Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores presentes.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 24 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veintisiete minutos del día jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Cámara de Diputados, tres oficios por los que comunican:

1) La elección del Diputado Julio César Moreno Rivera como Presidente de la Mesa Directiva, de los Diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Lizbeth Eugenia Rosas Montero como Vicepresidentes y del Diputado Luis Antonio González Roldán, como Secretario de la misma, para el Tercer Año de ejercicio de la actual legislatura.

2) La aprobación de la prórroga al nombramiento del ciudadano Alejandro Romero Gudiño como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por un periodo de 4 años, comprendido del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2019.

3) La modificación en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial.

Las tres comunicaciones quedaron de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio la bienvenida a una delegación del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que acuden al Senado para conocer el proceso de armonización de la normatividad en materia de protección a niños migrantes.- El Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y Presidente de este Foro, hizo uso de la tribuna para dirigir un mensaje.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de  la Mora, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la no obstrucción de espacios asignados para personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo v denominado “De los Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, al Título viii, el artículo 190 bis, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 109, párrafo primero y 242 de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción iv del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto y se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, en materia de violación a la privacidad y correcto desarrollo psicosexual de las personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Contra la Trata de Personas.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión  de la Comisión Especial de Productividad, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de Planeación.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la tribuna los senadores: Luis Armando Melgar Bravo, por la Comisión Especial de Productividad; Ricardo Urzúa Rivera, por la Comisión de Fomento Económico; y Octavio Pedroza Gaitán, por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN; y Braulio Fernández Aguirre del PRI.

En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; Mely Romero Celis del PRI, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Isaías González Cuevas del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; y Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador David Monreal Ávila se insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión la Mesa Directiva, se autorizaron las siguientes ampliaciones y rectificaciones de turno:

1) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar en las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

2) Al punto de Acuerdo suscrito por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Martha Elena García Gómez, relativo al presidente municipal de San Blas, Nayarit, para quedar en la Comisión para la Igualdad de Género.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruíz, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para la periodista Carmen Aristegui.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Angélica Araujo Lara, María Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, María Elena Barrera Tapia, Ninfa Salinas Sada, Angélica de la Peña Gómez Ma. del Pilar Ortega Martínez y Mónica Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la actitud de discriminación hacia las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, “Kiko Vega”, gobernador de Baja California.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a las empresas productivas del Estado, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control del Gas Natural a revisar que en las licitaciones para el tendido de gasoductos, se tomen en cuenta las mejores condiciones que favorezcan a la industria nacional.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación a elaborar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Michoacán a que, a través de sus programas federales, coadyuven con la reparación de los daños ocasionados por la tromba que afectó varios municipios de ese estado.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a que, en coordinación con sus homólogas estatales, replanteen estrategias, programas o acciones eficaces y eficientes que prevengan, investiguen y sancionen el delito del secuestro de manera integral.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia y del Sen. Jesús Casillas Romero, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones para evitar accidentes viales, así como programas de capacitación y educación vial.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Luciano Borreguín González y Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la suspensión del "Acueducto Independencia" en el estado de Sonora.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el número de detenciones, sentencias y consignaciones de trata de personas de 2010 a 2014 y explique qué acciones está implementando para erradicar este delito.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que considere otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas, a efecto de que en la determinación anual del impuesto sobre la renta que causan, puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de servicios de guardería que realicen para sus dependientes económicos en línea recta o sobre los que ejerzan tutela legal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a implementar las medidas de protección y ejecuten los programas de apoyo por motivo de las bajas temperaturas que se han registrado en el país.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana en materia de reproducción asistida.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Mundial del Agua”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Mundial del Agua”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,  del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de los Bosques”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del CCIX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del "Día Mundial de la Salud Oral".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día del Artesano”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y seis minutos y citó a la siguiente el martes veinticuatro de marzo a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su análisis y discusión correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.





 

Compañeros Senadores: Por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirnos al aniversario del natalicio de don Benito Juárez García.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

Adelante, Martha.

INTERVENCIONES

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Quisiera, es un alto honor, el día de hoy, poder comentar sobre el natalicio de Benito Juárez García, para lo que he tomado como referencia la biografía de Benito Juárez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Apuntes para mis hijos”.
Benito Juárez,
Primera Edición, 1972.

"Benemérito de las Américas, Bicentenario de su natalicio".
Del Honorable Congreso de la Unión.

“Un indio zapoteco llamado Benito Juárez”.
De Fernando Benítez Santillán.

Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo, hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario; ahí concluyó estudios de Latín, Filosofía y Teología, que le permitieron el ingreso al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde, en 1834, logró la licenciatura en Jurisprudencia, y del cual, más tarde sería rector.

El indígena de origen zapoteca que llegó a ser un prominente abogado y político liberal, se caracterizó por su preocupación constante por la realidad social que vivía México y, en particular, la que vivían los campesinos.

Siendo aún estudiante, en 1831, inició su carrera política, cuando fue elegido regidor del ayuntamiento de Oaxaca; más tarde fue diputado del Congreso de su estado y diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión; y en 1847 asumió la gubernatura interina de su estado natal.

Después de un destierro de casi tres años por la llegada de Santa Anna al poder, en 1855 fue nombrado por Juan Álvarez, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo desde el cual expidió la conocida “Ley Juárez” con la que fueron abolidos los fueros y privilegios que tenían los militares y el clero.

Durante el gobierno del Presidente Comonfort, siendo gobernador, promulgó en su estado la Constitución de 1857; más tarde fue nombrado Ministro de Gobernación y, posteriormente, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero al desconocer Comonfort la misma Constitución y al dar éste un golpe de Estado, encarceló a Juárez, desencadenando con ello la Guerra de Reforma.

Al ser liberado, por ministerio de ley, y con apoyo del grupo liberal, asumió por primera vez la Presidencia de la República, y a partir de entonces, a pesar de ejercer un gobierno itinerante, se encargó de forjar un nuevo país, uno regido por las leyes; en 1859, estando en Veracruz, utilizado como su cuartel general, expidió las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado respecto de la Iglesia.

En 1861, ya concluida la Guerra de Reforma, fue electo constitucionalmente para continuar en la Presidencia; fue entonces cuando firmó un Decreto para la suspensión del pago de la deuda externa, provocando con ello la reacción de Francia, lo que le obligó nuevamente a ejercer su gobierno desde varios puntos fuera de la ciudad capital. Al terminar la intervención francesa, y restaurada la República en 1867 regresó para ser electo oficialmente Presidente, e iniciar la reconstrucción del país.
En 1871 se postuló nuevamente a la Presidencia y ganó, pero una enfermedad le impidió continuar su gobierno.

Benito Juárez, como inspiración de lucha de varios países de América Latina que intentaban lograr su soberanía, recibió el reconocimiento como “Benemérito de las Américas” y por sus servicios para lograr la libertad y la independencia de la nación, recibió por parte del H. Congreso de la Unión, en 1873, el nombramiento de “Benemérito de la Patria”.

Murió en la ciudad de México, el 18 de julio de 1872.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Martha Palafox.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para intervenir en relación a esta efeméride.

Les ruego a las y los señores Senadores, ocupen sus escaños. Estamos desahogando una efeméride muy importante. Les ruego a las y los Senadores pongamos atención en el desahogo de esta efeméride, es muy importante.

Adelante, Senador Benjamín Robles.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Coincidimos totalmente con sus palabras, hablamos, sin duda, del más importante de los Presidentes que ha tenido este país.

Por eso, compañeras y compañeros, como oaxaqueño, me gusta repetir cada 21 de marzo y hacerlo con orgullo, con gratitud, este verso de Pablo Neruda sobre Juárez: “Tu rostro fue nacido en nuestro barro”.

Y me gusta, compañeras y compañeros, no sólo por su aliento poético, sino porque lo vincula directamente con la tierra de Oaxaca.

Juárez sólo pudo haber nacido en el sureste mexicano, donde se combinan la creatividad humana y la carencia que ofende, y también el patrimonio cultural que la equilibra.

Sin embargo, en algún momento, Juárez dejó de ser sólo del sur, para transformarse en un símbolo mexicano.

El hombre en que todo buen patriota desea llegar a convertirse.

Así, Juárez expandió la sustancia de su tierra, de sí mismo, por la geografía entera de México.

Se convirtió, sin duda, en raíz, en parte de nuestra identidad, en el antepasado cuya herencia modeló los principios de cada individuo y también de cada uno de nuestros pueblos.

Una niña o un niño de Oaxaca, o de Tepic, o de Campeche, o de cualquiera de los estados que aquí ustedes representan, puede decir hoy, sin temor a equivocarse, que es descendiente de la cultura de don Benito Juárez.

Y en esto permítanme detenerme. Si lo que digo lo aceptamos, si esta niñez mexicana  es heredera del pensamiento y acción del prócer, entonces, ¿por qué permitimos, compañeras y compañeros, que la vida se les presente a estos niños tan complicada y compleja?, ¿por qué permitimos que se les impida disfrutar plenamente de los derechos que les corresponden?, ¿por qué permitimos que se les niegue a nuestras niñas y niños la posibilidad de educarse con calidad y de forjarse en hogares sin violencia?

Si algo nos enseñó Juárez es precisamente a superar una niñez retórica de carencias y de tumbos; pero en eso, compañeras y compañeros, nuestra primera motivación debería ser cambiar y mejorar las condiciones de la vida de la infancia en México.

Por ejemplo, una de cada tres mujeres en el país tiene menos de 14 años, y eso sin duda que representa una gran esperanza; pero en contraste, compañeras y compañeros, las cifras de explotación y trabajo infantil en condiciones peligrosas es verdaderamente alarmante.

Por ello, nos sorprende, nos ofende, enterarse que en el campo, y aún en el doméstico, se les trate a las mujeres y a los jóvenes del país en condiciones de esclavitud, cosa que debería ser totalmente lo contrario.

Hablamos de niñas y niños escapando de sus padres, atrapados a su vez en el alcohol; hablamos de jóvenes migrantes que salen de sus comunidades porque ahí no encuentran oportunidad de trabajo; hablamos de niñas que buscan amistad en las redes sociales, porque conversar en las calles hoy ya no es frecuente; hablamos de niños, cuyo talento se malgasta en horas y horas de soledad y silencio.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, si algún homenaje estamos dispuestos a rendirle a Juárez, éste tendría que ser allanarles el camino a nuestros jóvenes, y que ninguno pase por los derroteros, que ya debió de superar hace más de 200 años el Coloso de Guelatao.

Hay que hacer realidad su esperanza; hay que llevar libertad y derechos a los individuos y las familias; hay que asegurarnos que los futuros nuevos ciudadanos aprendan los valores de la igualdad, de la justicia y la tolerancia; que la educación sea el ingrediente que les asegure comer cada día con satisfacción y renovado espíritu.

Y en el Poder Legislativo hay que implementar, sin duda, un sistema de reglas, un sistema de normas, que no sea una camisa de fuerza para los ciudadanos y sus instituciones, sino que sea un sistema que le propicie armonía y la buena convivencia; es decir, que no sólo funcione para vigilar e impedir, que no sólo funcione para sospechar y castigar, sino que incentive la honestidad, potencie la eficiencia e incentive el desarrollo.

Hay que organizar, compañeras y compañeros, el Estado de tal forma que sea el mérito y el conocimiento, y no el dogma, el que impere en sus determinaciones. Hay que devolverle el sentimiento de patria a cada ser humano que nazca en esta tierra para que nunca más se sienta solo y huérfano, pues aquí estamos millones de paisanos solidarios dispuestos, sin duda, a brindar el apoyo y la casa, el nombre y también la palabra.

Compañeras y compañeros: Este es el país de Juárez, el mismo por el que sacrificó las comodidades mundanas y se entregó a las causalidades democráticas; este es el país, y será siempre el país de Juárez, porque con él compartimos ideas, referencias, y también compartimos valores como ninguno otro de nuestros antepasados.

Por ello, compañeros y compañeras, este es el país de Juárez, y hay que preguntarse, por lo tanto, a cada paso y a cada decisión que enfrentamos en este Senado, ¿qué haría Juárez en estos casos?

Y estoy seguro, Senadoras y Senadores, que la respuesta será más certera y más justa si eso nos preguntamos, porque lo diré en los términos de Carlos Pellicer:

“Juárez, eres el Presidente vitalicio, a pesar de tanta noche lúgubre.

La República es mar navegable y sereno si es tiempo te consulta”.

Por eso digo, y con orgullo, ¡Que viva Juárez por siempre!

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robles. ¡Que viva Juárez!

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, para hablar sobre la efeméride.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Permítanme hacer referencia a lo escrito por el profesor Miguel Ángel Torres Martínez, con motivo del 209 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, que por su belleza y significado permite traerlo a esta altísima tribuna.

El 21 de marzo de 1806, marcó el camino en la vida de un hombre, el más ardiente defensor del liberalismo, de don Benito Pablo Juárez García, el arquetipo del hombre mexicano, cuyo mérito más grande es la bondad y cuyo talento será por siempre su fe.

Conmemorar su natalicio equivale a hacer un repaso de la historia mexicana, porque hubo un momento en que la Patria se identificó en su persona. En su semblante moreno cobra fuerza el coraje de Hidalgo, en Granaditas; en él cabalga la figura de Morelos, el pensamiento de José María Luis Mora. Encontramos en él la estampa de una nación multicolor: Chapultepec, Ayutla, Calpulalpan.

La Reforma fue una comunión de huracanes, de relámpagos que piensan, de ciclones que redimen, de hombres que, según Antonio Caso, "parecían gigantes"; fue la incisiva de Ramírez, la dulzura de Altamirano, el valor de Leandro Valle, la impasible tenacidad de Melchor Ocampo, lo que consiguió el triunfo de la razón sobre el fanatismo.

González Ortega, el estratega; Ponciano Arriaga, el paradigmático defensor de los pobres; Santos Degollado, Guillermo Pietro, Francisco Zarco, el paladín de la pluma, son ellos quienes hicieron de Calpulalpan la tumba del partido conservador, impactaron en el cerro de Las Campanas la victoria del partido liberal. Es ahí donde surge, prominente regia, la figura de Juárez.

Y no podemos hablar en calma de alguien que nunca la tuvo, porque su cerebro crecía cuando pensaba en México, porque su mano tembló ante la desgracia, porque su espíritu de héroe se nutrió con la esperanza de México.

Juárez, naciste libre y por la Patria vives; moreno como el barro de la entraña de tu patria.

Hombre a la altura de Bolívar, de Sucre, de Artigas, de José Martí.

Hombre por la idea, cenzontle por el valor.

Hombre por la pasión, águila por la fuerza.

Hombre por la virtud, huracán por la grandeza.

La Patria eleva sus cánticos porque ha resucitado el hombre que vivió destinado a la gloria. El único hombre de la Patria que no conoció la muerte, porque pasó del trance de la vida al umbral de la inmortalidad.

Juárez, celebrar tu nacimiento simboliza un llamado. Para todos, para los que sufren de amnesia histórica sepan que tu nombre sigue retumbando en los muros de la Patria y tu voz de hombre reformador sigue señalando el camino de México.

Ahí está Juárez con el arma de la ley, con el escudo de la razón, enseñándonos a multiplicar la fuerza por la inteligencia.

Benito Pablo Juárez García, es un orgullo pronunciar tu nombre inmortal, que te ha valido los aplausos de los pueblos y el reconocimiento de las naciones.

Juárez representa la confirmación del carácter y el vigor del nacionalismo mexicano, la lucha por la unificación de la nación deja como herencia que los pueblos de la tierra debatan sus intereses y derechos bajo el pensamiento del Patricio: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, gracias por sus palabras.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Irma Cobián Chávez, para presentar su intervención en esta efeméride.

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez: “Mi deber no es atender a los que sólo representan el deseo de un corto número de personas, sino la voluntad nacional”. Benito Juárez García.

Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

El sábado pasado fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidencia grata y feliz que esta conmemoración se lleve a cabo el mismo día del nacimiento de Benito Juárez.

Un gran mexicano, de nuestra raza zapoteca, nacido en la pobreza, que luchó contra todas las adversidades, que fue capaz de convertir sus limitaciones en acicate y motor para alcanzar sus objetivos: ocupar los más altos cargos públicos de nuestro país para acabar con las desigualdades y proporcionar a los mexicanos herramientas para su desarrollo.

Muy distintas son las circunstancias actuales cuando nuestro marco legal protege los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza o condición social.

La vida de Juárez es lección de moral cívica, ejemplo de congruencia, tenacidad y perseverancia en la acción humana para lograr un mejor porvenir.

Pensar en su papel en la historia, leer sus escritos, analizar su visión de la política y del Estado, la manera como comprendió su entorno y su momento, son lecciones de las cuales debemos aprender.

Su conducta nos invita a fijarnos las metas más altas y tener la voluntad necesaria para alcanzarla.

Lo más digno de un hombre, nos enseña Juárez, es la congruencia entre sus dichos y sus hechos.

Defensor de la supremacía del poder civil, creía en la fuerza moral de las leyes por encima de partidos, amistades o intereses personales. Ejemplo de ello es su impulso a las Leyes de Reforma que, entre otras cosas, separaron los ámbitos del Estado y de la Iglesia, consolidando la idea de un Estado laico, respetuoso de todas las creencias humanas y religiosas.

Junto a la generación de liberales que lo acompañó, impulsó la Constitución de 1857, en la que se consagraron nuestros principios fundamentales: la libertad de expresión y de prensa, de asociación, de tránsito, de reunión y de enseñanza.

La garantía de igualdad de derechos de petición, la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prohibición de contratos que cancelan la libertad del individuo. Por eso el Estado mexicano es eminentemente liberal.

Benito Juárez vivió siempre de acuerdo con tres ejes rectores: un acendrado nacionalismo; su confianza en las leyes y las instituciones para promover las bases del Estado liberal mexicano; y la austeridad en su entorno bajo el principio de la honrada medianía.

Éste último cobra especial relevancia ante el dispensario de muchas funciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.

Si bien las circunstancias actuales no son las mismas a las habidas por Juárez, México no puede seguir siendo vulnerado por la pobreza que continúa marcando gran parte de nuestra geografía. Ante la incertidumbre de una economía paralizada, incapaz de mostrar signos de mejoría a pesar de las reformas ya aprobadas y ante la continua amenaza de la violencia provocada por el crimen organizado, la sociedad mexicana exige la presencia del Estado.

Un Estado garante del orden y de la legalidad. Pues sólo observando y aplicando de manera irrestricta la ley se puede mantener la seguridad pública y la tranquilidad social.

En el complejo momento actual, la visión y el sentimiento de justicia de Juárez pueden y deben ser el modelo a seguir para superar los nuevos desafíos.

Una de las mejores maneras de celebrar el natalicio de Benito Juárez estriba en continuar la lucha por un México sin millones de excluidos, en donde cada vez más mexicanos dejen de padecer por carecer de lo más elemental.

Juárez es muestra habida de que la pobreza y las limitaciones pueden ser importante motor para la superación personal. Hombre de trabajo, idealista con gran vocación de servicio, una de sus metas fue precisamente acabar con las desigualdades.

En Acción Nacional pensando siempre en la preeminencia del interés nacional, asumimos este compromiso, aceptamos y valoramos este ejemplo, mismo que tratamos de emular y vivir cada día.

Como representantes populares tenemos la obligación de continuar impulsando aquellas reformas que dan solución a los grandes problemas de la nación, pero además teniendo siempre en mente el espíritu liberal juarista. Las Senadoras y los Senadores panistas continuaremos aprobando todos aquellos ordenamientos que permitan instalar a México en la modernidad.

La historia se hace todos los días, o como dijera el poeta Amado Nervo: “Somos arquitectos de nuestro propio destino”.

Por eso el reto consiste siempre en tomar las mejores decisiones de acuerdo con las demandas de nuestra realidad. Es la vieja lucha entre la historia y la práctica, entre los principios y sus consecuencias, entre la ética y la convicción y la ética de la responsabilidad.

Acertar, como fue el caso del Benemérito de las Américas, constituye la virtud del estadista, quien se preocupa por las próximas generaciones, asumiendo, pues, las consecuencias que arrostran las decisiones difíciles que pueden caer en la impopularidad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, por sus palabras.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, para referirse a la efeméride de don Benito Juárez García.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Honorable Senado de la República:

"Es dado al hombre, algunas veces, a atacar los derechos de los otros, apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud.

Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni falsedad ni la perfidia, y que es la tremenda sentencia de la historia, ella nos juzgará".

Con estas palabras, don Benito Juárez García, Presidente de México, daba respuesta a Maximiliano de Habsburgo, cuando éste, próximo a llegar a México, lo invitaba a conferenciar para obtener la paz y la felicidad de la nación mexicana.

Tres años después, en Querétaro, el 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria, príncipe católico de una monarquía moderada hereditaria, según el estatuto que organizó su imperio, era fusilado con Miramón y Mejía, por los delitos contra la seguridad de la nación e invasión a la República.

Restaurada la República, en su manifiesto del 15 de julio, al entrar a la ciudad de México, Benito Juárez exhorta a los mexicanos a encaminar esfuerzos para obtener y consolidar los beneficios de la paz y lanza su inmortal proclama: “que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Señoras Senadoras, señores Senadores: Nuestro calendario cívico tiene en el 21 de marzo una de sus fechas más significativas, sino es para conmemorar una de nuestras etapas históricas trascendentales, como el inicio de la Independencia de 1810, o el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, y preferimos esta fecha sobre el 18 de julio de 1872, cuando fallece, en ejercicio de sus funciones, el Presidente de México, el que encabezó la segunda Independencia de México que terminó con la inercia de tres siglos, que si bien habían concluido con la dominación española, continuaban sosteniendo los privilegios de una sociedad criolla amparada por una iglesia de culto oficial.

Un Presidente que sostuvo el laicismo como principio de gobierno y que luchó contra el imperio francés y su archiduque austriaco.

¿Qué representa en la historia de México el nacimiento de un hombre el 21 de marzo de 1806?

¿Qué significa, en nuestro sentimiento nacional, que ese hombre haya sido un indígena de la sierra zapoteca, huérfano a los tres años y que a los dos encaminara sus pasos a Oaxaca, sin más esperanza que encontrar a María Josefa, su hermana mayor?

Innumerables libros y estudios sobre don Benito Juárez García, cuya vida va de la mano de nuestra historia, nos dan diferentes perspectivas de sus trascendencias:

Benito Juárez, el niño pastor.

Juárez, el estudiante.

Juárez, el abogado defensor de comunidades indígenas.

Juárez, gobernador de Oaxaca.

Juárez, político nacional y legislador reformista.

Juárez, Presidente defensor de la República.

Juárez, el estadista.

Y también Benito, el hombre de familia, esposo y padre.

Su República itinerante durante años de zozobra para la patria, lo hizo ser parte de las historia locales de Guanajuato, Guadalajara, Colima, Manzanillo y Veracruz, durante la Guerra de Reforma; y de San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Coahuila, Durango y Chihuahua, durante la Invasión Francesa.

Y no estuvo sólo. En su gran virtud, generada por la reflexión y el estudio, lo hicieron encabezar a los liberales Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Matías Romero, entre otros.

Sin embargo, el 21 de marzo, el Benemérito de las Américas cede su lugar al niño indígena, al niño indígena que recordamos hoy, que con decisión y empeño logró abrirse paso en una sociedad clasista que lo discriminaba, para representar, sin olvidar sus orígenes, a los hombres de su tiempo.

Como ejemplo de perseverancia, es indiscutible su trayectoria.

Como ejemplo de entereza, es indudable su vida.

Como ejemplo de congruencia, basta conocer su vida pública.

Su vida es ejemplo de tenacidad y firmeza, de lucha incansable por las ideas libertarias que arrancaron las secuelas del colonialismo español que nos ahogaba.

De lucha por un país de libertades fundamentales, en un país que empezó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX, pero que aún tiene grandes retos qué vencer.

Y en estos momentos, cuando México requiere de la perseverancia, entereza y congruencia de Juárez, en la necesaria transformación de sus instituciones, que su grandeza aliente las reformas estructurales que hemos emprendido en el marco de derechos que encausan nuestras políticas públicas, que su ideario nos conduzca a abatir las brechas de desigualdad, es una obligación.

Por sus jóvenes trabajar.

Por esos jóvenes desafiantes.

Por las mujeres de México y su incansable lucha por la igualdad sustantiva.

Por la pretendida igualdad social que naufraga en un mar de discriminación que no cesa.

Por el profundo contraste económico que existe entre el norte y el sur.

Por la inacabada lucha.

Por la justicia social.

Haciendo honor a su memoria, juntos hagamos un esfuerzo para lograr un mejor país para todos.

Compañeras y compañeros: Oaxaca, la provincia que albergó al niño pastor, es un ejemplo del México que reclama, del México que confronta, de ese México donde en piso de metal se vive al día, como diría el poeta, que conmemorar el nacimiento del Patricio sea la pauta para levantar la voz con firmeza a favor de quienes luchan por una vida digna desde el sureste de México.

Desde el derecho a la salud y a la educación, sea lo cotidiano y no un motivo para celebrar, que tengamos acceso al desarrollo sustentable que proteja nuestros recursos naturales y la biodiversidad que nos distingue.

Por ello, Benito Juárez García es y seguirá siendo símbolo de entereza y emblema de la voluntad que logra un noble propósito para esta gran nación, paradigma de las más altas virtudes ciudadanas, custodio de los principios republicanos y pasado de gloria que ilumina el futuro de esta gran nación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Agradezco las intervenciones de las y los Senadores, que lo hicieron para conmemorar esta efeméride, en nombre de los grupos parlamentarios.

La generosidad de sus palabras, todas sus expresiones, las instituciones de México, sin regateo alguno, cada 21 de marzo, o fechas cercanas, festejamos el nacimiento de don Benito Juárez García.

El legado de Juárez, Juárez el hombre en sus diferentes etapas de su vida, pueden ser vinculados en el análisis de los asuntos que hoy son de preocupación y de solución para México.

Juárez nace en medio de una sociedad de castas y se abre el camino para llegar a ser el Presidente de México.

Juárez instala con una de sus frases: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, uno de nuestros paradigmas de nuestra política exterior.

De Juárez podemos ver la honestidad, la transparencia, la modestia y la lealtad a la patria.

Y con Juárez el hombre, el político, el héroe, debemos verlo también como parte de un equipo que le permitió tanta luz y tanta brillantez.

Desde Antonio Salanueva, Margarita Maza, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Matías Romero, entre otros.

Gracias, Senado de la República, por haber festejado esta efeméride.

El texto de la intervención de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, sobre el aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, se recibe para insertarse en el Diario de los Debates.

La Senadora    Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Con la venia de la Presidencia,
Compañeras y compañeros Senadores,
Al pueblo de México.

La importancia de la conmemoración y reconocimiento de un personaje histórico no reside en la persona en sí misma, sino en la celebración de su legado, ideológico e intangible, que marca un antes y un después en el camino.

¡Como hace falta la mentalidad juarista en estos momentos de desconfianza, de duda y desesperanza!

“Los hombres no son nada, los principios lo son todo”, definió el propio Benito Juárez, poniéndonos condición fatal para el servicio público. 

Pero, ¿Cómo calculamos con plenitud ese patrimonio cultural, político y social? ¿Cómo profundizar en su historia, sus principios, sus valores y sus decisiones para emplearlas a los problemas actuales?

Me tomaría varias sesiones poder exponer sus contribuciones, por lo que analizando sus prioridades, me referiré únicamente a tres, quizá, las que más necesitan los mexicanos actualmente.

Tan sólo, al reflexionar los primeros años del benemérito de la patria y las Américas como niño, podemos observar un ánimo y una energía de perseverancia, lucha y superación que vaticinaba enormes aportaciones al pueblo de México.

La educación ocupada primacía en la cúspide de sus ideales, al grado de escapar de su propia casa con tan sólo 12 años de edad para ir a la ciudad de Oaxaca a servir en una casa a condición de aprender a leer y escribir.

Comprendió que sin educación, ni los individuos ni las naciones, tienen futuro. Si las y los mexicanos carecen de acceso pleno a una educación de calidad, el porvenir de nuestro pueblo se encuentra a la merced de la eventualidad, y la igualdad de circunstancias y oportunidades permanecerá como una fantasía. 

En un escalón paralelo, para Benito Juárez la corrupción no tenía lugar en el desempeño de un gobierno. Sabía que al velar por el interés colectivo, por el bienestar de toda una sociedad, los intereses individuales debían expirar.

Promulgó una diversidad de leyes que eliminaban los privilegios desmedidos que gozaban el clero y el ejército, a pesar de la severa oposición de ésos actores, a tal grado que su gobierno tuvo que desplazarse por la República para lograr este objetivo.

En esta perspectiva, el fomento a la igualdad dominó su política económica, educativa y social. Enfrentó a uno de los poderes fácticos más grandes de esos tiempos, la iglesia, y requirió de una valentía que exige nuestra sociedad hoy más que nunca.

Con una afinidad imprescindible con los anteriores,  colocó al estado de derecho como el pilar de la democracia y el poder de la ciudadanía.

Aplico el sentido pleno del estado de derecho como pauta en sus decisiones, no la concepción simplista como adorno de discursos. Reconocimiento, respeto y defensa los derechos humanos, división de poderes, igualdad ante la ley y devoción por la dignidad humana.

Así de simple y así de complicado.

Compañeras y compañeros senadores, la conmemoración de un personaje como Benito Juárez no puede quedar en un recuento de datos biográficos o en la reiteración de su frase más célebre; no, la reminiscencia de su historia es una evocación al cambio, al aprendizaje, a la extracción de sus enseñanzas y acciones, y a su aplicación urgente para cumplirle a nuestro pueblo. Su lucha no concluyó con su fallecimiento, ni sus aportaciones en una remembranza. Empoderemos los tres pilares mencionados con la misma perseverancia y vigor con la que actuó Juárez, y el bienestar llegará  en consecuencia.

Por su atención, muchas gracias.





 

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Compañeras Senadoras y Senadores: Se encuentra de visita en este Senado, la señora Alejandra Ancheita Pagaza, galardonada con el reconocimiento "Martín Ennals" 2014, por su trabajo como defensora de los derechos humanos de trabajadores migrantes y comunidades indígenas.

La visita de la Senadora Ancheita es en atención al dictamen aprobado por el Senado de la República el 14 de diciembre del año pasado, 2014, por el que se resolvió felicitarla, recibirla ante este Pleno, entregarle un reconocimiento y escuchar su mensaje.

La señora Ancheita se encuentra en el salón anexo, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores: Ricardo Urzúa Rivera, Lizette Clavel Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, Miguel Ángel Chico Herrera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, la invitan a pasar a este salón.

(La comisión cumple)

VISITA DE LA SEÑORA ALEJANDRA ANCHEITA PAGAZA , GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO "MARTÍN ENNALS" 2014.

Honorable Asamblea: Doy la bienvenida a la señora Alejandra Ancheita Pagaza, le expreso el saludo del Senado de la República, la felicitación por el premio "Martín Ennals" 2014, que es el máximo reconocimiento que se entrega en la materia de los derechos humanos. ¡Felicidades señora Alejandra Ancheita Pagaza!

Saludo también la presencia de sus gentiles familiares que la acompañan en esta visita al Senado de la República. ¡Felicidades a ustedes!

Le solcito a la señora Ancheita haga uso de la tribuna para darnos un mensaje a la Asamblea.

Por favor, señora Ancheita.

La ciudadana Alejandra Ancheita Pagaza: Buenas tardes a todas y a todos.

Principalmente quisiera empezar esta participación agradeciendo a todos los asistentes, Senadoras y Senadores, de manera particular a la Senadora Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo tan amable gesto de invitarme a participar con ustedes en este recinto.

Mi nombre es Alejandra Ancheita, soy abogada y defensora de Derechos Humanos, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organización no gubernamental, de diez años de trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades indígenas, comunidades ejidales, comunidades de bienes comunales y de colectivos de trabajadores y trabajadoras que han visto afectados sus derechos humanos.

El día de hoy, quisiera iniciar dirigiéndome a todos y a todas ustedes para aprovechar la oportunidad de hablar sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos actualmente en México, la impunidad parece ser el común denominador.

Según el reporte del Programa Nacional de Procuración de Justicia del 2013 al 2018, quedan en impunidad el 93 por ciento de los delitos cometidos en México.

Los casos de tortura y desaparición forzada son dos de los problemas más dolorosos y urgentes a atender en el país. Hasta abril del 2014, de acuerdo a la información oficial, nadie había sido condenado por algún caso de desaparición forzada cometidos después del 2006.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el caso de Tlatlaya, ilustran claramente que hay una necesidad apremiante de atender estas problemáticas.

En este sentido, es de vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos, que tiene como obligación poner especial atención.

En su agenda, el Senado ha planteado tres temas que quisiera rescatar por su relevancia, por el trabajo que realizamos en la sociedad civil, pero principalmente en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.

El primero es el tema de la migración; el segundo es la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; y el tercero es la atención que el propio Senado ha puesto sobre las diversas reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años.

Vemos que el tema de la migración, desde el Senado, sobre todo en el tema de los niños migrantes y la situación de los migrantes centroamericanos, ha sido de su interés.

Sin embargo, es importante también visibilizar la problemática de los trabajadores temporales, mexicanos y mexicanas que viajan cada año a Estados Unidos con las Visas H2A y H2B. En este tema, ProDESC ha trabajado concretamente con el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en el cual también quisiéramos trabajar con el Senado para atender la problemática específica que enfrentan los trabajadores y trabajadoras temporales, principalmente la problemática relacionada con los abusos, fraudes durante el reclutamiento y la violación a sus derechos humanos laborales.

La situación de los trabajadores que laboran en México también requiere principal atención, como muestra está el reciente caso de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, decenas de miles de jornaleros con condiciones deplorables en derechos humanos y derechos laborales se han organizado para exigir mejoras de trabajo.

Entre las exigencias de su pliego petitorio, podemos encontrar el alto al abuso sexual contra las mujeres, mujeres trabajadoras, jornaleras; que a las embarazadas se les respeten seis semanas antes y después del parto; no obligar a las madres a que lleven a sus hijos para que les ayuden con el trabajo; pago de 300 pesos por jornada laboral de ocho horas y no de 14 horas; contar con el derecho básico de la seguridad social; parar las represalias en contra de los trabajadores que se reúnan o participan en organizaciones para defender sus derechos.

Sabemos bien que en el Senado, como es muy evidente, comparten el interés por dar atención y solución a esta situación, y proponemos que como una primera acción envíen una misión de observación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para atender las solicitudes y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de San Quintín.

En el tema de la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, reconocemos, sin duda, el interés por realizar un trabajo para mejorar el respeto y promover y proteger, así como garantizar, los derechos humanos a través del seguimiento que el propio Senado ha dado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Celebramos que el Senado está visibilizando el riesgo que corren los periodistas y comunicadores, así como el respeto de sus derechos civiles y políticos, principalmente el derecho a la libertad de expresión, pero también exhortamos a no perder de vista el riesgo que corren los defensores y defensoras de derechos humanos.

De manera particular, las mujeres defensoras de derechos humanos, corremos riesgos muy específicos que se tienen que atender de manera integral.

Cabe destacar que, según la documentación que ha realizado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, sólo en el 2013 se documentaron 242 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento están, a la fecha, en impunidad.

En lo relativo a las reformas estructurales, observamos también con beneplácito el interés que tiene el Senado de dar atención efectiva a los efectos negativos del desarrollo, principalmente, de proyectos energéticos que no toman en cuenta a las comunidades ni al entorno donde se pretenden implantar dichos proyectos.

Sin embargo, vemos con preocupación algunos intentos de regresar en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.

Un ejemplo muy específico, es la iniciativa de la Ley General de Aguas, que desde la perspectiva de las organizaciones de la defensa de derechos humanos, carece de varios criterios fundamentales, en que los derechos humanos establecen como el acceso al agua y saneamiento, que es uno de los elementos fundamentales para una vida digna.

En este proceso, es importantísimo que se dé la participación de la sociedad civil, y como lo recomendó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se debe incluir un debate público, objetivo, plural e informado, que dé voz y espacio a todas las partes interesadas. En el mismo tenor, tras la aprobación de la reforma energética, es necesario poner sobre la mesa el tema de la consulta a los pueblos indígenas sobre megaproyectos.

ProDESC forma parte de la misión de observación con la Organización Proyecto Poder, Código DH y Brigadas de Paz Internacional, sobre la consulta que se está realizando actualmente en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para dar cabida a la construcción del proyecto de la empresa Energía Eólica del Sur, en el municipio de Juchitán.

De acuerdo a los reportes que hemos publicado desde ProDESC, se han identificado graves violaciones a los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente el carácter libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe que debe de prevalecer en todas las consultas.

En particular, preocupa la serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos que han sufrido integrantes de la comunidad zapoteca, especialmente quienes pertenecen a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes han hecho pública su posición crítica ante la manera en cómo se va desarrollando el proceso de consulta, impulsado por el gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca.

Hoy, más que nunca, se hace urgente la actuación efectiva, integral y bajo la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.

El Senado tiene la oportunidad histórica de trabajar por el bien común en el país. Esto lo podrá hacer sí, y sólo sí, se compromete a la escucha y al trabajo en conjunto, no sólo con la sociedad civil, también con los colectivos de trabajadores y trabajadoras y las comunidades indígenas, ejidales y de bienes comunales, que son quienes detentan el desarrollo real y cotidiano de los derechos humanos en este país.

Muchísimas gracias a todos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchísimas gracias a usted.

Señoras y señores legisladores: El Senado de la República ha escuchado con atención a la ciudadana Alejandra Ancheita, merecedora del premio "Martín Ennals" 2014. Uno de los reconocimientos más relevantes a nivel mundial, en materia de la defensa de los derechos humanos.

Este día, las y los Senadores de la República, nos sumamos al reconocimiento internacional a nuestra compatriota. Nos sentimos honrados y orgullosos de tenerla aquí.

Alejandra Ancheita, a lo largo de su trabajo, ha demostrado una férrea voluntad para defender los derechos fundamentales. Su premio debe alentarnos sobre la violación de derechos humanos y los riegos a los que se enfrentan los defensores de estos derechos.

El Estado mexicano ha logrado grandes avances en esta materia; sin embargo, aún estamos lejos de ser un país en donde se respeten plenamente los derechos humanos, estamos trabajando para ello.

Sirva su presencia, sirvan sus palabras para fortalecer la labor de los defensores de los derechos humanos en nuestro país, y particularmente para que sean útiles en la suma de esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales.

Ciudadana Alejandra Ancheita, por su conducto, le pido, lleve usted un mensaje a todos sus compañeros y dígales que la Cámara de los Senadores, que las mujeres y los hombres que integramos esta Legislatura, somos sus aliados en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus labores que realiza.

Muchas gracias, estamos muy honrados con su presencia.

Para significar la visita de la señora Ancheita a esta Asamblea, y en cumplimiento al Acuerdo aprobado al 14 de diciembre pasado, la invito a subir a este presídium para entregarle el diploma que le extiende la Cámara de Senadores.

(Se hace entrega del diploma)

Señora Alejandra Ancheita, agradecemos su presencia ante el Pleno del Senado; asimismo, agradezco la visita de sus familiares, que le han acompañado en la sesión.

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros visitantes cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Asociación Civil “Compartiendo Retos”, del municipio de Tepeapulco y Ciudad Sahagún, del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Bienvenidos todos ustedes!

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes.

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Este Pleno del Senado, en diferentes ocasiones se ha congratulado por la caída de grandes capos del narcotráfico.

Sin embargo, el día jueves, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, elementos de la Gendarmería Nacional fueron embocados por la delincuencia organizada, y derivado de esto, 5 elementos fueron asesinados, 3 civiles de igual manera y 8 más están heridos.

Le solicitaría, en primer lugar, que pudiéramos hacer un enérgico llamado a las autoridades para que se dé con los asesinos de estos elementos de la Gendarmería, que reconozcamos su valor, como Senado de la República, no solamente de ellos, sino de muchos otros, que día a día arriesgan la vida por la seguridad de los mexicanos, y que pudiéramos tener un minuto de silencio para estos 5 elementos de la Gendarmería que perdieron la vida a manos de cobardes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Yunes, vamos a tener los nombres de los integrantes de la Gendarmería que fallecieron.

En este momento damos cuenta al minuto de silencio e instruyo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios nos formule un Acuerdo del Senado para efectos de exigir el esclarecimiento de los hechos.

¿Le parece que es el trámite que demos?

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Yunes.





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Compañeras y compañeros.

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Roberto Albores Gleason y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 5º y 8º de la Ley General de Bibliotecas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5° Y 8° DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

(Presentada por los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores de la República:

La Secretaría de Educación Pública se instituyó en septiembre de 1921, por José Vasconcelos, primer titular de la dependencia quien ejecutó uno de los proyectos bibliotecarios más extensos e importantes en la historia de nuestro país.

Por primera vez se crearon cientos de bibliotecas populares en todos los estados de la República y se concibió a la biblioteca como un elementos primordial para el desarrollo del país.

En 1983, solamente se contaba con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades, y el resto en alguno de los 2 mil 378 municipios existentes.

Dicha infraestructura bibliotecaria era insuficiente para atender a 77 millones de mexicanos, motivo por el cual la SEP, en ese mismo año, presentó el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante el cual se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Tal estrategia propuso la creación de por lo menos una biblioteca en la capital de cada entidad federativa, instalándose 31 bibliotecas estatales a través de la colaboración de los distintos niveles de gobierno, hecho que posteriormente dio origen a las redes estatales y delegaciones.

Para 1986, los ayuntamientos con una población mayor de 30 mil habitantes, contaron con una biblioteca municipal.

Al día de hoy, nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas, considerada como la más grande de América Latina, es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, con la participación del gobierno federal, esencialmente de carácter técnico y normativo.

Según cifras del INEGI, un estimado de 13 mil 432 bibliotecas públicas especializadas y escolares integran la Red Nacional de Bibliotecas, de las cuales operan las 7 mil 388 de carácter público establecidas en 2 mil 281 municipios, lo que representa una cobertura municipal del 93.2 por ciento del total existente en la República.

El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, en su apartado de consideraciones, manifiesta que la meta nacional “México con Educación de Calidad” tiene como objetivo, entre otros, ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual resulta necesario implementar una política de Estado capaz de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población, así como de proveer la infraestructura adecuada.

En el mismo sentido, dicho programa, en su Capítulo III denominado “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, establece en sus objetivos 2 y 3 “Impulsar la educación y la investigación artística y cultural”, y “Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella”, respectivamente.

Derivado de lo anterior, se propone adicionar la Ley General de Bibliotecas mediante un segundo párrafo al artículo 5º, a efecto de establecer la obligación de contar, por lo menos, con una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas, en todos los municipios del país.

En el mismo sentido, se propone adicionar la actual fracción I, del artículo 8º, con la finalidad de que, en la atribución que los gobiernos de los estados tienen para integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, se especifique la obligación de que ésta deberá conformarse por lo menos con una biblioteca en cada uno de los municipios.

Finalmente, para el cumplimiento de lo anterior, se establece como medida transitoria que se cuente con 3 años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Con esta reforma, se pretende que todos los municipios y en todas las delegaciones del país existan bibliotecas públicas.

No basta con que la Red Nacional de Bibliotecas se encuentre institucionalizada para nuestro sistema legal.

Para fortalecer este sistema, es necesario contar con la cobertura total en México de establecimientos que garanticen a un mayor número de mexicanos el acceso gratuito a la lectura a través de servicios suficientes y adecuados.

Así contribuimos a la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Peña Nieto, para seguir transformado a México.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, legisladores Senadores MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en artículos 164, numerales 1 y 2, 169, numeral 1, y 172, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, Y EL ACTUAL SE RECORRE PARA CONFORMAR EL TERCERO, AL ARTÍCULO 5°; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8°, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se instituyó en septiembre de 1921 por José Vasconcelos, primer titular de la dependencia, con el fin de promover la creación de escuelas en todo el país, organizar cursos, editar libros y fundar bibliotecas que fortalecieran el proyecto educativo nacionalista. Preocupado por fomentar la lectura entre la población mexicana, ejecutó uno de los proyectos bibliotecarios más extensos e importantes en la historia de México. Por primera vez se crearon cientos de bibliotecas populares en todos los estados de la República, y se concibió a la biblioteca como un elemento primordial para el desarrollo del país.

En México se han emprendido importantes esfuerzos para impulsar al libro, la lectura y las bibliotecas. Una de las acciones más relevantes se dio con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuyo objetivo fundamental fue impulsar entre la sociedad mexicana el acceso igualitario a la educación y la cultura, y particularmente a la lectura formativa, informativa y recreativa.

En 1983, solamente se contaba con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades y el resto en algunos de los 2,378 municipios existentes. Dicha infraestructura bibliotecaria era insuficiente para atender a 77 millones de habitantes, motivo por el que la Secretaría de Educación Pública, ese mismo año, presentó el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas mediante el que se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RENABIP) que permitió establecer un sistema bibliotecario normalizado, interconectado y descentralizado coordinado en todos los municipios del país. Tal estrategia, propuso la creación de, por lo menos, una biblioteca en la capital de cada entidad federativa, instalándose 31 bibliotecas estatales, a través de la colaboración de los distintos niveles de gobierno, hecho que posteriormente dio origen a las redes estatales y delegaciones. Para 1986, todos los ayuntamientos con una población mayor a 30 mil habitantes contaron con una biblioteca municipal.

En 1985, por acuerdo del entonces Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles surgió la Dirección General de Bibliotecas (DGB); en 1988, cuando se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Dirección se integró a este nuevo organismo y, en ese mismo año, se publicó en Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, con el fin de institucionalizar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de funciones en la operación, mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas.

Situación actual

Nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas, considerada como la más grande de América Latina, es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva, conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Funciona a través de un esquema descentralizado, con respeto a la soberanía y autonomía de los estados y municipios. La participación del gobierno federal es esencialmente de carácter técnico y normativo, en tanto que a los gobiernos locales corresponden las tareas y responsabilidades operativas de cada biblioteca.

Actualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un estimado de 13,432 bibliotecas (públicas, especializadas y escolares) integran la Red Nacional de Bibliotecas, de las cuales opera las 7,388 de carácter público establecidas en 2,281 municipios, lo que representa una cobertura municipal del 93.2 por ciento del total existente en el país, proporcionando servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, en su apartado de consideraciones, manifiesta que la meta nacional “México con Educación de Calidad” tiene como objetivo, entre otros, ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual resulta necesario implementar una política de Estado capaz de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población, así como de proveer la infraestructura adecuada.

En el mismo sentido, dicho programa, en su Capítulo III denominado “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, establece en su objetivos 2 y 3 “Impulsar la educación y la investigación artística y cultural”, y “Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella” respectivamente.

Por otra parte, el Artículo Tercero del “Decreto por el que aprueba el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018” establece que “…La Secretaría de Educación Pública y las entidades paraestatales coordinadas por la misma, de conformidad con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 y las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa”.

De acuerdo a la Ley General de Bibliotecas, una biblioteca pública es “todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.”

Derivado de lo anterior, se propone adicionar la Ley General de Bibliotecas, mediante un segundo párrafo al artículo 5°, a efecto de establecer la obligación de contar, por lo menos, con una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas en todos los municipios de las entidades federativas y delegaciones del Distrito Federal.

En el mismo sentido, se propone adicionar la actual fracción I del artículo 8º con la finalidad de que en la atribución que los Gobiernos de los Estados tienen para integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, se especifique la obligación de que ésta deberá conformarse, por lo menos, con una biblioteca pública en cada uno de sus municipios.

Con esta reforma se busca garantizar que en todos los municipios y delegaciones del país existan bibliotecas públicas. No basta con que la Red Nacional de Bibliotecas se encuentre institucionalizada en nuestro sistema legal. Para fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas es necesario contar con la cobertura total en México de establecimientos que garanticen a un mayor número de mexicanos el acceso gratuito a la lectura, a través de servicios bibliotecarios suficientes y adecuados.

Con esta reforma se contribuye a la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Federal.

Para el cumplimiento de lo anterior, se establece como medida transitoria que se cuente con tres años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que en los municipios del país en los que aún no exista, por lo menos, una biblioteca pública, las establezcan e integren a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Por todo lo expuesto, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el actual para conformar el tercero, al artículo 5°; y se adiciona la fracción I del artículo 8°, ambos de la Ley General de Bibliotecas.

Único.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el actual para conformar el tercero, al artículo 5°; y se adiciona la fracción I del artículo 8°, ambos de la Ley General de Bibliotecas., para quedar como sigue:

ARTICULO 5o.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de Educación Pública y aquéllas creadas conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública con los Gobiernos de los Estados y del Departamento del Distrito Federal.

Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán en cada uno de sus municipios y delegaciones respectivamente, por lo menos, con una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas.

Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, celebrará con los gobiernos estatales y los ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios.

ARTICULO 8o.- Corresponderá a los Gobiernos de los Estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I.- Integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, que se conformará, por lo menos, con una biblioteca pública en cada uno de sus municipios;

II.- a IX.- … .

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se contará con un período de tres años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de dar cumplimiento con el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Suscriben

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mcul01&s=est&c=21723

http://www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, orientando la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, lo cual incluye además tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342485&fecha=28/04/2014

Art. 2 de la Ley General de Bibliotecas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos.





 

Tiene ahora la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona en el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Adelante, Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 418 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 421 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 76 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del PAN)

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Hoy venimos a presentar una iniciativa con la que se pretende reformar el artículo 418 y 421 del Código de Procedimientos Penales. Asimismo, los artículos 25, 76 y 90 del Código Penal Federal.
Con esta iniciativa buscamos dos objetivos muy claros.

El primero. Flexibilizar los requisitos para que las mujeres soliciten su libertad provisional, bajo protesta, cuando se trata de delitos no graves, y así no ingresen a un centro penitenciario durante el proceso de investigación.

El segundo objetivo es que el juez que dicte una sentencia de pena de prisión, que no exceda de cuatro años, a una mujer, sustituya la prisión y otorgue el beneficio de condena condicional, para que no ingrese al centro penitenciario.

De esta manera, lo que pretendemos es evitar varias consecuencias negativas para las mujeres que por primera vez se ven envueltas en una causa criminal.

Algunos datos que sustentan esta propuesta, son los siguientes:

En términos generales, las mujeres que se encuentran sujetas a un procedimiento o que se encuentran ya cumpliendo alguna sentencia; se encuentran también en una situación muy vulnerable, porque muchas de ellas son jefas de familia, madres, que tienen incluso sus hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios.

La problemática de las mujeres en prisión se desprende del hecho de que en México hemos abusado de esta figura de la prisión. Por un lado, casi la mitad de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios del país, ya sean hombres o mujeres, son procesados y privados de la libertad bajo el sistema tradicional; pero también hay cifras que nos dicen, de acuerdo, cifras oficiales del INEGI, por ejemplo, que nos dicen que más del 90 por ciento de las sentencias condenatorias tuvieron penas de prisión; el 58 por ciento de los internos, purgan penas de prisión menores a tres años; el 3.5 por ciento de las sentencias, tuvo sanciones alternativas, como multa o reparación del daño; y el 85.6 por ciento de los sentenciados, con penas de prisión, en las sentencias condenatorias, en los juzgados de Primera Instancia del Fuero Federal, tuvieron una prisión menor a cinco años.

Es por ello que, en agosto del 2014, existía una sobrepoblación de más de 56 mil 727 internos en los centros penitenciarios de todo el país, y en 217 de estos centros había sobrepoblación.

Esta situación, también, resultó debido a que la mayoría de los internos que fueron privados de su libertad, fue por delitos no graves.

Lo anterior trae consigo varias consecuencias negativas. Una de ellas, es que la prisión preventiva provoca la contaminación criminógena, esto es, cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves, son obligados a convivir en los centros penitenciarios con delincuentes que son mucho más peligrosos y que tienen conductas criminales y un historial de criminalidad mucho más grave.

El hacinamiento también puede constituir un trato cruel e inhumano y violación a los derechos humanos de quienes están compurgando una sentencia.

En cuanto a las penas de corta duración, éstas provocan además de la contaminación criminal, que no se pueda cumplir con el objetivo de la reinserción social, por el plazo que tienen muchos de ellos para compurgar su pena.

La exposición de los internos a incidentes violentos, a redes de corrupción al interior de los centros penitenciarios, hacen que lo más probable que terminen insertos en este tipo de actividades criminales, más que una readaptación.

Por otro lado, también el encarcelamiento no sólo afecta al interno, sino también al núcleo familiar. El tener en prisión a una madre o a un padre afectará no solamente a la persona en sí misma, sino a su familia y muchas veces tiene efectos colaterales a otras personas.
La prisión no sólo resulta costosa socialmente, también monetariamente.

Según datos del INEGI, se destinan anualmente más de ocho mil millones de pesos para el mantenimiento de los centros penitenciarios. Esto es, hay un costo promedio de casi 140 pesos diarios por persona, que se encuentra recluida en alguno de los centros penitenciarios.

México, como todos sabemos, forma parte de las Naciones Unidas, como miembro de estas Naciones Unidas, también comparte la obligación de promover muchas de las reglas que al interior de las Naciones Unidas se promueven.

Una de ellas son las Reglas de Bangkok. Estas reglas nos dictaminan que, por un lado, se debe de dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a las mujeres que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal.

También, nos dicen estas reglas, que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad, y como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su reinserción social.

Otra disposición de estas reglas, es que alienta a los Estados miembros a aprobar la legislación para establecer medidas sustitutivas del encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de estos sistemas, así como la elaboración de los mecanismos necesarios para su aplicación.

Aunado a la anterior, la Regla 57 establece que se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y a la condena concebida específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente su historial de victimización de muchas de ellas y su responsabilidad que tienen respecto al cuidado de otras personas.

Por lo tanto, las Reglas de Bangkok, sugieren que en el caso de las mujeres delincuentes, debemos dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad.

Aprobando esta propuesta o esta iniciativa que hoy presentamos, lo que buscamos es que las personas que por primera vez se encuentren en una causa criminal, que es por un delito no grave, que siendo sentencias y no exceda más de cuatro años la sentencia, puedan sustituir la pena, bajo este mecanismos de una pena sustitutiva a la de la prisión, y que busca, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Me queda claro que es un tema que habrá de debatirse, que abre el debate para los especialistas, pero que también, me parece, debemos de avanzar a buscar otros mecanismos diferentes y dejar de lado el sistema tradicional, de solamente imponer sanciones privativas de la libertad.

Esta es la propuesta, y esperemos que una vez turnada a las comisiones, se dé un debate amplio y podamos encontrar una solución para esta problemática.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Torres Graciano.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas y se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora De la Peña.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Esta iniciativa, ciertamente la firmamos distintas Senadoras y Senadores.

Quiero hacer referencia que los graves acontecimientos de Iguala, Cocula y Ayotzinapa, derivaron, entre otras decisiones, que familiares de las personas heridas y desaparecidas recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, para solicitar, de manera urgente, medidas cautelares al Estado mexicano, a principios de octubre del año pasado.

Entre las diversas acciones, que tanto el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acordaron, se encuentra la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde, además de dar seguimiento al proceso de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, perpetrada por policías municipales de Iguala y de Cocula, también se propone la creación de una legislación nacional sobre desaparición de personas, fundada en los preceptos de los tratados internacionales, que México ha aprobado.

En el Senado, como ustedes saben, tenemos ya bastante tiempo, ante los graves acontecimientos, incluso antes de los graves acontecimientos que yo menciono, discutiendo la pertinencia de una ley general, no solamente de una ley federal, sino una ley general que pueda coordinar los tres órdenes de gobierno y que defina, entre otras cosas, la pertinencia de una implementación en todo el país, a partir de definiciones claras, precisas, únicas, de base de coordinación y coadyuvancia para la efectiva búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas frente a este grave delito que necesariamente derivarán en una legislación de observancia nacional general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo que necesariamente tiene que fundarse en el artículo 73, fracción XXI, proceso también en el que el Senado está trabajando.

El fundamento esencial de la iniciativa que hoy presentamos, establece que, al amparo de la ley, todas las autoridades de la Federación y las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a la coordinación de sus acciones para garantizar la prevención, la investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria de personas acordes a los principios, procedimientos y protocolos establecidos para lograr que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y de testigos, así como a regresar a la persona con vida a su núcleo familiar.

La redacción de cada uno de los capítulos y el articulado de esta iniciativa que hoy comento, toma en consideración tanto la vinculación y preceptos de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, aprobada en 1992; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de junio de 1994, en el ámbito de la OEA; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de julio de 1998; y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de junio de 2006.

Indispensable para fundar el bien jurídico tutelado, el análisis de la legislación internacional y la doctrina que se ha venido construyendo desde la expertiz de diversos especialistas y organismos de Naciones Unidas y de la propia OEA, como también de la Unión Europea.

Por lo tanto, resulta evidente que la comisión del crimen, de desaparición forzada, viola, en perjuicio de la víctima, el derecho a su libertad y la seguridad personal; pero no sólo es importante en esta construcción del tipo penal hacer una diferencia clara de otros tipos penales, como lo son el secuestro o la trata de personas.

Porque con la desaparición forzada se violan, además, una serie de derechos humanos, como la vida, la libertad en su más amplio sentido; porque a la persona desaparecida se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona a la seguridad e integridad física, y además, integridad psicológica.

Se priva a la persona desaparecida de su personalidad jurídica. El desparecido que oficialmente no existe ni vivo, ni muerto, ni en prisión, ni en libertad, queda sustraído de la protección de la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera ocasión, en el caso de Anzualdo contra Perú, llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, por eso es uno de los elementos importantes que analizamos en esta iniciativa.

De tal forma, que en el artículo 5o. de la misma, señala que: “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; oculte el paradero del sujeto pasivo; se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso”.

Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas el particular que, aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, realice alguna de las conductas descritas anteriormente o intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis que refería también.

Es importante, por lo tanto, señalar que la desaparición no sólo contempla desaparición forzada perpetrada por los sujetos que ya señalé. La desaparición involuntaria se emprende con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la priva de la libertad con fines distintos al del secuestro, que es finalmente el delito que definimos y, por supuesto, refrendamos con toda puntualidad. ¿Cuál es, en este caso, el bien jurídico que tutela la presente iniciativa?

La desaparición forzada también ha sido conocida como una estrategia de lucha y supresión política.

Es importante que mencione, de manera muy rápida, la historia que nos ha señalado, cómo aparece por primera ocasión en América Latina, en Guatemala, en 1962, y se extendió al resto de la región latinoamericana en los años 70's, 80's y 90's, y fue perpetrada por regímenes dictatoriales y de gobiernos militares de facto.

El estudio de este grave crimen deriva de la práctica que sufrieron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, pero que también estuvo presente en países como Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y México.

Fue usada, como bien sabemos, por la Unión Soviética en los años 30's, y también fue perpetrada como una práctica genocida por el Tercer Reich alemán de Hitler, en la Alemania nazi.

En México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo fundamenta en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México, obligando a México, al Estado parte, cuando menos a las siguientes obligaciones: una de carácter administrativo, otra que tiene que ver con la no repetición, la reparación del daño, pero otra también que tiene que ver con la importancia, la definición de la ley, revisión del marco jurídico que establezca el cumplimiento de obligaciones legales para la prevención, para la investigación, para la justicia y verdad y, sobre todo, para la no repetición.

La definición, por lo tanto, del tipo penal, como lo he señalado, también considera la desaparición involuntaria; la desaparición equiparada de personas; los delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria y a sus equiparados, los agravantes y atenuantes punitivos; el delito de carácter continuo; su imprescriptibilidad; así como la declaración de ausencia por desaparición de personas, para garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

Éstas son algunas de las características importantes de la iniciativa que hoy presentamos.

Enuncio, de manera general, la constitución del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos sobre personas que se encuentran privadas de la libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto.

Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, cuyo propósito es concentrar en una sola base de datos las personas que se aduce han desparecido.

Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, que integre los perfiles de las personas desaparecidas, de familiares en primer grado, en línea recta de las víctimas, y de los restos que eventualmente se encuentre de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización y ubicación de personas desaparecidas y sus familias.

Definir los protocolos de búsqueda desde un solo enfoque a nivel nacional o para la declaración de ausencia por desaparición, de la atención a víctimas y la reparación integral del daño, son indispensables para darle certidumbre a la resolución de esta grave violación a los derechos humanos.

Finalmente, la iniciativa señala que: “las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con criterios especificados en el artículo 16 de la iniciativa, deberán ser concedidos para su implementación en el Programa Nacional de Procuración de Justicia y en el Programa Nacional de Seguridad Pública”.

Acompaña, esta iniciativa, las reformas a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que sigue, señoras y señores, es ponernos de acuerdo en la redacción de la reforma constitucional, que fundamente la aprobación de la Ley General, y con este proceso legislativo atender las recomendaciones que los organismos de Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, o de las relatorías, o de las comisiones encargadas de revisar el cumplimiento de los tratados que hemos aprobado, o del examen periódico universal y también de los organismos de la Organización de Estados Americanos, que le han hecho al Estado mexicano podamos cumplir de manera irrestricta. No hay ninguna justificación seria, responsable, genuina que se imponga al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas creado por la Convención Interamericana para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En el camino andamos y debemos cumplir debidamente porque ese es el mandato que nos ha dado la ciudadanía.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 19 de marzo del presente año, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento y proporcionar asistencia técnica al Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa, presentaron su informe1 correspondiente a la primera visita a nuestro país efectuada del 1 al 19 de marzo, la cual estuvo centrada en torno a las siguientes cuatro líneas de acción: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.

En este contexto, es importante destacar el llamado realizado por el GIEI para crear una legislación sobre desaparición de personas acorde a los estándares internacionales en la materia, con el objeto de establecer los criterios para una política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los mecanismos de búsqueda urgente, la declaración de ausencia por desaparición que dé respuesta a las necesidades psicosociales, socio laborales y educativas de los familiares, el manejo de las experticias forenses, y los mecanismos de alerta temprana y prevención de forma integral.

De esta forma, la presente iniciativa recoge las recomendaciones y las preocupaciones del GIEI; así como las aportaciones de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desapariciones que acudieron al Senado de la República para participar en distintas actividades entre las que destacan de manera particular el foro “La desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del Congreso de la Unión” y la entrega del “Conjunto de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los Procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición”2.

También se retoman y fortalecen los principios y objetivos que, en su momento, dieron sustento a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas3, presentada el 13 de febrero de 2014 y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas4, presentada el 22 de abril de 2014.

Con base en lo anterior, la presente iniciativa de ley se compone de 60 artículos divididos en nueve capítulos y diez artículos transitorios, sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional; y tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

Al amparo de esta ley, todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada e involuntaria de personas, de conformidad con los principios, procedimientos y protocolos establecidos en la misma, y siempre buscando que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como a regresar a la persona desparecida con vida a su núcleo familiar.

Es oportuno subrayar que sólo después de realizar un profundo estudio del derecho comparado aplicable y de la jurisprudencia internacional, ha sido posible identificar de manera clara la diferencia entre el delito de desaparición forzada de personas  y las figura del secuestro o de la privación ilegal de la libertad como delitos ordinario alternativos que durante mucho tiempo fueron considerados o aplicados por distintos países en casos de desaparición forzada de personas.

De ahí que la desaparición forzada en el ámbito del derecho penal internacional no presente ningún caso concluido ni en trámite frente a la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo. Pero sí hay numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), naturalmente con miras al carácter de violación de derechos humanos y no de comisión de crímenes internacionales.

En la jurisprudencia de la CoIDH se recuerda el mandato que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en su derecho interno conforme a los estándares internacionales. México es Estado Parte de la Convención de Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la cual entró en vigor en 2010) y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (la cual entró en vigor en 1996), sin embargo, tal y como lo ha acreditado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), persiste en nuestro país una disparidad en la tipificación, sanción y prescripción respecto de la desaparición forzada en las diferentes entidades de la República así como en el ámbito federal.

El delito de desaparición forzada de personas en las legislaciones de las entidades federativas

En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal, sin embargo, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluida la prescripción.

Esta desigualdad queda plasmada en el siguiente cuadro:

ENTIDAD FEDERATIVA

NORMATIVIDAD

OBSERVACIONES

Aguascalientes

Artículo 136 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Considera a la desaparición forzada de personas como la acción de detener y mantener oculta a una o varias personas, o Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.

Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.

La sanción impuesta por esta legislación consiste en aplicar de 10 a 30 años de prisión y de 300 a 600 días multa y con la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Baja California

Artículo 167 Bis del Código Penal para el Estado de Baja California.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones detenga o mantenga oculto a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

La sanción consiste en aplicar una pena de 15 a 40 años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como también, cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Baja California Sur

No se encuentra tipificado.

Campeche

Artículo 181 del Código Penal para el Estado de Campeche.

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el agente estatal que, con motivo de sus atribuciones priva de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Asimismo, contempla atenuantes para quienes suministren información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Chiapas

Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas.

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como también, sancionar y establecer medias de reparación integral del daño.

Chihuahua

Artículo 165 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Establece una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Asimismo, también se considera como sujeto activo, el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, participe en la comisión de éste delito.

Finalmente, determina atenuantes tanto para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Coahuila

Artículos 212 Bis, 212 Bis 1, 212 Bis 2, 212 Bis 3, 212 Bis 4, 212 Bis 5 y 212 Bis 6 del Código Penal del Estado de Coahuila.

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.

Asimismo, contempla como sujeto activo al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos tendientes a la desaparición forzada de personas.

Prevé el establecimiento de una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo público.

Se considera como un delito de ejecución permanente, en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima.

Finalmente, considera atenuantes para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, así como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.

Colima

Artículo 202 Bis y 202 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima.

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Contempla una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación hasta por quince años para el desempeño de cualquier cargo público.

De igual manera, prevé una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientas unidades de   multa, para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.

Contempla atenuantes para quienes proporcionen información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Finalmente, equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

Distrito Federal

Artículo 168 del Código Penal para el Distrito Federal.

Considera como sujeto activo al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

La sanción impuesta es de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

De igual modo, prevé sanciones para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, las cuales consisten en imponer una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa.

Establece diversas atenuantes en torno a proporcionar información tendiente a lograr la aparición con vida de la víctima.

Finalmente, el delito de desaparición forzada de personas no se sujeta a las reglas de la prescripción.

Durango

Artículo 364 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.

Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Establece sanciones de cinco a veinticinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Dichas penas se imponen de igual manera al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.

Contempla atenuantes cuando se proporcione información que permita esclarecer los hechos, así como, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Refiere que éste delito no se sujeta a las reglas de la prescripción.

Guanajuato

Artículos 262-a y 262-b del Código Penal del Estado de Guanajuato.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que hubieren sido previamente detenidas por la autoridad.

Establece una sanción de cinco a cuarenta años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.

Guerrero

Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569.

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como, sancionar a los autores, cómplices y encubridores de éste delito y, finalmente, establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas.

Hidalgo

Artículo 332 Ter del Código de Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el paradero de la víctima.
Impone una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días, así como también, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la pena.

Jalisco

Artículos 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-E, 154-F y 154-G de Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

En este sentido, determina que de igual modo es sujeto activo, aquel que intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.

Asimismo, regula la desaparición forzada por particulares.

Establece una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario mínimo.

Considera como agravante incrementando la pena hasta en una tercera parte, cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad.

Las penas aumentan hasta el doble es perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Contempla como atenuantes disminuyendo la pena hasta en un cincuenta por ciento, cuando se proporciona información que permita esclarecer los hechos.

México

No se encuentra tipificado.

Michoacán

Artículos 230, 231 y 232 del Código Penal del Estado de Michoacán.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.

Contempla una sanción de veinte a cuarenta años de prisión, e inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. Se establecen como agravantes cuando  el superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito,  haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo; cuando el sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años,  mayor de setenta años, indígena o mujer embarazada, así como también, cuando se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito, y finalmente, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Se consideran como atenuantes cuando se proporciona información que permita la localización de la víctima, así como, cuando la ésta es liberada dentro de los diez días siguientes a su liberación, la pena será de dos a doce años de prisión.

El delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.

Morelos

No se encuentra tipificado.

Nayarit

Artículo 291 A

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cuales quiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas.

Asimismo, también considera como sujeto acto activo a todo aquel que aun cuando no sea servidor público, actúe mediante la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.

Contempla una sanción de cinco a veinte años de prisión y una multa de cien a cuatrocientos días de salario.

Nuevo León

Artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.

Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.

Asimismo, se establece que si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del concurso.

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas.

Oaxaca

Artículos 348 Bis D y 348 Bis E del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, quien por orden o con la autorización o apoyo  de autoridades del Estado, priva de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el Servidor Público que ordene, autorice o apoye la desaparición.

Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

Impone una pena de cinco a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como, la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada.

Implementa medidas tendientes a disminuir la pena cuando se proporciona información, así como también, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima.
Refiere que, el Estado y los municipios serán solidariamente responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Puebla

Artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Establece como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días de salario mínimo, así como, la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años. En este sentido, de igual manera considera como sujeto activo, al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, recibiendo una sanción de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo. Determina atenuantes para aquellos casos en que se proporcione información que permita esclarecer los hechos y, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.

Querétaro

En proceso de publicación, aprobada por comisiones.

Quintana Roo

No se encuentra tipificado.

San Luis Potosí

Artículos 136 quinque y 136 sexties.

Establece que el delito de desaparición forzada de personas, se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas.

De igual modo, se considera como sujeto activo, el particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, participe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.

El delito al que se refiere éste artículo, es de ejecución permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión.

Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como, para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Sinaloa

Artículos 172 Bis, 172 Bis A, 172 Bis B, 172 Bis C, 172 Bis D, 172 Bis E, 172 Bis F, 172 Bis G, 172 Bis H, 172 Bis I. del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.

Determina una pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, así como, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de diez a veinte años.

Es considerado como un delito permanente e imprescriptible.

Sonora

Artículos 181 Bis, 181 Bis 2, 181 Bis 3, 181 Bis 4, 181 Bis 5, 181 Bis 6, 181 Bis 7, 181 Bis 8, 181 Bis 9 181 Bis 10 y 181 Bis 11 del Código Penal del Estado de Sonora.

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Es considerado como un delito permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.
Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de diez a veinte años.

Tabasco

No se encuentra tipificado.

Tamaulipas

No se encuentra tipificado.

Tlaxcala

No se encuentra tipificado.

Veracruz

No se encuentra tipificado.

Yucatán

No se encuentra tipificado.

Zacatecas

No se encuentra tipificado.

En ninguna de las legislaciones penales, ni de las entidades federativas, ni de la federación, se encuentra tipificada la desaparición involuntaria de personas. De ahí que el Capítulo II de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, denominado De los Delitos de Desaparición de Personas, desarrolle puntualmente lo siguiente;

Bien jurídico tutelado

Para Santiago Corcuera5, [e]l primer elemento constitutivo [del delito de desaparición forzada de personas] es la privación de libertad de la víctima, cualquiera que fuera su forma. Es decir, la privación de libertad puede inicialmente haber sido una detención o arresto legal, pero cuando es seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar dicho paradero de la personajes cuando comienza propiamente a perpetrarse el crimen de desaparición forzada, y desde luego, aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal, se convierte automáticamente en ilegal, en la medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes tanto para la víctima directa de la desaparición (la persona privada de libertad) como para sus familiares.

Sin embargo, de acuerdo al Folleto Informativo sobre la práctica de la desaparición forzada elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

La práctica de la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como en otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario.

Las desapariciones pueden entrañar también violaciones graves de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957, así como del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General en 1979 y 1988, respectivamente. En una desaparición pueden violarse también los derechos siguientes:

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

El derecho a la libertad y seguridad de la persona;

El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y

El derecho a la vida.

Las desapariciones violan en general el derecho a llevar una vida de familia así como diversos derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación. En efecto, se ha comprobado que la desaparición del principal sostén económico de la familia, en particular en las sociedades menos prósperas, suele dejarla en una situación socioeconómica desesperada, en la que es imposible ejercer la mayoría de los derechos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres. Cuando las mujeres son víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo. Además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A este título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias.

Los niños son también afectados por las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos humanos.6

La Declaración prevé en su artículo 1.2 lo siguiente:

Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

De lo enunciado en el párrafo anterior, se deriva claramente que la comisión de desaparición forzada implica la violación de diversos derechos humanos. Se trata de una conducta multiviolatoria de derechos y por lo tanto pluriofensiva.

Así lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos:

[...] Todo acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de los derechos consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y la seguridad personales (art. 9), el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).7

De lo dicho en el apartado inmediato anterior, resulta evidente y más allá de toda duda que la comisión del crimen de desaparición forzada viola en perjuicio de la víctima el derecho a su libertad y la seguridad personales.

Esto se desprende de la propia definición de desaparición forzada a la luz de los instrumentos internacionales mencionados. Además, el artículo 1.2 de la Declaración establece expresamente que la desaparición forzada constituye una violación al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. De manera consistente, en los casos en que la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han encontrado a algún Estado responsable de desaparición forzada, se señala como derecho violado en perjuicio de la víctima el derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Sin embargo, la acreditada organización Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial, en el Consejo de Derechos Humanos, en su exposición presentada por escrito por primer período de sesiones, 19 al 30 de junio de 2006. Afirma lo siguiente:

Con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos: a la vida, a la libertad en su sentido más amplio porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada lino de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica, etc. En resumen, se priva al desaparecido de su personalidad jurídica.[...]el desaparecido (que oficialmente no existe, ni vivo, ni muerto, ni en prisión[,] ni en libertad) queda sustraído a la protección de la ley[.]8

Asimismo, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Anzualdo vs. Perú la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, cuando expresa que:

101. En consideración de lo anterior, la Corte estima que en casos de desaparición forzada de personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se tradujo en una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Anzualdo Castro.

El tipo penal de desaparición forzada de personas

Cuatro instrumentos internacionales hacen una descripción de la conducta del delito de desaparición forzada de personas, a saber:

1. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 18 de diciembre de 1992. Cuya definición establece que la desaparición forzada de personas  es que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndose así a la protección de la ley.9

2. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dictada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.10

3. Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.Establece que es [l]a aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.11

4. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 22 de junio de 2006.Lo configura como [e]l arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.12

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia13 ha considerado que dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha consolidado internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos.

Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada:

a. La privación de la libertad;

b. La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos;

c. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, y

d. Que con estas acciones se obtenga como resultado sustraer a la víctima de la protección de la justicia.

Por su parte, la Corte Interamericana en la sentencia del caso Radilla Pacheco, sostuvo:

La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002, los travaux préparatoinres a ésta, su preámbulo y normativa, sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.14

Los elementos típicos de la desaparición forzada de personas se desprenden fundamentalmente de los cuatro instrumentos internacionales a los que ya se hizo referencia, a saber, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contralas Desapariciones Forzadas.

La diferencia de la desaparición forzada de personas con otras formas de privación de la libertad, consiste primeramente en que esta se ejecute o pretenda ejecutar, por agentes estatales o por personas o grupos de personas que con la autorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, o que se prive de la libertad a una persona -como lo sostiene el Estatuto de Roma- por una organización política, pero con la aquiescencia de los agentes del Estado; en segundo lugar, que luego de la privación de libertad -sea ésta legal o ilegal- los agentes estatales se nieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertado de informar sobre el paradero de la víctima, y en tercer lugar, resulta fundamental que con la conducta omisiva se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en perjuicio del sujeto pasivo de este delito.

Así, se hace necesaria una norma integral que comprenda un concepto del delito que contenga todos los elementos constitutivos del ilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmente por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Así podemos afirmar que se desprenden de esta definición dos tipos penales, el establecido en el proyecto en el artículo 5 y el correspondiente al artículo 6.

En el primero encontramos como elementos objetivos: la conducta inicial, consistente en que se realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona; la conducta posterior, que el activo se niegue a proporcionar información o la que proporcione dolosamente sea falsa; el sujeto activo, una persona con calidad de servidor público; el sujeto pasivo, por supuesto es una persona sin importar la calidad de esta; y el elemento objetivo que consiste en que las conductas realizadas den como resultado el impedir el acceso a la justicia de la víctima y así se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En el segundo caso (art. 6), los elementos objetivos son los mismos, con excepción de que el activo no es propiamente un servidor público, sino un particular que actúa con autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, o que con concierto previo, ordene, ayude, planee, ejecute o participe en la realización de la desaparición forzada de personas.

Desaparición involuntaria de personas

El artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que:

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

Esto significa, que si bien los particulares no cometen el delito de desaparición forzada de personas, los Estados parte tienen la obligación de tipificar el delito cuando es cometido por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A esta conducta se le denomina desaparición involuntaria de personas y tiene como característica esencial, a diferencia del secuestro u otras modalidades de privación de libertad, que la víctima queda sin el recurso del acceso a la protección que el estado debe brindarle a toda persona. Es indispensable señalar que los propósitos de dicha privación de la libertad son distintos a los del secuestro, de manera que no se confundan ambas conductas.

Desaparición equiparada de personas

Es totalmente conocido, sobre todo por la experiencia de países latinoamericanos que sufrieron las consecuencias de este delito durante el periodo de dictaduras militares, que una vez que tenían ocultas y privadas de su libertad a mujeres en centros de reclutamiento de victimas del citado delito, estas en ocasiones salían embarazadas concibiendo hijas e hijos, mismos que les eran sustraídos y dados en adopciones ilegales, o bien se les cambiaba la identidad y eran registrados como hijos de otras personas mediante actas falsas, motivo por el cual, es indispensable tipificar como delito equiparado a la desaparición de personas, el ocultamiento de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición durante el cautiverio.

En este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en su artículo 25:

Artículo 25

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;

b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso  a) supra.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los que hace referencia el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.

5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.

Delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria de personas y a sus equiparados

Es materia de este proyecto de Ley establecer con claridad los delitos relacionados a las conductas típicas descritas en los artículos 5, 6, 7 y 8. Así, si bien para las conductas determinadas en los artículos 9, 10 y 11 no es posible determinar a los activos como autores o partícipes de los delitos de desaparición forzada o involuntaria o sus equiparados, por no haber concierto previo en sus acciones u omisiones, se considera que dichas conductas son en sí mismas lesivas y, de ocurrir, deberán estar penadas por la Ley.

Agravantes y atenuantes punitivas.

Los artículos 12 y 13 del presente proyecto proponen además que se pueda atenuar hasta en una mitad la pena privativa de libertad si el activo del delito proporciona cualquier información que pueda llevar a recuperar a la víctima del delito de desaparición forzada o involuntaria con vida. En el caso del segundo, se disminuirá la pena en un tercio cuando se puedan recuperar los restos corpóreos de la persona o se localice y aprenda al autor del delito.

El artículo 14 establece que los agravantes de los delitos de desaparición de personas, forzada, involuntaria o equiparada aplicarán en los casos que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte; se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito; la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular; el autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública; el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo; la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

Delito de carácter continúo.

Es indudable, que la desaparición forzada tiene una determinada duración o desarrollo en el tiempo. Es decir, es un crimen de carácter continuo o permanente, en tanto dure. La Convención Interamericana en su Artículo III, establece que:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.
La Convención de la ONU, en su artículo 8 señala:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

La Declaración en su Artículo 17, establece que:

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

Lo anterior se encuentra en sintonía con el Código Penal Federal, el cual  establece por delito permanente o continuo en su artículo 7, fracción II: Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo.

En el Capítulo III, relativo a la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas, se establece que las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas; elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas.

De igual forma, crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública; establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desaparición de personas de las Instituciones de Seguridad Pública; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización, entre otras.

Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables. Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

En el Capítulo IV, relativo al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas se dispone que dicho registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente. Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas.

El Capítulo V, correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, estipula que este registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:

a. Sexo;

b. Edad;

c. Nacionalidad;

d. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;

e. Origen étnico;

f. Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g. Señas particulares; y

h. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.

El Capítulo VI, denominado del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia.

Para ello, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;

III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:

a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; y,

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;

IV. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;

El Capítulo VII, relativo al Procedimiento de Búsqueda de Emergencia tiene por objeto que las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia, realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse.

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

Para complementar lo anterior, los Capítulo VIII y IX, correspondientes al procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición y a la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño, respectivamente, buscar reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

Estarán facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida; 

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar,

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VIII. El Ministerio Público;

IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.

Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.

En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto. 

La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez; 

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

V. Salvaguardar sus derechos escolares;

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;

VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y

IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

De igual modo, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable; 

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes. 

Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

Finalmente, por lo que tiene que ver con la reforma al sexto párrafo del artículo 15 y la adición de un último párrafo al artículo109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que aun cuando el juicio de amparo es una institución importantísima para la defensa de los derechos humanos -que efectivamente es un recurso sencillo, rápido, generalmente puede incluso paralizar actos futuros-, para el caso de desaparición forzada de personas presenta dificultades que lo limitan para la localización de personas desaparecidas.

Si bien es cierto que en el marco jurídico mexicano, las garantías y los derechos humanos de las personas se encuentran amparadas y protegidas por los Tribunales Federales mediante el juicio de amparo, también lo es que tratándose del delito de desaparición forzada de personas, el individuo es sustraído de todo régimen jurídico vigente, en consecuencia, queda intempestivamente destruida toda la estructura técnico-jurídica del juicio de amparo.

Todo ello, propicia que el Estado se encuentre en condiciones de eludir su responsabilidad política de un acto arbitrario de suma gravedad que atenta contra la vida, la libertad y la seguridad física y jurídica de la víctima y de sus familiares, que se comete con la ventaja del sujeto activo que cuenta, por acción o por omisión con el respaldo y con recursos del Estado.

No obstante que el 2 de abril de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas correspondientes a la Ley de Amparo donde se establece que a nombre de la persona desaparecida pueda promover el juicio de amparo cualquier persona en su nombre, aún con esta disposición el Juicio de Amparo presenta problemas prácticos que básicamente se refieren a la ubicación y localización dela persona desaparecida, pues si se parte del hecho de que se trata de una situación donde pudiera requerir la intervención de una autoridad pública para mantener oculta el paradero de una persona, es evidente la facilidad con que cuenta para lograr su objetivo.

Diversos supuestos pueden presentarse al buscar a una persona desaparecida; por ejemplo, que la retención se realice en algún centro de reclusión clandestino, lo que de suyo hace imposible su localización; otro supuesto, el detenido está en una cárcel oficial, pero no se realiza el registro de la detención, o se demora el ingreso del servidor público para lograr su ocultamiento; un caso más, la persona desaparecida pueda estar en alguna instalación militar y, aun cuando es posible ingresar a estos lugares, el acceso es restringido y requiere autorizaciones previas que permiten perfectamente ganar tiempo que se emplea en su ocultamiento o extracción a un lugar distinto. En fin las posibilidades son diversas.

Pero la localización del paradero de una persona desaparecida no sólo es un problema práctico, también incide en el ámbito normativo, pues el órgano que dé seguimiento a una desaparición forzada debe tener la facultad de solicitar a las autoridades, información que contribuya a la localización rápida y oportuna de la persona, y además, la posibilidad de ingresar a todo tipo de centros de detención sin objeción alguna.

Si bien la Ley de Amparo cubre la primera parte porque en el trámite del juicio se solicita informe a las autoridades señaladas como responsables y permite hacer todas las gestiones necesarias para ubicar a la persona, no hay normatividad suficiente para ejecutar directamente la búsqueda. Por tanto, la iniciativa de reformas al sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo que proponemos, plantea que cuando las circunstancias del caso la persona que presente la demanda de amparo, se trate de una posible desaparición, el Juez deberá ordenar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Dicha medida facultará a las Unidades encargadas de implementar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud tanto públicos como privados.

Por otra parte, el artículo 109 de la Ley de amparo establece que cuando se promueva un amparo en los términos del artículo 15, (es decir, los supuestos en materia de desaparición de personas), bastará para la admisión de la demanda, que se exprese el acto reclamado; la autoridad responsable, si fuere posible; el lugar en que se encuentre la víctima, y la autoridad que ejecute el acto. Con lo anterior, se restringe la efectiva protección de los derechos humanos, ya que, indica como requisitos de procedibilidad que se señalen la o las autoridades responsables, el lugar de la detención y la autoridad que ejecute el acto.

Al respecto, en el caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán versus México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que al establecer como requisito que se señale el lugar de la detención, hace que el amparo resulte inadecuado en México para determinar el paradero de una presunta víctima de desaparición forzada, ya que es contrario a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de ambos órganos del sistema interamericano. Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si el recurso de exhibición personal exigiera identificar el lugar de detención y la autoridad respectiva, no sería un recurso adecuado para encontrar a una persona desaparecida, puesto que, en estos casos sólo existe prueba referencial de la detención y se ignora el paradero de la víctima.

Como bien lo sostiene la Corte Interamericana, en la mayor parte de los casos se desconocen tanto las autoridades como el lugar de la detención. En este sentido, el juicio de amparo no tiene efectividad en la protección de los derechos humanos, frente a casos de desaparición forzada de personas. Lo anterior motiva nuestra propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo a fin de crear un verdadero recurso que pueda activarse a fin de prevenir este grave fenómeno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, para quedar como sigue:

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- El objeto de la presente ley es tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

Artículo 3.- Todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Toda persona desaparecida tiene derecho a que las autoridades Federales y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias realicen, con la debida diligencia, todas las acciones necesarias tendientes a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como regresarla con vida a su núcleo familiar, como objetivo principal de sus actuaciones.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por Persona Desaparecida, toda persona que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Asimismo, se entenderá la sustracción de la víctima del acceso a la justicia que se tenga como resultado el que se le impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, que no pueda tener acceso a la protección de la ley o que se le niegue su personalidad jurídica.

Capítulo II
De los Delitos de Desaparición de Personas

Artículo 5.- Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

II. Omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

III. Se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

IV. Oculte el paradero del sujeto pasivo;

V. Mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo;

VI. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

VII. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a treinta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 6.- Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de quince a veinte años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

Artículo 7.- Comete el delito de desaparición involuntaria de persona el particular que con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad, con fines distintos a los del secuestro. A quien cometa el delito de desaparición involuntaria de personas se le impondrá una pena de prisión de quince a veinte años y de quinientos a dos mil días multa.

Artículo 8.- Se equipara al delito de desaparición forzada o involuntaria de persona, según haya intervenido un servidor público o no, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada o involuntaria de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los tres artículos anteriores.

Artículo 9.- El servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en dichos lugares, se les impondrá la pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer cargos públicos.

La misma pena privativa de libertad se  impondrá al particular que sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en algún inmueble de su propiedad.

Artículo 10.- Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos descritos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos mencionados con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos mencionados, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 11.- Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, dolosamente la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Artículo 12.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante las veinticuatro horas  siguientes a su privación de libertad; o

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

Artículo 13.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

Artículo 14.- Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

I. Que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte;

II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

IV. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular;

V. Que al autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública;

VI. Que el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo;

VII. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito;

VIII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

IX. Que se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o

X. Que el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

Para efectos de la fracción VIII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a. Condición de género;

b. Preferencia u orientación sexual o identidad de género;

c. Condición socioeconómica precaria;

d. Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

e. Trastorno físico o mental o discapacidad;

f. Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

g. Ser persona mayor de sesenta y cinco años de edad;

h. Ser persona menor de 18 años de edad;

i. Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

j. Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en especial desventaja respecto del sujeto activo del delito.

Artículo 15.- Los delitos de desaparición de persona son delitos continuos e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa.

Estos delitos se consideran violaciones graves a los derechos humanos y respecto de ellos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior; ni la restricción o suspensión de derechos y garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, ni sustitutivo alguno u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos por agentes del Estado o con su tolerancia o aquiescencia contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considerará crimen de lesa humanidad.


Capítulo III
De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas

Artículo 16.- Las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para:

I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley;

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas;

III. Elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas;

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas previstas en la presente Ley;

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la presente Ley;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley;

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de justicia de las conductas previstas en la presente Ley;

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo a las instancias correspondientes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente;

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente Ley;

XVII. Participar en la formulación de un Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar las conductas previstas en la presente Ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a ofendidos, víctimas y familiares;

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desapariciones de personas de las Instituciones de Seguridad Pública;

XIX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas;

XX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

XXI. Establecer y regular el funcionamiento y la administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y,

XXII. Determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización;

Artículo 17.- Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación.

Artículo 18.- Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades:

I. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre la desaparición de una persona e iniciar la investigación en un plazo no mayor a 8 horas.

II. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables;

III. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales se tenga indicios de que se encuentran involucradas en los delitos previstos en esta Ley;

IV. Sistematizar la información obtenida para lograr la localización de la persona víctima de desaparición de personas y la detención de los probables responsables;

V. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante para la investigación del delito o la localización de las víctimas;

VI. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta Ley;

VII. Proponer al Procurador General de la República o a los procuradores o fiscales de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas;

VIII. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita localizar a la víctima de desaparición de personas, identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean lícitas y con pleno respeto a los derechos humanos, y,

IX. Las demás que disponga la Ley.

Artículo 19.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 20.- Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 21.- Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

Artículo 22.- Los órganos de la federación y de las entidades federativas que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición de personas.

Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

Artículo 24.- El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Artículo 25.- Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

Artículo 26.- Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

Artículo 27.- Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

Capítulo IV
Del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas

Artículo 28.- El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente.

Artículo 29.- Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;
V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VI. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración, y

VII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

Artículo 30.- Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida;

IV. Razón que motivó la detención; y

V. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

Artículo 31.- Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

Artículo 32.- Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

Capítulo V
Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas

Artículo 33.-. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Artículo 34.- Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:

V. Sexo;

VI. Edad;

VII. Nacionalidad;

VIII. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;

IX. Origen étnico;

X. Si se trata de personas con alguna discapacidad;

XI. Señas particulares; y

XII. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;

VII. Validar la información que debe incorporarse al Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VIII. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

IX. Establecer los procedimientos para la obtención y manejo de la información genética de personas, a efecto de integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que coadyuve a la identificación de personas desaparecidas.

X. Las demás que disponga esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas.

Artículo 35.- Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

Artículo 36.- Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas deberán de señalar:

I. El nombre completo de la persona desaparecida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

II. Fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez;

III. Fotografía con una antigüedad máxima de seis meses o, en su defecto, descripción detallada de los rasgos físicos al momento en que desapareció.

IV. Datos de la autoridad administrativa o judicial que conoció la denuncia o el reporte de desaparición, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso, y,

V. Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

Artículo 37.- El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.

El Registro Nacional será alimentado por autoridades competentes en los términos que el Reglamento de esta Ley establezca.

En el momento en el cual la autoridad tuviera conocimiento del paradero de una persona desaparecida, todos los datos de éste deberán ser borrados del Registro, previa notificación a los denunciantes y verificación por éstos de su localización, conservando la autoridad la información que tenga utilidad estadística.

Artículo 38.- La autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona desaparecida y, en caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición.

Artículo 39.- El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.

Artículo 40.- La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, garantizando la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos de conformidad con la legislación aplicable.


Capítulo VI
Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos

Artículo 41.- El Registro Nacional de Perfiles Genéticos es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia.

Artículo 42.- Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;

III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:

a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible, y

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;

IV. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;

VIII. Informar a la autoridad competente cuando se obtenga un impacto identificatorio positivo;

IX. Conservar el material biológico en un soporte adecuado, a los efectos de necesitarse la realización de una contraprueba;

X. Eliminar los registros de la base de datos del Registro  Nacional de Perfiles Genéticos y destruir el material biológico de donde se obtuvo dicho registro cuando sea ordenado por la autoridad judicial competente;

XI. Mantener estricta reserva respecto de la información contenida en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, esta obligación que se extiende a todas aquellas personas que en razón de su función tengan conocimiento de su contenido y que subsistirá aún después de finalizada su relación con el Registro;

XII. Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de modo que se evite su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado,

XIII. Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Perfiles Genéticos con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

Capítulo VII
Del Procedimiento de Búsqueda de Emergencia

Artículo 43.- Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse.

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

Capítulo VIII
De la Declaración de Ausencia por Desaparición

Artículo 44.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

A falta de disposición expresa en esta ley se atenderá de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada, a las disposiciones aplicables en materia civil.

Artículo 45.- Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida; 

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar,

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VIII. El Ministerio Público;

IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.

Artículo 45.- Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.

En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.

Artículo 47.- Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 2º de esta Ley, podrán hacerlo.

Artículo 48.- Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil correspondiente al lugar de domicilio de la persona o sujeto legitimado para formular la solicitud.

Artículo 49.- La solicitud de Ausencia por Desaparición de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana; 

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante. 

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 50.- Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución.

El Juez competente publicará la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial Gubernamental de la entidad federativa de que se trate, así como en el portal de internet que se habilite para estos propósitos tanto en el ámbito federal como estatal y ordenará al Juez del Registro Civil competente la anotación marginal en el acta que corresponda. Los diarios de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida deberán publicar en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales, el extracto de la resolución que ordene el juez sin costo para los familiares.

El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de Personas, aquel en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario.

Artículo 51.- El trámite del procedimiento se orientará por el derecho a la verdad y por los principios de gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial correspondiente erogará los costos durante todo el trámite, incluso las que se generen después de emitida la resolución.

Artículo 52.- La resolución del Juez Competente sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, incluirá las medidas necesarias para garantizar la máxima protección a la víctima, a la familia y a las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana.

Dichas medidas se basarán en la legislación local, nacional e internacional y podrán emitirse medidas urgentes, provisionales o de protección específica antes de la resolución definitiva.

Artículo 53.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez; 

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

V. Salvaguardar sus derechos escolares;

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;

VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y

IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley. 

Artículo 54.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre tomando en cuenta la norma que más beneficie a la persona desaparecida, a la familia, las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana y a la sociedad.

Artículo 55.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

Artículo 56.- El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.

Artículo 57.- En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable; 

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes. 

Artículo 58.- Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona. 

Artículo 59.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada. 

Artículo 60.- En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

Artículo 61.- La presente ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y la legislación secundaria en la materia.

Capítulo IX
De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño

Artículo 62.- Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el sexto párrafo del artículo 15 y se adiciona un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. …


Cuando, por las circunstancias del caso lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición de personas, el juez ordenará el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición de Personas y tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

I. El acto reclamado;

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica.

En los casos de que se trate de las conductas establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, podrán interponer la demanda de amparo los familiares de la víctima; pudiendo omitir expresar el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

Artículo Tercero.- Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, protocolos y demás disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de noventa días, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

Artículo Cuarto.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas y personas desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo Quinto.- El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores y asesores públicos deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo. 

Artículo Sexto.- En relación a los casos de personas desaparecidas denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio Público correspondiente tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas contado a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento

Artículo Séptimo.- Las autoridades competentes tendrán un lapso no mayor a noventa días para dar cumplimiento al presente Decreto respecto del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Perfiles Genéticos.

Artículo Octavo.- Las autoridades competentes establecerán las partidas presupuestales necesarias para garantizar la instrumentación de la presente Ley.

Artículo Noveno.- Las autoridades competentes se coordinarán para emitir los protocolos correspondientes en materia de perfiles genéticos con base en los lineamientos establecidos a nivel internacional y las normas oficiales mexicanas, a los cuales se sujetarán las autoridades federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias.

Artículo Décimo.- En un lapso no mayor a noventa días, las autoridades competentes en materia de atención a víctimas emitirán los protocolos específicos para dar cumplimiento a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del delito de desaparición de personas de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las leyes en la materia.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/19-03-15-BOLETIN-FINAL-GIEI-primera-visita-a-M%C3%A9xico-para-la-investigaci%C3%B3n-de-caso-Ayotzinapa.pdf

2 http://colaboracioncivica.org/esp/declaracion-de-ausencia-por-desaparicion/

3 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45641

4 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46884

5 Corcuera Cabezut, Santiago. Los Estándares Internacionales en Materia de Desapariciones Forzadas. Análisis a partir del Caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Folleto informativo No. 6 (Revs.2) - Desapariciones forzados o involuntarias. Tomado de http://www2.0hchr.0rg/spanish/issues/disappear/members.htm#facts

7 Comité de Derechos Humanos. S. Jegatheeswarct Sarma y Sashi Kantra Rajan vs. Sri Lanka.

8 Tomado de http://alainet.org/active/11801&lang=es

9 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.

10 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Aprobada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994.

11 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

12 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

13 Caso Gelman vs. Uruguay, “Edición Especial Boletín Trimestral de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resúmenes y extractos de las sentencias dictadas por la CIDH durante el año 2011”, Ed. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

14 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2009.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.





 

A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A DEPORTISTAS DE COMBATE

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeros colegas de la Asamblea.

Quisiera referirme a un deporte, o a varios deportes que son de combate, deportes legendarios que a través del tiempo han venido evolucionando como el boxeo, como la lucha libre, y ahora también sus subgéneros que pudiéramos enumerar en decenas y que tienen que ver con fusiones de artes marciales, con algunas prácticas de combate ancestrales, y que prácticamente ya abren la agresión física, claro que sí, sujeta a una disciplina, pero al fin, agresión totalmente abierta como es el llamado “Vale todo”.

Pero antes de iniciar con esta exposición, quisiera manifestar mi más profundo dolor por la pérdida de un héroe nacional, y me refiero a un héroe deportivo que durante décadas fue heredero de una gran dinastía, la dinastía de los Aguayo, y que perdió la vida, amaneciendo el sábado, en la ciudad muy importante de Tijuana, cuyo estado, Baja California, represento, y me refiero a Pedro Aguayo Ramírez, "El hijo del Perro Aguayo", que perdió la vida de manera lamentable en una función de lucha libre, como ya señalé, en la muy querida ciudad de Tijuana.

También quisiera, desde aquí, expresar mi dolor, mi solidaridad con sus padres, con el gran Pedro Aguayo Damián.

"El Perro Aguayo", un gran luchador que durante décadas también nos brindó su talento; a la señora madre de Pedro Aguayo, a la señora Luz Ramírez de Aguayo.

Y muy particularmente también quiero saludar a mi paisano y amigo en lo personal, Oscar Gutiérrez, "El Rey Misterio" 619, es el luchador con quien se confrontó "El hijo del Perro Aguayo", y que ha tratado de ser lastimado por algunos medios, por algunas versiones desinformadas.

Quisiera, desde aquí, expresarle al "Rey Misterio" mi respeto, mi agradecimiento por esa amistad de tantos años que hemos llevado y manifestarle que lo conozco, que en Baja California, en San Diego también, por supuesto, donde está arraigado, sabemos quién es, sabemos de su grandeza, sabemos de su decoro y sabemos de su humanidad, por ello esas versiones molestas, esas versiones desinformadas, y en algún momento, de mala intención, no harán nada en esa gran carrera de años que lleva como deportista.

Te saludo con todo respeto, querido "Rey Misterio" 619.

También quisiera señalar a la memoria de otros deportistas que han muerto en combate, ya fuera en el boxeo o ya fuera en la lucha libre, como por ejemplo, "Kiko Bejines", si se acuerdan, allá por 1983, un boxeador que prometía grandes tiempos, murió precisamente en combate; recientemente Marco Nazareth, en 2009, en un combate con uno de los herederos de Julio César Chávez.

Luchadores, por ejemplo, "El Oro", en 1993; el "Cometa Tapatío", en el 2012; el "Astro Azul", en 1973; y "Sangre India", en 1979, a ellos nuestro recuerdo y nuestros respetos.

Como todos ustedes saben, el fin de semana pasada sucedió una tragedia en Tijuana, de manera súbita se trastocó el desarrollo normal de una jornada de lucha libre, un golpe repentino a uno de los contendientes le provocó una conmoción cerebral, y a los pocos minutos la muerte se hizo evidente, y las deficiencias con que se llevan a cabo este tipo de eventos también fueron evidentes.

Por eso, con la presentación de esta iniciativa en torno a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a los deportistas de combate, me permito, con toda atención, llamar a mis compañeras y compañeros Senadores a la reflexión.

Estoy convencido de que si llevamos al rango de ley el deber de contar con protocolos para los deportes de combate, con ello vamos a elevar significativamente el nivel de seguridad de los contendientes.

En algunos estados ya existen protocolos, pero no se aplican en razón de que es más fuerte el incentivo de que continúen las funciones, que la preocupación por la seguridad de boxeadores, luchadores y contendientes en general.

Las muertes en los deportes de combates son reiteradas: El 3 de febrero del año en curso, Oscar González Arriaga perdió la vida en el hospital después de un combate de box.

Se requiere un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad para los atletas.

En la elaboración del protocolo, a cargo de la CONADE, deben aportar todos los involucrados: los médicos del deporte, los jueces y, desde luego, los propios deportistas.

Si le damos fuerza de ley al protocolo vamos a lograr que en el entramado de intereses, principalmente económicos, que convergen en los espectáculos deportivos de combate, se coloque por encima de todo interés el de preservar la vida y poner a salvo a los deportistas, de discapacidades permanentes.

Al igual que las fábricas y que los campos, los trabajadores del deporte de combate se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a los intereses económicos.

Por ello, debemos tomar medidas legislativas para proteger a boxeadores, luchadores y exponentes de los nuevos combates en los que se combinan todo tipo de artes marciales con grados de violencia creciente.

Se trata, y explico, de establecer el protocolo por ley y de hacer que todos aquellos que intervienen en el desarrollo de los eventos recreativo-deportivos asuman un deber de cuidado.

El concepto jurídico del deber de cuidado se traduce en que la parte del protocolo que le toque a cada quien cubrir sea absolutamente exigible.

Únicamente estableciendo sanciones para el incumplimiento del protocolo es como vamos a lograr que los réferis o árbitros; los entrenadores o managers; los promotores; los organizadores; los médicos; las autoridades del deporte; las asociaciones deportivas y todos aquellos que tengan alguna participación relevante en el evento, pongan la dignidad de los deportistas por encima de cualquier otro interés.

En síntesis, para dar solución a la problemática más aguda en los deportes de combate, propongo un proyecto de Decreto cuyos enunciados normativos son los siguientes:

Pongo a consideración un paquete de adiciones, empezando por el artículo 144 Bis, en el que se establece que en los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes. Los jueces o árbitros; los entrenadores o managers; los organizadores del evento; así como los médicos asignados al mismo; las sociedades recreativo-deportivas y cualquier persona que bajo cualquier título obtenga un beneficio económico directo o indirecto con motivo de los combates, tienen el deber de ser garantes sobre la vida y no actualización de discapacidades permanentes de los contendientes en función de las obligaciones y actividades a su cargo en términos del protocolo.

En el artículo 144 Ter, se establece el deber de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, de elaborar un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad a los deportistas. Se dispone que la CONADE deberá recabar la opinión de las asociaciones deportivas nacionales que corresponda; los órganos estatales; del Distrito Federal y municipales de cultura física y deporte; y las asociaciones de los deportistas de combate, para elaborar el protocolo. Por efecto de esta misma disposición, corresponde a los órganos estatales y del Distrito Federal de cultura física y deporte, vigilar la aplicación de este protocolo.

Finalmente, el derecho también da la protección a la salud y a la protección económica, al prescribir en el artículo 144 Quáter, que los organizadores del evento recreativo deportivo de combate deberán garantizar la atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate.

A mayor abundamiento, en la parte final de este precepto, se ordena que para el caso de incumplimiento de esta obligación de contenido económico, los ingresos del evento en que se actualice algún riesgo sobre la vida o produzca una incapacidad permanente de los contendientes, quedan afectos al pago de las indemnizaciones de ley. El contrato por efecto del cual los deportistas participen en el evento recreativo-deportivo será título ejecutivo para exigir esta presentación.

En el proyecto de Decreto propongo que la CONADE vigile la aplicación de las normas de protección a los deportistas de combate y que los órganos encargados del deporte en las entidades federativas vigilen específicamente la observancia en el protocolo en cada función.

Finalmente, en los círculos deportivos y entre las multitudes que acudimos a las funciones de lucha libre y boxeo, ha sido unánime el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Pedro Aguayo Ramírez, "El hijo del Perro Aguayo".

Y creemos que en lugar, creo particularmente, que en lugar de reprimir la celebración de estas funciones, que en vez de prohibirlas, que en vez de limitarlas, lo que tenemos que hacer es mejor darle mayores garantías, darle mayor seguridad en integridad y, por supuesto, en la situación económica, a los deportistas que están contendiendo.

Son muchas las generaciones que hemos disfrutado de los grandes exponentes como "El Santo", el propio "Perro Aguayo", como el "Blue Demon", como el "Rayo de Jalisco", tantos y tantos que se vienen a la memoria de este orador, que lo mejor que podríamos darles es seguridad y dignidad a su práctica, y no, como lamentablemente vimos el viernes pasado, salir a un grande de la lucha libre en una tabla de triplay, muerto de una arena.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN MATERIA DE PROTECCION A DEPORTISTAS DE COMBATE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los deportes de contacto como espectáculos de masas.

El Siglo XXI se caracteriza por los avances vertiginosos de la tecnología. En el campo de las telecomunicaciones las innovaciones permiten poner a disposición del público consumidor dispositivos y aparatos cada vez más sofisticados que colocan a los espectadores en línea y en tiempo real en eventos de toda naturaleza en cualquier punto del planeta. La proliferación de redes sociales en la red informática mundial conocida como Internet exige la diversificación de contenidos del material audiovisual. La industria del entretenimiento se ha apoderado casi en su totalidad del espectro de la programación tanto en televisión abierta como en televisión por cable. Dentro de la barra de opciones de entretenimiento destacan los deportes y, dentro de estos, cobran mayor intensidad los deportes de contacto.

Junto con el boxeo y la lucha libre tradicionales han surgido nuevas modalidades de peleas incorporando variedades de artes marciales en los esquemas de enfrentamientos entre los participantes. Con el propósito de captar audiencias y predominar en el rating, los eventos se tornan cada vez más violentos lo que implica el relajamiento de las reglas permitiendo todo tipo de golpes y colocando así en mayor exposición al riesgo a los deportistas. En la medida que las justas deportivas de contacto intensifican su perfil como espectáculos de difusión masiva al ser transmitidas a públicos densos, la exigencia de exposición al riesgo se eleva al grado de colocar a los contendientes en una situación de auténtico peligro. Los fallecimientos recientes tanto de boxeadores como de luchadores son muestra evidente de la peligrosa combinación de los deportes de contacto con altos requerimientos de realismo crudo en las transmisiones. La cauda de atletas que pierden la vida o terminan en una silla de ruedas exige la adopción de medidas legislativas que salvaguarden su dignidad como personas en el ejercicio de su profesión.

La promoción de los deportes de combate rebasa cada vez nuevas fronteras. De unos años para acá hemos sido testigos de la introducción del boxeo entre mujeres que cobra cada vez más adeptos. También se ha transitado hacia combates en los que se permite golpes propios de las artes marciales de manera indiscriminada. Además de las transmisiones en vivo por televisión ya sea abierta o por cable, está presente un incentivo adicional en torno a los combates y es el cruce de apuestas en la extendida red de salas que fueron autorizadas en los últimos años en toda la República.

Deportistas en situación de vulnerabilidad.

Las características de cada mercado según el tipo de deporte-espectáculo de que se trate implican la elevación en las probabilidades de riesgo de los deportistas involucrados. En cada rama de los deportes de contacto se coloca a los contendientes en situaciones extremas que rayan con la explotación laboral. Como en otras actividades, los inversionistas terminan por percibir a las personas que participan como mero capital humano, es decir, como un engranaje más del proceso de producción en este caso del espectáculo. En un país con una población que tiene en su base a modo de pirámide a millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o de trabajo, resulta sumamente fácil reponer a esta mano de obra barata pues aún que se requiere entrenamiento intenso siempre sobran jóvenes, ahora hombres y mujeres, dispuestos a pagar el precio por llegar a ocupar las primeras posiciones de su disciplina.

Los ejemplos son numerosos y frecuentes. Entre los boxeadores es común que para dar el peso de la división, se sometan a procesos extenuantes para perder kilos que los hacen subir al cuadrilátero en estado de deshidratación, en evidente peligro de recibir un golpe como ha sucedido que resulte mortal o les produzca alguna incapacidad total de carácter permanente. México es una potencia mundial en boxeo con más de 100 campeonatos mundiales, lo que supone una amplia red de reclutamiento.

En el mundo de la lucha libre la situación es peor. Los luchadores tienen que entrar en combate con intervalos de descanso más reducidos. Las giras según la cadena de espectáculos a la que pertenezcan son intensas tocando varias ciudades en el breve lapso de una semana. Lo anterior impide que los luchadores atiendan en forma adecuada las numerosas y variadas lesiones con las que, por lo general, cierran cada jornada. El común denominador en los deportes de contacto es, pues, que por las necesidades del negocio no se repara en que los contendientes participan en los eventos en condiciones inadecuadas, lo cual disminuye su nivel de seguridad, de por sí con un umbral bajo por tratarse de combates cuerpo a cuerpo.

Las condiciones degradantes, o por lo menos inadecuadas, en que los atletas despliegan su actividad pasan a convertirse en una costumbre en la que nadie repara hasta que, de tiempo en tiempo, se registra una nueva tragedia. Por ello, la actividad de las y los legisladores se debe enfocar a garantizar que los contendientes realizarán su esfuerzo bajo reglas claras en cuanto a disfrutar de las mejores condiciones de seguridad y atención médica antes, durante y después de su ejecución. La preceptiva correspondiente ha de lograr desplazar el centro de gravedad colocando a la dignidad de los atletas y su nivel de seguridad por encima de cualquier expectativa de ganancias de tipo económico o ánimo de lucro.

El 3 de febrero del año en curso Oscar González Arriaga, perdió la vida en el hospital después de un combate de box en el Distrito Federal. Otros pugilistas que encontraron la muerte a consecuencia de los golpes recibidos son el mexiquense Daniel Aguillón, en octubre del 2008, el galés Johnny Owen en 1980, luego de un combate con el campeón mundial de peso gallo, Guadalupe Pintor, Francisco ‘Kilo’ Bejines el 1 de septiembre de 1983, el colombiano Jimmy García, luego de la pelea por el título super-pluma, el 6 de mayo de 1995, entre otros. Por lo que hace la lucha libre el 29 de diciembre de 1979 murió "Sangre India" y el 26 de octubre de 1993, Jesús Hernández Silva, mejor conocido como "Oro", ambos en la Arena Coliseo; en el 2012, "Cometa Tapatío" murió a consecuencia de una lesión en las cervicales en un encuentro con "Black Sicho".

Empoderamiento de los atletas en los deportes de combate.

La preocupación en torno a la integridad y la vida de los atletas de alto rendimiento que participan en actividades de boxeo, lucha libre o artes marciales o una mezcla de todos ellos no es nueva. Las mismas organizaciones que promueven y regulan estos deportes han realizado en los últimos años diversos foros con ese propósito específico. No obstante, por una u otra razón, aunque se ha llegado a presentar algunas iniciativas nunca han sido llevadas al pleno de las asambleas de nuestro país.

En los último días murieron un boxeador y un luchador, ambos deportistas profesionales, lo cual pone de relieve que aunque se cuente con años de entrenamiento y experiencia el riesgo nunca desaparece. Resultó emblemático el caso del atleta conocido como "El Hijo del Perro Aguayo”, quien en vida llevara el nombre de Pedro Aguayo Ramírez. Su fallecimiento tuvo amplia difusión en los medios de comunicación nacionales y eco en el extranjero ya que se trataba de un deportista en el cual se conjugaban los aspectos deportivo y de espectáculos. Al ser un protagonista de la lucha libre ampliamente reconocido por su elevado desempeño en su disciplina, la trágica y lamentable muerte del luchador pone de relieve las condiciones inadecuadas en que trabajan los combatientes en la lucha libre y en cualquier otro deporte de combate.

Es obligado reparar en las circunstancias adversas en que ocurrió este combate pues de hecho son las mismas en todos los encuentros. Habiendo recibido un golpe que lo conmocionó, comenzó a hacerse evidente una serie de distorsiones en el deporte-espectáculo que contribuyeron en el deceso de este reconocido luchador ya que, en principio, los jueces no contaban con la capacitación que les permitiera identificar de inmediato la gravedad en que se encontraba el luchador y, por ende, no detuvieron la pelea si no hasta que, algunos minutos después, se registró un ganador. El médico que finalmente lo asistió no se encontraba en las primeras filas del auditorio, próximo al ring y observando de manera permanente el desempeño de la lid para tener información de primera mano sobre los golpes, la posición al recibirlos y la reacción subsecuente. Lamentablemente el luchador inerme fue asistido, con buena intención, por sus compañeros de profesión que, sin embargo, no cuentan con los conocimientos necesarios para brindar primeros auxilios. El deportista fue trasladado en una tabla pues no se contaba con una camilla adecuada para su traslado a una ambulancia y enseguida al hospital.

Por lo general, no se acostumbra personalizar cuando una iniciativa presenta propuestas para dar solución a un problema que aqueja a algún segmento de la sociedad. Sin embargo, la conmoción que ha causado el fallecimiento de ElHijo del Perro Aguayo permitirá sensibilizar a las y los legisladores para que, con el apoyo de expertos en medicina del deporte, las asociaciones deportivas de lucha libre, boxeo o de artes marciales y desde luego los propios atletas elaboren medidas para proteger a los deportistas de combate. Las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la vida que referimos son indicativas de que se debe contar con protocolos para proteger la seguridad de los deportistas de los deportistas así como establecer con claridad a los sujetos obligados asignándoles los deberes que les corresponden y, finalmente, establecer tanto incentivos como sanciones para que los protocolos sean debidamente observados.

La trayectoria, entrega y alto desempeño que caracterizaron al Hijo del Perro Aguayo serán siempre reconocidos en los círculos del deporte y entre las multitudes que acudían a verlo. Con la presente iniciativa, su legado podrá servir también para brindar la protección adecuada en su salud y en la economía de sus familias para el gremio de los combatientes en los deportes de combate que se realizan en el mundo de los espectáculos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXX RECORRIENDOSE LA ACTUAL FRACCION XXX DEL ARTICULO 30ASI COMO EL CAPITULO VI BIS INTEGRADO POR LOS ARTICULOS DEL 144 BIS AL 144 QUATER DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXX recorriéndose la actual fracción XXX del articulo 30 así como el Capítulo VI Bis integrado por los artículos del 144 Bis al 144 Quater del Título Quinto de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 30…

XXX. Vigilar la observancia de las normas de protección a los participantes en deportes de combate y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, y

XXXI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen.

Capítulo VI Bis
De la Protección a Deportistas de Combate.

Artículo144 Bis. En los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes. Los jueces o árbitros, los entrenadores o managers, los organizadores del evento así como los médicos asignados al mismo, las Sociedades Recreativo-Deportivas y cualquier persona que bajo cualquier título obtenga un beneficio económico directo o indirecto con motivo de los combates tienen el deber de garantes sobre la vida y no actualización de discapacidades permanentes de los contendientes en función de las obligaciones y actividades a su cargo en términos del protocolo.

Artículo 144 Ter. El protocolo será elaborado por la CONADE con opinión de las Asociaciones Deportivas Nacionales que corresponda, los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte y las asociaciones de los deportistas de combate.

Corresponde a los Órganos Estatales y del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte vigilar la aplicación del protocolo.

Artículo 144 Quater. Los organizadores del evento recreativo-deportivo de combate deberán garantizar la atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate.

Para el caso de incumplimiento de esta obligación, los ingresos del evento en que se actualice algún riesgo sobre la vida o produzca una incapacidad permanente de los contendientes quedan afectos al pago de las indemnizaciones de ley. El contrato por efecto del cual los deportistas participen en el evento recreativo-deportivo será título ejecutivo para exigir esta prestación.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitar al Senador Blásquez, he revisado su proyecto, y preguntarle si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Blásquez, ¿está usted de acuerdo? Como no, con todo gusto se toma nota.

También el Senador Luis Sánchez se suma a esta iniciativa, que se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

También Martha Palafox se suma a la iniciativa, y el de la voz también se suma a la misma.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley General de Turismo.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Hadamira Gastélum Bajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre propio y de un grupo de compañeras y compañeros, presento esta propuesta para reformar el artículo 63 de la Ley General de Turismo.

Los datos acerca del turismo son muy alentadores, hoy tenemos una diversidad en el tema de turismo: tenemos turismo de sol y playa, ecoturismo, turismo cultural, el turismo para la salud, para el deporte.

Y esta variedad, en el tema del turismo en México, ha generado una derrama muy importante, económicamente hablando y hemos podido subir los índices turísticos que México tenía.

Apenas hace unos días, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, al inaugurar el Tianguis Turístico, presentó una serie de datos muy alentadores.

Primero, ella comentó que desde que es medido México también en los índices de avance turístico, el 2014 fue el mejor año que México ha tenido.

Habló que el turismo mundial subió 4.7 por ciento, mientras que el turismo mexicano subió 20.5 por ciento.

Quiere decir que subió cuatro veces más, casi cinco veces más que el turismo mundial.

México recibió más de 29 millones de turistas internacionales.

Y todo esto obliga a tener mucho más cuidado acerca de los prestadores de servicios turísticos.

Y cuando vemos los datos acerca de cómo se ha diversificado, cómo hemos crecido, cómo hay un reconocimiento acerca del turismo que se da en este país y vemos cómo puntos, que se consideraban difíciles, que el turismo regresara como Acapulco, Guerrero, tienen datos muy alentadores, datos que reflejan que el turismo puede ser una fuente de riqueza si lo cuidamos, si lo mantenemos como hasta la fecha se ha logrado.

Por eso esta propuesta de reforma al artículo 63 de la Ley General de Turismo, tiene como propósito la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

Es muy importante la cara que le damos al turismo, y no solamente hablo del turismo internacional, me refiero también al turismo nacional y al turismo que se desarrolla de manera local dentro de un estado.

Por eso el prestador de servicio tiene que tener un nivel muy importante en su formación.

Y esta propuesta tiene que ver con la capacitación, con la mejora en sus prestaciones laborales. De tal manera que el prestador de servicios tenga un mejor nivel para que el turista local, nacional e internacional se vaya con un buen sabor de boca de nuestro país, de los estados, de las regiones, donde se practica este turismo.

Y la propuesta es muy clara y muy alentadora porque tiene como propósito el generar una mayor expectativa y que pueda nuestro país seguir en este crecimiento del que hacía mención la Secretaria de Turismo.

Por eso la reforma, en su fracción II, tiene un adición que tiene que ver que la capacitación que reciban los prestadores de servicio tenga la característica de tener un producto adecuado y que esté de acuerdo a la demanda, profesionalmente preparados para prestar estos servicios, y que además busquemos la certificación de competencia laboral y el fortalecimiento especializado del capital humano.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA Y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, Senadoras de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector turístico es sin duda fundamental y de gran relevancia para el desarrollo económico y de ampliación de beneficios sociales, siendo generador de empleos e integrador de mujeres y jóvenes a sectores productivos, esto por su propia naturaleza en la amplia gama de oportunidades, especialmente de las comunidades receptoras que a través de este logran combatir la pobreza de las regiones, al igual que la construcción de la cohesión social.

En el mercado global turístico, hoy en día existe una mayor competencia entre países y destinos, por lo cual México indudablemente tiene la tarea de proyectar mayor competitividad, nuestro país tiene una vocación propia y al igual que vocaciones específicas para lograr cubrir las diferentes demandas que el mercado requiere, entre las cuales se encuentran:

• El turismo de sol y playa,

• Turismo cultural,

• Ecoturismo y de aventura,

• Turismo de salud, turismo deportivo y

• Turismo de lujo.

La gran diversificación en atractivos tanto naturales como culturales delimitados  por su naturaleza geográfica y características especificas, aunado a los vestigios heredados de las diferentes culturas que se han fusionado, colocan a México como uno de los países con una amplia gama de posibilidades en potencial turístico.

Es por ello la importancia de impulsar y desarrollar mayores ventajas competitivas que posicionen a México ante la gran demanda existente global. Lo anterior debido a que la industria turística es por su propia naturaleza una actividad de índole global.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se enuncia que en los últimos años México ha registrado tasas de crecimiento menores y que la derrama económica generada por el turismo está por debajo del potencial del país. Limitando obviamente la generación de empleos y la disminución considerable de los beneficios del turismo para con la población que se encuentra inmersa en esta actividad.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que dentro del periodo 2000-2012 el crecimiento fue a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, esto con base a la llegada de turistas internacionales, generando así 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, Para México representa una de las principales fuentes de divisas, correspondiendo el 8.4% del PIB y arriba de 2.2 millones de empleos1.

El turismo se ha identificado como impulsor del crecimiento económico del país, ya que contribuye en el desarrollo de actividades económicas que satisfacen la demanda de los visitantes. El PIBT (Producto Interno Bruto Turístico) representa el valor de todas las actividades características y conexas del sector, el cual tuvo una participación, de 8.4 por ciento en la economía total, tanto en valores corrientes como a precios constantes.2

De acuerdo con el Banco de México, el número de turistas internacionales hacia México superó los 23.2 millones en el periodo enero-octubre de 2014, un nuevo máximo histórico. El ingreso de divisas por visitantes internacionales a México de enero a octubre de 2014 también registró un máximo histórico, llegando a 13,134 millones de dólares3.

Actualmente México se ubicó en el lugar 15 en llegadas de turistas internacionales y en el lugar 23 en ingreso de divisas por turismo internacional. México en los últimos años ha crecido en menor proporción respecto a otras naciones tanto en términos de llegadas de turistas como de ingresos por turismo internacional.4

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Turismo 2013 -2018 tienen como meta aprovechar al máximo el potencial turístico de México, con el cual se busca incrementar la oferta turística de nuestro país e impulsar a la industria, logrando posicionar a México en los principales indicadores turísticos internacionales.

Para esto México debe contar con las capacidades competitivas globales del mercado. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT),5 la competitividad turística se define como la capacidad de un destino turístico que aprovecha sus ventajas de manera eficiente, los beneficios de las empresas y el nivel de los salarios son más altos de lo normal, los activos fijos se revalorizan constantemente, las nuevas inversiones fluyen con facilidad, los empresarios y autoridades ven el futuro con optimismo, y la calidad de vida de la población local (su bienestar físico y social) es alta.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la competitividad de los destinos turísticos mexicanos, enmarcada por una serie de elementos que requieren desarrollarse de manera armónica para contribuir a posicionarlos en el ámbito internacional como destinos de clase mundial, confiables, atractivos y sustentables.6
Los factores que sustentan la medición de la competitividad son:

• Productividad: Uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor valor agregado, riqueza y bienestar.

• Innovación: Posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le permite a un destino ser más eficiente y rentable además de garantizar la mejora continua de la experiencia del visitante.

• Diversificación: Capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores actuales como a los potenciales.

• Especialización: Habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado específicos y viajeros independientes.

• Profesionalización: Planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector.

• Sustentabilidad: Considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.

La innovación, la calidad en los servicios turísticos, así como el uso eficiente de los recursos, son claves que ayudan considerablemente a fortalecer las ventajas competitivas del sector.

Los atractivos, riquezas naturales y culturales que México tiene para ofrecer al mundo son el principal activo de esta industria; pero parte medular de este sector es sin duda la que realizan los prestadores de servicios turísticos quienes son los encargados de conducir y dirigir al turista a los productos, servicios y actividades que las regiones turísticas tienen para ofertar a los visitantes.

Por lo que podemos destacar que la actividad turística, es sin duda una acción intensa en capital humano, no por el hecho de contemplarlo como una visión de recursos humanos que tiene la capacidad de brindar atención, profesionalismo y calidez al turista, también por ser el generador de iniciativas y propuestas creativas para el desarrollo de experiencias únicas, determinar y tener presente en todo momento los requerimientos y necesidades de los visitantes y otorgar  servicios y productos especializados que garanticen la satisfacción del turista.

En este contexto actualmente en los prestadores de servicios turísticos radica una gran importancia en la cadena productiva de este sector, puntos clave como la gestión, planificación, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector.

La Ley General de Turismo define a los Prestadores de Servicios Turísticos como:

Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere la Ley.

El empleo turístico se encuentra diversificado en diferentes áreas del sector, desde las grandes empresas que engloban a los tour operadores, líneas terrestres de transporte, líneas áreas, cadenas hoteleras, parques de diversiones, desarrolladores y agencias donde principalmente predomina la cultura empresarial y es la que dicta lineamientos en varios factores los cuales incluyen la capacitación y  trazos de acción en el manejo de su producto turístico. Así como las MIPYMES turísticas que cuentan con una carente capacidad de organización y cultura empresarial orillando a nulos incentivos a la capitación y especialización en los temas de profesionalización dentro del sector.

El sector  turístico generó para el turismo 2.3 millones de puestos en el año 2012 La mayor contribución al interior del sector turismo corresponde a los restaurantes, bares y centros nocturnos con el 35.7%, le siguen en orden de importancia el transporte de pasajeros, con una participación de 16.0%, los bienes y artesanías con 13.9%, el comercio con 11.1%, el alojamiento 5.9%, los servicios de alquiler y negocios con 3.8%, los servicios de esparcimiento con 2.3%, las agencias de viajes y tour operadores 0.8%, los tiempos compartidos 0.5%, y las segundas viviendas 0.1 por ciento. El restante 9.9% lo constituyen diversos servicios. 7

Cada año se incorporan al mercado laboral cerca de 270 mil jóvenes, de los que más de 30% trabajará por primera vez en algo diferente a lo que estudió. En turismo, 70.35% de los egresados contaban con trabajo, aunque poco más de la quinta parte (22.12%) se encontraba laborando en algo que no estaba relacionado con su formación profesional o técnica. Sobre las áreas de formación en las que el egresado percibió recibir mayor instrucción como parte de su programa de estudios, las más destacable fueron productos y actividades turísticas (70%), alimentos y hospedaje (68%), restauración y alimentos (59%), planificación y gestión pública (31%), investigación y consultoría (26%) y transporte y logística (14%).8

La calidad prestada en un servicio o producto turístico es un atributo que determina el valor asignado por los turistas, siendo este fundamental para establecer de manera global un criterio positivo o negativo al destino visitado, de igual forma ser un promotor del destino visitado en su lugar de origen, la calidad turística no está relacionada directamente con la oferta de servicios costosos, lo que lo determina son los altos estándares establecidos en la prestación del servicio, dándose este en cualquier escala de gastos.

En todos los niveles del sector se requiere capacitación y profesionalización que logren potencializar los esfuerzos que todos los órdenes y sectores orientados al desarrollo turístico en México promueven de manera convergente para  impulsar la calidad de los destinos turísticos. Es claro que los prestadores de servicios turísticos son pieza elemental del proceso en las actividades del sector y parte medular en llevar de manera eficiente metas planteadas de los distintos órdenes que interactúan en el sector turístico.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala que el objeto no es simplemente la creación puestos de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad, Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas económicos y sociales que garanticen el empleo y la seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo. (OIT: Trabajo Decente, Memoria del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª Reunión, Ginebra, 1999, págs. 4 y 5.)9

Bajo este contexto, es de resaltar los esfuerzos y lineamientos establecidos de la Secretaria de Turismo (SECTUR), con sus órganos desconcentrados, dependencias o entidades de la administración pública Federal10 concurrentes en materia turística  orientadas a la búsqueda de conocimientos sobre el turismo y al desarrollo del factor humano con el fin de orientar la toma de decisiones favoreciendo a la competitividad del sector turístico, dilucidar el rumbo hacia la conformación de destinos y empresas más competitivos, basado en la innovación y en la formación eficaz del factor humano.

Derivado de todo lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPUESTA ES:

• Que la Ley General de Turismo contemple los lineamientos a seguir dentro de la Profesionalización de Los Prestadores De Servicios Turísticos, que ya están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), dentro del Programa Sectorial de Turismo 2013-2014.

• Reforzar y potencializar todos los esfuerzos encaminados a las líneas y metas nacionales, coadyuvando a alcanzar los objetivos del PND así como fortalecer las acciones observadas en materia de capacitación contempladas por la Secretaria de Turismo.

Por todo lo anterior y porque es necesario fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito turístico, particularmente en la profesionalización de los Prestadores de Servicios Turísticos, con la finalidad de contribuir de manera directa a reforzar los objetivos, estrategias y líneas de acción implementadas por el Ejecutivo Federal y los diferentes órdenes de gobierno encaminados al desarrollo turístico de México.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 63.- …

I.- …

II.- La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad; orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano;

III. - VI…

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De la Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.

1  Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, desempeño del sector turístico., p 23

2 Sistema de Cuentas Nacionales de México : cuenta satélite del turismo de
México, 2012 INEGI, c2014.

3  DATATUR  análisis integral de turismo, resultados de la actividad turística, México, octubre 2014

4 OMT-UNWTO, diciembre de 2014) Fuente: Organización Mundial del Turismo OMT-UNWTO http://www.siimt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt

5 Cooperación entre los sectores público y privado 2001 y  políticas y prácticas para el turismo mundial 2013 OMT

6 Alain, Dupeyras & Neil, MacCallum (2013), Indicators Formeasuring Competitiveness in Tourism, OECD Tourism Papers 2013/2

7 Sistema de Cuentas Nacionales de México : cuenta satélite del turismo de México, 2012 P. 6  INEGI, c2014.

8 Alineación de los programas de estudio de educación turística a las necesidades del campo laboral, Universidad La Salle Cancún, ICTUR, SECTUR 2012

9 El desarrollo de los recursos humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la restauración y el turismo, Organización Internacional del Trabajo TMHCT/2001

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CAPÍTULO V
De la Competitividad y Profesionalización en la Actividad Turística

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, fomentar:

I. La formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y competitividad en la materia;
II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad;

 

 

 

III. La modernización de las empresas turísticas;

IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;

V. El diseño y ejecución de acciones de coordinación entre dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno para la promoción y establecimiento de empresas turísticas, y

VI. La realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

 

Artículo 63.- …

 

 

 

I.- …

 

II.- La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad; orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y  fortalecimiento de la especialización del capital humano;

III. - VI…

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, distinguida Senadora. Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar a nombre propio y del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS

(Presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Con el permiso de la Mesa Directiva.

En cuanto que efectivamente esta iniciativa es consecuencia de una primera iniciativa que sometió el Senador Blásquez, y que en el seno de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, se revisó y se resolvió ampliar; para esta razón entonces apuntar que aquella iniciativa se turnó a Asuntos Fronterizos Norte, a Asuntos Fronterizos Sur y Estudios Legislativos, Segunda, para lo cual solicito que esta nueva iniciativa sea turnada a las mismas comisiones de manera de que concuerde el análisis.

El Senador Presidente Arturo Zamora Jiménez: Sí como no, lo consideraremos en el momento en que haga la exposición de la iniciativa, y por supuesto que estaremos pendientes para saber si ésta tiene o no impacto presupuestal.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, gracias.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur.

La región fronteriza siempre será diferente al resto del interior de los países por ser colindante con otros Estados. En una frontera existe una forma distinta de vivir por la relación que existe entre ambos lados de esta división política.

La vida cotidiana de sus residentes se ve influencia por las relaciones humanas, culturales, económicas y políticas diferentes al resto del país. Es necesario que el Estado impulse aquellas áreas que son clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo son las fronteras, así como el fortalecimiento de la seguridad en éstas.

El Estado, a través de políticas públicas, debe buscar detonar estas regiones en beneficio de todos los mexicanos.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone una ley que regule a las fronteras del territorio nacional para su desarrollo social y económico con el objetivo de impulsar la economía regional, lo que sin duda acarreará beneficios a nivel nacional, aprovechando las ventajas que tienen éstas en un México cada vez más globalizado.

México cuenta con tres fronteras: la norte, que limita el territorio nacional y nos separa de los Estados Unidos de América; al sur, México tiene dos fronteras, una con Guatemala y la otra al sureste con Belice.

Actualmente la longitud de estas fronteras es determinada por el INEGI, por mandato constitucional, y sus cifras son oficiales. Dicho instituto ha determinado que la longitud oficial de las fronteras con las que cuenta el territorio nacional son las siguientes: con los Estados Unidos de América, 3,182 kilómetros; con Guatemala 960 kilómetros; y con Belice 290 kilómetros.

Ningún tratado internacional, en cuanto a límites terrestres se refiere, ha sido insertado en la legislación interna. A diferencia de los establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de Mar (CONVEMAR), que se encuentra en nuestro derecho interno en la Ley Federal del Mar de 1986.

Sin embargo, lo que se da a los tratados internacionales, como por ejemplo el de Guadalupe Hidalgo, el de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el que se celebró con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda para establecer los límites con Belice, y otro con Guatemala, para delimitar la frontera. Es ahora el caso que en esta iniciativa, a nivel de ley, sea esto considerado desde los tratados internacionales.

Actualmente no existe una instancia en el Ejecutivo Federal donde se puedan abordar los temas relacionados con las fronteras. Anteriormente se había creado mediante un Decreto emitido por el ex presidente de la República Mexicana, Vicente Fox, el día 8 de febrero de 2001, la Comisión Intersecretarial para Asuntos de la Frontera Norte, la cual tenía como principal fin de impulsar el desarrollo y fomentar el progreso de la región.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone la creación de una nueva instancia denominada “Comisión para el Desarrollo de las Fronteras”, para atender todo lo relacionado con las fronteras y tendrá como objetivo primordial impulsar el desarrollo de la región fronteriza a través de la creación de políticas públicas que atienden las necesidades para hacer de la zona un lugar apropiado para detonar la economía regional y nacional.

Esta Comisión se propone se integre por el Secretario de Gobernación, quien la presidirá, y por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo.

Es importante mencionar que esta instancia no tendrá una estructura propia y por lo tanto no se le destinará recursos presupuestales adicionales para su funcionamiento, si no que aprovechará las dependencias que existen para coordinarse en el tema.

Se propone que este órgano colegiado se reúna por lo menos cuatro veces al año, en las cuales se podrán invitar a gobernadores y alcaldes, servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para ser escuchados respecto a temas específicos con la intención de crear políticas públicas en beneficio de las regiones fronterizas norte y sur.

Las políticas diseñadas por la Comisión deberán estar orientadas dentro de cuatro ejes temáticos: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable y seguridad pública. Estas políticas siempre serán creadas con el objetivo de responder a las necesidades particulares de las fronteras.

La presente iniciativa enumera diversos tópicos generales para orientar a los integrantes de la Comisión sobre el diseño de políticas públicas. Estos tópicos generales son base para el impulso del desarrollo y el fortalecimiento en materia de seguridad en la región fronteriza.

Por otro lado y en vista de que actualmente en diversas disposiciones existen términos como franja fronteriza y región fronteriza, se formalizan para evitar confusiones.

Dado el caso, por ejemplo, de la franja que es de 20 kilómetros, que también la ocupa la Ley del Impuesto al Valor Agregado o la Ley de Sanidad Animal, que también considera la franja fronteriza como el territorio para su aplicación.

Esta iniciativa propone la adición de una reserva fronteriza con el objetivo de dar cumplimiento a lo acordado en el acta de 1906 entre México y Estados Unidos de América en la cual se acordó que ambas naciones establecerían un área a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18.288 mts) que se considere como una “calle internacional” y en la cual no se permita que existan edificios ni construcciones de ningún género ni vías secundarias de ferrocarril, permitiendo sólo las vías principales de los ferrocarriles internacionales.

Y este espacio además sería para base de la aplicación coordinada de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, esto es: federales, estatales y municipales.

Se considera pertinente la creación de un fondo sin estructura orgánica que pueda agrupar los recursos que actualmente ya se encuentran destinados a tal fin que la Comisión pueda disponer del mismo para acciones específicas que impulsen y desarrollen las fronteras.

Esto es, los compromisos presupuestales ya concertados en el Presupuesto de Egresos Federales.

El patrimonio de este fondo estará constituido por los recursos aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año; por las aportaciones que realicen las entidades federativas al fondo; los productos que se generen por la inversión y administración de recursos y bienes que formen parte de dicho fondo; y los bienes físicos y monetarios que se aporten al fondo.

Por todo lo anterior, es necesario que exista legislación que delimite el territorio nacional, así como abrir de manera legal la posibilidad de proyectar las regiones fronterizas como motores para el impulso de la economía nacional, el desarrollo social, así como la seguridad y tranquilidad de los residentes de éstas, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía la propuesta de Decreto.

Muchas gracias.

Iniciativa

Las Senadoras y Senadores integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión que firman la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, presentan a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las fronteras sin duda son de gran importancia para el Estado Mexicano y para las personas que en ellas habitan. En las fronteras existe un mercado cotidiano de intercambio con el del país vecino. La vida diaria se relaciona íntimamente con las formas de vivir del otro lado de la frontera. También son la puerta de entrada y salida de bienes que son de suma importancia para las personas y la economía del país.

La región fronteriza de México, con información de Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2014, habitan alrededor de 32millones de habitantes, esto es casi 27% de la población nacional. De ellos, 22 millones habitan en el norte, equivalentes al 18.5% de la población total y casi 10 millones residen en el sur, equivalentes a poco más del8%.

En términos de superficie y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las región fronteriza concentra más del 50% del territorio nacional, con una superficie total de 1,072,497 km2 de un total nacional de 1,967,183 km2. Hacia el norte suma 871.7 mil km2 y al sur 200.7 mil km2.

Asimismo, los estados de la región fronteriza concentran el 40% de la red carretera federal del país; alrededor de 33% de los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y poco menos de 23%de las unidades económicas de todo el país.

En cuanto a la aportación a la economía país, aportan casi 35% del PIB nacional, equivalentes aproximadamente a 5.25 billones de pesos. De esta producción, el norte aporta casi 23% del PIB nacional y el sur poco más de 11%.

Por otra parte, en 2014 concentraron el 21.3% de la inversión extranjera directa recibida por el país, sumando 4,805 millones de dólares. De estos, 4,703.50 se concentraron en el norte, casi 21% del total nacional.

La frontera sur es una región de paso para los migrantes centroamericanos y sudamericanos que pretenden transitar por México hacia los Estados Unidos de América. En su recorrido por nuestro país muchos migrantes lamentablemente, son víctimas de extorsión, robo, secuestro, homicidio, narcotráfico y trata de personas.

El región Sur-Sureste de México es la más golpeada por la pobreza, según datos del 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), solo en el Estado de Chiapas el 74.7% de su población se encuentran en situación de pobreza.

La región Sur-Sureste se integra por los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán de los cuales Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo forman parte de la frontera Sur.

Esta región cuenta con más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional, Campeche y Quintana Roo son los estados con mayor cobertura vegetal con más del 80%.

En esta zona se concentra más actividad turística que en el resto del país en su conjunto y una gran cantidad de actividad minera, por lo que con las políticas públicas adecuadas puede ser una región que impulse el desarrollo nacional.

La frontera norte tiene otro ritmo de vida, tiene otros problemas, uno de ellos probablemente el más importante es la gran cantidad de población flotante. Que solamente se encuentra de paso pero en su estancia demanda toda clase de servicios y en algunos casos genera problemas en materia de seguridad pública. En las regiones fronterizas es donde se acentúa más este fenómeno.

Como resultado de la seguridad en la frontera, implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América, muchos migrantes no logran cruzar hacia este país y se quedan en las principales ciudades del norte del país, con la intención de cruzar de nuevo o al menos de buscar mejores condiciones de vida y más oportunidades de empleo.

En la frontera norte se encuentra instalada una fuerte proporción de las maquiladoras y empresas exportadoras de nuestro país, que ofrece empleo a millones de personas, este sector ha impulsado el desarrollo económico exportando gran cantidad de productos terminados que son ensamblados en estas empresas fronterizas.

El sector maquilador pertenece a un modelo de empresa conocido como “empresa global” junto con el sector automotriz representa alrededor del 50% del Producto Interno Bruto en México.

Como se puede apreciar, las fronteras con las que cuenta México son de gran importancia para el desarrollo nacional, por lo que es importante impulsarlas como áreas estratégicas para la economía nacional.

La región fronteriza siempre será diferente al resto del interior de los países, por ser colindante con otros Estados. En una frontera existe una forma distinta de vivir por la relación que existe entre ambos lados de esta división política. La vida cotidiana de sus residentes se ve influenciada por las relaciones humanas, culturales, económicas y políticas diferentes al resto del país.

Es necesario que el Estado impulse aquellas áreas que son clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo son las fronteras, así como el fortalecimiento de la seguridad en estas. El Estado a través de políticas públicas debe buscar detonar estas regiones en beneficio de todos los mexicanos.

Derivado de lo anterior la presente iniciativa propone una Ley que regule a las fronteras del territorio nacional, para su desarrollo social y económico con el objetivo de impulsar la economía regional lo que sin duda acarreara beneficios a nivel nacional, aprovechando las ventajas que tienen estas en un México cada vez más globalizado.

México cuenta con tres fronteras, la Norte que limita al territorio nacional y nos separa de los Estados Unidos de América. Al Sur, México tiene dos fronteras, una con Guatemala y la otra al Sureste con Belice.

Actualmente la longitud de estas fronteras son determinadas por el INEGI por mandato Constitucional y sus cifras son oficiales. Dicho Instituto ha determinado que la longitud oficial de las fronteras con las que cuenta el territorio nacional son las siguientes:

Frontera

Longitud

Estados Unidos de América

3,182 Km

Guatemala

960 Km

Belice

290 Km

Total

4,432 Km

*Datos oficiales INEGI.

Ningún tratado internacional, en cuanto a límites terrestres se refiere, ha sido insertado en la legislación interna. A diferencia de los establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de Mar (CONVEMAR), que se encuentra en nuestro derecho interno en la Ley Federal del Mar de 1986.

El 17 de mayo de 1848, México y Estados Unidos de América celebraron el Tratado de Guadalupe Hidalgo mediante el cual el vecino país del norte se obligaba a evacuar todas sus tropas del territorio nacional, también se estableció cual serían los límites entre ambas naciones. Posteriormente, en 1853, volvieron a celebrar un Tratado de Límites y aguas en el cual se establece la trayectoria de la línea divisoria la cual es vigente hasta el día de hoy.

El Artículo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo se estipula lo siguiente:

“.. la línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzaba en el golfo de México, tres leguas fuera de tierra a la desembocadura del río Grande, llamado por otro nombre río Bravo del Norte, o del más profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por mitad de dicho río, siguiendo el canal más profundo donde tenga más de un canal, hasta el punto en que dicho río corta el lindero meridional de Nuevo México; continuará luego hacia Occidente, por todo este lindero meridional (que corre al norte del pueblo llamado Paso) hasta su término por el lado de Occidente; desde allí subirá la línea divisoria hacia el Norte, por el lindero occidental de Nuevo México, hasta donde este lindero esté cortado por el primer brazo del río Gila (y si eso no está cortado por ningún brazo del río Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero occidental más cercano al tal brazo, y de allí en una línea recta al mismo brazo);  continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia con el río Colorado; y desde la confluencia de ambos ríos la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico.”

En el Tratado de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América celebrado en 1853, vigente hasta hoy, estipulaba en su artículo primero lo siguiente:

“subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, tal cual está ya definida y marcada conforme al artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la desembocadura del río Grande, como se estipuló en el artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí según se fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel río al punto donde la paralela de 31º47´de latitud Norte atraviesa el mismo río; de allí, cien millas en línea recta al Oeste; de allí, al Sur a la paralela de 31º20´, hasta el 111 del meridiano de longitud. Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el río Colorado, veinte millas, inglesas abajo de la unión, de-los ríos Gila y Colorado; de allí, por la mitad del dicho río Colorado, río arriba, hasta donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y Méjico…”.

Tomando en cuenta que la línea divisoria podría tener cambios orográficos, posteriormente mediante un tratado se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, teniendo un Comisionado por parte de los Estados Unidos de América y otro por parte de México con el objetivo de dirimir cualquier diferencia que surgiera de un cambio orográfico de la línea fronteriza.

Ahora, en cuanto a la frontera sur, México suscribió dos tratados internacionales, uno con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda para establecer los límites con Belice, y otro con Guatemala para delimitar la frontera.

En 1882, México y Guatemala celebraron un tratado mediante el cual se determinaba lo siguiente:

“Los límites entre las dos naciones, serán a perpetuidad los siguientes: -1º. La línea media del rio Suchiate, desde un punto situado en el mar a tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo rio corte el plano vertical que pase por el punto más alto del volcán de Tacaná, y diste veinticinco metros del pilar más austral de la garita de Talquian, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala: -2º. La línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el rio Suchiate hasta su intersección con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista e Ixbul: -3º. La línea determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la comisión científica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su intersección con la anterior hasta un punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro: -4º. El paralelo de latitud que pasa por este último punto, desde él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más profundo del rio Usumacinta, o el del Chixoy en el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos ríos: -5º. La línea media del canal más profundo del Usumacinta, en su caso, o del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por éste, en el otro, desde el encuentro de uno u otro rio con el paralelo anterior, hasta que el canal más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo: -6º. El paralelo de latitud que acaba de referirse, desde su intersección con el canal más profundo del Usumacinta, hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique: -7º Esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior, hasta la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17º 49´): -8º. El paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17º 49´), desde su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este.”

Para el establecimiento de la frontera entre México y Belice se convino en 1893 lo siguiente:;

“La línea divisoria comienza en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa el Estado de Yucatán del Cayo Ambergris y sus islas anexas, posteriormente la línea divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y el continente con dirección al Suroeste hasta el paralelo de 18° 9' Norte y luego al Noroeste a igual distancia de dos cayos, hasta el paralelo de 18° 10' Norte; torciendo entonces hacia el Poniente continua por la bahía vecina primero en la misma dirección hasta el meridiano de 88° 2' Oeste, entonces sube al norte hasta el paralelo de 18° 25' Norte; de nuevo corre hacia el Poniente hasta el meridiano 88° 18' Oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta la latitud 18° 28%' Norte; a la que se encuentra la embocadura del Río Hondo, al cual sigue por su canal más profundo, pasando al Poniente de la isla Albion y remontando el Arroyo Azul hasta donde éste cruce el meridiano del Salto de Garbutt en un punto al Norte de la intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras Británica, y desde ese punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17° 49' Norte, línea divisoria entre la República Mexicana y Guatemala; dejando al Norte en territorio mexicano el llamado río Snosha ó Xnohha.”

Además de sus fronteras, México se encuentra delimitado por el lado oeste con el Océano Pacífico y hacia el este con el Océano Atlántico. Estas delimitaciones, más el espacio aéreo, es donde el Estado ejerce su soberanía.

Actualmente no existe una instancia en el Ejecutivo Federal donde se puedan abordar los temas relacionados con las fronteras. Anteriormente se había creado mediante un decreto emitido por el ex presidente de la República Mexicana, Vicente Fox, el día 8 de febrero de 2001, la Comisión Intersecretarial para Asuntos de la Frontera Norte, la cual tenía como principal fin de impulsar el desarrollo y fomentar el progreso de la región.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone la creación de una nueva instancia denominada “Comisión para el Desarrollo de las Fronteras”, para atender todo lo relacionado con las fronteras y tendrá como objetivo primordial impulsar el desarrollo de la región fronteriza a través de la creación de políticas públicas que atienden las necesidades para hacer de la zona un lugar apropiado para detonar la economía regional y nacional.

Esta Comisión se propone se integre por el Secretario de Gobernación quien la presidirá y por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.

Es importante mencionar que esta instancia no tendrá una estructura propia y por lo tanto no se le destinará recursos presupuestales adicionales para su funcionamiento, si no que aprovechará las dependencias que existen para coordinarse en el tema.

Se propone que este órgano colegiado se reúna por lo menos cuatro veces al año, en la cuales se podrán invitar a Gobernadores y Alcaldes, servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para ser escuchados respecto a temas específicos con la intención de crear políticas públicas en beneficio de las regiones fronterizas norte y sur.

Las políticas diseñadas por la Comisión deberán estar orientadas dentro de cuatro ejes temáticos, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable y seguridad pública. Estas políticas siempre serán creadas con el objetivo de responder a las necesidades particulares de las fronteras.

La presente iniciativa enumera diversos tópicos generales para orientar a los integrantes de la Comisión sobre el diseño de políticas públicas.  Estos tópicos generales son base para el impulso del desarrollo y el fortalecimiento en materia de seguridad en la región fronteriza.

Por otro lado y en vista de que actualmente en diversas disposiciones existen términos como franja fronteriza y región fronteriza, las cuales se utiliza por diferentes autoridades para delimitar el espacio contiguo a la línea fronteriza con el objeto de regular distintas cuestiones que se llevan a cabo en esta demarcación, como son:

La Ley Aduanera en su artículo 136 dispone que la franja fronteriza es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. Mientras que el mismo artículo menciona que la región fronteriza será la que determine el Ejecutivo Federal. Para el Servicio de Administración Tributario el municipio de Cananea se adhiere la definición.

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 16 la delimita como una franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Para la Ley de Sanidad Animal también considera la franja fronteriza como el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país.

Por lo anterior es necesario, como lo propone la presente iniciativa, exista una Ley que regule la materia de fronteras para regular la franja fronteriza y la región fronteriza para evitar antinomias en el sistema jurídico mexicano.

Además, esta iniciativa propone la adición de una reserva fronteriza con el objetivo de dar cumplimiento a lo acordado en el acta de 1906 entre México y Estados Unidos de América en la cual se acordó que ambas naciones establecerían un área a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18.288 mts) que se considere como una “calle internacional” y en la cual no se permita que existan edificios ni construcciones de ningún género ni vías secundarias de ferrocarril, permitiendo sólo las vías principales de los ferrocarriles internacionales.

Esta reserva se propone que sea de jurisdicción federal y tendrá como destino únicamente el establecimiento de vías generales de comunicación, así como evitar asentamientos humanos en este espacio.

Se propone como una medida para reforzar la seguridad en este espacio y evitar delitos de alto impacto como lo son: homicidio, secuestro, tráfico de personas y de drogas y trata de personas. Asimismo prevenir la comisión de delitos como el robo, narcomenudeo, asaltos entre otros.

Asimismo y con la intención de que todas las políticas públicas destinadas a las fronteras nazcan de la Comisión atendiendo a las necesidades de la región se considera pertinente la creación de un fondo sin estructura orgánica, que pueda agrupar los recursos que actualmente ya se encuentran destinados a tal fin y que la Comisión pueda disponer del mismo para acciones específicas que impulsen y desarrollen las fronteras.

El patrimonio de éste fondo estará constituido por los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año; por las aportaciones que realicen las entidades federativas al fondo; los productos que se generan por la inversión y administración de recursos y bienes que formen parte de dicho fondo y los bienes físicos y monetarios que se aporten al fondo.

Para evitar que el fondo sea disminuido en cuanto a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos esta iniciativa prevé que el presupuesto destinado a este fondo no podrá ser inferior al del año fiscal anterior. Y se procurará que año tras año crezca este fondo en congruencia con la disponibilidad de los recursos públicos.

Por todo lo anterior, es necesario que exista legislación que delimite el territorio nacional, así como abrir de manera legal la posibilidad de proyectar las regiones fronterizas como motores para el impulso de la economía nacional, el desarrollo social, así como la seguridad y tranquilidad de los residentes de éstas, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS.

Artículo Único.- Se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras.

LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- La presente Ley  tiene por objeto regular los límites de las fronteras,  así como dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la planeación, programación y ejecución de políticas públicas con el fin de facilitar el desarrollo económico, social y sustentable en la región fronteriza.

Artículo 2.-Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. CILA: La Comisión Internacional de Límites y Aguas;

II. Comisión: La Comisión para el Desarrollo de las Fronteras;

III. Comité: El Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de las Fronteras;

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Fondo: El Fondo para el Desarrollo de las Fronteras;

VI. Franja Fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 30 de la presente Ley;

VII. Frontera.- Línea que marca el límite exterior del territorio nacional que determina el ámbito espacial donde el Estado ejerce su soberanía con exclusión de otro;

VIII. Ley: La Ley Federal para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras;

IX. Región fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 33 de la presente Ley;

X. Reserva fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 27 de la presente Ley;

XI. Secretaría: La Secretaría de Gobernación;

XII. Territorio.- Espacio que comprende lo establecido por el artículo 42 de la Constitución.

Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación de la presente Ley, a través de la Secretaría.

Artículo 4.- Para fines de delimitar el territorio nacional, se consideran como límites en cuanto a su plataforma continental las siguientes fronteras:

I. Al Norte, con los Estados Unidos de América, una línea divisoria con una extensión de 3,182 kilómetros;

II. Al Sur, con Guatemala, con una extensión de 960 kilómetros, y

III. Al Sur-este, con Belice, con una extensión de 290 kilómetros.

Artículo 5.- La Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada Mar Territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, como a las Aguas Marinas Interiores, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Mar y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6.- La soberanía del Estado mexicano se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como a su lecho y subsuelo. 

Artículo 7.- Las fronteras no perderán su carácter de líneas limítrofes a pesar de que sucedan cambios en la orografía del terreno.

Artículo 8.- Cualquier diferencia sobre límites entre las fronteras del territorio nacional se resolverá de conformidad a las disposiciones internacionales aplicables.

Título Segundo
De la Comisión para el Desarrollo de las Fronteras

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 9.- La Comisión es de carácter permanente, cuyo objeto es llevar a cabo la planeación y programación de las políticas públicas del Ejecutivo Federal encaminadas a lograr el desarrollo económico, social y sustentable, así como el fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza.

Artículo 10.- La Comisión estará integrada de manera permanente por los titulares de las siguientes Secretarías:

I. Gobernación, quien la presidirá;

II. Relaciones Exteriores;

III. Hacienda y Crédito Público;

IV. Desarrollo Social;

V. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VI. Energía;

VII. Economía;

VIII. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IX. Comunicaciones y Transportes;

X. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y

XI. Turismo.

Artículo 11.- Cada uno de los integrantes de la Comisión nombrará a un suplente de nivel de Subsecretario, quien podrá suplirlo en caso de ausencia.

Artículo 12.- La Comisión deberá invitar a los Gobernadores y Presidentes Municipales cuando el diseño de las políticas públicas se relacione con su jurisdicción.

Artículo13.- La Comisión podrá invitar para asuntos específicos, a los servidores públicos de cualquier orden de gobierno y de organismos constitucionales autónomos, así como a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 14.- La Comisión deberá realizar cuatro reuniones ordinarias al año, y en forma extraordinaria, las veces que sean necesarias a propuesta de su presidente.

Artículo 15.- Las actas derivadas de las reuniones de la Comisión deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en su página de internet oficial, a los 10 días hábiles posteriores a su aprobación.

Artículo 16.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fungir como la instancia de coordinación para impulsar el desarrollo económico, social y sustentable de las fronteras;

II. Privilegiar la aplicación de las políticas a cada una de las fronteras de acuerdo a la naturaleza del asunto.

III. Formular la política nacional de fronteras;

IV. Impulsar en el Plan Nacional de Desarrollo la política nacional de fronteras y sus programas regionales;

V. Propiciar la celebración de acuerdos entre distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias;

VI. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión;

VII. Aprobar el orden del día y las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, en su caso;

VIII. Aprobar sus programas de trabajo anual;

IX. Aprobar el informe anual de labores;

X. Aprobar grupos de trabajo para temas específicos;

XI. Proponer los programas y proyectos para el desarrollo de las fronteras;

XII. Aprobar las reglas de operación del Comité del Fondo previsto en esta Ley, así como dar seguimiento a sus actividades;

XIII. Solicitar al Comité el informe anual del uso del patrimonio del Fondo;

XIV. Impulsar la programación y presupuestación de recursos en un apartado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada una de las dos fronteras;

XV. Aprobar el reglamento interno de la Comisión, así como sus modificaciones, y

XVI. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.

Artículo 17.- El presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;

II. Dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión;

III. Asumir la representación legal de la Comisión;

IV. Proponer el nombramiento del Secretario Técnico ante la Comisión;

V. Elaborar el reglamento interno de Comisión;

VI. Elaborar y presentar ante la Comisión el programa de trabajo anual;

VIII. Elaborar y presentar ante la Comisión el informe anual de labores;

IX. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión, y

X. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Organizar el funcionamiento de la Comisión;

II. Preparar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;

III. Elaborar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;

IV. Publicar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, y

V. Las demás que señale el reglamento interno de la Comisión.

Capítulo Segundo
De las Políticas Públicas de la Comisión para el Desarrollo de las Fronteras

Artículo 19.- Los asuntos tratados en la Comisión se atenderán por medio de políticas públicas que fomenten el desarrollo regional en las fronteras.

Artículo 20.- Las políticas públicas estarán orientadas para facilitar el desarrollo económico, social y sustentable, así como el fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza.

Artículo 21.- La Comisión diseñará y propondrá principalmente en coordinación con los Estados y municipios, las políticas públicas a las Secretarías de Estado en el ámbito de sus competencias, mismas que deberán estar orientadas de acuerdo a los siguientes apartados:

I. Desarrollo Económico;

II. Desarrollo Social;

III. Desarrollo Sustentable, y

IV. Seguridad Pública.

Sección Primera
Desarrollo Económico de las Fronteras

Artículo 22.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo económico de las fronteras, cuyos criterios generales deberán estar orientados a:

I. Aprovechar las ventajas comparativas propias de cada región fronteriza;

II. Fomentar la exportación de bienes y servicios;

III. Estimular la inversión de empresas globales;

IV. Impulsar a las empresas locales para alcanzar niveles de competitividad frente a empresas extranjeras;

V. Gestionar las asignaciones presupuestales en el ramo de las dependencias que corresponda dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación;

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura terrestre, marítima, aeroportuaria y ferroviaria;

VII. Fomentar la competitividad y el desarrollo de los destinos turísticos;

VIII. Modernizar y optimizar de los puntos de internación terrestres, aéreos y marítimos, y

IX. Cualquier política que se considere necesaria para el impulsar el desarrollo económico de las fronteras.

Sección Segunda
Desarrollo Social de las Fronteras

Artículo 23.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo social de las fronteras, cuyos criterios generales deberán estar orientados a:

I. Superar la pobreza y la exclusión social con base en la construcción de capital social en función de las interacciones sociales que se registran en la región fronteriza;

II. Impulsar modelos para la educación binacional vinculada con el sector productivo;

III. Propiciar la reordenación de los asentamientos humanos;

IV. Promover la regularización de los terrenos federales;

V. Acordar con las instancias competentes los planes de vivienda, así como esquemas de financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda y sus servicios;

VI. Fortalecer la cobertura de los servicios de salud;

VII. Impulsar las acciones necesarias para mantener el control y en lo posible la radicación de focos epidemiológicos;

VIII. Fomentar el desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales;

IX. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el desarrollo social de las fronteras.

Sección Tercera
Sustentabilidad de las Fronteras

Artículo 24.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo sustentable de las fronteras, cuyos criterios generales deberán estar orientados a:

I. Construir plantas para la producción de energía sustentable;

II. Promover el consumo de energías limpias;

III. Fomentar el uso de fuentes alternativas de abastecimiento de agua;

IV. Impulsar mayor control sobre los desechos contaminantes;

V. Propiciar el cumplimiento de los programas de saneamiento binacional;

VI. Impulsar la conservación, protección y restauración de la biodiversidad;

VII. Fomentar la cooperación binacional para la adaptación a los efectos del cambio climático;

VIII. Promover la preservación de los ecosistemas acuáticos marinos y terrestres para su aprovechamiento sustentable, y

IX. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el desarrollo sustentable de las fronteras.

Sección Cuarta
Seguridad Pública

Artículo 25.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas en materia de fortalecimiento a la seguridad pública de las fronteras, cuyos criterios generales deberán estar orientados a:

I. Impulsar la seguridad pública en la franja fronteriza;

II. Fomentar la creación de cuerpos policíacos especializados;

III. Promover programas y acciones educativos, deportivos y culturales orientados a la juventud;

IV. Promover la protección  de los derechos humanos de los migrantes en la franja fronteriza, así como su protección consular de conformidad con las disposiciones internacionales aplicables;

V. Estimular el desarrollo de sistemas que impulsen la seguridad del transporte de carga, y

VI. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el fortalecimiento de la seguridad pública de las fronteras.

Título Tercero
De la Reserva, Franja y Región Fronteriza

Capítulo I
Reserva Federal Fronteriza

Artículo 27.- La Reserva Federal Fronteriza es el espacio de veinte metros de longitud que parte de la línea divisoria internacional hacia el interior del territorio nacional y que corre paralela a lo largo de la frontera internacional.

Artículo 28.- La Reserva Federal Fronteriza es de jurisdicción federal, y será utilizada como derecho de vía para la construcción de vías generales de comunicación dentro de sus propios límites, en la cual no se podrá construir nueva infraestructura urbana o rural, conforme a lo establecido en la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Artículo 29.- La seguridad pública en la Reserva Federal Fronteriza estará a cargo de la Secretaría, a través de las Instituciones Policiales que, en el ámbito de sus competencias, tendrá como fines la prevención especial y general de los delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Capítulo II
Franja Fronteriza

Artículo 30.- La Franja Fronteriza será el territorio comprendido por 20 kilómetros paralelos a la línea divisoria internacional del país.

Artículo 31.- La Franja Fronteriza Norte es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora.

Artículo 32.- La Franja Fronteriza Sur será una zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el océano Pacífico, dentro del cual se encuentra ubicada la ciudad de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.

Capítulo III
De la Región Fronteriza

Artículo 33.- Se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Título Cuarto
Del Financiamiento para el Desarrollo de las Fronteras

Capítulo I

Artículo 34.- Se crea el Fondo para el Desarrollo de las Fronteras que será administrado a través del instrumento del sistema financiero nacional que decida la Comisión, de conformidad con las normas que se establecen en la presente ley y aplicables en la materia, así como con las reglas de operación correspondientes. El instrumento del sistema financiero nacional seleccionado no deberá contar con estructura para su operación y funcionamiento.

Artículo 35.- El Fondo tiene como finalidad el financiamiento de la ejecución de las políticas públicas aprobadas por la Comisión, excepto en aquellos casos en que los fondos de inversión hayan sido ya asignados a las dependencias con destino a las fronteras. Los recursos que se asignen a través del Fondo serán implementados por las Secretarías de Estado que correspondan conforme a las reglas de operación correspondientes.

Artículo 36.- El patrimonio del Fondo se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de cada año;

II. Las aportaciones que realicen las entidades federativas, en términos de los convenios de colaboración que éstas suscriban con la Comisión de conformidad con lo previsto en la presente Ley;

III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;

IV. Los bienes físicos y monetarios que se aporten al Fondo, y

V. Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 37.- El presupuesto federal anual destinado al Fondo no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Esta asignación se procurará crezca en función de las necesidades de la región fronteriza, en congruencia con la disponibilidad de los recursos públicos.

Artículo 38.- Cuando el costo para ejecutar una política pública diseñada por la Comisión supere el presupuesto asignado para el Fondo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá asignar el recurso que sea necesario en una partida especializada en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año posterior inmediato.

Artículo 39.- Para el manejo de sus recursos, el Fondo contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de la Secretaría, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano los cuales serán designados por la Comisión, quienes no podrán tener nivel inferior al de Director General, sin que ello implique la contratación de nuevas plazas.

Artículo 40.- El Comité técnico del Fondo deberá elaborar un informe anual sobre el patrimonio del Fondo del ejercicio fiscal correspondiente y enviarlo a la Comisión quien deberá publicarlo en su página de internet oficial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El fondo deberá constituirse con un monto no menor, a $3´000,000,000.00 (tres mil millones 00/100) de pesos, cantidad que deberá asignarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuente a la entrada en vigor de la presente Ley

TERCERO.- La secretaría deberá expedir el Reglamento de la Ley en los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

CUARTO.- La Comisión deberá instalarse dentro de los 90 días posteriores de la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO.- La Comisión deberá aprobar su reglamento interno dentro de los 90 días posteriores a su instalación.

SEXTO.- La Comisión deberá nombrar y aprobar las reglas de operación del Comité del Fondo dentro de los 90 días posteriores a su instalación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.- Sen. Marco Antonio Blasquez Salinas, Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

Túrnese a las Comisiones Unidas, como lo han solicitado el Senador proponente, Ernesto Ruffo y el Senador Antonio Blásquez, a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Con todo gusto.

Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Ruffo, si me permite suscribir esta importantísima iniciativa, que podría equilibrar lo que tanto daño le ha hecho la reforma fiscal, precisamente a nuestras fronteras.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Con mucho gusto, de igual manera la Senadora Martha, que también lo solicitó.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante. Se toma nota por parte de Servicios Parlamentarios.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 constitucional.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Dolores Padierna.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El pasado 8 de marzo conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer”. En él recordamos la ardua lucha que las mujeres hemos llevado a cabo a favor de la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo.

A lo largo de la historia de nuestro país, hemos luchado en pro del acceso y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

En esta valiente lucha llevada a lo largo de muchos años, quiero destacar dos hechos importantes:

El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para los puestos de elección popular.

Ocho años después de ese histórico suceso, en 1961, se nombró a la Primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Jurista María Cristina Salmorán.

Como hiciera mención la Ministra Olga Sánchez Cordero, doña Cristina Salmorán fue, desde siempre, una mujer consciente de su circunstancia histórica, y así lo hizo saber en su discurso de toma de posesión como ministra al señalar que al concurrir a la integración del más alto tribunal, acrecentaba en ella la satisfacción de servir a la Patria, y que encaminaría sus esfuerzos a lograr ese objetivo, pero destacó que ella lo haría en su doble carácter de mujer y de abogada.

Otro hecho, a los 54 años, después de ese hecho histórico, solamente han sido designadas como ministras a lo largo de 54 años, solamente han sido designadas como ministras nueve mujeres, Libier Ayala Manso, fue designada en 1975; Gloria León Orantes en 1976.

En el periodo de 1983 a 1988, se designó a las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil, Irma Cué Sarquis.

En 1995, se designó a la actual Ministra Olga Sánchez Cordero; y por último, en 2004, se designó a la Ministra Margarita Luna Ramos.

A lo largo de 54 años, sólo 9 mujeres han sido ministras.

Hoy la Suprema Corte nada más tiene dos ministras, demostrando la inequidad que se tiene dentro del Poder Judicial en México.

Lo anterior se acrecienta, si tomamos en cuenta que en la pasada designación del último ministro de la Suprema Corte de Justicia, dentro de la terna que envió el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no se tomó en consideración a ninguna mujer, habiendo mujeres destacadas que pudieron haber ocupado el cargo y que no tienen un pasado tan cuestionado como el de Medina Mora.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL, la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia, se duplicó en el periodo 2001-2011 en América Latina, pasando de 10 por ciento a 23 por ciento. Sólo México mostró retrocesos.

En las Supremas Cortes de Estados Unidos, el 33.3 por ciento son mujeres; en Brasil, un 20 por ciento son mujeres; en Argentina, un 29 por ciento; en Chile, un 25 por ciento; en la Unión Europea, un 32 por ciento.

Cabe señalar que existen casos muy marcados donde el acceso de las mujeres a puestos relevantes en materia judicial, se han dado de manera plena, como en la Suprema Corte de Canadá, por ejemplo, donde de los 9 asientos para ministros, cuatro son ocupados por mujeres, recayendo, además, la presidencia de ese máximo cuerpo judicial en una mujer.

Por el otro lado, existen países donde el acceso de las mujeres a dichos puestos es casi nulo, como lo es el caso del Reino Unido, donde de 12 lugares sólo uno es ocupado por mujeres.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en sus observaciones finales hacia México 2012, reconoció que dicho Comité observa con preocupación la persistencia de más prácticas discriminatorias hacia las mujeres, por lo cual se emitieron recomendaciones orientadas, entre otras, a que el Estado mexicano adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el mercado laboral.

Es preciso mencionar que, en esta Soberanía se han impulsado acciones tendientes a fomentar el acceso pleno de las mujeres a puestos de mayor relevancia.

Con la reforma constitucional, en materia de transparencia, por ejemplo, se dispuso en el párrafo décimo primero, de la fracción VIII, del apartado A, del artículo 6o. constitucional, que para la conformación del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, se deberá procurar la equidad de género, con lo cual se estipuló un derecho fundamental de las mujeres en nuestra Carta Magna.

El primer paso para lograr una verdadera transformación en el Poder Judicial en México, es garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo Tribunal Constitucional del país, sea un espacio propicio para la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principales derechos humanos. Que el órgano judicial de los derechos humanos de las decisiones del Estado y de nuestra Constitución en el Poder Judicial, donde se consolide, como acceso pleno de las mujeres a la integración del mismo, lo sea la igualdad entre los géneros.

Por lo cual, esta iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución, con el fin de estipular que en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género.

México no debe seguir rezagado en fomentar prácticas encaminadas o hacer retrocesos. Las regresiones se están dando en todos los órdenes, ya ahora el Ejecutivo Federal, sólo manda ternas de puros hombres, excluyendo a mujeres destacadas, calificadas y de larga trayectoria. Debemos alertar de esto, para que en los avances en materia de género, no se retroceda. Ojalá se logre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no desaparezcan las mujeres, y más bien, los nuevos nombramientos sean para mujeres.

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en el que recordamos la ardua lucha que las mujeres han llevado a cabo en favor de la igualdad, la justicia, el respeto a sus derechos humanos, la paz y el desarrollo. A lo largo de la historia de nuestro país, hemos confrontado diversas posturas en contra del acceso y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres, principalmente en lo que se refiere al ámbito laboral.

Según datos del INEGI, dentro de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo del Cuarto Trimestre de 20141, las mujeres participan solamente en el 37.75 por ciento de la población económicamente activa, lo que representa que 18.8 millones de mujeres estuvieron participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio, contra los 31 millones de hombres que participaron en dicho sector, lo cual demuestra el rezago que se tiene en el acceso de las mujeres al empleo, aún en pleno Siglo XXI.

En este sentido, “Largo ha sido el proceso de aceptación de la mujer en las actividades políticas, económicas y sociales. Dos actitudes han sido determinantes para el cambio: la decisión de algunos gobernantes y la valentía de nuestras antecesoras, de las mujeres precursoras que se atrevieron a enfrentar por primera vez, actividades entonces exclusivas de varones, que desafiaron las rígidas estructuras sociales de su tiempo y las vencieron demostrando la existencia de igualdad intelectual.”2

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Ocho años después de este histórico suceso, en 1961, se nombró a la primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurista María Cristina Salmorán De Tamayo.

Ahora bien, en el caso que nos atañe, es imprescindible señalar que dentro del Poder Judicial de la Federación, en particular en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acceso a las mujeres para ocupar el cargo de Ministra, no se ha dado en condiciones de igualdad para con sus pares los hombres.

Como dijera la Ministra Olga Sánchez Cordero, “Doña Cristina Salmorán fue, desde siempre, una mujer consciente de su circunstancia histórica. Así lo hizo saber en su discurso de toma de posesión como Ministra, al señalar que el concurrir a la integración del más alto tribunal, acrecentaba en ella la satisfacción de servir a la patria, y que encaminaría todos sus esfuerzos a lograr ese objetivo; pero destacó que ella (porque hablaba a nombre de los ministros Alberto R. Vela y Manuel Yáñez Ruiz designados para ocupar el cargo en la misma sesión) lo haría en su doble carácter de mujer y de abogada.”3

Hay que señalar que, a 54 años de este histórico logro para las mujeres, solamente han sido designadas como Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nueve mujeres más. Livier Ayala Manzo fue designada en 1975; Gloria León Orantes en 1976; en el periodo de 1983 a 1988 el entonces Presidente Miguel de la Madrid designó a las Ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gilde Lester e Irma Cué Sarquís; en 1995 se designó a la actual Ministra Olga Sánchez Cordero y por último en 2004 se designó a la actual Ministra Margarita Luna Ramos.

Dentro de la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de destacar que sólo el 18.18 por ciento del total es ocupado por mujeres, es decir, sólo 2 de 11 Ministros, lo cual demuestra la inequidad que se tiene dentro del Poder Judicial. Lo anterior se acrecienta si tomamos en cuenta que en la pasada designación del último Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la terna que envió el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no se tomó en consideración al menos una mujer.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia se duplicó en el periodo entre 2001 y 2011 en América Latina, pasando de un promedio de 10% a 22.6%, en un ámbito predominantemente masculino En la mitad de los países de América Latina la presencia de mujeres en el máximo tribunal de justicia supera el promedio regional de 22,6%. Este es el caso de Venezuela (44%), Puerto Rico (43%), Costa Rica (35%), El Salvador (33%), Colombia (30%), Nicaragua (29%), la República Dominicana (27%), Cuba (27%) y Chile (25%).El incremento de la presencia de las mujeres en el poder judicial se ha dado también de forma generalizada en los poderes ejecutivo y legislativo, así como en otros ámbitos de toma de decisiones. 4

Dentro del contexto internacional, se han ampliado los espacios dentro de las diferentes Cortes de Justicia de cada país, con el fin de empoderar a las mujeres. Según el informe de la CNDH, Comparativo Participación Femenina en el Poder Judicial 2011-2013, la proporción de mujeres en los tribunales superiores de justicia apenas rebasa el 30% de la integración de dichos órganos de impartición de justicia en algunos países, mientras que en los demás tomados en cuenta, no llega ni siquiera al 30%.5

En la Suprema Corte de Estados Unidos, del total de miembros de ésta, 6 son hombres y 3 mujeres, lo que representa que un 33.3% de los espacios de la Suprema Corte en Estados Unidos, está ocupados por mujeres. Asimismo en Brasil, tan sólo el 20% de la integración del Supremo Tribunal Federal de Brasil está ocupado por mujeres, lo que quiere decir que de los 10 integrantes del órgano, dos son mujeres y el resto son hombres. Argentina presenta el mismo número de mujeres, aunque con un número menor de integrantes en la Suprema Corte de Justicia, es decir, de los siete integrantes de la Corte, 5 son hombres y 2 son mujeres, lo que representa el 28.5% del total. En el caso de la Suprema Corte de Chile no es diferente, de los 21 espacios de la Suprema Corte, 15 son ocupados por hombres mientras que sólo cinco están, ocupados por mujeres, lo cual representa el 25 por ciento.6

En conjunto, las Ministras en los Tribunales Supremos en países miembros de la Unión Europea representan el 32% del total de los espacios en los órganos de impartición de justicia, una marcada diferencia frente al 68% ocupado por hombres en esa región.7

Cabe señalar que existen caso muy marcados donde el acceso de las mujeres a puestos relevantes en materia judicial se ha dado de manera plena, tal es el caso de la Suprema Corte de Canadá, donde de los 9 asientos para los ministros, 4 son ocupados por mujeres y 5 por hombres, siendo que la persona que preside dicho tribunal es mujer.8 Por el otro lado, existen países donde el acceso de las mujeres a dichos puestos es casi nulo, como es el caso de Reino Unido, donde de los 12 lugares, solamente uno es ocupado por una mujer, representando el 8.8 por ciento del total.9

Por lo anterior, es claro que en nuestro país debemos impulsar acciones tendientes a dar pleno acceso de las mujeres a puestos de la mayor importancia como lo es la máxima magistratura nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, sin importar su postura ideológica, darán una visión distinta a la protección de la constitucionalidad y de los derechos humanos.

Es un hecho que la presencia de las mujeres en la toma de decisiones está cada vez más legitimada en los países de la región, pero es necesario señalar que, aun así, en el promedio regional, la participación de la mujer no supera 25% en ninguno de los poderes del Estado señalados, dando cuenta que hay aún un número de países en que el avance es aún lento.10

En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, estipula en su artículo 11 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contrala mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos”11, donde destacamos, en particular, “El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo”12.

En esta tesitura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus Observaciones finales hacia México 2012, reconoció que dicho comité observa con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo, por lo cual se emitieron recomendaciones orientadas, entre otras, a que el Estado Mexicano adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral.13

Con la reforma constitucional en materia de Transparencia se dispuso en el párrafo 11, de la fracción VIII, del Apartado A, del artículo 6 constitucional que para la conformación del organismo garante responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales se deberá procurar la equidad de género, con lo cual se estipuló un derecho fundamental de las mujeres en nuestra Carta Magna.

En el caso en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación debe ser un espacio propicio para el empoderamiento de las mujeres, donde se deba garantizar el acceso pleno de las mujeres en la integración del mismo, por lo cual esta iniciativa tiene por objeto el adicionar un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución con el fin de garantizar que En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. a VI. …

En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Pleno del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo del Cuarto Trimestre de 2014, INEGI, disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.pdf

2 Luna Ramos, Margarita, La mujer en la Suprema Corte, El Universal, disponible en http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/03/69154.html

3 participación de la señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el homenaje a doña María Cristina Salmorán de Tamayo, organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 22 de abril de 2003, en el University Club de la Ciudad de México, disponible en https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/MAR%C3%8DA%20CRISTINA%20SALMOR%C3%81N%20DE%20TAMAYO.pdf

4 Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. Observatorio de América Latina y el Caribe (OIG). CEPAL.

5 Participación de la Mujeres en el Poder Judicial Federal. CNDH. Cuarta Visitaduría General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

6 Ídem.

7 Participación de la Mujeres en el Poder Judicial Federal. Óp. Cit.

8 Supreme Court of Canada, http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-juges/current-actuel-eng.aspx

9 Supreme Court of United Kingdom, https://www.supremecourt.uk/about/biographies-of-the-justices.html

10 Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. Op cit.

11 Artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf

12 Artículo 11, numeral 1, inciso b) Óp. Cit.

13 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hacia México, puntos 28 y 29, disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf





 

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca de fomento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen a discusión)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para estos efectos, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Salvador López Brito.

Tiene el uso de la palabra para referirse al presente dictamen, Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Presento ante ustedes un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, que aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que se incorpore el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura en el proceso de autorización de la pesca de fomento.

Sucede que en nuestro país, cuando hay algunas especies sujetas a captura o explotación, que ante algunas instancias o empresas extranjeras desean participar en lo que se llama “Pesca de Fomento o de Investigación”, el requisito para autorizarlo es, en este momento, de acuerdo a la ley vigente, en el artículo 64, que únicamente sea la Secretaría, es decir, la SAGARPA, a través de CONAPESCA, la que autorice que los extranjeros puedan tener actividades de pesca de fomento en la captura de algunas especies marítimas.

Con esta modificación que se está haciendo del artículo 64, estamos incorporando, y lo leo textualmente:

“La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científico para permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos o instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban de cumplirse en términos de la legislación aplicable”.

¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Pues que nuestra entidad pública en materia de investigación, que es el INAPESCA, también participe junto con CONAPESCA en este tipo de autorizaciones que, en algunas ocasiones, se vuelven conflictivas o, incluso, son sujetos de algunas situaciones dudosas.

Por lo anterior, el hecho de incorporar a esta institución tan prestigiada en México en el tema de la investigación, también organismo desconcentrado del gobierno federal, le dará mayor credibilidad y transparencia a este tipo de autorizaciones, de permisos para que extranjeros vengan, pues, a realizar actividades de pesca de fomento en nuestro país.

Por lo anterior, le pido a esta Honorable Asamblea, amigas y amigos Senadores, su voto a favor de este dictamen, y tener en nuestra legislación pesquera vigente una condicionante más para autorizar pescas de fomento a extranjeros.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador Salvador López Brito.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Buenas tardes.

Al igual que mi compañero Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el compañero Brito, nos sumamos, como comisión, y solicitamos al Pleno que podamos dar ese voto de confianza a una iniciativa que surgió de la Colegisladora y que nos permite fortalecer la pesca de fomento, que tiene como propósito fortalecer los casos de estudios científicos, técnicos, asimismo, con fortalecer las tareas propias de una institución tan importante como SAGARPA, como INAPESCA, pero sobre todo, regular, reglamentar para que los extranjeros, pues puedan estar dentro de esta normatividad y que con ello podamos aprovechar también, pues, estos grandes recursos naturales que tiene nuestro país.

Y es por eso que desde la producción, comercialización, federación de cadenas de valor y sustentabilidad se aporta a un resultado de la integración global de la pesca, y por lo tanto, incorporar a INAPESCA al proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros. Con ello se permitirá también compartir experiencias, conocimientos, tecnologías que se han aplicado en otros países.

Estoy plenamente convencido, como mexicano, como guerrerense, en la colindancia que tenemos con el Océano Pacífico, con el Golfo de México, que debemos todos de coadyuvar, para generar de manera permanente un impulso a las nuevas metodologías, y un mayor crecimiento de la industria pesquera y acuícola.

Pero también debemos de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero con una amplia protección y sustentabilidad ambiental.

En conclusión, pues, pedimos a ustedes, que de manera responsable podamos dar este voto de confianza a favor de la reforma del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por lo que solicito su apoyo a este dictamen que fue revisado, discutido y analizado por mis compañeros integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Muchas gracias, y buenas tardes.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Sofío Ramírez. Muy amable.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

 





 

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que en relación con la propuesta efectuada por el señor Senador Fernando Yunes Márquez, esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo relativo al ataque a elementos de la Gendarmería Nacional, ocurrido el 19 de marzo pasado.

Por lo tanto, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo correspondiente.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.

“Primero.- El Senado de la República condena el ataque de que fueron objetivo miembros de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, en el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco, el pasado 19 de marzo, y del que resultó la muerte de cinco gendarmes y tres civiles, ajenos al enfrentamiento.

Segundo.- El Senado de la República lamenta el fallecimiento:

Del Oficial, Salvador Flores Bautista.

El Policía Tercero, José Adán Álvarez Hernández.

El Policía Tercero, Enrique González Santamaría.

El Policía Tercero, Cristian Giovanni López Becerril.

Y el Policía Segundo, César Gómez Cruz.

Asimismo, lamenta la muerte de las tres personas, que de forma incidental fueron alcanzadas por el tiroteo.

Tercero.- El Senado de la República reconoce en su muerte, el sacrificio por su empeño de proteger y servir a la sociedad, y expresa a las familias de los policías y de las personas que accidentalmente fallecieron en el enfrentamiento, su pésame y solidaridad por la pérdida sufrida.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a las autoridades correspondientes a concluir la investigación que permita la identificación y condena de los responsables.”



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquese el Acuerdo.

Y como fue solicitado, respetuosamente, solicito que puestos de pie guardemos un minuto de silencio en memoria de los policías y civiles fallecidos en el ataque ocurrido en Ocotlán, Jalisco, el día 19 de marzo pasado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes, sean tan amables de poner de pie.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)


El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Pueden tomar asiento.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación, en materia de atribuciones de los consejos municipales de participación social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO M), RECORRIÉNDOSE EL INCISO M) ACTUAL PARA SER N), AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para esos efectos, se concede el uso de la palabra al señor Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Lo que hoy se turna al Pleno es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados, y tiene un tema fundamental en cualquier reforma educativa, y es el de la participación social.

La Ley General de Educación establece 4 niveles de participación: uno a nivel nacional, un segundo a nivel estatal, un tercero a nivel municipal, y un cuarto: los consejos de participación escolar.

La minuta que hemos recibido, y agradezco a los miembros de la Comisión de Educación, a la Senadora Graciela Ortiz, en la Presidencia de Estudios Legislativos. Consiste en facultar a los consejos municipales para que éstos puedan proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales, preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.

Cualquier diseño curricular necesita revisar en contenidos educativos el sentido de la pertinencia de lo que el acto educativo va a desarrollar. Para ese propósito, la Secretaría de Educación Pública ha venido diseñando una serie de lineamientos, en base a las atribuciones que la legislación de la materia le otorga, para que estos consejos puedan integrar esa orientación para que la educación pueda resolver los temas y los problemas de la comunidad inmediata.

En todo el mundo, cuando se revisa una reforma educativa se requieren varias particularidades, por supuesto que tenemos que ver el contenido general, los métodos educativos, y aquí lo que queremos subrayar es el sentido de la participación social y la participación ciudadana.

En los 2 mil 457 municipios del país, que es donde el mexicano tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, es donde tenemos que conocer cómo vibran las vocaciones económicas, las vocaciones sociales, para darle ese ingrediente que hoy consideramos fundamental. Así el sistema de participación, desde la escuela, el municipio, el estado y la federación tendrá mayor calidad, mayor equidad y mayor pertinencia.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer los motivos correspondientes en favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Daniel Amador.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Con su permiso, señor Presidente.

Se considera que los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación son piezas claves para contextualizar la educación a las necesidades e intereses regionales que redundan en el bien común y el beneficio social.

Esta aseveración se realiza concibiendo al Consejo Municipal de Participación Social como órgano que gestiona ante el ayuntamiento y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio.

En consecuencia, se considera pertinente que éstos gestionen las acciones que propicien al conocimiento, actividades económicas locales, preponderantes, para impulsar el desarrollo integral de la educación en las comunidades.

Esto representa una incorporación de una visión integral de desarrollo. Las comisiones dictaminadoras en la Colegisladora, pretendemos con esto hacer sentir que los consejos de participación social de la educación deben ser fundamentales, para darle un sentido de desarrollo en la reforma educativa a la capacidad de gestión de nuestras escuelas públicas en el país.

Sin duda, falta mucho por hacer, pero con la estrecha relación que debe existir entre padres de familia, autoridades, maestros, seremos capaces de poder enfrentar el nuevo reto y poder lograr cristalizar con mayor éxito la reforma educativa que este Senado aprobó.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, en los mismos términos, se concede el uso de la palabra al Senador Luciano Borreguín González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer los motivos que le corresponden en favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Luciano Borreguín González: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes. Compañeras y compañeros:

El artículo 70 de la presente Ley de Educación, establece que en cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de las organizaciones sociales de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Lo que plantea el proyecto de Decreto es reformar el inciso m) de la citada ley, de manera que dentro de sus facultades se encuentren la de proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales, preponderantemente, e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.

Es de gran importancia otorgarle dicha facultad a los Consejos Municipales de Participación Social, ya que al enseñarles a los estudiantes las actividades económicas de la región en la que viven pueden elegir la que mejor se adapte a sus habilidades y desarrollarse económicamente. Además de dar impulso a las actividades de la región.

Es vital darles a conocer a los jóvenes de la región las distintas actividades económicas que se desarrollan en la misma para que se involucren en las comunidades y sean semejantes a una orientación vocacional en donde aprendan oficios y desarrollen sus habilidades.

Actualmente, se advierte de las graves carencias de políticas públicas de Estado, congruentes con los aprovechamientos integral y sustentable de los recursos naturales desde el punto de vista socioeconómico.

Efectivamente, las importantes riquezas naturales no han sido bien aprovechadas y las tendencias hacia la insustentabilidad son alarmantes, particularmente en materia de seguridad alimentaria, no solamente a causa de la falta de disponibilidad, material y alimentos, también a la falta de acceso social o económico, por lo que al enseñar a los jóvenes las distintas actividades de las regiones se estaría aprovechando los recursos naturales y logrando una sustentabilidad económica al mismo tiempo.

Propiciando que los jóvenes se desarrollen en actividades regionales se dará un mayor sustento futuro a las comunidades, además de hacer prevalecer sus costumbres, tradiciones y actividades económicas.

Al consolidar una educación integral se favorece a toda la comunidad, ya que se verán beneficiados intelectual, laboral y económicamente.

El Acuerdo 280, por el que se establecen los lineamientos generales a los que se ajustará la Constitución y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, establece: “Que los consejos deberán elaborar un proyecto de participación social en la educación, en el que se determinen estrategias, metas y actividades de acuerdo con las necesidades de la población”.

Una de las líneas que se consideran para la formulación del proyecto es la del desarrollo social de la comunidad.

Al elevar a nivel legal lo establecido en el Acuerdo 280, se estaría cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la legitimación que tiene el Estado como rector y garante del desarrollo económico y social, y en cuanto a la operación del desarrollo democrático de la nación.

Es importante que la educación del país contemple, en todo momento, el desarrollo económico y social, ya que además de ayudar a las familias mexicanas se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la educación en México debe ser democrática y nacional.

Nacional se refiere a que debe atender a la comprensión de los problemas, el aprovechamiento de recursos, el aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

Aprobando el dictamen, se estaría logrando precisamente eso, el promover acciones diarias vinculadas al desarrollo y progreso social y económico.

Debemos considerar a la educación como una herramienta imprescindible para fomentar el desarrollo económico y social, y debemos propiciar una vinculación activa y constante entre la escuela y las comunidades.

Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación son pieza clave para contextualizar la educación a las necesidades e intereses regionales que redunden en el bien común y en el beneficio social.

Al aprobar el presente dictamen se estaría involucrando a la ciudadanía en temas de educación de las actividades económicas de cada región y se propiciaría el desarrollo económico de las familias.

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con la finalidad de exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Uno de los objetivos que México debe alcanzar para consolidar la democracia es incentivar y crear mayores mecanismos de participación ciudadana en los que la opinión de la gente sea considerada en la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno y al interior del Poder Legislativo.

Sin duda alguna, la educación básica y media superior tienen una enorme oportunidad para formar a los educandos hacia una ciudadanía participativa y encaminarlos a incentivar en ellos la acción en asuntos públicos del Estado mexicano.

Asimismo, la promoción de dicha participación no debe ser únicamente en la formación de los educandos, se debe aprovechar que dentro de los centros educativos converjan estudiantes, maestros, padres de familia y la comunidad en general.

En estos espacios destinados a la promoción de la participación ciudadana se debe abrir el debate y la discusión de los problemas propios de la escuela y la comunidad para buscar soluciones a dichas problemáticas mediante la colaboración de todos.

En este sentido, la Ley General de Educación contempla la integración de consejos de participación social cuyo propósito es que la sociedad se involucre en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios en la educación

Sin embargo, es necesario reconocer que es poca la eficacia de estos consejos de participación social, ya que si bien están contemplados en la ley, en la práctica, en muchos casos ni siquiera están conformados, según lo establecido, y por lo tanto su operación es deficiente.

Contrario a los principios del Estado mexicano, en el país se han centralizado la solución de muchos de los problemas a través del orden federal descobijando a los municipios y debilitando su funcionamiento.

Contrario a esto debería de darse un mayor reconocimiento a los municipios mediante atribuciones y funciones más amplias, esto en virtud de ser el primer contacto de los ciudadanos con la estructura del Estado.

En este sentido el presente dictamen que tiene por objeto adicionar una fracción al artículo 70 para que mediante los consejos de participación social se propongan acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes, impulsen el desarrollo integral de las comunidades es significativo en dos sentidos.

En primer lugar, porque busca dar un impulso a la participación ciudadana a través de los consejos locales.

En segundo lugar, porque propone dar reconocimiento y difusión de las actividades económicas locales, y en consecuencia, fortalece el sentido de pertenencia con las comunidades.

Sin embargo, el reto está en volver una realidad lo escrito en la ley, recordemos que en México una especialidad es hacer de la ley letra muerta, ejemplo de ello es la reforma educativa que a más de dos años de su implementación en la que se prometieron mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, no se ha cumplido; en cambio, sólo han logrado atemorizarlos con el tema de la evaluación y la permanencia, sin ofrecerles capacitación y orientación que los prepare para el examen que presentarán, y mucho menos han obtenido mejores condiciones de trabajo.

Esto a pesar de que se han empecinado en demostrar las bondades de dicha reforma.

En este sentido, el presente Decreto deber ir acompañado del mensaje para las autoridades educativas con el objeto de que lleven a cabo las acciones necesarias para hacer que los consejos de participación social funcionen de manera óptima y cumplan sus objetivos.

Es necesario que desde la comunidad escolar en las aulas y en todos los ámbitos de la sociedad se promueva la participación ciudadana en todos los asuntos públicos y se promuevan las actividades económicas locales, ya que desde ahí se pueden sentar las bases para un futuro diferente en nuestro país.

Bienvenido este dictamen que empodera y llama a la participación ciudadana.

Ojalá este Poder Legislativo, en sus dos Cámaras, puedan seguir fomentando la participación ciudadana en los temas de interés nacional y de trascendencia.

A favor del dictamen.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la finalidad de exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, ciudadano Presidente, con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

En 1992 se dio el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y con este hecho se da también la creación de la Ley General de Educación, que fue aprobada por el Congreso Mexicano el 13 de septiembre de 1993.

De las cuestiones que nos parecieron importantes en aquél entonces, era que en la ley, en el artículo 70 se hablaba ya de los consejos de participación social en la educación en los municipios, en el país y en los estados.

¿Cuáles son los objetivos que persiguen los consejos de participación social en la educación?

1.- Fortalecer y elevar la calidad de la educación.

2.- Ampliar los servicios educativos.

Déjenme decirles que la utopía no se cumple.

¿Por qué son importantes los consejos de participación social?

Sí quisiera que pusieran atención, quiénes lo integran, porque es una cuestión toral para que los que sostenemos que la educación es el motor de desarrollo de los pueblos pensemos en los consejos como la alternativa para impulsar el desarrollo de la educación, y en consecuencia, el desarrollo de los pueblos.

¿Quiénes integran el consejo municipal de participación social en la educación?

Las autoridades municipales, empezando por el presidente, el síndico y el ciudadano regidor de educación;

los padres de familia; los representantes de las asociaciones de los padres de familia; maestros distinguidos; directivos de las escuelas; representantes sindicales, quienes tendrán la obligación de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la educación; representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación; y demás interesados en el mejoramiento de la misma. Aquí han circunscrito los consejos de participación social, a lo que se denomina la autonomía de gestión.

Es decir, son tan amplias las facultades de estos consejos de participación social en la educación, en sus tres ámbitos, que nos parece un absurdo que a estos consejos se les use solamente para el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción, ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo.

Imagínense, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, gestores de dinero para que hagan obras en las escuelas, aulas, entre otras, laboratorios, bardas, techumbres, porque el Estado mexicano evidentemente no se hace responsable.

Debe procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada una de las escuelas. ¡Imagínense!

Actividades técnico-pedagógicas, llevar el seguimiento de actividades de la escuela, conocer resultados de la evaluación para contribuir a la formulación de contenidos locales.

Podrán opinar en asuntos pedagógicos, proponer estímulos y reconocimiento de carácter social para alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.

Esta es la parte importante.

Esta es la parte importante de los consejos de participación social.

La Reforma propone que se adicione un inciso m) para proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales, preponderantes e impulsar el desarrollo integral de las comunidades.

Está bien, ya lo dice ahora en la ley, porque lo vamos a aprobar, pero es necesario reflexionar sobre la propuesta que vamos a votar de por qué no funcionan los consejos de participación social en la educación.

No funcionan por una razón: porque el gobierno en turno y los gobiernos anteriores absolutamente todo lo politizan.

Anteriormente tenían el aval de Elba Esther Gordillo, hoy tienen el aval de Juan Díaz.

Si la educación, compañeros, sinceramente digámoslo, para qué ha servidor, para generar votos para el partido en turno en el poder.

Es decir, el Presidente de la República busca sus afines para que estén en el Consejo Nacional de Participación Social.

Los gobiernos de los estados buscan a sus afines, a sus correligionarios, a sus incondicionales, para que se integren a los consejos de participación social en la educación. En los estados y en los municipios la receta es exactamente la misma.

Es decir, aunque se instalan, sus fines no son educativos, sus fines son políticos cien por ciento.

La mayoría de las escuelas, compañeros, siguen en condiciones deplorables.

Recorremos el país, recorremos el estado y las escuelas carecen de las cuestiones más elementales en cuanto a infraestructura.

En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes acordamos que en el derecho a la educación se iba a insistir en mejorar la infraestructura educativa, se iba a insistir en mejorar el equipamiento, se iba a insistir en generar las condiciones físicas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones públicas del país fuera una realidad contundente.

Letra muerta, coincido con mi compañero el Senador de Zacatecas.

Un porcentaje altísimo de nuestros infantes carecen de lo más elemental para incorporarse a la escuela, carecen de alimentos sanos suficientes y nutritivos, carecen de los recursos económicos para pagar las cuotas escolares, comprar útiles escolares y uniformes.

Por último, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, déjenme decirles que seguiremos sosteniendo que la educación es el motor del desarrollo del pueblo.

Los consejos de participación social en la educación, más con esta adición que se está haciendo el día de hoy, si los hacemos funcionar pueden ser el súper combustible que requiere el motor de la educación para sacar a México del atraso y del subdesarrollo en que se encuentra.

A favor del Decreto.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Finalmente, tiene el uso de la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

En tanto, le agradecemos al Senador Fidel Demédicis que haya aclarado que su voto también es a favor. Muchas gracias, señor Senador.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Muy buenas tardes.

Como siempre, hablar del tema de la educación es un compromiso para que quienes de una manera o de la otra hemos tenido la oportunidad no solamente de dar clases, de estar en las aulas, sino también de ejercer la administración en los servicios de educación.

Es por ello que muchos de los actores políticos están de acuerdo en que la educación es el motor para el desarrollo de un país, de un estado y de un municipio, todos están de acuerdo.

Pero la realidad es que muy pocos saben cómo echar a andar ese motor, muy pocos saben de qué manera y en muchas ocasiones se confunde la gasolina de este motor con una cuestión política, y es utilizado con fines que en muchas ocasiones no llevan a nada.

Es por eso que hoy que se presenta este presente dictamen, donde se pretende ordenar, donde se pretende involucrar, donde se pretende poner a tiempo a todos los actores en los cuales estamos involucrando a los padres de familia, a la autoridad municipal, que es la parte principal y fundamental para ordenar las políticas en todos los sentidos, estamos hoy presentándonos también para hablar a favor de este presente dictamen.

Creemos firmemente que la educación, efectivamente, comienza en casa.

Creemos firmemente que la educación, así en la educación primaria y secundaria, es fundamental, pero los actores políticos no podemos estar alejados de cómo se está educando a nuestros hijos.

Es por ello que es momento de poner a tiempo y que todos unamos esfuerzos, que todos escuchemos a quienes de una manera o de la otra son responsables del desarrollo de cada uno de sus municipios y que escuchemos a la población.

No considero y no consideramos, aquí en este Senado, que dejemos de escuchar a esas voces.

Por eso esto, que el día de hoy se presenta, es un instrumento que va a ser imprescindible para que haya una sociedad mucho más equitativa y que garantice al sistema educativo nacional una igualdad de oportunidades.

Es totalmente claro que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en adicionar un inciso a esta Ley de Educación con la finalidad de permitir que los consejos municipales de participación social sean autoridad educativa local y que haga las diversas acciones que promuevan el conocimiento de las actividades económicas e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.

Se tiene que buscar que ahí, en la base, se tomen las decisiones adecuadas. Yo escuchaba hablar a mis compañeros Senadores con mucha experiencia y con mucha sabiduría, comentaban de que teníamos que ver qué era lo que necesitan los municipios para hacer programas educativos, que esos programas educativos fueran acordes con lo que requieren; que fueran acordes con lo que requiere el desarrollo municipal y el desarrollo regional.

Por eso estamos a favor, por eso creemos firmemente que tenemos que buscar nuevamente poner a tiempo las cosas. La educación es básica, y cuando escuchamos las voces de todos aquellos que quieren participar, seguramente nos vamos a equivocar, y el día de mañana vamos a lamentar no darle a nuestros hijos una educación de calidad que hoy México requiere y que es motor, efectivamente, pero el motor de un México triunfante.

Muchas gracias y muy buenas tardes.

El Senador Presidente Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en los términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 86 votos a favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n) al artículo 70 de la Ley General de Educación.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en la reunión celebrada esta mañana.

La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.

La Mesa Directiva autorizó las siguientes ampliaciones de turno.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se presentó el 18 de marzo, para quedar en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, presentada el 18 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de tortura, presentada el pasado 10 de febrero, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Presidencia ratifica los turnos asignados.





 

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7, 8, 19, 26, 45 Y 57 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 1 BIS, UN ARTÍCULO 8 BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 43 Y UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD)

Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7, 8, 19, 26, 45 Y 57 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 1 BIS, UN ARTÍCULO 8 BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 43 Y UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es indiscutible el hecho de que la correlación de fuerzas cambió radicalmente al final del siglo XX, donde el orden bipolar, por el cual se regían las relaciones internacionales, quedó atrás, dando cabida a un orden multipolar donde los diferentes actores internacionales buscan una mejor inserción en la nueva arquitectura global. Países que hasta entonces no figuraban dentro del concierto internacional como Brasil, India o Sudáfrica han cobrado peso dentro de las decisiones a escala global, conformando un contrapeso a las grandes potencias internacionales y se han configurado un sin número de bloques regionales para tal fin, como el denominado BRICS o la CELAC.

La nueva agenda internacional ha demostrado los alcances de la globalización y la creciente interdependencia entre los diferentes Estados. El surgimiento de nuevos actores con inmensa injerencia en la toma de decisiones como la sociedad civil organizada y los nuevos desafíos mundiales han llevado a revalorar los propósitos y principios tradicionales de la convivencia internacional, por lo cual, dentro de la política exterior, los Estados han logrado imponer prioridades con el fin de consolidad sus posiciones con proyectos de largo aliento.

En el caso de nuestro país, con la adopción del modelo neoliberal de finales de la década de 1980, la reconvención de la política mexicana trajo consigo, entro muchos otros males, el estancamiento económico, la precarización de los salario y el lamentable aumento de las desigualdades. Asimismo, este cambio produjo el extravío de la política exterior, que, hay que decir, gozaba de gran prestigio a nivel internacional, e imprimió a la misma un carácter meramente económico comercial que se sobrepone a lo político. De este modo, la política exterior, es utilizada para lograr acercamientos económicos de los grupos en el poder, con lo cual los diversos regímenes políticos han privilegiado los intereses privados a los de la colectividad.

Para asegurar que la presencia internacional de México esté a la altura de los desafíos que presenta el complicado escenario mundial en el que vivimos, es preciso no sólo continuar fortificando la estructura del Servicio Exterior sino también replantear las razones por las cuales se compone de tal manera y sus labores propias. De esta manera se podrán analizar e identificar las prioridades que se tienen en el contexto de nuestros intereses nacionales, así como las maniobras que, en relación con nuestra ubicación geográfica y la esfera en la cual se aplican las principales actividades internacionales, habrán de guiar el desarrollo de los trabajos hacia el exterior.

El continuo ajuste del Servicio Exterior debería inclinarse hacia una mayor especialización, ampliación y diversificación del personal que está dedicado al ejercicio profesional de la política exterior del país para así formar una mayor cobertura en materia internacional y que de igual manera se incentive la fluidez del diálogo hacia lo interno, con otros actores nacionales envueltos en dicho entorno.

Si bien las tareas diplomáticas-consulares se reconocen públicamente por las labores en el ámbito de la protección y defensa de los mexicanos en el exterior, no deben dejarse de lado los recientes enfoques “erróneos” que se le ha dado a dichas funciones, como son las cuestiones relacionadas con la promoción económica y turística. Debe retomarse el desempeño en cuanto a quehaceres notariales en actos, contratos y de registro civil, entre otros.

Dichos enfoques se han visto implementados por aquellos funcionarios enviados a misiones extranjeras que han sido designados por motivos políticos, pues usualmente no cuentan con la preparación y el conocimiento para lograr las metas de política exterior que son requeridas para el éxito de las tareas internacionales, acto que conlleva un desequilibrio del ejercicio diplomático y la dirección que se le quiere dar al mismo, puesto que las prioridades estratégicas se ven relegadas dado que la noción de aquellos agentes ante los temas de coyuntura internacional es mínima.

1. Situación sobre los nombramientos políticos de Embajadores y Cónsules 

La forma en la cual se ha utilizado al Servicio Exterior Mexicano como ente propicio para otorgar prebendas a personajes cercanos al partido en el poder, para revivir carreras eclipsadas o como trueque político ha generado que la imagen del mismo haya venido en decadencia, cuando años atrás era considerada, tanto al interior como al exterior, como una institución confiable y de importancia probada.

El artículo 28, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I…

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

Con base en lo dispuesto por el artículo anterior, se entiende que la Secretaría de Relaciones Exteriores vela por los intereses del Estado Mexicano a través de ese cuerpo profesional y especializado de servidores públicos, quienes fungen como representantes del Estado Mexicano y, por lo tanto, se deben a él y no a algún interés particular o de grupo. Lo anterior no ocurre con los nombramientos políticos de los que las diferentes administraciones han echado mano para posicionar a personajes afines a dichos regímenes. Si bien se entiende que la facultad del Ejecutivo Federal es la de nombrar a los Embajadores y Cónsules de México en el extranjero, las designaciones que se realizan de personajes ajenos al Servicio Exterior obedecen a intereses meramente partidarios y de grupo, por lo cual es indispensable que el Legislativo, sin contravenir lo establecido en la Constitución, acote el número de plazas que puedan ser utilizadas como piezas de cambio o prebendas políticas dentro de las Representaciones de nuestro país en el extranjero.

Es pertinente recordar que el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (Ley del SEM) en su primer párrafo señala:

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

Como bien establece el artículo antes citado, las designaciones como Embajadores y Cónsules Generales de nuestro país, en lo que respecta a los miembros del Servicio Exterior, deben ser para las personas con mayor competencia, categoría y antigüedad. Lo anterior no ocurre con los nombramientos de las personas que no son miembros del Servicio, puesto que en la Ley del SEM no se contempla disposición alguna que regule la designación de las citadas personas, lo cual abre la puerta a que el Ejecutivo utilice dichas plazas con los fines que se han citado a cabalidad ulteriormente.

Por otra parte, es necesario que se acote el número de nombramientos que se pueden hacer de Embajadores y Cónsules fuera del Servicio Exterior Mexicano. Actualmente, de las 80 Embajadas que nuestro país tiene alrededor del mundo, 65 son ocupadas por Embajadores de Carrera, siendo que 15 son puestos políticos, lo cual representa que el 18.75 por ciento de los puestos están ocupados por nombramientos políticos. En el caso de las 7 Misiones Permanentes de México ante Organismos Internacionales, 5 son ocupadas por Embajadores de Carrera, mientras que las otras 2 restantes, el 29 por ciento, corresponde a nombramientos políticos.

Con lo que respecta a los Consulados de México en el exterior, de los 68 que se tienen, 53 son encabezados por los miembros de carrera, siendo que 11 de ellos están ocupados por personajes fuera de la institución diplomática, lo cual representa el 16 por ciento. Los otros dos Consulados faltantes tienen pendiente el nombramiento.

Con base en lo anterior, es pertinente señalar que las personas que se encuentran dentro del Servicio Exterior Mexicano han dedicado muchos años de su vida al servicio diplomático, con lo cual han adquirido experiencia probada para los cargos a los cuales se les pueda designar, lo que no ocurre con las personas que son designadas a través de los nombramientos políticos. En razón de lo anterior, es imprescindible que el Ejecutivo Federal, al realizar nombramientos de este tipo, tome en cuenta a los mejores perfiles de los que disponga, sin que en dicha designación entre el sesgo partidista o la cercanía que la persona pueda tener con el grupo en el poder, dado que dichas personas tendrán la alta encomienda de representar al Estado Mexicano en su conjunto y no a una persona o grupo.

Por lo anterior, se propone incluir dentro de la redacción de la Ley en comento que los nombramientos políticos no podrán exceder el 10 por ciento de los nombramientos totales, siendo que cuando el Ejecutivo pretenda designar a una persona por dicha vía tome en cuenta a las personas más capacitadas y que no tengan clara filiación partidista, lo cual asegurará que quienes sean designados de esa forma no antepondrán los intereses de quien los ha designado, sino que velarán por los intereses del Estado Mexicano.

2. Situación de los nombramientos temporales y asimilados.

Como ya se ha señalado, la actual administración ha pugnado por transformar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en una agencia comercial del partido en el poder, con más de 77 representaciones a nivel mundial, ya que una de las principales encomiendas que se han impuesto a los Embajadores es la de promover las (contra)reformas estructurales que han sido aprobadas en el Congreso de la Unión y, por ende, la política privatizadora que el Gobierno Federal enarbola bajo la bandera del nuevo régimen.

Al inaugurar la XXV edición de la Reunión de Embajadores y Cónsules de México, misma que se dio en los primeros días del mes de enero del presente año, el canciller José Antonio Meade dio muestras de lo que algunos expertos habían confirmado con anterioridad, el uso de la diplomacia mexicana como medio para presentar un México que sólo existe en la retórica oficialista de Enrique Peña Nieto, además de que, como también se ha denunciado, se ha empleado a los miembros del Cuerpo Diplomático como brokers que tienen la vital función de promover los bienes y riquezas del país para poder afianzar los intereses personales y de grupo que el Ejecutivo Federal ha delineado, siendo que el principal objetivo de ese cuerpo diplomático es el de velar por los intereses del Estado mexicano en su conjunto y el de los connacionales en el exterior.

Ahora bien, si dentro de los nombramientos más importantes en el área diplomática de nuestro país se encuentran serias deficiencias como las anteriormente descritas, dentro de los nombramientos que se hacen para la designación del personal temporal y asimilado, dichas deficiencias se presentan de manera más frecuente y sin que las mismas generen ante la opinión pública motivos de alarma, puesto que las mismas designaciones se manejan en un bajo perfil y que en algunos casos, los así designados presentan un serio conflicto de interés.

3. Conflicto de interés dentro de las representaciones diplomáticas.

El caso de la Embajada de México en Estados Unidos, encabezada por Eduardo Medina Mora, es emblemático, puesto que nuestra Embajada en el vecino país se ha convertido en una agencia de colocación del PRI y del grupo que controla todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país. Tal es el caso de Sergio García Gómez, quien funge en la Embajada de México en Estados Unidos como representante de la Secretaría de Economía. García Gómez se desempeñaba como vicepresidente de Planificación de Flota de Aerolíneas Argentinas, cargo al cual solicitó licencia sin goce de sueldo en el mes de febrero del presente año , hasta que en el mes de marzo pasado se le comisionó a la Embajada de nuestro vecino del norte. Si bien lo anterior no representa razón de mucha alarma, lo es, puesto que García Gómez es esposo de Cecilia Nahón, quien funge como Embajadora de la República Argentina en Estados Unidos .

Como señaló el diario El Clarín de Argentina, “la designación de Sergio García Gómez coincidió con el apoyo que México dio a la Argentina ante la Corte Suprema por el caso de los fondos buitre. La sospecha es que García Gómez participó en la negociación de ese apoyo que, según se dijo, fue el resultado de un intercambio de favores entre ambos países”. Si bien el intercambio de favores entre ambas naciones no puede probarse a cabalidad, resulta en suma sospechoso que México adscriba a su Embajada al esposo de la titular de otra Embajada adscrita en el mismo país, y que, además, dentro de las mismas fechas, el Gobierno Federal se pronuncie a favor de la Argentina dentro del litigio que enfrenta contra NML Capital, Ltd.

Cabe señalar que no se está en contra de otorgar apoyo internacional a países hermanos como es la Argentina, pero en lo que no se está de acuerdo es en las formas sobre las cuales se otorgó dicho apoyo.

Es menester señalar que nuestro país se había mantenido al margen del litigio en comento, pero el 24 de marzo pasado, el mismo mes en el cual se designó a Sergio García, México presentó un escrito de “Amigo de la Corte” (amicuscuriae) ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con el fin de que se revisen ciertas órdenes (injunction remedies) dictadas por un Juez de Distrito del estado de Nueva York, en relación al juicio que sostiene NML Capital, Ltd., con Argentina, y que afecta a los tenedores de su deuda reestructurada en los años 2005 y 2010. Dentro de dicho AmicusCuriae, el gobierno mexicano argumenta que la razón de presentarlo obedece a las implicaciones que las decisiones cuestionadas por Argentina podrían tener en los mercados internacionales de deuda soberana. En particular, se considera que dichas decisiones pueden dificultar futuras reestructuraciones de deuda soberana, pudiendo incrementar los costos del financiamiento para los países.

Nuestro país ha suscrito sendos AmicusCuriae, principalmente en materia de derechos humanos, pero no podemos dejar pasar las implicaciones que se tienen al ser suscrito el Amicusen comento, principalmente por el conflicto de intereses del que forman parte Sergio García y Cecilia Nahón, lo cual viola diversas disposiciones legales de nuestro país.

Es de destacar que se reconoce la importancia que tienen las relaciones entre Argentina y México, así como los lazos que históricamente nos unen, por lo cual no se pretende realizar una valoración en contra de dicho país ni de su personal diplomático, sino que se valora que la acreditación de una persona cercana a un funcionario de otro Estado puede engendrar un posible conflicto de interés.

Aunado al caso anterior de conflicto de intereses, se adscribió a la Agregaduría de la Secretaría de Gobernación a la señora Gabriela Rojas Jiménez esposa del exembajador de Estados Unidos en México y actual enviado especial y coordinador de asuntos internacionales en materia de energía del Departamento de Estado, Carlos Pascual. Cabe señalar que en un primer momento, la Señora Gabriela Rojas aparecía en la página de la Secretaría de Gobernación, siendo eliminada de la misma con posterioridad, pero dentro de la página de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se le adscribe como Ministra .

Cuando se comunicó la adscripción de Gabriela Roja, diversos miembros del cuerpo diplomático expresaron su preocupación dadas las implicaciones que tiene la cercanía de una agregada diplomática con un funcionario del Departamento de Estado de un Estado extranjero. Asimismo, causa suspicacia que Pascual esté a cargo de los temas energéticos y dadas las cercanías de Gabriela Rojas con el PRI, podría darse el caso de difundir información hacia ambos lados, lo cual vulnera completamente el principio de secreto de todo servidor público.

No se pretende violentar la integridad profesional de ambas personas ni de desacreditarlos en el ejercicio profesional que cada uno desempeña o ha desempeñado, lo que sí se quiere hacer, es expresar el posible conflicto de intereses que se tiene en ambos casos y las implicaciones que eso podría ocasionar.

El Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal describe cabalmente cual debe ser el accionar de todo servidor público, donde se destacan los siguientes:

Bien Común

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

Honradez

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

Imparcialidad

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna.

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.

Como bien señalan los principios antes citados, el servicio público debe estar enfocado a al bienestar social, sin que en el mismo se den casos en los cuales se beneficie a un grupo o a un particular en detrimento de la colectividad, como en los casos antes señalados.

Es pertinente señalar que la Ley del Servicio Exterior no contempla disposición alguna para los casos en los cuales se pudiera dar algún caso de conflicto de interés, tanto en el caso de los nombramientos de Embajadores y Cónsules, como en los del personal temporal y asimilado, por lo cual es de vital importancia que se incluyan disposiciones expresas que prohíban dicho conflicto.

4. Contenido de la Iniciativa.

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar diversas disposiciones mediante las cuales se reglamenten, principalmente, los nombramientos diplomáticos de Embajadores y Cónsules, además de reglamentar los nombramientos del personal temporal y el asimilado, imprimiéndoles una visión de Estado a los mismos.

En este sentido, se incorpora una nueva fracción XV al artículo 1 BIS donde se define puntualmente el término conflicto de interés como prohibición a tomar en cuenta dentro de los nombramientos antes citados.

En el artículo 2, se incorpora la visión de Estado que debe regir en el accionar del Servicio Exterior Mexicano, además de que se incorpora una disposición para que dicho cuerpo diplomático intervenga en toda y cada una de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales de los que el estado Mexicano sea parte.

En los artículos 7, 8, 8 BIS, 43, 44, 45 y 57 se reglamenta de una mejor manera la forma en la cual se harán las designaciones del personal temporal y del personal asimilado, velando en todo momento por que dichos nombramientos no vulneren el principio de conflicto de interés previsto en la Ley, además de que se establecen las causas de remoción de las personas que incumplan con lo previsto por esta Ley.

Por último, en los artículos 19 y 20 se reglamenta de una mejor manera la forma mediante la cual se realizarán las designaciones de Embajadores y Cónsules, respetando en todo momento las facultades constitucionales

En razón de lo anterior y por la vocación diplomática que cada miembro del SEM imprime en su labor profesional, así como en las comisiones en el extranjero a las cuales se les adscriben, es necesario que el Legislativo busque la forma de contribuir al mejoramiento de la Ley del Servicio Exterior y acoplarla a la realidad imperante de la situación nacional, por lo cual someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57, se adiciona una fracción XV al artículo 1 BIS, un artículo 8 BIS, un segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al artículo 43 y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 1-BIS.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a XIV …

XV. Conflicto de Intereses: Situación de hecho en la que el servidor público, en el desempeño de sus funciones, actúa en asuntos en los que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, concubina o concubino permanente o sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad ó segundo por afinidad o su socio o socios de hecho o de derecho, relación de amistad o enemistad, con el fin de obtener un beneficio particular a través de su cargo o comisión.

Artículo 2.- Corresponde al Servicio Exterior:

I. Promover y salvaguardar los intereses del Estado Mexicano ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II a III …

IV. Intervenir en la negociación y celebración de toda clase de tratados y acuerdos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;

V. Velar por el cabal cumplimiento de todos los tratados y acuerdos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las obligaciones internacionales que correspondan;

VI. …

VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, deberá atender en primer término los intereses del Estado Mexicano;

VIII a XI …

Artículo 7.- El personal temporal es designado por acuerdo del Secretario, previa consulta con la Comisión de Personal. La Comisión de Personal deberá analizar los perfiles de las personas propuestas, así como velar porque en las designaciones no exista conflicto de intereses previsto en los artículos 1 Bis, fracción XV y 8 BIS de la presente Ley, para tal efecto, emitirá el dictamen correspondiente y se lo entregará al Secretario con las observaciones realizadas. Dicho personal desempeña funciones específicas en una adscripción determinada y por un plazo que no excederá de 3 años, al término del cual sus funciones cesarán automáticamente. Los así nombrados no forman parte del personal de carrera del Servicio Exterior ni figuran en los escalafones respectivos.

El personal temporal deberá cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 32 de la presente Ley y estará sujeto durante su comisión a las mismas obligaciones que el personal de carrera. El Jefe de misión diplomática o representación consular correspondiente deberá informar periódicamente a la Secretaría del desempeño del personal temporal a su cargo. Cuando el personal temporal cometa alguna de las infracciones previstas en esta Ley, se le dará de baja automáticamente y la Secretaría deberá realizar las gestiones necesarias para trasladarlo a la brevedad a territorio nacional.

Los nombramientos del personal temporal se harán en plazas que no pertenezcan al servicio exterior de carrera y no rebasarán una cuota máxima del 10 por ciento de las plazas ocupadas por el servicio exterior de carrera.

Artículo 8.- El personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas y representaciones consulares, cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u otra autoridad competente, con cargo a su propio presupuesto, con el fin de desempeñar alguna función específica dentro de las atribuciones de la dependencia o entidad que solicita la adscripción. Por ningún motivo podrá realizar funciones o gestiones distintitas a las cuales les fue designado.

La Comisión de Personal deberá analizar los perfiles de las personas propuestas, así como velar porque en las designaciones no se vulnere el principio de conflicto de intereses previsto en los artículos 1 Bis, fracción XV y 8 BIS de la presente Ley, para tal efecto, emitirá el dictamen correspondiente. Cuando la Secretaría considere procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango que ésta determine y su asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión que se le ha conferido.

El personal asimilado estará sujeto a las mismas obligaciones que los miembros del personal de carrera del Servicio Exterior y las dependencias o entidades que hayan solicitado su asimilación serán las únicas responsables de los actos realizados por sus representantes. Asimismo, estará comisionado en el extranjero bajo la autoridad del jefe de la misión diplomática o representación consular correspondiente, a quien deberá informar de sus actividades y atender las recomendaciones y observaciones que formule sobre sus gestiones, especialmente por lo que se refiere a las políticas generales y las prácticas diplomáticas o consulares.

El jefe de la misión diplomática o representación consular correspondiente deberá informar a la Secretaría, de manera inmediata, cuando el personal asimilado cometa alguna infracción a lo previsto en este ordenamiento. La Comisión de Personal analizará el caso en cuestión, en un lapso que no deberá de rebasar los 5 días naturales a la recepción de la queja, de verificar la infracción, se le dará de baja automáticamente para lo cual se deberán realizar las gestiones necesarias para trasladarlo a la brevedad a territorio nacional. Asimismo, se notificará a la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o a la autoridad competente que solicitó la adscripción del hecho, misma que será la encargada de imponer las sanciones correspondientes.

El personal temporal o asimilado que cometa una infracción y sea dado de baja, quedará suspendido para desempeñar funciones en las Embajadas, Consulados o Representaciones Diplomáticas de México en el exterior de manera temporal, por un plazo que irá de 6 meses a 3 años según la gravedad de la falta, sin que en dicho plazo pueda ser adscrito nuevamente, aun y cuando otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u otra autoridad competente así lo solicite.

La Secretaría determinará los casos en que el personal temporal o asimilado deba acudir a cursos de capacitación en el Instituto Matías Romero, antes de asumir su cargo en el extranjero.

Artículo 8 BIS.- Bajo ninguna circunstancia el personal temporal o asimilado podrá ser adscrito a alguna Embajada, Consulado o Representación Diplomática de México en el exterior cuando su cónyuge, concubina o concubino permanente o sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, segundo por afinidad, o su socio o socios de hecho o de derecho, se desempeñe como funcionario del Estado Acreditante, o cuando se trate de algún representante de un Gobierno Extranjero que cuente con Embajada, Consulado o Representación Diplomática en el lugar al cual se le pretenda adscribir.

Lo dispuesto en el párrafo anterior representa un conflicto de interés, bajo la disposición prevista en el artículo 1 Bis fracción XV del presente ordenamiento.

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará́ el Presidente de la República, dando preferencia, en todo momento, a los funcionarios de carrera miembros del servicio exterior mexicano que cuenten con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular, donde se deberá respetar, en todo momento, el principio de igualdad de género. Cuando se designe a un Embajador o Cónsul que no sea miembro del Servicio Exterior, el Presidente de la República deberá nombrar a la persona más calificada para el ejercicio de las funciones encomendadas. Asimismo, dichos nombramientos no deberán contravenir el principio de conflicto de intereses previsto en el artículo 1 Bis fracción XV.

Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado Embajador o Cónsul General, el Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta Ley.

Artículo 20.- Para ser designado Embajador o Cónsul General se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.

El número de embajadores y cónsules designados que no sean miembros del Servicio Exterior Mexicano no podrá exceder, en ningún caso, el diez por ciento del total de funcionarios en actividad.

Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad.

Artículo 26.- La Comisión de Personal, en los términos de esta Ley y su Reglamento, someterá al Secretario de Relaciones Exteriores recomendaciones para el ingreso, reincorporación, ascensos, traslados, comisiones, disponibilidades, separaciones, retiro, sanciones administrativas y casos excepcionales de licencia de personal del Servicio Exterior. Asimismo, La Comisión de Personal deberá elaborar los dictámenes a los que se refieren los artículos 7 y 8 de la presente Ley.

Artículo 43.- Corresponde a los jefes de misión:

I. a IV. …

V. Mantener informada a la Secretaría de los casos en los cuales el personal temporal o asimilado cometa alguna infracción, con base en lo dispuesto en los artículo 7 y 8 de esta Ley.

Artículo 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. a VII. …

VIII. Mantener informada a la Secretaría de los casos en los cuales el personal temporal o asimilado cometa alguna infracción, con base en lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Artículo 45.- Es obligación de los jefes de misiones diplomáticas, de representaciones consulares y de unidades administrativas de la Secretaría informar durante el mes de junio de cada año y con base en las actuaciones desarrolladas por los miembros del Servicio Exterior y del personal temporal o asimilado a sus órdenes, sobre su aptitud, comportamiento y diligencia, sin perjuicio de hacerlo cada vez que lo estimen necesario.

Artículo 57.- …

I. a III. …

En todos los casos de destitución el sancionado quedará inhabilitado para reingresar al Servicio Exterior o desempeñar algún puesto, cargo o comisión temporal o asimilada en el mismo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los nombramientos de personal diplomático que se hubieran expedido antes de la publicación del presente Decreto, se sujetarán a la norma anterior.

Pleno del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

Directorio de la Embajada de México en Estados Unidos, http://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/es/embajada/462
NIEBIESKIKWIAT, NATASHA, Los trabajos del marido de Nahón le complican su misión, El Clarín, consultado el 15 de mayo de 2014, disponible en http://www.clarin.com/politica/trabajos-marido-Nahon-complican-mision_0_1134486567.html
Embajada de Argentina en Washington D.C. http://embassyofargentina.us/embassyofargentina.us/es/laembajada/embajador.htm
Baron, Ana, Un conflicto de intereses salpica a la embajadora Nahón, El Clarín, consultado el 15 de mayo de 2014, disponible en http://www.clarin.com/politica/conflicto-intereses-salpica-embajadora-Nahon_0_1133886633.html
Comunicado de Prensa 024/2014, MÉXICO PRESENTÓ UN “AMIGO DE LA CORTE” (AMICUS CURIAE) ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN APOYO DE LA PETICIÓN DE CERTIORARI DE ARGENTINA EN SU LITIGIO CONTRA NML CAPITAL, LTD. Y OTROS, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_024_2014.pdf
Carlos Pascual, U.S. Departament of State, http://www.state.gov/s/ciea/
http://www.state.gov/s/cpr/rls/dpl/227614.htm#M





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

Con la venia de la Presidencia.

En un Estado democrático de derecho, la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, en síntesis la seguridad pública es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Por tal razón, la seguridad pública puede ser comprendida como la garantía que brinda el Estado a su población para el libre ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, uno de los más grandes desafíos que enfrentan los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, es procurar seguridad y orden público a todos sus habitantes, y la salvaguarda de los derechos humanos, ésta sin lugar a duda es la principal función y razón del quehacer del Estado.

Sin embargo, en los últimos años el Estado mexicano no ha sido capaz de procurar seguridad y orden público a sus habitantes; los tres órdenes de gobierno han fallado en procurar la paz y la vida de sus pobladores. La sociedad mexicana no se siente más segura hoy en día que hace dos años, poco se ha avanzado en la inalienable tarea por parte del Estado de garantizar la seguridad y el orden público, por el contrario, día a día las cifras muestran que el índice delictivo va en aumento.

Algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2014 revelan que la preocupación de la población de 18 años y más, es la inseguridad y delincuencia con un 58.1 por ciento.

Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2014), llegó a 73.3 por ciento de la población de 18 años y más. En el 2013, la percepción de inseguridad fue del 72.3 por ciento.

Es claro que las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia, así lo demuestran las cifras citadas, ante este panorama, dio como resultado que se incrementarán las empresas de seguridad privada, las cuales, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, tienen como objetivo:

Desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.  

Es decir, las empresas de seguridad privada llenan algunos vacios que no logra cubrir la policía pública; actualmente México está pasando por una severa crisis de inseguridad y violencia, y las policías privadas resultan ser una válvula de escape para hacer frente a esta problemática que tanto aqueja a la sociedad.

En este tenor, las empresas en coordinación con los ciudadanos buscaron la protección que el Estado no les brinda, en un primer momento las empresas de seguridad privada fueron apareciendo lentamente; sin embargo, la actual coyuntura que atraviesa el país propició que se fueran incrementando exponencialmente.

Al respecto, la Memoria Documental, Creación y Actualización del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada 2006-2012, elaborado por la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala que durante el pasado sexenio presidencial existía 1 mil 90 empresas de seguridad privada con autorización federal para ofrecer sus servicios en dos o más entidades de la República Mexicana. Las otras 2 mil 266 sólo cuentan con las autorizaciones de gobiernos estatales.

Sin embargo, contrario a lo que establece el artículo 5, fracción II de la Ley Federal de Seguridad Privada, no existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; confiable y actualizado, así lo dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación.

La Auditoría realizó una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Secretaría de Gobernación, en la que detectó un incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7 por ciento.  

La Auditoría también reveló que a raíz de la revisión del “Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 2013”, el número de empresas de seguridad privada fue de 914; el personal autorizado es de 64 mil 235 personas que prestan servicios de seguridad privada, y para apoyar dichos servicios se contó con un registro de 1,492 vehículos, así como con 1,858 armas cortas y 2,093 armas largas.

Derivado de lo anterior se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido, sin que les otorguen alguna garantía de sus servicios a las empresas que las contratan, al mismo tiempo de que no existe un registro confiable sobre dicha actividad, las empresas en comento son un peligro para la sociedad, pues vulneran lo establecido de la ley en la materia.

Es decir, sin mayor problema pueden adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer sus servicios a un costo mucho menor de las empresas que están legalmente registradas, esto es riesgoso, pues cuando ocurra algún acontecimiento el elemento de seguridad privada no sabrá cómo actuar, o bien podría estar involucrado en dicho suceso.

En este tenor, la presente iniciativa tiene como objeto que para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada, será un requisito que los solicitantes apliquen y presenten la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal como son directores, administradores, gerentes y operativo.

Al respecto, se debe recalcar que el artículo 49 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, contempla que la “Dirección General llevará un registro de las instituciones públicas o privadas autorizadas como centros de evaluación y control de confianza por la autoridad competente, cuya información será proporcionada al Prestador de Servicios que lo solicite para la evaluación de su personal operativo”.

Con dichos mecanismos se dará certeza y confianza a los ciudadanos de que los elementos de seguridad privada cumplieron con un proceso sistemático, uniforme y estandarizado, los cuales permitirán el ingreso de personal competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto.  

Las evaluaciones de confianza deben estar basadas en principios y valores sólidos, los cuales deben estar certificados por instituciones fuertes y fundadas en un marco legal que permite la incorporación de los candidatos más capaces.

De no cumplir con los procedimientos de control de confianza, se les revocará la autorización a las empresas de seguridad.  

También se plantea que será una obligación de las empresas prestadoras de servicio de seguridad privada comunicar por escrito al prestatario, la autorización para brindar servicios de seguridad privada; cédula de identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso, inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

De infringir con dicha obligación se procederá a la suspensión de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz.

Es urgente la regulación de las empresas de seguridad privada, pues de acuerdo al artículo 2 de la Ley en la materia, la seguridad privada no es un tema entre particulares, mucho menos es un servicio comercial, son auxiliares de la seguridad pública, que de trabajar de manera coordinada se podrán dar buenos resultados para la sociedad mexicana.

Es cuanto.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un Estado democrático de derecho la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, en síntesis la seguridad pública es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Por tal razón, la seguridad pública puede ser comprendida como la garantía que brinda el Estado a su población para el libre ejercicio de sus derechos humanos, tan es así que el artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Entonces, uno de los más grandes desafíos que enfrentan los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, es procurar seguridad y orden público a todos sus habitantes, y la salvaguarda de los derechos humanos, ésta sin lugar a duda es la principal función y razón del quehacer del Estado.

Sin embargo, en los últimos años el Estado no ha sido capaz de procurar seguridad y orden público a sus habitantes; los tres órdenes de gobierno han fallado en procurar la paz y la vida de sus pobladores. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en los 19 primeros meses de gobierno, del sexenio pasado se contabilización 41 mil 396 homicidios, mientras que en la presidente administración se alcanza la cifra de 55 mil 325. Asimismo, en el iniciales meses del sexenio pasado se reportaron 873 secuestros y 5 mil 345 extorsiones; en contrate en el mismo periodo del actual sexenio se tiene un registro de 2 mil 634 secuestros y 12 mil 194 extorsiones.1

Es decir, no existe diferencia entre la anterior política de seguridad pública y la actual, pues los resultados en ambas son muy desalentadores, las cifras debilitan la credibilidad de las instituciones del Estado, y comprueban que no han sido capaces de garantizar la seguridad y orden público, incluso se ha llegado al extremo de afectar la gobernabilidad de algunas entidades federativas.

Los pobladores mexicanos no se sienten más seguros hoy en día que hace dos años, poco se ha avanzado en la inalienable tarea por parte del Estado de garantizar la seguridad y el orden público, por el contrario, día a día las cifras muestran que el índice delictivo va en aumento. Así lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014,2 realizada por el INEGI.

Algunos datos de la encuesta revelan que la preocupación de la población de 18 años y más, es la inseguridad y delincuencia con un 58.1%, desempleo con 46.1% y el aumento de precios con un 37.7%. Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2014), llegó a 73.3% de la población de 18 años y más. En el 2013, la percepción de inseguridad fue del 72.3%.3

La Envipe dio a conocer datos realmente alarmantes en materia de seguridad y pone sobre la mesa, que no se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo octavo establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Es claro que las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia, así lo demuestran las cifras antes citadas, ante esto, se debe tomar en cuenta el incremento de las empresas de seguridad privada, las cuales, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, tienen como objetivo:

Desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Es decir, las empresas de seguridad privada llenan algunos vacios que no logra cubrir la policía pública, actualmente México está pasando por una severa crisis de inseguridad y violencia, y las policías privadas resultan ser una válvula de escape para hacer frente a esta problemática que tanto aqueja a la sociedad.

En este tenor, las empresas en coordinación con los ciudadanos buscaron la protección que el Estado no les brinda, en un primer momento las empresas de seguridad privada fueron apareciendo lentamente; sin embargo, la actual coyuntura que atraviesa el país propició que se fueran incrementando exponencialmente.

De acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Privada A. C., en los años 50 y 60 surge la primera empresa privada de traslado de valores; para los años 90 se registró un crecimiento de las empresas de seguridad privada de un 20% en comparación con el año anterior; entre los años 2000 a 2006 inició la proliferación de empresas de seguridad privada carentes de registros, capacitación, tecnológica e infraestructura.4

Por su parte, la Memoria Documental, Creación y Actualización del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada 2006-2012, elaborado por la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal señala que durante el pasado sexenio presidencial existía 1 mil 90 empresas de seguridad privada con autorización federal para ofrecer sus servicios en dos o más entidades de la República Mexicana. Las otras 2 mil 266 sólo cuentan con las autorizaciones de gobiernos estatales.5

Sin embargo, contrario a lo que establece el artículo 5, fracción II de la Ley Federal de Seguridad Privada, no existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; confiable y actualizado, así lo dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

La ASF realizó una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Secretaría de Gobernación, en la que detectó un incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7%.6

Otra inconsistencia que encontró la Auditoria se encuentra en lo relativo al Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada; en tanto que el INEGI, reportó en el año 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con autorización federal. Por su parte, el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta a 2013, 85 mil 439 personas que laboran como elementos de seguridad privada.

La Auditoria también reveló que a raíz de la revisión del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 2013, el número de empresas de seguridad privada fue de 914; el personal autorizado, de 64,235 personas que prestan servicios de seguridad privada, y para apoyar dichos servicios se contó con un registro de 1,492 vehículos, así como con 1,858armas cortas y 2,093 armas largas.7

Derivado de lo anterior se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido de manera exponencial, sin que les otorguen alguna garantía de sus servicios a las empresas que las contratan, al mismo tiempo de que no existe un registro confiable sobre dicha actividad, las empresas en comento son un peligro para la sociedad, pues vulneran las dispersiones de la ley en la materia al realizar actos de suplantaciones de guardias de seguridad privada.

Es decir, sin mayor problema pueden adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer sus servicios a un costo mucho menor de las empresas que están legalmente registradas, como se mencionó, esto es riesgoso, pues cuando ocurra algún acontecimiento el elemento de seguridad privada no sabrá cómo actuar, o bien podría estar involucrado en dicho suceso.

A raíz de los datos otorgados por la Auditoria Superior de la Federación, es claro que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido a cabalidad con lo que establece la Ley Federal de Seguridad Privada; también se evidencia que existen retos legislativos para restablecer normas adecuadas para la generación y la evaluación de las empresas de seguridad privada a fin de brindar una mejor seguridad a la sociedad mexicana.

En este tenor la presente iniciativa tiene como objeto brindar a las empresas que rindan servicios de seguridad privada, para ello se propone que para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada será un requisito que los solicitantes apliquen y presenten la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal como son directores, administradores, gerentes y operativo.

Al respecto, se debe recalcar que el artículo 49 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, contempla que la “Dirección General llevará un registro de las instituciones públicas o privadas autorizadas como centros de evaluación y control de confianza por la autoridad competente, cuya información será proporcionada al Prestador de Servicios que lo solicite para la evaluación de su personal operativo”.

Con dichos mecanismos se dará certeza y confianza a los ciudadanos de que los elementos de seguridad privada cumplieron con un proceso de sistemático, uniforme y estandarizado, los cuales permitirán el ingreso de personal competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto.

Las evaluaciones de confianza deben estar basadas en principios y valores sólidos, los cuales deben estar certificados por instituciones fuertes y fundadas en un marco legal que permite la incorporación de los candidatos más capaces, en este tenor, se plantea que dichos controles sean acreditados por centros autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. De no cumplir con los procedimientos de control de confianza se les revocará la autorización a las empresas de seguridad.

También se plantea que será una obligación de las empresas prestadoras de servicio de seguridad privada comunicar por escrito al prestatario, la autorización para brindar servicios de seguridad privada; cédula de identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso, inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. De infringir con dicha obligación se procederá a la suspensión de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz.

Es urgente la regulación de las empresas de seguridad privada, pues de acuerdo al artículo 2 de la Ley en la materia, la seguridad privada no es un tema entre particulares, mucho menos es un servicio comercial, son auxiliares de la seguridad pública, que de trabajar de manera coordinada se podrán dar buenos resultados para la sociedad mexicana.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

ÚNICO. Se Adicionan las fracciones; II Bis al artículo 32; XXIV, al artículo 25; IV y V, al artículo 27; VII, VIII y IX, al artículo 28; se Modifican la fracción VI del artículo 32; inciso a), fracción III e inciso h, fracción V del artículo 42, todos de Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. a XXIII. …

XXIV. Aplicar y presentar la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza al personal a que haga referencia la presente Ley en los centros acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Artículo 27.- Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a III. …

IV. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

V. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Artículo 28.- Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. a VI. …

VII. Contar con el perfil médico y de personalidad que exija el servicio;

VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I. a II. …

I. Bis. Comunicar por escrito al Prestatario, la autorización para prestar servicios de seguridad privada; cédula de identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada;

I. a V. …

VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y de control de confianza al personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento;

VII. a XXXIII. …

Artículo 42.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:

I. a II…

III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz, en los siguientes casos:

a) Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones II bis, III, V, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 32 de esta Ley.

b) a d). …

IV. …

V. Revocación de la autorización, en los siguientes casos:

a) g)…

h) Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VI, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 32 de esta Ley;

i) a n)…

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La persona física o moral que presta servicios de seguridad privada tendrá que adecuarse a lo establecido en el presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor.

Tercero.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 25.- Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. a XXIII. …

No existe

Artículo 25.- Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. a XXIII. …

XXIV. Aplicar y presentar la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza al personal a que haga referencia la presente Ley en los centros acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Artículo 27.- Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a III. …

No existe

 

No existe

Artículo 27.- Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a III. …

IV. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

V. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Artículo 28.- Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. a VI. …

No existe

 

No existe

 

No existe

Artículo 28.- Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. a VI. …

VII. Contar con el perfil médico y de personalidad que exija el servicio;

VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I. a II. …

No existe

 

 

 

 

I. a V. …

VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento;

VII. a XXXIII. …

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

II. a II.

III Bis Comunicar por escrito al Prestatario, la autorización para prestar servicios de seguridad privada; cédula de identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada;

IV. a V. …

VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y de control de confianza al personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento;

VII. a XXXIII. …

Artículo 42.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:

I. a II. …

III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz, en los siguientes casos:

a) Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones III, V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 32 de esta Ley.

b) a d)…

IV. …

V. Revocación de la autorización, en los siguientes casos:

a) a g)…

h) Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 32 de esta Ley;

i) a n)…

Artículo 42.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:

I. a II. …

III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz, en los siguientes casos:

a) Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones II bis, III, V, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 32 de esta Ley.

b) a d)…

IV. …

V. Revocación de la autorización, en los siguientes casos:

a) a g)…

h) Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VI, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 32 de esta Ley;

i) a n)…

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

1 Artículo web: “EPN se vuelve, otra vez, tema central en la prensa extranjera, pero con comentarios poco favorables” en Sin embargo.mx, consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://www.sinembargo.mx/25-07-2014/1068202

2 Boletín de Prensa Núm. 418/14, 30 de septiembre de 2014“Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre  Seguridad Pública (Envipe) 2014”, en INEGI, consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2014/septiembre/comunica11.pdf

3 Ibídem.

4 “Historia de la Seguridad Privada” [en línea] Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C., consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://cnsp.org.mx/cnsp/historia-de-la-seguridad-privada/

5 “Memoria Documental, Creación y Actualización del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada 2006-2012”, [en línea], elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214076//archivo

6 Gómora Doris y Muedano Marcos, “Urge Verificar a elementos de seguridad privada: ASF” [en línea], periódico El Universal, consultado el 18 de marzo de 2015, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/urge-verificar-a-elementos-de-seguridad-privada-asf-223579.html

7 “Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, Auditoría de Desempeño: 13-0-04100-07-0125” [en línea] Auditoria Superior de la Federación, consultado el 18 de marzo de 2015, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0125_a.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio es el cimiento en el que descansa la organización política, jurídica y social de México, es también la base que la da sentido a la República mexicana, a pesar de esta característica intrínseca y fundamental esta figura ha sufrido un proceso histórico para tratar de solventar debilidades frente a los otros niveles de gobierno, flaquezas que han ido frenando en gran medida su óptimo desarrollo y su condición de autonomía y libertad. A lo largo de su historia se han realizado esfuerzos que han culminado en su fortalecimiento mismo que se ha traducido en la ampliación de sus facultades, aunque todavía no se ha concluido esta labor.

La realidad del municipio mexicano transita por debilidades institucionales derivadas de una condición estructural de precariedad resultado de un sistema político caracterizado por su centralismo lo que provoca un desprecio hacia estas organizaciones básicas de la administración pública.

En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en está H. Cámara tiene la responsabilidad política y social de luchar en pro de esta causa proponiendo las medidas y acciones necesarias que logren abonar con la labor de dotar a nuestros municipios de las facultades que garanticen su óptimo desarrollo y se logre trascender a esa descentralización administrativa para fortalecer la autonomía municipal.

En este contexto debemos señalar el sustento jurídico del municipio mexicano que tiene como soporte el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las entidades federativas que conforman el país tendrán que adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su propia organización política y administrativa, el Municipio Libre para normar su régimen interior.

Ahora bien, la presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer la autonomía del municipio en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional en donde observamos que es responsabilidad del  Estado:

“Promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”

Por su parte la Ley reglamentaria en su artículo 1 estipula:

“Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.”

Para pronta referencia el artículo 26 Constitucional a que hace referencia el primer artículo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su parte conducente establece:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.”

De manera tal que el marco normativo que utilizamos para elaborar el presente proyecto nos conduce al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como un instrumento de política pública que nos ayuda a entender la importancia que actualmente se le está dando a la descentralización.

En el texto de referencia podemos ubicar que el Gobierno Federal confirma que debido a una alta centralización de atribuciones, recursos y decisiones, además de la carencia de esquemas efectivos de coordinación entre los niveles de gobierno y procesos de descentralización inconclusos han ahondado las divergencias entre regiones, entidades federativas y municipios.

Con el ánimo de hacerle frente a la centralización imperante en el país, el Plan actual emplea el concepto de federalismo articulado mediante el cual se busca que los órdenes de gobierno asuman sus respectivas responsabilidades corresponsablemente para que ningún organismo de la administración pública en sus diferentes niveles quede marginado del proyecto de país encaminado a alcanzar los “grandes objetivos” nacionales; de tal modo el ejecutivo federal se compromete, a través del Plan, a construir la bases de los mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental para conseguir las metas nacionales.

Como Fracción en el Senado de la República, el PRD suscribe estas intenciones, pero con las reservas debidas, ya que baste recordar que los gobiernos federales emanados del PRI dejaron en condición de rezago, hoy persistente, a muchos municipios en el país.

Por tal motivo debemos de irnos con cuidado con la letra de este documento y asumir nuestro papel de un partido de izquierda como un crítico férreo del poder ejecutivo pero a la vez, como un impulsor desde nuestra trinchera legislativa para que los postulados de este programa nacional aterricen en nuestras leyes.

Uno de los principales objetivos que se proponen en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo versa sobre el papel que la Banca de Desarrollo debe adoptar para contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo a través de una redefinición de su mandato legal a fin de permitirle reunir los elementos imprescindibles para que la gestión de los recursos estén orientados a las empresas productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada y con esto obtener un mayor margen de operación y adoptar nuevas y mejores tecnologías.

Lo anterior viene a colación ya que la iniciativa que proponemos no podría llevarse a cabo sin la asignación de recursos federales destinados a impulsar el desarrollo rural, que ha sido desdeñado por gran parte de la iniciativa privada y que no encontró en los pasados esquemas de la Banca de Desarrollo la ayuda necesaria para aminorar el rezago en el sector.

Es pertinente ahondar en el tema del desarrollo sustentable ya que es parte sustancial de la Ley que se pretende reformar. El Plan Nacional indica que en la última década los efectos del cambio climática y la degradación del medio ambiente se intensificó de manera significativa, por ejemplo, entre los años 2000 y 20120 las sequías, inundaciones y ciclones ocasionaron aproximadamente cinco mil muertes, trece millones de damnificados y pérdidas económicas por alrededor de 250 mil millones de pesos.

De modo que el sector que nos ocupa ha manejado el tema de la sustentabilidad como algo prioritario aún con las condiciones adversas derivadas del desdén de las autoridades y los particulares, se han hecho esfuerzos para abonar a este aspecto del desarrollo.

El origen del desarrollo sustentable proviene de la crítica, evaluación y propuestas sobre los impactos de la producción y el consumo humano en el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Tal paradigma se centra en una cuestión básica que involucra la relación entre el hombre y la naturaleza, pero también con un componente económico ha hace permisible la perduración y autorregulación del desarrollo rural sin afectación al ambiente.

Resulta trascendente mencionar que el enfoque del desarrollo rural sustentable ha venido prometiendo en el discurso oficial nuevas perspectivas para el campo y el medio rural, no obstante la ejecución de las políticas públicas en la materia se encuentran aún a prueba por lo que es importante elaborar un seguimiento minucioso sobre el curso de acción en la implementación de estos modelos a fin de determinar su verdadera viabilidad en un sector abandonado y desdeñado por las autoridades, ya que es precisamente esta población que empieza a tener en sus filas sujetos sociales cada vez más informados y dispuestos a la actuación cívica por lo que debemos considerar que estas acciones se realizan en contextos políticos e institucionales que lo mismo pueden restringir o potenciar beneficios.

De modo tal, que el gobierno federal pretende implementar medidas dirigidas a reducir la dependencia que se tiene de los combustibles fósiles con la promoción del uso de fuentes de energía alternativas con la finalidad de fomentar la innovación y el mercado de nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Pero en el ámbito municipal esta tarea resulta aún inconclusa, de ahí que uno de los propósitos de esta iniciativa es dotar al municipio de mayores facultades con el objetivo de que su participación en estos procesos que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo sean determinantes en el desarrollo del sector.

En un estudio realizado en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que los instrumentos para apoyar el desarrollo rural en México se han orientado a los aspectos de desarrollo social, salud y crecimiento agropecuario, así como la conformación de capacidades con una mayor focalización hacia la población de menores recursos. También señala que los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable han servido como marcos articuladores de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al reducir duplicidades en las políticas públicas para el sector rural y consolidar el gasto rural.

Sin embargo, el análisis de la FAO concluye reconociendo la articulación de políticas relevantes en el sector pero con la existencia de una batalla importante de la población que conforma el ámbito rural que ve limitadas sus capacidades de producción y la pobreza que enfrentan sigue siendo de altos grados.

En virtud de lo expuesto con antelación nuestro Grupo Parlamentario advirtió la necesidad de darle fortaleza al organismo fundamental de la administración pública en el ámbito del desarrollo rural sustentable enmarcado en la Ley respectiva, ya que creemos que es a partir de ampliar las atribuciones de los municipios que los resultados en el sector se lograran de manera más contundente en el entendido de que el propósito del Gobierno Federal es el de consolidar el federalismo.

El artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lo conducente establece:

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.”

Con base en la esencia de esta disposición, formulamos nuestra presente propuesta en razón de que, es a través del establecimiento de Consejos, como instancias de índole federalista y de participación, mediante las cuales el municipio puede tomar un lugar preponderante en el sector rural en términos de involucrarse en la definición de las prioridades, la planeación y distribución de los recursos federales en la materia, logrando así su fortalecimiento y su papel determinante para el desarrollo del sector.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 26.- En los Consejos Estatales se articularán los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones de la entidad, canalizados a través de los Distritos de Desarrollo Rural. Los consejos municipales, definirán la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, mismos que se integrarán al programa especial concurrente, asimismo podrán funcionar como instancias de asesoría y gestión en materia rural, a través de la formulación de estudios y análisis técnicos que les permitan evaluar y proponer alternativas para su desarrollo.

Los gobiernos de la federación y de las entidades federativas pactarán mecanismos para que los municipios dispongan de los recursos financieros y materiales que resguarden la efectiva participación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable en la promoción del desarrollo rural que les permitan la elaboración, ejecución y evaluación de programas de desarrollo rural en lo económico y social, bajo criterios de aprovechamiento de los recursos naturales municipales que atiendan su conservación y restauración, así como la promoción de la participación de los sectores público, social y privado en la elaboración y ejecución de programas municipales de desarrollo rural sustentable.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores René Juárez Cisneros y Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se eleve a un 7 por ciento el monto a deducir para los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud aprovechables para el consumo humano, en los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los que suscriben, Senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es indiscutible que no podemos hablar de pobreza sin que se hable de alimentación, ya que son condiciones humanas que van de la mano.

Pese a que todos los países del mundo reconocen directa o indirectamente el derecho a los alimentos, el hambre producida por la guerra, la sequía, las catástrofes naturales o la pobreza, sigue causando mucho sufrimiento.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en todo el mundo hay más de 1.000 millones de personas desnutridas. Más de 2.000 millones de personas carecen de vitaminas y minerales esenciales en sus alimentos. Casi 6 millones de niños mueren todos los años de malnutrición o enfermedades conexas. La mayoría quienes sufren de hambre y malnutrición posee pequeños trozos de terreno o son personas sin tierra, y en su mayoría son mujeres y niñas que viven en zonas rurales, sin acceso a recursos productivos. Aunque muchos pueden pensar que las muertes por hambre ocurren en general en tiempos de hambruna y conflicto, la realidad es que solo el 10% de esas muertes son el resultado de conflictos armados, catástrofes naturales o condiciones climáticas excepcionales. El otro 90% son víctimas de la falta de acceso a una alimentación adecuada en forma crónica y en el largo plazo.

La FAO destaca que el derecho a una alimentación adecuada fue reconocido por primera vez como derecho humano por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, puesto que en el artículo 25 de dicha Declaración se señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Asimismo, el organismo asegura que el derecho a la alimentación fue reconocido más adelante en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante para los países que lo han ratificado.

Fue en 1999, cuando el derecho a la alimentación fue interpretado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su Observación General 12, estableciendo lo siguiente:

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”

México pertenece al Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC) que es uno de los cinco grupos regionales en los que se dividen los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El GRULAC es un grupo de diálogo no vinculante que reúne a 33 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubicados en esta región con el fin de coordinarse y crear consenso en diversos temas.

En este sentido, la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un compromiso de los países de la región para erradicar el hambre en el plazo de una generación.

El GRULAC concibe el problema de la inseguridad alimentaria y del hambre mucho más allá de una problemática nutricional o socioeconómica, y lo centra en la dignidad humana en el marco de los derechos humanos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) destaca que nuestro país ha logrado avances importantes en todos los Objetivos y Metas del Milenio, producto de la implementación de políticas y programas para mejorar la situación de la población en todos los ámbitos del desarrollo.

En diciembre de 2013 el Gobierno de México presentó el Informe de Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se demuestra la capacidad de nuestro país para innovar y asumir los retos para erradicar el hambre, aumentar la tasa de ingreso a preescolar y secundaria y reducir la tasa de mortalidad materna, entre otros logros.

Datos del estudio “Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dados a conocer en abril de 2014, destacan que 53.8% de la población entre cero y diecisiete años de edad, es decir, 21.2 millones de niñas y niños mexicanos presenta carencias de vivienda, seguridad social, salud o alimentación, de lo que se deduce que más de la mitad de los niños en México son pobres y además, 3 de cada 10 pasan hambre por no tener alimentos de calidad por falta de ingresos.

En los países en desarrollo como México, las enfermedades relacionadas con el hambre son una carga extra para las familias pobres que ya de por sí luchan por su subsistencia alimentaria de todos los días.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores:

• Ingreso corriente per cápita;
• Acceso a la alimentación;
• Acceso a los servicios de salud;
• Rezago educativo promedio en el hogar;
• Acceso a la seguridad social;
• Calidad y espacios de la vivienda;
• Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
• Grado de cohesión social.

En este sentido, el Gobierno Federal reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda e ingresos.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social lleva a cabo un esfuerzo invaluable con el propósito de erradicar el hambre que padecen un sin número de mexicanos. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa que pretende dar solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene como población objetivo a la de mayor vulnerabilidad social en el país, y su principal meta es conseguir cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

Cabe destacar que recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció las acciones que México ha puesto en marcha para erradicar el hambre en el país y alcanzar resultados positivos.

En el caso de México dijo que con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que lleva dos años en acción, “se ha logrado que casi la mitad de su población objetivo coma mejor”.

Ahora bien, además del esfuerzo realizado por el Gobierno Federal, la sociedad civil se ha organizado con el fin de ayudar a erradicar tan grave situación y evitar así resultados desafortunados.

En este sentido, son los llamados Bancos de Alimentos las instituciones dedicadas a recibir y repartir alimento entre las poblaciones más vulnerables.

A la fecha, existen más de 60 bancos de alimentos de muy diversos tamaños y características que atienden también a poblaciones muy diversas.

Cabe destacar que sostener un banco de alimentos implica un gran esfuerzo en áreas como: logística, almacenamiento, distribución, administración, trabajo social, etc. El objetivo es rescatar el alimento que ha perdido sus condiciones comerciales pero que es 100% apto para consumo humano y canalizarlo hacia población vulnerable.

Se tienen registradas en la Asociación de Bancos de Alimentos de México a más de 4000 empresas a nivel nacional que ayudan a combatir el hambre y la desnutrición de la población más vulnerable de México. Se trata de empresas comprometidas con la sociedad y que buscan erradicar el hambre bajo el ideal de un México más justo.

Estos bancos de alimentos son grandes aliados en la estrategia que implementa la Cruzada Nacional contra el Hambre. Gracias a esta coordinación con la Asociación de Bancos de Alimentos se han reducido las pérdidas post-cosecha y de alimentos, lo que ha permitido la recuperación de más de 18 mil toneladas de alimentos en beneficio de más de 658 mil personas.

Con recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se han construido -o están en proceso- diez bancos de alimentos en Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y Jalisco (estas dos últimas entidades con dos bancos cada una); y se construye el Centro Nacional de Acopio y Distribución de Alimentos en Tepeji del Río, Hidalgo.

Como vemos, se ha consolidado una gran alianza entre el gobierno y la sociedad civil que ha permitido que las familias más desprotegidas y con grandes carencias como lo es la alimentaria, tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de los comedores comunitarios.

Ahora bien, uno de los grandes esfuerzos que el Gobierno Federal ofrece como incentivo a esta importante labor, es justamente el otorgamiento de beneficios fiscales para todas aquellas empresas que, comprometidas con el progreso y desarrollo de nuestro país, ofrecen productos o servicios en donación para la subsistencia humana.

Uno de estos beneficios fiscales en los términos del artículo 27, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), es la posibilidad de efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles.

En este sentido, la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, establece el monto a deducir para los contribuyentes que en términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donen bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud.

Sin embargo, a lo largo de varios ejercicios fiscales, dicho monto de deducción no ha sido elevado a fin de lograr la inclusión de más empresas privadas y beneficiar aún más a las que ya colaboran en la donación de sus productos para la subsistencia humana en beneficio de la población más vulnerable de México, en especial en salud y alimentación.

Es así, que en el artículo 16, inciso A, fracción IX de la Ley de Ingresos de la Federación, se establece que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos, denominados bancos de alimentos o de medicinas, consistente en una deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean aprovechables para el consumo humano.

Lo anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera menor, el por ciento de la deducción adicional se reducirá al 50% del margen.

A partir de lo antes señalado, consideramos que un aumento del porcentaje de deducción para dichos contribuyentes, traería como consecuencia que un mayor número de empresas se afiliaran a la Asociación de Bancos de Alimentos, al tiempo de lograr que las que ya forman parte aumenten la cantidad de sus donaciones y, con ello, acrecentar los resultados de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre en beneficio de un mayor número de familias mexicanas.

Por ello, se propone que el porcentaje de deducción ascienda a un 7% para el próximo ejercicio fiscal, con el objetivo de motivar la participación de más empresas y, que a través de los incentivos fiscales otorgados por el Gobierno Federal, en coadyuvancia con los bancos de alimentos, se logre mejorar la calidad de vida de miles de mexicanos, así como alcanzar un esquema cero hambre para aquellas personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

Recordemos que una mejor nutrición de la población es un requisito básico para para reducir la pobreza, mejorar la generación de ingresos de las familias y lograr un desarrollo económico y social más acelerado y sostenido en el tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea elevar a un 7% el monto del estímulo fiscal para aquellos contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud aprovechables para el consumo humano, en los términos del artículo 27, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Suscriben,

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Arquímedes Oramas Vargas





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud a las personas con VIH en dicho estado. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a intervenir, de conformidad con lo señalado por la Convención de Viena, en relación a los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La bestia”, a su paso por nuestro país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.







 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis. Se turna a la Comisión de Salud.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Osteoporosis significa “hueso poroso”, es una enfermedad que produce la progresiva pérdida de masa ósea y el deterioro del esqueleto generando huesos frágiles y más propensos a fracturas. 1

Es una enfermedad muy frecuente, llegando a considerarla incluso como uno de los problemas de salud más importantes, a tal grado que se le ha denominado epidemia intolerable.

La osteoporosis no tiene síntomas ni presenta dolor y la mayoría de los casos se detecta hasta que está en etapa avanzada, por lo regular cuando el afectado sufre una fractura.

Otro aspecto importante es que esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la mujer que en el hombre, es decir, las mujeres se ven especialmente afectadas porque después de la menopausia la producción de estrógenos disminuye por lo cual se altera el metabolismo del calcio en el organismo.

En este sentido, la Fundación Internacional de la Osteoporosis ha realizado múltiples e importantes investigaciones relacionadas con el tema, impulsando con ello diversas campañas en la materia, por lo que una de ellas es la promoción del ¨Día Mundial de la Osteoporosis, el cual se conmemoró por primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración estuvo a cargo de la sociedad nacional de osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión Europea, tal ha sido el impulso de la Fundación que actualmente ya participan en las campañas de prevención cerca de 90 países. 2

2.-Por lo que se refiere a nuestro país actualmente hay alrededor de 11.7 millones de adultos mayores de 60 años, lo cual representa el 9.7 por ciento de la población total. Sin embargo, se pronostica que para el año 2040 el 25% de los mexicanos tengan más de 60 años. Para entonces, la esperanza de vida promedio en México será de 82 años de edad.

Debido a que la osteoporosis es una enfermedad asociada con el envejecimiento, por lo tanto, se espera que, el número de fracturas relacionadas con la osteoporosis vaya en aumento.

De acuerdo con la Fundación Internacional de la Osteoporosis, este padecimiento afecta aproximadamente a 10 millones de personas en México, de los cuales, del total que viven con esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años y 3.5 millones, más de 60 años.

Generalmente, la primera manifestación de osteoporosis se presenta con fractura de cadera y se tiene proyectado que la mayor parte de las fracturas de cadera en el siglo XXI ocurrirán en países en desarrollo; estimándose que Asia y Latinoamérica serán las dos regiones que tendrán los mayores casos.

Por ello, la osteoporosis y las fracturas por fragilidad se han convertido en un foco de investigación en México, y recientemente los Institutos Nacionales de Salud en México han reconocido a la osteoporosis como un problema de salud pública. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad prioritaria de la salud nacional no detectada ni tratada debido a la falta de conciencia en todos los niveles.

Estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional refieren que el exceso en la ingesta de café, refrescos, bebidas alcohólicas, té y alimentos envasados y empaquetados, llega a incidir de manera importante en el inadecuado depósito de calcio en el sistema óseo.

Según estudios llevados a cabo en la última década, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Osteoporosis Foundation (IOF) han advertido que:

• Una de cada tres mujeres, y uno de cada ocho hombres, sufrirá Osteoporosis.

• Cada 30 segundos alguien sufre una fractura causada por osteoporosis.

• Más mujeres mayores de 45 son hospitalizadas por fracturas osteoporóticas que por ataques cardíacos o cáncer de seno. 3

Para el año 2006 se reportaron costos directos de más de 97 millones de dólares por fracturas de cadera, por lo que la estimación para el año 2025 es de 466 millones de dólares. 4

3.- Sin duda México ha realizado importantes esfuerzos en cuanto a la prevención, atención y tratamiento de la osteoporosis en la población, prueba de ello es que en el 2002 se presentó la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer el cual contempla dentro de sus disposiciones generales diversos aspectos encaminados a la atención de la osteoporosis en mujeres durante el periodo de perimenopausia y postmenopausia. 5

En México existen pocas referencias oficiales o bibliográficas de la epidemiología de la osteoporosis, pese a ello, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establecen que el 70% de la demanda en traumatología general es ortopédica, entre las que se incluyen las fracturas osteoporóticas. Las fracturas de cadera resultan especialmente importantes, pues su tasa de mortalidad alcanza 20% durante el primer año. 6

Sin embargo, es momento de que los servicios de salud en las entidades federativas diseñen, implementen y difundan programas de atención a la osteoporosis con el objetivo de contar con diagnósticos y tratamientos oportunos que permitan a las Personas Adultas Mayores mejorar su condición física y por ende sus condiciones de vida, promoviendo estilos de vida saludable.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para diseñar y fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva HadamiraGastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Organización Mundial de la Salud.- OMS.

2 Fundación Internacional de la Osteoporosis, consultada 17 marzo 2015

3 Fundación Internacional de la Osteoporosis, consultada 17 marzo 2015

4 Fundación Internacional de la Osteoporosis

5 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/035ssa202.html

6 Osteoporosis en mexicanas mayores de 40 años. Determinaciones por densitometría periférica. RevMed IMSS 2003





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lisbeth Hernández Lecona y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno a la lamentable explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Cuajimalpa. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al aumento de precios de la canasta básica y los salarios. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo en relación con el registro de los hijos en los registros civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTE A LOS INSTITUTOS DE LA MUJER DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, A LOS CONGRESOS LOCALES, A LOS TITULARES EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES A IMPULSAR Y CREAR PROPUESTAS Y MECANISMOS JURÍDICOS EN SUS ESTRUCTURAS LEGALES LOCALES PARA QUE LOS APELLIDOS DE HIJAS O HIJOS A LA HORA DE INSCRIBIRLOS EN SUS REGISTROS CIVILES SEA A DECISIÓN DE LOS PADRES SI EN PRIMER LUGAR UBICAN EL APELLIDO DE LA MADRE O DEL PADRE. ESTO CON EL FIN DE LEGALIZAR LA LIBERTAD DE LOS PADRES EN LA PREVALENCIA DE LOS APELLIDOS Y PARA CONTRIBUIR EN LA EQUIDAD DE LOS GÉNEROS ,bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La historia y el origen de una iniciativa parlamentaria, que viene de la gente o de una demanda interpretada por alguna institución, es mucho más larga de lo que suele pensarse. Casualmente una idea que tiene el germen de la legitimidad, aquella que viene de la confrontación de los ciudadanos con los acontecimientos o contra los usos y costumbres culturales y que determinan procesos en su vida diaria, tiene procesos muy peculiares, obstáculos enormes, indiferencias añejas y actitudes hostiles. Muchas veces suele pensarse que una iniciativa de Ley tiene propietarios y definitivamente no es así, es un producto netamente social que la superficie de los sucesos y costumbres hace aparecer como propiedad de alguna persona. Bien rastreada la idea en el invaluable Diario de los Debates de las instituciones parlamentarias, se sabrá que viene generada por una historia de injusticias, por estudios variados de diversas instituciones y profesionales, activistas, ciudadanos, por muchos intentos de convertirse en un respeto generalizado o un acto a vigilar o sancionar.

2.- En esta ocasión esta propuesta que traigo ante ustedes, está en el aire desde hace tiempo sin llegar a permear lo suficiente en el necesario estrato de la legalidad. Decidir que apellido de los hijos va primero el del hombre o la mujer viene de la lucha contra el fondo de la cultura patriarcal, el que el apellido paterno se encuentre relacionado con criterios de honor, de tradición, de perennidad, de abolengos. Esto decididamente ha sido y es un tema tabú patriarcal que hay que minar para diluir poco a poco los cimientos a la cultura patriarcal que en primera instancia atenta contra los derechos de la mujer al ser considerada como apellidos desplazables, atributo de propiedad o una imaginaria continuidad de apellidos de hombre, como si los apellidos de la mujer fueran desplazables o incluso desechados. Estoy enterada de que la primera propuesta lanzada en el Distrito Federal allá por 2008 fue congelada y atacada por personas que se vieron indignadas por trata de tocar lo que a ellos se les hacía intocable. Pasaron dos legislaturas en el Distrito Federal, hasta que el Diputado Padierna en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reintentó impulsarla idea en marzo de 2014, cosa que se logró por fin.http://www.aldf.gob.mx/archivo-b0cdb3c265d3807e6fc902b10934e551.pdf

También está la propuesta de la Diputada Federal Eliana González Magallanes que en septiembre de 2013 propuso modificar el Artículo 58 del Código Civil Federal que dice: “El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan, es decir, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen, el orden elegido deberá mantenerse para todos hijos de la misma filiación; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

No sabemos en qué situación se encuentre pero esto constituye un paso más.

Asimismo leímos que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, enviará una iniciativa de ley para que los padres puedan elegir que su hijo lleve primero el apellido materno, lo cual aseveró, coadyuvará a la equidad de género, pues con ese “reconocimiento a las mujeres”, se evitará la discriminación. Hay muchos frentes tratando de minar los códigos patriarcales que son naturalmente discriminatorios.

3.- Como argumento de origen, publico esta nota del 22 de septiembre del 2008, del diario El Universal. “De acuerdo con el diputado local Tomás Pliego Calvo el orden de los apellidos debería ser una decisión tomada en pareja, tal y como se hace cuando se escoge el nombre de los hijos. Por ello el legislador propondrá ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa que pretende reformar el Código Civil local para que se incluya la posibilidad de elegir cuál apellido debe ir primero, si el del padre o el de la madre. En conferencia de prensa señaló que esta medida pondría fin al patriarcado que domina en la sociedad mexicana, y el DF "estaría a la vanguardia una vez más". Consideró que de aprobarse esta iniciativa, "se romperían ciclos de machismo", y la mujer tendría un mayor ejercicio en sus derechos, toda vez que son miles las madres solteras cuyos hijos llevan el apellido del padre sin que éste se haga responsable. Argumentó que no existen lineamientos jurídicos que obliguen a que el apellido paterno deba ocupar el primer sitio. Pliego calificó como "necesaria" su propuesta, la cual "seguramente será rechazada por los misóginos y los machistas". La reforma sería al artículo 58 del Código Civil, donde se establece que las actas de nacimiento deberán incluir sexo, nacionalidad, fecha, hora y nombre, apellido paterno y materno del niño."Lo que pretendemos es muy sencillo: sólo debería especificarse que los apellidos serán en el orden que determine la pareja". Rechazó que con estas modificaciones la persona pudiera enfrentar conflictos con sus documentos oficiales, incluso los de orden federal como el pasaporte. Los trámites deberán acatar el orden de los apellidos. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/91959.html

La propuesta fue congelada.

Esta otra nota del 11 de Junio de 2014, años después, anuncia la aprobación en el Distrito Federal de la ley en comento. “El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó por unanimidad la iniciativa para cambiar el orden de los apellidos al momento de su registro y con lo cual, termina la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, como se ha acostumbrado en la sociedad mexicana. Ahora los padres podrán decidir el apellido que sus hijos tendrán primero, un hecho de gran trascendencia social, destacó el diputado capitalino Antonio Padierna Luna, presidente de la Comisión de Administración y Justicia de la ALDF."Es de gran trascendencia, la sociedad mexicana está basada en un sistema patriarcal que hoy no tiene razón de ser. Hoy hombres y mujeres debemos gozar de los mismos derechos de la igualdad y equidad, no hay ninguna justificación para decir que el apellido de la mujer vaya en un segundo lugar", aseveró. El legislador detalló la creación de una sociedad cuyo pilar es la mujer, por lo que estas reformas resuelven situaciones como el registro de hijos de madres solteras que deben dar sus dos apellidos, ya que la ley impide inquirir la paternidad, y las situaciones de parejas homoparentales. Explicó que la Consejería Jurídica revisará nuevamente la ley, posteriormente el GDF lo publicará en la Gaceta Oficial y entrará en vigor 90 días después. Esto para que "surta sus efectos con la finalidad de que se hagan los ajustes administrativos correspondientes para la emisión de actas de nacimiento. En ese sentido, precisó que la nueva ley no es retroactiva y que los pasaportes y CURP no se verán afectados pues "estos documentos se expiden a partir de un acta de nacimiento de donde se extraen los datos de una persona… todos esos derechos son intocados".

Incluso hay problemas en ese sentido ya que se publica en Excélsior que: Una jueza federal amparó a unos padres de familia a los que les fue negado registrar a sus dos hijas de 11 meses con el apellido paterno de la madre en primer lugar y el apellido paterno del padre en segundo. Esto, porque aunque el año pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificó el Código Civil local para que los progenitores elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos, esta ley aún no está vigente, pues la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitaina regresó la iniciativa con observaciones por considerar que la medida generaría discrepancias en la realización de diversos trámites ante autoridades federales. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/03/05/1011567

4.- Así, podemos ver que es necesario empujar, insistir y promover todo aquello que constituyan frenos para desarrollar una cultura social entre géneros equilibrada. Incluso por años o por legislaturas, hasta que cedan las resistencias culturales, los códigos que la sostienen, las leyes vigentes que la hacen parecer infranqueables. Veamos así leyes como la que prohíbe las corridas de toros, las de fumar, las de prohibir animales en circos o la enorme y gran legislación que permite matrimonios entre personas del mismo sexo tuvieron una historia accidentada y de tiempos negros. Estos son ejemplos de rupturas culturales que resistieron todos los embates. Las ideas legislativas no son propiedad de los legisladores sino que viene de una dinámica social que hay que ir empujando legislatura tras legislatura, es el drama de transformar lo legítimo a lo legal, enfrentado a transformar demandas de grupos de poder en leyes. Así sucedió con el rasgo patriarcal de excluir a la mujer del voto. Era una costumbre y por ello parecía incuestionable. Ahora vemos el camino al que le falta retirar muchos escollos culturales, legales y de actitudes.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS INSTITUTOS DE LA MUJER DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, A LOS CONGRESOS LOCALES, A LOS TITULARES EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES A IMPULSAR Y CREAR PROPUESTAS Y MECANISMOS JURÍDICOS EN SUS ESTRUCTURAS LEGALES LOCALES PARA QUE LOS APELLIDOS DE HIJAS O HIJOS A LA HORA DE INSCRIBIRLOS EN SUS REGISTROS CIVILES SEA A DECISIÓN DE LOS PADRES SI EN PRIMER LUGAR UBICAN EL APELLIDO DE LA MADRE O DEL PADRE. ESTO CON EL FIN DE LEGALIZAR LA LIBERTAD DE LOS PADRES EN LA PREVALENCIA DE LOS APELLIDOS Y PARA CONTRIBUIR EN LA EQUIDAD DE LOS GÉNEROS.

ATENTAMENTE.





 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano.

DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ  YMELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR Y ELIMINAR DE MANERA INTEGRAL EL MALTRATO INFANTIL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son víctima los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

El maltrato infantil en sus diferentes modalidades, es la principal causa de muerte entre los menores de edad. De acuerdo con el Censo 2010 del INEGI en México residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años, lo que en términos relativos representan 29% de la población total.

Un estudio de la Unicef de 2013 reveló que entre 55 y 62 por cientode los niños en México ha sufrido algún tipo de maltrato en un momento de su vida; 10.1 por ciento de los estudiantes de secundaria ha padecido un tipo de agresión física y siete de cada diez jóvenes viven violencia en el noviazgo.

Datos del INEGI muestran que una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. De 2001 a 2011, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20% del total de casos presentados ante el Ministerio Público.

Las entidades federativas que aparecen con mayor frecuencia en las primeras posiciones con el mayor número de casos de maltrato infantil comprobado fueron: Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Es de considerar que México ha colaborado y firmado convenios internacionales a favor de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales obligan a nuestro país a tender el interés superior de la niñez, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece en su artículo 19 que los Estados Parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Bajo este principio del interés superior de la niñez, en diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Dicha Ley, establece la obligación que tienen las autoridades federales, estatales y municipales a proteger a la niñez de cualquier tipo de maltrato de una manera integral.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las políticas públicas encaminadas a eliminar y prevenir el maltrato infantil, atendiendo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  DE MANERA RESPETUOSA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR Y ELIMINAR DE MANERA INTEGRAL EL MALTRATO INFANTIL.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen.Anabel Acosta Islas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, María Hilaria Domínguez Arvizu, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Los suscritos, Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Hilaria Domínguez Arvizu, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA ELECCIÓN DEL SR. LUIS LEONARDO ALMAGRO LEMES COMO SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 30 de abril de 1948, naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia a fin de adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada nación de la región. México es fundador de esta organización regional.

2. En 2005, José Miguel Insulza Salinas fue electo Secretario General de la OEA para el periodo 2005-2010 y en ese año fue reelecto por un periodo adicional que termina en 2015.

3. El 18 de marzo de 2015, representantes de los 34 países miembros de la OEA se reunieron a fin de celebrar la elección del nuevo Secretario General; el ex Canciller uruguayo Luis Almagro, fue electo con 33 votos a favor.

Tras su elección, se comprometió a continuar renovando la OEA e impulsar el regreso de Cuba a esta organización regional.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que la Carta de la Organización de Estados Americanos, establece en sus artículos 107 y 108:

Artículo 107. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los consejos.

Artículo 108. El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General, el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquél hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República se congratula por la elección del Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, deseándole el mayor de los éxitos en su encargo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Lizette Clavel Sánchez.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Luciano Borreguín González.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a crear una playa gay friendly. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a disponer lo necesario para la debida observancia de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del gobernador y los presidentes municipales del estado de Baja California en materia de libertad de expresión y en relación con los diarios "La Crónica de Mexicali", "Frontera de Tijuana" y "Frontera Ensenada" del Grupo Healy. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones se sirva disponer lo necesario para la debida observancia, dentro del orden constitucional, de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del gobernador y los presidentes municipales del Estado de Baja California en materia de libertad de expresión y en relación con los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada del Grupo Healy, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La libertad de expresión en crisis.

La transición a la democracia que experimenta nuestro país y, con ella, las entidades federativas a lo largo y ancho del suelo nacional gira en torno al impulso de la ciudadanía, las organizaciones civiles y la comunidad internacional a la libertad de expresión. A partir del año 1997 cuando se acelera la ampliación de nuestra vida democrática con la toma de protesta de la primera Legislatura auténticamente plural en el Congreso de la Unión, pasando por la primera y la segunda alternancias respectivamente en los años 2000 y 2012 hasta nuestros días, la exigencia creciente de los habitantes del país en pos de que se reconozca, respete y fomente su derecho a la manifestación, expresión y propagación de toda clase de ideas ha sido una posición fundamental. En el esfuerzo colectivo y cotidiano de convertir a México y a las entidades federativas que lo integran en un auténtico Estado de Derecho, las autoridades en general y en especial las que ocupan sus cargos gracias a procesos de elección popular, son las primeras comprometidas por mantener los avances alcanzados e inaugurar nuevas formas de actuación que permitan ensanchar los espacios de libertad para la expresión de las ideas y la libre manifestación de la crítica.

Dentro de la Reforma Política que acompañó el viraje en las urnas hacia un ambiente de pluralidad destaca una nueva preceptiva en torno a la libertad de expresión. Se tomaron medidas legislativas prolijas para garantizar a las y los mexicanos un espacio de diálogo e intercambio de ideas, críticas y opiniones como fermento de una democracia sólida a largo plazo. Fue así como se reconoció por primera vez el derecho a la información, se descriminalizó la labor periodística al derogar el delito de difamación y, finalmente, se introdujo en nuestro orden jurídico un ordenamiento que garantiza la implementación de un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Como se puede observar, la arquitectura de la democracia requiere de la libertad de expresión debidamente garantizada como el fundamento del entramado nacional.

A pesar del trabajo abundante que ha desplegado el H. Congreso de la Unión y algunos Congresos de los estados en favor del derecho a la información y del libre ejercicio de la profesión de comunicar, las agresiones no se hicieron esperar. En el contexto de violencia que se propagó a partir de la expansión de la delincuencia creando zonas de violencia extrema que han movido a expertos, organizaciones sociales y organismos internacionales a considerar que en nuestro país y en algunos estados se presentan ya características propias de un Estado fallido, algunos servidores públicos aprovecharon el entorno con la pretensión de acallar voces disidentes principalmente emanadas del gremio periodístico. Es así como en algunos estados se ha agudizado el volumen de agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación. Lamentablemente nos percatamos de manera reiterada de casos en los que servidores públicos producto del sufragio popular pretenden acallar a la opinión pública a través de sus principales protagonistas que son los comunicadores. En la actualidad se llevan a cabo sendas investigaciones por ataques a la vida e integridad corporal de periodistas, realizados con motivo del ejercicio de su labor informativa. En Veracruz se investiga a un presidente municipal por el homicidio de un periodista cuyo delito fue difundir cuestionamientos a la administración local. Lo mismo sucede en el municipio de Silao, Guanajuato donde una joven comunicadora fue arteramente agredida en las instalaciones del medio de comunicación donde presta sus servicios produciendo lesiones que ameritaron su internamiento en un hospital. Investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones de periodistas como la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. FAPERMEX, el Club Primera Plana y Artículo 19, entre otras, coinciden en que un elevado porcentaje de las agresiones a periodistas provienen de autoridades. Este panorama produce la convicción de que es urgente que la totalidad de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno sin distinción de su origen partidista se concienticen sobre la importancia de la libertad de expresión en la vida democrática y asuman un compromiso real, no de dientes para afuera, con el respeto, observancia y fomento de la difusión de las ideas principalmente la que realizan los periodistas y medios de comunicación.

La libertad de expresión en Baja California.

El 13de  marzo del 2014 será recordado para la posteridad en el Estado por haberse registrado un acontecimiento de oprobio para la entidad. En los diarios que circulan en las principales ciudades y poblados de nuestro territorio apareció un desplegado mandado publicar desde Palacio de Gobierno. En el mismo, al señalar de extorsión, el gobernador del estado expuso y colocó en riesgo permanente a docenas de personas por el solo hecho de realizar su labor informativa a través de los diarios La Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y Frontera Ensenada, todos ellos de Grupo Healy. Sin pruebas, y sin percatarse de la resonancia que implican sus palabras y pronunciamientos, el gobernador del Estado lanza la acusación de chantaje y presiones económicas. La mención de informaciones que le resultan adversas al gobierno del Estado pone de manifiesto que el motivo determinante de dicha acción no es otro más que el intento de censura al anunciar el retiro de publicidad en dichos medios. Más lamentable aún, resulta la maniobra oficial de hacerse acompañar en el ataque a la libertad de expresión de los presidentes municipales del Estado. Los afectados han anunciado la presentación de una demanda por daño moral en contra de las autoridades. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la campaña mediática de desprestigio emprendida por el Gobernador y los alcaldes:

“Es un hecho ilegal e ilícito con agravantes irremediables por ser el propio gobierno el que contraviene principios constitucionales, atentando contra la propiedad privada y limitando el derecho del público a saber sobre temas de la administración pública”

La Asociación de Editores de los Estados (AEE) también se sumó en apoyo a Grupo Healy con un desplegado publicado en los medios de comunicación que la integran:

“Solicita a las autoridades competentes que detengan las amenazas y violaciones a la libertad de expresión del gobierno estatal y los alcaldes de esa entidad”.

El contenido del desplegado oficial es el siguiente:

EN BAJA CALIFORNIA A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO DE EXTORSIÓN.

A la opinión pública nacional:

Los abajo firmantes, titulares del Ejecutivo Estatal en Baja California y de los cinco municipios que conforman la entidad, Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, manifestamos y hacemos público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercida por los directivos de periódicos Healy Impresora y Editorial S.A. de C.V. representados en Baja California por los diarios La Crónica, Frontera y Frontera Ensenada, así como sus respectivas ediciones electrónicas en contra del derecho que tienen los bajacalifornianos de obtener de sus medios de comunicación información oportuna, veraz y objetiva.

En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación, el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar.

Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellos sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos.

Los abajo firmantes reiteramos que somos respetuosos de una política editorial basada en la ética y los principios de la actividad periodística, pero no permitiremos, a ésta ni ninguna otra empresa de medios de comunicación, que ejerza presión, a través de los contenidos editoriales, con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público.

Por lo anteriormente expuesto, hemos tomado la determinación de cancelar a partir de esta fecha las relaciones comerciales con la empresa Impresora y Editorial S.A. de C.V., en un acto congruente y con la firme convicción de que los recursos públicos se ejercen con responsabilidad y únicamente en beneficio de los bajacalifornianos.

Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador del Estado de Baja California,

Gilberto Antonio Hirata Chico, Presidente Municipal de Ensenada,

César Moreno González de Castilla, Presidente Municipal de Tecate,

Jorge Astiazarán Orci, Presidente Municipal de Tijuana,

Jaime Rafael Díaz Ochoa, Presidente Municipal de Mexicali,

Silvano Abarca Macklis, Presidente Municipal de Playas de Rosarito.”

Necesidad de restablecer el orden constitucional. El rechazo hacia la actitud adoptada por el gobernador ante las críticas de un grupo de diarios en la entidad es unánime. Los actores políticos provenientes de todo el abanico de las corrientes partidistas y sociales, sin excepción, consideran lamentable la situación. Y coinciden en un llamado por el respeto y defensa de la libertad de expresión. Por su parte, los emisores de la agresión, el gobernador y los presidentes municipales se percataron de su error y no ahondaron al respecto pero, ante la condena ciudadana generalizada, se han limitado a declarar que su intención y voluntad se encuentra plasmada en el desplegado que mandaron publicar. Sin embargo, la continuidad democrática se ha visto fracturada en la entidad ya que la vulneración a la libertad de expresión sigue produciendo efectos día con día y, a fin de eliminar el riesgo en que se ha colocado a las docenas de personas que laboran en los medios de comunicación aludidos y, por extensión, a todo el gremio y a los ciudadanos que generen opiniones diversas o que no estén alineadas con la narrativa oficial, es necesario retomar las cosas en el estado en que se encontraban antes de la lamentable agresión. En efecto, el reconocimiento, extensión y alcances del derecho a la información, la libertad de expresión y las nuevas obligaciones y principios de derechos humanos impiden que simplemente se deje pasar el tiempo para ver si el pronunciamiento violento del gobernador y los presidentes municipales se olvida. Los tratados internacionales y los preceptos constitucionales en materia de derechos civiles no son simplemente muletillas útiles en los discursos o para la elaboración de bibliografía en torno al tema de la democracia. Al contrario, la preceptiva y la jurisprudencia internacional de derechos humanos y de libertad de expresión debe tenerse presente pues es la guía y la pauta para volver en Baja California a la normalidad constitucional en el marco de la relación entre los titulares del Poder Ejecutivo en el orden estatal y local con los medios de comunicación.

Desde el 10 de diciembre de 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos quedó incorporado el derecho a la información como una prerrogativa fundamental:

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esta libertad se ratifica mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece lo siguiente:

Artículo 19...

1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo dos de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a) Asegurar el respeto a los derechos con la reputación de los demás; b)La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

El académico Ernesto Villanueva define a la libertad de expresión como "uno de los derechos fundamentales del hombre, porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad de desarrollo del hombre en sociedad. La lucha por la libertad de expresión constituye una larga batalla contra el dogma, el autoritarismo y las inercias contra el cambio y la innovación. Más aún, puede afirmarse que la conquista revolucionaria de la libertad de expresión se enmarca en los procesos de transición entre el tradicionalismo y el ascenso la modernidad que tiene lugar en Europa entre los siglos XVII y XIX.”

1. El mismo autor explicita el contenido y los deberes derivados del derecho a la información: "…determina la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información como garantía esencial que tenemos los mexicanos, para: a)Obtener información; b) Informar; y c)Ser informados englobando libertades individuales (libertades de pensamiento, expresión e imprenta), como otras de carácter social (el derecho de los lectores, escuchas o espectadores a recibir información objetiva, oportuna y el acceso a la documentación pública).”

Por otro lado, el 24 de agosto de 2010 visitaron México sendos Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión. La Organización de las Naciones Unidas ONU envió al señor Frank La Rue y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a Catalina Botero quienes indicaron que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano. A título de conclusiones de su visita, los relatores hicieron a México numerosas Recomendaciones, entre las que destaca la garantía de que los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico. Las entidades federativas, en su carácter de partes autónomas de la Federación, tienen el deber de contribuir para que el Estado mexicano a su vez alcance el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el ámbito internacional. De ahí que resulta obligado y apremiante que el gobernador del Estado y los presidentes municipales retiren los pronunciamientos en contra de los medios de comunicación de Baja California y, para ello, se hace necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación a efecto de concientizar a dichas autoridades de que, como lo recomendaron los Relatores Internacionales se les capacite en materia de libertad de expresión y opten por ejercer el derecho a la réplica que les asiste en caso de informaciones sique consideran así lo ameritan.

Como se puede observar, las normas internacionales y los preceptos constitucionales de respeto y protección se traducen en la necesidad de tomar las medidas necesarias para restablecer en su totalidad la vigencia y eficacia de la libertad de expresión y el derecho a la información en Baja California. En razón de que las autoridades que perpetraron el ataque a los medios de comunicación han ratificado su proceder ya que en entrevistas confirman el contenido del desplegado, se requiere que una autoridad federal intervenga con el ánimo de lograr el respeto a los derechos humanos en el campo de la gobernabilidad democrática. Esta labor es propia de las tareas del gobierno interior, el cual está a cargo de la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, con el ánimo de restablecer el orden constitucional fracturado por un ataque cuyas consecuencias son continuas en perjuicio de la libertad de expresión, de impedir la discriminación de las voces críticas en la entidad, de colocar a los periodistas aludidos así como el gremio de comunicadores en general en una situación de seguridad eliminando el riesgo que implica el que las primeras autoridades que están llamadas a brindarles protección sean quienes abren un abismo con las opiniones divergentes y para restablecer los principios de la democracia en Baja California, se eleva a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones se sirva disponer lo necesario para la debida observancia, dentro del orden constitucional, de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del gobernador y los presidentes municipales del Estado de Baja California en materia de libertad de expresión y en relación con los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada del Grupo Healy.

México, Distrito Federal, a 24 de marzo de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a emprender acciones para regularizar a las empresas que prestan servicios de seguridad privada en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México en la actualidad vive una crisis de inseguridad, propiciado por los altos índices de corrupción e impunidad, que han ocasionado que delitos como el secuestro, la extorsión y los homicidios, lleguen a registros históricos, ocasionando dentro de la sociedad miedo y desconfianza en las instituciones en las instituciones de seguridad pública.

La seguridad privada surgió en el mundo, a partir de la década de los ochenta, para llenar precisamente espacios que no cubrían los servicios públicos de seguridad, y en busca de salvaguardar la protección personal, es que comienzan a surgir empresas dedicadas a compensar la falta de protección de la seguridad por parte del Estado.

En el caso de México, la seguridad privada encontró su fundamento en la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995.Dentro de la reglamentación que establecía esta Ley, se encontraban que su actuación debía circunscribirse a realizar acciones de seguridad, protección vigilancia o custodia de personas, lugares, o establecimientos, de bienes o valores, impidiendo realizar actividades de seguridad pública, la cual ha correspondido al Estado.

A partir de entonces en el país las empresas dedicadas a la seguridad privada han tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en la última década en la que los índices de violencia e inseguridad han ido a la alza. Hasta el año 2012, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país había 1 policía de seguridad pública, por cada 996 habitantes, mientras que se estima que se cometen 43 delitos por minuto. Esto ha ocasionado un aumento en la demanda de los servicios de seguridad privada.

En meses pasados, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Mario Espinoza Boulogne, reveló la falta de regulación de la mayoría de las empresas y que su crecimiento está fuera de control […] El 60 por ciento de esas cifras están ilegales (las empresas), somos más grandes que el ejército y la policía federal juntos, en guardias de seguridad su incrementó sin supervisión oficial podría convertirse en un “Frankenstein”.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Seguridad Privada, que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, indican que en México hay 450 mil guardias, distribuidos en 8 mil 500 empresas de este ramo, pero registradas ante las autoridades hay 3 mil 700, y de éstas, 150 están afiliadas a la AMESP. Estas cifras reflejan la gravedad del problema, y la gran irregularidad en la que operan la mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad privada.

La falta de supervisión y vigilancia a este tipo de empresas, ocasiona que sus protocolos de actuación no sean los idóneos con base en lo considerado por la autoridad competente. Generalmente, esto ocasiona abusos de poder sobre la ciudadanía, debido a la falta de mecanismos de control del personal; incluso, el personal de estas empresas llega a operar en colusión del crimen organizado, quienes abusando del conocimiento del estilo de vida de sus “asegurados”, utilizan esa información para la comisión de crímenes como extorsión o secuestro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, y de la Comisión Nacional de Seguridad, a la Dirección de Seguridad Privada de corresponden entre otras funciones como:

• Ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables otorgan a la Secretaría, en materia de registro y supervisión a empresas de seguridad privada;

• Regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares en la República Mexicana, conforme a lo dispuesto por la Ley General, la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás disposiciones aplicables;

• Establecer un banco nacional de datos en el que se registren, entre otras, las anomalías, ilícitos e irregularidades en que incurran los prestadores del servicio de seguridad privada.

Sin embargo, a la luz de la información que ha sido expuesta, así como del acontecer diario que día a día vive la ciudadanía, resulta una obviedad que dicha Dirección no cumple a cabalidad con sus atribuciones, dejando al arbitrio del mercado la regulación de las empresas de seguridad privada, ocasionando agravios a la sociedad en general, pero particularmente a los usuarios de estos servicios, quienes frente a un escenario de crisis de inseguridad, buscan resguardar su integridad personal, familiar y patrimonial, a través de la contratación de seguridad privada.

En este sentido, resulta indispensable que la Dirección General de Seguridad Privada, asuma y cumpla a cabalidad las atribuciones que le han sido conferidas. Es necesario en primer lugar que se regularicen a la totalidad de empresas de este sector, por un lado, facilitando los trámites para que operen dentro de la legalidad; y en segundo lugar, para que se mantenga actualizado un registro del personal que labora en estas empresas.

Asimismo, es necesario que se cuente con información confiable pública de las quejas y denuncias que puedan existir en contra de empresas que utilizan los servicios que prestan para cometer delitos, a fin de que los usuarios puedan valorar la calidad de servicios que prestan las diferentes corporaciones de seguridad privada.

En medio del clima de violencia e inseguridad que vive el país, y debido a la falta de capacidad de los tres órdenes de gobierno para brindar seguridad pública de calidad a la ciudadanía y garantizar el respeto a su integridad personal, familiar así como en sus bienes, la Comisión Nacional de Seguridad debe garantizar que los servicios de seguridad privada cumplan con los fines para los cuales han sido autorizados, y al menos la ciudadanía encuentre en estas empresas un pequeño resguardo para su bienestar.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a implementar acciones urgentes a fin de:

A. Rendir un informe pormenorizado de la situación que guardan las empresas de seguridad privada en el país.

B. Regularizar a todas las empresas que presten servicios de seguridad privada de acuerdo a lo establecido en la legislación de la materia.

C. Mantener actualizado el Banco Nacional de Datos y hacer pública la información que contenga a fin.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Seller, Blanco, Federico, “La seguridad privada en México: su normatividad”, Revista de Administración Pública, disponible en internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/106/pr/pr8.pdf
Ídem.
Véase, “La seguridad privada, un negocio en crecimiento pero sin marco legal”, CNN México, 16-10-2012, disponible en internet: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/10/16/la-seguridad-privada-un-negocio-en-crecimiento-pero-sin-marco-legal
Frutos, Melva, “Seguridad privada es 60% patito”, Reporte Índigo, 28-11-2014, disponible en internet: http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/seguridad-privada-es-60-patito
Ídem.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones que se están llevando a cabo para evitar las extorsiones en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 390 del Código Penal Federal establece que comete el delito de extorsión al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo lucro para sí o para otro o causando a alguien perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa.

Este delito se manifiesta, en gran medida, en el país a través de llamadas telefónicas en su modalidad de falso secuestro y obtención de premios inexistentes, mafias organizadas generalmente desde el interior de penitenciarías, las cuales obligan a cientos de personas a conseguir determinadas cantidades de dinero para pagar el rescate de algún familiar supuestamente secuestrado, y en caso de no hacerlo las amenazan con privar de la vida al presunto secuestrado, aplicando así una dosis extrema de violencia psicológica, recurriendo al engaño es como los delincuentes han recibido fuertes cantidades de dinero.

Este tipo de extorsiones afecta directamente el patrimonio y economía familiar, a nivel nacional, en el año 2005, el 37% de las víctimas pagaron la supuesta extorsión, en el 2006 un 20% de las víctimas perdió su dinero y, 1 millón 314 mil extorsiones que se llevaron a cabo en 2008, el 34% de las víctimas resultaron afectadas económicamente. 1

Desde hace más de una década, la modalidad de extorsión por medio de llamadas telefónicas ha ido en aumento a lo largo del territorio nacional, al menos 916 bandas de extorsionadores operaban en los distintos penales del país, 15 de las más activas operan desde centros penitenciarios en el Distrito Federal, se calcula que cada 24 horas se realizaban 4 mil 400 extorsiones, solamente en el mes de agosto de 2008; de septiembre 2008 a diciembre 2009 se hicieron 6 mil 179 extorsiones por día. 2

En los años que van del periodo de 2001 a 2009, 7 millones 324 mil 660 personas habían perdido entre mil y 50 mil pesos a causa de este delito; el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores superó los 705 millones de pesos. 3

En estos años se intentaron 18,199.023 llamadas con fines de extorsión, y durante el año 2009 se realizaron 2,255.335 extorsiones, aproximadamente 6,179 al día en todo el país. 4

Para cometer este delito se emplearon más de 483,127 celulares, de los cuales el 55% de estos poseía lada del Distrito Federal; para el año 2010, la actividad de los extorsionadores seguía en aumento, con un registro de 6,211 llamadas de extorsión cada 24 horas. 5

Mientras que en el 2005 los extorsionadores empleaban un promedio de 30 minutos para lograr el pago por parte de la víctima, en los años 2009 y el 2010,el lapso que se implementaba para realización de éste delito era de hasta 7 horas, tiempo aplicado para el sometimiento de las víctimas con amenazas e insultos.

Las víctimas suelen proporcionar datos personales a los extorsionadores en llamadas que estos realizan semanas antes de que se realice la extorsión. En esas llamadas previas los extorsionadores se presentan como encuestadores, empleados de bancos o aseguradoras y procuran hacer que la víctima crea que la información que se le solicita es necesaria y urgente.

El 10 de abril de2010 entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT), cuya promesa del gobierno era establecer un registro y control de los propietarios de celulares, así como, combatir las extorsiones y el uso de equipos de telefonía para negociar secuestros. 6

Este programa no cumplió con sus objetivos, pues la imperfecta forma en que operó este registro de celulares permitió que al menos el 6% de dicha información fuera falsa, es decir, millones de líneas telefónicas posiblemente operaron con identidades totalmente inexistentes e imposibles de identificar.

Aunado a lo anterior, este programa dio surgimiento a nuevos negocios ilegales, el primero consiste en la renta de identidades, es decir, que las personas se ofrecen para adquirir equipos usando su persona, pero no su identidad, pues la compra de esos equipos se realiza con documentos falsos y lo único que queda es una fotografía alterada de una credencial falsa y una huella digital que no llevará a ninguna identificación, por dicha renta de personalidad para comprar equipos, se llego a cobrar hasta 5 mil pesos por cada equipo comprado. 7

El segundo negocio ilegal incluyo a personal de las instituciones penitenciarías, pues lo realizaron justo quienes están a cargo de la custodia de los reos, los custodios del sistema penitenciario se prestan para comprar también con documentos falsos los citados celulares y alquilan los teléfonos dentro de los penales por cantidades que van de mil a 5 mil pesos semanales, como ya se ha mencionado anteriormente, esdesde el interior de los penales que se genera el 95% de las llamadas con fines de extorsión yen los que se planean 3 de cada 10 secuestros. 8

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Distrito Federal y el Estado de México son las dos entidades con mayor número de denuncias por extorsión en los años 2012 y 2013. 9

En el caso del Distrito Federal, acumuló mil 181 denuncias de extorsión en 2012 y en los primeros siete meses de 2013 registró, 679 casos. El Estado de México registró 1,039 denuncias por extorsión y para el siguiente año la cifra se ubicó en 926 denuncias.

A nivel Nacional en el año 2012 se reportaron 5,994.034 casos de extorsión en sus diferentes modalidades, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público, según el Censo Nacional de Gobierno y Seguridad Pública y Sistemas Penitenciario Estatal 2013, se denunciaron solo 302,259 casos. 10

El intento de extorsión es uno de los delito que más va en aumento en México porque se puede llevar a cabo desde cualquier lugar, solo marcando un número telefónico; en enero de este año los reportes de extorsiones han presentado un incremento de 19%, al registrar 15,931 reportes en comparación con los 13,353 de enero del año pasado, por eso es que se requieren mayores acciones para aminorar el porcentaje de extorsiones a la población. 11

En 5 estados del país este delito ha tenido un aumento considerable, incluso superó el 30%, según los datos del más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SPSP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo a un reporte de 2015, Nuevo León, al norte de México, un estado con alto desarrollo económico, fue el que registró el mayor incremento, pues en 2013 tuvo 285 casos y 377 en 2014, lo que representa una subida de 32.3%; en Cancún el aumento fue de 204 extorsiones a 260, es decir, de 27.5%; consecutivamente le sigue el estado de Chiapas con el 12%; Zacatecas 4.6% y Sinaloa 4.4%.12

Estas cifras solo muestran los delitos denunciados y no de los que en realidad se cometen, ante esta situación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), calcula que el número de casos que no se denuncian, una categoría denominada como cifra negra, representa aproximadamente el 90% del total, derivado de la facilidad del modus operandi el cual no necesariamente requiere de violencia física.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta Soberanía:

a. Las acciones que está llevando a cabo para evitar las extorsiones en el país.

b. Si existe alguna base de datos fidedigna a través de la cual se pueda corroborar las cifras que se derivan de este delito; en caso de que exista dicha base de datos se solicita sea remitida a esta Soberanía.

c. Las medidas que se han implementado a fin de reducir el delito de extorsión, cometido desde el interior de centros penitenciarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

1 Chacón, Lilia. “A prueba de delincuentes telefónicos”. Revista Alcaldes No.40, Junio de 2013. [En línea] Disponible en: http://alcaldesdemexico.com/wp-content/uploads/revista2013/40junio13.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Consejo para la Ley de los Derechos Humanos, A.C. “Extorción Telefónica”. RENAUT Vs Extorción y Secuestro. [En línea] Disponible en: http://www.mexicodenuncia.org/?page_id=31

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 La extorsión, uno de los delitos de alto impacto que más aumenta en México. CNN Noticias. [En línea] Disponible en: ENLACE

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013. [En línea] Disponible en: ENLACE

11 ¡Ojo no contestes! Los 10 números de celular con más reportes de extorsión. CNN Noticias. Publicado el 16 de febrero de 2015 [En línea] Disponible en: ENLACE

12 Incidencia Delictiva del Fuero Común 2014. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Publicado en enero de 2015. [En línea] Disponible en: ENLACE





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Turismo a implementar medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas. Se turna a la Comisión de Turismo.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Turismo a que implementen medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad de los lugares turísticos es uno de los elementos principales que se toman en cuenta al elegir un lugar para visitar, en ese sentido, debe constituirse como uno de los pilares de las políticas del sector, pues varias entidades con vocación turística se han visto afectadas por la mala imagen que generan las noticias relativas a delitos en contra de turistas nacionales y extranjeros.

Lo anterior, afecta no sólo la imagen de nuestro país al exterior, sino principalmente a las familias cuyo sustento depende de las actividades relacionadas con el turismo en las entidades federativas donde esta actividad es fundamental para su economía.

Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso de un grupo de 25 turistas nacionales y extranjeros que fueron asaltados la semana pasada por 3 sujetos armados mientras descansaban y comían en las inmediaciones de la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur.

Las víctimas, viajaron al sitio a bordo de 3 embarcaciones diferentes que fueron interceptadas por los asaltantes quienes los amagaron con armas para después despojarlos de todas sus pertenencias incluyendo los pasaportes de los ciudadanos franceses y alemanes.

Además de llevarse lo que traían consigo los turistas, como dinero en efectivo, cámaras, teléfonos, carteras y pasaportes, se robaron una de las 3 embarcaciones, en la que realizaban el tour uno de los grupos, por la Isla Espíritu Santo.

Los turistas, quienes quedaron varados en el lugar por un momento, interpusieron una denuncia ante la autoridad correspondiente; hasta el momento se desconoce el avance en las investigaciones.

Al respecto de este lamentable hecho delictivo, la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, comentó en un escrito oficial que “La actividad preponderante del estado es el turismo, aportando más del 50% de su PIB, y La Paz, en especial, depende del eco turismo, el turismo de aventura y el turismo náutico de embarcaciones de placer, actividades que contemplan el esparcimiento del turista en lugares alejados de la ciudad y por lo mismo con poca o nula vigilancia. Si estos lugares son percibidos como inseguros, peligrosos o riesgosos, por el turista, este dejará de visitarlos, poniendo en riesgo la economía familiar de miles de personas que se benefician de ella. Este sector turístico depende enteramente de turistas extranjeros que difícilmente podrá ser reemplazado por turismo nacional como actualmente se sucede en Acapulco, Vallarta y Mazatlán.”

En ese sentido, informó también la Asociación que en La Paz ya se han registrado cancelaciones por parte de clientes de las marinas. La oferta de marinas en el lugar consta de más de mil embarcaciones particulares de vela de recreo y deportivas, distribuidas en 7 marinas turísticas, 3 marinas secas y en la zona de fondeo de la Ensenada de La Paz, estas empresas y embarcaciones generan una derrama económica importante y brindan sustento de miles de familias en la capital de Baja California Sur, y sucede lo mismo en otras ciudades con puerto del Estado y todo el País.

Es de vital importancia para las Marinas de la ciudad de La Paz, y de todas las marinas de Baja California Sur, garantizar la seguridad de los usuarios de estos servicios, para mantener activa esta parte del sector turístico.

En atención a lo anterior consideramos necesario solicitar a las autoridades competentes a que analicen la implementación de mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas mexicanas, a efecto de que estas medidas mitiguen el impacto negativo de los delitos contra turistas, en esta importante actividad.

De conformidad con la fracción X del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales.

Por su parte, el artículo 30 de la ley en comento, en sus fracciones IV y XXV establecen la competencia de la Secretaría de Marina para la vigilancia de la zona marina y las costas mexicanas así como la facultad para inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, lo cual cobra relevancia pues la Isla Espíritu Santo donde se llevaron a cabo los ilícitos mencionados con antelación tiene el carácter de Área Natural Protegida en su categoría de Parque Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Marina y de Turismo a que implementen medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas, especialmente en las entidades federativas como Baja California Sur en las que el turismo es la actividad económica principal.

Senado de la República, a 23 de marzo de 2015.

Atentamente,

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar cuándo y cuáles fueron los montos entregados del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al gobierno del estado de Nuevo León; al gobernador del estado de Nuevo León a explicar las razones y las causas del por qué no han sido entregados dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana del estado y a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para 2015. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

24 de marzo de 2015.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

El propósito de la celebración de este Día es el siguiente:

• Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;

• Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;

Este es un día que nos convoca no sólo a rendir tributo a quienes se han dedicado a la lucha por la promoción y protección de los derechos humanos.

Sino también nos obliga a recordar que dentro de toda sociedad se le debe dar importancia al derecho de saber la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos, con el fin de consolidar la naciente democracia y recomponer los lazos sociales.

En el ámbito jurídico se habla de “dos tipos de verdad”, la verdad real y la verdad formal, entendida la primera como aquello que efectivamente pasó y la segunda como aquello que se probó dentro de un proceso;

Sin embargo el derecho a la verdad es un concepto más amplio, que trasciende la veracidad como valor personal o la verdad formal.

En este sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos indicó que el derecho a la verdad abarca el derecho a identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones, las circunstancias y hechos de las mismas, y el destino final de las víctimas, cuando se refieren a desapariciones forzadas.

Hoy México tiene un reto muy grande. Combatir la Impunidad.

Día con día en la realidad nacional encontramos “líderes” que nos pueden impresionar con sus argumentos, pero pisotean su palabra con sus acciones.

Nuestro país nunca avanzará, si no combatimos este gran rezago. Si no  se respetan los derechos humanos, si no hay libertad de prensa, si no hay estado de derecho, si no se cuidan a las víctimas, entonces NO hay futuro.

Son los elementos esenciales para el desarrollo, si existe la impunidad, si hay violaciones de derechos humanos es un freno al desarrollo  de la sociedad en su conjunto.

Este Senado de la República brinda hoy tributo a todas las y los mexicanos que dedican su vida a la promoción y protección de Derechos Humanos.

El día de Hoy este Senado de la República recuerda a todos los mexicanos y mexicanas víctimas de la violencia y de la impunidad.

Hoy es día para rendirles tributos, los Senadores de este recinto los saludan.

Muchas Gracias.

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de los Bosques”.

Día Internacional de los Bosques
21 de marzo

“Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire.”

Mahatma Gandhi

Los bosques representan fuente de vida en el más amplio sentido. Generan empleo, alimento, resguardo para los seres vivos y los factores bióticos del ecosistema. Representa el eslabón del equilibrio en el medio ambiente porque constituyen el pulmón de la Tierra, protegen el suelo de la erosión y facilitan la captación de agua hacia los mantos subterráneos.

Actualmente en el mundo, los bosques permiten la subsistencia de alrededor de mil millones de personas en situación de pobreza extrema y proporcionan empleo remunerado a poco más de 100 millones de personas en todo el mundo.1

Los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Para la humanidad, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades. 2

Durante el año 2014 se registró un total de 5,325 incendios forestales en México. Con ellos se afectaron 155,533.52 ha, principalmente en Sonora, Chihuahua y Baja California.3 A través del derecho debemos garantizar la protección eficaz de nuestros recursos forestales. Prevenir los accidentes pero castigar severamente a quienes intencionalmente los provocan para resultar beneficiados.

Durante el mensaje con motivo del día Internacional de los Bosques 2015,el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon afirmó:

“Para construir un futuro sostenible y resiliente al clima debemos invertir en nuestros bosques del mundo. Para ello será necesario un compromiso político a los más altos niveles, políticas inteligentes, un cumplimiento efectivo de la ley, alianzas innovadoras y financiación.”

Coincidimos con las declaraciones del Secretario General de la ONU. Derecho, política y tecnología, deben estar al servicio de la protección de nuestro medio ambiente. Sector privado, sector público, gobierno y sociedad civil debemos trabajar en la construcción de una cultura de respeto y conservación de nuestros bosques.

Como integrante del Partido Verde, considero que una adecuada gestión de los recursos forestales garantiza aire de calidad, agua más pura, equilibrio en la temperatura, sin duda nuestros bosques son fuentes de vida. Resulta conveniente participar y promover tareas de reforestación y limpieza a favor de ellos. La conservación de nuestros bosques y el trabajo para crear más y mejorar los existentes, son parte fundamental para lograr un desarrollo sustentable, con efecto económico inmediato en las comunidades aledañas a ellos, pero con beneficios globales para la sociedad mundial.

A través del derecho, debemos garantizar su cuidado y protección; mediante la difusión de una cultura de respeto podemos lograr su conservación. Trabajemos para que nuestras leyes protejan nuestros bosques, y al mismo tiempo, cultivemos en nuestros niños actitudes de respeto hacia nuestros valiosos recursos forestales.

H. Cámara de Senadores, a 24de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 Boletín INEGI “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Bosques. Disponible en ”http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf p. 1 [Consulta realizada el 20 de marzo, 2015].

2 Organización de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/events/forestsday/ [Consulta realizada el 22 de marzo, 2015].

3 Boletín INEGI “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Bosques. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf P. 1 [Consulta realizada el 20 de marzo, 2015].





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del XXI aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DEL XXI ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EL 23 DE MARZO.

H. ASAMBLEA:

Hay efemérides en el calendario que dan gusto, aunque también existen otras que lamentablemente nos traen recuerdos trágicos sobre eventos que no quisiéramos que hubiesen sucedido.

Uno de ellos, es el de la noticia que hace 21 años, daba cuenta que LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, en ese entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, era baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California; lo que produjo su fallecimiento a las pocas horas.

Desde entonces recordamos a un gran hombre, honramos la memoria de quien se caracterizara por sus causas legítimas y generosas, un personaje que sólo pensaba en un México mejor para todos.

Fue en la Plaza de la Unidad y la Esperanza en la colonia Lomas Taurinas, donde diera su último discurso antes de ser asesinado; reflejando su profundo compromiso con los ideales ligados a la Justicia Social y la democracia.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, decía que “veía un pueblo con hambre de justicia y oportunidades de desarrollo”; por ello, la mejor manera de honrar su memoria es hacer efectivos sus principios de modernización, los valores de la justicia y sobre todo, para quienes ejercen un cargo público, hacer de la eficiencia de la acción de gobierno, el ideal a perseguir de manera incansable, con el mejor de los esfuerzos por conseguirle día a día.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, nació en Magdalena de Kino, Sonora; un 10 de febrero de 1950. Fue un político mexicano que se desempeñó como Diputado, Senador, Presidente de su Partido, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y candidato a la Presidencia de la República hasta ser arteramente asesinado.

Fue un hombre de gran compromiso con las causas más nobles y justas de la sociedad mexicana, fue un gran político, un extraordinario mexicano, honrado, inteligente y valiente.

Desde esta tribuna, un humilde homenaje de mi parte a un ejemplo a seguir, un recuerdo a su memoria, mi más amplio reconocimiento a uno de los mexicanos más preclaros de la vida moderna de México, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

¡Un hombre que sigue vivo, porque vivos siguen sus ideales!

Descanse en paz, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

Dado en la Ciudad de México, a 24 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Agua”.

Día Mundial del Agua
22 de marzo

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA 

El pasado domingo se celebró el Día Mundial del Agua, cuyo objetivo es promover entre los países miembros actividades orientadas a fomentar la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo, el bienestar social y los ecosistemas del planeta.

Ello, a la luz de las recomendaciones del capítulo sobre Agua Dulce del Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que el Día Mundial de Agua tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.

Señala que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el tema del Día Mundial del Agua 2015 como "Agua y desarrollo sostenible: de la visión a la acción". La celebración representa una fecha clave para la comunidad internacional, pues los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) llegan a término y las negociaciones internacionales para la agenda del desarrollo post-2015 concluyen en septiembre.

Más de 300 participantes de agencias y programas de Naciones Unidas, expertos, representantes empresariales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reunieron del 15 al 17 de enero pasado en Zaragoza, España, para debatir sobre las herramientas para implementar la agenda post-2015 relacionada con el agua.
El INEGI indica que el agua también está en el centro de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente.

Explica que el agua es un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar humano, y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionado. Hoy en día más de mil 700 millones de personas viven en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga natural. Tal tendencia, dice, indica que dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua para 2025.

Ante ello, considera que este recurso puede suponer un serio desafío para el desarrollo sostenible, pero gestionado de manera eficiente y equitativa, el agua puede jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios rápidos e imprevisibles.

El agua no es un tema menor, el agua es vital para la supervivencia del hombre y de todo el planeta Tierra. Por ello, todos aquellos que defendemos las energías limpias y comprendemos la importancia del agua celebramos el Día Mundial del Agua 2015 en todos los países del mundo.

H. Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de los Bosques”.

Día Internacional de los Bosques

Con su venia, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 21 de marzo se celebró el día Internacional de los Bosques, con el objeto de celebrar la importancia de estos ecosistemas y de árboles en general, así como hacer conciencia al respecto, siendo el tema para este 2015 el Cambio Climático.

Los ecosistemas forestales, representan grandes beneficios ambientales, como la generación de combustibles, alimentos y medicinas, permite la recarga de acuíferos, la regulación del clima y la captura de carbono, los dos últimos servicios ambientales fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático. En las costas, son de gran importancia pues son barreras naturales contra huracanes.

A razón de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señaló lo alentador de la disminución a nivel mundial de la deforestación e indicó que gracias a ello las emisiones de carbono de los bosques disminuyó 25 por ciento entre 2001 y 2015.

En particular en México el setenta por ciento del territorio está cubierto por vegetación forestal, es considerado el doceavo lugar en cuanto a cobertura boscosa a nivel mundial y ha logrado desacelerar la pérdida de la superficie forestal en los últimos veinte años, sin embargo todavía es alarmante la pérdida de bosques en nuestro país.

La disminución de nuestros recursos forestales ha sido provocada por los cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias de forma clandestina, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales de gran magnitud.

Situación que hace necesaria la generación de nuevas estrategias que permitan no solo detener la pérdida si no incrementar la superficie forestal en nuestro país.

Para ello, debemos concebir que, las áreas forestales en México, deban contribuir a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de estas zonas y mejorar su calidad de vida, pues es en estas áreas, en donde se encuentra el mayor nivel de rezago, marginación y pobreza.

Nuestros bosques, deben visualizarse como motor de crecimiento económico, debido a que en ellos se producen grandes beneficios ambientales que no dependen del aprovechamiento extractivo del recurso, también obedece a la conservación del mismo.

En el Partido Verde estamos comprometidos con la protección de nuestros bosques, por ello hemos presentado diversas iniciativas para combatir las principales causas de la pérdida forestal, entre ellas:

El establecimiento de castigos más estrictos para quienes provoquen un incendio forestal y

La actualización cada cinco años del Inventario Nacional Forestales, con la finalidad de homologar el reporte, con la información registrada por la FAO en su evaluación de los Recursos Forestales Mundiales.

Nuestra labor como legisladores, continua, y debemos comprometernos a trabajar para la generación de  políticas públicas que permitan el desarrollo rural, la gobernanza y la organización social.

Es cuanto, Senador Presidente.

Atentamente

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.





 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del aniversario del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín.

Del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del octogésimo sexto aniversario del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín, ocurrido el 24 de marzo de 1829.

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ciento ochenta y seis aniversario del natalicio de Ignacio Zaragoza Seguín, célebre mexicano que por su valor y determinación es considerado como uno de los más importantes héroes nacionales. 

Hoy, recordamos a este prócer de la patria que nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando este territorio todavía pertenecía a México), sus padres fueron Miguel G. Zaragoza y María de J. Seguín.

Hombre de liderazgo nato que llevó a cabo sus estudios de primaria en Matamoros, y posteriormente ingresó a la secundaria en el Colegio Seminario de Monterrey, sin embargo su deseo de unirse al combate de la invasión norteamericana lo llevaron a abandonar sus estudios.

De esta manera, en 1853 se alistó como sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, y más tarde se incorporó al ejército regular como capitán. En 1854, al levantarse en armas con cien hombres, contribuyó a que Juan N. Álvarez pudiera proclamar el Plan de Ayutla –buscaba terminar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna. 

Precisamente, dentro de sus primero triunfos dentro de la milicia está el ocurrido en 1855 cuando se impuso sobre las tropas santanistas en la batalla de Saltillo.

En 1857, cuando el entonces presidente Ignacio Comonfort se opuso a la nueva constitución, el General Zaragoza fue determinante para que finalmente la carta magna fuera promulgada.

En consecuencia, rápidamente fue considerado como uno de los jefes militares liberales más sobresalientes de la Reforma, así formó parte de grandes gestas como la batalla de Calpulalpan, ocurrida en 1860 y en la cual los conservadores fueron derrotados definitivamente, lo que representó el fin de la Guerra de Reforma.

Ocupó diversos cargos, entre los que destacan los de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, donde se enfrentó a las fuerzas francesas, las cuales habían invadido México con la pretensión de imponer a Maximiliano de Habsburgo. Sobresale que en abril de 1862 dirigió las tropas que combatieron al ejército francés en las Cumbres de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla.

Debido a su capacidad estratégica, valor, liderazgo y patriotismo el 5 de mayo de 1862 su carrera alcanzó su mayor plenitud, en virtud de que ese día protagonizó uno de los más importantes acontecimientos de nuestra historia -la Batalla de Puebla-. 

Batalla emblemática dentro de la historia de México que además de su valor intrínseco, trascendió en el tiempo por el mensaje que el General Ignacio Zaragoza pronunció a sus soldados, aquél día a la letra dijo lo siguiente: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”.

Después de tan emotivo mensaje, se fortaleció el nacionalismo y el compromiso con México, sentimiento que fue complementado con una brillante estrategia que se ejecutó en dos frentes, por un lado, Miguel Negrete, y por el otro lado, Felipe Berriozabal, al tiempo que el General Zaragoza gritaba con firme convicción, “tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro”.

Gracias a la elocuencia, coraje y valentía del General Zaragoza, las fuerzas armadas derrotaron al entonces considerado ejército más poderoso del mundo. Al final la batalla se sintetizó en la siguiente expresión: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.

En contraste, el valor de las tropas y el liderazgo e inteligencia del General Zaragoza, formaron un binomio en el que ambos elementos convergieron armónicamente, lo cual se tradujo en el triunfo y éxito, elementos que fueron una constante en su amplia trayectoria.

Meses más tarde de manera infortunada, víctima de la fiebre tifoidea, el General Zaragoza falleció el 8 de septiembre de 1862, dejando un legado extraordinario que se distingue por su permanente defensa de las causas liberales y el combate incesante en contra de las fuerzas que buscaban limitar las libertades en México. 

En el marco de esta conmemoración, desde el Senado de la República los legisladores del PRI, recordamos a este verdadero héroe nacional que con sus acciones nos demostró que cuando hay voluntad y una causa justa, no importa lo adverso del panorama, siempre es posible alcanzar las más grandes hazañas.

Es cuanto, Senador Presidente.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Tuberculosis”.

Día Internacional de la Tuberculosis
24 de marzo

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar con la enfermedad. Actualmente, 1 tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y países que lucha contra la enfermedad, organiza el Día Mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las formas de prevenirla y curarla.

Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo, la OMS pide nuevos compromisos y acciones en la lucha mundial contra esta enfermedad, que es una de las principales causas infecciosas de muerte.

Ha habido enormes avances en los últimos años, y el mundo está en camino de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en comenzar a reducir la propagación de la tuberculosis para 2015. Pero eso no basta. En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta causa.

En mayo del año pasado, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una ambiciosa estrategia que abarca un periodo de 20 años (2016-2035) para poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Ahora es el momento de poner en marcha esa estrategia.

La estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis aspira a un mundo sin tuberculosis en el que esta enfermedad no sea causa de mortalidad, morbilidad y sufrimiento. En la estrategia se fijan objetivos y se perfilan distintas medidas que habrán de adoptar los gobiernos y los asociados para prestar una atención centrada en el paciente, implantar políticas y sistemas que posibiliten la prestación de atención a la tuberculosis y su prevención, e impulsen la investigación y la innovación necesarias para acabar con la epidemia y eliminar esta enfermedad.

El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para que los pacientes de tuberculosis, las comunidades afectadas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales sanitarios y los asociados internacionales puedan llegar, tratar y curar a todas las personas que están enfermas.

El 24 de marzo de 2015 es el día para cambiar de marcha y redoblar los esfuerzos para poner fin a la tuberculosis de forma definitiva.

H. Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Agua”.

Día Mundial del Agua

Con su venia, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:

A partir de 1993, el 22 de marzo, se celebra el día Mundial de Agua, derivado de la recomendación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo un año antes en Río de Janeiro.

Lo anterior, considerando que a medida que aumente la población y las actividades económicas, muchos países llegarían a la, escases del agua o la limitación del recurso.

En esta celebración se busca que los Estados, dediquen este día a actividades para la sensibilización de la población respecto al aprovechamiento del vital líquido.

Desafortunadamente, a nivel mundial más de uno de cada diez habitantes no tiene acceso a las mejores fuentes de abastecimiento de agua.

En México para 2010, el 90.9 por ciento de la población contaba con agua potable1, incrementándose en casi dos por ciento la cobertura nacional, pasando a 92.3% en 20132.

Contrario a la cantidad de precipitación anual en los estados de Campeche y Veracruz conjuntamente con el Estado de México, son los de mayor rezago en la disponibilidad de agua potable, en donde el 37% de los habitantes sin servicio se encuentran en estas localidades.

Recordemos que en México, el derecho al agua está establecido en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, por lo cual debemos hacer frente a la escases de este recurso y permitir que todos los Mexicanos cuenten con este vital líquido en su hogar.

Lo anterior, es de gran importancia pues el incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado, son medidas que permiten la disminución de enfermedades.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en 1990 nuestro país tuvo una tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años de 122.7 por cada 100 mil habitantes, situación que para 2013 la tasa disminuyo a 8.2 por cada 100 mil, gracias a que se elevó la cobertura de agua potable en casi un 15% y de alcantarillado en más de 30%.

En este Día Mundial del Agua, es necesario concientizar a la población por el exceso en su uso o el desperdicio del mismo.

En el hogar más del 60% del agua se utiliza para el baño, asimismo cada gota por segundo desperdiciada por fugas equivale a 5.3 toneladas de agua al año pérdidas.

Compañeros, seamos conscientes que el problema de la disponibilidad del agua, aumentará día a día por el incremento de la población y los efectos del fenómeno del cambio climático, el cual ocasionará que el ciclo de agua cambie de manera no uniforme, es decir que se incrementará el contraste entre las regiones secas y húmedas, así como las temporadas de lluvias y secasen nuestro país. Situación que podemos ver ahora con el incremento de reportes de lluvias atípicas en diferentes partes del territorio nacional.

Por lo anterior, es destacable la labor desempeñada por el Gobierno Federal en esta materia, el cual ha desarrollado un Programa Nacional Hídrico que contempla cinco líneas rectoras y 6 objetivos que permiten el seguimiento y evaluación del Programa, entre los que resaltan:

• El Índice Global de Sustentabilidad Hídrica

• El incremento de la seguridad hídrica ante sequias e inundaciones, y

• El fortalecimiento del abasto y acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Aunado a las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, es necesario el análisis y discusión para la creación de la nueva Ley General de Aguas establecida en la Reforma Constitucional del pasado 8 de febrero del 2012, en donde el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se compromete en la participación activa para hacer del agua un generador del desarrollo sustentable.

Es cuanto, Senador Presidente.

Atentamente

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.

1 De acuerdo con el Censo de Población del INEGI 2010

2 Información de la Comisión Nacional del Agua, numeragua 2014 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

H. Asamblea:

Las violaciones graves a los derechos humanos causados por las autoridades como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada e involuntaria, la tortura, la mutilación y las lesiones con daño permanente o incapacitación, el desplazamiento forzado, el despojo de la propiedad, esclavitud, el encarcelamiento injusto prolongado y en condiciones infrahumanas están vigentes en todos los países, algunos con mayor frecuencia. Al considerarse graves estas violaciones entre los muchos tipos de abusos de poder que lesionan en lo más profundo la dignidad humana y cuyos perjuicios son irreversibles o muy difíciles de reparar, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”.

El propósito del Día es: a) Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; b) Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;c) Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente, que en definitiva le costó la vida el 24 de marzo de 1980.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución, invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional.

En nuestro país, existe un procedimiento que tiene como propósito indagar y conocer el origen y resultados sobre las violaciones graves, llamado facultad de investigación. Esta figura estaba conferida a la Suprema Corte de Justicia1, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se le asignó está facultada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para iniciar la investigación correspondiente cuando se presume que se han violado derechos humanos de forma generalizada.

Este procedimiento de investigación tiene como finalidad esclarecer algunos casos concretos que de fondo se violentaron los derechos humanos, tanto colectivos como sociales. El resultado de la investigación culmina con un dictamen elaborado que debe entregarse a la autoridad superior jerárquico.

Esta figura es un medio extraordinario para la defensa de los derechos fundamentales, radica en que una vez que los instrumentos ordinarios de protección constitucional se han agotado o resulta manifiesto que no serán suficientes para garantizar el respeto a los derechos, exista un último recurso contra la impunidad y el disimulo. Esta facultad, se encuentra consagrada en nuestra carta magna en los siguientes términos:
“Articulo 102.- …

B…

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

A lo largo de la historia esta facultad se ejerció en los casos siguientes que por su trascendencia solo me limitare a los siguientes:

- El 28 de junio de 1995, -Caso Aguas Blancas- En el municipio de Coyuca, Guerrero, se llevo a cabo un operativo policiaco que pretendía impedir que un grupo de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se trasladara a Atoyac para una manifestación.

- 22 de febrero de 2006, -Caso Puebla Lydia Cacho Ribeiro- Tiene su origen en la publicación del libro los Demonios del Edén: El Poder que Protege a la Pornografía Infantil. El 18 de abril de 2007 la Suprema Corte decidió ejercer la facultad, aun cuando no se trataba de una violación generalizada, el asunto se admitió por que había una violación grave.

- 3 y 4 de mayo de 2006, -Caso Atenco- En Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, se enfrentaron policías y pobladores, cuyo resultado fue la muerte de un joven golpeado en la sien por un proyectil de gas lacrimógeno, privación ilegal de la libertad, ultraje a mujeres y la expulsión ilegal del país de extranjeras.

- 22 de mayo de 2006, -Caso Oaxaca- Los hechos se originaron a raíz del conflicto magisterial, por el desalojo violento de maestros que realizaban un plantón pacifico en el zócalo de la ciudad, lo que tuvo como consecuencias la represión, agresiones físicas, privaciones ilegales de la libertad, homicidios, violaciones a las garantías de legalidad, entre otras.

- El 4 de junio de 2009, -Caso Guardería ABC-La muerte de 49 niños y 104 lesionados, La solicitud la presentaron padres de familia, respaldados por la Comisión Permanente que hiso suya la petición el 13 de julio del mismo año.

- El 26-27 de septiembre de 2014, -Caso Ayotzinapa- Sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes.

A pesar de las recomendaciones que en su momento emitió la Corte y que ahora le corresponde la CNDH, aun no trae consigo efectos y responsabilidades para los funcionarios públicos. Por ello, la importancia de este día para conocer la realidad de las causas en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.

México D.F., a 24 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Facultad ejercida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1917 a  2011, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el natalicio de Ignacio Zaragoza.

Natalicio de Ignacio Zaragoza

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829, en la Bahía del Espíritu Santo, Texas, entonces provincia mexicana. Por influencia paterna creció bajo la firme disciplina de la vida militar, y por la intervención de su madre, bajo los cánones religiosos de la época.

En Matamoros, aprendió las primeras letras, y Nuevo León encontró su verdadera vocación, el Ejército. En 1852, ingresó a la Guardia Nacional de Nuevo León, y al siguiente año formalizó su entrada al Ejército Nacional obteniendo el grado de sargento primero. Participó en la toma de Saltillo en 1855 donde fue ascendido a coronel y participo en la defensa de Monterrey en 1959.

Durante la Guerra de Reforma, los ejércitos liberales de Zaragoza y de José López Uraga tenían como propósito tomar Guadalajara en mayo de 1860. Durante la batalla cayó herido López Uraga y su puesto fue ocupado por Zaragoza, ante este escenario se retiraron por la proximidad de las fuerzas de Miguel Miramón. Ambos ejércitos se dirigieron de nuevo a Guadalajara, pero en Silao se enfrentaron con el de Miramón, al cual lograron diezmar en octubre del mismo año.

Zaragoza fue ascendido a general y marchó junto con González Ortega hacia Calpulalpan, en donde obtuvieron un sonado triunfo. El presidente Benito Juárez nombró a Zaragoza ministro de Guerra y Marina en 1861. Sin embargo, Zaragoza renunció a su cargo para participar en la guerra contra los franceses al frente del recién formado ejército de Oriente, a quienes enfrentó primero en las cumbres de Acultzingo y después los esperó en Puebla.

En sus cuarteles de los fuertes de Loreto y Guadalupe, las fuerzas del conde de Lorencez fueron vencidas el 5 de mayo de 1862. Con menos tropas, Zaragoza logró derrotar al entonces considerado como el más poderoso cuerpo de guerra en el mundo, el ejército francés.

A pocos meses del triunfo, preparándose para nuevos ataques de aquella Nación, Zaragoza se trasladó a la ciudad de México y volvió a Puebla en donde murió a los 33 años de fiebre tifoidea  el 8 de septiembre de 1862.

Por sus servicios prestados a la Nación, en el mismo año de su muerte, Benito Juárez lo nombró Benemérito de la Patria en Grado Heroico, y desde entonces la ciudad de su hazaña, Puebla, lleva el nombre de “Puebla de Zaragoza”.

Cuando el pueblo mexicano defendió la soberanía nacional ante la amenazante presencia del ejército francés, Zaragoza dio muestra de su gran vocación militar en defensa de México.

Hubo personajes que destacaron por su desempeño; unos en lo político, como negociadores, y otros en lo militar en los campos de batalla. Pero, entre todos ellos, no hay uno que sea comparable con el héroe de la batalla del 5 de mayo, el general Ignacio Zaragoza. Recodaremos a este héroe nacional conmemorando su natalicio.

México D.F., a 24 de marzo de 2015

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Agua”.

Día Mundial del Agua

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

H. Asamblea:

En el marco de la celebración del día internacional del agua, y con la propuesta de la nueva ley, debe priorizarse el consumo humano de la misma y asegurar que se encuentren loa acuerdos en ambas cámaras para modificar y reforzar el derecho al agua como lo consagra nuestra Carta Magna ya que “sin agua, no somos nada”.

Reconozco el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2015, elaborado en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), coordinado por la UNESCO, en donde se urge a una gestión más sostenible del agua.

En el informe se asegura que si todo sigue igual, el planeta deberá hacer frente a un déficit global de agua del 40% de aquí a 2030. De ahí que la única solución sea aprender a administrar este recurso vital de forma sostenible.

Estamos en el mejor momento de analizar la ley para el beneficio de los ciudadanos, esta ley es la más importante de todas, incluso que la reforma energética, ya que se puede acabar con el petróleo, o los hidrocarburos, y no afecta en la salud de los ciudadanos, pero si se acaba el agua, se acaba la vida.

Debe llevarse el agua a los poblados que carecen de ella en México; aumentar la conciencia de utilizar el agua de manera racional y sustentable. Toda persona debe tener derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. México tiene una crisis hídrica por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las consecuencias cada vez serán más evidentes.

Como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático es mi responsabilidad asegurar que no se vulneren los derechos humanos establecidos en la Constitución y así poder garantizar que el agua se utilice de manera sustentable. Una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Los recursos hídricos y sus servicios son claves para el desarrollo sustentable y sostenible. Ayudan a propiciar a la población el crecimiento y a disminuir enfermedades. En materia alimentaria incide en la producción de alimentos y la obtención de energías renovables.

El pasado 22 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó este día como el Día Mundial del Agua. La función esencial del agua como mecanismo de mejoras para la población mundial, tiene su problemática en principio por la disponibilidad, su uso eficiente y su tratamiento de las aguas utilizadas. Han pasado 22 años desde su primera conmemoración y cada año se destaca sus escases.

El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad y la biodiversidad, es indispensable para todas las actividades sociales, económicas y ambientales.

Es importante seguir fortaleciendo el desarrollo tecnológico y la autosuficiencia financiera de los organismos operadores del país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios.

• La disponibilidad promedio anual de agua en el mundo es de aproximadamente 1,386 billones de hectómetro cúbico³ (hm³), de los cuales 97.5% es agua salada y sólo 2.5%, es decir 35 billones de hm³, es agua dulce. De esta cantidad casi 70% no está disponible para consumo humano porque se encuentra en glaciares, nieve y hielo (ONU-DAES, 2015).

• Cerca de 1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, otros 500 millones se aproximan a esta situación (ONU-DAES, 2015).

• A nivel mundial, se estima que unos 768 millones de personas siguen sin acceso a una fuente mejorada de suministro de agua -aunque algunas fuentes lo estiman en 3.5 mil millones de individuos-(Unesco, 2014).

• Estimaciones al año 2030 indican que cerca de 47% de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico (Unesco, 2014).

• En promedio cada persona utiliza 1,240 m3 de agua al año; sin embargo, hay marcadas diferencias entre países. Mientras, los estadounidenses utilizan 1,280 m3 de agua al año por persona, los europeos usan 694 m3, los asiáticos 535 m3, los sudamericanos 311 m3 y los africanos 186 m3 per cápita/año (Delgado, 2014).

• Los diez países que consumen más agua (en volumen) son India, China, Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, México y la Federación de Rusia (Unesco, 2010).

• A nivel mundial, en promedio, se pierde 45% de agua a causa de fugas en tuberías y canales, así como a la perforación ilegal (Unesco, 2012).

• En 1998, 28 países experimentaron tensión o escasez hídrica. Se prevé que esta cifra aumente a 56 para el año 2025 (Unesco, 2012).

• La población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas al año, lo que implica una demanda de agua dulce de aproximadamente 64 mil millones de metros cúbicos anuales (Unesco, 2010).

• 85% de la población mundial reside en la mitad más árida del planeta (Unesco, 2012). • Más de 1,000 millones de personas que viven en regiones áridas o semiáridas del planeta no tienen acceso o sólo tienen un acceso limitado a recursos hídricos renovables (Unesco, 2012).

• Se estima que 90% de los 3 mil millones de personas que se incorporarán a la población mundial en 2050 se ubicarán en países en vías de desarrollo, muchas de ellas en regiones donde la población actual no tiene un acceso sostenible al agua potable ni a un saneamiento adecuado (Unesco, 2012).

• La crisis del agua es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica de la Tierra (ONU-DAES, 2015). Saneamiento

• Las Naciones Unidas estiman que 2,500 millones de personas, que representan cerca de 37% de la población mundial, aún carecen de saneamiento adecuado (ONU-DAES, 2015).

• Más de mil millones de personas a nivel mundial todavía practican la defecación al aire libre (ONU-DAES, 2015).

• 20 países, la mayoría en el sur de Asia y África Subsahariana, representan más de 80% de la defecación al aire libre en el mundo (ONU-DAES, 2015).

México D.F., a 24 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván
“El agua es para todos”.





 

De la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, sobre el aniversario del natalicio de don Benito Juárez García.

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA, OCURRIDO EL 21 DE MARZO DE 1806.  

Con su permiso Senador Presidente
Compañeras y Compañeros Legisladores

El sábado 21 de marzo se cumplieron doscientos nueve años del natalicio de uno de los más célebres mexicanos, me refiero a Don Benito Juárez García, un hombre reconocido por sentar las bases del estado mexicano.

Desde esta Soberanía Nacional recordamos y homenajeamos a Juárez, hombre de instituciones, convicciones e ideales, recordamos al brillante jurista, estadista y ferviente defensor del Estado de Derecho, pero sobre todo, recordamos al gran ser humano.

Hablar de Juárez, es hablar de esfuerzo, dedicación y talento, contra toda lógica, hizo lo que parecía imposible.

Con la congruencia e integridad que lo caracterizaron a lo largo de sus días, su carácter, honestidad, determinación y patriotismo, le permitieron enfrentar grandes luchas políticas y armadas.

Sin importar lo complejo de su realidad, en donde tuvo que enfrentar todo tipo de adversidad –carencias económicas, intempestivos cambios e incluso tener que aprender un idioma nuevo-, Don Benito Juárez siempre fue un hombre con sueños, anhelos e ilusiones de progreso, pero sobre todo, un hombre de resultados, de acciones y de altos valores.

Prueba de ello es que además de superar el rezago al que parecía estar condenado, después de que 1834 se tituló como licenciado en derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, rápidamente logró posicionarse como uno de los abogados y servidores públicos con mayor prestigio de nuestro país.

Quién no recuerda su extraordinaria conducción en  los distintos encargos que ocupó en de la administración pública, ya sea como Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, Diputado Local, Diputado Federal, Gobernador de Oaxaca, Ministro de Justicia e Instrucción, Ministro de Gobernación, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto, como Presidente de México, en todos dejó un importante legado. 

Benito Juárez es sinónimo de grandes transformaciones y cambios de paradigmas, porque a través de acciones inusitadas y adelantas a su tiempo sentó las bases del Estado-Nación como lo conocemos, de leyes y libre de castas, por lo que es uno de los más grandes personajes de nuestra historia.

Fue artífice de la transición del México independiente, que reformó al poder y que dio voz a los indígenas de América.

Como Presidente de la República proclamó las denominadas “Leyes de Reforma”, que esencia establecieron la independencia del Estado respecto de la Iglesia, marco jurídico que se estructuró con: la Ley sobre Matrimonio Civil y Sobre Registro Civil; la Ley sobre la Libertad de Cultos; la Ley de Panteones y Cementerios; y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos.

La importancia de este marco normativo así como de todas las acciones que desarrolló Juárez representaron un cambio de rumbo para el Estado Mexicano, se crearon instituciones, se garantizó la certeza jurídica y el reconocimiento de los Derechos Humanos; pues regulaban actos que tradicionalmente habían sido administrados por autoridades eclesiásticas que van desde el nacimiento hasta la muerte.

Compañeras y compañeros legisladores

Benito Juárez García en cada una de sus acciones demostró defender y procurar a las instituciones, en todo momento su único fin fue afianzar la paz, la justicia y la seguridad que permitieran un mejor porvenir y consolidar un régimen de libertades para todos los ciudadanos. 

La figura de Juárez es fundamental en la consolidación de nuestro régimen democrático porque fortaleció el entramado institucional, que permitió garantizar el Estado de Derecho y establecer un gobierno eficiente.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, hemos propuesto cada una de las reformas pensando en el espíritu transformador que nos legó Benito Juárez; estamos seguros que éste es el mejor camino para tener un México más igualitario, sostenible y con oportunidades para todos, el México que nos merecemos.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto senador Presidente.





 

CITA

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, que tendrá verificativo el próximo día miércoles 25 de marzo, a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:55 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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