Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 22 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Abril de 2015

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  






















INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 10 Y EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos.

































CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO, ADOPTADO EN GINEBRA EL 26 DE JUNIO DE 1973

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social. Intervienen los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, María Alejandra Barrales Magdaleno, Mayela Quiroga Tamez, Angélica de la Peña Gómez, Fidel Demédicis Hidalgo, Lorena Cuéllar Cisneros, Fernando Enrique Mayans Canabal, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena García Gómez. Se insertan intervenciones de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y David Monreal Ávila. Se remite al Ejecutivo Federal.


























 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se abre la sesión del martes 7 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintiocho minutos del día jueves veintiséis de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados,  oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2015.-  Se aprobó en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores,  informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero de 2015.- Quedó de enterado.

(Iniciativa)

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, denominado "De los migrantes en retorno", al Título Cuarto de la Ley de Migración.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física” .- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión Contra la Trata de Personas, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear sus respectivas comisiones ordinarias contra la trata de personas.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Adriana Dávila Fernández del PAN. En la discusión en lo general intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

Por acuerdo de los grupos parlamentarios y de la Mesa Directiva, se presentaron las proposiciones con punto de acuerdo sobre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui.- Intervinieron los Senadores para presentar su propuesta: Javier Corral Jurado del PAN; Dolores Padierna Luna, a nombre del Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Zoe Robeldo Aburto, a nombre del Senador Mario Delgado Carrillo del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Layda Sansores San Román del PT; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Las propuestas no fueron consideradas de urgente resolución. Las propuestas de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carrillo se turnaron a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. La propuesta presentada por el Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruíz, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, se turnó a la Junta de Coordinación Política, con opinión de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, y la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Salud y de Estudios Legislativos Primera, un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión. Con dispensa de trámites, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Comisión de Salud y, Miguel Ángel Chico Herrera, por la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT, Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, Francisco Salvador López Brito del PAN y, Margarita Flores Sánchez del PRI. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez del PRI, Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, Arquímedes Oramas Vargas del PRI y, Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

(Iniciativas)

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Miguel Romo Medina, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.-  Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie determinada en el estado de Coahuila para la explotación del gas shale.-  Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar las acciones necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras directas en nuestro país, así como a informar a esta Soberanía las causas de dicho desplome.-  Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del estado que guarda el Sistema de Información y Gestión Educativa.-  Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar recursos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Guerrero, con el fin de aumentar la matrícula en la carrera de medicina en el estado.-  Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo en relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el tren conocido como “La Bestia”, donde resultó un menor migrante hondureño muerto y otro gravemente herido, en el estado de Puebla.-  Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las previsiones económicas necesarias para diseñar un programa de apoyo a los productores agropecuarios que se vean afectados durante la temporada de sequía que se prevé durante este año 2015.-  Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional.-  Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un decreto por el cual se incluya el nombre el poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic, para quedar como Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo.-  Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”.-  Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar e informar sobre las operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V.-  Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa emergente para la creación de albergues para las especies de fauna silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los circos el uso de animales.-  Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Efemérides)

La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el centésimo segundo aniversario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  remitió efeméride sobre el “Plan de Guadalupe”.-  Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  remitió efeméride sobre el CII aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe”.-  Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,  remitió efeméride  sobre “La Hora del Planeta”.-  Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y un minutos y citó a la siguiente el martes siete de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si es aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, con la que remite el informe de su participación en calidad de Observador de la Delegación Mexicana que asistió a las sesiones extraordinarias de preparación para la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de Drogas, en el marco del 58º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, que se realizó en Viena, Austria, del 9 al 12 de marzo del año en curso.







 

Y de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su informe anual 2013-2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política nos remitieron un Acuerdo que propone modificaciones en la conformación de las comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente, para un segundo periodo de cuatro años.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Enrique de Alba Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para un segundo periodo que concluirá el 31 de diciembre de 2022.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población y Desarrollo para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el nombramiento a favor del ciudadano Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Secretaría de Gobernación remite también un oficio con solicitud de autorización para que elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México salgan de los límites del país, en los cruceros de instrucción y ejercicio siguientes:

1. Cruceros de Instrucción “Caribe 2015” y “Pacífico Norte 2015”, ambos del 9 de junio al 14 de julio de 2015.
2. Crucero de Instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015.
3. Ejercicio Multinacional “Dawn Blitz 2015”, del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015.
4. Ejercicio Multinacional “Tradewinds 2015”, del 15 al 24 de junio de 2015.
5. Ejercicio Multinacional “Unitas Pacífico LVI”, en el mes de octubre de 2015.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, la Secretaría de Gobernación nos remitió un oficio por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9 a 11 de abril 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Panamá, señor Juan Carlos Varela Rodríguez, para participar en la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, Panamá.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Secretaría de Gobernación nos hace llegar un oficio con el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que remite:

La información relativa a la evolución de la finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2015; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015.



 





 

Asimismo, nos hace llegar el documento que contiene:

Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016;

Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2016: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase ésta, y la anterior información, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite copia del dictamen a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el informe sobre la composición y situación financiera de sus inversiones, correspondiente al cuarto trimestre de 2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su informe de actividades correspondiente a 2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase el informe referido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Población y Desarrollo.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Les informo que recibimos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, correspondiente a 2014.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase este informe a la Comisión de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio por el que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas.



El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.





 

En el apartado de iniciativas, se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 10 Y EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Presentada por la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa que presento a nombre propio, así como de algunos compañeros Senadores de la República, en función de una preocupación que nos ha surgido por el hecho de darnos cuenta de que existe una realidad en nuestro país que no hemos podido acabar: hay, en toda la República, millones de niñas y de niños que siguen siendo víctimas del trabajo infantil.

Y si bien es cierto que las niñas, niños y adolescentes en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil, según la UNICEF, en las zonas urbanas no están exentos y también, desafortunadamente, seguimos viendo muchos casos a la luz pública, muchas situaciones que vemos seguramente todos los días y que cerramos los ojos ante ellas.

Aquí mismo en la ciudad de México, sobre la Avenida Reforma, en el crucero de Viaducto y de Chilpancingo, en algunas otras ciudades del país como en Puebla y en Guadalajara, seguimos viendo cómo niñas y niños, algunos pequeñitos, inclusive, de menos de tres, cuatro años, los vemos limpiando carros, llevando alguna especie de espectáculo a cambio de dinero, son pequeñitos y adolescentes que son colocados ahí en estos cruceros por personas adultas que se aprovechan para poder recabar un dinero, que si bien es cierto es necesario para el sostenimiento de la familia misma, no es la mejor manera de poderlo conseguir.

¿Por qué? Porque es evidente el riesgo que se corre en la vida misma de estos pequeñitos, el riesgo que se corre contra la integridad de los mismos.

Y si bien es responsabilidad de los padres de familia o de los tutores al presenciar semejantes escenas que involucran desde pelotas y bastones, hasta gasolina y lumbre, no podemos dejar de preguntarnos: ¿quiénes son los funcionarios que permiten que siga sucediendo esto en México?

La presente iniciativa, por lo tanto, tiene dos objetivos centrales:

Primero. Establecer como explotación el trabajo de una persona menor de 15 años de edad que laboren en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación.

Y, en segundo término, imponer una pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa a quien explote con fines económicos y laborales a estas personas menores de 15 años.

Si además se trata de un servidor público que esté involucrado, se incrementará la pena en la mitad más uno.

La Organización Internacional del Trabajo define precisamente al trabajo infantil como toda actividad económica que se lleva a cabo por los menores de 15 años de edad, sin importar el régimen jurídico de su contratación.

Vemos que hoy en día todavía hay 168 millones de niñas y de niños en el mundo que laboran, y que este universo de pequeñitos representa el 11 por ciento de la población infantil.

De todos estos niños, niñas y adolescentes que tienen que trabajar, la mitad de ellos están poniendo en riesgo su vida, su salud, su seguridad y la moralidad misma o su integridad como personas, por la naturaleza misma del trabajo que están llevando a cabo.

Es además grave que el 36 por ciento de todos los niños que trabajan, por obligación en muchos casos, no asiste a la escuela, es decir, se están perdiendo de la oportunidad de tener una educación y, por lo tanto, no se les está garantizando uno de los derechos fundamentales que tienen consagrados en muchos instrumentos internacionales.

De hecho, podemos apreciar cómo de los niños y niñas que tienen que trabajar, el 23 por ciento lo hacen para pagar su escuela y sus gastos propios; el 31 por ciento lo hace porque se necesita su aportación económica en su hogar; el 22 por ciento lo hace solamente por querer ayudar, aunque no sea indispensable su aportación; y algunos otros lo hacen para aprender un oficio.

Entonces, son diferentes las circunstancias que orillan a los niños a trabajar; sin embargo, debemos de preguntarnos como Estado, como autoridades, como servidores públicos, hasta dónde llega nuestra responsabilidad para coadyuvar en el bienestar de las niñas y los niños, aun cuando requieren de un ingreso adicional para poder subsistir su familia o para tener condiciones de educación idóneas.

Y es que el hecho de que tengan que trabajar los niños y las niñas significa que se están vulnerando muchos de sus derechos consagrados en nuestra Constitución, en los instrumentos internacionales, derechos como la protección a su integridad física, mental, moral, derechos como el propiciarles condiciones de educación y de salud idóneas y como no estar en contra de su desarrollo pleno, su desarrollo íntegro.

Debemos de señalar también que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó un estudio a fondo y llevó a cabo una clasificación del trabajo infantil. Se destaca en esta investigación, que el trabajo en calle y el trabajo forzoso o servil, es un trabajo de alta peligrosidad no solamente para la integridad física de la persona, sino inclusive tratándose de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Específicamente el trabajo en las calles tiene que ver con la venta de comida, con la limpieza de vehículos y de calzado y, sobre todo, con estos espectáculos callejeros que ponen en riesgo la vida de las personas, vulnerándose así el derecho humano a la vida, que es el elemento fundamental para que podamos tener condiciones óptimas de desarrollo.

La presente iniciativa plantea adicionar la fracción IV Bis al artículo 10, y adicionar el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, para quedar de la siguiente manera:

En el artículo 10, señala que se entenderá por explotación de una persona, la fracción que se agrega señala: “la explotación laboral infantil, en términos del artículo 21 Bis de la presente ley”.

Y el artículo 21 Bis, señala lo siguiente: “a quien explote con fines económicos y laborales a una persona menor de 15 años en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, que ponga en riesgo la integridad emocional, física, psicológica y de salud de las personas referidas, se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días de multa. La pena máxima se incrementará en una mitad más cuando se trate de un servidor público”.

Las niñas, niños y adolescentes, que son lo más valioso que tiene una nación, debemos de procurarles el mejor desarrollo, evitando las situaciones que ponen en riesgo su desarrollo pleno como personas y, además, el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Pedroza Gaitán.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para pedirle, respetuosamente, le solicite a la proponente si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Respetuosamente, le pide el Senador Pedroza Gaitán a la Senadora Mely Romero si admite que se incorpore a su iniciativa.

Respetuosamente dice que sí. También el Senador López Brito, el Senador Eviel Pérez, el Senador Gerardo Sánchez, el Senador Carlos Romero, la Senadora Lorena Cuéllar, el Senador Ángel Salvador Ceseña, ¿por qué no nos sumamos todos? Todos se suman a la iniciativa de Mely Romero. Tome nota la Secretaría.

 





 

Tiene la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

La propuesta que estamos presentando el día de hoy pretende modificar una disposición de la Ley General de Partidos Políticos, que tiene que ver con las prerrogativas a los partidos políticos y el monto destinado de los mismos para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres.

Como ustedes saben, conforme a la reforma política de 2008, se estableció en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la asignación del 2% del gasto ordinario para la capacitación y formación de liderazgo de las mujeres en los partidos políticos.

En ese momento, la asignación de los recursos tenía como objetivo fomentar el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género.

Durante los 3 ejercicios anteriores a 2015, los partidos políticos asignaron este porcentaje dentro de sus prerrogativas, y también creo que es importante recordar que cuando este 2% surgió, pues se dio un mal uso de él por parte de los partidos políticos, y se reportaba inclusive material de oficina, material de limpieza y lo etiquetaban como parte del gasto que se otorgaba para la capacitación de las mujeres; y fue necesario, a través de organizaciones de mujeres que presionaron para que el propio instituto federal cambiara el reglamento de fiscalización y entonces se hiciera una revisión muy puntual del gasto, estableciendo criterios muy precisos de cómo se debería gastar ese recurso, y que finalmente empezó a servir para lo que fue creado en 2008, que era precisamente la formación y capacitación de mujeres.

Dicha reforma supuso la transformación del sistema electoral mexicano. Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 se publica la reforma político-electoral en el Diario Oficial de la Federación, y en esa reforma pues también se adoptaron cuestiones fundamentales para el desarrollo político de las mujeres en este país.

Una de las grandes reformas fue, en ese momento, la cuestión de paridad; y posteriormente, el 23 de mayo de 2014, se publica la Ley General de Partidos Políticos, una nueva disposición legal como consecuencia de esta reforma político-electoral.

En esta reforma se dio también un gran avance en materia de participación de recursos para las mujeres, pues se estableció que cada partido político nacional debe destinar el 3% del financiamiento público ordinario, lo que significa que el monto destinado para tales fines se incrementó en 1% respecto del porcentaje planteado con la reforma electoral de 2008.

En este orden de ideas, el artículo 51, que hoy pretendemos poner a consideración de ustedes una nueva reforma, pero el actual artículo 51, numeral 1, inciso a) de esta Ley General de Partidos Políticos, en su fracción V, establece que “los partidos políticos nacionales deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres el 3% del financiamiento público ordinario”.

Y conforme a un Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campañas y actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2015, se desprende que el 3% del monto total que se destinarán a los partidos durante este año para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, asciende a la cantidad de 117 millones 286 mil 374 pesos, los cuales pues están distribuidos de acuerdo a la misma fórmula que prevé la ley para tal efecto.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, este presupuesto debe ser asignado a la realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía la evolución, desarrollo, avances y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer; la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con paridad de género; y la organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida pública; la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de acciones en la materia y todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas; es decir, ya hay un destino claro y puntual que establece la ley.

Sin embargo, la redacción del propio artículo 51 supone que este 3% es un tope, y para otros casos, por ejemplo, de actividades específicas, establece que por lo menos se destinará el porcentaje referido en esa disposición. En el caso de este recurso para las mujeres se establece tajantemente que es el 3%.

Resulta lógico que, en nuestra opinión, esa redacción pues debe cambiarse, puesto que hoy además tenemos y tienen todos los partidos políticos la obligación de postular un mayor número de mujeres candidatas, y esto va a ser una realidad a partir de hoy hacia el futuro.

Por ello, es importante generar previsiones para que los partidos no tengan esa limitante y para que esa cantidad pueda incluso crecer. De tal manera, lo que nosotros estamos proponiendo es una redacción que establezca que el supuesto jurídico, previsto en el artículo 51, no sea el limitante, sino que dé opción a los partidos políticos a destinar mayores recursos en este rubro, de tal manera que la propuesta lo que establece es que en esa fracción V se señale: “Para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido deberá destinar anualmente cuando menos el 3% del financiamiento público ordinario”.

Con esto justamente estamos abriendo la posibilidad de que los recursos destinados a este rubro, pues que sean crecientes, que haya la posibilidad de que puedan ser mayores, y que con esto también se fortalezca la participación de mujeres, porque no solamente queremos que sea declarativa, que haya el número de candidatas, sino que finalmente lleguen a los congresos, y que, efectivamente, esta paridad que nosotros estamos buscando, pues sea una realidad en los hechos.

Por eso es importante dotar a los partidos de las herramientas suficientes para que esto sea una realidad, y esta es la propuesta que hoy traemos a su consideración.

Por su atención, muchas gracias.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61, 108, 111 y 112 constitucionales, en materia de fuero constitucional y responsabilidad de los servidores públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 108, 111 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO CONSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES  PÚBLICOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que, a nombre de mi grupo parlamentario, me permito poner a consideración de ustedes, sin duda alguna aparece en este cuerpo colegiado en un momento de alto significado político.

Hemos venido discutiendo en las recientes semanas una minuta que nos fue presentada por la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, y precisamente en este contexto nos ha tocado escuchar un debate a través de los medios que nos parece que debe de motivar una reflexión profunda.

Me ha tocado escuchar a miembros de las bancadas del PRI y del Partido Verde, señalar que la minuta en cuestión tiene que ser aprobada en los términos en que nos fue entregada por parte de la Cámara de Diputados.

Y quiero convocar, a partir de esta iniciativa, a que hagamos una reflexión sobre lo que tiene que ser el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda alguna, y yo lo reconozco, este sistema, por lo menos lo que está establecido en la minuta, tiene avances, tiene cuestiones positivas que permiten empezar a construir un nuevo entramado institucional para combatir el que sin duda alguna es el principal flagelo en nuestra sociedad, de cara, en revisión o en escrutinio de la clase política, que es la corrupción.

Sin embargo, cuando uno revisa esta minuta y uno se pone a analizar la complejidad del entramado institucional, uno se da cuenta de que hay temas pendientes, y que hay temas que tienen que analizarse en paralelo, porque si no se analizan, sería imposible verdaderamente pensar que estamos construyendo un sistema que logre blindar no solamente de manera combativa, de manera sancionatoria, sino especialmente de manera preventiva un contexto que actualmente permite que la corrupción se dé en nuestro país.

Y por eso hablar del fuero es especialmente significativo, es especialmente importante.

El fuero, que tiene su origen en las Cortes de Cádiz en nuestro país y que ha venido presentándose a partir de la Constitución de 1857, y que ese es el contexto, el antecedente que le da origen en la Constitución de 1917, ha cambiado radicalmente la forma de ser percibido e incluso de ser usado por parte de la clase política.

¿Qué es lo que opina hoy la gente del fuero?

Opina que el fuero en lugar de ser un instrumento para defender, tal vez, o para proteger a los legisladores de sus dichos en la tribuna frente al autoritarismo que pudiera tener el Poder Ejecutivo, o incluso de proteger a un Poder Ejecutivo de una Asamblea que busque quitarlo, ese es el origen del principio de la defensa del fuero, se ha convertido en una imagen de impunidad, se ha convertido en una suerte de privilegio del cual gozan Senadoras, Senadores; del cual gozan Diputados, Diputadas o del cual goza el Presidente de la República.

Frente a un deterioro como el que actualmente existe en nuestra sociedad de la imagen de la clase política y frente a una discusión de un sistema que lo que busca es eso, combatir la corrupción, deberíamos de preguntarnos si no vale la pena analizar en paralelo y dictaminar de manera conjunta sobre el tema del fuero, porque los temas que hoy se debaten son: los moches en la Cámara de Diputados; los temas que hoy están en la mente del ciudadano común y corriente es la casa blanca y la relación de Higa con el Presidente de la República.

De tal manera que el debate lo tenemos que dar en esa dimensión y en esa altura, compañeros y compañeras.

Por eso yo me he rehusado a manifestar que tenemos como Colegisladora que aceptar de manera indeclinable que el debate del Sistema Nacional Anticorrupción solamente sea inercial.

Es importante, si en este momento el Senado de la República verdaderamente quiere hacer un análisis a fondo de los instrumentos institucionales para combatir la corrupción, que vayamos a revisar de fondo el tema del fuero. Y si se le quita el tema del fuero a los Diputados, a las Diputadas, a las Senadoras, a los Senadores, también tenemos que revisar quitárselo al Presidente de la República, porque hoy el Presidente de la República, por lo pronto como está planteado en términos de nuestra Constitución, sólo puede ser durante el tiempo de su encargo acusado por traición a la patria o por delitos graves del fuero común.

Esto está totalmente alejado de la dinámica de una realidad democrática como la que queremos alcanzar. Y un sistema de partidos en el que hoy la alternancia es posible porque el voto buscamos que siendo libre y secreto permita que sea cualquier fuerza política la que pueda ganar si es conquista de la voluntad ciudadana.

Entonces, si hemos alcanzado esa dimensión en términos de participación ciudadana, a partir del proceso electoral, tendríamos que preguntarnos si no tenemos que dar avances mucho más contundentes en términos del equilibrio de poderes, necesario y fundamental en el cual no podemos seguir manteniendo los privilegios que hasta la fecha se mantiene.

Y son tantos y tantos los casos, que pareciera ser que cuando se habla de corrupción pues solamente la ciudadanía está esperando cuál es el nuevo tema que viene, tal vez la semana pasada, que fue Semana Santa, el tema que está latente es el tema del helicóptero de la CONAGUA, un recurso público utilizado por parte del Director de la CONAGUA en beneficio de trasladar a su familia para un viaje privado, para irse de vacaciones a Vail.

Bueno, pues compañeras y compañeros, si aquí tanto se habla de la importancia que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, entonces tendríamos que tener en mente y en tesitura ese tipo de problemas. Si tanto se habla del combate a la corrupción, entonces tendríamos que ponernos a ver qué tan importante es quitar el fuero, si cuando lo que hablamos es de que hay Diputados o Diputadas; legisladores que lo que hacen es involucrarse en la programación presupuestal para etiquetar recursos que a final de cuentas terminen dándoles dinero, que debiendo ser en beneficio de la ciudadanía, se acaba yendo al bolsillo de un funcionario, se acaba yendo al bolsillo de un legislador. Esos son los temas sobre los cuales hoy quiere la sociedad que hablemos.

Y precisamente por eso, compañeras y compañeros, es importante esta iniciativa que presentamos. Estamos planteando hacer reformas a los artículos 61, 108, 111 y 112 de nuestro texto constitucional, para que tengamos mucha claridad en cuál es el proceso en el cual puede quitarse el fuero; si es que hay involucramiento en actividades delictivas, por qué se le va a mantener ese privilegio al legislador; por qué se le va a mantener ese privilegio al Presidente de la República, e incluso como lo proponemos en nuestra iniciativa, una vez que el Poder Judicial tenga como hecho juzgado un hecho delictivo, no tendría que pasar por el proceso político de las Cámaras.

Ese es el nuevo equilibrio democrático que urge en este país. Si hoy los poderes públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial presentan o se encuentran en una crisis de percepción frente a la gente, lo que tenemos que hacer es renovar la vida pública a través de renovar los formatos de coordinación y de pesos y contrapesos entre nuestros poderes públicos.

Por eso cambiar el artículo 61, de tal manera que los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas; pero también el Presidente de la República y demás representantes de elección popular, así lo planteamos en el artículo 108, pues podrá ser procesado si es que así lo considera un dictamen del propio Poder Judicial, y exponemos en el artículo 111 todo el formato y el planteamiento procesal en el cual tanto las Cámaras como el Poder Judicial puedan estar involucrados.

En síntesis, compañeras y compañeros, hay un debate trascendente en este momento, el Sistema Nacional Anticorrupción, hay quienes piensan que la Cámara de Diputados como ya va a cerrar la cortina, entonces nosotros tenemos que, de manera inercial, no hacer la parte que nos toca como Colegisladora, y decir, ya está bien la minuta, aprobémosla en sus términos y cerremos también nosotros la cortina frente al tema que más le preocupa hoy a la gente. Si no, vean las encuestas recientes de reforma que plantean que la corrupción aparece como los principales flagelos en la percepción del ciudadano.

Entonces, si queremos enfrentar temas como el de Iguala y Ayotzinapa, una de las peores causas de corrupción, donde policías, siendo funcionarios públicos, entregaron a jóvenes a criminales, donde los “moches” representan una participación corrupta en la elaboración del presupuesto del Poder Ejecutivo, o donde el tema de la Casa Blanca implica un conflicto de intereses por parte del titular del Poder Ejecutivo, si queremos estar a la altura de la demanda y la crítica ciudadana, entonces, compañeros, hagamos un debate de nivel, no caigamos en inercias y revisemos, entre otras, cuatro reformas importantes del fuero de que hoy goza la clase política.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164, 169, párrafo 1, 171, párrafo 1 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 61, 108, 111 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO CONSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras abolir los fueros que habían proliferado en el México virreinal, como privilegios de clase, rango o linaje, la Constitución Española de Cádiz de 1812 conservó el fuero de los Senadores y Diputados a las Cortes y el fuero de los cuerpos de la Casa Real. El relativo a los legisladores, consistía en la inviolabilidad de sus personas por las opiniones expresadas en el desempeño de sus funciones y en que sólo podían ser sujetos a procedimiento criminal ante el Tribunal de Cortes.

Ello era un reflejo de la experiencia europea, especialmente del caso francés, en donde la protección acuñada por el constituyente en 1791 pretendía impedir la ejecución de acciones penales selectivas por parte de la Monarquía en contra del parlamento, baluarte de la República.

Las constituciones del México independiente retomaron la figura fundamentalmente en lo que hace a la protección de los parlamentarios, en razón de que el Parlamento estaba probado como el contrapeso fundamental del Ejecutivo, mismo que tiende a la concentración del poder. 

Pero fue hasta el Constituyente de 1857 cuando se extendió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios públicos, más allá del parlamento, con el objetivo preservar las delicadas funciones que les eran encomendadas. Se creó entonces un sistema de enjuiciamiento por razón de la competencia: por un lado estaba la competencia jurisdiccional, para que los altos funcionarios de la Federación, una vez desaforados, por delitos del orden común que cometan en el tiempo de su encargo quedaran a disposición de la Justicia Ordinaria; mientras que, por otro lado, existía la competencia constitucional, relativa a los delitos oficiales cometidos por los funcionarios públicos, mismos que eran enjuiciados por el Congreso de la Unión.

El Constituyente de 1917 retomó el sistema seguido por su antecesora de 1857 en cuanto al procedimiento para juzgar los actos delictivos cometidos por los altos funcionarios de nuestro país.

En ese sentido es dable considerar a la inmunidad de los altos servidores públicos como una protección de naturaleza republicana, pues se remonta a los orígenes de la república contemporánea en el mundo y, específicamente, en México. Sin embargo, tal como se encuentra diseñada actualmente la inmunidad en nuestro sistema constitucional, en la forma de un procedimiento para la declaración de procedencia, el efecto ha sido adverso y la protección muy relativa.

El llamado fuero constitucional en realidad ha posibilitado la impunidad de servidores públicos que, aprovechando la falta de celeridad en los procesos judiciales o haciendo uso indebido de su propio cargo escapan a la aplicación de la justicia habiendo incurrido en conductas delictivas que en no pocos casos representan actos de corrupción política relevantes. Por otro lado, el fuero ha sido objeto de uso político e instrumento de aplicación selectiva de la justicia penal.

Es decir, si bien, el fuero Constitucional fue fundado, con toda razón, en la necesidad de garantizar a los poderes públicos el libre y expedito ejercicio de funciones, que intenta al mismo tiempo salvaguardar tanto el buen desempeño del servicio público que podría estar amenazado por una hipotética parálisis institucional, como también los derechos de los funcionarios, lo cierto es que en las últimas décadas el fuero se ha convertido en una verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley, convirtiéndose en un elemento de impunidad.

La figura constitucional declaración de procedencia, conocida como fuero, es obsoleta. Los resultados de su aplicación hablan más de un mecanismo de impunidad de algunos funcionarios, que de una forma eficiente de protección de los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria.

Por ello, actualmente, el fuero constitucional es visto con recelo por la ciudadanía al considerarlo una cobertura de impunidad que permite a algunos servidores públicos realizar prácticas de corrupción sin riesgo de persecución ni sanción penal. Por ello, es preciso desarrollar un instrumento constitucional moderno, que preserve la sustancia de la protección frente a toda persecución política, al mismo tiempo que permita el procesamiento y sanción de los servidores públicos que incurran en conductas delictivas. A tal tarea se aboca la presente iniciativa.

Es menester eludir la posibilidad de que el Poder Legislativo prejuzgue sobre la culpabilidad delictiva del servidor público, determinando en el procedimiento de desafuero que éste efectivamente cometió o no un ilícito, lo que mueve más a la motivación política que a la búsqueda de la verdad y el deslinde de responsabilidades.

Nuestra iniciativa propone un esquema en el cuál únicamente juzga el órgano jurisdiccional competente, el juez de la causa penal, sin ninguna restricción y, sobre todo, sin el prejuicio que actualmente impone el Legislador Federal, pues éste sólo participa para permitir o no la detención del servidor público indiciado una vez que éste ha sido sentenciado. Ello obliga a la Cámara de Diputados a realizar una declaración política responsable, en la que pondere con valores democráticos la conveniencia para la sociedad de que el servidor público siga ejerciendo sus funciones, continuando el proceso penal en libertad o si, por el contrario, debe enfrentarlo privado de su libertad.

En ese mismo sentido, nuestra iniciativa atiende el caso especial del Presidente de la República, servidor público que actualmente está protegido por una inmunidad prácticamente absoluta, siendo que un actuar irregular de su parte puede causar un daño severo a las instituciones democráticas.

En nuestro sistema de gobierno, el Presidente de la República tiene una importancia constitucional y política fundamental: es el Jefe de Estado y de Gobierno; es el comandante supremo de las fuerzas armadas; dirige, bajo el análisis del Senado de la República, la política exterior; tiene a su cargo preservar la seguridad nacional en los términos de ley respectiva, entre otras facultades.

Como depositario de uno de los Poderes de la Unión, en nuestro régimen político el Presidente de la República es nombrado mediante el voto popular directo. Esta legitimación democrática, junto con la importancia cardinal de las funciones que realiza, configuran un imperativo constitucional en el que este funcionario de la República debe estar sometido a un eficaz esquema de responsabilidades.

Sin embargo, no acontece así en nuestro derecho vigente. En éste, el Presidente de la República sólo podrá ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común. Este esquema, por lo reducido de sus supuestos de activación, hace prácticamente imposible que el Presidente sea sujeto a responsabilidad por alguna irregularidad cometida durante el ejercicio de su cargo.

Esta situación resulta incompatible con un régimen democrático vigoroso, en el cual todos los servidores públicos, sin excepción, respondan por el ilegal ejercicio de sus funciones. La existencia de espacios normativos bajo los cuales algún funcionario eluda las sanciones que por su actuar irregular correspondan, imposibilita el fortalecimiento del Estado de Derecho, facilita la realización de hechos de corrupción y sabotea la construcción de una democracia sustantiva.

Es por eso que en esta iniciativa se propone un sistema en el cual el Presidente de la República, en caso de que exista la probabilidad de que cometió un hecho que la ley señala como delito, pueda también ser sometido a proceso penal ante un juez competente. En caso de que el juzgador penal dicte sentencia condenatoria, pedirá al Congreso de la Unión que destituya a este alto funcionario. La Cámara de Diputados será Cámara de origen y la de Senadores revisora de este pedimento judicial.

Este esquema permitirá, por un lado, proteger la función que ejerce el Presidente de la República en tanto se substancia el proceso penal, y por el otro, evitará que la comisión de hechos probablemente delictuosos queden al margen de la acción persecutoria de la justicia, sin importar el funcionario que haya incurrido en ellos.  

Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, la presente iniciativa se inscribe en el marco de los esfuerzos emprendidos por este Poder Legislativo y particularmente, por el propio Grupo, para combatir el grave fenómeno de corrupción que aqueja al Estado mexicano.

Este problema representa un costo muy alto para el Estado mexicano y para la ciudadanía, en detrimento del potencial de desarrollo nacional, y ha adquirido tales dimensiones que según diversos analistas pone en riesgo la viabilidad del Estado mismo, al haber generado una fractura en el nexo de confianza que debe existir entre la ciudadanía y su gobierno, donde la clase política es vista como una elite, inmune a los problemas que aquejan al resto de la ciudadanía y a la que no alcanzan siquiera las leyes.

Como es evidente, estamos frente a una sociedad que ha perdido la confianza en su clase política, hecho que es patente al observar la reacción social ante los diversos escándalos de corrupción que en los últimos años se han hecho públicos. La sociedad acusa un quebranto entre el ser y el deber ser en lo relativo a la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades al gobierno. Por ello y considerando a la impunidad como uno de los principales catalizadores de la corrupción, creemos que el esquema de fuero o inmunidad que hasta la fecha contempla nuestra Constitución para proteger el encargo público, no abona en la recuperación de la confianza del ciudadano hacia su gobierno, y por el contrario, genera una percepción de impunidad.

En este contexto, creemos necesario superar el esquema de fueros constitucionales, para hacer responsable a todo funcionario, incluido el Presidente de la República, de las acusaciones que pudiere enfrentar en materia penal, sin desproteger la función que desempeñan.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 61, 108, en su párrafo primero, 111, y 112, y se deroga el párrafo segundo del artículo 108, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inviolabilidad constitucional de los miembros de la misma y del recinto parlamentario.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos al Presidente de la República y demás representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Artículo 111.Los diputados y senadores del Congreso de la Unión , los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , los consejeros de la Judicatura Federal , los Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo, pero podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Cuando alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior sea sujeto a proceso penal, continuará en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad. En el caso de delitos relacionados con hechos de corrupción, el juez determinará las medidas cautelares suficientes para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos. Así mismo, podrá determinar la restricción o limitación de la libertad del servidor público cuando resulte indispensable para asegurar su comparecencia en el proceso penal.

Tratándose de delitos del fuero común, el servidor público podrá solicitar, en cualquier momento, a las autoridades federales, que se avoquen al conocimiento de la investigación o proceso correspondiente, debiendo éstas atraer de inmediato el asunto.

Cuando el juez de primera instancia dicte sentencia condenatoria, solicitará inmediatamente a la Cámara de Diputados que cese al sentenciado en sus funciones para que quede a disposición de la autoridad correspondiente. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados someterá la solicitud directamente a la resolución del Pleno dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. Transcurrido el plazo sin que la Cámara dicte resolución, el servidor público sentenciado cesará en sus funciones y quedará a disposición de la autoridad correspondiente. La solicitud deberá ser resuelta por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo. Este procedimiento no interrumpe los plazos del proceso penal.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa el servidor público continuará en su cargo y seguirá, en su caso, el proceso penal en libertad.

Cuando la sentencia condenatoria cause ejecutoria, el juez la notificará al ente público del cual forme parte el servidor público sentenciado, dentro de los 3 días hábiles. En caso de que la sanción impuesta consista en una pena privativa de la libertad, se separará al sentenciado de su cargo quedando a disposición de la autoridad correspondiente para el cumplimento de la sentencia.

Por lo que toca al Presidente de la República se aplicará el mismo procedimiento y el mismo plazo establecidos en el párrafo cuarto de este artículo, pero la Cámara de Diputados obrará como cámara de origen para resolver sobre el pedido judicial y el Senado será cámara revisora. Transcurrido el plazo sin que la Cámara de Diputados remita el proyecto a la Cámara de Senadores, el Pleno de ésta resolverá directamente la solicitud. En todo caso, el Senado resolverá dentro de los diez días hábiles a partir de que reciba el proyecto o tome conocimiento de la solicitud, transcurrido el cual, sin que se dicte resolución, el Presidente de la República cesará en su cargo y quedará a disposición de la autoridad correspondiente. Para que el Senado apruebe la separación del cargo es necesaria una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario de sesiones en cuanto reciba la solicitud judicial.

Cuando la sentencia condenatoria cause ejecutoria, se procederá en los términos del párrafo sexto de este artículo.

Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales de los mismos, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, magistrados electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, se procederá en los términos señalados en la presente disposición. Para los delitos del orden común, las Constituciones de las entidades federativas preverán lo conducente, en los mismos términos de la presente disposición.

Si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.

En todas las materias distintas a la penal, en que los servidores públicos previstos en este artículo sean parte, se seguirá el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

Las resoluciones de las Cámaras del Congreso de la Unión a que se refiere este artículo son inatacables y no procederá ninguna suspensión judicial.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Artículo 112. No se requerirá el desahogo del procedimiento establecido en el artículo 111 de esta Constitución, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia hubiera sido sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Suscriben

Partido de la Revolución Democrática

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para preguntar al Senador Armando Ríos, si me permite adherirme a su iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Es una iniciativa del grupo parlamentario del PRD, no solo del Senador Ríos Piter, por cierto, digo, por si le quieren preguntar al coordinador, a la incorporación de tan distinguidas voluntades.





 

Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa que suscribe la Senadora María Elena Barrera Tapia y diversas Senadoras, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EL 9 DE ENERO DE 2015

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora)

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastelum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes de la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOTRANSITORIOSDEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN ALAMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2015, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más allá de la necesidad de garantizar un ambiente sano para el adecuado desarrollo de las personas, como presupuesto para lograr un estado de salud satisfactorio y, por ende, para la vida, las sociedades del siglo XXI se encuentran integradas por ciudadanos cada vez más conscientes de su papel en el planeta. De esta forma, en nuestra calidad como seres racionales, los humanos debemos proteger todas las formas de vida, dando a los animales un trato digno, respetuoso y acorde a su naturaleza.

Por ello, es fundamental lograr el bienestar de los animales, entendido como el estado de salud física y mental derivado de la satisfacción plena de las necesidades biológicas, de comportamiento y fisiológicas, tomando en cuenta los cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano.

Sensible a dicha situación, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la legislación ambiental nacional, con la finalidad de prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en los circos de todo el país. Estas reformas, tuvieron una gran aceptación por parte de la sociedad civil, sin embargo, todavía se han mantenido diversos factores que ocasionan que las reformas sean opacadas, a través de actividades inhumanas por parte de los que en algún momento llevaron a cabo aprovechamientos de ejemplares de vida silvestre como una actividad económica y, como el caso de la industria del circo, como una forma de vida para dar sustento a sus familias.

En este sentido, el pasado 9 de enero de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, el cual establece dicha prohibición.

Sin embargo, ahora los encargados de la industria del circo están revendiendo los animales que formaban parte de sus espectáculos en forma de pieles o trofeos, lo cual supone el sacrificio de los ejemplares, bajo el argumento de la falta de recursos económicos por la pérdida de su fuente de ingresos. De esta forma, queda claro que estas conductas desmienten los argumentos de que el trato y el entrenamiento y el mantenimiento de los animales en los circos se llevaba a cabo con cariño, pues deshacerse de los ejemplares demuestra la ausencia de cualquier vínculo emocional.

Los dueños de los animales utilizados en circos, de acuerdo con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, deben presentar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posean, con la finalidad de que estos animales puedan ser enviados a Zoológicos o Centros para la Conservación de la Vida Silvestre.

Desafortunadamente, mucho se ha hablado de que los zoológicos  o los Centros para la Conservación de la Vida Silvestre no cuentan con la capacidad necesaria para el mantenimiento de la totalidad de animales que dejarán de ser utilizados por los circos, razón por la cual se ha mencionado que estos ejemplares están siendo amenazados por una nueva estrategia de beneficio económico por parte de aquéllos que los utilizaban en espectáculos circenses.

Esta amenaza consiste en que los ejemplares de vida silvestre sean utilizados para la taxidermia, disciplina que tiene por objeto la preservación de seres vivos después de la muerte, sin que presenten descomposición, deterioro, simulando las condiciones del animal en vida1.

Esta disciplina es una actividad que ha caracterizado a la enseñanza científica y la exhibición; sin embargo, en muchas ocasiones los animales sufren de técnicas que simulan animales vivos, con alteraciones físicas que hacen mostrar al animal no natural.

El problema de que estos animales sean utilizados por taxidermistas es que su sacrificio no tiene como presupuesto el padecimiento de alguna enfermedad grave que pueda derivar en la muerte del animal.

La práctica de la taxidermia inicia de manera inmediata al fallecimiento del animal, extrayendo la piel de una pieza, la piel se limpia y se sala, con la finalidad de extraer el agua retenida en ella, evitando así su descomposición por microorganismos. Actualmente se utilizan moldes de yeso para transformar la piel en esculturas.

Es una gran tristeza que el destino final de los animales utilizados en espectáculos circenses, bajo condiciones de confinamiento, dominación y entrenamiento violento, sea el sacrificio para que algún taxidermista los convierta en trofeos para alguna colección particular.

La reforma aprobada por el Congreso de la Unión nos recodó que los animales no son actores de acrobacias, piruetas o contorsiones, sino que son obligados a realizar acciones en contra de su naturaleza, a través de tortura, encierro, soledad, hambre, golpes y diversas formas de maltrato, tanto en el escenario como fuera de él.

Durante el entrenamiento, la constante para lograr las actividades requeridas por el entrenador es la dilación de agua y comida, quemaduras y aislamiento, particularmente se mencionan solo como ejemplos los siguientes:

1. Elefantes. Se utilizan herramientas de castigo como los bullhoocks, el cual se utiliza para llamar la atención de los elefantes, golpeándolos en la cara y detrás de las rodillas. El soplete también es utilizado contra estos animales para retirar todo el pelo duro que tienen en el lomo y cabeza (como protección) para que así el domador pueda sentarse sobre el animal sin sentirse incómodo. Para evitar comportamientos no deseados, el domador utiliza el ankus, aplicándolo en las zonas más sensibles del elefante, como los pies, atrás de las orejas, bajo el mentón, dentro de la boca y otras zonas de la cara, además de que muchas veces se utiliza directamente para golpear al animal.

2. Osos. Se les retiran los dientes y las garras o se les colocan aparatosos bozales. El entrenamiento incluye tocarlos con varas que transmiten descargas eléctricas para obligarlos a que obedezcan y realicen los "divertidos" trucos, además de golpearles fuertemente y punzarles con largas varas.

3. Felinos. Para ser domados se usan picanas eléctricas, además del látigo. Son arrastrados con pesadas cadenas alrededor de sus cuellos y golpeados con palos. Además de extirparles las garras para evitar accidentes.

4. Primates. La técnica utilizada es la de los golpes (puñetazos), (patadas) o con fustas, ya que debido a que este animal es sumamente inquieto y de difícil atención, se suele golpearlos sin razón aparente para que en adelante, el animal atemorizado anticipándose a los golpes, no despegue la mirada de su domador. También les extirpan los dientes incisivos para evitar accidentes.

Una vez que se entrenan los animales, participan en la actividad propia de los circos en donde montar en bicicleta, pararse de cabeza, equilibrarse sobre pelotas, saltar a través de aros con fuego, o ser lanzado al vacío, son rutinas que se obtienen tras horas de entrenamiento rígido que causa una gran cantidad de angustia y sufrimiento a los animales. Al padecimiento físico provocado por la repetición incesante de ejercicios que les resultan muy incómodos y los golpes que reciben en reiteradas ocasiones por parte de sus adiestradores para que aprendan de manera rápida y sean obedientes, se une el dolor psicológico ocasionado por la confusión de no entender por qué son obligados a llevar acabo dichas actividades, pues se trata de conductas totalmente ajenas a su naturaleza silvestre.

La reforma del 9 de enero del 2015, no solo buscaba eliminar prácticas inhumanas hacia los animales, también permite eliminar el tráfico legal de especies pues los circos, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los circos no acreditan la legal procedencia del 100 por ciento de sus animales.

Los animales silvestres utilizados en circos, han tenido una vida llena de sufrimiento y  hoy son amenazados con ser sacrificados al no poder ser alimentados. Lo anterior sin analizar que en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del multicitado Decreto de reforma, se permite que:

Los ejemplares de vida silvestre incluidos en las bases de datos a que hace referencia el párrafo anterior que no sean seleccionados por los zoológicos, podrán ser entregados por sus poseedores a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de que no impliquen gasto por concepto de manutención de animales que ya no podrán ser utilizados en sus centros de trabajo.

En el Decreto en ningún momento se abre la posibilidad de vender a colecciones particulares a los animales silvestres, ni tampoco se permite su uso en la práctica de taxidermia, razón por la cual se debe verificar cada circo para que éstas actividades no sean realizadas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto complementar el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero de 2015, con dos finalidades fundamentales:

1. Ampliar el plazo para su entrada en vigor, pasando de 180 a 270 días naturales para dar inicio el 6 de octubre del 2015, y

2. Que al iniciar la vigencia de la prohibición para utilizar ejemplares de vida silvestre en circos, sus propietarios tengan prohibido sacrificarlos o venderlos.

En relación con la ampliación de la llamada “vacatiolegis”, es decir, el periodo que transcurre entre la promulgación y la iniciación de vigencia de un decreto, el artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero de 2015, establece su entrada en vigor a los ciento ochenta días naturales posteriores a su publicación.

Sin embargo, sensibles a las dificultades logísticas y económicas que enfrentará la industria del circo, se propone ampliar de 180 a 270 días el plazo para la entrada en vigor de dicho decreto.

Por su parte, con la finalidad de evitar que los ejemplares de vida silvestre utilizados en circos sean sacrificados y/o destinados a la taxidermia, se propone incorporar dos artículos transitorios al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero de 2015:

● Uno que prohíba el sacrificio de ejemplares de vida silvestre que fueron utilizados en circos así como su venta a colecciones privadas, considerando que si bien la reforma no establece la venta de animales silvestres utilizados en zoológicos, ni el sacrificio de los mismos, tampoco esta cerrada la puerta para inhibir dichos actos.

Se permite el sacrifico de emergencia por sufrimiento de lesiones o afecciones que causen dolor o sufrimiento incompatibles con su vida. De acuerdo con la NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio humanitario de los animales Domésticos y Silvestres.

● Y otro que señale que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea la encargada de realizar visitas de supervisión técnica en aquellos circos que no hayan entregado sus ejemplares de vida silvestre en zoológicos o en centros para la conservación de la Vida Silvestre.

Lo anterior, considerando que actualmente la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 47 bis, permite a la Secretaría llevar a cabo visitas técnicas a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, con la finalidad de corroborar la información técnica contenida en los planes de manejo.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTOY SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DEL 2015.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2015, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los doscientos setenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.

Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus legislaciones para dar cumplimiento al presente Decreto en un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.

Quinto. Queda prohibida la venta a colecciones privadas o el sacrificio de ejemplares de vida silvestre que en algún momento fueron utilizados en circos. Sólo se permitirá el sacrificio de emergencia por sufrimiento de lesiones o afecciones que causen dolor o sufrimiento incompatibles con su vida, debiendo para ello cumplir con lo dispuesto por la normatividad vigente.

Para garantizar lo establecido en el presente artículo, en caso de muerte de algún ejemplar de vida silvestre utilizado en circos, sus poseedores, deberán acreditar mediante certificado médico veterinario avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que el deceso fue por causas naturales o sacrificio de emergencia.

Sexto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará visitas de supervisión técnica a aquellos circos que, al momento de entrar en vigor el presente Decreto aún no hayan entregado sus ejemplares de vida silvestre a zoológicos o a centros para la conservación de la Vida Silvestre.

En estas visitas de supervisión se deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre y en las Normas Oficiales Mexicanas que refieran al trato digno y respetuoso de los animales.

Asimismo, en dichas visitas se deberá analizar cada uno de los informes anuales que debieron presentar los poseedores de vida silvestre en circos, con la finalidad de que se garantice que estos animales no serán utilizados para colecciones privadas, ni sacrificados para taxidermia.

Séptimo. A efecto de garantizar el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, así como para verificar la veracidad de la información que conforma la base de datos que los circos entreguen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevará a cabo visitas de inspección y de ser el caso aplicará las sanciones correspondientes.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.


1https://www.academia.edu/430643/GUÍA_PRÁCTICA_PARA_LA_PREPARACIÓN_DE_EJEMPLARES_DE_MUSEO_Y_COLECCIONES_DE_ESTUDIO_AVES documento consultado 22 de febrero del 2015




 

Asimismo, recibimos la iniciativa del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro Universitario, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SEGURO UNIVERSITARIO

(Presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SEGURO UNIVERSITARIO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como todos ustedes saben, cada año muchos de los jóvenes que cursan una carrera universitaria, se ven obligados a abandonar sus estudios debido al fallecimiento de alguno de sus padres o del tutor responsable del sostenimiento económico del hogar. Ésta situación no permite el desarrollo de una sociedad con equidad, donde los jóvenes cuenten con las mismas oportunidades de superación, al contar con las herramientas necesarias para la vida profesional. Lo anterior, provoca también un rezago en la educación superior del país donde se sigue viendo como un “privilegio” al que muy pocos pueden acceder.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3° que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, de la misma manera refiere: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nacional.

De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México sólo se gradúa 25 por ciento de quienes cursan el nivel licenciatura.

Los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) 2010 muestran que 76 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años afirma que le gustaría "llegar a licenciatura". Sin embargo, sólo 23 por ciento de quienes están entre los 18 a 29 años contaban con estudios en ese nivel, que no necesariamente concluyeron. De los más de 36 millones de jóvenes que habitan en el país (31.23 por ciento de la población total), 18.75 por ciento (3 millones 377 mil 372) es alumno en la educación superior (normal, profesional o posgrado). La ENJ revela que 15 por ciento de quienes asisten a ese nivel acepta que estudia en una escuela que no es de su preferencia, porque no tuvieron otra opción. De los jóvenes mexicanos que estudian en nivel profesional, a casi 78 por ciento lo sostiene algún miembro de su familia, y 19.9 ha tenido que dejar en algún momento la escuela1.

De las cifras anteriores se desprenden datos como el que señala que sólo uno de cada cuatro de alumnos que inician su educación licenciatura la logran concluir y que casi 8 de cada 10 alumnos los sostiene su familia. Ante ello, podemos observar que se trata de un sector vulnerable que encuentra bastantes dificultades en el camino para concluir sus estudios. Ahora bien, sin duda alguna, se ha realizado una labor apropiada en lo que se refiere a la penetración de la educación primaria, secundaria y media superior, sin embargo, la educación superior sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos de este país.

En el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del eje “Estrategias y líneas de acción para lograr un México con Educación de Calidad”, se establece como fin el “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y para lograr esto, se señala como línea de acción la “Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro”. También se establece como objetivo “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” a través de líneas de acción como “Estrategia 3.2.2.Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad2. Lo anterior confirma la importancia de implementar una política pública de esta naturaleza.

La formación de profesionistas a través de la educación superior es sin lugar a duda una preocupación latente para el Partido Acción Nacional.

Desde sus inicios Acción Nacional ha defendido, no solo la libertad de enseñanza, sino también la exigencia indeclinable de canalizar todos los esfuerzos nacionales hacia la solución de los problemas de analfabetismo, incultura y falta de acceso a la educación media, superior, técnica y universitaria. Desde los años cincuenta viene exigiendo la libertad de enseñanza en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; el fomento de la educación privada a todos los grados y promoción de las actividades educativas por parte de los estados y municipios; la promoción y fomento del sistema de segunda enseñanza, para facilitar el acceso a la educación superior, de todos los mexicanos con aptitudes suficientes; el fortalecimiento y extensión de los sistemas de educación universitaria y técnica en todo el territorio nacional, especialmente al interior.

En los años setenta Acción Nacional sostiene que la educación era empresa de interés nacional en la que están comprometidos no sólo el Estado y las instituciones privadas, sino todos los mexicanos. Por lo que su realización exigía planteamientos y soluciones veraces y objetivos.

En su documento Cambio Democrático de Estructuras3, señaló que educar no es sólo instruir, sino promover convicción moral; la educación no es sólo capacitación para producir, obtener ingresos, consumir y ahorrar, sino promoción de convicciones morales y jurídicas necesarias para que las actividades económicas, políticas y sociales no olviden sus finalidades humanas. Esto es la educación como la base de cualquier estructuración justa y duradera de la sociedad, el equilibrio de las especializaciones con la cultura general, las humanidades y las ciencias y técnicas, los valores morales y jurídicos y los procedimientos eficaces, la búsqueda de un razonable ingreso económico y el servicio de los demás.

Es así que en la Plataforma 2012-2018, se prevé dentro del rubro “Un México Equitativo” los siguientes compromisos4:

Garantías de educación para todos

● Realizaremos un esfuerzo nacional para que toda la niñez en edad escolar que esté fuera de la escuela sea incorporada con todos sus derechos, además de proponer la instauración de un protocolo obligatorio para toda institución educativa orientado a prevenir la DESERCIÓN.

● Profundizaremos los planes de becas y generaremos mecanismos tendientes a la creación de un seguro escolar corresponsable entre la familia y el Estado, especialmente para estudiantes de educación media superior y superior, además de generar sistemas accesibles de financiamiento para quienes opten por el sistema particular.

Es por ello, que me permito proponer ante el pleno del Senado de la República la presente iniciativa que tiene la finalidad de establecer un seguro universitario que ayude a los jóvenes a concluir sus estudios cuando enfrenten una eventualidad que ponga en riesgo el continuar asistiendo a clases, de tal suerte, que cada vez exista una menor deserción escolar.

Los alcances de la presente propuesta son los siguientes:

Apoyar a los estudiantes de escasos recursos que cursan una carrera universitaria de educación superior cuando desafortunadamente pierdan al padre, la madre o el tutor responsable de la manutención durante el tiempo que se encuentren estudiando, con la finalidad de que no abandonen la escuela por incorporarse al mercado laboral para obtener los ingresos que hagan frente a las necesidades económicas que surjan.

Disminuir el porcentaje de deserción escolar que en la actualidad nos indica, que sólo el 25 por ciento de los alumnos que inician la educación superior, logran titularse.

Que el Gobierno Federal actúe de forma subsidiaria con aquellos estudiantes que por la causa de fuerza mayor referida pretendan dejar trunca su carrera, con la finalidad de que tengamos en el país un mayor número de profesionistas.

Establecer un seguro de protección al estudiante para que no dejen sus estudios por cuestiones económicas a falta de la persona responsable de su manutención, pues de acuerdo a cifras de la ENJ a casi el 78 por ciento de los estudiantes los sostiene algún miembro de su familia.

Que no sería una carga mayor para el presupuesto federal, toda vez que se trata de un Seguro que funcionaría de manera excepcional y no como un gasto fijo.

Existen múltiples antecedentes de esta naturaleza que se aplican con importantes resultados en nuestro país. En el Distrito Federal cuenta con la “Ley del Seguro Educativo” que otorga una pensión a estudiantes cuyo padre, madre o tutor responsable encargado de su manutención, haya fallecido o se encuentren en un estado de invalidez total y permanente, otorgándoles un apoyo económico que lo posibilite a terminar su educación a nivel primaria, secundaria y nivel medio superior o hasta cumplir los 18 años de edad.

El 21 de junio de 2007, quedó formalizado el Contrato de Fideicomiso denominado “Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal”, instrumento jurídico financiero, cuyo fin es el de asegurar una aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos, teniendo como objetivo primordial, dotar de un apoyo económico mensual de $832.00 pesos mensuales a los beneficiarios5.

En el Estado de Sonora existe la Ley del Seguro Educativo que otorga el derecho a los estudiantes inscritos en escuelas públicas del Estado, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y de educación especial, a recibir una pensión mensual no menor a la mitad del salario mínimo diario vigente en la zona laboral en la que curse sus estudios, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez6.

De igual manera se han presentado iniciativas con el objetivo de establecer una “Ley de Seguro Educativo”, más particularmente orientadas a apoyar a estudiantes que cursan la educación primaria, secundaria y media superior, y se ven ante la pérdida del responsable de su manutención, en estados como Colima, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, sin que a la fecha hayan sido aprobadas.

A nivel Federal, el antecedente más importante es el recientemente aprobado Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia para garantizar en caso de fallecimiento de la mujer jefa de familia, la educación de sus hijos de hasta 23 años de edad, hasta que concluyan su educación profesional. Los objetivos de dicho programa son7:

1. El Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia beneficia a jefas de familia entre los 12 y 68 años que radiquen en las 32 entidades federativas del país.

2. Es un programa con cobertura y alcance nacional.

3. El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca; concretamente pretende apoyar la educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional.

4. El apoyo consiste en una transferencia mensual de hasta $1,850.00 (mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años en caso de fallecimiento de la madre.

5. Los requisitos para ser parte de este programa son: ser mexicana, tener entre 12 y 68 años de edad, ser madre de al menos un menor de 24 años, no tener cónyuge, es decir ser soltera, separada o viuda; encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a $2,130.00 (dos mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) y la solicitud de inscripción.

De dicho programa podemos observar que en cierta manera solventan de manera parcial lo pretendido en la presente iniciativa; sin embargo, nuestro objetivo en la presente propuesta es más amplio, al darle un carácter universal que incluya a todos los estudiantes de nivel superior, independientemente de que la responsable de manutención sea una mujer jefa de familia o no. De igual manera, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental poner al estudiante universitario como centro de la atención y no a la condición del responsable de la manutención.

El que suscribe, considera de fundamental interés impulsar la educación superior en México, también en estos casos, pues al ampliar la oferta de mexicanos que cuenten con título universitario se promueve el desarrollo económico y laboral del país. Para lograr lo anterior, resulta fundamental combatir aquellas causas que generan deserción escolar. En ese sentido, la presente iniciativa propone lo siguiente:

A) Establecer un fondo dentro del presupuesto federal para crear el Seguro Universitario.

B) Aprobar la Ley del Seguro Universitario donde se establezca el objeto del seguro, los sujetos beneficiados y las reglas para la operación del programa.

C) Otorgar el derecho a los estudiantes inscritos en escuelas públicas del país de educación superior, a recibir una pensión mensual, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de su manutención fallezca, o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez.

D) Que dicha pensión se otorgue únicamente por el tiempo que dure la educación universitaria del beneficiado, no pudiendo ser mayor a 5 años, o hasta que el mismo cumpla los 23 años de edad, y debiendo mantener un promedio general mínimo de 8 o su equivalente.

E) Que el monto mensual de la pensión otorgada a cada beneficiario no sea menor al correspondiente a 60 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

F) Que el beneficiario se encuentre en condiciones de pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cabe señalar que hasta el ciclo escolar 2011-2012, la SEP reporta que en las universidades públicas estudian 649 mil jóvenes que viven en pobreza, lo que representa 31 por ciento de su matrícula. Al menos 1.3 millones tienen ingresos medios, y 36.6 por ciento de su matrícula, es decir 767 mil, corresponden a familias de altos ingresos8. Este dato es importante para darnos una idea del universo de estudiantes que pudiera beneficiar el presente programa, pues si bien hablamos que sólo 649, 000 estudiantes de universidades públicas se encuentran en condición de pobreza y de ellos, sería un porcentaje muy pequeño el que pierden al responsable de su manutención mientras cursan su educación superior, no existen datos oficiales, pero seguramente debe ser menor al 3 o 4%, por lo que cubrir esta pensión universitaria no impactaría significativamente las finanzas públicas federales, por el contrario, traería consigo un importante beneficio a la educación superior del país, ya que un apoyo de esta naturaleza puede ser la diferencia entre un alumno con estudios o un trabajador con carrera trunca.

No pasamos por alto el ajuste presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que la Secretaría de Educación es la secretaría más afectada después de la de Comunicaciones y Transportes. El recorte general es de 124.3 mil millones, menos de la mitad, 52.3 mmdp saldrán de las dependencias y entidades del gobierno. La Secretaría de Educación Pública perderá 7 mil 800 millones de pesos, 2.55% del presupuesto asignado a la dependencia para este año 2015.

Este ajuste afectará los compromisos fijados por el presidente Enrique Peña Nieto durante la IV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Veracruz a lo largo del año pasado. Estas reuniones entre mandatarios tuvieron como eje tres temas que se volvieron en ejes de compromiso por parte de los asistentes: cultura, educación e innovación. En dicha Cumbre el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que se reforzarían los programas para mejorar la educación, haciendo especial énfasis en los apoyos a la movilidad estudiantil y académica a lo largo de América Latina9.

En dicha Cumbre el Presidente señaló que la educación y la cultura son “pilares fundamentales para asegurar el desarrollo y prosperidad para las sociedades de Iberoamérica y del mundo entero”. Al destinar una de las mayores reducciones presupuestales al sector educativo, se ponen en entredicho estos compromisos. El recorte afectará de forma directa al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt) que tendrá 900 millones de pesos menos.

Sin embargo, atendiendo al compromiso con la educación del Presidente Peña Nieto, quien la considera “pilar fundamental para asegurar el desarrollo y prosperidad de las sociedades”, considero fundamental que este tipo de ajustes presupuestales no constituyan un freno para la educación y el desarrollo social y que por el contrario, se apueste por la educación en momentos de turbulencia económica para la finanzas nacionales como el motor que nos permitirá generar mejor sociedad. La presente iniciativa no representa un gasto mayor para las finanzas públicas como se mencionó en párrafos anteriores, toda vez que el universo de los estudiantes que entran en el supuesto para acceder al Seguro es sumamente reducido.

Cabe recordar que durante la campaña electoral de 2012, el ahora Presidente, firmó ante notario público 266 compromisos a cumplir durante su gobierno. El compromiso No. 12, de alcance nacional, como se denominó y firmado el 03 de abril de 2012 en su gira por Sonora, señala: “Alcanzar la cobertura universal en educación media superior”10. Asimismo, el compromiso No. 38, también de alcance nacional, firmado el 26 de abril de 2012 propone: “Más jóvenes en la universidad: aumentar al menos a 45% la cobertura en educación superior Educación”11.

Por otro lado, es importante mencionar que en el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, mismo que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal señala en el apartado Educación media superior, superior y formación para el trabajo, que la educación media superior, la educación superior y la formación para el trabajo deben ser fortalecidas para contribuir al desarrollo de México; que en estos tipos de educación se forma a los jóvenes en las competencias que se requieren para el avance democrático, social y económico del país; que son fundamentales para construir una nación más próspera y socialmente incluyente, así como para lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento.

Subraya además que tanto en la educación media superior como en la superior, cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las disciplinas y valores que deben caracterizar a las distintas profesiones. Igualmente importante es, dice, que los jóvenes se preparen para poner sus capacidades a prueba en el mundo del trabajo. Los jóvenes estudian con la expectativa de involucrarse en condiciones más favorables en el desarrollo nacional.

Además reconoce que la educación media superior, al ser ahora parte de la formación obligatoria establecida en el Artículo 3o de la Constitución, tiene el fin de profundizar en la formación integral de los estudiantes, independientemente de que al término de esta etapa continúen sus estudios o ingresen al mundo del trabajo. Asimismo, enfatiza que es la última etapa educativa antes de que las personas lleguen a la edad adulta. Por ello, es fundamental ampliar las oportunidades de los jóvenes para cursar este tipo educativo. Y por ello hace énfasis en que “es muy importante que los jóvenes no abandonen los estudios”, y señala que la tasa de abandono escolar en EMS fue del 15 por ciento al concluir el ciclo 2011-2012, lo cual significa que 650 mil alumnos dejaron la escuela en ese periodo.

Es por ello, que considerando los anteriores argumentos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEYFEDERAL DEL SEGURO UNIVERSITARIO

Artículo Único.- Se crea la Ley del Seguro Universitario para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de carácter general en el territorio nacional, y tiene como objeto establecer el derecho de los estudiantes inscritos en escuelas públicas del país del nivel superior, a recibir una pensión mensual, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez.

Artículo 2. La ejecución y aplicación de la presente Ley, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de sus dependencias y entidades. La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito Federal, corresponderá a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario: los estudiantes menores de 23 años de edad con un promedio general mínimo de 8 o su equivalente, inscritos en escuelas públicas del país de educación superior, cuyo padre, madre o tutor responsable de la manutención haya fallecido o bien, caído de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez;

II. Ley: Ley del Seguro Universitario;

III. Pensión: El apoyo económico mensual que el Gobierno Federal otorgará a los beneficiarios del seguro universitario;

IV. Presupuesto: El Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable y vigente en el que se considerarán los recursos necesarios para cubrir el Seguro Universitario;

V. Responsable de la manutención: El padre, madre, tutor o responsable quien tiene bajo su encargo el proporcionar alimentos, vivienda y cubrir las necesidades básicas de un estudiante menor de 23 años inscrito en una escuela pública del país de educación superior;

VI. Secretaría: A la Secretaría de Educación Pública; y

VII. Seguro: Seguro Universitario.

Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 4. Le corresponde a la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Educación Superior:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro Universitario;

II. Operar, distribuir y entregar la pensión mensual a los beneficiarios cuyo responsable de la manutención haya fallecido o bien, caído de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez.

III. Elaborar los lineamientos, reglas de operación y demás normatividad secundaria que para el efecto considere necesaria para cumplir los objetivos perseguidos por el Seguro.

IV. Elaborar un padrón de beneficiarios de la pensión instituida en la presente ley el cual deberá actualizarse de manera anual.

V. Transparentar y publicar en todos los medios físicos y electrónicos que se encuentren a su alcance, el padrón de beneficiarios del seguro universitario, la carrera que estudia, la escuela pública de educación superior a la que pertenece y la entidad federativa de la misma.

VI. Solicitar a las distintas escuelas públicas de educación superior llevar un registro de los responsables de la manutención de cada uno de sus estudiantes inscritos en sus carreras ofertadas, o si sus gastos son solventados con recursos propios del estudiante.

VII. Implementar y llevar a cabo las medidas y políticas públicas pertinentes cuyo objetivo sea apoyar a los beneficiarios del Seguro con la finalidad de evitar la deserción escolar.

VIII. Remitir al Ejecutivo Federal, antes del inicio de los trabajos de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos, la estimación de los recursos necesarios para cubrir la operación y pensiones del Seguro.

IX. Velar por la transparencia, rendición de cuentas y ética de los funcionarios públicos involucrados en el manejo y distribución de los recursos públicos que integran el Seguro, así como la selección de beneficiarios del programa, y

X. Las demás que le otorgue la presente ley y demás normatividad aplicable.

TÍTULO SEGUNDO

Del Seguro Universitario

Capítulo I

Del Seguro Universitario

Artículo 5. El Seguro Universitario es un programa de protección social permanente para los beneficiarios de la presente Ley, tendiente a crear las condiciones necesarias para evitar que los estudiantes de educación superior que pierdan al responsable de su manutención, se vean orillados a abandonar sus estudios para incorporarse al mercado laboral.

Artículo 6. Los objetivos específicos del Seguro Universitario son:

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta Ley;

II. Disminuir la deserción escolar de los estudiantes de educación superior que pierden al responsable de su manutención;

III. Apoyar la educación superior de nuestro país como una palanca de desarrollo y motor de crecimiento de México; y

IV. Aumentar el número de egresados en México para lograr profesionalizar los empleos y que sean personas más capacitadas quienes desempeñen las actividades económicas del país.

Artículo 7. A través del Seguro Universitario se otorgará una pensión mensual a cada beneficiario con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos en el programa, la cual no será menor al correspondiente a 60 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Capítulo II

De los Beneficiarios y Requisitos

Artículo 8. El Seguro Universitario es un programa permanente y los aspirantes pueden realizar los trámites correspondientes desde el momento en que ocurra el fallecimiento del responsable de su manutención, o bien, que este haya caído de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez.

La Secretaría expedirá anualmente y de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la convocatoria para acceder al Seguro Universitario y sus bases de participación en su página oficial; así como el procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtenerlo.

Artículo 9. Tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo séptimo de esta ley, los alumnos que cuenten con los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano con domicilio en territorio nacional;

II. Estar inscrito en alguna de las escuelas públicas de educación superior del país;

III. Ser estudiante menor de 23 años de edad con un promedio general mínimo de 8 o su equivalente;

IV. Acreditar el fallecimiento del padre, madre o tutor legal responsable dela manutención del estudiante o que dicho responsable caiga de manera total o permanente en estado de incapacidad o invalidez;

V. Encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 10.Los beneficiarios perderán el derecho a recibir la pensión del Seguro Universitario cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Concluya sus estudios de educación superior;

II. Cumpla 23 años de edad;

III. Disminuya su promedio general a una calificación menor a 8 o su equivalente;

IV. Abandone o suspenda sus estudios de educación superior;

V. Aumenten los ingresos familiares a tal grado que no cumpla con el requisito señalado en el artículo 9 fracción V;

VI. Fallecimiento; y

VII. Renuncia voluntaria al derecho.

VIII. No realicen el trámite señalado en el artículo 11 de la presente Ley.

Artículo 11.Los beneficiarios del Seguro Universitario para continuar recibiendo la pensión mensual a la que tienen derecho, deberán refrendar conforme a la modalidad de estudio de la escuela pública de educación superior a la cual están inscritos, antes del inicio del periodo siguiente, que continúan cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 9 fracciones II, III y V.

Capítulo III

De la Operación del Seguro Universitario

Artículo 12. El Ejecutivo Federal deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, las asignaciones y previsiones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a la pensión establecida en la presente ley y que permita al beneficiario la permanencia escolar y la continuidad de sus estudios de educación superior.

Artículo 13. La Secretaría deberá actuar bajo los principios de transparencia, honradez, justicia, igualdad, equidad, imparcialidad y máxima publicidad con el objeto de brindar certeza a la ciudadanía de la manera en la que se lleva a cabo la operación del Seguro Universitario.

Artículo 14. La Secretaría elaborará un padrón de beneficiarios del Seguro Universitario el cual se actualizará de manera anual y será presentado al Ejecutivo para su consideración, antes del inicio de los trabajos de elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio siguiente, con la información y estadísticas que arrojen los estudios que realice la Secretaría para determinar el costo aproximado de dicho programa.

Artículo 15. El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona interesada deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la Secretaria deberá publicar en todos los medios físicos y electrónicos que se encuentren a su alcance, el padrón de beneficiarios del seguro universitario, la carrera que estudia, la escuela pública de educación superior a la que pertenece y la entidad federativa de la misma.

Artículo 16. Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de transparencia, honradez, justicia, igualdad, equidad, imparcialidad y máxima publicidad, serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 17. Se cancelará el derecho de recibir el apoyo del Seguro Universitario a toda aquella persona que de manera dolosa proporcione información falsa para obtener su registro en el padrón correspondiente y acceder a los beneficios de la pensión, o bien, que mediante actos de corrupción con los servidores públicos responsables de la ejecución obtengan el mismo fin.

La Secretaría iniciará los procedimientos legales correspondientes a aquellas personas que hubieran recibido  beneficio económico alguno, bajo los supuestos mencionados en el párrafo anterior con la finalidad de recuperar y regresar al erario público los recursos del programa detentados bajo actos ilícitos.

Artículo 18. La pensión referida en la presente Ley no limita al beneficiario a recibir otro tipo de apoyos o becas incluso si son proporcionadas por la misma autoridad educativa.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley del Seguro Universitario, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Secretaría, deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el artículo 14de la presente Ley a los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento referido en el Transitorio Segundo, para que sea incluido en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y publique este Decreto.

CUARTO. La Secretaría integrará y elaborará el padrón, lineamientos, y reglas de operación a que se refiere esta ley a los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento referido en el Transitorio Segundo.

QUINTO. Para los efectos del cálculo de los montos señalados en el artículo 7, así como 9 fracción V de la Ley, la Secretaría considerará el Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal del año que se elaboró el Presupuesto de Egresos.

SEXTO. El Congreso de la Unión en uso de sus facultades legales, podrá a través de sus órganos dar seguimiento al cumplimiento de las normas aprobadas en el presente Decreto.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. José María Martinéz Martínez.

1 http://cendoc.imjuventud.gob.mx/sin_registro/Cuestionarios/CuadernilloENJ2010FINAL9DIC.pdf

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?%20codigo=5299465&fecha=20/05/2013

3 Documento aprobado por la XX Convención Nacional, México, DF, a 9 de febrero de 1969.

4 genero.ife.org.mx/docs/pp2012/PE_PAN_genero.pdf

5 www.dif.df.gob.mx/dif/_anexos/10.pdf‎

6http://www.cgeson.gob.mx/archivos/biblioteca/leyes/estatal/leyes/Ley%20que%20crea%20el%20Seguro%20Educativo%20del%20Estado%20de%20Sonora.pdf

7 http://www.presidencia.gob.mx/5-datos-sobre-el-seguro-de-vida-para-mujeres-jefas-de-familia/

8 http://www.jornada.unam.mx/2012/05/26/sociedad/034n1soc

9 CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIÓ EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, SOBRE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2015-2016, Y LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014, DONDE ESTUVO ACOMPAÑADO POR LOS SUBSECRETARIOS DE HACIENDA, FERNANDO APORTELA; DE EGRESOS, FERNANDO GALINDO; DE INGRESOS, MIGUEL MESSMACHER, Y EL PROCURADOR FISCAL, JAVIER LAYNEZ.

10 http://www.excelsior.com.mx/2012/04/04/nacional/823819

11 «Se Compromete Peña Nieto a que la cobertura en educación superior alcance al menos 45 por ciento». Noticiero Veracruz. 27 de abril de 2012. Consultado el 26 de junio de 2013.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de personas de la tercera edad, provenientes de la Delegación Venustiano Carranza, invitados por el Senador Teófilo Torres Corzo.

¡Bienvenidas, señoras y señores!

Algunos son de Tercera Edad, otros no, estoy viendo desde acá. Bienvenidos a todos.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Los dictámenes que tenemos para primera lectura son:

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



 





 

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDO EL CONTENIDO ACTUAL, DEL ARTÍCULO 389 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para personas con discapacidad.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de Abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para personas con discapacidad.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, para que las personas con discapacidad cuenten con un certificado, documento que facilitará el acceso no solo a diversos beneficios, sino que además, será un instrumento de identificación que facilitará y promoverá su inclusión en diversos ámbitos de la sociedad en un marco de igualdad y no discriminación.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:
I. Prenupciales;
I Bis. De nacimiento;
II. De defunción;
III. De muerte fetal, y
IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y
V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:
I a III…
IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;
V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y
VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Dicha clasificación, presentada en 2001, señala que las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

C. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Mundial, señala que todas las personas del mundo pueden llegar a enfrentar en algún momento de su vida alguna discapacidad, ya sea de manera permanente o transitoria.Así mismo se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, tienen alguna discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes, entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

D. Hay que señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social que reafirma que las personas con tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Así mismo precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.

E. La OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale a alrededor del 15% de la población mundial, aunado a ello, dicha cifra tiende una tendencia creciente debido al envejecimiento poblacional, que se traduce en la mayoría de los casos, en el detrimento de la salud de la persona y que puede ocasionar pérdida de visión, audición o motriz.

F. Algunos de los obstáculos que las personas con discapacidad pueden enfrentar, están relacionados con las políticas y normas que pueden resultar insuficientes al momento de aplicar las disposiciones a la realidad de cada entorno social; actitud negativa por parte de la población en general, que se puede ver influenciada a partir de sus creencias, prejuicios, educación, empleo, atención de salud y participación social; entre otros obstáculos que pueden ser consecuencia de los señalados y dificultan la cotidianeidad de las personas con discapacidad y su accesibilidad a edificios públicos y privados, oportunidades de educación o empleo, entre otros aspectos.

G. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al año 2010, marcan que alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas en México tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 5.1% de la población total y que puede estar involucrado con la dificultad de caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o comunicarse, o las relacionadas con la mente, la atención y aprendizaje o el autocuidado.

H. El censo poblacional de 2010, arrojó que del total de la población que presenta algún tipo de discapacidad, el 58.3% se debe a la dificultad de caminar o moverse, seguido de la discapacidad visual con 27.2%, la discapacidad auditiva con 12.1% la dificultad para hablar o comunicarse con 8.3%, el 8.5% enfrentan dificultades mentales y con 5.5% están las personas que no pueden atender el cuidado personal y finalmente con el 4.4% se encuentra el grupo de personas que tienen dificultades de atención y aprendizaje.

I. En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH, de 2012, el porcentaje de personas con discapacidad aumentó a 6.6%, con respecto al censo del INEGI de 2010.

J. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2010 nos aporta datos importantes al respecto de la inclusión social, tales como que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad.

K. Hay que destacar que de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 1 establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Así mismo en su artículo 4º inciso a), se establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención;

Por su parte, en el inciso b) del mismo artículo se destaca la importancia de tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

En este tenor se tiene que mencionar que la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, publicada el 14 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, tiene como finalidad establecer los criterios que regulan la forma en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en su calidad de pacientes.

Asimismo, refiere la observancia obligatoria de los lineamientos establecidos en la Norma citada, entre ellos y para efectos de la presente iniciativa resulta importante destacar la obligatoriedad de expedir un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad, establecido en el punto 5.1.3 que plasma lo siguiente: “A toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimo los siguientes datos: nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo y grado de discapacidad, en su caso, en el formato correspondiente, a través de una institución del sector salud y por un médico con título y cédula profesional”.

En orden, la presente Norma marca la pauta para incentivar a las instancias correspondientes a fin de que armonicen sus procedimientos y recursos con el objetivo de implementar un proceso de expedición de certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad.

1. En México se han venido desarrollando programas y beneficios a los cuales pueden tener acceso las personas con discapacidad, sin embargo, para acceder a estos apoyos se necesita acreditar la discapacidad con algún documento.

Es por ello la importancia que tiene impulsar que toda persona con alguna discapacidad, cuente con un certificado que avale dicha condición, así mismo, se tendrá un control de quienes pretenden tener estos beneficios y no tienen alguna discapacidad.

Por ende, este documento se pretende que sea público y que tenga validez en todo el territorio nacional y se tenga un reconocimiento administrativo de la discapacidad con el propósito de compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando derechos y beneficios sanitarios y de otro tipo, con miras a equiparar oportunidades.

Las personas con discapacidad tendrán los beneficios médicos, laborales y demás que marca nuestros ordenamientos jurídicos vigentes. Es importante señalar que dicho documento únicamente da certeza de que una persona tiene discapacidad independientemente del grado de la misma.

Es por lo vertido que estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu loable de la Iniciativa y consideran viable dicha propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I a III. (…)

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS





 

Y de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de junio de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la presente Iniciativa, se encuentra directamente relacionado con el interés supremo de reducir las tasas de embarazos en adolescentes que en los últimos años se han incrementado considerablemente y cuya tendencia sigue a la alza.

Por ello la propuesta suscrita por la Legisladora proponente, pretende reformar la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68. (…)

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar con la obligatoriedad de proporcionar a la o el solicitante el método anticonceptivo adecuado en base a su historial clínico.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. En México, en los últimos dos sexenios, la atención prenatal incrementó de 64.4% en 2000 a 65.2% en 2006 y hasta llegar a 74.4% en 2012.El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su periodo reproductivo es particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos, relativamente alta.

Aunado a lo anterior, entre las primeras cinco causas de mortalidad materna que representan 88.3% del total de estas defunciones, están:

• Las defunciones obstétricas indirectas1  con 31.9%;

• Seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%;

• Hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%;

• Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2%, y;

• Las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8%.

C. En México, los programas de planificación familiar han permitido que parte de la población tenga acceso a medios para limitar o espaciar su descendencia acorde a sus preferencias, a partir de la implementación de estrategias de planificación familiar, desde hace 35 años. De acuerdo con datos de la Legisladora proponente, en 1973, México se convirtió en el segundo país del mundo y el primero de América Latina, al establecer en la Carta Magna, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos.

Así mismo la Senadora reconoce que los programas de planificación familiar han tenido avances significativos, no obstante, señala que el uso de métodos anticonceptivos no ha ocurrido de forma uniforme, ya que persisten rezagos importantes, particularmente en grupo poblacional de adolescentes y jóvenes, así como aquellas personas que habitan en zonas marginadas, rurales o indígenas.

Destaca también que la planificación familiar requiere de promoción y acceso a los métodos anticonceptivos adecuados para las mujeres y parejas, esto es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en beneficio de su salud, salud sexual y reproductiva.

Al respecto es importante señalar los 4 elementos que destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA que son:

• Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

• Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

• Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género;

• Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

D. Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la legisladora proponente, en la necesidad de reforzar la Ley en materia de planificación familiar, con la finalidad de reducir a la brevedad posible la tendencia de incremento de los embarazos en adolescentes, ya que la edad que comprende este periodo de la vida, no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física, ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.

Esto toma en cuenta la capacidad de decidir evitar poner en riesgo la salud materna en mujeres menores de edad, adolescentes y de edad avanzada que presentan un alto riesgo de muerte materna, de igual forma al disminuir la tasa de embarazos no deseados se disminuye la necesidad de someterse a abortos peligrosos.

El incremento de embarazos en menores de edad y adolescentes es igualmente peligroso por las posibilidades de nacer un niño de pretérmino o con peso bajo, frecuentemente presentan tasas altas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes dejan la escuela y a largo plazo tienen serias consecuencias para ellas y sus familias.

Es de suma importancia que los servicios de planificación estén ampliamente disponibles y de fácil acceso, por medio de agentes de salud capacitados, para toda persona sexualmente activa, particularmente los adolescentes. Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las parteras estén capacitadas para facilitar los métodos anticonceptivos localmente disponibles y culturalmente aceptables.

Por lo anterior, se considera pertinente, reformar la fracción II al Artículo 68 de la Ley General de Salud.

PROPUESTA SEN. MARIA CRISTINA DÍAZ SALZAR

PROPUESTA COMISIÓN DE SALUD

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II.  

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar con la obligatoriedad de proporcionar a la o el solicitante el método anticonceptivo adecuado en base a su historial clínico.

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II.

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar, así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico;

III. a VI. (…)

Con la redacción propuesta, se pretende fortalecer además el Programa Nacional de Panificación Familiar, en sus objetivos específicos que consisten en:

1. Promover y difundir a la población los beneficios de la planificación familiar y la anticoncepción mediante acciones de promoción de la salud, dirigidas a lograr el ejercicio de una sexualidad responsable y protegida, en un marco de respeto a los derechos de las personas y con perspectiva de género.

2. Proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres puedan decidir libremente y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.

3. Disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos mediante la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, con énfasis en población con mayor rezago como adolescentes, indígenas y población rural.

4. Fortalecer la capacidad técnico-administrativa del personal de salud para la prestación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

5. Incrementar la participación del hombre en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.

6. Fortalecer la coordinación interinstitucional a fin de homologar la capacitación, el sistema de información, el monitoreo y evaluación del programa para que favorezca la toma de decisiones, primordialmente en el aseguramiento del abasto y la mejora en el acceso y la prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Artículo 68 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. (…)

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar, así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico;

III. a VI. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio, entre otras.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Debido a que encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que a petición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se retira de la primera lectura el dictamen con proyecto de Decreto por que se reforman los artículos 24, 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo.

Destaco la presencia del Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, que se encuentra en este recinto.





 

Pasamos a la discusión de 12 dictámenes en sentido negativo de diversos proyectos de Decreto, tres de ellos contienen puntos de Acuerdo por los que las comisiones expresan su conformidad con los desechamientos que la Cámara de Diputados hizo al mismo número de proyectos de Decreto, los otros nueve proponen desechar iniciativas presentadas en el Senado.

Todos los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren dichos dictámenes.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura, señor Presidente.

Están a discusión los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen puntos de Acuerdo por los que se expresa su conformidad con los desechamientos de la Cámara de Diputados:

Uno, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar la fracción VII del artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)







 

Y el proyecto de Decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo por el que expresan su “conformidad” con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de Decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo.

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL;
DE ASUNTOS INDÍGENAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Y de Asuntos indígenas Y de Estudios Legislativos Segunda, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores fue turnada, para estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cinco más al artículo 280; se crean los artículos 280 A; y se adicionan las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 numeral 2, inciso a; 86; 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

En el capítulo de “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones;

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 7 de septiembre de 2005 fue turnada la minuta del senador Carlos Rojas Gutiérrez de la LVIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional., ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cinco más al artículo 280; se crean los artículos 280 A; y se adicionan las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-1-1413, acordó se turnara para su dictamen a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Indígenas para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- En sesión del día 9 de abril de 2014 las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Asuntos Indígenas, presentaron dictamen con punto de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; y adiciona el artículo 280 A y las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de abril de 2014, se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; y adiciona el artículo 280 A y las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, para su estudio y dictamen correspondiente

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La minuta de referencia propone lo siguiente:

A) El proponente alude que en el desarrollo agrícola de México, los trabajadores del campo, los jornaleros agrícolas han jugado un papel fundamental sobre los esfuerzos que millones de hombres, mujeres, niños y familias enteras que realizan a diario para contribuir a la alimentación de los mexicanos y la fortaleza de nuestra economía en el campo, en la mayoría de los casos, no cuentan con una retribución justa en términos económicos, sociales e incluso jurídicos, los jornaleros agrícolas exigen garantizar pleno ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a una calidad de vida digna.

B) Menciona que 40 por ciento de los trabajadores proviene de pueblos indígenas y en los campos de labor, en conjunto, se hablan 26 lenguas diferentes. Junto con sus familias salen de sus comunidades hacia 23 zonas agrícolas distintas, la mayoría ubicadas en el noroeste, en busca de un empleo que les permita tener un ingreso que les permita sobrellevar su condición de pobreza, los grupos jornaleros de indígenas son de manera predominante, mixtecos, zapotecas, y nahuas, mientras en la región lagunera la mayoría son de la Huasteca potosina.

C) Argumenta que estos trabajadores viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más severas condiciones climáticas y de riesgo ambiental, carecen de servicios públicos; los niños en edad escolar no pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a muy temprana edad, ya que no pueden tener el cuidado adecuado ya que sus madres también tiene que trabajar. Prácticamente todos, los jornaleros, pero sobre todo los niños presentan problemas graves de desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza, y también a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que implica el trabajo.

D) Aunado a esto, manifiesta que aun cuando la Ley Federal del Trabajo reconoce un conjunto de derechos para estos trabajadores y establece obligaciones claras y precisas que deben respetarse, lo cierto es que hay de manera permanente violaciones al marco legal, frecuentemente se infringe la ley, ampliando los horarios de trabajo, aprovechando la necesidad de los trabajadores a destajo; los niños, indebidamente empleados, junto con las mujeres llevan a cabo jornadas superiores a ocho horas, los salarios que reciben resultan insuficientes ante sus necesidades y también por la carestía de los productos que muchas veces les son obligados a adquirir en los propios centros de trabajo o a través de establecimientos comerciales propiedad de los empleadores.

E) El indicador concluye que el propósito de la reforma es hacer explícito y reglamentar en el capítulo VII del título sexto de la ley, “Trabajos especiales. trabajadores del campo” el mandato constitucional en materia de derechos de los trabajadores indígenas migrantes y jornaleros agrícolas en general, dotando desde luego de facultades y obligaciones a las autoridades para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley relativas a las condiciones de trabajo y a los derechos de los trabajadores: contratación, horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones, seguridad, higiene y bienestar; empleo de mujeres y menores y demás disposiciones afines. Propuesta que esta apegada al espíritu del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora en base a las siguientes consideraciones:

Atendiendo a las reformas del proponente objeto de estudio, es de resaltar que la vigente reforma laboral aprobada en noviembre de 2012, reguló dos temas primordiales y notablemente sensibles para la sociedad, mismos que fueron atendidos e insertados en el cuerpo normativo, relativos a “Trabajo de los menores” y “Trabajadores del campo”, donde y de acuerdo con la propuesta del legislador ambos temas quedaron plasmados y actualmente disponen lo siguiente:

Título Quinto Bis

Trabajo de los Menores

Artículo 177. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.

Capítulo VIII

Trabajadores del Campo

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de esta ley.

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana;

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral;

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes;

IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo;

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste;

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II;

VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral.

Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno;

VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral.

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes.

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos.

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores;

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.

El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública reconocerá los estudios que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo;

XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público adecuado;

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español; y

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.”

Estas Comisiones Unidas, estamos de acuerdo con lo expresado por la Colegisladora en relación a que al tratarse de una propuesta legislativa y de hechos que han sido superados por el tiempo para su aplicación, dicha minuta en estudio ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; crea el artículo 280 A; y adiciona las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Carlos Rojas Gutiérrez de la LVIII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos y por los motivos que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, el contenido del presente Dictamen, con el objeto de que se informe a la colegisladora.

TERCERO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 2 de diciembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





 

Asimismo, tenemos la discusión de tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, que proponen desechar las siguientes iniciativas:

El proyecto de Decreto para adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

El proyecto de Decreto para expedir la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet.

PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE INTERNET

(Dictamen a discusión)







 

Y tres proyectos de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

PROYECTOS DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen a discusión)







 

Están también a discusión dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, que proponen desechar el proyecto de Decreto para expedir el Reglamento de las Sesiones del Congreso General.

PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CONGRESO GENERAL

(Dictamen a discusión)







 

Y el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR LOS NUMERALES 3, 4 Y 5 AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Igualmente, tenemos la discusión de los siguientes dictámenes en sentido negativo. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el último párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de febrero de 2014, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la presente Iniciativa, se motiva principalmente a partir de que el Legislador proponente destaca entre otros aspectos importantes, que existen determinantes que influyen en la inequidad de los servicios de salud entre la población.

Por ello la propuesta suscrita por el Legislador, pretende adicionar una fracción X del artículo 2 recorriendo el contenido actual de la fracción X a la fracción XI y de la fracción XI a la XII; una fracción X del artículo 5 recorriendo el contenido actual de la fracción X a la fracción XI y de la fracción XI a la XII; y un artículo 7 Quater, todos a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. al IX. ...

X. Determinantes Sociales de la Salud, a las circunstancias sociales e institucionales que causan desigualdades evitables en materia de salud entre las personas, aumentando el riesgo de propagación de las enfermedades transmisibles;

XI. y XII. …

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. al IX. ...

X. Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud;

XI. y XII. …

Artículo 7 Quater. El Instituto sobre Determinantes Sociales de la Salud tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar a la Secretaría, para afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables promoviendo un mecanismo interinstitucional que estandarice las políticas para el desarrollo y acceso igualitario de la salud;

II. Promover la equidad sanitaria a nivel nacional y coordinarse con los sectores público, privado y social, para prevenir que las políticas públicas no generen procesos exclusión o desigualdad entre grupos sociales;

III. Normar evaluar las Políticas y Programas de Salud Pública, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para identificar y medir los determinantes sociales en salud, de modo que puedan detectarse las inequidades sanitarias;

IV. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a la mejora de la calidad en la atención;

V. Monitorear consumos de medicamentos y establecer lineamientos para optimizar y garantizar su disponibilidad a bajo costo en el territorio nacional;

VI. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría sobre las inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de la salud, para que puedan ser interpretadas y utilizadas en la elaboración de políticas, sistemas y programas más eficaces;

VII. Promover y formular opiniones a las dependencias públicas para que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la actuación las políticas públicas;

VIII. Enviar al Senado de la República anualmente una evaluación de las consecuencias de los principales acuerdos económicos internacionales en materia de reducción de la equidad sanitaria, y

IX. Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La creación del organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales que dispongan en conjunto la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. Las relaciones entre el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto en el apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá celebrarse la sesión de instalación de la junta de gobierno, en la cual se deberá expedir su estatuto orgánico, y se podrá designar un Director General.

Quinto. Por única vez, dos de los cuatro vocales de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo 2 años.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. El Senador proponente señala a través de su propuesta la problemática:

● Que desde 2005 la Organización Mundial de la Salud ha incluido como parte de su agenda prioritaria el tema de los Determinantes Sociales de la Salud con el objetivo de detener las diferencias en salud evitables e injustas entre las personas, además que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

● Que distintos factores, no solamente el aspecto económico, repercuten en la organización de las sociedades, propiciando la aparición de diversas formas de estratos y jerarquías que al final de la cadena, afecta sus condiciones de aprendizaje, de vida, de trabajo y las condiciones en la vejez, y con ello, las consecuencias negativas de las enfermedades.

● Que en marzo de 2005 se creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), una red mundial de instancias normativas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, que reunió para ayudar a afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables.

● Que a la CDSS se le ordenó que un plazo de tres años debería acopiar y revisar datos sobre intervenciones necesarias para reducir las inequidades en materia de salud dentro de los países y entre ellos, y comunicar sus recomendaciones al respecto.

C. En México, en la actualidad el Instituto Mexicano de Seguro Social cuenta con poco más de 58 millones de afiliados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuenta con poco más de 12 millones de afiliados y el Seguro Popular maneja una cifra de poco más de 55 millones de beneficiados.

En 2001, la población que hoy cuenta con el Sistema de Protección Social en Salud, no tenía ningún tipo de seguridad para la atención de su salud, en 2004, tan sólo el 10% de los que hoy están afiliados a este Sistema, contaban con dicho beneficio, no obstante se ha logrado que la cobertura total.

Es importante señalar que dicha cobertura, debe de tener también características como el abasto de medicamentos, la calidad y calidez en la atención, la infraestructura, tecnología e insumos necesarios y los recursos humanos suficientes que logren brindar una adecuada atención y diagnósticos oportunos a las personas.

Para ello, es necesario que el Sistema Nacional de Salud pública, cuente con un adecuado financiamiento, donde el uso de los recursos sea más eficiente; además se necesita una mejor planeación donde se instaure un modelo único de atención estructura sobre Redes Integradas de Servicios de Salud basadas en la Atención Primaria, pero también con soporte en las Guías de Práctica Clínica, donde los procedimientos médicos se estandaricen con la finalidad de brindar mejor atención al usuario, basada en evidencia científica, y lograr la reordenación de los recursos humanos, que no solo estén concentrados en las grandes urbes, sino en zonas rurales y marginadas, donde el acceso a la salud es más complicado tanto por cuestiones geográficas como económicas.

D. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, tiene por objeto la organización y funcionamiento de los Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realice en ellos.

Cada uno de los Institutos que se encuentran regulados por esta Ley, se encuentran directamente relacionados con alguna rama o especialidad de la medicina, sean neoplasias, padecimientos cardiovasculares, disciplinas biomédicas, enfermedades respiratorias, el sistema nervioso, entre otras, excepto un Instituto, que es el Instituto Nacional de Salud Pública mismo que se encarga de la investigación y enseñanza pública.

Corresponde al Instituto Nacional de Salud Pública, conforme lo establece el Artículo 7º de la Ley en comento, estudiar y diseñar métodos y técnicas de investigación científica relacionados con la salud, desarrollar encuestas en las áreas de la salud pública, coadyuvar en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas y de otros problemas de salud en el país, y de aquellas que puedan introducirse al territorio nacional, contribuir al desarrollo de la tecnología diagnóstica apropiada a las necesidades nacionales, en materia de enfermedades transmisibles, entre otras atribuciones.

Aunado a ello, y específicamente en materia de la reforma sugerida en análisis, el Instituto Nacional de Salud Pública, elabora instrumentos como el publicado en el año 2012, denominado “La importancia de los determinantes sociales de la salud en las políticas públicas”.

Con base en lo anterior, se considera innecesario, que se adicione una fracción X al Artículo 2º de la Ley de los Institutos Nacionales, para definir los Determinantes Sociales de la Salud, como lo propone la Iniciativa, así mismo se considera inviable, la Creación de un nuevo Instituto, denominado Instituto Nacional Sobre Determinantes Sociales de la Salud, toda vez que el estudio de estos determinantes ya se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública, aunado a ello, conforme a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Artículo 6º, fracción IX, corresponde a dicho Instituto asesorar y formular opiniones a la Secretaría de Salud, cuando sean requeridos para ello y por ende, ahondar en los temas que así se considere necesario.

Además, el derecho a la protección de la salud, de acuerdo con el Artículo 2º de la Ley General de Salud, ya prevé como finalidad, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, además del conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud.

En el mismo sentido, el Sistema Nacional de Salud tiene entre otros objetivos, de acuerdo con el Artículo 6º de la Ley General de Salud:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX.-Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, consideran que los objetivos de la Iniciativa en análisis, ya se encuentran contenidos en los preceptos señalados y por ende, no se justifica la creación de un Instituto específico de Determinantes Sociales de la Salud, por ello con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la Iniciativa turnada el pasado 13 de febrero de 2014, que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS





 

Y otro en relación a dos proyectos de Decreto para reformar la Ley de Salud, en materia de suicidio.

PROYECTOS DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SUICIDIO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de suicidio.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de octubre de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochiy Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención del suicidio.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 23 de abril de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, para prevenir y atender el suicidio en México.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En ambas propuestas las legisladoras proponentes, enfocan su preocupación en un fenómeno que ha tenido un gran incremento no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, y que tiene que ver con la salud mental de las personas, el suicidio. Derivado de ello, las propuestas consisten en lo siguiente:

PROPUESTA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y DIVERSAS SENADORAS DEL GPPPRI.

PROPUESTA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO.

PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 74, así como el párrafo primero del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, la valoración y tratamiento en el primer nivel en las unidades de atención de los centros de salud y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos. En caso de que el trastorno no requiera internamiento, pero sea determinante para que la persona realice actos para privarse de la vida, deberán suscribir un compromiso de vida, obligándolo a participar en diversas actividades terapéuticas a cargo de las autoridades sanitarias.

SEGUNDO. Se adiciona la fracción III Bis. y VIII Bis. al artículo 6; una fracción VIII Bis al artículo 17 y VII Bis. al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6.

De la I a la III.

III Bis. Impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las instituciones públicas y privadas para la atención de los temas considerados como prioritarios por esta ley.

De la IV a la VIII.

VIII Bis. Promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud en el país, en materia de salud mental y prevención de conductas suicidas.

Artículo 17.

De la I a la VIII

VIII. Bis. Opinar sobre los contenidos de los programas de televisión y noticias sensacionalistas en materia de salud mental, principalmente en aquellos asuntos relacionados con suicidios.

Artículo 73.

De la I a la VII.

VII Bis. La capacitación en las unidades médicas y centros de salud para la atención en el primer nivel y conductas suicidas.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VI Bis y XXI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 3 °; y se adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Salud, para prevenir y atender el suicidio en México, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I-VI …

VI Bis. La prevención y control del suicidio, así como la atención de la depresión tendiente a la conducta suicida.

VII-XX …

XXI. El Programa Nacional Integral de Atención y Prevención del suicidio.

XXII. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXIII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;

XXIV. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las fracciones XXII y XXIII;

XXVI. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley;

XXVII. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVII Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXVIII. La sanidad internacional;

XXVIII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

XIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.

Artículo 73 Bis.- La Secretaria de Salud en coordinación con las instituciones de salud, los gobiernos de las entidades federativas y las autoridades competentes formularán el Programa Nacional Integral de Atención y Prevención del Suicidio, mismo que deberá comprender al menos las siguientes acciones:

I. Un informe científico de las principales causas y estadísticas del suicidio y su dinámica en México;

II. Establecer los criterios necesarios que permitan la atención de las personas que tengan depresión tendientes a la conducta suicida.

III. Las disposiciones de carácter general para la prevención y atención del suicidio.

IV. Establecer y difundir ampliamente líneas de comunicación de contacto directo con la Secretaría y las instituciones de salud para que brinden orientación y asistencia a las personas con conducta suicida, a través de personal debidamente especializado y capacitado en la materia.

V. Establecer y difundir ampliamente líneas de comunicación directo con la Secretaria y las Instituciones de Salud para que brinden orientación y asistencia a las personas que denuncien algún caso, de una persona que tenga conducta suicida, a través de personal debidamente especializado y capacitado en la materia.

VI. Difundir cuales son las instituciones que brindan apoyo, orientación y atención a las personas con depresión, tendientes a la conducta suicida.

VII. Contener los criterios necesarios para la difusión de información sobre el tema en todos los ámbitos, principalmente en el laboral y educativo.

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. La salud mental es un factor muy importante para el bienestar de las personas en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

A través de una de las propuestas en análisis, se señala que de acuerdo con la Secretaría de Salud, el suicidio es un fenómeno de salud pública que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales, derivado de ello y ante el crecimiento de muertes por este causa que se ha observado en el país, se puso en marcha el Programa de Atención en Salud Mental, con la finalidad de establecer una vigilancia epidemiológica y las investigaciones adecuadas para el conocimiento del problema y con ello mejorar las posibilidad de prevención de suicidios. En conjunto, diversas entidades federativas en nuestro país han realizado acciones en favor de disminuir la tendencia suicida, de la siguiente manera:

● Colima: Su mayor problemática tiene que ver con los suicidios en personas adolescentes, principalmente aquellas entre los 15 y los 19 años de edad, para ello cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, mismo con el que se realiza un registro epidemiológico de los trastornos mentales más comunes en las tres jurisdicciones de la entidad; además, se lleva a cabo la capacitación en salud mental del 80% del personal de medicina, enfermería, psicología y trabajo social para la detección, diagnóstico y tratamiento oportunos de los problemas psico-sociales y los trastornos mentales que más frecuentemente se asocian con el comportamiento suicida. Además del anterior, se ejecuta en coordinación con DIF Colima, un programa denominado COMPARTE, con la finalidad de prevenir conductas suicidas en niñas, niños y adolescentes.

● Durango: La prevalencia de suicidio en dicha entidad federativa, corresponde a personas menores de 34 años de edad, desde 2008, se ha emprendido una lucha para reducir este problema, a partir del Programa Estatal de Prevención de Suicidio “Vida”, con el cual se logró una tendencia a la baja con una tasa de 72.9% muertes por causa de suicidio, a 46.75%, no obstante el transcurso para llegar a disminuir e porcentaje de suicidios en dicha entidad fue variable, lo que implica que es necesario continuar el trabajo en la misma dirección.

● Guanajuato: Su problemática se inclina en el caso de los hombres, al suicidio a edades cada vez menores y en mujeres al suicidio a través de armas de fuego. Por ello se implementó a partir de 2013, una línea telefónica gratuita para prevenir el suicidio, donde recibieron más de 18 mil llamadas y más de 66 casos de dichas llamadas, se encuentran en tratamiento. Además de contar desde 2007 con el Programa de Prevención y Atención a la Conducta Suicida y se ha destinado presupuesto por parte del Congreso local, que permite crear el Consejo Estatal de Salud Mental.

● Jalisco: Desde 2002 se llevan a cabo en torno a la problemática del suicidio, logrando en 2003, la firma del acta de intención de la Red Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en el Estado de Jalisco. Así mismo, para 2010, se inició la organización de las Redes Regionales para la Prevención del Suicidio a Interior del Estado. Además de contar con 2 Centros de Atención Integral en Salud Mental, 7 Centros Integrales de Salud Mental y 2 centros más en construcción.

● Nuevo León: A partir de 2005 se ha fortalecido el Programa de Atención a Conductas Autodestructivas, en sus componentes de recopilación de información y atención a las familias y comunidades de las personas fallecidas, lo que ha permitido conocer el comportamiento del fenómeno a través del tiempo y mejorar la calidad de atención a la comunidad.

● Oaxaca: Por su parte dicha entidad federativa, cuenta con un plan de intervención específico, en el que se contemplan acciones preventivas como la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y difusión de información en las Ferias de la Salud.

● Querétaro: Lleva a cabo la participación interinstitucional, para implementar el Modelo de Intervención Oportuna en Situaciones de Riesgo, para prevenir, atender y rehabilitar las conductas de riesgo, en la localidad.

● San Luis Potosí: Se logró la conformación del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Suicidio.

● Distrito Federal: Se han implementado acciones encaminadas a prevenir el suicidio y atender a quienes presentan trastornos de ansiedad y depresión; servicios que proporciona en los centros de salud y hospitales, con el apoyo del personal médico capacitado en materia de salud mental; también se brinda orientación telefónica a personas que lo solicitan a través de la Dirección de medicina a distancia de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

C. Es conocido de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que entre los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse, tienen que ver en primer lugar con enfermedades mentales, trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia escolar y las sensaciones de pérdida, que son situaciones que se enfatizan de acuerdo con los entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos.

Cifras a nivel mundial establecen anualmente la ocurrencia de casi un millón de suicidios, lo que equivale a una muerte por esta causa, cada 40 segundos.

En México, en las últimas 3 décadas la tasa de mortalidad por causa de suicidio, ha aumentado de 2 a 8 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que lo ha llevado al cuarto país con más alto índice de suicidios, en América Latina, por debajo de países como Argentina, Brasil y Colombia.

De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010, hubo 5012 suicidios, de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 fueron mujeres, aunado a ello las entidades federativas mayor índice de suicidios están el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán, no obstante, el 80% de las personas que se suicidaron tienen antecedentes de haber tenido acercamiento con algún médico, pero la atención no fue la adecuada.

D. El pasado 15 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma integral a la Ley General de Salud, en materia de salud mental, donde ésta se define como “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Aunado a lo anterior, las reformas en comento, establecen en el Artículo 72 la atención de los trastornos mentales y del comportamiento con enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto de los derechos humanos de estos servicios, promueve además en las fracciones IV y V, que las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, sean con el fin de favorecer el acceso oportuno de la atención, y cuya implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, permita abatir la brecha de atención.

Por ello, se considera que la reforma propuesta a la fracción I del Artículo 74 de la Ley General de Salud, que incluye la valoración y tratamiento en el primer nivel en las unidades de atención de los centros de salud, limita el alcance que tienen los preceptos vigentes señalados, toda vez que en el primer nivel, se puede realizar únicamente la valoración del paciente y remitirlo en caso necesario al servicio de salud mental correspondiente, ya que uno de los problemas por los cuales no se ha logrado reducir las tendencias de suicidio, se deben a una atención inadecuada y en el primer nivel sólo se está capacitando al personal para detectar problemas de salud mental, pero no para brindar un tratamiento integral.

En el mismo sentido, se pretende reformar el Artículo 77 de la Ley General de Salud, con un párrafo que señale que “en caso de que el trastorno no requiera internamiento, pero sea determinante para que la persona realice actos para privarse de la vida, deberán suscribir un compromiso de vida, obligándolo a participar en diversas actividades terapéuticas a cargo de las autoridades sanitarias. Dicha reforma constituiría un retroceso en el tratamiento que se les da a los pacientes con algún trastorno mental, toda vez que en el Artículo 74 de la Ley en comento, se establecen los derechos de los pacientes con trastornos mentales o del comportamiento, entre los más importantes podemos destacar que dicho precepto promueve que el paciente tenga derecho al consentimiento informado del tratamiento que va a recibir, así mismo el tratamiento a recibir deberá ser lo menos alterador posible. Y se promueve que sea tratado en su comunidad o lo más cercano posible a sus familiares o amigos, con la finalidad de fortalecer su salud mental. Por lo anterior, la reforma propuesta, va en contra de los derechos del paciente señalados, al que no se puede le puede obligar como lo señala, no obstante, esta regla se rompe cuando es estrictamente necesario y ya se encuentra previsto por la Ley, en el mismo Artículo 74, fracción III, donde se protege al paciente y se brinda el tratamiento sin tener su consentimiento, únicamente en aquellos casos urgentes, donde se compruebe que el tratamiento es lo más indicado para su bienestar, por lo que en caso de tener graves sospechas de suicidio, la autoridad sanitaria conforme lo establece la Ley en comento, tiene la facultad de someter al paciente a los tratamientos necesarios para evitar que se prive de la vida.

En cuanto a las adiciones, se indica para el Artículo 3º de la Ley General de Salud, una adición de la fracción VI Bis, que establezca como materia de salubridad general, la prevención y control del suicidio, así como la atención de la depresión tendiente a la conducta suicida, no obstante, como el propio precepto lo señal, debe ser materia de salubridad general y no específico como se propone la redacción, ahora bien dicho precepto ya establece como materia de salubridad general, en su fracción VI, la salud mental, misma que da fundamento para que la Secretaría de Salud y las Secretarías locales de la materia, elaboren programas y estrategias tendientes a este tema. De la misma forma, es improcedente incluir en una fracción adicional, un Programa Nacional Integral de Atención y Prevención del suicidio, por las razones vertidas.

También se propone la adición de la fracción III Bis, al Artículo 6º de la Ley General de Salud, el cual señala que el Sistema Nacional de Salud tendrá como objetivos, y suma impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las instituciones públicas y privadas para la atención de los temas considerados como prioritarios por esta Ley, además de promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud en el país, en materia de salud mental y prevención de conductas suicidas. Dicha reforma se convierte en un ordenamiento específico, ya que se enfoca en el estudio en particular de la salud mental y todavía más, lo reduce a las conductas suicidas. Dicho precepto contiene de manera general, los objetivos del Sistema Nacional de Salud y la problemática de las mortalidad en nuestro país, actualmente, tiene diversas áreas como enfermedades cardiovasculares, adicciones, salud mental, enfermedades renales, salud materno-infantil, entre otras, que también requieren de estudio y capacitación y enfocar el esfuerzo en una sola de ellas, ocasionaría el estancamiento en la reducción de las otras.

Así mismo se pretende adicionar al Artículo 17, que establece las atribuciones del Consejo de Salubridad General, una fracción VIII Bis, que sugiere que se encargue de opinar sobre los contenidos de los programas de televisión y noticias sensacionalistas en materia de salud mental, principalmente en aquellos asuntos relacionados con suicidios. Lo anterior, no solo rebasa las atribuciones de dicho Consejo, que de manera general y no específica, como lo sugiere dicha adición, se encarga de diversas tareas, sino que además, dicha propuesta es materia de la Ley Federal de Radio y Televisión y competencia de la Secretaria de Gobernación, quien revisa los contenidos de televisión, radio y cinematografía.

Finalmente la adición del artículo 73 Bis, establece las atribuciones que tendrán las Secretarías Federal y locales, con respecto a un Programa Nacional Integral de Atención y Prevención del Suicidio, no obstante, como se ha señalado a lo largo del presente dictamen, es importante tomar en cuenta que la Ley General de Salud, como su nombre lo indica debe ser general y esta generalidad ya incluye la vigilancia de la salud mental, por ende, enfocar la elaboración de planes, programas y estrategias en materia de suicidio, podría tomarse en cierto aspecto, como discriminatorio, ya que la salud mental involucra de manera general trastornos mentales y del comportamiento, y en todo caso el suicidio, no figura como un trastorno mental o del comportamiento, sino como una consecuencia de los primeros, donde también se pueden involucrar otras afectaciones como las adicciones, entre otras causas motivadas por factores biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales.

Por lo que respecta a la adición de la fracción VII Bis, al Artículo 73, que señala que para la promoción de la salud mental, se fomentará la capacitación en las unidades médicas y centros de salud para la atención en primer nivel y conductas suicidas, no se considera pertinente toda vez que por lo anteriormente señalado a lo largo de las consideraciones, los profesionales de la salud, deben ser continuamente capacitados de manera integral con la finalidad de otorgar una mejor atención a los pacientes y no únicamente tendiente a la salud mental.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desechan las Iniciativas turnadas el 03 de octubre de 2013 y el 23 de abril de 2014, que pretendían la reforma y adición de diversas disposiciones en materia de salud mental y suicidio.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. ¿Hay orador u oradora interesados en tomar tribuna para esta discusión? No habiéndolo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los proyectos descritos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo por el que se desecha la propuesta del nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 2 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos, Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

De igual forma, se comunicó el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113; 117; 174; 177 párrafo 2; 229; 230 fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 245; 255 numeral 5 y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se comunicó del vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contrerasy José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años.

2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 16 de junio de 2011, se recibió escrito suscrito por la C. María de los Ángeles Fromow Rangel, mediante el cual informa al C. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que por circunstancias surgidas con posterioridad a la propuesta de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declina su postulación a la misma.

4. Con fecha 22 de junio de 2011, se recibió Oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el que remite propuesta de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos el nombramiento de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel.

5. Con fecha 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó los nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Silva Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años.

6. Con fecha 6 de septiembre de 2011, se recibió de la Comisión Permanente la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortés, José Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, por un nuevo periodo de diez años, en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P3A.-192, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

7. En la Sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2014 se informó a la Asamblea, que se recibió amparo promovido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal contra actos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con el procedimiento de nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 283/2013, radicada en el Sexto Tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, relativo al juicio de amparo 678/2013 a dicha sentencia, la Mesa Directiva suscribió y aprobó el siguiente acuerdo:

Primero -La Cámara de Senadores resuelve dar estricto cumplimiento al amparo a través de quien corresponda, se adopte la decisión respectiva, en relación a que el C. José Gustavo Ruiz Campos, fue considerado por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional, por un nuevo periodo de diez años, por lo que tiene derecho a que se evalué y a que se emita una determinación por escrito, en un periodo razonable, debidamente fundada y motivada, en la cual se tome en consideración su desempeño, honestidad y diligencia y, sobre esa base se justifique objetivamente la razón por la cual se estime aprobado y objetado el nuevo nombramiento para el cual fue propuesto.

Segundo- Comuníquese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, el contenido del presente acuerdo, para efectos de que den cumplimiento en sus términos al amparo a la que se refiere el resolutivo anterior, adjuntándoles copia de la misma.

Tercero- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, comuníquese el contenido del presente acuerdo al Juzgado Sexto del Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y al ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, para los efectos legales correspondientes.

8. Es importante mencionar que conforme, a la Ley de Amparo vigente, y específicamente en el artículo 192 se tienen tres días para dar cumplimiento a la ejecutoria de merito, y no se prevé “en vías de cumplimiento” y en cambio se prevé la posible imposición de una multa y en lo inmediato remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9. Las Comisiones Unidas, en relación a la sentencia dictada por el Juzgado Sexto del Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, relativo al Juicio de Amparo P-678/2013-IX, presentada en la sesión ordinaria del día 25 de noviembre de 2014, y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, se citó antelas Comisiones Unidas al ciudadano antes citado, el miércoles 3 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones, para comparecer con el objeto de determinar su conocimiento y actualización de dichos temas, respecto de su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, para dar cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales a fin de respetar su garantía de audiencia y debido proceso, y contar con elementos objetivos de juicio para determinar la procedencia o no de su nombramiento. Al término de la citada comparecencia se le notificó al C. José Gustavo Ruiz Campos que tendría de plazo hasta el 10 de Diciembre de 2014para aportar pruebas de su actuación y en sus resoluciones, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el 9 de diciembre de2014.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta de nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

III.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre ellos el C. José Gustavo Ruiz Campos quien recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente como Magistrado de Sala Regional por un periodo de diez años.

En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta Soberanía, el nombramiento del Magistrado C. José Gustavo Ruiz Campos, por un nuevo periodo de diez años.

Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes documentos: Curriculum Vitae; Constancias de estudios de maestrías, diplomados y especialidades; seminarios, conferencias, actualizaciones y reconocimientos. De la misma forma, se acompañó de una estadística de su producción; constancia de no habilitación y sus principales sentencias y tesis más relevantes, como elementos probatorios de que el candidato antes señalado continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar el cargo de Magistrado.

IV.ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113; 117; 174; 177, párrafo 2.; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 245; 255, numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el presente dictamen.

SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objeción del nombramiento de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo en la evaluación realizada por esta Soberanía, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente:

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario que el consejo expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se está planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los primeros.

Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial siempre que éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única manera de averiguar si el funcionario respectivo cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, en cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad de ser ratificado.

En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son suficientes para excluir la ratificación.

La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún elemento negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, con independencia de que exista o no, simplemente no puede vencer.”

De las consideraciones transcritas derivó la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente:

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. ENLA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ALA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL.

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar.

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta Soberanía sobre el cómo debe evaluar a los ciudadanos propuestos como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para nombrar u objetar el nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para dictaminar según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones legales la postura que le convenga sobre la aprobación o no de éstos.

Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizaron un análisis del expediente personal del interesado para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se aprecia que el ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

TERCERA. En relación a la sentencia de Amparo 678/2013-IX, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal del 12 de noviembre de 2014, notificada a estas Comisiones, el día 21 de noviembre de 2014 y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas citaron al C. José Gustavo Ruiz Campos para el martes 3 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas en las Salas 3y 4de la Torre de Comisiones, a efecto de comparecer respecto a su nuevo nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para expresar la idoneidad de su candidatura ante los integrantes de las Comisiones del Senado.

CUARTA. Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de estas Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara conveniente. En consecuencia, los senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, en pleno respeto de la garantía de audiencia del compareciente, escucharon su interés jurídico respecto de su posible permanencia en el cargo y sus razones para ello.

En dicha comparecencia ante las Comisiones Unidas, el C. José Gustavo Ruiz Campos fue cuestionado por los siguientes legisladores: Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), Dolores Padierna Luna (PRD), Arely Gómez González (PRI), y Roberto Gil Zuarth (PAN).

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que las respuestas ofrecidas resultaron ambiguas, cortas e imprecisas, no correspondiendo al perfil de actuación y desempeño que los Legisladores consideran idóneo para una nueva Magistratura. La falta de consistencia en las respuestas ofrecidas por el C. José Gustavo Ruiz Campos fueron valoradas como elementos objetivos y razonables, motivo por los cuales se determinó el rechazo de la candidatura en comento, al no colmar el objetivo que establece el artículo 242 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a que la comparecencia se desarrolló con el único fin de permitir a los Senadores evaluar los conocimientos sobre el cargo que se trata y conocer su visión de trabajo a realizar, parámetros que no demostró dentro de su comparecencia al no sustentar los cuestionamientos hechos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, tal y como se desprende de la versión estenográfica de la comparecencia del C. José Gustavo Ruiz Campos, de fecha 3 de diciembre de 2014, que a continuación se transcribe:

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2014

Versión Estenográfica de la Reunión de Trabajo de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Buenos días. Bienvenidos a la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Justicia; Estudios Legislativos Segunda; y de Hacienda y Crédito Público. Y al mismo tiempo, le damos la bienvenida a José Gustavo Ruiz Campos, quien comparecerá ante estas comisiones unidas en torno al tema del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo.

Siempre es un honor poder coincidir en este tipo de trabajos con las senadoras y los senadores que integran estas comisiones; a quienes saludamos en las personas de sus presidentes. Destacamos la presencia del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; y reiteramos el gusto y el agrado que implica coincidir con el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Le voy a pedir a los señores presidentes de las comisiones mencionadas, que con base en el registro de asistencia, pudieran verificar si existe quórum para poder iniciar la sesión.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con gusto, Presidente.

Conforme a lista de asistencia de la Comisión de Justicia, existe quórum para sesionar.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador Presidente.

Pediría el mismo trámite al senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Estamos con quórum, algunos compañeros están simultáneamente atendiendo otras reuniones de comisión legislativa, pero se incorporarán durante el desarrollo de esta reunión.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senador Encinas.

Es el mismo caso de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes han estado haciendo presencia a la convocatoria de hoy. Tenemos un registro de 10 de los 15 integrantes, para poder iniciar la sesión.

Habiendo quórum, se abre la sesión y pondría a consideración de las senadoras y de los senadores, el orden del día por medio del cual hoy nos convocamos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Registro de asistencia.

Punto número dos, declaración del quórum.

Punto número tres, comparecencia del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años, derivado de la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 283/2013, relativa al juicio de amparo 678/2013.

Es el orden del día, Presidente.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Está a consideración de las señoras senadoras y de los señores senadores.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanlo expresarlo de la forma acostumbrada, por favor.

Muchas gracias.

Se aprueba el orden del día.

Y en función de la lectura y la presentación del mismo, por el senador Roberto Gil Zuarth, reitero que el motivo de esta reunión es dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 283/2013, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, relativo al juicio de amparo promovido por el ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal.

En dicha ejecutoria se ordena emitir la resolución correspondiente a la propuesta de nombramiento como Magistrado de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en la cual deberá exponerse de manera fundada y motivada la aprobación u objeción, según el caso, de la designación sobre una base que la justifique.

En este sentido, le pedimos de manera muy respetuosa al ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, a quien ya le dimos la más cordial bienvenida al Senado de la República, pudiera hacer uso de la voz para expresar la idoneidad de su candidatura ante los integrantes de las comisiones del Senado, que estamos convocados en comisiones unidas.

Muy buenos días y tiene usted el uso de la palabra.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Buenos días, señores senadores. El agradecimiento es mío por recibirme en este recinto fiscal.

Se me fue convocado para comparecer, como lo acaban de señalar los senadores, y no tuve oportunidad de hacerles llegar mi currículum. Simplemente me notificaron que tenía que estar aquí.

Quisiera comentar al respecto, un poco de mi trayectoria y del porqué quisiera yo continuar siendo magistrado del Tribunal, por el que he trabajado 26 años.

Prácticamente, toda mi carrera profesional se ha dirigido a la materia administrativa fiscal, iniciando ésta en el año de 1985, en que ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación como dictaminador, en aquel entonces, defendiendo los intereses hacendarios en el Departamento Contencioso Administrativo contestando a las demandas en las que se interponían juicios en contra de créditos fiscales.

Posteriormente, en el año de 1988, ingreso al Tribunal, al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, como secretario de acuerdos en Sala Regional Metropolitana, en donde vi crecer desde ese momento a este Tribunal y he pasado por las transformaciones que ha tenido el mismo.

Posteriormente, formé parte de la Sala Superior como Secretario de Acuerdos y concursé para ser magistrado, siendo designado por primera ocasión en el año de 1999, adscribiéndome como Magistrado de Sala Regional a la Segunda Sala Regional de Oriente con sede en la ciudad de Puebla, de donde soy originario.

Posteriormente, en una primera ratificación o un nuevo nombramiento, en el año de 2005 nuevamente fui propuesto para ser magistrado y fui aprobado, en su momento, por la Cámara de Senadores.

Hasta el año 2010, esta Sala Regional de Oriente fungió como tal, transformándose en una sala auxiliar debido a la carga de trabajo que tenía la Ciudad de México principalmente y salas cercanas a la región de Puebla, como eran Celaya, Querétaro y la misma sala de Puebla, que permanecía aún como sala regional.

Fue un cambio bastante notorio en la trayectoria del trabajo que venía desarrollando, porque ya no instruimos juicios en una sala regional. Simple y sencillamente, las salas auxiliadas nos envían los expedientes ya concluidos para sentencia, con cierre de instrucción, y nosotros única y exclusivamente nos dedicamos a emitir sentencias.

Eso fue a partir de 2010 a la fecha, por lo que prácticamente tengo cuatro años sin instruir juicios. Nos dedicamos a emitir sentencias solamente, sin que con ello quiera decir que me aparte yo de la instrucción, porque tenemos la obligación de recibir los expedientes y revisarlos, que estén debidamente integrados sin que tengan ninguna violación de procedimiento, a efecto de estar en aptitud de emitir una sentencia definitiva.

El cambio sí fue bastante notorio, porque, repito, nos apartamos de la instrucción, pero también fue muy nutrido mi trabajo, porque abarqué materias que generalmente no se manejaban en la Sala Regional de Oriente y, por ello, pienso que, en el caso de una sala auxiliar, adquiere más experiencia al manejar diversidad de materias.

Todas las que comprende el Tribunal; claro, excepto las que son facultades exclusivas de la Sala Superior. De ahí en fuera, todas las competencias las vemos nosotros.

Afortunadamente se ha abatido ese rezago, se ha cumplido con la idea de esas salas auxiliares. Llegamos a tener una capacidad de expedientes verdaderamente fuertísimos, pero hoy con orgullo puedo comentar que a la fecha de noviembre del mes pasado, la sala, la primera sala auxiliar, a este momento, mi ponencia, cuenta con 19 expedientes. O sea, que se cumplió con el cometido de abatir rezago de las salas regionales metropolitanas, porque originalmente esta sala estaba en Puebla, la auxiliar, y después su sede cambia al Distrito Federal única y exclusivamente para auxiliar a las salas metropolitanas.

Es por ello que les comento que toda mi trayectoria ha sido dentro de este Tribunal. Me he formado dentro de él y he pertenecido todo el tiempo a él y tengo mucho que agradecerle también al Tribunal.

Por eso es que me gustaría continuar fungiendo como magistrado, si ustedes me lo permiten.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la exposición del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos y en este momento estaríamos registrando a las señoras senadoras o a los señores senadores que quisieran hacer uso de la voz, para expresar alguna pregunta al señor magistrado que nos hace favor de acompañarnos.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy buenos días, sea usted bienvenido, señor licenciado.

Ya nos habló de su trayectoria personal, su formación justamente dentro del área donde pretende continuar desempeñándose, cómo ha puesto énfasis particularmente en emitir sentencias y abatir el rezago, pero quisiera conocer cuál es su propuesta y su planteamiento hacia adelante, dónde no funcionan bien las cosas, dónde se requieren cambios, qué propuestas tiene.

Planteaba usted un nuevo periodo de 10 años para que en una década se modifique la forma de trabajar, en este caso, los rubros en materia administrativa que establece nuestra ley.

Quisiera conocer una visión más crítica del área donde se desempeña, los cambios que se requieren y qué propuesta tiene hacia adelante.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Sí, claro.

Mire senador, el Tribunal ha crecido notoriamente en cuanto al número de demandas que han ingresado por la cantidad de competencia que se le ha adjudicado a este tribunal para conocer.

La carga de trabajo afortunadamente ha ido disminuyendo, no solamente por las salas auxiliares, sino que estructural y económicamente se le ha apoyado al tribunal, en el sentido de abrir nuevas salas y también con el juicio sumario.

El juicio sumario ha sido muy importante porque ha disminuido términos, ha disminuido el tiempo de instrucción del juicio y por lo mismo las sentencias se emiten con mayor rapidez.

Eso ha permitido que se baje el rezago, pero se necesitan más salas regionales, en determinadas regiones, generalmente en donde se maneja una economía más elevada, que definitivamente serían el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, la misma Puebla y Tijuana. Tijuana tiene un alto número de expedientes y por lo mismo requeriría de nuevas salas para apoyar el desarrollo del mismo.

Ahora, uno, como magistrado, la colegiación es muy importante. ¿Por qué? Porque tener una colegiación coordinada con nuestros compañeros magistrados, porque las salas funcionan colegiadamente, ello permite que tengamos una comunicación continua de los asuntos y lo que hemos comentado es que en ocasiones nos falta capacitación en cuanto a la actualización de las reformas fiscales o de las reformas a las leyes administrativas, porque no nada más estamos enfocados a la materia fiscal, sino también a la administrativa.

Entonces, creo que la preparación es muy importante no nada más a nivel magistrado, sino también a os secretarios de acuerdo, que son los encargados de instruir también el juicio que, si bien es cierto uno revisa y firma y es el responsable, quien lleva la carga también pesada son los Secretarios de Acuerdo y ellos, creo yo, deben tener una mejor remuneración.

Actualmente no considero que sea un sueldo adecuado para la suficiente carga que tienen.

Así es que yo creo que económicamente se les debería de apoyar también un poco más.

Abrir más salas para que se dediquen más a su trabajo y nosotros también no tengamos tanto trabajo y nos dediquemos más a la revisión.

Nos aboquemos más al caso concreto y no tener la presión del cúmulo de expedientes.

Creo que con ese apoyo nosotros nos desarrollaríamos mejor.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por su respuesta.

Aprovecho la oportunidad para destacar la presencia, además saludar al abogado general del Senado de la República, el licenciado Enrique de Icaza Pro, y a la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales, licenciada Verónica Muñoz Núñez. Bienvenidos.

Tiene el uso de la voz, para formular su pregunta, la senadora Dolores Padierna. Posteriormente al senadora Arely Gómez.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenido magistrado.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Gracias senadora.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pues ha habido dos grandes tipos de reformas por parte del Congreso, reformas legales.

Unas en materia de derecho procesal y administrativo, para mejorar la calidad de los juicios, para evitar el rezago del número de controversias y para coadyuvar a una justicia fiscal y administrativa más eficiente.

Yo le quisiera preguntar, primero, si se recuerda cuáles son estas reformas tan importantes, y segundo, qué le han parecido en la experiencia que usted ha tenido.

El otro tipo de reformas, pues son las reformas estructurales, muy en particular las que tienen mucho que ver con impuestos, con la defensa del recurso público y que se habla de cantidades muy grandes de recursos, que es la Reforma en materia de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, la Energética.

Todas esas tienen que ver mucho con la tarea de los tribunales.

Qué tipo de juristas, de magistrados se requieren para estas nuevas reformas, que está aprobando el legislador.

Qué acotaciones haría usted para mejorar. Está hablando usted que se requiere una actualización de las leyes fiscales y administrativas.

La pregunta sería esa: qué acotaciones, qué sugerencias tiene usted; qué hacernos para mejorar la legislación en estas materias.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Efectivamente, las reformas que se han dado en relación a la competencia del Tribunal; bueno, primeramente me gustaría señalar que este Tribunal originalmente fue creado para conocer única y exclusivamente de la materia fiscal, que fue cuando se crea la Ley Fiscal.

Posteriormente se deroga y se crea el Código, y conforme va creciendo este Tribunal, se le van incorporando materias, materias de las que todos los que integran el Tribunal teneos competencia para conocer.

Pero últimamente se han incorporado materias y se han creado salas especializadas, como la de propiedad intelectual, como la ambiental.

Ese tipo de materias, a la hora que un magistrado es designado como tal, reúne los mismos requisitos que todos.

Sin embargo, el perfil al cual va, ya va específico a una materia como sería la de propiedad intelectual, en ese caso yo creo que el análisis del magistrado que va a integrar esa sala en específico, tiene que reunir un perfil que se dedique a esa materia, porque hasta el momento en que es designado conoce de todas, conoce de todas las materias pero al que se le designa la conoce, pero no es su especialidad.

Por lo tanto yo creo que debería enfocarse la dirección de los magistrados que son adscritos a las salas especializadas, con cierta experiencia, o cierta preparación en la materia que va a ocuparse.

No ser general; tener una visión específica para ese tipo de salas. Yo creo que eso ayudaría mucho al perfil del Magistrado que vaya a ocupar o vaya a integrar una Sala especializada, en eso ayudaría mucho, que se determine el perfil de un Magistrado que vaya a ocupar una Sala especializada.

Porque cuando el Magistrado protesta el cargo y se le asigna alguna Sala, va a conocer de todas las materias y es la obligación de uno conocer todas. Creo que eso ayudaría mucho.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: ¿Y la primera pregunta que le hice?

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: ¿Me la podría repetir, perdón?

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: ¿Cuáles son las principales reformas que se han hecho recientemente para mejorar la eficiencia administrativa y fiscal?

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Ah bueno, hubo reformas al Código este año, hubo reformas muy importantes como son la vigilancia que hay sobre la expedición de facturas fiscales, que se detectaron que hay muchas facturas fraudulentas que se debe de sancionar porque se incurre en un delito, a quien se ocupe de emitir ese tipo de facturas.

Y las personas que están autorizadas para la emisión de ese tipo de documentos, se les cancelará la certificación y el sello.

Ahora, en materia procesal, administrativa, hubo una reducción en el término del recurso, que también es la idea de que se integren más rápidamente los recursos y se falle más rápidamente.

Tengo entendido, no tengo a ciencia cierta, pero tengo entendido que se pretende también hacer una reforma en la materia del término para la presentación de la demanda en el juicio de nulidad; que sería el mismo término que tiene actualmente el recurso administrativo. Ello también va a ayudar a que se integren más rápidamente los juicios.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, le recuerdo que hay tres grandes reformas históricas:

Una en el 2009, que fue la de los juicios en línea. Otra en el 2010, que fue la de los juicios sumarios. Y la otra, que fue en 2011, que fue la de las Salas Auxiliares, a las que se sí se refirió.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Así es.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por la respuesta y por la participación, a la senadora Dolores Padierna.

Y le pedimos a la senadora Arely Gómez, pudiera hacer uso de la voz para formular su pregunta.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido a estas comisiones unidas de Hacienda y de Justicia, del Senado de la República.

Hemos escuchado con detenimiento su posicionamiento, así como las preguntas que ha tenido a bien contestar a mis compañeros senadores.

Quisiera una pregunta: uno de los temas controvertidos en el funcionamiento del Tribunal al que usted pertenece, es el del cumplimiento de las resoluciones.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: ¿Perdón?

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Es el del cumplimiento de las resoluciones, es un tema controvertido.

¿Sí está enterado usted de ese tema?

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Claro.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Sí. Entonces, se ha comentado que de nada sirve que se realice todo un procedimiento con etapas, tiempos, alegatos; que al final del día se gane la sentencia, pero nunca se cumpla con la resolución.

Me podría dar usted su opinión, ¿qué propondría para que esto pudiera ser superado?

Esa sería la primera pregunta.

Y la segunda pregunta, me gustaría saber qué opina usted del principio de litis abierta, de los juicios contenciosos administrativos conforme a los criterios de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

¿Usted cómo lo aplicaría en un caso concreto?

Siempre haciendo hincapié que tenemos que tener el respeto irrestricto a los derechos de los fundamentales de las partes.

Esas serían mis dos preguntas.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Sí, senadora.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Y luego, esto que comentaba usted de los sueldos que habría que aumentar; ¿a quiénes se les debería de aumentar y por qué?

Ese sería el otro tema.

Gracias.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Bueno, efectivamente, tiene toda la razón, hemos tenido mucho problema con el cumplimiento de sentencias.

La ley ya contempla que la autoridad tiene un término de cuatro meses para cumplimentar una sentencia; pero desgraciadamente en ocasiones no lo hace así.

Ya existe precepto en donde se le debe de requerir a la autoridad para que en el término de esos cuatro meses complemente y, sino lo hace, se le debe dar aviso al superior jerárquico, y el superior jerárquico puede sancionar a la autoridad que no está complementando e incluso incurrir en una responsabilidad. Pero desgraciadamente, aun así, las autoridades en ocasiones dejan de cumplir.

Hemos tenido también mucho problema –y creo que se está haciendo un problema cada vez más grande– los asuntos del ISSSTE. Los asuntos del ISSSTE últimamente se han incrementado en cuanto a la actualización de las pensiones.

Hubo una reforma a la Ley del ISSSTE en donde se prevé que los aumentos de las pensiones deberán darse en la misma proporción que los trabajadores en activo; sin embargo, las autoridades del ISSSTE tienen problemas, en el sentido de que no tienen presupuesto económico para dar esos aumentos.

O sea, ya no es una cuestión jurídica, a lo mejor ya es una cuestión económica y tardan mucho tiempo para complementar esas sentencias.

Yo digo, la forma de presionar, la forma de que se complementen esas sentencias es, yo creo que ser un poco más duros en cuanto a las sanciones, porque no están atendiendo nuestro llamado en cuanto a complementar las sentencias.

En cuanto a la pregunta de la litis abierta, esa es una muy buena pregunta, porque cuando una persona impugna una resolución administrativa en la fase administrativa, o sea, ante las autoridades todavía, si esta resolución no le deja satisfecho y se va a juicio de nulidad, en la demanda puede hacer valer nuevos agravios que no haya planteado en el recurso administrativo, a lo que conocemos como la litis abierta, porque puede hacer planteamientos nuevos en la demanda.

Aquí tenemos un problema. Salió una jurisprudencia de la Corte en donde está limitando al particular para el ofrecimiento de pruebas.

Esa jurisprudencia señala que el ofrecimiento de pruebas se tiene que hacer en la fase administrativa, lo que, a mi parecer, ahí hay una contradicción, porque si estamos hablando de litis abierta, de que puede hacer valer nuevos agravios en la demanda de nulidad, obvio es que también puede ofrecer pruebas en el juicio de nulidad; sin embargo, esta jurisprudencia está limitando al particular a ofrecer esas pruebas.

Y, por último, en cuanto al aumento de sueldo de los secretarios, es una voz que corre en el Tribunal porque ellos están inconformes con lo que están ganando. Se espera, se ha platicado con el presidente del Tribunal, se espera que el próximo año haya una mejora en sus sueldos, porque tienen años que no tienen un aumento y la carga de trabajo sí aumenta. Yo creo que es justo que tengan un mejor salario.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias. Le concedemos el uso de la voz al Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador Roberto Gil.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidente. Bienvenido Magistrado José Gustavo Ruiz Campos.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El juez de amparo nos ordenó emitir nueva resolución en la que fundáramos y motiváramos la aprobación u objeción de su designación. En este caso, tenemos dos rutas: la calificación subjetiva de sus capacidades técnicas, de su experiencia, de sus conocimientos, pero también tenemos la ruta objetiva, de analizar algunos de los indicadores de desempeño.

Y con el propósito, pues, que se alimenten, se suministre a la Comisión estos elementos objetivos que puedan ser incorporados al dictamen, quiero hacerle las siguientes preguntas estrictamente sobre su desempeño, a ver si usted cuenta con los datos a la mano, y si no, ver de qué manera en algún momento nos lo puede hacer usted llegar.

En primer lugar, ¿cuánto tiempo tiene usted en el cargo de Magistrado en Sala Regional?

En segundo lugar, ¿ha tenido usted algún procedimiento disciplinario incoado en su contra? ¿Se han interpuesto quejas en su contra por cualquiera de las particulares o partes que han participado en el proceso, cuántas han sido y cuál ha sido su desenlace?

¿Cuál es la tasa de confirmación de las sentencias en las que usted hubiera fungido como ponente? Y ¿cuántas tesis relevantes han surgido de expedientes en el que usted hubiere instruido? ¿Cuál es la importancia de estas tesis relevantes? ¿Cuáles se han mantenido a lo largo del tiempo como doctrina del tribunal y en consecuencia, cuál es pues el valor que estas tienen para una eficaz impartición de justicia en el tribunal al que usted pretende seguir formando parte?

Por sus respuestas, de antemano muchísimas gracias, de nueva cuenta bienvenido.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Muchas gracias, senador.

Mire, como magistrado mi primer nombramiento fue en 1999. Tuve un nuevo nombramiento en 2005 y hasta la fecha he estado fungiendo como tal y tengo 14 años de magistrado.

No he tenido ninguna queja administrativa ni disciplinaria durante estos 14 años en que he servido para el tribunal, afortunadamente, y mi trabajo es limpio y transparente, de eso no hay queja.

En cuanto a la tasa de confirmación de mis sentencias, me voy a abocar a lo que es actualmente la sala auxiliar, que es lo más reciente que tengo, pero aquí le quiero aclarar una cosa muy importante que sucedió.

La sala auxiliar se abrió en febrero del 2010. La adscripción de esa sala estaba en la ciudad de Puebla. Se auxiliaba a cuatro salas metropolitanas, a la Sala de Celaya, a la Sala de Querétaro y a la que quedaba de Puebla.

Empezamos a emitir nuestras sentencias y se creó un conflicto de competencias en el Poder Judicial.

¿Por qué?

Porque las sentencias que nosotros emitíamos, los particulares que se iban en amparo con la autoridad en revisión, presentaban sus demandas en la sala auxiliar con sede en Puebla.

Sin embargo, en el momento en que nosotros mandamos el amparo o la revisión al colegiado en turno, ellos se empezaron a declarar incompetentes, señalando que la competente era la sala de origen. Se vienen a México los asuntos o a Querétaro o a Celaya y los colegiados de México y los colegiados de Celaya y de Querétaro igualmente se declaran incompetentes.

Se crea un conflicto competencial del cual tiene que resolver la Corte. La Corte, después de un buen tiempo define que el colegiado competente para conocer de amparos y revisiones es el que tiene la sede de la sala que emitió la sentencia.

¿Quién es?

La sala auxiliar. Por lo tanto, en ese momento le correspondía a Puebla, pero déjeme decirle que para entonces ya pasó año y medio. Luego nos traen a México, la sala auxiliar se traslada a México y los que ya habían admitido la competencia en Puebla, pues dicen no, ahora tus sentencias están en México y se van para México.

A lo que voy es que se empezaron a acumular fallos del Poder Judicial; masivamente eran muchísimos, por lo que le puedo decir que en los primeros dos años en la Sala Auxiliar, no tuvimos cumplimientos de ejecutoria; no había fallos, por lo tanto no había cumplimiento de ejecutoria.

Fue hasta que llegamos a México que entonces empiezan a emitirse sentencias.

Entonces, ya hay cumplimientos de ejecutoria, ya no revocan algunas sentencias, o ya confirman el amparo y es hasta entonces que ya podemos hacer un cálculo de cuánto nos confirman o nos revocan.

Actualmente, tomando las fechas de inicio de la sala a la fecha le puedo decir que las revocaciones y las que conceden amparo están en un promedio de un 13 por ciento, que yo creo que para los 3 mil asuntos que hemos llevado un 3 por ciento es bastante aceptable.

Y las tesis de las que me habla, cuando inicié dije que no tuve la oportunidad de hacerles llegar mi currículum.

Ahorita le voy a pedir a alguien que se lo haga llegar y en él vienen todas las publicaciones de las tesis que hemos sostenido nosotros en la sala, tanto de oriente, cuando era Sala Regional, como la Auxiliar, ahora hoy día.

¿Cuántas se aplican de estas sentencias? Bueno, la Sala, por ser criterio de la Sala, la sigue aplicando, pero para el resto del país no es de aplicación obligatoria, simplemente puede ser un antecedente.

Y si el juzgador está de acuerdo la aplicará; a lo único que estamos obligados son a las jurisprudencias, ya sea del Pleno de la Sala Superior, o del Poder Judicial.

Pero nosotros seguir nuestro criterio cuando ya tenemos un precedente publicado, lo sostenemos hasta que salga una jurisprudencia que está en contra de nuestro criterio. Hasta ahí lo dejamos de aplicar.

Pero sí le voy a hacer llegar todas las publicaciones de precedentes, míos, que salieron en asuntos míos. Ni yo sé cuántos son, la verdad, senador. Pero mejor se lo hago llegar.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos las respuestas del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos.

Y con el fin de otorgarle plena certidumbre jurídica al proceso, le comentamos al compareciente que tendrá como plazo hasta el próximo 10 de diciembre del 2014, para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serán recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda, ubicadas en el piso 13, en la oficina 2 de este edificio del Senado de la República.

Con esto concluye la comparecencia del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos.

Se cierra la sesión y agradecemos mucho la presencia de todos quienes nos han distinguido con su presencia.

Muy buenas tardes.

C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Gracias.

Con el fin de otorgarle certidumbre jurídica al proceso se le informó al compareciente que tendría de plazo hasta el 10 de diciembre de 2014 para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serían recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ubicada en el piso 13, oficina 2 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.

El 9 de diciembre de 2014, el compareciente entregó en la oficina de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la documentación y pruebas siguientes:

a). Curriculum Vitae

b). Evaluación realizada por la Junta de Gobierno y Administración, así como estadística y productividad por el periodo de Agosto de 2005 al 28 de febrero de 2011.

c). Reporte estadístico de desempeño por el periodo del 1 de enero de 2011 a octubre de 2013.

QUINTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación académica y de actualización profesional; en la constancia de productividad; en la descripción de sus sentencias más relevantes y en el desempeño del candidato en la comparecencia desahogada en esta etapa del proceso, deliberaron sobre la candidatura del C. José Gustavo Ruiz Campos, para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Ahora bien, la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de la República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un cargo determinado es ejercida sobre la base de un análisis subjetivo que puede desagregarse, para este caso en particular, en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión; segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5º.3A, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta. Novena Época Tomo XXV, de abril de 2007, pág. 1767, que al rubro señala:

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR EL CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN.

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, el Presidente de la República, en su momento, y el Senado, en resolución definitiva, se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales la postura que convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control constitucional.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero de 2007.

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello.

Es decir, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el otro, con los requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con la Facultad Discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las comisiones con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena validez al acto desarrollado por los Senadores al tratarse de un cuerpo colegiado que expresa sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado asunto, con la votación, como una expresión formal de su voluntad como un acto personal indelegable, es decir, que cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión de la voluntad de los legisladores.

En ese orden de ideas, si bien el C. José Gustavo Ruiz Campos ha cumplido con los requerimientos legales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no suficiente, para la procedencia del nombramiento.

Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente jurisprudencia:

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. ENLA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ALA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL.

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar.

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

SEXTA. Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio pormenorizado de cada una de las condiciones que tiene el candidato frente al puesto pretendido, bajo la óptica de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en su cargo como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con su participación en la propia comparecencia del candidato, el 3 de diciembre de 2014, se allegaron de todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para tomar una determinación, por lo que se considera haber cumplido con los requerimientos de la fundamentación y motivación de manera reforzada, sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia:

REGISTRO NO. 165745 LOCALIZACIÓN: NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: PLENO FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA XXX, DICIEMBRE DE 2009

PÁGINA: 1255 TESIS: P./J. 120/2009 JURISPRUDENCIA MATERIA(S): CONSTITUCIONAL

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Producto de tal proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido que las competencias y orientación profesionales del C. José Gustavo Ruiz Campos, no resultan compatibles con el perfil que esta Representación pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de tener un servidor público de la dimensión de un impartidor de justicia, que además de difundir confianza, prestigio, aunado a la capacidad que logre a través de su experiencia como jurista e institucional, haga que la sociedad lo reconozca como el servidor público capaz de aplicar sus conocimientos, basado en sus principios, en el trámite y resolución de los casos concretos, perfil que no satisfizo al desarrollar su comparecencia, como quedó demostrado en la consideración cuarta del presente dictamen.

Por tanto, resulta inconcuso resolver que el candidato no satisface los requerimientos establecidos para ser Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SÉPTIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que se ha cumplido plenamente con los requerimientos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, toda vez que fueron respetados todos los derechos del C. José Gustavo Ruiz Campos, al reponer el proceso de análisis, discusión y votación sobre su nombramiento.

OCTAVA. Debe subrayarse que todas y cada una de las valoraciones sobre los merecimientos del candidato fueron expuestas al Pleno de las Comisiones Unidas, quienes decidieron no aprobar unánimemente la candidatura en comento.

En función de la necesidad de facilitar el trabajo de la Cámara de Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de todas aquellas cuestiones relacionadas con las materias propias de su competencia, estas Comisiones Unidas proponen al Pleno del Senado no aprobar el nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. José Gustavo Ruiz Campos, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal,
el 24 de marzo de 2015.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradoras u oradores interesados en tomar la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el resolutivo de este Acuerdo a la Dirección Jurídica del Senado para que haga las notificaciones correspondientes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, que contiene punto de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

A La Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXIIL Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal que informe a esta soberanía acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del informe sobre desarrollo humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el índice de desarrollo humano”.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor dela siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen la proposición referida.

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza la propuesta.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la valoración de la propuesta referida.

ANTECEDENTES

1. El 30 de septiembre de 2014, el Senador David Monreal Ávila presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal que informe a esta soberanía acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del informe sobre desarrollo humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el índice de desarrollo humano”.

2. El 8 de octubre de 2014, mediante oficio DGPL-1P3A.- 1524, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración.

3. El tres de marzo de 2015, se aprueba en la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Esta Comisión coincidió en la pertinencia de analizar y determinar la propuesta presentada por el Senador David Monreal Ávila por la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta soberanía acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el Índice de Desarrollo Humano.

Este punto de acuerdo indica la importancia del Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha permitido monitorear el progreso de los países en esta materia, a fin de establecer estándares universales a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida.

El proponente expone que el Estado mexicano, históricamente, tiene grandes deudas con la población. Muchos han sido los movimientos sociales que ha tenido como objetivo reivindicar las necesidades de la gente como educación, alimentación, el trabajo digno, vivienda o salud, ejemplos de ellos son la Revolución Mexicana, los movimientos obreros y estudiantiles, así como magisteriales.

Sin embargo, a pesar de estas luchas sociales, hoy en día las circunstancias del país siguen siendo vergonzosas, en su aspecto económico, en sus niveles de pobreza, en la calidad de vida de la gente, entre otros. Tanto sólo en el ámbito de la pobreza, de acuerdo al informe “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre”, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de abril de 2013, en los últimos 42 años, el gasto gubernamental en el combate a la pobreza se ha incrementado en un 96 por ciento, lo que arroja como resultado, que se han invertido 36 millones 366 mil 541 pesos en este periodo en cada persona en situación de pobreza, sin embargo, la situación del caso mexicano no ha cambiado, ya que en la actualidad en el país siguen estando en condiciones de pobreza poco más de 53 millones de personas.

Lo anterior, permite reconocer que las condiciones de vida de casi la mitad de las y los mexicanos son lamentables, donde tienen que vivir con carencia en alimentación, educación, vivienda, salud, así como la limitación de servicios como acceso al agua, drenaje, luz eléctrica o combustibles, poniendo entre dicho la calidad de vida de las personas, y con ello limitando su desarrollo humano.

El desarrollo humano, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a las oportunidades de los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimiento individual, y socialmente útiles, y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno.

El cálculo internacional del Índice de Desarrollo Humano se obtiene mediante registros de distintos organismos internacionales que captan información confiable y comparable para más de 180 países en el mundo, además se apoya de registros nacionales de Secretarías y organismos descentralizados, por ejemplo, es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de esperanza de vida que elabora el Consejo Nacional de Población, o bien el índice de educación de acuerdo a los registros de la Secretearía de Educación Pública, mientras que el índice de ingreso resulta ser más confiable, con ayuda de la información proporcionada por los micro datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, así como de los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

A partir del año 2010 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), tiene una nueva metodología para calcular el avance de los países participantes que refina las dimensiones de educación, e ingreso y ajusta los referentes internacionales de todas sus variables y la manera en que estas se sintetizan.

El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano introdujo en 1990, un enfoque sobre la manera de entender el progreso social, esto a partir de orientar la atención en las libertades personales y colectivas, estos conceptos, trascendieron los indicadores tradicionales del progreso económico y planteó la posibilidad de aglutinar mayor información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga y saludable, pero sobre todo de absoluto respeto a la dignidad humana.

La importancia del Índice de Desarrollo Humano, ha permitido monitorear el progreso de los países en esta materia, a fin de establecer estándares universales, a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida.

El índice de salud mide el logro relativo de un Estado respecto de una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima de 83.4. En cuanto al índice de educación, mide el progreso relativo de un país o un Estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. Finalmente el índice de ingresos incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.

En el año 2011, México se ubicaba en la posición 57 del ordenamiento internacional con un IDH de 0.770, en ese año el país se encontraba en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano.

Ahora bien, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, el país cayó al número 71 de 187 de la clasificación de países respecto de su ÍDH, esto lo ubica por debajo de países como Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, y Kazajastan, por mencionar algunos ejemplos, los cuales se encuentran en los lugares 41, 65, 66 y 70 respectivamente.

De acuerdo al informe, la población en México tiene una esperanza de vida de 77.5 años, lo que lo ubica en el lugar 43 mundial de esta variable; en contraste a esto, registra una escolaridad promedio de 8.5 años, lo que lo coloca en la posición 93 a nivel internacional. Además 55.7% de las mujeres y el 60.6% de los hombres menores de 25 años tienen una formación mínima de educación secundaria.

En cuanto a muertes maternas, en el país se presentan 50 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, y por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad hay un promedio de 63.3 embarazos.

Este escenario permite esbozar las condiciones de vida de millones de mexicanos, pero también establecer la magnitud de acciones que debe llevar a cabo el Estado mexicano para abatir el rezago social en cada uno de los aspectos anteriormente señalados. Asimismo, compromete al Gobierno Federal a llevar a cabo políticas públicas más eficientes y eficaces que realmente abran la posibilidad a millones de mexicanos de mejorar sus condiciones de vida.

Derivado de los anterior, surge la necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que tome en cuenta con seriedad los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de avanzar en los niveles de Índice de Desarrollo Humano en México, y de esta manera garantizar a toda la población la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y con ello garantizar el respeto a sus Derechos Humanos.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Comisión Dictaminadora coincide con el proponente en la importancia de los Informes sobre Desarrollo Humano, las personas en la mayor parte de los países ha mejorado sus niveles de desarrollo humano a un ritmo constante. Los avances en tecnología, educación e ingresos presentan perspectivas aún más prometedoras en términos de vidas más longevas, sanas y seguras. No obstante, en la actualidad existe también un amplio sentimiento de precariedad en el mundo con respecto a los medios de vida, la seguridad personal, el medio ambiente y la política mundial. Los grandes logros conseguidos en dimensiones clave del desarrollo humano, como por ejemplo la salud y la nutrición, pueden verse rápidamente socavados por un desastre natural o una recesión económica.

SEGUNDA. El progreso real relativo al desarrollo humano no solo hace referencia a la ampliación de las opciones de vida de las personas y su capacidad de recibir educación, sanas, disponer de un estándar de vida razonable y sentirse seguras, sino que también es cuestión de que sean estos logros y de si se cuenta con las condiciones suficientes para el desarrollo humano sostenible. No se puede rendir plena cuenta del progreso en desarrollo humano sin explorar y evaluar la vulnerabilidad.

TERCERA. El bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las libertades con las que cuentan y por su capacidad de hacer frente a los acontecimientos adversos, ya sean de origen natural o humano, así como de recuperarse de ellos. La construcción de resiliencia subyace a cualquiera de los enfoques relativos a la seguridad y sostenibilidad del desarrollo humano. En esencia, la resiliencia consiste en garantizar que el Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las personas. El desarrollo humano implica eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de actuar. Consiste en permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. En el Informe se destacan algunas de las políticas, los principios y medidas importantes para fomentar la resiliencia, es decir, para reforzar las oportunidades, ampliar la acción humana y promover las competencias sociales.

CUARTA. La comparabilidad internacional es una de las herramientas analíticas que ofrece el IDH. Dado que se aplica una metodología alineada a los estándares definidos para realizar comparaciones con los referentes internacionales para el cálculo del indicador, es posible contrastar el nivel de desarrollo de los municipios con el de otros países y regiones. Para ello, se comparan las estimaciones municipales con los valores de la serie del IDH más reciente publicada en el Informe sobre Desarrollo Humano mundial En 2010, 72.5% de los municipios en México tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio mundial del IDH (0.690). En términos regionales, únicamente 5.5% de los municipios igualan o superan el valor del IDH de Europa y Asia Central (0.766). En contraste, 36 municipios (1.5%) experimentan condiciones de desarrollo iguales o inferiores a las del promedio del África Subsahariana (0.468). Sin embargo, destaca que el 88.3% de los municipios en México aún no supera el nivel de América Latina y el Caribe (0.736).

QUINTA. De acuerdo con el con el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, México se ubicó en el puesto 71 de 187 países y territorios en materia del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este resultado significa que con los datos ajustados de 2012 el país retrocedió un lugar con respecto a la posición que ocupaba el año pasado. Con un valor del IDH de 0.756, México se situó en el grupo de países con alto desarrollo humano. Este valor también lo ubicó en el nivel 71 a nivel mundial y en el onceavo en América Latina.

SEXTA. Esta Comisión coincide en emplear acciones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de las personas mediante políticas y acciones para el desarrollo, así como a través de la dotación focalizada de recursos públicos, que permitan fortalecer estructuralmente el desarrollo humano.

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta soberanía sobre las acciones que realiza para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de mejorar el nivel del Índice de Desarrollo Humano.

Sala de reuniones número siete del Senado de la República, EL 3 de marzo de 2015

COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo orador u oradora registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaría Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al tercer dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia,

Lamentablemente en México la migración parece una amenaza y no un derecho, en lugar de salvaguardar por los derechos de los migrantes que pasan por el país, estos se enfrentan a la inseguridad y sus consecuencias, como lo son secuestros, reclutamientos por el crimen organizado, homicidios y desapariciones.

La violación generalizada de derechos, aunado a las carencias económicas y sociales por las que los migrantes sufren como la pobreza y la falta de acceso a la justicia, son situaciones que han hecho de México un país peligroso en su camino hacia el norte o hacía el sur.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a noviembre de 2014 hubo un total de 117 mil 491 personas que fueron presentadas ante la autoridad por transitar sin documentación por el país. Esta cifra refleja un aumento del 43.5% de las detenciones de migrantes, en comparación con el mismo periodo del 2013, lo que implica que el 2014 es el año con más detenciones de personas migrantes en México desde el 2007.

Ante estas cifras, cabe cuestionar si el país cuenta con políticas o posturas tanto para los migrantes que se van, como para los que regresan.

En materia de detenciones, en México existen 32 estaciones migratorias que tienen como objetivo asegurar que las personas continúen sus procedimientos administrativos migratorios.

Sin embargo, las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias tienen que sobrevivir enfrentando condiciones deficientes, que les afectan en diversos niveles físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales.

Falta de una buena alimentación, deterioro en la iluminación y ventilación, de servicios sanitarios, negación de vestido y calzado, así como la carencia de lugares en dónde descansar, además de sobrepoblación, son factores que México ofrece a los migrantes en las estaciones migratorias. 

Asimismo, cada año las aproximadamente 400,000 personas indocumentadas que buscan  escapar de la realidad de sus países de origen, en busca de un futuro mejor en las tierras al norte, tienen que enfrentarse a un riesgo más, “La Bestia”.

Apodado “La Bestia”, es el tren carguero que atraviesa el país de sur a norte. Año con año decenas de personas mueren o quedan mutiladas al internar abordar este transporte en su accidentado viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Pese a los riesgos que esto implica, los migrantes utilizan este tren de manera clandestina, encontrando descarrilamientos que los llevan a sufrir una amputación al caer del tren, ser arrollados o en el peor de los casos, encontrar su muerte.

Hasta septiembre del 2014, “La Bestia” se descarriló 12 veces, mucho se argumenta que los accidentes en este transporte se dan debido al excesivo uso por parte de los migrantes, ya que en algunos casos, el tren lleva hasta 600 personas, sin embargo, poco se habla del mal estado de las vías.

Ante estas situaciones riesgosas para los migrantes, es importante que los presentes dictámenes sean aprobados, a fin de que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, brinde atención médica y proteja a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del ferrocarril conocido como “la bestia”.

Adicionalmente es importante exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración a informar en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a nivel nacional, con el fin de brindar mejores condiciones a los migrantes que son detenidos en el país.

Con frecuencia se escuchan historias y discursos sobre el maltrato que reciben los connacionales en su calidad de migrantes en el extranjero, sin embargo, cerrar los ojos ante la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes ante su paso por México, es ser participe y cómplice de esta situación de discriminación.

Con la aprobación de estos dictámenes se da un primer paso, México tiene que garantizar la seguridad y la protección de los migrantes, para que no terminen en una estación migratoria sobreviviendo a condiciones precarias o en el peor de los casos, en una fosa común de en el país.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Están a discusión los Acuerdos. No habiendo oradoras u oradores interesados en hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos presentados.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al tercer dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al cuarto dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al quinto dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Están a discusión los Acuerdos. En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar los dictámenes por la Comisión del Distrito Federal.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señor Presidente.

Como ya se leyó aquí, son 5 puntos de Acuerdo dictaminados en la última sesión que tuvimos de la Comisión del Distrito Federal, el pasado 19 de febrero.

Desafortunadamente, no, ninguno trata, pues, del gran tema pendiente que tenemos en la comisión, o más bien ya en el Pleno, porque está en primera lectura, que tiene que ver con la reforma política de la ciudad.

Pero bueno, estos puntos tienen que ver con el interés permanente que existen sobre los asuntos de la capital de la República en este Senado.

El primer dictamen que tenemos, se refiere a un punto de Acuerdo propuesto por la Senadora Mariana Gómez del Campo, donde hace una solicitud al Jefe de Gobierno para ver qué acciones se tomaron en el sismo del 18 de abril de 2014, un sismo que, hay que recordar, fue significativo, 7.2 grados en la escala de Richter, y estuvo localizado 40 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero.

Sin duda, en cada sismo es importante hacer un recuento de las acciones que hace esta ciudad en materia de protección civil.

Sabemos que vivimos en una zona de alto riesgo. Hemos tenido capítulos muy difíciles en esta ciudad, trágicos en cuanto a sismos, y nunca está demás insistir siempre en la cultura de protección civil.

De tal manera que un evento de esta magnitud es una buena oportunidad para refrescar, para renovar los programas de protección civil y, por supuesto, la comunicación de estos con la ciudadanía, el fortalecimiento de la cultura de protección civil.

El segundo punto de Acuerdo tiene que ver con un problema que no es de la ciudad de México, es uno de los problemas más graves que tenemos como país, y yo diría, uno de los que menos atención le estamos poniendo, que es el altísimo nivel de deserción escolar que tenemos en el nivel de educación media-superior.

Si hiciéramos una gran cadena de cómo van pasando nuestros niños y jóvenes por el sistema educativo, podríamos ver que la gran fuga está justamente al pasar de la secundaria a educación media-superior, y en educación media-superior.

Tenemos el nivel más alto de los países de la OCDE en materia de deserción en educación media-superior.

Si vemos las causales, si buscamos, por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Juventud, veremos que hay 2 motivaciones principales:

Una, por razones económicas los jóvenes tienen que abandonar sus estudios, un buen porcentaje de ellos.

Y otro gran porcentaje tiene que ver con que las materias, con que la currícula que tenemos en este nivel, pues ya no es del interés de los jóvenes.

Tenemos más, es uno de los sistemas donde mayor variedad tenemos en todo el país, y donde no hay complementariedad, y no se pueden revalidar de un sistema hacia otro. Es uno de los grandes pendientes de la reforma educativa para este país, educación media-superior.

Y, bueno, depende cómo lo veamos, es como sale la ciudad. Siempre la ciudad tiene los grandes números, aquí está la mayor población de educación media-superior en el país, y aparentemente aquí tendríamos los niveles de deserción más elevados.

Sin embargo, si hacemos un análisis más detallado, podríamos detectar, cómo desde hace aproximadamente 5 ó 6 años los niveles de deserción de los jóvenes que están inscritos en las preparatorias públicas, ha bajado dramáticamente gracias al programa de becas Prepa Sí, que tiene la ciudad de México, un programa que hemos propuesto, fue una de nuestras primeras propuestas en este Senado, debería replicarse a nivel nacional; es una de las políticas públicas donde la ventaja costo-beneficio sin duda que es más que evidente. La inversión que se hace ahí tiene una retribución muy, muy alta. De eso se trata el segundo punto de Acuerdo.

Bueno, el tercer punto de Acuerdo tiene que ver con el programa de verificación vehicular y reemplacamiento. Sabemos que estos programas tienen que implementarse de manera regional, porque si se hace sólo en alguna demarcación, por ejemplo, si se hiciera sólo en la ciudad de México, pues los usuarios de automóviles con tal de evitarse el pago de esta verificación, pues podrían reemplacar en el Estado de México, podrían reemplacar en Hidalgo o en alguna entidad cercana, y eso, sin duda, que restaría eficacia al Programa de Hoy No Circula, un programa que tiene un probado impacto en mejorar las condiciones del aire en la zona centro del Valle de México.

Por eso el grupo parlamentario del PRI está solicitando al Jefe de Gobierno informar sobre medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el Programa de Verificación Vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República.

Aquí, lo que se necesita es, pues, la cooperación de los estados colindantes con la ciudad para hacer este programa regional.

De hecho, una de las primeras acciones metropolitanas en nuestro país, tiene que ver con la Comisión Ambiental Metropolitana, que funciona desde 1992, y es quien tiene a cargo el Programa de Hoy No Circula, y es, bueno, una de las acciones metropolitanas más importantes que tenemos en nuestro país.

Y mejorar el programa de Verificación Vehicular, pues va a mejorar la calidad de vida en toda la Zona Metropolitana; estamos hablando de más 20 millones de personas.

El cuarto punto es muy relevante. Ricardo Martínez ha sido uno de los grandes pintores en la historia de nuestro país. Él nació aquí, en la ciudad de México, vivió la mayor parte de su vida aquí. Fue reconocido en 2008 por el gobierno de la ciudad de México, y se emprendió un gran, gran proyecto, el Centro Cultural Ricardo Martínez. Era voluntad del pintor donar una buena parte de su obra para este centro cultural, y es voluntad también de su familia, así hacerlo.

Ricardo Martínez, desafortunadamente, falleció en enero de 2009, a la edad de 90 años.

El exhorto que se hace al Jefe de Gobierno, de parte del Senador Monreal Ávila y de toda la Comisión del Distrito Federal, es que se retome este proyecto, se siga adelante con este centro cultural; había sido asignado un inmueble en Avenida Juárez, No. 58, y pues queremos que este proyecto se retome como un homenaje a uno de los grandes pintores de México.

Por cierto que este proyecto lo emprendió, como Secretaria de Cultura del Distrito Federal, la señora Elena Zepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez, que anda por aquí. Gobernador, estamos retomando uno de los proyectos que dejó su esposa en la ciudad, que queremos que siga adelante, el Centro Cultural Ricardo Martínez.

Y el último dictamen es una propuesta que había de la anterior legislatura, que decidimos retomar en la Comisión del Distrito Federal, porque tiene una idea muy importante para nuestra ciudad.

Sabemos que esta ciudad vive la paradoja de estar construida sobre un gran lago y de sufrir de escasez de agua en algunas temporadas, en buena parte de su territorio. La gran paradoja es, a esta ciudad le llueve dos veces más del agua que consume en todo el año.

Sin embargo, todo el desarrollo hidráulico de la ciudad ha sido ocupado, ¿de dónde traemos cada vez más agua? Tenemos que ir a lugares cada vez más lejanos y a un costo mayor.

La propuesta que hicieron los Senadores Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Zalvidea, es que se legisle a nivel local, en la Ley del Sistema de Aguas, para promover la cosecha de agua de lluvia. Es decir, facilitar la retención del agua de lluvia para su consumo, para su utilización y eso que disminuya la necesidad de traer agua de lugares cada vez más lejanos, a un costo mayor o que estemos sacando de los mantos friáticos que provoca el hundimiento en nuestra ciudad.

La propuesta es, pedirle, exhortar respetuosamente al Jefe de Gobierno, a través de la Consejería Jurídica, para que elabore el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que regule, en la parte correspondiente, la implementación de sistemas para la cosecha de agua de lluvia. Y de esta manera, reducir la dependencia de nuestra ciudad, mejorar su sustentabilidad, disminuir los hundimientos y darle a esta ciudad un carácter más amigable con el medio ambiente.

Estas son las consideraciones, son los puntos de Acuerdo que sometemos a su consideración desde la Comisión del Distrito Federal.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

No habiendo orador registrado en la discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobados los dictámenes.





 

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.







 

Acuerdo segundo:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para intervenir sobre estos Acuerdos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Los dos puntos que está dictaminando la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de este Senado de la República, son muy importantes.

Uno tiene que ver con lograr la implementación de una ley, que trabajamos desde el Senado de la República, a propósito de diversas iniciativas, en particular retomamos con gran esmero la iniciativa que el Presidente Peña Nieto envió.

Y resulta una iniciativa, una ley que está en vigor, que tiene una gran cantidad de bondades por la armonía de distintos tratados internacionales, y sobre todo porque estamos concretando, desde el marco jurídico, una ley que puede dar una expectativa de vida totalmente distinta a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Sin embargo, una buena ley, una ley consensada, trabajada, como lo hicimos las seis comisiones desde el Senado de la República, y después como minuta en la Cámara de Diputados, aceptando los cambios de su revisión, no puede, de ninguna manera, ser una ley efectiva, una ley eficaz, si no se garantiza el funcionamiento de sus mecanismos.

Los mecanismos requieren de la etiquetación que nosotros esperaríamos, se debió de haber tomado en consideración en el Presupuesto de Egresos, que discutió la Cámara de Diputados a final del año pasado, sin embargo, no fue así.

De tal forma que, nos hemos motivado, las seis comisiones que trabajamos esta iniciativa, para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que garantice la implementación, desde presupuestos destinados, para que funcione; voy a hablar de manera muy general, por ejemplo, la constitución de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que va a estar en el ámbito del DIF nacional.

Por ejemplo, el que podamos tener el censo nacional de los más de 20 mil centros de atención diversos en el país, que nos garanticen no solamente verificar su existencia, sino cómo funcionan.

Tener albergues adecuados a niñas y niños que están en situación de migración, y que por desgracia en el país hoy han quedado rebasados por la gran cantidad de personas menores de 18 años de edad, acompañadas o no, que transitan a lo largo del país buscando a sus familias en Estados Unidos.

Llama la atención que, cuando menos, estos mecanismos importantes; que además resolverían un problema gravísimo que tenemos en el país de una situación de vulnerabilidad y de altísimo riesgo de todas estas personas que se encuentran en situaciones de una gran desventaja y que, por supuesto, quedarían plenamente protegidas si se ponen en función todos estos mecanismos inscritos en la ley debidamente.

Son más temas que tendría que abordar, pero por el tiempo y porque quiero abordar el segundo dictamen, simplemente digo que necesitamos que este punto de Acuerdo ciertamente se apruebe de manera favorable por todos ustedes.

Tener el censo de los diversos centros de atención en el país es importantísimo para prevenir situaciones como el que lamentablemente vivimos en este país, a partir del conocimiento público de cómo funcionó, más de 60 años, el albergue conocido como “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán, dirigido durante todo este tiempo de manera clara y precisa por la señora Rosa Verduzco.

Es un tema que a todos nos avergüenza como país, definitivamente nos llevó a ser conocidos en el mundo; un asunto que pareciera que ya no existe en el mundo, sin embargo, comprobamos que más de 500 personas, la mayoría menores de edad, se encontraban en situaciones infrahumanas.

De tal forma que es importante, en este segundo punto de Acuerdo de la Comisión de la Niñez, su resolución en el sentido de que la Procuraduría General de la República nos informe cómo va el proceso que se ha emprendido contra las personas responsables de estos hechos delictivos que constituyen violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivían en este albergue, y, por supuesto, también la verificación de que esta señora no siga volviendo a albergar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Sería importante que la señora Procuradora General de la República también nos explique, verifique sobre qué fundamentos científicos se determinó que esta señora Rosa Verduzco es una persona incapaz y, por lo tanto, inimputable, es decir, se esgrimió que no podía ser procesada porque era una persona que sufre demencia senil, es una incapaz, y por lo tanto, no se puede aplicar la ley como debió haber sido.

Sin embargo, encontramos entrevistas, largas entrevistas, donde no encontramos ni por asomo la posibilidad de que pudiera padecer alguna incapacidad mental. Y ahora estamos frente a la situación de que vuelve otra vez a las andanzas y vuelve a recluir en su casa a personas en situación de la vulnerabilidad.

De tal forma que también es importante la aprobación de este punto de Acuerdo para que este tipo de hechos sean un ejemplo de aplicación de la justicia y, por supuesto, no se vuelvan a repetir.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

En uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse al mismo asunto.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, compañero Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Hemos señalado, con mucha puntualidad, que hay leyes que están destinadas a ser letra muerta.

Un hermoso poema, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero que se queda en eso, en un cúmulo de buenas intenciones, porque el Ejecutivo de este país lo que menos quiere es resolver el problema de los niños, niñas y adolescentes, y garantizarles los derechos plasmados en la citada ley.

Hay un viejo refrán político que dice: “que amistad que no se refleja en el presupuesto, esa no es amistad, esa es demagogia”. Y eso es lo que está haciendo el ciudadano Presidente, el ciudadano Secretario de Educación, la ciudadana Secretaria de Salud y todos aquellos que hacen referencia a esta ley como la gran panacea para resolver el problema de la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Efectivamente, en el 2015 no se hace una sola alusión a este ley, y no sólo se hace una alusión en el Presupuesto del 2015, sino que los temas torales que tienen que ver con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México está totalmente al margen del ánimo del Ejecutivo.

Por eso, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, este tema no puede quedar al arbitrio del ciudadano Presidente.

En la ley se tiene que señalar un porcentaje y un tiempo para que de manera gradual los derechos de las niñas, niños y adolescentes se garanticen en un tiempo que el propio Congreso determine.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Veinte hermosos derechos planteados en la citada ley.

El derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo.

El derecho de prioridad.

El derecho a la identidad.

El derecho a vivir en familia.

El derecho a la igualdad sustantiva.

El derecho a no ser discriminado.

El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

El derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal.

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

El derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El derecho a la educación.

El derecho al descanso y al esparcimiento.

El derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

El derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

El derecho de participación.

El derecho de asociación y reunión.

El derecho a la intimidad.

El derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

El derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Y el derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación.

Hermosísimo poema aprobado por el Senado de la República, pero cero de verdaderas intenciones para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se garanticen.

Hablemos de uno solo, como educador, qué ha pasado con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de México.

En el derecho número 9 de esta ley, se señala que las niñas, niños y adolescentes de este país tienen derecho a la educación gratuita.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Somos el segundo lugar en el mundo en materia de deserción escolar, y ¿cuáles son las causas?: la miseria económica de pueblo de México.

¿Por qué no van los niños a las escuelas? Porque a pesar de que ya se decretó la gratuidad de la educación y no a las cuotas escolares, en México sigue siendo una práctica cotidiana en todas las escuelas públicas de este país; por eso los niños no llegan o por eso los niños se van de las escuelas, por eso están desertando, porque no tienen para pagar las cuotas escolares, no tienen para uniformarse, no tienen para el desayuno escolar, no tienen para estar en una institución pública, porque para lo que gana un asalariado resulta demasiado caro.

Nos comprometimos en esta ley a que se mejoraría la infraestructura educativa. Yo los invito a que todos visiten las escuelas públicas de sus estados, y van a ver las condiciones infames en que están estudiando los niños y los alumnos de México.

El derecho al equipamiento como una condición para tener la educación de calidad. Todas las escuelas de México tienen equipamiento de hace 50, 60 ó 70 años; ¿y la Secretaría de Educación Pública? Bien, gracias; ¿y el Ejecutivo? Bien, gracias; pero el Senado no puede decir “bien, gracias”, tiene que hacer acciones concretas, como etiquetar presupuesto para que esta ley se haga efectiva y no nos quedemos en exhortos, sino en situaciones concretas para la niñez.

Que a los Senadores de la República no nos digan demagogos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En uso de la palabra la Senadora Irma Zulema Cobián.

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo, mediante el cual el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre las sanciones a las personas responsables de los hechos delictivos y que constituyen violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, quienes vivían en el albergue “La Gran Familia”.

Asimismo, se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a verificar si la señora Rosa Verduzco, quien operaba “La Gran Familia”, alberga a personas en situación de abandono nuevamente en su domicilio.

Esta comisión dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, en la medida en que presumiblemente los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados en contravención de los derechos y sus garantías, reconocidos en la Constitución General de la República y en los Instrumentos Internacionales ratificados por México.

Es del conocimiento de este Pleno el operativo llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, el pasado mes de julio, el cual reveló diversas, muchas anomalías, que se registraban en el citado albergue, como lo son: condiciones insalubres, maltrato, abuso sexual y privación de la libertad.

Al ser de trascendencia nacional, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció, en su momento, que iniciaría una investigación en torno al caso. Se anunció incluso que personal de la Comisión se trasladarían a Zamora, Michoacán, para recabar testimonios, dar seguimiento a las investigaciones ministeriales y dar apoyo psicológico a víctimas o tutores.

Esta Comisión comunicó que una vez integrado el expediente respectivo, se daría a conocer los resultados.

Lamentablemente dicha investigación coincidió con el proceso de sustitución del nuevo titular, por lo que al parecer ésta no ha sido concluida.

De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, señaló que ante los hechos ocurridos en la institución conocida como “La Gran Familia”, ubicada en Zamora, Michoacán, que alberga a niños y niñas, así como en todos los casos de albergues e instituciones de cuidados alternativos, era necesario revisar procesos institucionales de niños privados del medio familiar.

En septiembre 9 del año 2014, funcionarios de la Procuraduría General de la República, dieron a conocer, ante legisladores federales, que se habían rescatado 536 personas del albergue “La Gran Familia”, mismos que sufrieron privación ilegal de la libertad, violación sexual y robo de identidad.

En particular, sobre la señora Verduzco, responsable del albergue, aseguraron que, de acuerdo con el artículo 55 del Código Penal Federal, eran inimputables.

Esta comisión dictaminadora coincide con la promovente acerca de la necesidad de contar con la información certera del curso de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, sobre todo en virtud de que como todos los señalamientos de diversos funcionarios de la dependencia ante legisladores federales, en septiembre pasado estaríamos ante hechos que configuran delincuencia organizada.

El asunto debe ser abordado desde todas las aristas, desde la óptica de la vulneración de las niñas, niños y adolescentes, desde la omisión del Estado mexicano para velar por la legalidad, sobreponiendo el principio constitucional del interés superior de la niñez.

Porque al parecer la señora Verduzco, quien goza de libertad, como se indica en la proposición con punto de Acuerdo, sigue albergando, de manera irregular, a personas en el domicilio que actualmente ocupa.

En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscribe cabalmente las propuestas de la Senadora proponente; por eso pido su voto para el presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cobián Chávez.

Cierra este turno de participaciones el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Los derechos cuestan y la no atención es una irresponsabilidad de parte de las autoridades, las leyes son de observancia general y obligatoria, no es solamente un intento para poder transformar la realidad.

Los que trabajamos en el diseño de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo hicimos sabiendo que aquí atendemos, en este caso, prácticamente al 40% de la población; y quiero que ubiquemos los costos de oportunidad de las omisiones en el camino, de los sueños y las esperanzas de las niñas, niños y adolescentes.

Ya los Senadores han dado cuenta de cómo este proceso concluyó aquí el día 6 de noviembre del año pasado, y se promulgó la ley para tener vigencia a partir del 4 de diciembre del año 2014.

Una preocupación que quiero compartir, y deseo que quede registrada, es que recientemente en varios instrumentos normativos, incluidos los de educación, a partir de las aprobaciones de las Comisiones de Educación; y de Estudios Legislativos, la Secretaría de Hacienda se presenta y nos dice que no está de acuerdo porque esto va a implicar un costo financiero; nosotros somos legisladores.

Los Poderes de la Unión tendrán que ponerse de acuerdo, y por eso el exhorto que hacemos en este caso, y que firmamos los Presidentes de las seis comisiones que trabajamos en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un sentido estratégico y un sentido importantísimo porque no venimos para aprobar leyes muertas.

Las niñas, los niños y los adolescentes merecen el testimonio de los poderes públicos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romero Hicks.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis, 45 Bis y 122 Bis de la Ley General de Salud, en materia de manejo de residuos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III Y UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 41 BIS; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 45 BIS Y 122 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Mi voto es a favor, debido a que en el 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que se produjeron 2,193,336 toneladas de residuos (de los cuales 150,076 toneladas son biológicos-infecciosos) y el método de desecho más utilizado era la incineración en hornos. Sin embargo, actualmente existen establecimientos generadores de estos residuos que no tienen las medidas adecuadas para su desecho.

También es importante considerar, que la capacidad de almacenamiento de los basureros está llegando a su capacidad máxima, por lo que es necesario empezar a buscar alternativas para el desecho de los residuos.

Además es importante que el Comité de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos establezca los lineamientos que deberán tomarse en cuenta por parte de los establecimientos de salud y prestadores de servicios para el tratamiento de este tipo de residuos de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: No habiendo artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO, ADOPTADO EN GINEBRA EL 26 DE JUNIO DE 1973

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En primer lugar, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

En virtud de que no encuentra presente, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

El trabajo infantil es un problema a nivel mundial que desde hace mucho tiempo se ha querido erradicar. Afortunadamente, los esfuerzos por fin han empezado a rendir frutos y en los primeros 12 años de este siglo, la población infantil ocupada disminuyó 78 millones.

Esto es importante porque a pesar de que el trabajo infantil es para algunos una herramienta de progreso en ciertos sectores, afecta de manera negativa la salud, la educación y la integridad de los niños y niñas, restringiendo así las posibilidades de progreso de las naciones en el largo plazo.

Actualmente, en México hay más de dos millones de niños y niñas que están trabajando, muchos de ellos lo hacen no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo; 23 por ciento de ellos trabajan para pagar su escuela y 22 por ciento porque en su hogar se necesita.

Y precisamente porque las causas del trabajo infantil remiten a cuestiones como la pobreza, la discriminación, la ausencia de un sistema educativo adecuado y cultural, la tarea sigue siendo difícil.

Sin embargo, después de 15 años de haberse ratificado el Convenio para Eliminar las Peores Formas de Trabajo Infantil, México tiene la oportunidad de dar un paso más de adherirse al Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

Para que nos demos cuenta de su trascendencia y de lo atrasados que estamos, hace ya 42 años que este instrumento internacional se adoptó en la Conferencia Internacional del Trabajo, y México, nuestro país, se había quedado rezagado.

Pero gracias a la reforma constitucional de junio de 2014, quedaron sin efecto varios de los argumentos que en su momento impidieron la vinculación de México a este instrumento, y ahora estamos en posibilidad de ratificarlo y dejar de estar entre los 18 países que, en todo el mundo, no lo han ratificado.

Es más, al día de hoy México es el único país en América Latina que no ha ratificado este instrumento. De aprobarse el Convenio 138 de la OIT por esta Soberanía, México tendrá la obligación de implementar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

En este sentido, estaremos dando cumplimiento a las recomendaciones que en los últimos años nos han hecho diversos Organismos Internacionales en materia de derechos humanos.

Pero aquí no debe quedar nuestra tarea, no debemos olvidar que el trabajo infantil es un problema público que es resultado de distintas causas, y tenemos la obligación de seguir trabajando para atender todos estos factores y resolver así el problema de raíz, y darle verdaderas oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

En virtud de que no se encuentra, se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy he pedio el uso de la palabra para venir a solicitar a ustedes el voto de apoyo, el voto a favor para respaldar el presente dictamen, un dictamen que busca la aprobación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínimo de Admisión al Empleo, un convenio adoptado el 26 de junio de 1973, en Ginebra.

Es importante tener consciencia de que México ha sido omiso en la protección de los derechos de las niñas y de los niños, al igual que de los adolescentes, a nivel educativo, nivel económico y también social.

Hay datos duros que nos confirman estas aseveraciones y que nos colocan hoy en el lugar número 56, de una lista de 197 países que registran el mayor número de niñas y niños trabajando, el mayor número de niños en trabajo infantil; lo que representa un total de 3.6 millones de niñas y niños trabajando en condiciones no necesariamente de calidad; el 12 por ciento de la población infantil en nuestro país.

Peor aún, el 30 por ciento de estas niñas y niños adolescentes trabajan en actividades del campo, con jornadas inhumanas que rebasan las 35 horas y que, por supuesto, los coloca en una situación de riesgo.

Todo esto refleja el atraso que por años hemos ido acumulando en nuestro país en cuanto a la defensa, la protección de nuestros menores, así como también el que nos haya tomado más de 40 años estar en espera para la aprobación de este Convenio para modificar la edad mínima para el trabajo en nuestro país.

Hoy finalmente es posible ratificar este Convenio gracias a la reforma del artículo 123 en su fracción III, en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye un avance importante para erradicar el trabajo infantil en nuestro país.

La ratificación de este Convenio es una medida positiva, no podemos seguir permitiendo que actualmente en nuestro país haya niñas y niños que no tengan acceso a la educación, y que en lugar de ir a la escuela se presenten a desempeñar jornadas inhumanas, jornadas que lastiman, que afectan sus derechos como niños.

También es importante reconocer que las niñas y niños que hoy se encuentran trabajando lo hacen evidentemente por necesidad, porque se convierten en una parte importante del sustento al interior de sus hogares.

Bajo estas condiciones, sabemos entonces, que adoptar este Convenio, que respaldar este convenio es tan solo un paso en el camino para poder blindar a todos estos niños y niñas, y garantizarles mejores oportunidades para que asistan a la escuela, para que se aparten, en la medida de lo posible, de ese mercado laboral infantil y que tengan las bases para poder adquirir las herramientas profesionales necesarias para garantizarse un empleo bien remunerado y de buena calidad en el futuro.

Con la firma de este Convenio, no se dará en automático la erradicación de este fenómeno, pero sabemos que estamos apuntando en el camino correcto.

Por ello, compañeras, compañeros legisladores, les solicito el respaldo, el apoyo con su voto a favor de este presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Mayela Quiroga Tamez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, relativo al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973, tiene como objetivo dar cumplimiento al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la aprobación de todos los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal.

La aprobación de dicho Convenio es congruente con las reformas que el Congreso de la Unión aprobó y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014, en materia de trabajo infantil y protección a los adolescentes que laboran en edad permitida; con lo cual, sin duda, seguimos avanzando en la erradicación del trabajo infantil en el país.

Con esta ratificación, México se actualizará entre las naciones donde ya está ese cumplimiento, son 167 países donde ya está esa ratificación, y México dentro de los 18 países que no tenemos esa ratificación.

Con el voto y la aprobación de ustedes el día de hoy, compañeros Senadores, tendremos ya 168 países que están ratificados en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Con esta medida se avanza en la estructuración del marco jurídico e internacional que garantiza el bienestar de la niñez mexicana, fortaleciendo sus derechos fundamentales.

Asimismo, se le dará oportunidad también de concluir, primero, su educación básica, siendo esto congruente con la reforma constitucional que tenemos al respecto, donde se elevó la preparatoria como educación básica, con lo cual se mejorará al final la vida laboral de los niños y de los jóvenes y que se va a tener en las estadísticas, que entre mayor nivel educativo tengamos, mejor salario se va a tener.

Esta ratificación deberá también, ser un instrumento que impulse, entre otras medidas, las institucionales a favor de la infancia, que también este Senado ha ratificado y ha aprobado.

Esa ratificación, sin duda, será uno de los temas pendientes más importantes que estaba pendiente en la agenda internacional de nuestro país, toda vez que, como se señala, el 14 de noviembre de 1975, el Senado se pronunció por la no ratificación del Convenio, porque consideró que no eran acordes a las disposiciones que contenía la Ley Federal del Trabajo, que estaban vigentes en ese momento.

Cabe señalar, que como resultado de las consultas realizadas por el gobierno de la República a través de los sectores nacionales y dependencias de la Administración Pública Federal, se concluyó que el Convenio 138, resulta congruente al texto reformado en el artículo 123, inciso a), fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue reformada el 17 de junio del 2014, para prohibir la utilización del trabajo de menores de 15 años.

El trabajo infantil, ha sido un trabajo prioritario en la agenda internacional, y lo ha sido también para el Presidente de la República, toda vez que los menores realizan trabajo, y que los limita en sus oportunidades para su desarrollo educativo y de salud.

El Presidente Enrique Peña Nieto envió la iniciativa preferente de la reforma constitucional para elevar la edad mínima de trabajar a 15 años.

Gracias al compromiso de todos los legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, fue aprobada esta reforma constitucional, motivo por el cual, el día de hoy podemos ratificar este Convenio 138.

Dentro de las actividades que realiza el gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están también algunos operativos que se realizan como el de trabajo libre y decente libre de trabajo infantil, donde se hace operativo, donde no haya laborando menores de 15 años en los centros de trabajo.

Asimismo, también se instaló en el 2013, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

En este sentido, esta Comisión que ya está instalada en las 32 entidades federativas, será fundamental para que trabajen en coordinación, también con los municipios, tanto con la Secretaría de Desarrollo Social, con los DIF, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con las Cámaras y con los sindicatos, para poderse coordinar en todos los trabajos y estrategias, para que los menores continúen su educación y después puedan ingresar a laborar dentro de la edad permitida de 15 años en adelante, considerando después que a los 16 años se laboraria en lugar de 8 horas, 7 horas.

El seguimiento a estas acciones, ha establecido también durante el presente año, el distintivo: empresa agrícola libre de trabajo infantil, entre otras actividades. Como bien decían nuestras compañeras y compañeros que nos han antecedido, es importante que se apruebe este Convenio, pero sobre todo, también, ver que en virtud de un respetuoso llamado, seamos parte de la historia y pueda quedar aprobado este Convenio 138.

Muchísimas gracias y les pido su voto a favor.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Mayela Quiroga Tamez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Abolir el trabajo infantil en el mundo ha sido un proceso largo, que ha llevado principalmente a la Organización Internacional del Trabajo, desde que se constituyó, en 1919, a diseñar diversos acuerdos internacionales para que éstos sean aplicados en la protección por parte de los gobiernos a niñas y niños que realizaban entonces cierto tipo de trabajos que estaban considerados como trabajos peligrosos, denigrantes, indignos y, sobre todo, ponían en riesgo no solamente la salud, la seguridad, sino también la vida de niñas y niños.

Es de destacar que con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que finalmente estamos aprobando en nuestro país, estamos articulando una serie de compromisos que van a permitir gradualmente, y eso es muy importante destacar, que la gradualidad que se inscribe en el propio Convenio 138 hacia la erradicación de todas las formas de trabajo infantil que, de manera preponderante, marca las peores formas de trabajo infantil, nos llevan al país a que tengamos posibilidades, de manera puntual, la aplicación de este Tratado, para que no le demos cuenta a la definición de las acciones gubernamentales que tenemos que emprender para lograr este propósito.

Y esto quiere decir que, aun cuando hemos reformado la Constitución y hemos elevado un año más la admisión del trabajo a 15 años de adolescentes de ambos sexos, ahora con este Tratado, podemos enfatizar que tenemos un marco jurídico fundamental que permitirá una exigibilidad, inclusive judicial, para que las autoridades gubernamentales encargadas de aplicar estos instrumentos, y aplicar, por supuesto, en la Constitución, se puedan lograr de manera concreta la erradicación del trabajo infantil.

Y esto es muy importante porque, no debemos confundir cuando una niña o un niño tiene que realizar actividades en función de la extrema pobreza en la que viven sus familias, y que desde el enfoque de este Tratado Internacional no solamente obliga a que sus madres, quienes están al frente de la protección de la niña o el niño, garanticen que no estén realizando este tipo de actividades, sino sobre todo llama la atención a que el Estado, a que los gobiernos provean todo lo necesario para garantizar que las familias que tienen al frente el cuidado de niñas y niños, efectivamente, garanticen lo que tienen que hacer, es decir: estudiar, estudiar, estudiar y estudiar, además de gozar de otros derechos.

Por eso, es muy importante que finalmente, después de casi tres años de trabajo de esta legislatura, hoy estemos aplaudiendo, de alguna manera, hay que decirlo coloquialmente, que el titular del Poder Ejecutivo Federal haya enviado este Tratado de la Organización Internacional del Trabajo al Senado de la República para que se proceda a su ratificación y se deposite ante Naciones Unidas.

Es muy importante lo que viene, sin embargo, tenemos instrumentos en los cuales vamos a fundar nuestras exigencias para que nadie eluda de hacer lo que tiene que hacer.

Si pensamos en el desarrollo del país, realmente, de manera objetiva, no se puede lograr si tenemos todavía rezagos en donde niñas y niños no están haciendo lo que tienen que hacer por su edad, gozar de todos sus derechos, y por supuesto, no realizar ninguna actividad que pueda distraerlos; que pueda menoscabar su dignidad humana, que pueda también menoscabar o anular, inclusive, todos los derechos que tiene como persona.

De tal manera que es muy importante, que hoy las comisiones, nos presenten este dictamen para que pueda proceder finalmente el Ejecutivo a inscribirlo como es debido ante la Organización Internacional del Trabajo, que hoy, a partir de 1928, está integrada en el ámbito de las naciones, y a partir de 1945, en la Organización de Naciones Unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro del dictamen.

Senador, yo le pido nada más respeto al recinto, y que usted puede manifestar lo que guste, pero no puede usted hacerse acompañar de ninguna persona ajena a los legisladores.

Yo le pido nada más respeto al Pleno.

Gracias por su comprensión.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente, por su comprensión, y por la comprensión a los más de diez millones de niños que viven en condición infame en este país.

Traje esas ilustraciones para que el Senado de la República se llene los ojos de la forma en que viven más de diez millones de nuestros infantes, cuando aquí nos desgarramos las vestiduras y todos venimos a señalar el derecho superior de los niños; cuando aquí venimos a declarar ante la opinión pública del país que defendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo leyes como la que acabamos de citar, para hacerle un exhorto al Presidente de la República de que, por el amor de Dios, por compasión atienda, atienda, atienda las condiciones infames en que viven los niños, niñas y adolescentes en este país.

Estas fotografías, gracias, Senador, tres de ellas fueron tomadas por su servidor en diferentes partes del país, donde ven a una familia, a una señora de 15 años en el municipio de Ocosingo, en Chiapas.

En ese municipio, o en ese estado, estaba ahí un gobernador que ya todo pintó de verde: las bancas, los postes, bueno, hasta la policía la vistió de verde, lo único que no ha pintado de verde es la esperanza para que los niños chiapanecos tengan mejores condiciones de vida.

Una adolescente de 15 años con un niño, con un niño de 3 años, la primera fotografía tomada en Ocosingo, Chiapas.

La siguiente, tomada en Las Margaritas, allá también en Chiapas, y se ufanan de que los buenos gobiernos atienden a los niños.

Esta fotografía fue tomada en Vicente Camalote, Oaxaca.

Y la siguiente es una fotografía que le dio la vuelta al mundo, no a México, al mundo, para vergüenza de los mexicanos y de las mexicanas, tomada en dos plantíos de Colima, en el corte o en la pizca del tomate rojo o el jitomate, como lo conocemos algunos.

Ante esta situación, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, lo menos que puede hacer el Senado de la República es pedirle perdón a los niños, niñas y adolescentes por permitir que sus derechos fundamentales sean violados de manera reiterada y no participar de manera directa en la defensa práctica, cabal y verdadera de sus derechos fundamentales.

Ante las pruebas evidentes de la violación de los derechos humanos, las vejaciones, las humillaciones, la tortura y la violencia institucional de niños, niñas y adolescentes de México; el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, debe comparecer ante esta Soberanía con la finalidad de que informe, cuáles son las acciones concretas que está realizando para evitar que el Convenio 138 de la OIT, que yo espero que aprobemos por unanimidad el día de hoy, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley Federal del Trabajo y la Constitución de la República no se violen y se respeten los derechos fundamentales de nuestros infantes.

El caso Colima, se publicitó para justificar su trabajo y hacerle creer al Senado que está aprobando leyes en la materia; que está aplicando, y mostrarle a su jefe que está trabajando.

¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira!

Hay una invisibilización deliberada de los jornaleros infantiles que descansa en la omisión de estadísticas oficiales, exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; ocultamiento de las agro empresas; la utilización del trabajo infantil; limitación de la producción de conocimientos en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales que trabaja efectivamente en el tema, e indiferencia del Congreso y del Ejecutivo Federal, y de todos aquellos que pueden garantizar el cumplimiento de las citadas leyes.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

El tema no es un tema menor.

Después de 42 años, el Estado mexicano por fin, por fin adopta el Convenio 138 de la OIT, para el tema de la edad mínima para el trabajo infantil.

Más de 42 años, el Estado mexicano se ha pasado despreciando las luchas históricas, que principalmente los inválidos del mundo, los que viven en el fondo del sufrimiento humano han dado para salvaguardar el patrimonio más importante que tiene la humanidad, que son sus niños, niñas y adolescentes.

El convenio de 1919, de la edad mínima en la industria; en 1920, el trabajo marítimo; en 1921, el trabajo en la agricultura; en 1932, los trabajos no industriales; en 1936, el convenio revisado para trabajos marítimos; en 1937, el convenio revisado para la industria; en 1937, el convenio revisado para trabajos no industriales; en 1959, el convenio de trabajo para pescadores y de trabajo submarino. El 26 de junio del 73, el convenio sobre la edad mínima.

El artículo 1o. de la Constitución de la República, en el párrafo primero, señala que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales, de los que el Estado mexicano forma parte.

Tenemos una afrenta que lavar, con los millones de niños, niñas y adolescentes, que hoy a pesar del artículo primero de la Constitución de la República, el Convenio 138 de la OIT, que vamos aprobar, estoy convencido, siguen perdidos en las desesperanza, en el olvido absoluto de parte de todos los órdenes de gobierno, abandonados a su suerte, sin que nadie diga el "Ya Basta", para acabar con ese oprobio que avergüenza al país, ante todo México y la comunidad internacional, que hoy señala, con índice de fuego, lo que menos le importa al Estado mexicano son sus niñas, niños y adolescentes.

Los niños, niñas y adolescentes también son seres humanos. Ya basta de violar sus derechos fundamentales.

Por todas estas razones, por supuesto, que votaremos a favor de que se apruebe en el Senado de la República el Convenio 138 de la OIT, para felicidad de los niños de México y que por fin haya una aplicación práctica.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, Senadora Dolores.

Gracias, Senador Luciano.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadores:

Quiero presentar mi voto a favor del presente dictamen, porque cuando decimos que las niñas y los niños son el futuro de nuestro país, pareciera ser una frase trillada. Sin embargo, no hay nada más cierto y no podemos imaginar un futuro próspero, si no le apostamos a la educación y al desarrollo pleno de nuestra infancia.

Y quiero referirme, en particular a mi estado Tlaxcala, donde ocupamos el lugar número 18 en trabajo infantil a nivel nacional. Lo que representa a más de 26 mil niñas y niños laborando, de acuerdo con los datos que representaron funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el mes pasado.

Sin duda, los niños y adolescentes que más estudien, van a estar mejor preparados, y tendrán mejores oportunidades de acceder a un empleo digno y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

En un país como el nuestro, lleno de desigualdades, una de las vías es lograr el desarrollo y, sobre todo, apostar por la educación, para romper ese círculo vicioso, que es el trabajo infantil y la pobreza.

Nuestras niñas y niños tienen el derecho al juego, a la educación. Están para prepararse, para jugar, para recrearse y no para trabajar.

¿Qué genera el trabajo infantil? Pongo nuevamente, como ejemplo, mi estado. Donde la tasa de inasistencia escolar es del 6.5 por ciento, y la tasa de inasistencia de niñas y niños que trabajan es de 37.4 por ciento.

Esto nos demuestra que el trabajo infantil, definitivamente impacta negativamente en la vida de las niñas y los niños, obligándolos en muchos casos a dejar las instituciones educativas.

Con la ratificación de este tratado por parte del Estado mexicano, sin duda, se consolida una norma para el bienestar de la niñez mexicana, para garantizar sus derechos humanos y brindarles la oportunidad de culminar su educación básica.

Esto es fundamental, para que nuestra infancia esté mejor preparada, cuando en su etapa adulta, de inicio a su vida laboral.

Además las niñas y niños que abandonan la escuela, tiene significativamente más posibilidades de caer en drogas, alcoholismo, delincuencia, redes de trata de personas o ser presa de la explotación, con fines laborales o hasta sexuales.

Como se ha mencionado aquí, esta reforma permitirá que México al fin ratifique un tratado de 1973, con un retraso de algunos años; pero al fin estamos dando un paso más para erradicar el trabajo infantil. Definitivamente tenemos mucho por hacer en este tema, y para ello, debemos generar acciones precisas y contundentes.

La aprobación de este dictamen, es uno de los pendientes que teníamos con la sociedad mexicana y especialmente con la niñez de nuestro país.

La OIT ha señalado, que abolir el trabajo infantil, implica garantizar que cada niña y cada niño, tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental.

Por ello, reitero la bienvenida y apoyo al presente dictamen, porque en un país, la infancia es parte integral de un proceso de desarrollo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia de la Sala. Señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:

Pues les quiero comentar que no porque se apruebe este dictamen de las comisiones unidas, pues ya los niños y niñas de México ya van a dejar de trabajar.

Si creen que porque estamos apruebe y apruebe leyes oscuritas a las diversas leyes que tenemos en este país, las cosas van a cambiar.

Si no cambiamos la cultura y la educación de nuestro país, las cosas no van a cambiar. Y si no mejoramos la economía de nuestro país, pues igual.

¿Ustedes creen que aprobando esto las niñas y niños de México, desnutridos, llenos de lombrices que no tienen para comer, para vestir, para comprar medicina, van a dejar de trabajar?

Si la gente tiene en la mente, que hay que tener muchos hijos. Como decía un ex Secretario de Salud: los que Dios mande. Pues porque necesitamos la mano de obra barata, para sacar el trabajo y poder llevar aunque sea un pedazo de bolillo, de pan, de sisote, como le quieran llamar, a la casa, para que tengan algo que comer.

Esa es la realidad del país. Si ustedes creen, que aquí sentado, con el aire acondicionado, aprobando estas cosas van a cambiar, no.

Hay que meterse de fondo; también les quiero decir, que hay que dejar estar parchando las leyes y la Constitución, porque es muy interesante el trabajo del legislador, mientras más iniciativas meto, mejor soy.

Y ahí estamos parche y parche todas las leyes que tenemos y nuestra Constitución, que ya deberíamos de sentarnos para hacer un trabajo serio y formal, y de una vez hacer una nueva Constitución o una nueva Ley General de Salud, y meternos a la Ley de Educación, por la que hicimos, la que se aprobó, este es el punto de vista administrativo, tenemos que revisar los contenidos en educación.

Así, compañeras y compañeros, ojalá y lo reflexionen, porque pues luego nadie aquí presta atención, eso ya estamos acostumbrados, todo mundo anda en su celular, en el facebook, en las redes, en su rollo.

Nadie presta atención, los curules vacíos, nadie baja, pero así es esto, pues. Es la simulación, la simulación de las Cámaras, que deberían de ser autónomas, independientes, y sabemos que somos el ombligo y estamos con el cordón umbilical todavía con el Poder Ejecutivo, esa es la realidad de nuestro país, nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad y da pena.

El Estado mexicano, como ya se ha dicho aquí, llega tarde a la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra, el 26 de junio de 1973.

Han tenido que pasar 42 años, se dice rápido, pero han pasado 42 años para encontrarnos finalmente en la historia y en la realidad para cumplir con un compromiso internacional y con México.

La aprobación del Convenio 138 de la OIT, por este Senado, es ante todo un compromiso ético y de derechos humanos con las niñas y los niños de nuestro país, a quienes se les reivindica una y otra vez en los discursos oficiales como el futuro de nuestra Nación; si no préstenle atención a las campañas ahora, pura chulada.

Así la explotación y esclavitud laboral de niñas y niños y de adolescentes de nuestro país, como se ha demostrado una y otra vez ahora mismo en los campos agrícolas del Valle de San Quintín, de Baja California y Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, donde familias completas de jornaleros, incluidos sus hijos menores y adolescentes, trabajan y sobreviven en condiciones de esclavitud, de explotación, aislamiento, hacinamiento, insalubridad, precariedad extrema en la vivienda y contratación, expuestos a plaguicidas altamente tóxicos y venenosos para la salud humana.

Campos agrícolas prósperos exitosos con vocación exportadora, pero a costa de la explotación laboral e infantil con complicidad gubernamental en todos sus niveles y la complacencia sindical oficial durante décadas.

Una realidad que todos conocemos, cotidiana, que nos enfrentamos y combatimos por las ganancias millonarias que reportan a unos cuantos y que le quieren dar migajas al pueblo de México.

¿Cuál es el objetivo del Convenio 138 de la OIT que hoy, 43 años después de su aprobación en Ginebra, aprobamos en este Senado mexicano?

Más vale tarde que nunca, bueno.

Nada más y nada menos que la implementación de una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo y al trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Aprobar este Convenio obliga al Estado mexicano a cumplir este objetivo.

Obliga al Estado mexicano a satisfacer las obligaciones y derechos de las reglas que integran el Convenio.

Nos obliga a observar y a ser congruentes con nuestro derecho interno, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Aquí tardamos 42 años para aprobar esto y nos dan tres segundos en la tribuna para poder hablar de los pendientes del país, cuando tenemos, el día es de 24 horas y podríamos sesionar muchas horas más, y aquí nos reprimen que ya deje la tribuna, deje de estar hablando, se acabó el tiempo, y los problemas nacionales siguen y crecen cada día más y más.

Decía que nos obligan a observar y a ser congruentes con nuestro derecho interno con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, y la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 123 Constitucional, que establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años y que los mayores de edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima las de 6 horas.

De acuerdo con la norma general del Convenio 138 que hoy haremos y que conforme a nuestro propio marco jurídico ninguno de los 29 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos entre 5 y 17 años de edad deberían trabajar, ya no digamos ser sujetos a contratación o explotación laboral; no obstante, la realidad es otra.

Cifras del INEGI, compañeros y compañeras Senadores, señalan que de los 29 millones de niñas, niños y adolescentes, 2.5 millones trabajan y 2 millones no asisten a la escuela.

Que de los 2.5 millones menores de 17 años que trabajan, casi un millón, o sea, 914 mil no asisten a la escuela y 576 mil tienen la primaria incompleta.

Y de los 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que trabajan, 1.2 millones no reciben ningún salario y 720 mil perciben hasta un salario mínimo; 742 mil trabajan 35 horas y más, se parecen a los Senadores y Diputadores federales; y 495 mil no tienen horario regular de trabajo.

Pasaron 42 años para que llegásemos a este punto para aprobar el Convenio 138 de la OIT, no esperemos otras tantas décadas para hacer realidad lo que hoy está plasmado en nuestra norma suprema, en este Convenio 138 de la OIT y demás tratados internacionales, en materia de prohibición de trabajo, de explotación infantil y de establecimiento de edad mínima para trabajar.

Ya voy a concluir, señor Presidente.

Ello exige al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto a garantizar y establecer en el orden de las prioridades nacionales, garantizar en todo momento y en todo tiempo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Garantizar en todo momento y en todo tiempo, que toda niña, niño y adolescente de nuestro país asista a la escuela, cuente con alimentación, tiempo libre y recreación, vivienda, atención sanitaria y ser protegido contra toda forma de maltrato, abandono y explotación, la cual exige a su vez establecer las condiciones materiales y estructurales económicas, políticas y sociales en nuestro país que sienten las bases para salir del círculo endémico de la pobreza, que padecen millones de mexicanos, entre ellos 16.4 millones de niños en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema.

De lo contrario, como en tantos otros aspectos de la vida nacional, como Nación habremos dado un salto en materia de derecho internacional, pero la realidad de la niñez mexicana no cambiará, no habrá cambiado, sobre todo de la quienes son sujetos todos los días de este tipo de explotación y violencia, entre ellas la laboral.

Ojalá y hagamos conciencia de que tenemos que cambiar las cosas de raíz, de fondo y no estarle poniendo curitas a las leyes mexicanas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, Senador Presidente.

Estoy aquí, por supuesto, para hablar a favor del dictamen que hoy estamos discutiendo y quiero referir aquí lo que también se ha comentado que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo: 168 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, de los cuales más de la mitad realizaron trabajos clasificados como peligrosos.

En México, de acuerdo con cifras del INEGI, en su estudio Módulo de Trabajo Infantil, dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, hay 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad que trabajan.

Ante ello, el Estado mexicano ha puesto en marcha una serie de acciones, desde la más alta área de incidencia y planeación nacional, que vienen a abonar en la erradicación del trabajo infantil.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje cuarto, México Próspero, define como uno de sus objetivos contribuir a la erradicación del trabajo infantil.

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo Federal constituyó, el 12 de junio de 2013, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, que tiene como objetivo impulsar que las instancias nacionales desarrollen las acciones necesarias para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil en México para el año 2016, y lograr a finales del año 2018 reducir, por lo menos en 60%, el número de niñas, niños y adolescentes mexicanos que trabajan.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, ha implementado la Estrategia 3.2. "Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a trabajadores menores de la edad permitida".

Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de impulsar y fortalecer la cultura de responsabilidad social, así como de promover un modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, lanzó, en septiembre de 2014, la estrategia del distintivo "México sin Trabajo Infantil", el cual está dirigido a las instituciones y organizaciones de los sectores público, privado, social y sindical que cuenten con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.

En el ámbito legislativo, el 12 de junio de 2013, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante el Congreso de la Unión la reforma constitucional al artículo 123, Apartado A, fracción III, para elevar de 14 a 15 años le edad mínima de admisión al empleo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014.

Asimismo, la recién publicada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su Capítulo Octavo, denominado Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se ven afectados, entre otros, por situación de trabajo antes de la edad mínima de 15 años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política.

Senadoras y Senadores, como se demuestra a lo largo de la presente exposición, el Estado mexicano ha puesto especial énfasis en la erradicación del trabajo infantil, de ahí la importancia y oportunidad del dictamen a discusión, a través del cual el Senado de la República aprueba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, ya que viene a sumar y a hacer sinergia con las acciones que se han implementado para erradicar el trabajo infantil en México.

Por lo anteriormente expuesto, y convencida en que debemos de apoyar todas las propuestas que vengan a abonar al contexto en el que nos encontramos y demostrar que la actualidad del país se traduce en un compromiso hacia los grupos socialmente más vulnerables, acudo a esta tribuna a manifestar que en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor de este dictamen, en congruencia con el trabajo que hemos impulsado a favor de los derechos de la niñez y de la adolescencia, y sin duda alguna como la obligación que tenemos de legislar bajo el principio del interés superior de quienes conforman la tercera parte de la sociedad.

Por su atención, estimados Senadores y Senadoras, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro de este dictamen.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, celebro la aprobación de este dictamen sobre el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta situación es una clara violación a los derechos de la infancia, ya que las niñas, los niños y adolescentes que realizan trabajos son privados de sus derechos a la educación, al esparcimiento y a la salud, por mencionar algunos.

Al ser la erradicación del trabajo infantil, uno de los objetivos del milenio, se debe continuar con las acciones para conseguir este fin, incluyendo en la agenda nacional, el tema de la infancia, y que en algún momento se establezca la eliminación total del trabajo infantil.

Existen muchos pendientes en el tema, uno de ellos es la firma por parte del Ejecutivo Federal del tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicaciones, con este Protocolo las niñas y los niños mexicanos dispondrán de un mecanismo internacional en el caso de que no existan soluciones nacionales, o éstas resulten insuficientes o ineficaces.

En el supuesto de que se hayan vulnerado sus derechos aún hay pendientes, con la aprobación de este Convenio y con la reciente aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Senado avanza para garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Y aprovecho esta tribuna para reiterarle al gobierno federal la necesidad de urgente de recursos para atender éste y otros problemas que aquejan a las niñas y niños de México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Elena García Gómez.

Informo a la Asamblea que la Senadora Mariana Gómez del Campo hizo llegar a esta Mesa Directiva su intervención sobre este dictamen que hoy nos ocupa, el cual se habrá de inscribir de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia,

Alguna vez Karl Menninger dijo: "lo que se le dé a los niños, los niños se lo darán a la sociedad"; hoy debemos reconocer que como país tenemos aún muchas deudas que saldar con nuestra niñez, pues tenemos frente a nosotros grandes retos en materia de promoción y protección de los derechos de los niños.

La Organización Internacional del Trabajo señala que en América Latina y el Caribe, en los últimos años el trabajo infantil se ha reducido sustancialmente, sin embargo, aún 5.7 millones de niñas y niños trabajan sin haber cumplido la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que ponen en riesgo su salud o su integridad física o corporal, por lo que se deberían ser sancionadas aquellas personas que contraten a niños para que realicen  actividades en la minería, en basureros, en trabajo doméstico, en la cohetería o en la pesca, algunos de ellos muy comunes en nuestro país y que al no estar regulados no cuentan con las previsiones mínimas de seguridad ni de prestaciones sociales.

En México, según datos del INEGI, hay aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica; de ellos 85 mil laboran en el Distrito Federal; en nuestro país la tasa de trabajo infantil promedio nacional es de 5 por ciento, sin embargo, sus derechos humanos no necesariamente son respetados. Los principales motivos por los que niños realizan algún tipo de actividad de trabajo infantil son para cubrir las necesidades básicas del hogar o para continuar con sus estudios.

Ejemplo de ello, hace unas semanas conocimos del rescate de más de 200 indígenas tarahumaras que eran sometidos a explotación laboral; entre ellos se encontraban 13 personas menores de edad quienes recibían un pago de 200 pesos a la semana por desempeñar actividades agrícolas, por esta razón debemos avanzar en una regulación que proteja diversos aspectos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Es evidente que seguimos atrasados en esta tarea, pues hoy discutimos la ratificación de un Convenio que países como Panamá o República Dominicana lo hicieron hace 15 años; nuestros niños tuvieron que esperar 25 años para que plasmáramos los derechos de la niñez en una ley, ahora después de 42 años nos comprometeremos ante la comunidad internacional para elevar de manera paulatina la edad mínima del trabajo infantil.

Es cuanto.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la Organización Internacional del Trabajo, los menores de edad se exponen a largas jornadas laborales, sufren maltrato físico y psicológico; insultos y están expuestos al acoso y abuso sexual.

Muchos menores sufren dolores musculares, lesiones, fracturas y deformación de la columna debido a los grandes pesos que cargan o arrastran.

Estos efectos negativos se suman al hecho de que trabajar a tan temprana edad interfiere en el acceso y rendimiento escolar de los niños y adolescentes.

A pesar del esfuerzo físico y mental que realizan día a día, estos adolescentes no son considerados formalmente como trabajadores, ya que la mayoría de ellos no devengan salario, no tienen vacaciones, prestaciones de seguridad social, no tienen regulación ni compensación de jornadas nocturnas, lo que equivale a decir que no se tiene consideración alguna con ellos.

Un factor a tomar en cuenta que propicia la incorporación de más niñas y niños a la actividad económica, es la violencia intrafamiliar, ya que provoca el abandono de la escuela o el hogar, orillándolos a trabajar o a la mendicidad, así como a las actividades ilícitas.

Incluso, las familias mexicanas que sufren de marginación social y extrema pobreza obliga a que los hijos trabajen para mantener la economía familiar.

Ante esta realidad, las redes de explotación infantiles del crimen organizado, trabajan en todo el país para usar a los niños y niñas en sus propósitos económicos, como la mendicidad y la prostitución.

Estas mafias abusan de la necesidad de cientos de niñas y niños que buscan solamente un apoyo para el sustento de sus familias, generando una cadena de esclavitud, maltrato, violaciones, violencia, pudiendo llegar hasta la muerte.

Cuando el trabajo infantil es remunerado y el menor puede retener todo o parte de los ingresos recaudados, las niñas, niños y adolescentes adquieran el gusto de manejar dinero, dando lugar a que permanezcan mayor tiempo fuera de casa, adaptándose a las vivencias de la calle.

El trabajo infantil tiene serias repercusiones sobre el acceso a la educación de niñas y niños, cuyas familias requieren del ingreso extra que pueden proporcionar. Esta necesidad limita seriamente el derecho a la educación, que es sumamente relevante para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Limitar este derecho es restringir seriamente las posibilidades de acceder a un mejor futuro.

El trabajo infantil es un problema muy serio y complejo que requiere esfuerzos coordinados tanto de las instituciones del Estado mexicano como de la sociedad civil. Aún cuando en materia legislativa existen avances, es necesario seguir tomando medidas para garantizar su protección.

En este sentido, incrementar a 15 años la edad mínima de admisión al empleo permitirá que el Estado mexicano pueda ratificar el Convenio 138 de la OIT, cuestión sumamente importante para cumplir con las obligaciones internacionales.

Eliminar las formas negativas del trabajo infantil no sólo será vencer a la discriminación contra niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También será un paso importante hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Enhorabuena que el estado mexicano agilice este Convenio, pero lo realmente importante radica en que los menores de 15 años no trabajen, su lugar debe ser en la escuela, disfrutando de su infancia, para tener un mejor futuro.

Es Cuanto.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar. 





 

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política nos remitieron un Acuerdo que propone modificaciones en la conformación de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Informo a las Senadoras y Senadores, que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE SERVICIOS DE GUARDERÍAS

(Presentada por los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE     DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y JORNALEROS AGRÍCOLAS

(Presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Manuel Humberto Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández)

Los que suscriben, RENÉ JUÁREZ CISNEROS,MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, ARMANDO RÍOS PITER y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, senadores de la República, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y JORNALEROS AGRÍCOLAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trabajadores del campo, los jornaleros agrícolas han jugado un papel fundamental en el desarrollo agroalimentario de México. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos trabajadores y sus familias carecen de una retribución justa en términos económicos, padecen condiciones de vida y sociales inadmisibles y el disfrute y protección de sus derechos laborales son precarios.

En México se distinguen dos tipos de jornaleros agrícolas. Por una parte, están los locales que son jornaleros nativos o asentados enlas zonas de trabajo y que se emplean cerca de su lugar de residencia.Por otro lado, se encuentran los trabajadores migrantes, quienes transitan por el país en diferentes corrientes migratorias. Estos, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos: los que migran a una sola zona agrícola por períodos de 6 o 7 meses y regresan a su lugar de origen y quienes migran a varias zonas agrícolas en rutas de menor alcance y por períodos de 1 a 3 meses en cada zona.

Se estima que existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas trabajando en diversas zonas del país. De ellos aproximadamente 1.2 millones son migrantes. En los estados del Noroeste los grupos de jornaleros indígenas, de manera predominante, son mixtecos, zapotecas y nahuas procedentes de Guerrero y Oaxaca principalmente; en tanto que, en la Región Lagunera, la mayoría proceden de la Huasteca Potosina.

Las precarias condiciones de vida y trabajo colocan a los jornaleros agrícolas y sus familias como uno de los sectores de población más vulnerables  en el país. El 67 % de los jefes de familia y migrantes solos, se ocupan todo el año como jornaleros agrícolas. El 16 % combina su actividad de campesino con el empleo asalariado en el campo de manera temporal.

Casi la mitad de los jornaleros y sus acompañantes son indígenas. Una tercera parte de ellos se emplean en temporadas que van de uno a tres meses. Solo el 7%se ocupa en temporadas que van de diez a 12 meses.

El 63% de los migrantes de 12 años y más, trabajan. De cada 100 jornaleros migrantes hay 83 hombres y 27 mujeres.

La situación en la que trabajan y viven los jornaleros agrícolas se caracteriza por la precariedad de relaciones laborales y de seguridad social; ausencia de prestaciones laborales; exposición a agroquímicos; extenuantes jornadas de trabajo; condiciones inaceptables de remuneración, ya que reciben pagos solo por tarea determinada y a destajo.Además de que los mecanismos de contratación que utilizan los empleadores vulneran los derechos laborales.

El índice de analfabetismo de la población total de familias migrantes es del 37%, casi cuatro veces superior a la tasa nacional. En el caso de los niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan en las labores agrícolas, una cuarta parte no saben leer ni escribir.

El trabajo de los jornaleros requiere de grandes esfuerzos físicos, conlleva los mayores riesgos para la salud y, generalmente, también es el peor retribuido. Esta situación implica que todos los integrantes de la familia se vean obligados a participar en el trabajo y puedan completar sus ingresos. De esta manera, las mujeres y pese que lo prohíbe la ley, los niños desde apenas los seis o siete años se incorporan a las arduas labores agrícolas, sujetos a una explotación inaceptable.

El trabajo agrícola por jornal se ha convertido en una tradición que se transfiere de padres a hijos. En 46% de las familias con trabajo infantil, los padres se iniciaron como jornaleros entre los 6 y 14 años. Para 44% de las familias migrantes, el ingreso del trabajo infantil significa más del 40% del ingreso familiar. La mitad de los niños que trabajan no van a la escuela a donde migran, ni en su lugar de origen.

Viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más severas condiciones climáticas y de riesgo ambiental. Los lugares en donde habitan, proporcionadas en algunos casos por los empleadores y en otras obtenidas por sus propios medios, carecen de servicios públicos; los niños en edad escolar no pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a muy temprana edad, porque no pueden recibir el cuidado que requieren al ser sus madres también trabajadoras y, también, porque la temporalidad de las labores, o al traslado de campo a campo, rompe sistemáticamente la regularidad con la que deberían asistir a las aulas.

Prácticamente todos, los jornaleros, pero sobre todo los niños presentan problemas graves de desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza, y también a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que implica su trabajo.

Estas familias trabajadoras son contratadas por las agroempresas, muchas veces, en sus lugares de origen a través de otras personas quienes, mediante una compleja red de relaciones económicas y sociales, reclutan a los jornaleros.

En otros casos, esa forma de contratación se realiza a manera de caravanas, en donde los intermediarios o enganchadores, forman grupos de jornaleros para ir ofreciendo su trabajo de un campo a otro, de acuerdo con la temporalidad y los ciclos de los diversos productos agrícolas.

Este panorama social apenas esbozado, y rebasado por la realidad, es desolador e inaceptable. Se trata de un problema complejo que exige soluciones integrales. Existen graves resistencias e inercias que es indispensable romper. Por ello, se trata de avanzar mediante acciones diversas y concurrentes. Se requieren acciones concertadas y, de manera destacada, la aplicación estricta de la ley, para proteger los derechos laborales y sociales de quienes trabajan como jornaleros e impulsar políticas públicas que promuevan su desarrollo.

Es por eso que las condiciones laborales, salariales y de vida de los jornaleros agrícolas exigen una respuesta eficaz del Estado para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a una calidad de vida digna.

Aun cuando con la Reforma Laboral se logró reconocer un conjunto de derechos para estos trabajadores y se establecieron obligaciones claras y precisas que deben respetarse, hay violaciones constantes al marco legal.

Con frecuencia se infringe la ley, ampliando los horarios de trabajo aprovechando la necesidad de los trabajadores a destajo; se emplea indebidamente a niños; todos llevan a cabo jornadas superiores a las ocho horas y realizan labores inadecuadas para su condición física. Los salarios que perciben resultan insuficientes ante sus necesidades.

La precaria situación de los jornaleros agrícolas se ve agravada por el deterioro de sus personas, en virtud de la constante exposición a los agroquímicos que se utilizan como fertilizantes e insecticidas. El inadecuado manejo de estos productos, por falta de equipo y sobre todo de capacitación y adiestramiento, merma considerablemente su salud, en especial la de los niños y las mujeres embarazadas.

En raras ocasiones, estos trabajadores tienen acceso a servicios de salud, a la seguridad social y menos pueden ejercer el derecho al reparto de utilidades. Se cometen con regularidad graves injusticias por omisiones en la ley y ausencias jurídicas que propician condiciones de explotación.

El acceso a la justicia laboral es prácticamente nulo y la capacidad institucional de inspección y procuración está rebasada, lo cual coloca a los jornaleros en una franca circunstancia de indefensión.

En consecuencia, se propone modificarla ley a fin de mejorar las condiciones de contratación del trabajador del campo; garantizar servicios para favorecer la educación y el cuidado de los menores; así como el otorgamiento de prestaciones sociales. Asimismo, es indispensable fortalecer a las instituciones para que puedan llevar a cabo de manera adecuada la labor de inspección y, propiciar el respeto a los derechos de los trabajadores mediante el diálogo y la conciliación con los empleadores.

A la cuestión laboral tratan de responder las reformas y adiciones a la ley que se presentan a continuación:

En primer término, se introduce la categoría de intermediario, y se establece como requisito su registro ante las autoridades del trabajo. Con ese fin se definen los requisitos y responsabilidades de quien realice funciones de intermediario.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se propone reforzar las tareas de inspección y vigilancia, mediante la coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación.

Por último, además de las obligaciones ya establecidas para el patrón en el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se añaden otras en favor del trabajador, que aquél también deberá observar y cumplir.

Esta propuesta, que se apega al espíritu del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es acorde con la Reforma Laboral, busca enriquecer diversas disposiciones legales que den mayor claridad a la legislación vigente y contribuyan a mejorar las relaciones laborales y condiciones de vida de los jornaleros agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos senadores de la República, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 280 Bis, 280 Ter y 282 Bis; se reforman las fracciones XII y XIII y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 283, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 280 Bis. Se consideran intermediarios a las personas, físicas o morales, que por sí o en nombre y representación de un patrón, reclutan o contratan trabajadores bajo cualquiera de las modalidades reconocidas en el artículo anterior.

Para ser intermediario se requiere contar con el registro que al respecto lleve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el registro se hará constar nombre o razón social, domicilio, RFC y fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley.

Artículo 280 Ter.- Son obligaciones de los intermediarios:

I. Pactar por escrito las condiciones generales de trabajo, salario, prestaciones en especie y en dinero, forma de pago, descuentos en caso de comedores o adelantos, condiciones de alojamiento y la duración mínima del contrato; y depositarlo en la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje más próxima al lugar de reclutamiento;

II. Sufragar los gastos de traslado y alimentación de los trabajadores y brindarle protección contra accidentes desde el momento de embarque. Para efectos de indemnización estos siniestros serán considerados como accidentes de trabajo;

III. No cobrar al trabajador retribución alguna o comisión con cargo a sus salarios; y

IV. El transporte para el traslado de los trabajadores debe ser de los autorizados para pasajeros por el gobierno federal.

Artículo 282 Bis.-Los gobiernos federal y estatales podrán firmar convenios de coordinación de acciones para fortalecer las tareas de inspección en beneficio de los trabajadores del campo.

Artículo 283.-

I a XI…

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español;

XIII. Brindar los servicios de guardería a los hijos de los trabajadores;

XIV. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección y adiestramiento necesarios cuando en el desempeño de sus labores utilicen agroquímicos.

XV. Considerar como accidentes de trabajo los que sucedan durante el trayecto del trabajador de su domicilio al centro de trabajo dentro de la hora anterior y posterior al inicio y conclusión de la jornada de trabajo, siempre y cuando usen el transporte que para tal efecto les proporcione el patrón o empleador o el autorizado para prestar el servicio público de transporte.

XVI. Proporcionar a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la relación de trabajadores con derecho a reparto de utilidades. Cuando alguno de los trabajadores con derecho a pago no cobre su participación una vez transcurridos noventa días contados a partir de la fecha en que debió realizarse el pago, el patrón o empleador abrirá una cuenta bancaria que genere los mayores intereses a nombre del trabajador en donde hará el depósito correspondiente hasta en tanto se presenta aquel a recibir su pago.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días naturales subsecuentes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social iniciará la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos de los estados para la inspección del trabajo, en donde laboran los jornaleros agrícolas.

Tercero. En un plazo máximo de seis meses la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá implementar el registro de los intermediarios para la contratación de trabajadores del campo migrantes.

Cuarto. En un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Desarrollo Social deberá modificar las reglas de operación del programa PROSPERA, a fin de incluir a los hijos de los trabajadores del campo, tomando en cuenta y adaptándolas a las condiciones particulares de vida de las familias de los jornaleros agrícolas.

Quinto. En un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Desarrollo Social deberá diseñar y poner en operación un programa especial de atención a los jornaleros agrícolas.

Sexto. En un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Educación Pública deberá diseñar y poner en marcha un programa especial de alfabetización y de educación básica para los trabajadores del campo y sus familias.

Séptimo. En un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias de salud estatales y municipales y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá poner en marcha un programa especial para la atención primaria de la salud y nutrición de los trabajadores migrantes y sus familias, así como de detección temprana de enfermedades.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE DOS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915

(Presentada por el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General capitalina a presentar un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet Ingeniería, S.A de C.V., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad” y “Decisiones por Colonia”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA CONTRALORÍA GENERAL CAPITALINA, PARA QUE PRESENTEN UN INFORME DE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES EN RELACIÓN A LA COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS ANTIJURÍDICOS COMO CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LA ENTREGA DE CONTRATOS A LA EMPRESA PLANET INGENIERÍA, SA DE CV., POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS “ILUMINEMOS TU CIUDAD YDECISIONES POR COLONIA”, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES:

La ejecución transparente de los recursos públicos debe ser una acción permanente del Gobierno del Distrito Federal, sus dependencias  y Delegaciones, sobre todo, cuando se trata de implementar mecanismos de gestión para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a la población.

En este contexto, uno de los servicios más importantes para la seguridad y tranquilidad de la sociedad es el alumbrado público, a pesar de ello, en la capital 14 mil luminarias deben ser sustituidas, al menos el 15% de los 80 mil puntos de luz de las vialidades primarias no funcionan y más del 18% de las 405 mil luminarias localizadas en las vías secundarias necesitan ser reparadas.

Ante esta problemática, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó el programa “Iluminemos tu Ciudad” que tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura urbana y el cambio de luminarias en mal estado, asimismo, instrumentó el programa “Decisiones por Colonia” bajo el cual participan gobierno y sociedad, priorizando las acciones de política pública en beneficio de la comunidad. 

Lamentablemente estos programas se han visto en una serie de irregularidades, entre estos se encuentran que el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito federal, otorgó dos contratos por más de 71 millones de pesos a la empresa “Planet Ingeniería, SA de CV.”, lujar en el que su esposa se desempeña como directora comercial.

El 20 de octubre de 2014 esta empresa recibió dos contratos, uno por 30 millones 847 mil 254 pesos, y otro por 40 millones 483 mil 631 pesos, para la renovación y modernización del alumbrado público en 16 delegaciones de la zona norte y sur.

Estos hechos, constituyen posibles actos antijurídicos por conflicto de interés, debido a la cercanía de la directora comercial con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios.

La empresa Planet Ingeniería  dice estar “comprometida con el desarrollo y productividad del país, por lo que cuenta con personal altamente calificado y tecnología de punta, asimismo, tiene la infraestructura necesaria para el desarrollo de la obra civil y electromecánica para el adecuado funcionamiento de cada sistema eléctrico”.

El Distrito Federal debe  desarrollar licitaciones públicas para buscar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento, en la compra de bienes y  prestación de servicios de cualquier naturaleza, precepto que en este caso no se cumplió por lo que se vulneró el interés general. 

Por lo anteriormente descrito, es primordial conocer los avances en las investigaciones por parte Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General Capitalina para que sean sancionados conforme a derecho los responsables de estas acciones fuera del marco de la ley.

En este sentido, el titular de la Contraloría General del Distrito federal ha declarado que “como parte de la investigación por el presunto conflicto de intereses, también se revisará el proceso de licitación… por lo que serán citados todas las personas que tienen que ver con el contrato”.

Es importante hacer énfasis en que estos acontecimientos no son aislados, por el contrario, está ampliamente documentado que existen otras irregularidades entre las que destacan:

• Licitaciones “fast track” para beneficiar a las empresas Sola Basic y su distribuidora Axati Internacional en el programa “Iluminemos tu Ciudad”, asimismo, compra a sobreprecios, nula información del número de personas y colonias  beneficiadas.

• Reserva de información por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios relacionada con la compra de 158 mil luminarias, por un monto superior a los 2 mil 600 millones de pesos, debido a que podría derivar en manipulación de un tercero, en la generación de conjeturas y mala interpretación de la ciudadanía ante el desconocimiento de la norma.

• Adeudos a la empresa Iluminación y Suministros S.A. de C.V. por un monto superior a la 1 millón 100 mil pesos y falta de pago superior a los 16 millones de pesos al despacho TAO y Asociados por la prestación de diferentes servicios ambos relacionados con el ramo.

• Compra masiva de luminarias a sobreprecio hasta por más del 30%.

Conscientes de que los recursos públicos deben ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General Capitalina, para que presenten un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet Ingeniería, SA de CV., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad y Decisiones por Colonia”. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Partido Revolucionario Institucional





 

De la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un “bono del cacao”, como una remuneración otorgada a productores que fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector privado como al sector público, con inversiones a largo plazo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía y a sus homólogas estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. Se turna a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como soberanía alimentaria a “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”.

De tal manera que los gobiernos federales, estatales y municipales deben dar el impulso en todos los aspectos posibles, para el campo; sin embargo, los apoyos otorgados no llegan a la gente más necesitada; y es ahí donde se localiza la población más vulnerable y de escasos recursos.

Aunado a lo anterior, los datos de pobreza en México son realmente escalofriantes: 53 millones de mexicanos son pobres; 11.5 millones viven en pobreza extrema; 11 por ciento de los habitantes del país tienen inseguridad alimentaria grave, es decir, no tienen la posibilidad de comer tres veces al día, y el 20 por ciento más rico de la población acapara el 53 por ciento de la riqueza del país, mientras que el 20 por ciento más pobre, sólo en el 4.5 por ciento  , esto ocasiona que la soberanía alimentaria se vea afectada de manera considerable.

Un factor que también tiene gran impacto en la soberanía alimentaria es la importación y exportación de granos básicos, como son el maíz, trigo y frijol, los cuales son de consumo general en la población mexicana. Son cada vez más caros y por lo tanto de difícil acceso para la población en pobreza extrema, la cual se sitúa principalmente en el sector agropecuario.

La pobreza que se suscita en el campo se sustenta principalmente en la falta de recursos para este sector, el consumo de productos nacionales y el nivel de importación y exportación de productos agropecuarios.

De tal manera que pese a que el país es considerado el quinto productor de maíz a nivel mundial y que este cultivo representa casi una tercera parte de la producción agrícola nacional, más de un tercio del consumo se importa de otros países.

Esto se debe a que México no cuenta con una seguridad alimentaria, es decir, no produce suficiente maíz para alimentar a la población; a esto se suma el impedimento para una mejor producción, consecuencia de la falta de innovaciones en este sector y en su gran mayoría se debe a la falta de recurso para adquirir innovaciones.

Y se suma el consumo cada vez mayor de productos transegicos, un ejemplo de esto es el maíz, del cual actualmente se importan cerca de 10 millones de toneladas de maíz provenientes de Estados Unidos, esto con ayuda del gobierno que hace que cada vez estas importaciones sean mayores; en ese sentido la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (COFEPRIS) ha otorgado autorizaciones para el consumo de transgénicos, de las cuales el 50 por ciento son de maíz, exponiéndonos a la población mexicana a un grave riesgo.

Un factor importante y que tiene gran relevancia en el desarrollo del campo mexicano y por ende en la soberanía alimentaria, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), ya que en lo que va del TLCAN, el 44 por ciento del valor de la producción agropecuaria de Estados Unidos fue subsidiada, en contraste, en México solamente el 19 por ciento; y no solo eso, también en el caso del maíz, la perdida fiscal durante el periodo del TLCAN es de más de 3 mil millones de dólares y en el fríjol de 121 millones, y esto es solamente de las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Con la entrada de México al TLCAN se marcó un cambio en el paradigma, el campo mostraba zonas de alto rendimiento que podían exportar, pero no se preevió que en todo el país, siete de cada diez productores son pequeños e ineficientes, los cuales no tenían las posibilidades para enfrentar la competencia internacional. En ese contexto se puede afirmar que desde ese entonces y hasta el día de hoy, unos cuantos son los que pueden competir en el mercado internacional.

A 20 años de TLCAN, México importa 30 mil millones de toneladas en granos, siendo algunos productos paradigmáticos de la tremenda dependencia alimentaria que hoy experimenta el país. México es importador neto de arroz, soya, trigo, frijol, por señalar algunos, y en los cuales, el arroz es el grano, que habiendo sido productor del 90 por ciento del consumo, en la década de los 80’s, hoy día, se importa el 90 por ciento, quedando solo un 10 por ciento como un mudo recuerdo de una historia que lamentablemente se repite en otros sectores (carne de cerdo, avícolas, etc.).

Con estas cifras, es evidente que el TLCAN no ha a dado los resultados esperados, por el contrario ha hecho que el país y en especial el campo, vayan en decadencia año tras año, aunado a que el país depende cada día más de los productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos, generando así una brecha enorme en el campo mexicano.

Hay que recalcar que el hecho de que no se le de la ayuda necesaria al campo, afecta gravemente la soberanía alimentaria, y esto se podría evitar si los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias.

En este sentido, el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, menciona que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); podrá suscribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.

Y entonces si esto se encuentra estipulado por la SAGARPA, ¿por qué no se proporciona al campo el suficiente apoyo para que pueda prosperar? ¿Será que existen intereses ocultos, que impiden que el campo mexicano prospere? O tal vez simplemente ha sido un descuido por parte de la SAGRAPA y del propio Ejecutivo Federal.

Es urgente que se atienda este grave problema del campo, que afecta a la alimentación de las comunidades más pobres de la República, generando una baja seguridad alimentaria; con lo que los más afectados son los niños y las personas de la tercera edad.

En ese sentido es importante que el campo reciba un mayor apoyo económico. Empero las políticas públicas van dirigidas particularmente a los que más tienen, por ello se debe pensar en una política agropecuaria que esté diferenciada, y es que no ha existido una verdadera política pública que busque sacar a este importante sector mexicano del hoyo en el cual se encuentra.

Si bien este año se destinaron 355 mil molones de pesos a este sector, de los cuales 92 mil 142 millones de pesos fueron asignados a la SAGARPA  con la finalidad de fomentar los programas de ayuda que se otorgan en este dependencia.

De tal manera que dentro de las comunidades rurales, la política de subsidio al campo ha desmantelado la producción interna de alimentos, se acabó el auto consumo porque el gobierno dejó de invertir en el campo para pasar a depender de importaciones, con lo que se atenta claramente a la seguridad alimenticia.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, para que en coordinación con sus homologas estatales:

a. Informen qué programas, acciones y políticas públicas se han creado para que se salvaguarde la soberanía alimentaria del país.

b. Informen y den a conocer qué modelo de desarrollo se ha implementado para reactivar el campo mexicano, así como qué medidas se tomarán para impulsar  a este sector.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que dentro del ámbito de su competencia y facultades se disminuyan las importaciones de las semillas básicas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reformada el 12 de Enero de 2012, [en línea], consultada el 11 de marzo de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf
OrendainToussaint Enrique, Pobreza invisible,[en línea], El Informador, consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/576390/6/pobreza-invisible.htm
Notimex, Aumentó 6% producción de granos y oleaginosas en el país [en línea], Vanguardia, consultado el 18 de marzo de 2015, disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/aumento6producciondegranosyoleaginosasenelpais-2271628.html
OM, Exigen se prohíba maíz transgénico y glifosato en alimentos y se etiqueten todos los productos que contengan transgénicos, [en línea], Otros mundos A.C. ,consultado el día 19 de marzo de 2015, disponible en: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos
Witker Velázquez Jorge A., El interés nacional y el TLCAN, [en línea], consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf
García Hernández Maximiliano, Los subsidios al campo mexicano, [en línea], Milenio, consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html
Witker Velázquez Jorge A., El interés nacional y el TLCAN, [en línea], consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reformada el 12 de Enero de 2012, [en línea], consultada el 11 de marzo de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf
Ramos Jorge, Destinan mayor presupuesto para el campo mexicano en 2015, [en línea], El Universal, consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.dineroenimagen.com/2014-11-19/46610
SAGARPA, Panorama Informativo De Los Estados (2015-03-20), pagina 94, [en línea], consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.aserca.gob.mx/Documents/Panorama%20Informativo2015/PanoramaInformativo.pdf
García Hernández Maximiliano, Los subsidios al campo mexicano, [en línea], Milenio, consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que los Senadores integrantes de la LXII Legislatura expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad con los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, que perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings, acaecido el pasado 24 de marzo en el sur de Francia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Los que suscriben, Senadores de la República a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, numeral 1, fracción II;  95, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presentamos al Pleno de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 24 de marzo a las 10:01horas despegó del aeropuerto El Prat en Barcelona, España la aeronave con matrícula A320 de la compañía alemana Germanwings, con destino a la ciudad de Dusseldorf en Alemania con 144 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, mismos que perdieron la vida al impactarse en los Alpes Franceces.

De acuerdo con la información que se ha generado por parte de la línea aérea, el vuelo 4U9525 salió con 26 minutos de retraso, pues estaba prevista su despegue a las 9:25 de la mañana hora local.

Las primeras versiones señalan que alrededor de las 10:45 horas la aeronave comenzó a descender de forma brusca durante 8 minutos, perdiendo contacto a las 10:53 horas para posteriormente caer en la región de Alpes de Alta Provenza, al Sur de Francia.

En la aeronave viajaban pasajeros de 14 distintas nacionalidades, principalmente españoles, alemanes y desafortunadamente dos connacionales mexicanas de nombre Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez.

Ante tal acontecimiento, los integrantes de este Senado de la República nos dirigimos a los familiares, amigos y conocidos para expresar nuestra solidaridad y profunda consternación por la pérdida irreparable de dos connacionales que lejos de su país y de sus respectivas familias eran destacadas profesionistas que demostraban el carácter y tenacidad de la mujer mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, nos dirigimos a este Pleno del Senado de la República para presentar proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Los Senadores integrantes de esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad a los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, quienes perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings acaecido el día el pasado 24 de marzo en el Sur de Francia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Atentamente

Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elaboren e implementen a partir de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, aplicada a los estudiantes mexicanos, acciones políticas o los programas necesarios que permitan incrementar la calidad educativa del país. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación, la ciencia y la tecnología son las bases indiscutibles de toda Nación, sencillamente sin ellas no se logrará progresar en diferentes ámbitos como son el social, económico, político etcétera. En México el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

En este tenor, se da por entendido que la educación es el pilar para un pleno desarrollo, sencillamente una sociedad con altos índices en educación trae consigo múltiples beneficios tanto en lo particular como en lo público. De acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública, dieron a conocer los resultados del censo que tuvo su periodo de levantamiento del 26 de septiembre al 29 de noviembre del 2013, en él se dio a conocer que “el total de alumnos en escuelas censadas fue de 23 millones 562 mil 183. De ellos el 18.3% pertenecen a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria y el 0.3% a centros de atención múltiple”.1

El personal  censado alcanzó la cifra de 1 millón 949 mil 105. De ellos, 88.1% desempeña funciones en escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 9.9% en otros centros de trabajo.2

Con lo anterior es claro que la educación ha llegado a más lugares de la República Mexicana, pero no se ha mejorado la calidad educativa, es indiscutible que México sigue estancado en esta materia, el Gobierno Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo, reconoce dicha patología: “seguimos estando en los últimos lugares en comparación con los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Lo anterior es una preocupación latente de la población”.3

Muestra de lo anterior son los pobres resultados que se han tenido en el  Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por su siglas en ingles), dicha evaluación es promovida y organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El objetivo de la prueba es conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, el examen  se centra en tres pruebas que son la Lectura, Ciencias y Matemáticas, a través de ellas se mide si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos académicos y no académicos, de identificar si son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida.4

México ha participado en la prueba desde el año 2000 y se aplica cada tres años, a partir del año 2003 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),  a través de la Dirección de Evaluaciones Internacionales de Resultados Educativos  (DEIRE) se encarga de coordinar la implementación del proyecto en todas sus fases, y se compromete a asegurar que se cumplan los procedimientos y estándares técnicos definidos por el consorcio para que la implementación sea de alta calidad.

A 15 años de llevarse a cabo la prueba PISA en México, los resultados son desalentadores, en el 2000 se evaluaron 183 escuelas y 5,276 alumnos, en aquel año, en la prueba de matemáticas, los alumnos obtuvieron 387 puntos, ubicándolos en el grupo de países menores al promedio de la OCDE que es de 500. Tres años más tarde en el 2003 se evaluaron 1,124 escuelas y 29 983 estudiantes en aquel entonces se obtuvieron una media de 385 sobre 500.5

En el año 2009 la calificación promedio obtenida por los estudiantes mexicanos fue de 425 puntos en lectura, en matemáticas 419 y en ciencias 416.6 Es innegable que superó la puntuación en comparación con los años anteriores, pero no logra alcanzar la media de la OCDE que es de 500.

Respecto a la prueba del año 2012, los estudiantes mexicanos obtuvieron una media de 415 puntos, los estudiantes con la media de desempeño más alta fueron los de Shanghái-China, con 580 puntos, seguidos delos de Hong Kong-China, con 555, y Singapur, con 551.7

La distribución de México se encuentra muy alejada de la que presenta el promedio OCDE. En México 2% de los estudiantes se encuentra en los niveles altos, en tanto que en el promedio OCDE 29% de los estudiantes se encuentra en ese mismo nivel. En los niveles intermedios (2 y 3) México presenta 51% de sus estudiantes, frente a 54% del promedio OCDE. En los niveles inferiores (1 y Debajo del nivel 1) el promedio OCDE concentra 18%de los estudiantes, en contraste con 47% de México.8

Los datos en torno a la educación son alarmantes, pues a lo anterior se le deben suma el Informe Panorama de la Educación 2015 de la OCDE, en el cual señala que México tiene un 22.3% de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, ubicándose en el quinto lugar dentro de los países que integran dicho organismo internacional.

La poca calidad educativa que prevalece en el país, no es un asunto de dinero, pues México invierte el 6.2% de su Producto Interno Bruto en educación, cifra ligeramente inferior a los países que integran la OCDE. El gasto educativo de México, en términos del PIB, es mayor que el de España (5.6%) y Canadá (6.1%), pero inferior al de Chile (6.8%), Estados Unidos (7.3%) y Corea (8%). “De 2000 a 2011, expresados en millones de pesos de 2003, el Gasto Nacional de la Educación aumentó de 453 272 a 633 056 millones, respectivamente, y el gasto público de 354 906 a499 380 millones”.9

Para el presente año el presupuesto para educación es de 305,057 millones de pesos, el cual tuvo una variación real de 0.9% con respecto del 2014 que fue de 292,548 millones de pesos, paradójicamente de los 236,973 centros de trabajo censados por el INEGI;10 51.6% de escuelas públicas cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica.

Entonces se puede aseverar que el pobre desempeño de los profesores y alumnos no tiene que ver con falta de recursos económicos, pero si por falta de alimentación, infraestructura y servicios públicos, estas son las principales problemáticas que presentan el país y es por esto, entre otras cosas, que no se ha podida avanzar en mejores niveles de desarrollo humano.

Muestra de lo anterior son los pobres resultados que se han dado en PISA, pues en estas condiciones los alumnos mexicanos no pueden competir con los europeos o asiáticos, se ha logrado incrementar el desempeño, pero no al ritmo que el resto de los países que integran la OCDE.

En el año 2015 en México se aplicará la prueba PISA por computadora, se realizará del 27 de abril al 14 de mayo, el cual será un reto para los estudiantes, en este sentido es pertinente tomar en cuenta los resultados que arroje dicha prueba, y atiendan las deficiencias que tengas los estudiantes nacionales y poder incrementar la calidad educativa en todos sus niveles.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elaboren e implementen a partir de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), aplicada a los estudiantes mexicanos, acciones políticas o programas necesarios que permitan incrementar la calidad educativa del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Comunicado de Prensa Número 135/14, “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial presentación de resultados definitivos México” [en línea], INEGI, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en: ENLACE

2 Ibídem

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, Gobierno de la República, pág. 59.

4 “PISA” [en línea], INEE, México,  consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa

5 “Resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003 en México”, [en línea], INEE, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en:
ENLACE

6 México ocupa el lugar 48 de 65 en la evaluación de conocimiento de la OCDE [en línea], CNN México, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en
ENLACE

7 “México en PISA 2012, Resumen Ejecutivo”, [en línea], INEE, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en: ENLACE

8 Ídem.

9 “Gasto nacional en educación total y como porcentaje del PIB (1990-2012)”, [en línea], INEE, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en ENLACE

10 Véase Suprap, página 2.





 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, María del Rocío Pineda Gochi y Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias registradas en días pasados. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Los que suscriben Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Y SALVADOR VEGA CASILLAS integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE CONCLUYAN LOS ACUERDOS CON LA EMBAJADA DE AZERBAIYAN Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONTINUAR FORTALECIENDO LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ÉSTE PAÍS al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Las prácticas diplomáticas que México ha privilegiado se han caracterizado por tener en sus bases la demostración de respeto, cooperación y cercanía con el objetivo de afianzar los lazos comerciales, culturales y de intercambio que existen internacionalmente lo cual permite ser un detonante importante en las operaciones comerciales.

En el caso particular de las diferencias que existen entre los países de Armenia y Azerbaiyán, el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores y de Diputados en su oportunidad han expresado el más grande anhelo de que sean resueltos los conflictos para alcanzar la paz entre países hermanos.

En este sentido, en la Gaceta Parlamentaria del día  4 de noviembre 2011, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la soberanía de los pueblos de Armenia y Azerbaiyán, exhorta a sus gobiernos a propiciar de la manera más pronta y expedita, encuentros bajo el formato que se considere propicio, a efecto de alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva al conflicto en la región Nagorno-Karabaj y hace un llamado a los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, a seguir brindando todo el apoyo necesario a ambos gobiernos para facilitar la solución pacífica y duradera del conflicto.

En el mismo Punto de Acuerdo, en el segundo resolutivo, se recuerda que a más de 19 años de la masacre de Jodyalí, la justicia no ha llegado a las víctimas, por lo que manifiesta que un elemento central para cualquier acuerdo de paz debería ser el poner en marcha a la brevedad, medidas que contribuyan a sanar los vínculos entre los pueblos y a reconstruir tan pronto como sea posible la armonía entre ambas sociedades.

Por otro lado, la Cámara de Diputados coincidió en aprobar un Punto de Acuerdo al respecto, por lo que el 8 de diciembre del 2011 condena la ocupación del territorio de Nagorno Karabaj de la República Azerbaiyana y las muertes, lesiones y vejaciones causadas a pobladores de la República de Azerbaiyán, particularmente, las que tuvieron lugar en el denominado “Genocidio de Jodyalí”. En el segundo resolutivo lamenta profundamente que el conflicto entre las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia subsista, y que no haya encontrado solución a través de los distintos mecanismos puestos en marcha por los interesados y organismos internacionales; por lo que se exhorta a los diversos actores a fortalecer el diálogo para la solución del conflicto. En el tercer, cuarto y quinto resolutivo exhorta al titular del Ejecutivo a pronunciarse respecto a las hostilidades y crisis de violencia en la región y que fueron reanudadas con mayor intensidad.

Sin duda el conflicto por el que atraviesan es lamentable y los efectos de éste han estado presentes en nuestro país,

El 26 de Agosto de 2010 el Gobierno del Distrito Federal realizó un Convenio Específico de Colaboración suscrito por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y el Embajador de Azerbaiyán en México, el Excmo. Ilgar Mukhtarov, cuyo objetivo a continuación cito:

“El objetivo general de este proyecto es el mejoramiento y renovación de este parque ubicado en el extremo oriente de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, se trata de una propuesta de intervención física mediante el mejoramiento integral del espacio público; consistente en la recuperación de las visuales urbanas desde y hacia el parque, la recuperación de los flujos peatonales hacia y a través del parque y la creación de zonas de permanencia para la recreación e interacción social, a través del saneamiento, el ordenamiento y la renovación de la vegetación, la renovación de pavimentos, el ordenamiento y renovación del mobiliario urbano, la iluminación y la señalización, módulos de bici estacionamientos, renovación de la cafetería existente y la construcción de un espacio conmemorativo de la escultura del padre de la patria de Azerbaiyán con una escultura del padre de la patria Heidar Aliyev” [*]

En este sentido, el objetivo del convenio fue cumplido en su totalidad, bajo la contraprestación de 65 millones de pesos.

Los beneficiarios de la rehabilitación fueron la ciudadanía en general, el Bosque de Chapultepec y el mismo espacio público, quienes el 22 de agosto presenciaron la inauguración y develación del Parque de la Amistad.

A raíz de la colocación de la estatua del ex presidente azerí, Heydar Aliyev, distintas movilizaciones civiles se expresaron contra el diseño del parque y por la falta de  previsión en colocar un mapa que señala zonas territoriales aún en conflicto, por lo que fue retirado en enero de 2013 tras la resolución de la comisión creada para dirimir éste asunto.

En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal acordó compensar a dicha embajada con la autorización de la desincorporación para su posterior enajenación a título oneroso en la modalidad de pago en especie del predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 660, publicado el 8 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuyo fin sería destinado a convertirse en Casa de la Cultura dela Embajada de Azerbaiyán, cabe señalar que el costo del inmueble es de 36 millones de pesos.

Las posiciones sociales, políticas y culturales que derivaron de la rehabilitación de la Plaza Tlaxcoaque y el Parque de la Amistad Ciudad de México - Azerbaiyán (Chapultepec), sitúan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la necesidad de concluir el acuerdo compensatorio con la Embajada de Azerbaiyán.

Finiquitar los acuerdos realizados entre ambas dependencias, fortalecerá las relaciones e inversiones que el país tenga programadas en México, que según estimaciones alcanzarían la cifra de 3.8 mil millones de dólares en México para la construcción de refinerías y espacios que contribuyan al intercambio cultural, tecnológico, científico, deportivo y de negocios con la embajada.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países ha sido fructífera, prueba de ello es la instauración de la Embajada de México en la República de Azerbaiyán, sitio que sería compartido con la Embajada de Colombia, según lo dispuso un acuerdo firmado por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y de México, José Antonio Meade Kuribreña en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el día 25 de septiembre de 2014.

Dicho acuerdo se suscribió en el marco de los esfuerzos de la Alianza del Pacífico de contar con representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas y según lo expresado por la propia cancillería nacional permitirá a México tener una sede diplomática activa ante el gobierno de Azerbaiyán.

México y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992. El gobierno azerí abrió la embajada en nuestro país en enero de 2008, con lo que se ha logrado fortalecer la relación bilateral.

Bajo la premisa máxima de respeto, el Gobierno del Distrito Federal debe concluir el compromiso adquirido, a fin de que el asunto no perjudique otras esferas de la relación diplomática.

Así mismo, como parte de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores la preservación de la diplomacia con cada uno de los Estados con los que México procura vínculos, sea en el marco de la cordialidad en pro de reafirmar y fortalecer la política exterior del país, con la diligencia con la que nuestro país se conduce y que se ha distinguido en mantener buenas relaciones con gran parte del mundo que por medio del diálogo e intercambio diplomático busca acercar a los pueblos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que concluya los acuerdos realizados con la Embajada de Azerbaiyán.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de su competencia fortalezca las relaciones diplomáticas con la Embajada de Azerbaiyán con el fin de conservar la benéfica relación entre ambos Estados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y Sen. Salvador Vega Casillas

[*] Convenio Específico de colaboración que celebran por una parte “El Gobierno del Distrito Federal” y por otra “El Gobierno de la República de Azerbaiyan” para el proyecto “Parque de la Amistad”, 26 de agosto de 2010.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar la situación del consulado mexicano en Barcelona, España y a proporcionar información sobre mexicanos residentes en Barcelona. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR LA SITUACIÓN DEL CONSULADO MEXICANO EN BARCELONA, ESPAÑA Y A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE MEXICANOS RESIDENTES EN BARCELONA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado martes 24 de marzo 2014 aproximadamente a la 10:53 horas, el vuelo 4U 9525 de la compañía aérea alemana Germanwings, sufrió un accidente en los límites de Francia e Italia en la localidad de Barcelonnette, al sur de los Alpes.

La aeronave que tenía previsto despegar de Barcelona a las 9.35 horas con destino a Düsseldorf Alemania. Se estrelló con 144 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Dejando una cifra de 150 muertos y ningún herido. “De acuerdo al canciller galo, en el accidente del avión que volaba de Barcelona a Dusseldorf fallecieron sobre todo alemanes y españoles pero también ciudadanos de Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Gran Bretaña, Israel, Japón, Marruecos, México y Holanda”.

Entre las víctimas del accidente, se confirmó por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el deceso de dos mexicanas: Daniela Ayón y Dora Isela.

La prensa local identifica a Daniela Ayón como una joven de 36 años originaria de  Tampico, Tamaulipas,  quien era una apasionada viajera y experta en yoga que estudió comercio internacional en México e hizo su maestría sobre comunicación empresarial en Barcelona.

A su vez, Dora Isela originaria de Monterrey, Nuevo León, residiría desde hace once años en Barcelona, teniendo la doble nacionalidad española.

Dicha información tardo en confirmase debido a la falta de actualización de datos de mexicanos residentes en Barcelona, además de la  inexistencia de un Cónsul General en dicha ciudad, lo cual ha retrasado los trabajos de ayuda.

La inexistencia de un Cónsul General en Barcelona desde  el 15 de febrero de 2010, siendo el último Jaime García Amaral, refleja la fragilidad con la que viven los mexicanos que radican en esta entidad española, así como aquellos que la visitan o son parte de programas de movilidad estudiantil.

Por lo cual es inadmisible la inexistencia de un Cónsul General en esta entidad española, siendo una de las más concurrentes para el intercambio estudiantil entre México y España.

Ya que simplemente de entre las 24 universidades públicas y privadas que existen en la entidad, México cuenta una buena relación para la movilidad estudiantil con más de ocho de ellas. Siendo la más destacada la universidad Autónoma de Barcelona, que cuenta con arreglos interuniversitarios destacando aquellos que sostiene con: la UNAM, el IPN y la universidad de Guadalajara.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar apoyo y asistencia a los familiares de las mexicanas fallecidas en el sinestro ocurrido el día martes 24 de marzo del presente año.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar sobre la situación del Consulado mexicano en Barcelona y el motivo por el cuál no se ha nombrado a un Cónsul General.

TERCERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a actualizar los datos sobre estudiantes residentes en Barcelona y a proporcionar cifras de los mexicanos que visitan Barcelona, respetando la protección de sus datos personales.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que exhorte a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de sus respectivos partidos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Los suscritos senadores VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL BARTLETT DÍAZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT Y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO  DE LA REPÚBLICA PARA QUE EXHORTE A LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A QUE DESIGNEN A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE SUS RESPECTIVOS PARTIDOS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El 11 de septiembre de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado por el que se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La Junta justificó la creación de dicha Comisión, debido a que “se han presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo que se orientan a la obtención de información sobre los procesos que conlleva una obra pública de la magnitud implicada en la construcción de un nuevo aeropuerto”.

SEGUNDA. El Acuerdo aprobado en esa fecha señala que la Comisión Especial estará integrada de la siguiente manera: 4 Senadores del PRI, 3 Senadores del PAN, 2 Senadores del PRD, 1 Senador del PVEM y 1 Senador del PT.

Por otro lado, en el Acuerdo se menciona que la Comisión Especial realizará sus trabajos bajo una presidencia que será rotatoria entre sus integrantes por periodos de seis meses, en orden decreciente, conforme a la representación de los grupos parlamentarios y adoptará sus acuerdos y resoluciones por consenso.

Además, se establece que la Comisión Especial podrá, para el cumplimiento de sus funciones, solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y llevar a cabo reuniones de trabajo con los servidores públicos que acuerde convocar.

Finalmente, se estipula que la Comisión Especial presentará los informes de actividades que corresponda, ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

TERCERA. Coincidimos plenamente en la necesidad de la creación de esta Comisión debido a que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México es la obra de infraestructura más ambiciosa y costosa de la actual administración con un costo aproximado de 169,000 millones de pesos.

Tal cantidad de dinero obliga al Poder Legislativo y en concreto al Senado de la República a vigilar permanentemente los diferentes procesos de licitación alrededor de esta obra. Estamos obligados a exigir al Gobierno Federal a que maneje con total transparencia los recursos públicos, que es dinero de todos los mexicanos.

CUARTA. Más aún cuando en fechas recientes la prensa ha señalado conflictos de interés entre el gobierno federal y algunas empresas, además de la opacidad en diversos procesos de licitación. En concreto, se señaló en distintos periódicos de circulación nacional, el posible conflicto de interés relacionado con la contratación de la empresa estadounidense Parsons International para que se hiciera cargo de la gerencia del proyecto del nuevo Aeropuerto.

Se mencionó que en ningún momento se fundamentó jurídica o técnicamente la razón de realizar una adjudicación directa, y no una licitación, de un contrato de Gerencia de Proyectos a Parsons International que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente con el argumento de tratarse de cuestiones propias de Seguridad Nacional.

Asimismo, se señaló que en esa empresa participa el ex gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo González, quien además de ser tío del presidente Enrique Peña Nieto, es padre de Alfredo del Mazo Maza, ex titular de Banobras, institución que, dicho sea de paso, administra los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el mismo que aportó los recursos a fondo perdido con que se pagarán los servicios prestados por Parsons International, según el contrato, reservado hasta el 9 de octubre del 2026.

Además, Parsons International tiene como asesores a cuatro ex funcionarios públicos, tres de los cuales participaron en el Comité Honorario de Expertos que evalúo los diseños arquitectónicos para la construcción, cuyos ganadores fueron los despachos Foster-Partnes y Fernando Romero Enterprise, yerno de Carlos Slim.

Finalmente, de 16 contratos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto otorgados al día de hoy, sólo uno se realizó por el proceso de licitación abierta. El resto fue por medio de invitación restringida y adjudicación directa.

Todo esto hace necesario, que la Junta de Coordinación Política exhorte a los coordinadores de los partidos mencionados a que designe a la brevedad a los integrantes de esta Comisión para cumplir con el objetivo por la que se creó la Comisión mencionada líneas arriba: la obtención de información sobre los procesos que conlleva una obra pública de la magnitud implicada en la construcción de un nuevo aeropuerto. Esto objetivo, dicho sea de paso, sigue vigente como se deduce de los señalamientos arriba mencionados.

La transparencia en los procesos de licitación por parte del gobierno federal, es una demanda de la sociedad y tenemos la obligación de cumplirla.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo de este documento, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EXHORTE A LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A QUE DESIGNEN A LA BREVEDAD A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LE CORRESPONDEN

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Sen. Manuel Bartlett Díaz, Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Sen. Marcela Torres Peimbert, Sen. Ernesto Ruffo Appel y Sen. Luis Sánchez Jiménez.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa serfir de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS AHORROS DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SERFIR DE LOS MUNICIPIOS DE MOTOZINTLA, SILTEPEC, EL PORVENIR Y HUIXTLA DEL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha de 20 de marzo en el municipio de Siltepec, Chiapas, los representantes de la Mesa Directiva de los ahorradores de la Financiera SERFIR, me manifestaron su solicitud de apoyo respecto a un presunto fraude realizado por la Cooperativa SERFIR. La inquietud que les aqueja a los ciudadanos se encuentra por completo olvidada pese a los grandes esfuerzos que han realizado de comunicación con una gran cantidad de autoridades con el objetivo de ver reintegrado el patrimonio de que fueron despojados.

Este grupo de ciudadanos señala que desde el año 2005 iniciaron con los ahorros y finalizaron en el 2012, año en que la financiera comenzó a presentar problemas liquidez para seguir operando, pese a lo anterior ningún representante de la sociedad se dirigió a ellos para informarles qué es lo que estaba ocurriendo.

SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: SER040830LV0, se constituyó en el año 2002, derivado de un proyecto del Gobierno Federal (SAGARPA – PATMIR) con el objeto de atender la demanda de servicios financieros en las zonas de media, alta y muy alta marginación.

SERFIR es una sociedad constituida que presta los servicios de caja de ahorro y crédito, hace las veces de un banco en los municipios de Siltepec, El Porvenir y Motozintla,  ubicados en la Sierra de Chiapas.

Las Cajas solidarias de SERFIR, fueron creadas desde hace más de 10 años con finalidad de servir a la población indígena y campesina de la sierra de Chiapas, así como incrementar beneficios en las zonas marginadas; debido a la falta de instituciones bancarias en la región, incluso con ayuda del gobierno del Estado y del gobierno Federal realizaba pagos de apoyos gubernamentales a través de dicha caja de ahorro, lo que sembró en la población mayor confianza en las operaciones que realizaban.

Cuentan los ciudadanos que durante los primeros días de 2013, corría el rumor de que SERFIR sucursal Motozintla había quebrado y cerraría sus puertas, así como de que dejaría de prestar sus servicios de ahorro y crédito a la población de dicho municipio. Sin embargo la gente seguía aún depositando sus ahorros sin que se les explicara con claridad la crisis financiera por la que estaba pasando dicha caja de ahorro.

Tiempo después, los ciudadanos interesados acudieron a solicitar la devolución de sus ahorros, encontrándose con la novedad de que la empresa no contaba con liquidez ni con fondos circulantes suficientes para atender dicha petición. Jamás se hizo del conocimiento público la situación financiaría de SERFIR. Se calcula que el monto asciende a más de $46 millones de pesos. Aproximadamente 7,500 ahorradores son las víctimas del presunto fraude.

Por lo que hace al municipio de Siltepec, el grupo de ahorradores  afectados por SERFIR, se encuentra representado por Rodolfo Pérez Cruz y Bladimir Ramos Pérez, Presidente y Secretario respectivamente, quienes han realizado acciones encaminadas a la obtención de apoyo por parte de las autoridades respectivas, a efecto de poder ver resarcido su patrimonio.

Los presuntos defraudados del municipio enSiltepec, señalan que fue en el año de 2012, que SERFIR se declara insolvente y no realiza ningún tipo de informe ni devolución de recursos por una suma total de $24’887,397.53(Veinticuatro millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos noventa y siete  pesos 53/100 M.N.), únicamente en el municipio de Siltepec.

Desde el 2013 los presuntos defraudados solicitaron la intervención del Gobierno del Estado, del cual se habían sostenido diversas reuniones con el Dr. Héctor Paniagua, Subsecretario de Operaciones Regionales de la Región Sierra, Ing. Marco Antonio Morales Liévano Dirección de Atención a organizaciones Sociales, Lic. Gustavo Víctor Moscoso Zenteno Coordinador de Subsecretarios de Gobierno Regionales, Lic. Armando Molina Nango, Asesor de la Subsecretaria General de Gobierno y Derechos Humanos del cual se han establecido diversos acuerdos para garantizarles sus ahorros.

El 30 de Julio de 2014 El Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda en representación del Lic. Gustavo Víctor Moscoso Zenteno, Coordinador de Subsecretarios de Gobierno Regionales, e Ing. Hugo Vinicio Zaavedra Mendoza, Director de Ingresos de la Secretaria de Hacienda firmaron una minuta para resarcir daños a las víctimas de fraude,estableciendo los siguientes acuerdos:

• Que el Gobierno del Estado celebrara la firma del convenio con el Fideicomiso Federal con la finalidad de resarcir daños sufridos a los ahorradores. 

• Que la Secretaria de Hacienda deberá realizar una auditoría a la sociedad SERFIR a fin de integrar una base de datos para determinar el número de ahorradores, el saldo neto de ahorro y los montos de aportación. 

• Que el Gobierno del Estado y los tres municipios afectados determinaran el monto de su aportación de acuerdo al convenio que se suscriba con el Fideicomiso a fin de resarcir el daño patrimonial de los ahorradores. 

• Que la Secretaria de Hacienda asume el compromiso que un término no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de firma del convenio,  iniciará el pago de los afectados. 

La última reunión  de los ahorradores defraudados  con funcionarios del Gobierno del Estado fue el 13 de marzo del presente año en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la sala de juntas de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, atendidos por el Ing. Marco Antonio Morales Liévano, Director de Atención a Organizaciones Sociales, Lic. José Martín Rincón Cervantes, Director de lo Contencioso y Controversias Municipales, Lic. René Cartagena Corzo, Representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Lic. Aymer Cabrera Ruiz, representante de la Secretaría de Hacienda y el Lic. Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos.

En dicha reunión se acordaron las fechas de trabajo para completar la información de las querellas con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

Pese a que se realizaron reuniones interinstitucionales, hasta la fecha no han concretado los mecanismos de solución acordados, ni cumplido los acuerdos ni las minutas firmadas por las autoridades. 

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobierno del estado de Chiapas a informar a esta soberanía sobre los avances y cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta de fecha 30 de julio de 2014.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen una investigación exhaustiva a SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. respecto al presunto fraude cometido en contra los habitantes delos municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que rindan un informe a esta Soberanía, sobre las medidas implementadas para la investigación del presunto fraude cometido por la SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., en los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Gobierno del estado de Chiapas, a llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. de los municipio de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas, así como identificar, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes incumplen con la ley que las regula.

QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre la licitación de pasaportes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA LICITACIÓN DE PASAPORTES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Desde al año 2011, secciones consulares como la de Estados Unidos han compartido su información con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para demostrar que las delegaciones donde se expiden pasaportes tienen todo un historial de entrega de documentos de identificación falsos; ha hecho énfasis en que uno de los focos rojos marcados por la Unidad de Prevención de Fraude (FPU, por sus siglas en inglés) es la frágil seguridad del proceso para la obtención de un pasaporte mexicano. También, reconoció que la emisión de este documento oficial conlleva una serie de medidas de seguridad efectivas, pero sigue siendo muy fácil obtenerlo mediante certificados de nacimiento falsos o con la compra de otros papeles de identificación.

2. A pesar de las recomendaciones internacionales para que México aplique tecnologías de punta en el documento, los pasaportes mexicanos que expide la Cancillería siguen siendo fáciles de robar, de falsificar y poseen deficiencias en materia de seguridad, mientras que la mayoría de los documentos oficiales cuentan con candados electrónicos y huellas biométricas de los ciudadanos. Las condiciones que estableció la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de licitar el contrato para la elaboración de los pasaportes siguen siendo prácticamente las mismas desde hace veinte años.

3. En el 2012, la licitación para la elaboración de pasaportes fue obtenida por la empresa Vangent, a través de un contrato que incluía un sistema de expedición de pasaportes con procesos de captura de datos biográficos y biométricos, personalización, control de calidad, digitalización y administración de la expedición.

4. El 20 de enero de 2015, la SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la Licitación Pública Mixta Internacional para la Contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano en la sección consular de la embajada, consulados, consulados sobre ruedas y consulados móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las delegaciones en territorio nacional, con número No. LA-005000999-T2-2015.

5. El pasado 20 de marzo, la SRE en conferencia de prensa, declaró desierta la licitación al considerar que ninguna de las propuestas de las cinco empresas interesadas en prestar el servicio de emisión de pasaportes los próximos tres años habían cumplido con los requisitos establecidos en la licitación citada. La Cancillería señaló las siguientes omisiones de las empresas interesadas:

a) Morpho S.A. no cumplió en presentar un experto en la implementación del pasaporte electrónico con experiencia al menos en 2 proyectos similares; tampoco pudo garantizar la compatibilidad para la sustitución de licencias de software que usa actualmente.

b) Smartrac Techology, que participó en la licitación en sociedad con 3M, también fue descalificada por no cumplir con todos los requerimientos.

c) Vangent de México, se equivocó en su propuesta en cuanto a la vigencia de la contratación; tampoco presentó un papel membretado y firmado por el representante legal de la empresa que manifestara que los equipos del servicio de enrolamiento biométrico cumplen con las características solicitadas.

d) SixSigma Networks México presentó su oferta por 36 meses de servicio cuando el contrato era de octubre de 2015 a 30 de junio de 2018, es decir, 33 meses.

e) Veridos México, S.A. de C.V., en sociedad con Giesecke, fue descalificada por la vigencia del servicio requerido y porque no incluyó un folleto o carta del fabricante del equipo.

6. Es importante señalar que todas las empresas que fueron descalificadas tienen amplia experiencia a nivel internacional para la impresión de pasaportes, y las causas por las que fueron desechadas sus propuestas son enmendables, puesto que la Cancillería ni siquiera entró a la evaluación de las propuestas económicas que hicieron las compañías.

Ahora, la SRE deberá hacer una adjudicación directa temporal mientras repone el proceso. 

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el proceso de Licitación Pública para la Contratación del Servicio para la Emisión del Pasaporte Mexicano en Territorio Nacional para el periodo 2015-2018, donde explique las razones por las cuales dicha licitación se declaró desierta.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a todas sus dependencias para que los procesos de licitaciones se lleven a cabo con estricto apego al principio de transparencia y eficiencia del gasto público.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Sen. Jorge Luis Lavalle Maury y Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV. Se turna a la Comisión de Salud.

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como la fracción I del artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea como de Urgente y Obvia Resolución la proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD Y DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, SE ACTUALICE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y EL PROTOCOLO TÉCNICO PARA EL CÁNCER CÉRVICOUTERINO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL USO DE LOS MEJORES TRATAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ETAPAS III Y IV.

CONSIDERACIONES

La salud es un derecho fundamental, inherente a todo ser humano, así lo establecen instrumentos jurídicos internacionales en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  y nacionales en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud;  estos recursos sientan las bases para exigir al Estado que cumpla con la obligación de fomentar las condiciones necesarias para garantizar la salud de todos los mexicanos, incluyendo la de grupos que por su condición de vulnerabilidad requieren de especial atención, como lo son las mujeres con cáncer cérvicouterino.

Para tener un panorama más amplio del cáncer cervicouterino en México se deben tener presentes algunas cifras; según Globocan 2012, de la Organización Mundial de la Salud, cada dos horas muere una mujer por causa de esta enfermedad, en total 4500 mujeres mueren cada año, tiene una tasa de incidencia de 23.3 por cada 100 mil habitantes, casi 14 mil casos nuevos al año. A diferencia de EUA y Europa, en México la detección del cáncer cervicouterino se realiza en las etapas más tardías, lo cual indica que las campañas de prevención no son lo suficientemente efectivas. [*]

Desafortunadamente esta enfermedad afecta a las mujeres que tienen mayores desventajas económicas, sociales y culturales. La muerte prematura por cáncer cérvicouterino se presenta principalmente en mujeres pobres, con capacidades diferentes, de origen rural e indígenas.

Es importante reconocer que se han realizado grandes esfuerzos para combatir este padecimiento a través de políticas públicas específicas, que se han enfocado principalmente en su prevención por medio de campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.

 La presente administración ha dispuesto como prioridad la atención del cáncer cervicouterino en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud y en los programas de Acción Específica de Cáncer de la Mujer y de Igualdad de Género, aunque estos esfuerzos han sido útiles para contener el avance del padecimiento, los datos demuestran que son insuficientes para resolver el problema de manera integral.

Los tratamientos que recibe una paciente con cáncer cervicouterino cuando acude a alguna de las instituciones de salud pública están determinados por la Guía de Práctica Clínica (en el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex) y por el Protocolo Técnico del Seguro Popular, en ellos se establecen los procesos y terapias a las que deben sujetarse las pacientes de acuerdo con la progresión de su cáncer [*].

Tomando en cuenta que los avances de la medicina oncológica son continuos, es necesario que estos instrumentos se actualicen constantemente para garantizar que las pacientes reciban los tratamientos más novedosos en beneficio de su salud y calidad de vida.

En septiembre del 2010, el Grupo de Revisión Externa (GRE) se reunió para decidir sobre la actualización del Control integral del cáncer cervicouterino: guía de prácticas esenciales (C4-GEP), que se publicó  originalmente en el 2006 y una de las conclusiones principales fue que debía actualizarse el capítulo  sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones del cáncer cervicouterino. [*]

Actualmente existen diversas alternativas a nivel mundial para el tratamiento del cáncer cervicouterino en las etapas III y IV, sin embargo, en México, la Guía de Práctica    Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino no ha sido actualizada. La OMS propone la siguientes modalidades de tratamiento [*]:

1 Cirugía:  Procedimientos quirúrgicos, Cervicectomía, Histerectomía Simple, Histerectomía Radical y  Linfadenectomía.  

2 Radioterapia: Telerradioterapia y  Braquirradioterapia. 

3 Quimioterapia 

Sin embargo, este avance no se ha visto reflejado en el tratamiento de las mujeres mexicanas con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas, en particular en etapas III y IV, cuyo tratamiento es la actualmente quimioterapia, aún actualmente existen otras alternativas para un mejor tratamiento. 

Por lo anterior expuesto, me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y del Consejo de Salubridad General, se actualicen la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-1994. Se turna a la Comisión de Salud.

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como la fracción I del artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea como de Urgente y Obvia Resolución la proposición con PUNTO DE ACUERDO EN LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE DOTAR A LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN MÉDICA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICOUTERINO  DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-014-SSA2-1994.

CONSIDERACIONES

La carencia al acceso de los servicios de salud en México es un tema prioritario, en el 2010, 29.2% de la población no contaba con estos servicios y en  el 2012 el porcentaje era de 21.51 (este incremento se debió principalmente a la afiliación de la población al Seguro Popular).

El porcentaje y número de personas con carencia  al acceso de los  servicios de salud según el lugar de residencia en el 2010 y 2012 fueron los siguientes2:

Rural

Urbano

Porcentaje

Millones de personas

Porcentaje

Millones de personas

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

31.4

20.6

8.3

5.6

28.6

21.8

25.1

19.7

Actualmente, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre las mujeres de 25-64 años3. Otro dato lamentable es el hecho de que más del 12% de los casos se detectan en etapas avanzadas.4 Los estados que tienen mayor tasa estandarizada de mortalidad por esta enfermedad5 son: Campeche (13.3%), Chiapas (15.4%), Guerrero (11.0%), Morelos (12.6%), Nayarit (11%), Oaxaca (10.9%), Quintana Roo (12.2%), Tamaulipas (11.2%), Veracruz (13.2%) y Yucatán (11.2%)6, lo cual refleja una tendencia hacia la región sur del país que cuenta con mayores índices de marginación.

La pobreza es un factor de riesgo para el cáncer cervicouterino, muchas mujeres con bajos ingresos no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención, esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de detección ni reciban tratamiento para pre cánceres y cánceres de cuello uterino.

Las mujeres con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas representan el grupo más vulnerable debido a la discriminación por falta de opciones de tratamiento; son las pacientes con menor nivel de empoderamiento, lo que las hace más invisibles.  En el 2010, la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer fue de 11% (3,822 mujeres); ocupando el segundo lugar después del cáncer de mamá que tuvo una tasa del 14% (4,864 mujeres).7 

Uno de los avances más importante sobre el cáncer cervicouterino, fue el conocimiento del papel que juega el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el desarrollo de la enfermedad; el 90% de las mujeres que presentaron cáncer, tuvieron infección de VPH.8 

La prevención del cáncer cervicouterino  resulta complicada pues está asociada a cambios en el estilo de vida,  ejercicio de la sexualidad y cultura; motivo por el cual  es necesario iniciar campañas de prevención:

1 Prevención primaria: aplicación de vacunas (VPH)  para evitar la aparición y desarrollo de la enfermedad.

2 Prevención secundaria: la cual consiste en detección temprana de la enfermedad a través de tamizaje.9

En la prueba de tamizaje se detectan lesiones intraepiteliales antes de que evolucionen a cáncer o por el contrario, en las etapas más incipientes de la enfermedad, aún controlables.10

El estudio más eficiente para la detección oportuna del cáncer cervicouterino es el Papanicolaou, el cual es una técnica de tinción que identifica células con alteraciones que significan cambios malignos. (En el área rural sólo el 40% de las mujeres en edad reproductiva conoce la utilidad del Papanicolaou)11 

En 1974 se estableció en México el Programa Nacional de Detección de Cáncer Cervicouterino12 , el cual cuenta con un sustento normativo y técnico caracterizado por los siguientes aspectos:

• Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino (NOM-014-SSA2-1994

• Sistema de información uniforme y compatible en el sector salud.

• Sistema de control de calidad para los procesos de detección y tratamiento.

• Manuales y guías de operación para laboratorios y clínicas de displasias.

• Programa para sensibilización y desarrollo individual e interpersonal de los recursos humanos.

Sin embargo, para que las Políticas Públicas en materia de salud sean efectivas, se requiere que existan las siguientes condiciones en los centros de salud13 :

• personal bien capacitado

• capacidad financiera

• una mayor cobertura de atención para esta enfermedad

• salas de examen y laboratorios bien equipados con todos insumos de materiales y aparatos necesarios;

• los enlaces pertinentes, cosa que incluye el transporte a laboratorios confiables con técnicos capacitados;

• técnicas para asegurar la calidad de las muestras y la exactitud de la interpretación de los resultados;

• sistemas probados para notificar oportunamente a las mujeres examinadas de los resultados del Papanicolaou;

• sistemas de remisión y seguimiento efectivos para el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías detectadas;

• campañas de difusión para realizar exámenes

• entre otros

Los recursos con los que contaban los centros de salud para la detección oportuna del cáncer  en el 2001 eran muy limitados14  y actualmente la cobertura para la atención de este pronlema no es suficiente:

Recursos  en el  2001

Unidades

Laboratorios de citología

266

Citotecnólogos

822

Médicos Citólogos y Patológos

278

Clínicas de displasias

243

Colposcopistas

299

Centros oncológicos

40

Hospitales con atención gineco-oncológica

203

Unidades móviles

5

Hoy en día, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y  Tlaxcala15  carecen de Centros Estatales de Cáncer, situación que hace más inaccesible la preveción y tratamiento de la enfermedad dejando en un estado de vulnerabilidad a las personas que ahí se localizan.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2-199416 , para la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, el equipo necesario para realizar un examen de Papanicolaou es:

-Espátula de Ayre de madera de 20 cm de largo con sus dos extremos diferentes, uno para la toma de endocervix y otro de punta roma para la toma de exocérvix

-Hisopo de madera que tenga en uno de sus extremos algodón no absorbente

-Espejo vaginal metálico (estéril y desinfectado) con dos valvas, una fija y otra móvil, con dos tornillos, un fijo a la base que permita la apertura del instrumento y el segundo lateral el cual permita fijar la valva superior a la apertura adecuada.

-Lápiz de diamante  o cinta adhesiva para rotular el portaobjetos

-Portaobjetos de 7.5x2.05 cm en algunos casos con un extremo esmerilado

-Mesa de exploración ginecológica

-Fijador citoexpray

-Papelería (hoja de solicitud y resultado de envío)

-Caja transportadora de laminillas

-Etc.

Finalmente, además de los recursos económicos  y  las políticas públicas diseñadas, es necesario reforzar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, para lo cual se debe dotar del  equipo necesario a los centros de salud para que puedan llevar a cabo las pruebas de papanicolaou y se brinde atención oportuna a esta enfermedad, reflejandose en una reducción en el número de casos en el largo plazo; al mismo tiempo se debe  capacitar a la población sobre la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad y los riesgos que se pueden presentar  de no ser atendida.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter como Urgente y Obvia Resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud de dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino  de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-1994.

México, D.F. el 7 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

2 Evaluación Integral del Desempeño de los Problemas Federeales de Acceso y Mejoramiento a los Servicios de Salud 2012-2013. www.coneval.gob.mx

3 Sanfilippo B, José .  Seminario: El Ejercicio Actual de la Medicina. Facultad de Medicina UNAM. Septiembre 2007. México D.F.

4 Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento de CaCu - 2014

5 Promedio nacional: 9.1% (INEGI. Geografía del Cáncer Femenino 2011)

6 Geografía del Cáncer Femenino. Inegi 2011 ENLACE

7 Geografía del Cáncer Femenino. Inegi 2011

8 México. Perfil del Cáncer 2013. file:///C:/Users/Elma%20Celina/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf

9 Prueba de detección masiva realizada de manera intencionada con el objeto de indentificar oportunamente individuos con una enfermedad o trastorno de salud específico.

10 México. Perfil del Cáncer 2013. file:///C:/Users/Elma%20Celina/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf

11 Programa de Detección Oportuna para el Cáncer Cervical en México. ENLACE

12 Gaceta Médica México. Tendencias de mortalidad por cáncer cervicouterino en las siete regiones socioecónomicas y  en las 32 entidades federativas de México en los años 2000-2008.

13 http://screening.iarc.fr/doc/PRB-ACCP_PreventCervCancer_SP.pdf





 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a capacitar al personal técnico y de brigada, así como ampliar y actualizar el equipamiento especializado para el combate de los incendios forestales en las temporadas del 2015. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador HÉCTOR YUNES LANDA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

México posee un extensión de 64.5 millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas que representan el 33 por ciento del territorio nacional, los cuales nos brindan una extensa gama de servicios ambientales, tales como la protección del suelo en contra de la erosión, garantizando la fertilidad de la tierra; la captación, volumen y calidad de los recursos hídricos, estabilidad climática a nivel regional y nacional, y por último, la protección y preservación de la biodiversidad que habita en estos ecosistemas.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar la importancia de las zonas forestales para las diversas regiones del país, por los diferentes beneficios económicos y ambientales que brindan a las grandes ciudades y pequeñas comunidades rurales; ofreciendo amplios espacios de recreación, turismo, educación y  conocimiento científico. Cabe mencionar que algunas de estas zonas poseen un enorme valor cultural para la población de estas regiones.

En este sentido, asumimos que existe un gran potencial para el aprovechamiento de los recursos forestales, sin embargo, los bosques y selvas se están perdiendo a una gran velocidad, la tasa anual de pérdida se estima entre trescientas mil y un millón quinientas mil hectáreas por año, lo que resulta preocupante por la pérdida de las diferentes especies tanto vegetales como animales que viven en estos ecosistemas.

Bajo este orden de ideas, existen diferentes factores que inciden en la pérdida de las zonas forestales como son: la conversión de las tierras a otros usos como el agrícola, ganadero o para el desarrollo urbano; la extracción legal o ilegal de productos maderables y no maderables; las plagas y enfermedades forestales, y por último, los incendios forestales como principal causa de la destrucción de los bosques y selvas.

Por otro lado, la dinámica natural de estos ecosistemas provoca incendios forestales de forma espontánea que constituyen un factor muy importante para el desarrollo ecológico de estas zonas, lamentablemente las distintas actividades del hombre han modificado los patrones naturales de los fuegos forestales ocurriendo en zonas donde anteriormente no ocurrían.

De esta manera, la mayor parte de los incendios en estas zonas son responsabilidad de las actividades humanas, debido a la tala de bosques y selvas, el empleo del fuego para la habilitación de terrenos cultivables, las fogatas y la quema de basura.

Resulta importante mencionar que cada año se presentan dos temporadas de incendios forestales, la primera de enero a junio afectando directamente a los estados de la zona centro, norte, noreste, sur y sureste; y la segunda de mayo a septiembre que repercute a los estados de la zona noroeste del país.

Bajo esta premisa, la riqueza forestal de nuestro país se encuentra en serio peligro, ya que en los últimos años, México ha sufrido dos de las peores temporadas de incendios de su historia reciente, el primero en el año 2011 con 12,113 incendios ocurridos y 956,405 hectáreas afectadas y, el segundo, en el año 2013 con 10,391 incendios  y  413,594 hectáreas dañadas, generando una pérdida irreversible en los ecosistemas y un negativo impacto socioeconómico.

Lo anterior, nos lleva a la conclusión de generar nuevas y mejores estrategias de prevención y control de incendios forestales, además de invertir mayores recursos materiales y humanos, con el único objetivo de reducir al mínimo los incendios y sus posibles efectos negativos en la población.

La difusión de la información es una herramienta clave para la prevención de desastres, por lo tanto, dichas estrategias deben precisar  la situación de riesgos existentes y las consecuencias de los incendios forestales, invitando a los ciudadanos a extremar las precauciones, adoptando las medidas necesarias de autoprotección.

Al mismo tiempo, a través de la información ampliamos y profundizamos la visión social existente acerca de los recursos forestales y del uso del fuego, para formar una perspectiva integral sobre este fenómeno, que sin duda motivará una acción cívica que impida que la negligencia, la indolencia o la ignorancia continúen siendo el origen de desgracias, como perdidas humanas y naturales.

Por ello, podemos concluir que cuando reforzamos e incrementamos las acciones de prevención e información, logramos la concienciación de la población en la importancia de su seguridad, así como de la conservación de los recursos forestales.

De ahí, la importancia de esta propuesta que tiene como único objeto proteger a la población y a los recursos naturales, a través de la implementación de  estrategias eficientes que puedan prevenir y combatir los incendios forestales.

Finalmente, es necesario capacitar e incrementar la plantilla de personal técnico y de brigada, además de contar con el equipo necesario para el combate de los incendios forestales; ya que de no tomar las medidas necesarias de forma oportuna, el número de incendios se podría incrementar para  este año 2015, teniendo como consecuencias: mayores pérdidas ambientales, económicas y humanas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y debido a que las medidas de prevención ayudan a tomar decisiones que pueden favorecer la seguridad de la población, además de reducir el daño que puede derivarse de los desastres, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, a fin de capacitar al personal técnico y de brigada, así como ampliar y actualizar el equipamiento especializado para el combate de los incendios forestales en las temporadas del 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2015.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa.





 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

EFEMÉRIDES

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”, EL 7 DE ABRIL.

Lo cotidiano no se valora hasta que se pierde. Lamentablemente entre esas cotidianeidades se encuentra una inmensa fortuna: La Salud.

Para dar cuenta de manera reflexiva de ello, existe una fábula contada por el escritor británico DANIEL DEFOE, a través de una historia con moraleja que cuenta lo siguiente:

Un genio tomó forma de mendigo y le dijo a un zapatero:

– Hermano, hace tiempo que no como y me siento muy cansado; aunque no tengo ni una sola moneda, quisiera pedirte que me arreglaras mis sandalias para poder caminar.

– ¡Yo soy muy pobre y ya estoy cansado de todo el mundo que viene a pedir pero nadie quiere dar! –contestó el zapatero.

El genio le ofreció entonces lo que él quisiera.

– ¿Dinero inclusive? –preguntó el tendero.

El genio le respondió:

– Yo puedo darte 10 millones, pero a cambio de tus piernas.

– ¿Para qué quiero yo 10 millones si no voy a poder caminar, bailar ni moverme libremente? –dijo el zapatero.

Entonces el genio replicó:

– Está bien, te podría dar 100 millones, a cambio de tus brazos.

El zapatero le contestó:

– ¿Para qué quiero yo 100 millones si no voy a poder comer solo, trabajar o jugar con mis hijos?

– En ese caso, te puedo dar 1.000 millones a cambio de tus ojos, dijo el genio.

El zapatero respondió asustado:

– ¿Para qué me sirven 1.000 millones si no voy a poder ver el amanecer, ni a mi familia y mis amigos, ni todas las cosas que me rodean?

Entonces, el genio concluyó:

– ¡Ah, hermano mío, ya ves qué fortuna tienes y no te das cuenta!».

No se necesita mucho dilucidar para advertir que entre los mensajes de la moraleja, se localiza el de la inmensa valía de la salud de las personas.

Por ese inmenso e incomparable valor, en 1948, la Primera Asamblea mundial de la Salud propuso que se estableciera un “Día Mundial de la Salud” y conmemorar a su vez la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años más tarde, desde 1950, cada 7 de abril se viene celebrando y todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.

Para este año, el tema del “Día Mundial de la Salud” es “LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS”.

Esto, en razón de que de acuerdo con datos de la OMS, los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

Señala también, que en la medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato.

Por ello, en el marco del “Día Mundial de la Salud” de este año, es una buena oportunidad para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, como también, en base al tema propuesto por la OMS en este año, sobre la incidencia que para ello tiene que ver la inocuidad de los alimentos, en base a la publicación de la propia OMS para difundir cinco claves mínimas, sencillas y esenciales para el manejo de alimentos:

Clave 1: Mantenga la limpieza

Clave 2: Separe alimentos crudos y cocinados

Clave 3: Cocine los alimentos completamente

Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Clave 5: Use agua y materias primas inocuas

Asimismo, es un día propicio para que todos reflexionemos, de acuerdo al lugar que cada quien ocupemos en la cadena de suministro de alimentos, en tomar conciencia de ese papel para lograrla confiabilidad de los alimentos que ponemos en nuestra mesa.

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del 7 de abril, “Día Mundial de la Salud”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad de observar aquellas medidas necesarias para la salvaguarda de la salud propia, la de nuestros seres queridos y en general, la de todos nuestros congéneres; y para el caso del tema en lo específico sugerido por la OMS, a través de tomar conciencia para que cualquiera que sea el papel de cada persona en la cadena de los procesos de los alimentos, aportemos nuestro “grano de arena” para que los alimentos puestos en una mesa sean confiables.

Nuestros niños son los primeros merecedores este esfuerzo.

¡Cuidemos su Salud!

 Dado en la ciudad de México, el 7 de abril de 2015.

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
06 Abril

La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el 6 de abril Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Creado por iniciativa del Comité Olímpico Internacional y anunciado oficialmente en la sede de las Naciones Unidas el mes de agosto del 2013, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz promueve el papel del deporte como instrumento al servicio de la sociedad e instrumento universal para la paz.

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica.

El deporte favorece a la sociedad creando una cultura en la que predominan valores fundamentales como la igualdad, la aceptación de normas, el respeto mutuo y la imparcialidad.

Asimismo, ayuda a los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente a los jóvenes y a las personas con discapacidad, a ejercer sus derechos humanos, por ejemplo en el marco de oportunidades seguras de tomar parte en programas de educación física y actividades deportivas, lo cual contribuye a su integración en la sociedad y les motiva más para asistir a la escuela.

Sin duda, corresponde a la industria deportiva un destacado papel en la promoción de la conciencia ambiental y las prácticas sostenibles al respecto.

Con este Día Internacional, se quiere invitar a los Estados, a las Naciones Unidas y su Oficina sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y todos los demás interesados pertinentes a que cooperen y creen conciencia al respecto.

Martes 07 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito

H. Camara de Senadores.





 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial de la Salud: Inocuidad de los Alimentos".

EFEMÉRIDE: “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS”

La Organización Mundial de la Salud conmemora cada 7 de abril el aniversario de su fundación, la importancia del día es una gran oportunidad para impulsar acciones encaminadas a mejorar la salud y recordar su importancia en la vida nacional.

Este 2015 el tema que la OMS eligió para conmemorar el Día es la inocuidad de los alimento.

Hay que recordar, que al año mueren alrededor de dos millones de persona debido a la ingesta de alimentos insalubres, a su vez este tipo de comida está relacionada con más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son cuatro aspectos fundamentales a considerar para preservar alimentos en buen estado: la limpieza, separación, cocción y refrigeración adecuada de los mismos.

En México, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, busca entre sus objetivos fortalecer el control, vigilancia, y fomento sanitarios de productos y servicios de uso y consumo humano, esto para reducir los riesgos que afectan el bienestar de la población.

Estimaciones del INEGI señalan que en 2013, el valor generado por las actividades para la prevención, recuperación y mantenimiento de la salud humana es equivalente al 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto de México, del cual el 40.7 por ciento fue aportado por las instituciones públicas y el resto por el sector privado.

A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato.

El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a quienes trabajan en diferentes sectores del gobierno, a los campesinos, a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales sanitarios y a los consumidores de la importancia de la inocuidad de los alimentos, y concienciarlos del papel que cada uno puede desempeñar para que todos tengamos confianza en que los alimentos que nos llegan al plato son inocuos.





 

De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

DE LA SENADORA MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, OBSERVADO EL 7 DE ABRIL.

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el Día Mundial de la Salud, observado anualmente el 7 de abril en conmemoración al aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud ocurrida en 1948.

El marco de esta celebración es ideal para llevar a cabo importantes esfuerzos tendientes a concientizar a la población de la comunidad internacional sobre la importancia del cuidado de la salud. Como parte de dichas acciones cada año se elige un tema central, siendo para 2015 el relativo a “Inocuidad de los alimentos”.

En atención al tema central de este año, el Día Mundial de la Salud 2015 representa la oportunidad idónea para que tanto las autoridades, como los diferentes sectores que integran la producción de alimentos, profesionales sanitarios y los consumidores, coadyuven a fortalecer las medidas que garanticen la inocuidad de los alimentos durante toda la cadena productiva -desde la granja hasta nuestra mesa.

Para dimensionar la trascendencia del asunto, cabe mencionar que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial cada año los alimentos insalubres derivan en afectaciones a la salud que producen 2 millones de decesos, los cuales en la mayoría de las ocasiones se presentan en niñas y niños.

El propio organismo internacional señala que los alimentos con  bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas generan más de 200 enfermedades, que van desde las más comunes como nauseas, vómitos o diarrea hasta las más complejas y letales como el cáncer.

Se trata de un problema que requiere de esfuerzos conjuntos, entre los que se encuentran los cuidados en el manejo de alimentos como son mantener su limpieza, separar los crudos y los cocinados, cocinar los alimentos completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua y materiales limpios. Con estas medidas podemos evitar el menoscabo de nuestra salud y de nuestros seres queridos.

La salud concebida como el estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia es un elemento esencial para nuestro pleno desarrollo. Por ello, cuenta con la categoría de derecho humano y en el artículo 4º de la Constitución Federal se encuentra tutelado de la siguiente manera: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Como vemos se trata de una prerrogativa –inherente, inalienable e imprescriptible- que en todo momento debe ser cumplida de manera individual y solidaria, todo con absoluta transparencia, legalidad e igualdad de género.

En el marco de esta conmemoración, los intrigantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado para implementar, reforzar e impulsar políticas que garanticen la inocuidad de los alimentos y de esta manera contribuir al cuidado de la salud, economía, estabilidad y tranquilidad de las familias mexicanas.

En el marco de esta celebración, los integrantes PRI hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a fomentar y procurar la buena salud entre la población. Asimismo, exhortamos a la sociedad mexicana a generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud e impulsar una verdadera cultura de la prevención.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7de abril de 2015.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

Día mundial de la Salud
07 Abril

En 1948, la Primera Asamblea mundial de la Salud propuso que se estableciera un «Día Mundial de la Salud» para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud e instar a gobiernos, organizaciones y empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.

El tema del Día Mundial de la Salud 2015 es la inocuidad de los alimentos.

Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato.

La OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta a los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, de acuerdo con el Codex Alimentarius, una recopilación de normas, directrices y códigos de prácticas sobre los alimentos que abarcan la totalidad de los principales alimentos y procesos. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la OMS alerta a los países de las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos a través de una red internacional de información.

La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de toda la cadena de producción de los alimentos: desde los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores y los consumidores. La OMS publicaCinco claves para la inocuidad de los alimento,  ofrece a los vendedores y consumidores orientaciones prácticas sobre cómo manipular y preparar los alimentos:

1: Mantenga la limpieza

2: Separe alimentos crudos y cocinados

3: Cocine los alimentos completamente

4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

5: Use agua y materias primas inocuas

El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a quienes trabajan en diferentes sectores del gobierno, a los campesinos, a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales sanitarios y a los consumidores de la importancia de la inocuidad de los alimentos, y concienciarlos del papel que cada uno puede desempeñar para que todos tengamos confianza en que los alimentos que nos llegan al plato son inocuos.

Martes 07 de abril de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito

H. Camara de Senadores.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 8 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:52 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2693&lg=62&anio=3