medios de comunicación y de Organizaciones No Gubernamentales que se unieron a esta importante iniciativa cuentan con todo el prestigio, pues su labor los respalda. Se unieron a la plataforma: Animal Político, EmeEquis, Más de 131, Periodistas de Pie, Poder, la revista Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Unidad de Investigaciones Aristegui/MVS. No es cierto que se incorporó jamás en la plataforma la marca de noticias MVS, se incorporó la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero Primera Emisión de Noticias MVS, del que es titular y conductora Carmen Aristegui.

Este es el hecho que detona el conflicto, este es el hecho que preocupa al gobierno, hay que decirlo con toda claridad. Lo que más preocupó fue la inclusión en el conglomerado de medios de la Unidad de Investigaciones de Carmen Aristegui, sobre todo conscientes de los asuntos que está investigando esta plataforma y con el que se puede estrenar es una investigación periodística que ya realizaba el equipo de la directora y conductora de la primera emisión de noticias MVS, ¿cuál investigación? La casa que Luis Videgaray compró a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en una auténtica ganga de 7.5 millones de pesos, la que en realidad tiene un valor aproximado de 3 millones de dólares.

Esa casa, originalmente propiedad de Nelson Vargas, quien se desempeñó durante el gobierno de Vicente Fox como director general de la Comisión Nacional del Deporte, fue así registrada en su declaración patrimonial en el año 2000, el equipo de investigaciones ahondaba en el valor real de la casa, en las declaraciones patrimoniales y, por supuesto, en los falsos boletines de prensa que ha emitido el Secretario de Hacienda.

No sólo preocupó la potencia del programa de Aristegui, el que ha construido a lo largo de los últimos seis años en cuadrante radiofónico; en realidad lo que siempre ha preocupado al gobierno, y en los últimos meses a la empresa, es la libertad editorial que la periodista tiene en su contrato, ese contrato que, por cierto, es confidencial para las partes, pero que tuvo como anexo complementario un acuerdo general de política editorial y código de ética, que tanto la empresa como la periodista decidieron hacer público y colocar en su página Web durante el conflicto que se suscitó en febrero de 2011 y que también la mantuvo fuera del aire por dos semanas.

Ese es un contrato poderoso, compañeras Senadoras y Senadores...

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Corral.

Exhorto a las y los Senadores pongamos atención. Gracias.

Adelante, Senador.

El Senador Javier Corral Jurado: Es sintomático de quienes desdeñan el debate y la discusión sobre este asunto. A veces el desdén es la mejor comprobación, es la mejor demostración que la complicidad brinda a la censura.

Como el contrato de Aristegui era poderoso, un modelo de relación laboral que tienen muy pocos periodistas en América Latina, ¡ah!, pero ese contrato no podía seguir existiendo, había que tronarlo bajo cualquier circunstancia, mucho más en nuestro país, en donde el gobierno del Presidente Peña Nieto ha volcado décadas atrás en el control y sometimiento de la gran mayoría de los medios de comunicación, no sólo por la vía de cuantiosos recursos destinados a la cooptación, sino de las peores formas de intimidación, chantaje, hostigamiento empresarial y personal, sí, eso que la propia Carmen Aristegui ha llamado un vendaval de regresiones autoritarias.

Y la cancelación de los pocos espacios críticos no iba a constituir una excepción, porque el nivel de arrogancia e incompetencia en el equipo más cercano al Presidente es para la antología de la evolución hacia lo peor.

Instalados en una lógica de corto plazo para ir atajando el escándalo inmediato, han acumulado en sólo dos años casi todos los elementos para detonar el conflicto social.

Hicieron desaparecer aquella sensación creada por ellos mismos de que en efecto venían nuevos tiempos para México, grandes reformas y prosperidad.

A largo plazo lo único en lo que están pensando es cómo proteger al Presidente Peña Nieto cuando deje de serlo, cómo construirle su impunidad transexenal y cómo quitarle el recordatorio permanente de la crítica profunda, informada, estructurada que se ejercía en las mañanas en MVS.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores: Todo lo anterior es lo que está en el fondo de este despido inadmisible y de este conflicto inventado entre MVS y Carmen Aristegui.

Existe, ha existido una gran presión para que la empresa, por su propia naturaleza, más susceptible a las exigencias del gobierno recuperara el control editorial sobre las cuatro horas diarias que actualmente tenía sueltas y que son coincidentemente las más escuchadas de toda la radio en México.

Juntos todos los conductores del horario matutino en las frecuencias AM y FM del Distrito Federal, incluidos los Combos, no le llegaban ni a los talones a la primera emisión de noticias MVS con Carmen Aristegui. Ese es el fondo de la cuestión.

Un ambiente creciente de presión sobre la empresa, y una empresa que aúna a ese ambiente una puñalada trapera al pueblo de México, como afectuosa, franca y personalmente se lo he dicho a su propietario. El Senado de la República no se puede quedar al margen, es hora de que distingamos el delicado momento que vive México, que nos solidaricemos con la periodista y su equipo; que alcemos la voz, porque van a venir por otros más.

No es casualidad que un policía sea el Secretario de Gobernación, después de este silenciamiento viene la represión, es el momento más delicado de la crisis que vive México. Ojalá que el Senado responda con dignidad a la altura de lo que el pueblo de México le está exigiendo.

Muchas gracias.

Proposición

Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. De ahí que en términos del segundo párrafo de este precepto constitucional “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Que en términos delo dispuesto en el primer párrafo del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

Que de conformidad con el artículo 3, del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Canal del Congreso, “es un medio de comunicación de Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y pertenece a la Nación”.

Que en razón de que el pasado domingo, 15 de marzo, la empresa de radiodifusión Noticias MVS anunció la terminación de la relación contractual que los unía a la periodista Carmen Aristegui, como consecuencia de los siguientes:

HECHOS

Carmen Aristegui generó un espacio de apertura y pluralidad informativa en el espacio matutino de noticias en MVS Noticias, en el que diversas voces manifestaban y contrastaban los sucesos públicos más notorios de la realidad mexicana, también se privilegió el periodismo de investigación, es decir, la búsqueda de información, no solamente limitarse a la reproducción de los boletines de prensa gubernamentales, sino la de ser exhaustivo y rigurosos en la búsqueda de información que generalmente se pretende mantener oculta.

En su espacio de noticias se dieron a conocer informaciones que seguramente incomodaron a más de un servidor público, escándalos de la notoriedad como la llamada “casa blanca”, las asignaciones multimillonarias al Grupo Higa, la ostentosa propiedad del actual Secretario de Hacienda, las denuncias por trata de personas y malversación de recursos públicos en manos del dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez; dio a conocer con puntualidad los sucesos acaecidos en la guardería infantil ABC, en Hermosillo, Sonora; la muerte y desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero y la masacre en Tlatlaya, Estado de México, que han inquietado a los mexicanos entre otras noticias, que sin duda han sido de gran utilidad a la sociedad y la opinión pública, para definir, por ejemplo sus demanda sociales y en muchos casos sentir que su voz es escuchada o al menos expresada, porque por sus micrófonos se expresó parte importante de la sociedad y su pensamiento, razón fundamental para promover los derechos de las audiencias.

Como característica y distintivo de la comunicadora, el pasado 10 de marzo informó de una extraordinaria noticia: el lanzamiento de Méxicoleaks, una plataforma digital, independiente que permitirá a los ciudadanos enviar de manera segura y anónima, información y documentos de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que sea investigada, verificada, analizada y compartida.

Dicha plataforma es una iniciativa de Free Press Unlimited, una organización no gubernamental holandesa y un trabajo conjunto de Globaleaksy Associate Whistlebowing Press, que pretende ayudar a periodistas de diversas partes del mundo a la construcción de un mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público.

En entrevista, Albana Shala, Coordinadora de Free Press Unlimited, señaló que pensaron en México porque “es un país con muchos problemas y muchos riesgos para periodistas que son perseguidos o asesinados solo por hacer su trabajo, es decir informar a la gente”.

El grupo de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales que se unieron a esta importante iniciativa cuenta con el prestigio profesional que a través de su labor cotidiana se respaldan: Animal Político, EmeEquis, Más de 131, Periodistas de a Pie, Poder, Proceso, La Red en Defensa de los Derechos Digitales y Aristegui Noticias.

Así pues, Aristegui informó sobre la importante alianza de la cual su equipo de investigación formaría parte y que representa un aire refrescante ante el escenario de concentración que se vive en materia de medios de comunicación en nuestro país, peor aún ante la vuelta de los viejos tiempos en los que por obra y gracia de entes gubernamentales muchos medios parecieran alinearse y cuadrarse ante la versión oficial.

Infortunadamente al día siguiente del anuncio, MVS emprendió una campaña inusitada en contra de la periodista a través de un spot que se repitió una y otra vez durante el día y desplegados en medios impresos, en los que sin nombrarla mencionaba que ésta había caído en engaños y en un lamentable abuso de confianza, al anunciar la alianza con Mexicoleaks. No sólo eso, también se advertía que MVS tomaría “las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa”.

En dicha emisión Aristegui se dijo sorprendida por la manera en que MVS daba a conocer su postura respecto del anuncio del día anterior, “veremos de qué se trata, veremos de dónde viene, veremos cuál es el trasfondo de un mensaje de estas características”, no sin referirse también a su compromiso con la audiencia y con su trabajo de informar.

Este día el desconcierto y la molestia de los radioescuchas no se hizo esperar y a través de las redes sociales, a través del hashtag #EnDefensaDeAristegui, exigieron que la periodista no saliera de la radio.

Parecería que dichas reacciones ayudarían a templar los ánimos, sin embargo MVS lanzó otro spot que a la vez se reprodujo en desplegados de algunos diarios de circulación nacional el 12 de marzo, este menos visceral diciendo que MéxicoLeaks no es el problema, pero insistiendo en que era inaceptable el actuar de la conductora pues la administración de la empresa era la única facultada para decidir las alianzas estratégicas.

Aristegui se dijo nuevamente sorprendida y apuntó “Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí no cuenten con nosotros, nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia.”

El mismo día, el ombudsman de la audiencia, Gabriel Sosa Plata, emitió un claro y contundente posicionamiento público sobre el caso. En dicho documento señala que si bien la periodista debió comentar del acuerdo con Mexicoleaks con el director general o los integrantes del Comité Editorial, y pedir autorización siempre y cuando se haya utilizado la marca o los recursos de Noticias MVS, la respuesta de la empresa fue desproporcionada.

De dicho documento hay que señalar los ejes fundamentales:

• El Ombudsman señala que pudo constatar que el logotipo de Noticias MVS no aparece entre los integrantes en el sitio de MéxicoLeaks, sino la “Unidad Aristegui/MVS”, lo que haría suponer que participarán en lo individual los integrantes del equipo de investigaciones especiales, lo que a su parecer no implica un uso indebido de recursos humanos o económicos de MVS radio.

• La campaña que se llevó a cabo para dar a conocer la posición de MVS es “inédita y desproporcionada frente a un diferendo sobre el supuesto uso de una marca y el establecimiento de alianzas estratégicas, sin las autorizaciones respectivas de la empresa.”

• La defensoría promueve la libertad de expresión de los periodistas y del medio, sin embargo, “cuando en su derecho de libertad de expresión se utilizan expresiones como “ofensa”, “abuso de confianza”, “intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa” y hasta “engaño” para referirse en decenas de spots y desplegados a sus propios periodistas y conductores, las consecuencias podrían ser distintas.”

• La campaña mediática lanzada bajo las expresiones referidas es “un mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico. Un periodista o un conductor que es calificado por su propio contratante como alguien que engaña y que abusa de la confianza, puede dañar su credibilidad, su honra, su profesionalismo, atributos esenciales en su trabajo periodístico. Y dañaría en general la imagen de un medio de comunicación, en este caso de MVS Radio y en específico de Noticias MVS, cuya credibilidad, aceptación, audiencia y confianza de sus anunciantes, está soportada, justo, por la labor de quienes detrás o frente a los micrófonos tienen la tarea de informar sobre los hechos nacionales e internacionales.”

• “Los desacuerdos editoriales o de otro tipo que existen en cualquier empresa periodística no son en general públicos. […] En lugar del diálogo y el acuerdo, la empresa recurrió a la estridencia mediática, sin ninguna aportación al ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Por el contrario, se hizo un daño a la imagen de los periodistas y de la marca que supuestamente se pretendía defender con esta campaña mediática.”

Ese mismo día, 12 de marzo, al terminar la primera emisión, Grupo MVS despidió a Daniel Lizárraga e Irving Huerta, coordinador y reportero respectivamente de la Unidad de Investigaciones Especiales, quienes revelaron el asunto de la Casa Blanca, mansión millonaria que habría adquirido la primera dama de uno de los principales contratistas de esta administración. La empresa argumentó mediante comunicado que la decisión fue en razón de pérdida de confianza.

Ante la desafortunada decisión, al día siguiente, viernes 13 de marzo, Carmen Aristegui rechazó categóricamente el despido de ambos reporteros pues con dicho despido se afecta seriamente el trabajo del equipo, así como la generación de contenidos para la audiencia.

Por si no fuera suficiente MVS presentó nuevos lineamientos para regir la relación entre conductores y ésta, mismos que prácticamente están diseñados para que la conductora se vaya.

En dichas reglas se restan decisiones editoriales a los conductores; aunado a que la contratación tanto de reporteros como corresponsales, comentaristas, analistas, defensor de la audiencia entre otros, será consensuada entre los conductores y el Director de Noticias.

Que existirá una sola Unidad de Investigación cuyos miembros serán elegidos por el Director, en tanto que los conductores sólo pueden hacer sugerencias. También se destaca que todos los trabajos de información y de relevancia informativa deberán presentarlos a la Dirección de noticias; el contenido de los portales de noticias será responsabilidad del Director de noticias y no podrá ser utilizado por los conductores en ningún otro medio o plataforma.

Por todo lo anterior y considerando el valor y la necesidad de contar en México con espacios noticiosos de investigación periodística rigurosa, con información plural y plena apertura de cara a la población y en defensa del derecho a la información de los mexicanos, el Canal del Congreso deberá contar con un espacio noticioso que sea transmitido en canales públicos para garantizar su mayor difusión en el territorio nacional, para lo cual se propone la apertura de ese espacio con la conducción de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores.

Asimismo, y toda vez que en México es un país con alto índice de agresiones a periodistas y medios de comunicación y es obligación y responsabilidad del Estado proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la información, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión, deberá suscribir los acuerdos correspondientes y adherirse a la plataforma MexicoLeaks.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para que disponga destinar de inmediato un espacio diario dentro de la programación del canal de televisión, a efecto de que sea transmitido el programa de noticias bajo la conducción de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones especiales, así como garantizar los recursos económicos y materiales necesarios para el desarrollo de dicha producción, con el propósito de garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión para que instruya a la dirección general del Canal de Televisión a adherirse a la plataforma MéxicoLeaks, con el propósito de dar curso a las investigaciones y denuncias que se produzcan en este conglomerado de medios.

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión para que promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del programa de noticias de Carmen Aristegui en la red nacional de radiodifusoras culturales y educativas del país, así como en los medios que componen el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Daniel Ávila Ruiz.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral.






Tiene ahora la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar, a nombre del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, un punto de Acuerdo en relación al conflicto entre el Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente, y en efecto, a nombre del Senador Encinas, pero del mío propio y de varios Senadores y Senadoras de mi grupo parlamentario. Quisiera fijar un posicionamiento.

Un lamentable episodio de ruptura entre la empresa MVS Radio y la periodista Carmen Aristegui, referencia informativa para millones de mexicanos a través de este medio electrónico ha despertado los focos rojos nacionales e internacionales por los preocupantes signos de regresión autoritaria que representa este capítulo.

La empresa MVS finalmente canceló la vía del diálogo que la propia conductora propuso en su mensaje del 19 de marzo, y se volvieron a cerrar las puertas para un espacio muy importante.

Los concesionarios argumentaron su derecho a la libre empresa, pero ignoraron el respeto a los derechos de las audiencias y de la libre expresión.

La salida de Carmen Aristegui del aire constituye un agravio muy serio al derecho de las audiencias, en especial nuestro derecho a una información veraz, crítica, oportuna y plural que la propia empresa MVS dice cumplir, a través de su ombudsman.

En este episodio, MVS en ningún momento, repito, tomó en cuenta el impacto que sus decisiones tendrían sobre los derechos de su público.

La reforma constitucional de 2013, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como la ley secundaria aprobada en 2014, incorporó en el artículo 6 los derechos de las audiencias; por ello este Senado de la República debe evitar una generalizada ola de cierres de espacios informativos incómodos para los concesionarios o para el poder político.

En el seno del Instituto Federal de Telecomunicaciones están pendientes los lineamientos que deberán observar los defensores de las audiencias en los distintos medios concesionados; es importante que las lecciones de este asunto entre MVS y Carmen Aristegui lleven a remontar los signos de retroceso en los medios de comunicación concesionados.

La defensa de la liberta de expresión y el derecho a la información constituyen demandas urgentes nacionales.

En la mayoría de las entidades y a nivel nacional se observan preocupantes regresiones y actitudes autoritarias desde el poder político para agredir, amenazar a periodistas y a informadores, ahora con más ahínco ante la proximidad del proceso electoral de 2015.

Desde esta tribuna del país insistimos en que es importante que la resolución del conflicto entre MVS y la periodista debe estar en función del respeto a los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión no solamente como si fuera un asunto entre privados; frenar la escalada de actitudes, de intimidación y de presión desde distintos órdenes gubernamentales sobre el ejercicio periodístico tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades del país. Y demandamos la reinstalación de los periodistas y de la conductora en su espacio de medios electrónicos.

El despido de Carmen Aristegui se suma a una larga lista de agravios, y es una muestra de la arrogancia gubernamental a la que poco le importó el costo que deba asumir. El golpe a este grupo de periodistas viola principios constitucionales fundamentales: la libertad de expresión y manifestación de las ideas; el derecho a la información; el derecho de réplica y destacadamente el derecho, nuestro derecho, de las audiencias.

El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, se trata de un bien y un servicio de interés público que se concesiona a particulares para que cumplan con los objetivos establecidos en las leyes.

Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con los que se opera, y obtienen enormes ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadora, permítame un momento, por favor.

Exhorto nuevamente a quienes están presentes en la sesión, guardemos silencio y pongamos atención a la proponente. Adelante, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con que operan y con los que obtienen ganancias, pero deben apegarse a las normas constitucionales y a los términos a partir de los cuales el Estado les otorga una concesión; por ello el conflicto entre MVS y Carmen Aristegui no es un litigio entre particulares, el Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales que he señalado en este documento, en especial el derecho de las audiencias que exigimos la permanencia de un noticiario que alcanza más del 50 por ciento de los radioescuchas.

Estamos ante el peor escenario que el país haya enfrentado en décadas, un Estado en crisis entregado a los intereses de los consorcios transnacionales y subordinado a los poderes fácticos que imponen su agenda, cuya debilidad y ambición por mantenerse en el poder lo inducen hacia salidas autoritarias ante la crisis que enfrentan. El Ejecutivo Federal ha asumido como una afrenta política y personal la denuncia sobre la casa blanca y los beneficios obtenidos por un puñado de empresas, desde la gestión del actual Presidente que como gobernador del Estado de México ya tenía, y ha decidido retirar del aire, porque es él, el que ha decidido retirar del aire al noticiero más escuchado de la radio y dar aquí un escarmiento a quien no se subordine a sus dictados.

Permitirlo, representaría, además de una grave regresión democrática, volver a un pasado donde una autoridad se impone a la sociedad a través de los medios a su alcance, desde el Estado mismo.

Es nuestra responsabilidad impedirlo.

Por ello, proponemos el siguiente punto de Acuerdo:

El Senado de la República se pronuncia públicamente por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación, como una condición necesaria para la construcción del régimen democrático y de protección de libertades individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, se atiende el derecho de las audiencias ante el despido de la comunicadora Carmen Aristegui y de los dos integrantes de la Unidad de Investigaciones Especiales, integrado por su coordinador Daniel Lizárraga y del reportero Irving Huerta, de la primera emisión de noticias de MVS Radio, y regresen pronto a ese espacio, que hace mucha falta, más aún, en estos tiempos de regresión autoritaria.

Muchas gracias.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna.

Saludamos la presencia de la Directora de la Fundación "Luis Pasteur", Silvia Hofmann, y representantes y voluntarios de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, quienes en ocasión de este día, es el "Día Mundial del Cáncer Cervicouterino", visitan esta sede y este Pleno, invitados por el Senador Salvador López Brito.

¡Bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar, a nombre del Senador Mario Delgado Carrillo, un punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para adherirse a Carmen Aristegui.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero evitar repetir los planteamientos que ya se han hecho y que suscribo, todos y cada uno de ellos, y sólo quiero ser enfático en algo, sin la voz de Aristegui al aire, el gran perdedor es la audiencia, es principalmente la audiencia y, en ese sentido, la democracia mexicana.

El conflicto de MVS y Aristegui ha revelado muchas cosas, muchas cosas que estaban ahí y que quizás no estábamos atendiéndolas de la manera correcta, pero hay una que no se ha tratado con la profundidad que amerita, y no se ha tratado, a pesar de que acabamos de aprobar la ley general en materia de transparencia, me refiero a la falta de transparencia que existe en la industria de los medios de comunicación en México.

Y es que, como lo ha señalado ya Carlos Bravo, regidor en un artículo, en el caso de MVS y Carmen Aristegui, se hizo explícito ese problema, que tiene que ver con que los concesionarios tienen, en su materia y en su obligación, cuestiones como el gasto de publicidad oficial, la falta de conocimiento público sobre la relación que tienen los periodistas con los medios en donde trabajan.

Y yo creo que aquí hay que tener claro algo, y sería responsable por parte del Senado, que lo discutiéramos, que la radiodifusión es a final de cuentas, por mandato constitucional, un servicio público de interés general.

Por esa razón, el uso del espectro de radiodifusión en México ha estado vinculado históricamente a nociones de pluralidad, es decir, lo que tutela la propiedad pública del espectro radioeléctrico, además de la eficiencia, es la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por estas razones, vengo a plantear una pregunta, además de presentar este punto de Acuerdo, que suscribimos el Senador Mario Delgado y su servidor.

Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿por qué no son los concesionarios del espectro radioeléctrico de nuestro país, sujetos obligados de transparencia? Los elementos que podrían presentarse para hacer esta exigencia, tienen que ver con tres cosas particulares: primero, en que la reforma constitucional en materia de transparencia, se estableció como sujeto obligado a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos.

Segundo, que los concesionarios son personas físicas o morales titulares de una concesión.

Tercero, el espectro radioeléctrico es un bien del Estado.

Por lo tanto, podría considerarse que los concesionarios que usan, aprovechan, explotan las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, ejercen un recurso público. Esto podría permitirnos que los términos, las condiciones, los derechos, las obligaciones, los costos y beneficios del contrato de MVS y, en este caso Carmen Aristegui, pues fueran totalmente públicos y transparentes.

Esto, a su vez, permitiría sentar un precedente en la apertura de la industria a los medios de comunicación en México.
¿Por qué me parece esto tan relevante? Se acaba de dar a conocer que en el contrato entre Carmen Aristegui y MVS, había una cláusula que establecía que ante un diferendo se obligaban las partes a la entrada de un árbitro, un árbitro que, en este caso, tenía nombre y apellido, se trataba de José Woldenberg. Este árbitro debió haber sido llamado para, justamente, atender el diferendo entre esas partes, y se ha revelado que a pesar de dos solicitudes por parte de Carmen Aristegui para que el árbitro entrara a mediar entre la empresa y la periodista, esto no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió? Por diferentes razones. Y ahí tendrá que dar una razón y suposición la empresa, pero entre otras cosas, porque el contrato no era conocido, no era transparente, a pesar de que tiene que ver justamente con un bien del Estado mexicano.

Además de este planteamiento, es que el Senador Mario Delgado y su servidor, hemos creído pertinente que mientras encuentra una solución a este conflicto, la voz de Carmen Aristegui en beneficio de su audiencia, en beneficio de las personas que todos los días la escuchan, encuentren un espacio, y en este caso, sea el gobierno federal, a través del IMER, que consideren la apertura de un espacio en sus emisoras y programación, para que la periodista Carmen Aristegui, su voz no sea silenciada. Esto, mientras se busca en el momento en el que hicimos este planteamiento, una solución entre las partes.

Pero también creo que este diferendo nos debe de llamar a los mexicanos, en nuestra calidad de audiencia, a otro tipo de actitudes y de manifestaciones.

Vean, compañeras y compañeros, hace un par de años, en Guatemala, el gobierno de aquel país, también quiso silenciar al periódico, al periódico de Guatemala. ¿Qué se hizo? Se estableció una campaña que se llamó: “Si nos callan como individuos, no nos callarán como pueblo”. Organizaron lo que se conoce como financiamiento de masas que, a partir de la solicitud de donaciones, permitió que a pesar de quitarle todos los recursos por parte de la publicidad gubernamental, hoy el periódico sigue existiendo.

Lo mismo estamos viendo en Venezuela con las periodistas Luz Mely Reyes y Laura Weffer, con el efecto "Cocuyo", que a partir, lo mismo, de pequeñas donaciones de sus audiencias, siguen al aire.

Me parece que nos falta ser solidarios, hay que serlo, pero además, hay que pasar de la solidaridad activa a la acción de financiamientos de espacios que hoy, sin ellos, no solamente pierde la audiencia, reitero, pierde toda la democracia mexicana.

Apoyar a la transparencia, la objetividad e independencia es buscar alternativas para que estas voces sigan al aire.

Porque a todos nos conviene, creemos que Carmen Aristegui debe de volver al aire, porque como lo dijo Julio Scherer, el 6 de noviembre de 1976, en la primera editorial de la revista "Proceso", luego del golpe a "Excélsior", "nos sigue comportando la generosa solidaridad de un amplio grupo de mexicanos que se niega a que el país se cubra completamente por el silencio".

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

Proposición

EL suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de toda sociedad democrática, libre y republicana.

Se trata de derechos humanos de primera generación, de derechos de corte liberal. Al paso del tiempo, hemos avanzado en la progresividad y las nuevas generaciones de derechos humanos, lo cual nos ha permitido alcanzar nuevos horizontes de mayor protección a favor de la persona, frenando cualquier abuso, cualquier arbitrariedad, cualquier atropello, cualquier signo de autoritarismo.

Por ello, en una sociedad que se dice ser libre, el derecho a la información es de la máxima importancia porque es el mejor mecanismo para proteger la búsqueda, la recepción y la difusión de información, ideas y opiniones en sociedades que han alcanzado nuevos espacios de interacción y convivencia social basados en el desempeño de los medios de información y de comunicación y el uso masivo de nuevas tecnologías.

El hecho es que junto a esas libertades clásicas de expresión y de prensa, tenemos la garantía de los derechos de corte social, que habilitan al ciudadano a exigir al Estado ciertas acciones a fin de garantizar el acceso a la información, a las ideas, a las opiniones, a los argumentos en una sociedad plural, dinámica y en constante renovación.

A la par que se exige al Estado que no interfiera, obstaculice o restrinja la expresión libre de ciudadanos y periodistas, sujetos calificados de tales derechos, se le pide también que intervenga proactivamente cuando haya situaciones, acciones o condiciones que impiden ese libre ejercicio. Que remueva los obstáculos o que repare las violaciones a los derechos que él mismo o particulares cometieron o pueden estar cometiendo.

Hoy la esfera de los derechos humanos no sólo es la concerniente a las relaciones entre autoridades y particulares, sino también aquella vinculada a las relaciones donde intervienen particulares, y con mayor razón si se trata de la relación entre particulares y compañías, grupos organizados, empresas o corporativos, y frente a ellos están los consumidores, los usuarios de servicios, los radioescuchas.

En la actualidad los derechos humanos irradian por doquier. Esto es innegable.

MVS Comunicaciones ha terminado su relación profesional con la periodista Carmen Aristegui, quien tiene el mayor de los reconocimientos no solo a nivel nacional, sino internacional, por ser una voz crítica en el ejercicio del periodismo.

La razón que ha alegado MVS es que se trata el uso de su marca sin autorización. Que los presuntos acuerdos entre Carmen Aristegui y MexicoLeaks no estaban consensados con el grupo empresarial. Ello motivó, en primer lugar, el despido de dos de sus colaboradores, y, posteriormente el término de la relación laboral con la propia periodista.

Al respecto, se ha dicho que es un asunto entre particulares, como hace seis años cuando la empresa y la periodista suspendieron de momento su colaboración profesional. MVS ha dicho que no aceptará ningún ultimátum, que lo que ha sucedido no se trata de censura, que no hay marcha atrás, que no hay posibilidad de arreglo alguno y que es una decisión definitiva.

Por su parte Carmen Aristegui ha dicho que se trata de un atropello a la libertad de expresión y ha dicho que dará una batalla legal. Los periodistas en México y el mundo se han solidarizado, ante lo que se considera una situación lamentable para el ejercicio periodístico en México.

Si bien es cierto que en una primera instancia es un asunto entre particulares, debemos recordar que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son asuntos públicos, y ante todo se trata de derechos humanos fundamentales, protegidos constitucionalmente y por la normatividad internacional de derechos humanos. Además, por ley, las concesiones de radio y televisión son asuntos públicos que imponen a los concesionarios ciertas obligaciones inexcusables. En una sociedad libre, la pluralidad, el debate y la discusión de los asuntos públicos es un asunto que a todos interesa y debemos trabajar incansablemente todos los días para que así sea.

Miles de personas en el país han salido a las calles a manifestarse en contra del despido y de consecuencias no solo en el ámbito de lo privado, sino en la escena pública, porque se excluye en México una voz importante, con trayectoria crítica en el periodismo.

Muchos han pedido que se abran opciones, nuevos espacios para que la periodista pueda seguir desempeñando su labor de ejercicio de la libertad de expresión e informativa. Estamos de acuerdo.

México tiene radio pública y de mucha calidad.

El Instituto Mexicano de la Radio fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal.

Es vital recordar que la radio constituye una actividad de interés público, con función social que alcanza con su servicio los más altos valores para la convivencia, la cultural el arte y la ciencia en el país.

El Instituto Mexicano de la Radio es la radio pública más importante del país, por su cobertura, tecnología y diversidad de contenidos. Se trata de un medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional.

La información disponible y actualizada, arroja que cuenta con 18 emisoras en el país, una de ellas virtual (por internet) y 39 canales digitales. Esta radiodifusora cuenta con 10 estaciones permisionadas y 7 concesionadas. Las estaciones terrestres llegan a 10 localidades en 8 estados, además cubre el Distrito Federal y el área conurbada. En total, por la potencia de sus emisoras, se puede escuchar en 17 entidades de la República Mexicana.

Su misión es producir, programar y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la compresión y el análisis para consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural.

De acuerdo con su visión, se busca conformar una oferta radiofónica y de comunicación de servicio público, con presencia nacional e internacional, referente por la representatividad social y cultural de su programación, la calidad de sus emisiones y la credibilidad de sus contenidos.

Por su parte, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, lo cual está relacionado con el artículo 1º constitucional.

La misma ley establece que es derecho de las audiencias, el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que lo que hoy está en juego no es sólo un asunto de particulares, sino el derecho que tienen los periodistas a ejercer su labor para difundir hechos, ideas y opiniones, y a la par, el derecho que tienen la audiencias a recibir contenidos plurales, críticos y que refleje la diversidad social actual del país, debemos realizar un atento exhorto.

El gobierno mexicano no se puede limitar a señalar que se trata de un asunto entre particulares. Tiene que tomar un papel activo a favor de las libertades y los derechos de los radioescuchas. A eso lo obliga tanto la constitución política como las leyes.

Hoy, el gobierno no puede censurar, pero cuando hay dudas sobre la censura que se ejerce desde los corporativos, su deber es intervenir y proteger para promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Para que en México haya libertad de expresión, su primer deber es no interferir. Su segundo deber es evitar o reparar los daños que otros causan cuando interfieren con esa libertad, ya sea en contra de los periodistas, las audiencias o en este caso de ambos.

Hoy más que nunca debemos estar muy atentos a los nuevos signos y síntomas del autoritarismo: aquel que aunque no actúa en nombre del poder, de hecho, se comporta más allá del poder público.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, A QUE CONSIDERE LA APERTURA DE UN ESPACIO EN SUS EMISORAS Y PROGRAMACIÓN PARA LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI, A FIN DE QUE CONTRIBUYA AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA LIBERTAD DE PRENSA, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE LAS AUDIENCIAS A RECIBIR CONTENIDOS CRÍTICOS Y PLURALES.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Estamos desahogando proposiciones que tienen punto de Acuerdo. El Reglamento es claro de cómo deben de desahogarse: sus proponentes suben.

Aquí están 3 puntos de Acuerdo cuyos proponentes han estado en tribuna.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo me ha solicitado una intervención en relación a este tema, y esta Mesa Directiva, de manera adecuada, ha dado el uso de la palabra a su coordinador, el Senador Manuel Bartlett.

Adelante, Don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Agradeciendo su flexibilidad, señor Presidente, que conoce aquí muchos resistentes, voy a leer un texto para no alargarme, convencido de que todos y cada uno de los que están aquí saben que es cierto.

La expulsión de Carmen Aristegui de MVS Radio, dictada por la empresa, ha tenido un enorme impacto negativo a nivel nacional e internacional. Los principales periódicos del mundo publicaron notas responsabilizando a Peña Nieto.

En México, cientos de miles inundaron las redes en: Carmen se queda, en defensa de Aristegui, James OMG, indignación instantánea de un auditorio ofendido de millones en toda la República.

Los medios nacionales exhibieron obvia hipocresía.

La salida de Carmen Aristegui es un indiscutible golpe oficial a la libertad de expresión.

Es, Aristegui, el más claro ejemplo de esta libertad.

Se trata del escalamiento de la dictadura mediática impuesta por Peña Nieto desde el primer día.

Televisoras, cadenas de radio, periódicos evitan toda opinión contraria al poder; desinforman, aún ante acciones públicas claramente confrontadas con la mayoría de la opinión nacional.

En este panorama, Aristegui rompió la barrera del silencio impuesto, cómplice, verdad, y se constituyó por eso en la voz por excelencia de la libertad de expresión.

Imposible aceptar la calificación de Gobernación de ser un problema entre particulares. Fue una evidente exigencia de Peña Nieto, acorde a su política de silenciamiento y manipulación de la opinión pública.

Así lo califica el Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dijo: “El despido fue, de forma sutil, acallar una voz crítica”.

MVS lo niega, y afirma: “Obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como posición inamovible la reinstalación de 2 reporteros separados de su cargo. La empresa no acepta ultimátum”.

En realidad, la empresa montó una celada. Se inicia con 3 desplegados sorpresivos rechazando una alianza de Aristegui sin autorización, dijeron, con la plataforma llamada MéxicoLeaks, siguiendo con el despido de 2 de sus colaboradores por pérdida de confianza. Clara provocación.

Dado que la responsable era directamente ella, por eso Aristegui, al llamar al diálogo, exige la reinstalación, lo que la empresa califica de ultimátum y procede a su expulsión.

MVS, a manera de tribunal sumario, responde a comentarios de Aristegui negando el haber transgredido la libertad de expresión, y que el tema de la Casa Blanca fue comentado durante semanas por Aristegui sin censura, procediendo a buscar innoblemente, innoblemente desacreditar a la periodista por su supuesta ausencia de autocrítica e incapacidad para reconocer equivocaciones.

Y de pasadita, afirma MVS, como un deslinde absolutamente ineficaz, que no depende de la publicidad gubernamental. Sólo el 6 por ciento, aunque depende de sus concesiones y sus ampliaciones deseadas del poder Presidencial, como lo señaló diario "Economics" claramente, los periodistas, las cadenas, las posiciones están en manos siempre del poder del Presidente.

MVS es concesionaria de un servicio público con obligación constitucional de información con su auditorio y con sus conductores, en los términos de sus contratos.

No puede legalmente cancelar los derechos del auditorio, no puede, es una violación constitucional, ni contratos celebrados.

Tiene obligación de explicar al auditorio el silenciamiento, explicación que no puede ir más allá de su coartada.

Tendría que reconocer que obedece a exigencias del gobierno de Peña Nieto.

Se mantiene MVS aferrada a argumentos inverosímiles, ridículos, que cualquiera que los analice así los considera.

Frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad de la empresa y del gobierno es nula.

El tema no se limita a la Casa Blanca: Tlatlaya, Ayotzinapa, la reforma energética, nombramientos aberrantes.

El objetivo es eliminar a la periodista más reconocida, no sólo por los temas, no sólo por los temas que irritan la gobierno, sino por el talento y la capacidad con la despliega sus investigaciones, su habilidad para sintetizar problemas, interrogar, ir al fondo, había que sacar del aire a quien sacude a México con sus verdades.

MVS hace la labor sucia de Peña Nieto.

Liquidar a esa personalidad que irrita y exhibe corrupciones del poder ocultando el propósito, sabiendo Peña Nieto el costo de liquidar a Carmen Aristegui, lo hace, lo hace camino a las elecciones.

¡No importa el costo, de una vez, de una vez para afianzar la dictadura mediática que sufren los mexicanos y, por tanto, la ausencia de democracia!

En su indetenible e inexorable pérdida de autoridad, el gobierno de Peña Nieto no podrá silenciar a México.

Layda Sansores y Blásquez también deseaban hablar, señor Presidente, por eso los he mencionado.

Y le agradezco mucho a usted, señor Presidente, su flexibilidad.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Don Manuel.

Usted es un conocedor del procedimiento parlamentario. La alusión tiene una connotación especial, que es la que tiene que ver con imputarle a un Senador o Senadora un dicho o un hecho, que tiene que subir a aclarar.

No solamente es mencionarlo. Mencionarlo es una alusión, la alusión constituye imputar a un Senador o Senadora un dicho o un hecho.

Pero mire, Senadora Sansores, yo voy a ser racional, porque siempre he pedido a esta Mesa Directiva que se deben tomar los acuerdos en relación a los temas.

Haga uso de la palabra.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Mire, yo quería hacer un reconocimiento a la labor de la periodista. Entiendo que no hice mi trámite correctamente, quisiera rogarle, entregarle mi texto para que sea publicado en la Gaceta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con mucho gusto, Senadora, así se hará.

Adelante, Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente, por su comprensión. Compañeras y compañeros:

Es que este tema es muy sensible para las mexicanas y los mexicanos; para quienes estamos luchando por abrir espacios democráticos y creo que debió de haberse discutido, no ahora, desde hace días y de una manera muy amplia como parte de una agenda en el Senado.

Yo considero que el despido de Aristegui, es el lenguaje del poder autoritario sin límites. Y no es la primera vez que a Carmen se toma como moneda de cambio, de intereses empresariales.

El vocero de Televisa, que luego se sienta aquí en un escaño, dice que la reforma en telecomunicaciones va bien. ¡Sí, claro que va bien!, pero para los intereses de quien él representa, para los que son los padrinos, los promotores, los amos, los dueños del señor Peña Nieto, a quien le debe tener esa banda.

Carmen es la voz clara, valiente, profesional, que investiga y denuncia la corrupción y la impunidad que reina en las esferas de los intocables.

Aristegui se había convertido en el espejo más fiel de Peña y su gobierno, y en lugar de agradecer la nitidez que reflejaba su retrato y hacer un examen profundo de autocrítica, prefirió hacerlo añicos.

La Casa Blanca desquició al gobierno. Sepultó la credibilidad de Peña Nieto. Lo evidenció como el corrupto que encabeza la lista interminable de funcionarios ladrones en nuestro país, tan vulgares como los que asaltan en la calle al ciudadano, pero con la agravante de que en México, aparte de que los funcionarios nos roban, todavía hay que pagarles altísimos salarios, más sus prestaciones.

Peña Nieto intentó defenderse. Usó de escudo a su esposa, de títere, a Virgilio, y como nada le funcionó, y como su credibilidad sigue en picada, entonces Peña Nieto pasó de la defensa a la venganza, al más puro estilo de los cobardes. Porque clava la puñalada y esconde la mano, “yo no fui”, “conflicto de intereses”.

¿Quién le cree? Es cínico, es una actitud desesperada.

Peña Nieto quiere silenciar al pueblo, con el garrote y con el hacha.

Coincido con Eduardo Huchim, a Peña el país se le deshace entre las manos. Y ante su impotencia, se ha dedicado a desafiar a la sociedad. Éste es un desafío a los ciudadanos, y les anticipo, que ya perdió. Porque diga lo que diga y haga lo que haga, Peña no se levanta.

Ante la sociedad, está muerto. Y por eso no entiende porque está muerto, pero no se lo han dicho.
No ha sido su gobierno capaz de proteger al periodismo, que se ha convertido en una profesión de extremo riesgo, en donde se mezcla la tinta y la sangre.

A seis meses de la dolorosa desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno no resuelve nada. Sólo alcanza a hilvanar mentiras y estupideces.

Peña debería pedir disculpas a Carmen Aristegui. Ya quisiera tener una décima parte de la autoridad moral de una mujer que parece que nació a destiempo, porque es incomprendido su trabajo.

Debería de pedir perdón por Tlatlaya y por Ayotzinapa.

Debería de indemnizar a un pueblo que, en la única forma posible que yo veo, es que renuncie.

Carmen Aristegui no debe ser despedida. Quien debe ser despedido, es Peña Nieto.

¡Que se vaya!

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Blásquez, dígame, por favor.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Solicito el uso de la palabra, debido a que fui aludido.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador, usted sabe que no es procedente.

Y usted, no, no, ya le di la connotación de la alusión. Usted no fue aludido para aclarar ningún hecho, ningún dicho. El Senador Bartlett nunca refirió ningún dicho, ningún hecho, que lo involucrara a usted para subir a aclararlo. Dijo que también querían hablar. Esa no es una alusión.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Deme la limosna de 30 segundos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Es imposible que le niegue su derecho a decir algo.

Adelante.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Quiero que quede constancia, señor Presidente, de que fui aludido, y usted me está negando el derecho de participar en la tribuna.

Le vuelvo a solicitar, ¿me permite el derecho?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Me dice que 30 segundos. Yo ya le había concedido el derecho de venir a tribuna, señor, a pesar de toda su racionalidad que le es característica.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente.

Bien. Los 30 años de ejercicio profesional que tuve como comunicador, me obligan a plantarme aquí, precisamente, como lo que soy, un comunicador, licenciado en periodismo.

Y no como un servidor público con gran experiencia, como reconozco, son la mayor parte de mis compañeros.

Los comunicadores utilizamos dos tipos de lenguaje: el lenguaje digital, con el cual informamos; y el lenguaje análogo, con el cual opinamos.

Es el equivalente a la única forma de comprobación científica en política, que es la forma y el fondo.

Si analizamos el tema, desde el punto de vista digital, o sea, desde la forma, pues encontramos a dos partes en pugna contractual. Efectivamente, no podemos negar que la forma que se ofrece el conflicto, observamos a un concesionario que está molesto, que no está de acuerdo con que su marca quede comprometida, en alguna forma de práctica de mercado; y a una periodista que hace valer sus derechos contractuales.

Pero si nos vamos al lenguaje análogo, o sea, al fondo, pues sí, observamos que es una maniobra de carácter político, para acallar y para castigar a una prestigiada comunicadora.

No pudiera más en mi condición de periodista, que decir aquí, que la señora Aristegui es una de las más grandes periodistas que he conocido. Y es dueña de un valor que pocos tenemos. Es una persona consistente y se le pudiera acusar, en algún momento, en la puja contractual, de haber comprometido, al parecer, de manera indebida, sin que haya sido probado, la marca de la empresa.

Pero jamás se le podrá decir que ha actuado de manera irresponsable o que ha ofrecido una noticia o una versión, sin el debido respaldo editorial.

A mí me han enseñado que la fuerza no se combate con fuerza. Porque si entramos a la ley del más poderoso, pues obviamente que ante un régimen, una comunicadora, sería inferior en fuerza. Y también y le hablo a don Joaquín Vargas, un concesionario público, es inferior en fuerza a un régimen.

La gran diferencia es que los presidentes, y nosotros incluidos, nos vamos. Se apagan los reflectores, se apaga la magia, aquella que nos rodea, los asesores, los recursos, los dineros, y muchos se van al destierro, si no es que por el caño o a un bote de basura.

Y si no, vamos a preguntarle al honroso Julio Scherer, ¿cuánto tiempo sobrevivió a aquellos ataques descarados del régimen?

¿Cuál fue el destino de aquel Presidente que lo agredió?

¿En dónde se encuentra enterrado ese Presidente?

¿En qué parte de nuestra memoria está?

¿Y en qué altitud de dignidad está el nombre de Julio Scherer?

Es lo mismo. Yo le pido al señor Presidente de la República y al régimen, que respeten a los periodistas, que los periodistas no usan guaruras, no traen carros blindados, su única arma es la pluma, y que entiendan que ese es el trabajo que nos forjamos, y que esa es la forma en que nos crían, nos educan y nos capacitan en las redacciones, en los periódicos, en las estaciones de radio y televisión.

Quiero aquí dejar una sugerencia, al señor Presidente de la República le van a hacer un juicio, el pueblo lo va a enjuiciar, de hecho ya hemos escuchado bastantes versiones aquí.

Yo no sé qué pueda estar haciendo en 4 años: el destierro político, la ignominia, no sé qué le espere.

Lo que sí sé es que Carmen Aristegui va a estar de pie, y es que Carmen Aristegui va a estar con la frente en alto y también el concesionario público, la familia Vargas ahí va a estar.

Mi sugerencia. No ataquemos la fuerza con fuerza. No enfrentemos a este régimen con violencia, ni siquiera verbal.

Quiero, de manera respetuosa, pedirle a don Joaquín Vargas que retome el diálogo con Carmen. Que los periodistas, que los concesionarios públicos, y muchos sabemos del riesgo que corre la familia Vargas, lo sé, lo sabemos, cambiemos el horóscopo, y a través de la negociación, la compañera vuelva a expresar su talento y su investigación en este medio de difusión, partiendo de una base, que los políticos somos temporales y los medios somos perennes, ahí nos quedamos.

Don Joaquín, ya Carmen Aristegui le ha dado una muestra de que en la lectura pudiera ella haber modificado algunas actitudes.

Ya Carmen Aristegui ha pedido que se reabra el diálogo. Abramos el diálogo, sentémonos.

Este no es un tema más que de ustedes dos, no puede haber mediadores donde hay dos partes muy bien identificadas. Cambiemos el horóscopo y el pronóstico de que Carmen va a tener que abrir un nuevo medio, va a tener que ir a algún tipo de estación independiente. No.

Tenemos que ser consistentes, y desde aquí le pido a don Joaquín que lo considere. Él ha visto desfilar a muchos Presidentes, y su señor padre, también un honroso concesionario público, vio desfilar a muchos Presidentes. Pero periodistas y mujeres de alta dignidad, como mi compañera Aristegui, de esas hay pocas.

Es la cuenta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador. Se estiraron mucho los 30 segundos.

Por ser de la misma materia, como ha sido solicitado en cada caso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las anteriores proposiciones se consideran de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si las proposiciones presentadas se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se consideran de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, daremos turno a las proposiciones. La presentada por el Senador Javier Corral Jurado se turna a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente. Con todo respeto, con profundo respeto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, yo le pido que rectifique el turno. Ese turno no puede ser.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Usted está impugnando el turno.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Estoy impugnando el turno. Yo sé que el Senador Gaxiola quisiera discutir el turno también, y estoy absolutamente de acuerdo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No. Nadie quiere discutir el turno.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Voy a razonar por qué impugno el turno, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Dígame a dónde quiere usted turnar, a dónde propone, a qué comisión?

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Yo propongo que no sea a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Dígame usted?

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) La naturaleza de este órgano de gobierno del Senado tiene una función.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pero dígame usted a dónde.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Quiero decirle por qué no quiero que sea a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pero podemos omitir esa parte y nos diga usted a dónde quiere usted que se turne.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) A la Comisión Bicamaral y a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, porque es una materia de un órgano del Senado. A donde no debe de ser es a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador, la Comisión Bicamaral no es comisión de dictamen.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No, pero éste es un punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No es de dictamen. Los puntos de Acuerdo se dictaminan, y a la Comisión de Reglamentos solamente se le turnan los asuntos que tienen que ver con la normatividad interna de las Cámaras. Así es que no es procedente la solicitud de usted respecto que sea turnada a la Bicamaral de Radio y Televisión y a la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Este turno debe ser reconducido a varias comisiones, o sea, este turno, lo que yo estoy impugnando, en primer lugar, es la Junta de Coordinación Política. Al menos que la Junta de Coordinación Política acepte debatir este asunto públicamente.

Usted sabe que esa Junta de Coordinación Política no es un órgano que delibere públicamente. Ahí no puede ser. Sería un mensaje distinto al que el Senado debe enviar en este tema.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Corral, usted es Presidente de una comisión, y cuando se le turna un asunto a su comisión, usted formula su plan de trabajo y desahoga cada asunto. No podemos enviar a la Junta de Coordinación Política, uno de los órganos de gobierno del Senado, y decirle desde acá cuál va a ser la forma como puede desahogar este asunto. Es de simple y elemental respeto a los órganos.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente. Este es un asunto que se trata de medios de comunicación, es un asunto que toca las libertades de expresión y de información, debe ser debatido públicamente en el Senado.

Ese órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, no debate públicamente, sus sesiones no son públicas, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo le repito, Senador, que el órgano donde se turne tendrá que formular su plan de trabajo. No podemos, desde acá, en este momento procesal, determinar ese plan de trabajo, de cómo la Junta de Coordinación Política desahoga el presente asunto.

Le pido comprensión, Senador Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Bueno, voy abundar en otro asunto. Está impedido el Senador Emilio Gamboa Patrón para conocer de este tema, de entrada tiene un conflicto de intereses, preside la Junta de Coordinación Política, señor Presidente del Senado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No es un tema que vamos a desahogar ahorita.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Está impedido el Senador Gamboa para formar parte.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Usted sabe, Senador, que no podemos personalizar y ahorita referir algún conflicto de intereses.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pues es que, señor Presidente, lo he tratado de decir de distintas maneras.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo quiero ser muy correcto en el desahogo de este asunto, y hemos acreditado usted y yo que podemos serlo. Y yo le estoy pidiendo que nos permita el turno a la Junta de Coordinación Política.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Estoy agregándole un dato adicional a mi impugnación, de que sea a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Usted nos ha dicho que no, y ha hecho un señalamiento que, en todo caso, requerirá un desahogo diferente. Yo ahorita lo que le pido es que nos permita a la Mesa Directiva dar el turno que hemos propuesto.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Todos los puntos de Acuerdo van a las comisiones de su materia, esa es la norma. Estos puntos deberían ir a la Comisión de RTC, porque trata de un tema relacionado con esa comisión, cuando menos.

Esa es mi atenta sugerencia, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Le pido turno, para opinión, a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, si es tan amable, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante. Con opinión de la Comisión Especial, no de dictamen.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Pues, desde luego, también pedirle que la turne a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, toda vez que incluso con la nueva legislación, ya es una sola convergencia la de Telecomunicaciones con Radiodifusión, una sola materia y la Comisión de Comunicaciones y Transportes es competente en la materia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se turna a la Junta de Coordinación Política para dictamen, con opinión de las Comisiones ordinarias de Radio y Televisión, de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, ¿le parece, Senadora de la Peña?

Senador Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Yo creo, sinceramente, que se está creando y se va a crear un problema mayor con este turno, lo advierto desde este momento.

Yo tendré que expresar, con toda claridad, las razones de mi impugnación en términos de la Junta de Coordinación Política.

Usted ha dicho que no puede ir a la Comisión Bicameral porque esa no es una comisión de dictamen, tampoco la Junta de Coordinación Política, señor Presidente.

Yo quiero decirles que las comisiones de dictamen legislativo propiamente son las ordinarias que están señaladas por la materia.

Aquí están la de Comunicaciones y Transportes directamente relacionada; la de Radio, Televisión y Cinematografía directamente vinculada, y hay dos comisiones señaladas en los puntos de Acuerdo a las que se refieren para una posible opinión: la de Atentados y Agresiones contra Periodistas, que encabeza el Senador Blásquez; y la del Canal del Congreso, la Comisión Bicameral, pueden dar una opinión toda vez que, por ejemplo, mi punto de Acuerdo señala al Canal del Congreso.

Yo creo que debieran de conservar la Junta de Coordinación Política para la naturaleza de ese órgano de gobierno.

Yo creo que deben de mantener ese órgano con la naturaleza que tiene dictada.

Van a tratar de generarle una dinámica a la Junta de Coordinación Política a la que no está llamada.

No está llamada la Junta de Coordinación Política a la deliberación pública de los asuntos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Corral, solamente por tener que referir argumentos en relación a su dicho.

La Bicameral del Congreso de Radio y Televisión no es una comisión de dictamen; y la Junta de Coordinación Política sí tiene atribuciones en ese sentido, en términos del artículo 82, punto 1, incisos a, b) y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso.

Entonces, sí tiene facultades y, sin duda, esperemos que la Junta de Coordinación haga un plan de trabajo que tenga que ver con un debate público.

Estaremos pendientes, Senador.

Usted y yo coincidimos en las libertades y vamos a estar pendientes, yo le doy mi palabra. Le pido que podamos dar cuenta de este trámite así.

Sonido en el escaño de la Senadora Mayela.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: (Desde su escaño) Gracias.

Solicitarle, señor Presidente, si también se puede turnar, por favor, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, debido a que es un tema netamente laboral, es una relación contractual entre particulares, y es una situación que está netamente consagrada en la Ley Federal del Trabajo.

Además, también que puede, dependiendo el tema que se está tratando, es concerniente también a la Ley Federal del Trabajo.

Incluso, ella misma ha señalado que también va a acudir al Tribunal, en este caso, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a demandar también.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En opinión de la Comisión del Trabajo, también.

Adelante.

A ver, Senadora De la Peña, ¿qué otra comisión?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) No, yo digo que el tema no se debe prestar a chunga, con todo respeto a los señores Senadores.

Yo pedí la palabra para que fuera la comisión de la materia, que es RTC, ratifico, RTC más las comisiones que quieran acompañarle para que haya pluralidad como normalmente acontece en decisiones que este Senado toma.

No estaría mal que entrara también la otra comisión, pero no se trata de eso, hay que tomar las cosas con seriedad, que vayan a las comisiones de la materia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se da el turno como ha quedado establecido.

La propuesta presentada por la Senadora Dolores Padierna y el Senador Alejandro Encinas, la del Senador Mario Delgado, presentada por el Senador Zoé Robledo, se turnan a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su análisis y dictamen correspondiente.






Hago de su conocimiento que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición de Espectro Autista.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El dictamen está disponible en sus escaños. Por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

(Dictamen de primera lectura)



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros.

No cabe duda que hoy es un día muy importante para este Senado y para miles de familias en todo el país.

Y es muy importante porque estamos a punto de hacer realidad una ley que protegerá los derechos de todas las personas que viven con autismo.

El autismo es una condición de vida, cuyo origen o causas aún se desconocen, y para diagnosticarlo se necesita de una estrategia multidisciplinaria a partir de la cual se dé la detección oportuna y atención adecuada.

En la actualidad no existen datos oficiales que nos permitan saber con exactitud cuántas son y dónde se encuentran las personas con la condición del espectro autista; sin embargo, vale la pena reiterar proyecciones como la de la Organización Internacional Autism Speaks, que estima a nivel mundial que el número de personas con autismo es de uno por cada 88 nacimientos, con un incremento anual del 20 por ciento.

En México se estima que cada año 25 mil niñas y niños tendrán un trastorno del espectro autista.

Y esto, estimadas compañeras y compañeros, con las cifras que estoy ahora mencionando, que son pocas las que hay, que además son estimadas porque no hay información puntual a nivel mundial ni a nivel local, pero esto representa mayor incidencia que la suma de casos de cáncer, SIDA y diabetes pediátrica, de ese tamaño es el reto que tenemos.

En este sentido, el presente dictamen tiene como objetivo la creación de la Ley General para la Atención y Protección a Persona con la Condición del Espectro Autista, a partir de la cual se promueva e impulse su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad, mediante la promoción y protección de sus derechos y necesidades fundamentales.

Hay que reiterar y señalar aquí muy claramente, promover y proteger los derechos de estas personas, potenciando acciones e implementando una política de Estado que promueva la inclusión de las personas que viven con la condición del espectro autista.

Para lograrlo, la ley contiene 18 artículos divididos en cuatro capítulos, en los cuales desarrolla las disposiciones generales, los derechos, las obligaciones, la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, las prohibiciones y sanciones a quien no cumpla con las disposiciones que la complementan.

Tiene como sus principales ejes rectores: la autonomía, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la inviolabilidad de sus derechos, la justicia, la libertad, el respeto, la transparencia y los demás que respondan a la interpretación en materia de derechos humanos.

Dentro de los principales derechos de las personas con la condición del espectro autista destaca: gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política; tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa y accesible; recibir una educación o capacitación basada en criterios de inclusión; ser sujetos de los programas públicos de vivienda; recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado y tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos.

Asimismo, clasifica como sujetos obligados a garantizar el ejercicio de estos derechos a las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno; a las instituciones privadas con servicios especializados en la materia; a los padres o tutores, así como a los profesionales de la medicina y educación.

Como una de sus mayores aportaciones crea la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, constituida como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tendrá por objeto garantiza la ejecución de los programas en la materia y estará integrada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta comisión contará con una Secretaría técnica, y entre sus funciones a destacar se encuentran: coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Formular mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, plantear mecanismos de concertación con los sectores social y privado, apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia, y proponer al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones.

De igual manera, establece funciones a la Secretaría de Salud, tales como realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básico, acompañadas de estrategias de difusión y de la promoción de políticas y programas para la protección de la salud integral de las personas con autismo.

Además, señala como prohibiciones el negarle a los beneficiarios de la ley la atención en clínicas y hospitales, la orientación para un diagnóstico y tratamiento adecuado, o la asesoría jurídica necesaria; así como impedirles la inscripción en los planteles educativos y la posibilidad de contratar seguros de gastos médicos, para lo cual establece que las responsabilidades y faltas, así como los hechos delictivos se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables.

Por último, contempla seis artículos transitorios, en los cuales se describe la temporalidad de su entrada en vigor, del Ejecutivo Federal para la elaboración de las disposiciones reglamentarias y de los congresos locales para la armonización legislativa.

Senadoras y Senadores: Argentina, Brasil, Chile y Perú son algunos de los países que cuentan con un marco jurídico nacional, con una legislación en materia específica de protección a personas que viven con autismo, incluso de alguno de ellos su aprobación es extremadamente reciente, en donde las particularidades de esta condición han impulsado la viabilidad de crear disposiciones específicas a su favor.

En México, es necesario señalar que al día de hoy, tanto en las políticas públicas, como en el ámbito legislativo y judicial, se han materializado diversas acciones a favor de las personas con discapacidad, ejemplo de ello lo tenemos con el Plan Nacional de Desarrollo y su estrategia México Incluyente, con los protocolos de acceso a la justicia para las personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desde el 2005, con disposiciones legales en la materia.

Sin embargo, en cuanto a la condición del espectro autista, es necesario resaltar que esta situación y las especificidades a las que se enfrentan las personas que lo viven y sus familias, requieren de acciones afirmativas, perdón, acciones afirmativas, que vengan a diseñar y fortalecer las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento; y asimismo, complementar la legislación nacional impulsando el desarrollo de acciones que promuevan su adecuada inclusión.

Finalmente, quiero aprovechar mi intervención para reconocer el trabajo de la Diputada Villaseñor, y de todas y de todos los integrantes de la Cámara de Diputados, en este tema en particular, que es importante señalar que ha sido aprobado por unanimidad en nuestra Colegisladora.

Así como quiero una vez más refrendar el trabajo y voluntad de este Senado de la República a favor de la protección y garantía de los derechos humanos, que nos compromete a seguir legislando y vigilar que estas acciones se conviertan en resultados positivos, no sólo para las personas que viven con autismo, sino también para sus familias, quienes con su tenacidad y esfuerzo son prueba fiel de que el amor hacia un ser querido va más allá de cualquier imposible. Este logro, estoy segura, es de todos.

Por lo antes comentado, y con la satisfacción de que estamos cumpliendo con un gran pendiente que tenemos como nación, y segura de que seguiremos implementando las acciones necesarias que permitan a las personas con autismo desarrollar su gran potencial, someto a su consideración este dictamen, y estoy segura que habremos de contar con su respaldo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, la felicitamos por haber procesado este dictamen.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

 El día de hoy vengo con gusto por parte de la Comisión de Salud a presentar este dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Como un gran avance y unión de voluntades con la que se logrará el primer paso para abrir la puerta y poder vigilar los derechos de las personas con alguna discapacidad de acuerdo a su condición.

Como bien sabemos, con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000, había una población de personas con discapacidad de poco más de un millón 795 mil.

En 2010, con los últimos datos, esta cifra se incrementó de manera alarmante a poco más de cinco millones 739 mil personas.

De ellas, 57.5 por ciento tienen problemas para caminar; 32.5 por ciento, para ver; 16.5 por ciento, para oír; 8.6 por ciento, para hablar o comunicarse.

El 8.1 por ciento son discapacidades de carácter mental; 7.9 por ciento son dificultades de cuidado personal; y 6.5 por ciento con dificultades de atención.

Dentro del porcentaje de las discapacidades de carácter mental que corresponde al 8.1 por ciento del total de personas con discapacidad se encuentra, entre una de ellas, el autismo, que se vincula con un desajuste orgánico en el cual intervienen distintos factores que tienen como resultado un defecto de la funcionalidad del sistema nervioso central. Este trastorno que en nuestro país, como muchos otras enfermedades, no tiene una cifra definida de su prevalencia, se estima que está presentándose en 1 de cada 100 niños afectados en tres áreas fundamentales: las relaciones interpersonales, los problemas de la comunicación y el lenguaje y la rigidez mental y de comportamiento.

La importancia de avanzar en un tema como lo es el espectro autista implica para nuestro país la atención de personas que tienen una alteración cualitativa de la interacción social, además de una ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas, una falta de reciprocidad social y emocional.

Por ello, la atención de su conducta desde edades tempranas es primordial para su debida atención y seguimiento.

Con esta ley se promueven acciones importantes como garantizar las consultas y terapias especializadas para todas las personas con espectro autista.

Asimismo, se promueve la capacitación de personal médico para su debida atención, y se crea una comisión intersecretarial.

La importancia de esta ley también impactará de manera positiva a la Secretaría de Salud, que a partir de los recortes de más de 10,000 millones que se hicieron para este año, en donde lamentablemente no se pudo recortar el envejecimiento, las enfermedades crónico degenerativas ni tampoco la natalidad, pues este incremento de recursos ayudará a que puedan ser atendidos y tengan beneficio las personas con espectro autista para impulsar de manera progresiva las políticas públicas necesarias para su inclusión a la sociedad.

Finalmente, congratulo a las comisiones por la aprobación de esta ley e invito a las Senadoras y Senadores de este Pleno a votar a favor de la misma, con la cual, reitero y enfatizo que el avance que hoy damos con las personas con espectro autista será la entrada para legislar en materia de otras discapacidades y así lograr el beneficio e inclusión de este grupo poblacional.

Por eso, Senadores y Senadoras, les informo que, próximamente, Senadores de diferentes partidos presentaremos una iniciativa de características similares en beneficio con las personas de Síndrome de Down, reconociendo la sensibilidad del gobierno federal, y en especial de la Secretaría de Hacienda y de todos los grupos parlamentarios.

Con esta ley abrimos una era de oportunidad para crear diversas leyes generales que sin duda serán la pauta para lograr más recursos, más inclusión, mejor atención de todas las discapacidades.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias Senadora.

En uso de la palabra el Senador Miguen Ángel Chico Herrera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Adelante, Senador.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy ocupo la tribuna para presentar por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen a una minuta que trata un tema por demás sensible para la sociedad mexicana, y que atañe a un sector de la población, que por su condición requiere de mayor énfasis en la protección de sus derechos, me refiero a las personas con la condición del espectro autista.

Como ya se ha dicho a lo largo del procedimiento legislativo de esta minuta, el autismo se considera como una condición en la persona que le genera dificultades en su interacción social, en su comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos, lo que hace que se desenvuelva de manera diferente en su conducta y en su desarrollo emocional.

Mediante este dictamen se crea la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Su objeto es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales ya reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.

Para su aplicación establece la formulación de convenios entre los tres niveles de gobierno.

Reconoce derechos y obligaciones a los que padecen esta condición y a su entorno familiar.

Crea la Comisión Intersecretarial de carácter permanente del Ejecutivo Federal, que garantizará que la ejecución de los programas se realice.

Y finalmente, establece prohibiciones y sanciones derivado del incumplimiento de la ley.

Sin duda alguna, las personas con autismo forman parte de un grupo vulnerable en nuestra sociedad que requiere de cuidados especiales, y principalmente la ayuda de terceros.

Por eso, la ley que pretende crearse conlleva la noble intención de fortalecer la protección de sus derechos.

Armonizar el marco jurídico, las políticas públicas y recursos presupuestales con la finalidad de atender de manera eficaz sus necesidades.

Según cifras estimadas de prevalencia en nuestro país, 1 por cada 100 nacimientos, es decir, de los 2 millones 500 mil nacimientos que hay en promedio al año, 25 mil niñas y niños tendrán un trastorno de espectro autista.

Por tales motivos, derivado de la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, así como al interior de las comisiones unidas que dictaminamos, solicito su voto a favor de este dictamen para que sigamos transformando la vida de más mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Chico Herrera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Relaciones Internacionales, de la Universidad de Guadalajara, invitados por el Senador Jesús Casillas Romero.

Bienvenidos, estudiantes de Guadalajara, Jalisco.

De igual forma saludamos y damos la bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, municipio de Tlanalapa, estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Bienvenidos, muchachos, muchachas.

Pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

En uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Con permiso de las Senadoras y Senadores.

En primer lugar también sumarme al reconocimiento de la Colegisladora.

La materia de este dictamen tiene como objetivo la creación de una ley general a partir de la cual se promueva e impulse la inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad de las personas que viven con la condición del espectro autista mediante la promoción y protección de sus derechos y necesidades fundamentales.

Con atención leímos y coincidimos en el debate de las comisiones el día de ayer, en las consideraciones de la minuta de la Colegisladora, que de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, el autismo es un trastorno de neurodesarrollo que aparece en los primeros tres años de la vida, y que incluye retos en las áreas de interacción social y en la comunicación, así como en la integración sensorial y conducta.

Los aspectos básicos del autismo, que ha enlistado ya aquí la propuesta, que ha hecho también la presidenta de la comisión, al final que dice que el autismo es una discapacidad que afecta la forma en que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales, que dificulta su comprensión, el uso de lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego. Entre más temprano sea el diagnóstico y se apliquen programas enfocados al desarrollo cognitivo de comunicación, de socialización, podrán tener una adaptación e inclusión al ambiente social.

Las comisiones dictaminadoras reconocen que el contexto, que las personas con condición del espectro autista viven en el país, deben ser fortalecidas, particularmente, en ámbitos que son esenciales para el desarrollo de todas las personas como es la salud, la educación, el trabajo.

En materia de salud señalan, legisladores integrantes, son pocas las instancias que están capacitadas para atender personas con autismo. Los tratamientos para su rehabilitación o atención, no cuentan con los elementos suficientes para garantizar su inclusión.

El tema de prevención es prioritario, en la actualidad es necesario fortalecer esa posibilidad, debido a que el 40 por ciento de niñas y niños que son diagnosticados oportunamente, tienen posibilidades de poder desenvolverse de mejor manera en la sociedad.

Es necesario que los esquemas de atención de los servicios públicos de salud, contemplen las estrategias de atención oportuna y rehabilitación de las personas con autismo.

En lo concerniente al Sistema Educativo Nacional, las comisiones unidas señalan que deben contemplarse esquemas adecuados para dotar de este derecho a niñas y niños con autismo.

En cuanto al ámbito laboral, también es importante que se diseñen estrategias de inclusión específicas para las personas que viven con la condición del espectro autista, que se adecuen a sus necesidades y les permitan su desarrollo en el ámbito laboral.

Eso debe de ser una legislación muy profunda, pero que, en realidad, se lleve a cabo, dado que el porcentaje que fue aprobado en anteriores legislaciones, en relación con las personas con discapacidad, que tienen la obligación, así como las instituciones públicas, de contratar un porcentaje mínimo de personas con alguna discapacidad no se cumple, precisamente.

La prevención y rehabilitación específica que potencian sus capacidades físicas y mentales a favor de su desarrollo adecuado, pero también que contemple mecanismos de protección y garantía de sus derechos fundamentales. Todo ello, a fin de lograr su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.

Estamos de acuerdo con el objeto de la ley, que este nuevo ordenamiento impulse la plena integración e inclusión a la sociedad, de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, como la salud, la educación, las alternativas de capacitación y empleo; así como las posibilidades de recreación y deporte, a través de la concurrencia de los estados, el Distrito Federal y de los municipios y de la sociedad en general.

También mi reconocimiento a la Colegisladora por la puntualidad y exactitud con que han trabajado esta ley.

Muchísimas gracias.

Por lo pronto, en el Partido del Trabajo votaremos a favor de esta minuta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Palafox.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, en su intensa labor en tribuna, la que realiza el Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

De acuerdo con la ONU, el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad, y se deriva de un trastorno neurológico del cerebro, es una condición que afecta a niñas y niños, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica.

En México, el autismo se hace presente en nuestra niñez, en una escala de 1 a 300 niños, afectando cuatro veces más a los niños que a las niñas.

Ahora bien, las niñas y los niños que padecen autismo, presentan complicaciones en la interacción social, en la comunicación, patrones de comportamiento y hasta en la imaginación, lo cual provoca una dificultad de atención en el aprendizaje.

De la niñez en condición del espectro autista, el 40 por ciento de las niñas y niños que reciben atención médica oportuna, logran incluirse satisfactoriamente a la educación regular, pero con complicaciones de aprendizaje, padeciendo, en ocasiones, burlas y maltratos. Situación por demás preocupante, ante un contexto donde el llamado bullying se hace cada vez más frecuente en el ámbito escolar.

Cabe mencionar que la diversidad de manifestaciones clínicas del espectro autista, dificulta su detección temprana y, como consecuencia, se ve retrasado su diagnóstico que, con frecuencia, no se confirma antes de los tres años.

A pesar del carácter crónico de estos trastornos, no todas las personas diagnosticadas de autismo se encuentran en situación de dependencia, muchas personas con espectro autista pueden alcanzar niveles de funcionalidad e independencia elevados en función de los apoyos recibidos desde edades tempranas.

Por ello, es muy importante empezar el tratamiento tan pronto sea posible, para ayudar al niño y alcanzar su máximo potencial.

En el Partido Verde estamos ciertos que este padecimiento es una condición poco explorada, la cual es severa y crónica, para el desarrollo, dentro de los tres años de vida de los infantes. De ahí la trascendencia de contar con ordenamientos jurídicos en los que existan políticas públicas eficaces bajo la intervención de los tres órdenes de gobierno.

Por ello, el Partido Verde votará a favor de este importante instrumento jurídico, a fin de que exista atención eficaz y protección a personas en condiciones del espectro autista.

Se eleven las acciones para incluir a las personas con autismo, exaltando sus capacidades en la interacción en los diversos espacios.

Se incluya a la población mexicana que vive en esta condición, dar certeza en su participación plena y efectiva en la sociedad, tal y como lo establece nuestra Carta Magna.

Así como garantizar que este sector de la población haga uso pleno de sus derechos y necesidades fundamentales, tales como justicia social, la libertad, el respeto, la no discriminación y la autonomía en igualdad de oportunidades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Jorge.

En uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que se nos está poniendo a consideración, es de gran trascendencia para las personas con la condición del espectro autista, mismas que por definición, de acuerdo con la ONU, son personas con discapacidad.

Por lo tanto, como Congreso estamos trabajando en la deuda que tenemos pendiente para garantizar plenamente los derechos de este sector de la población.

Sin duda, no hemos dado la importancia que requiere esta enfermedad, lo que ha provocado que estemos ante un panorama poco claro sobre el problema que está representando ante nuestra sociedad, y muy particularmente a los núcleos familiares que se ven en serias dificultades cuando alguno de ellos está en dicha situación.

Hemos permanecido ajenos a una discusión, a pesar de que ya se habla de aproximadamente, 30 a 36 mil personas diagnosticadas en la actualidad, y 6 mil nuevos casos al año.

Las personas con autismo son personas que se enfrentan a una serie de obstáculos, que les impiden tener acceso al goce pleno de sus derechos, tales como los servicios de salud, la educación, el empleo. Además, estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su incapacidad para relacionarse socialmente debido a las propias características de su enfermedad, es decir, están en una situación en la que, de manera reiterada, se vulneran sus derechos y se lesiona su dignidad.

Nuestro país ratificó en el 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que obliga al Estado mexicano a garantizar todos los derechos ahí establecidos.

El presente proyecto es base para promover los mismos hacia el grupo específico de las personas con autismo, con la intención de desarrollar, desde luego, políticas públicas en la materia.

Tanto en nuestra Constitución como en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se encuentra incluida la protección de los derechos de las personas con este tipo de padecimientos.

Sin embargo, con la presente ley se da un paso muy importante para legislar sobre este importante problema.

Por lo tanto, yo quiero reiterar mi disposición e inquietud de trabajar por y para el sector, y me parece que este tipo de reconocimiento y trabajo legislativo debe hacerse también para los diferentes grupos de personas que sufren cualquier otro trastorno neurológico, psiquiátrico o físico.

El problema no es menor para otros grupos, ya que de acuerdo con la oficina de representación para la promoción e integración social para personas con discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suma un grupo considerable de personas con alguna discapacidad.

Dicho en cifras aproximadas, tenemos 125 mil discapacitados por secuelas de fractura; 67 mil por malformaciones congénitas; 43 mil personas con secuelas de enfermedad vascular cerebral; 20 mil como consecuencia de un trauma craneoencefálico; 12 mil por parálisis cerebral infantil, y más de 2 mil personas con sordera congénita. Estos datos me hacen reflexionar que no podemos dejar fuera a algún grupo, ya que todas las personas deben tener garantizados sus derechos por igual.

Esta iniciativa, que el día de hoy sacamos a la luz, yo quiero decirles que es precisamente eso, una luz, una luz para todas aquellas personas con alguna discapacidad, que están de alguna manera habidas de una iniciativa, pero una iniciativa para cada uno de los grupos, porque cada uno de ellos representa una situación distinta, una característica diferente; cada uno de ellos nos pide a gritos que sean considerados, de manera muy especial.

Y hoy, esta iniciativa será determinante para que podamos ir abriendo la posibilidad, para aquellos grupos vulnerables, como lo son los discapacitados, vayan teniendo la oportunidad de tomar en cuenta a cada uno de estos sectores.

El otro punto, si bien doy la bienvenida a este dictamen, considero que era muy importante darnos un poco más de tiempo para el análisis.

Ya lo comentaban algunos compañeros de alguna fracción. Como ley general, hace falta establecer las facultades en el resto de los niveles de gobierno, pero, pues toda ley es perfectible y podemos irle mejorando muchas cosas, y para esto estamos aquí cada uno de nosotros.

Finalmente, creo que hay cosas que pueden mejorarse, y sobre todo en el tema presupuestal, en un momento en que nuestro país se encuentra llevando a cabo varios recortes, ya que tanto en el artículo 7, como en el Sexto Transitorio, se limitó presupuestalmente a colocar el candado de la llamada disponibilidad presupuestaria. Esta es una trampa común en la que no debemos de caer, porque podría generar leyes que no tienen utilidad práctica, porque no hay recursos para su operación y, por lo tanto, no abonan a mejorar las condiciones de vida de la población a la que buscamos beneficiar.

Reitero mi apoyo y el de mi grupo parlamentario a este dictamen, porque tenemos el convencimiento de que el espíritu de esta propuesta es beneficiar a una población, que hasta el momento había permanecido invisible en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

En uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Recibimos en esta representación, como punto de origen de la Colegisladora, este pasado 10 de marzo de este año, y recibida en la Comisión de Salud el 19 de marzo del presente, esta iniciativa o esta minuta que proviene, pues, de Cámara de Diputados, y que viene con el objeto de expedir la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Dentro de los objetivos importantes de esta ley, es mediante esta iniciativa; tiene, y es precisamente la creación general a partir de la cual se promueva e impulse la inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad de las personas que viven con la condición del espectro autista, mediante la promoción y protección de sus derechos y necesidades fundamentales.

En muchos países del mundo se cuentan, dentro de las diferentes leyes, reglamentos y normas que conforman todo su estado legal, ya vienen, en los diferentes países, diversas medidas, desde el punto de vista jurídico-legislativo, de protección a estas personas.

En Latinoamérica, como ya se había comentado, los países hermanos: Argentina, Brasil, Chile y Perú cuentan ya con este tipo de leyes generales sobre esta condición.

La justificación que estamos recibiendo de parte de nuestra Colegisladora, y que hemos retomado en la Comisión de Salud, es que efectivamente estas personas necesitan, o tienen, más bien, una falta de armonización de disposiciones legales, políticas, públicas y de recursos presupuestales para atender de manera efectiva a este creciente núcleo social. Hablamos de un núcleo en crecimiento, puesto que en estos momentos, aquí en nuestro país, la incidencia de este problema o de esta situación, presenta uno por cada 100 niños nacidos vivos, se está dando esta incidencia de este problema. Lo cual consideramos muy alto.

Dentro de las otras justificaciones, está la falta de información precisa sobre el número de casos existentes en las ciudades y en el medio rural y su clasificación por grado.

La ausencia de políticas y programas eficientes, en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional de la salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas.

La insuficiencia de innovación de material didáctico y el uso de nuevas tecnologías.

El estado de indefensión ante la violencia delincuencial y abusos del aparato de prevención del delito hacia las personas con esta situación o este estado.

Por lo anterior y con base en los nobles objetivos que pretende esta ley, en materia de protección de los derechos de personas con autismo y estructurar políticas de Estado, de inclusión para estas personas, es que celebramos en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional esta apertura, de todos los legisladores y de todos los grupos, para, también, desde luego del Ejecutivo de la nación, para con nuevas herramientas jurídico-legislativas atender a los miles o millones de hermanos mexicanos, que tienen problemas de discapacidad y que están esperando la respuesta del Estado mexicano hacia sus carencias, limitaciones y necesidades.

Como son: los problemas que presentan los grupos de Síndrome de Down, de diferentes discapacidades en lo que es el sistema músculo-esquelético, problemas visuales, auditivos, discapacidad en problemas neurológicos o también de salud mental, entre otros grupos, que también por padecer de enfermedades graves, tienen limitaciones de inclusión en el mercado laboral y social.

Esta ley general, pues, la vemos dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como el inicio de una apertura a todos los grupos con vulnerabilidad, que en estos momentos sufren problemas de discriminación.

En este contexto, es que apoyamos este dictamen, que da respuesta y apoyo a las personas con condición del espectro autista.

Y coincido con otro de mis compañeros que han participado, en el hecho de que, vamos a tener que revisar la respuesta que tenemos que dar, a los miles y millones de hermanos mexicanos que sufren condiciones de discapacidad y que están esperando la respuesta de Estado mexicano a sus problemas, carencias y necesidades.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Salvador López Brito.

En uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo, que se manifiesta en los tres primeros años de edad, que afecta al funcionamiento del cerebro, manifestándose a través de deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación, así como patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas.

Lo anterior toma una mayor relevancia, cuando la misma ONU señala que la tasa de autismo en el mundo, tiende ir creciendo y tiene un fuerte impacto en niños y hombres de cuatro a uno, en relación con niñas y mujeres.

Desde el año 2007, debido a la tendencia señalada, se ha establecido el 2 de abril como "Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo", con miras a aumentar el conocimiento público sobre el autismo, teniendo en este Senado el honor de sumarnos a la voz de quienes han estado allí desde el principio, trabajando en el respeto de los derechos y la igualdad de las personas con autismo.

El presente dictamen tiene como objetivo de una ley general, a partir de la cual se promueva e impulse la inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad de las personas que viven con la condición de espectro autista, mediante la promoción y protección de sus derechos y sus necesidades fundamentales.

Lo anterior teniendo como fundamento el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el compromiso del Estado mexicano con las personas con autismo, de garantizarles su derecho a disfrutar de la inclusión, la justicia social, la libertad, el respeto, la no discriminación y la autonomía a partir de su conducción, en igualdad de oportunidades.

Así, la materialización de la ley que se propone expedir, promoverá que en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, retomen los conceptos, mecanismos y estrategias contenidos en la misma y los repliquen en sus competencias.

Desde el ámbito legislativo, para el caso de los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hacia el diseño de políticas públicas o acciones de gobierno en los Poderes Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno.

Ello con el firme propósito de potenciar las acciones e implementar una política de Estado, que promueva la inclusión de las personas que viven con la condición de espectro autista.

Y con ello, se diseñen y fortalezcan los medios a través de los cuales puedan gozar y ejercer plenamente de todos sus derechos.

Para lograrlo, la ley que se propone crear, contiene 18 artículos divididos en cuatro capítulos. Dentro de las principales razones que justifican la creación de dicha ley destaca:

La falta de información precisa sobre el número de casos existentes.

La carencia de centros encargados de orientar y apoyar con información suficiente, para detectar señales tempranas de alerta, que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento terapéutico.

La ausencia de políticas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional de salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas.

La inexistencia de opciones suficientes y probadas de capacitación para el trabajo de aquellos cuyo trabajo y habilidad se los permita.

Es necesario señalar, que al día de hoy, se han materializado diversas acciones a favor de las personas con discapacidad.

A nivel internacional tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, por cierto, tuvo como uno de sus principales promotores a nuestro país.

En México, desde el 2005 contamos con disposiciones legales en materia que se han perfeccionado.

Sin embargo, en cuanto al espectro autista y las personas que viven con esa condición, es necesario resaltar que esta situación de vida y las particulares a las que se enfrentan, aún requieren de grandes acciones para su investigación.

Ya que es una condición cuyo estudio es relativamente nuevo y en esa virtud se requieren acciones afirmativas, que vengan a fortalecer las políticas de atención y complementar el marco jurídico nacional a su favor.

Y con ello generar un estado de equiparación de oportunidades entre el universo de las personas con discapacidad y las personas que viven con autismo, para que puedan tener una adecuada inclusión.

Por lo anteriormente expuesto, el voto de las Senadoras y Senadores del PRI será a favor del presente dictamen, como una muestra más de nuestro compromiso y trabajo a favor de las personas con discapacidad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Margarita. Sabe que la queremos mucho.

Se han inscrito para debatir, participar en la discusión en lo general, la Senadora Mayela Quiroga Tamez, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, el Senador Arquímedes Oramas Vargas y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Les pido me digan, Senadores o Senadoras, si hay interés de adicionarse a la lista, si no para que la cerremos.

En uso de la tribuna la Senadora Mayela Quiroga Tamez.

La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Es importante la salud concebida como el estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Es un elemento fundamental para ser accesible al pleno desarrollo individual y colectivo que tenemos todos los mexicanos.

Por su importancia intrínseca y diversas implicaciones, tanto a nivel individual como social, debemos establecer las condiciones para que toda la población tenga acceso a este derecho.

En el Grupo Parlamentario del PRI vemos en la salud el bien jurídico más valioso del ser humano, de ahí la importancia de que en el ejercicio de este derecho se tutele el cumplimiento de condiciones mínimas, como son: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.

El autismo, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia casi invariablemente durante los primeros 30 meses de vida.

Daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otra, esto ocasiona también una rutina y comportamiento repetitivo, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con síndrome autista, más del 50%, no tiene ningún lenguaje verbal.

La misma organización señala que uno de cada 150 niños está dentro del espectro del autismo, por lo que es la discapacidad infantil de mayor prevalencia, incluso más que el Síndrome Down, cáncer infantil y la diabetes.

En el mundo nace un niño con autismo cada 17 minutos. En México se calcula que hay más de 45 mil niños con este trastorno.

Clínica Mexicana del Autismo indica que el autismo se incrementa 17% cada año. Desafortunadamente hasta la fecha no existe ningún medicamento específico para su tratamiento, aunque hay personas afectadas que reciben psicofármacos siempre recetados y controlados por especialistas, como psiquiatras y con un neurólogo.

La persona con autismo constantemente se enfrenta a actos de discriminación, malos tratos, estigmatización, que lamentablemente dificulta también su desarrollo.

El autismo no es curable, pero sí tratable. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo representa la oportunidad de solidarizarnos con quienes padecen esta terrible enfermedad y, por supuesto, en concordancia con el origen de la conmemoración, es el momento idóneo para llevar el día hoy esta importante reforma.

Cada vez necesitamos también trabajar a favor de las personas. Por ejemplo, en materia de salud es necesario fortalecer los esquemas destinados a la detención oportuna en niñas y niños, así como el tratamiento adecuado de las personas que viven con autismo.

En el tema educativo, se deben perfeccionar las estrategias de educación que están dirigidas a personas con autismo, y promover en los programas de estudio y formación y desarrollo profesional a profesionistas e investigadores especialistas en la materia del trastorno del espectro autista.

En materia de trabajo, es necesario perfeccionar los programas de inclusión laboral, a fin de establecer también mecanismos, a través de los cuales podamos aprovechar el potencial de las personas que sufren de este trastorno.

Compañeras y compañeros legisladores: No podemos ser indiferentes ante las repercusiones que padece y produce esta enfermedad, que por sus características es de difícil diagnóstico.

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos con el objetivo de este dictamen, que sin duda alguna permitirá generar conciencia sobre este padecimiento que afecta al desarrollo de miles de mexicanos.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Mayela.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un numeroso, más de cien, grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón, vienen de lejos, invitados por el Senador Braulio Fernández Aguirre.

Bienvenidos, alumnos, alumnas. Que los invite el Senador a comer, por cierto.

En uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente.

Antes de estos eventos, creía yo que usted era un hombre demócrata y tolerante, y ahora lo ratifico, lo es. Muchas gracias.

Dicen que "donde hay mujeres, hay buenos olores y hay buenos modales", es una sabia expresión de los abuelos. Y en una Cámara donde hay mujeres, hay principios y hay sensibilidad.

Quiero reconocer que esta ley, ojalá que llegara a serlo, es una ley que nace del sentimiento femenino de nuestra Cámara.

Por ello, quiero reconocer ampliamente a Hilda, una gran dama, una gran mujer; a Maki, un ejemplo de vida, porque son el eje y el sentimiento de esta ley.

Quienes conocemos el autismo, quienes lo hemos vivido, ya fuera en el entorno familiar o lo mismo en nuestras actuaciones públicas como representantes populares, conocemos la diferencia de lo que es un niño o una niña que se presenta escondido debajo de una mesa o de una silla, y cuando lo tratamos, ya fuera como un trastorno o como una capacidad diferente, porque en esto existe un debate entre los especialistas, entre cómo atenderlo, pero a condición de que se atienda, a los años nos encontramos que ese pequeñito o esa niña nos reconoce, nos saluda, nos festeja, y apreciamos en él una integración con el mundo exterior.

De manera que quiero reconocer el trabajo de Maki, de Hilda, decir que me siento muy orgulloso de ser compañero de ellas, de intervenir en algunos de los asuntos de sus comisiones, y establecer que el autismo es como la enfermedad ortopédica, mientras más pronto se detecta y se atiende pudiera llegar a controlarse casi en un cien por ciento.

Y obviamente también sabemos que aunque es de un sentimiento ampliamente femenino, porque es el instinto y el amor de madres lo que las impulsa a realizar esta ley, es en beneficio del género masculino, porque pues de cada 5 casos 4 son varones.

Por ello, les reconozco. Maki, te reconozco, Hilda, y me manifiesto un profundo admirador de su trabajo legislativo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Marco Antonio.

En uso de la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas, para referirse al mismo asunto.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros y estimadas compañeras:

Yo creo, de manera muy especial, que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en un consultorio médico, y saludo de manera muy cordial a mis compañeros Senadores que además ejercen esa noble profesión, y que además muchos de ellos integran la comisión, yo creo que una de las partes más decepcionantes que existen en el consultorio es cuando no tenemos qué ofrecerles, no tenemos terapias qué ofrecerles de primera instancia.

Por eso cuando encontramos pacientes, como bien comentaba mi compañero que me antecedió en la palabra, cuando encontramos pacientes que están solos, cuando se aíslan, cuando se esconden y cuando a esa pequeña edad, a esos tres años, de repente ni siquiera nos voltean a ver a los ojos, de repente es muy frustrante.

Muy frustrante para los padres de familia.

Muy frustrante para ellos que no tienen la oportunidad en muchas ocasiones de brindarles mejores oportunidades de vida.

Por eso, hoy nuestro grupo parlamentario ha apoyado firmemente esta iniciativa.

Estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros, porque, y yo se los digo muy de frente a todos mis compañeros médicos y a toda la sociedad mexicana, es cierto, existe una Ley General de Salud, y por primera ocasión se va a hacer una ley que vaya a favor de una enfermedad.

Pero no es un concepto exclusivamente de salud, es mucho más grande este concepto.

Esta ley habla acerca de la protección de estos pacientes y de la protección de sus familias, no solamente es la atención, no es solamente cuántos recursos está destinando el Estado y cuántos recursos también están destinando, en muchas ocasiones, las instituciones privadas.

Se trata de eficientar los servicios y se trata también de eficientar los recursos públicos que van encaminados y direccionarlos de manera muy especial.

Sabemos que hay otras enfermedades que los requieren y estamos de acuerdo que con esto se va a abrir la posibilidad para que podamos estudiar para hacer leyes generales, leyes a favor de otras enfermedades, como por supuesto es el autismo, cuatro veces más que los síndromes de autismo se presentan; sin embargo, en el Grupo Parlamentario del PRI ha sido siempre pensar y buscar cada día más beneficios para grupos más vulnerables.

Por ello, esta ley es una ley de protección de sus derechos y creemos firmemente que también necesitamos buscar y formar nuevas leyes para otras muchas enfermedades que están aquejando a nuestro país y a nuestra población. Creemos efectivamente que esto abre las puertas, sí las abre.

Y creemos que es importante que se abra en forma clara y concreta, porque muchas cosas no solamente son de atención, de atención médica, sino también de la protección de sus derechos, y eso es lo que estamos abriendo hoy.

A esos es a lo que le estamos abriendo las puertas hoy, abriéndole el espacio para que puedan otras enfermedades, otros grupos de enfermedades, poder tener también legislaciones actuales.

Las leyes se tienen que actualizar y así como cambia el panorama epidemiológico, y así como cambia el tema de cuáles son las enfermedades que afectan a cada población, y en forma especial a México, también nuestras leyes se tienen que ir mejorando.

Por eso, nos congratulamos que allá en la Cámara de Diputados hayan hecho el esfuerzo para poder salir juntos, para buscar mejores beneficios para los grupos más vulnerables.

Y yo veo, de manera muy especial, que aquí en las comisiones unidas se hizo un gran trabajo, se logró que salieran en consenso.

Hoy, creo que tenemos la gran oportunidad de votar todos para una de las poblaciones más vulnerables que hay.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRI haciendo hincapié en que siempre va a estar de lado de las familias y de los grupos más vulnerables, hoy refrendamos nuestro compromiso con México y con nuestros hijos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra, hasta por tres minutos, y si excede le quito el sonido, el Senador Zoé Robledo Aburto.

Sí, pase usted, usted me lo pidió.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicitarle se incorpore al Diario de los Debates.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Su documento se incorpora al Diario de los Debates.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Compañeras y Compañeros:

Dos datos:

1)  En el mundo, cada 17 minutos nace un niño con autismo y lo presenta uno de cada 150;

2) En México, uno de cada 100 niños tiene autismo en algún grado y se maneja la cifra de 45 mil niños autistas entre toda la población.

Así de serio, cuantitativamente hablando, es el tema del autismo en nuestro país.

Y cualitativamente también lo es: el autismo implica trastornos caracterizados por un déficit del desarrollo intelectual que afecta la socialización, la comunicación, la imaginación, el conocimiento y las emociones.

Las personas autistas tienen dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos.

Es un trastorno físico ligado a una biología y una química anormales en el cerebro. Las causas exactas de estas anomalías se desconocen. Probablemente haya una combinación de factores que llevan a que se presente el Trastorno del Espectro Autista. Esta afección puede ser hereditaria en algunas familias y las investigaciones muestran que muchos genes pueden estar involucrados.

Se desenvuelven de manera diferente en su conducta y en su desarrollo emocional; en innumerables casos, tienen una inteligencia superior y cuentan con habilidades especiales en áreas como la música, la pintura y la tecnología.

Hay bastantes ejemplos de lo anterior: Mozart, Beethoven, Einstein, Newton y Bill Gates, entre otros personajes históricos, tenían el síndrome de Asperger, condición que se incluye dentro del espectro autista.

Pero no basta con celebrar la genialidad de algunas personas que han tenido autismo. Debemos tener algo presente: Sin diagnóstico a tiempo no se puede hacer mucho para ayudarles.

Y es que, a pesar de que el autismo no es curable o reversible, existen terapias y tratamientos para hacer más llevadero, en términos de funcionalidad social, el trastorno; según las estadísticas médicas, un paciente puede llegar a un 47% de probabilidades de estabilidad social si recibe a tiempo la atención especializada.

Las personas autistas requieren la atención, apoyo y comprensión, no sólo de sus padres, maestros y miembros de su entorno social; también del gobierno y de las instituciones médicas y de seguridad social del Estado.

El dictamen que hoy se presenta impulsa la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos ante la sociedad, lo que comprende asistencia social, el combate a la discriminación y su rehabilitación terapéutica.

Esta ley impactará positivamente a las personas que se ven afectadas con este padecimiento y a sus familias, dotando al Estado de instrumentos que le permitirán garantizar sus derechos plenos, fomentando su autonomía, su dignidad, igualdad, inclusión e inviolabilidad de sus derechos.

Por todo ello, invito a apoyar este dictamen.

Compañeras y compañeros:

En su poema "En los vientos en los metales", que se incluye en el libro "Como la lluvia", José Emilio Pacheco acaba diciendo:

La niña autista
En silencio me dice adiós.

Escucha el aire cuando abraza al móvil,
Vuelve a ordenar sus cubos de colores.

Y parece feliz:
No quiere nada.

Pero los mexicanos sí queremos algo: que las personas autistas vivan mejor. Que cuenten con una ley que los atienda y los proteja. Que la normatividad jurídica ayude en su inclusión y castigue a quien no actúe en consecuencia. Que se les brinde un tratamiento oportuno por parte de médicos y terapeutas especializados.

Que, a diferencia del poema de José Emilio Pacheco, no sólo parezcan felices; que lo sean.

Es cuanto Senador Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse al mismo tema.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

En América Latina son pocas las acciones que se han realizado en este sentido, en impulsar leyes de este tipo y programas específicos para detectar y atender los casos de autismo.

Argentina, por ejemplo, ha instaurado el 2 de abril como "Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo".

Panamá, en 2011, estableció abril como el mes del autismo.

Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para avanzar de manera significativa para lograr una atención adecuada para personas con esta discapacidad.

Por lo que respecta a nuestro país, de acuerdo con el INEGI, hay alrededor de 46 mil personas que padecen autismo; 25 mil que llegarán a desarrollarlo.

Sin embargo, de acuerdo con el asesor técnico de la Federación Latinoamericana de Autismo, no hay un estudio que determine el número de pacientes, ni cifras oficiales que determinen el número exacto de personas que sean atendidas.

Al respecto, la Secretaría de Salud ha informado que a la fecha atiende a 250 niños con este padecimiento.

En el caso del Distrito Federal, en abril de 2014, se puso en marcha un programa de coordinación entre la Secretaría de Salud del Distrito Federal con el Sistema para el Desarrollo Integral Capitalino, con la finalidad de realizar una detección temprana de autismo en niños menores de 18 años que son atendidos en las guarderías en los 220 centros de salud, en los 10 hospitales del gobierno de la capital y en los centros asistenciales de desarrollo infantil.

Me parecería muy importante que a partir de que se apruebe esta nueva legislación hagamos todo lo que esté en nuestras manos para darle seguimiento a estos programas, no nada más los impulsados en el Distrito Federal, sino en cada uno de los estados de la República, y, claro, también lo que esté haciendo en este momento el gobierno federal.

Yo solamente quiero recordarles que es muy importante detectar a tiempo el autismo.

Muchas de nuestras niñas y niños que no necesariamente sus padres saben que tienen autismo, terminan padeciendo bullying, sufriendo bullying, acoso escolar, en sus escuelas.

Es un pendiente que tenemos en este Senado de la República el discutir las iniciativas que tenemos en materia de acoso escolar, y no nada más esperarnos a que ocurran tragedias, a tener suicidios de nuestros niños o que por acoso escolar sufrido les lleve a la muerte.

Yo espero que podamos, coordinadores parlamentarios, en algún momento estar discutiendo el acoso escolar como tema prioritario en la agenda de este Senado de la República.

Celebro que el día de hoy estemos aprobando esta legislación para combatir, para detectar a tiempo el autismo en nuestros niños.

Es cuanto, y muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor y cero votos en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Por ser un tema relacionado con el anterior dictamen, les pido pongan atención.

 






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 2 de abril de cada año, "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 2 ABRIL DE CADA AÑO, "DÍA NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO"

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el día 2 de Abril "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo".

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.


I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de Noviembre de 2014, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud y el Senador Roberto Armando Albores Gleason, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 2 abril "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo".

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone declarar el día 2 abril como el "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo", diversas Senadoras y Senadores, se sumaron con la finalidad de manifestar su preocupación por niñas y niños que tienen autismo, ya que es una enfermedad que presenta diversas vertientes y cuya falta de información puede generar la falta de un diagnóstico oportuno que ayude a dar mejor tratamiento y atención médica, así como su inclusión a la sociedad en general.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo, que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Así mismo de acuerdo con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, es: "un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma; síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno".

C. Este trastorno es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

D. Hay que señalar que existen un conjunto de trastornos del autismo que se clasifican en tres grupos:

1. Trastorno de la relación social: Cuando la persona, no se relaciona con el mundo que lo rodea. Su relación es anormal con personas, objetos y animales. No distingue los acontecimientos.

2. Trastorno de la comunicación: Es cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están afectados (visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que el niño maneja su cuerpo. El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existen capacidades intelectuales evidentes.

3. Trastorno psíquico: El autismo no es curable pero si tratable. Es por esto que la psicoterapia se perfila como la puerta de ingreso a la "humanización", sobre todo, de coparticipación, de reciprocidad, de altruismo.

Por otro lado las características asociadas al autismo se dividen en tres categorías:

1. Comunicación: (biológico) las habilidades de comunicación de las personas con síndrome autista son unas de las de mayor dificultades. El lenguaje expresivo y receptivo son de gran importancia, pero en una persona autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican con los otros, sus respuestas están afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje verbal.

2. Comportamiento: (psicológico) Sus conductas son involuntarias, experimentan dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta a los estímulos externos.

3. Socialización: (social) no se relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes situaciones sociales, prefieren estar solos. Con ello representando el síntoma más típico del autismo.

E. Esta enfermedad puede hacerse evidente desde los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. Y cabe señalar que 1 de cada 150 niños están dentro del Espectro del Autismo, es la discapacidad infantil de mayor prevalencia (más que Síndrome de Down, cáncer infantil y diabetes juntos).

F. En nuestro país, se estima una prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos y lamentablemente no existe un seguimiento de incremento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo anterior, repercute directamente en el tratamiento del autismo, mismo que entre más oportuno se presente, mayores son los beneficios y resultados que se obtienen.

G. Con referencia a la educación de niños y niñas con autismo en nuestro país, ésta es pública y gratuita en los Centros de Atención Múltiple, CAM. Lo anterior a partir de que también pueden ser incluidos en la escuela pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). Adicionalmente, pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con datos del Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), se comentó que todos los infantes, sin importar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la educación básica.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 3º, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación y sobre todo la inclusión plena y efectiva en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.

Al tenor de lo anterior hay que destacar que los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando incluir a los niños con trastornos del espectro autista. En 2006 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las escuelas regulares.

H. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con los proponentes en que se deben seguir intensificando acciones y estrategias pero también marcar un día de concientización para difundir esta enfermedad y su problemática, por ello se hace mención que el 17 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el "Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo", de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos los Estados Miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración de este día, con miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.

Dicho día Mundial de concientización sobre el Autismo no tiene por único objeto generar comprensión, sino que es una llamada a la acción. Es decir, exhortar a participar en la promoción de programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad, un país más inclusivo de las personas que tienen este y otros padecimientos.

Por ende y replicando este hecho a nivel nacional es que se coincide y se observa viable que se declare el día 2 abril de cada año "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo".

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta a favor y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 2 abril de cada año, "Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo".

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asienta)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se recibieron 83 votos a favor y cero votos en contra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 de abril de cada año, "Día Nacional de la integración de las Personas con Autismo".

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Me ha pedido el uso de la voz, desde su escaño, el Senador Arquímedes Oramas, le pido se le dé sonido.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera yo informarle a todo el Pleno, que el día de ayer en el estado de Tabasco, donde hemos resentido de manera muy especial los embates de la delincuencia organizada y que tenemos grandes problemas.

Ayer se realizó una manifestación por un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres indígenas que pretendían y que estaban trabajando muy fuertemente para obtener recursos federales, se están haciendo gestiones; y en un evento, un evento que se realizaba en el corazón de Villahermosa, Tabasco 2000, las mujeres indígenas fueron golpeadas por policías del estado de Tabasco.

Yo creo que es una situación que tenemos que cuidar mucho, que en Tabasco se han presentado problemas muy graves de inseguridad, y yo creo de manera muy especial que no se puede permitir.

Hoy, ahora que estamos en un tiempo donde se están respetando los derechos de la mujer, y por supuesto, de los pueblos indígenas, por eso hago un pronunciamiento, manifiesto la inconformidad, y también de la misma manera solicito de manera muy respetuosa al gobierno del estado y a la Procuraduría de Justicia del estado, a que hagan las investigaciones pertinentes para evitar que en lo sucesivo se sigan presentando estos problemas y se castigue a quienes son responsables de haber agredido a mujeres indígenas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Hemos escuchado con atención su planteamiento Senador, queda registrado en el Diario de los Debates de esta sesión para el efecto de que se pueda imponer cualquier interesado de lo dicho por usted, y le pido, esta Mesa Directiva enviará sendos documentos a las autoridades competentes del estado de Tabasco para que se exhorte a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes de los hechos que nos ha descrito.

¿Le parece la forma de dar cuenta, señor Senador?

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: (Desde su escaño) Así es, señor Presidente, gracias, le agradezco su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le agradezco, Senador Oramas, su aceptación.






Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169           y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las leyes de amnistía o amnistías son medidas de carácter objetivo que se acuerda in rem, es decir, no en consideración a la persona, sino teniendo en cuenta la infracción, y que beneficia a todos los que la han cometido [*]. El término amnistía tiene un significado igual a la cancelación de la conducta ilícita, para que la persona que se ve beneficiada de esta, se reintegre plena y jurídicamente a la sociedad.

Es decir, las amnistías tiene como efecto la imposibilidad de enjuiciamiento penal o incluso civil y la anulación de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. Muchas veces las Amnistías han sido utilizadas como parte del reestablecimiento de la verdad y justicia en cuanto a acciones o abusos perpetrados en el pasado reciente o durante un periodo determinado.

La Suprema Corte de Justicia sobre Leyes de amnistía ha señalado:

1)AMNISTIA, NATURALEZA JURIDICA Y EFECTOS DE LA. [*]:

La amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, invalida la misma condena. Los sentenciados a penas corporales, recobran su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de los daños y perjuicios causados. La amnistía tiene como característica, que a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por la sola comisión del delito o por una condena, habían perdido. Por tanto, si la condición para el reingreso al ejército, de un militar acusado de un delito, era el sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley de amnistía, tal condición ha quedado cumplida, y si no se ha formado el expediente administrativo para darle de baja, no surte efectos, por lo que la negativa para que tal militar reingrese al ejército, es violatoria de garantías.

2) “AMNISTIA, EFECTOS RETROACTIVOS DE LA. [*]

La amnistía que por sus elementos etimológicos es el olvido de un delito político, produce efectos retroactivos por ser una gracia concedida al presunto culpable, de conformidad con los principios que rigen a la interpretación de las leyes, y hace que aquél readquiera su anterior estado legal, con todos los derechos que le correspondían.

3)AMNISTIA, APLICACION DE LA LEY DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON) [*].

La aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Nuevo León corresponde a la autoridad judicial, si la causa se encuentra en la fase en que la mencionada autoridad esté conociendo; como también tocará a la autoridad administrativa si el asunto se halla en la fase de la averiguación. La amnistía extingue la acción penal, pero también la ejecución de la pena (amnistía: olvido del delito; a-sin, mnemeo-recordar). No puede por tanto confundirse con el indulto, que sólo es procedente en la fase de ejecución de la sanción.

Las amnistías son diferentes al indulto, toda vez que este es un acto oficial que exime a una persona o grupo de personas sentenciadas por autoridad judicial de la aplicación de la pena, sin borrar la condena; las amnistías, como se señalo anteriormente, se refieren a leyes que eximen a todo aquel que se encuentre dentro del supuesto que señale.

Al respecto, el mismo tribunal ha señalado:

1) “AMNISTÍA [*]

El artículo 251 del Código Penal de Chihuahua dice a la letra: "La amnistía extingue la acción penal con todos sus efectos, solamente en los casos en que se puede proceder de oficio, aprovecha a todos los responsables del delito, aun cuando ya estén condenados, y si se hallan presos, se les pondrá desde luego en libertad". Esta prevención constituiría una verdadera redundancia, si sólo fuera aplicable en los casos de amnistía general, porque en esta hipótesis, con el solo decreto que la concediera, sería bastante; lo que quiere decir que la mente del legislador fue que no se hicieran distinciones odiosas, y que, en caso de conceder amnistía a determinados responsables de un delito, está debería aprovechar a todos los inmiscuidos en él, aun cuando ya estuvieran sentenciados. La tesis así entendida, encuentra su mejor apoyo en el carácter jurídico de la amnistía, que fundamentalmente se distingue del indulto, por su generalidad para todos los responsables de determinado delito, o para los que se encuentran en determinadas condiciones, contrariamente al indulto, que es esencialmente individual. Además, la amnistía solo se concede por delitos políticos, y el indulto por toda clase de delitos; aquélla surte el efecto del olvido total del hecho delictuoso y éste constituye un perdón, por lo que sería antijurídico e injusto el olvido del delito político, que no abarcara a todos los responsables.

Las leyes de amnistía han dado respuesta a la existencia de una idea equivocada que señala a los procesos penales como procesos en contra de la paz y la reconciliación, sin embargo, para que las sociedades alcancen una verdadera reconciliación nacional se debe insistir en procesos judiciales apegados a la ley, de ello que las leyes de amnistía muchas veces generen un obstáculo legal para que estos procesos se desarrollen.

Una verdadera reconciliación no puede alcanzarse mediante decreto o con una ley; debe construirse mediante un proceso que atienda de manera escrupulosa las violaciones a derechos humanos y garantice a las víctimas las reparaciones necesarias.

A nivel internacional, las amnistías se rigen por un conjunto de normas que las delimitan de manera muy específica en cuanto a que delitos se pueden otorgar y dentro de las cuales no se pueden limitar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o de crímenes de guerra ni se puede obstaculizar el derecho de las víctimas y de la sociedad de conocer la verdad acerca de esas violaciones.

En el ámbito internacional no están prohibidas todas las amnistías, por ejemplo el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra en general promueve estas medidas para poner fin al conflicto. Sin embargo estas se centran en delitos menores como delitos de sedición, rebelión y a violaciones relativamente menores. En cuanto a violaciones graves este mismo protocolo es muy claro en la obligación de castigarlas [*].

A pesar de que la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que las leyes de amnistía generales y perdón son contradictorios a la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos al crear un clima de impunidad y niegan a las víctimas el derecho a la reparación [*]. Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, existen ciertas violaciones a derechos humanos que son consideradas como las más graves e incluso imprescriptibles. Dentro de estas violaciones destacan los actos de genocidio, tortura, violación, desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales [*].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado como criterio reiterado:

“son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" [*]

Además de esto, señalo en el caso Gelman vs. Uruguay:

“En ese sentido, las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto de San José, pues infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1.y 2, es decir, en cuanto impiden la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además, seriamente el estado de derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la luz del Derecho Internacional ellas carecen de efectos jurídicos.

En especial, las leyes de amnistías afectan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al impedir que los familiares de las víctimas sean oídos por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana y violan el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 del mismo instrumento precisamente por la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la Convención.” [*]

La razón de este alto nivel de protección por parte de los instrumentos y organismos internacionales se debe a que cuando estos crímenes son cometidos de manera masiva y sistemática constituyen crímenes contra la humanidad.

Por ello, la impunidad o amnistía para estos crímenes es impermisible bajo los estándares internacionales y en cualquier nación democrática como la nuestra. De ahí la importancia de limitar las amnistías que puede otorgar el Congreso.

Debemos abogar con firmeza por dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado mexicano derivado de estos delitos. En concreto, se debe garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y atender las consecuencias que generan estos delitos en la sociedad.

En nuestro país, el concepto de amnistía se encuentra en el artículo 92 del Código Penal Federal, mismo que señala:

“Artículo 92. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.”

Sin embargo, es en la fracción XXII del artículo 73 constitucional en donde se ubica la facultad que tiene el Congreso de la Unión para conceder amnistías.

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

En este sentido, la Constitución faculta al Congreso a expedir las leyes de amnistía siempre y cuando versen sobre temas de los cuales conozcan los tribunales de la Federación. Sin embargo, no existe restricción alguna en el texto constitucional para las normas de este carácter que emita el Congreso de la Unión.

Al respecto, el Poder Judicial ha establecido criterios referentes a las amnistías:

1)Amnistía [*]

Solo el Congreso de la Unión está facultado para decretar una ley de amnistía, de conformidad con el artículo 73, fracción XXII, de la Constitución General de la República; en tal virtud, las circulares expedidas por los jefes militares, aun con autorización del presidente de la República, no extinguen ni pueden extinguir la acción penal.

2) “Amnistía [*]

De acuerdo con la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución de la República, la amnistía sólo puede ser concedida por el Congreso y consignada en una ley. En tal virtud, los salvoconductos extendidos por autoridades militares, en los cuales consta que aun concedida amnistía a un rebelde, no son bastantes para tener por amnistiado a éste; pues como antes se dijo, es indispensable que haya una ley que decrete la amnistía.

A lo largo de la historia de nuestro país se han expedido diversas Leyes de amnistía, Leyes como: la de 13 de octubre de 1870, por el Presidente Benito Juárez; de 27 de junio de 1872, por el Presidente Lerdo de Tejada; del Presidente Lázaro Cárdenas Y, de manera más reciente la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978 [*] y, Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1994.

Todas ellas han tenido una función principalmente política. Sin embargo, tomando en consideración la evolución de nuestra Constitución y de la sociedad, es importante establecer como una limitante al actuar del Legislativo la prohibición expresa de otorgar amnistía a violaciones graves a los derechos humanos.

Por ello, se busca reformar el texto Constitucional para incluir la prohibición expresa a las amnistías cuando existan violaciones graves a derechos humanos y evitar qué de darse una situación de esta naturaleza los perpetradores de estos actos no queden amparados en una ley de esta naturaleza al ser la protección de los derechos humanos una obligación del Estado mexicano.

Los derechos humanos no deben ser considerados como una meta inalcanzable, ingenua, vengativa o incluso que se opone a la reconciliación; estos derechos son el camino para alcanzar la verdadera reconciliación nacional ya que van de la mano con la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: se Reforma la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a la XXI. …

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. El Congreso de la Unión no podrá Decretar Leyes de amnistía cuando se encuentren acreditadas ante la autoridad violaciones graves a derechos humanos.

XXIII. a la XXX. …

TRANSITORIO

Único: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de marzo 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

[*] Núñez Ricardo C., Voz Amnistía, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, 1979, t, I, pág. 672.
[*] [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LX; Pág. 1017
[*] [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LXVI; Pág. 1275
[*] [TA]; 7a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Volumen 169-174, Segunda Parte; Pág. 15
[*] [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXIX; Pág. 513
[*] Artículo 146, IV Convención de Ginebra relacionada con la Protección de los Civiles en Tiempo de Guerra. Ratificado por México el 29 de octubre de 1952.
[*] CCPR/C179Add.46, Adoptada en la reunión No. 1411,53 Sesión, 5 de abril de 1995, Punto 10.
[*] La Asamblea General de las Naciones Unidas en reiteradas oportunidades ha señalado a la tortura y a las ejecuciones extrajudiciales como graves violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la Desaparición Forzada, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece en su artículo primero que es una violación grave a los derechos humanos.
[*] Cfr. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, Párrafo 225; Caso Barrios Altos Vs Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41 y, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219,  párr. 171.
[*]Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, Párrafo 226 y 227
[*] [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVII; Pág. 1545
[*][TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVII; Pág. 525
[*] Ley abrogada el 27 de enero de 2015.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN)

La que suscribe, Adriana Dávila Fernández, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 73 fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La siguiente propuesta surge de una necesidad de legislar los procedimientos de restitución de personas menores de edad por haber sido trasladados o retenidos de forma ilícita en un lugar distinto al de su residencia habitual.

Asimismo, tiene como propósito establecer un método que brinde certeza jurídica a las partes, pero sobre todo, aporte los mejores elementos que permitan una protección adecuada a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que por alguna circunstancia se ven inmiscuidos en procedimientos de restitución, poniendo a éstos en el centro del mismo proceso como sujetos preponderantes de derechos y basar las resoluciones en beneficio del interés superior de ellos.

Esta propuesta también tiene como objetivo evitar los actuales problemas que se presentan dentro de la instrumentación de la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana Sobre Restitución de Menores, los cuales establecen aspectos sustantivos para la procedencia de la restitución de menores de edad ante un traslado ilícito de un Estado a otro, o ante una retención de las mismas características.

Generalmente, con la aparición de fenómenos sociales que han sido objeto de estudio de doctrinarios nacionales y extranjeros y que han ido en aumento permanente, como sucede con la sustracción y/o retención internacional de las niñas, los niños y los adolescentes y de sus consabidos problemas culturales, psicológicos, económicos, educativos y, por ende, políticos, etcétera, debe acudirse al análisis, la explicación, la posible solución y la literatura, tanto general como especializada, y en el caso antes comentado, la doctrina jurídica se hace acompañar de la jurisprudencia.

Este fenómeno no sólo afecta a personas que gozan de solvencia económica, sino que abarca todos los niveles económicos de la sociedad.

La sustracción y/o retención ilícita internacional, así como sus motivaciones, modalidades y características han variado de un modo notable en el último cuarto de siglo, lo que ha originado la implementación de las acciones siguientes:

1. Cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano;

2. Reconocer la existencia de un creciente conflicto social;

3. Velar por la debida protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes;

4. Establecer un adecuado y debido proceso en el que se respete la garantía de audiencia de las partes en el conflicto y se protejan, sobre todo, los derechos humanos esenciales de niñas, niños y adolescentes.

De ser un comportamiento con un bajo perfilen la sociedad en los años setenta, relacionado más con movimientos familiares sujetos al fenómeno migratorio, o por afán de venganza entre cónyuges, por ejemplo, en los años ochenta, las denuncias por motivo de sustracción y de retención internacional de las niñas, los niños y los adolescentes involucraron a parientes, familiares, progenitores, ascendientes y personas extrañas (terceros), por tratarse de algunos casos, entonces aislados, de matrimonios mixtos internacionales, es decir, uniones matrimoniales de ciudadanos mexicanos con extranjeros, producto de la globalización.

Por el contrario, debemos reconocer que en la actualidad, este suceso se caracteriza por la proliferación de relaciones cuyo origen es diverso que, sin embargo, culminan en matrimonios u otras formas diferentes de integrar la familia; citemos las relaciones iniciadas a través de Internet que, en ocasiones, terminan por forzar a una de las partes integrantes a desplazarse a otro país, o a integrar al suyo propio a la otra parte y, llegado el caso, al hacerse presentes las disoluciones de la familia o la separación de los progenitores, deviene el conflicto entre la pareja con relación al derecho de la guarda y custodia internacional de los hijos.

Lo anterior ocurre con relación al derecho de visita, contacto y convivencia internacional de los mismos, cuando existe una ausencia de convenio o falta de acuerdo entrelos progenitores al separarse para vivir, por razón lógica, en países diferentes, y muchas veces poner su interés por encima del “interés superior” de la infancia.

Las situaciones mencionadas centran el objeto de estudio del derecho internacional privado, sin que sea una finalidad el plasmar un estudio exhaustivo de las mismas, pero mencionarlas orienta satisfactoriamente el objetivo aquí perseguido: exponer motivos suficientes que sustenten el anteproyecto de iniciativa de una Ley General que fundamentada en la Fracción XXIX-P, del Artículo 73,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca un procedimiento, que al cumplir con el debido proceso y respeto al derecho de las partes, permita el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Aspectos Civiles de Restitución Internacional de Menores, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y de los demás tratados internacionales en los que México sea parte.

Por tanto, los temas del derecho internacional privado en la materia podrían quedar reducidos a los siguientes:

i.- Desplazar el concepto de “menor” y utilizar el de niñas, niños y adolescentes, que incluso algunos autores sugieren como: “los nuevos ciudadanos”;

ii.- Establecer la necesaria diferencia entre sustracción y restitución, para no implicar, a priori, en la definición que toda sustracción implique la existencia forzosa de una restitución;

iii.- Las sustracciones “followingacourtorder” y las “prior tothecourtorder” (aplicación del artículo 3° de la Convención, relativo a la transgresión de un derecho de custodia atribuida, separada o conjuntamente, y cuando ese derecho se ejercía de manera efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o retención. La idea es si se han producido las sustracciones de las niñas, los niños y los adolescentes con posterioridad a la existencia de una decisión judicial o administrativa, en la que se determinen los derechos de guarda/custodia-visita/contacto/convivencia, como aquellas sustracciones producidas antes de dictarse dicha decisión judicial o administrativa);

iv.-Patria potestad;

v.- Residencia habitual;

vi.-Derechos de guarda/custodia internacional;

vii.- Derecho de visita/contacto/convivencia internacional;

viii.-El interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes en la sustracción;

ix.-Contextualización del problema (creación de un triple entorno): la creación del nuevo entorno familiar, social, cultural y educativo, así como el consiguiente impacto que ello produce en las niñas, los niños y los adolescentes, por lo que se considera, de antemano, que la fijación del problema corresponde conocerla al derecho civil, que es la rama del derecho que protege directamente a éstos últimos.

Por ello, es importante contar en nuestro país con un marco normativo que regule y coadyuve a resolver las conductas de sustracción y/o retención ilícita internacional de las niñas, los niños y los adolescentes de forma clara y precisa, a fin de prevenir y, en su caso, evitar que no se cometan estas conductas y que pasen a formar parte de los conflictos que perjudican aniñas, niños o adolescentes cuando no han cumplido dieciséis años.

Es posible aceptar, con el atrevimiento que se considere un despropósito, la comparación que, en el fondo o en la forma, la sustracción ilícita de las niñas, los niños y los adolescentes se asemeja, tal vez un poco, al secuestro y, por lo mismo, eso otorgue el derecho a repetirlo. En este marco, a la manera o como lo señala Luis González Plascencia (1) en su trabajo: “Una aproximación crítica al delito de secuestro en México. Universidad Autónoma de Tlaxcala. En serie Incide en la sociedad civil. Cuaderno de trabajo número 11. México:

"Desafortunadamente, la ausencia de datos oficiales y la elevada cifra negra que se registra en este fenómeno social no permite hacer cálculos confiables; sin embargo, baste citar que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, por cada secuestro que se denuncia, se cometen tres. Si se tienen en cuenta las cifras que ese mismo organismo registra, entre los años 2000 y 2003 se habrían denunciado un total de 1330 secuestros, de lo que se infiere que podrían haberse cometido casi cuatro mil secuestros en un lapso de cuatro años".

Por tanto, México se encuentra entre los 10 países de América Latina con mayor índice de niños, niñas y adolescentes sustraídos o retenidos ilícitamente por sus progenitores.

Durante los años 2008-2013, se registraron 1,719casos de sustracción y/o retención atendidos o de solicitudes de restitución informadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores; sin embargo, esta dependencia declaró en su informe“…la inexistencia de la información sistematizada requerida del año 2013, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental…”Lo mismo ocurrió con la solicitud folio 0000500098413, en cuya respuesta manifestó no contar con información requerida correspondiente al periodo 1992-2007 y 2013 (sin embargo, es aceptado generalmente que se registran tan sólo 12solicitudes por cada 100 sustracciones y/o retenciones ilícitas que se cometen). Por tal motivo, se apoya nuestro dicho en las consideraciones de Benavides Santos, D. y Ramírez Solano, A. (2) en “La ilicitud en el traslado del menor de edad”, en Tenorio Godínez, L. y Tagle de Ferreyra, G. (Coordinadores),“La restitución internacional de la niñez”, México, Porrúa, 2011. Páginas 94 y 95; que sostienen lo siguiente:

…“en algunas circunstancias, el padre o la madre que ejecutan la sustracción y/o la retención ilegal en el extranjero, busca el aislamiento absoluto de la persona menor de edad respecto del otro progenitor por lo que podía hablarse de “secuestro internacional” y en otros casos lo que pretende es obstaculizar extraordinariamente y en forma sostenida la relación de la persona menor de edad con el otro progenitor por lo que se habla de sustracción internacional. En la doctrina el tema es tratado como secuestro interparental, traslado ilícito, detención ilegal, francófona, enlevement o abduction”.

En ese mismo orden de ideas, se resalta la ratificación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores el 25 de octubre de 1980 por más de setenta Estados, y ostenta un triunfo en el concierto internacional, como pocos instrumentos lo hayan conseguido, habida cuenta que los referidos Estados lo han adoptado como derecho positivo.

La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó la Convención el día 13 de diciembre de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de enero de 1991. El instrumento de adhesión, firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos C. Carlos Salinas de Gortari, el día 29 de enero de 1991, fue depositado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, el día 20 de junio de 1991. Para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulgó en la residencia del Poder Ejecutivo Federal el Decreto que contenía la Convención, a los 3 días de febrero de 1992, para posteriormente publicarse La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en el Diario Oficial de la Federación el viernes 6 de marzo de 1992.

De ahí la importancia, la necesidad y la urgencia de que las Convenciones, que ya forman parten del derecho positivo de este país, cuenten con un procedimiento propio y adecuado a la actual realidad social, máxime que se adoptó en La Haya, Países Bajos, desde el 25 de octubre de 1980, es decir, tiene más de 30 años de vigencia y de su aplicación.

Si se toman en cuenta las cifras mencionadas y si se aplica el mismo porcentaje de cifra negra que al resto de los actos ilícitos, pero se estima que la sustracción y/o retención ilícita, por ser una conducta que atenta contra la libertad, así como la vida y la seguridad de niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, presenta una cifra negra mayor que la señalada a dichos actos ilícitos, se puede tener en cuenta lo siguiente:

…“descartadas por el principio de especificidad tanto la sustracción deshonesta como de la lucrativa de rescate, queda por considerar otra todavía más frecuente y de muy distinto tenor moral. Aunque entre de lleno en la tipicidad asignada a la sustracción de menores. Me refiero a la llevada a cabo sobre sus propios hijos por alguno de los padres que hubiere sido privado legalmente del ejercicio de la patria potestad. A nadie se le oculta, y el asunto apenas merece ser discutido en este aspecto, la dimensión humana de muchas de estas “sustracciones” entrañan, al moverse el padre o la madre que la perpetran por uno de los más nobles e innatos impulsos de atracción a la propia prole de que le separaron normas, justas quizá, pero al fin y al cabo artificiosas, de la autoridad civil, en colisión con las de la naturaleza, en cierto modo. Que con todo y eso el hecho no deba quedar impune, no creo que haya nadie que lo sostenga, al menos como tesis general, lo que equivaldría a privar de sanción el quebrantamiento de nuevos derechos y situaciones jurídicamente protegidos, por si cabe dudar y aun negar que tales supuestos guarden relación, a no ser en la mera dinámica material, con el clásico odioso “robo de niños” que paradigmáticamente sirvió para construir el tipo en las legislaciones tradicionales.” (3) Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, Anuario de derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, t. XIV, fasc. 1, enero-abril de 1961, p. 8.

El tratamiento socio-jurídico del fenómeno social de la sustracción y/o retención ilícita internacional de menores de edad en la República Mexicana, varía por entidad federativa y en especial cuando se hace referencia a datos y estadísticas oficiales, depende también de la forma administrativa en la cual se registra este hecho en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.

Es cierto que la proliferación de este fenómeno ha motivado que, saliendo por sus fueros, cuatro Entidades Federativas de este país (Durango, Estado de México, Michoacán y Querétaro) hayan incorporado en sus respectivos Códigos de Procedimientos Civiles, capítulos especiales en los cuales se regulan como Procedimiento Especial, el relativo a la sustracción y/o retención ilícita internacional de niñas, niños y adolescentes pero, hasta el momento, no ha habido una solución eficaz por parte de las autoridades ante esta situación que es cada vez mayor y más frecuente. Se podría suponer que por cada caso que se conoce en los tribunales de las Entidades Federativas, existen al menos otros nueve que no son reportados.

La sustracción y/o retención ilícita internacional de menores daña a la familia, principalmente a los progenitores (padres sustraídos) al privarlos de la guarda, custodia y cuidado de sus hijos e hijas, así como a su derecho a la crianza de éstos. Las secuelas psíquicas que sufre el afectado (padre o madre sustraídos) y sus familiares son graves y permanentes. La noticia de que un menor sea objeto de sustracción y/o retención ilícita internacional provoca zozobra general.

La presión de la opinión pública mexicana llevó a que el 21 de agosto del 2008, en Palacio Nacional se firmara el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito por el titular del Poder Ejecutivo Federal y los titulares de las Entidades Federativas; el titular del Gobierno del Distrito Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, presidentes municipales, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosos. En dicho acuerdo se asumió el compromiso de llevar a cabo una estrategia nacional que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, reinserción social, participación ciudadana, inteligencia y análisis en contra del crimen organizado.

El acuerdo reconoce que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia, además del deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad. En uno de los puntos del Acuerdo se asume el compromiso por parte del Congreso de la Unión, de impulsar una Ley General del Delito de Secuestro, entre otras.

Asimismo, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a los artículos 4º y 73, fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente en que se hizo dicha publicación.

Dicha reforma constitucional fue producto de una serie de iniciativas presentadas desde la LVIII hasta la LXI legislaturas, lo cual tuvo como propósito colocar el tema del interés superior de la infancia y los derechos de la niñez dentro del plano constitucional, con el objeto de que este hecho tenga como efecto la liberación de dicho principio para que sea oponible a cualquier autoridad y en cualquier materia, ya sea administrativa o jurisdiccional, mediante la verdadera garantía que es el juicio de amparo.

Con ello se buscó abrir la pauta a otros derechos inherentes a personas menores de edad, como el derecho a la identidad; a tener un nombre; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato; al libre desarrollo de su personalidad; a no ser explotado; y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que les otorga la misma Constitución e instrumentos internacionales.

De esa forma, el constituyente permanente reformó artículo 73 Constitucional, en cuanto a que sea facultad del Congreso de la Unión el poder legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, brindando la necesidad de establecer un marco de concurrencia a la materia para que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan legislar en el ámbito de su competencia, con la participación de los Municipios, en atención a una correcta distribución de facultades.

Actualmente, la fracción XXIX-P, del Artículo 73de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos explícitamente establece:

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

(…)

“XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

De lo anteriormente expresado, se espera que el H. Congreso de la Unión se encuentre en la aptitud jurídica de proveer un marco normativo adecuado para el cumplimiento de todos los compromisos internacionales de la materia de los que nuestro país sea parte y, por lo mismo, de expedir una ley general que establezca los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, a fin de que la misma mandate que corresponde a los Tribunales del país, la facultad de aplicar e interpretar esta Ley en los asuntos relativos a la sustracción y/o retención ilícita internacional de niñas, niños y adolescentes, así como las leyes del orden familiar que tengan relación con la misma, al igual que los tratados internacionales de la materia, de los que nuestro País sea parte; estableciendo la concurrencia de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con todo el marco normativo aplicable.

De acuerdo con lo expuesto, también se invoca el punto de vista de la especialista en la materia, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Sonia Rodríguez Jiménez, (4) la cual en su  obra “La Sustracción Internacional de Menores por sus Propios Padres” Su destipificación en México. Universidad Nacional Autónoma de México 2012. Página 486, señala:

“En definitiva, demandamos la creación de un marco normativo adecuado en los siguientes frentes: competencial, de derecho aplicable, procedimental, de cooperación y de reconocimiento y ejecución de sentencias, el cual impactará necesariamente en el éxito de los procesos restitutorios y, por ende, en el “interés superior” de la infancia, sea cual sea en cada caso. En este contexto, nuestras propuestas podrían ser dos: a) la determinación de que esta materia sea de carácter federal y no estatal, dando así una armonía y unificación necesaria a la hora de hablar de las aristas civil y penal, y b) la emisión de una normao código modelo único que sea uniforme para toda la república. Ahora bien, con independencia de la vía y el método que se considere más adecuado y sencillo (que sea federal o que se cree un modelo único) lo que importa es el fin. Así, da igual el medio jurídico siempre que el fin sea uniformar y armonizar la materia de sustracción de menores, tanto en la rama civil como en la penal”.

(Énfasis y subrayado añadidos)

En este sentido, la propuesta es una ley general que establezca un procedimiento que cumpla con el debido proceso y pleno respeto a los Derechos Humanos principalmente de niñas, niños y adolescentes, para ventilar de manera adecuada las controversias que surjan por la sustracción y/o retención ilícita internacional de niñas, niños y adolescentes; los casos en que se ordenarán de forma inmediata las restituciones de los menores al lugar donde habitualmente residan, por los Tribunales del Poder Judicial, que tendrán la facultad de aplicar e interpretar esta Ley en los asuntos relativos a la sustracción y/o retención ilícita internacional de niñas, niños y adolescentes, así como las leyes del orden familiar que tengan relación con la materia, al igual que los tratados internacionales de la materia, de los que nuestro País sea parte; y la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en los siguientes términos:

1. De las disposiciones generales

El objeto de esta ley es, fundamentalmente, poner principal atención en la integridad de las niñas, los niños y los adolescentes (hasta los dieciséis años) y establecer la distribución de competencias y la coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de prevenir y evitar las conductas tendentes a la sustracción y/o retención ilícita internacional de niñas, niños y adolescentes, así como implementar formas sucedáneas para disuadir las conductas que atenten contra la libertad personal y la estabilidad de niñas, niños y adolescentes.

En ella se definen conceptos que son importantes para el cumplimiento de la ley, además, como parte importante de este apartado, es el señalar que ciertas conductas tendrán como consecuencia la restitución internacional inmediata de las niñas, los niños y los adolescentes, que fueron sustraídos o retenidos de manera ilícita. De la misma manera, se enumeran y precisan las oposiciones o excepciones que se pueden hacer valer en contra de la restitución y dentro de un procedimiento en el que se le brinden todas las garantías de un debido proceso (este es uno de los objetivos primordiales de la iniciativa, pero no el único).

En este sentido, en el derecho internacional respecto a los derechos humanos o el interés superior de niñas, niños y adolescentes, existen tratados internacionales en donde dadas las características de las víctimas cuando se trate de aquéllos o cuando se afectan valores fundamentales de la sociedad o el interés público, necesariamente se deben observar los plazos para la prescripción o caducidad de la solicitud de restitución, o para la aplicación de la solicitud de restitución que se regula en las Convenciones de la materia.

2. Del derecho de niñas, niños y adolescentes, parientes, familiares o terceros.

Parte importante del proyecto es que pone principal énfasis en la integridad de niñas, niños o adolescentes, estos últimos cuando no han cumplido dieciséis años, así como la preservación de la seguridad de los mismos y de su familia y testigos, en caso de una sustracción y/o retención ilícita que los prive de su estancia en su residencia habitual. Por lo tanto, se señala que las niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, que sean objeto de una sustracción y/o retención ilícita, tienen derecho a que las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deban realizar todas las acciones necesarias para preservar su seguridad, la de su familia y testigos, como objetivo principal en sus actuaciones.

Por lo tanto, se despliega una serie de derechos que van desde el hecho de que los parientes y familiares de niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, que han sido sustraídos y/o retenidos internacionalmente de manera ilícita, sean notificados por la autoridad, desde el primer momento en que se tiene conocimiento que han sido sustraídos y/o retenidos ilícitamente, o bien del inicio de un procedimiento de restitución internacional, ya sea a través de la Autoridad Central o por cualquier otra autoridad o medio.

Respecto del derecho a vivir en familia, si bien la intención, tanto de las convenciones, así como de la ley general y de la propuesta, es proteger como mencionamos más adelante, el derecho a vivir en familia respecto de niñas, niños y adolescentes, esto es que, circunstancias como la falta de recursos u otros medios económicos y sociales no podrá ser motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o con los que convivan, y mucho menos causa para la perdida de la patria potestad.

Luego, es precisamente nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la que dilucida que únicamente mediante orden judicial de autoridad competente y en aras de la preservación del interés superior de la niñez, se podrá determinar la separación del menor de edad respecto de la personas que los tengan bajo su custodia, siempre conforme a las leyes que se expidan con anterioridad al hecho y mediante el respeto al debido proceso, en el cual se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas; sin embargo es preciso dejar en claro que este derecho no es el único en juego dentro de tales procedimientos como se reitera en la presente exposición de motivos.

Se establece además el derecho de niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, a ser protegidos de manera pronta y se les garantice la restitución inmediata cuando hayan sido trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante y velar porque los derechos de custodia y visita vigentes en uno de estos Estados se respeten en los demás Estados contratantes, lo cual se refleja en una protección de intereses particulares de los afectados con el traslado o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes, mientras que la designación de una autoridad encargada del cumplimiento de las obligaciones que impone la citada Convención es sólo con el objeto de promover la colaboración entre las autoridades competentes, a fin de garantizar la restitución inmediata de niñas, niños y adolescentes y conseguir el resto de los objetivos de la propia Convención, de suerte que su gestión no involucra intereses de la Federación, sino que sólo interviene para la protección de intereses particulares. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de competencia concurrente que contempla el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, ya que en las controversias del orden civil o criminal, suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales en los que sólo se afectan intereses particulares, corresponde al actor elegir el fuero al que se someten las controversias (Tesis aislada. Tercera Sala).

Otro de los derechos que se consideran fundamentales es el hecho de que, como una extensión del derecho de niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, sus parientes, familiares o terceros y testigos puedan recibir desde el primer momento de las autoridades, la asesoría e información para la protección de su integridad, así como ser asistidos durante el tiempo que dure el Procedimiento Especial de Restitución Internacional, por un servidor público especializado en la materia. Lo anterior corresponderá instrumentarlo a la Federación, los Estados de la Federación, al Distrito Federal, a través del personal que integran las Procuradurías de Protección.

3. Del ámbito de aplicación de la ley.

Dado que la reforma Constitucional a la fracción XXIX-P del Artículo 73 mandató al H. Congreso de la Unión la expedición de Leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte, genera la necesidad jurídica de emitir la Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se trate lo relativo a la regulación del procedimiento civil de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes sustraídos o retenidos ilícitamente y, en su caso, garantizar el derecho de visita y convivencia de los mismos, por lo cual se hace necesario delimitar el ámbito de actuación de las autoridades Federales, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y las Municipales.

Por tanto, podrá ser competencia de las autoridades federales o locales, según se señale, que la sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños o adolescentes, éstos cuando no han cumplido dieciséis años, se cometió en el territorio nacional y/o en alguno de los Estados contratantes a que se refiere la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Asimismo, es preciso subrayar que la presente ley normaría el procedimiento interno previsto en la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, así como la Convención Interamericana Sobre Restitución de Menores, ambas normas deben ser armonizadas y establecerles un andamiaje que permita realizar un procedimiento acorde a los derechos cuya envergadura están en juego, que no son otros que los inherentes a vivir en familia, a mantener contacto con sus padres cuando éstos no vivan en el mismo estado, a desarrollarse libre de violencia y ser protegido en su integridad personal, entre otros.

Sin embargo, en lo relativo a aquellos casos en que la niña, niño o adolescente menor de dieciséis años sea retenido o sustraído ilícitamente, y se encuentre en el extranjero, basta con acudir a la autoridad central que en el caso de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal establece el artículo 25 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la documentación que prevén ambos instrumentos.

Es la Secretaría la autoridad central que México estableció al momento de aprobar ambos convenios para efecto de realizar dicha restitución en otros Estados, y posteriormente se tendrá que llevar a la vía contenciosa, conforme a tales instrumentos internacionales; incluso si el estado donde se encuentra la persona menor de edad tiene algún procedimiento, adecuarse al mismo, siendo esta precisamente la intensión de la presente iniciativa en el derecho nacional, por lo que se considera suficiente la regulación que prevé tanto la ley general como los convenios con el objeto de iniciar el trámite de restitución del menor de edad para México.

Se afirma también la necesidad de establecer dentro de dicho procedimiento al recurso de apelación, pues si bien es cierto que en las Convenciones en materia de restitución de menores de edad por retención o sustracción ilícita, este recurso no aparece en forma expresa dentro de esos instrumentos, éste se encuentra sustentado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual versa en su artículo 25 de la siguiente forma:

Artículo 25.Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Derivado de tal precepto es que consideramos adecuado establecer la posibilidad de presentar la apelación en caso de que existan actos que puedan vulnerar los derechos humanos dentro de los procedimientos de restitución. Sin embargo, estimamos que el recurso debe tener el carácter de ordinario, es decir la apelación, y permitir igualmente que se pueda hacer uso de recursos extraordinarios, como en nuestro sistema es el Amparo.

Afirmamos que el juicio de Amparo puede ser visto como un recurso de índole extraordinaria, pues actualmente, pues si tomamos en cuenta que los derechos humanos previstos en la Constitución así como en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano, luego, al ejercitar el control de convencionalidad, es adecuado afirmar que las autoridades jurisdiccionales de primera instancia realizaron un examen sobre la compatibilidad de las leyes internas y su respectiva aplicación con derechos humanos previstos en la norma fundamental e instrumentos internacionales, e incluso, ha sido la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que así lo ha definido en la tesis2a. IX/2015 (10a.), cuyo registro es 2008436, perteneciente a la Décima Época, cuyo rubro, texto y precedentes son los siguientes:

RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

De conformidad con el precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo.

SEGUNDA SALA

Recurso de reclamación 777/2014. Comisión Mesoamericana de Juristas, A.C. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El aludido recurso de apelación se tramitaría, como hemos mencionado, conforme al mismo Código Federal de Procedimientos Civiles y con lo anterior, se permite que exista una etapa más donde se puedan revisar de forma pormenorizada, las actuaciones que se realizaron dentro del procedimiento, con el objeto de que sea depurado y se tenga la certeza en beneficio del menor de edad, que las actuaciones fueron apegadas al marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, es preciso concluir que la presente propuesta emana y regula el artículo 25 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prevé las bases para normar procedimientos en la materia de restitución de menores de edad por traslado o retención ilícitas, así como resolver la materia de las convivencias, esto conforme a la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992, o la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994, según sea al caso conforme a la competencia de éstas.

Finalmente, tomando en consideración que la presente iniciativa no implica un aumento o creación de gasto, ni genera impacto presupuestal, toda vez que las funciones que a la luz de la presente propuesta desarrollaría la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son y eran desempeñadas con anterioridad por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que no es necesario observar lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por todo lo anterior, someto a consideración del Pleno de este honorable Senado, la siguiente iniciativa:

PROYECTO

DE

DECRETO

Por la que se expide la Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Del objeto

Artículo 1. La presente Ley General es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el procedimiento civil de restitución internacional de niñas, niños o adolescentes que no han cumplido dieciséis años, sustraídos o retenidos ilícitamente y, en su caso, garantizar el derecho de visita y convivencia inherentes a niñas, niños y adolescentes que no han cumplido dieciséis años, por lo que establece como centro de su vigencia el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 2. De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que el Estado Mexicano promueva, respete, proteja y garantice sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En los procedimientos previstos en la presente ley, deberá considerarse siempre en la toma de decisiones el principio del interés superior de la niñez, y con ese propósito, cuando se presenten diferentes interpretaciones en su aplicación, se deberá elegir la que satisfaga de forma más efectiva este principio rector.

Asimismo, cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Esta ley velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

De conformidad con otras disposiciones generales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en consecuencia, en la aplicación de la presente Ley, los servidores públicos están obligados en todo momento, a atender los principios antes señalados.

En caso de duda, siempre se deberá privilegiar el interés superior de la niñez en todas las resoluciones que se adopten.

Son competentes para conocer de los procedimientos previstos en la presente ley, los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de las entidades federativas conforme a sus normas internas.

Artículo 3.Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Albergue: Instalación del Sistema Nacional, estatal o municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, o los similares en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa, o de alguna otra institución especializada para menores de edad que presenten características especiales o con alguna discapacidad, que brindará un acogimiento residencial a niñas, niños o adolescentes que no han cumplido dieciséis años, hasta que el Órgano Jurisdiccional competente dicte la resolución, en relación al lugar en donde se esté efectuando el procedimiento de restitución.

II. Autoridad Central Extranjera: La designada por cualquier Estado Parte de la Convención.

III. Convención: Comprende la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, o la Convención Interamericana sobre restitución internacional de Menores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994, según sea al caso concreto conforme a la competencia de éstas y de acuerdo con el artículo 34 del instrumento interamericano.

IV. Derecho de custodia: Comprende el derecho relativo al cuidado del menor de edad.

V. Custodia Efectiva: Es el ejercicio del cuidado diferenciado y especial hacia la protección de sus derechos fundamentales de alimentación, vivienda, recreo, salud y educación, para lograr su óptimo desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, con lo que se refleja el cumplimiento y respeto del interés superior del menor de edad.

VI. Derecho de visita: Es el derecho que tiene una persona de convivir con el menor de edad durante un tiempo determinado y periódico en el lugar de residencia habitual del menor o fuera de éste, conforme un régimen de visitas.

VII. Diligencia de verificación y resguardo: Es la actuación que llevan a cabo las autoridades en estricta ejecución a lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional competente en el procedimiento, con la finalidad de verificar que el menor de edad se encuentra en el lugar señalado en la solicitud de restitución internacional o en otro que se instruya, para proteger al menor de edad y sus derechos inherentes en caso de localizarlo.

VIII. Integración a un nuevo medio: Se constituye cuando el menor se ha adaptado en el lugar en que se encuentra, a un nuevo ambiente que le proporciona la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

IX. Ley: La Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes.

X. Menor de edad: Persona que no ha alcanzado los dieciséis años de edad al momento de la solicitud de restitución internacional.

XI. Órgano jurisdiccional: El Juez o tribunal de primera instancia ya sea del fuero común o federal, distinto al que podría conocer del recurso de apelación de acuerdo al artículo 36 del presente ordenamiento.

XII. Procedimiento de Restitución: Es el procedimiento civil establecido en la presente ley y, en lo no previsto en las demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de localizar y devolver, si es procedente, internacionalmente a las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, sustraídos o retenidos ilícitamente de su residencia habitual, con base en la Convención.

XIII. Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: Servidor público perteneciente a las Procuraduría de Protección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya atribución será la de coadyuvar con la Secretaría y acatar las medidas provisionales ordenadas por el Órgano Jurisdiccional, relativas a la ubicación de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, en un albergue.

XIV. Régimen de visitas: Programa de visitas a las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, establecidas por ley, sentencia o acuerdo de quien tiene el derecho de custodia y comprende el derecho de llevarlos, por tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que éstos tienen su residencia habitual.

XV. Residencia habitual: Lugar donde las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, habitaban antes de la sustracción ilícita.

XVI. Retención ilícita: La acción de impedir o evitar que una niña, un niño y adolescente que no ha cumplido dieciséis años y habiendo salido de forma lícita del Estado Parte donde se encuentra su residencia habitual, pueda volver a él a través de medios ilícitos y con infracción al derecho de custodia.

XVII. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores, quien conforme a la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, funge como Autoridad Central Mexicana, la cual realizará las gestiones tendientes a restituir, cuando proceda, al menor a su lugar de residencia habitual.

XVIII. Solicitante: La persona o institución con derecho de custodia o visita en el lugar de residencia habitual de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, que ha solicitado se inicie un procedimiento de restitución conforme a la Convención.

XIX. Sustracción ilícita: Es el apartamiento o separación de una niña, un niño o adolescente que no han cumplido dieciséis años, del lugar de su residencia habitual a través del traslado ilícito, en los términos establecidos por la Convención.

XX. Sustractor: Persona a quien se atribuye el traslado ilícito o retención ilícita internacional de una niña, niño o adolescente que no han cumplido dieciséis años.

XXI. Traslado ilícito: Es llevara una niña, niño o adolescente que no han cumplido dieciséis años, desde su lugar de residencia habitual a un Estado distinto, en contravención a los derechos de custodia o al régimen de visitas, conforme a la Convención.

Artículo 4. La Secretaría:

I. Fungirá como enlace entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades centrales extranjeras;

II. Intercambiará información con autoridades centrales extranjeras;

III. Brindará orientación e información al solicitante a través de la autoridad central sobre el procedimiento de restitución y sobre el desarrollo del mismo;

IV. Se coordinará con la autoridad involucrada en el desarrollo del procedimiento de restitución para el debido cumplimiento de la Convención;

V. Establecerá mecanismos de coordinación con las autoridades competentes para búsqueda y localización de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años sustraídos y/o retenidos ilícitamente. Al efecto, podrá solicitar que las instituciones provean de información relevante en el área de sus competencias; y

VI. Llevará a cabo los arreglos que faciliten la rápida devolución y la recepción de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, cuando no se acredite ninguna de las salvedades previstas en la propia Convención.

Artículo 5. La Secretaría iniciará la etapa judicial del procedimiento de restitución en caso de que se cumplan con los requisitos previstos en los artículos 11 y 12 de esta Ley.

No obstante, con el objeto de mantener la igualdad de las partes, la Secretaría no podrá actuar como representante legal del solicitante del procedimiento de restitución. El servidor público que realice cualquier acto en contra de esta prohibición será responsable en términos de las disposiciones legales aplicables.

La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá y vigilará la correcta aplicación de la Convención y de esta Ley.

La Secretaría alentará en todo caso un procedimiento de naturaleza conciliatoria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 6. Durante el desarrollo de la etapa judicial, el Órgano Jurisdiccional se coordinará y auxiliará de la Secretaría y demás autoridades competentes. Asimismo, informará de manera permanente y oportuna sobre el desarrollo de cada caso.

Artículo 7. Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia pertenecientes al ámbito local, velarán por el cumplimiento de la Convención y de esta Ley.

El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, coadyuvará con la Secretaría y acatará las medidas provisionales que ordene el Órgano Jurisdiccional del conocimiento.

Será facultad del Órgano Jurisdiccional, de acuerdo a las circunstancias de cada caso o,a petición de cualquier autoridad que intervenga en el procedimiento, ordenar el resguardo de la niña, niño o adolescente que no ha cumplido dieciséis años. El titular del albergue donde se ubique provisionalmente a la niña, niño y/o adolescentes que no han cumplido dieciséis años, será responsable del cuidado, vigilancia y seguridad de éstos.


TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN
Disposiciones Generales

Artículo 8. En materia de restitución internacional de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, el Órgano Jurisdiccional competente que conozca del procedimiento para resolver la restitución, no podrá modificar los derechos de visita o custodia decretados por la autoridad competente del lugar de la residencia habitual de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años sustraídos, debiendo únicamente reconocer dichos derechos.

Lo anterior, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional competente del país requerido pueda, en los casos justificados, dictar las medidas provisionales relativas al cuidado de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años, durante el procedimiento de restitución, salvaguardando siempre el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes que no han cumplido dieciséis años.

Asimismo, al momento de iniciar el procedimiento de restitución se podrá ejercitar como medida cautelar el procedimiento previsto en el artículo relativo al ejercicio de derecho de convivencia; al respecto el órgano jurisdiccional podrá decretar la procedencia de este último tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, yen respeto y cumplimiento del interés superior de la niña, niño o adolescente.

Artículo 9. Se aplicarán de manera supletoria a la presente Ley, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la legislación familiar procesal de la entidad federativa del lugar en que se desarrolle el procedimiento, en lo que no contradiga a la presente ley.

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SOLICITUDES DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DELAS NIÑAS, NIÑOS YLOS ADOLESCENTES MENORES DE DIECISÉISAÑOS

De los requisitos

Artículo 10. La Secretaría atenderá y, en su caso, recibirá solicitudes de toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia.

Artículo 11. La solicitud deberá contener:

a) La Información relativa a la identidad de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años sustraído internacionalmente, así como la del solicitante y la del sustractor o el retenedor.

b) La fecha de nacimiento de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, cuando sea posible obtenerla.

c) La expresión de los hechos y las circunstancias en que se hubiese realizado la sustracción ilícita y, la información relativa a la presunta localización de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años.

d) Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años.

e) En su caso, y tratándose de retención ilícita, la información relativa al vencimiento del plazo autorizado de visita o traslado de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años.

f) Domicilio para oír y recibir notificaciones.

La Secretaría no admitirá las solicitudes que no contengan lo indicado en este artículo.

Artículo 12. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) En su caso, copia autenticada de toda decisión o acuerdo pertinente.

b) Acta de nacimiento de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años sustraído;

c) Documentos que avalen el tipo de unión de los padres o progenitores;

d)Fotografías recientes de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años;

e) En el supuesto de que no se cuente con las fotografías del sustractor o de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, en la solicitud deberá establecerse la media filiación de los mismos;

e) La resolución judicial o administrativa; el convenio de las partes que motive la solicitud, si existiera; o el documento que fundamente los derechos de custodia o de visita.

f) Solicitud de restitución de la Autoridad Central Extranjera que avale el derecho de custodia o visita que se aduce y,

g) Cualquier otro documento que el solicitante considere idóneo.

La Secretaría o el Órgano Jurisdiccional podrán prescindir de alguno de los requisitos o de la presentación de los documentos mencionados en este artículo si, a su juicio, se justificare la restitución.

Artículo 13. Cuando la Secretaría determine que no se satisfacen las condiciones del artículo 12 de esta Ley, prevendrá al solicitante para que subsane la deficiencia dentro del plazo de treinta días.

En caso de no satisfacer la prevención impuesta, la Secretaría resolverá de manera fundada y motivada la no admisión de la solicitud. Cuando la Secretaría determine que no procede la solicitud, deberá fundar y motivar su resolución, la cual deberá ser notificada al solicitante.

TÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
Del procedimiento en particular

Artículo 14. Cuando la Secretaría estime procedente una solicitud para iniciar un procedimiento judicial de restitución presentada por una Autoridad Central Extranjera y se hayan satisfecho los requisitos de los artículos 11 y 12 de esta Ley, la remitirá, a elección del actor, al Órgano Jurisdiccional competente del fuero federal o local, según corresponda. En caso de que el actor no elija el fuero, la solicitud será remitida al Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa donde se presuma se puede localizar al menor. El Órgano Jurisdiccional competente iniciará de inmediato el procedimiento de restitución previsto en esta Ley.

Artículo 15. Son partes del procedimiento de restitución:

a) El solicitante, actuando por sí mismo o por medio de representante legal;

b) La niña, niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, los que ejercen la patria potestad o lo tutores;

c) El retenedor;

d) El agente del Ministerio Público adscrito al juzgado en donde se substancie el Procedimiento de restitución.

e) El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 16. A partir de la fecha en que sea recibida la solicitud por parte de la Secretaría, ésta contará con un plazo de tres días para presentarla ante el Órgano Jurisdiccional, el que deberá emitir su resolución final sobre la misma en un plazo no mayor de seis semanas, a partir de que sea dictado el auto de admisión a trámite y de radicación de la solicitud.

Para efectos de esta Ley y por eminente relevancia del presente procedimiento, serán hábiles todos los días y horas del año, incluidos sábados, domingos y días festivos, misma regla que se aplicará en su caso para la sustanciación del recurso de apelación.

Artículo 17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley y una vez satisfechos los requisitos señalados en los artículos 11 y 12 de la misma e integrado el expediente de solicitud, la Secretaría lo presentará a la Autoridad Central Extranjera donde se presume que se encuentra la niña, el niño o el adolescente menor de dieciséis años, solicitando la apertura de un procedimiento de restitución internacional.

Artículo 18. Los Órganos Jurisdiccionales que conozcan de estos procedimientos tendrán las más amplias facultades para mejor proveer en la substanciación de estos juicios. Al efecto, las resoluciones que se dicten serán notificadas de inmediato a las partes y con el mayor sigilo, a fin de garantizar la secrecía de la tramitación del proceso y asegurar, en lo posible, la pronta y expedita conclusión del mismo.

Artículo 19. Al admitir la solicitud, el Órgano Jurisdiccional determinará en el acuerdo inicial, lo siguiente:

a) Dictar todas las medidas que sean necesarias para la localización del menor trasladado o retenido de manera ilícita;

b) Si se conoce la información contenida en el artículo 11 inciso c), ordenará se lleve a cabo diligencia de verificación y resguardo del menor sustraído ilícitamente;

c) Las autoridades que participarán en la diligencia de verificación y resguardo;

d) Fecha y hora de la diligencia de verificación y resguardo;

e) Las medidas precautorias pertinentes que deberá realizar el notificador competente, para efectos de la diligencia de verificación y resguardo;

f) El albergue o centro de asistencia social en que será resguardado la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años;

g) Que con las copias simples de los documentos exhibidos en la solicitud, se corra traslado a la madre o al padre presuntos sustractores o a la persona que se encuentre en el domicilio donde se lleve a cabo la diligencia, emplazándolos para que contesten la solicitud dentro del término de nueve días naturales, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes para probar sus pretensiones, citándolos para que comparezcan a la audiencia de ley que tendrá verificativo en el local del juzgado, y

h) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia de ley, la cual se celebrará a los quince días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Dicha notificación se llevará a cabo de conformidad con el artículo 27 de este Ordenamiento.

Artículo 20. El Órgano Jurisdiccional, de oficio, ordenará se giren comunicaciones urgentes a las autoridades e instituciones competentes que participarán en la diligencia de verificación y resguardo, señalando la fecha y hora para tal efecto.

Artículo 21. En cumplimiento del proveído judicial de verificación y resguardo del menor, los servidores públicos designados para tal fin, se constituirán en el domicilio o domicilios señalados en la orden y procederán a cerciorarse de que el menor se encuentra en dicho domicilio. Si así fuere, procederán a su resguardo.

El resultado de la diligencia deberá notificarse inmediatamente al padre, a la madre o a quien tenga el carácter de retenedor, así como el día y la hora en la que se efectuará la audiencia prevista en el inciso e) del artículo 23 de esta Ley. Las manifestaciones que formule el presunto sustractor, indispensablemente se presentarán por escrito.

Artículo 22. En caso de que haya resguardo de la niña, niño o adolescente que no ha cumplido dieciséis años, se podrá auxiliar del Procurador de Protección de niñas, niños o adolescentes, para efectuar su traslado al albergue o centro de asistencia social designado para tal efecto.

Se aplicarán las medidas precautorias cuando las circunstancias lo ameriten, en particular si tienen como finalidad lograr el resguardo de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años. Las medidas precautorias subsistirán hasta que el Órgano Jurisdiccional ordene su levantamiento.

El plazo que fije el Órgano Jurisdiccional para la celebración de la audiencia de Ley será de quince días naturales, que empezarán a correr al día siguiente en que se realice la diligencia de verificación y resguardo.

Artículo 23. El órgano jurisdiccional podrá ordenar la búsqueda, localización y recuperación de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, el uso de la fuerza pública y demás medidas que estime necesarias, para el resguardo del menor sustraído ilícitamente.

Artículo 24. Durante la diligencia de verificación y resguardo, se notificará a la madre o al padre presuntos sustractores o a la persona que se encuentre en el domicilio donde se lleve a cabo la diligencia, para que comparezcan a la audiencia de ley, de conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 19 y 28 de esta Ley.

Artículo 25. Durante el tiempo en quela niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años se encuentre bajo el resguardo en el albergue o centro de asistencia social que al efecto se haya designado, el solicitante, el retenedor o el sustractor podrán pedir al Órgano Jurisdiccional, que se les permita la convivencia con el menor hasta que concluya el procedimiento de restitución quien, previo el desahogo de las probanzas que prudentemente señale, resolverá lo conducente.

Artículo 26. En caso de que en la diligencia no se haya podido encontrar al menor en el domicilio que obra en el expediente de manera directa y, debido a la naturaleza del caso, evitando la tramitación de exhortos, el Órgano Jurisdiccional girará oficios a las autoridades competentes para obtener datos sobre el sustractor o alguna otra persona que haya sido señalada en la solicitud para la búsqueda, localización y recuperación del menor.

Artículo 27. Cuando los notificados no comparezcan por sí mismos o por medio de su representante legal a la audiencia de ley, todos los hechos que se les imputa se tendrán como ciertos y se turnará el asunto para dictar la sentencia correspondiente.

Artículo 28. El órgano jurisdiccional determinará la forma en que el solicitante deberá comparecer a la audiencia de ley, atendiendo a las circunstancias del caso. Las formas de comparecer podrán ser:

a) En persona;

b) Mediante representante legal o persona autorizada por el solicitante para tal efecto;

c) Por medio de teleconferencia.

Durante todo el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional promoverá una solución conciliada entre las partes, especialmente cuando éstas sean la madre y el padre del menor.

Artículo 29. En los procedimientos regulados por esta Ley serán admisibles todas las pruebas documentales.

Si cualquiera de las partes considera necesario rendir una prueba de carácter técnico, presentará el documento en el que la contenga. Lo anterior, siempre que se trate de acreditarlas excepciones referentes a la existencia de un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que, de cualquier otra manera, ponga al menor en una situación intolerable.

El Órgano Jurisdiccional podrá solicitar u ordenar cualquier otra prueba que a su criterio sea idónea, siempre que esté vinculada a la existencia de las excepciones y salvedades señaladas en el presente artículo.

Artículo 30. En la audiencia de ley, el presunto sustractor podrá hacer las manifestaciones que a su derecho convengan, así como ofrecer las pruebas a que se refiere el artículo 30 de esta Ley las que, una vez admitidas, serán desahogadas en la propia audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. Desahogadas las pruebas, se pasará de manera inmediata al periodo de alegatos.

Cuando las partes lleguen a un acuerdo, con la anuencia del menor en su caso, lo manifestarán al Órgano Jurisdiccional el que, previa la intervención del Agente del Ministerio Público y de no resultar perjudicial al menor de edad, por no ser contrario a la moral, al derecho y al interés superior del mismo, aprobará el convenio, elevándolo a categoría de cosa juzgada.

Estando las partes debidamente notificadas y no existiendo oposición a la restitución, el Órgano Jurisdiccional dictará la resolución correspondiente.

Artículo 31. Si durante el procedimiento, el solicitante o el sustractor presentaren una prueba superveniente, ésta podrá ser admitida por el Órgano Jurisdiccional y tomada en cuenta al momento de la sentencia definitiva.

Artículo 32. El Órgano Jurisdiccional negará la restitución internacional del menor, cuando:

I. Alguna de las partes que se oponga a la restitución, demuestre que:

a) El solicitante no hubiese ejercido la custodia efectiva en el momento en quela niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años fue trasladado o retenido;

b) El solicitante hubiera consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención, o

c) Exista un riesgo grave de que la restitución internacional de la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, pudiera exponerle a un peligro físico, psicológico o que, de cualquier otra manera, pusiera al menor en una situación intolerable.

II. Se acredite quela niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años se encuentra integrado en su nuevo medio, siempre que haya transcurrido más de un año entre el traslado o retención y la fecha en que se haya iniciado el procedimiento de restitución.

III. La niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años se oponga a la restitución internacional y éste tenga la edad, grado de madurez o cualquier otra calidad que deba ser considerada para valorar su decisión.

En los supuestos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el Órgano Jurisdiccional ordenará de oficio que se realice la prueba pericial o la que resulte procedente. Sin estas pruebas no se podrá resolver el asunto.

Artículo 33.Concluida la audiencia de ley, el Órgano Jurisdiccional dictará la sentencia que corresponda, la cual deberá ser dictada dentro del plazo de seis días.

Artículo 34. Cuando la sentencia que ordena la restitución del menor haya causado estado, el Órgano Jurisdiccional dictará las medidas pertinentes para su ejecución inmediata, con el auxilio de las autoridades competentes en el proceso de restitución.

Artículo 35. La Secretaría notificará la resolución emitida a la Autoridad Central Extranjera en un plazo de 3 días después de recibirla, y se coordinará con las autoridades necesarias para entregar a la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años, al solicitante o a las personas designadas por la autoridad central requirente, para el retorno de dicho menor a su lugar de residencia habitual.

Restituida la niña, el niño o el adolescente que no ha cumplido dieciséis años a su residencia habitual, la Secretaría lo informará al Órgano Jurisdiccional, el que declarará el asunto como totalmente concluido.

TÍTULO CUARTO
DE LA APELACIÓN COMO RECURSO EFECTIVO

Artículo 36. Contra la sentencia de fondo que emita el Órgano Jurisdiccional en el procedimiento de restitución, se podrá interponer el recurso de apelación, cuya tramitación se realizará conforme a las disposiciones previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su caso, será admitida con efectos suspensivos.


TÍTULO QUINTO
DE LOS DERECHOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 37. La persona o institución que no sea titular de derechos de custodia, podrá solicitar la garantía del ejercicio efectivo del derecho de visita o la organización del mismo régimen de derechos de convivencia familiar establecido previamente.

Artículo 38. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a lo establecido en los artículos 10 a 13 de esta Ley y se acompañará, en caso de no haberse previamente establecido, de una propuesta de acuerdo o convenio de régimen de visitas y de convivencia.

Artículo 39. Los interesados podrán solicitarle al Órgano Jurisdiccional competente, que les permita las visitas y la convivencia con la niña, el niño o el adolescente menor de dieciséis años, en tanto se substancia el procedimiento de regulación de visitas y convivencia, conforme a lo establecido por Título Tercero de esta Ley.

Artículo40. La Autoridad Central está sujeta a los derechos y obligaciones que se señalan en la Convención, para asegurar el ejercicio pacífico del derecho de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar sujeto el ejercicio de ese derecho.

La Autoridad Central adoptará las medidas necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de ese derecho.

Artículo41. De no ser posible la eliminación de los obstáculos para el ejercicio del derecho a que se refiere el artículo anterior, el Órgano Jurisdiccional, con plenitud de jurisdicción, resolverá lo que en derecho proceda, respetando siempre y en todos los casos el interés superior de la niñez.

Artículo 42. A la sentencia o resolución de fondo que se dicte por el Órgano Jurisdiccional, le será aplicable igualmente lo dispuesto por el artículo 36 de la presente ley.

Artículo 43. Tanto el procedimiento de restitución niñas, niños y adolescentes, como en el que se ejercite el derecho de convivencia pueden coexistir, por lo que no se excluyen y pueden ser ejercitados al mismo tiempo, en ese caso el órgano jurisdiccional procurará la acumulación de los mismos con el propósito de evitar resoluciones o medidas cautelares contradictorias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los asuntos de Restitución Internacional de Menores y de Regulación de Visitas y Convivencia de Menores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se substanciarán hasta su total conclusión bajo aplicación de las normas vigentes con las que se hayan iniciado.

TERCERO. Los plazos para efectos de esta Ley se contarán en los días y horas hábiles, siempre y cuando tengan actividades los Órganos Jurisdiccionales que estén conociendo de los asuntos competencia de la misma, salvo las excepciones que la propia Ley establece.

Sen. Adriana Dávila Fernández".






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Miguel Romo Medina, con aval del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México. Se turna a la Comisión de Salud.

El Suscrito, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las causas que originan las mayores tasas de defunción en el mundo es la relacionada con el suicidio, concebido como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60 por ciento a nivel mundial. En el Informe “Preventing suicide. A global imperative” presentado por este organismo de las Naciones Unidas en septiembre del 2014, reveló que cerca de un millón de personas se suicidan en el mundo cada año.

Estos casos equivalen a una tasa de mortalidad global de 16 personas por cada 100 mil habitantes. En términos de tiempo, cada 40 segundos se suicida una persona en el planeta.

Ante este escenario, la OMS ha hecho un llamado a los gobiernos de cada país para que exista una convergencia de acciones entre las instancias gubernamentales, el sector salud y las organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a implementar estrategias de largo plazo a fin de definir un modelo de salud pública que atienda y sobre todo, prevenga este problema. [*]

Una de las características comunes en todos los países es que son más los hombres quienes deciden quitarse la vida, aunque son las mujeres quienes más lo intentan.

Desafortunadamente, México no es la excepción en los casos de suicidio. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo de 1990 a la 2012, la tasa de suicidios aumentó 114 por ciento. En este lapso, se incrementaron de 2.2 a 4.7 casos por cada 100 mil habitantes.

En las estadísticas presentadas por el INEGI en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en septiembre de 2014, reveló que en 2012 hubo 5 mil 549 casos, de los cuales el 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y el 19.4 por mujeres, quienes optaron por hacerlo dentro de su propio domicilio. [*]

Un dato alarmante revela que el principal método para suicidarse es por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. El 79.5 por ciento de los casos fue consumado por hombres bajo este método y el 64.8 por mujeres.

En 2012, el 15 por ciento de los suicidios se registró en la población adolescente cuya edad oscila entre los 15 a 19 años. Este fenómeno va en aumento en esta población debido a los cambios físicos y psicológicos que presentan, además de experimentar y enfrentar situaciones nuevas en la vida de muchos.
Es menester considerar que el suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales.

Para atender los casos en nuestro país, debe ser concebido como un problema de salud pública porque está relacionado con factores que atentan contra la salud mental de las personas.

Trastornos mentales como la depresión y exceso en el consumo de alcohol y drogas incrementan las causas, aunado a los problemas que afectan a la población infantil y adolescente en México por casos de bullying.

Si bien la Ley General de Salud establece que la salud mental es materia de salubridad general, las políticas públicas en este apartado deben estar encaminadas a fortalecer la prevención de suicidios, amén de todas las acciones que realiza el gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina.

[*] Organización Mundial de la Sadud. Informe “Preventing suicide. A global imperative” 2014, OMS, pág. 54.
[*]INEGI, Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del suicidio. 2014






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a informar respecto el estudio realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. sobre la superficie determinada en el estado de Coahuila para la explotación del Gas Shale. Se turna a la Comisión de Energía.

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por el que se exhorta al Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones informe a esta Soberanía respecto el estudio realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie determinada en el Estado de Coahuila para la explotación del gas shale, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la reforma constitucional en materia energética publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, el país tiene ya un instrumento jurídico que agiliza, faculta y otorga por parte del Estado contratos para la exploración, explotación y extracción del petróleo y demás hidrocarburos a particulares. A raíz de la reforma constitucional, se expidieron nueve leyes y se reformaron ocho normas vigentes, especialmente la Ley de Hidrocarburos que tiene como objetivo regular las actividades del sector como: el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos, además de la explotación y extracción.

Sin embargo, en materia de exploración de hidrocarburos, en el estado de Coahuila se han realizado estudios geológicos y se ha determinado que conforma con los estado de Chihuahua, Tamaulipas y parte de Veracruz la zona más rica en gas shale.

PEMEX ha identificado un área prospectiva de 43,000 km2. En la fase de evaluación, la paraestatal contempla realizar estudios sísmicos en un área de 10,320 km2. Adicionalmente, para acelerar la evaluación de los recursos en las principales áreas prospectivas, el Fondo "Conacyt-Sener-Hidrocarburos" está financiando un proyecto de adquisición y de análisis sísmico, bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Petróleo, en las principales áreas prospectivas del país, en una superficie de 2,700 km2.Además de otros servicios de exploración, específicamente en Coahuila.

El pasado mes de febrero del presente año, la Secretaría de Energía junto con el Gobernador del Estado de Coahuila y parte de su gabinete, en reunión a puerta cerrada intercambiaron información sobre el proyecto Galaxia que contiene los lineamientos para la exploración de mil quinientos kilómetros cuadrados para la extracción de aceite y gas shale. Este proyecto comprende los municipios de Hidalgo y Guerrero del estado de Coahuila, es parte de la cuenca de Burgos que comprende a México y Estados Unidos; es la zona más rica en hidrocarburos según el Instituto Mexicano del Petróleo.

Mi preocupación consiste en que no se ha trasparentado el resultado o informes a raíz del estudio de exploración, tampoco se han dado a conocer de forma concreta la superficie final; en consecuencia los volúmenes de extracción tampoco se han dado a conocer. Es importante dar a conocer toda la información relacionada con la exploración, porque de ella dependen múltiples factores que deben atenderse así como las necesidades de bridar servicios que se requieran para la explotación del gas shale, necesidades que son competencia de los Ayuntamientos, del Gobierno del Estado e incluso del Ejecutivo Federal.

Con la explotación de estos recursos, el estado tendrá la necesidad de crear y mejorar caminos, ampliar la red de energía eléctrica, ampliar la red de agua e inclusive concesionar el aprovechamiento de pozos, ampliar los servicios de salud, brindar el servicio de recolección de residuos y su manejo, entre otros.

Otros municipios con potencial de extracción son: Acuña y Jiménez, donde hay ocho bloques cuya licitación está dirigida a particulares. Sin embargo, el gobierno federal no solo tiene la obligación de velar por el principio que rige la constitución federal y las leyes en la materia de transparencia, me refiero a que debe garantizarse el principio de máxima publicidad.

El artículo 6º de la Carta Magna advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el principio de máxima publicidad incorporado en la constitución, implica que cualquier autoridad, debe realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada.

Sobre el proyecto Galaxia, debe hacerse mención que la investigación es financiada por el fondo sectorial de Conacyt-Sener del Gobierno Federal y la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. con recursos federales, pero mi preocupación consiste en que se den a conocer los resultados de dicha investigación, ya que así se podrá determinar si la zona a explotar puede es realmente de alto potencial para la extracción de aceite y gas shale, así como la sustentabilidad de dicha actividad.

En días pasados fue solicitada la información al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)sobre los avances del Proyecto Galaxia y el Convenio entre el Instituto Mexicano del Petróleo y la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V., la resolución CI/04-11/01/0115 del Instituto Mexicano del Petróleo se reservó la información, conforme al artículo 14 fracción II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre este supuesto me permito hacer una serie de consideración al respecto:

a. Que el Contrato celebrado por el Instituto Mexicano del Petróleo con la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V., tiene como finalidad realizar la investigación en los estados de Coahuila y Veracruz para determinar si la superficie y otros datos de importancia, materia del convenio, resulta apta para la explotación de aceite y gas shale.

b. Que independientemente de las formalidades del convenio así como sus cláusulas de reservas, entre ellas la de información, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Energía y todas las dependencias de la administración pública federal, de las entidades federativas y de los municipios que perciben recursos federales, tienen la obligación de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad. Lo que significa que, cualquier autoridad, debe realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial de que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificada bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada.

c. Que el artículo 14 fracción II de la Ley Secundaria en la materia, establece: “Artículo 14. También se considerará como información reservada:  

I. ...

II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;

III. a VI. …

…”

Respecto a la fundamentación sobre los contratos que traen consigo reservas por el secreto industrial, la Ley de la Propiedad Industrial establece que el secreto industrial es toda información que implica obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades y respecto de la cual haya adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad. La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza de los productos. En el mismo sentido, la ley en la materia, no considera secreto industrial aquella información que es del dominio público, excepto cuando la información se obtenga de particulares por motivos de solicitud de permiso, concesión, u otros. En este sentido la información que se generé por la exploración no involucra violaciones a las leyes correspondientes ya que una de las finalidades de la Ley de la Propiedad Industrial es proteger la industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

Ante esta tesitura la Dirección de Servicios en Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo, dijo que la información solicitada representa una ventaja competitiva del Instituto ante terceros por ser parte de una innovación tecnológica, cuyos resultados pueden ser sujetos a comercialización y de darse a conocer se verían afectados los trámites para obtener la protección correspondiente, al igual que las ventajas y beneficios.

Esta declaración limita la participación justa de los coahuilenses, pues no son los únicos interesados en explotar el gas shale, también limita la participación de otras personas físicas o morales que deseen solicitar los permisos o concesiones para la extracción. Por qué en Coahuila pretende entrar a un proyecto que, estando limitado por el secreto industrial y comercial no se sabe de los riesgos que desencadena la producción del gas shale.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Petróleo, para que informe a la brevedad a esta Soberanía, los resultados de la Investigación en el Estado de Coahuila del proyecto Galaxia, para la exploración del gas shale.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

http://www.energia.gob.mx/webSener/shale/shale_sp.html
Idem






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar las acciones necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras directas en nuestro país, así como a informar a esta Soberanía las causas de dicho desplome. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Contrario a las declaraciones del gobierno federal acerca de la llegada de inversión extranjera a nuestro país derivada de las bondades de la reforma energéticas, Informes del Banco de México dejan a la luz que la inversión extranjera en nuestro país ha presentado una reducción de 35 mil 500 millones de dólares en el transcurso del segundo año de la actual administración.

Las promesas del gobierno federal no solo no se han cumplido, en los hechos la situación de nuestro país dista mucho del proyecto planteado por el presidente al inicio de su administración.

Las, cada vez más, malas noticias en temas económicos dan al traste con el discurso oficial que enarbola la bandera de la movilidad, del momento mexicano.

El ejecutivo federal se niega a aceptar una realidad insoslayable, y tratan de aminorar el problema de la economía nacional con un discurso que destaca un sinnúmero de acciones que no presentan resultados palpables para la mayoría de los mexicanos.

Parece ser, que para el gobierno federal todo está bajo control y los malos resultados en materia económica son resultado de una grave crisis global, como si ellos no pudieran hacer nada al respecto.

La verdad es, que en efecto ellos no pueden hacer nada, pero no por las variables macroeconómicas internacionales, sino por su incapacidad para tomar las decisiones correctas para el país.

La muestra fehaciente de lo anterior, es lo que informa el Banco de México acerca del detrimento de la inversión extranjera.

La reducción en la inversión total de extranjeros en nuestro país representa una caída del 3.5 por ciento durante el año 2014. El Banco de México estima una baja de 54 mil 129 millones de dólares en la inversión extranjera directa lo que significa el menor nivel observado en los últimos cinco años.

En virtud de lo anterior, es que me permito hacer una llamada de atención acerca del tema, ya que una vez más queda evidenciada la falta de congruencia de nuestro gobierno federal.

Aún más, si comparamos la inversión extranjera captada en 2013 con el año pasado, el porcentaje de caída es de 35.86; es pertinente señalar que este dato, por demás preocupante, lo arroja el Registro Nacional de Inversión Extranjera.

Así, que constatamos que la administración federal hace bien en informarnos sobre este tipo de indicadores, ahora falta saber que hacen para corregir estas situaciones.

En términos generales, es una caída estrepitosa que de acuerdo a los datos del banco central no va a parar.

Los inversionistas extranjeros, de los que el gobierno federal tanto se jacta, están dejando de introducir sus capitales en nuestro país,

La lógica de la realidad mexicana no supone algo diferente, sólo la lógica de nuestros funcionarios federales advierte algo distinto.

Los inversionistas extranjeros saben que no hay condiciones óptimas para invertir en México. El costo de las malas decisiones del gobierno, y todos los casos de corrupción en los que se han visto envueltos los altos funcionarios de la administración pública federal han afectado seriamente la imagen de nuestra nación a nivel internacional.

Ya no es cuestión de percepciones, se trata de la cruenta realidad que atraviesa el país.

Hace algunas semanas participe con beneplácito en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, de la cual soy integrante, en la que asistieron representantes de Pen Internacional, institución benéfica que promueve la libertad de expresión.

Lo anterior viene a colación porque uno de los puntos de vista vertidos por nuestros invitados y que recogí con suma preocupación es la imagen de México que permea en gran parte del mundo.

Se habla de un México corrupto, violento, indolente en la protección a los derechos humanos, de un gobierno endeble que no garantiza un verdadero Estado de derecho, por mencionar algo.

Esta es la realidad nacional, la realidad que provoca que los inversionistas no quieran voltear a nuestro país.

Más preocupante resulta la respuesta del gobierno federal: estamos bien, el resultado positivo de las reformas estructurales está en camino, se avizora un México prospero, se proyectan grandes inversiones extranjeras, se habla de un país que está a punto de llegar a un momento histórico de bienestar general.

Sin embargo, para todos es claro que ese país que se proyecta en el discurso oficial no existe, no hay tal; y no se observan condiciones que cambien nuestra realidad.

La caída en la inversión extranjera directa es un elemento más de lo que sí sucede en nuestro querido país.

Es por tales motivos, que pongo a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que el gobierno federal emprenda las acciones necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras directas.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a implementar las acciones encaminadas e frenar el desplome de las inversiones extranjeras directas, así como a informar a esta Soberanía las causas que han provocado dicha caída.

Atentamente






Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del estado que guarda el Sistema de Información y Gestión Educativa. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional en materia de educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, señala que con el objeto de cumplir los cambios en los artículos 3º y 73, fracción XXV, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes, debían prever la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, para lo cual facultaba al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permitiera a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez.

Asimismo, mediante la reforma a la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 2013, se instituyó como parte del Sistema Educativo Nacional, al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), esto de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 fracción, IX de dicha reforma. Además determinó que era una obligación de la autoridad federal en la materia “crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa.

El cual estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”, según lo establecido en la fracción X del artículo 12 de dicha Ley.

De igual manera, dicha reforma contempló en su artículo 13, fracción VII, como una obligación de las autoridades educativas locales, “coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables; las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales”.

Por último, en el artículo décimo transitorio, el Congreso de la Unión estableció que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del decreto que promulgaba dichas modificaciones a la Ley General de Educación, para que estuviera en operación en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual debería contener por lo menos, la información correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas, las plantillas de personal de las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las mismas.

Derivado de estas disposiciones establecidas en la Ley, del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo el censo a escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. El objeto de dicho censo fue ubicar el total de centros, obtener información de su infraestructura instalada, servicios, equipamiento, y condiciones de los inmuebles donde se imparte educación básica y especial. Además pretendía identificar los docentes y personal administrativos que laboran en los mismos; conocer las características de sus plazas, escolaridad, funciones que realizan, así como la capacitación recibida y programas en los que participa; y finalmente identificar en los docentes el grado, grupo, materias y horas de clases que impartían. [*]

Asimismo, con el censo se pretendía identificar a cada uno de las alumnas y alumnos según el grado y nivel educativo, así como sus principales características sociodemográficas. De este modo, la información recopilada por el INEGI fue sobre un universo de 261, 631 centros de trabajo de educación básica y especial.

En él, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que del censo a escuelas de educación básica y especial, se obtuvo la siguiente información: [*]

• 207 mil 682 son escuelas de ese nivel educativa;

• 25 millones 562 mil 183 alumnos;

• 1 millón 949 mil 105 individuos que prestan sus servicios en uno o más centros de trabajo y son contabilizados tantas veces como en centros de trabajo laboren; mismos que corresponden a 1 millón, 675 mil 012 personas que laboran en los servicios educativos y oficinas administrativas censadas contabilizados de forma única.

Posterior a la publicación de los datos del Censo, diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron serias inconsistencias en los resultados. Por citar un ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), mediante un el estudio denominado, “Mapa del magisterio de educación básica en México”, daba a conocer que al último trimestre de 2013 los estados de Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas, no habían entregado sus nóminas magisteriales, asimismo ocho entidades más habían entregado reportes vacíos o incompletos. [*]

De igual modo asociaciones como Mexicanos Primero, Mejora tu Escuela y México Evalúa, en septiembre de 2014 denunciaron que los datos que arrojó el censo a escuelas de educación básica y especial, no se encontraban disponibles en su totalidad, además de hacer pública su preocupación acerca de que no se informó sobre el estado en que se encuentran al menos 332 mil plazas del sistema de educación básica pública del país. [*]

En este mismo sentido, a raíz de la publicación de estos resultados, organizaciones sociales dieron a conocer las inconsistencias del censo debido a que en estados como en Guerrero, Chiapas y Oaxaca no se obtuvo la totalidad de información. Por citar un ejemplo, en el Estado de Oaxaca “únicamente 47 por ciento de los centros escolares en la entidad fue censado por el INEGI, ello debido a la negativa a participar por parte de quienes integran la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.” [*]

Estas situaciones que han sido explicadas, en las voces de los expertos, han originado ciertas dudas y especulaciones acerca de la confiabilidad de la información obtenida, y han advertido que esto puede generar que las acciones a implementar no sean las más adecuadas.

Por otro lado, y como ya había sido mencionado anteriormente, la información del censo a escuelas de educación básica y especial elaborado por el INEGI, sería la base para llevar a cabo la estructuración del Sistema de Información y Gestión Educativa, conforme al mandato constitucional. Dicho Sistema estaría integrado, entre otros aspectos, por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. Este sistema debería permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. [*]

De acuerdo a lo señalado en este Diagnóstico, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha señalado que el SIGED, es un sistema holístico en el que se involucran personas, procesos, cultura, tecnología, normatividad, e información, mediante el cual se articulan elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional y genera información y conocimiento para su desarrollo.

En este sentido, en el pasado mes de diciembre, la SEP lanzó el portal www.siged.sep.gob.mx, mediante el cual daba buscaba cumplir con el mandato legal acerca de que en dos años el Sistema de Información y Gestión Educativa debía operando en todo el país y concluido, al menos en aspectos como la información correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas; las plantillas de personal de las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las mismas.

Sin embargo, dicho portal presenta deficiencias, ya que en la búsqueda de maestros para localizar su formación académica, trayectoria escolar o datos de centros escolares, se encuentran incompletos o no se cuenta con dicha información.

En este sentido, y aunado con las denuncia hechas por organizaciones no gubernamentales, resulta preocupante que el Sistema de Información y Gestión Educativa no se encuentre operando en su totalidad, tal y como quedó establecido en la reforma constitucional en educación, y en sus leyes secundarias, en los aspectos correspondiente y que dicho Sistema tenga información fragmentada, incompleta y poco fiable.

En caso de que dicho Sistema contará con los errores señalados en el presente punto de Acuerdo, así como con la información incompleta, resultaría preocupante, debido a que en la fracción I, inciso a), del artículo 21 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el señala que para el ingreso al servicio en la Educación Básica y Media Superior, “los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias expedidas por las Autoridades Educativas con base en la información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa.”

Es decir, a partir de la información que se encuentre en las bases de datos del SIGED, será el diseño de los concursos de oposición para el ingreso y promoción en el servicio, y por lo tanto si las bases de datos se encuentran incompletas o con información inexistente, se pondrían en riesgo los procesos de ingreso y promoción en las escuelas de educación básica y especial.

En este sentido, resulta de vital importancia que la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía cuál es el verdadero estado que guarda el Sistema de Información y Gestión Educativa, qué acciones se llevaron a cabo para poder cumplir en su totalidad con el censo a escuelas de educación básica y especial; cuáles son las razones por las cuales en el portal de internet del SIGED hay información se profesores y profesoras o centros escolares incompleta o como no localizada.

La reforma educativa nació en medio de la imposición y el descontento social, a más de dos años de entrada en vigencia es necesario conocer si la Secretaría de Educación Pública ha cumplido y está cumpliendo a cabalidad con las atribuciones que le otorgo dichos cambios constitucionales y en sus leyes secundarias.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fin de que rinda un informe pormenorizado:

• Del estado que guarda el Sistema de Información y Gestión Educativa;

• Qué acciones se han llevado a cabo para cumplir en su totalidad el censo a escuelas de educación básica y especial;

• Explique si el portal de internet www.siged.sep.gob.mx presenta fallas o deficiencias en su funcionamiento, y en su caso, explique las razones por las cuales no opera con normalidad o no presenta toda la información con la que debiera contar, y

• Explique si a consecuencia de que el censo a escuelas de educación básica y especial no se pudo concluir en su totalidad y las posibles fallas en el portal de internet del Sistema de Información y Gestión Educativa, no afectará los concursos de oposición a los que se refiere la Ley General de Servicio Profesional Docente, en cuanto al ingreso al Servicio en la Educación Básica.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín No 379 de fecha de 23 septiembre de 2013 disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/Septiembre/comunica9.pdf
[*] Secretaría de Educación Pública, “Diagnóstico E067 Sistema de Información y Gestión Educativa”, agosto 2014.
[*]Instituto Mexicano para la Competitividad “Mapa del magisterio de educación básica en México”, 2014, disponible en internet: http://imco.org.mx/capital_humano/mapa-del-magisterio-de-educacion-basica-en-mexico/
[*] Véase, “ONGs acusan que datos del censo educativo no son públicos”, Periódico el Financiero, 08-09-2014, disponible en internet: http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/ong-s-acusan-que-datos-del-censo-educativo-no-son-publicos.html
[*] Aragón, Evelin, “Únicamente el 47% de escuelas de Oaxaca fue censado por el INEGI”, periódico El Financiero, 07-04-2014, disponible en internet: http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/unicamente-el-47-de-escuelas-de-oaxaca-fue-censado-por-el-inegi.html
[*]Secretaría de Educación Pública, Op. Cit.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar recursos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Guerrero, con el fin de aumentar la matrícula en la carrera de medicina en el estado. Se turna a la Comisión de Educación.

El suscrito, Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II, 103 numeral 2 Fracción III y 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación a través de los siglos ha sido parte fundamental para el desarrollo de las naciones, ya que ayuda a eliminar las brechas de marginación y desigualdad en las sociedades, generando mejores y mayores oportunidades; además una población más y mejor educada significa una ciudadanía más informada, participativa y crítica.

En México para el ciclo escolar 2013-2014, la matrícula total del sistema educativo nacional fue de 35 millones 745 mil 871 alumnos, de los cuales 30 millones 922 mil 747 pertenecen a instituciones públicas y 4 millones 823 mil 124 pertenecen a escuelas privadas [*].

Del total de matrícula que hay en el país, 25 millones 939 mil 193 comprenden al nivel básico, 4 millones 682 mil 336 al medio superior, 3 millones 419 mil 391 a la educación superior y 1 millón 704 mil 951 al tipo capacitación para el trabajo.

En la actualidad México atraviesa un problema delicado en materia educativa, sobre todo en el nivel superior, en donde es muy limitado el acceso a las universidades públicas (9 de cada 10 aspirantes a la UNAM, UAM e IPN se quedan sin ingresar). En Guerrero la educación superior es un gran privilegio, según la SEP, de cada cien alumnos que ingresan a primero de primaria, 87 no llegan a la universidad, de estos solo ocho logran terminar una carrera y únicamente cuatro obtienen un título profesional.

Aunado a lo anterior, el acceso a instituciones de nivel superior se agudiza en carreras que presentan una alta demanda como lo son derecho, odontología, contaduría y medicina, tan solo esta última en la segunda vuelta que llevó a cabo la UNAM el año pasado, ofertó 129 lugares para los 5 mil 237 aspirantes. [*]

El mismo fenómeno se replica en las universidades públicas de los estados, por ejemplo de las más de 114 mil personas que se inscribieron en la carrera de medicina a nivel nacional, tan solo en Guerrero la cursan poco mas de 1300 estudiantes los cuales se reparten en 2 instituciones académicas que la imparten, la Universidad Autónoma de Guerrero y una de escuela privada.

La escasez de matrícula muchas veces es generada por la falta de escuelas o de docentes; en el caso de carreras como medicina también se debe a lo costoso de la misma, de ahí que la oferta provenga en mayor medida de escuelas públicas.

En nuestro país hay poco más de 343 mil personas con formación de médico, de las cuales 277 mil están ocupados. El número de médicos por cada mil habitantes en el país es de 1.9, cifra muy por debajo del promedio de la OCDE que es de 3.2. [*]

Mientras que entidades federativas como el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León se acercan a los 3 médicos por cada mil habitantes; en contraste, Guerrero y Zacatecas registran un médico por cada mil habitantes.

Ante este panorama es necesario dotar de mayor presupuesto a las instituciones públicas que impartan carreras de mucha demanda que logre ampliar la matrícula, además de incentivar la creación de instituciones que contribuyan a mitigar el rechazo de miles de personas que año con año intentan ingresar a la carrera de Medicina.

Asimismo, la ampliación de la matrícula en una carrera como medicina, además de disminuir los niveles de rechazados, va a permitir contar con un número mayor de médicos que pueden dar sus servicios en las zonas marginadas del estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se contemplen recursos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Guerrero con el fin de aumentar la matrícula en la carrera de medicina en el estado.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se implementen Caravanas de la Salud tipo UMM-3 [*]de manera permanente o constante en las comunidades con bajo índice de desarrollo humano del estado de Guerrero.

TERCERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Salud, lleven a cabo un programa que aliente a los egresados a laborar las zonas de más alta marginación.

Cámara de Senadores, 26 de marzo de 2015.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

[*] Secretaría de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos Principales cifras, ciclo escolar 2013-2014.
[*]http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/rechazados-por-unam-ipn-y-uam-de-cada-10-aspirantes-a-licenciatura.html
[*]Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014. México en comparación. http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf
[*]Unidad Médica Móvil 3 (UMM-3). Ofrece servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención médica y odontológica con consultorio de medicina general y un consultorio dental, equipadas con enlace satelital para telemedicina, equipo de video-conferencia, ultrasonografía, electrocardiografía; laboratorio de química seca y toma de muestras para cáncer cérvico-uterino; están conformadas por un médico general, un odontólogo, una enfermera y un promotor de la salud-polivalente.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo en relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el tren conocido como “La Bestia”, donde resultó un menor migrante hondureño muerto y otro gravemente herido, en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.








De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las previsiones económicas necesarias para diseñar un programa de apoyo a los productores agropecuarios que se vean afectados durante la temporada de sequía que se prevé durante este año 2015. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Los suscritos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La evolución del clima a nivel mundial ha presentado una serie de variaciones a lo largo de las últimas décadas. México no es la excepción, prueba de ello es la severa temporada invernal que recién acaba de terminar, la cual presentó frentes fríos y lluvias atípicas en diversas regiones del país.

En México se han generado una serie de fenómenos que están afectando seriamente los ecosistemas, la temporada invernal cada vez es más fría, el verano se presenta mucho más intenso ocasionando una serie de afectaciones principalmente en la producción agrícola y pecuaria del país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Zonas Áridas la sequía es uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el mundo. Además de sus efectos directos en la producción, la sequía puede afectar el abastecimiento de agua, forzar a las poblaciones a emigrar, e incluso causar hambrunas y muerte de personas.

A diferencia de otros desastres naturales, las consecuencias de las sequías pueden prevalecer por varios años, con un efecto negativo en el desarrollo.

El Director General de la FAO, ha destacado que "no hay seguridad alimentaria sin seguridad hídrica", y advierte que la escasez de agua y la contaminación suponen un riesgo cada vez mayor para los principales sistemas de producción de alimentos en todo el mundo.

El organismo internacional ha señalado que la sequía en algunas regiones del mundo ha dañado la producción mundial de cereales y contribuido al alza de los precios alimentarios desde 2007.

Las sequías representan un fenómeno que afecta directamente a la producción agropecuaria, la falta de lluvias incide de manera directa en los niveles de productividad del sector agropecuario, provocando campos áridos que no son aptos para poder conseguir las cosechas suficientes, desafortunadamente este fenómeno afecta en mayor medida a los grupos más vulnerables que no cuentan con sistemas de riego tecnificado.

Esta situación, no es exclusiva de nuestro país, también se está presentando en algunos estados fronterizos Estados Unidos, como lo es el Estado de California, en donde se ha anunciado un plan de emergencia de mil millones de dólares para enfrentar la sequía que afecta ese estado.

En nuestro país, las entidades federativas que han tenido mayor afectación por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, San Luís Potosí, la zona serrana de Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa y Sonora. Los principales daños se concentran en la ganadería, tierras de agostadero, y en cultivos como maíz, sorgo, trigo y otros forrajes.

El Gobierno de la República no ha sido ajeno a esta problemática, en enero de 2013 presentó el Programa Nacional contra la Sequía, el cual respalda a los productores con seguros catastróficos, la implementación del Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas, que permite tomar acciones de manera oportuna para hacerle frente a las contingencias por razones climatológicas y la creación de un Programa Nacional contra la Sequía.

Estas acciones han reforzado la estrategia implementada para disminuir los riesgos y costos que son generados por la sequía.

Desde 2014, nuestro país cuenta con un Monitor de Sequía, que ha permitido emitir mapas de sequía en escala de tiempo diferente a la mensual, siempre basada en la metodología utilizada por el USDM (monitor de sequía en los Estados Unidos) y el NADM (monitor de sequía de América del Norte).

Este monitor consta de una serie de materiales que incluyen una descripción de la sequía en el país, el conteo de municipios afectados por las diferentes categorías de sequía, tablas y gráficos de porcentaje de área afectada por sequía a nivel nacional, estatal, 13 Regiones Hidrológico-Administrativas y 26 Consejos de Cuenca.

Existen regiones focalizadas en el país en el que ya han manifestado, por medio de sus instituciones de protección civil (subcoordinación de Estudios Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil del Estado), sobre el alto riesgo o posibilidad de presentarse severas sequías, como lo es el caso de la zona norte del estado de  Veracruz, en regiones como Chicontepec, Huayacocotla y Tantoyuca, otro ejemplo es el estado de Baja California, en donde, también existe un alto riesgo de presentarse este fenómeno.

Los pronósticos para 2015 no son alentadores, por lo que es necesario que la SAGARPA defina un programa especial para apoyar a los productores del sector agropecuario, a fin de mitigar los efectos adversos de la sequía.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A LLEVAR A CABO LAS PREVISIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA DISEÑAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SE VEAN AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE SEQUIA EN 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

Atentamente






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un Decreto por el cual se incluya el nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic, para quedar como Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”. Se turna a la Comisión de Turismo.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Estamos a sólo unos días de la temporada vacacional de Semana Santa, una de las más concurridas del año; las estadísticas revelan importantes cifras en torno a la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, los cuales generan empleos y dinamizan la económica local y regional del país.

Lamentablemente también se presentan una serie de accidentes carreteros, sólo el año pasado la Policía Federal reportó 925 accidentes y la Cruz Roja atendió 19 mil 842 accidentes.

Por su parte, la Secretaría de Turismo registró el cruce de 23 millones 526 mil 577 vehículos por las 136 plazas de cobro, lo que representó un incremento de cuatro por ciento, respecto al operativo de Semana Santa de 2013.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, practicó 77 mil 430 exámenes médicos, de los que 73 mil 803 se aplicaron en el autotransporte, 101 en el transporte marítimo, 609 en el ferroviario y dos mil 917 en el aerotransporte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expidió 44 mil 216 visas y el Instituto Nacional de Migración atendió a 476 mil 592 connacionales como parte del Programa Paisano y en su programa normal a un millón 83 mil 929 personas.

Esta información, deja claro la necesidad de continuar y fortalecer los diversos programas que las autoridades ejecutan con la finalidad de garantizar la seguridad de los vacacionistas.

Entre estas acciones destaca el Operativo de Semana Santa 2015 del Instituto Nacional de Migración, que se implementa con la meta de garantizar el ingreso y tránsito seguro al país, de los mexicanos que residen en los Estados Unidos. También instrumenta la estrategia “Rutas Sugeridas”, con las cuales se brindarán opciones de tránsito confiables y paraderos de descanso.

Cabe destacar que en dichos paraderos habrá personal capacitado para brindar toda la atención e información que les permita a los paisanos llegar a su destino sin contratiempo alguno. En las “Rutas Sugeridas” se contará con 49 paraderos en todo el país, en los que los paisanos podrán tomar descansos sin ser víctimas de algún delito.

Estas acciones estarán vigentes hasta el próximo 14 de abril y contará con la participación de 870 observadores, cubrirá 132 ciudades y 189 municipios del país, ubicados en los centros de importación e internación temporal de vehículos, puentes y aeropuertos internacionales, garitas de abandono, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras y casetas de peaje.

Es importante mencionar que la corporación Ángeles Verdes y la Policía Federal brindarán apoyo y atención en las principales carreteras.

Otro aspecto que no podemos dejar de lado es que deben evitarse y sancionarse cualquier tipo de prácticas abusivas en perjuicio del público consumidor de servicios hoteleros y turísticos, por lo que se deben realizar acciones de supervisión y verificación de precios para evitar estos abusos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos en salvaguardar los intereses de la ciudadanía, por lo cual, impulsaremos las acciones necesarias para la seguridad de las mexicanas y mexicanos que viajan durante esta época del año.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar e informar sobre las operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigue e informe a esta soberanía sobre las operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del Estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V., al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo TRADE está conformado por tres empresas Leadman Trade S.A de C.V, Ficrea S.A. de C.V. y Baus & Jackman Leasing S.A. de C.V.

Grupo Trade se presenta como una consultora especializada que ofrece soluciones integrales en materia financiera para el sector Gobierno que provee servicios y herramientas necesarias para el manejo y control a gran escala para desarrollar e implementar servicios.

Por su parte Leadman Trade S.A. de C.V. es una empresa constituida el 21 de diciembre del año 2000, con el objeto principal de otorgar en arrendamiento maquinaria para la construcción de caminos, automóviles, camiones y tracto-camiones, así como mobiliario y equipo, su mercado objetivo son las pequeñas y medianas empresas. A partir de 2006 comienza a ofrecer arrendamiento al sector gubernamental especialmente a los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco Michoacán, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Los principales productos que ofrece a sus clientes son el arrendamiento puro y sale & Leaseback (el bien es adquirido con anterioridad al contrato por el arrendatario). La participación accionaria de Leadman Trade S.A. de C.V. se concentra principalmente en un accionista quien también es mayorista de la empresa FICREA.

En diciembre de 2011 Leadman Trade S.A de C.V. contaba con 3 fuentes de fondeo, FICREA es la de mayor relevancia, cuenta con el 95.3% de los pasivos financieros, BBVA Bancomer con el 3.4% e IXE 1.3%, hecho que constituye una acción fraudulenta si consideramos que por un lado GRUPO TRADE obtenía recursos mediante FICREA de inversionistas a quienes actualmente se ha privado de su patrimonio, caso en el cual se encuentra el Poder Judicial del Estado de Coahuila, y por otra parte obtenía contratos millonarios por parte de Leadman Trade S.A. de C.V., casualmente financiada ilegalmente por FICREA, una de sus filiales que actualmente se encuentra sumida en un escándalo de corrupción, y prófugo de la justicia mexicana su principal accionista por fraude a inversionistas de diversas partes del país, caso del que ya tiene conocimiento esta soberanía (CASO FICREA).

Durante 2011 Leadman Trade tuvo un balance general elevado mediante activos por arrendamiento puro en comparación del resto de las cuentas por cobrar. Esta situación se debe a que parte del equipo de transporte de la operación que sostuvo la empresa con el estado de Coahuila por un monto aproximado de 600 millones de pesos en 2010.

En los últimos años la triangulación que registraba la empresa Leadman Trade con FICREA es de considerarse, ya que la base de crédito para respaldar la información contable contaba con las tres fuentes de fondeo siendo la sofipo FICREA la de mayor relevancia.

De anterior, se hace necesario solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que inicie una investigación de las operaciones del Gobierno del estado de Coahuila con la empresa Leadman Trade S.A de C.V., con el único propósito de conocer los montos de recurso recibidos por dicha compañía por parte del Gobierno de Coahuila, esto derivado de las obligaciones asumidas mediante contratos de arrendamiento que tengan celebrados Leadman Trade S.A. de C.V. y el Gobierno de Coahuila durante el periodo comprendido del año 2006 al año 2011.

Si bien es cierto que la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la fracción XIX Bis del artículo 4, faculta a la Comisión para investigar a las entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con el propósito de obtener información, esto a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ello mi exhorto a esta dependencia para que informe a esta soberanía sobre dichos montos que han concretado las partes, esto previa investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigue e informe a esta Soberanía sobre las operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del Estado de Coahuila y la Compañía Leadman Trade S.A. de C.V., durante el periodo comprendido del año 2006 al año 2011, así como para que se informe el monto total de capital pagado durante dicho periodo por parte del Gobierno de Coahuila a favor de Leadman Trade S.A. de C.V., así como el monto de capital pagado por parte de Leadman Trade S.A. de C.V. a favor del Gobierno de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa emergente para la creación de albergues para las especies de fauna silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los circos el uso de animales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCION por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades implementen un programa emergente para la creación de albergues para las especies de fauna silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los circos el uso de animales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 9 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  la reforma a la Ley General de Vida Silvestre, que contiene modificaciones al artículo 78 para prohibir a los circos el uso de ejemplares de vida silvestre.

En el apartado de artículos transitorios establece una vacatiolegis de ciento ochenta días naturales para la entrada en vigor del decreto. Lo que significa que el día 8 de julio formalmente entrará en vigor la norma publicada.

Sin embargo, en los últimos días dueños de circos han manifestado su sentir sobre la reforma, desgraciadamente no son alentadoras ya que los dueños tienen la visión de optar por sacrificar a sus animales. Por otro lado a pesar de los esfuerzos de las dependencias federales de mitigar la carga económica que representan la manutención y cuidado de las especies, la situación realmente es preocupante, ya que la mayoría de ellos son especies exóticas, es decir, aquellos que se encuentran fuera de su hábitat natural y que son capaces de sobrevivir y adaptarse a un hábitat distinto.

Una de las acciones que están obligados a realizar los dueños de los circos y que se encuentran plasmadas en la parte transitoria del decreto, es sobre la elaboración de un listado de las especies que deberán entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que esta dependencia  a su vez la ponga a disposición de los zoológicos del país, con la finalidad de que estos puedan albergar algunos ejemplares mediante una selección discrecional.

Una vez que los zoológicos, de acuerdo a su capacidad tengan la posibilidad de albergar a ciertas especies se harán los tramites respectivos; sin embargo el resto podrán ser entregadas a los Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, perteneciente a la SEMARNAT. Esta situación representa para los centros la generar gastos por concepto de alimentación y cuidados adicionales. Estas medidas programadas han causado una gran problemática tanto para el gobierno federal como para los propietarios de los circos, principalmente por la enorme carga financiera que involucra gastos desde la alimentación hasta servicios médicos para las especies. Esta situación, ya presente, surge por la falta de espectadores en los circos, lo que genera bajo ingreso económico para la empresa circense que aun brinda espectáculo. “Lo grave está por venir” esta expresión es generalizada para los dueños que integran este gremio, porque se verán obligados a entregar sus animales sin las reglas aun definidas para el manejo y cuidados de las especies, mucho menos se tienen las reglas claras para el procedimiento del manejo; debe existir un programa nacional, estatal o municipal donde contemple los procedimientos para la recepción y sobre todo se garantice la entregar de una compensación suficiente a los dueños de las especies.

Actualmente, las políticas encargadas de atender a estas especies a raíz de la reforma no son las idóneas, por ello mi preocupación para que los animales cuenten con un trato digno y respetuoso. Por fortuna ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de este año las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que el trato en cautiverio, en exhibición, transporte, explotación, entrenamiento y manutención, así como vigilar su cumplimiento, debe velarse en todo momento el trato digno y respetuoso.

Por otro lado, los Centros de Conservación e Innovación de Vida Silvestre (CIVS), surgen por mandato de la Ley General de Vida Silvestre desde el año 2000 y con la entrada en vigor del Reglamento en el 2006 se refuerzan las facultades de los CIVS, de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Vida Silvestre. Estos centros tienen la facultad de hacer la recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción y canalización de ejemplares silvestres, producto del rescate, entrega voluntaria o aseguramiento por parte de la Procuraduría Federarla de Protección al Ambiente o la Procuraduría General de la República.

Además, estos Centros deben contar con un registro de las personas físicas o morales con capacidad de mantener ejemplares de fauna silvestre en condiciones adecuadas y que los centros canalizan. Es necesario que la SEMARNAT informe sobre el estado actual de los zoológicos y los centros de conservación e investigación en relación a la operación, manejo y cobertura de sus instalaciones, especialmente que informen si realmente cuentan con la capacidad de albergar adicionalmente un número considerable de especies de fauna silvestre exóticos, como los que hay en los circos.

Por otro lado, es importante que estas especies de animales cuenten con la salud óptima y a la vez cuenten con las medidas complementarias para la conservación. En este orden de ideas, las bases para el diagnóstico, rehabilitación clínica y etológica de la fauna silvestre le corresponde ejercerla los Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, caso particular de las especies de fauna silvestre proveniente de los circos, tienen que velar por el estado de salud de forma general de los animales.

Otra inquietud, tiene que ver con el tema de financiamiento, una vez que los zoológicos realicen la selección de especies, un buen numero de estas pasaran a los Centros de Conservación e Investigación de Vida Silvestre, sin embargo por el número de especies, es necesario que estos centros cuenten con recursos suficientes para mantener su resguardo y demás acciones relativas a su bienestar. Por ello, es que la SEMARNAT mediante un diagnostico general, evalué y formule un presupuesto actualizado donde contemple erogaciones destinado para los centros. Esta ampliación de recursos sea exclusivamente para dar cumplimiento al trato digno y respetuoso a los animales provenientes de los circos. Mi exhorto es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere y destine recursos suficientes para este fin.

Por último, en los distintos medios de comunicación se han hecho declaraciones de empresarios y dueños de los circos que ven como una alternativa sacrificar a los animales que les pertenece, hoy se maneja una cifra de 4 mil ejemplares. Ante estas amenazas desesperadas resultan ilegales, de conformidad con el artículo 122, fracción III, establece como infracción a quien realice actividades de aprovechamiento y que involucre dar muerte a ejemplares de vida silvestre, se les impondrá una multa de 50 a 50,000 días en base a salario mínimo para el Distrito Federal. Antes de que los propietarios de los circos enfrentar estas consecuencias económicas, vale la pena que la Procuradurías Federal de Protección al Ambiente fortalezca la vigilancia para salvaguardar la vida de las especies, pero que además la SEMARNAT, adquiera estas especies mediante una retribución económica para que los dueños que brindan estos espectáculos no se vean más afectados de lo que ya lo están.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan los zoológicos legalmente establecidos y de los Centros para la Conservación e Investigación, así como su capacidad técnica y financiera para la manutención y cuidado de los animales de vida silvestre que albergan actualmente, asimismo informe sobre los estudios previos realizados para ver si cuentan con la capacidad adicional de albergar especies sin poner en riesgo el trato digno a los que actualmente tienen.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de los Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, refuerce y establezca un programa para verificar la salud de los animales, así como su rehabilitación, protección y canalización, a raíz de la reforma que prohíbe a los circos el uso de ejemplares de vida silvestre.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que de manera urgente destinen recursos suficientes para atender de forma integral a los animales a raíz de la reforma que prohíbe a los circos el uso de ejemplares de vida silvestre.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que refuerce la vigilancia en los circos para evitar que sean sacrificadas las especies de vida silvestre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de mes de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván






El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, sobre el centésimo segundo aniversario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León.

DE LA SENADORA MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA REFERIRSE AL CENTÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, OCURRIDO EL 5 DE ABRIL DE 1913.

Este 5 de abril se cumplirán ciento dos años del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León, colimense ejemplar que en 1979 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Gobernadora en nuestro país, suceso medular para el empoderamiento y reivindicación de la mujer, así como para la equidad e igualdad de género.

Por su gran trayectoria es un modelo a seguir para las mujeres que formamos parte de esta Soberanía Nacional, y en general para todas las mujeres que se desempeñan en ámbitos que tradicionalmente sólo habían sido ocupados por hombres.

En el marco de esta celebración, es oportuno hacer una recapitulación de los pasajes más representativos en la vida de esta escritora y política excepcional que con su amplio legado logró posicionarse como una de los principales referentes en la consolidación de los derechos político-electorales de las mujeres en México.

Mujer brillante y multidisciplinaria que nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco, fue bisnieta de Don Manuel Álvarez Zamora (ilustre mexicano que fue Diputado en el Congreso Constituyente de 1857 y primer  Gobernador de Colima), e hija Don Miguel Álvarez García (Gobernador de Colima de 1919 a 1923) y de la señora María Dolores Guadalupe Eugenia Ponce de León.

Debido a que en sus primeros años quedó en orfandad, creció en la Ciudad de México, donde se graduó como maestra para después continuar con su formación académica en la Escuela Normal de Especialización y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica en Lengua y Literatura Hispánicas.

En el ámbito de la literatura, se caracterizó por el estilo de su prosa, ensayos y sonetos, basta ver la obra titulada “Diez mujeres en la poesía mexicana del siglo XX”, también colaboró en diversos medios de comunicación como la Revista de Revistas, Ovaciones, Excélsior y Novedades. Su compromiso con la difusión de la cultura la llevaron a formar parte de la Comisión Nacional de México para la UNESCO; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica y el Consejo Mexicano de Escritores.

Dentro de la administración pública, es reconocida por la gran labor y vocación de servicio que mostró como Directora General de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia;  Jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; Senadora de la República por el estado de Jalisco;  y Gobernadora del estado de Colima.

Igual que en todos los ámbitos de su vida, al frente del Gobierno de Colima guió sus esfuerzos bajo la premisa de “educar para progresar”, realizando grandes acciones en beneficio de toda la población, entre las que destacan la creación del Centro de Atención a la Mujer, la Alianza de Mujeres de México, la Asociación Mexicana de Bienestar Social y el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Colima.

Por otro lado, llevó a cabo la construcción de guarderías, albergues infantiles, bibliotecas, el Lienzo Charro, la Casa de Cultura, el Parque Regional Metropolitano y el Jardín Corregidora, esto deja de manifiesto su compromiso con los grupos vulnerables y el acceso a la cultura.

La maestra Griselda Álvarez Ponce de León materializa y concentra las más altas virtudes –valor, liderazgo, determinación, constancia e inteligencia-, de ahí que a lo largo de su vida fuera distinguida con múltiples reconocimientos, por mencionar algunos, están las medallas: Rafael Suárez, General Manuel Álvarez, al mérito Benito Juárez, María Lavalle Urbina y Belisario Domínguez. Además, en 1981 la Asociación de Damas Publicistas de México la nombró "Mujer del Año.”

Desde el Senado de la República, es un honor homenajear y recordar a esta valiente mujer que después de una vida de logros de diversa índole, con 95 años de edad murió el 26 de marzo de 2009.

Compañeras y compañeros legisladores, no hay adjetivos suficientes para describir la grandeza de una de las más grandes precursoras del empoderamiento de las mujeres y la reivindicación de nuestro papel en la sociedad.

Como mexicana y colimense, a ciento dos años del nacimiento de Griselda Álvarez Ponce de León, hago el llamado para que a través del acceso a la cultura, la educación y la justicia consolidemos la equidad e igualdad de género en nuestro país. 






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el Plan de Guadalupe.

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.-

EFEMÉRIDE

Tras el golpe de Estado que permitió la promoción de Victoriano Huerta a la Presidencia de la República, y con la muerte de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, el entonces Gobernador de Coahuila, recibió facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Local para formar un Ejército y restablecer el orden constitucional.

Carranza abandono Saltillo con la firme voluntad de organizar sus tropas y hacer frente a las fuerzas federales; en Ramos Arizpe, Coahuila, llega a la Hacienda de Guadalupe donde el 26 de marzo del mismo año proclamó el Plan de Guadalupe.

Siete  fueron los puntos que convirtieron al Plan de Guadalupe en la plataforma político de la Revolución Constitucionalista;

Primera. Se desconoce al Gral. Victoriano Huerta como Presidente de la República.

Segunda. Se desconocen también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

Tercera. Se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este Plan.

Cuarta. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila.

Quinta. Al ocupar el ejército constitucionalista la ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando.

Sexta. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.

Séptima. El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los altos poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

El documento fue la respuesta inmediata de las fuerzas constitucionalistas al golpe militar en contra del régimen de Madero el cual, desde sus inicios enfrentó sublevaciones de grupos civiles y militares descontentos de su forma de gobernar, que buscaban la restauración del régimen porfirista.

Fue así como los jefes y oficiales, con mando de fuerzas constitucionalistas, reunidos en Guadalupe y bajo la dirección de Venustiano Carranza acordaron sostener, por vía de las armas, aquel documento.

Hoy celebramos el centésimo segundo aniversario, de la firma de este documento histórico. Que nos recuerda nuestra obligación como senadores de la república de respetar y defender nuestra constitución.

Por su atención, muchas gracias.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el CII aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe.

EFEMÉRIDE: “CII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE GUADALUPE”

La concepción del Plan de Guadalupe se gestó en un momento histórico para el país. La restitución del orden constitucional era fundamental en el país, que apenas veía luz después del triunfo de la Revolución.

Las expectativas de un futuro promisorio para México se vislumbraban ya, en el terreno de lo palpable. Sin embargo, la usurpación de Huerta volvía a poner al país en un ambiente de total incertidumbre. Todo lo ganado en el proceso revolucionario se veía truncado por los afanes de poder del General Victoriano Huerta.

La clase política mexicana ajena al golpe huertista, encabezada entre otros, por Venustiano Carranza se determinaron en bloquear los planes del dictador, y con base en el Plan se contrarresto las ambiciones de Huerta.

Hoy en día, para muchos ha quedado claro que la esencia del Plan tiene que comenzar a replantearse.

La falta de rumbo en el proyecto de nación del Presidente Peña, aunado a las evidentes muestras de la ambición de su grupo político por despojar a la nación nos llevan a pensar en la impostergable necesidad de replantear nuestro orden constitucional.

Las reformas constitucionales que logró imponer el actual gobierno, no son consecuencia del consenso entre todas las fuerzas políticas. Son resultado de la ambición de una clase política empeñada en servirse del poder y que ha colocado al país en un momento de incertidumbre.

Hoy el contenido del Plan de Guadalupe está vigente, debemos de comenzar a restituir el orden constitucional, debemos replantear el proyecto de nación.






Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, sobre “La Hora del Planeta”.

EFEMÉRIDE RELATIVA A LA HORA DEL PLANETA

26 DE MARZO DE 2015

Con su venia, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) ha creado la “Hora del Planeta”, una campaña global de movilización y lucha contra el cambio climático, basada en impulsar las acciones locales para mitigar este fenómeno global.

La Hora del Planeta consiste en que millones de personas en todo el mundo apaguen sus luces durante una hora, para mostrar su compromiso con el planeta. Se celebra el último sábado de marzo de cada año, iniciando a las 20:30 horas de cada localidad.

Esta acción inició en Sidney, Australia, en 2007, con la participación de más de 2.2 millones de personas. En 2008 participaron 35 países y 400 ciudades alrededor del mundo. Actualmente participan más de 7 mil ciudades, pueblos y municipios de 162 países.

Cabe destacar que 60 países y 163 ciudades están realizando acciones adicionales, derivadas de la Hora del Planeta, como es el “Desafío de las Ciudades”, programa encaminado a motivar y reconocer los esfuerzos de las ciudades que lideran el desarrollo bajo en carbono.

Con respecto a los resultados, la Hora del Planeta ha generado un alto impacto en los medios globales de comunicación. Se han generado más de 70 millones de interacciones digitales, 4 millones de interacciones directas y mil 200 millones de menciones en  Twitter.

Asimismo, se estima una donación total de $56.9 millones de dólares a nivel global derivados de las acciones de la “Hora del Planeta”.

Este año, la Hora del Planeta se celebrará el sábado 28 de marzo, invitando a la participación de gobiernos, empresas, organizaciones civiles, centros educativos y público en general.

Se hará énfasis en impulsar resultados favorables en la reunión climática global (COP21) que se realizará en París al final del año, donde se buscará llegar a un nuevo acuerdo internacional en materia de cambio climático.

2015 es el noveno año en que se celebra la Hora del Planeta. Este sábado, al igual que en años anteriores, millones de personas y comunidades demostrarán su responsabilidad para asegurar un futuro sustentable para todos.

Monumentos emblemáticos de la humanidad en todo el mundo quedarán a oscuras, mientras la población mundial se unirá para exigir a los gobiernos un diálogo abierto sobre el presente y el futuro del planeta.

El Partido Verde se une a esta iniciativa global, invitando a los Senadores y a todos los que nos escuchan, a apagar durante una hora las luces no esenciales de su hogar o centro de trabajo, a fin de demostrar que sí es posible tomar acción frente al cambio climático y sus consecuencias.

Es cuanto, Senador Presidente.

ATENTAMENTE

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino”.

Día mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino

26 DE MARZO

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES 
LXII LEGISLATURA

El 26 de marzo se celebra el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero. Es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer, y prácticamente todos los casos están relacionados con la infección genital por papilomavirus humanos (PVH). La prevención, clave para evitar esta enfermedad.

Cerca de un 80 por ciento de los casos y una proporción aún mayor de las muertes por esta causa se registran hoy en países de bajos ingresos, donde prácticamente no hay acceso a la detección y tratamiento de esta enfermedad.

Se trata de un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino (el órgano que conecta el útero con la vagina). Por lo general,  crece lentamente, y puede no tener síntomas.

Sin embargo,  puede encontrarse con un frotis de Papanicolaou común (un procedimiento en el que se raspan células del cuello uterino y se observan bajo un microscopio). El cáncer de cuello uterino es causado por los virus de papiloma humano (VPH). Hoy existen vacunas seguras y eficaces contra los tipos de VPH responsables de la mayoría de los casos de cáncer, que en el país son gratuitas y obligatorias para chicas de menos de 13 años, pero las pruebas de detección (básicamente el PAP) para cáncer o pre-cáncer siguen siendo una estrategia fundamental.
En general, las mujeres contraen el VPH entre los 16/17 y 30 años, y el pico de infección coincide con el comienzo de la actividad sexual. Usualmente el cáncer de cuello uterino se detecta mucho más tarde, por lo general después de los 40 años, con una incidencia pico alrededor de los 45 años y una mortalidad pico cerca de los 60 años. Por lo tanto, generalmente hay una demora prolongada entre la infección y el cáncer invasivo.

En sus etapas más tempranas, el cáncer cervical es más tratable y por lo general no produce ningún síntoma y es por esta razón que frecuentemente las autoridades de salud insisten en la realización de citologías periódicas, a través de campañas y autorizaciones anuales en las entidades de salud para que se tomen el examen, además de la importancia de protegerse con preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. Realizar regularmente controles ginecológicos: el Papanicolaou con o sin el complemento de la colposcopía es la mejor arma para defendernos. De esta manera, el virus puede detectarse a tiempo y eliminado con el tratamiento adecuado. Recordar que la enfermedad sólo se transforma en mortal cuando se convierte en invasora. Y permanece no invasora durante cinco a 10años, período en el que es fácilmente detectable por el Papanicolaou.

Atentamente

Jueves 26 de marzo de 2015

H. Cámara de Senadores

Senador Francisco Salvador López Brito






CITA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el martes 7 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:31 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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