Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Marzo de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:50 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del miércoles 25 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponde a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y seis minutos del día martes veinticuatro de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse al natalicio de Don Benito Juárez García.- Intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Benjamín Robles Montoya del PRD; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Irma Zulema Cobián Chávez del PAN; Eviel Pérez Magaña del PRI; y Miguel Barbosa Huerta. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Mónica Arriola Gordillo se insertará en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio la bienvenida a la ciudadana Alejandra Ancheita Pagaza, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014, en cumplimiento al Acuerdo de la Cámara de Senadores aprobado el 14 de diciembre de 2014.- La ciudadana intervino para dirigir un mensaje a la Asamblea. La Presidencia le entregó un reconocimiento, en atención al Acuerdo aprobado.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Iniciativas)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre propio y de los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 5° y 8° de la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 418 y un párrafo segundo al artículo 421 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 90 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, por la Comisión de Pesca y Acuacultura. En la discusión en lo general intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibió el texto de la intervención de la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, el cual se integró al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 92 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se dio lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo al ataque a elementos de la Gendarmería Nacional, ocurrido el 19 de marzo pasado.- Se guardó un minuto de silencio en memoria de los policías y civiles fallecidos.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n), al artículo 70 de la Ley General de Educación.- Para presentar el dictamen, intervino el Senador Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación. En la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Daniel Amador Gaxiola del PRI, a favor; Luciano Borreguín González del PRD, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Arquímedes Oramas Vargas del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Constitucional.

 

Se dio cuenta con las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, a los siguientes asuntos:

1) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se presentó el 18 de marzo, para quedar en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género, de Estudios Legislativos y con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

2) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de desaparición forzada de personas, presentada el 18 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

3) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de tortura, presentada el pasado 10 de febrero, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

4) Al proyecto de decreto por el que se reforman, diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El Presidente de la Mesa Directiva ratificó los turnos asignados a los cuatro asuntos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una fracción XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al artículo 43 y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de fortalecer la participación del municipio en el sistema federal mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se eleve a un 7% el monto a deducir para los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud aprovechables para el consumo humano, en los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud a las personas con VIH en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a intervenir, de conformidad con lo señalado por la Convención de Viena, en relación a los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, a su paso por nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lisbeth Hernández Lecona y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno a la lamentable explosión ocurrida en el hospital materno infantil de la delegación Cuajimalpa.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al aumento de precios de la canasta básica y los salarios.-
Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo en relación con el registro de los hijos en los registros civiles.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.- Se turnó a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Hilaria Domínguez Arvizu, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de Estados Americanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a crear una playa gay friendly.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a disponer lo necesario para la debida observancia de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del gobernador y los presidentes municipales del estado de Baja California en materia de libertad de expresión y en relación con los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada del Grupo Healy.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a emprender acciones para regularizar a las empresas que prestan servicios de seguridad privada en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones que se están llevando a cabo para evitar las extorsiones en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Turismo a implementar medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar cuándo y cuáles fueron los montos entregados del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al gobierno del estado de Nuevo León; al gobernador del estado de Nuevo León a explicar las razones y las causas del por qué no han sido entregados dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana del estado y a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para 2015.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Efemérides)

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del XXI aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del aniversario del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Ignacio Zaragoza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y citó a la siguiente el miércoles veinticinco de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.

El Senador Blásquez Salinas está pidiendo hacer uso de la palabra. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El objeto de pedirle el uso de la palabra, es para hacer una observación sobre el Orden del Día y las últimas sesiones que hemos registrado.

Hace algunas sesiones que no desahogamos los puntos de Acuerdo y estos instrumentos parlamentarios son los que nos permiten el contacto con la realidad social.

Ayer, casi con calzador, el compañero Yunes Márquez propuso un punto de Acuerdo para solidarizarnos con el abatimiento de cinco gendarmes en el desempeño de su trabajo, pero hemos dejado pasar temas muy importantes que nos ponen en contacto con la realidad social, y le voy a enumerar algunos.

Por ejemplo, un punto de Acuerdo que las compañeras Senadoras tenían para hacer señalamientos sobre algunos comentarios abominables que un gobernador, desafortunadamente el de mi estado, realizó sobre el género femenino.

También no hemos discutido, en esta Asamblea, nos guste o no, el tema de Carmen Aristegui, que es parte de la realidad social.

Y yo en lo personal tengo un punto de Acuerdo en donde el gobernador del estado está censurando a un medio de difusión a través del presupuesto público, y me parece importante desahogarlo en esta sesión.

Por lo cual, de manera atenta y respetuosa, le pido se considere el desahogo, por lo menos el que yo le presento, del punto de Acuerdo en esta Asamblea.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene usted razón en cuanto que esta Asamblea debe atender los asuntos de la agenda política nacional. Para ello se han utilizado ya dos formas, por lo menos, de cómo incorporarlos a la discusión, bajo proposiciones con punto de Acuerdo, o un capítulo que ha estado casi abandonado en esta legislatura, que es la agenda política.

La forma como se integra el Orden del Día y el desahogo del capítulo de proposiciones con punto de Acuerdo se prioriza a propuesta de los grupos parlamentarios, porque luego existen inquietudes de Senadores, Senadoras, de por qué no se trata el punto de Acuerdo que ellos plantean, cuando el Acuerdo que norma el desahogo es que el Orden del Día se integra por los que proponen los grupos parlamentarios.

El tema de Carmen Aristegui se ha pedido por sus autores se presente el día de mañana.

El tema de los asuntos de las Senadoras que tienen inquietudes para presentarlo, que lo tramiten en su grupo parlamentario. Saben las reglas que se han aplicado así.

Pero, desde luego, tomamos en cuenta su planteamiento, que su grupo parlamentario priorice su punto de Acuerdo y nosotros con mucho gusto lo incorporamos en la agenda.

Hoy habrá una ronda, porque hay que tomar en cuenta que estamos al final de un periodo legislativo en donde lo abundante también son los dictámenes de los mismos puntos de Acuerdo y de iniciativas de Decreto, pero atendemos su planteamiento, Senador Blásquez Salinas.

Aprobada el acta de la sesión anterior.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió un oficio de la Colegisladora por el que informa de los movimientos de Diputados del grupo parlamentario del PRI, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo relativo al Ceremonial y Protocolo. Dicho Acuerdo está disponible en la Gaceta electrónica y en el monitor de sus escaños para su conocimiento.



Está a discusión el Acuerdo. En virtud de que no existe orador, oradora, interesados en tomar tribuna, póngase a consideración de la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Remítase a los Senadores para su conocimiento y hágase extensivo a las áreas del Senado para el cumplimiento de las responsabilidades ahí contenidas.





 

Compañeros Senadores, se encuentra de visita en el Senado de la República una Delegación Parlamentaria del Congreso de la República de Guatemala. Nuestros visitantes se encuentran en el salón anexo y desean ingresar a este recinto para recibir el saludo del Senado.

Solicito a los Senadores Mely Romero Celis, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gerardo Flores, Lorena Cuéllar, Jorge Aréchiga y Luz María Beristain y quienes formaron parte de las y los Senadores que hicieron la recepción en la Mesa Directiva, los inviten a pasar a este salón.

(La comisión cumple)

VISITA DE LA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Honorable Asamblea, damos la bienvenida a los Diputados que integran la Delegación del Congreso de la República de Guatemala.

Se encuentra con nosotros el Diputado Luis Armando Rabbé Tejada, Presidente de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala. ¡Bienvenido, señor Diputado!

El Diputado Carlos Humberto Herrera Quezada, Cuarto Secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Y el Diputado Carlos Enrique López Girón, Quinto Secretario de la Junta Directiva del mismo Congreso.

Asimismo, también en esta sede saludo la presencia de la comitiva que acompaña a nuestros invitados: la licenciada Ana Isabel Antillón, Directora Legislativa del Congreso; del licenciado Fernando Quevedo, representante en Guatemala del Banco Interamericano de Desarrollo; y del doctor Benjamín Santa María, Especialista Senior en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo.

Expreso a todos la bienvenida a nombre del Senado de la República y nos congratulamos por su presencia en esta sesión de Pleno.

Solicito al Diputado Luis Armando Rabbé Tejada, Presidente de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala, haga uso de la tribuna para dirigir un mensaje a este Pleno.

Adelante, señor Presidente.

El Diputado Luis Armando Rabbé Tejada: Señor Presidente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, don Luis Miguel Barbosa Huerta; honorables Senadores integrantes de la Mesa Directiva; honorables Senadoras y Senadores; amigas y amigos de la prensa nacional e internacional:

En esta oportunidad estamos recibiendo las extensivas y siempre muestras latentes de afecto y amistad del pueblo hermano de la República de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus autoridades de este histórico Senado de México.

Hace 29 años que se iniciaron las relaciones interparlamentarias México-Guatemala, estos acercamientos han sido muy necesarios y muy importantes para darle seguimiento a todos aquellos acuerdos que se han firmado entre los diversos poderes e instituciones de nuestros dos Estados.

Hace apenas dos semanas se han continuado dando esos avances desde la perspectiva de nuestros correspondientes organismos ejecutivos, la integración regional debe continuar su marcha, sin detenerse, donde los obstáculos que, sin duda, se presentarán, deben ser superados con una labor legislativa, parlamentaria, amplia, sincera y productiva.

Nos unen muchas pero muchas situaciones en común, no únicamente por la posición de vecinos o por nuestra posición geopolítica; nos une lo más importante, representar a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos y resolver las diversas situaciones que aquejan a todo aquel que en la carrera del desarrollo aún no ha tenido la oportunidad de avanzar y hay que continuar.

Tenemos 959 kilómetros de frontera común entre nuestros dos países, y a través de diálogos y consensos se han podido suscribir acuerdos claves importantes para el desarrollo de nuestras sociedades: el de la modernización de la infraestructura fronteriza; el de proyectos sostenibles de generación de energía eléctrica en el tramo internacional del río Usumacinta; del grupo de trabajo en materia de nacimientos transfronterizos e hidrocarburos; el Acuerdo de Complementación Económica en Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural; el Protocolo para Prevenir y Combatir la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego; programas específicos para cooperación en materia de pesca y acuacultura; los acuerdos que se estudian y buscan eliminar la doble imposición en materia del Impuesto Sobre la Renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal; o lo que ahora nos mantiene aún más que atentos, como lo es combatir el tráfico ilegal de estupefacientes, sustancias o productos preparados que son utilizados para la elaboración de dichos negocios ilícitos.

La temática migratoria, así como nuestras vulnerabilidades ambientales, son también parte de los ejes de intereses de estas reuniones y acercamientos interparlamentarios.

Hoy estamos conociendo el desempeño de una importante temática, la apertura a la población en la toma de decisiones colegiadas mediante el uso de la tecnología prevaleciente.

Los políticos cada vez estamos sometidos con mayor rigor al escrutinio de la población, y eso es bueno, pues contribuye al desempeño responsable del ejercicio de la función pública para unos, y para el caso nuestro, en el desempeño de nuestra función representativa con legislaturas más interactuantes con nuestros respectivos representados, nos habremos de encaminar hacia un proceso sostenido de perfeccionamiento de la democracia de nuestra amada región.

Honorables Senadoras y Senadores, con respeto, con responsabilidad y con mucho anhelo, les insto a que conjuntamente consolidemos el proceso de relacionamiento parlamentario México-Guatemala, y debemos hacerlo con la seriedad y la responsabilidad del manejo de una agenda que satisfaga las expectativas de nuestra población, indudablemente se habrá de traducir en grandes beneficios para las generaciones venideras, se habrá de traducir en una gran consolidación de nuestros fraternales e históricos lazos de unión.

Hemos sido electos, tanto ustedes como nosotros, en mi país, Guatemala, para ejercer el poder político y así lograr un mayor desarrollo humano.

Debemos buscar diariamente el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y, sobre todo, la protección de los derechos fundamentales de todos nuestros connacionales.

La democracia tiene varios enemigos, y los que ahora ejercemos una función pública a través de un Senado o de un Congreso, debemos atacar a esas enfermedades que carcomen y destruyen nuestra fe. Me refiero a la pobreza, a la ignorancia, a la desigualdad social y a la inseguridad ciudadana.

Hoy quiero traerles un pensamiento, estimados Senadores mexicanos, una reflexión del Premio Nobel de Literatura, laureado escritor, poeta y diplomático mexicano, don Octavio Paz, quien dijo muy sabiamente, “que nuestras democracias no necesitan echar alas, que nuestras democracias lo que necesitan es echar raíces”.

Y es así como uno de los mayores retos es consolidar estas democracias, asegurando la igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos, aumentar la transparencia de nuestros gobiernos y, sobre todo, mejorar la efectividad de nuestras burocracias.

Estamos nosotros, como Diputados de Guatemala, agradecidos y contentos de este encuentro que vamos a mantener en estos próximos días.

Es así como se puede fortalecer un país, una democracia y debemos de continuar hacia delante.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente Luis Armando Rabbé Tejada. Nos sentimos muy honrados con su presencia y la de los Diputados que lo acompañan.

El Senado de la República de México desarrolla una intensa labor diplomática en todo el mundo, somos el órgano del Estado mexicano que evalúa y analiza la política exterior del Estado, que se lleva a cabo por el titular del Ejecutivo, vía la Cancillería Mexicana.

El Senado tiene ocho comisiones que llevan a cabo esta labor, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, es la encargada de generar esos vínculos con países hermanos.

Guatemala y México somos la misma cultura, somos el mismo pueblo, tenemos que pensar en una integración latinoamericana. México está pensando cada vez más hacia Latinoamérica y El Caribe, compartimos problemas comunes, nuestro gobierno está haciendo esfuerzos institucionales por enfrentar problemas graves como es la pobreza, la desigualdad, queremos que nuestra democracia, nuestro sistema político sea uno que se ejerza a través de la transparencia, la rendición de cuentas, que la sociedad esté satisfecha con lo que se hace en el ejercicio del poder.

Nos interesa mucho estar en contacto con ustedes y poder colaborar, que desde el Senado encuentren ustedes, el Estado de la República de Guatemala, un aliado para fortalecer las relaciones entre nuestros países, por los lazos comunes que nos unen.

¡Es un honor tenerlos acá!

De verdad, siéntanse bien, porque estamos entre hermanos

Muchas gracias.

Le voy a pedir a los Diputados de la Delegación del Congreso de Guatemala, puedan subir a este presídium, para que les impongamos el pin que los Senadores y Senadoras de la República utilizamos para poder estar presentes en este tipo de actos.

(Se hace entrega del pin)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le pido a la comisión designada, acompañe a nuestros visitantes cuando deseen retirarse del lugar.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Compañeras y compañeros Senadores, vamos a permitir una paréntesis en el seguimiento de la sesión, para el siguiente tema:

Como ustedes saben, el pasado 14 de diciembre aprobamos un Acuerdo sobre diversas actividades conmemorativas del Centenario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.

Como parte de estas actividades, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete alusivo a dicha conmemoración.

La Mesa Directiva autorizó que se hiciera una venta especial en el Senado, de este billete de lotería, que tendrá su sorteo el próximo martes 31 de marzo. Por esa razón, la Mesa Directiva les invita a que acudan al Patio del Federalismo, donde está a la venta dicho billete conmemorativo.

Este es la imagen del billete. El Senador Manuel Cota, uno de los promoventes de esta iniciativa, y les invitamos a que pasen a comprar algunos billetes en los espacios que ha instalado la Lotería Nacional.

Muchas gracias.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la Batalla de “El Ébano”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE UNA MONEDA CONMEMORATIVA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, a nombre propio y del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar ante esta Soberanía una iniciativa que realizamos en conjunto con el Senador Miguel Romo Medina, consistente en un proyecto de Decreto por el que se emite, o debe emitirse, una moneda conmemorativa con base en el Centenario de la Batalla de “El Ébano”, y con ello sumarnos a los festejos de este importante acontecimiento, que contribuyó decididamente a la Revolución Mexicana y a las bases de la industria petrolera.

Durante la Revolución Mexicana, Senadoras y Senadores, se desarrollaron diversos combates en todo el territorio nacional, algunos muy importantes, como es el caso de la batalla de “El Ébano”, que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915. Esta batalla fue protagonizada por 2 principales fuerzas revolucionarias: Francisco Villa, al frente de los convencionalistas; y Venustiano Carranza, al frente de los constitucionalistas.

Su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrolló esta misma, era considerado como un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México y, en consecuencia, también controlar el Puerto de Tampico, que constituía una aduana petrolera muy importante en el país y una fuente inagotable de recursos, además de ser entrada del noreste y bastión fundamental de las fuerzas en pugna.

La batalla, a la que estoy haciendo mérito, es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues en ella se enfrentaron, durante 72 días, más de 10 mil hombres; y en ella se utilizaron estrategias diferentes de combate, como trincheras y la aviación.

“El Ébano”, que fue el escenario de esta batalla, actualmente es el municipio de Ébano, en el estado de San Luis Potosí. A inicios del siglo XX, formó parte de la hacienda “El Tulillo”, que en su momento contó con una población de 53 habitantes, pero ascendió a los 1,068 pobladores con el establecimiento de la Mexican Petroleum Company, en el año de1900, convirtiéndose en la primer comunidad petrolera del país.

Como antecedente, cabe mencionar que en el marco de la Revolución Mexicana y tras la derrota de Victoriano Huerta, Carranza tomó el mando del ejército constitucionalista y convocó a los grupos revolucionarios a la Convención de Aguascalientes, en 1914, con el objetivo de unificar y designar un gobierno capaz de conducir al país en una etapa de democracia, estabilidad y reformas sociales.

En diciembre del mismo año, cuando se tuvo documentados los primeros combates entre constitucionalistas y convencionalistas, puede considerarse como los enfrentamientos preliminares a la poderosa ofensiva del 21 de marzo de 1915, cuando la Brigada Morelos, del general convencionista Tomás Urbina, se trasladó de Aguascalientes a la capital potosina, y junto con la brigada del general Manuel Chao, planificaron el ataque de Ébano.

Finalmente, a los 72 días del asedio continuo, el día 31 de marzo de 1915, los carrancistas emprendieron una ofensiva efectiva contra las fuerzas villistas, logrando que estos últimos se retiraran.

Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico, así como los campos petroleros para su aprovechamiento, lo que significó una supremacía geopolítica que les facilitó la obtención de recursos.

Senadoras y Senadores:

La relevancia de esta importante batalla es evidente, muestra de ello son las acciones que ya han emprendido el gobierno del estado de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos para celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano”.

Entre estas acciones, cabe destacar la construcción del Museo Nacional del Petróleo y la creación de un espacio turístico ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, Senadoras y Senadores, someto, a nombre propio y a nombre del Senador Miguel Romo, a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la Batalla de “El Ébano”, que se desarrolló, como he dicho, del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915, y que constituyó la consolidación de la Revolución Mexicana y las bases de la industria petrolera.

Informo que adicionalmente a esta iniciativa, se encuentra publicado el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria de este Senado, con carácter de urgente resolución, una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir, a través de un Decreto, una estampilla postal, y a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la petición de que expida un billete de lotería con motivo del centenario de la multicitada batalla de “El Ébano”, lo cual permitirá fortalecer nuestra identidad y nuestra memoria histórica.

Para finalizar, señor Presidente, solicito que el texto completo de esta iniciativa que hoy se presenta, quede inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo territorio nacional, pero por su complejidad y alcance solo algunos han sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano” que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915; fue protagonizada por las dos principales fuerzas revolucionarias, Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza de los Constitucionalistas.

Su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrolló la misma, era considerado un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como para tener el control del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera más importante del país y fuente inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de México, bastión fundamental de las fuerzas en pugna.

Esta batalla es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues en ella se enfrentaron durante 72 días más de 10,000 hombres; se utilizaron nuevas estrategias militares de combate, como las trincheras y la aviación.

El Ébano, que fue el escenario de esta batalla, es actualmente el municipio de Ébano en el estado de San Luis Potosí. A inicios del siglo XX, formó parte de la hacienda “El Tulillo”, que en su momento contó con una población de 53 habitantes, pero ascendió a los 1,068 pobladores con el establecimiento de la Mexican Petroleum Companyen el año de1900,convirtiéndose en la primer comunidad petrolera del país.

Fue centro económico, productor de riqueza y estación ferroviaria estratégica para la comunicación del puerto de Tampico con el resto del país; se generaron ahí los primeros empleos, ingresos y conocimientos petroleros de nuestro país, además de ser referencia histórica de la reciente reforma energética que ha contribuido a la modernización de la industria petrolera de nuestra nación.

Como antecedente, cabe precisar que con la llegada del general Porfirio Díaz al poder en 1876, México entró en una etapa de estabilidad política, pues su administración implementó medidas encaminadas a sacar al país del estancamiento económico, entre ellas el fomento a la modernización industrial a través de la apertura a la inversión extranjera.

En mayo de 1900, Eduard Doheny1 viajó a México, exploró terrenos con emanaciones de petróleo localizados cerca de las vías que unían a San Luis Potosí con Tampico. Doheny se convenció de las potencialidades de la zona y regresó a Estados Unidos para reunir el capital necesario. De vuelta en México, acompañado por Charles A. Canfield –uno de sus socios más cercanos– compraron cerca 162 mil hectáreas de terreno que pertenecían a las haciendas “El Tulillo” y “Chapacao”, localizados a 25 kilómetros de Tampico, en los límites de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, a fin de explotar los mantos de hidrocarburos; con esta compra se inició la industria petrolera en México.

Con el decreto de la primera ley petrolera de 1901, se autorizó al Ejecutivo Federal a otorgar directamente concesiones de explotación a particulares en terrenos de propiedad federal; empresarios extranjeros con capacidad financiera, tecnología de avanzada y administración experimentada, se sintieron atraídos por la potencialidad de las reservas petroleras y organizaron las primeras empresas de la industria integradas verticalmente2, ya que centralizaron la producción, transporte, refinación y venta de petróleo por medio de una estructura corporativa de unidades especializadas.

La etapa de producción petrolera a gran escala se inició en México a principios de 1901, cuando la Mexican Petroleum comenzó sus operaciones en “El Ébano”, San Luis Potosí. El equipo fue importado de Estados Unidos y desembarcado en Tampico; la primera perforación se realizó en el montículo característico del poblado llamado “La dicha”, denominando a este primer campo “El Ébano”; de ahí el nombre del actual municipio de Ébano.

El 14 de mayo de ese año, a una profundidad de 1,515 pies del pozo “Doheny I” brotó petróleo para una producción diaria de 50 barriles; se perforaron 19 pozos más, sin embargo, la obtención del hidrocarburo no fue la esperada, suspendiéndose los trabajos por falta de capital.

Tiempo después, reiniciaron los trabajos de explotación, los cuales se extendieron al cerro de “La Pez”. El 3 de abril de 1904, perforando a una profundidad de 501 pies (pozo “La Pez I”) brotó petróleo, lo que significó una producción de 1500 barriles diarios durante varios años. Este fue el comienzo de un negocio que incluyó la exploración, explotación y comercialización del petróleo, proceso industrial desconocido hasta ese momento en México.

En el marco de la Revolución Mexicana, el régimen de Francisco I. Madero no realizó cambios radicales a la legislación, pero en 1912 se expidió un decreto que estableció un impuesto especial de veinte centavos por tonelada sobre la exportación del petróleo, medida que no fue aceptada por empresarios petroleros, principalmente de Estados Unidos, quienes crearon la Mexican Oil Association.

Derrotado Madero, Victoriano Huerta fue apoyado por las empresas inglesas mientras que Venustiano Carranza fue respaldado por las petroleras norteamericanas que operaban en el país, así obtuvo recursos para el ejército constitucionalista, lo que permitió controlar los principales puertos del Golfo de México y vencer las aspiraciones políticas de Huerta.

Con esta victoria, Venustiano Carranza tomó el control de mando y convocó a los grupos revolucionarios a la convención de Aguascalientes de 1914,con el objetivo de unificar y designar un gobierno capaz de conducir al país a una etapa de democracia, estabilidad y reformas sociales; sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Venustiano Carranza, junto con un grupo de militares desconocieron las resoluciones de dicha convención, lo que provocó una nueva guerra entre los revolucionarios para contrarrestar los esfuerzos del gobierno carrancista.

A finales de 1914, parte del Ejército Constitucionalista orillado por la escisión revolucionaria, se situó en el puerto de Tampico para controlar “El Ébano” y parte de la Huasteca potosina. En mayo, tras derrotar a las fuerzas federales en Tampico, Manuel C. Lárraga y doscientos hombres se abastecieron de recursos en El Ébano.

Por esta razón, el general Pablo González Lugo, jefe del Ejército Constitucionalista del Noreste, ordenó la defensa de los campos petroleros a los generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, antes que Francisco Villa se adelantara con sus tropas que operaban en la Huasteca potosina para combatir a Venustiano Carranza, consiente del valor estratégico y fuente de aprovisionamiento que era Tampico.

En diciembre de 1914 se tienen documentados los primeros combates cerca de “El Ébano”, así como el reporte oficial de una primera avanzada por parte de los hombres leales al general villista Saturnino Cedillo3; sin embargo estos no pudieron avanzar más por la destrucción de las vías ferroviarias y el arribo de refuerzos constitucionalistas a El Ébano.

El general Juan Barragán, miembro del ejército constitucionalista, mencionó que mantener la defensa de “El Ébano” en este primer ataque había sido un hecho fortuito, pues los refuerzos provenientes de Pánuco, en realidad estaban extraviados en su camino a Tampico, pero al enterarse de la posible retirada de los Generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, decidieron fortalecerlos con sus 500 hombres, bajo las órdenes del Coronel Andrés Saucedo.4

Lo anterior puede considerarse un enfrentamiento preliminar a la poderosa ofensiva del 21 de marzo de 1915, cuando parte de la “Brigada Morelos” del general Convencionista Tomás Urbina, se trasladó de Aguascalientes a la capital potosina5 junto con la brigada del general Manuel Chao, para planificar el ataque a “El Ébano”.

El 20 de marzo, el general brigadier Jacinto B. Treviño, miembro del ejército constitucionalista, es enviado a “El Ébano” para enfrentar dicha ofensiva. Ahí asignó las posiciones estratégicas para emprender con éxito la batalla; su estrategia de defensa consistió en construir trincheras (zanjas con alambre de púas). Al día siguiente –21 de marzo—, las fuerzas convencionalistas atacaron el centro de la posición defensiva, al cual no pudieron derrotar.

Este acontecimiento fue el primero de varios enfrentamientos entre las dos fuerzas revolucionarias; por un lado los constitucionalistas se equiparon con fuego de artillería y ametralladoras en posiciones clave contra las insistentes embestidas convencionistas; estos últimos no lograron superar los obstáculos artificiales y naturales de la defensa de “El Ébano”.

Ante el fracaso ofensivo del general Chao, el 2 de abril, el general Tomás Urbina se hizo cargo del mando villista, quien también fracasó. En estos enfrentamientos se presentó un nuevo elemento tecnológico a favor del combate: la aviación. Los carrancistas recibieron el apoyo de tres aeroplanos bajo el mando del mayor Alberto Salinas Carranza para realizar misiones de bombardeo y reconocimiento aéreo.

Finalmente, tras 72 días de asedio continuo, el 31 de mayo de 1915, los carrancistas emprendieron una ofensiva efectiva contra las fuerzas villistas logrando que estos últimos se retiraran.

Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico así como del campo petrolero para su aprovechamiento, con implicaciones económicas y políticas que sin duda significaron una supremacía geopolítica que les facilitó la obtención de recursos.

Este hecho histórico, en suma a las acciones e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas obregonistas en Celaya, permitieron asentar las bases constitucionales de 1917, en particular sobre la propiedad, la explotación del petróleo y los derechos laborales de los obreros.

La importancia de este acontecimiento es evidente; muestra de ello son las acciones emprendidas por el gobierno de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos (PEMEX), quienes han iniciado los preparativos para celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano” a través de gestiones como la pavimentación de calles en el hoy municipio de Ébano, San Luis Potosí; la construcción del Museo Nacional del Petróleo y la creación de un espacio turístico Ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Por su parte, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, declaró al municipio de Ébano “Cuna de la producción petrolera en México”.

Por lo anterior, propongo se emita una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de “El Ébano” que este 2015 ha de celebrarse. Esto permitirá sumarnos a los festejos de este acontecimiento que contribuyó a la consolidación de la Revolución Mexicana y las bases de la industria petrolera.

Cabe señalar que adicional a esta iniciativa, estoy presentando una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que emita una estampilla postal y por conducto de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, un billete de lotería, ambos para conmemorar el Centenario de la Batalla de “El Ébano”; lo cual permitirá fortalecer nuestra identidad y memoria histórica.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915.

Artículo Único. Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de El Ébano a celebrarse en 2015, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor Nominal: Veinte Pesos;

II. Forma: Circular;

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros);

IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, como sigue:

A) Parte Central de la moneda: Aleación de cuproníquel; contenido de 75% por ciento de cobre y 25% de níquel; y peso de 7.355 gramos.

B) Anillo perimétrico de la moneda: contenido de 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel; y peso de 8.590 gramos.

V. Peso: 15.945 gramos.

VI. Canto: Estriado discontinuo.

VII. Cuños:

A. Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

B. Reverso: En el centro, el escudo del municipio de Ébano, San Luis Potosí, con la leyenda “1915 - 2015 CENTENARIO DE LA BATALLA DE EL ÉBANO” formando el semicírculo superior, en alusión al centenario de la batalla.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto, se acuñará durante los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Artículo Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Teófilo Torres Corzo.

1 Edward L. Doheny,  desde la década de 1890 se había dedicado a desarrollar campos petroleros en California.

2 Empresas Integradas Verticalmente. Aquellas que cuentan con una estructura corporativa de unidades especializadas como divisiones, departamentos y compañías subsidiarias Álvarez de la Borda, Joel. “Crónica del Petróleo en México”, Acervo Histórico de PEMEX, México 2009, pag. 26.

3 Telegrama dirigido al cuartel general. Envía Saturnino Cedillo el 14 de diciembre de 1914. AHSDN, XI / 481.5 / 252/598

4 Juan Barragán Rodríguez. p. 135-136

5 Alberto Calzadiaz Barrera.  Hechos reales de la Revolución, México, Editorial Patria, p. 122

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Bibliografía:

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-Zorilla, Juan Fidel, Maribel Miró Flaquer y Octavio Herrera Pérez, Tamaulipas, una historia compartida, 1810-1921, México, Instituto Mora/Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1993, II t.
- Díaz Flores, Jesús Gerardo. Tesis “La Batalla de El Ébano” 21 de marzo de 1915 – 31 de mayo de 1915.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Torres Corzo.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senador Pedroza Gaitán, ¿con qué objeto?

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Vicepresidente, para solicitarle, respetuosamente, inquiera al Senador proponente, si me permite el honor de acompañar esta iniciativa.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Con mucho gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Fue aceptada, Senador.

Senador Gerardo Flores, ¿con qué objeto?

El Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Es con el mismo objeto, señor Presidente, para que el Senador Torres Corzo me permita adherirme a su iniciativa.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Con mucho gusto, señor Senador.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Manuel Cavazos, con el mismo objeto.

Muy bien, gracias.

Gracias, Senador, y como usted lo ha solicitado, el texto íntegro se inscribe en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Tiene la palabra el Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE MADRES SOLTERAS

(Presentada por el Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Antes de iniciar la presentación de esta iniciativa, quisiera expresar mi profundo reconocimiento a todas las mujeres que haciendo de su vida un verdadero apostolado, son simultáneamente madres de familia, padres de familia, sustento, soporte, mentor y guía, a las mujeres uniparentales, en soltería; a las madres solteras de nuestro país.

La presente iniciativa la suscriben también los Senadores Martín Orozco y Francisco García Cabeza de Vaca.

Con la anuencia del señor Presidente. Senadoras y Senadores: 8.2 millones de mujeres en nuestro país son madres de, por lo menos, un hijo y su situación conyugal es monoparental, es decir, de no unión, o más claro, en soltería.

De acuerdo a datos del INEGI, 3.7 millones de estas mujeres se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional; y de éstas, más de 750 mil viven en pobreza extrema.

El 71.8 por ciento de estas madres en soltería trabaja; y de las que lo hacen, el 98 por ciento combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos, especialmente el cuidado y la atención de sus hijos.

Se estima que para más del 80 por ciento de estos hogares monoparentales, el ingreso es francamente insuficiente; pero más grave aún, por su necesidad de trabajar, no se destina el tiempo necesario para la educación y la adecuada convivencia familiar.

Del total de madres en soltería, se estima que aproximadamente el 21 por ciento labora en el sector informal y el 15 por ciento no cuenta con ingreso monetario alguno, manteniéndose con transferencias del gobierno o de la caridad pública.

Una familia monoparental, amén de su propia y compleja circunstancia, principalmente para los hijos, presenta adicionalmente a la insuficiencia, y en muchos casos a la pobreza, como uno de los más graves a los que se enfrenta, la falta de oportunidades de un trabajo digno, de vivienda adecuada, con alimentación deficiente, sistemas de salud limitados, ineficiente acceso a los servicios básicos y, por encima de todo, formación y educación precaria para sus familias; lo que se transforma en la pobreza intergeneracional.

A la luz de esta grave problemática, adquiere especial relevancia incentivar trabajos con turnos de medio tiempo, que permitan a las madres solteras atender las necesidades de sus hijos, fortaleciendo el núcleo familiar, al tiempo de contribuir a la economía del hogar.

En este sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, en su artículo 186, incorpora un mecanismo de apoyo a sectores de la población vulnerables y desprotegidos, como es el caso de personas con discapacidad y adultos de la tercera edad.

En este mismo contexto, es de considerar que sería pertinente y urgente incluir a las madres en soltería en este mismo numeral.

En síntesis, lo que se propone es incluir en el incentivo fiscal un estímulo que apoye a las madres solteras a acceder a verdaderas oportunidades de trabajo, sin desatender a sus hijos, ya que se plantea que estos trabajos sean realizados en jornadas de medio tiempo.

Se estima que un beneficio fiscal del 50 por ciento sobre los salarios efectivamente pagados a las madres en soltería, en los casos que se contraten con jornadas laborales de medio tiempo, ayudará a revertir el problema social que cada vez se acentúa más en México.

Si a través de este estímulo se propicia la generación de oportunidades laborales para las madres solteras, no solo se contribuye a mejorar su circunstancia económica, sino que estará propiciando más tiempo y de mayor calidad entre las madres y sus hijos; se estará fortaleciendo a la institución que es la piedra angular de la sociedad: a la familia.

Por lo anterior, se pone a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras.

Artículo Único.- Se modifica la redacción del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. …

Se otorgará un estímulo fiscal del 50% del salario efectivamente pagado a quien contrate madres solteras. Las contrataciones a este sector de la población podrán ser de medios turnos, pudiendo una madre soltera, ser contratada por dos medios turnos consecutivos para cumplir un turno completo en caso de que su situación se lo permita.

Para efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora madre soltera, de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

Para efecto de este artículo, se acreditará la calidad de madre soltera con la presentación del acta de nacimiento de su hijo.

Espero, señoras y señores Senadores, que con la presente iniciativa podamos contribuir para favorecer a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Esperamos también contar con el apoyo de todas y todos ustedes.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El que suscribe, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción I del artículo 8, el numeral 1 del artículo 164 y por el artículo 169, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE MADRES SOLTERAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para focaliza el trabajo legislativo a los sectores más desprotegidos, y en impulso al desarrollo de la población y solución a las problemáticas de los habitantes con mayores necesidades, el suscrito senador a través de a presente iniciativa, orienta sus esfuerzos en los sectores más vulnerables de la población, en específico, al de las madres solteras.

En esta sentido, la realidad actual de nuestro país refleja que las madres solteras enfrentan  diversos prejuicios, sobre todo en el ámbito laboral y social, traduciéndose lo anterior en problemáticas de pobreza, marginación y discriminación para las madres y estigma para sus hijos.1

En consecuencia, la crianza en un hogar encabezado por una madre soltera se asocia con un mayor número de probabilidades de embarazo de la hija durante la adolescencia y abandono de los estudios, considerándose esto como un círculo de recreación de la pobreza, es decir, puede existir una tendencia por las condiciones de vida de la hija a repetir el patrón de la madre y no tener las oportunidades que se requiere para mejorar sus condiciones de vida y no romper con el circulo mencionado y con la pobreza intergeneracional.

Entre las problemáticas que este sector poblacional enfrenta se encuentra la necesidad de tener ingresos propios por medio de un empleo, satisfaciendo sus necesidades básicas y las de sus hijos.

En este sentido, la madre soltera está obligada a trabajar, debiendo obtener ingresos que cubran el precio de su propia manutención, la de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo.

Sin embargo, cuando las madres solteras intentan acceder al mundo laboral se encuentran con limitantes y desigualdades sociales que les impiden una adecuada competencia de mercado laboral y como consecuencia, una atención deficiente a sus hijos y al cuidado de sus hogares.

La consecuencia de esta doble actividad, es la menor experiencia femenina en el campo laboral, menor disposición de horarios y de ocupaciones (una madre de familia difícilmente acepta un empleo que le requiera viajar) que se traduce en menores salarios, prestaciones y calidad de vida, aunado a las transformaciones en la esfera familiar que conducen a serios problemas sociales como la adicción a las drogas, desintegración familiar y aumento de la criminalidad en los peores casos.

Además el circulo de la pobreza se recrea en su hijos ya que factores como una mayor dificultad para acceder a trabajos bien remunerados, a servicios de salud de calidad,  educación para ella y para sus hijos, impactan en la calidad de vida para ella y su familia e incluso como ya se mencionó las hijas de madres solteras tienen mayor posibilidad de repetir el patrón de la madre con lo cual el circulo de la pobreza se recrea en esta realidad. 

Las problemáticas anteriores resultan contrarias a la preservación de los derechos de la familia como lo establecen los numerales 17 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el artículo 4 de nuestra Carta Magna, de los cuales se realiza su transcripción literal:

Convención Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 17.  Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Artículo 19.  Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4.-

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En este sentido la problemática de las madres solteras se deriva de diversas dificultades, considerándose como uno de los principales, la discriminación hacia la mujer y los perjuicios sociales hacia las madres solteras y a sus hijos.

La pobreza es sin duda uno de los problemas más graves al que se enfrentan las madres solteras, caracterizada por la falta de oportunidades de trabajo digno, vivienda adecuada, carencia de alimentos nutritivos, sistema de salud limitado, ineficiente acceso al agua potable y saneamiento, alto costo de la manutención de los hijos y la inestabilidad de ingresos económicos.

El género femenino encabeza el 84% de los hogares monoparentales2, esto implica que solo el 16% de estos hogares son guiados por hombres.  Es decir que existen en México 8.2 millones de mujeres con por lo menos un hijo y con una situación conyugal de no unión; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se estima que de estas mujeres, 3’763,800 se encuentra en situación de pobreza multidimensional  y de éstas 752,760  presentan pobreza extrema.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de las madres solteras es de 3’616,200 de las cuales, 97.9% combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos. Es importante señalar que esta encuesta toma a aquellas mujeres que trabajan desde una hora hasta 48 horas a la semana, lo que entonces implica que la gran mayoría no logra un ingreso constante y considerable.

La tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras, del total de estas el 71.8% trabaja, es decir, siete de cada diez labora, sin embargo, estos datos no garantizan que los ingresos derivados de estos trabajos satisfagan sus necesidades y las de sus hijos, ni que tengan el tiempo necesario para una adecuada convivencia familiar y buena educación para sus hijos. Aunado a esto, del total de las madres solteras  el 15% no cuenta con ingreso monetario alguno, manteniéndose solo con transferencias de gobierno o apoyos familiares.

Con respecto a la Seguridad Social y prestaciones de ley, hay 2’870,000 madres solteras que trabaja en el sector informal, por lo que no cuentan con ninguna de estas prestaciones. Por otro lado, las mujeres que no tienen hijos cuentan con un perfil ocupacional muy distinto, la mayoría trabaja en empresas (48.1%) y en instituciones (20.4%), solo una de cada cinco (20.9%) labora en el sector informal.

Así también,  el 40 por ciento de las madres solteras tiene estudios más allá de la educación básica y aunque existen programas enfocados a disminuir esta problemática, la necesidad de trabajar y el cuidado de sus hijos mantienen alejadas a las madres solteras del acceso a dichos programas.

Además, en cuanto a los servicios a sus viviendas, en algunos casos persisten carencias como pisos de tierra, ausencia de servicio luz y falta de agua entubada. Estas condiciones de marginalidad incrementan el factor de riesgo para contracción de enfermedades tanto de las madres solteras como de sus hijos, siendo esto aún más grave por la falta de acceso a seguridad social.

En cuanto al equipamiento de sus viviendas, la mitad no tiene ni lavadora ni teléfono y un 16 por ciento no cuenta con refrigeradores. Esto es importante porque carecer de ellos les implica utilizar más tiempo en el trabajo no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para involucrarse en el mercado laboral y con ello limitan sus posibilidades de mejorar su situación económica.3

En este contexto, adquiere especial relevancia incentivar trabajos con turnos de medio tiempo que permitan a las madres solteras atender las necesidades del hogar en general, fortaleciendo el núcleo familiar, contribuyendo en la economía de la casa.

En este sentido, la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente incorpora un mecanismo de auxilio a sectores de la población desprotegidos como es el caso de personas que enfrentan algún tipo de discapacidad y personas de la tercera edad; en este contexto, consideramos que sería pertinente y urgente incluir a las madres solteras en el mismo numeral; por lo anterior se transcribe el artículo:

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

La reforma que se propone, es incluir en el incentivo fiscal un estímulo que auxilie a las madres solteras, a acceder a verdaderas oportunidades de trabajo, sin  desatender a sus hijos, ya que se propone que estos trabajos sean realizados en jornadas de medios tiempos, resolviendo  así el grave problemática de la pobreza y de oportunidades para ellas y sus familias, como una medida de retribución social garantizando el acceso a las madres solteras a una vida digna, así como también a los intereses de las empresas, de su producción y de nuestro país.

En este sentido, el parlamento europeo señala lo siguiente:

El desempleo, el empleo a tiempo parcial, los bajos salarios, las cargas fiscales y la falta de apoyo para el cuidado de los niños pueden llevar fácilmente a las madres solteras a una situación de pobreza. Para evitar que se convierta en un círculo vicioso, los participantes en la audiencia subrayaron que no se trata sólo de ayudar económicamente a las familias monoparentales. También hay que darles facilidades para cuidar a los niños, evitar la pobreza intergeneracional y resolver asuntos como la pobreza energética o de la vivienda4.

Aunado a esto, el documento “Las mujeres, el trabajo y la economía: beneficios macroeconómicos de la equidad de género” del Fondo Monetario Internacional, sustenta la presente iniciativa de la siguiente manera:

“…Hay amplias evidencias de que, cuando las mujeres pueden desarrollar plenamente su potencial en el mercado de trabajo, los beneficios macroeconómicos son significativos (Loko y Diouf, 2009; Dollar y Gatti, 1999). Se ha estimado que en determinadas regiones las pérdidas de PIB per cápita atribuibles a disparidades de género en el mercado laboral llegan hasta el 27% (Cuberes y Teignier, 2012). Aguirre y otros (2012) señalan que elevando la tasa de participación femenina en la fuerza laboral (TPFFL) a los niveles de participación masculina específicos del país, el PIB se elevaría, por ejemplo, 5% en Estados Unidos, 9% en Japón, 12% en los Emiratos Árabes Unidos y 34% en Egipto. Basándose en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Aguirre y otros (2012) estiman que de las 865 millones de mujeres de todo el mundo que podrían contribuir en mayor medida a sus respectivas economías, 812 millones viven en países de economías emergentes y en desarrollo.

…El empleo de las mujeres en condiciones de igualdad permitiría a las empresas aprovechar mejor la reserva de talento disponible, lo cual redundaría en un mayor crecimiento potencial (Barsh y Yee, 2012; CAHRS 2011). … hay evidencias de que la presencia de mujeres en las juntas directivas y en los altos cargos de gestión redunda en mejores resultados empresariales. Las empresas que contratan personal gerencial

femenino podrían estar en mejores condiciones para atender los mercados de consumo dominados por mujeres (CED 2012; CAHRS 2011) y una mayor diversidad de género en las juntas directivas podría redundar en un mejor gobierno corporativo, dado que permitiría tener en cuenta una gama más amplia de perspectivas (OCDE, 2012; Lord Davies, 2013). Asimismo, una mayor proporción de mujeres en cargos decisorios podría reducir la proporción de transacciones financieras de alto riesgo que normalmente realizan los operadores masculinos (Coatesy Herbert, 2008)….”

En apoyo a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas identifica a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los principales componentes de la calidad de vida, y aunque las normas mexicanas mencionan que todos los mexicanos tienen acceso a estos derechos, declaraciones de la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación, apuntan a que muchas madres solteras no tienen a su alcance estos derechos.

Aunado a esto, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 1.-…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De la cita anterior se desprende que el artículo primero de la Constitución Federal resguarda el derecho de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación que violente los

derechos de las personas, estimándose que en la realidad este derecho no se ejercita con las madres solteras en el ámbito laboral.

Por lo tanto, como solución a dichas problemáticas y en apoyo al cumplimento de lo dictado por el numeral primero de la Constitución Federal y los acuerdos internacionales firmados por México, garantizando el acceso de las madres solteras a una vida digna, se propone un estímulo fiscal a fin de incentivar la contratación de madres solteras. Se estima que un incentivo fiscal del 50% sobre los salarios efectivamente pagados a las madres solteras, en los casos que se contraten con jornadas laborales de medio tiempo ayudara a revertir el problema social que se acentúa en el país.

Con este incentivo se puede regularizar el gran número de madres solteras que se encuentran en la informalidad y proveerlas de seguridad social, así como reducir el gasto del estado en aquellas madres solteras que sin tener ocupación, acuden de manera más frecuente a los servicios de salud, producto de las enfermedades psicológicas psicosomáticas y reales que pueden desarrollar.

Consideramos que con la implementación de un beneficio fiscal del 50% de los salarios efectivamente pagados a este sector de la población, podremos proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo son las madres solteras, resguardando además el principio del derecho de protección de la Familia y sin poner en riesgo la economía de las empresas y con esto romper el círculo de la pobreza que trasciende de estas mujeres hacia sus hijos.

Por otro lado, es importante señalar que la razón de existencia de las deducciones fiscales permitidas por el estado es la de consentir que un sector o sectores privados de la población desarrolle cierta actividad que era obligación del estado, en este sentido, en un estado liberal, el mundo de los tributos no se constriñe a la captación de ingresos, necesarios para hacer frente a los gastos públicos., sus fines se extienden más allá de una simple política recaudatoria. Así, nos topamos con las actividades de naturaleza

extra fiscal. Estas hacen del impuesto un instrumento de política económica, social y cultural.

Es necesario afrontar que, en México, la carencia de recursos es el principal obstáculo para cumplir con los complejos objetivos que plantea la Constitución, tales objetivos, entre muchos otros buscan incentivar la economía, promocionar el empleo mejorar los índices de desarrollo, impulsar el deporte, consolidar la unión familiar, generar una valida distribución de la renta, mejorar los índices culturales o eliminar la discriminación.

Los resultados así obtenidos contribuyen a mejorar el entorno social en el que vivimos, por tanto se convierten en parte de una política de interés público., de ello deriva su importancia. El derecho tributario, a través de diversos institutos, lleva a cabo una política de protección de las facetas necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, incentivando su realización a través de apoyos económicos, de subvenciones o perpetrando una política de desgravación.5

Evidencia de esto último es el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que en concordancia con la iniciativa planteada, señala en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda.

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados.

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas.

d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.

e) La ayuda para servicios funerarios.

f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.

g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.

i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

Por todo lo anterior se pone a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE MADRES SOLTERAS

Artículo Único. Se modifica la redacción del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. …

Se otorgará un estímulo fiscal del 50% del salario efectivamente pagado a quien contrate madres solteras. Las contrataciones a este sector de la población podrán ser de medios turnos, pudiendo una madre soltera, ser contratada por dos medios turnos consecutivos para cumplir un turno completo en caso de que su situación se lo permita.

Para efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora madre soltera, de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Para efecto de este artículo se acreditará la calidad de madre soltera con la presentación del acta de nacimiento de su hijo.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Cesar Octavio Pedroza Gaitán.

1 Concejo nacional para prevenir la discriminación. La apuesta obligada de las madres solteras en México http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=515&id_opcion=261&op=448.

2 Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por el jefe(a) e hijos(as) y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares monoparentales representan 18.5% del total de los hogares familiares.http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/familia0.pdf

3 Instituto Nacional de las Mujeres. Más de cinco millones de madres viven solas con sus hijos/as. http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/557-mas-de-cinco-millones-de-madres-viven-solas-con-sus-hijosas.

4 Parlamento Europeo / En portada. Objetivo: mejorar la situación de las madres solteras. http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20110131sto12856/html/Objetivo-mejorar-la-situaci%C3%B3n-de-las-madres-solteras

5 García Bueno, Marco Cesar. Los beneficios fiscales: instrumentos para el fomento de la investigación para el desarrollo. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/337/13.pdf

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senador.

Senadora Luz María Beristain, ¿con qué objeto?

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Al Senador Pedroza Gaitán, para felicitarlo por esta excelente iniciativa de ley. Desde luego, pedirle si nos da la autorización para sumarnos a esta gran iniciativa.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es un honor. Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) De la misma manera, pedirle al Senador, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es un privilegio. Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Rabindranath Salazar, Senador Ríos Piter, con el mismo propósito.

La Senadora Sonia Rocha, ¿con el mismo propósito?

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) En mi estado existen 34 mil 560 madres solteras, en especial jóvenes. No sé si en la iniciativa podamos, incluso ahí, aparte de adherirme, poder participar.

En el municipio de San Joaquín y de la zona serrana es donde más madres solteras tenemos, y creo que merecen una adicional para poder sacar a sus hijos adelante.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora. Hemos tomado nota. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con la venia de la Presidencia. Buenos días, compañeras Senadoras y Senadores:

Hoy hago uso de la tribuna para presentar esta iniciativa suscrita por una servidora, y de manera conjunta con la Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la Senadora Silvia Garza.

Esta iniciativa busca reformar el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Como bien sabemos, compañeros Senadores, la participación de la sociedad civil es fundamental para la preservación de nuestros ecosistemas. Debe haber una relación directa entre las instituciones del Estado, en los diferentes órdenes de gobierno y las asociaciones civiles para que, de manera conjunta, protejamos al medio ambiente.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a la justicia, ya que actualmente existe una limitante para que las asociaciones civiles presenten demanda por daño ocasionado al ambiente.

A continuación señalo, de forma textual, la limitante estipulada en el artículo en cuestión: "Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles".

Consideramos que debemos eliminar la limitante en relación al tiempo exigido de 3 años, que deben acreditar las asociaciones civiles para que se les dé admisión a una demanda de carácter ambiental.

Actualmente, las asociaciones civiles de recién creación se ven impedidas por la ley para poder defender jurídicamente nuestros ecosistemas debido a esta limitante en nuestro marco jurídico.

Es por estas razones que la propuesta concreta es reformar el párrafo segundo del artículo 28 para que, desde el Congreso, fortalezcamos la participación de las personas morales sin fines de lucro.

Si bien esta reforma es de carácter técnico, el beneficio de gran escala para la participación de la sociedad civil será enorme.

Tenemos una deuda con los colectivos ciudadanos, la sociedad civil organizada, todas las ONG,s que están atentas, pendientes, haciendo el trabajo que muchas veces las autoridades no logran hacer porque es inmenso y amplísimo el universo para cuidar las áreas naturales protegidas.

Que, a propósito, les invitamos para que visiten la colección de fotografías, que está aquí a fuera, de las Áreas Naturales Protegidas, que el día de ayer inauguró la Senadora Ninfa Salinas, que es Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, para sensibilizarnos más en este sentido.

Gracias, compañeros.

Iniciativa

De las senadoras, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN ,en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al medio ambiente se encuentra consagrado en el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra expresa:

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley."

Asimismo el artículo 1° Constitucional establece diversos principios en torno a los derechos humanos que deben regir en el derecho mexicano:

Artículo 1°:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Como podemos apreciar, la reforma en materia de derechos humanos establecida por el artículo 1° Constitucional, establece un nuevo orden constitucional en el que se incluye el principio pro persona y la interpretación conforme. Además consagra los principios  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sobre este último es necesario señalar que se refiere a que la protección de los derechos siempre debe mejorarse. De tal manera que todos los legisladores nos vemos obligados por la Constitución a legislar conforme a este principio, en materia de protección al medio ambiente debemos mejorarlos cuerpos normativos que protegen el derecho humano en comento, es necesario que brindemos a la sociedad, herramientas efectivas y mejores.

El 04 de marzo del presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió, por mayoría de tres votos, el amparo en revisión 501/2014, con el cual se concedió el amparo a dos asociaciones civiles que impugnaron el artículo 28, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el cual establece lo siguiente:

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Conforme a dicho artículo se imponen dos requisitos a las personas morales para ejercer su derecho e interés legítimo para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental: a) actuar en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y b) acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años anteriores a la presentación de la demanda, además de cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Primera Sala, por mayoría de tres votos, estimó que "cuando el legislador limita el ejercicio de una acción, debe justificar las razones que lo llevan a dicha decisión, sobre todo cuando en el propio ordenamiento existen acciones similares. Así, en el caso, no se advierte una razonabilidad legislativa o motivación reforzada que justifique la restricción de las asociaciones civiles para el ejercicio de las acciones por daño ambiental, situación que violenta lo dispuesto en los artículos 4 y 17 constitucionales, en relación con el 25 de la Convención Americana1."

Los ministros señalaron que el legislador estableció supuestos diversos de procedencia, en dos mecanismos de defensa que tienen por objeto la protección al medio ambiente, sin que se justificara el trato diferenciado por lo que se determinó la inconstitucionalidad del requisito referente a que las Asociaciones Civiles tengan que acreditar 3 años para impugnar daños ambientales, es por ello que en aras de proveer cuerpos normativos con perspectiva de derechos humanos, proponemos modificar el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para evitar violentar nuestra Carta Magna y a los ciudadanos que buscan acceder a la justicia.

Recordemos que nuestro país no sólo cuenta con ordenamientos en materia ambiental, y derechos y principios constitucionales que debe cumplir, sino que también cuenta con compromisos internacionales ya que ha ratificado diversos instrumentos en los cuales se reconocen derechos humanos, siendo uno de ellos el derecho a un medio ambiente sano, por lo tanto, consideramos imprescindible facilitar el acceso a la justica ambiental.

De igual manera es importante manifestar que en numerosas ocasiones los afectados no tienen ni los medios económicos ni los conocimientos específicos que demanda la materia ambiental para acceder a la justicia o incluso para denunciar ante las instancias competentes como lo es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante las instancias judiciales. En nuestro país existen diversas asociaciones civiles que buscan la protección al medio ambiente sin fines de lucro por lo cual, es nuestra obligación como legisladores, adecuar las leyes correspondientes para garantizar a los gobernados el acceso a la justicia y con ello evitar que la sociedad inmersa en algún conflicto encuentre obstáculos que le permitan el disfrute de sus derechos humanos.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

ÚNICO.- Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 28.- …

I. …

II…

III…

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 25 de marzo de 2015.

Suscriben

Sen. Luz María Beristain Navarrete y Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3048


El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez:
Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Guanajuato, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

¡Bienvenidas y bienvenidos!





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea:

La iniciativa que pongo a consideración de la Asamblea, es relacionada con los servicios auxiliares en materia de radiodifusión, particularmente de los llamados enlaces estudio-planta, los sistemas de control remoto que comprenden los enlaces aire-estudio, y enlaces unidad móvil-estudio, que requieren las estaciones radiodifusoras para su operación y funcionamiento.

Entendiéndose como enlace estudio-planta al radioenlace entre dos puntos transreceptores fijos, ubicados en coordenadas geográficas específicas; y como sistema de control remoto al servicio entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles. Las estaciones móviles podrán ser temporalmente fijas en puntos no determinados, dentro del área de cobertura autorizada.

Sobre el tema, antes de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios y entonces permisionarios de radiodifusión, podían obtener autorizaciones por parte de la autoridad reguladora para usar frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto.

Tratándose de enlaces estudio-planta, debían presentar una solicitud en la cual se informa a la autoridad las coordinadas geográficas y altura sobre el nivel del mar de la planta transmisora y de los estudios, la frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal; asimismo, la potencia radiada aparente de enlace estudio-planta requerido, la distancia entre la antena transmisora y receptora y la altura del centro eléctrico de radiación respecto del nivel de terreno para cada estación.

Y tratándose de sistemas de control remoto, la solicitud debía incluir las coordenadas geográficas de los estudios o la antena donde se recibirán las señales, la frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal, que deberán ser congruentes con el uso que daría a las frecuencias y la potencia radiada aparente del sistema de control remoto requerido.

En ambos casos, procedía el pago de una contraprestación establecida en la legislación de la materia, para la prestación de estos servicios auxiliares de radiodifusión con las particularidades técnicas correspondientes para cada caso.

Por ejemplo, para el caso de la radio AM y FM, se atribuían las bandas de frecuencia 216 a 220 MHz y la de 225 a 240 MHz; a su vez, para las señales de televisión, se atribuía las bandas de 2025 a 2110 MHz y la de 12.75 a 12.85 y de 13.00 a 13.10 GHz.

Cabe señalar que la nueva ley, la que aprobamos aquí en la materia, no consideró el otorgamiento de este tipo de autorizaciones.

No es óbice mencionar que el espíritu de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que dio origen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, fue que siendo el espectro, que es un bien del dominio público de la nación de naturaleza limitada, éste se debe de aprovechar al máximo a través de la regulación eficiente y ordenada de dicho bien, por lo que se estableció en la ley, lo cual compartimos plenamente, que el otorgamiento del espectro radioeléctrico para uso comercial en esta materia, se otorgaría únicamente a través de un procedimiento de licitación pública, ello con el objeto de evitar el otorgamiento discrecional del espectro radioeléctrico como lo era en el pasado, pero en ningún momento se pretendió o se previó el impacto que tendría, restringir a los concesionarios de radiodifusión de cualquier tipo a que tuvieran la posibilidad de poder acceder a este tipo de autorizaciones de manera accesoria para poder explotar plenamente la concesión que les fue otorgada.

Con fundamento en lo anterior, presento esta iniciativa para adicionar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de llenar esta importante laguna normativa y regular las autorizaciones de los enlaces estudio-planta y de los sistemas de control remoto en materia de radiodifusión, que son tan necesarios para el desarrollo de la industria y la comunicación de los mexicanos.

Es la cuenta, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, SENADOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO A LA LXII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1, FRACCIÓN I Y 164 NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREVIO A LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL AÑO 2006, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9° DE ESTA LEY OTORGABA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LA FACULTAD PARA “AUTORIZAR Y VIGILAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES Y SUS SERVICIOS”.

A SU VEZ, EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE DICHA DEPENDENCIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE JUNIO DE 1995, PRECISABA QUE, A TRAVÉS DELA ENTONCES DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, LA SECRETARÍA CONTABA CON ATRIBUCIONES PARA, ENTRE OTRAS:

“VI. RECIBIR, EVALUAR Y, CON LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZAR LAS SOLICITUDES QUE PRESENTEN LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS PARA PRESTAR SERVICIOS AUXILIARES A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”

(…)

XVII. MODIFICAR O AMPLIAR, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ATRIBUIDO A LA RADIODIFUSIÓN Y SUS SERVICIOS AUXILIARES.

(…)

VIII. FIJAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS DE RADIO Y TELEVISIÓN Y SUS SERVICIOS AUXILIARES.”

CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES ANTERIORMENTE CITADAS, LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 7 DE MAYO DE 1999, EL “ACUERDO POR EL QUE SE ATRIBUYEN FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA SERVICIOS AUXILIARES A LA RADIODIFUSIÓN, Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR EL USO DE LAS MISMAS”(EN LO SUCESIVO “ACUERDO”), EN EL CUAL SE ESTABLECÍAN LOS REQUISITOS A CUMPLIR PARA QUE LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIODIFUSIÓN PUDIERAN SOLICITAR Y OBTENER AUTORIZACIONES PARA USAR FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA ENLACES ESTUDIO-PLANTA Y SISTEMAS DE CONTROL REMOTO.

En el Acuerdo se precisaba que dentro de los servicios auxiliares en materia de radiodifusión se encontraban los llamados “enlaces estudio-planta” y los “sistemas de control remoto” que comprenden los enlaces aire-estudio y enlaces unidad móvil estudio, que requieren las estaciones radiodifusoras para su operación y funcionamiento; y los definía en su artículo segundo de la siguiente manera:

“I. SERVICIOS AUXILIARES: LOS ENLACES ESTUDIO-PLANTA Y LOS SISTEMAS DE CONTROL REMOTO (ENLACES AIRE-ESTUDIO Y ENLACES UNIDAD MÓVIL-ESTUDIO), QUE REQUIERAN Y JUSTIFIQUEN LAS ESTACIONES RADIODIFUSORAS;

II. ENLACE ESTUDIO-PLANTA: EL RADIOENLACE ENTRE DOS PUNTOS TRANSRECEPTORES FIJOS, UBICADOS EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, Y

III. SISTEMA DE CONTROL REMOTO: EL SERVICIO ENTRE ESTACIONES MÓVILES Y ESTACIONES TERRESTRES O ENTRE ESTACIONES MÓVILES. LAS ESTACIONES MÓVILES PODRÁN SER TEMPORALMENTE FIJAS EN PUNTOS NO DETERMINADOS, DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA AUTORIZADA.”

ASIMISMO, EL ACUERDO DETERMINABA EXPRESAMENTE QUE PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA USAR FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA ENLACES ESTUDIO-PLANTA Y SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN TENÍAN QUE PRESENTAR UNA SOLICITUD A LA SECRETARÍA ACOMPAÑÁNDOLA DEL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO DE DIVERSA INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO DE QUE SE TRATASE, A SABER:

- ENLACES ESTUDIO-PLANTA: LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE LA PLANTA TRANSMISORA Y DE LOS ESTUDIOS; LA FRECUENCIA PROPUESTA, EL NÚMERO DE CANALES DE RADIOFRECUENCIA REQUERIDOS Y EL ANCHO DE BANDA POR CANAL, QUE DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL USO QUE DARÍA A LAS FRECUENCIAS; LA POTENCIA RADIADA APARENTE DE ENLACE ESTUDIO-PLANTA REQUERIDO; LA DISTANCIA ENTRE LA ANTENA TRANSMISORA Y RECEPTORA; LA ALTURA DEL CENTRO ELÉCTRICO DE RADIACIÓN RESPECTO DEL NIVEL DEL TERRENO PARA CADA ESTACIÓN.

- SISTEMAS DE CONTROL REMOTO: LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIOS O LA ANTENA DONDE SE RECIBIRÁN LAS SEÑALES; LA FRECUENCIA PROPUESTA, EL NÚMERO DE CANALES DE RADIOFRECUENCIA REQUERIDOS Y EL ANCHO DE BANDA POR CANAL, QUE DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL USO QUE DARÍA A LAS FRECUENCIAS, Y LA POTENCIA RADIADA APARENTE DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO REQUERIDO.

UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD, ÉSTA SE EVALUABA Y DICTAMINABA TÉCNICAMENTE TANTO POR LA SECRETARÍA COMO POR LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (EN LO SUCESIVO “COFETEL”) Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS HÁBILES, SE EMITÍA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PERMANECÍA VIGENTE MIENTRAS LO ESTUVIERE LA CONCESIÓN O EL PERMISO DEL QUE FUERA EL SERVICIO AUXILIAR O, EN SU CASO, PODÍA TERMINAR LA VIGENCIA DE ESTAS AUTORIZACIONES CUANDO LA SECRETARÍA ORDENABA MODIFICACIONES A LA CONCESIÓN O AL PERMISO RESPECTIVO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, QUE HICIERAN INNECESARIO EL SERVICIO AUXILIAR AUTORIZADO.

Cabe señalar que para la prestación de estos servicios auxiliares de radiodifusión, con las particularidades técnicas correspondientes aplicables para cada solicitud, para el caso de la radio en AM y FM el Acuerdo atribuía las bandas de frecuencias de 216 a 220 MHz y la de 225 a 240 MHz; y para las señales de televisión, atribuía las bandas de 2025 a 2110 MHz y la de 12.75 a 12.85 y de 13.00 a 13.10 GHz.

Posteriormente, con la publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión” de fecha 11 de abril de 2006, se determinó que las atribuciones de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes previstas en el artículo 24 del Reglamento Interior de dicha Secretaría serían ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por lo que a partir de que entró en vigor el Decreto, la extinta Cofetel continúo otorgando estas autorizaciones al amparo del Acuerdo.

En las autorizaciones para servicios auxiliares a la radiodifusión consistentes en enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, se determinaban las características técnicas con las cuales se autorizaba el uso del servicio auxiliar del que se tratase, señalando expresamente el domicilio y las coordenadas geográficas de la planta transmisora, la ubicación y coordenadas geográficas del equipo emisor del sistema de enlace, la altura del terreno sobre el nivel del mar, la altura del centro eléctrico de radiación respecto del nivel del terreno, la distancia entre la antena emisora y la antena receptora, la frecuencia del sistema auxiliar, el ancho de banda, la potencia radiada aparente (P.R.A.) y la polarización de la señal, estableciendo expresamente que con el otorgamiento de autorizaciones de ésta naturaleza no se creaban derechos reales, sino que se otorgaba simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en las leyes, el título de concesión del solicitante, así como a las condiciones de la propia Autorización.

Asimismo, en autorizaciones de esta naturaleza se establecían los requisitos y términos para los trabajos de instalación de los sistemas auxiliares, se requería al concesionario o permisionario que apoyara los trabajos de instalación en personal del área competente de la Cofetel o en un perito de telecomunicaciones con la especialidad en radiodifusión, a efecto de que en todo momento se verificara y garantizara la no afectación a otros sistemas radioeléctricos, de telecomunicaciones y/o de radiodifusión dentro del área de servicio de la estación, y se establecía la obligación del pago de una contraprestación por el uso de la frecuencia correspondiente, de conformidad con la Ley Federal de Derechos que estuviere vigente.

Sin embargo, con la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, no se consideró la posibilidad de continuar otorgando este tipo de autorizaciones. No es óbice mencionar que el espíritu de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que dio origen a la Ley vigente, fue que siendo el espectro radioeléctrico un bien del dominio público de la Nación de naturaleza limitada, éste se debe de aprovechar al máximo a través de la regulación eficiente y ordenada de dicho bien, por lo que se estableció en la Ley, lo cual compartimos plenamente, que el otorgamiento de espectro radioeléctrico para uso comercial en esta materia, únicamente sería a través de un procedimiento de licitación pública con el objeto de evitar el otorgamiento discrecional de espectro radioeléctrico, tal y como se hacía en el pasado, pero en ningún momento se pretendió o se previó el impacto que tendría el restringir la posibilidad para los concesionarios de radiodifusión de cualquier tipo, el poder acceder de manera accesoria a este tipo de autorizaciones para poder explotar plenamente la concesión que les fue otorgada.

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es llenar esta importante laguna jurídica y regular el otorgamiento de las autorizaciones de los enlaces estudio-planta y de los sistemas de control remoto en materia de radiodifusión que son tan necesarios para el desarrollo de la industria, de conformidad y en los mismos términos en que se encontraba normado anteriormente, es decir, con fundamento en el Acuerdo.

A su vez, con esta propuesta se pretende otorgar la posibilidad jurídica al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda emitir las reglas o lineamientos que sean necesarios para llevar a cabo asignaciones de espectro para servicios auxiliares en materia de radiodifusión y que al mismo tiempo, no permitan dar margen para que se le dé un uso distinto o un mal uso al espectro asignado.

Por ende, se propone adicionar tres fracciones al artículo 3° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incorporar las definiciones de “servicios auxiliares de radiodifusión”, “Enlace estudio-planta” y “Sistema de control remoto” en los mismos términos en que se contemplaban por la normatividad aplicable anterior.

Asimismo, se propone adicionar un artículo 157 Bis a efecto de establecer los requisitos para que los concesionarios de cualquier tipo que estén interesados en obtener una autorización para usar frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, previo pago de derechos, presenten su solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en concordancia con lo que se establecía en el Acuerdo de referencia, y en un transitorio establecer la obligación para el Instituto de emitir, en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, de expedir lineamientos de carácter general en el cual la autoridad regulatoria establecerá los términos en los que deberán acreditarse los requisitos previstos en el artículo 157 Bis de la Ley para el otorgamiento de las autorizaciones de enlaces estudio-planta y de sistemas de control remoto.

Finalmente, en un artículo transitorio se atribuyen las bandas de frecuencias que se asignarán para los servicios auxiliares a la radiodifusión de radio y televisión, consistentes en enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, también en concordancia con las que eran asignadas conforme al Acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta Asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

PRIMERO.- Se adicionan las fracciones XX BIS, la fracción LXII BIS, y la fracción LXVI BIS, del artículo 3° para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XX BIS. Enlace estudio-planta: el radioenlace entre dos puntos transreceptores fijos, ubicados en coordenadas geográficas específicas;

(…)

LXII BIS. Servicios auxiliares de radiodifusión: los enlaces estudio-planta y los sistemas de control remoto (enlaces aire-estudio y enlaces unidad móvil-estudio), que requieran y justifiquen las estaciones radiodifusoras;

(…)

LXVI BIS. Sistema de control remoto: el servicio entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles. Las estaciones móviles podrán ser temporalmente fijas en puntos no determinados, dentro del área de cobertura autorizada.

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 157 Bis, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 157 BIS.- Las personas físicas o morales que cuenten con una concesión en materia de radiodifusión de conformidad con el artículo 76 de esta Ley, y que estén interesadas en obtener una autorización del Instituto para usar frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, previo pago de los derechos correspondientes, deberán presentar ante el Instituto una solicitud que contenga:

I. Datos generales de la concesión del interesado;

II. Tratándose de enlaces estudio-planta:

A. Coordenadas geográficas y altura sobre el nivel del mar de la planta transmisora y de los estudios;

B. La frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal, que deberán ser congruentes con el uso que daría a las frecuencias;

C. Potencia radiada aparente de enlace estudio-planta requerido;

D. Distancia entre la antena transmisora y receptora; y

E. Altura del centro eléctrico de radiación respecto del nivel del terreno para cada estación.

III. Tratándose de sistemas de control remoto:

A. Coordenadas geográficas de los estudios o la antena donde se recibirán las señales;

B. La frecuencia propuesta, el número de canales de radiofrecuencia requeridos y el ancho de banda por canal, que deberán ser congruentes con el uso que daría a las frecuencias, y

C. Potencia radiada aparente del sistema de control remoto requerido.

Las autorizaciones a que se hace referencia en el presente artículo permanecerán vigentes hasta en tanto lo esté la concesión del que sea servicio auxiliar el enlace estudio-planta o el sistema de control remoto de que se trate y estarán referidas a frecuencias disponibles del espectro radioeléctrico ubicadas en las bandas de frecuencias atribuidas para los servicios auxiliares a la radiodifusión de radio y televisión, consistentes en enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. Se atribuyen para los servicios auxiliares a la radiodifusión de radio y televisión, consistentes en enlaces estudio-planta y sistemas de control remoto, las bandas de frecuencias siguientes:

I. De 216 a 220 Megahertz, que podrán utilizarse para transmitir señales de audio para servicios estudio-planta, en la banda de AM;

II. De 225 a 240 Megahertz, que podrán utilizarse para transmitir señales de audio para servicios estudio-planta y sistemas de control remoto, en las bandas de AM y FM;

III. De 2025 a 2110 Megahertz, que podrán utilizarse para transmitir señales de televisión (audio y video asociado) para servicios de sistemas de control remoto. La potencia de salida del transmisor no excederá de 20 wattes para estaciones fijas, y de 12 wattes para estaciones móviles, y

IV. De 12.75 a 12.85 y de 13.00 a 13.10 Gigahertz, que podrán utilizarse para transmitir señales de televisión para servicios estudio-planta y sistemas de control remoto.

CUARTO. En un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que deberán acreditarse los requisitos previstos en el artículo 157 Bis de esta Ley, para el otorgamiento de las autorizaciones de enlaces estudio-planta y de sistemas de control remoto.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, el 25 de Marzo de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Daremos el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN NORMAL PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Al pueblo de México.

La lógica de esta iniciativa es muy simple, compañeras y compañeros, todos queremos una educación de calidad, el pueblo la necesita, se la exigimos a los maestros en todo el país, pero nuestra obligación es construirles el camino que los oriente en esa dirección.

En años anteriores, se dieron diagnósticos institucionales con base en una pregunta central, ¿en qué medida la escuela normal está cumpliendo con sus finalidades educativas? Es decir, con su misión institucional.

Creo que este planteamiento fue totalmente equivocado, debemos preguntarnos, ¿en qué medida le estamos cumpliendo a la escuela normal para que pueda cumplir con sus finalidades y su misión constitucional?

Sin duda habrá que reconocer los esfuerzos que hemos llevado a cabo con modificaciones constitucionales y legales que consolidan una política educativa que busca la evolución de nuestro sistema.

Pero estas reformas fueron incompletas y olvidaron quizá una de las partes más elementales: las escuelas normales.

El método simplista de la evaluación como método de amenaza ha sido fallido históricamente en todos los países del mundo. Cuando se garantizan las herramientas y la infraestructura adecuada que requieren nuestros maestros en su preparación, se producirán los resultados que esperamos.

Educar es redimir y los maestros también requieren de una educación de calidad.

¿Qué busco con este proyecto?

Un cambio actualizado y realista de la concepción de los maestros, una perspectiva acorde a los retos que buscamos superar.

El docente debe ser concebido como el promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo.

Las autoridades educativas deben, sin lugar a dudas, proporcionar los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su permanente actualización y profesionalización.

Y deben reconocer aquellas actividades co-curriculares que éstos realicen para mejorar su desempeño académico.

Queremos la implementación urgente de programas permanentes de actualización sobre contenidos y métodos para docentes y directivos que cumplan con los requisitos que nosotros mismos les hemos exigido a los maestros en las evaluaciones.

Debemos acabar con la insuficiencia en la regulación de las escuelas normales que ha causado el establecimiento de entidades que degradan esas instituciones de reivindicación social.

Los particulares que busquen instituir escuelas normales deberán estar sujetos a lineamientos estrictos que los obliguen a cumplir con los requisitos que deseamos en la formación de nuestros maestros, siempre siguiendo los programas de actualización y preparación que se requieran.

La autoridad educativa federal debe ser la responsable, en forma exclusiva, de hacer efectiva una política de actualización de los planes y programas de estudios de la educación normal, y demás para la formación y actualización de los maestros de educación básica, considerando por supuesto la opinión de las autoridades educativas locales en los términos del artículo 48 de la Ley General de Educación.

Queremos fortalecer el ámbito de competencia de la autoridad educativa federal respecto de la atribución exclusiva para determinar y publicar anualmente los lineamientos generales de carácter nacional en la elaboración de los planes y programas de educación normal, y además para la formación y actualización de maestros de educación básica.

En este mismo sentido, se contempla otorgarle la facultad para establecer y publicar al término del ejercicio fiscal con base en los criterios de planeación y programación globales del sistema educativo nacional, los lineamientos generales de carácter nacional para la autorización de los servicios de educación normal y además para la formación y actualización de maestros de educación básica.

En síntesis, mejorar la calidad de los planes y programas de estudio y planificar su desarrollo.

Diría, compañeras y compañeros Senadores, José Vasconcelos: “Cómo van a poder los maestros sin fuerza, sin recursos, emprender la cruzada más importante de este país, la redención moral de todo un pueblo”.

Si comprendiéramos con profundidad la tarea diaria que cumplen los docentes, si comunicáramos correctamente ese espíritu a la sociedad mexicana, ellos serían concebidos como los héroes modernos, no de capas ni antifaces, pero de lápices y de libros.

Debemos empoderarlos, protegerlos y escucharlos, es así que de sus voces presento esta iniciativa para corregir un rumbo sepultado, un camino desvanecido por concepciones desorientadas.

El mensaje que les comunico hoy, compañeras y compañeros Senadores, es ¡basta de posicionar a los maestros como un lastre en el progreso educativo del país!

Los únicos responsables de la situación actual y del porvenir de nuestro país somos nosotros como Estado y como servidores públicos.

Nosotros le debemos a la sociedad la educación que se merece, y a los maestros los instrumentos necesarios para su reivindicación.

La demora, compañeras y compañeros, será nuestra. Les pido acompañen la presente iniciativa con exclusivo ánimo de alcanzar una justicia rezagada.

La educación de calidad es un derecho constitucional que beneficia a todas y a todos los mexicanos, incluidos los maestros de nuestro país, y es así hoy como lo exigimos en nombre de todos ellos.

Muchísimas gracias.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: El Senador Rosas Aispuro ha solicitado adherirse y ha aceptado la Senadora. Gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

 





 

Compañeras y compañeros Senadores, en otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.





 

Vamos a pasar al desahogo de dictámenes de segunda lectura, les informo que vienen cuatro dictámenes de votación nominal, para que estemos atentos entonces a la votación.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud, en materia del control del abuso del alcohol.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 112, 185, 186 Y 308 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
 ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Bebidas Alcohólicas.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de Marzo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Bebidas Alcohólicas.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Senadora proponente plantea una propuesta de reformas a la Ley General de Salud, como control para el consumo del alcohol por parte de los jóvenes, con un programa contra el alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas.

Hace referencia que en México los jóvenes están consumiendo alcohol a menor edad y este consumo no se realiza precisamente en establecimientos comerciales sino en el seno de su propio hogar, cuestión muy preocupante.

Así mismo hace referencia que la encuesta Nacional de Adicciones 2011, arroja conclusiones que: el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo, es el patrón más reportado con una tercera parte de la población.

En aras de generar un control es que pretende modificar diversos preceptos de la Ley General de Salud en materia de control del abuso del alcohol.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En México cerca de tres millones de adolescentes tienen problemas de alcoholismo o de abuso en el consumo y cada vez se inician a edades más tempranas. Las mujeres consumen cada vez mayores cantidades de alcohol, particularmente las adolescentes.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que en 2010 tomó bebidas alcohólicas, se incrementó en casi 10 puntos porcentuales con respecto al 2005.

En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 2005, a 58.7% en 2010. Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció en el mismo periodo, pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010.

C. Así mismo cabe enfatizar que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala queel uso nocivo de alcohol ha aumentado entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes, ya que la dependencia en los hombres se duplicó de 3.5% a 6.2% y en las mujeres se triplicó de 0.6% a 2% en el período de 2002 a 2011.

La Encuesta Nacional ya citada, marca que "el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo es el patrón más reportado con una tercera parte de la población", a esto se le ha llamado comúnmente "consumo explosivo".

F. Sabemos que el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va en incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes, según la encuesta ya citada, el alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008,en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%.

Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

G. Diversas causas pueden originar en el contexto social que se vive actualmente, la ingesta de alcohol como una de las principales, ha sido como se señaló en un principio del presente dictamen, el deterioro de los valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y los jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras. Los adolescentes tienen más probabilidades de caer en comportamientos de riesgo.

La ciencia ha identificado algunos criterios de riesgo en el alcoholismo entre jóvenes, tales como:

● Ambientes familiares caóticos o con abuso de alcohol o drogas en madres o padres, y/o con un trastorno psiquiátrico.

● Problemas serios en la educación de menores por presentar temperamentos difíciles o problemas de conducta.

● Factores de riesgo en los centros escolares.

● La curiosidad o la necesidad de pertenencia a un grupo pueden llevar al joven a iniciarse en el consumo del alcohol.

H. Sabemos de las acciones y estrategias que se han venido implementando en los últimos años por parte del Gobierno Federal, sin embargo, hay que redoblar esfuerzos y poder bajar el índice de abuso del alcohol, alcoholismo y enfermedades que este ocasiona. Por ello se hace mención que la iniciativa en análisis tiene la intención de actualizar la Ley General de Salud e integrar en ella conceptos y acciones para poder llegar al objetivo ya señalado en este apartado que es el combatir el uso nocivo del alcohol.

Sin embargo, hay que resaltar que estas Comisiones dictaminadoras consideran parte de la iniciativa, loable, ya que varios preceptos que se pretenden modificar ya está tipificado dentro de la Ley General de Salud en los apartados como en el Título Décimo Primero, el cual menciona los programas contra las adicciones y en específico el programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que plasma los siguientes:

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

Artículo 187.- En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Así como otros preceptos de la ley citada otorgan facultades al gobierno para el control del alcoholismo, ejemplo de ello, es el control sanitario de productos y servicios donde se define la bebida alcohólica y lo relativo a su publicidad.

I. Es menester reiterar que parte de la iniciativa es factible de reforma, por ello estas comisiones dictaminadoras consideran pertinente la siguiente propuesta:

LEY GENERAL DE SALUD

INICIATIVA

PROPUESTA DE COMISIONES DICTAMINADORAS.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

 

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. Se limitará a dar información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar o salud, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III. No podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;

IV. No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo;

V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos;

VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata.

VII. En el mensaje no podrán participar personas menores de 25 años, y

VIII. En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a que se refieren los Artículos 218 y 276 de esta Ley.

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes, conductas y habilidades para la vida que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud física, psicológica y social.

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud conductual salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere este artículo, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas para la prevención de las enfermedades y educación para la salud biopsicosocial en todos los ciclos de la infancia y adolescencia, adecuando los temas y contenidos a las problemáticas de cada ciclo psicoevolutivo y del desarrollo de la persona, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud y la iniciativa privada, formulará, propondrá y desarrollará programas de capacitación para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol en el lugar de trabajo, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Artículo 185.- El presente título tiene por objeto:

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación;

II. La educación sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros, indígenas y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la práctica para prevenir el uso abusivo de alcohol y en la lucha contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 185 bis.-Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por:

I. Abuso de bebidas alcohólicas: Los hombres que consumen cinco o más copas o las mujeres que consumen cuatro o más copas por ocasión.

II. Acciones de intervención secundaria: Medidas destinadas a realizar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en quienes ya padecen de la enfermedad del alcoholismo, así como en educar para disminuir los daños o consecuencias negativas a quienes se han iniciado en el consumo; es decir, incentivar para abandonar el consumo.

III. Acciones de intervención terciaria: Medidas tendientes a demorar o frenar el desarrollo del alcoholismo y de sus consecuencias aún en los casos en que la manifestación central continúe presente y prevenir la discapacidad en aquellos que han llegado a esa etapa.

IV. Acciones de prevención primaria: Medidas destinadas a evitar o reducir la existencia de abuso de alcohol en una comunidad, dirigiendo su accionar hacia quienes no son consumidores, fundamentalmente niños y adolescentes, intentando que nunca lo sean.

V. Alcohol no comercial. Bebidas tradicionales producidas para consumo doméstico o para el comercio local limitado, productos falsificados y bebidas ilícitas de producción masiva, así como el alcohol derivado o no apto para consumo.

VI. Alcoholismo. Enfermedad que se presenta cuando el individuo muestra signos de adicción física al alcohol y continúa bebiendo, a pesar de los problemasde salud física, salud mental y responsabilidades sociales, familiares o laborales que se le generan.

VII. Certificación de centros especializados en tratamiento para el trastorno de abuso y /o dependencia del alcohol: procedimiento mediante el cual se asegura que los centros especializados en el trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol se ajustan a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales del sector salud especializados en el tema, en particular el CONADIC.

VIII. Ciclo psicoevolutivo: Conjunto secuencial de etapas o estadios en el desarrollo o proceso de maduración donde se adquieren o se disminuyen habilidades y funciones físicas, mentales o sociales suscitando cambios observables en los individuos.

IX. Encuestas de evaluación y detección de patrones de consumo: Conjunto de datos obtenidos mediante procedimientos estandarizados de consulta o interrogatorio a un número determinado de personas sobre características del modo o forma con que los grupos de población considerada como vulnerable mantienen el consumo o uso de bebidas alcohólicas.

X. Habilidades para la vida: Programa que ayuda a los jóvenes a recuperar el control sobre su comportamiento, y al mismo tiempo, tomar decisiones con conocimiento de causa para adquirir patrones de comportamiento y valores positivos.

XI. Salud biopsicosocial: tendencia que afirma que el factor biológico, psicológico y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad.

XII. Salud conductual: Estado de bienestar en el cual el individuo cuenta con actitudes que le permiten afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, evitando comportamientos nocivos como el abuso de alcohol, el consumo de drogas o tabaco, la comisión de delitos, la deserción escolar o actitudes de riesgo como la práctica de sexo no seguro, trauma de carretera e inactividad física.

XIII. Uso nocivo del alcohol: El consumo de alcohol que presente una o más de las siguientes características:

a) Explosivo.

b) Por mujeres embarazadas.

c) Excesivo.

d) Alcohol no comercial.
e) Combinado con la conducción de vehículos automotores.

Artículo 185 ter.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en colaboración con las dependencias del sector salud en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. El tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación en centros de salud públicos o privados que estén regulados y cuenten con certificación como Centros Especializados en tratamientos para el trastorno de abuso y/o dependencia de alcohol.

II. La intervención clínica aplicada a pacientes con trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol a través del ejercicio de la profesión sanitaria por parte de profesionales de la salud, médicos y psicólogos, debidamente certificados por las autoridades sanitarias.

III. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

IV. El incremento de las acciones y medidas de prevención primarias a través de programas de entrenamiento en habilidades para la vida como temas o módulos obligatorios insertados en la currícula de los planes de estudio escolares, a fin de dotar de herramientas a los grupos más vulnerables, como el de los niños de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, con el objetivo de retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol.

V. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, tal y como lo establece el artículo 185, fracción III de esta Ley.

VI. La formulación, el desarrollo y la promoción de programas de capacitación, entrenamiento y certificación relativos al abuso y dependencia del alcohol, para los profesionales de la salud, médicos de atención primaria, médicos de familia y psicólogos clínicos del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de protocolos de tratamiento costo - efectivos basados enevidencia científica.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, se realizarán actividades de investigación, que pueden incluir encuestas de evaluación y detección de patrones de consumo, en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar, social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niños y jóvenes de entre 8 y 12 años de edad.

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Se equiparará al delito de corrupción de menores de edad al que obligue, induzca, facilite o propicie que menores de edad consuman mediante cualquier forma bebidas alcohólicas.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. Se limitará a dar información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III.a VIII. …

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud física, psicológica y social;

II….

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación;

II. a III….

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. a II. …

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población;

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo;

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes, y

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I…

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III. aVIII. …

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es por lo anterior, que con el objetivo de tener un mayor control con el uso nocivo del alcohol así como reforzar las acciones para el combate al mismo tema y en aras de rescatar la esencia y espíritu de las reformas que pretende la iniciativa incumbencia de este dictamen, es que se da una propuesta por parte de estas Comisiones Dictaminadoras.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud física, psicológica y social;

II….

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación;

II. a III….

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. a II. …

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población;

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo;

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes, y

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I….

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III. aVIII. …

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen, al artículo 112 del proyecto de Decreto.

Las modificaciones a este artículo las someteremos a su consideración. De resultar aceptadas, se incorporarán al articulado del proyecto para su discusión.

El texto que remiten las comisiones está a su disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Artículo 112, fracción III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que le permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticas, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Es cuanto, señor Presidente.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

Posicionamiento al dictamen de la Comisión de Salud que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud.

Mi voto es a favor, debido a la incidencia de este problema en la población, es necesario realizar acciones comunitarias para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas entre los niños y niñas.

En el año 2012, el 25% de los adolescentes consumían bebidas alcohólicas, de ahí la importancia de comunicar las consecuencias de cómo estos productos afectan la salud.

Por otra parte, se deben legislar los establecimientos que distribuyen las bebidas alcohólicas para que realicen las mejores prácticas responsables y eviten la venta de estos productos a menores de edad.

Así como también, se debe considerar la imagen pública que existe asociada al consumo de estas bebidas, pues generalmente están posicionadas en la mente de los consumidores con estados de alegría.

Lo anterior, es con el objetivo de reducir el impacto en la salud pública asociado al consumo de alcohol.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones se integren al texto del proyecto de Decreto. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones al artículo 112 del proyecto de Decreto que fueron autorizados por esta Asamblea.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género ni de edad y se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, ya que no sólo perjudica la salud física del bebedor, sino también la salud mental del enfermo y los daños colaterales que son desastrosos tanto para la familia como para las personas ajenas que se pueden ver involucradas en un accidente, aún sin haber bebido.

El alcoholismo en México es un problema de salud pública que abarca 65 por ciento de la población entre 17 y 65 años.

Con la última Encuesta Nacional de Adicciones 2011, observamos en el año 2008, entre la población total de 12 a 65 años de edad, que el 61.3 por ciento aceptó haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; y para el año 2011, la cifra se incrementó 71.3 por ciento.

El inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, comenzando en promedio a los 12 años.

Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol, típica en la población mexicana, es de grandes cantidades: cinco copas o más para hombres y cuatro copas o más para mujeres, por cada ocasión de consumo, y que casi 27 millones de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón entre menos de una vez al mes y a diario, indicando que aunque no beban con regularidad, cuando lo hacen ingieren grandes cantidades.

La edad promedio en que se inicia el consumo de alcohol también ha disminuido tanto para los hombres como para las mujeres que tienen 17 años de edad o menos.

Dicha tendencia es preocupante, ya que los adolescentes no se encuentran ni física ni mentalmente desarrollados y dichas sustancias pueden influir de manera negativa en su actuación, provocando mayores accidentes no sólo de tipo automovilístico.

Las tendencias del consumo del alcohol en la población de 12 a 17 años son alarmantes, ya que representan 4.9 millones de consumidores, lo que equivale al 10.8 por ciento de los hombres entre 12 y 17 años y al 1.8 por ciento de las mujeres de la misma edad.

En general, el consumo de alcohol afecta a 4.1 por ciento de los adolescentes y a 6.6 por ciento de los adultos.

Como podemos ver, el uso precoz de alcohol entre los jóvenes es muy común y los pone en riesgo de desarrollar alcoholismo.

De todos los jóvenes que comienzan a beber antes de los 15 años, casi la mitad se convierte en alcohólicos.

Además, al consumir bebidas alcohólicas también los pone en riesgo en temas como el embarazo no deseado, contagio de enfermedades venéreas, las agresiones o ataques, depresiones traducidas en problemas con sus estudios y dentro del entorno familiar, entre otros.

El entorno familiar y círculo de amistades desempeñan un papel clave en el consumo de alcohol de los menores de edad. Lamentablemente, muchos menores de edad consiguen el alcohol por parte de los adultos, o bien, por otras prácticas.

Algunos de los efectos a largo plazo en su salud tienen que ver con cirrosis y cáncer de hígado, deficiencias importantes de vitaminas, problemas gastrointestinales, lesiones cardiacas o del sistema nervioso central, pérdida de la memoria y riesgo elevado de impotencia.

Por ello, en el presente dictamen se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud, con la finalidad de reforzar los aspectos de orientación y capacitación de la población en materia de toma de decisiones que puedan afectar la salud física, psicológica y social de las personas, como lo es con el consumo excesivo de alcohol a edades tempranas.

Además, se pretende prevenir y tratar estas conductas de uso nocivo del alcohol a través de la ejecución de programas contra el alcoholismo de la Secretaría de Salud y el reforzamiento de investigación en la materia, con la finalidad de modificar hábitos y patrones de consumo en los grupos de la población que más se ven vulnerados, como son los niñas, niños y adolescentes e identificar y catalogar a las mejores prácticas para el comercio minorista y responsable de bebidas alcohólicas.

Al presente se realiza una propuesta de modificación que tiene que ver con adecuar el texto de la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, únicamente por técnica legislativa, es decir, no cambia el sentido de la propuesta, sólo armoniza el texto con las reformas recientemente aprobadas el pasado 12 de marzo del año en curso por la Asamblea de la Honorable Cámara de Diputados, mismas que se remitieron al Poder Ejecutivo Federal para todos los efectos constitucionales correspondientes.

De tal suerte que quedaría de la siguiente manera:

"Artículo 112, fracción III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades."

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, les pido su voto a favor del presente dictamen, que viene a abonar a la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes mexicanos, que desde hoy pueden estar poniendo en riesgo su salud sin medir las consecuencias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se concede la palabra al Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Muy buenas tardes.

Hablar de alcoholismo en México es hablar de una enfermedad social que afecta no solamente la salud física, sino también la salud emocional, afecta de manera muy especial a grupos que tienen y son propensos en todos y cada uno de los rangos de edades.

Por eso cuando estados en los cuales se presenta gran índice de alcoholismo, se ha tenido que reformar artículos que les permitan hablar de la promoción; hablar de buscar mejores oportunidades, creo, hoy más que nunca tenemos que ser muy claros.

Por eso en esta reforma que se está presentando, estamos de acuerdo en ir sumando esfuerzos, sumando esfuerzos por la salud de los mexicanos.

Pensar que si tenemos una familia adecuadamente formada, si tenemos y estamos conscientes de que el fomento a la educación para la salud es básico, tenemos que ir sumando.

Por eso las fuerzas, todas las fuerzas políticas que conforman este Senado, y en forma especial, nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos de acuerdo con que se presente este tipo de situaciones que van en bien de los mexicanos y, por supuesto, en bien de nuestros hijos.

Muchas gracias, y muy amables.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Oramas Vargas. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 





 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Honorable Asamblea, por acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, daremos trámite a la presentación de un punto de Acuerdo de consenso, en relación con los derechos de las y los trabajadores jornaleros agrícolas.

Solicito a la Secretaría dé lectura.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno federal para que, a través de la autoridad competente en el ámbito laboral, inicie una investigación de las condiciones laborales de los trabajadores que han rescatado, a través de los operativos ejecutados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en las diversas entidades federativas del país, y se informe a esta Soberanía de las sanciones impuestas a las empresas y centros de trabajo donde se detectaron violaciones a los derechos laborales.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a las autoridades responsables de impartir justicia para que inicien las investigaciones correspondientes y se esclarezcan a la brevedad los hechos y, en su caso, de existir delitos, se finquen las responsabilidades y sanciones respectivas.

TERCERO. La Cámara de Senadores solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre la violación de los derechos humanos de los trabajadores rescatados que laboraban en condiciones de sobreexplotación y trato inhumano.

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que informe a esta Soberanía sobre la atención y asesoría que ha brindado a los trabajadores que han sido rescatados en los operativos ejecutados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

QUINTO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, profundice en acciones y políticas públicas que tengan por objeto evitar trato inhumano, vejaciones, sobreexplotación y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: En nombre de mis compañeras y compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a expresar mi posicionamiento a favor del punto de Acuerdo que hace unos momentos se nos ha presentado.

En México los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo.

Debido al desigual desarrollo entre las regiones de nuestro país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo, y en muchos casos lo hacen acompañados de sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan en todo el país.

Existen unas 405 mil familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales.

De acuerdo con cifras presentadas en el informe "Migrantes Somos y en el Camino Andamos", se estima que 3 y medio millones de personas son migrantes internos, de los cuales, la mayoría es de origen indígena.

Con base en la estadística más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se estima que hay 2 y medio millones de jornaleros, de los cuales, cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompaña, señala el Programa de Jornaleros Agrícolas.

La mayoría de estos migrantes son jornaleros agrícolas, quienes migran de las montañas del sur de México, de los estados, entre otros, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz, para alquilar su fuerza de trabajo en los campos agrícolas del norte del país, ubicados principalmente en algunas entidades de Sinaloa, de Nayarit, de Sonora, de Baja California, entre otros.

Desafortunadamente, la escasa preparación educativa de estos jornaleros agrícolas y su pobreza, ocasionan generalmente que sean víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra, quienes vulneran los derechos humanos y laborales de estas personas.

El más reciente, y muy lamentable caso, que desafortunadamente no es el único, se dio a conocer el pasado 20 de marzo, cuando como parte del operativo implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se dio a conocer que más de 200 jornaleros agrícolas, originarios de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, fueron rescatados del lugar donde laboraran, debido a las condiciones inhumanas en las que se encontraban en un campo agrícola del municipio de Comondú, en Baja California Sur.

Durante la inspección llevada a cabo por la propia Secretaría a la empresa "El Cerezo", propietaria del campo agrícola, se registraron 113 violaciones a la legislación laboral, entre las cuales podemos mencionar condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas para consumir alimentos y falta de equipo de protección.

Además se encontraron a 13 menores de edad laborando, 167 trabajadores sin registro ante el IMSS, es decir, sin prestaciones de ley.

Penosamente nos enteramos del caso de 49 jornaleros agrícolas rescatados en un campo del estado de Colima, con condiciones laborales similares a las de Baja California Sur.

Es importante precisar que en lo que va del año, el operativo "México con Trabajo Digno", ha realizado 11 mil 446 inspecciones a 15 mil empresas, con las que se han beneficiado a más de un millón 800 mil trabajadores, de los cuales, 760 mil son hombres, 327 mil son mujeres y 333 menores de edad, en esa edad permitida para trabajar.

En el Senado de la República no debemos ser ajenos a esta problemática, tenemos la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley laboral, misma que nos correspondió colocar en la reforma estructural un importante apartado de jornaleros agrícolas, con la representación federativa que tenemos hicimos nuestra labor en esta importante reforma. Hoy indudablemente el respeto a los derechos fundamentales de estos trabajadores de nuestro país, y en especial, de los grupos más desfavorecidos, como son los jornales agrícolas. Es por ello que hoy colocamos no sólo este punto de Acuerdo, sino nuestra exigencia y exhorto a que se cumplan los preceptos establecidos en la propia ley.

El grupo parlamentario del PRI defenderá los derechos de los jornaleros agrícolas. Es por esta razón, que votaremos a favor de este punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California Sur, a investigar integral, pero sobre todo, a profundizar en revisar esas condiciones de trabajo de estas familias de jornaleros agrícolas de esa entidad, a fin de garantizar su derecho laboral y muy, muy puntualmente sus derechos humanos.

Gracias por este voto que se emita a favor del presente punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Cota Jiménez.

Tiene el uso de la palabra en esta tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en este Senado de la República, desde luego acompañamos las decisiones que se han tomado y que han quedado plasmadas en este punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, que va inscrito en el tema de los problemas que recientemente se han evidenciado en el norte de nuestro país, donde han sido víctimas jornaleros agrícolas, que han sido a través de sus servicios explotados, desde el punto de vista laboral.

Este tema se inscribe dentro del tema de violentación de derechos laborales, de violentación de derechos humanos en contra de connacionales, de hermanos mexicanos, que ante situaciones económicas difíciles, y en el tema también del desempleo que viven algunas regiones del país, son sujetos de que los sorprendan o de que violen sus derechos cuando les ofrecen algunas percepciones, desde el punto de vista laboral, y a la hora de estar en los lugares donde se encuentran los trabajos, no se los respetan.

En este tema, es importante reflexionar que muchos estados de la República tienen necesidad de trabajo, tienen necesidad de que haya actividades laborales para no tener que desplazarse a otras regiones del país. Lamentablemente, cuando esto sucede están buscando la posibilidad de ofertas laborales en otras regiones,

Y en el tema agrícola, en el tema de jornaleros agrícolas, es conocido, pues, que algunos estados de la República, del norte, sobre todo, como Tamaulipas, algunos lugares de Chihuahua, algunos lugares de Sonora, Baja California Norte, Sur, Sinaloa y Nayarit tienen, afortunadamente, algunos sistemas hidroagrícolas que representan la posibilidad de tener hasta dos cultivos en el año de diferentes productos frutícolas, hortícolas, que ocupan, pues, tienen la necesidad de que trabajadores y jornaleros agrícolas sean contratados en estos campos.

Ante esta situación que recientemente vivimos y que se llevaron manifestaciones en zonas agrícolas como en Baja California Norte, precisamente por estar en contra los mismos jornaleros del trato que reciben o recibían, y los casos también conocidos en Baja California Sur, y más recientemente en Colima, deben de ser, pues, un llamado de atención, y en especial a quienes representamos a nuestros hermanos mexicanos a través de las diferentes entidades de la República Mexicana, para hacer un importante llamado de atención.

En esto tienen que estar involucradas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación, los gobiernos de cada una de las entidades de la República, tanto de donde son originarios los jornaleros, como a donde se desplazan para trabajar.

Desde luego también los gobiernos de cada municipio, para que las formas en que son contratados estos hermanos jornaleros, trabajadores agrícolas, sea, en respeto a sus derechos laborales, a sus derechos humanos, para que tanto ellos como sus familias reciban un trato humano, un trato digno, y que estos trabajadores, que representan la posibilidad de ingresos económicos para estas zonas agrícolas, también se vean beneficiados en cuanto a una cobertura en sus derechos de salud a través de atención por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Que cuando haya el desplazamiento de familias, la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como en los estados, los atienda a través, pues, de escuelas a las que asistan los niños, hijos de estos jornaleros, que la Secretaría del Trabajo, Gobernación y Economía también se involucren para cuidar que estos jornaleros también les sean respetados sus derechos laborales y sus derechos humanos.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, desde luego, los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a este punto de Acuerdo, que va, pues, a exigir tanto al gobierno federal, a gobiernos de las diferentes entidades de la República, y también deben de estar involucrados los gobiernos municipales.

Estamos reclamando un trato digno, un trato humano y el respeto de los derechos laborales y los derechos humanos para los jornaleros agrícolas y sus familias.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes. Compañeras y compañeros. Con su venia, señor Presidente:

Cada cierta época del año, ya diversas compañías, si se le pueden llamar así, viajan a diversos estados del país, los más pobres, las zonas más marginadas, la situación de pobreza más extrema, contratando prácticamente a familias completas en zonas marginales, insisto, del país, para llevarlas a que trabajen a granjas, ranchos, que son la nueva modalidad de cultivo de diversas frutas, verduras, en los estados del norte. Esta situación no es nueva.

Aquí mismo en el Senado de la República, presentamos un informe escrupulosamente diseñado por especialistas de la Organización Tlachinollan, donde nos mostraba, incluso, con videos, la terrible situación de explotación y también de trata de personas de que son objeto centenas de familias completas que son ,cada año, insisto, llevadas a estos lugares, donde prácticamente son encerrados, viven en galeras, con tierra, si bien les va les ponen cartones, y se llevan a toda la familia, desde el más grande hasta el más pequeño.

Y los niños y niñas son utilizados, en función de su edad, para la pizca de chile, de jitomate, de todo lo que pueden alcanzar en función de su edad.

Y mientras los más pequeños, los que gatean, los que son muy chiquitos se quedan en las galeras, entre la tierra, en condiciones paupérrimas, que hoy quedan evidenciadas a partir de lo que hemos conocido en San Quintín y también de lo que conocimos con los indígenas de Chihuahua, en el caso de Baja California Sur. Pero la situación no es nueva.

Por eso, a nombre del grupo parlamentario del PRD, este Acuerdo signado por los grupos parlamentarios, con cinco puntos, claro que debemos de aprobarlo; pero no solamente tenemos que exigirle el cumplimiento de estos preceptos que estamos poniendo en estos puntos, sobre todo en los que tienen que ver con la investigación, sino también el censo escrupuloso de todos los lugares que contratan a jornaleras y jornaleros agrícolas para que estén debidamente certificados.

Se garantice que si tienen que viajar con sus familias, exista la infraestructura necesaria para poder albergarlos, además, atención a los más pequeños sin interrumpir sus clases quienes están en la educación.

Quienes son adultos mayores, no sean objeto de explotación, y por supuesto, que se respete los horarios de trabajo, que no sean explotados laboralmente y, por supuesto, se les pague como debe de ser, reconociendo que lo que realizan es un trabajo digno y decente.

¿Qué acontece con los estados?

Los gobernadores nos dicen que ese es un asunto de la Federación, porque como aquí lo acaba de señalar, con toda pertinencia el Senador que me antecedió en la voz, ciertamente son las instancias federales las encomendadas en garantizar que no haya violaciones a los derechos laborales; para que haya condiciones de salubridad; para que tengan la infraestructura adecuada y la educación que requieren estas niñas y estos niños.

El problema de fondo, tenemos que seguirlo trabajando, para evitar que existan y que sigan prevaleciendo esta actitud corrupta, discrecional de las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, que han permitido el crecimiento de estos ranchos y de estas granjas en el norte del país.

Yo creo que el Senado de la República hace bien en signar este acuerdo, y debemos darle seguimiento irrestricto, para que efectivamente hagamos que se cumpla la ley, que se cumpla la ley y se persiga a quienes han cometido un delito, que yo creo que en muchos de estos casos, sí se va tener que comprobar.

Entre ellos, insisto, el de trata de personas con fines de explotación, con distintas modalidades.

Y qué bueno que estamos signando, este punto de Acuerdo por todos los grupos parlamentarios como un asunto prioritario del Senado.

Es cuanto.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI, nuestros jornaleros agrícolas padezcan explotación laboral, abuso de trabajo infantil, sometimiento a trabajos forzados, hacinamiento y carencia de salubridad en el área laboral, incumplimiento en el pago de salarios y falta de contratos por escrito.

En las últimas semanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha rescatado a más de 400 personas en condiciones de explotación, pertenecientes a grupos vulnerables de nuestro país: como las 203 trabajadoras costureras de la empresa coreana en Jalisco; los 200 rarámuris en Baja California Sur y los 49 mixtecos en Colima.

Casos en los cuales se detectaron claras violaciones a sus derechos humanos y laborales, ya que no contaban con ninguna prestación de ley.

Su vivienda era sufragada por sus propios ingresos, horarios extensos que comprendían 12 horas diarias y sometimiento a raciones alimenticias raquíticas por parte de las empresas contratantes.

No podemos estar ajenos A esos abusos en nuestro actuar como legisladores, y menos aún permitir que se repitan. Por el contrario, debemos sumarnos a los esfuerzos de la población en general para erradicar de raíz estas prácticas tan desleales.

Muestra de la indignación, en la que laboran los jornaleros agrícolas mexicanos por las condiciones infrahumanas, es San Quintín, Baja California, en donde jornaleros de la empresa empacadora de vegetales, denominada El Cerezo o el Cerrito.

Desde el 17 de marzo de este año, se han realizado acciones, como paro general y bloqueos a la carretera Transpeninsular, debido a que sufren explotación laboral, bajos sueldos, condiciones de vida miserables, horas extras no pagadas y carencia de seguridad social.

Entre las demandas de los trabajadores del campo bajacaliforniano, están el incremento de los salarios, afiliaciones al IMSS, respeto de la jornada laboral y vacaciones conforme a la ley; pago de horas extras e investigar los casos de acoso sexual a mujeres jornaleras.

Este ejemplo revela una problemática generalizada a nivel nacional, en la que los indígenas de diversas etnias, son llevados con engaños a campos agrícolas, son retenidos de manera ilegal y se les obliga a laborar en condiciones inhumanas, insalubres y vergonzosas; aunado al delito de trabajo infantil, en su modalidad de trabajo forzoso.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce que detrás de esta problemática existe una red de delincuencia organizada, que se pueden calificar como esclavitud moderna.

Por ello, el Partido Verde hace un enérgico llamado a las empresas contratantes de jornaleros agrícolas, a que cumplan con la normatividad en materia laboral, para garantizar los derechos humanos y de trabajo de las personas que prestan sus servicios, como mano de obra en los campos mexicanos.

Exhorta a las autoridades en materia de derechos humanos, laboral, fiscal y de salubridad, a que se investigue a fondo la problemática existente en la empacadora El Cerezo o el Cerrito, así como a las empresas de este gremio, a fin de evitar violaciones y abusos a los jornaleros agrícolas. De encontrar infracciones a la normatividad existente, se penalice con todo el rigor de la ley, con la finalidad de garantizar los derechos de todo ser humano.

Asimismo, invita a que se cumpla con los tratados internacionales en materia laboral y de protección infantil, a fin de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, al trabajo forzado y explotación laboral. Se implemente rigurosamente nuestro derecho interno relativo a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley General de Salud y a la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Victimas de estos delitos, a fin de erradicar la existencia de delitos, abusos laborales y violación de derechos humanos de los jornaleros agrícolas en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Los compañeros jornaleros del Valle de San Quintín, han publicado un pliego petitorio, que no sé si ustedes pudieran considerar que fuera de escándalo.

Están pidiendo un salario fijo y justo por su jornal. Están pidiendo el pago de horas extras. Están pidiendo herramientas de seguridad, porque están en contacto con pesticidas; están en contacto con agentes contaminantes. Piden el cumplimiento de sus incapacidades de maternidad y paternidad.

Pero en una tierra de despojo y en una tierra de abandono, cuando se demanda justicia, al parecer se agravia.

No voy a poner en entredicho el aspecto comercial de lo que es el Valle de San Quintín y los productores.

No, no estoy enojado con quien produce; mucho menos molesto con quien exporta, porque hay que decir que a diferencia de otros temas de orden agrícola, el 90 por ciento de lo que se cosecha en San Quintín se va allende las fronteras.

Y, obviamente, los compañeros jornaleros, 80 por ciento de ellos de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas, de Sinaloa, están reclamando que si el productor goza de un amplia tecnología, que si el productor, en su caso, exporta y recibe ingresos en dólares, pues es obvio, que el pago de un jornal de ocho o diez horas, a razón de 110 pesos, es un insulto.

¿Y qué pretenden? Pues el pago de un jornal, por lo menos de 250 o 300 pesos, que sigue siendo un pago de miseria.

Sí quiero dejar muy establecido que el movimiento de los jornaleros es absolutamente legal y moralmente aceptable. Y también quiero decir, que algunos grupos de distorsión, ya fuera local o nacional, están señalando que los jornaleros cometen actos vandálicos y despojan a las tiendas comerciales y roban los camiones repartidores. Esto es una mentira.

Los jornaleros oaxaqueños, chiapanecos, zacatecanos, sinaloenses, son gente honrada, son gente que se gana la vida de sol a sol, y no obstante en manejar productos alimenticios, tienen hambre y están enfermos de muchos padecimientos.

Yo quisiera que alguna comisión de salud fuera a esa zona a reconocer los padecimientos endémicos que hay a nivel de vías respiratorias y a nivel de piel, lepra, de pirosis, que existe en ese lugar; bacterias atípicas que son contraídas precisamente por las condiciones insalubres con que estos trabajadores se desempeñan.

Y otro tema diferente es el tema de los actos vandálicos.

Me niego a creer que el gobierno del estado haya infiltrado pandilleros, me niego a creerlo, no creo que sea el nivel de un gobernador. Lo que sí puedo asegurar es que es una zona tan pobre, tan alejada del progreso, y sobre todo tan deprimida desde el punto de vista social, que hay un caldo de cultivo donde la gente tiene hambre, donde la gente cuando ve la manera de hacerse de algún recurso, de alguna comida o de algún artefacto lo va hacer, porque es una zona altamente deprimida.

También quiero señalar la pobreza política del gobernador de Baja California, le dicen Kiko, así le gusta que le digan, así le vamos a decir; la miseria política con que está enfrentando este caso. No es posible que un gobernador quiera resolver una situación que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con el hambre de la gente, con el subdesarrollo de miles de personas, tomándose fotografías y publicándolas en redes sociales, haciéndose el gracioso y frívolamente diciendo que atiende los problemas, cuando el pliego petitorio, que se le exige como gobernador del estado, no está siendo atendido.

Por ejemplo, señala el Kiko, así le gusta que le digan, así le vamos a decir, que MORENA está detrás de los actos vandálicos del Valle de San Quintín, y desde aquí le digo: "No mienta, MORENA y todos los partidos progresistas hemos estado consistentemente en el Valle de San Quintín, inclusive antes de que él pensara ser funcionario público".

Las necesidades de los compañeros jornaleros han sido atendidos por diversos partidos, en lo personal tengo una campaña humanitaria anual, en donde atendemos a 5 mil ancianos que viven en esa zona, y tengo que decirle que modere sus palabras.

Los partidos políticos progresistas sí estamos en esa zona, y estamos trabajando, y si a él le consta, y en esto incluyo a mis compañeros con todo respeto, Senadores, a Víctor Hermosillo y Celada, a Ernesto Ruffo Appel, si pudieran acreditar aquí que algún compañero de izquierda, llámese como se llame y se apellide como se apellide, está involucrado en los actos vandálicos, que lo denuncien; pero lo que les puedo asegurar es que nosotros lo que estamos haciendo es atender con comida, atender con apoyo médico a estas personas que son sujetas de despojo.

Recientemente, y quiero aquí nada más dar una idea del nivel de miseria política que se maneja en la entidad; el gobernador del estado le llamó a las mujeres, compañeras, les dijo que "estaban muy buenas, pero para lavar, para planchar y para arrimarle las pantuflas a los viejos".

¿Ustedes creen que esa es una expresión digna de una persona que detenta la más importante posición a la que puede aspirar una persona que sirve a su estado?

Y otro caso más, una importante cadena de periódicos, los periódicos Daily, que se desempeñan digna y profesionalmente en diversas entidades, entre ellos Baja California, le han descubierto una serie de actos de corrupción al gobernador, entre ellos, uno que parece serlo, la construcción de una mansión de 3 millones de dólares en una de las colonias más acomodadas de Tijuana, en pleno ejercicio como gobernador. ¿Habrase visto un abuso más torpe?

Y tratando de castigar a esta empresa, que en Baja California edita los periódicos La Crónica de Mexicali y el periódico Frontera, el gobernador, en un caso inédito, acusa de extorsión, a través de inserciones pagadas a este periódico, señalando que los muchos actos de corrupción que se le señalan en esas páginas son porque no les quiere comprar publicidad, y a través de ese desplegado anuncia la cancelación comercial con esa empresa.

Y yo les digo aquí, esta situación, la de San Quintín, se debe de resolver con política, se debe de resolver con una política social que pase por la política de salud, por la política laboral.

Los señores jornaleros no están pidiendo fotografías en redes sociales, y no están pidiendo tampoco lástima, porque saben defenderse. Lo que están pidiendo es el justo pago por su jornal, y están pidiendo que todos los derechos que los mexicanos tenemos como trabajadores también ellos los tengan.

Y aclaro, la gente de San Quintín es gente honrada y es gente trabajadora; y le demando públicamente, en este espacio legislativo, al señor gobernador, tendré que llamarlo así, que se disculpe con el género femenino, que se disculpe con los jornaleros, y que se disculpe porque también agravia la libertad de expresión.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Ha solicitado la palabra, para alusiones, el Senador Ernesto Ruffo.

Adelante, Senador.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros Senadores:

Primero, claro, es de suma importancia el que encontremos siempre la manera constructiva de cómo poder acompasar a nuestras escasas oportunidades, en este caso los asuntos del campo, y desde luego estamos de acuerdo con el punto de Acuerdo que propuso el compañero Manuel Cota.

En esta razón secundar el punto de Acuerdo, pero sí aprovechar que mi compañero Senador Blásquez me refirió, y seguramente pues porque me tocó, desde ser Alcalde en 1986, conocer de esta exacta, misma, igual dinámica. O sea, esto no es algo nuevo que suceda alrededor de los trabajadores jornaleros temporales migrantes del campo.

Así que, primero, quiero agregar contexto. Primero, referir que estos asuntos que hoy, por ejemplo en la Baja California, la parte norte, genera cerca de 400 camiones al día de hortalizas, es un área, una región que por la escasez del agua ha tenido que esmerarse, especializarse y, por lo mismo, es altamente productiva.

Hubo alguna ocasión en que, por allá de aquellas épocas del 86, tuvimos hasta 70 mil trabajadores temporales, y hoy podemos decir que cerca de 50 mil ya están establecidos, ya tienen casa, ya están ocupados de manera prácticamente permanente, y esto es porque se ha podido desarrollar una actividad económica que ha generado oportunidades para ese número de personas, y sigue complementándose con nuevos, que se ven atraídos por los niveles de sueldo existentes y que son una solución.

Veamos, generalmente sucede esto por las ventas comerciales que se dan en el mercado de los Estados Unidos, y están algunos comercializadores siguiendo la oportunidad, y por ello es que de repente aparecen 20, 30, 40 hectáreas en un lugar yermo pero donde encontraron agua y empieza la producción, pero no hay ni casas, ni tubos ni alambres de electricidad, simplemente así, arranca; pero como dije, ya hay 50,000 asentados; ahora 400 camiones al día no son poca cosa; hay 320 compañías entre Ensenada y Comondú, en la Baja Sur; pero hay 20 más o menos que lo que menos les importa es el precio de la caja o si le pagan bien al trabajador.

Son gente que está realmente usando la actividad para mover dinero, ya saben de qué les estoy hablando, y allí pues ha habido ausencias, sí de la autoridad; no ha habido las inspecciones del trabajo, ¿por qué razón?, no han estado los inspectores de SAGARPA, no han estado los auditores de Hacienda, y esto causa una dinámica que, ¿pues no será parecido lo que pasó en Michoacán o que está pasando en varias partes del país?

Bueno, es algo que tenemos que agregar al contexto, sin duda, que tenemos que ver por los derechos humanos y por el cumplimiento que dé los mínimos de dignidad a las personas.

Pero, entre estas razones, y luego, ¿no será casualidad que estamos discutiendo esto ahora en época electoral?, ¿que estas dinámicas se despiertan precisamente a la hora de las elecciones?

Bueno, decirles también que los bloqueos a la carretera en San Quintín, pues se parecen muchísimo a las manifestaciones aquí en la avenida Reforma, cuando rompen ventanas y rayan paredes y nadie hace nada.

Así que, compañeros, yo creo que todos estamos inmersos en una problemática que debemos de abordar de forma constructiva y no aprovechar electoralmente.

¿Qué habrá gentes de partidos políticos presentes?

Pues yo creo que habemos de todos, porque son elecciones. Pero sí hay otros o algunos muy conocidos, porque traen trayectoria, y esa la conocemos también todos, y yo no quiero iniciar aquí un debate con nombres en lo particular, pero sí, debemos saber que hay especialistas en la disrupción, y están relacionados con algunos partidos políticos, pero habemos de todo en esta viña del Señor.

Así que, en este asunto de la problemática común de la escasez compañeros: hay un millón cien mil personas que ocupan de trabajo cada año; esta economía nuestra sólo produce 550,000, ¿qué pasa con los otros 550,000 que ocupan de trabajo? Se van, ¿a dónde?, a la informalidad, ahí están afuera, en la calle, saliendo de este escenario, ahí están afuera, y no tienen prestaciones o se van de migrantes, ¿por qué creen pues que nuestra población se va?, ¿por qué estamos en jauja aquí o qué?

Así que, midamos las cosas, y muchos otros se van al crimen porque no les queda de otra, así que, compañeros, definitivamente apoyar derechos humanos, comprender la naturaleza de la situación, hay oportunidades, en este caso temporales, pero pueden con el fomento, por ejemplo de SAGARPA.

Propongo que haya una unidad especial en SAGARPA para atender las oportunidades de los trabajadores temporales, a lo mejor el Senador Cota nos puede ayudar también mucho en eso, y darle fomento a la actividad; necesitamos oportunidades de trabajo garantizando así, el respeto a la dignidad de las personas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ruffo Appel.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada también fue aludido por el Senador Blásquez, por lo tanto le concedemos el uso de la tribuna, y como no hay alusiones por alusiones, Senador, entonces, seguimos el orden de la lista como va.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias, señor Presidente con permiso.

El Valle de San Quintín es una región estratégica para Baja California, ya que cuenta con una gran actividad económica, principalmente en el campo agrícola donde los principales productos son: fresa, arándano, pepino, cebolla, frambuesa y tomate; además de actividades relacionadas con la pesca, turismo y el comercio.

En la actividad agrícola hay un padrón de 500 productores, de los cuales destacan 47 ranchos que presentan más del 80 por ciento de la producción del Valle, en el que se agrupan más de 40,000 trabajadores que están agremiados en organizaciones sindicales como CTM, CROC y CROM, que son los que tienen la relación formal con los productores y quienes tienen el contrato colectivo que rige las condiciones generales de trabajo.

Además, existen, como dice el Senador Ruffo, y lo mismo el Senador Blásquez una cantidad de más de 1,800 trabajadores de campo que son considerados eventuales, ¿por qué?, porque la mayoría ahí ya se ha asentado en Baja California, ¿por qué?, porque ven ahí una fuente de trabajo con ingresos superiores de donde vienen, eso es natural, o sea, si en sus lugares de origen estaban en situaciones de penuria, y van a otro lado y reciben mejor trato y mejores condiciones pues se quedan ahí. Es una región que ha subido su población enormemente y hasta quieren hacer ya un municipio.

Desde 2014 se identificaron a varios líderes de diferentes comunidades quienes se manifestaron en demanda de servicios, obras de infraestructura y su solicitud de mejoras a las condiciones de trabajo. Eso es normal.

Ante dicha situación, se creó ahí una mesa de atención y gestión con quienes se construyó una alianza de organización nacional, estatal, municipal por justicia social; la mayoría de ellos no son trabajadores agrícolas, son comerciantes, maestros que están aquí en San Quintín, y tienen todo el derecho.

Misma que está integrada por líderes sociales, casi en su totalidad en la Delegación Vicente Guerrero, ahí están, digo, tienen todo el derecho.

Los manifestantes han sido atendidos personalmente en la mesa de trabajo y en la comunidad por parte del SIDUE, es un organismo del estado, la Secretaría del Trabajo, SEFOA, por parte del gobierno del estado y la Delegación Federal del Trabajo por parte del gobierno federal atendiendo y resolviendo sus demandas planteadas, además de sus denuncias sobre las irregularidades.

Una de las principales demandas, fue la de suscitar un aumento de sueldo mínimo para los trabajadores de Baja California a 300 pesos diarios, situación que los productores no estuvieron de acuerdo por considerarlo inviable, además que esto es facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y no de las autoridades locales.

Aquí hay problemas locales, municipales, estatales y federales.

Esta situación derivó que en diciembre de 2014, la alianza se levantara de la mesa de trabajo y decidiera no volver a participar en ella, mientras no se lograse lo que ellos querían, que era un salario mínimo de 300 pesos.

El martes 17 de marzo convocaron e iniciaron movilizaciones en diferentes comunidades, haciendo un paro laboral que consistió en obstruir 14 puntos de la Carretera Transpeninsular, movilizando alrededor de 1,800 personas, llegando, en algunos casos, a sostener medidas violentas, como utilizar piedras, palos, generando daños en ventanas, comercios y vehículos que transitaban.

La radio indigenista suspendió sus labores el primer día, porque sus instalaciones sufrieron actos vandálicos, hay ahí una radio indigenista, y en días posteriores, ya con seguridad, reanudó operaciones.

El punto de las movilizaciones se identificó al norte con Punta Colonet y al sur con la comunidad de Papalote, a una distancia de cien kilómetros.

El gobierno del estado convocó de manera permanente al grupo de la coordinación con la concurrencia de autoridades federales, estatales y municipales, o sea, no nada más está el municipio y el estado; están las autoridades federales también en San Quintín, autoridades de trabajo, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría General de Gobierno, poniendo en marcha un operativo para salvaguardar la seguridad de las personas y su patrimonio, además de garantizar el libre tránsito por la carretera que es una vía de comunicación, hay que hacer el libre tránsito.

Se sigue tratando de salvaguardar la seguridad en los campos agrícolas, zonas estratégicas, centros de trabajo, escuelas, los cuales están funcionando en su totalidad.

Se ha identificado el involucramiento de personas ajenas al movimiento de los jornaleros, causando desmanes y actos vandálicos, que la autoridad ha procedido a contener y a detener en algunos casos.

Se instaló una mesa de diálogo con los participantes representantes de los tres órdenes de gobierno: el Instituto Mexicano del Seguro Social, gobierno municipal, derechos humanos, la representación de los productores agrícolas y gremios sindicales, CROM, CTM y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría del Trabajo, o sea, todos están en San Quintín atendiendo.

Se ha avanzado de manera importante registrando avances y acuerdos en 11 de los 14 puntos planteados en la Mesa.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senador.

Senador Blásquez, ¿con qué motivo?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Perdón, era para alusiones, cuando concluya el orador.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No, usted lo aludió, entonces, no hay alusiones por alusiones. Lo tengo inscrito en la lista de oradores.

Adelante, Senador.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Además, se ha establecido comunicación con empresarios, comerciantes, grupos sociales y ciudadanos en general.

Se trabaja a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con los propietarios de los negocios vandalizados, con el fin de apoyarlos en la normalización de sus labores.

En el 90 por ciento, se han restablecido las actividades en general en la zona del Valle de San Quintín y se sigue avanzando.

El gobierno estatal, junto con los otros órdenes de gobierno, está privilegiando la seguridad de las personas, el respeto al derecho humano tanto de los trabajadores como de las empresas, así como el diálogo y la construcción de acuerdos en la mesa.

Esto es lo que está sucediendo en San Quintín. Si me quieren creer, bien; si no, hay otras versiones, verdad.

Yo no digo que tengo la verdad absoluta y sería muy difícil que pretendiera. Lo que sí les digo, como el Senador Ruffo, es una zona que se ha hecho a base de mucho esfuerzo, tiene una gran tecnología, es una zona que aporta mucho al estado de Baja California, que aporta mucho a todo el país, el caso es que la mayoría de los trabajadores que ahí se fueron a Baja California, es porque tienen mucho mejor situación que donde vivían.

Aquí, hay que hacer un llamado a las autoridades del trabajo, de sanidad, de derechos humanos que pongan atención. Digo, de seguro deben existir situaciones que se pueden mejorar definitivamente, verdad, pero también esto de forzar a los patrones de una manera u otra que den un salario así nada más sin un diálogo, no es posible; las empresas tienen también sus costos y hay que escucharlas.

Aquí no hay que satanizar ni a trabajadores ni a empresas, en México somos tan necesarios los trabajadores como las empresas.

Las personas que digan que todos los empresarios son explotadores, pues es una falsedad y es una falta de respeto para los empresarios; y es una distorsión para nuestro país que se trate así a personas que han arriesgado mucho dinero por muchos años y que le traen al país progreso y también a los trabajadores, que también somos mexicanos tenemos que entrelazar nuestros esfuerzos, unos con capital, talento y otros con su trabajo.

Mucho cuidado con lo de San Quintín.

Yo opino, como dijo el Senador Ruffo, en estos tiempos electorales hay cosas que desatan situaciones de conflicto que muchas veces después nos arrepentimos.

Señores, en Baja California hay respeto a la persona.

Baja California es un estado progresista, es un estado en que también hay miseria, es un estado en que también hay pobreza; ningún estado está libre de eso, pero, sinceramente se los digo, hay más respeto precisamente porque hay más oportunidad también.

Entonces, mucho cuidado con satanizar a empresarios agrícolas que pueden traer muy graves consecuencias al país.

Porque también estos empresarios tienen convenios con la gente que les venden sus productos, que pueden afectar su futuro el destino de estas empresas que, como dijo el Senador Ruffo, son más de 400 camiones diarios que cruzan la frontera.

Luego andamos buscando en el extranjero que vengan a invertir aquí, y luego si de esta manera después desanimamos a que vengan a invertir, en qué situación quedamos, hay que ser sensatos.

Y sí, yo estoy de acuerdo en que las autoridades estén ahí vigilando que las cosas se hagan bien y estoy de acuerdo con Cota y estoy de acuerdo con lo que él propuso.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Voy a leer la lista de participantes. Por lo tanto, les voy a pedir que nos ajustemos a los tiempos, porque es una lista todavía larga: Senador Armando Ríos Piter, Senador Isaías González Cuevas, Senador Fidel Demédicis, Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador Benjamín Robles, Senadora Mayela Quiroga, Senador Héctor Larios y Senador Marco Antonio Blásquez.

Por lo tanto, les pido nos ajustemos al tiempo para poder concluir esto favorablemente.

Tiene el uso de la tribuna, el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente quisiera reencauzar, después de esta sustanciosa participación del Senador Víctor Hermosillo, el tema que nos tiene planteando este punto de Acuerdo. No es hablar de los empresarios, que sé que hay muchos no solamente en Baja California, sino en el país, que en la parte agrícola tienen un buen desempeño, un buen desarrollo de sus actividades, no es venir a debatir en contra de los empresarios o si se requieren tener trabajadores o no trabajadores, creo que esa no es la ecuación.

La ecuación que yo entendí, de parte del Senador Marco Blásquez, es que existen alrededor de 12 mil trabajadores en las zonas agrícolas de San Quintín de manera particular, a los cuales no se les han cubiertos sendas minutas que han suscrito, en las cuales obviamente hay derechos laborales que no se están atendiendo.

Y lo quiero comentar, Senador, porque el motivo del debate es un tema de escándalo, yo no creo que haya que verlo como un tema menor.

El tema de este punto de Acuerdo tiene que ver con paisanos míos, 48 de ellos mixtecos, de las zonas más pobres del país que, en efecto, tienen que ir a buscar mejores condiciones, a veces en otros lugares del país, como en el caso de San Quintín o como en el caso de Colima, pero que en este caso están siendo plenamente explotados en una condición prácticamente de esclavitud.

Cuando uno ve las entrevistas a niños en las cuales se habla de que se les paga 3 pesos por tener una rejilla de papa o de pepino llena, pues es algo que tiene que escandalizarnos en todas las dimensiones, y no es un tema de un debate entre trabajadores y empleadores, es un tema de derechos laborales y es un tema de acciones ilícitas, y por eso ese punto de Acuerdo que venimos aquí a plantear y a defender, porque si existen empresarios que trabajan bien; también hay muchos, señor Senador, que trabajan mal.

Y hay muchos, como dijo el Secretario del Trabajo, por lo menos rescato la declaración que yo escuché, en los cuales hay por lo menos indicios, en el caso particular de Colima, en el caso particular de los rarámuris, que se puede presumir que están involucrados con el crimen organizado.

Lo quiero poner en contexto, es sano, sin duda alguna, escuchar cómo está funcionando el estado de Baja California, pero el motivo fundamental de este punto de Acuerdo es exigirle a las autoridades que este no se quede como un caso más, lo digo como guerrerense, a mí me motiva venir a hablar por 48 mixtecos que representan las peores condiciones de desarrollo del país y que tienen que salir precisamente porque no se han logrado condiciones de desarrollo del crecimiento en la montaña, que van a buscarla a otras latitudes.

Qué bueno que San Quintín sea un lugar de éxito comparado con otras latitudes, pero lo que tenemos que poner en contexto en este debate es qué se tiene que hacer contra aquellos actores que económicamente están explotando la condición de miseria y de pobreza, y que son familias enteras, niños, que están siendo explotados.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame Senador. Senador Hermosillo, dígame.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo no estoy en contra.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Cuál es el motivo de su participación? Para alusiones. Una vez que concluya el Senador, con gusto.

 El Senador Armando Ríos Piter: Entonces, dicho esto, solamente es una reacción, señor Senador, a los comentarios de usted, es venir a apoyar este punto de Acuerdo.

Tenemos que exigirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atienda este tema, tenemos que exigirle a la Procuradora que esto no se quede en dichos esta investigación, se requiere que vaya a la máxima profundidad si es que ya una autoridad, como el Secretario del Trabajo ha señalado que hay indicios de que participación del crimen organizado.

La intención de mi participación es venir a fortalecer este punto de Acuerdo, estoy de acuerdo que existen distintas diferencias en Baja California, Norte, pero sé, Senador Hermosillo que usted apoya como yo, que ahí donde hay injusticias, ahí donde hay actos ilícitos, y ahí sobre todo donde hay violaciones de derechos humanos, pero especialmente a niños, que usted también apoya esa moción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter.

Para alusiones, el Senador Víctor Hermosillo y Celada.

Senador, son cinco minutos los que usted tiene.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Coincido en la totalidad, en lo último que dijo mi compañero Ríos Piter, no debe haber injusticias. Yo tengo muchos trabajadores, y son parte de mi empresa, la empresa es de trabajadores y empresarios, capital y trabajo, eso es; no son nada más los empresarios.

Lo que sí se ha satanizado es a los empresarios, y en eso sí yo no estoy de acuerdo. Ninguno en este mundo es querubín, hay malos y buenos, el chiste es precisamente con las leyes y evitar que haya abusos, y en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso estoy con el punto.

Esa es una situación que recae sobre la autoridad, ese es su papel, armonizar las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, eso es lo que yo estoy pidiendo, en lo que sí no estoy de acuerdo es que se hable, digamos, y se generalice porque crea un ambiente que no es bueno para el país, lo mejor que podemos hacer es vivir con armonía y conforme la ley.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros Senadores, aquí se ha tratado un tema bien importante y que está en el artículo 2, en el tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el trabajo digno, decente, también incluye el respeto irrestricto de los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva.

Estamos totalmente de acuerdo en este punto que se ha venido a expresar y que va a favor de respetar los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Ya se ha hablado de que es una responsabilidad del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, de lo cual estamos de acuerdo. Pero también se ha hablado aquí de los derechos de los trabajadores y que también están, se ven inmiscuidas las organizaciones sindicales: CTM, CROC y CROM.

Yo quiero comentar esto respecto de que las personas perjudicadas por violaciones a sus derechos laborales también están sujetas al contrato de protección, que son simulación de relaciones colectivas de trabajo, pues los trabajadores desconocen a qué sindicato pertenecen y quién es el dirigente sindical, esa es una parte importante que debemos de ver.

Que los trabajadores de acuerdo al artículo 123 y al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, deben de organizarse libremente, de redactar sus estatutos, de elegir democráticamente su mesa directiva si ellos lo quieren a qué organización, a qué central sindical pertenecen, eso es algo importante que todas las autoridades: municipales, estatales y federales debemos de vigilar, porque de otra manera se va a quedar en un punto de Acuerdo y nada más, y hace falta que los propios trabajadores ejerzan su derecho que está plenamente establecido en la Constitución.

Este Senado defendió el artículo 123, hay que hacerlo valer, hay que decirle a las autoridades municipales y estatales que dentro de lo que les faculta de vigilar los derechos laborales, que les permita hacer el ejercicio de sindicalización libre y democrática.

Eso es algo importante porque de esa manera van a vigilar en forma permanente sus derechos, de otra forma va a ser algo que se va a acordar pero se les va a dejar abandonados y que van a estar sujetos a que estas constantes violaciones se vengan cometiendo.

Y que, también como se dice, el crimen organizado esté ahí involucrado, que grave es esa situación porque los trabajadores estarían totalmente desamparados.

Yo reitero que como organización sindical que somos, hago esta autocrítica, que si hay algún sindicato de mi central, lo repruebo totalmente, y convocamos a las organizaciones, a los trabajadores para que hagan el ejercicio que hicieron los trabajadores en San Quintín, de hacer y que se les permita hacer su organización sindical libre y democráticamente, esa es parte fundamental de este punto de Acuerdo para que los derechos consagrados en el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo estén vigentes en ese grupo de trabajadores, importante de México, que son nuestros compañeros jornaleros de este país.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senador González Cuevas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Coincido plenamente con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, hay que hacer valer la ley, y antes de iniciar mi disertación quiero hacerles una propuesta.

El tema que estamos tratando no es un tema menor, estamos hablando de violaciones flagrantes a la ley, estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza, estamos hablando de encubrimiento de autoridades; estamos hablando de solapamiento de quien debe aplicar la ley y se hace, iba a decir una palabra en "Cócorit", y no hace caso de la misma.

De eso estamos hablando, de corrupción a todo lo que da en perjuicio de lo que nosotros defendemos aquí, todos desgarrándonos las vestiduras de los niños, niñas y los adolescentes que trabajan en condiciones sobrehumanas en los campos y las industrias de este país.

¿Cuál es la propuesta? Que generemos una comisión especial que investigue la explotación infantil en México, para que se castigue con todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.

¿Cuáles son los temores que tenemos, cuando hablamos de la instalación de comisiones especiales? Bueno, ahí está Oceanografía, no avanza, y no avanza por una razón simple: los intereses poderosos de este país no quieren que se descubra la verdad, y en consecuencia, los Senadores que están en esa comisión, no sólo llevan pasos de tortuga, con todo respeto, sino que simplemente no hay avances, mientras la sociedad está insistiendo en que haya cuentas claras, no sólo en ese tema, sino en todos los temas delicados que venimos a tratar a esta tribuna, y como es este, que estamos hablando de la violación del Convenio 138 de la OIT, estamos hablando de la violación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, estamos hablando de todos los tratados que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.

¿No es nuevo? Claro que no es nuevo, compañeras y compañeros. Por eso la lucha de la clase trabajadora ha sido tan pertinaz, tan insistente, aunque haya habido mártires como los de Chicago, como los de Cananea o como los de Río Blanco. ¿A costa de qué?

La clase trabajadora quiere ser tratada como lo que son, seres humanos y la clase trabajadora quiere que sus hijos no tengan que trabajar en condiciones sobrehumanas para dejar la escuela.

Ese es el tema, ¿por qué se da la lucha terrible en la revolución industrial? Porque las condiciones eran sobrehumanas, 34 años, 34 años era el promedio de vida de un ser humano en la revolución industrial. Gracias a la lucha, aquella gran convocatoria de proletarios de todos los países unidos, la clase trabajadora se empezó a organizar, y lograron lo que en este Senado: el derecho de asociarse para defender sus derechos laborales, lograron condiciones de jornadas para poder atender a la familia y para poder descansar jornadas de 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas para atender a la familia y 8 horas para el descanso.

Se logró, compañeras y compañeras, que hubiera seguridad social, se logró derecho a una vivienda digna, se logró tener seguridad de higiene industrial. Eso es lo que quiere la clase trabajadora, y por supuesto que ningún padre de familia, por inhumano que sea, quiere que sus hijos sean tratados en las condiciones en que están siendo tratados los niños en esto que es la punta del Iceberg, Comondú, Colima y San Quintín, algunos aquí, se vienen a desgarrar las vestiduras, porque los compañeros de San Quintín bloquean carreteras, están bloqueando carreteras y no están haciendo lo que hicieron los revolucionarios de 1910, ante la forma inhumana en que eran tratados.

¿Qué se requiere para resolver esos conflictos?

Para los que han venido a hablar aquí, de ese conflicto, que no es el centro del tema, se requiere que los capitalistas, los dueños del capital, cedan un poco en sus ganancias, ni siquiera están pidiendo las perlas de la Virgen, están pidiendo 300 pesos como salario mínimo, 300 pesos, con una ganancia de más de mil 500 millones de pesos, solamente en Baja California, con el tema de la fresa, los capitalistas sinceramente no podrán darle a los jornaleros un salario de 300 pesos.

El tema, compañeros, es ese, que los trabajadores sean vistos como seres humanos, se bloquean las carreteras cuando las condiciones se hacen ya imposibles de tolerar, entonces, el ser humano se manifiesta, recuerden aquella rebelión de los colgados: "Aunque el amo me mate, a la mina no voy".

El tema de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto que es un tema que el Senado no debe, no puede mirar con indiferencia.

Tenemos que formar esa Comisión, es una solicitud que le hago a todo el Pleno del Senado, para que de una vez por todas, logremos que las leyes que aquí hemos aprobado, puedan hacerse efectivas, a favor de las niñas, niños y adolescentes de este país.

A favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Me da gusto que podamos estar discutiendo estos temas tan sensibles para México en este Senado de la República.

Ojalá que en todas las sesiones podamos acordar temas de este tipo en la agenda, para que se le dé el impulso por parte de todos los grupos parlamentarios.

Yo quisiera hacer una petición, para no ser reiterativa con todo lo que aquí se ha dicho, y es una petición muy concreta que el día de hoy estaría presentando ante este Senado, mi compañera Senadora Adriana Dávila Fernández.

Hice ya una revisión de los cuatro resolutivos al punto de Acuerdo, que presentaría el día de hoy, que tiene que ver con el mismo tema, y me gustaría hacerle la petición a esta Asamblea, para que pudiesen dos resolutivos de los cuatro, porque los otros dos ya han sido incluidos en la propuesta de la Mesa Directiva.

El primero, sería:

"Se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República, para que en sus investigaciones o averiguaciones realicen con claridad el ejercicio de imputaciones o acciones penales, con el propósito de diferenciar los delitos de explotación laboral o trabajos y servicios forzados, y consecuentemente obtener las sentencias favorables que permitan erradicar ambos delitos e informen de los resultados a esta Asamblea".

Y el segundo resolutivo sería:

"Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que en la siguiente reunión ordinaria informe a sus integrantes sobre la situación de los trabajadores jornaleros y su posible victimización de trata de personas con distintos fines de explotación, principalmente los trabajos y servicios forzados".

Nos parece fundamental a los Senadores de Acción Nacional, que podamos incluir también la parte de Trata de Personas.

Es cuanto.

Le pediría al Presidente preguntarle a esta Asamblea, si es posible poder incluir estos dos resolutivos.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora, le pido nos haga llegar por escrito, y en su momento lo ponemos a consideración de la Asamblea.

Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

No es la primera vez que me permito subir a esta alta tribuna a hablar sobre este tema de los jornaleros agrícolas.

En algunos recorridos que he realizado por algunos estados de la República, para ir al encuentro de mis paisanos que han tenido que dejar Oaxaca en busca de oportunidades, he ido a ver las condiciones prácticamente de esclavitud en la que viven.

Y no es la primera vez que presento aquí, ante ustedes, este tema, ya presenté en alguna ocasión un punto de Acuerdo, porque no puede permitirse, y ofrezco, señor Presidente, también presentarle por escrito una adición a este punto de Acuerdo presentado por la Mesa Directiva, donde se pueda incluir la creación de una comisión de Senadoras y Senadores, que vayamos directamente al lugar de los hechos a ver de lo que estamos hablando, para que no nos dejemos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, sino que podamos ver, en el lugar de los hechos, lo que está pasando.

De lo que hablamos, compañeras y compañeros, sin duda, es del pago precario de los trabajadores del campo, y eso, sin duda, también representa un pendiente, uno de los más urgentes pendientes en la agenda del Presidente de la República, en materia del agro mexicano.

La pobreza, compañeras y compañeros, de los trabajadores jornaleros, complica, hay que decirlo, aún más el rezago, la crisis que se vive hoy en el campo de nuestro país.

Y, bueno, pues no es que quiera repetir, pero justo en estos días, todos sabemos que trabajadores del campo en San Quintín, en Baja California, como pudieran haber sido en Baja California Sur, donde también ahí hay un trato deshumanizado, o como nos hemos dado cuenta también en Colima y en muchos lugares han acordado sumar una serie de acciones precisamente para que se les trate con dignidad.

Los trabajadores, esos que se han manifestado, pero otros que no lo han hecho, les garantizo que también están hartos de los bajos sueldos, de las condiciones de vida miserable, de las horas extras en que los ponen a trabajar a fuerza, estamos hablando, por lo tanto, de una explotación laboral.

Y sí, reiterar que el 17 de marzo, ese movimiento de jornaleros agrícolas del sur, que hoy nos permite hacer uso de la tribuna para tocar este tema, pues, es evidente que debe permitirnos poner en jaque a esas trasnacionales, que en esa región del país y en otras más, han hecho de las suyas sin que ninguno de los niveles de gobierno haya asumido con responsabilidad la tarea que les corresponde.

No se puede ignorar que lo que están planteando, en voz de muchos más que no han elevado su voz, lo que están planteando es algo que nadie les puede negar, respecto a la jornada laboral, afiliación al Seguro Social, vacaciones conforme a la ley.

Si yo les dijera lo que vi hace mucho, y que provocó que durante el pasado periodo de sesiones presentara yo un punto de Acuerdo, concretamente el 25 de junio del 2014, donde estaba planteando prácticamente lo mismo que hoy estamos incluyendo, y por eso me parece, Senadoras y Senadores, que aunque son puntos en los que no podemos estar en desacuerdo, en exigir que las autoridades asuman la tarea que les corresponde, también debiésemos, señor Presidente, a que una comisión plural de Senadores y Senadores vayamos para llamar la atención de todos los niveles de gobierno, y dejemos, bien claro que no se puede permitir que esto siga sucediendo. Le haré llegar el texto de esta propuesta para que se incluya,

Por eso hago uso de la palabra, porque lo he visto, lo he señalado en esta tribuna, y también en otras tribunas donde he podido hacerlo.

No podemos permitir, lo digo con todo respeto, compañeras y compañeros, que esto se quede en meros exhortos.

Si vamos, como comisión plural, a ver lo que está pasando con este trato deshumano, les garantizo que parte de lo que están viviendo muchos mexicanos, que van por necesidad, no por gusto, a trabajar al campo, se va a empezar a resolver.

Es cuanto, señor Presidente.

En un momento más le hago llegar por escrito esta solicitud de adición al punto de Acuerdo.

El Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya, con gusto atenderemos su petición y la pondremos a consideración del Pleno.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Mayela Quiroga Tamez: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Con su permiso, compañeros Senadores.

Primero que nada, estoy de acuerdo con algunos de los compañeros que me han antecedido en la palabra, independientemente de los colores de partidos de cada uno. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a defender los conceptos de los derechos de las personas trabajadoras.

En este contexto, me sumo también a mi compañero Cota y a mi compañero el Senador Isaías, sobre todo donde el Senador Isaías comenta lo que es relativo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.

Respecto de lo que acaba de comentar el compañero Senador que me antecedió, me permito informarles que precisamente yo vengo de ser delegada de la Secretaría del Trabajo en el estado de Nuevo León, y que hablo con conocimiento de causa, precisamente de este operativo que ha salido de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Comentarles, que por primera vez en la historia, se trabajó el año pasado en un programa operativo anual donde en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, con   las cámaras empresariales y los sindicatos, se estableció por primera vez el programa operativo anual que iba a realizar la Secretaría del Trabajo en el 2015.

Esta coordinación, que gracias a ustedes, compañeros, se aprobó en la Ley Federal del Trabajo, y como bien decían ahorita otros compañeros, que gracias también a ustedes, no me tocó a mí estar en esta aprobación, se aprobó la reforma a la Constitución para elevar la edad mínima para trabajar, de 14 a 15 años.

Es importante la labor legislativa, y la reconozco y los felicito, de esta Legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque han sido responsables con sus estados y con el país al aprobar reformas tan importantes y tan trascendentales, como es precisamente el respeto a los derechos humanos, que también lo tenemos consagrado en el artículo 1o. de la Constitución, donde señala que debemos de promover, de respetar los derechos humanos.

Es también importante señalar que el trabajo coordinado que se ha hecho entre las Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ha fortalecido para tener una mejor Ley Federal del Trabajo.

Y en este sentido, también comentarles que desde el 17 de junio de 2014, se publicó el nuevo reglamento con el que la Secretaría está realizando estas inspecciones, el cual entró en vigor 90 días después.

Sin embargo, este operativo es importante, porque es un operativo de trabajo digno, decente y libre de violencia que se estableció desde mediados del año pasado a nivel nacional en todas las delegaciones del trabajo; que se ha trabajado coordinadamente con algunas otras autoridades y con algunas otras instituciones de gobierno, así como con algunas cámaras empresariales y sindicatos.

Con este objetivo del trabajo digno, decente y libre de violencia, donde se establecieron cerca de 15 instituciones a nivel nacional, tanto la OIT, el Instituto Nacional de las Mujeres, los sindicatos y las cámaras, fue de donde sale este operativo, para ver qué se le va a preguntar a las empresas y ver en qué condiciones de trabajo están los trabajadores.

Les recuerdo, compañeros Senadores, que ustedes aprobaron algo muy importante en la Ley Federal del Trabajo, que es la obligación de la capacitación. Esta obligación de capacitar a los trabajadores, va enfocado para evitar riesgos y accidentes en las empresas, no con el objetivo de ir a multar a una empresa, sino con el objetivo de tener una mejor condición de trabajo y un mejor salario también los trabajadores.

Comentaba mi compañero Senador, también del PRD, que algunas empresas son condiciones; pero también tenemos que reconocer aquellas empresas que tienen responsabilidad social, y aquellos trabajadores que les responden a sus trabajadores, porque acabamos de aprobar la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y lo que estamos haciendo aquí es mejorar la productividad, dándoles las condiciones laborales dignas a nuestros trabajadores para poder lograr una mejor productividad en todas las condiciones de trabajo.

Por eso, yo sí estoy a favor de este punto de Acuerdo, donde estamos fortaleciendo que únicamente se nos informe de las condiciones que se están desarrollando en los estados de la República, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para saber en qué condiciones están.

Que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos informe, porque también les recuerdo que dentro de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, está también la facultad que tiene ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conocer en materia laboral. Es un tema importante.

Sin embargo, esto sería importante que pudiera salir por la unanimidad de todos nuestros compañeros. Porque estamos buscando el respeto a los derechos de los trabajadores.

Un concepto que también lo tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y, sobre todo, repito, ustedes aprobaron en las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

El viernes que me enteré por mis compañeros delegados, me enviaron las fotos del Estado de Colima, del operativo que estaban haciendo. El día de ayer lo comenté con las Senadoras de Colima. Y quiero felicitar públicamente a mis compañeros de Baja California Sur, como de Colima, por el operativo que se realizó.

Pero sobre todo, el trabajo que se ha hecho, por la encomienda de nuestro señor Presidente Enrique Peña Nieto, que en el mes de enero se impulsó, precisamente, el fortalecer el estado de derecho, en el operativo que propuso, para tratar de tener una justicia cotidiana.

Compañeros, los felicito por toda la labor legislativa que ustedes han hecho, y los felicito por haber presentado este punto de Acuerdo; pero lo más importante, es que tenemos que cuidar lo que marca el artículo 1o. de la Constitución: promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Mayela Quiroga Tamez.

Tiene ahora su turno el Senador Héctor Larios Córdova, de la fracción parlamentaria del PAN.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Me parece que este ha sido un debate largo, en torno a un punto de Acuerdo que está suscrito por todos los grupos parlamentarios. De tal forma que es de suponer la aprobación unánime de este Acuerdo.

Pero en el transcurso del debate, me parece que se han mezclado algunos temas, y eso es lo que yo quisiera participar ahorita para precisar.

Básicamente se ha hablado en torno a tres tópicos diferentes.

Primero: violaciones de derechos humanos, particularmente referidos a jornaleros agrícolas, en casos específicos, y ahí desde luego que todos compartimos que tiene que investigarse, y que si son de comprobarse, tienen que sancionarse y tienen que establecerse medidas de inspección que impidan que esto se vuelva a repetir.

En eso creo que se ha abundado bastante sobre el tema.

Segundo: aprovechando estas violaciones, se cae fácilmente en generalizar que los programas de jornaleros agrícolas implican que necesariamente tienen violaciones a derechos humanos, que son sistemas de esclavitud, que viven en condiciones infrahumanas, que son obligados a trabajar, que no reciben la alimentación que corresponde, que no tienen transporte, ni vivienda, y una cantidad de cosas que se han dicho aquí, que me parece que es preciso aclarar, que esto no es necesariamente cierto.

Existen muchas zonas agrícolas en el país, y a comparación de los estados de varios compañeros que han subido, que cumplen absolutamente con todas sus obligaciones.

Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿en cuántos estados los empresarios, los agricultores o los ganaderos, pagan seguro social de sus trabajadores?

Pregúntense, les he preguntado en privado y varios me dicen, en mi estado dudo que haya algún patrón que pague el seguro social de sus trabajadores.

Bueno, en la mayor parte de los campos productivos. Me refiero concretamente a uno que conozco perfectamente, que es en la costa de Hermosillo y los campos de cultivo de Hermosillo, los trabajadores están sindicalizados…

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senador. Un momento.

Dígame, Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente, si el orador me permite una pregunta.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿La acepta, Senador Larios Córdova?

El Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Solamente preguntarle, ¿si conoce el medio de transporte que utilizan los cortadores de caña en el país, no en un estado en particular, en el país? ¿Cuál es el medio de transporte?

El Senador Héctor Larios Córdova: Mire, estoy hablando de las enormes diferencias que tienen los jornaleros agrícolas, y no puedo comparar lo que pasa en su estado Morelos, con lo que pasa en muchos otros estados.

Por eso decía, cada uno de ustedes debe de preguntarse si en su estado, tan siquiera se paga el seguro social de los trabajadores agrícolas.

Y yo afirmo, con contundencia, que hay muchos campos agrícolas en el país, particularmente en el norte del país, en donde todos los trabajadores están afiliados.

Trabajadores agrícolas que están sindicalizados. El Sindicado Salvador Alvarado, en Hermosillo, agrupa a buena cantidad, a la mayor proporción de los trabajadores agrícolas. Todos los años hay un proceso, siempre complicado, de revisión del contrato colectivo, en donde se establecen las tarifas, particularmente de los trabajos a destajo. Se establecen los mecanismos de mejora de las comunidades, en donde viven los jornaleros, y cada año regresan los jornaleros, aun cuando se les han abierto posibilidades de que sean incluidos de programas de braceros a Estados Unidos, temporales, prefieren quedarse en los campos agrícolas, en donde están trabajando.

De forma tal, que me parece que es absolutamente injusto tratar de generalizar casos específicos que se detectaron en el país, en Colima, en Comondú y ahora en San Quintín.

El tercer punto que me parece que es muy importante, y que es totalmente diferente, es la situación de San Quintín, en donde independientemente de la cuestión laboral, hay clara participación de otros componentes que tienden a violentar la situación, a impedir que las cosechas que se están teniendo, puedan tener salida y, en consecuencia, los afectados van a ser no solamente los empresarios agrícolas, sino también los jornaleros que se contratan año con año en esos cultivos.

Me parece que si no distinguimos estas tres cosas, el punto de Acuerdo, que no hace generalizaciones, que pide que se investigue, que se sancione y que se establezcan programas de prevención, se merece el respaldo de todos.

Generalizar, en el segundo punto, a que todo programa de jornaleros es malo, bueno, si fuera malo, les diría todos los años, todos los años salen de su estado, y a veces trabajan cuatro o cinco meses, y con eso viven el resto del año, cuando regresan a su estado.

Y tercero, el tema de San Quintín, tiene otros componentes de tipo político, incluso disruptivo, que es totalmente diferente de lo que estamos hablando en el país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Larios Córdova.

Por último, tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Independientemente de, como bien dice el Senador Larios, cada quien habla de lo que sabe, de lo que le duele y de lo que le consta, y en mi caso mi comentario se circunscribe al Valle de San Quintín, que es una importante región, y además productiva, del estado que represento, por ello, pido que lo que yo señalo se circunscriba a esa área geográfica de Baja California.

Yo quisiera preguntar, ¿en dónde está la ofensa a los empresarios?, ¿en dónde está el agravio a los señores productores?

Voy a dar de manera breve, voy a dar a conocer el pliego petitorio de los compañeros jornaleros de San Quintín, y ahí me dicen dónde encuentran ustedes que se le está faltando el respeto a los señores empresarios.

1. Revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y la CROM.

Ya dijo aquí el Senador Isaías González Cuevas, que tenían el derecho de agremiarse en la organización que ellos quisieran integrar.

2. Que se respete el derecho de antigüedad.

3. Que todos los trabajadores estén afiliados al Seguro Social desde el primer día que ingresan a trabajar.

4. Que se paguen todas las prestaciones de Ley a los trabajadores, séptimo día y festivos.

5. Que se paguen las horas extras doble y triple.

6. Que a las madres trabajadoras se les respete sus derechos, 6 semanas antes y 6 semanas después de parir.

7. Que a los hombres que vayan a ser papás, perdón, es la redacción original de ellos, además muy clara, se les otorguen los 5 días correspondientes con goce de sueldo.

8. No más tolerancia al acoso sexual.

9. No represalias en contra de los trabajadores que están participando directo o indirecto en el movimiento.

10. Que el salario mínimo sea de 300 pesos al día.

11. Que se pague a 30 pesos la caja de fresa, ya que desde el 2001 se está pagando a 10 pesos.

12. Que se pague a 17 pesos, moneda nacional, por jarra de mora, y los domingos y días festivos se pague al doble.

13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos, moneda nacional.

14. De igual el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores y el patrón.

Apelo al sentido común. ¿Alguien de aquí observa algún agravio, un insulto, una falta de respeto, a los señores productores del Valle de San Quintín?

Aquí se demanda justicia, compañeros.

Siguiente punto.

Se habla de la época electoral. No es cierto, este movimiento es un movimiento preexistente, es legendario, es de 30 años para acá, y sin importar si es etapa electoral o no los compañeros están en la exigencia justa de sus derechos.

Se habla de la participación de partidos de izquierda, el gobernador Kiko Vega señala por su nombre a Morena, yo pedí a los compañeros de la Asamblea si pudieran acreditar, ya no con documentos, con un testimonio oral firme, la participación de Morena o de cualquier partido progresista, los enumero: PRD, PT, Movimiento Ciudadano, en los actos vandálicos o en su organización, producto de las manifestaciones.

Y nadie aquí lo ha podido acreditar, ni mucho menos de manera escrita, ya no se diga de manera oral.

Y le sigo demandando al gobernador del estado, que así como tiene la, abro comillas, "gallardía", cierro comillas, de acusar en un medio nacional a este partido, de ser el responsable de los actos de descomposición social en el Valle de San Quintín, así demandado por este Senador, lo aclare de manera puntual.

Y sí hubo consecuencias, porque aquí se dice que hubo bloqueos a las carreteras, y como pasa aquí en el Zócalo, a nadie detienen. No. No es cierto. Hubo 200 detenidos; hubo 15 personas que requirieron hospitalización; y hubo manejo y empleo de armas de fuego.

La gente de San Quintín, que reitero, padece enfermedades que no son vistas en ningún lugar del país, aquí hay varios médicos Senadores que lo podrán corroborar. Enfermedades a nivel de vías respiratorias, ya señalé algún desarrollo de bacterias atípicas, como la pirosis, y otras muchas variedades de enfermedades que terminan con la vida de los compañeros jornaleros. Son personas, como les digo, honradas y merecen nuestro respeto.

Así que aquí quiero dejar muy bien establecido, es un acto de justicia, compañeros, no nos perdamos en el debate, de que si vamos a dejar a los pobres empresarios sin su capital y cómo van a importar, imagínense ustedes cuánto van a sufrir estos pobres personajes.

No vamos a distraer la atención inventando que es producto de un proceso electoral, o que tales demonios de la izquierda son los que están alebrestando a los compañeros jornaleros, no. Este es un acto de justicia.

Y quisiera, señor Presidente, que a esta intervención, a nivel de propuesta, se agregara el siguiente documento, que me parece muy importante para ser publicado en el Diario de los Debates.



Es la cuenta y muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, Senador. Se integra su documento al Diario de los Debates.

Hemos recibido dos propuestas para modificar esta proposición, vamos a procesarlas.

Le pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, e inmediatamente después ponga a consideración de esta Asamblea esta propuesta.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se incorpora al texto del punto de Acuerdo a discusión para su votación al final.

Solicito ahora a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Senador Benjamín Robles, e inmediatamente consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el Acuerdo de la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senadora, está solicitando la palabra el Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Solamente para poder tener la precisión. No sé cómo esté la petición del Senador Robles, en el sentido que sea la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política. Lo correcto, reglamentariamente, debe ser Junta de Coordinación Política quien integre esta comisión.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Coincidiendo con lo que comenta el Senador Barbosa, que sea en la Junta de Coordinación Política, y desde luego, proponer no que sea necesariamente una comisión, sino un grupo de trabajo, con el mismo sentido.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Con la anuencia del Senador Robles, se conformaría un grupo de trabajo y sería la Junta de Coordinación Política la responsable de procesar esto.

Continúe la Secretaría con la votación.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con las modificaciones a las que se han mencionado, nuevamente consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada por el Senador Benjamín Robles con las modificaciones propuestas por el Senador Barbosa. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con las modificaciones que ya fueron aceptadas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros, informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto al que se ha hecho referencia se acepta que se incluya en la agenda del día de hoy. Quienes estén porque se incluya, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incluya, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta su incorporación señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Se incorpora a la agenda del día de hoy

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Dictamen de primera lectura)



El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros, les informo que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana autorizó la ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, sobre Mando Único, presentada el 2 de diciembre del 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

(Presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, a lo largo de los años se han emprendido importantes esfuerzos, desde distintos ámbitos, para impulsar al libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. Una de las acciones más relevantes en este renglón se puso en marcha con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuyo objetivo fundamental fue impulsar entre la sociedad  mexicana un acceso igualitario a la educación y la cultura, y particularmente a la lectura formativa, informativa y recreativa.

En 1983, se contaba únicamente con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades y el resto se encontraban en algunos de los 2,378 municipios existentes. Esta infraestructura bibliotecaria resultaba insuficiente para atender a 77 millones de habitantes, por lo que fue necesario implementar mecanismos que permitieran el acceso gratuito a la lectura a un mayor de mexicanos, a través de servicios bibliotecarios suficientes y adecuados.

Para 1986, todos los ayuntamientos con un población mayor a 30 mil habitantes contaron con una biblioteca municipal. Para lograr este objetivo se requirió de la participación de los distintos niveles de gobierno, y el establecimiento de convenios de colaboración entre la Federación, representada por la SEP, los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal; lo que dio origen a las redes estatales y delegacionales.

En 1988 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Bibliotecas, con el fin de institucionalizar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de funciones en la operación, mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas.

Hoy, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva -conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos locales.

En México, la Red Nacional opera actualmente a 7,388 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2,281 municipios, es decir, 93.2 por ciento del total existente en el país-, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

El gobierno federal a través de la Dirección General de Bibliotecas, emite la normatividad técnica para el funcionamiento de las bibliotecas y proporciona el acervo catalogado y clasificado a la mayoría de las Coordinaciones Estatales. Actualmente estos procesos están en vías de descentralización al asumirse como tareas conjuntas e incluso propias de cada entidad, tomando en cuenta que la Red Nacional de Bibliotecas está considerada como la más grande de América Latina.

Por su parte de acuerdo a cifras proporcionadas por el CONADIS, en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, que se pueden clasificar de la siguiente forma:

● Discapacidad para caminar 57.5%

● Discapacidad para ver 32.5%

● Discapacidad para hablar o comunicarse 8.6%

● Discapacidad para escuchar 16.5%

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la educación y el aprendizaje efectivo con acceso igualitario a las nuevas fuentes de información y bases de datos para acceso por parte de personas con discapacidad en formatos accesibles y de tal forma lograr acceso universal e inclusivo hacia fuentes de conocimiento de todos los mexicanos.

Por lo anterior, propongo la reforma a la Ley General de Bibliotecas a fin de que se establezca en el ordenamiento la obligación de la biblioteca de tener medidas de accesibilidad física pero también a sus acervos. Solo así podremos reducir la brecha de desigualdad histórica con las personas con discapacidad en nuestro país.

El artículo 24. 2 incisos c, d y e de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  señalan:

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 19- sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) ….

b) ….

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

Por su parte el artículo 24.3 de la citada convención establece:

“3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y -20- habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.”

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la educación y el aprendizaje efectivo, por lo que si se cuenta con la red de bibliotecas más grande de América Latina,  resulta  importante  y pertinente establecer en ley que la misma cuente con medidas de accesibilidad a fin de que los 7.7 millones  de mexicanos que tienen alguna discapacidad puedan accesar en igualdad de condiciones a las bibliotecas públicas en nuestro país.

Por tal razón y en atención a lo descrito en líneas anteriores, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS.

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 2 y se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Artículo 2…

Las bibliotecas deberán de contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a las instalaciones, así como a su acervo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Sen. Juana Leticia Herrera Ale, Sen. María Cristina Díaz Salazar, Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo y Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Me permito presentar la siguiente iniciativa, no sin antes destacar el arduo trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realizan con la finalidad de transmitirnos los temas ambientales que necesitan abordarse a través de reformas legislativas.

Desde 1992, a través del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil-, se reconocía la precaución como un criterio clave para la protección del medio ambiente. Asimismo, se establecía que la falta de certeza científica absoluta no sería un obstáculo para la adopción de medidas que impidieran la degradación ambiental.

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.1

Este criterio es fundamental debido a que no se tiene certeza si algunas acciones humanas pueden causar graves impactos y desequilibrios ambientales y/o afectaciones a la salud humana, sino hasta que la acción se realiza y las consecuencias son evidentes, o, inclusive, el daño puede observarse tiempo después de que la acción se ejecuta. Un ejemplo claro es el cambio climático. Se sospechaba, tiempo atrás, que la quema de combustibles fósiles en actividades humanas generaba gases efecto invernadero y que, a largo plazo, podrían causar graves daños al planeta entero y a sus habitantes aunque los posibles daños se desconocían en ese momento. Estas sospechas fueron comprobadas, las consecuencias de acciones pasadas las estamos viendo en la actualidad  y son desalentadoras dada la gravedad de los impactos.

Así, el documento “El Principio de Precaución en la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de los Recursos Naturales” señala: Este principio representa una formalización de la idea intuitivamente atractiva de que esperar para actuar hasta que se tiene certeza del daño a menudo implica esperar hasta que ya es demasiado tarde o demasiado costoso impedir que se produzca ese daño.2

En el caso específico del cambio climático, el economista Nicholas Stern, en el informe del 2007 “SternReview: La economía del Cambio Climático”, advertía que “los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio climático superará con creces los costes”; “La mitigación deberá entenderse como una inversión, un coste incurrido ahora y en las próximas décadas para evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro…”3

Por lo anterior, es importante que en caso de peligro grave o irreversible se implementen medidas precautorias aunque no se tenga certeza científica de lo que pueda o no ocurrir.

La presente iniciativa, retoma este principio para llevarlo a la ley marco mexicana en materia ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La propuesta define el principio precautorio en el cuerpo de la Ley y, lo establece como un principio a contemplar en la formulación y conducción de la política ambiental.

Lo anterior, también en seguimiento a los acuerdos internacionales signados por México, como: el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990; en el que se establece que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras y que en caso de pertenecer al Estado, los gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos interesados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación.

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Igualmente, a través del principio 22 donde se resalta que “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”4.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos2, 3, 15, y 35, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:

I. a III. …

IV.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas;

V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y,

VI.- La formulación y ejecución de acciones de prevención y control de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera.

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXIV. …

XXIV bis.- Precaución.-Cuando haya peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente o a la salud pública, la falta de información o certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

XXV. a XXXIX. …

ARTÍCULO 15.-

I a XIX. …

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales; y,

XXI. Con el fin de proteger el medio ambiente, deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, así como en los tratados internacionales de los que México sea parte, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I a III. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

2 RosieCooney, El Principio de Precaución en la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de los Recursos Naturales. Documento dirigido a responsables políticos, investigadores y profesionales. 2004. Pp1. http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Biblioteca/Derecho%20ambiental/13%20El%20Principio%20de%20Precauci%F3n.pdf

3 SternReview: La economía del cambio climático

4 Principios 10 y 22 de la Declaración Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, PARA INCLUIR LOS DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN FORZADA ENTRE LOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

(Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, PARA INCLUIR LOS DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN FORZADA ENTRE LOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo sistema de justicia acusatorio, representa un golpe de timón que reconfigura la concepción doctrinal y aleja al derecho mexicano de viejos paradigmas que han perdido vigencia ante los avances en materia de protección a los derechos humanos en el plano internacional.

Uno de estos paradigmas tiene que ver con la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva.

El principio de presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales de un sistema de justicia democrático como el que hoy se encuentra en etapa de implementación en nuestro país; por tal motivo dicho principio se encuentra directamente relacionado con el carácter excepcional de la prisión preventiva.

Desde la discusión de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, se señaló que uno de los beneficios que traerían aparejadas tanto la excepcionalidad de la prisión preventiva como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sería precisamente la de coadyuvar a la despresurización de un sistema penitenciario, cuya situación de saturación había puesto en riesgo su propia viabilidad.

Es indudable que hoy como entonces, el sistema penitenciario nacional se encuentra en un panorama complicado al tener que hacer frente a situaciones tales como hacinamiento, insalubridad y autogobierno, entre otros fenómenos que le aquejan y colocan a los centros penitenciarios, particularmente los del ámbito local, en una situación de riesgo.

Vale la pena retomar algunas cifras; según datos del Primer Informe de Gobierno de la administración de Felipe Calderón, la población penitenciaria nacional al 30 de junio de 2007 era de 216,845 internos, de los cuales 166,395 (78%) correspondían al fuero común y 50,450 (22%) al fuero federal.

Asimismo el 57% de la población penitenciaria nacional era sentenciada, mientras que 43% se encontraba sujeta a proceso.

La situación no ha cambiado mucho; según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta el mes de agosto de 2014 la población penitenciaria nacional ascendió a 257,807 personas, de las cuales 208,052 (80.7%) correspondían al fuero común y 49,755 (19.3%) al fuero federal.

En el ámbito del fuero común, 86,636 personas (33.61% de la población penitenciaria nacional) se encontraban sujetas a proceso, mientras que en el fuero federal la población sujeta a proceso fue de 25,945 personas (10.06% de la población penitenciaria nacional).

Esto quiere decir que el 43.67% de la población penitenciaria nacional se encuentra sujeta a prisión preventiva.

Con estas cifras en mente, resulta claro que la excepcionalidad de la prisión preventiva en el nuevo sistema podría constituirse como una alternativa viable que contribuya a contrarrestar el problema de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios.

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que ésta utilidad no es el fin último de la excepcionalidad de la prisión preventiva, sino más bien un beneficio colateral. Su verdadero propósito es el de hacer efectivo e incluso potencializar el principio de presunción de inocencia de que goza toda persona acusada, de manera que ésta medida cautelar sea aplicable únicamente cuando ninguna otra sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o bien cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En ese orden de ideas, el legislador delineó también un catálogo de delitos en los que la autoridad jurisdiccional deberá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, en razón de la gravedad del daño causado por el ilícito.

De esa manera, se estableció en el artículo 19 constitucional que la prisión preventiva oficiosa procederá en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y se dispuso la posibilidad de que el legislador estableciera en las leyes otros delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Partiendo de esta base, se incluyó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 167, un catálogo de delitos previstos en el Código Penal Federal, que se consideran meritorios de prisión preventiva, remitiendo además a las leyes generales en materia de salud, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, para que en éstas se determinen otras conductas que ameriten dicha medida cautelar.

Como ya se señaló, bajo el nuevo esquema que plantea el sistema acusatorio, únicamente serán motivo de prisión preventiva oficiosa aquéllos delitos que se consideren graves por virtud del bien jurídico tutelado y el daño causado.

Por tal razón, resulta inconcebible que dos delitos de gran relevancia e impacto hayan quedado excluidos del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa: la tortura y la desaparición forzada.

Esta omisión no es menor, pues se trata de dos delitos que lastiman a nuestro país de manera significativa.

Una muestra de ello la dio el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez, el pasado 9 de marzo, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un Informe en el que afirma que en México, la práctica de la tortura es generalizada y la mayoría de los casos quedan impunes, puntualizando que es utilizada para obtener confesiones, lo mismo por fuerzas de seguridad que por autoridades ministeriales.

El Informe refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado un aumento en las quejas por tortura desde 2007 y tan sólo desde diciembre de 2012 y julio de 2014, recibió 1,148 quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas.

En lo que se refiere al delito de desaparición forzada, el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe del Estado mexicano relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En ellas, el Comité señala que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…” y por ese motivo formuló una serie de recomendaciones que deberán ser aplicadas a más tardar el 13 de febrero de 2018.

Ante este panorama, la presente iniciativa plantea de manera concisa incorporar a los delitos de tortura y desaparición forzada dentro de aquellos que por su gravedad son meritorios de prisión preventiva oficiosa, para lo cual se proponen diversas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para el caso de la desaparición forzada, así como a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para el caso del ilícito objeto de dicha disposición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el cuarto párrafo y la fracción XI y se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

Las leyes generales de salud, secuestro, tortura y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. a X. …

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII.  Desaparición forzada de personas, previsto en los artículos 215-A, 215-B y 215-D.

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3° y un tercer párrafo al artículo 5°, ambos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue.

ARTICULO 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

El delito previsto en el presente artículo ameritará prisión preventiva oficiosa.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

ARTICULO 5o.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

Los casos previstos en el presente artículo ameritarán prisión preventiva oficiosa.

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, México ha suscrito cantidad de instrumentos internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos. Algunos de ellos referidos en lo particular, a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Sobre este aspecto, el de los derechos de los menores, el 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 4 y 73, fracción XXIX-P, Constitucionales, para establecer expresamente el principio del interés superior de la niñez.

Por lo que respecta al artículo 4, con la adición de un párrafo en los siguientes términos:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Este principio constitucional, encierra un contenido que demanda una verificación y una especial atención a todos aquellos elementos que se identifiquen con los menores, de una manera que la salvaguarda de sus derechos debe ser mucho más estricta que el de otros casos de protección a derechos fundamentales.

Implica que los intereses y derechos de los niños deban protegerse con mayor intensidad, mediante una salvaguarda prioritaria en el sistema jurídico, que privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social.

Esto implica reconocer a los niños como un grupo diferente al de las personas     adultas, que conlleva un trato diferenciado; del que evidentemente no pueden     escapar los relativos a los procesos de impartición de justicia, principalmente cuando  en menor participa como parte o que la materia de debate lo constituyan sus    derechos.

Cabe destacar, que de conformidad al referido interés superior del niño y a los principios y compromisos contenidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño; los menores cuentan con el derecho fundamental a ser escuchados y manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado, esto es, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen; sin dejar de lado evidentemente, el derecho a que los tribunales deban atender ese interés superior en todas sus resoluciones.

Ahora bien, para hacer efectivos estos y otros derechos tutelados bajo el principio del interés superior del menor, no basta con la participación de los niños, sino que es necesario que además cuente con una representación adecuada, como ya se dijo, principalmente cuando sea parte o sus derechos sean los que se discuten.

Por lo que respecta a los procedimientos ante el Poder Judicial de la Federación, en los relativos a los juicios de amparo; la actual ley en la materia contiene diversas disposiciones cuyo espíritu protector está basado esencialmente en la salvaguarda del interés superior de la niñez, por citar algunos, el de la suplencia de la queja, o el considerar como causa de perjuicio al interés social y al orden público, para efectos de la suspensión, la afectación de intereses de menores.

No obstante, se insiste, la protección a los menores en este tipo de procedimientos judiciales puede y debe ir más allá, de manera que alcance de manera estricta a la salvaguarda del derecho a una debida representación.

A este particular respecto, cabe destacar que en febrero de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editó el documento denominado “Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes”, en el que se ha contemplado la como obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, el constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso.

No obstante, este Protocolo se trata de un documento orientador para los juzgadores, en el que se retoman además derechos contenidos en tratados internacionales debidamente ratificados, pero que no exime el Estado Mexicano a actuar en el ámbito legislativo en la toma de todas aquellas medidas necesarias para salvaguardar el referido interés superior de la niñez, que dicho sea de paso, constituye el criterio rector para la elaboración de las normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, la propuesta en concreto es llevar al grado de garantía procesal la obligación de que el juzgador se percate de que los menores cuenten con una representación adecuada, principalmente cuando sean parte o sus derechos sean los que se discuten, al grado de estar en posibilidad de nombrarle un asesor de la defensoría Pública, atentos a que se trata de la instancia pública, competente y especializada para brindar la atención apropiada en un juicio de amparo.

Así las cosas, la propuesta que se sometemos a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

En cualquier caso, los Jueces de Distrito están obligados a verificar que los menores tienen una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, el 25 de marzo del 2015.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero y Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos encuentran una amplia aceptación de definiciones que, en síntesis, pueden resumirse como el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural que reconocen al ser humano considerado como individuo y en sociedad.

Son inherentes a la calidad de todo ciudadano y sin lugar a dudas llevan implícita su capacidad de ejercicio frente al gobierno y dentro del Estado, lo que les hace subclasificarse en derechos políticos, que se refieren al derecho a participar en el gobierno del país y en el acceso a las funciones públicas del mismo.

Los instrumentos con que cuenta cada ciudadano para intervenir en la vida política son el derecho al voto, a ocupar cargos de representación popular, a reunirse y asociarse con el objetivo de discutir los asuntos de un país y el derecho de petición en materia política.

Cabe señalar que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho que tiene toda persona a participar en las actividades que desarrolla el Gobierno de su país.

En el caso de nuestro país, en el artículo 35 de la Constitución se encuentra el atributo más importante de la democracia representativa con que cuentan los ciudadanos para decidir quién los representará, conformando de esta manera la integración y legitimación de todo gobierno.

De esta manera, por definición general, el hecho de participar implica que cada ciudadano tome parte de un asunto, que opine y emita ideas que demuestren interés e involucramiento de los temas públicos y existen diversas maneras de participación ciudadana de acuerdo al nivel de gobierno y estructuras institucionales.

Esto, que en su conjunto es la base de la democracia participativa complementa la gestión pública al apoyar los principios de integridad, eficiencia, eficacia, igualdad y equidad, lo que en síntesis da como resultado un impacto positivo sobre la calidad de vida de las personas y el desarrollo social del país.

Por lo tanto, es necesario profundizar y fortalecer los mecanismos de participación democrática que hagan más accesible el derecho de las personas a participar de manera individual y colectiva en las políticas orientadas hacia los grupos en que ellos mismos se encuentran involucrados. La gestión participativa además de contribuir al desarrollo del país, favorece la inclusión y cohesión social.

El mayor desafío de estas formas de participación ciudadana es su universalización, donde se generen las condiciones para que los sectores más vulnerables accedan a espacios de participación para la defensa y exigencia de sus derechos. La participación debe ser plural y debe garantizarse la diversidad cultural y el enfoque de género.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Consultivo de Desarrollo Social es el órgano de participación ciudadana y conformación plural que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.

En otras palabras, dicho organismo representa la vía institucional para el soporte de prácticas y actitudes sociales que dan sustancia a la participación ciudadana dentro del desarrollo social del país. Por lo tanto es importante verificar de manera constante que su funcionamiento esté apegado al derecho ciudadano para participar dentro de las funciones de gobierno.

De esta manera, con la presente Iniciativa que se pone a su consideración, planteamos los siguientes objetivos:

● En primer lugar dejar establecido que la participación ciudadana dentro dela política de desarrollo social es un derecho.

● Segundo. Ampliar los alcances del Consejo para que, aunque tenga el carácter de Consultivo, pueda llevar a cabo planteamientos y orientaciones en términos estratégicos y presupuestales.

● Tercero. Establecer dentro de sus funciones poder establecer recomendaciones sobre la Estrategia de Desarrollo Social, así como fomentar la colaboración entre organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil; y de manera muy importante promover grupos de trabajo, mecanismos de consulta, observatorios ciudadanos, actividades académicas y de difusión social.

● Cuarto. Garantizar que en su conformación se encuentre contemplada desde la convocatoria la participación de la sociedad civil e instituciones académicas.

● Y finalmente, como quinto punto. Dotarlo de las herramientas de información necesarias para llevar a cabo y procesar sus funciones.

Como puede verse, con esta propuesta avanzamos también en la orientación de la política sectorial hacia la corresponsabilidad social en donde los ciudadanos se vean preocupados por contribuir al bien común o interés general de la sociedad.

También se fomentan una serie de instrumentos formales para favorecer la participación colectiva y organizada a través de la intervención directa de actores no gubernamentales en las distintas etapas del proceso de políticas públicas.

Sin embargo, la visión que busca rescatar esta Iniciativa es la de buscar la transformación de las comunidades a través del potencial de cambiar el rol ciudadano de las personas que viven en pobreza al darles voz y representación.

La idea de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo social de nuestro país es notable cuando analizamos el Informe de la Cuenta Pública 2013, publicado por la Auditoría Superior de la Federación y en donde puede verificarse que a pesar de la normatividad establecida en las reglas de operación de los programas sociales, es casi inexistente la participación ciudadana. Podemos mencionar el caso del Programa de Pensión para Adultos Mayores que cuenta con menos del 1 por ciento de participación de comités ciudadanos que deberían estar involucrados y el promedio para el resto de los programas auditados se encuentra por debajo del 50 por ciento del total.

Como último punto es importante señalar que esta propuesta fortalece las atribuciones las atribuciones internas de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que, a través del artículo 26 de su Reglamento Interior establece sus atribuciones en materia de participación social. Por otra parte se considera también un complemento a las funciones establecidas en el reglamento interno para el Consejo Consultivo de Desarrollo Social emitido por dicha Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos55, 56, 57, 59 y 60dela Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo V

Consejo Consultivo de Desarrollo Social

Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de conformación plural, y que garantiza el derecho a la participación ciudadana para analizar y proponer estrategias, programas, acciones y prioridades presupuestales que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social

Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir recomendaciones sobre la integralidad en las Estrategias para el cumplimiento de objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social.

II. Fomentar la colaboración entre organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social;

III. (…)

IV. Promover grupos de trabajo, mecanismos de consulta, observatorios ciudadanos, actividades académicas y de difusión social sobre propuestas en materia de desarrollo social;

V. a XIII. (…)

Artículo 57. El Consejo estará integrado por un Presidente que será el titular de la Secretaría; un Secretario Ejecutivo que designará éste, y por 15consejeros. El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo. Para la designación de Consejeros, la Secretaría emitirá una convocatoria pública abierta, garantizando en todo momento la participación de Organizaciones y Asociaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas Especializadas.

Artículo 59. La Secretaría, en colaboración con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares prestarán al Consejo la colaboración e información suficiente para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 60. El Reglamento de la presente Ley definirá los lineamientos de funcionamiento y operación del Consejo garantizando su conformación e integración plural, transparente y objetiva.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 25 de marzo de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano” así como al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería conmemorativo del centenario de dicha batalla.Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, con carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EMITA UNA ESTAMPILLA POSTAL, ASÍ COMO A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN BILLETE DE LOTERÍA, AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo territorio nacional, pero por su complejidad y alcance solo algunos han sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano” que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915; fue protagonizada por las dos principales fuerzas revolucionarias, Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza de los Constitucionalistas.

Su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrolló la misma, era considerado un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como para tener el control del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera más importante del país y fuente inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de México, bastión fundamental de las fuerzas en pugna.

Esta batalla es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues en ella se enfrentaron durante 72 días más de 10,000 hombres; se utilizaron nuevas estrategias militares de combate, como las trincheras y la aviación.

El Ébano, que fue el escenario de esta batalla, es actualmente el municipio de Ébano en el estado de San Luis Potosí. A inicios del siglo XX, formó parte de la hacienda “El Tulillo”, que en su momento contó con una población de 53 habitantes, pero ascendió a los 1,068 pobladores con el establecimiento de la Mexican Petroleum Company en el año de1900, convirtiéndose en la primer comunidad petrolera del país.

Fue centro económico, productor de riqueza y estación ferroviaria estratégica para la comunicación del puerto de Tampico con el resto del país; se generaron ahí los primeros empleos, ingresos y conocimientos petroleros de nuestro país, además de ser referencia histórica de la reciente reforma energética que ha contribuido a la modernización de la industria petrolera de nuestra nación.

Como antecedente, cabe precisar que con la llegada del general Porfirio Díaz al poder en 1876, México entró en una etapa de estabilidad política, pues su administración implementó medidas encaminadas a sacar al país del estancamiento económico, entre ellas el fomento a la modernización industrial a través de la apertura a la inversión extranjera.

En mayo de 1900, Eduard Doheny1 viajó a México, exploró terrenos con emanaciones de petróleo localizados cerca de las vías que unían a San Luis Potosí con Tampico. Doheny se convenció de las potencialidades de la zona y regresó a Estados Unidos para reunir el capital necesario. De vuelta en México, acompañado por Charles A. Canfield –uno de sus socios más cercanos– compraron cerca 162 mil hectáreas de terreno que pertenecían a las haciendas “El Tulillo” y “Chapacao”, localizados a 25 kilómetros de Tampico, en los límites de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, a fin de explotar los mantos de hidrocarburos; con esta compra se inició la industria petrolera en México.

Con el decreto de la primera ley petrolera de 1901, se autorizó al Ejecutivo Federal a otorgar directamente concesiones de explotación a particulares en terrenos de propiedad federal; empresarios extranjeros con capacidad financiera, tecnología de avanzada y administración experimentada, se sintieron atraídos por la potencialidad de las reservas petroleras y organizaron las primeras empresas de la industria integradas verticalmente2, ya que centralizaron la producción, transporte, refinación y venta de petróleo por medio de una estructura corporativa de unidades especializadas.

La etapa de producción petrolera a gran escala se inició en México a principios de 1901, cuando la Mexican Petroleum comenzó sus operaciones en “El Ébano”, San Luis Potosí. El equipo fue importado de Estados Unidos y desembarcado en Tampico; la primera perforación se realizó en el montículo característico del poblado llamado “La dicha”, denominando a este primer campo “El Ébano”; de ahí el nombre del actual municipio de Ébano.

El 14 de mayo de ese año, a una profundidad de 1,515 pies del pozo “Doheny I” brotó petróleo para una producción diaria de 50 barriles; se perforaron 19 pozos más, sin embargo, la obtención del hidrocarburo no fue la esperada, suspendiéndose los trabajos por falta de capital.

Tiempo después, reiniciaron los trabajos de explotación, los cuales se extendieron al cerro de “La Pez”. El 3 de abril de 1904, perforando a una profundidad de 501 pies (pozo “La Pez I”) brotó petróleo, lo que significó una producción de 1500 barriles diarios durante varios años. Este fue el comienzo de un negocio que incluyó la exploración, explotación y comercialización del petróleo, proceso industrial desconocido hasta ese momento en México.

En el marco de la Revolución Mexicana, el régimen de Francisco I. Madero no realizó cambios radicales a la legislación, pero en 1912 se expidió un decreto que estableció un impuesto especial de veinte centavos por tonelada sobre la exportación del petróleo, medida que no fue aceptada por empresarios petroleros, principalmente de Estados Unidos, quienes crearon la Mexican Oil Association.

Derrotado Madero, Victoriano Huerta fue apoyado por las empresas inglesas mientras que Venustiano Carranza fue respaldado por las petroleras norteamericanas que operaban en el país, así obtuvo recursos para el ejército constitucionalista, lo que permitió controlar los principales puertos del Golfo de México y vencer las aspiraciones políticas de Huerta.

Con esta victoria, Venustiano Carranza tomó el control de mando y convocó a los grupos revolucionarios a la convención de Aguascalientes de 1914, con el objetivo de unificar y designar un gobierno capaz de conducir al país a una etapa de democracia, estabilidad y reformas sociales; sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Venustiano Carranza, junto con un grupo de militares desconocieron las resoluciones de dicha convención, lo que provocó una nueva guerra entre los revolucionarios para contrarrestar los esfuerzos del gobierno carrancista.

A finales de 1914, parte del Ejército Constitucionalista orillado por la escisión revolucionaria, se situó en el puerto de Tampico para controlar “El Ébano” y parte de la Huasteca potosina. En mayo, tras derrotar a las fuerzas federales en Tampico, Manuel C. Lárraga y doscientos hombres se abastecieron de recursos en El Ébano.

Por esta razón, el general Pablo González Lugo, jefe del Ejército Constitucionalista del Noreste, ordenó la defensa de los campos petroleros a los generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, antes que Francisco Villa se adelantara con sus tropas que operaban en la Huasteca potosina para combatir a Venustiano Carranza, consiente del valor estratégico y fuente de aprovisionamiento que era Tampico.

En diciembre de 1914 se tienen documentados los primeros combates cerca de “El Ébano”, así como el reporte oficial de una primera avanzada por parte de los hombres leales al general villista Saturnino Cedillo3; sin embargo estos no pudieron avanzar más por la destrucción de las vías ferroviarias y el arribo de refuerzos constitucionalistas a El Ébano.

El general Juan Barragán, miembro del ejército constitucionalista, mencionó que mantener la defensa de “El Ébano” en este primer ataque había sido un hecho fortuito, pues los refuerzos provenientes de Pánuco, en realidad estaban extraviados en su camino a Tampico, pero al enterarse de la posible retirada de los Generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, decidieron fortalecerlos con sus 500 hombres, bajo las órdenes del Coronel Andrés Saucedo.4

Lo anterior puede considerarse un enfrentamiento preliminar a la poderosa ofensiva del 21 de marzo de 1915, cuando parte de la “Brigada Morelos” del general Convencionista Tomás Urbina, se trasladó de Aguascalientes a la capital potosina5 junto con la brigada del general Manuel Chao, para planificar el ataque a “El Ébano”.

El 20 de marzo, el general brigadier Jacinto B. Treviño, miembro del ejército constitucionalista, es enviado a “El Ébano” para enfrentar dicha ofensiva. Ahí asignó las posiciones estratégicas para emprender con éxito la batalla; su estrategia de defensa consistió en construir trincheras (zanjas con alambre de púas). Al día siguiente –21 de marzo—, las fuerzas convencionalistas atacaron el centro de la posición defensiva, al cual no pudieron derrotar.

Este acontecimiento fue el primero de varios enfrentamientos entre las dos fuerzas revolucionarias; por un lado los constitucionalistas se equiparon con fuego de artillería y ametralladoras en posiciones clave contra las insistentes embestidas convencionistas; estos últimos no lograron superar los obstáculos artificiales y naturales de la defensa de “El Ébano”.

Ante el fracaso ofensivo del general Chao, el 2 de abril, el general Tomás Urbina se hizo cargo del mando villista, quien también fracasó. En estos enfrentamientos se presentó un nuevo elemento tecnológico a favor del combate: la aviación. Los carrancistas recibieron el apoyo de tres aeroplanos bajo el mando del mayor Alberto Salinas Carranza para realizar misiones de bombardeo y reconocimiento aéreo.

Finalmente, tras 72 días de asedio continuo, el 31 de mayo de 1915, los carrancistas emprendieron una ofensiva efectiva contra las fuerzas villistas logrando que estos últimos se retiraran.

Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico así como del campo petrolero para su aprovechamiento, con implicaciones económicas y políticas que sin duda significaron una supremacía geopolítica que les facilitó la obtención de recursos.

Este hecho histórico, en suma a las acciones e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas obregonistas en Celaya, permitieron asentar las bases constitucionales de 1917, en particular sobre la propiedad, la explotación del petróleo y los derechos laborales de los obreros.

La importancia de este acontecimiento es evidente; muestra de ello son las acciones emprendidas por el gobierno de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos (PEMEX), quienes han iniciado los preparativos para celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano” a través de gestiones como la pavimentación de calles en el hoy municipio de Ébano, San Luis Potosí; la construcción del Museo Nacional del Petróleo y la creación de un espacio turístico Ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Por su parte, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, declaró al municipio de Ébano “Cuna de la producción petrolera en México”.

Por lo anterior, pongo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que decrete la emisión de una estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de lotería, ambos conmemorativos del Centenario de la Batalla de “El Ébano”, a más tardar el 31 de mayo de 2015; así nos sumaríamos a las acciones emprendidas con relación a los festejos de este acontecimiento que contribuyó a la consolidación de la Revolución Mexicana y las bases de industria petrolera.

Adicional a esta proposición con punto de acuerdo, presento una iniciativa con proyecto de decreto para que se emita una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de “El Ébano”, que en éste 2015 habrá de celebrarse, lo cual permitirá fortalecer nuestra identidad y memoria histórica.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EMITA UNAESTAMPILLA POSTAL, ASÍ COMO A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN BILLETE DE LOTERÍA, AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”, QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante decreto, a más tardar el 31 de mayo de 2015, emita una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de El Ébano.

SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 31 de mayo de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Teófilo Torres Corzo6

1 Edward L. Doheny,  desde la década de 1890 se había dedicado a desarrollar campos petroleros en California.

2 Empresas Integradas Verticalmente. Aquellas que cuentan con una estructura corporativa de unidades especializadas como divisiones, departamentos y compañías subsidiarias Álvarez de la Borda, Joel. “Crónica del Petróleo en México”, Acervo Histórico de PEMEX, México 2009, pag. 26.

3 Telegrama dirigido al cuartel general. Envía Saturnino Cedillo el 14 de diciembre de 1914. AHSDN, XI / 481.5 / 252/598

4 Juan Barragán Rodríguez. p. 135-136

5 Alberto Calzadiaz Barrera.  Hechos reales de la Revolución, México, Editorial Patria, p. 122

6 Bibliografía:-Álvarez de la Borda, Joel Álvarez. “Crónica del Petróleo en México”. Acervo Histórico de PEMEX, México, 2006, 15-23 pp.
-Barragán Rodríguez, Juan. Historia del ejército y de la revolución constitucionalista. México, INEHRM, 1986, 571 p.
-Borreguero Beltrán, Cristina. Diccionario de Historia Militar. Barcelona, Ariel, 2000, 371 p.
-Brown, Jonathan C. Petróleo y revolución en México. Trad. del inglés. Mauricio López. México, siglo XXI editores, 1998, 412 p.
-Bustamante, Luis F. La Defensa de "El Ébano": Los Libertarios. Tampico, 1915.255 p.
-Calzadíaz Barrera, Alberto, Hechos reales de la Revolución, México, Editorial Patria, 1958-1982, VIII t.
-Cervantes, Federico, Francisco Villa y la Revolución, (Edición fascimilar), México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (Biblioteca de Obras Fundamentales de la Independencia y la Revolución), 1985, 828 pp.
-Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana. México, INEHRM, 1990, t. VI.
-González, Pablo, El centinela fiel del constitucionalismo, Saltillo, Textos de Cultura Historiográfica, 1971, 106 pp.
-Guillén Vicente, Alfonso. “Tampico y la Huasteca Potosina en la Revolución Mexicana”; Revista electrónica de opinión académica, no.19, enero-febrero 2014; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
-Gutiérrez Turrubiartes, Pedro Félix. “Ébano, el oro negro en la revolución; historia y vox de un pueblo”; Comisión para los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia Nacional del Partido Revolucionario Institucional de San Luis Potosí; 2010.
-Hernández y Lazo, Begoña. Catálogo del archivo Jacinto B. Treviño. México, UNAM / Centro de Estudios Sobre la Universidad, 1984, 219 p.
-Katz, Friedrich. Pancho Villa. trad. Paloma Villegas. México, Ediciones Era, S.A. de C.V. 1998, vol. 2 p.
-Rivera de la Torre, Antonio. El Ébano: Los 72 días de su heroica defensa: Relación escrita en vista de testimonios personales y de documentos auténticos. México, Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, 1915, 68 p.
-Keegan, John. Historia de la guerra. trad. Del inglés de Francisco Martín Arribas. Barcelona, planeta, 1995.
-LangleRamírez, Arturo, El ejército villista, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1961, 162 pp.
-Márquez, Enrique. Comp.San Luis Potosí: Textos de su historia. México, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1986, p 372. 552 p.
-Salmerón Sanginés, Pedro. La división del norte. La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo. México, Planeta, 2006, 529 p.
-Salmerón Sanginés, Pedro. Los Carrancistas. México, planeta, 2009.
-Sánchez Lamego, Miguel Ángel, Historia militar de la Revolución constitucionalista, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1956-1960, V t.
-Taibo II, Paco Ignacio. Pancho villa. Una biografía narrativa. México, planeta, 2006, 884 p.
-Valadés, José C., Historia general de la Revolución Mexicana, 4a. E.d, México, Editorial del Valle de México, 1988, 5 v.
-Zorilla, Juan Fidel, Maribel Miró Flaquer y Octavio Herrera Pérez, Tamaulipas, una historia compartida, 1810-1921, México, Instituto Mora/Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1993, II t.
- Díaz Flores, Jesús Gerardo. Tesis “La Batalla de El Ébano” 21 de marzo de 1915 – 31 de mayo de 1915.





 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Martín Orozco Sandoval, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a ampliar la prórroga dispuesta en la cuarta resolución de modificaciones, resolutivo Segundo, a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2015, durante el presente año fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la primera integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el segundo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalcon fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como quedo referido en el punto de acuerdo presentado por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo y el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, , “los pequeños contribuyentes son personas físicas con actividades empresariales, así como micronegocios, que por sus características de capital, tecnología y de operación no cuentan con posibilidades de llevar una contabilidad compleja, sus empleados son personas de su propia familia y, salvo excepciones, sus posibilidades de desarrollo son limitadas debido a que operan en entornos con poca capacidad económica”, aprobándose por unanimidad en sesión de fecha 24 de febrero en curso el punto de acuerdo en los siguientes términos:

“Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que se amplíe la prorroga dispuesta en la Cuarta Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre del año 2014 y en el artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para presentar las declaraciones bimestrales sobre impuesto sobre la renta de loso contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal.”

Ahora bien, respecto a la necesidad de reconsiderar y replantear se vuelva a reincorporar el régimen de pequeños contribuyentes, existen 8 iniciativas, presentadas a principios de 2014, mismas que no han sido discutidas por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, entre las cuales la presentada por la suscrita con fecha 21 de octubre de 2014, por lo que sí bien es cierto que, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados viene a prorrogar la obligación dispuesta en la Cuarta Resolución de Modificaciones resolutivo SEGUNDO en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre del 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio de 2015, también lo es que, es necesario que se precise el termino de la prorroga ampliándose por lo menos durante el presente año fiscal y en su caso hasta que se dictaminen las iniciativas que se encuentran pendiente de análisis.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que se amplíe la prorroga dispuesta en la Cuarta Resolución de Modificaciones resolutivo Segundo a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2015, durante el presente año fiscal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Suscriben

Sen. Layda Sansores San Román ySen. Martín Orozco Sandoval.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de diversas delegaciones y, en su caso, realice las acciones legales correspondientes. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El mismo ordenamiento jurídico establece en el segundo párrafo del artículo 6º, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En este sentido, en días recientes se dio a conocer la comisión de irregularidades en la contratación de obra pública por parte de las Delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentado el 18 de marzo del año en curso, se observó la ausencia de control interno en el primer año de gestión de las referidas demarcaciones territoriales, situación que derivó en irregularidades en la contratación de obras públicas.

Las conductas controvertidas fueron observadas en el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y van desde omisiones administrativas, hasta desarrollo de proyectos no comprendidos en el fondo e incumplimiento de la documentación requerida.

Si bien, el órgano fiscalizador señala que algunas de las observaciones ya han sido atendidas por las administraciones delegacionales, la mayoría de ellas siguen sin ser resueltas.

Las irregularidades de mayor gravedad se presentaron en las Delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. Entre las principales anomalías que dio a conocer el órgano fiscalizador se encuentran las que a continuación se señalan:

● Delegación Benito Juárez. Se destinaron 65 millones 85 mil 700 pesos a rubros no contemplados en el Fondo. De los cuales, 56 millones 189 mil 300 pesos fueron destinados a la adquisición de materiales de construcción (donde no se acreditó que correspondieran a obras de la administración directa); 3 millones 68 mil 900 pesos se destinaron al pago del proyecto ejecutivo de la construcción de un polideportivo; y 5 millones 592 mil 200 pesos para el mantenimiento de banquetas.

● Delegación Gustavo A. Madero. La Auditoria Superior de la Federación dio a conocer un probable daño por 434 mil 195 pesos derivado de trabajos de obra por tres contratos que no se habían realizado y uno más por 244 mil 519.86 pesos por luminarias que no funcionaban. Asimismo, se establecieron dos contratos cuyos montos originales se redujeron (sin que dicha situación fuera justificada).

● Delegación Miguel Hidalgo. En relación a la rehabilitación de una alberca ubicada en el Centro Social Miguel Hidalgo, la obra no está en operaciones; y no entregaron la documentación que acredite la autorización y evaluación del gobierno de la entidad de las obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa. En consecuencia, el órgano fiscalizador dio a conocer que las autoridades de la demarcación no llevaron a cabo una gestión eficiente ni trasparente de los recursos del Fondo.

La importancia del presente asunto estriba en que con las acciones y omisiones que hemos referido, el Fondo no pudo cumplir con sus objetivos, los cuales esencialmente consisten en: fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana, lo cual se traduce en afectaciones para la población del Distrito Federal y menoscabo del erario de la entidad. 

Es fundamental que se lleven a cabo las acciones necesarias para que los responsables, sean sujetos de las penas y medidas que conforme a derecho procedan. La Contraloría General del Distrito Federal, es la encargada de llevar a cabo la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la entidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, elementos imprescindibles para alcanzar la consolidación de la democracia mexicana.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública, que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de las Delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, y en su caso realice las acciones legales correspondientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los resultados y alcances obtenidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde las más antiguas hasta las actuales, las sociedades humanas han buscado la convivencia en armonía mediante una interacción respetuosa, sin embargo, siempre han existido conductas antisociales, las cuales transgreden al Estado de derecho.

En efecto, el delito ha sido indudablemente una de las preocupaciones más serias del hombre, generalmente las sociedades han utilizado el castigo como medio para disuadir a sus semejantes de realizar determinadas conductas, así es como se desarrolló el Derecho Penal, tipificando delitos con castigos o penas, con la esperanza de acabar con el problema.1

Sin embargo, a través de la historia se ha confirmado el fracaso de la pena como medio único para prevenir el delito, por lo que ha surgido la idea de la prevención como un elemento fundamental para impedir su realización y evitar llegar a la aplicación de la pena.2

En México, secuestros, extorsiones, robos, homicidios y otros referentes de la delincuencia se han convertido en palabras muy presentes en los relatos cotidianos, ya sea porque la ciudadanía ha sido víctima o testigo de estas conductas durante los últimos años en el país.

Generalmente esta coyuntura nacional, podría deberse a la falta de acciones efectivas en materia de prevención, a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana, a la permanencia de la corrupción en las instituciones públicas, a la carencia de políticas públicas integrales y focalizadas, entre otras causas.3

Por su parte, el Gobierno Federal presentó el año pasado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014-2018, el cual, tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.

Coordinado por la Secretaría de Gobernación, para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción, pero los cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD son:

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias;

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria;

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana;

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y,

5. Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de prevención social.

El programa contempla 251 municipios y dos delegaciones, pero en un principio sus acciones se focalizarán en 100 municipios. Se destinarán 118 mil millones de pesos para este año y se inyectarán recursos adicionales a 47 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas, al tratarse de localidades con mayores índices de delincuencia.

Para responder a la pregunta de si es posible prevenir el delito en el país, “México Evalúa” se dio a la tarea de analizar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La conclusión fue que el Programa en mención, se aplica sin una metodología clara sobre cómo elegir a las demarcaciones beneficiadas, con diagnósticos de crimen “frágiles y sin evidencia” y sin indicadores para poder medir su efectividad, por lo que, difícilmente será posible generar los proyectos necesarios para implementar estrategias efectivas en materia de prevención del delito.

Al igual que en la medicina, es mejor vacunar antes que lidiar con la enfermedad; por ello, las estrategias de prevención del delito son esenciales. Es un acierto que las políticas de prevención estén en el centro de la estrategia de seguridad de la presente Administración, sin embargo, como se mencionó anteriormente, la estrategia carece de información y evidencias que permitan ubicar y reconocer dónde están los riesgos y las áreas vulnerables.

Adicionalmente, la organización civil “Laboratorio de Políticas Públicas” (Ethos) destacó que el sistema de seguridad mexicano se basa en la premisa de la persecución del delito, y no en la prevención y procuración de justicia, esto es, en 13 años México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia, monto que supera a lo invertido en otras áreas como salud o ciencia. En ese periodo, apenas una cuarta parte de los delitos federales y uno de cada 10 ilícitos del fuero común acabaron con castigo y sentencia.4

El estudio realizado por la organización civil en mención, reveló que de todos los delitos federales cometidos entre el 2001 y el 2012, apenas el 24.5% culminó con una sentencia, es decir, uno  de cada cuatro casos. A nivel estatal la proporción es aún menor: apenas el 10% de los ilícitos del fuero común denunciados acabaron con una condena.5

Esta situación, señala el análisis, podría ser resultado de un efecto de “cuello de botella” en el sistema: muchos detenidos pero poca gente para investigar los delitos. Por ejemplo, según señala la organización civil en la Procuraduría General de la República (PGR) hay un agente del Ministerio Público por cada siete personas en otros cargos.

Lo anterior exhibe diversas problemáticas en México. Los ciudadanos son víctimas de diversos delitos, pero también son víctimas de la ineficiente impartición de justilla en la cual, hay muchos detenidos pero pocas sentencias.

Notablemente el Estado ha priorizado por persecución del crimen, pero simplemente eso, sin darle el procedimiento judicial pertinente. Además, ha dejado a un lado el asunto de la prevención del delito, que sin duda, es otra manera de proveer nuevos delitos.

De acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la violencia en México tiene un impacto de tres billones de pesos, equivalentes a 17.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Desde hace años, el Gobierno Federal ha destinado millones de pesos a la erradicación de la violencia, sin embargo el cuestionamiento es si las administraciones federales conocen realmente, ¿qué conductas criminales se quiere prevenir y por tanto, qué factores de riesgo se deben atender?

Con una prevención del delito adecuada, las consecuencias serán favorables. Primero, porqué reducirán los índices delictivos y la ciudadanía se sentirá segura en su país. Además, en materia penal, también serán menos las detenciones por lo que las sentencias serán más prontas y expeditas, por lo que habrá una mejora en la impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, se propone exhortar a la Secretaria de Gobernación para que informe si efectivamente el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está dando los resultados esperados, y de no ser así, mejore el Programa para su implementación.

Adicionalmente, es necesario conocer si las observaciones hechas por la organización civil “México Evalúa” fueron atendidas y analizadas con el objeto de mejorar el Programa en mención; asimismo, será necesario informar que otras estrategias o políticas están implementando el Gobierno Federal en materia de prevención del delito.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que

A) Informe a esta Soberanía los resultados y alcances obtenidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

B) Informe a esta Soberanía qué acciones se han implementado con el fin de mejorar la metodología sobre cómo elegir a las demarcaciones beneficiadas, los diagnósticos de crimen y los indicadores para poder medir la efectividad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, según lo señalado por la asociación civil “México Evalúa”.

C) Informe a esta Soberanía qué otras acciones está implementando para prevenir el delito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Agustín Herrera Pérez. La prevención de los delitos: elemento fundamental en la seguridad pública. Jurídicas UNAM. México. Disponible: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/106/pr/pr6.pdf [Consulta: 20 de marzo de 2015]. 

2 Ibídem.

3 Observatorio Nacional Ciudadano. Reporte sobre delitos de alto impacto ENERO 2014. México. 2014. Disponible en: http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Documentos/documentos/Reporte-ENE-2014-ONC-WEB-2.pdf [consulta 20 de marzo de 2015].

4 Ángel Arturo. México invierte más de 2 billones de pesos en seguridad, pero los delitos se quedan sin sentencia. Animal Político. México. 2015. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-13-anos-mexico-incrementa-200-el-presupuesto-para-seguridad-y-combate-delincuencia/ [consulta 20 de marzo de 2015]. 

5 Ibídem.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal informe cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones de la línea 12 que van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorpore los resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Las afectaciones provocadas a más de medio millón de usuarios diariamente por el cierre parcial de la línea 12 mejor conocida como “línea dorada” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sigue propiciando dudas respecto del funcionamiento de las 9 estaciones restantes que no fueron cerradas y que aún prestan el servicio.

Las autoridades del Distrito Federal han señalado que actualmente, operan con regularidad las estaciones Mixcoac, Insurgentes Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalitzingo y Atlalilco en sus dos sentidos.

No obstante, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y usuarios, han manifestado temor y preocupación debido a que el centro de Monitoreo de la Línea 12 opera al 25 por ciento de su capacidad, de acuerdo a los propios trabajadores.

La falta de mantenimiento correctivo y preventivo a lo largo de estas 9 estaciones, no ha sido subsanada por las autoridades capitalinas, toda vez que en diciembre de 2014 concluyó el contrato que tenía la empresa Alstom para realizar estas funciones.

Es importante recordar que en el Informe presentado por la Comisión Especial que da Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales destinados a la Línea 12 del Metro, se precisa que el origen de las fallas que culminaron en el cierre de las once estaciones de la Línea 12 se debieron a deficiencias de diseño y la falta de coordinación de los trabajos.

Además, los estudios técnicos realizados demostraron que los trenes no se inscriben correctamente en vías con características disímiles, provocando un desgaste ondulatorio.

Lo senadores del Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado a las autoridades capitalinas par que presenten un informe a esta Soberanía explicando cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorporen los resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos.

Expliquen también la operación técnica de trenes tipo FE-10 que circulan por la Línea 12, a fin de conocer que estos cuenten con las características técnicas para hacerlo en las vías diseñadas para sus rieles.

En el Grupo Parlamentario de PRI seguiremos exhortando a las autoridades del Distrito Federal para que realicen las acciones y medidas preventivas que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios de la línea dorada en las 9 estaciones que actualmente están en funcionamiento.

La finalidad es determinar y prevenir posibles riesgos al seguir operando una línea que en su construcción superó los 26 millones de pesos y que sólo funcionó sólo 14 meses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, informe a esta Soberanía cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones de la línea 12 que van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorporen los resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a institucionalizar un registro nacional único de desaparición forzada de personas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre el paradero de la persona”, según lo establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. [*]

En México se ha hecho patente el temor fundado hacia los cuerpos de seguridad pública. La lucha contra el crimen organizado, que desde hace ya algunos años se vive en el país, alentó el miedo de la ciudadanía para con los agentes del Estado, dando como resultado que la desaparición forzada de personas se ha usada como estrategia para producir angustia en la sociedad.

Por su parte, diversas agrupaciones conformaron la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, [*]  buscando alcanzar como objetivos la verdad, la memoria y la justicia, sumando a estos la reparación integral para los múltiples casos que se han vivido a la fecha en materia de desaparición forzada.

Esta organización civil ha sido centro de diversos ataques cometidos en su contra, sin importar eso, ha sido capaz de reportar una gran cantidad de datos sobre las desapariciones forzadas en México, las cuales han ido en aumento desde el sexenio pasado.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido quejas por parte de esta organización civil, mismas que fueron turnadas a la Secretaria de Defensa Nacional; para el año 2006 se turnaron 4, en el 2007 se interpusieron 7, durante 2008 con 25, aumentando para el 2009 con 77, sumando en el 2010 un rango de 124, y en el 2011 un total de 153 quejas por personas desaparecidas. [*]

En efecto las autoridades correspondientes no se han preocupado por las alarmantes cantidades y se ha continuado con un plan de seguridad inadecuado y violador de los derechos humanos constituidos en las normas mexicanas.

De acuerdo a una base de datos filtrada, la Procuraduría General de la República, para el año 2012, registró un total de 20,851 personas desaparecidas, 11, 201 son hombres y 8,340 mujeres, de los demás no se tiene datos correctos ni precisos. [*]

Este delito se presentó a lo largo y ancho de la República Mexicana, de la misma  base de datos mencionada se observó, [*]  en cuanto al número de denuncias presentadas ante la PGR, que: “el Distrito Federal en esa época tenía la cifra de 7132, seguida por el Estado de México con 2552, con las mayores denuncias, continuadas por Tamaulipas con 1078, Guanajuato con 718, Nuevo León con 672 seguida de Michoacán con 319 casos, el estado de Guerrero con 235, Querétaro con 101, Colima con 60, Quintana Roo con 9 denuncias y al último Campeche con 3”.

A consecuencia del incremento en el número de casos de desaparición forzada, y teniendo en cuenta que no existía una cifra oficial, la Secretaría de Gobernación reveló, a principios de 2013 la cifra de 26.000 personas desaparecidas. [*]

El aumento respecto de las quejas y recomendaciones, en materia de desaparición forzada, notificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el lapso, entre 1 de diciembre de 2012 y el 1 de enero 2014, se registraron 938 denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. [*]

También, con base en el Informe sobre Desaparición Forzada 2014, [*]  se observa que las Fuerzas Armadas cometieron este delito en contra de un cierto grupo de personas por la mera manifestación de sus ideas y sus convicciones políticas. Solo por ejemplificar, para el mes de febrero de 2013, se reportaron cuatro casos en contra de personas que pertenecían al Consejo Nacional del Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa; para marzo, se registró en contra de la Filiación del proyecto de agricultura urbana “El Terreno”, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En septiembre se registró este delito respecto de un integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas; y de igual forma, fueron documentados otros varios casos. Asimismo, el 8 de abril de 2014 se reporto la ausencia forzada de un integrante de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP).

Lamentablemente el delito de desaparición forzada no es nuevo, la sociedad mexicana ha visto década tras década como ha sido violada su libertad, no sobra recordar casos emblemáticos como el de Rodolfo Reyes Crespo, [*]  desaparecido el 22 de diciembre de 1972, Rosendo Radilla Pacheco, [*]  cuya desaparición data del 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del estado de Guerrero.  De forma paradójica, el año pasado nuevamente se presentó un caso paradigmático en materia de desaparición forzada, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Recordar la realidad es sufrir, porque a pesar de que existan los datos anteriores, no hay un registro oficial, así lo ha referido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) de México Luís Raúl González Pérez ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. [*]

Derivado de ello y ante la falta de responsabilidad por parte del Gobierno Federal, aún no se tiene un padrón fidedigno que permita realizar un trabajo de investigación en el que se recopile dicha información para crear y obtener un Registro Nacional.

Por lo tanto, no se puede dejar pasar más tiempo y resulta necesario hacer un llamado a las instancias correspondientes para que asuman con responsabilidad un mayor cuidado y claridad en las cifras sobre el delito de desaparición forzada y se castigue a quien resulte responsable, sin que haya lugar a la impunidad. 

Para alcanzar datos reales se debe recordar que no existe una base nacional de personas desaparecidas, con lo cual facilitaría conocer su paradero y al mismo tiempo saber acerca de quiénes pudieron ser los presuntos responsables de la comisión de ese delito.

La impunidad que vive este delito permite el aumento en el índice de desaparición forzada de personas, aunado a que las pocas investigaciones de casos se caracterizan por errores y omisiones, dificultando pero no imposibilitando realizar indagaciones acerca de los cuestionamientos surgidos por el ilícito, por tanto, se requiere y se exhorta a la Procuraduría General de la República para que continué con las investigaciones sobre el particular y se encuentre el paradero de todos los desaparecidos.

Es menester encontrar una adecuada visualización en el método de estrategias para apoyar en la localización de los desaparecidos, así como en brindar ayuda a las familias que sufren actualmente por la ausencia de sus seres queridos que han sido víctimas del acto antijurídico.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE AºCUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas estatales, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en coordinación se institucionalice un Registro Nacional Único de Desaparición Forzada de Personas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe a esta soberanía el número de denuncias presentadas en materia de desaparición forzada de personas.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que informe el número de casos en materia de desaparición forzada de personas que se han presentado ante dicha Comisión y las recomendaciones que ha emitido al respecto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

[*] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en línea), Consultado 26 de enero de 2015, http://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
[*] Informe sobre Desaparición Forzada 2014, consultado: 18 de Marzo de 2015, (en línea) http://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/informe_campana_nacional_2014.pdf
[*] El resurgimiento de la Desaparición Forzada en México –enero 2013–, consultado: 18 de marzo de 2015, en línea Ihttp://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/160113-desaparicion-forzada.pdf
[*] Informe sobre las personas desaparecidas en el sexenio 2006 – 2012, consultado: 18 de marzo de 2015, en línea:  www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/biblioteca_virtual/pdf/Informe_CIC_ppersonas_desaparecidas_2006-2012.pdf)
[*] Ibídem.
[*] Informe sobre Desaparición Forzada 2014, consultado: 18 de Marzo de 2015, en línea: http://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/informe_campana_nacional_2014.pdf
[*] Ibídem.
[*] Ibídem.
[*] Gen6cidi8, Documentos que el gobierno de Fox censuró, Norberto Moreno, 2008, México, p. 69.
[*] La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez y María Carmelina Londoño Lázaro,Volumen VI, México, 2010, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
[*] No hay una cifra confiable de desapariciones forzadas: CNDH, Proceso (en línea) consultado el 5 de febrero de 2015, http://www.proceso.com.mx/?p=394867





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el precio del huevo.Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El huevo es un producto con alto valor nutritivo y un alimento básico en la dieta de los mexicanos. Las cifras indican que con un consumo per cápita de 21.9 kilos por año, nuestro país se ubica como el principal consumidor de este producto a nivel mundial y ocupa la sexta posición como productor sólo por debajo de países como China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia.

En 2014, la industria avícola generó un millón 154 mil empleos, de los cuales 192 mil fueron directos y 962 mil indirectos.

De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, en 2014, se produjeron en nuestro país 2.5 millones de toneladas de huevo para plato. A nivel nacional, Jalisco es el principal productor tanto de carne en canal de ave como de huevo para plato.

La Unión Nacional de Avicultores (UNA) ha planteado que si se realizan las inversiones necesarias en infraestructura de producción, procesos de valor agregado, investigación y mercadeo, la industria podría crecer a una tasa de 6% anual durante los próximos 12 años.

El huevo ha sido durante muchos años parte de la dieta de las familias mexicanas, es consumido prácticamente en todos los niveles socioeconómicos, desafortunadamente este producto se ha enfrentado a una serie de externalidades que han alterado sus niveles de producción y su precio.

En 2012 se presentó una epidemia de gripe aviar que impactó directamente a toda la cadena comercial de este producto, resultado del sacrificio de 22 millones de gallinas infectadas o en grave riesgo de ser contagiadas.

Sumado a esta contingencia sanitaria, aparecieron especuladores que utilizaron prácticas comerciales ilegales como el acaparamiento para seguir incrementando los precios de este importante producto.

En los últimos días se ha presentado un incremento considerable en el precio del huevo, tan sólo entre el 16 y 20 de marzo de 2015 el paquete de 18 piezas de huevo blanco se vendió entre los 40.55 y 41.30 pesos en los supermercados del Distrito Federal, mientras que el precio en la Central de Abasto de Iztapalapa fue de 33.50 pesos el kilo.

De acuerdo con cifras de la PROFECO, desde finales de noviembre del año pasado el precio del huevo aumentó de 28 a 39.5 pesos, un incremento del 41.1%.

Ante este escenario y con el objetivo de apoyar la economía familiar, los Senadores de Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es urgente la intervención de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de que fortalezcan las acciones de vigilancia, supervisión y aplicación de sanciones a establecimientos que presenten abusos en el precio del huevo; asimismo, se investiguen posibles prácticas desleales en la cadena productiva del huevo.

En este marco, el artículo 34, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, mientras que la fracción VII, plantea que la Secretaría deberá establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías.

Asimismo, el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala      que le corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único: El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en función a sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el precio del huevo, y en caso de existir prácticas comerciales ilegales sean castigadas conforme a la ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo respecto de las investigaciones que realizan distintas autoridades a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a instruir a la Dirección de Finanzas de Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad y austeridad presupuestal que permitan mejorar la eficiencia en la operación y hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. Se turna a la Comisión de Energía.

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA QUE INSTRUYA A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE PEMEX A AJUSTAR SU GASTO E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN Y, AL MISMO TIEMPO, HACER UN ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado mes de enero el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte al gasto para este año por $124,300 millones de pesos, el cual representa el 0.7% del PIB, entre otras cosas se anunció que tendría un impacto directo en Pemex y CFE además de cancelar de forma definitiva el Tren Transpeninsular a Quintana Roo y de manera indefinida el Tren de México-Querétaro, así como recortes a la administración pública tanto en gasto corriente como en gasto de inversión.

Aunado a lo anterior, se anunció la emisión de lineamientos que el gobierno debe seguir en materia de austeridad, bajo el argumento de que la prioridad para el año 2016 será gastar menos y mejor.

Dicho lo anterior, conviene señalar que Petróleos Mexicanos a sus 77 años, se  encuentra endeudado y en plena crisis financiera, con los niveles de reservas en petróleo más bajas de los últimos 10 años y con una preocupante caída en la producción del crudo.

Además de lo anterior debemos sumarle la carga que representa el pasivo laboral y el recorte presupuestal anunciado recientemente por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que asciende a los 62 mil millones de pesos, lo que significará en un mayor impacto para sus finanzas.

No debemos olvidar que estos escenarios se complican ante las adversidades que representa la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional en donde a partir del mes de junio de 2014 a la fecha el precio del petróleo ha bajado 53%.

No obstante lo anterior y pese a esta crisis por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, observamos que los beneficios para el personal directivo se mantienen sin mayor reparo.

Al respecto es importante mencionar en días pasados el periódico Reforma publicó una nota en donde señala que en el año de 2014 la empresa erogó 6.3 millones de pesos para el pago de tarjetas de crédito a 92 funcionarios.

Además cobra gran relevancia que en este año el número de tarjetas otorgadas por la empresa se incrementó a 108 incluyendo a mandos del Corporativo, Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, el Órgano Interno de Control y consejeros.

En la nota periodística de la cual hago referencia se señala que los funcionarios beneficiados con este tipo de prestaciones se encuentran “el titular de Pemex, Emilio Lozoya; su asesor ejecutivo, José Rafael García; la secretaria particular adjunta, Mariana García de la Cadena; el coordinador de asesores, Carlos Roa, y otros 11 gerentes y asesores.”

Además de los anteriores se incluye a  directores, coordinadores, subdirectores y secretarios particulares, según señala la fuente periodística en una respuesta obtenida vía solicitud de información.

Pemex ha señalado que dicha asignación de tarjetas de crédito obedece principalmente para atender gastos de representación, alimentos y hospedajes. Por ejemplo, en 2013 el Director General de Petróleos Mexicanos pagó 251 mil pesos por concepto de hospedaje y alimentos en Davos; en marzo de 2013, pagó 22 mil pesos en Nueva York y Miami por tres días de trabajo, y 166 mil pesos en el itinerario Madrid-Hong Kong-China, de acuerdo con facturas entregadas vía transparencia señala la nota periodística.

Cabe señalar que además del beneficio que representa la tarjeta de crédito otorgada los funcionarios reciben incentivos por productividad, tiempo extra, ayuda en canasta básica, gasolina, servicio médico integral, vivienda, préstamos administrativos, gastos funerarios propios y de familiares, becas para sus hijos, un seguro de vida especial, vehículo utilitario, chofer y apoyos para teléfonos celulares.

Derivado de lo anteriormente fundado y bajo el contexto que vivimos por la caída de los ingresos petroleros y en el contexto de un recorte al gasto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos para que instruya a la Dirección de Finanzas de Pemex ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad presupuestal que permitan mejorar la eficiencia en la operación y evitar el dispendio de recursos, al mismo tiempo se le invita a realizar un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, el 25 de marzo de 2015.

Atentamente.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que evalúe la situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE HAGA UN RESPETUOSO  LLAMADO AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA A FIN DE QUE EVALÚELA SITUACIÓN QUE  GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló al político Leopoldo López como responsable de los actos de violencia y le imputó los cargos de terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir; el 18 de febrero, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia tras una multitudinaria concentración. Leopoldo continúa recluido en una cárcel militar bajo condiciones de aislamiento y en plena violación de sus derechos políticos y del debido proceso.

El 12 de febrero de 2015, un grupo de militares comandado por el coronel Homero Miranda, director del Penal Militar de Ramo Verde, enviaron a Leopoldo López  y a Daniel Ceballos a una “celda de castigo” en la que están aislados del resto de los presos y se les prohibió recibir visitas de sus familiares.

Ante estos hechos, José Miguel Vivando, Director para las Américas de Human RightsWatch, señaló: "Demandamos a la comunidad internacional, en especial a los Estados miembros de Unasur, los cuales salvo contadas y recientes excepciones han mantenido un silencio cómplice, que no traicionen sus obligaciones jurídicas internacionales, y de una vez por todas se pronuncien sobre los abusos cometidos en Venezuela y exijan la inmediata e incondicional liberación de López y de otros presos en similares condiciones”.

Por su parte, Daniel Omar Ceballos Morales, ex alcalde del municipio de San Cristóbal en Táchira, Venezuela, fue detenido el 19 de marzo de 2014 acusado de “rebelión civil”; posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció a Ceballos a un año de prisión y la inhabilitación política. Tras nuevas elecciones, su esposa Patricia de Ceballos fue electa alcaldesa con el 73.22 por ciento de los votos.

El 19 de febrero de 2015, Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, fue detenido por un centenar de elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General, el alcalde Ledezma fue acusado de ser partícipe en “una operación” que supuestamente pretendía derrocar al gobierno venezolano.

El 23 de febrero de 2015, un grupo de diputados oficialistas acudieron a la Fiscalía para solicitar una investigación al diputado Julio Borges, líder del partido opositor Primero Justicia, a quien acusaron de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, así como organizar un supuesto golpe de Estado. Además, afirmaron que en los próximos días tramitarían en la Asamblea un “allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Borges para iniciar el proceso en su contra.

2. El pasado 23 de febrero, quince ex ministros peruanos encabezados por Javier Pérez de Cuellar, el único latinoamericano que ha fungido como Secretario General de las Naciones Unidas, solicitaron mediante una carta a la Cruz Roja Internacional inspeccionar las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela.Sin embargo, no se les ha permitido el acceso a los penales militares donde los presos políticos están privados de su libertad.

3. Circula una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria con número A/HRC/WGAD/2014/xx, que determina que la detención de Leopoldo López es arbitraria según las Categorías II y III, por consiguiente recomiendan al Gobierno venezolano disponga su inmediata libertad y se le otorgue una reparación integral.

El Gobierno de Venezuela rechazó dicha resolución exigiendo respeto para las instituciones venezolanas. El entonces canciller venezolano, Rafael Ramírez, declaró: "Así como le dijimos al Departamento de Estado [de EE.UU.] que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución"; además añadió que "todos los juicios que están en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su curso en el marco de nuestras leyes, así que exigimos respeto a nuestras decisiones soberanas".

4. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación), constituyen el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; este basa sus actividades en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I de 1977, en los que se le reconoce el derecho a ejercer actividades como socorrer a los militares heridos, enfermos o náufragos, visitar a los prisioneros de guerra, intervenir en favor de la población civil y, sobre todo, velar por la protección y trato a las personas de conformidad con el derecho humanitario.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

IV. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

V. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

IV. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1 numeral 1, señala que:
Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos.

V. Que. en caso de un conflicto armado no internacional, el CICR basa sus actividades en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional II, en el que se prevé el derecho a ofrecer sus servicios a las partes en conflicto a fin de llevar a cabo acciones de socorro o de visitar a las personas detenidas a causa del conflicto.

Por otro lado, en caso de situaciones de violencia que no alcanzan el nivel de conflicto armado (disturbios interiores y tensiones internas, como es el caso de Venezuela), el CICR basa sus actividades en los Estatutos del Movimiento, artículo 5, donde se le reconoce el derecho de iniciativa humanitaria y cuyo derecho puede ser invocado tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales.

El artículo 5 inciso d de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, establece que la ocupación del Comité Internacional es:

hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se despliega especialmente en casos de conflicto armado –internacionales o de otra índole– o de disturbios internos, por lograr la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus consecuencias directas;

VII. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:

Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos;

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través del Representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, promueva la suspensión de la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja para que solicite a las autoridades venezolanas la realización de una inspección a las condiciones en las que se encuentran los señores Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, así como todos aquellos que están recluidos por cuestiones políticas en la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de marzo de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Sen. Jorge Luis Lavalle Maury y Sen. Francisco Salvador López Brito





 

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el "Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos".

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.-

La  Organización de las Naciones Unidas proclamo el 25 de marzo como el Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos, este día nos brinda la oportunidad de honrar y recordar a todos aquellos que sufrieron y murieron a manos de un execrable sistema de esclavitud. Este día mundial también tiene como objetivo alertar al público en general sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad.

La trata transatlántica de esclavos fue la mayor migración forzada de la historia, y sin duda una de las más inhumanas. El éxodo de la población africana se extendió a muchas partes del mundo a lo largo de 400 años y no tiene precedentes en la memoria de la historia.

Como resultado directo de la trata transatlántica de esclavos, la mayoría de los africanos acabó en las Américas: 96 por ciento de los cautivos procedentes de las costas africanas llegaron hacinados en barcos de esclavos a los puertos de América del Sur y las Islas del Caribe.

De 1501 a 1830, cuatro africanos cruzaron el Atlántico para cada europeo. La demografía de las Américas en aquella época parecía más una extensión de la diáspora africana que europea. El legado de esta migración se puede ver hoy en día, grandes poblaciones de ascendencia africana siguen viviendo en las Américas.

En nuestro país se estima que cerca de 400,000 mexicanos asumen tener raíces de este tipo, y muchos más las tienen, aunque no lo manifiesten así. Algunos inmigraron en las últimas décadas por motivos sociopolíticos desde países con una mayor presencia de estas características, y otros forman parte de comunidades afrodescendientes ancestralmente asentadas en las costas del Pacífico o del Golfo de México. Pero ahí están, aunque vivan invisibilizados del resto de la sociedad o se nieguen a asumir esta identidad.

La discriminación se traduce en la falta de políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues en México no se toma en cuenta que la población con origen afro es más propensa a tener ciertas enfermedades. En los diferentes niveles de gobierno, hay programas de salud hacia la población indígena, adultos mayores, infancia, minusválidos pero no para la población negra, lo que bloquea los apoyos públicos para atender sus problemáticas particulares.

En nuestro país hay más de 400 comunidades afromexicanas en siete entidades del país. Los tres estados con mayor presencia negra son Guerrero, Oaxaca (donde un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi- de 2010 cifró en 74,525 el total de afromexicanos) y Veracruz, aunque hay además en Coahuila, a donde emigraron a partir de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, en los años 60 del siglo XIX. También en Michoacán, Chiapas (región del Soconusco), Tabasco y menor en algunos otros estados del sur. México puede hacer es reconocer la raíz africana de su sociedad y también el hecho de que la gente que tiene origen africano son un grupo diferente que existe en México que tiene sus necesidades específicas que necesitan ser atendidas. Creo que si eso sucede, sólo entonces podemos empezar a ver su visibilidad.

El tema para este año 2015 es rindir homenaje a las muchas mujeres esclavizadas que afrontaron penurias insoportables, incluida la explotación sexual, así como a aquellos que lucharon por liberar a los esclavos y abogaron por su abolición. También celebra la fuerza de las mujeres esclavizadas, muchas de las cuales pudieron transmitir la cultura africana a sus descendientes a pesar de los increíbles abusos que sufrieron. No es de extrañar que su lucha por erradicar la esclavitud también influyera en la lucha por los derechos de las mujeres que se inició en el siglo XIX.

En la resolución 62/122 del 17 de diciembre de 2007, donde se declaró el 25 de marzo como el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos. Se puso en marcha un programa de divulgación destinado a las instituciones educativas, la sociedad civil y otras organizaciones, con el objetivo de educar las futuras generaciones sobre las causas, consecuencias y lecciones del comercio transatlántico de esclavos, y para comunicar los peligros del racismo y sus prejuicios.

México D. F., el 25 de marzo de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el "Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos".

Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos

25 DE MARZO

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El 25 de marzo de 1985, Alec Collett fue secuestrado por varios hombres armados cuando trabajaba en el Líbano para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

Durante más de 24 años, su esposa y su familia lo mantuvieron en sus oraciones y se aferraron a la esperanza de que fuera encontrado con vida hasta que finalmente se encontraron e identificaron sus restos en 2009.

El Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos se conmemora todos los años con ocasión del aniversario del secuestro del Sr. Alec Collett, ex periodista que trabajaba para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en el Cercano Oriente cuando fue secuestrado por elementos armados en 1985. 

Cada año, en este día, se honra la memoria de Alec Collett y todos los demás funcionarios que han desaparecido, sido detenidos o incluso asesinados mientras trabajaban para la Organización. La bandera de las Naciones Unidas, que representa la esperanza, la seguridad y una vida mejor para los más vulnerables, en algunos lugares se ha convertido ahora en blanco de ataques. El personal de las Naciones Unidas es cada vez más vulnerable en el desempeño de su labor.

Según los informes preliminares, en 2012 unos 200 funcionarios de las Naciones Unidas fueron detenidos por las autoridades nacionales y otros 30 fueron secuestrados por agentes no estatales; 15 de esos secuestros se debieron a motivos políticos y dieron lugar a situaciones de toma de rehenes. Todos fueron liberados sanos y salvos.

En los últimos años, el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos ha cobrado una importancia aún mayor con la intensificación de las agresiones contra las Naciones Unidas. Se trata de un día para impulsar la adopción de medidas, exigir justicia y reforzar nuestra decisión de proteger a los funcionarios y al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como a nuestros colegas de la comunidad de organizaciones no gubernamentales y la prensa.

En este y todos los días, rindamos homenaje a la valentía y la dedicación de todos los colegas de las Naciones Unidas que tanto arriesgan para ayudar a los menos afortunados. Nunca se debería pedirles que sacrifiquen su libertad o su vida por estos nobles objetivos.

Atentamente

Miércoles 25 de Marzo de 2015.

H. Cámara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:14 horas)

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