Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 35



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Diciembre de 2014

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4. Hay que mencionar que en el artículo único del decreto de la Iniciativa que se analiza y dictamina, se establece la adición de una fracción VI Bis, al artículo 73, de la Ley General de Salud, no obstante, en la propuesta del articulado en el cuerpo del decreto final se establece una fracción V Bis, respecto de la cual estas comisiones consideran la viabilidad con los cambios sugeridos y por tener relación directa con la fracción V y no la VI Bis, como lo plantea el intríngulis del decreto ya que la fracción VI menciona lo referente a "La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental", tema que no tiene relación directa con la pretensión de la Iniciativa.

Por lo anterior es que se vierten los cambios de la siguiente manera:


PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

El Presidente José Rosas Aispuro Torres: (18:17 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 67 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Se abre la sesión del día 14 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y tres minutos del jueves once de diciembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, su Informe de actividades legislativas, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Energía, su Informe de actividades, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, los siguientes Informes:

1) De la 131ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, del 11 al 17 de octubre de 2014 y

2) De la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, los días 19 y  20 de noviembre de 2014.

Los informes quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Informe sobre la XX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en Ottawa, Canadá, los días 24 y 25 de noviembre de 2014.- Intervino la Senadora Marcela Guerra Castillo. El informe quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 20 al 25 de septiembre de 2014.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala.

5) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.

6) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.

7) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.

8) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Perú.

La discusión de los ocho dictámenes se realizó en forma conjunta. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; Marcela Guerra Castillo del PRI; y Raúl Morón Orozco del PRD. Los acuerdos fueron aprobados por 104 votos en pro. Los embajadores rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Ucrania.

La discusión de los dos dictámenes se realizó conjuntamente. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; y Rabindranath Salazar Solorio, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Los acuerdos fueron aprobados por 102 votos en pro. Los embajadores rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Angel Isidro Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait.- Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores; y Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. El acuerdo fue aprobado por 97 votos en pro. El embajador rindió su protesta de ley.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Carlos Mendoza Davis, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de diciembre de 2014.- Intervinieron los senadores: Emilio Gamboa Patrón del PRI; Fernando Mayans Canabal del PRD; Francisco Yunes Zorrilla del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Manuel Bartlett Díaz, PT; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.- Intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado por 103 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X y se recorre la siguiente a la fracción XI del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones entregaron una propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Asamblea para su incorporación en el texto del dictamen. Asimismo, se informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez entregó el texto de su intervención, el cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 93 votos en pro, se remitió al Diario Oficial de la Federación para la publicación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones entregaron una propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Asamblea para su incorporación en el texto del dictamen. Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez del PRD y Angélica Araujo Lara del PRI. La Presidencia informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez entregó el texto de su intervención, el cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 98 votos en pro, se remitió al Diario Oficial de la Federación para la publicación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, por las comisiones, para presentar los dictámenes; Raúl Morón Orozco del PRD, quien se refirió a los tres dictámenes; Gabriela Cuevas Barrón del PAN, para referirse a los tres dictámenes; y Luz María Beristáin Navarrete del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el primero de noviembre de dos mil trece en la Ciudad de México.- Sin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción VII al Artículo 96 de la Ley General de Salud, y

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 97 de la Ley General de Salud.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Francisco Salvador López Brito entregó los textos de sus intervenciones, los cuales se integraron al Diario de los Debates. Los dictámenes que proponen desechar los proyectos de decreto fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, continúe promoviendo la creación de observatorios turísticos que permitan fortalecer las políticas públicas del sector turístico de nuestro país.

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar campañas de promoción turística de los diferentes destinos turísticos religiosos de México.

3) Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo informar los avances de la estrategia para el desarrollo, posicionamiento y promoción de la industria de turismo de salud; y le exhorta a impulsar el turismo de salud en el Distrito Federal y en los estados de Guerrero y Morelos, así como en aquellos otros estados que cuenten con oferta de exportación en la materia.

4) Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo realizado por el Gobierno Federal y la Organización Mundial de Turismo en la celebración del Día Mundial del Turismo el pasado 27 de septiembre de 2014, en Guadalajara, Jalisco; y exhorta a la Secretaría de Turismo a seguir fortaleciendo el trabajo de empoderamiento de la participación comunitaria en la actividad turística con el programa Pueblos Mágicos.

Sin discusión, los cuatro acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas encaminadas a elevar la productividad de los principales productos estratégicos agrícolas y pecuarios.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar mayores recursos y a establecer campañas a través de los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal, para ampliar las acciones fitosanitarias pertinentes que permitan contener la propagación de la rata de campo, a fin de evitar mayores daños a los cultivos de Baja California Sur.

3) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar programas que impulsen de manera eficiente la reconversión productiva por regiones, tomando en cuenta la demanda del mercado, los recursos naturales disponibles, transferencia tecnológica, adquisición de insumos, equipamiento e infraestructura hidro-agrícola y de acopio disponible.

4) Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo.

5) Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a implementar acciones para atender el problema de comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera-verano 2014, provocado por la caída de los precios internacionales del grano.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Salvador López Brito entregó los textos de sus intervenciones, se insertaron en el Diario de los Debates. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a fortalecer las acciones, programas y políticas públicas encaminados a impulsar de manera permanente la Agricultura Familiar, en la luchas por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Salvador López Brito entregó el texto de su intervención, se insertó en el Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar la labor de educación, capacitación, difusión y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

2) Que exhorta a la Federación y a las entidades federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

3) Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las legislaturas correspondientes, a implementar acciones tendientes a garantizar la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco del "Día Universal del Niño".

Sin discusión, los tres acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción de los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

3) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, "Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

4) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923”, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Asamblea autorizó la incorporación de los cuatro dictámenes al Orden del Día de la sesión. Quedaron de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para establecer los criterios de turno y trámite de los asuntos que son competencia de las comisiones especializadas en relaciones exteriores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 95, 96 y 100 Bis de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222, fracción I; se adicionan los artículos 212, con un tercer párrafo; 221, con un tercer párrafo; 222, con un párrafo sexto a la fracción II; los Capítulos del XIV al XVII al Título Décimo; y 225, con una fracción XX-Bis; y se deroga la fracción IV del artículo 214, todos del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 42, fracción VIII, inciso f) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de desaparición forzada de personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 215-A, 215-B, 215-C, 215-D, y se adicionan los artículos 215-E y 215-F del Código Penal Federal, en materia de desaparición forzada de personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 222 Ter a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad de las personas jurídicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de vacunación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición de poderes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, en materia de delitos motivados por discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de empleo y reinserción productiva.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de lenguaje de señas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 de la Ley de Planeación y 13 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Turismo a promover las artesanías propias del estado de Oaxaca en el desarrollo de las actividades artísticas y culturales de los eventos que organizarán los Pabellones México en las ferias internacionales a realizarse de enero a marzo de 2015.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Coahuila de Zaragoza, de Sinaloa y de Tabasco, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar o, en su caso, abstenerse de aprobar normas que tiendan a la explotación de mujeres con fines reproductivos.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la mejora regulatoria de los medicamentos biotecnológicos no comparables.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Estado a fortalecer el combate contra la corrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre las acciones de represión del gobierno del estado de Puebla contra ediles auxiliares municipales.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que la Procuraduría General de la Republica implemente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los Secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público para exponer la estrategia del Ejecutivo Federal ante la caída internacional en los precios del petróleo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Efeméride)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con once minutos y citó a la siguiente el próximo domingo catorce de diciembre a las diecisiete horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobada el acta. Que se hagan los registros correspondientes.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificación en la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Marina con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual legislatura.








Una de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual legislatura.








Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con la que remite su programa de trabajo 2014-2015.








Una, de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al segundo año de ejercicio de esta legislatura.

VER DOCUMENTO






Una, del Senador Carlos Mendoza Davis, con la que remite su informe de actividades correspondientes al periodo diciembre 2013 diciembre 2014.








Una, de la Senadora Dolores Padierna Luna, con la que remite el informe de su participación en la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial y reuniones conexas, realizada del 11 al 17 de octubre de 2014 en Ginebra, Suiza.








Cinco, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con las que remite los informes de sus actividades en la 12ª, Reunión de la Red de Parlamentarios de Contacto para Detener la Violencia Sexual contra los Niños, celebrada los días 14 y 15 de marzo de 2013, en Berlín, Alemania.

La Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo el 4 de octubre de 2013, en Estrasburgo, Francia.

El Seminario Interparlamentario por el XX Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, celebrado los días 21 y 22 de enero de 2014, en Québec, Canadá.

La XXVII Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA, y la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrado del 28 al 31 de marzo pasado, en Montego Bay, Jamaica.

Y el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Gobernanza Pública. Liderazgo de las Mujeres en la Vida Pública, que se llevó a cabo del 2 al 4 de abril de este año en curso en París, Francia.








Se recibieron también las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el informe de la Décima Reunión Interparlamentaria México-Chile, celebrada el 11 y 12 de noviembre del año en curso, en Valparaíso, Chile.








Una, de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de la última Sesión del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, celebrada los días 25 y 26 de noviembre de este año en París, Francia.








Una, del Senador Miguel Angel Chico Herrera, con la que remite el informe de los trabajos de la Delegación Mexicana en la XIII Asamblea General de la COPA, y la XII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada del 3 al 5 de noviembre de este año en Asunción, Paraguay.








Y una de la Comisión de Gobernación, con la que remite el informe de actividades del Grupo de Trabajo Plural para el caso de Ayotzinapa, sobre el avance y resultados de las investigaciones.



El Presidente Aispuro Torres: Está Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada uno de los informes.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las propuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, con motivo del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.



El Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a los grupos parlamentarios y a las comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite su informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto correspondientes al tercer trimestre de 2014.

IMSS

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ'

México, D.F., a 13 de noviembre de 2014.
Oficio. No. 0952170500/   0138

SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CÁMARA DE SENADORES

PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión ordinaria número 610 celebrada el 12 de noviembre de 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

José Antonio González Anaya
Director General

El Presidente Aispuro Torres: Remítase el Informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria.



El Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



El Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.



El Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En otro apartado de nuestra agenda, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de primera lectura.

La Secretaria Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7º Y 8º DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 02 de septiembre de 2014 para efectos del apartado A. del artículo 72 constitucional.

Con fundamento en el apartado A. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que reforma los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 13 de marzo de 2014, el Diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II constitucional, así como el artículo 6, numeral 1, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó ante el Pleno de ese cuerpo legislativo, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

3. El 25 de septiembre de 2014,el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7º y 8ºde la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con 349 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

4. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del apartado A. del artículo 72 constitucional.

5. El 29 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisión unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de este órgano legislativo el Proyecto de decreto por el seque reforman los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio y análisis de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados a fin de elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto en análisis corresponde a una propuesta del Diputado J. Jesús Oviedo Herrera, cuya finalidad es actualizar el contenido semántico de los artículos 7° y 8° de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, eliminado el término “Territorios”, e incorporando el de “Distrito Federal”, en virtud de que, el primero, corresponde a una figura jurídica inexistente en la actualidad y, el segundo, por la necesidad de referenciar a esta entidad federativa, a efecto de que se cumpla cabalmente con las disposiciones previstas en la ley para esta entidad federativa y respecto de la colaboración de los otros órdenes de gobierno en una materia de ámbito Federal, como lo representan los monumentos y las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

La comisión dictaminadora en la Cámara de Diputados hace el señalamiento expreso de la necesidad de modificar los conceptos incorporados en la ley, ya que cuando esta última se promulgó, aún existía la figura de territorio en los casos de Baja California Sur y Quintana Roo, entidades a las que les fue reconocida su condición de Estados integrantes de la Federación en el año de 1974, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de ese año.

Asimismo, en las consideraciones de los integrantes de la comisión se hace referencia a la fracción I. del artículo 42 constitucional, respecto de las partes que comprende el territorio nacional, y se transcriben el contenido del artículo 43, dónde se da cuenta de los Estados que integran a la Federación, además del Distrito Federal. De esta última entidad se señala que es la extensión geográfica en el que por mandato constitucional se localizan los poderes de la Unión y, al mismo tiempo, es la capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a estas disposiciones resulta congruente la inclusión del Distrito Federal en el marco de la ley, porque su condición jurídica permite corresponsabilizar a las autoridades de esta instancia de gobierno de los señalamientos que establece la misma para las autoridades de los Estados de la Federación. En este caso, la norma prescribe que cualquier intervención que se realice en bienes considerados monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, deberá contar con el permiso o autorización de parte de las autoridades federales correspondientes, ya sea del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes.

La propuesta normativa aprobada en la Cámara de Diputados es la siguiente:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS,
ARTISTICOS E HISTORICOS

Texto Original

Propuesta normativa

ARTICULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

….

….

ARTICULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

ARTICULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho Instituto.

ARTICULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que dicho Instituto.

Tomados en cuenta los señalamientos expresados en el contenido del dictamen aprobado por la colegisladora, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones al Pleno.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación.

SEGUNDA.- La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

TERCERA.- En el año de 1974, dos años después de la publicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se aprobó la reforma que le confirió a los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo la condición de Estados de la Federación que, conforme a las disposiciones vigentes en aquel momento, requerían de contar con más de 80 mil habitantes y tener la capacidad para cubrir su administración pública, entre otros aspectos. Esta situación fue reconocida por el constituyente permanente en el mes de octubre de 1974.

CUARTA.- En el caso de la inclusión del Distrito Federal en los artículos 7° y 8° de la ley, los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con las reflexiones contenidos en el dictamen de la Cámara de Diputados, en virtud de que la naturaleza jurídica del Distrito Federal, conforme a las reformas constitucionales de 1997 y de 1993 le confirieron una calidad de entidad con personalidad jurídica distinta a la Federación que es simultáneamente la residencia de los Poderes de la Unión y en donde ningún Estado de la Federación  puede ejercer algún tipo de soberanía. Como entidad jurídica cuenta con un estatuto de gobierno expedido por el Congreso de la Unión y constituye su instrumento de organización y gobierno de mayor relevancia. No obstante, se reconoce que aún la Federación mantiene ciertas facultades sobre esta entidad gubernamental, tanto desde el Ejecutivo Federal como desde el Poder Legislativo del mismo orden de gobierno.

QUINTA.- Con independencia de lo anterior, es de señalarse que la autoridad del Distrito Federal tiene a su cargo o bajo su jurisdicción un importante patrimonio inmobiliario y mobiliario que se encuentra dentro de las hipótesis jurídicas de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y que, por disposición expresa de la ley, su protección y conservación corresponde a las instituciones Federales. Desde esta perspectiva, al igual que el conjunto de Estados que integran a la Federación, todas las intervenciones que se lleven a cabo sobre los mismos debe contar con el permiso o autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos de lo dispuesto en el apartado A. del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 7º. Y 8ºDE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Las autoridades de los estados, Distrito Federal y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

...

...

Artículo 8.- Las autoridades de los estados, Distrito Federal y municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho instituto.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA






De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara Día Nacional de la Cultura Maya, el día 21 de diciembre de cada año.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION DECLARA “DIA NACIONAL DE LA CULTURA MAYA”, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA

Las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, recibieron de parte de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Proyecto de decreto por el que se declara el día 21 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Cultura Maya.

Con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de decreto por el que se declara el día 21 de diciembre de cada año Día Nacional de la Cultura Maya:

ANTECEDENTES

1. El 28 de octubre de 2014 el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declaran el 21 de diciembre de cada año “Día Nacional de la Cultura Maya”.

2. A la propuesta de decreto se sumaron los senadores Adriana Díaz Lizama, Angélica del Rosario Araujo Lara, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Eviel Pérez Magaña, Francisco Domínguez Servién, Francisco Salvador López Brito, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Luz María Beristain Navarrete, Octavio Pedroza Gaitán y Raúl Aarón Pozos Lanz.

3. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda el Proyecto de decreto por el que se declara el 21 de diciembre de cada año “Día Nacional de la Cultura Maya”.

4. Las presidencias de las comisiones dictaminadoras hicieron llegar la propuesta a los integrantes con el propósito de dar por recibido el proyecto de decreto.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta del Senador por el Estado de Tabasco, Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo propósito es declarar oficialmente al día 21 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Cultura Maya, en reconocimiento a la memoria de una de las civilizaciones originarias de la Nación mexicana, cuyo desarrollo cultural ha sido muy destacado y objeto de numerosas investigaciones por el desarrollo de la escritura, la medición del tiempo, la astronomía o la arquitectura.

El proponente considera necesario honrar a la civilización Maya por el hecho de que representa un pueblo de gran influencia en la historia nacional. La aplicación del cero en el pensamiento matemático, la observación y pronóstico de eclipses solares y lunares, además del cálculo de fenómenos como el solsticio y el equinoccio, eventos que se vieron reflejados en su majestuosa arquitectura, son acontecimientos relevantes en el curso del desarrollo de las civilizaciones de la humanidad.

Asimismo, el que suscribe sostiene que es de destacarse el cálculo astronómico de las órbitas de planetas como Mercurio, Venus, Marte, la Tierra y Júpiter, así como el legado patrimonial que representan los asentamientos urbanos en diferente épocas, que se compone actualmente de una serie de vestigios arquitectónicos de alrededor de 15 mil sitios, que constituyen una base sólida del turismo en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Ante esta circunstancia, considera fundamental gestionar ante las diferentes instancias de gobierno, presupuesto suficiente para el mantenimiento y resguardo del patrimonio cultural y arqueológico que se encuentra en la región; fortalecer los trabajos de investigación en nuevas zonas arqueológicas para documentar los hallazgos y evitar el saqueo; promover la creación de una universidad especializada en la cultura Maya, como ocurre en Noruega, Alemania, Italia, España y Estados Unidos; fomentar las relaciones de intercambio cultural en los demás países en donde también se asentó la civilización Maya, como son, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador; y promover el flujo turístico a las zonas mayas en el marco de eventos para celebrar las manifestaciones de la cultura.

Tomadas en cuenta las motivaciones de la propuesta del decreto, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las siguientes consideraciones.

Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras

PRIMERA.- La civilización Maya constituye una de las culturas de mayor desarrollo del mundo antiguo, no sólo en Mesoamérica, sino en el territorio continental que hoy se conoce como América. De hecho, investigadores de diferentes partes del mundo le confieren un lugar especial en relación con las culturas de origen autónomo que se desarrollaron en diferentes partes del mundo, Mesopotamia, Egipto, la India, China y Sudamérica Andina. Sus aportaciones al desarrollo de la humanidad son significativas, en especial, las relacionadas con el pensamiento matemático, la escritura jeroglífica, el cálculo de las órbitas de los planetas del sistema solar, el diseño de estructuras arquitectónicas con estilos diferenciados, dependiendo de la época y región de su edificación (uso de la columna o falsa bóveda, mascarones, murales, esculturas monumentales, estilos pec, chenes o Rio Bec, etcétera), el trazado de caminos y, en especial, la medición del tiempo y la formulación de calendarios.

SEGUNDA.- El reconocimiento de la cultura Maya en el mundo de la arqueología ha sido motivo de innumerables visitas de expedicionarios de otros países desde los siglos XVIII y XIX, así como la formación de una importante bibliografía que reúne estudios de John Stephens, Eric Thompson, Tatiana Proskouriakoff, Heinrich Berlin, Joyce Marcus, Linda Schele y David Freidel, entre otros. En tales trabajos se ha documentado que los Mayas, conjuntamente con otros grupos éticos, como son los Olmecas, los Zapotecos, los teotihuacanos, los toltecas y los Náhuatl, constituyeron la civilización mesoamericana, reconocida por el uso de la agricultura desde el año 5000 antes de cristo, la cerámica a partir del año 3000 A. de C. la formación de los primeros calendarios y centros ceremoniales alrededor del año 1000 A. de C., el uso del cero al inicio de nuestra era y un desarrollo generalizado a partir de ese momento.

TERCERA.- El 21 de diciembre de 2012 se convirtió en una fecha emblemática por el hecho de que se interpretó que los calendarios mayas había llegado a su conclusión, cuando en realidad hasta ahí llegó la cuenta de los días sin ningún pronóstico en especial. No existe ningún elemento científico que permitiera afirmar que los Mayas tenían esa fecha como el fin de su civilización, ni muchos menos de la humanidad. Sin embargo, debe reconocerse la importancia de los calendarios Mayas, ya que su cuenta implicaba diferentes ciclos de tiempo combinados que daban cuenta de los eventos astronómicos, las creencias religiosas, las profecías y las actividades cotidianas como la agricultura.

CUARTA.- La manera de medir el tiempo en los Mayas implicó mediciones diferentes, por ejemplo, la cuanta larga, consistente en el cálculo de días transcurridos a partir de una fecha era, bajo una constante de 584 mil 285 días; el ciclo de 260 días enlazado al año solar de 365 (que coincidían cada 52 años en la denominada rueda calendárica); así como la cuenta cotidiana de 13 días asociados a diferentes deidades mayas y la serie de los ciclos lunares asociados a la cuenta larga del tiempo. Estos constituyen los calendarios más representativos del mundo Maya, no obstante, existen otros instrumentos de medición del tiempo, como por ejemplo, el ciclo de 819 días empleado en Palenque, Yaxchilán y Copán; el ciclo sinódico venusino de 584 días y el ciclo de marte estimado en 780 días, entre otros.

QUINTO.- En relación con los códices Mayas (entre ellos, el de Dresde, el de París y el Madrid, denominados de esta forma por el lugar en donde se encuentran actualmente), debe referirse que se consideraban ventanas al mundo sagrado y generalmente se componen de manuscritos pintados en los cuales se plasmó el testimonio de la cuenta de los días asociada a predicciones, enfermedades, manejo de partos y al registro de los eventos climatológicos asociados a la agricultura e, incluso, catástrofes. En los códices también se hallaban elementos relativos a las diferentes dinastías de los gobernantes y las principales celebraciones del mundo Maya.

SEXTA.- Conforme a información publicada en la Revista de Arqueología Mexicana, la cerámica del periodo clásico se unió las representaciones pictográficas y la escritura jeroglífica para crear complejas composiciones en cerámica que no tienen paralelo en ninguna otra cultura del mundo. El modelado se hacía a mano con añadidos de rodillos como base, su característica esencial era el pulimiento de las superficies que le confieren cualidades especiales. Los motivos de la cerámica vinculaban generalmente elementos de la cosmogonía y la historia de los pueblos. Por su composición y acabados se encuentran entre las mejores del mundo.

SEPTIMA.- Especial mención tiene el desarrollo de la escritura Maya, pues destaca de manera especial dentro de las culturas mesoamericanas. Si bien esta forma de expresión se desarrolló en otras civilizaciones muchos siglos antes, sentó un precedente cultural esencial para que Mesoamérica en su conjunto sea considerada como una civilización originaria del mundo. Sin embargo, el uso del cero y el desarrollo del pensamiento matemático constituyen elementos esenciales en el desarrollo de otras actividades, como la observación de la esfera celeste y la cuenta de los días.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda y para los efectos de lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL DIA 21 DE DICIEMBRE COMO “DIA NACIONAL DE LA CULTURA MAYA”

ARTICULO UNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional de la Cultura Maya”, el día 21 de diciembre de cada año.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes llevarán a cabo una evaluación del Programa denominado Mundo Maya a fin de evaluar la posibilidad de volverlo a impulsar, conjuntamente con las naciones centroamericanas en donde se asentó la cultura Maya.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 26 de noviembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA






De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 213, 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 213, FRACCION XXII; 223 ULTIMO PARRAFO; Y 224; Y SE ADICIONA UNA FRACCION VII Y UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 223 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN, ADICIONAN, Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUSCRITA POR LA ENTONCES SENADORA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada por la entonces Senadora promovente.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El 23 de abril de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por la entonces Senadora Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto:

- Tipificar como delito en la Ley de la Propiedad Industrial, a quienes por sí o a través de un tercero, de manera ilegal y con el ánimo de lucro, fabriquen, produzcan comercialicen, transporten, distribuyan o exporten, los productos que se encuentran amparados por una “Denominación de Origen con la declaración de protección”.

- Establecer como sanción de 2 a 6 años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quienes infrinjan la disposición anterior.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Las que dictaminan coinciden con la entonces Senadora promovente, en el sentido de que es necesario establecer mecanismos adecuados que permitan garantizar de manera eficaz la identidad y calidad de los productos amparados por las “Denominaciones de Origen.

La Ley de la Propiedad Industrial (En adelante LPI), en su artículo 156 define a la “Denominación de Origen” como el nombre de la región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Que entre los objetivos dela LPI se encuentra “… la declaración de protección de origen…”.

Así de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la LPI, la denominación de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (En adelante IMPI), quien para efectos de la LPI, es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.

Segunda.- Que la regulación de la “Denominación de Origen” tiene su sustento legal en dos vertientes:

A nivel Nacional: En la LPI, y

A nivel Internacional: en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”, concerniente a la protección de la propiedad industrial de las marcas, firmado el 31 de octubre de 1958.De acuerdo con los términos establecidos en el Arreglo de Lisboa, los países pertenecientes se comprometen a proteger en sus territorios las “Denominaciones de Origen” de los productos de los otros países de la Unión, en particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial (OMPI).

Cabe mencionar, que el Estado mexicano se adhirió al Tratado de Lisboa el día de su entrada en vigor, mismo que fue ratificado por la Cámara de Senadores y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964.

Tercera.- Que el procedimiento administrativo a seguir para la declaración de origen es el siguiente:

1. La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Se considera que tienen interés jurídico:

A) Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;

B) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

C) Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

2. La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición.

3. Recibida la solicitud por el IMPI y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

A) Si a juicio del IMPI, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

B) Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el IMPI podrá continuar de oficio su tramitación si lo considera pertinente.

4. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el IMPI publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.  Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos. En ambos casos el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

5. Transcurrido el plazo de dos meses, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el IMPI dictará la resolución que corresponda. Si la resolución le otorga la protección de la denominación de origen, el IMPI hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial.

6. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del IMPI.

Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada.

El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el IMPI.

El IMPI, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de la LPI, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.

Cuarta.- Que actualmente México cuenta con 14 Denominaciones de Origen a saber:

Denominación de Origen

Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación

1. Tequila

9-Diciembre-1974

2. Mezcal

28-Noviembre-1994

3. Olinalá

28-Noviembre-1994

4. Talavera

17-Marzo-1995

5. Bacanora

6-Noviembre-2000

6. Ambar de Chiapas

15-Noviembre-2000

7. Café de Veracruz

15-Noviembre-2000

8. Sotol

8-Agosto-2002

9. Charanda

27-Agosto-2003

10. Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas

27-Agosto-2003

11. Café Chiapas

27-Agosto-2003

12. Chile Habanero de Yucatán

3-Octubre-2008

13. Vainilla de Papantla

24-Febrero-2009

14. Arroz de Morelos

16-Febrero-2012

Quinta.- Que en materia de derecho comparado, tenemos como ejemplos países como España, Suiza y Francia quienes contemplan la tipificación de los delitos en contra las denominaciones de origen.

España
Código Penal Español

Suiza
Ley Federal para la Protección de Marcas e Indicadores de Procedencia

Francia
Código de Consumo

Artículo 274.

1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.

3. Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales.

4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

Artículo 275.

Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección.

 

 

Establece que serán castigadas con penas de cárcel (1 año) y pecuniarias (determinadas por el juez) las siguientes conductas:

a) El uso inexacto de una denominación.

b) El uso de una designación que pueda ser confundida con una denominación inexacta.

c) El riesgo de confusión que un nombre, dirección o marca pueda llegar a tener con una denominación.

 

Regula los delitos contra las denominaciones de origen.

Artículo L115-16

Quien fije o indique, mediante adición, supresión o cualquier alteración, en cualesquiera productos naturales o elaborados que se vendan o se destinen a la venta, una denominación de origen a sabiendas de la inexactitud de la mención, incurrirá en las penas previstas en el artículo L213-1.

En idénticas penas incurrirá el que utilice una forma de presentación que induzca o sea susceptible de inducir a creer que un determinado producto disfruta de una denominación de origen.

Además, el tribunal podrá decretar, a expensas de la parte perdedora, la fijación del texto de la sentencia en los lugares que aquél designe, así como su publicación, íntegra o en extracto, en los diarios designados por el mismo.

Quien venda u oferte en venta o ponga en circulación productos naturales o elaborados que lleven una denominación de origen cuya inexactitud obre en su conocimiento, incurrirá en idénticas penas.

Artículo L213-1

Incurrirá en una pena de privación de libertad de un máximo de dos años o en una multa de un importe máximo de 37500 euros, o en ambas sanciones simultáneamente, quienquiera que, siendo o no parte contratante, utilizando cualquier medio y procediendo por sí o por terceros interpuestos, engañe o intente engañar al contratante, bien:

1º respecto a la naturaleza, clase, origen, cualidades sustanciales, composición o contenido en principios activos de cualquier mercancía;

2º respecto a la cantidad de cosas entregadas o sobre la identidad de las mismas, mediante la entrega de una mercancía distinta de la cosa determinada que constituya el objeto del contrato; o bien,

3º sobre la aptitud de un producto para su empleo, los riesgos inherentes a su utilización, los controles realizados, la forma de empleo y las precauciones que se deban adoptar.

 

Sexta.- Que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, hizo llegar a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial su pronunciamiento a favor de la aprobación de la iniciativa materia del presente dictamen, bajo los siguientes argumentos:

“…Actualmente las “Denominaciones de Origen” y sus industrias se encuentran en una situación de riesgo elevado ante un marco normativo que no cumple del todo con la función de protegerlas.

El Tequila es la primera “Denominación de Origen” reconocida por el Estado Mexicano, y ha servido de modelo para el reconocimiento, en los últimos 10 años, de más de una decena de denominaciones de origen en México. Lamentablemente, el propio éxito comercial hasta ahora alcanzado, ha desatado un fenómeno ilegítimo que consiste en la fabricación, producción, comercialización, transportación, distribución y exportación de tequila apócrifo, que está dañando seriamente a la “Denominación de Origen” del Tequila, con implicaciones sumamente graves: riesgo potencial a la salud ante la falta de regulación del producto, imagen desfavorable del tequila e impacto negativo al comercio del tequila. En efecto, en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial e inesperado en la producción y comercialización de bebidas alcohólicas que se ostentan como "Tequila" sin serlo, ocasionando con ello un engaño al consumidor y una lesión en sus derechos.

La historia nos ha demostrado que las sanciones administrativas (multas, aseguramiento de producto y clausuras) impuestas a las personas o empresas que dolosa e ilegalmente atentan contra la industria del tequila mediante fabricación, producción, comercialización,  transportación, distribución y exportación de tequila falso, no han sido disuasivas de tales actividades por su rango de bajo impacto. Lo más grave es que el marco normativo actual no sólo ha sido insuficiente para frenar el problema, sino que, cada día son más las personas que se suman al grupo de estafadores, pues es muy fácil advertir todos los espacios de impunidad que permite la ley al que decide defraudar al consumidor con pseudo tequila.

Es importante mencionar que los delitos existentes en materia de propiedad industrial y de salud, no ofrecen protección a las “Denominaciones de Origen”.

Así mismo, el delito de uso indebido o falsificación de marcas, protege solo a las marcas y no a una Denominación de Origen; lo que quiere decir que el tequila falso sin marca o con una marca no registrada, quedará fuera de la hipótesis delictiva y sin posibilidad de que las autoridades penales puedan reaccionar y contrarrestar estos eventos.

La Ley de la Propiedad Industrial establece, entre otros delitos, los de falsificación y uso de marcas protegidas por la ley (fórmula similar a la infracción administrativa del uso de una Denominación de Origen sin autorización).

No obstante, estos delitos deberían considerarse de menor gravedad que aquella conducta que atenta contra las Denominaciones de Origen, porque, mientras que la falsificación de marcas afecta normalmente a particulares, con consecuencias que no van más allá de lo económico, el uso indebido de una Denominación de Origen, afecta no sólo a la sociedad y a los involucrados en la cadena productiva de la Denominación de Origen respectiva, sino al titular absoluto de la Denominación de Origen: el Estado Mexicano.

Es incongruente que el uso indebido de marcas sea considerado delito mientras que, el uso sin autorización de una Denominación de Origen se considere únicamente como una infracción administrativa.

Por lo que al reformar el artículo 224 de la LPI traería las siguientes ventajas:

1. Mayor protección a las Denominaciones de Origen, y por consiguiente, al patrimonio nacional.

2. Un tipo penal de semejante naturaleza, generará el suficiente impacto social para el fomento de valores, pero, al mismo tiempo, disuadirá  conductas ilegítimas.

3. Certidumbre en el marco jurídico a nivel nacional e internacional.

4. Homologación al Marco Jurídico Internacional.

5. La autoridad penal contará con herramientas procesales para combatir el problema…”

Séptima.- Que el tema de la protección jurídica de la “Denominación de Origen” tuvo su primer intento en la LXI Legislatura, toda vez que fue aprobado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Justicia y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 224 BIS a la LPI y se reforma la fracción VII del Código Federal de Procedimientos Penales cuya finalidad era establecer un tipo penal para proteger a las “Denominaciones de Origen” calificando estas conductas como graves.

No obstante, se declaró como concluido en su procedimiento de análisis y dictamen en comisiones, por lo que no fue aprobado por el pleno.

Octava.- Que la Secretaría de Economía, hizo llegar a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la opinión respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, bajo los siguientes argumentos:

“…Esta Secretaría de Economía coincide con la intención de la legisladora promovente consistente en la necesidad de otorgar mayor protección a los productos nacionales que tengan una “Denominación de Origen” mediante el reforzamiento del tipo penal. Se considera que la iniciativa es viable pero con algunas modificaciones con la intención de cumplir al máximo con el objeto de la misma y otorgar la mejor protección a una “Denominación de Origen”.

A continuación, se muestra el siguiente cuadro comparativo.

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente

Texto Iniciativa

Sugerencias de modificación de la Secretaría de Economía

Texto Propuesto Dictamen

 TITULO SEPTIMO
De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos

Capítulo II
De las Infracciones y Sanciones Administrativas

 

 

 

 

 

 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I. a XXI.- …

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

 

 

 

 

XXIII a XXX.- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I. a XXI.-. …

XXII.- Se Deroga.

 

 

 

 


XXIII a XXX.- …

 Se sugiere que en lugar de derogar la infracción, se reforme, a fin de que el IMPI mantenga la facultad de sancionar en vía administrativa a aquellas personas que fabriquen y distribuyan productos similares a los que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de Protección a una “Denominación de Origen”, utilizando cualquier tipo de indicación (denominación) o elementos (figuras o imágenes) que generan confusión en el consumidor.

Cabe señalar que a la fecha, la similitud en grado de confusión se persigue en la vía administrativa.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I. a XXI.-. …

XXII.- Fabricar, ofrecer en venta o poner en circulación productos similares a los que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de Protección a una denominación de origen, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que genere confusión en el consumidor sobre su origen o calidad;

 XXIII a XXX.- …

 Estas comisiones dictaminadoras, consideran valiosas las aportaciones presentadas por la Secretaría de Economía, toda vez que, se fortalecen, las facultades de la autoridad administrativa en materia de sanciones, por lo que se acepta la modificación de la Secretaría de Economía.

 

 

 

 

 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I. a XXI.-. …

XXII.- Fabricar, ofrecer en venta o poner en circulación productos similares a los que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de Protección a una denominación de origen, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que genere confusión en el consumidor sobre su origen o calidad;

XXIII a XXX.- …

 Capítulo III
De los Delitos

 

 

Artículo 223.- Son delitos:

 

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II a la VI. …

Sin correlativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida.

 


 

 

 

Artículo 223.- Son delitos:

 

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXI del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II a la VI. …

 

 

 


VII. Fabricar, producir, comercializar, transportar, distribuir o exportar, por sí o através de un tercero, de manera ilegal y con ánimo de lucro, productos que se encuentran amparados por una Denominación de Origen con declaración de protección, descritas como tal en los artículos 156 y 157 de esta Ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. El delito previsto por la fracción VII se perseguirá de oficio.

 

Se propone que no sea reformada, en base a que se propone la reforma de la fracción XXII del artículo 213.

Artículo 223.- Son delitos:

 

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II a la VI. …

 

 

 


VII.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir, vender o exportar productos que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de
Protección a una denominación de origen, sin la autorización de uso respectiva, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Lo anterior, principalmente con la intención de evitar confusiones en cuanto a la forma en que la LPI hace referencia a las Denominaciones de Origen. La principal diferencia con la infracción (que se ha propuesto reformar en vez de derogar), es que en este caso

(como delito) se trata de productos protegidos por una Declaratoria General de Protección a una Denominación de Origen, sin contar con autorización de uso, es decir, se trataría de las falsificaciones propiamente dichas.

Asimismo, a efecto de hacer que la reforma sea congruente con la terminología usada por la LPI, se tomó como base de las conductas delictivas el texto de la fracción III del artículo 223 vigente, a saber:

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

También, de esta misma fracción, se elimina la frase ---de manera ilegal--- ya que es un término muy amplio que podría abarcar cuestiones que saldrían de la esfera de la propiedad industrial. Por ejemplo, en Denominación de Origen vinculadas con bebidas alcohólicas, podrían incluirse cuestiones relacionadas con salud o las Normas Oficiales Mexicanas (en lo sucesivo NOM´s), invadiendo otros ámbitos de competencia. Del mismo modo, se considera que tratándose de un delito en materia de propiedad industrial, la redacción debe de guardar congruencia con la terminología que maneja la propia LPI y debe establecerse que las conductas se realicen ---sin autorización de uso--- y no ---de manera ilegal--- como se pretende en la Iniciativa. Por otro lado, se sustituyó la frase ---con ánimo de lucro--- por la de ---el propósito de obtener un beneficio económico para sí o un tercero---, ya que el beneficio económico se encuentra previsto en otros tipos penales en materia de propiedad industrial (secretos industriales), evitándose introducir nuevos conceptos a la LPI (ánimo de lucro).

En otro orden de ideas, se propone se adicione una excluyente a manera de segundo párrafo de la fracción VII, a fin de no criminalizar a productores o personas que han venido usando una denominación de manera cotidiana, al tratarse de una actividad arraigada en una región determinada; por el hecho de no acreditar que cumplen con las NOM´s correspondiente derivado de situaciones que salen de su esfera jurídica, como lo es el hecho de que la autoridad competente no haya emitido las NOM´s o no se encuentre acreditado el organismo de evaluación de la conformidad. Quedando de la siguiente manera:

No existirá responsabilidad penal cuando la norma oficial mexicana correspondiente a la denominación de origen

no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

Respecto al último párrafo del multicitado artículo 223 referente a la persecución de oficio y la sanción del delito y al artículo 224 de la Iniciativa, se mantiene el texto propuesto.

Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. El delito previsto por la fracción VII se perseguirá de oficio.

 

Se aprueba en los términos de la iniciativa.

 

Artículo 223.- Son delitos:

 

I a VI. …

 

 

 

 

Estas comisiones dictaminadoras, consideran acertadas las sugerencias de modificación, presentadas por la Secretaría de Economía, toda vez que la redacción debe sujetarse a los términos establecidos en la LPI.

VII.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir, vender o exportar productos que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de
Protección a una denominación de origen, sin la autorización de uso respectiva, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No existirá responsabilidad penal cuando la norma oficial mexicana correspondiente a la denominación de origen
no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

Se aprueba en los términos de la iniciativa.


Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. El delito previsto por la fracción VII se perseguirá de oficio.

 

 


Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

 

 

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

 

Se mantiene el texto propuesto.

 

Se aprueba en los términos de la iniciativa.

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Unico.- Se reforman los artículos 213, fracción XXII, 223último párrafo, 224; Se adiciona una fracción VII y un párrafo segundo, al artículo 223;todos ellos de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I. a XXI.-. …

XXII.- Fabricar, ofrecer en venta o poner en circulación productos similares a los que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de Protección a una denominación de origen, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que genere confusión en el consumidor sobre su origen o calidad;

XXIII a XXX.- …

Artículo 223.- Son delitos:

I. a VI. …

VII.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir, vender o exportar productos que se encuentren protegidos por una Declaratoria General de Protección a una denominación de origen, sin la autorización de uso respectiva, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

No existirá responsabilidad penal cuando la norma oficial mexicana correspondiente a la denominación de origen no se encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos de la legislación aplicable.

Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida. El delito previsto por la fracción VII se perseguirá de oficio.

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Transitorio

Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 8 de octubre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de noviembre de 2014, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Mediante Dictamen de fecha 30 de octubre de 2014 (sic), en Sesión de fecha 27 de noviembre siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 339 votos a favor; 10 en contra y 14 abstenciones.

4. Por oficio de fecha 27 de noviembre  de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la Minuta

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente:

“La iniciativa sujeta a estudio propone modificar el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

En la exposición de motivos que presenta el iniciante señala, en lo conducente, que “...el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la implantación mexicana del sistema penal acusatorio y adversarial.

Es por lo anterior expuesto que el Congreso de la Unión está llamado a homologar los plazos contenidos en el régimen transitorio para la entrada en vigor de la legislación de justicia para adolescentes, respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ambos pertenecen a un sistema esencialmente de corte acusatorio.”

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes consideraciones:

“Esta dictaminadora reconoce la importancia del nuevo sistema penal de corte acusatorio, y la responsabilidad como órgano legislativo de realizar las reformas que resulten necesarias para la implementación del referido sistema en el plazo que mandata el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, el cual establece como plazo de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del citado decreto, que fenece el 30 de noviembre de 2014, tal como lo señala el promovente.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, se coincide con lo manifestado por el iniciante, respecto a que siendo el sistema de Justicia para Adolescentes eminentemente de corte acusatorio, debe seguir la suerte de la normatividad aplicable para la implementación del mismo, y por lo tanto homologarse los plazos, para que en su oportunidad se pueda analizar también la armonización de los principios, garantías, procedimientos y demás elementos que forman parte sustancial del ADN del nuevo sistema penal acusatorio y adversarial.

Por las consideraciones señaladas, se reconoce la importancia del espíritu de la iniciativa, no obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo y en un ejercicio de reflexión sistemático y funcional, se considera permitente realizar algunas modificaciones a la iniciativa sujeta a estudio, por las razones que se exponen a continuación:

(…)

Tomando como base la propuesta, fundamentalmente se propone en la iniciativa cambiar-la entrada en vigor del Decreto de fecha 27 de diciembre de 2014, para que el mismo sea “gradualmente en los términos previstos en la declaratoria a que se hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014...”.

(…)

Del contenido de dicho régimen transitorio se desprenden dos plazos distintos para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales atendiendo al ámbito Federal, por un lado, y al ámbito de las Entidades Federativas y del Distrito Federal por otro; de tal suerte que, la propuesta al no especificar a cuál de los dos supuestos de entrada en vigor se refiere, pudiese dar lugar a incertezas respecto al inicio de vigencia del Sistema de Justicia para Adolescentes.

Consecuentemente, a la luz de la problemática planteada, este órgano dictaminador considera necesario realizar modificaciones al contenido de la iniciativa, para efectos de dar certeza al régimen transitorio multicitado. Por lo anterior que, se propone que la modificación del régimen transitorio del decreto sea en sentido de que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de Defensoría Pública iniciarán una vez que haya finalizado el proceso de entrada en vigor en la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en los términos que se hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.”

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones legales:

Texto vigente

Texto propuesto por la minuta

Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los dos años siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que haya entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en la Federación, en todas las entidades federativas y del Distrito Federal, en los términos previstos en la declaratoria a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

SEGUNDO a NOVENO.-

SEGUNDO a NOVENO.-

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

No escapa a la atención de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras que este tema ha sido motivo de interés y preocupación de diversos Senadores de la República, pues atinadamente han advertido también la necesidad de reformar el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

Así las cosas, el día 24 de noviembre de 2014, los Senadores Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma  el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó también la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

Ambas Iniciativas coinciden con la intención de la Colegisladora en el hecho de que es necesario reformar el artículo Primero Transitorio del Decreto de referencia, empero, al no poder dictaminarse de manera conjunta con la Minuta, solo hacemos mención de su coincidencia y retomamos parte de sus argumentos para reforzar las consideraciones de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresamos nuestra adhesión a los argumentos y propuesta formulada por la Colegisladora, que ha quedado asentada en el apartado anterior, pues estimamos que lo más conveniente en materia de justicia para adolescentes es que sus términos de operación y entrada en vigor se homologuen con los del procedimiento penal contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

No es óbice a lo anterior mencionar también que, además de las razones expresadas por la Cámara de Diputados, coincidimos también con las iniciativas que aquí se han mencionado como referencia, pues tal y como lo señalan los Senadores iniciantes, el próximo 27 de diciembre de 2014 entrará en vigor la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, con lo que en el ámbito federal entraremos en una nueva etapa que está prevista en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidimos también en el hecho de que al revisar a fondo la ley en comento es posible percatarse que la reforma constitucional que transformó la justicia para adolescentes y que se reglamenta con esta nueva ley es anterior a la reforma en materia penal del año 2008, por lo que aún no se incluyen todos los principios del sistema oral-acusatorio.

En consecuencia, de entrar en vigor esta legislación creará un régimen procedimental que se diferenciará sustancialmente de lo que está establecido en la legislación adjetiva aplicable a los mayores de edad, estableciendo relieves significativos que no tienen justificación alguna.

Además, para solventar tales diferencias, es dable recordar que el Senado de la República, en sesión de fecha 21 de octubre de 2014, aprobó una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue remitida a la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer lo siguiente:

1. Precisar la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes.

2. Establecer que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral. Hay que recordar que la reforma al artículo 18 constitucional que fundamenta la existencia del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, data del año 2005, por lo que esta minuta aprobada por el Senado hace poco más de un mes recoge los principios del sistema acusatorio para incluirlos en este tipo de procesos. 

3. Abandonar el término “reintegración social” para adoptar el de “reinserción social” en materia de justicia para adolescentes.

4. Establecer que la materia de justicia para adolescentes será de competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión, al facultarlo para expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes, que regirá tanto en el fuero federal como en el local, en toda la República Mexicana. 

Con esto se asegurará la mejora del sistema de derechos de las personas adolescentes que cometan o participen en un hecho que la ley señala como delito, pues se garantizará la aplicación de los principios del nuevo sistema acusatorio y oral.

Adicionalmente, concordamos también con los Senadores en que esta reforma unificará la legislación en materia de justicia para adolescentes en toda la República, pues no existe justificación alguna para que los mayores de 18 años cuenten con un ordenamiento adjetivo penal garantista que es aplicable en todo el territorio nacional y, por su parte, las personas menores de 18 años no cuenten con dicha garantía.

Aprobar esta modificación que se estudia también prevendrá que en materia de justicia para adolescentes existan más sistemas adjetivos que los necesarios, pues en caso de que esta ley federal entre en vigor el 27 de diciembre y que, por su parte, la reforma constitucional se apruebe a inicios del próximo año a más tardar, tendrá como consecuencia que el nuevo régimen federal solo será aplicable un par de meses cuando mucho, lo que complica innecesariamente la aplicación de este tipo de justicia.

En términos prácticos, es mucho más garantista el nuevo sistema planteado en la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes y por ello debe preferirse otorgar espacio para que el Poder Revisor de la Constitución determine si la aprueba en los términos que fueron planteados por el Pleno del Senado.

Además, es de resaltarse que al realizar una investigación sobre los avances que se han alcanzado en materia reglamentaria y respecto de la reestructuración orgánica y presupuestal que son inherentes a la implementación de la nueva ley federal, hemos llegado al conocimiento de que en la actualidad no existen condiciones para que esta ley entre en vigor.

Esto es así debido a que por una parte, no se ha emitido reglamento alguno que permita la aplicación de la ley y tomando en consideración que una importante cantidad de derechos de los adolescentes sujetos a estos procedimientos deben desarrollarse, por mandato de la misma ley, en los reglamentos que al efecto se emitan, pues es inconcuso concluir que estos derechos se verán menoscabados por la falta de normativa que los haga plenamente exigibles.

En el mismo sentido, apreciamos que aún no se han llevado a cabo las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para crear las unidades administrativas especializadas que se establecen en la ley, pues hay que recordar que las funciones que en esta materia estaban a cargo de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, hoy se encuentran bajo la esfera de competencia de aquella dependencia del Poder Ejecutivo Federal.

De igual forma, es de particular relevancia advertir que en materia de capacitación de los servidores públicos que se encargarán de aplicar la ley, tampoco se aprecian avances que permitan tener la confianza de que la implementación se llevará a cabo respetando los más altos estándares en materia de derechos humanos y en materia de justicia para adolescentes.

Por estas razones, coincidimos plenamente con la Minuta de marrasen que es necesario reformar el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

En atención a lo antes expresado, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora en la Minuta que se ha estudiado y, en consecuencia, estimamos viable aprobarla en sus términos.

V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, relativas a la necesidad de reformar el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

Coincidimos en que la justicia para adolescentes debe ser reformada profundamente y que ello debe incluir todos los principios constitucionales que  fundan el sistema oral-acusatorio que fueron incluidos en la reforma en materia penal del año 2008.

Asimismo, apreciamos que la falta de avances normativos, estructurales y de recursos humanos que se han constatado en materia de implementación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes pone en inminente riesgo tanto la correcta aplicación de la ley, como diversos derechos que están contemplados en ella pero que deben ser desarrollados en instrumentos reglamentarios que aún no se han expedido.

En ese sentido es inevitable admitir que es responsabilidad de este H. Congreso de la Unión explorar vías que permitan resolver estas aristas y buscar mecanismos que armonicen la necesidad de contar con legislación en la materia, por una parte, y la implementación de mejores estándares de derechos a través de leyes más garantistas.

Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y estimamos viable aprobar la Minuta de referencia en sus términos.

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAEL ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012.

Artículo Unico. Se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que haya entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en la Federación, en todas las entidades federativas y del Distrito Federal, en los términos previstos en la declaratoria a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

SEGUNDO a NOVENO.-

TRANSITORIOS

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 8 de diciembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de le Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 10 de octubre de 2013, el diputado Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 12 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 419 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.

4. Por oficio de fecha 12 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la Minuta

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente:

“En la iniciativa de mérito que propone el diputado Javier Orozco Gómez se menciona en síntesis que en la actualidad los artículos 61 fracción IV y 71 primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano no se han adecuado a las reformas del artículo 105 Constitucional en su fracción II inciso g), conforme a las cuales, la CNDH podrá interponer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados internacionales en los que México sea parte, que vulneren los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional.

En consecuencia y con objeto de continuar con la adecuación de las leyes federales a la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos debe precisarse en los preceptos 61 y 71 ya enunciados, que la acción de inconstitucionalidad también debe señalarse que puede otorgarse en contra de tratados internacionales en los que México sea parte, que vulneren los derechos humanos.”

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes consideraciones:

“En la especie, es muy significativo que exista una congruencia en los Códigos y Leyes en base al texto Constitucional, de tal modo que se conserve la armonía en cuanto a la regulación de aquellas instituciones tuteladas y reformadas por nuestra Carta Magna, tal y como sucede con la que se plantea en la Iniciativa de Mérito.

Por ende esta comisión considera que el procedimiento y desarrollo de la acción de inconstitucionalidad en su calidad de medio procesal constitucional, debe estar acorde tanto con nuestra Carta Magna, como con la ley en materia de derechos humanos, en el entendido de que las acciones de inconstitucionalidad tienen en muchas ocasiones la misión de defensa y salvaguarda de los derechos humanos, ya no tomando en cuenta sólo aquellos establecidos en nuestra Constitución, sino también aquellos establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Destaca en las propuestas de reforma y adición, que las mismas se encaminan exclusivamente a adecuar lo relativo a los tratados internacionales que vulneren los Derechos fundamentales que constituye una facultad a favor de la CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad.”

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones legales:

Texto vigente en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto propuesto en la Minuta de la Cámara de Diputados

ARTICULO 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:

Artículo 61.- …

I a III.- …

I a III.- …

IV.- Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y

IV.- Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y

V.- …

V.- …

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.-

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

A) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

B) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

C) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

D) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano,

E) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y

F) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro;

G) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

H) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

I) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

III.-

…”

De la lectura del precepto constitucional anterior se desprende que la Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo procesal de control constitucional que permite que los facultados para interponerla puedan someter a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una norma general de cualquier fuero que presuntamente viole preceptos constitucionales, con la finalidad de que ese máximo tribunal determine su validez o invalidez.

Ahora bien, es teóricamente aceptado que la Constitución en nuestro país cuenta con dos apartados que se diferencian materialmente por la materia que regulan, a saber, la parte dogmática que reconoce los derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio nacional y la parte orgánica que establece las formas de organización, gobierno y facultades de los poderes de la Unión y de los Estados, entre otras cuestiones.

Por ello, las acciones de inconstitucionalidad representan una herramienta fundamental en el control de la constitucionalidad de las leyes, puesto que cualquier violación a cualquiera de los preceptos constitucionales (sea que reconozcan derechos humanos o establezcan cuestiones orgánicas) puede ser combatida mediante este mecanismo procesal constitucional, emitiéndose, en caso de que se cumpla con los requisitos de voto necesarios, una declaratoria general de invalidez de la norma inconstitucional, lo que no puede llevarse a cabo mediante ningún otro recurso o acción jurídica en nuestro sistema legal.

En ese sentido cobra relevancia advertir que después de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, el nuevo texto del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos modificó sustancialmente la interpretación de los derechos humanos en nuestro país, así como de su aplicación.

En efecto, el segundo párrafo de ese numeral ahora preceptúa que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que es conocido como el principio Pro Persona.

Asimismo, el tercer párrafo de ese artículo 1o constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese orden de ideas, es lógico concluir que las autoridades que deben respetar y hacer respetar los derechos humanos deben tomar en consideración todos los derechos que estén vigentes en nuestro país y no solamente los que estén textualmente contemplados en la Constitución, por lo que las acciones de inconstitucionalidad pueden determinar si una norma general viola derechos contenidos en tratados internacionales.

Este criterio ya era sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun para la legislación vigente antes de que la reforma constitucional del año 2011 fuera promulgada y publicada, tal y como se aprecia a continuación:

“Epoca: Novena Epoca
Registro: 161410
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 31/2011
Pág.: 870

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS (LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2011).

Si bien es cierto que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Ley Suprema, lo que implica que se promueven para preservar de modo directo y único la supremacía constitucional, por lo que sólo los derechos fundamentales previstos por la Constitución pueden servir de parámetro de control en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los organismos de protección de los derechos humanos, también lo es que, al no existir un catálogo de derechos fundamentales tutelados por la Constitución General de la República a los que deban ceñirse dichos organismos al promover acciones de inconstitucionalidad, todos los derechos fundamentales expresados en la Constitución pueden invocarse como violados, sin que proceda hacer clasificaciones o exclusiones de derechos susceptibles de tutelarse por esta vía, de modo que los organismos de protección de los derechos humanos también pueden denunciar violaciones al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, con lo que es dable construir un argumento de violación constitucional por incompatibilidad de una norma con un tratado internacional sobre derechos humanos.

Acción de inconstitucionalidad 22/2009. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis; mayoría de siete votos en cuanto a que la legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos para hacer valer acciones de inconstitucionalidad les permite plantear violaciones a derechos humanos previstos expresamente en la Constitución General de la República, incluso violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales; votaron en contra y en el sentido de que las Comisiones de Derechos Humanos incluso tienen legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en las que se haga valer la invalidez de una ley por violar derechos fundamentales previstos en tratados internacionales: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 31/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.”

Si este criterio fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser aplicado en un momento en que ni la Constitución ni la ley habían determinado la forma de aplicación de los tratados internacionales que contienen derechos humanos, con mayor razón, después de la reforma constitucional citada, debe concluirse que es una obligación constitucional de la Corte analizar la posible violación de derechos humanos contenidos en tratados internacionales al resolver acciones de inconstitucionalidad.

Al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han concluido que la no aplicación de preceptos que contienen derechos humanos en tratados internacionales por parte de cualquier autoridad jurisdiccional nacional, es decir, la abstención de ejercer el control de convencionalidad, implica una violación del Estado al instrumento internacional de que se trate, lo que puede verse claramente reflejado en la siguiente tesis de jurisprudencia:

“Epoca: Décima Epoca
Registro: 2005056
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Localización: Publicación: viernes 06 de diciembre de 2013 06:00 h
Materia(s): Común
Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.)
Pág.: 933

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACION INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO.

Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Angel Luna Gracia.

Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Alvarez.

Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Angel Luna Gracia.

Amparo directo 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Nota:

Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 551 y 552, con los rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

Con todo lo anterior es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver acciones de inconstitucionalidad debe ejercer también el control de convencionalidad que sea procedente, pues la propia Constitución considera a los tratados internacionales como una extensión de aquélla en materia de derechos humanos.

En ese contexto, aprobar la propuesta de la Colegisladora permitirá continuar armonizando el sistema jurídico nacional con las disposiciones que en materia de derechos humanos están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en consecuencia, estimamos viable aprobar la propuesta en sus términos.

V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, relativas a la necesidad de continuar armonizando el sistema legal mexicano con las disposiciones que en materia de derechos humanos están vigentes en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Al llevar a cabo el análisis de viabilidad de la propuesta de mérito, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han advertido detalladamente que no existe impedimento constitucional o legal alguno para aprobar esta reforma y, por el contrario, sí existe obligación internacional del Estado de cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y para las autoridades jurisdiccionales de ejercer el control de convencionalidad de manera forzosa en todos los procesos y procedimientos que resuelvan.

Por tal motivo, la reforma que se propone en el presente dictamen armoniza las facultades conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acciones de inconstitucionalidad con los principios reconocidos en el artículo 1o de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y estimamos viable aprobar la Minuta de referencia en sus términos.

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 61, fracción IV y 71, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 61.- …

I a III.- …

IV.- Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y

V.- …

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 3 de julio de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1978

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 7 de agosto de 2013, los diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 13 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 419 votos a favor; 0 en contra y 3 abstenciones.

4. Por oficio de fecha 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la Minuta

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente:

“La presente iniciativa pretende abrogar la Ley de Amnistía de 1978, en virtud de que a más de treinta años de su promulgación ha cumplido con el propósito de su creación, al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, así como aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante. No obstante, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contemple las actuales situaciones políticas del país.”

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes consideraciones:

Primera. La amnistía es el instrumento jurídico del Estado mexicano elevado a la categoría de ley por el que, como un acto de buena voluntad, asume la responsabilidad histórica de dar fin al enjuiciamiento, la persecución y los encarcelamientos de los luchadores sociales y de los que buscan el cambio social. Esto significa que la materialización de la amnistía implica que una de las partes, en este caso, la parte acusadora y perseguidora que es el estado, declara nulos los cargos y las sanciones punitivas impuestas a la otra parte perseguida, detenida, acusada y encarcelada o a quienes se encontraran procesados en todos los fueros por hechos de naturaleza político social.

Segunda. En nuestro país actualmente existen vigentes dos Leyes de Amnistía, la primera publicada el 28 de septiembre de 1978 y la segunda el 22 de enero de 1994, ambas creadas con un objetivo en particular y derivadas de los hechos sociopolíticos ocurridos en las épocas respectivas, tal es el caso que las disposiciones de dichas leyes establecen sus objetivos y aplicación a circunstancias particulares y momentos claramente delimitados.

Tercera. Se estima que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con el propósito por el cual fue creada, en razón de que de la lectura del artículo 1o. de dicho ordenamiento se establece que la amnistía será decretada en contra de las personas ante quienes se ejercitó acción penal hasta la fecha de entrada en vigor de la misma ley, por lo que aunado en lo dispuesto en su artículo 1o. transitorio la amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario Oficial de la Federación , es decir el 28 de septiembre de 1978.

En ese sentido se considera que a través del simple curso del tiempo, la ley en comento ha cumplido con los efectos para los cuales fue creada, por lo que su abrogación resulta irrelevante para el orden jurídico mexicano en virtud de que por sí misma establece los alcances de sus efectos.

Cuarta. Dicho lo anterior, cabe agregar que la iniciativa en comento no viola tampoco ninguna otra disposición constitucional y resultaría procedente, en virtud de que la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el levantamiento zapatista.

Se trata entonces de un procedimiento de técnica legislativa, que no debería representar mayor dificultad.”

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone el siguiente decreto:

Texto vigente

Texto propuesto en la Minuta de la Cámara de Diputados

No existe correlativo

Artículo Unico.- Se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978

No existe correlativo

Transitorios

No existe correlativo

Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

El artículo 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXI.- …

XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

XXIII a XXX.- …”

En ese contexto es claro que el Constituyente, al otorgar la facultad al Congreso de la Unión para conceder amnistías, no estableció límite alguno para ello ni remitió a la ley secundaria su reglamentación, por lo que debe entenderse como una potestad que se ejerce en plena libertad por parte del legislador ordinario.

En México ha sido costumbre jurídica que la concesión de amnistías por parte del Congreso de la Unión se realice a través de leyes, aprobadas por ambas Cámaras y promulgadas por el Poder Ejecutivo Federal, siguiendo el proceso legislativo establecido en el artículo 72 de la misma Constitución.

Al respecto, ese numeral constitucional establece, en su fracción F, la regla general que debe observarse cuando se pretende interpretar, reformar o derogar leyes o decretos, lo que por mayoría de razón también debe aplicarse a la abrogación de dichos instrumentos jurídicos. Así, el artículo citado establece lo siguiente:

Artículo 72.- …

A a E.- …

F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

G a I.- …”

En ese contexto, es claro que siguiendo ese principio de derecho, es de concluirse que el Congreso de la Unión tiene la facultad para abrogar este tipo de leyes que conceden amnistías.

Lo anterior se refleja en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

“Epoca: Quinta Epoca
Registro: 332474
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: Tomo LIV
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Pág.: 2882

LEYES, ABROGACION DE.

Es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley, es facultad de quien tuvo el poder de hacerla, y éste, en nuestro régimen político, corresponde al Poder Legislativo, con exclusión del Ejecutivo, entre cuyas facultades no está la de revocar la abrogación o derogación de las leyes; por lo que el gobernador de un Estado, ejecutando un acto administrativo, no puede revocar la condonación concedida por su antecesor, en uso de facultades extraordinarias.

Amparo administrativo en revisión 3750/37. Garza Evia de Zorrilla Josefina de la. 10 de diciembre de 1937. Mayoría de tres votos. Disidente: Jesús Garza Cabello. Relator: José María Truchuelo.”

Adicionalmente, la misma Sala sentó nueva tesis aislada que amplió el criterio hermenéutico, pues aunque se continúa aceptando que el órgano que emite una ley tiene el poder para abrogarla, también debe considerarse que existen casos de sustitución de facultades en los que esto no es factible, empero, los órganos sustituyentes debe contar también con las mismas atribuciones, si cuentan con las facultades para realizar los mismos trámites establecidos para su formación, tal y como se aprecia a continuación:

“Epoca: Novena Epoca
Registro: 197698
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo VI, Septiembre de 1997
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. XCV/97
Pág.: 393

ABROGACION O DEROGACION DE REGLAMENTOS POR AUTORIDAD DISTINTA (ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL) DE QUIEN LOS EXPIDIO (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA). NO VIOLA EL ARTICULO 72, INCISO F, CONSTITUCIONAL.

Esta norma de máxima jerarquía no exige que la reforma, adición, modificación o derogación de una norma legal provenga del mismo órgano que la creó, ni que para ello deban observarse los mismos trámites que en el caso particular de dicha norma se hayan cumplido para su expedición, sino que aquéllas se realicen conforme al procedimiento establecido en la Carta Magna para la creación de leyes por parte de los órganos autorizados, según se actualicen los supuestos que en la propia Ley Fundamental se prevén. En este sentido, tal precepto no prohíbe que los reglamentos expedidos para el Distrito Federal por el presidente de la República sean reformados, abrogados o derogados a través del procedimiento ordinario previsto en el mismo numeral, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a quien le fueron transmitidas las funciones legislativas que tenía el presidente de la República antes de la enmienda constitucional, en materia de reglamentos administrativos en la Ciudad de México; incluso, tampoco se prohíbe que los reglamentos expedidos por esa asamblea pudieran, en su caso, ser reformados por el presidente de la República en el supuesto de recobrar tales funciones y de realizarse las hipótesis y observarse las formalidades previstas en la Constitución Federal. Por lo anterior, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, de 31 de julio de 1989, en cuyo artículo tercero transitorio abroga el anterior reglamento, no transgrede las garantías de seguridad jurídica y legalidad.

Amparo en revisión 3133/96. Angel Rafael Gali Malpica. 18 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Angel Máttar Oliva.

Amparo en revisión 1266/97. Eduardo van DamBuldain. 20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.”

En ambos casos, la interpretación favorece al Congreso de la Unión para determinar la abrogación de una ley emitida por él mismo, por lo que no se aprecia obstáculo técnico alguno para ello.

Ahora bien, al entrar al análisis de la Ley de Amnistía que se pretende abrogar encontramos que su objeto, de acuerdo con su artículo 1o, es el siguiente:

ARTICULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.”

Es de reconocer que esta Ley de Amnistía de 1978 extinguió la acción penal ejercida en contra de las personas que hubieren llevado a cabo los delitos mencionados en el artículo 1o, lo que permitió que muchos de ellos se reintegraran a la vida cotidiana del país, sin que se les acreditaran esos antecedentes penales.

Esa ley se inserta en una etapa difícil de la historia reciente de México pues el país se había debatido, desde la década de los años 60, en un contexto en el que se dio la aparición de una serie de grupos armados de reivindicación social-política que dio paso a lo que se ha llamado por los estudiosos del tema como la etapa de “la guerra sucia” o de “la guerra de baja intensidad”.

Ante ese panorama, la Ley de Amnistía del año 1978 buscó una salida y un olvido (hay que recordar que etimológicamente amnistía significa olvidar) a esa penosa etapa de la historia nacional, perdonando los delitos que hubiesen sido cometidos por causas políticas, por todos aquellos que hubieren participado en esos movimientos.

Pero tal y como lo argumentan los diputados iniciantes y el dictamen de la Comisión de Justicia de la Colegisladora, a casi 35 años de la entrada en vigor de esta ley, su función ha dejado de ser relevante para el sistema jurídico y político de nuestro país.

Por el mero paso del tiempo es de inferirse que todos aquellos que no se acogieron en su momento a los beneficios de esta ley ya no lo harán en la actualidad y aun cuando existiera algún caso que pudiera ser perseguido por las autoridades ministeriales, sería materialmente imposible recabar evidencia o pruebas necesarias para tal efecto.

En ese contexto, coincidimos con las consideraciones esgrimidas por la Colegisladora al señalar que es irrelevante e innecesario para el sistema jurídico nacional mantener vigente esta ley que, sin duda alguna, tuvo un papel central en la construcción de un régimen más democrático en su tiempo.

Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con las consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en consecuencia, estiman viable aprobar la propuesta en sus términos.

V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, pues como se ha observado no existe obstáculo legal ni constitucional alguno para abrogar una ley que fue muy importante en el tiempo que fue expedida pero que en la actualidad tiene nula relevancia en el sistema jurídico y político del país.

Como bien fue observado por la Colegisladora, después de casi 35 años de vigencia, es claro que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con el objetivo para el cual fue expedida y no existen casos de aplicación que pueden actualizar sus supuestos normativos en la actualidad.

Más aún en caso de que existiera algún remoto caso de aplicación, su persecución por parte de las autoridades ministeriales sería materialmente imposible pues el Ministerio Público de la Federación no podría recopilar la evidencia o pruebas necesarias para probar la culpabilidad de una persona por delitos que se hubieran cometido hace más de 35 años.

Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y estimamos viable aprobar la Minuta de referencia en sus términos.

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1978.

Artículo Unico. Se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 3 de julio de 2014.

SENADOR

A FAVOR

ABSTENCION

EN CONTRA

Sen. Roberto Gil Zuarth
Presidente

 

 

 

Sen. Arely Gómez González
Secretaria

 

 

 

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís Secretario

 

 

 

Sen. Omar Fayad Meneses
Integrante

 

 

 

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

 

 

 

Sen. María Verónica Martínez Espinosa
Integrante

 

 

 

Sen. Miguel Romo Medina
Integrante

 

 

 

Sen. Enrique Burgos García
Integrante

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán
Integrante

 

 

 

Sen. José María Martínez Martínez
Integrante

 

 

 

Sen. Carlos Mendoza Davis
Integrante

 

 

 

Sen. Dolores Padierna Luna
Integrante

 

 

 

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya
Integrante

 

 

 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas
Integrante

 

 

 

Sen. David Monreal Avila
Integrante

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES I, II, III Y IV AL NUMERAL 1 Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 276 Y EL   NUMERAL 4 AL ARTICULO 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS 
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO Y LAS FRACCIONES I, II, III Y IV AL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 276 Y LOS NUMERALES 4 Y 5 AL ARTICULO 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a), numeral 2 del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del 18 de diciembre de 2012 por la Cámara de Senadores, la senadora Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV al numeral 1 del artículo 276 y los numerales 4 y 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de las Iniciativas con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de las referidas Iniciativas con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el "Contenido de las Iniciativas" y “Contenido de las propuestas”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de las Iniciativas con Proyectos de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que las componen. Así mismo en el contenido de las propuestas, se estableces un comparativo del texto original y su propuesta.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan las decisiones de aprobarlas.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Suscrita considera necesario incluir en el Reglamento del Senado de la República, la definición del término proposición con punto de acuerdo, así como su clasificación y el periodo que se tienen para su dictaminación y en el que se mantendrán vigentes.

El número de proposiciones con punto de acuerdo que se han ido presentando en cada sesión y que se turnan a comisiones para su dictaminación cada vez es mayor desde hace ya varias legislaturas y por la carga de trabajo de las comisiones legislativas muchas de las proposiciones no pueden ser resueltas con la prontitud que en muchas ocasiones se requiere., sobre todo por el hecho de que las proposiciones en su mayoría se refieren a asuntos coyunturales que son publicitados por los medios noticiosos, que al pasar de los días dejan de ser relevantes e incluso hasta vigentes y van aumentando el volumen de asuntos de rezago.

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934, ya mencionaba dicha figura parlamentaria y en su artículo 58, señalaba que las proposiciones que no eran iniciativas de ley, debían de ser  presentadas al Presidente de la Cámara, por su autor o autores integrantes de la Cámara y que para efectos de darlo a conocer, dichas proposiciones debían contenerse en un escrito y ser firmadas por el o los proponentes.

Se establecía un mecanismo que pretendía evitar que las Comisiones Legislativas se saturarán de proposiciones con punto de acuerdo que se tenían que resolver a través de un dictamen, ya que le daba al Pleno de cada Cámara, la prerrogativa de elegir cuales asuntos debían o no de ser dictaminados por las comisiones, pero dicho mecanismo al pasar de los años cayó en desuso.

De igual forma, en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establecía claramente que ninguna proposición podía discutirse ante el Pleno, sin que primero fuera turnada a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas lo hubieren dictaminado y preveía una excepción del turno a comisiones, con la dispensa a los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara, se calificarán de urgente o de obvia resolución.

Derivado de la entrada en vigor del Reglamento del Senado de la República el 1 de septiembre de 2010, en su artículo Primero Transitorio se señala que a partir de la entrada en vigor del mismo, dejaban de ser aplicables en cuanto se refiere al Senado de la República, las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados que entró en vigor el 1 de enero de 2011, en su artículo Tercero Transitorio, señala que quedan sin efecto para la Cámara de Diputados, las disposiciones contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, no define la figura parlamentaria de la Proposición con Punto de Acuerdo y sólo se limita a mencionarlo en diversos preceptos como son los artículos 8, inciso f), 34, numeral 1, inciso b), y 82, incisos a) y b).

En el caso del Reglamento del Senado, en su artículo 276, sólo se menciona que las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los Senadores y Grupos Parlamentarios tienen por objeto atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, que deberán remitirse por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Mesa Directiva y que se presentan al Pleno en la sesión en que se incluyan en el Orden del Día, además de que las mismas serán turnadas a comisiones, salvo en los casos en que se solicite y se permita la dispensa de trámites por considerar el asunto como de urgente resolución y por último establece que los senadores que presenten proposiciones con punto de acuerdo tienen el derecho de retirarlas cuando así lo soliciten.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV al numeral 1 del artículo 276 y los numerales 4 y 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República., para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 276.-

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores al Presidente de la Mesa; se presentan al Pleno en la sesión en que se incluyen en el Orden del Día y se turnan a comisiones, salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 de este Reglamento.

3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de su o sus autores.

Artículo 276.-

1…

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, por lo que en función de su objeto se clasifican en:

I. De Exhorto. Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión y en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos, información sobre el ejercicio de sus funciones, sobre la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés general o en beneficio del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad y o cuando se solicita la cesación o suspensión de acciones determinadas consideradas perjudiciales o que afectan intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2….

3…

Artículo 277.-

1. Los dictámenes sobre proposiciones con punto de acuerdo deben cumplir, en lo procedente, con los mismos requisitos que los de carácter legislativo; pueden incorporar otros elementos útiles para el cumplimiento de su objeto.

2. Pueden desahogarse varias proposiciones en un mismo dictamen, si se refieren a la misma materia o tema.

3. El punto de acuerdo a que se refiere el dictamen es leído una sola vez y enseguida se somete a debate y votación económica.

Artículo 277.

1.-…

2.-…

3.-…

4.- Las comisiones ordinarias tendrán como plazo para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo que les hayan sido turnadas, hasta antes de que termine cada periodo ordinario de sesiones.

5. Las proposiciones con punto de acuerdo no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La iniciativa en estudio tiene por objeto evitar la saturación de proposiciones con Punto de Acuerdo para dictaminar; así como, definir claramente la figura parlamentaria de la proposición con Punto de Acuerdo.

2. Los integrantes de estas comisiones unidas, coincidimos con la propuesta, reconocemos la necesidad de rescatar la importancia de los puntos de acuerdo parlamentario. Al clasificarlos de acuerdo al objeto que pretende alcanzar.

3. Sobre la propuesta que se hace de clasificar en tipos los de puntos de acuerdo, para poder identificarlos por su importancia y relevancia se considera prudente, ya que no existe una precisión y descripción de ellos en el Reglamento del Senado que los distinga unos de otros y la presente propuesta define lo que es un Exhorto, un Pronunciamiento, una Recomendación y una Convocatoria.

4. Consideramos que ésta propuesta que ayudará a los senadores para el planteamiento que deseen hacer, así como también para valorar la conveniencia de formularlo.

5. Esto ayudara al problema de saturación de las comisiones por la acumulación de puntos de acuerdo pendientes de dictaminar. Vemos que adicional al rezago con el que ya cuentan las comisiones, se les está turnando nuevas proposiciones sin tener tiempos definidos para atenderlas. Lo anterior se convierte en un problema permanente provocando el congestionamiento en su operación y desatendiendo otros temas importantes.

6. Por cuanto hace a la propuesta de adición de los numerales 4 y 5 al artículo  277, estas comisiones consideramos que se debe estar al Capítulo Sexto De los Plazos para emitir dictamen, -artículos del 212 al 219- del Reglamento del Senado de la República, ya establece plazos para emitir dictamen aun cuando no hace mención expresa a los puntos de acuerdo. Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos en añadir únicamente un numeral extra, en este caso sería el 4, para remitir al capítulo antes referido en materia de plazos para dictaminar los puntos de acuerdo para dar la seguridad a los usuarios de nuestro Reglamento.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas, consideramos que el sentido de la propuesta sea positivo con las modificaciones descritas, por lo que se someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES I, II, III Y IV AL NUMERAL 1 Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 276; Y ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

PRIMERO. – Se adiciona las fracciones I, II, III y IV al numeral 1 y un segundo párrafo del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República para quedar como sigue:

Artículo 276

1. …

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:

I. De Exhorto. Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para de una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluida dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores a las comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 de este Reglamento.

3.-…

SEGUNDO.- Se adiciona el numeral 4 al artículo 277 del Reglamento del Senado de La República, para quedar como sigue:

Artículo 277

1…

2…

3…

4. Los plazos y condiciones para emitir los dictámenes de los puntos de acuerdo estarán sujetos a las normas establecidas en el Capítulo Sexto del este ordenamiento.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS





De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9, párrafo 1, 10 y 126 y deroga el artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9 NUMERAL 1, 10 Y 126 Y DEROGA EL ARTICULO 125 DE LA LEY   ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 1, DEL ARTICULO 9, LOS ARTICULOS 10 Y 126 Y DEROGA EL ARTICULO 125 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2 del artículo 85; 86; 89 ;las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del 19 de febrero de 2013 en la Cámara de Senadores, el senador Alejandro Tello Cristerna del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 párrafo 1, 10 y 126 y deroga el artículo 125 todos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El propósito de esta reforma es adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El proponente refiere en su exposición de motivos que la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación modifico varios artículos constitucionales entre otros: 78, fracción 1V , 84 y 85 relativos al procedimiento de substitución del Presidente de la República ante su falta absoluta introduciendo un nuevo mecanismo donde el Secretario de Gobernación  asume provisionalmente la Presidencia en tanto el Congreso a quien deba ocupar ya en calidad de Presidente interino o substituto.

El artículo 85 de la Carta Magna establece modificaciones para el caso de la falta absoluta del Presidente de la República, durante el inicio del período constitucional correspondiente entonces será el Presidente del Senado quién asumirá provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso nombra al presidente interino y en el caso de una licencia del Presidente para separarse del cargo será el Secretario de Gobernación quién ocupe en forma provisional la Presidencia de la República.

La Comisión Permanente de acuerdo a los cambios introducidos en la fecha referida deja de tener facultades para nombrar lo que se denominaba “Presidente Provisional” permaneciendo la facultad de convocar al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para designar al Presidente.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

ARTICULO 9o.

1. En los términos del primer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará Presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes.

2. y 3. (…)

ARTICULO 9o.

1. En los términos del tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará Presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes.

2. y 3. (…)

 

 ARTICULO 10.

1.En el caso de que llegada la fecha de comienzo del periodo presidencial no se presente el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el primero de diciembre, cesará en su ejercicio el Presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.

2.En los casos de falta temporal del Presidente de la República, el Congreso de la Unión, en sesión conjunta, o la Comisión Permanente en su caso, designará un Presidente interino por el tiempo que dure la falta.

3.Cuando dicha falta sea por más de tres días y el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para que este resuelva sobre la licencia y nombre, conforme lo dispuesto por el artículo anterior y los dos primeros párrafos de este artículo, al Presidente interino. De igual forma se procederá en el caso de que la falta temporal se convierta en absoluta.

 ARTICULO 10.

1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unión, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.

 

 

2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, en los términos del artículo anterior.

3. El Secretario de Gobernación asumirá de forma provisional la titularidad del Poder Ejecutivo durante las licencias concedidas por el Congreso General al Presidente de la República para separase del cargo.

4. En caso de ausencia del Presidente de la República que se prolongue por más de sesenta días, el Congreso nombrará un Presidente interino o substituto, según corresponda, procediendo conforme al artículo 84 de la Constitución.

 ARTICULO 125.

1. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión designará al Presidente provisional en los casos de falta absoluta o temporal del Presidente de la República durante el receso de las Cámaras. En la misma sesión resolverá convocar al Congreso General a un periodo extraordinario de sesiones, para el efecto de que se designe Presidente interino o sustituto. La convocatoria no podrá ser vetada por el Presidente provisional.

 ARTICULO 125.

1. Se deroga

 ARTICULO 126.

1. Si el Congreso de la Unión, se halla reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre la falta absoluta o temporal del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso esté en aptitud de nombrar al Presidente interino o sustituto, según proceda.

 ARTICULO 126.

1. Si el Congreso de la Unión se halla reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre una falta absoluta del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso se constituya en Colegio Electoral y nombre al Presidente interino o substituto, según proceda conforme al artículo 84 de la Constitución.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros delas Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos plenamente con la propuesta del Senador Tello Cristerna, toda vez que como bien lo señala la normatividad de ésta Soberanía en los casos de designación de las faltas del Presidente de la República debe ser adecuada a la nueva constitucionalidad.

2.- La adecuación de las normas reglamentarias y de nuestra Ley Orgánica del Congreso General a los cambios constitucionales además de ser una acción necesaria está expresamente ordenada en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Cambios que habían venido siendo promovidos por diversos tratadistas de Derecho Constitucional para dar mayor certeza al proceso designatorio de una sucesión imprevista.

4. Las modificaciones constitucionales llevadas a cabo en agosto de 2012 derogaron las normas contrarias generándose una laguna jurídica en diversas disposiciones secundarias como son Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado. La iniciativa es pertinente para actualizar las referidas leyes a la Carta Magna.

Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 9 PARRAFOS 1, 10 y 126 y deroga el artículo 125 todos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 9, numeral 1; 10 y 126 y se deroga el artículo 125 todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 9o.

1. En los términos del tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará Presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes.

2. y 3. (…)

ARTICULO 10.

1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unión, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.

2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, en los términos del artículo anterior.

3. El Secretario de Gobernación asumirá de forma provisional la titularidad del Poder Ejecutivo durante las licencias concedidas por el Congreso General al Presidente de la República para separase del cargo.

4. En caso de ausencia del Presidente de la República que se prolongue por más de sesenta días, el Congreso nombrará un Presidente interino o substituto, según corresponda, procediendo conforme al artículo 84 de la Constitución.

Artículo 125. (Se deroga)

Artículo 126.

1. Si el Congreso de la Unión se encontrase en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre una falta absoluta del Presidente de la República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso se constituya en Colegio Electoral y nombre al Presidente interino o substituto, según proceda conforme al artículo 84 de la Constitución.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS





De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DEL CONGRESO.

Estas comisiones de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a), numeral 2, del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; numeral 1, del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

METODOLOGIA

Las comisiones unidas, encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa referida, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa con proyecto de Decreto y de los trabajos previos de las comisiones.

II. En el "Contenido de las Iniciativa" y “Contenido de las propuesta”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que las componen. Así mismo en el contenido de las propuestas, se estableces un comparativo del texto original y su propuesta.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de estas comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan las decisiones de aprobarlas.

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 25 de marzo de 2014, en la Cámara de Senadores, se presentó la siguiente iniciativa con proyecto de decreto reforma el artículo22 del Reglamento del Canal del Congreso, a cargo del senador Jesús Casillas Romero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, turnó la iniciativa señalada, para su estudio, análisis y dictamen a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

En la exposición de motivos de la iniciativa, el senador Casillas expresa que el Canal del Congreso es un vínculo del Congreso con la Sociedad. Ya que contribuye a la difusión del análisis, la discusión y el debate de los asuntos nacionales que se discuten en el Congreso.

El Canal del Congreso tiene una corta existencia ya que tiene solo quince años de transmitir su señal en el espacio radio eléctrico. Pese a ello cada día es reconocido por mayor número de mexicanos.

El Canal del Congreso cuenta en su estructura un Consejo Consultivo cuyos consejeros son en su mayoría académicos, expertos en telecomunicaciones. Además sus servicios son honoríficos y su composición es plural. Lo que permite una visión de mayor amplitud. Todos estos elementos hacen valioso el papel de cuerpo asesor de éste Consejo a la administración del canal.

Desafortunadamente, los consejeros duran en su posición un año. Tiempo insuficiente para que puedan observar que sus recomendaciones se hayan seguido adecuadamente.

Un año es un lapso de tiempo, corto que no permite conocer a cabalidad al canal. Además durante ese año el Canal tiene que emitir convocatoria de invitación a formar parte del Consejo y desahogar el procedimiento que se establece para seleccionar a los aspirantes a consejeros.

La propuesta que hace el senador Casillas en la iniciativa es ampliar el plazo de los consejeros a tres años. Ampliar el plazo de los consejeros, argumenta el senador, permitiría que los consejeros tengan mayores oportunidades de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del canal. Al contar con períodos mayores, los consejeros contaran con un mayor horizonte hecho que abonara en la consolidación de propuestas y proyectos en el mediano y largo plazo.

Propone la iniciativa que nos ocupa establecer un nuevo procedimiento de selección de los consejeros que asegure la existencia de una convocatoria.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

TEXTUAL VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Aún para efectos de una eventual reelección de consejeros, deberán observarse las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 23 del presente Reglamento.

CONSIDERACIONES

Primera. Estas comisiones son competentes para dictaminar la iniciativa mencionada. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 135 fracción 1, 182, 183, 188, 190 del Reglamento del Senado de la República.

Segunda. Estas comisiones comparten la valoración que hace el senador proponente sobre el Canal del Congreso y su consejo consultivo, ya que es el único medio propio para conectar al Congreso con la Sociedad. Igualmente que el canal es cada día más conocido por las audiencias. Según diversas encuestas.

Tercera. La necesidad que tiene el canal de escuchar la voz de expertos que pueden recomendarle formas de mejorar su programación y mantener la pluralidad que debe tener este medio público. Las opiniones representan una crítica informada que aguijonee para conseguir mayores y mejores resultados en la operación.

Cuarta. Estas comisiones reconocen que los procesos legislativos son de poco o nulo interés para los medios masivos de comunicación privados. Que la difusión noticiosa de los medios está sujeta al tiempo breve y solo informan de la aprobación de leyes y en ocasiones de los cambios más significativos. En cambio sobre el trabajo parlamentario, las posiciones de los diferentes grupos o las intervenciones más descolladas o significativas de los parlamentarios no se difunden. Los procesos legislativos son largos lo que permite ir evaluando los pros y contras de las distintas posiciones. Tener un canal especializado permite difundir los procesos legislativos y así sectores de la sociedad se interesen en la deliberación parlamentaria y los asuntos públicos.

Quinta. Estas comisiones consideran que siendo el canal un medio público con una estructura administrativa ligera y un presupuesto exiguo, le es difícil contar con expertos que hagan recomendaciones de mejora tanto para la operación como la programación. Tampoco pasa inadvertida que el migrar la señal a un canal abierto como sucederá a partir del próximo año, se requerirá de una programación que cumpla con dos objetivos principales: transmitir reuniones y sesiones de ambas cámaras y por otro lado difundir programas que eleven el nivel de cultura política de la audiencia.

Sexta. Estas comisiones valoran los retos futuros a los que se habrá de enfrentar el canal y le demandarán programas y políticas de medio y largo plazo con el fin de que se consolide como un medio de comunicación público. El hecho que sus consejeros sean elegidos para que duren tres años permitirá un mayor aprendizaje institucional.

Séptima. Con la intención de garantizar la permanencia de los actuales integrantes del consejo consultivo, se adiciona un artículo segundo transitorio, que prevé su  permanencia y su posible reelección, en los términos y procedimientos que prevé el Reglamento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado las comisiones unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del Senado de la República sometemos a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal del Congreso en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos. El cargo esa título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Aún para efectos de una eventual reelección de consejeros, deberán observarse las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 23 del presente Reglamento.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las y los integrantes del Consejo Consultivo, del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se desempeñan actualmente continuarán en el encargo y podrán ser reelectos, en los términos y bajo los procedimientos que prevé el Reglamento.

Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de noviembre de 2014

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y
PRACTICAS PARLAMENTARIAS Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1En sesión del 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los EUM.

2En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar.

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios legisladores.

Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o Presidencia.

Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice:

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que estime conveniente, que los renuentes abandonen el   salón.

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen.

Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho.

Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

  • Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para los EUM, para quedar como sigue:
  •  

    TEXTO VIGENTE

    PROPUESTA

    ARTICULO 12.
    1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.
    2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

    ARTICULO 12.
    1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.
    2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

    3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

    Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia.

    2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras.

    3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer exento de todo momento de violencia.

    4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna.

    5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General.

    Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente:

    DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

    PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    ARTICULO 12.

    1. …

    2. …

    3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

    TRANSITORIO

    UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
    Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS





    De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    (Dictamen de primera lectura)

    COMISIONES DE REGLAMENTOS Y
    PRACTICAS PARLAMENTARIAS Y
    ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones  Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 34, 117, 123 Y 127 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

    Estas Comisiones unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2 del artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

    ANTECEDENTES

    1 En sesión del 11 de diciembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Alejandro Tello Cristerna del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

    METODOLOGIA

    Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la Comisión.

    II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar.

    III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

    CONTENIDO DE LA INICIATIVA

    La iniciativa reseña los antecedentes históricos de la Comisión Permanente desde su origen en la Constitución de Cádiz, sostiene que su fin ha sido velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes para convocar a la Cámara en casos extraordinarios prescritos por la misma. En ese sentido, se pretende que dicha Comisión sea un elemento de equilibrio entre los poderes de la unión durante los periodos de receso del Congreso.

    La Comisión Permanente descansa en la existencia de los recesos del Congreso; es decir es necesario un órgano que “represente” al Congreso en esos tiempos y que pueda atender ciertos asuntos urgentes, y en su caso, convocar al Congreso o a alguna de sus Cámaras a sesiones extraordinarias.

    La doctrina establece que la naturaleza de la Comisión Permanente no es un poder ni una cuarta rama en la que se encuentra dividida la acción gubernativa, sino que es simplemente un órgano del Poder Legislativo Federal con una actuación excepcional y limitada que goza sólo de las atribuciones que la Constitución le señala. Sin embargo, sí actúa ejerciendo atribuciones que en estricto sentido sólo debería ejercer el Poder Legislativo como Congreso o por separado en sus respectivas cámaras. En consecuencia, es necesario adecuar la redacción del referido artículo 34 de forma tal, que se distinga con claridad la diferencia que reviste la conformación de la Comisión Permanente y distinguirla de las demás comisiones ordinarias y especiales.

    Por otra parte, se argumenta que es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso el quórum para que la Comisión Permanente pueda sesionar válidamente, precisando que éste deberá de contarse atendiendo al tipo de legisladores que la integran, esto es 10 senadores y 10 diputados.

    Dado que las comisiones de la Permanente no tienen un marco jurídico establecido y además, no pueden interferir con las comisiones ordinarias o especiales, no tienen razón de existir.

    Finalmente se propone puntualizar que el carácter de las resoluciones de la Comisión permanente sea de acuerdo o decreto, ya que este órgano no realiza función legislativa materialmente hablando.

    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    Se reforma el artículo 34 fracción c); se adiciona el numeral 2 y 3 y se recorre el actual numeral 2 al 4 del artículo 117; se reforma el numeral 1 y adiciona un numeral 2 al artículo 123 y se deroga el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

     

    TEXTO VIGENTE

    PROPUESTA DE REFORMA

    Artículo 34.
    1[…]
    a)- b) […]         

    c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;

    d) – i) […]

    Artículo 34.
    1[…]
    a)- b) […]

    c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, así como a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente. Así mismo propondrá la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;
    d) - i) […]

    Artículo 117.
    1. […]

    2. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara de Senadores.

    Artículo 117.
    1[…]

    2. La Comisión Permanente no podrá sesionar ni ejercer sus atribuciones sin la concurrencia de más de la mitad de los miembros designados por cada una de las Cámaras.

    3. Si no hubiese quórum para instalar la Comisión Permanente o para que ejerza sus funciones una vez instalada, los presentes convocarán inmediatamente a los sustitutos para que se presenten a la mayor brevedad a ejercer su función.

    4. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara de Senadores.

     

    Artículo 123.
    1. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes.

    Artículo 123.
    1. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes, salvo las excepciones previstas expresamente por la Constitución.
    2. Toda resolución de la Comisión Permanente tendrá el carácter de acuerdo o decreto.

    Artículo 127.
    1. La Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.

    Artículo 127.
    1. Se deroga

    Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    1 La iniciativa pretende reformar, derogar y adicionar diferentes preceptos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    2 El proponente de manera acertada denota el error que existe en el artículo 34 inciso c) de la LOCGEUM. Este precepto trata de las atribuciones que le corresponden a la Junta de Coordinación Política; en su inciso c), señala que ésta propondrá al Pleno la integración de las comisiones, señalando la conformación de sus respectivas “mesas Directivas”. El proponente advierte que “se señala de manera genérica que corresponderá a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas (sic); por lo que resulta necesario interpretar que siendo la Permanente una comisión, dicha Junta será la encargada de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados los candidatos a integrarla”.

    SI bien tiene razón, también es de señalarse que el artículo 82, inciso c) de la Ley en estudio, señala  que dentro de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política esta:

    1.-La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

    a)…

    b)…

    c) Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas, así como a los senadores que integrarán la Comisión Permanente.

    El artículo 2° de  Reglamento del Senado de la República señala dentro de sus definiciones a la Mesa como la Mesa Directiva del Senado. Por tanto denota un error de transcripción en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, como lo refiere el proponente, ya que debemos entender que las tres únicas Mesas Directivas que existen tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, es la Mesa Directiva respecto de cada una y la de la Comisión Permanente.

    Para ir acorde tanto en el título de las Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados, con el título correspondiente a la Cámara de Senadores, se considera pertinente poner correctamente esta modificación, esto es sustituir la palabra “Mesas” por la palabra “Juntas” con base en el artículo segundo el Reglamento del Senado de la República, dado que son juntas y no mesas las que integran a las comisiones ordinarias de ambas cámaras.

    3.- Por cuanto hace a la adición de dos numerales (2 y 3), recorriendo el actualmente numeral 2 a la posición cuarta del  artículo 117, que hacen referencia al quórum, la iniciativa refiere que “es necesario decir que ni la Constitución ni la Ley Orgánica determinan cuál es el número mínimo de los miembros que deben estar presentes para que ésta sesione legalmente. En los hechos, el quórum que se ha institucionalizado es el de más de la mitad de sus integrantes. Sin embargo, y más grave aún, es que no existe disposición legal ni reglamentaria que establezca si dicho número debe ser tomado respecto del número total de miembros, lo cual arrojaría un quórum de 19 legisladores, o si debiera contarse por cada uno de los tipos de legisladores que la integran, esto es 10 senadores más 10 diputados, en cuyo caso arrojaría un quórum de 20 legisladores”. El artículo 63 de la Constitución señala en su párrafo primero y tercero, que las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros (primer párrafo); si no hubiere quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo… De lo antes señalado se entiende que estas mismas reglas regirán a la Comisión Permanente. Aunado a que en décadas no se ha presentado algún problema referente al quórum de la Comisión Permanente en la legislación vigente. Por lo que los integrantes de estas comisiones consideramos no viables las reformas a este artículo en estudio.

    4.- Continuando con la reforma al primer numeral del artículo 123 que refiere: La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes salvo las excepciones previstas expresamente por la Constitución; y la adición de un segundo numeral (2. Toda resolución de la Comisión Permanente tendrá el carácter de acuerdo o decreto); el legislador en el cuerpo de la iniciativa no refiere ningún argumento que explique tal reforma, así mismo estas comisiones consideran no viable esta modificación ya que es claro lo que establece dicho artículo.

    5.- Por cuanto hace a la derogación del artículo 127, la iniciativa encuentra su justificación en lo siguiente: “la Comisión Permanente podrá tener, a su vez, hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia, situación por demás extraña, sobre todo tratándose de un órgano tan reducido en número de miembros. Así mismo menciona que en el caso de las comisiones de la Permanente, no se especifica ni se precisa en nada de qué tipo de comisiones se trata, ya que éstas no deben interferir en el trabajo de las comisiones ordinarias o especiales de ninguna de las cámaras, pues su función pudiera ser, atender las actividades propias de la Comisión Permanente, lo cual resulta ocioso e innecesario si consideramos que esta Comisión funciona con solo 37 legisladores; razón por la cual resultaría más oportuno su desaparición.

    Estas comisiones consideran que los argumentos expuestos no tienen un sustento válido, toda vez que, Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente establecer ésta división de temas en su  artículo 175 que a la letra dice:

    Para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente nombrará a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes Comisiones: Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores.

    En las pasadas legislaturas estas comisiones, mediante acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, propone las tres comisiones de trabajo agrupadas de la siguiente manera:

    Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

    Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

    Tercera Comisión: Hacienda Y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones Y Obras Públicas.

    Por lo antes expuesto, no es viable la derogación del artículo 127 de la Ley del Congreso.

    Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

    DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

    PRIMERO. Se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica Del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 34.

    1…

    a)…

    b)…

    c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, así como a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente. Así mismo propondrá la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;

    d) a i)

    TRANSITORIO

    UNO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2014.

    COMISIONES DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
    Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

    Esta Presidencia declara un receso en la sesión ordinaria para esperar a recibir los dictámenes que nos remitan las comisiones correspondientes.

    (Receso 18:31)

    Les pido que no nos ausentemos del salón de sesiones. Gracias.

    Se reanuda la sesión ordinaria de esta fecha 14 de diciembre.

    (Se reanuda la sesión a las 18:44)






    Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Secretaría de Gobernación para la capacitación de las autoridades municipales.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X BIS AL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

    (Dictamen de segunda lectura)



    Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados en este dictamen, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

    Les pido a los señores Senadores que no nos retiremos del salón de sesiones porque habrá varias votaciones nominales de manera feriada.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






    Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para la aplicación de tecnologías adecuadas para promover una mayor salud ambiental.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

    (Dictamen de segunda lectura)

    COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Salud.

    Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

    METODOLOGIA

    I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

    II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

    III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

    I. ANTECEDENTES

    1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

    Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

    II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

    La Senadora Proponente formuló una Iniciativa mediante la cual expresa su preocupación por el incremento en la temperatura global, como consecuencia de las actividades del ser humano, que origina una transformación continua a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y por ende, afectaciones en la salud de las personas.

    Por ello propone que se reforme la Ley General de Salud, con la finalidad de que se incluya en el Artículo 46, la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, por lo que corresponde a la infraestructura de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.

    III. CONSIDERACIONES

    A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

    B. De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, de 2005, elaborado por la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el clima y la temperatura de la superficie de la Tierra dependen del balance entre la energía solar, traducida como radiación ultravioleta, que recibe el planeta y la energía, como la radiación infrarroja que emite.

    Ahora bien, de la energía del sol que llega a la atmósfera de la Tierra, una parte se refleja al espacio por nubes y aerosoles, otra parte se absorbe selectivamente por los gases presentes en la atmósfera y el resto alcanza la superficie del planeta, donde una fracción es absorbida y otra reflejada.

    La energía absorbida es posteriormente redistribuida por la circulación de la atmósfera y de los océanos y, eventualmente, es regresada al espacio en forma de radiación de longitud de onda larga es decir, radiación infrarroja. La superficie de la Tierra y la parte baja de la atmósfera se calientan a una temperatura tal que la radiación infrarroja que se emite es prácticamente igual a la energía solar que se absorbe. De esta forma, la radiación recibida, la que se emite, la que altere la redistribución de la energía en la atmósfera y entre ésta y la Tierra o los océanos, son supuestos quepueden afectar el clima.

    Los gases de efecto invernadero reducen la eficiencia con que la Tierra emite radiación infrarroja, transformada en calor, lo anterior produce un calentamiento en la parte baja de la atmósfera y la superficie del planeta. Este fenómeno que tiene millones de años de existencia, se ha producido a partir de la existencia degases como el bióxido de carbono, el ozono, el metano y el vapor de agua que, de manera natural, se encuentran en la atmósfera. De esta manera la temperatura promedio de la superficie del planeta es significativamente superior a lo que sería sin la presencia del efecto invernadero.

    Sin embargo, el desequilibrio en la cantidad de gases de efecto invernadero además de otros factores y procesos tanto naturales como resultado de las actividades del ser humano, como el uso de aerosoles o las erupciones volcánicas, son procesos que pueden influir en que se genere calentamiento global y por ende, transformaciones en el cambio climático.

    Dadas las consecuencias que se generan a partir del cambio climático, a nivel mundial, se han suscitado mediciones entre los países, con la finalidad de calcular la emisión mundial de Dióxido de Carbono, las concentraciones de Oxido nitroso y Metano, que provocan el desequilibrio en los gases de efecto invernadero.

    De acuerdo con el Carbon dioxide emissions from use of fossil fuels, para 2005, Estados Unidos, China, Rusia, Japón e India, emitían en conjunto, el 52% de las emisiones de CO2, por consumo y quema de combustibles fósiles.

    C. Desde 1992, se integró la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo consiste "en lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible."

    Aunado a lo anterior, con la finalidad de continuar coadyuvando a las acciones en favor de detener en la medida de lo posible el cambio climático, en 1998, se publicó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, elaborado en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, que establece en su artículo 2 quetiene el fin de promover el desarrollo sostenible, donde las partes suscritas que son los países del mundo, cumplan los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones.

    Conforme la exposición del presente, se demuestra que desde hace ya varios años se han realizado a nivel mundial diversas acciones con el fin de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. En septiembre de este año 2014, recién se celebró la Cumbre Sobre el Clima 2014, Una Acción Catalizadora, donde se enfatizó en que actualmente se dispone de soluciones asequibles y ampliables que permiten el funcionamiento de economías más limpias y amables con el medio ambiente.

    D. México, es un país comprometido con el medio ambiente, y es de esa manera, que ha sido uno de los países precursores en promover una legislación en la materia. Al respecto, el 06 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objeto, de acuerdo con el Artículo 2, lo siguiente:

    I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

    II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

    III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

    IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

    V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

    VI. Establecer las bases de concertación con la sociedad, y

    VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

    Aunado a lo anterior, el Artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, en comento, establece en su fracción VI, que se considerarán acciones de adaptación, "la construcción y mantenimiento de infraestructura"; en el mismo sentido, la fracción XVIII, del mismo precepto, establece que también se considerarán acciones de adaptación "la infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud, y producción y abasto de energéticos.

    Finalmente, cabe hacer mención de la Norma Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2013, NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, esta Norma Mexicana tiene como objetivo, especificar los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.

    Conforme al Plan Nacional de Desarrollo en su Apartado VI.4 México Próspero, se plantea el objetivo 4.4 que versa en "Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo"; dicho Plan también hace referencia en la Estrategia 4.4.3, "al fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono" en cuyas líneas de acción, se destaca para efectos del presente dictamen, "La promoción del uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero".

    E. Conforme a lo expuesto, la legisladora manifiesta su preocupación conforme al consumo de energía tanto en edificios nuevos como existentes, donde puede reducirse en un estimado del 30 al 50% sin reflejar una inversión significativa en costos. Por lo cual destaca el ahorro de energías, a partir de diseños inteligentes, mejoras en el aislamiento, aparatos eléctricos de bajo consumo, ventilación, calefacción y aire acondicionado eficiente y la política de conservación y ahorro de los usuarios y ocupantes de los edificios, conforme la publicación de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, titulada "Hacia una Economía Verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación dela pobreza".

    Es por todo lo anterior que estas Comisiones Unidas coinciden con la legisladora proponente, en promover los mecanismos para que los hospitales existentes y futuros, se conviertan en instalaciones verdes y sustentables, con planes de manejo especializados para reducir el gasto de los mismos, conservando e incluso mejorando los niveles de cuidado y calidad de los servicios de salud. Aunado a lo anterior, conforme a los ordenamientos jurídicos señalados, es imperante que la infraestructura de servicios de salud, adopten las medidas necesarias para contribuir, a la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. Por ello estas Comisiones resuelven realizar una modificación en la redacción de la propuesta, donde se modifica "aplicara en todo momento", por "podrán aplicar", con la finalidad de que de manera gradual, la Secretaría de Salud mediante la planeación de su presupuesto y acciones en infraestructura, introduzca progresivamente tecnologías autosuficientes y sustentables con el medio ambiente.

    Propuesta Sen. Ma. Elena Barrera Tapia

    Propuesta Comisión de Salud

    Artículo Unico.- Se Reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

    Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades aplicará en todo momento las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

    TRANSITORIO

    UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Unico.- Se Reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

    Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

    TRANSITORIO

    UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

    Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

    Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

    TRANSITORIO

    UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    COMISION DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

    Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Informo también a la Asamblea que recibimos de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, el documento que refiere al dictamen sobre la materia que hoy nos ocupa, por lo que pido a la Secretaría que este documento se integre de manera completa al Diario de los Debates.



    Si no hay ninguna Senadora o Senador que desee hacer uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






    Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UNA FRACCION V BIS AL ARTICULO 73, Y SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

    (Dictamen de segunda lectura)

    COMISIONES UNIDAS DE SALUD
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
    ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, y Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

    Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

    METODOLOGIA

    I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

    II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

    III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

    I. ANTECEDENTES

    1. Con fecha 21 de Noviembre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental en niños y adolescentes.

    Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

    2.- Con fecha 13 de Diciembre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis., del artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

    Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

    II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

    La Senadora Proponente plantea reformas a la Ley General de Salud, con la finalidad de focalizar la atención de la salud mental a las niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.

    1. La primera iniciativa pretende reformar el artículo 77 de la Ley General de Salud, a efecto de aumentar la responsabilidad de guardia o custodia de los padres o tutores que ejercen la patria potestad de quienes ostenten la representación de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales.

    Asimismo, establece que las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales, deberán tener un énfasis de atención hacia niños y adolescentes con este tipo de padecimientos.

    2. La segunda propuesta tiene como objeto, integrar en la atención primaria, la salud mental, ello se logrará al establecer que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes fomentan y apoyar la implementación estratégica y gradual de los servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención primaria a la salud, que permita abatir la brecha de atención.

    Así mismo la Iniciativa promueve la colaboración de Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con organizaciones de la sociedad civil, en favor de la salud mental.

    III. CONSIDERACIONES

    A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud mental en México.

    B. La salud mental es un fenómeno complejo que se determina a partir de múltiples factores de carácter social, ambiental, biológico y psicológico, ésta puede derivar enfermedades como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han incrementado en los últimos tiempos.

    C. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de acciones y estrategias de salud pública eficaces, para prevenir, tratar y rehabilitar a los pacientes que así lo requieran.

    La salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la situación económica, en donde la incidencia de estas enfermedades, exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además que en ocasiones pueden originar una persona con discapacidad mental, que como consecuencia disminuye o frena el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares. La salud mental debe ser un tema toral para el desarrollo de las personas como individuos y como la suma de una población sana.

    D. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental es el "bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación".

    De acuerdo con dicha Organización, se calcula que aproximadamente el 20% de las niñas, niños y adolescentes del mundo, tienen trastornos o problemas mentales. Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años de edad, y que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios cuenta con un solo psiquiatra infantil para entre 1 a 4 millones de personas.

    Además se considera que la causa de que cerca del 23% de los años perdidos por alguna discapacidad, recaiga en los trastornos mentales, se debe especialmente a los trastornos ligados al consumo de sustancias.

    E. En nuestro país la salud mental debe ser tomada en cuenta con mayor énfasis en la prevención, detección y tratamiento. El Gobierno Federal ha realizado a lo largo de los años diversas acciones para contrarrestar el problema. Entre los servicios que ofrece el Seguro Popular, actualmente, se incluyen diversas acciones preventivas como la detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria, diagnóstico y tratamiento de trastornos afectivos (distimia, ciclotimia, estado hipomaniaco, depresión y trastorno afectivo bipolar), diagnóstico y tratamiento de trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, crisis de angustia y pánico y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, trastorno de estrés postraumático y adaptativo), diagnóstico y tratamiento de trastornos psicóticos (esquizofrenia, ideas delirantes, psicóticos y esquizotípico).

    F. México es uno de los países donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados independientemente de la gravedad del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

    Hoy en día las enfermedades mentales plantean que la atención primaria debe de ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. Por ello podemos decir que en nuestro país, debemos continuar desarrollando la legislación en la materia y vigilar que la capacitación para el personal que atiende a pacientes con enfermedades de salud mental, sea continua y de calidad.

    La integración de la salud mental en la atención primaria de salud no solo proporciona mejor asistencia, sino que también reduce el dispendio por investigaciones innecesarias y tratamientos inapropiados e inespecíficos.

    G. La salud mental infantil, representa un elemento clave para el desarrollo del menor, las niñas, niños y adolescentes necesitan gozar de salud física y mental.

    Hay que mencionar que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a un gran problema ya que las primeras alteraciones que se presentan en el infante pueden ser aquellas que corresponden al desarrollo psicomotor, ejemplo de ello, es el control de sus esfínteres a la edad promedio, así como aprender a hablar o a caminar.

    Después de lo mencionado, se deben considerar los trastornos de la conducta, entre ello, el déficit de atención (TDAH), que es la incapacidad para prestar atención a una tarea concreta durante un período prolongado, inquietud, impulsividad y desorganización, o bien, los casos de ansiedad y depresión infantiles.

    Así mismo los trastornos generalizados del desarrollo, tratan de condiciones como los síndromes autista (autismo de Kanner), de Rett y de Asperger, así como del Trastorno desintegrativo de la infancia. Las niñas y niños que enfrentan alguna de estas enfermedades, podrán tener limitaciones para hablar, además de la ausencia de gestos que demuestren su estado de ánimo, así como la dificultad para comprender los mensajes no verbales de las demás personas.

    De igual forma, tendrán problemas para socializar, incluso para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre. En ocasiones el niño intentará establecer amistades, pero no sabrá cómo hacerlo y constantemente será presa de burlas, debido a su ingenuidad.
    Como vemos nos encontramos en un problema de salud pública el cual debe contrarrestarse, a partir de promover la mejora en el acceso a las consultas médicas que atiendan la salud mental, enfocadas a las niñas, niños y adolescentes y proporcionar servicios y métodos de apoyo para la salud mental que atiendan las necesidades del desarrollo de los infantes.

    H. No obstante los retos que hacen falta por cumplir en materia de salud mental, existen avances entre los cuales debemos señalar:

    ● Que se dispone de un programa de acción que incluye lineamientos para las políticas en salud mental así como estrategias, acciones y metas encaminadas a solucionar los problemas prioritarios.

    ● Que la población que no se encuentra cubierta por la seguridad social, tiene la posibilidad de ser atendida dentro del Seguro Popular donde el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), suscrito dentro del Seguro, incluye la cobertura de los principales trastornos mentales.

    ● Que se encuentran disponibles por lo menos un medicamento de cada clase terapéutica en la mayoría de los establecimientos de salud mental, en un mayor porcentaje en hospitales psiquiátricos y en un menor en servicios de consulta externa.

    ● Que existe un órgano independiente del sector salud que vigila los derechos humanos de los pacientes.

    ● Que se realiza un trabajo continuo y sistemático de investigación que aborda diversos aspectos de salud mental como los estudios epidemiológicos, las evaluaciones clínicas, las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas, así como los estudios genéticos.

    Sin embargo existen también debilidades, ejemplo de ello son:

    ● Que la atención de las enfermedades mentales, no está del todo integrada en los programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario.

    ● México carece de un programa nacional de salud mental específico para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos; tampoco existe acciones focalizadas a los problemas mentales de los adultos mayores.

    ● A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos (económicos, normas, etc.).

    ● El presupuesto asignado a salud mental está por debajo de la media de los países de ingresos medios-altos que está alrededor del 3.5%; además la distribución resulta inadecuada, pues el 80% se asigna al mantenimiento de los hospitales.

    ● Los recursos humanos especializados en salud mental (psiquiatras, psicólogos, enfermeros), que trabajan en el sector público, es reducido.

    ● Los servicios que existen están concentrados en las grandes urbes, lo cual dificulta el acceso a las poblaciones rurales e indígenas que suelen vivir en regiones distantes a estas ciudades.

    ● Existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en actividades relacionadas con la salud mental.

    Por lo anterior se deben visualizar ciertos puntos como:

    ● Mejorar la capacitación.

    ● Fortalecer los programas de promoción y prevención en salud mental.

    ● Establecer los servicios de atención primaria como eje articulador de la atención en salud mental.

    ● Disminuir el porcentaje de admisiones involuntarias.

    ● Ampliar la atención de la salud mental en hospitales generales y reducir las camas en hospitales psiquiátricos.

    ● Mejorar los programas de rehabilitación y reinserción de los pacientes.

    ● Consolidar la protección social en salud mental.

    ● Incrementar el financiamiento de operación e inversión en salud mental.

    I. En la misma materia, pero en el caso de las personas adultas mayores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo y señala que se prevé que en el año 2100 la cantidad de personas de 60 años de edad o mayores, se triplique. En dicho grupo de edad, la discapacidad ocasionada por algún trastorno mental, equivale al 6.6% a nivel mundial, aunado a ello, alrededor del 15% de los adultos mayores en el mundo, enfrentan algún trastorno mental.

    Principalmente el 3.8% de la población adulta mayor, se ve afectada por trastornos de ansiedad y por problemas por abuso de sustancias psicotrópicas equivalen al 1%, otro de los padecimientos que afecta a por lo menos una cuarta parte del grupo de personas de 60 años o más, corresponde a los daños autoinfligidos.

    La OMS, señala también, que en el mundo se calcula que hay aproximadamente 35.6 millones de personas aquejadas por demencia, lamentablemente la tendencia reportará que dicha cifra se duplique cada 20 años, con el aumento de adultos mayores, de modo que se prevén 65.7 millones de afectados en 2030 y 115.4 millones de afectados en 2050 por dicha enfermedad mental.

    J. En razón a lo anterior es que estas comisiones dictaminadoras coinciden con la proponente en expresar en ley la importancia que tiene la salud mental tanto en infantes como en adultos mayores y focalizarla, sin embargo, se vierten lo siguientes puntos:

    1. Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideran que la iniciativa donde se pretende modificar el artículo 77 de la Ley General de Salud, va acorde con lo establecido en el artículo 3º, fracciones II y VI del ordenamiento antes señalado que a la letra establece:

    Ley General de Salud (vigente)

    Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

    I. …

    II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

    II bis. a V. …

    VI. La salud mental;

    VII a XXVIII….

    Con ello podemos ver que se refiere a la atención médica de los grupos vulnerables como es el caso de las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores.

    No obstante lo anterior, la última reforma publicada en la materia, en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2013, se reformó el Artículo 77 párrafo primero de la siguiente manera:

    Ley General de Salud vigente en 2012

    Reforma a la Ley General de Salud, enero de 2013

    Artículo 77.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento.

    Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

    El comparativo anterior, nos muestra cómo se logró eliminar la barrera en la Ley General de Salud, que limitaba la atención inmediata y oportuna de todas las personas con trastornos mentales y del comportamiento, a sólo los menores. Al modificar el término "menores" por el de "personas", se reduce la brecha para la atención de todos aquellos que padecen alguna enfermedad mental.

    No obstante el noble espíritu que se propone en la Iniciativa en análisis, que modifica el Artículo en comento, se retrocedería al especificar "niños, adolescentes, adultos y adultos mayores", ya que el término "personas", engloba de manera general y sin problemas de género ni de edad, a todas aquellas personas que enfrenten alguna enfermedad mental. Por lo anterior, se considera viable, únicamente la reforma al párrafo segundo del Artículo 77, con las siguientes modificaciones:

    Ley General Vigente 2014

    Propuesta de Reforma Legisladora

    Propuesta Comisión

    Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

    A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

    En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

    Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

    A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niños y adolescentes.

    (…)

    Artículo 77. (…)

    A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

    (…)

    2.- Por otra parte la reforma que plantea hacer modificaciones al artículo 73, fracción V y adiciona una fracción V Bis, de la Ley General de Salud, en la cual se pretenden establecer disposiciones sobre el fomento y apoyo en los servicios de salud mental por parte de las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, se coincide con el espíritu de la Senadora proponente, como se vertió en este apartado de consideraciones, donde se considera viable, sin embargo, se observa que en términos del artículo 5 de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se integra por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto del orden Federal como local, y por las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud.

    Por ende, toda vez que dentro del Sistema Nacional de Salud ya se contemplan los establecimientos a que hace referencia la propuesta en análisis, estas Comisiones Unidas dictaminadoras, sugieren cambios que salvaguardan el espíritu de la propuesta y por ende, la intención de la Proponente.

    1. Dichos cambios sugieren que la fracción V del artículo 73 sufra un cambio donde en la redacción se establezca "contemplar que la implementación de los servicios de salud mental sea en todos sus niveles de atención", de esta forma se genera una mejor interpretación y al igual que en la modificación anterior, se establece una generalidad.

    2. Así mismo en lo que respecta a la fracción V Bis, que se pretende adicionar al artículo 73 de la multicitada Ley, a efecto de contar con un texto de carácter general, como lo es la Ley General de Salud, se sugiere realizar una permuta a la iniciativa de la siguiente manera: "La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos".

    3. En relación con la propuesta referente a la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en la materia, se considera que esta se encuentra contemplada ya en las fracciones VII y VIII del artículo 73 de la Ley en comento, por lo que acotarla únicamente a las acciones señaladas en la fracción V Bis, limitaría su participación respecto de las establecidas en las demás fracciones que a la letra señalan:

    Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

    I. a VI.

    VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

    VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

    Ley General de Salud (vigente)

    Propuesta de Iniciativa

    Propuesta de modificación de las comisiones dictaminadoras.

    Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

    I. a IV. (…)

    V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

    VI. a VIII. (…)

    Artículo 73.- (…)

    I a IV. (…)

    V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención primarias a la salud que permita abatir la brecha de atención;

    V BIS. La promoción en colaboración con Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

    VI. a VIII. (…)

    Artículo 73.- (…)

    I a IV. (…)

    V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

    V BIS. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

    VI. a VIII. (…)

    Es importante destacar, que los establecimientos como se denominan en la propuesta de las Comisiones dictaminadores, de la fracción V Bis, del Artículo 73, tienen relación directa con la denominación y definiciones ya establecidas en la Norma Oficial Mexicana, NOM-025-SSA2-2012, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención hospitalaria médico-psiquiátrica, con la finalidad de integrar conceptos que la Secretaría de Salud ya tiene específicamente definidos para su mejor y más pronta operación.

    Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

    Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
    Artículo 73.- (…)

    I. a IV. (…)

    V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

    V BIS. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

    VI. a VIII. (…)

    Artículo 77.- (…)

    A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

    (…)

    TRANSITORIO

    PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    SEGUNDO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la reforma al Artículo 73, se harán con los recursos financieros y materiales con los que cuente la dependencia, por lo que no requerirá transferencias presupuestarias para su cumplimiento.

    Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general y en lo particular de este dictamen, se inscribió la Senadora Maki Ortiz Domínguez, presidenta de la comisión, y quien envía el documento para que se integre al Diario de los Debates.



    Pregunto a las Senadoras y Senadores si alguien desea hacer uso de la palabra en este dictamen. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






    Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, sobre Servicio Público de Transporte Ferroviario.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

    (Dictamen de segunda lectura)

    COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y
     DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

    METODOLOGIA

    Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.

    II. En el capítulo correspondiente al "Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

    III. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan el dictamen.

    I. ANTECEDENTES

    1.- En sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2013, los Diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    En misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

    2.- Por otra parte, en sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2013, la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 38 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- Con fecha 4 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta en comento, y en esa misma fecha el expediente fue remitido al Senado de la República.

    4.- Ahora bien, en sesión ordinaria del Senado de la República, de fecha 6 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

    5.- Con fecha 5 y 6 de marzo de 2014, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Estudios Legislativos y de Comercio y Fomento Industrial, del Senado de la República, realizaron el foro denominado “Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario”, en donde se escucharon los puntos de vista de todos los actores involucrados en el sector, tales como autoridades, concesionarios, organismos internacionales, especialistas, académicos y cámaras empresariales.

    Las intervenciones de todos los participantes del foro, sin duda contribuyeron a que estas Comisiones Unidas tuvieran una visión más clara de la situación actual y de las necesidades del sector ferroviario de nuestro país. Entre lo destacado de las intervenciones, en términos generales se encuentra lo siguiente:

    A) Las autoridades señalaron que el sistema ferroviario debe verse como una unidad, como un todo que compita con otros modos de transporte, y también y de manera creciente, intermodal, es decir, hacia el interior del sistema ferroviario, por lo cual, se vuelve fundamental asegurar la competencia, a través del fortalecimiento de las herramientas que abonen a su efectiva aplicación, como la interconexión y la adecuada regulación de sus respectivas tarifas, los derechos de paso y de arrastre entre los diferentes concesionarios en condiciones de certeza y de equidad, entre otras.

    B) Por su parte, los concesionarios manifestaron que la figura de permisionarios prevista en la presente minuta, no generará más competencia, sino que por el contrario, crearía ineficiencias, generaría congestión en vías y patios, lo que se traduciría en retrasos y riesgos de accidentes que afectarían la industria nacional, adicionando mayores costos por la subutilización de los activos. En este mismo sentido, señalaron que al haber varias empresas, se generarían conflictos en la prioridad de trenes y en la velocidad en el servicio, lo que pondría en riesgo la operación al multiplicar el número de vehículos y prioridades en el proceso.

    Asimismo, manifestaron que la figura de los permisionarios ocasionaría el incremento del costo de operación, toda vez que se contaría con más trenes, pero más cortos y menos productivos, lo que incidiría en el aumento de las tarifas.

    Por lo que se refiere al título de concesión, expusieron que todos los aspectos sustanciales que se establecen en dicho título, únicamente podrían ser modificados en los términos de las concesiones y mediante el acuerdo del Estado y de los propios concesionarios. Consideraron que el título de concesión confiere derechos de exclusividad al concesionario para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga, a través de la vía férrea y cuando el concesionario deje de contar con los derechos de exclusividad, la autoridad podría en este caso, otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios de hacer uso de estas vías.

    Como conclusión, manifestaron que al introducirse la figura de los permisionarios, se limitaría la capacidad del Estado de ejercer su rectoría en el sector ferroviario, eliminando los derechos otorgados a los concesionarios en sus respectivos títulos y se afectarían los derechos de los inversionistas sin la indemnización que corresponda en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables, y en su opinión, de implementarse esta reforma no se lograrían los objetivos planteados en la misma y por el contario, se afectará la operación ferroviaria y se incrementarán los costos operativos.

    C) El representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó diversos datos estadísticos y gráficos, así como cuadros comparativos de esta industria en diferentes países.

    Señaló que la participación ferroviaria en México, a partir del año 1995 ha crecido del 19% al 25%, en contra de lo que sucede con el transporte terrestre, en otros países de Europa, en donde la participación ferroviaria ha perdido terreno en contra del transporte terrestre. Asimismo, precisó que los ferrocarriles mexicanos, en comparación con los sudamericanos y centroamericanos, son las más productivas y eficientes. Por lo que se refiere a las tarifas, las aplicadas por los concesionarios de nuestro país, son las más bajas en América Latina: uno de ellos aplica la más baja y el otro se encuentra en el rango de las tarifas más bajas de la región.

    Posteriormente señaló los objetivos y principios que se aplican en los sistemas ferroviarios de éxito en el mundo: todo gobierno debe contar con un sistema ferroviario eficiente que responda al mercado con precios financieramente sustentables, para generar ingresos para la reinversión; se debe buscar atraer tráfico del sector carretero con la finalidad de reducir los impactos ambientales, daños a las carreteras y para mejorar la seguridad y evitar congestión en dicho sector.

    Por otra parte, enunció algunas recomendaciones para el sector ferroviario en nuestro país, entre las que se encuentran: mejorar la capacidad regulatoria con datos y análisis, mejorando el uso de los derechos de paso, y en donde el análisis lo indique, extender los derechos de acceso en mercados específicos; realizar contribuciones financieras públicas a inversiones que impulsen políticas públicas para el mejoramiento de la infraestructura de este sector, como por ejemplo, ampliación de gálibo, libramientos urbanos, inversiones para seguridad, entre otros.

    D) Los usuarios de carga del servicio ferroviario coinciden en que es necesario un servicio ferroviario competitivo y de clase mundial. Destacó que, aún cuando es evidente que a partir de la privatización ha habido mejoras en el servicio, tal como se puede apreciar en los tiempos de tránsito, la puntualidad, la correcta operación de los trenes y el volumen de toneladas operadas, todavía hay espacio para algunas mejoras. Entre ellas destacaron: una regulación adecuada y más clara, criterios transparentes en el establecimiento de tarifas, ya que muchos de ellos sufren aumentos superiores a inflación (generalmente en sobrecargos por combustibles y ajustes tarifarios), y la necesidad de políticas más eficaces en la red para la protección por robos y daños a la carga.

    E) En opinión del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), un sistema ferroviario que atienda el interés público debe: procurar los requerimientos de transporte del sector productivo nacional; favorecer el desarrollo de su productividad y competitividad, sin recursos públicos y privados ociosos; reducir tarifas; incrementar los jugadores que participen en el sector, y desaparecer monopolios.

    Las ventajas de la propuesta radican en que: reducirá el acceso discriminatorio a la red, siempre y cuando haya un regulador eficiente; reducirá la probabilidad de tarifas anticompetitivas; se incrementará el tráfico interlineal y competencia (de origen geográfico) y se reducirán precios en el corto plazo

    F) El Colegio de Ingenieros Civiles de México, estima que se debe impulsar el movimiento de carga, basados en la confiabilidad ganada por el servicio, en particular para el transporte de productos automotrices, minerales y combustibles.

    Reconoce que el actual régimen de concesiones ferroviarias en México ha resultado positivo, con los servicios ofrecidos por cuatro operadores básicos, en una red de 17,800 kilómetros.

    Expone como estrategias del transporte ferroviario: Fomentar la competencia multimodal entre ferrocarril y autotransporte, asegurar la interconexión de los ferrocarriles, aumentar su velocidad de crucero, establecer rangos de tarifas y desarrollar un programa intenso de señalización con cruceros.

    G) Los académicos del Instituto Politécnico Nacional, reconocen que en el transcurso de 16 años los concesionarios ferroviarios han mostrado francos avances en materia operativa, han modernizado el parque motriz con locomotoras de mayor potencia y buen estado de mantenimiento; han incorporado a su flota de arrastre equipos de menor antigüedad y con características adecuadas para los diversos tráficos que atienden.

    La competencia intramodal esperada ha devenido en la operación de monopolios regionales, debido a la carencia de facto de la interconexión entre las líneas ya que los derechos de paso que deberían permitir los concesionarios se impiden por la vía de altos precios que hacen inviable su operación.

    Por estos motivos, es indispensable otorgar al Estado la facultad de establecer el monto de la contraprestación por el derecho de paso y fijarle la responsabilidad de garantizar la interconexión de la red ferroviaria.

    Así mismo, la determinación de registrar todas las tarifas que establezcan las empresas ferroviarias es un acierto

    En conclusión considera que la propuesta de reforma es plausible pues atiende la problemática sustantiva que padece actualmente el sistema ferroviario.

    H) Para la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, A.C. (AMIT), entre las acciones que se consideran para fomentar el uso del ferrocarril de carga y pasajeros destacan:

    - Perfeccionar los atributos medioambientales del ferrocarril.

    - Mejorar su rendimiento energético (innovación tecnológica).

    - Mejorar la competitividad del ferrocarril, asegurando la calidad del servicio.

    - Incrementar su productividad.

    - Ampliar y mejorar la oferta.

    - Extender la intermodalidad.

    - Mejorar la inter-operatividad.

    - Resolver las deficiencias institucionales en el funcionamiento de los mercados, las regulaciones y las concesiones ferroviarias.

    I) La Confederación de Asociaciones de agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), manifestaron su apoyo a la iniciativa y ven con beneplácito las modificaciones propuestas, además de que consideran necesario contar con mayor seguridad en la custodia de mercancías dentro de los patios de ferrocarriles.

    J) Por su parte los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consideran que las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a que se refiere la Minuta enviada al Senado por la Cámara de Diputados, cuyo análisis da lugar a este foro, representan un avance importante en el proceso de mejora regulatoria de este importante servicio público inscrito en esta área prioritaria para el desarrollo nacional, porque reivindica la intervención del Estado en la regulación del servicio público,

    II. CONTENIDO DE LA MINUTA

    1. La minuta con proyecto de decreto a estudio se basa en una iniciativa de los Diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y otra de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

    Dentro de la exposición de motivos de la primera propuesta, los diputados que impulsan la iniciativa consideran que es de suma importancia incrementar la inversión y mantenimiento de un sistema de transporte ágil, moderno y eficiente como es el ferrocarril, para el desarrollo de las economías regionales, el transporte entre núcleos poblaciones y centros de producción, complemento a las cadenas logísticas, el fortalecimiento de las redes de transporte binacionales y en consecuencia impulsar la competitividad y el crecimiento de la Nación.

    En la iniciativa se hace mención a que el Estado conserva en todo momento el dominio de la red ferroviaria, la cual se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Al término del plazo de la concesión, esta debe ser devuelta en condiciones adecuadas para su operación.

    Señalan que el rezago del Sector Ferroviario en México ha visto disminuida su competitividad, sobre todo en los últimos 10 años, pues la participación del transporte ferroviario en la movilización de transporte terrestre de carga fue del 20% en el 2000 y de 26% en el 2006, desde entonces a la fecha se ha mantenido constante. Asimismo, la participación de ferrocarril en el transporte de carga terrestre alcanzó el 40% en 1977 y desde entonces ha declinado por el crecimiento de la infraestructura carretera.

    Exponen que el problema más notable ha sido que la tarifa de carga que aplican los tres principales concesionarios se ha incrementado entre cuatro y hasta ocho veces, en los últimos 12 años, muy superior a la inflación acumulada que ha sido del 61.6%.

    Igualmente, los diputados destacan que el sector ferroviario de México, tiene grandes fallas regulatorias, pues persiste el obstáculo en las tarifas de interconexión entre concesionarios de las troncales de redes de ferrocarril. Las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios son limitadas y prevalece la ausencia de un acuerdo que impide la interconexión entre sus redes, por lo que la interconectividad entre ambas redes ha disminuido la eficiencia de la red férrea nacional en prejuicio de los usuarios y por ende de la economía como un todo.

    Los diputados promoventes argumentan que desde que se otorgaron las concesiones del sistema ferroviario nacional en 1997, no se han licitado rutas ferroviarias que adicionen y complementen a la red actual. Por ello, es indispensable que las autoridades pongan un orden en cuanto a los intercambios de tránsito (derechos de paso y de arrastre) entre líneas ferroviarias, para hacer transparente el proceso y no desplazar a los usuarios potenciales del servicio a otros modos de transporte con menor eficiencia y mayores riesgos, y que establezcan bases tarifarías en los casos donde no exista competencia.

    Consideran que para la regulación y fijación de las tarifas de interconexión, se tienen que buscar las condiciones de libre mercado y dejar la intervención de la autoridad sólo en los casos en los que los concesionarios y permisionarios no lleguen a un acuerdo.

    Los diputados buscan que a través de esta reforma exista la posibilidad de que la SCT pueda otorgar las concesiones y/o permisos a las empresas que solamente construyan infraestructura y la cual puedan permitir que se utilice por otros concesionarios mediante el pago de una contraprestación.

    Asimismo, en su exposición señalan que la reforma permitirá la inversión privada para la construcción de nuevas líneas y licitar nuevas rutas que complementen y eleven la competencia intramodal del ferrocarril, así como en la participación en espuelas y líneas cortas que incrementen la densidad de la red y la calidad del servicio integrando condiciones de operación de mayor eficiencia.

    Además la propuesta establece la revocación de las concesiones, en el caso de que éstas impidan o limiten el uso de los servicios de interconexión; en el caso de que incumplan los términos del título de concesión, y en caso de no mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas.

    Además posibilita a la SCT para establecer las bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de la parte afectada, previa opinión de la ahora Comisión Federal de Competencia Económica cuando considere que las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables.

    Por su parte, la iniciativa de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional advierte la necesidad de establecer que los concesionarios en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizarán la instalación, conservación y mantenimiento de señalamientos como semáforos, barreras y campanas electrónicas en los cruces con otras vías de comunicación. Asentar que los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán respetar los límites máximos y establecidos para la emisión de ruido y los horarios para el uso de silbato establecido en el reglamento respectivo.

    2.- La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, dentro del dictamen respectivo a las iniciativas, realizó las siguientes consideraciones:

    a) Expresa su interés en reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para hacer del ferrocarril el medio de transporte que coadyuve al desarrollo regional del país para que a través de su modernización sea competitivo, eficiente y de bajo costo para los usuarios del servicio.

    b) Está de acuerdo en la motivación de la iniciativa en el sentido de que el Estado conserva en todo momento el dominio de la infraestructura, la cual se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Lo anterior, ratifica que el Estado es soberano en materia de concesionar los servicios públicos como es el servicio ferroviario. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo ordenamiento del país y cualquier Ley Secundaria o Título de Concesión no puede contravenir a lo establecida en ella, ni al espíritu con el que fue hecha la misma.

    c) Considera procedente que es necesario reformar de manera integral la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y concuerda en regular en el artículo 1 de esta ley la garantía de interconexión en las vías férreas, así como procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte. En este sentido, la reforma a la fracción V del artículo 6, establece que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; regula las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, y fija las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

    d) Señala que se deben aprovechar las ventajas del transporte ferroviario, como es el caso de sus costos de uso. Lo anterior, ya que la participación del ferrocarril está rezagada con respecto a las economías con las cuales se compite en el comercio internacional.

    e) Coincide con los promotores de la iniciativa en modificar las fracciones II y V, del artículo 15, para establecer que no se requiere permiso o concesión, para la construcción e instalación de espuelas y líneas cortas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia entre dos puntos o su interconexión con la vía férrea de un concesionario. Por su parte, en la fracción V del mismo artículo, la propuesta establece que se requerirá permiso para la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando estas se ofrezcan para su explotación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

    f) Reconoce que la sustitución intermodal no ha sido suficiente para que la participación del transporte de carga por vías férreas crezca a niveles internacionales.

    g) Expone que existe carga que debiera ser intensiva en el uso del ferrocarril y que ahora es intensiva en el autotransporte de carga, lo anterior es resultado del costo relativo del uso del ferrocarril y de la exclusividad otorgada y administrada desde la concesión, que no ha incentivado la inversión en una mayor extensión de la red nacional del servicio de transporte ferroviario.

    Lo anterior, exige incrementar las oportunidades de apertura o concurrencia de nuevos participantes en infraestructura ferroviaria, así como garantizar que las extensiones a las redes troncales tengan un acceso irrestricto o interconexión a las vías de los actuales concesionarios. La ausencia de inversión en el sector para expandir la red férrea es evidente, por lo que la reforma no pretende desincentivar la inversión, al contrario se abren oportunidades de mayor inversión y abatir el estancamiento de la red ferroviaria.

    h) Concuerda con las reformas propuestas al artículo 21 de la Ley en donde se establecen las causales de revocación de las concesiones y permisos.

    i) Considera que con estas reformas a la Ley, se eliminaría el ejercicio anticompetitivo de la exclusividad territorial para sustituirlas por la apertura del mercado de transporte ferroviario haciendo del total de la extensión actual de la red férrea concesionada arena de competencia intramodal (entre concesionarios); elevaría la eficiencia del uso de las redes, y complementaría las redes actuales con la penetración por medio de la inversión de los propios usuarios.

    j) Conviene en la necesidad de reformar el artículo 21 de esta Ley, pues de esta manera se revoca la concesión o permiso a quienes ejerzan prácticas anticompetitivas argumentando la exclusividad territorial a quienes impidan o limiten el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre, independientemente de lo que establezcan sus respectivos títulos de concesión.

    K) Prevé que estas reformas crearán un mercado abierto donde concurran distintos prestadores del servicio que conformen un sistema integral basado en troncales, ramales, espuelas o niveles de flujo enlazados en una misma red con varios puntos de interconexión creando múltiples rutas origen destino, hasta ahora limitadas, y que puedan multiplicarse elevando la productividad, competitividad y beneficio social de la red ferroviaria nacional.

    l) Estima procedente la reforma al artículo 35 de la Ley, en el que se establece que los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    En este mismo sentido, está de acuerdo en la reforma al artículo 36 de la Ley en el que se establece que los concesionarios deberán acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso.

    Es por ello que las reformas a estos artículos contemplan la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar tanto las condiciones de competencia como las recomendaciones a la SCT para determinar los términos y condiciones a ser aplicables en la interconexión entre concesionarios.

    m) Analizó la propuesta de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, particularmente en lo referente a garantizar el bienestar de las personas que por diversas causas se encuentran expuestas al ruido de los silbatos al paso de los trenes. Sin embargo, consideró que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario vigente ya prevé que para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites en un centro de población, se debe cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental. Además de que prevé sanción para el caso de incumplimiento a las disposiciones aplicables, entendiendo que se encuentran contempladas las normas oficiales mexicanas que apliquen al servicio ferroviario, particularmente a la que hace referencia la proponente NOM-081-ECOL-1994.

    n) Determinó que la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Servicio ferroviario para establecer que la SCT, en coordinación con los concesionarios, realizarán la instalación, conservación y mantenimiento de señalamientos como semáforos, barreras y campanas electrónicas en los cruces con otras vías de comunicación, resulta inadecuada, ya que la construcción, mantenimiento y conservación de dicho cruce está a cargo de un Permisionario y no del Concesionario de la vía, tal como lo estipula el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y del Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado el 25 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

    No obstante, consideró necesario atender la demanda de la diputada promovente y busca adecuar su propuesta a una redacción viable, por lo que se adicionó al artículo 53 para establecer la obligatoriedad de los concesionarios a instalar e instrumentar la debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como restricciones al nivel de emisiones de ruido y otros contaminantes, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad y se controle el nivel de emisiones conforme a la normatividad federal y local.

    ñ) Coincide con las propuestas de reforma en el tema de las tarifas que aplican los concesionarios y permisionarios, que se establecen en los artículos 46, 47 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. De esta manera, los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia; todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deberán registrarse previamente ante la SCT; deberán colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios así como por medios electrónicos y por medio de Internet; la SCT deberá establecer bases de regulación tarifaria, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando considere que las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables y cuando considere que no existe competencia efectiva, o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas; las bases tarifarias que se establezcan, se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron;

    Por lo anterior, se propuso el proyecto de decreto que se reproduce a continuación:

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

    Artículo Unico. Se reforman los artículos 1, primer párrafo; 6, fracción V; 15, fracciones II y IV; 21, fracciones II, V, y actual IX, así como el segundo y tercer párrafos; 35, segundo párrafo; 36; 46, segundo párrafo; 47; 53; 59, fracción IV y, se adicionan los artículos 15, con un segundo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 21, con las fracciones 9 y 10, recorriéndose la actual 9, pasando a ser 11; y 35, con un tercer párrafo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

    Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

    Artículo 6. …

    I a IV. …

    V. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo; y, establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva, en términos del artículo 47 de la Ley;

    VI. a IX. …

    Artículo 15.

    I. …

    II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas y líneas cortas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia entre dos puntos o su interconexión con la vía férrea de un concesionario, mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso.

    III. …

    IV. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando estas se ofrezcan para su explotación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación. La contraprestación se sujetará al procedimiento previsto en los artículos 35 y 36.

    Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

    I. …

    II. Interrumpir la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

    III. y IV. …

    IV. Aplicar tarifas que no se encuentren registradas ante la Secretaría;

    VI. y VII. …

    VIII. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

    IX. Ejecutar u omitir acciones que impidan o limiten, o tiendan a impedir o limitar el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre establecidos en los artículos 35 y 36 de la presente Ley, independientemente de lo que establezcan sus respectivos títulos de concesión; así como obstaculizar o negar los servicios de interconexión o espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación.

    X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

    XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos y demás disposiciones aplicables.

    La Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, II, VI, VII, IX, X y XI.

    En los casos de las fracciones III, IV, V, VIII y XII, la Secretaría podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en dos ocasiones por la causa prevista de la misma fracción.

    Artículo 35.

    En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la secretaría escuchará a las partes, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

    La Secretaría podrá pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar las condiciones y contraprestaciones a ser aplicables. Los concesionarios deberán remitir a la secretaría y a la Comisión Federal de Competencia Económica copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

    Artículo 36. Los concesionarios deberán acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso, por virtud de los cuales puedan compartir una vía férrea determinada. El concesionario de la vía férrea será el responsable del despacho de los equipos ferroviarios y de la conservación y mantenimiento de la vía.

    La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente derechos de arrastre y derechos de paso. Cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la secretaría escuchará a las partes y a los usuarios con interés en realizar actividades de transporte entre las vías férreas de los concesionarios involucrados, a fin de fijar las condiciones y contraprestaciones, en un plazo máximo de 30 días, conforme a las cuales se otorgarán dichos derechos.

    La Secretaría podrá pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar las condiciones y contraprestaciones a ser aplicables. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría y a la Comisión Federal de Competencia Económica copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

    Artículo 46.

    Todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deberán registrarse previamente ante la Secretaría para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios así como por medios electrónicos y por medio de Internet.

    Artículo 47.La Secretaría deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando considere que:

    I. Las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables.

    II. No existe competencia efectiva, o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas.

    Los concesionarios, los usuarios o la Secretaría podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita juicio sobre la subsistencia de tales condiciones.

    Las bases tarifarias que se establezcan conforme a este artículo, se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

    Artículo 53. Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría:

    I. La debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como restricciones al nivel de emisiones de ruido y otros contaminantes, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad y se controle el nivel de emisiones conforme a la normatividad federal y local;

    II. Los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

    Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

    Artículo 59.

    I. a III…

    IV. Aplicar tarifas distintas a las registradas ante la Secretaría o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

    V. a X. …

    TRANSITORIOS

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. Las tarifas actuales estarán vigentes en tanto la Secretaria no reciba por parte de los concesionarios y permisionarios todas las tarifas que deban ser registradas, en un plazo que no podrá excederse de seis meses. En caso de un incremento en las tarifas vigentes, el concesionario y permisionario deberá justificar técnicamente dicho aumento.

    Tercero. El reglamento deberá especificar los cargos, tarifas, contraprestaciones y cobros adicionales que los concesionarios y permisionarios puedan tomar en consideración para integrarse al costo total de los servicios contratados en los términos de la presente Ley, con excepción de aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Secretaría.

    Cuarto. La Secretaría tendrá un plazo de 120 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario.

    Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de decreto a estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

    III. CONSIDERACIONES

    A. Estas dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con el objetivo de impulsar su modernización y lograr que éste sea competitivo, eficiente y de costo accesible para los usuarios del servicio, además de aprovechar las ventajas que tiene este medio de transporte y con ello contribuir al desarrollo del país, posibilitando el crecimiento económico y social.

    B. Estas Comisiones ratifican que el Estado conserva en todo momento el dominio de la infraestructura ferroviaria, siendo el Estado plenamente soberano para concesionar los servicios públicos como lo es el servicio ferroviario.

    C. Por lo que respecta a la propuesta de modificación al artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, estas dictaminadoras están plenamente convencidas en establecer como objetivos prioritarios, la garantía de interconexión en las vías férreas, así como procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte. Asimismo, coinciden que el texto normativo precise que el servicio

    ferroviario es una actividad económica prioritaria y que corresponde al Estado ser rector de su desarrollo, además de proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promover el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia y complementariedad entre los diferentes modos de transporte.

    En este contexto, estas Comisiones dictaminadoras sugieren hacer un agregado al segundo párrafo del artículo 1 la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario contenido en la Minuta, con el objeto de puntualizar que el Estado, al ejercer sus funciones de rectoría, garantizará también la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    Con este agregado, estás dictaminadoras convienen en fortalecer dicho precepto al precisar que no sólo se garantiza la libre competencia, sino que se fortalece uno de los objetivos más importantes para el desarrollo del servicio, a saber: la eficiencia operativa en la prestación del servicio.

    Artículo 1. …

    El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    D. Estás dictaminadoras, con la finalidad de contar con una terminología más clara, consideraron imperativo incorporar a nivel de ley, las definiciones de interconexión, derecho de paso y derecho de arrastre, así como la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte cuyo contenido se expone más adelante.

    Es de destacar, que las definiciones de estos servicios de interconexión, derecho de arrastre y de paso, hasta ahora sólo se hacen presentes a nivel de reglamento, por lo que para estas Comisiones es necesario elevarlos a nivel de ley, con el propósito de asegurar que dichas definiciones técnicas de los diferentes tipos de intercambio de tráfico sean precisas y no sean desvirtuadas al ser contempladas en otro tipo de ordenamientos como lo son reglamentos o normas oficiales mexicanas. La intención es que dicha terminología se ajuste al verdadero sentido de lo que debe entenderse por este intercambio de tráfico.

    Conforme a lo anterior, se adiciona el artículo2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con las fracciones I, II, III, VI, VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes:

    Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

    Agencia: la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

    II. Derecho de arrastre: es el que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

    III. Derecho de paso: es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

    IV. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

    V. Equipo ferroviario: los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas;

    VI. Fondo: el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios;

    VII. Interconexión: es el servicio que comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal;

    VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

    IX. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares;

    X. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros;

    XI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas;

    XII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes, y

    XIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación.

    E. Uno de los temas más sensibles que actualmente repercute en la prestación del servicio ferroviario es el de la inseguridad, los robos constantes de carga y combustible, así como las afectaciones y maltrato a las vías férreas en diferentes zonas del país. En este contexto, estas dictaminadoras consideran importante incorporar una adición al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a efecto de precisar que las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten el servicio público de transporte ferroviario son de carácter federal, ya que todo lo relacionado a las vías generales de comunicación ferroviaria es de jurisdicción federal. Con ello se evita la confusión respecto a las competencias entre el fuero común y el fuero federal.

    Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

    Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias en cualquier materia que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

    En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    F. En relación con la modificación a la fracción V del artículo 6 de la ley contenido en la Minuta, donde se establece que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, además de fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva, estas dictaminadoras acuerdan en que dicha atribución pase a formar parte de las atribuciones que tendrá la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, por lo que quedaría incluido en el artículo 6 Bis que se propone por parte de estas Comisiones.

    Igualmente, dicho artículo se modifica a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sólo conserve las atribuciones contenidas en las fracciones I y II del artículo 6 vigente, y todas las demás atribuciones pasan a formar parte del nuevo artículo 6 Bis relativo a la Agencia que se pretende crear.

    Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

    I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y

    II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.

    G. En concordancia a las adiciones al artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, relativas a la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, estas dictaminadoras proponen la adición de un artículo 6 Bis y adiciones al texto del artículo 24y 59 de la propia ley, con el objeto de precisar y hacer las correlaciones correspondientes a sus atribuciones y funciones.

    Estas adiciones son en concordancia a las prácticas internacionales sobre agencias o entidades reguladoras del transporte, por lo que para estas Comisiones es necesaria la creación de un órgano especializado en materia ferroviaria llamado Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, quien absorberá a la Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal, y que permanecerá dentro de la estructura orgánica actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La Agencia absorberá todas las facultades que actualmente competen a la Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal, y contará con las demás facultades que le den la capacidad de ser un órgano regulador altamente especializado, acorde con estándares internacionales.

    Dentro de las atribuciones de la Agencia le corresponderá determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas; verificar que se cumplan con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario; garantizar la interconexión en las vías férreas cuando son vías generales; establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia; emitir recomendaciones; dirimir controversias e imponer sanciones, realizar estudios e investigaciones; entre otras. Todas ellas encaminadas a regular con mayor eficiencia los servicios y la operación del sistema ferroviario.

    Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer la capacidad de la autoridad para recabar información de todo tipo, que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios.

    Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:

    I. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la expedición y aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables;

    II. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;

    III. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en los casos de derechos de arrastre y de paso;

    IV. Establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva;

    V. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

    VI. Interpretar esta Ley para efectos administrativos;

    VII. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario;

    VIII. Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria;

    IX. Cooperar con las autoridades migratorias, de Seguridad Pública y con los concesionarios, para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver cuestiones de migración e inseguridad que afecten el servicio público de transporte ferroviario, garantizando que en todo momento se respeten los derechos humanos;

    X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46;

    XI. Registrar los servicios diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas así como emitir recomendaciones en los términos del artículo 46 de esta Ley;

    XII. Elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores de los servicios ferroviarios;

    XIII. Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar su retorno al Estado para ser concesionadas en términos a lo establecido por esta Ley;

    XIV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la propia Agencia, así como dictar medidas precautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la Nación;

    XV. Participar y organizar foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario;

    XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios;

    XVII. Dirimir cualquier controversia entre los usuarios y concesionarios como prestadores del servicio ferroviario;

    XVIII. Solicitara los concesionarios todo tipo de información que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios, y

    XIX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

    Al ejercer sus facultades, la Agencia garantizará en todo momento el desarrollo eficiente y en un entorno de competencia de la industria ferroviaria.

    Artículo 24. Los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

    La Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto.

    La Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos en el párrafo anterior y, en su caso, emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener los estándares del servicio ferroviario.

    Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría, por:

    I. La ausencia de condiciones de Seguridad Pública que impidan o no permitan llevar a cabo la prestación del servicio público;

    II. Casos fortuitos o de fuerza mayor;

    III. Falta de pago de las tarifas pactadas con el usuario de que se trate, o

    IV. Las demás causas que se establezcan en la presente Ley.

    Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

    I. a III. …

    IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

    V. a IX. …

    X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de mil quinientos a dos mil salarios mínimos, y

    XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

    En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

    Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

    Estas colegisladoras estiman pertinente que sea el Ejecutivo Federal, mediante Decreto, quien formalice la creación de la Agencia, dotándola de los instrumentos y recurso para actuar, y disponiendo sobre su organización y funcionamiento como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

    H. Con respecto al artículo 9 de la ley, relativo a los lineamientos para el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública, estas Comisiones dictaminadoras sugieren adicionar un tercer y cuarto párrafos a la fracción I de dicho artículo, a efecto de precisar que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    Artículo 9. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

    I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

    Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 90 días naturales;

    En caso de no emitir una convocatoria pública para las nuevas concesiones, conforme al plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado podrá interponer su inconformidad ante el superior jerárquico, mismo que en un plazo no mayor a 15 días naturales resolverá lo conducente.

    La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de esta Ley.

    II. a VII. …

    I. Estas dictaminadoras acuerdan eliminar la figura de permisionario, que de acuerdo a la minuta enviada por la Cámara de Diputados le otorgaba la posibilidad de utilizar las vías férreas sin tener el carácter de concesionario. Lo anterior, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios, conforme a lo establecido en sus títulos de concesión, al cumplimiento de las condiciones, y a los plazos plasmados en ellos. Esta eliminación, además de dar certidumbre jurídica a los concesionarios, preserva la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción y de carga, de tal forma que aquellos concesionarios presentes y futuros operen en forma integrada con ambos elementos complementarios que constituyen el servicio público ferroviario. Adicionalmente, se hacen algunas precisiones de redacción al segundo párrafo de la fracción del artículo 15. Conforme a lo anterior, estas Comisiones proponen el siguiente texto:

    Artículo 15. Se requiere permiso para:

    I. …

    II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso;

    Para efectos del párrafo anterior se entiende por carga propia aquella destinada por el propietario o propietarios de la línea al autoabastecimiento; a su integración en los procesos de producción interna, o a su transporte hacia un punto terminal con las redes del servicio público de transporte ferroviario, siempre y cuando dicho traslado de carga o pasajeros no implique comercialización a terceros.

    III a IV…

    V. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

    (Se elimina los dos últimos párrafos de la fracción V, contenidos en la Minuta de la Colegisladora)

    J. Estas dictaminadoras sugieren hacer diversas adecuaciones al orden de las fracciones del artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario contenido en la Minuta, relativas a la revocación de concesiones y permisos. Lo anterior, con el objeto de precisar debidamente los alcances de dicho precepto jurídico, además de involucrar al nuevo órgano que representa la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en dichas resoluciones. En tal sentido, se sugiere el siguiente texto:

    Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

    I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento;

    II. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

    III. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad;

    IV. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

    V. Ejecutar u omitir acciones que tengan como resultado impedir o limitar de forma injustificada el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre obligatorios y los establecidos en términos de la presente Ley; así como obstaculizar o negar la conexión de espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación de acuerdo con lo previsto en esta Ley.;

    VI. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello;

    VII. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios;

    VIII. Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las registradas ante la Agencia;

    IX. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

    X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

    XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

    Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

    Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

    En los casos de las fracciones IV a XI, la Secretaría, previa opinión de la Agencia, podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en tres ocasiones en un periodo de 5 años por la causa prevista en la misma fracción.

    K. Estas dictaminadoras convienen en fijar los alcances del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, y para ello se sugiere la adición del artículo 31, y la adición de los artículos 31 Bis, 31 Ter y 31 Quáter. Lo anterior, con la finalidad de contar con recursos para construir y mantener cruzamientos de vías férreas y que éstos cuenten con la señalización adecuada.

    Para tal efecto, se precisa que la federación, los estados, el municipio y los concesionarios contribuirán para la creación de un fideicomiso con el objetivo de acabar con las actuales fallas y retrasos que existen en el sistema de ferrocarril, ocasionadas por la falta o mal señalamiento de las vías, resultando en la diminución de la velocidad del tren y el robo de la mercancía. Para ello se hará un mapeo de todos los cruces y la SCT priorizará aquellos que requieran dicha señalización.

    Igualmente, se hacen las adecuaciones correspondientes al artículo 53 de la ley, con el objeto de hacer la correlación correspondiente el articulado adicionado.

    Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

    Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan.

    En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad.

    Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

    La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

    Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la Agencia.

    El patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso, de otras entidades públicas o privadas, en forma proporcional y conforme a los términos y condiciones que establezcan las reglas de operación del Fondo, con el objeto de que se otorguen los apoyos correspondientes a que se refiere el artículo 31 Bis de esta Ley, en el entendido que las partes aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de aportaciones que en el mismo periodo se realicen al patrimonio del Fondo.

    El Fondo tendrá, entre otros, los siguientes fines:

    I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar los cruzamientos susceptibles para mejorar la eficiencia y seguridad en la operación del servicio público de transporte ferroviario;

    II. Evaluar las condiciones correspondientes a la señalización y operación en los cruzamientos de las vías férreas;

    III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

    IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel internacional.

    El Fondo se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

    Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

    Artículo 53.Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al Reglamento de esta Ley:

    I. Realizar las aportaciones al Fondo previsto en el artículo 31 Bis de esta Ley;

    II. Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

    Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

    L. Estas dictaminadoras consideran procedente la reforma al artículo 35 de la Ley en el que se establece que los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario. En este caso, sólo se sugiere incorporar el servicio del derecho de arrastre, además de establecer la intervención de la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

    Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios los servicios de interconexión, derecho de arrastre y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Agencia escuchará a las partes, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días naturales, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

    Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

    M. Con el objetivo de precisar las causales de derecho de paso, estas dictaminadoras sugieren la modificación del artículo 36 de la ley contenido en la minuta, así como la incorporación de un artículo 36 Bis. En este sentido, los concesionarios estarán obligados a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso en tres aspectos: el primero, aquél contemplado en los títulos de concesión; el segundo, cuando sea pactado por mutuo acuerdo; o el tercero, cuando sean establecidos por la Agencia por falta de condiciones de competencia efectiva en una ruta o trayecto determinado.

    Asimismo, es relevante aclarar que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá efectuar las declaratorias de oficio y solicitar toda la información necesaria.

    El proceso a seguir en caso de que sea necesaria la intervención de la Agencia se establece en el artículo 36 Bis propuesto.

    Artículo 36. Los concesionarios deberán permitir la interconexión en su modalidad de derechos de paso obligatorios: (i) estipulados en los títulos de concesión; (ii) cuando sean pactados de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean establecidos por la Agencia previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinado, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    Cualquier derecho de paso otorgado en términos de este artículo deberá de contemplar la vía, los productos, la longitud y los puntos de origen y destino de los derechos de paso.

    La longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario.

    Artículo 36 Bis. A partir de la resolución de ausencia de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Agencia escuchará a las partes, con el objeto de fijar las condiciones y contraprestaciones de los derechos de paso, en un plazo máximo de 30 días naturales.

    Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso y podrá solicitar la opinión  de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    N. Estas comisiones consideran también la adición del artículo 36 Ter con el que se prevé darle al usuario la capacidad de elegir en una ruta donde opera más de un concesionario, el acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta correspondiente, o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o destino. Esto con la finalidad de dar certidumbre al usuario y generar las condiciones para tarifas competitivas.

    Artículo 36 Ter. Cuando el servicio público de transporte de carga o pasajeros que solicite el usuario se refiera a rutas que involucren la participación de más de un concesionario, el usuario tendrá el derecho de elegir entre acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta que le corresponde o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o el concesionario de destino.

    Ñ. Por lo que respecta al régimen de tarifas contenido en el artículo 46 de la ley, estas dictaminadoras recomiendan la modificación de la propuesta de la Colegisladora, con lo cual se deja en claro que se conserva la libertad de los concesionarios para establecer las tarifas máximas, pero se impone la obligatoriedad para la desagregación de tarifas de servicios diferentes del flete.

    Igualmente, se hace una distinción entre la tarifa de flete y de servicios diversos con el fin de apegarse a los mejores estándares internacionales en la materia, ésta con la intención de tener un catálogo y reglas de aplicación específicos de los servicios diversos que prestan los concesionarios y así dar al usuario la certeza de recibir precios competitivos y un servicio de calidad.

    La Agencia tendrá la facultad de monitorear la aplicación de esquemas de ajuste de tarifas tal como lo es el aplicable al costo por combustible, además se contempla la posibilidad de que la Agencia solicite a la Comisión Federal de Competencia Económica el análisis de ciertas conductas o prácticas que eventualmente puedan exigir condiciones de regulación tarifaria.

    Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

    Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

    Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

    Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

    O. En el artículo 47, estás dictaminadoras sugieren incluir un segundo párrafo para que dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establezca la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante.

    Artículo 47. La Agencia deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

    Para los efectos del párrafo anterior la Agencia, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establecerá la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante, garantizando en todo momento la eficiencia del servicio.

    Las bases tarifarias que se establezcan conforme al párrafo anterior se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

    Estas dictaminadoras acuerdan modificar los artículos transitorios contenidos en la Minuta de la colegisladora y agregar cinco artículos transitorios más para precisar los alcances de la entrada en vigor de las reformas y adicionas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios.

    Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para los efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

    Artículo Unico. Se reforman los artículos 1, primer y segundo párrafos; 4, primer párrafo; 6; 9, fracción I; 15 y su fracción II; 21, II, III, V, así como el segundo y tercer párrafos; 24; 31; 35, segundo párrafo; 36; 46, primer y segundo párrafos; 47; 53; 59, fracción IV, y se adicionan los artículos 2, con las fracciones I, II, III, VI y VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 6 Bis; 15, con la fracción V; 21, con la fracción X, modificándose el orden de las fracciones, II pasa a ser IV, III pasa a ser V, IV pasa a ser VII, V pasa a ser VIII, VI pasa a ser III, VII pasa a ser II, VIII pasa a ser IX y IX pasa a ser XI; 31 Bis; 31 Ter; 31 Quáter; 35, con un tercer párrafo; 36 Bis; 36 Ter; 46 con un tercer y cuarto párrafos y 59 con una fracción X, recorriéndose en su orden la subsecuente a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

    Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

    El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    Artículo 2.

    I. Agencia: la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría;

    II. Derecho de arrastre: es el que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

    III. Derecho de paso: es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

    IV. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

    V. Equipo ferroviario: los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas;

    VI. Fondo: el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios;

    VII. Interconexión: es el servicio que comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal;

    VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

    IX. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares;

    X. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros;

    XI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas;

    XII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes, y

    XIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación.

    Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

    Artículo 6.

    I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y

    II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.

    Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:

    I. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la expedición y aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables;

    II. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;

    III. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en los casos de derechos de arrastre y de paso;

    IV. Establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva;

    V. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

    VI. Interpretar esta Ley para efectos administrativos;

    VII. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario;

    VIII. Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria;

    IX. Cooperar con las autoridades migratorias, de Seguridad Pública y con los concesionarios, para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver cuestiones de migración e inseguridad que afecten el servicio público de transporte ferroviario, garantizando que en todo momento se respeten los derechos humanos;

    X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46;

    XI. Registrar los servicios diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas así como emitir recomendaciones en los términos del artículo 46 de esta Ley;

    XII. Elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores de los servicios ferroviarios;

    XIII. Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar su retorno al Estado para ser concesionadas en términos a lo establecido por esta Ley;

    XIV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la propia Agencia, así como dictar medidas precautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la Nación;

    XV. Participar y organizar foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario;

    XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios;

    XVII. Dirimir cualquier controversia entre los usuarios y concesionarios como prestadores del servicio ferroviario;

    XVIII. Solicitar a los concesionarios todo tipo de información que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios, y

    XIX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

    Al ejercer sus facultades, la Agencia garantizará en todo momento el desarrollo eficiente y en un entorno de competencia de la industria ferroviaria.

    Artículo 9.

    I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

    Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 90 días naturales;

    En caso de no emitir una convocatoria pública para las nuevas concesiones, conforme al plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado podrá interponer su inconformidad ante el superior jerárquico, mismo que en un plazo no mayor a 15 días naturales resolverá lo conducente.

    La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de esta Ley.

    II. a VII. …

    Artículo 15.

    I. …

    II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso;

    Para efectos del párrafo anterior se entiende por carga propia aquella destinada por el propietario o propietarios de la línea al autoabastecimiento; a su integración en los procesos de producción interna, o a su transporte hacia un punto terminal con las redes del servicio público de transporte ferroviario, siempre y cuando dicho traslado de carga o pasajeros no implique comercialización a terceros.

    III a IV…

    V. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

    Artículo 21.

    I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento;

    II. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

    III. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad;

    IV. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

    V. Ejecutar u omitir acciones que tengan como resultado impedir o limitar de forma injustificada el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre obligatorios y los establecidos en términos de la presente Ley; así como obstaculizar o negar la conexión de espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación de acuerdo con lo previsto en esta Ley.;

    VI. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello;

    VII. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios;

    VIII. Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las registradas ante la Agencia;

    IX. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

    X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

    XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

    Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

    En los casos de las fracciones IV a XI, la Secretaría, previa opinión de la Agencia, podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en tres ocasiones en un periodo de 5 años por la causa prevista en la misma fracción.

    Artículo 24.

    La Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto.

    La Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos en el párrafo anterior y, en su caso, emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener los estándares del servicio ferroviario.

    Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría, por:

    I. La ausencia de condiciones de Seguridad Pública que impidan o no permitan llevar a cabo la prestación del servicio público;

    II. Casos fortuitos o de fuerza mayor;

    III. Falta de pago de las tarifas pactadas con el usuario de que se trate, o

    IV. Las demás causas que se establezcan en la presente Ley.

    Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

    Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan.

    En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad.

    Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

    La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

    Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la Agencia.

    El patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso, de otras entidades públicas o privadas, en forma proporcional y conforme a los términos y condiciones que establezcan las reglas de operación del Fondo, con el objeto de que se otorguen los apoyos correspondientes a que se refiere el artículo 31 Bis de esta Ley, en el entendido que las partes aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de aportaciones que en el mismo periodo se realicen al patrimonio del Fondo.

    El Fondo tendrá, entre otros, los siguientes fines:

    I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar los cruzamientos susceptibles para mejorar la eficiencia y seguridad en la operación del servicio público de transporte ferroviario;

    II. Evaluar las condiciones correspondientes a la señalización y operación en los cruzamientos de las vías férreas;

    III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

    IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel internacional.

    El Fondo se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

    Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

    Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios los servicios de interconexión, derecho de arrastre y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

    En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Agencia escuchará a las partes, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días naturales, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

    Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

    Artículo 36. Los concesionarios deberán permitir la interconexión en su modalidad de derechos de paso obligatorios: (i) estipulados en los títulos de concesión; (ii) cuando sean pactados de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean establecidos por la Agencia previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinado, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    Cualquier derecho de paso otorgado en términos de este artículo deberá de contemplar la vía, los productos, la longitud y los puntos de origen y destino de los derechos de paso.

    La longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario.

    Artículo 36 Bis. A partir de la resolución de ausencia de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Agencia escuchará a las partes, con el objeto de fijar las condiciones y contraprestaciones de los derechos de paso, en un plazo máximo de 30 días naturales.

    Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso y podrá solicitar la opinión  de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    Artículo 36 Ter. Cuando el servicio público de transporte de carga o pasajeros que solicite el usuario se refiera a rutas que involucren la participación de más de un concesionario, el usuario tendrá el derecho de elegir entre acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta que le corresponde o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o el concesionario de destino.

    Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

    Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

    Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

    Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

    Artículo 47.La Agencia deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

    Para los efectos del párrafo anterior la Agencia, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establecerá la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante, garantizando en todo momento la eficiencia del servicio.

    Las bases tarifarias que se establezcan conforme al párrafo anterior se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

    Artículo 53.Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al Reglamento de esta Ley:

    I. Realizar las aportaciones al Fondo previsto en el artículo 31 Bis de esta Ley;

    II. Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

    Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

    I. a III. …

    IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables,con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

    V. a IX. …

    X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de mil quinientos a dos mil salarios mínimos, y

    XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

    ...

    ...

    TRANSITORIOS

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. La Agencia deberá ser creada por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Secretaría a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal mantendrá a su cargo las facultades que esta Ley le otorga a la Agencia hasta en tanto ésta sea creada.

    Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para tal fin a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que no requerirá recursos adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable en el ejercicio fiscal en el que entre en vigor este Decreto.

    Los recursos humanos, financieros y materiales con los que actualmente cuente la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal pasarán a formar de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario creada en los términos del presente Decreto.

    Cuarto. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario.

    Quinto. La Agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, con la previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.

    Sexto. Los compromisos contenidos en los títulos de concesión que no hayan sido cumplidos por los actuales concesionarios a juicio de la autoridad competente, tendrán un año para ser solventados. En caso contrario se actualizará la causal de revocación a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

    Séptimo. Una vez que la Agencia se encuentre en funciones, los concesionarios deberán: (i) registrar sus tarifas máximas de flete; y, (ii) proponer para su registro el catálogo de servicios diversos que podrán ofrecer a sus usuarios, las reglas de aplicación correspondientes a esos servicios diversos y sus tarifas máximas para efectos de lo establecido por el artículo 46 de la presente Ley.

    La solicitud de registro a que se refiere este artículo deberá hacerse dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del Decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

    En tanto la Agencia registre las tarifas máximas de flete así como los catálogos de servicios diversos, junto con sus reglas de aplicación y tarifas, continuarán vigentes las tarifas máximas de flete y los servicios diversos y tarifas registrados ante la Secretaría.

    Octavo. La Agencia, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su creación, emitirá los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario al interior de zonas urbanas o centros de población.

    Noveno. Una vez que la Agencia se encuentre en funciones, requerirá a los concesionarios para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales, entreguen un inventario de las vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso. La Agencia verificará el inventario y procederá a establecer y ejecutar el mecanismo para, en su caso, reintegrarlas a la Nación.

    Los concesionarios procederán a reintegrar las vías cortas o ramales sin demora y en el estado físico en que se encuentren, para lo cual se celebrará el acta de entrega-recepción respectiva. En ningún caso, la reintegración a la Nación de ramales o vías cortas no explotadas o en desuso será objeto de cualquier tipo de pago o contraprestación por ninguna de las partes.

    A partir de la reintegración de los ramales o vías para ser concesionadas cada una por separado, la Secretaría contará con un plazo de 180 días naturales para concesionarlas mediante licitación pública conforme a lo establecido por el artículo 9 de la presente Ley.

    COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Y en primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

    El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

    Ustedes recordarán que en febrero recibimos de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    El objetivo de este proyecto, pues, es darle más competitividad a la economía del país a partir del fortalecimiento del subsector del transporte ferroviario a efecto de que, bueno, pues, que fuera más accesible, mejores precios, en mejores condiciones, sin discriminación, mayor efectividad, facilitando el transporte multimodal, etcétera.

    Todos compartimos la visión de esos objetivos, y sin embargo, no estábamos de acuerdo ni en el diagnóstico, ni tampoco en la fórmula que se estaba siguiendo para atender el problema.

    ¿Por qué? porque gracias a un foro que realizamos aquí en el Senado, precisamente en el periodo ordinario, de febrero a abril, fue que detectamos a partir de la opinión de organismos nacionales e internacionales independientes, que el sector ferroviario, si bien requiere un fortalecimiento, también es cierto que desde la privatización a la fecha, pues, ha mostrado una notoria mejoría en varios aspectos.

    Sin embargo, también se advirtió la necesidad de que hubiese mayor certidumbre jurídica, sobre todo en materia de interconexión para efectos de los derechos de paso para el arrastre, y eso es lo que motivó fundamentalmente una discusión al interior de estas comisiones unidas, pero también con la Colegisladora, con autoridades del sector y con expertos y académicos.

    De ahí que, en todos estos meses, lo que se logró fue:

    Primero.- Que la propuesta que venía de Cámara de Diputados, en el sentido de que con una nueva figura de permisionarios se tuviera prácticamente todos los derechos de un concesionario, sin las obligaciones del mismo, quedó atrás, no adoptamos esa figura de permisionario, pero sí la obligación esencial, el recurso esencial de la interconexión entre prestadores del servicio ferroviario para efectos de que, a falta de acuerdo entre las partes, o de cumplimiento directo de los títulos de concesión, sea la autoridad en la materia que en un plazo perentorio de 30 días resuelva sobre el particular las condiciones de acceso y también las tarifas.

    Aquí también hay que señalar algo. Se crea en este proyecto de dictamen que estamos planteando, una nueva figura de una agencia regulatoria del servicio ferroviario, que en realidad lo que va a hacer es absorber los recursos humanos financieros, materiales y presupuestales de la actual Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ser un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciertamente con autonomía técnica, pero insisto, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

    Va a tener todas las facultades que hoy tiene la SCT, salvo el otorgamiento de concesiones y la revocación de los mismos, desde luego la planificación general del sector.

    Entonces, esta agencia regulatoria lo que va a hacer es verificar que se dé, efectivamente, esta interconexión: derechos de paso, derechos de arrastre.

    Y para tal efecto también, una obligación novedosa en este dictamen, es que tendrán los concesionarios que dar toda la información que será pública, desagregando todas las tarifas sobre los servicios que presten, para que cualquier interesado pueda tener acceso a las mismas.

    Y si bien prevalece el principio de la libertad tarifaria, insisto, como principio, también lo es que la Comisión Federal de Competencia Económica, en uso de las atribuciones que le concede la legislación de la materia, podrá determinar de oficio, o a petición de parte, cuando no existan las condiciones efectivas de mercado, en un mercado relevante, para efectos de que la agencia regulatoria del sistema ferroviario pueda topar tarifas y pueda obligar el acceso, insisto, a la interconexión: derechos de paso, derechos de arrastre.

    Se están revisando, en este dictamen, las sanciones a efecto de que, incluso, la más grave de ellas es que no se cumpla con la interconexión en tiempo y forma, al grado de que después, si después de 2 ocasiones, en un periodo de 5 años, un concesionario reincide en esa conducta, será causal de revocación de su concesión.

    Y también el hecho de no proporcionar la información que soliciten las autoridades, ya sea en materia de competencia económica, o de transporte ferroviario, también darán lugar a multas pecuniarias, que esperamos inhiban este tipo de conductas a todas luces indeseables.

    Yo quiero destacar el trabajo de las comisiones, pero también la apertura que tuvo la Colegisladora para poder revisar esto. Esa apertura llevó a que hoy haya una total coincidencia entre Diputados, Senadores, pero también los concesionarios y los grandes usuarios del servicio ferroviario, que fueron quienes mostraron la inquietud original que dió motivo a este proyecto de ley.

    De tal manera que, incluso, en los últimos momentos tuvimos la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, a través de su presidenta, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    Creemos que es un muy buen dictamen, que ciertamente va a ayudar a la competitividad en la economía, a todo el sistema de transporte multimodal en nuestro país, y particularmente al ferroviario, que genera condiciones de competencia entre prestadores de servicios, y que desde luego, será una buena noticia para quienes son usuarios intensivos de este sistema de transporte.

    Por ello es que los invito, respetuosamente, compañeras y compañeros Senadores, a que votemos a favor de este dictamen en sus términos.

    Es cuanto, señor Presidente.

    Muchas gracias a todos.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Lozano Alarcón.

    Está a discusión en lo general este dictamen, una vez que el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes lo ha presentado, informo a la Asamblea que se han inscrito los siguientes Senadores para hablar en lo general:

    Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

    Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en pro.

    Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

    ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en lo general?

    Se cierra la lista de oradores en lo general.

    Y en consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

    La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

    El mercado ferroviario en nuestro país se caracteriza por la concentración en las concesiones y la falta de competencia que resulta de un incremento de precios, en un 57% en los últimos siete años.

    El abandono de rutas, por ejemplo, la México-Toluca, una inversión e infraestructura que no ha crecido desde 2006. La reducción de su competitividad y el nulo crecimiento en la red ferroviaria, aumentó apenas del 0.2% en 2005 y 2011.

    Actualmente la concentración en el mercado recae en tres concesionarias, que aglutinan el 80% de las líneas ferroviarias del país.

    El Ferrocarril Mexicano, del Grupo México.

    El Ferrocarril del Sur, de Carlos Slim.

    Y el Kansas City Southern de México.

                Ante este escenario, la Colegisladora, la Cámara de Diputados buscó en la minuta que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, dos objetivos principales:

    Garantizar la interconexión y la mayor competencia, permitiendo la entrada de permisionarios para diversificar el mercado.

    Y dos. Permitir la revocación de concesiones.

    Yo inocentemente pensé, que se estaba perfeccionando este documento. Pero lo único que se hizo fue un cabildeo enorme, una enorme presión de los concesionarios para que se desecharán los cambios que hizo la Cámara de Diputados, y que aquí nada más se maquillara, se hiciera una simulación, que en los hechos no atiende la problemática en cuestión.

    Desde la llegada de la minuta a este Senado, el pasado 6 de febrero del año en curso diversos actores han desplegado una fuerte tarea de cabildeo, como por ejemplo, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que afirma que la figura de “permisionarios” provocará la saturación del sistema ferroviario, se incrementarán los tiempos de traslado y aumentarán los costos de operación y colocará a la industria en una absoluta inequidad.

    O bien, el presidente de Ferromex-Ferrosur, por su parte, que amenazó con interponer un juicio de amparo, si les quitaba la exclusividad de 30 años, que se les concedió en la concesión.

    Por su parte, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, o la comisión dictaminadora, señaló que esto era una ocurrencia, el tema de los permisionarios, y que había que dar certeza jurídica a los concesionarios.

    ¿Pero quién obliga, me pregunto, a los concesionarios a cumplir con lo estipulado en las bases de concesión?

    Porque las bases de concesión establecen que debe haber incremento en la inversión; que se tiene que modernizar el servicio de los ferrocarriles.

    Y un ejemplo del claro fracaso de las privatizaciones en México, es la industria pública concesionada a particulares, es justamente los ferrocarriles, porque se convirtió en un monopolio privado. Pero un monopolio flojo, caduco, atrasado, en un sector que se estancó en el desarrollo porque nadie más puede invertir; nadie más puede usar las vías férreas; nadie más puede desarrollar la infraestructura necesaria y urgente; nadie más puede utilizar el equipo de tracción y arrastre.

    Necesitamos buscar acciones a este triopolio o monopolio de tres empresas, que es retrógrada y que está obstaculizando el desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país, y eso la garantiza la figura de permisionarios.

    Necesitamos que haya competencia, y eso la garantiza la figura de permisionarios.

    Necesitamos que haya crecimiento de la red ferroviaria, y eso lo garantiza de permisionarios, que por unanimidad trajo al Senado de la República la Cámara de Diputados.

    Resulta evidente la manera en que el dictamen contraviene el espíritu propio de la iniciativa, de fomentar la competencia y combatir el dominio de las grandes ferroviarias del sector. Y en efecto, garantizar el crecimiento de la red ferroviaria. El acceso de la misma a la población en general y una reducción en los costos.

    ¿Por qué utilizan un doble lenguaje en este dictamen? Y aquí en el Senado, porque por un lado, las empresas públicas las ensalzan, diciendo que deben de fomentarse la competencia, y por lo tanto, hay que privatizar.

    Pero cuando se trata de monopolios públicos ineficientes, donde no se garantiza la competencia, entonces, los defienden a capa y espada.

    El artículo 15 de este dictamen elimina la posibilidad de los permisionarios, pero entre otros cambios, deja tan solo la obligación a los concesionarios de permitir la interconexión; pero entrecomillado, en la modalidad de derechos de pasos obligatorios, estipulados en los títulos de concesión. Cuando sean pactados de mutuo acuerdo o cuando sean establecidos por la agencia, porque se crea una nueva agencia, previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva, en un trayecto o ruta determinado por la COFECE.

    Me pregunto si la COFECE va a declarar que hay un monopolio, que no hay competencia, si en 17 años no han hecho absolutamente nada.

    Y además, es una verdad de perogrullo, que no hay competencia en los ferrocarriles, y no toca la Cofece

    ¿Lo va a hacer ahora con los ferrocarriles? Si aquí vinieron, en fin, a decir, a cabildear exactamente lo contrario, como vienen los cabilderos, de cuanto poder fáctico se encuentra en México.

    Se autorizó esto, pero a cambio de eliminar la figura de permisionarios. El dictamen aprobado en comisiones adiciona un noveno transitorio, que fíjense que dice:

    “En el establece una medida sui generis, para combatir la concentración de mercado”. Y eso de combatir la concentración de mercado, no se alcanza sin la figura de permisionarios.

    Se faculta a una nueva agencia, para que requiera a los concesionarios un inventario de las vías cortas o ramales, que no sean explotadas o se encuentren en desuso. Dicho de otra manera, todo lo que no quieran los concesionarios, entonces eso sí se les dará a otros para que puedan invertir en nuevas.

    Yo me pregunto, ¿quién va querer invertir en estos tramos o vías cortas o ramales que están en desuso?

    Es evidente la falta de eficacia de esta disposición para lograr romper con el mercado concentrado en tres empresas, toda vez que sujeta la reintegración de las vías en un acto voluntario de los concesionarios, lo cual implica que se deshagan de aquellas vías que no le son rentables y que están desuso, y además se demuestra, que lo que se busca es en realidad anular el sentido de la reforma, de incorporar a nuevos sectores y mejorar el sector ferroviario, privilegiando los intereses de los actuales concesionarios al quitar la figura de permisionarios y ofrecer la posibilidad de nuevas concesiones; pero de aquellas vías que les signifiquen pérdidas a los actuales.

    El costo va ser enorme para el país, porque tenemos en México uno de los países más atrasados en vías férreas.

    Desde que Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, el sector ferroviario redujo su competitividad.

    De por sí ferronales se fue chatarrizando a lo largo de varios años para justificar su privatización, pero a partir del 2006, la participación del transporte ferroviario en la movilización terrestre de carga ha permanecido constante, no ha crecido nada, en cambio desapareció los trenes de pasajeros, abandonó muchas rutas, conculcó los derechos de los trabajadores.

    El grave problema está en que las concesiones otorgadas se dieron por 50 años, con exclusividad en días por 30 años y el resto en competencia, de los ahorita, dicho de otra manera, una concesión también incluye concesiones que el concesionario, los tres concesionarios actuales deben de cumplir y no las ha cumplido.

    Toda la argumentación que dio Zedillo para privatizar los ferrocarriles quedó en puro discurso.

    O yo pregunto, ¿dónde están los trenes de alta calidad que se iban a hacer?

    ¿Dónde está la modernización de las vías férreas? Porque no se les ha metido un centavo.

    ¿Dónde están los nuevos trenes que iban a sustituir a las carcachas que todavía estamos viendo?, llevan 17 años con la concesión y lo único que vemos es lo mismo que en 2006, pero más viejo y más deteriorado.

    Lo único que vemos es el incremento de tarifas en forma grotesca, porque son ellos mismos los que forman o fijan las tarifas que se les da la gana.

    Los ferrocarriles de México, comparados con otros países, dan lástima y dan vergüenza, de acuerdo con el reporte de competitividad global 2013-2014, del foro económico mundial la calidad de infraestructura ferroviaria, México ocupa el número 60 con una calificación reprobada de 2.8 de un conjunto de 121 países.

    La participación del ferrocarril en la economía se encuentra rezagada, no es competitiva y se insiste en evitar que esta industria del ferrocarril le sirva a la economía del país, a los únicos que les sirve son a tres empresas.

    Hay varias modificaciones más, concluyo diciendo que en razón de lo antes expuesto, el dictamen que se somete a consideración de este Pleno, resulta en una disposición distinta a la motivación original de la reforma y que de ningún modo asegura la pluralidad de prestadores del servicio ni una mayor competencia del mercado ni un crecimiento del sector ferroviario en el país, al contrario, lo único que garantiza es que las cosas sigan como están, y como están, están muy mal.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

    Se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar en pro del dictamen.

    El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

    Vengo a hablar en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde a favor del dictamen que está a discusión de esta Asamblea, y vengo a hablar a favor de él, porque justamente como lo explicó en tribuna el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, incorpora varios cambios que quienes asistimos a los foros que organizó la Comisión de Comunicaciones y Transportes, detectamos que eran necesarios, y eran necesarios porque justamente nadie cuestiona la motivación de la iniciativa que se presentó para adecuar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, pero en lo que no coincidimos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado de la República, fue en la forma que se estaba tratando de resolver esa preocupación que motivó la iniciativa de origen en la Cámara de Diputados.

    Hay quien viene a cuestionar aquí que el dictamen no resuelve los problemas de competencia que el Sistema Ferroviario Mexicano está en estado deplorable, que hay un poder monopólico de los concesionarios, etcétera.

    Yo le diría a esa persona que, quienes asistimos a los foros que organizó la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pudimos escuchar cómo expertos de la OCDE, del CIDAC, o del SIDE, por ejemplo, vinieron a pronunciarse en contra de las modificaciones que había introducido la Cámara de Diputados.

    Y yo diría que la principal preocupación que había y que es el tema que le afecta, por ejemplo a los usuarios, es el hecho de que, efectivamente hay rutas en las que los concesionarios tienen poder de mercado y pueden llegar a influir para poner una sobrecarga a los usuarios del servicio ferroviario imponiéndoles tarifas que no les queda otra más que aceptarlas, porque en este sistema o en este ecosistema de transportes quizás no haya alguien que compita en otro modo de transporte con esa ruta ferroviaria.

    La principal preocupación entonces es, que los concesionarios del servicio ferroviario puedan ejercer poder de mercado en ciertas rutas.

    Para ello se nos dijo y se nos recomendó a los foros por los expertos a los que ya me referí que lo ideal entonces era prever en la ley que cuando existan esas condiciones de nula competencia efectiva, entonces la autoridad tenga el poder suficiente para entrar a regular y resolver ese problema.

    Eso es lo que se está haciendo en el dictamen, se está estableciendo con precisión la competencia de la agencia reguladora del transporte ferroviario, se le dan atribuciones claras en el artículo 6 Bis, en el artículo 24, por ejemplo, se le establecen obligaciones para que publique indicadores de un tema también muy importante del que se quejaban los usuarios, que es la ausencia de transparencia en cuanto a los indicadores del servicio de nuestro país, la agencia va a tener la obligación de estar publicando esos indicadores.

    En el artículo 47, por ejemplo, se establece con claridad cuáles serán las bases para la regulación tarifaria justamente en esos tramos o rutas donde no hay competencia efectiva.

    Y le recuerdo que en la Ley Federal de Competencia Económica que aprobamos en este Senado de la República, se establece en un artículo específico de esa ley, cómo debe comportarse o qué pasos debe seguir la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar cuándo hay condiciones de competencia efectiva o cuándo no.

    Yo diría, en resumen, señor Presidente, que el dictamen es un buen dictamen que corrige algunos errores, no de mala fe, de la Cámara de Diputados, quizás errores que se derivan de una falla en el enfoque en el que fue determinado el problema, pero que, ya lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara de Senadores, los propios Diputados están ya de acuerdo con los cambios que se están proponiendo aquí, no sólo los Diputados, también los usuarios, quienes eran los más interesados en que se resolviera este problema y hoy efectivamente sí vive el sistema ferroviario en algunos temas específicos.

    Sería por mi parte cuanto, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

    Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

    El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores.

    Este tema de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, tiene que ver con situaciones parecidas a las que se dan con la reforma energética en el sentido de favorecer nuevamente a los monopolios y dejar desprotegida a la población.

    Ferrocarriles Nacionales tiene una larguísima historia desde antes de la Revolución Mexicana, que ésta puede triunfar precisamente gracias a las redes ferroviarias que existían en ese tiempo en el país, en muy buenas condiciones, tienen los gobiernos liberales y privatizan nuestros ferrocarriles.

    El problema que se da se concentra todo el mercado ferroviario en tres concesionarias: Ferrocarril Mexicano del Grupo México, Ferrocarril Mexicano del Sur, de Carlos Slim; y el Kansas City Southern de México.

    Cuando hacen estas propuestas de reformas, sinceramente pensamos que se trataba de generar una competencia más real en el sistema ferroviario en México. Sin embargo, al revisar todo el articulado, bueno, nos damos cuenta de que no es de esa manera. Y tenemos que decir que uno de los viejos arquetipos del capitalismo es que la competencia tiene como efecto disminuir la posibilidad del ejercicio de prácticas monopólicas y garantizar los mejores precios y tarifas en beneficio del consumidor. En la vía de los hechos, definitivamente no ha sido así, el crecimiento económico, cuando lo hay, ha sido a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora y de los trabajadores del campo.

    El modelo propuesto no garantiza la existencia de tarifas más bajas, sólo garantiza la libre competencia. En este sentido, especialistas han señalado que el efecto directo es la disminución de la eficacia de la red, particularmente lo que se refiere a la velocidad a la que se transporta la carga, como se observó en los sistemas europeos, una disminución en la velocidad incrementa los costos al requerir un número mayor de carros y locomotoras, consumir mayor volumen de combustible y relevar o pagar quién “puestra” a tripulaciones. El incremento de costos impacta negativamente las tarifas del servicio ferroviario.

    Tampoco favorece el crecimiento de las redes secundarias de poca distancia; con la inversión se irá preferentemente a la operación de carga, por lo que probablemente el Estado tenga que asumir y subsidiar algunas rutas que aunque no sean económicamente rentables, sí impacten en forma positiva a la comunidad.

    Hemos propuesto algunas modificaciones a lo que tiene que ver a los artículos 31 al 35 y al 36, porque consideramos que al crear un fideicomiso, un fondo para financiar todo lo que tiene que ver con señalamientos y con cuestiones de la red de los ferrocarriles, esto debiera correr a cargo de los concesionarios. Y no está siendo así, la comisión, los que votaron a favor, bueno, están planteando que sea un fondo donde se tenga la intervención de los tres niveles de gobierno.

    Nosotros insistimos, cómo va a coadyuvar el Estado, la Federación, las entidades federativas y los municipios a un fondo en donde no van a tener ningún beneficio de manera particular para la población.

    Por eso, compañeros Senadores, nosotros estamos proponiendo que se reflexione esto y que se vote en contra. Plantear un Artículo Noveno Transitorio.

    Ya la Senadora Dolores Padierna con mucha claridad ejemplifica y señala por qué este transitorio no es lo más conveniente para fortalecer la competencia, ya que se está hablando de generar la reintegración de vías y de tramos muy cortos y que están en desuso y que no tienen ninguna repercusión en la situación de mejorar el servicio ferroviario.

    Por todas estas razones, nosotros sostenemos que el dictamen que se somete a consideración del Pleno resulta en una disposición distinta a la motivación original de la reforma que de ningún modo asegurará una pluralidad de prestadores de servicio, una mayor competencia del mercado y un crecimiento del sector ferroviario del país. Por estas razones, el voto de su servidor será en contra.

    Gracias.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

    Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

    La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

    Vengo en realidad en mi carácter de presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos a hablar a favor y a solicitarle a mis compañeras y compañeros la votación a favor de este dictamen. Lamento hacerlo hasta este momento, el reglamento establece que se hace antes de que se hable a favor o en contra. Pero fue imposible que lo hiciera en el momento procesal oportuno, toda vez que por condiciones de orden burocrático, no me fue permitido a mi personal el que me hiciera llegar mis documentos.

    Lamento que esto suceda y que haya una condición de esta naturaleza de la burocracia en el Senado que impida nuestra tarea.

    Pero es importante que hagamos algunas consideraciones con ustedes, con las Senadoras y los Senadores respecto a este dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que me parecen de la mayor importancia para el desarrollo del país.

    Esta minuta nos fue turnada a las comisiones unidas que ya comenté, que ya también expresó aquí el Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y en el mes de marzo llevamos a cabo un foro en el que se hizo un análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a esta ley, un foro muy importante porque aquí se escucharon los puntos de vista de todos los actores involucrados en el sector, tales como autoridades, concesionarios, organismos internacionales, especialistas, académicos, cámaras empresariales.

    La intervención de todos los que participaron en este foro, fue sin duda para nosotros una gran aportación porque nos dio una visión más clara y más actual de lo que es la condición y la necesidad de este sector ferroviario en nuestro país y nos permitió desde luego trabajar con mayores elementos de juicio para llegar a la presentación del dictamen que hoy estamos sometiendo a su consideración.

    Las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario tiene, como ustedes lo saben, ya lo expresó muy bien aquí el Senador Javier Lozano, entre sus objetivos reglamentar las tarifas de la interconexión, abatir los costos de estas tarifas, buscar condiciones de competitividad a través de lograr condiciones de libre mercado para la regulación y fijación de estas tarifas; y pretende también que los alcances de la reforma permitan la inversión privada para la construcción de nuevas líneas y la licitación de nuevas rutas que complementen y eleven la competencia de la prestación del servicio ferroviario en el país, que es un tema de la mayor importancia para el desarrollo económico de México en los siguientes años.

    Algunas de las propuestas que me parecen relevantes no las voy a agotar todas aquí, pero que me parece importante señalar es, entre otras, que el Estado conserva en todo momento el dominio de la red ferroviaria. Esta red ferroviaria ciertamente se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Y al término del plazo de la concesión, esta deberá ser devuelta en condiciones adecuadas para su operación a la égida del Estado mexicano.

    Se establece también como aspectos primordiales la garantía de interconexión en las vías férreas, procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte.

    Se precisa que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y que corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Además de proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la nación y promover el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia y la complementariedad entre los diferentes modos del transporte.

    Se garantiza la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, además de fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia efectiva, estas dictaminadoras, coincidimos en otorgar estas atribuciones a lo que es un órgano de nueva creación, que es la agencia reguladora del transporte ferroviario que se crea por virtud del Decreto que estamos sometiendo a consideración de ustedes.

    Por lo que hace a los lineamientos para el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública, estas comisiones dictaminadoras acordamos precisar que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien deberá garantizar en las bases de licitación que se establezcan y en los títulos de concesión respectivos que en todos los tramos técnicamente posible de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y terminal incluyendo, desde luego, los derechos de paso obligatorios estipulados en estos títulos de concesión y en los derechos de arrastre.

    También a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios, conforme a lo establecido en sus títulos de concesión al cumplimiento de las condiciones y a los plazos plasmados en ellos, hemos acordado eliminar -ya lo explicó aquí de manera detallada el Senador Lozano, no me voy a detener mucho en ello-, pero eliminamos la figura de permisionarios para dar certidumbre jurídica a los concesionarios, preservar la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción de carga.

    Así pues, considero entonces que la reforma a esta Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, representan, a mi juicio, y así lo consideraron los Senadores integrantes de mi comisión, un avance importante en el proceso de mejora regulatoria de este importantísimo servicio público inscrito en esta área prioritaria para el desarrollo nacional.

    Las economías que mejor logran en su desarrollo transitar, son aquellas que le dan un gran impulso a su sistema ferroviario.

    Por todo esto, me permito solicitar, compañeras y compañeros Senadores, su apoyo, su voto a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

    Por su atención y por su autorización, muchas gracias.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz González.

    Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, hasta por cinco minutos.

    El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, señor Presidente.

    Y pues estamos discutiendo un tema sumamente importante para la economía de México, y es el tema logístico, y he estado escuchando cómo se han vertido opiniones a favor y en contra; y la verdad, es que no me quiero quedar callado en este tema tan importante para que México siga adelante.

    En México estamos al servicio o en las manos de dos monopolios.

    Sí es cierto que esta propuesta legislativa tiene algunas mejoras, como es decir, un fabricante de aceite en Sonora que viene al centro del país, pues a lo mejor al recorrer mil kilómetros le salen más baratos los primeros 800, que eran en una compañía, y los segundos 200 kilómetros en otra compañía, le salen más caros.

    Pero esas compañías, esos monopolios solamente tienen interés en cuatro sectores, por eso en México toda la producción mexicana, la producción de capital mexicano, medianas y pequeñas empresas, y grandes empresas agropecuarias, sobre todo mexicanas e industriales no usan el ferrocarril, que es la opción más económica para llegar al mercado norteamericano; tiene que enviar sus productos por el carísimo transporte de camiones rodados, y esto le resta mucha competitividad para poder triunfar en los mercados.

    A la industria ferrocarrilera solamente le interesan cuatro sectores, cosa curiosa, ligados con la economía norteamericana, la exportación de vehículos; la importación de granos de Estados Unidos; el movimiento de acero y minerales, con eso hacen su negocio, pero no les interesa llevar aguacates de Michoacán a Chicago; no les interesa mover otros productos; por ejemplo, Ford en Hermosillo recibe en Manzanillo acero, tarda 20 días, desde Shanghai hasta Manzanillo; y luego tarda 25 días de Manzanillo hasta Hermosillo, Sonora, y le cuesta más caro el mover ese acero de Manzanillo a Hermosillo. No les interesa. Lo que aquí estamos haciendo, sí, es una mejora; es una mejora pero que está sobre la base de dos monopolios.

    Quiero decirles que en México, y no de ahorita, de siempre, a nadie le interesa la competitividad logística. Quien tiene a su cargo el tema logístico supuestamente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tiene una visión no de eficiencia de costos, de movilización de los productos mexicanos para conquistar los mercados internacionales, tiene una visión de constructor de infraestructura, y el tema de la logística es un tema que está abandonado. A nadie le interesa.

    Cuando hablamos del Plan Nacional de Infraestructura es una colección de ocurrencias políticas y de compromisos políticos, en lugar de pensar cómo podemos llevar un producto desde Chiapas hasta los mercados internacionales; cómo podemos llevar a Asia los productos mexicanos; cómo podemos integrar el centro del país con los puertos; cómo podemos manejar una visión intermodal que incluya carreteras, que incluya aeropuertos, y que incluya también los barcos.

    En fin, yo creo que pedimos una gran oportunidad de centrarnos en un primer paso, en un sector completamente monopolizado, que al igual que las telecomunicaciones, fue mal privatizado, no es que las privatizaciones sean malas, son malas cuando se privatiza para los amigos, y es lo que estamos protegiendo todavía, y perdemos esa oportunidad de mejorar la competitividad y el alcance de los mercados para las empresas mexicanas.

    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela.

    Informo a la Asamblea que se han reservado los siguientes artículos por los compañeros Senadores: Héctor Larios Córdova, reserva los artículos 6, Bis y 46; Demédicis Hidalgo, reserva los artículos 31 Bis, 31 Ter, 35 y 36 Bis; y Salvador Vega Casillas reserva el artículo 36.

    Pregunto a la Asamblea si hay más reservas de artículos. No habiendo más reservas, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor y 35 en contra.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

    Para la discusión en lo particular, se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a los artículos 6 Bis y 46 del proyecto de Decreto.

    El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

    Bueno, antes presentar las reservas quisiera comentar que en términos así muy llanos, lo que la Cámara de Diputados nos propuso ante la evidente problemática que tienen algunos usuarios del servicio de ferrocarril, simple y sencillamente que las concesiones que están dados prácticamente se dejaran de usar y cualquiera que tuviera trenes pudiera transitar por las vías de cualquier concesionario.

    Eso se puede sonar atractivo, en términos prácticos es absolutamente inviable, puede funcionar un mes, quién les va a dar mantenimiento, quién va a programar la frecuencia de los trenes, y sobre todo el tema de las inversiones que hicieron, que sí las hicieron los concesionarios; pero eso no quita el que se resuelvan los problemas que tienen algunos usuarios del ferrocarril, por eso me parece que, como ya se ha mencionado aquí en la tribuna, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a través de los foros que se organizaron en donde participó la Comisión de Comercio, que me honro en presidir, y que fue convocada también para emitir opinión de esta minuta, nos abrieron luz sobre los temas que había que hacer.

    ¿Cuál es la problemática central que tiene la posibilidad de competencia? Sobre todo las tarifas de derechos de paso, y derechos de interconexión. El dictamen que se presenta establece con claridad que se tiene que registrar las tarifas máximas ante este nuevo ente, que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

    Segundo. Que además de registrarse se tiene que especificar qué servicios incluye, y que puede surgir un proceso de arbitraje o puede intervenir la Comisión Federal de Competencia Económica en caso de que no existan acuerdos, porque lo que debe privilegiarse es la competencia en un servicio que por su naturaleza tiene fuertes dificultades a veces para competir.

    Tercero. Me parece que se da un gran paso creando la agencia, yo le he insistido al Presidente de la Comisión Comunicaciones de Transportes, no es la ley adecuada pero tenemos que llegar a crear una agencia que regule todo el transporte, al menos todo el transporte de carga, la única manera de tomar ventaja de cuando conviene transportar por vías férreas, cuando por agua o cuándo por llantas, hacer la combinación ideal es que exista una sola agencia, el propio mercado ha llevado a que exista la unidad del contenedor, y el contenedor puede ser montado en un ferrocarril, en una plataforma de un tráiler, o puede ser montado en un barco, y eso permite tener las mejores combinaciones de costos, sin afectar los derechos adquiridos por los propios concesionarios.

    Bueno, a mí en lo personal, por eso voté a favor, me parece que tiene grandísimos avances en el término de competencia esta minuta, que no solamente establece los mecanismos para regular, como ya dije, los derechos de paso, los cobros por los derechos de paso que ya existían, los derechos de interconexión, sino que añade también la posibilidad, o no la posibilidad, el derecho de arrastre y fijar tarifas para ellos, es decir, un concesionario puede dejar sus carros y ser arrastrados por otro equipo, por una tarifa que tiene que tener acuerdo o arbitraje, o la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    De lo que se quejan algunos usuarios es que ciertamente están registradas las tarifas del servicio pero que a veces los cargos se van estableciendo en el camino, no están registrados o no tiene desglose de qué conceptos incluye cada cargo, particularmente se quejan del cargo por sobre costo de combustible, pero pueden hacer cargos de maniobra en patios, o cargos de lo que quieran.

    La reserva que propongo a los artículos 6 Bis y 46 tiene relación con esto. El artículo 6 Bis establece las obligaciones de la nueva agencia, que es llevar registro de las tarifas y se le añade también llevar registro de los cargos, de tal manera que no puede hacerse ningún cargo a un cliente que no esté registrado previamente.

    Segundo. La obligación de los concesionarios que establece el artículo 46 de registrar los cargos y los servicios que incluye. No quito el dedo del renglón que en estos artículos se establece que están sujetos también a la posibilidad de arbitraje o también a la posibilidad de la intervención de la Comisión de Federal de Competencia Económica.

    En términos llanos, esa es la propuesta que se hace, ha sido entregada a la Presidencia de la Mesa Directiva, y esto complementaría para que todo cobro en términos generales que el concesionario le hace al cliente, esté previamente registrado y pueda ser controvertido.

    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova. Solicito a la Senadora Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas realizadas por el Senador Héctor Larios Córdova.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Héctor Larios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se admite a discusión, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Secretaria Senadora. En consecuencia, están a discusión los artículos reservados. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las modificaciones propuestas por el Senador Héctor Larios Córdova, a los artículos 6 Bis y 46.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas del Senador Héctor Larios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se aceptan, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Secretaria Senadora. En consecuencia, se reservan para su votación al final de este proyecto de Decreto.

    Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar las reservas a los artículos 31 Bis, 31 Ter, 35 y 36 Bis.

    El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

    El Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios propuestos, desde nuestra visión no encuentra justificación en cuanto a las aportaciones del Estado a través de los diferentes niveles de gobierno, toda vez que debería correr a cargo de los concesionarios ferroviarios, quienes son los responsables del control del tráfico de acuerdo a lo que establece el artículo 27, fracción III de la ley en comento que señala:

    Artículo 27.- Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en las vías férreas concesionadas se requerirá la aprobación previa de la Secretaría del proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse.

    Se exceptúan, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que los concesionarios realicen para la conservación y buen funcionamiento de las vías férreas concesionadas en el entendido de que informarán a la Secretaría en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

    En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación, de lo cual se infiere que los proyectos son responsabilidad de los concesionarios, y ellos son quienes temen formar el fondo, que garantice que podrán contar con recursos para construir y mantener cruzamientos de las vías férreas y que éstos cuenten con la señalización adecuada, lo anterior no sólo impactaría el presupuesto de la Federación, estados y municipios, sino que el Estado asume una responsabilidad que por esencia corresponde a los concesionarios.

    Por lo que se refiere a los artículos 35 y 36 Bis se considera: Que toda vez que la intención del legislador con esta reforma es, entre otras, mejorar las condiciones de competencia económica, resulta importante que para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refieren estas disposiciones, se considera que la consulta a la Comisión Federal de Competencia Económica no puede ser facultativa, toda vez que es el ente público especializado que cuenta con todos los elementos teóricos y técnicos para emitir una opinión fundamentada, además de que la determinación que se tome en consecuencia estará dotada de plena certeza para que, por un lado, se evite la discrecionalidad que termina por causar la suspicacia de alguna de las partes y, por otro, se traduzcan en prácticas monopólicas que perjudiquen al resto de los concesionarios, en particular, a los usuarios en general.

    En virtud de lo anterior, someto a la consideración del Pleno la siguiente propuesta:

    Artículo 31 Bis.- Los concesionarios estarán obligados a reconstituir un fondo que tendrá como objetivo apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable. La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requiera dicha señalización.

    Artículo 31 Ter.- Se elimina el primer párrafo, para quedar como sigue: El patrimonio del fondo se integrará con las aportaciones de los concesionarios ferroviarios y, en su caso, de otras entidades públicas o privadas conforme a los términos y condiciones que establezca la Secretaría.

    Artículo 35.- Para determinar los criterios y principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la agencia deberá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, las concesionarias deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebre en los términos del presente artículo.

    Artículo 36 Bis.- Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso, para lo cual deberá de solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

    Este ente, la Comisión Federal de Competencia Económica, es el que tiene las facultades para regular este tema que tiene que ver con competencias, y definitivamente no podemos dejar al arbitrio de la agencia para que cuando quiera lo consulte, debe ser una obligación de este, de la agencia para que consulte a la Comisión Federal de Competencia Económica, y en ese sentido se garantice que esta situación, que era uno de los ejes centrales de esta ley, pues se cumpla, de lo contrario al quedar al arbitrio, bueno, la agencia de competencia hará lo que le venga en gana en ese sentido.

    Por eso las propuestas de reforma ojalá las analicen y las puedan votar a favor.

    Por su atención, muchas gracias.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

    Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Demédicis Hidalgo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    No se admite a discusión, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para su votación de manera conjunta, obviamente en los términos del dictamen en el caso de estas propuestas que ha hecho el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

    Finamente, para la discusión en lo particular, se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, para referirse al artículo 36 del proyecto.

    El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, señor Presidente.

    Es una modificación al artículo 36, párrafo tres, que lo que dice actualmente el dictamen es: “la longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario”.

    Aquí de lo que se trata esta modificación es de aclarar exactamente a qué se refiere esta primera parte, porque la concesión que tienen los concesionarios, la concesión inicial que se le dio a los concesionarios también contempla derechos de vía. Si nosotros dejamos este artículo como está, no va a estar claro si nos referimos en la concesión sólo a los concesionados o también a los de derechos de vía.

    Claramente la discusión que se ha dado en las comisiones, es que lo que este Senado ha querido es ampliar la competencia, de tal manera, que haya mayor carga a menor costo; que se permita, por supuesto, que puedan llegar, por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas, que puedan traer a buen precio el carbón que se saca en Coahuila, y que no, como hasta ahora está sucediendo, que Lázaro Cárdenas es uno de los principales consumidores del carbón del país a través de la termoeléctrica, y a través de la industria metalúrgica, resulta que por el sistema que hay actualmente, es más barato traer el carbón de China o de Australia, que traerlo de Coahuila por tren.

    Y entonces, lo que hay que hacer es aclarar este tema para poder ampliar la competencia, y que no termine esta reforma, y uno de los puntos nodales de esta reforma, en un litigio que se va a llevar, por supuesto, años.

    ¿Qué es lo que permite, cuando hacemos esta aclaración con ésta, la verdad, y que lo reconozco, una gran reforma al sistema ferroviario? Que las compañías que operan en el sureste mexicano puedan ir a buscar carga al centro de la ciudad, al centro del país, a la ciudad de México, a Pantano, a los centros de distribución de carga.

    Esto va a permitir también aprovechar, por mucho, el potencial logístico que tiene el país, pudiendo descargar la carga, los contenedores en el pacífico mexicano, y bajarlos, hacerlo íntermodal en el Golfo de México o al revés.

    Esto va a hacer que regiones que están alrededor de los puertos, o en el centro del país, sean mucho más competitivas y tengan mayor crecimiento.

    Va a poder potenciar las exportaciones al tener, que hace rato el Senador Búrquez Valenzuela lo decía, justamente va a poder potenciar el hecho de que mucha de la carga en México, desde el aguacate, la fresa, muchos de este tipo de cosas congelados que se exportan a Estados Unidos sean verdaderamente competitivo hacerlo por ferrocarril, y además, como país nos va a permitir bajar el costo del transporte en el territorio nacional.

    Por eso, Senadores, les pido que apoyen esta modificación, que lo que hace es aclarar que los derechos de paso que se otorguen serán, incluyendo, los que trae la concesión, los kilómetros concesionados, más los derechos de paso que ya están contemplados en la concesión original, para que no quede ninguna duda.

    Gracias.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Vega Casillas.

    Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Salvador Vega Casillas.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Verga Casillas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se admite a discusión, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se reserva para su votación de manera conjunta, al final.

    Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas por el Senador Salvador Vega Casillas, y desde luego que está a discusión, si alguna Senadora o Senador quiere hacer uso de la palabra sobre este tema. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte, a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta del Senador Vega Casillas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí es aceptada, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Secretaria Senadora. Reitero, se reservan para su votación de manera conjunta.

    Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 6 Bis, 31 Bis, 31 Ter, 35, 36, 36 Bis y 46, con las modificaciones aceptadas por el Pleno.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor y 20 en contra.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 6 Bis, 31 Bis, 31 Ter, 35, 36, 36 Bis y 46 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






    Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, para actualizar la legislación en la materia, a fin de favorecer a la industria área nacional.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACION CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

    (Dictamen de segunda lectura)



    Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

    Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para presentar el dictamen.

    El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Miren, compañeras y compañeros…

    El Presidente Aispuro Torres: Un momento, nada mas pido a la Asamblea, por favor, pongamos atención al orador.

    Senadoras y Senadores, por favor, atención al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

    Adelante, Senador Javier Lozano Alarcón.

    El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente.

    Miren, esta reforma o este Decreto con reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, proviene de una minuta que nos llegó en octubre del año pasado, por parte de la Colegisladora.

    Y busca modernizar el sector en su conjunto, en la parte de infraestructura, operación, servicios, y particularmente en materia de la aviación en general.

    De lo que se trata es de que en el caso de la… bueno, y aquí también, al igual que en Ferrocarriles, hubo necesidad de armonizar las posiciones, porque en una primera instancia, y si bien venía votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, cuando se hizo una revisión un poco más puntual del asunto, se detectaron algunos problemas y algunos… pues intereses que estaban en juego, entre quienes utilizan los aeropuertos y se sirven de la aviación comercial, pero para vuelos, digamos, privados, y los concesionarios de los grupos aeroportuarios.

    Aquí afortunadamente también se logró hacer una conciliación entre unos y otros, y con la propia Cámara de Diputados.

    Y en materia de aviación civil, yo les puedo decir, en resumen, de qué se trata de este dictamen.

    Se trata que cuando se tengan certificados para centros de capacitación, que sean validados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que provengan del extranjero, estos hayan sido previamente validados, ya sea por la OACI, por la Aviación Internacional de Aviación Civil, o por la FAA, de los Estados Unidos. Esto es para darle mucha mayor certidumbre jurídica y pues para también darle validez a estos certificados de capacitación y talleres aeronáuticos provenientes del exterior.

    Segundo, para dejar con todas sus letras claro, que está prohibido el servicio de cabotaje en nuestro país para la aviación comercial; aún siendo vuelos privados.

    El cabotaje, como ustedes saben, es el que se realiza en operaciones o vuelos cuyo origen y destino estén dentro de territorio nacional.

    Entonces, esto queda ya totalmente claro.

    Y, bueno, se prevén sanciones muy drásticas, incluida la revocación de concesiones sobre el particular.

    Tercero. Los certificados de habilidad van a ser de dos años y la licencia de personal del Servicio Aeronáutico, de tres años.

    Estamos ahí dando también, nuevamente, pues no solo mayor certidumbre, sino también simplificando trámites para hacer de ésta, una actividad mucho, digamos, más moderna y fortalecida.

    Y quizá lo más destacado de la Ley de Aviación Civil, es que se agrega, completamente, un nuevo artículo que tiene que ver con el programa estatal de seguridad operacional. Lo que se está fortaleciendo es la seguridad en las operaciones, entendida con la seguridad como safety, para efectos de distinguir el security, perdón por el anglicismo, pero es necesario hacer esta distinción.

    En cuanto a aeropuertos se refiere, se simplifica en la legislación el tipo de requisitos que se exigen para los aeródromos que están verdaderamente alejados de las ciudades, y que no representan un peligro para efectos de la operación o las operaciones que se realicen en dichos aeródromos; para efecto de las trayectorias, de los espacios, de las aproximaciones, en fin.

    En segundo término, como les había dicho… ah, bueno, también está previsto, que sea causal de revocación para un titular de la concesión de un grupo aeroportuario, si se niega a que un tercero pueda prestar servicios, pueda prestar servicios complementarios o negar su operación; pero claro, también se define muy claramente, de qué se tratan esos servicios complementarios, a lo que es la operación fundamental de los aeropuertos.

    Y esto tiene que ver con servicios aeroportuarios comerciales, los que decíamos complementarios, pero también los que se proporcionan necesariamente dentro de la FOB, es decir, de lo que conoce comúnmente como la base fija de operaciones.

    De tal manera que con esto se está facilitando la operación de la aviación general, de los vuelos privados comerciales. Se da mucha mayor certidumbre jurídica a los certificados técnicos que se tengan para los talleres y de capacitación, provenientes del exterior.

    Queda clarísima la prohibición de operaciones de cabotaje en nuestro país. Y también un programa nuevo estatal de seguridad operacional de la aviación civil en nuestro país.

    De tal manera que, los invito, al igual que en el caso de Ferrocarriles, a que votemos a favor, insisto, ya las posiciones de todas las partes involucradas y también el diálogo que hemos tenido con la Colegisladora, estamos hablando de que tenemos un acuerdo sobre el particular.

    Por su atención, que es un decir, pues muchas gracias.

    PRESIDENCIA DEL SENADOR
    ARTURO ZAMORA JIMENEZ

    El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

    Una vez que se ha presentado por parte del Senador Javier Lozano, a nombre de las comisiones, el dictamen correspondiente.

    Se concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para que exponga sus argumentos, a favor del presente dictamen.

    La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

    Vengo a esta tribuna a respaldar el dictamen del que se acaba de dar cuenta, de parte del presidente de esta comisión.

    Porque como ya se explicó, genera una serie de modificaciones que representa, si no un avance de fondo, sí un avance importante para la aviación en nuestro país.

    Hay que señalar, por ejemplo, que algunas de estas modificaciones ya se encuentran en el Reglamento de Aviación actual, lo que estamos haciendo es adecuarlas, ponerlas en la Ley de Aviación Civil, como en el caso del cabotaje, que ya se explicó.

    Esto ya está prohibido desde el Reglamento, sin embargo, queda legalmente firme a partir de que esto se especifica en la ley, y nos parece por ello que es conveniente el apoyar esta propuesta de dictamen.

    Ya se explicó aquí a detalle, cuáles son esas modificaciones.

    Y yo lo que quisiera es, sobre todo, referirme a la importancia de abordar el tema de la aviación, aquí en este Senado de la República.

    Lo que estamos conociendo de manera aislada, de manera fragmentada, es repentinamente tocar el tema, por ejemplo, de estas modificaciones a la Ley de Aviación Civil; pero también nos encontramos discutiendo sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; estamos discutiendo también sobre el tema de cielos abiertos; está también discutiéndose sobre convenios bilaterales, que están pendientes por ratificar.

    Y lo que nos parece que es importante es, de nueva cuenta, hacer un llamado al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que podamos, de una vez por todas, discutir, establecer una mesa de trabajo con todos los actores involucrados en este sector y que podamos revisar de fondo la política aeronáutica de nuestro país.

    Nosotros insistimos, vemos positivo este dictamen, estamos a favor de que se apruebe, pero nos parece importante reconocer que es un paliativo, es un parche, nuevamente, a toda la problemática de aviación y que lo importante e esa visión completa, integral de toda la problemática que el espacio aéreo mexicano está exigiendo en este momento.

    Por ello nos sumamos a este dictamen y hacemos un llamado para que este Pleno lo revise y en su consideración también lo apruebe.

    Es cuanto, señor Presidente.

    Gracias.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

    En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación en su momento.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Se devuelve con las modificaciones correspondientes a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

     






    Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de servicios de educación básica para adultos.

    DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXVII DEL   ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

    (Dictamen de segunda lectura)

    COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

    Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174, 175, 176, 177, 182, 183,  186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

    METODOLOGIA

    I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

    II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

    III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

    ANTECEDENTES

    1. En sesión celebrada el 16 de abril de 2013, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    2. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2014  el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esa misma fecha se acordó remitir el expediente correspondiente al Senado de la República.

    3. Con fecha 13 de febrero del 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos
    Segunda.

    4. Con fecha 01 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.

    5. Con fecha 11 de diciembre de 2014, en reunión extraordinaria las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad/mayoría el presente dictamen.

    I. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA.

    De acuerdo con las consideraciones vertidas por la colegisladora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza  el derecho a la educación de todo individuo indicando que el Estado impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

    A su vez refiere que uno de los segmentos que debe tener una especial consideración es el de los servidores públicos, toda vez que a su cargo se encuentra instrumentalizar las tareas del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno. En este sentido la colegisladora expresó que resulta primordial que el propio Estado garantice que los servidores públicos tengan la mejor formación posible.

    La colegisladora expresó la necesidad de abatir el rezago educativo en que se encuentran los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, donde tan solo a nivel federal se detectó gracias al programa desarrollado por el Instituto Nacional de Educación de los Adultos mediante acuerdo firmado en el 2007 con fecha de vencimiento en el 2012, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y el Colegio de Bachilleres, denominado el “Buen Juez por su Casa Empieza”, que de las 226 Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que participaron en el programa, solamente 32 se reportaron al 2012 con un saldo de libres de rezago educativo.

    Derivado de lo anterior, la Minuta en estudio, expone que es la Secretaría de Educación Pública, la dependencia idónea para coordinar los trabajos de formación en educación básica que sean necesarios al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con las mismas, así como la coordinación de dichos servicios educativos, con estricto respecto a su autonomía y en el marco de la ley, con los estados, municipios y el Distrito Federal.

    Para dar cumplimiento a ello, los transitorios del decreto, establecen que la Secretaría de Educación Pública y las demás autoridades con quien se coordinen, realicen en un periodo de 180 días los diagnósticos necesarios para la implementación de programas efectivos que combatan el rezago educativo, así como la obligación de establecer plazos y metas en base a los diagnósticos realizados, y establecer los incentivos y facilidades para que se lleven a cabo.

    II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

    Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el espíritu de la reforma planteada toda vez que la educación es un derecho fundamental al que todos los mexicanos deben tener acceso.

    La educación es una herramienta básica para que las personas logren desarrollar íntegramente las capacidades que les permitan acceder a una mejor calidad de vida. En este sentido, la Constitución establece la obligación por parte del Estado de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior a todos los mexicanos.

    Para que una sociedad progrese, resulta necesario atender todo tipo de rezago educativo que se presente en ella, pues de no hacerlo, el riesgo de que se produzcan problemas que dañen el tejido social es latente.

    Debemos reconocer que es necesario que los servidores públicos deben tener un correcto nivel de enseñanza ya que son ellos los que tienen a su cargo la instrumentalización de las tareas del Estado para su correcto funcionamiento.

    En este sentido, la importancia de que  los servidores públicos tengan una educación de calidad radica en que estos, al ser parte del cuerpo de funcionarios al servicio del estado, en sus tres órdenes de gobierno, tienen la responsabilidad y obligación de prestar sus servicios bajo los principios que rigen la función pública, establecidos en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que a la letra dice:

    ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

    El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reputa como servidores públicos a  los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

    Así mismo, el párrafo cuarto del artículo 108 establece que las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

    También, según Sergio Monserrit Ortiz, Soltero, “se debe considerar como servidor público a aquella persona física que ha formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en su defecto, que figure en las listas de raya de los trabajadores temporales.”

    Los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos en que gran parte de la calidad del servicio que ofrecen los servidores públicos a la sociedad,  depende de la calidad de su formación educativa, es por ello que constituye una obligación del Estado el brindar las herramientas que garanticen que los servidores públicos tengan la mejor formación posible, toda vez que esto redundará en beneficios concretos a la sociedad en su conjunto.

    Un informe de las Naciones Unidas define al profesionalismo de la siguiente manera:

    El profesionalismo en el gobierno, o en cualquier oro campo, se basa en dos pilares: uno es una base de competencia, un cuerpo especial de conocimientos o una habilidad definida, adquirida a través del estudio y la práctica […...] El concepto de profesionalismo, sin embargo, también sugiere un sistema de valores compartidos, un código de conducta ética que se manifiesta en la aplicación del conocimiento, el uso de habilidades particulares, y en el ejercicio de control sobre la práctica 1

    Atender el rezago educativo que se presenta en gran parte de los servidores públicos en México, es un reto y una oportunidad para el perfeccionamiento y profesionalización, lo que a su vez constituye un requisito indispensable para mejorar la calidad de las instituciones del Estado mexicano.

    Con base en las consideraciones vertidas por la colegisladora, resulta alarmante que de las 226 Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, solamente 32 se reportaron al 2012 con un saldo libre de rezago educativo.

    Es por ello que la presente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende responder al desafío al que el servicio público se enfrenta hoy en día mediante la organización, promoción y supervisión de servicios de educación básica para adultos dentro del mismo.

    Para poder lograr la confianza de los ciudadanos, el conocimiento y la experiencia de los servidores públicos son fundamentales, ya que son requisitos indispensables para la eficacia, tanto en el desempeño de los gobiernos como en el desarrollo de las actividades profesionales.

    La revitalización del servicio público puede ser considerada como un elemento primordial para los desafíos que enfrenta cualquier gobierno del mundo. Por ello es importante revertir la erosión de los servicios públicos y reforzar las normas de calidad en el desempeño, no sólo de los gobiernos, sino también por extensión, de todas las profesiones que trabajan en el ámbito público en general.2

    Los miembros del servicio público pueden ser médicos, enfermeras, abogados, contadores, administradores, trabajadores, sociales, entre otros. Lo que une a todos bajo un mismo pabellón, aparte del hecho obvio de que reciben un salario con fondos públicos, es que todos están al servicio, no de partidos políticos o grupos de presión, no de una empresa privada sino del interés general, bajo el imperio de la ley. La primacía de lo general sobre el servicio del bien común y la adhesión a la legalidad es lo que proporcionan el contenido del servicio público profesional.

    Con todo lo anterior se promoverá la construcción de un mejor servicio público en donde los servidores cuenten con una mejor educación que les permita no sólo ofrecer un mejor servicio a la sociedad mejorar sino también para aspirar a superarse como personas lo que les puede permitir a mejorar su calidad de vida.

    En conclusión, los integrantes de estas comisiones unidas concordamos con la colegisladora en la necesidad de promover que los funcionarios públicos del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno finalicen la educación básica que garantiza la Constitución y los tratados internacionales de la materia.

    Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

    DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XXVII DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

    UNICO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

    Artículo 38.-

    I a XXVI.- …

    XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios.

    XXVIII a la XXXI.- …

    TRANSITORIOS

    PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública, así como las demás autoridades con quienes se coordinarán para llevar a cabo los servicios de educación básica para adultos en los términos del presente decreto, deberán llevar a cabo un diagnóstico inicial para la identificación de la población objetivo de estos servicios, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación del presente decreto, mismo que deberá actualizarse cada año.

    TERCERO.- Para los programas de educación básica para adultos, en los términos del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, deberán establecer los plazos y las metas para lograr los objetivos que se fijen, de acuerdo a los diagnósticos señalados en el artículo transitorio anterior, tomando en consideración las asignaciones presupuestales previstas para ello.

    CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública, las dependencias del gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar las facilidades necesarias para que los servidores públicos que se encuentran en rezago educativo puedan concluir su educación básica.

    COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

    Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. Informo a esta Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

    Para esos efectos, se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.

    La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

    Acudo a esta tribuna para presentar por parte de la Comisión de Gobernación el dictamen respecto de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con el espíritu de la minuta planteada, toda vez que la educación es un derecho fundamental al que todos los mexicanos deben y tienen derecho a acceder.

    La educación es la herramienta fundamental de todas las personas para poder desarrollar íntegramente las capacidades que les permitan tener acceso a una mejor calidad de vida.

    En ese sentido, la Constitución dispone la obligación por parte del Estado de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior a todos los mexicanos.

    Debemos reconocer que hoy en día es de suma importancia que los servidores públicos deban tener un correcto nivel de enseñanza, ya que son ellos los que tienen la responsabilidad de la instrumentalización de las tareas del Estado para su correcto funcionamiento.

    En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, coincidimos en que gran parte de la calidad del servicio que ofrecen los servidores públicos a la sociedad, dependen de su formación educativa y es por ello que constituye una obligación del Estado el brindar las herramientas que garanticen que los servidores públicos tengan la mejor formación posible.

    Es por ello que con la presente minuta se podrá promover que los servidores públicos cuenten con una mejor educación que les permita no sólo ofrecer un mejor servicio a la sociedad, sino también para aspirar a superarse como personas, lo que les puede permitir mejorar su calidad de vida.

    Finalmente quiero hacer una aclaración respecto de los Artículos Transitorios Tercero y Cuarto del Decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria, ya que al remitir el dictamen votado en comisiones, éste hace referencia a las personas físicas como sujetos obligados pro la ley, sin embargo, lo correcto es que se refiera solamente a las entidades públicas y privadas.

    Por lo que solicito a la Presidencia someta a consideración de la Asamblea la presente fe de erratas, misma que hago entrega al señor Presidente.

    Muchas gracias.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora presidenta de la comisión.

    Se solicita a la Secretaría dé lectura a la propuesta de fe de erratas que hace la Presidenta de la Comisión de Gobernación, e inmediatamente consulte a la Asamblea si es de admitirse la misma.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de incorporarse esta fe de erratas al dictamen correspondiente.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si aceptan esta fe de erratas, presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se aprueba, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, se incorpora esta fe de erratas al dictamen correspondiente. Se encuentra a discusión. No habiendo oradores en relación a esto y en virtud de que no hay más oradores registrados ni hay reserva al artículo correspondiente, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación correspondiente.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, de que se emitió esta votación, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional.

     

    1 Naciones Unidas , 1999:103

    2 ARGYRIADES Demetrios, “El servicio público en encrucijada. El significado y la importancia de la profesionalización en el servicio público. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 19, núm. 58, enero-abril, 2012, pp. 97- 110, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.






    Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

    DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL PREMIO NACIONAL DE CULTURA CONTRIBUTIVA

    (Dictamen de segunda lectura)



    Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del Día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En virtud de que para este dictamen no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria, doy cuenta al Pleno que la Senadora Cristina Díaz Salazar, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó un escrito para motivar el presente dictamen, el cual solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se integre al Diario de los Debates.



    En consecuencia, del resultado de la votación, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva. Se remite al Ejecutivo para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, constitucional.

    Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos Primera. Pera antes, me está solicitando el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, solicitamos que desde su escaño se le proporcione el uso de la palabra, tiene usted el uso de la palabra, Senadora Gastélum Bajo.

    La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Se ha vuelto así como un deporte la calumnia y la difamación en temas delicados en esta Cámara, y lo más graves es que el tema que nos ocupa en lo referente a la trata, un tema muy delicado con muchas cabezas, con muchos aspectos y segmentos como la esclavitud, la prostitución, la pornografía, el tráfico de órganos. Y, ya hace algunos años en mi grupo parlamentario he venido luchando por el tema; nadie podrá negar la voluntad del PRI en la LXI Legislatura para abrirle un espacio a una reforma constitucional, y más aún a pesar de estar en contra del formato de una ley que no servía para nada, y que no ha servido para nada, mi grupo parlamentario transitó a la LXI Legislatura precisamente por un problema tan serio como es el de trata.

    Ustedes conocen, y votamos por unanimidad una reforma, una nueva ley que lo que busca, lo único que busca no es buscar trofeos para personajes; lo que se busca es poner detrás de las rejas a los tratantes de niñas, de mujeres, de discapacitados; sin embargo, ya hace un buen tiempo se ha orquestado una campaña, desde el anonimato que tiene nombre y apellido, no desconocemos, quien lucrando con un tema tan delicado, y precisamente porque se le ha desmantelado en la forma como ha lucrado con un tema tan delicado, como dije anteriormente, hoy se ve descubierta en una serie de cosas que yo exijo a esta Cámara, así como formamos comisiones para todo, y como nos importa mucho la transparencia y la anticorrupción, este es el momento de ver qué está pasando con el tema de trata.

    Quienes lucran con el discurso en las televisoras haciéndose beneficiarias de propiedades, y más aún, en aras, entre paréntesis, de rescatar a las víctimas, lo único que han hecho es, doble victimización, las usan, las exhiben, y las ponen a trabajar a su servicio todos los días.

    Nosotros, mi coordinador, Emilio Gamboa, a nombre del grupo parlamentario del PRI no podemos pasar ni una más ya.

    Hace unos días, yo lo dije, que esperaba que la reforma que regresara de la Cámara de Diputados, no tuviera una dedicatoria para Adriana Dávila, pues la noticia es que, sí la tiene, y que los medios y las redes han dado cuenta de una situación muy grave de descrédito y desprestigio que en el anonimato, con nombre, han dado con Adriana Dávila, por muchas cuestiones políticas, quizás, pero lo más grave es por el real desmantelamiento que se pretende hacer desde aquí a un verdadero grupo de tratantes que tenemos a la vista.

    Mi grupo parlamentario se solidariza con Adriana Dávila, acerca de una columna que lo único que hace es, toda falsedad acerca de un documento que fue puesto en los medios de comunicación, pero que ahorita, pues ya encontraron si la ley de niñez pues dejó una buena campaña, la ley contra la trata, también la tiene.

    Y yo les quiero decir que no menosprecien esos temas, esos temas tienen que ver con el ser humano; me parece que de repente lo vemos como una cosa equis, como una cosa sin importancia.

    El tema de la trata deja más dinero que el narcotráfico, señoras y señores, y Adriana Dávila se ha convertido en una de las personas que ha encabezado más fuertemente este tema, y ha tenido una persecución muy, muy seria a la que no podemos permitir.

    Mi grupo parlamentario le dice a Adriana Dávila que no está sola, que vamos a luchar exactamente por lo más importante que tenemos que tener, tener tras las rejas a los tratantes, y a las que usando el discurso de la trata lucran, y en el anonimato desprestigian a una legisladora, que lo único que ha hecho es trabajar en un tema tan delicado.

    Yo también le pido al Partido Acción Nacional que levante la vista y vea que la persecución que tiene Adriana Dávila también se orquesta desde adentro de su partido.

    El PRI se pronuncia porque pare esta persecución, y más aún, que la autoridad correspondiente investigue a quienes están lucrando con un ilícito tan grave como éste.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo.

    Ha pedido el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña, desde su escaño, sonido por favor, y se concede el uso de la palabra.

    La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, pues en el mismo sentido, y me parece que este Senado de la República tiene que solidarizarse con una de sus integrantes.

    El afán que ha movido a las y los Senadores desde que iniciamos las discusiones a partir de una reforma a la Ley contra la Trata de Personas, por cierto, resuelta en comisiones por unanimidad, no solamente fue dictaminada por la Comisión contra la Trata de Personas, sino también por la Comisión de Justicia; la Comisión de Derechos Humanos; y la Comisión de Estudios Legislativos.

    Fue además llevada a este Pleno, y fue votada por unanimidad, hay pocas iniciativas tan relevantes en donde podemos estar trabajando todas y todos de manera unánime, este es uno de esos casos y nos parece que así como lo hemos hecho en otras ocasiones, el día de hoy, y eso es lo que quiero decirle a usted como Presidente de la Mesa Directiva, a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido de la Revolución Democrática, que efectivamente nos solidaricemos con la Senadora Adriana Dávila; los señalamientos que se hacen por parte de quien afectando seguramente sus intereses con la reforma de esta ley, por supuesto que pueden ser totalmente comprensibles y por eso justifican las reformas que hemos hecho porque este país necesita poner orden.

    También en las organizaciones, que al parecer ven con muy malos ojos que estas reformas puedan tener lugar simplemente para definir con puntualidad la naturaleza penal de la Ley Contra la Trata de Personas. No nos mueve otra cosa, ningún otro afán más que cumplir con nuestra responsabilidad como Congreso de la Unión, tenemos, insisto, que ver que esa ley de naturaleza penal, ciertamente como lo establece la Constitución, cumpla con su objetivo, porque esta ley es la que se aplica en los 32 ámbitos, los 32 ámbitos locales y a nivel federal, por lo tanto, no es cualquier ley.

    Y usted, señor Presidente, lo sabe muy bien, porque es un abogado litigante, porque es maestro del derecho y sabe perfectamente bien que lo que mandata la Constitución es que esta ley tenga una aplicabilidad en todo nuestro país como un solo instrumento jurídico de naturaleza penal.

    Ese es el afán que ha movido al Senado de la República, y el que hoy una de nuestras compañeras, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas esté recibiendo desde las redes sociales que se manejan por algunas organizaciones, y además esté utilizando el editorial, la opinión en un medio de comunicación como aconteció el día de ayer en el Diario Milenio, nos parece que requieren y nos obligan que esta plenaria apoye a nuestra compañera.

    No es posible que pasen estas cosas y nosotros no observemos las agresiones y tomemos medidas. Por lo tanto, la solicitud la hacemos de manera puntual, para que todo el Pleno del Senado, compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios, apoyemos a la Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, en estas agresiones, en estas difamaciones que se están haciendo contra ella y que no podemos admitir, y ustedes como Mesa Directiva pudieran decidir cómo pudiera expresarse ese apoyo.

    Me pregunta mi Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Barbosa Huerta, que lo que proponemos, yo creo, igual que hicimos en otras ocasiones, puede ser un desplegado puntual donde se apoye de manera irrestricta a nuestra compañera Senadora Adriana Dávila.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

    Para los mismos efectos, ha pedido el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, desde su escaño.

    La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. También por parte del grupo parlamentario del PAN, por supuesto, toda nuestra solidaridad con nuestra compañera Adriana Dávila, tenemos claridad, además, desde que se conformó está Comisión Contra la Trata de Personas, que además hay que recordar que es por primera vez tenemos una Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, sabemos que el profesionalismo de Adriana, de la pasión al impulsar también esta Ley Contra la Trata de Personas, y desafortunadamente nos hemos visto entrampados porque en Cámara de Diputados no se ha querido discutir lo aquí aprobado, cuando sabemos que es un tema muy delicado en nuestro país, y desafortunadamente no han tenido, o el interés o demasiados intereses están detrás de ello.

    Hemos platicado ya muchas veces con Adriana para hacer una estrategia también desde el Senado de la República, hacer lo necesario para que en Cámara de Diputados hagan su trabajo, y sí quiero decirles que por supuesto todas las compañeras y compañeros del grupo parlamentario estamos con ella, es una gran Senadora a la cual admiramos, además de ser toda una guerrera, y espero que pronto podamos estar teniendo esta ley de trata que conviene a México.

    Muchas gracias.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

    Para los mismos efectos, el Senador Jorge Luis Preciado, ha solicitado el uso de la palabra, desde su escaño.

    El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Miren, este no es un tema nuevo, desde que estábamos en las discusiones del tema de trata de personas, yo llegué a recibir en mi oficina casi a todas las organizaciones que estaban a favor, pero también recibí a las que estaban en contra, y la intención de escucharlos era saber cuáles serían los motivos que nos llevarían a sacar una ley de trata que permitiera resolver este flagelo en todo el país; pero curiosamente, aunque lo parezca, que no lo parezca, es difícil pensar que alguien pueda estar en contra de que desde la ley se pueda combatir este grave delito.

    Y eso nos lleva a pensar quién se puede oponer a que a los tratantes se les incrementen las penas, se especifique el tipo de delito y finalmente acaben en la cárcel. Quién se puede oponer a que un problema tan grave en nuestro país, y que mediante la ley al día de hoy solo unos cuantos están en la cárcel, y con este cambio fundamental, impulsado por las Senadoras y los Senadores del Senado de la República íbamos a lograr resultados mucho mejores.

    Se consultó con la propia Procuraduría General de la República, inclusive vinieron especialistas del extranjero, del FBI, se analizaron y se comentaron por mucho tiempo las discusiones con las organizaciones de la sociedad civil, aun así seguían algunas organizaciones oponiéndose, particularmente una de ellas.

    La gente se opone a algo cuando le molesta o cuando le afecta, o cuando se le tocan sus intereses, no puede existir otro tipo de molestias por no compartir un punto de vista jurídico, uno contra el otro; o se está tocando un interés y ese interés hace que esa persona reaccione y, por lo tanto, a medida que el interés es más grande, la reacción es más violenta.

    Desde hace unos meses se ha venido señalando a las Senadoras y Senadores de la República como comparsa de los tratantes, o como que los queremos proteger con esta ley, o como que los queremos sacar de la cárcel, cuando lo que buscamos es absolutamente todo lo contrario.

    Fue una ley votada por unanimidad en el Senado de la República, y no es posible que de 128 Senadores se le haga el señalamiento solo a una de ellas, a la Senadora Adriana Dávila; no es posible que si todos dimos nuestro voto conscientes de que era una buena ley, hoy todavía tengamos señalamientos hacia una sola persona, absolutamente puras falsedades, con calumnias y con difamaciones, creo que es tiempo que el Senado de la República se ponga firme en este tema.

    Yo sí quiero dejar en claro, y lo quiero decir con todas sus letras, que el grupo parlamentario del PAN va a respaldar a la Senadora Adriana Dávila con todas las acciones legales o políticas o de comunicación que ella emprenda, para poner en su lugar a la señora Rosi Orozco, que parece que el hecho de poder escribir o el de poder hablar nos permite difamar y calumniar a los demás sin ser o estar en absoluta impunidad.

    Creo que toda acción merece una reacción, y es momento que el Senado de la República reaccione a este tipo de descalificación. Pero además hay que decirlo, una de las formas en que puede reaccionar mejor este Senado es que recuperemos aquellas modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a esta ley porque fue una buena ley, y creo el Senado la debe volver a votar en los términos en que fue planteada por todas las comisiones, por todas las Senadoras y votada por todos los Senadores.

    Ese va a ser el mayor respaldo que va a tener la Senadora Adriana Dávila para que sepa Rosi Orozco y todos los demás que están detrás de ella, que no está sola. El grupo parlamentario, Adriana, se solidariza contigo, y el Senado de la República no te va a dejar sola.

    Muchísimas gracias.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Preciado Rodríguez.

    Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa, desde su escaño.

    El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Vicepresidente.

    Me dirijo desde mi escaño, dado que han estado conduciendo ustedes, por cierto, con mucha eficiencia esta sesión, pero no quise dejar de hacer uso de la palabra para expresarle a Adriana Dávila, nuestra compañera, dejar constancia del respeto, de la solidaridad que todos sentimos por ella, esa es la primera expresión para contigo, amiga Senadora, compañera Senadora.

    Decir que la labor legislativa es una labor de responsabilidad, que quienes la ejercemos la asumimos con la suma de consecuencias, de opiniones, de críticas, pero que no podemos admitir la ofensa. Cada quien puede tener una opinión sobre el desempeño legislativo, que no nos confunda, ejercitemos acciones legales si es necesario como Senado de la República.

    Pero que no nos confronte con la Colegisladora. La Colegisladora hizo su trabajo legislativo, desde su punto de vista votó la minuta que nosotros le enviamos. Nosotros ya hemos dado turno a la que recibimos, y ahora tendremos facultades para ver qué destino le damos desde el marco del análisis, del análisis que las comisiones respectivas harán.

    Que no nos hagan poner en contradicción voces malintencionadas a las dos Cámaras. Hay que obtener la mejor ley, no hay que provocar que esta ley se eche a perder, hay que generar las mejores condiciones para que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores obtengan el mejor producto legislativo.

    Nos tocará a nosotros, a los coordinadores parlamentarios, hacer labor política para ello. Pero te pido, Adriana, que las voces malintencionadas no impacten ni en tu estado de ánimo, no impacten en tu integridad, eso sin duda, en tu estado de ánimo. Tienes 127 mujeres y hombres, Senadoras y Senadores, que te respetamos, te apoyamos y reconocemos tu trabajo.

    Les propongo que hagamos un desplegado con una posición del Senado de la República y que lo publiquemos desde las opiniones que podamos construir en respaldo a tu desempeño y en respaldo al desempeño de la labor legislativa del Senado de la República.

    Es una propuesta, y de verdad nuestro cariño y nuestro respeto, no tengas duda de eso.

    Gracias.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente Barbosa Huerta.

    Una vez que hemos escuchado las exposiciones de la Senadora Diva Hadamira Gastélum, de la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Senador Jorge Luis Preciado, del Senador Miguel Barbosa, en su carácter de Presidente de este Senado, es importante decir que el trabajo legislativo… Desea hacer uso de la palabra la Senadora. Por favor.

    Con todo gusto, desde su escaño, la Senadora Adriana Dávila.

    La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Primero que nada quiero agradecer el respaldo de este Senado.

    Desde el principio que iniciamos el trabajo junto con la Senadora Luisa María Calderón, la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Lucero Saldaña, la Senadora Margarita Flores, el primer acuerdo que tuvimos era no politizar un tema de esta naturaleza.

    Yo vengo de un estado como Tlaxcala, que al igual que muchos otros, como Quintana Roo, como Jalisco, como Guerrero o Chiapas, padecen los estragos de un problema tan severo y de un delito tan terrible, como es la trata de personas. Un delito que es difícil de entender, y es un delito que no sólo lastima a las víctimas directamente, a quienes son, por supuesto, engañadas, enganchadas, trasladadas, retenidas para fines de distintas formas de explotación, sino afecta también a las familias.

    Mi estado ha sido estigmatizado como un estado de tratantes, y eso ha impedido el desarrollo económico y social, el desarrollo de mi propio estado. Yo puedo darles a ustedes la certeza y la seguridad de que el camino que nosotros elegimos no fue sólo un camino de hacer una iniciativa, de modificar la ley por capricho o por propuesta de una sola Senadora.

    Sé que hoy las críticas han estado, por supuesto por ser presidenta de esta comisión, pero también reconozco, y además quiero decir que el trabajo que se hizo se hizo con técnicos, se hizo con especialistas, y nos llevó más de 16 meses de poder concertarlo. Decirles también que buscamos por todos los medios, desde que esta minuta en febrero fue aprobada aquí en este Senado, coordinarnos con los compañeros Diputados allá en la Cámara, sin éxito, lamentablemente.

    Nos negaron a escucharnos en muchas de las ocasiones. No es un reclamo que hagamos en términos del trabajo legislativo, por supuesto que como Cámara revisora tienen todo el derecho de plantear y de decidir y de modificar lo que a su juicio pudiera estar equivocado. Lo cierto es que a la luz de estas modificaciones hoy la trata de personas en México, derivado de como nos mandan la minuta de Cámara de Diputados, ya no existe, sólo existe el delito de explotación.

    Y para cualquier persona que en términos de derecho conozca, o los que lo han estudiado, saben perfectamente que la cadena delictiva puede estar hoy, sí, en peligro, esta cadena delictiva de que queden libres. Si de por sí no teníamos sentencias con estas modificaciones que hoy se mandan, por supuesto que no sólo no tendremos sentencias, sino no habrá una persecución que se convierte sólo en mediática.

    Ese es el único motivo por el que nosotros hicimos modificaciones. No nos negamos a aceptar aquellos cambios que sin duda pudieran mejorar la minuta. No nos negamos tampoco a escuchar otras voces que pudieran pensar con nosotros.

    Pero en derecho, quienes son abogados, aquí los hay muchos y muy brillantes, saben perfectamente que en caso de los tipos penales no se puede dar lugar a interpretaciones. Porque los ministerios públicos tienen que tener con toda claridad los elementos suficientes para detener a los delincuentes.

    Por mi parte, entiendo que como política, y en donde se me ha criticado, la parte de mis propias aspiraciones, como la tenemos, estoy segura los 128 Senadores que estamos aquí, no me avergüenzo de hacer política, lo hago abiertamente, aspiraciones las tengo también abiertamente, pero nunca a costa de demeritar al otro, y tampoco nunca a costa de sobre la desgracia de algunos, construir mi propio futuro político.

    Tengo claro a donde voy, y he respetado todos los acuerdos en materia de derechos humanos que hemos tenido tanto con el PRI, como con el PRD. Y en ese mismo sentido quiero decirles a todos ustedes que tengan la certeza que de lo que votamos no hay un solo elemento en el que se nos pueda imputar a los Senadores alguna complicidad con tratante alguno.

    No están aquí los cómplices de los tratantes, ni las cómplices de los tratantes. Me conocen en mi tierra y me conocen aquí. No tengo duda de que sabrán diferenciar sobre mi trabajo político y sobre mi trabajo legislativo. Lo que no puedo permitir, bajo ninguna circunstancia, son las calumnias, como las que he venido apuntando en silencio, no por cobardía o no por complicidad, simplemente por no dar elementos para politizar un tema en el que todos tenemos que ser solidarios, y en el que bajo ninguna circunstancia tiene por qué convertirse en una lucha de partidos políticos.

    El país está en condiciones difíciles, y en los temas de derechos humanos. Mi trato, mi comportamiento en las comisiones ha sido evidente, sin politizar, sin partidizar, y entendiendo que todos estamos y queremos los mejores cambios. Yo confío en que la información que les llegue a ustedes sobre la minuta y los cambios que hicieron técnicamente y jurídicamente, les quede claro que no hay absolutamente nada que esconder, y que el trabajo del Senado fue un trabajo profesional.

    Les agradezco infinitamente a todos su apoyo.

    El Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

    Sin duda, el trabajo legislativo tiene como misión brindar al Estado mexicano, a través de sus instituciones, la tutela efectiva a los derechos esenciales de las personas, y en este caso, de los menores de edad, de los jóvenes, de las niñas, de los niños.

    Sin duda alguna el trabajo que ha venido realizando el Senado de la República, y en su caso, la Cámara de Diputados, la LXI Legislatura, esta LXII Legislatura, han venido haciendo una labor jurídico-legislativa con la finalidad de evitar que se promuevan leyes que fomenten la impunidad. En esto todos coincidimos, todos coincidimos plenamente.

    Otra compañera Senadora también fue víctima de ataques, precisamente en el mismo sentido, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, y hoy, muy desafortunadamente, y en un atentado al derecho esencial y constitucional que tenemos los Senadores, la Senadora Adriana Dávila Fernández está siendo víctima de una especie de hostigamiento en donde subyacen difamaciones y calumnias.

    Sin duda alguna, eso no debe interrumpir el trabajo que nosotros hacemos en el Senado de la República.

    Sin duda alguna, eso nos debe motivar a continuar construyendo leyes en las que no quede ningún vacío de normas, en las que quede perfectamente bien identificado el tipo penal, y en las cuales se establezca claramente el objeto de la tutela efectiva a estas personas, que es el derecho a su libertad, su libertad de traslación; el derecho a su libertad sexual, inclusive; el derecho a su formación personal a través del uso del criterio mismo, y por supuesto, lo más importante, para todos estos niños, niñas y jóvenes, el derecho a la felicidad y a la pertenencia a una familia, porque muchas veces son secuestrados y ellos pierden ese derecho de pertenecer a una familia.

    Derechos tan elementales y esenciales son los que subyacen en este tema de trata de personas, sin duda alguna.

    Por esa razón, y con autorización del Presidente de esta Mesa Directiva, el Senador Miguel Barbosa, el Pleno del Senado, por mi conducto, y con esta autorización de la Presidencia, de los Secretarios y de los señores Vicepresidentes, manifestamos nuestra solidaridad con la Senadora Adriana Dávila Fernández; condenamos las expresiones intimidatorias que se han difundido a través de diferentes medios y de redes sociales, y por supuesto, esta Presidencia estará atenta a que se respete, en todo momento, el derecho esencial constitucional de todos y cada uno de los Senadores, y de manera particular, velar por la seguridad, la integridad de nuestra compañera Adriana Dávila Fernández.

    Asimismo, esta Mesa Directiva, y por acuerdo del señor Presidente, de acuerdo a la propuesta que hizo, autoriza que se publique el desplegado correspondiente en los términos que lo acuerden los propios grupos parlamentarios.

    De tal suerte que en este sentido, se estará suscribiendo el documento correspondiente para los efectos de que este tipo de ataques a la libertad, que tenemos los legisladores, no se repita.

    Nuestra solidaridad permanente con la compañera Adriana Dávila Fernández.






    Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, "Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848", al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

    DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA 26 DE ENERO, "ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUSTO SIERRA MENDEZ, EN 1848", AL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

    (Dictamen de segunda lectura)



    Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, doy cuenta al Pleno que la Senadora Cristina Díaz Salazar, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Gobernación, ha presentado por escrito la motivación del presente dictamen, el cual se insertará de manera íntegra al Diario de los Debates.



    En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para reconocer la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar, en su momento, el resultado de la votación.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor y cero en contra.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, "Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848", al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






    Tenemos la segunda lectura de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa, en 1923”, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA 20 DE JULIO, “ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA EN 1923”, AL INCISO B) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

    (Dictamen de segunda lectura)



    Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se omite la lectura, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

    Para estos efectos, ha solicitado la palabra el Senador Héctor Larios. Y doy cuenta al Pleno, que la Senadora Cristina Díaz ha presentado por escrito las motivaciones del presente dictamen, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Gobernación, de lo cual se da cuenta al Pleno. Y solicitamos que se integre al Diario de los Debates.

    La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

    Honorable Asamblea:

    Acudo a esta tribuna para presentar el Dictamen respecto de la Minuta Proyecto de Decreto que adicionaba la fecha 5 de junio “Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y por el que se propone se adicione la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923” al inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

    Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con la colegisladora para que se presente una nueva propuesta de fecha conmemorativa que rinda homenaje al General Francisco Villa, en ese sentido se propone adicionar un décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con el fin de que el 20 de julio la Bandera Nacional sea izada a media asta para conmemorar la muerte del General Francisco Villa.

    Con esta nueva propuesta se preservará el espíritu de honrar la memoria del General Francisco Villa, además de que con ella se le brinda un merecido reconocimiento y se elimina una deuda pendiente con las valiosas aportaciones que el General Francisco Villa realizó para la consecución de la Revolución Mexicana.

    La presente propuesta resulta viable ya que el 20 de julio no es considerada hasta ahora como una fecha en la que la Bandera Nacional deba ser izada a media asta en señal de duelo nacional.

    En ese sentido, estas comisiones nos pronunciamos a favor de la Minuta, esperando contar con su voto favorable para la misma.

    Es cuanto señor presidente.

    Tiene usted el uso de la palabra, Senador Héctor Larios Córdova.

    El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

    Y de manera muy breve, simplemente para dejar constancia, como lo hice en el mes de febrero, las razones de mi voto en contra de este dictamen.

    En febrero se aprobó una modificación a la ley del escudo y la bandera, para celebrar el el natalicio de Francisco Villa.

    Y argumenté, de que no podíamos hacer este homenaje, en virtud de varios hechos violentos, uno ocurrido, particularmente en Sonora, en San Pedro de la Cueva, en donde asesinó a más de 26 personas.

    Pero el 5 de junio que es la fecha en donde se aprobó por este Senado, coincide también con la tragedia de Sonora, de la guardería.

    De tal manera que la Cámara de Diputados rechazó el dictamen que nosotros mandamos. Y ahora viene la propuesta de celebrar el aniversario de la muerte, el 20 de julio de 1923, de Francisco Villa.

    Me parece que los argumentos siguen siendo iguales. Y en consecuencia, mi voto seguirá siendo el mismo, en contra.

    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

    Se pregunta a la Asamblea si hay más oradores en torno a este dictamen. En virtud de que no hay más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del resultado de la votación. Y en consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, del cual se ha dado cuenta.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, emitieron 81 votos a favor y 10 en contra.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto del inciso e) del artículo 72 constitucional.

    Tenemos la discusión de tres dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

    Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes en sentido negativo.






    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.

    Están a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

    El relativo al proyecto de Decreto que adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal.

    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 225 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

    (Dictamen a discusión)








    El relativo al proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL

    (Dictamen a discusión)



     






    Asimismo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 406, 407 Y 412 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal.

    En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

    METODOLOGIA

    1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

    2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

    3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

    4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

    5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

    Fundamentos legales y reglamentarios.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

    DICTAMEN

    I.- Antecedentes Generales

    1. En Sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de enero de 2010, el diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal.

    2. En esa misma fecha se turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente.

    3. Mediante Dictamen de fecha 30 de noviembre de 2010, en Sesión de fecha 15 de diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 284 votos a favor; 0 en contra y 2 abstenciones.

    4. Por oficio de fecha 15 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

    5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

    II.- Objeto y descripción de la Minuta

    Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 30 de noviembre de 2010, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 15 de diciembre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente:

    “Expone el autor que el derecho electoral establece reglas sobre la organización de elecciones y constantemente sufre modificaciones sobre diferentes temas. Sin embargo, la evolución sobre lo que podemos llamar la parte sustantiva y adjetiva del derecho electoral ha dejado rezagada la correspondiente de carácter penal entorno a posibles conductas delictivas cometidas no sólo por candidatos sino, también, por precandidatos.

    (…)

    Esta soberanía debe considerar la urgente necesidad de blindar los procesos electorales en México, debido a la creciente necesidad de los grupos delictivos de intervenir e influir en las instituciones democráticas del país por medio del financiamiento de campañas electorales, es indispensable vacunar a la democracia mexicana de este tipo de tentaciones, evitando la influencia que, a través de la aportación de fondos económicos ilícitos, puedan llevar a cabo en futuros representantes populares, personas que se dediquen a cometer delitos y que con el producto de estos soporten o financien gastos de campaña.

    Conforme a la redacción actual para que la sanción prevista en este delito se aplique, se hace necesario no solamente el obtener, sino además utilizar recursos de procedencia ilícita en campaña electoral. Sin embargo, puede darse el supuesto en que se lleve a cabo el acto exclusivo de obtención en tiempos electorales por parte de un candidato de fondos provenientes de delito sin que estos se utilicen, por lo que nos encontramos ante un vacío de ley que indudablemente se presta para que haya el riesgo de que existan formas específicas de blanqueo de recursos provenientes de delito.

    Al exigir el legislador en el tipo penal actual conductas que materialmente se desarrollan en dos tiempos o momentos diferentes que son, por un lado, la obtención y por otro la utilización de dichos fondos, por lo que esta conducta única debe disgregarse para convertirla en un comportamiento delictivo bifronte, esto es, que tenga dos formas de realización en cuyo caso no esté dependiendo una de la otra habida cuenta que desde el momento en que se acepta la recepción de bienes, de numerario o incluso de servicios provenientes de conductas delictivas se están lesionando bienes jurídicos necesitados de tutela.

    (…)

    Por otra parte, señala el autor que la figura delictiva se limita exclusivamente a la recepción de fondos provenientes de actividades ilícitas, no obstante que en la realidad se puede generar el daño a los bienes tutelados por la norma a través de diferentes vías, esto es, de la recepción no sólo de numerario, sino de bienes o servicios producto de las actividades ilícitas de los diversos grupos delictivos que operan en el país.

    En cuanto al artículo 407 del Código Penal Federal se consideran diferentes figuras hipotéticas a través de las cuales se pretende evitar que quienes tienen el carácter de servidores públicos se prevalezcan de su condición jerárquica frente a quienes dependen de ellos o bien condicionen un servicio u obra pública a la emisión de un sufragio en un determinado sentido o la destinación de fondos, bienes o servicios, por sí o a través de subordinados utilizando su tiempo para favorecer a un partido político o a un candidato.

    Al no estar tutelado como delito cuando la persona adquiere el carácter de precandidato y por su comportamiento se encuadra en lo establecido en la norma en la actualidad existe un vacío de ley por no prever como delito la utilización de recursos provenientes de funcionarios públicos para las precampañas electorales.

    Finalmente, respecto al artículo 412 del Código Penal Federal, en lo relativo a los delitos cometidos por funcionarios de partido se establece la necesidad de hacer adecuaciones en los mismos términos que motivan la reforma y adición del artículo 407, hace falta considerar en este artículo la inclusión de las precampañas electorales cuando ilícitamente en ellas se reciben o se aprovechan fondos o bienes para favorecer a precandidatos.”

    Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes consideraciones:

    Primera. La reforma constitucional electoral de 2007 tuvo como ejes principales disminuir el gasto de campañas electorales; fortalecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos. De estos ejes se derivaron una serie de propuestas, entre las que destaca la regulación de las precampañas electorales que forman parte de los procesos internos de selección de candidatos.

    A efecto de implantar dicha reforma en la legislación secundaria, se realizaron diversas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras.

    No obstante, el proceso de adecuación de las normas secundarias fue omisa en cuanto a lo que se refiere a la actualización del catálogo de delitos electorales comprendidos en los artículos 401 a 411 del Código Penal Federal, los cuales fueron actualizados por última ocasión por decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.

    Como consecuencia, se advierte la necesidad de actualizar las disposiciones que tipifican los delitos en materia electoral, a fin de hacerlas concordar con la norma constitucional y leyes secundarias que rigen la materia, aprovechando la experiencia adquirida durante el pasado proceso electoral federal de 2009.

    Segunda. El pasado proceso electoral federal se vio marcado por el constante riesgo de que éste se viera contaminado con la utilización de recursos de procedencia ilícita, no solamente durante las campañas electorales, sino desde los procesos internos de selección de candidatos, por lo que se coincide con el proponente en la necesidad de tomar medidas que inhiban y sancionen dichas conductas.

    (…)

    Esta comisión coincide con el proponente en que conforme al espíritu de la norma constitucional, debe sancionarse la actualización de la conducta prevista en los artículos 406, fracción VII, 407 y 412 desde la etapa de precampaña, toda vez que el riesgo de vulnerar bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales, como son la libertad del sufragio y la equidad de las contiendas, se presenta desde esta etapa del proceso electoral, de la que se desprenden consecuencias que trascienden al resultado de la elección.

    (…)

    Tercera. El tipo penal descrito en la fracción VII del artículo 406 del Código Penal Federal exige a fin de que sea punible la obtención de recursos de procedencia ilícita, que éstos además sean utilizados. No obstante, esta comisión coincide con el promovente en que se trata de dos momentos distintos, y la obtención de recursos de procedencia ilícita por sí mismo debe constituir un acto punible sin requerir el resultado externo producto de su utilización.

    La obtención de recursos de procedencia ilícita con objeto de utilizarlos durante una campaña o precampaña electoral, daña desde ese momento los bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales, sin necesidad de que éstos se lesionen de manera tangible, debiendo adelantar la intervención penal a momentos previos a la lesión material del bien jurídico.

    (…)

    Por tal motivo se considera conveniente la modificación del dispositivo señalado a fin de que mediante la sustitución de la conjunción copulativa “y” por la disyuntiva “o”, la simple obtención de los recursos de procedencia ilícita para campañas o precampañas electorales pueda ser sancionada, independientemente de su efectiva utilización.

    Cuarta. Si bien el delito descrito en la fracción VII del artículo 406 requiere que su autor tenga la calidad de funcionario partidista o candidato, debe considerarse asimismo que los medios comisivos de los delitos electorales implican la posibilidad de que el sujeto activo cometa la conducta considerada delictiva apoyándose para su ejecución en la intervención de terceros.

    (…)

    Por tal motivo consideramos conveniente realizar la adecuación respectiva a en la fracción VII del artículo 406 a fin de establecer que el autor de dicha conducta podrá realizarla por sí o por conducto de un tercero.

    Quinta. Debe considerarse que las aportaciones de recursos a una campaña o precampaña electoral, conforme a las normas de financiamiento, pueden realizarse en numerario o especie, esto es, mediante la aportación de bienes o servicios.

    (…)

    Por tal motivo se coincide con el proponente en que las conductas típicas descritas en los artículos 406 y 412, al referirse a la obtención o utilización de recursos de procedencia ilícita debe referirse también a la posibilidad de que dichos recursos sean canalizados en especie a través de la aportación de bienes o servicios.

    Sexta. Por lo que se refiere a la tipificación de los delitos cometidos por servidores públicos indicados en el artículo 407 del Código Penal Federal, de conformidad con los argumentos vertidos en la consideración segunda, se estima debe adecuarse a fin de señalar que las conductas descritas en las cuatro fracciones que integran dicho dispositivo podrán actualizarse durante la etapa de precampaña, toda vez que la coacción de la libertad del sufragio por parte de los funcionarios, así como el desvío de fondos públicos, también se actualiza durante esta etapa del proceso electoral.

    Asimismo, se considera necesario incluir entre los bienes o servicios que el servidor público puede indebidamente poner a disposición del candidato o precandidato la utilización de aeronaves que tenga a su cargo.

    Séptima. De conformidad con los argumentos vertidos en las consideraciones segunda y quinta, es de aprobarse la modificación propuesta respecto al artículo 412 a fin de incluir la etapa de precampaña como espacio temporal en que puede actualizarse dicha conducta, e incluir el aprovechamiento ilícito de bienes o servicios a su cargo o disposición como punibles.

    Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones legales:

    Texto vigente del Código Penal Federal

    Texto propuesto en la Minuta de la Cámara de Diputados

    Artículo 406.-...

    Artículo 406.-...

    I a VI.-

    I a VI.-

    VII.- Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

    VII. Obtenga o utilice a sabiendas y en su calidad de candidato o precandidato, por sí o por interpósita persona fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral.

    Artículo 407.-

    Artículo 407.-

    I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

    I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político, candidato o precandidato;

    II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

    II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político, candidato o precandidato;

    III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

    III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, aeronaves, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político, de un candidato o precandidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

    IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

    IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos, a sus candidatos o precandidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

    Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

    Artículo 412. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña o precampaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

    III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

    Como puede apreciarse a simple vista, la reforma aprobada por la Colegisladora se centra en un solo objetivo: incluir en los delitos contemplados en los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, la figura de las precampañas electorales y los precandidatos.

    Por ende, todas las modificaciones antes aludidas consisten en la inclusión del término precampaña o precandidato en la descripción de los tipos penales que se han mencionado, salvo en el artículo 406, en el cual se introducen dos elementos nuevos al tipo penal.

    No obstante lo anterior, es importante señalar que en últimas fechas se han dado diversas reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que deben ser tomadas en consideración antes de entrar al estudio de esta Minuta.

    En el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014 se publicó el Decreto por el que se reforma, entre otros dispositivos, el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

    I a XX.- …

    XXI.- Para expedir:

    a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

    b) y c)

    XXII a XXX…”

    Con ello se creó una nueva distribución de competencias en materia electoral, pues el Constituyente Permanente determinó otorgar al H. Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General de Delitos Electorales.

    En atención a esta modificación, el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión del día 30 de abril de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Delitos Electorales.

    La Minuta fue remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su estudio y dictamen, la cual fue sometida a la consideración del Pleno de esa Colegisladora en sesión de fecha 14 de mayo de 2014, aprobándose en sus términos y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de mayo de 2014.

    La nueva Ley General de Delitos Electorales incluyó una pluralidad de tipos penales que rigen todas las conductas que podrían constituir delitos en la materia, destacando que en ella ya se regulan las etapas de precampaña electoral, tal y como se aprecia en el artículo 11 de ese ordenamiento legal, que a la letra establece:

    Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

    I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

    II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

    Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

    III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

    IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

    V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política; o 

    VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.”

    En ese contexto, si bien se coincide con la Colegisladora en que la reforma constitucional del año 2007 en materia electoral marcó un cambio sustancial en la forma de llevar a cabo las campañas para elegir a los representantes populares, incluyendo el proceso de precampaña, con la reciente expedición de la Ley General de Delitos Electorales se cubrió el vacío normativo que existía en el Código Penal Federal respecto de los delitos que pudieran cometerse en esta etapa del proceso electoral.

    Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos que la Minuta que se estudia ha quedado sin materia, pues el H. Congreso de la Unión ya ha aprobado la nueva Ley General de Delitos Electorales en la que se regula de manera precisa y detallada los actos punibles en la etapa de precampaña, cumpliendo debidamente con el mandato constitucional en la materia. Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar la propuesta de la Colegisladora.

    V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

    Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de Decreto de mérito, relativas a la necesidad de actualizar los dispositivos penales para incluir en los elementos y sujetos de los tipos penales, las etapas de elección interna de candidatos por parte de los partidos políticos, es decir, las precampañas.

    No obstante lo anterior, es necesario advertir que esa concordancia con lo expresado por la Colegisladora y la necesidad de cumplir con el mandato constitucional vigente desde el pasado mes de febrero de 2014, llevó a este Senado de la República a analizar y discutir diversas iniciativas que expedían la nueva Ley General de Delitos Electorales.

    Después de meses de estudio y trabajo conjunto, los integrantes de este Senado de la República aprobaron la nueva norma jurídica que establece los tipos penales y distribuye las competencias en la materia, la que fue prontamente estudiada y aprobada también por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y enviada al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación.

    Con ello, el Poder Legislativo Federal cumplió su obligación de expedir la ley citada, en la que se incluyeron los temas que habían sido aprobados por la Colegisladora en la Minuta que se estudia, por lo que debe considerarse que en este tema, el Congreso de la Unión ya ha adecuado la legislación secundaria con los mandatos constitucionales y, por ello, esta Minuta ha quedado sin materia.  

    Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar la  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracciones A y D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

    ACUERDO

    Artículo Primero. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformarían y adicionarían los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal.

    Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y
    DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    Son todos los dictámenes, señor Presidente.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, están a discusión, alguien desea hacer uso de la palabra. En virtud de que nadie se ha inscrito para hacer uso de la palabra, háganse los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación. Abrase el sistema de votación electrónica por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.

    VER VOTACION

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor y 0 en contra.

    El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia quedan desechados los siguientes asuntos:

    El proyecto de Decreto que adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal, el proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y el proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

     






    Tenemos la discusión de 25 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos.

    Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

    Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

    La Secretaria Palafox Gutiérrez: Están a discusión los siguientes dictámenes.

    Dos de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

    PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 26 Y 71 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    (Dictamen a discusión)

    COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS;
    Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

    H. ASAMBLEA:

    A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, fue turnada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 26 Y 71 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

    Los senadores integrantes de estas comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el fin de expresar sus observaciones y precisiones a la misma e integrarlas al presente dictamen.

    Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo y 72, primer párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 113, 135, 150,182, 183, 188, 190 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, elaborado en base a la siguiente:

    METODOLOGIA

    Las comisiones unidas encargadas del análisis de la iniciativa de referencia, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    I. En el capítulo de “Antecedentes”, se deja constancia del trámite de Inicio del Proceso Legislativo, así como del recibo de turno para la elaboración del respectivo dictamen de la referida iniciativa; y de los trabajos de las comisiones unidas.

    II. En el Capítulo “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcances de la Iniciativa en estudio. En Contenido de la Propuesta se muestra el texto de la disposición que se quiere reforma comparada con la redacción propuesta en la iniciativa.

    III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa, así como los motivos que sustentan el presente Dictamen.

    ANTECEDENTES

    1.- En sesión celebrada el 13 de noviembre de 2012 el C. José Rosas Aispuro Torres, senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, a nombre propio, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, dispuso que la iniciativa citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

    CONTENIDO DE LA INICIATIVA

    El senador Rosas Aispuro Torres expresa en su iniciativa que el Congreso es criticado en la sociedad debido a la falta de acuerdos que no logran convertirse en leyes de interés social. Cita como ejemplo a seguir las iniciativas preferentes que fueron discutidas en ese año y que dieron dos importantes reformas la Laboral y la de Presupuesto.

    Menciona el proponente que parte de la crítica de la sociedad se debe a una doble razón, los salarios de los legisladores se consideran altos y la baja productividad legislativa. Sobre todo de leyes que impulsen el crecimiento económico que genere beneficios a la sociedad. La anterior aspiración da pie al legislador para proponer se establezcan medidas legislativas que garanticen al Parlamento pueda arribar acuerdos que se conviertan en leyes.

    La iniciativa busca que los legisladores puedan presentar iniciativas preferentes y no solo el Ejecutivo. De esta manera, dice en su exposición, se abatiría el rezago legislativo ya que la discusión de asuntos de interés provocaría que los legisladores permanezcan mayor tiempo en la sala de sesiones. Obligaría a los senadores a estudiar más las iniciativas sujetas a discusión. La iniciativa preferente en los legisladores permitiría que un mayor número de asuntos que están en la agenda nacional se discutan y debatan.

    CONTENIDO DE LA PROPUESTA

    REDACCION ACTUAL

     

    REDACCION PROPUESTA

    Artículo 26

    1 a 3…

    4. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 a 6 …

     

    Artículo 26.

    1 a 3…

    4. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste. Los Grupos Parlamentarios, legalmente constituidos y que representen cuando menos el veinte por ciento del Pleno, podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubieren presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen; cada Grupo Parlamentario que represente un porcentaje menor al mencionado podrá presentar hasta una Iniciativa con carácter preferente. Cada iniciativa preferente de los Grupos Parlamentarios deberá ser discutida por el Pleno de la Cámara en el transcurso de los primeros cuarenta y cinco días naturales del periodo ordinario de que se trate. Si no fuere así, las Iniciativas, en sus términos y sin mayor trámite, serán de los primeros asuntos que deberán ser discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser que las Iniciativas sean aprobadas o modificadas por la Cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo que la Cámara de origen y bajo las condiciones mencionadas.

    5 a 6 …

    Artículo 71

    1. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes.

    No correlativo

     

    Artículo 71

    1…

     

     

     

     

     

    2. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste. Los Grupos Parlamentarios, legalmente constituidos y que representen cuando menos el veinte por ciento del Pleno, podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubieren presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen; cada Grupo Parlamentario que represente un porcentaje menor al mencionado podrá presentar hasta una Iniciativa con carácter preferente. Cada iniciativa preferente de los Grupos Parlamentarios deberá ser discutida por el Pleno de la Cámara en el transcurso de los primeros cuarenta y cinco días naturales del periodo ordinario de que se trate. Si no fuere así, las Iniciativas, en sus términos y sin mayor trámite, serán de los primeros asuntos que deberán ser discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser que las Iniciativas sean aprobadas o modificadas por la Cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo que la Cámara de origen y bajo las condiciones mencionadas.

    CONSIDERACIONES

    Primera. Estas comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, Segunda son competentes para analizar y dictaminar la presente iniciativa en los términos del Reglamento. De acuerdo a los artículos 89, 90 fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 1 y 2, del artículo 182 del Reglamento del Senado de la República.

    Segunda. Estas comisiones unidas coinciden con el proponente que la llamada “parálisis legislativa”, es decir, cuando las iniciativas legislativas no consiguen el voto mayoritario de los legisladores y una iniciativa es desechada en el pleno o no pasa de la comisiones dictaminadores no es bien vista por la sociedad o en los casos en que las iniciativas no son dictaminadas en comisiones que las deben dictaminar: la congeladora legislativa.

    Tercera. Estas comisiones unidas consideran que la figura de Iniciativa Preferente es explicable en la esfera del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que es un poder que puede estar paralizado por un congreso adverso porque el partido del presidente no cuenta con la mayoría parlamentaria. Un poder legislativo dominado por adversarios del ejecutivo difícilmente le autoriza iniciativas de interés especial o trascendencia. Otra razón por la que ha surgido la iniciativa preferente como prerrogativa del ejecutivo es que a través de ella podrá señalar cuál de todas las iniciativas que ha presentado es la de su mayor interés. Mensaje no solo para el Congreso sino para la sociedad misma. También ha surgido en aquellas democracias emergentes en donde los partidos políticos no tienen la suficiente madurez institucional y retiran el apoyo al Presidente o cuando éste surgió como candidato independiente.

    Cuarta. Estas comisiones juzgan que el rezago legislativo es consecuencia fundamental de circunstancias diferentes a las señaladas en la iniciativa, las soluciones que se han ensayado en otras latitudes son distintas a la de iniciativa preferente de los legisladores. Dos de ellas son: otorgar a las comisiones facultades legislativas y la otra empoderar a las comisiones. Es decir, convertirlas en el núcleo de la acción legislativa en el centro del debate parlamentario. Las comisiones con mayor protagonismo consiguen la especialización de los legisladores y alcanzan mayor número de acuerdos entre sus integrantes incluso cuando son de diferente partido político lo que permite mayor avance en las dictaminaciones legislativas.

    Quinta. Estas comisiones unidas consideran que los éxitos mencionados por el senador José Rosas Aispuro, en su propuesta como en otras recientes se debieron al cabildeo previo a la negociación que se realizaron entre los grupos y sus los legisladores entre los diversos grupos parlamentarios que acordaron avances importantes y la comunicación entre partidos y representantes del Ejecutivo.

    Sexta. Estas comisiones consideran que establecer una excepción más al proceso legislativo es en detrimento del mismo. La iniciativa preferente en el ejecutivo sirve para mitigar la parálisis legislativa frecuente en gobiernos divididos. Dar iniciativa preferente a los grupos parlamentarios con una y hasta dos iniciativas es convertir la excepción en regla y trastocar el modelo institucional establecido por la normatividad interna. Qué sucederá cuando se presenten dos iniciativas preferentes la del Ejecutivo y las de los grupos parlamentarios. Incluso cuando todos los grupos parlamentarios hagan uso de ese derecho. El período ordinario será insuficiente y lo anterior implicará mayor rezago legislativo que es uno de las razones a favor de la iniciativa que expone el senador.

    Séptima. Estas comisiones unidas advierten que la iniciativa en comento otorga el derecho de la iniciativa preferente a los grupos políticos que cuenten con más del 20% del pleno. Esta solución es drástica ya que sacrifica a aquellas bancadas cuyos escaños es cercana al 20%. La anterior cuestiona la igualdad que debe haber para todas las fracciones parlamentarias por la falta de proporcionalidad.

    Octava. Estas comisiones advierten que la redacción no es del todo precisa ya que no es explicita si las iniciativas preferentes serán discutidas exclusivamente en el pleno o pasarán a comisiones dictaminadoras.

    Novena. Estas comisiones unidas por las razones expuestas consideran que debe desecharse la iniciativa que nos ocupa.

    En consecuencia y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 182, 186, 187 y 188 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarios y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a la consideración del pleno del Senado de la República el siguiente:

    ACUERDO

    PRIMERO.- Se desecha lainiciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 13 de noviembre de 2012.

    SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo anterior como total y definitivamente concluido.

    Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2014.

    COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS;
    Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.






    PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA MEDALLA DE HONOR “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACION MEXICANA” DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

    H. ASAMBLEA:

    A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen los artículos Primero al Cuarto correspondientes a la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACION MEXICANA” DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y POR EL QUE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, LAS PALABRAS “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813”.

    Estas comisiones unidas, de conformidad en dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo, del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2, del artículo 85; 86; 89 ;las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

    ANTECEDENTES

    1. En sesión celebrada el 11de septiembre de 2012, el senador Armando Ríos Piter del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” del Senado de la República y por el que inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813”.

    2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen de los artículos Primero al Cuarto a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

    METODOLOGIA

    Las comisiones unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones unidas.

    II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa", se reproducen en términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

    III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla.

    CONTENIDO DE LA INICIATIVA

    El proponente considera la relevancia de conmemorar los doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, la instalación del Congreso de Anáhuac, así como del el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en Palacio Nacional de Chilpancingo, Guerrero el 6 de Noviembre de 1813.

    Manifiesta que dichos acontecimientos contribuyeron a sentar las bases ideologicas del constitucionalismo mexicano, por lo que resulta apremiante reconocer el aporte que los pueblos del Sur han hecho a la Nacion.

    Por ello, el promovente señala la trascendencia de replantear el destino de una nueva agenda politica nacional dotada de una elevada sensibilidad social que retome lo mejor de los postulados independistas, y los valores previstos en los Sentimientos de la Nacion, a fin de contribuir un futuro progresista para el país.

    En consecuencia el proponente considera la importancia de que el Senado de la República, reivindique los ideales de los precursores del gran Pacto Social proclamado por el General José María Morelos y Pavón, en atención a la necesidad de nuestro país de reivindicarse y saldar deudas históricas con estados como Guerrero.

    Por lo anterior, se considera la pertinencia instaurar la medalla “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813”del Senado de la República, con la finalidad de honrar a todo hombre o mujer que se distinga por su contribuciones al Constitucionalismo Mexicano, y por su apego a los ideales del Congreso de Anáhuac de 1813 y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación.

    Asimismo, plantea la obligación del Congreso de la Unión de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813” en honor a los Padres del Constituyente Mexicano.

    Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros delas Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    1.- Los integrantes de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, Segunda, son competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el capítulo de antecedentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, 94, 102, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 135, 182, 183, 188, 190 y demás aplicables y relativos del Reglamento del Senado de la República.

    2.- Los integrantes de esta Comisión coinciden en la necesidad de reconocer la trascendencia del Congreso de Anáhuac, como primera Asamblea Política Mexicana deliberativa para construir a la antigua Nueva España en un país independiente.

    Toda vez que de él se desprenden las bases del actual Estado Mexicano, al haberse sustentado en las ideas Liberales y Democráticas, Organizando los Poderes y el Sistema de Gobierno, introduciendo nociones sobre la soberanía, el derecho de sufragio del pueblo ,la división de los poderes, el territorio y la forma de gobierno republicana; retomando el concepto de nacionalismo criollo sostenido por Fray Servando Teresa de Mier y reconociendo a las naciones indígenas como parte fundamental de la Nación Mexicana.

    Es por eso, que los Integrantes de estas comisiones estiman loable el propósito de la iniciativa de reconocer la importancia del Congreso de Anáhuac y el de los Sentimientos de la Nación en nuestra Historia.

    3.- No obstante, es importante destacar que como lo señala el Promoverte, con fecha 26 de junio de 1997, por Decreto número 71, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, fue instituida la Presea “SENTIMIENTOS DE LA NACION”. Decreto que fue abrogado tras la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero que en su Título Décimo Segundo, dispone el otorgamiento anual de la Medalla, el día 13 de Septiembre, en Sesión Pública y Solemne con la presencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a Nacionales y Extranjeros que se distingan por su cercanía a los principios políticos del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

    Motivo por el cual, se considera que actualmente ya se atiende el propósito de reconocer a todo hombre o mujer que se distinga por encarnar valores como lo son: la Lucha por la Paz, la Democracia, la Defensa de los Derecho Humanos y en General los más altos Valores de Humanidad.

    Aunado a lo anterior, esta Comisión considera relevante señalar que la LXII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, tuvo a bien dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el artículo 18 de la Ley del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales con las fechas 13 de septiembre, “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813”, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” y el 6 de Noviembre: Conmemoración de la Promulgación de Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

    El 26 de abril de 2012, el dictamen de la iniciativa fue aprobado por la Cámara de Senadores, enviando la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados, para los efectos Constitucionales pertinentes. De forma previa a la conclusión del Proceso Legislativo, el día 10 de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara el presente año como “Año del Bicentenario de Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”, creando la Comisión Especial de dicha conmemoración y la emisión de una moneda conmemorativa a los 200 años del Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana.

    Por lo anterior, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, ya ha determinado llevar a cabo una serie de actividades destinadas a difundir entre los Ciudadanos el Bicentenario de la Instalación del Congreso de Anáhuac y la presentación del documento “Sentimientos de la Nación”.

    Dicho trabajo tendrá como objetivo, permitir a la Sociedad Mexicana y al público en general comprender la importancia y la trascendencia de las actividades que desarrolló y los Proyectos Constitucionales que ahí se discutieron, con el fin de dar a conocer la relevancia del primer Congreso Mexicano en el ámbito Histórico, Constitucional, Legislativo y Social de nuestro País.

    En este sentido, se advierte que de igual manera, se dará cumplimiento al objetivo de la Iniciativa en estudio, de reconocer y difundir la aportación que el también llamado Congreso de Chilpancingo representa para la Historia de México.

    Por último, también se considera importante señalar que el 20 de marzo de 2013, esta Soberanía, aprobó el dictamen de la Iniciativa que tiene por objeto él presente Decreto, en los siguientes términos:

    DECRETO, PARA DECLARAR 2013 COMO AÑO DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA, CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDON, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. GURRION, Y EL SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, QUIENES OFRENDARON LA VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPUBLICA MAS LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRATICA Y CONSTITUCIONAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

    Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luís Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Avila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; y diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Congreso de la Unión proyecto de decreto para que 2013 se declare como Año de la Libertad y la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez, del senador Belisario Domínguez Palencia y de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una república libre, justa, democrática y constitucional y con este motivo se realicen actividades culturales y académicas en su honor. Lo anterior, al tenor de las siguientes.

    3. Respecto a la propuesta de establecer una medalla de honor con el nombre de ese primer congreso de la Nación.

    Es preciso recordar que el 3 de enero de 1953, a propuesta del entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortines, se expidió el Decreto por el cual anualmente se entregaría la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, motivó por el cual, en la actualidad el Reglamento del Senado de la República, prevé la facultad de ésta Soberanía para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como lo menciona el artículo octavo del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República.

    PODER LEGISLATIVO
    CAMARA DE SENADORES

    DECRETO por el que se modifican los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República.

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

    LA CAMARA DE SENADORES

    DECRETA

    SE MODIFICAN LOS ARTICULOS CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO Y NOVENO DEL REGLAMENTO DE LA ORDEN MEXICANA DE LA MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

    ARTICULO UNICO.- Se modifican los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, para quedar como sigue:

    Artículo Cuarto. El Senado de la República convocará cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las Secretarías de Estado, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los órganos autónomos, las universidades y centros de estudios del país, las organizaciones sociales, o cualesquiera otras instituciones representativas de los sectores de la sociedad mexicana, para que presenten candidatos capaces de merecer tan preciada recompensa.

    Artículo Quinto. El registro de postulaciones se realizará a partir del día primero de enero y hasta el veintiuno de septiembre de cada año.

    Artículo Sexto. El dictamen de la Comisión de Postulaciones dará cuenta de la discusión de los méritos de las personas postuladas y deberá ser propuesto al Pleno del Senado de la República una vez concluido el período de postulaciones. La condecoración de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública celebrada a más tardar el día primero de octubre del año de su entrega.

    Artículo Octavo. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, se conferirá en vida o de manera póstuma a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de  la humanidad.”

    Artículo Noveno. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República y los diplomas respectivos, serán impuestos y entregados en la sesión solemne que el día siete de octubre de cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia Dr. Don Belisario Domínguez. En caso de que la distinción sea póstuma, la presea será entregada a la institución o persona que determine el dictamen correspondiente, con las condiciones y características que en la misma se especifiquen.

    TRANSITORIO

    UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, D.F., a 23 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Rúbrica.-  Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbrica.

    Por ello, se estima que hoy el Senado de la República, como garante del Pacto Federal, cumple con la misión de impulsar los grandes ideales de la Democracia como un Sistema Político que le permita garantizar el bienestar del pueblo.

    Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2 del artículo 85; 86; 89 ;las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

    ACUERDO

    PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” del Senado de la República, presentada por el senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

    Cámara de Senadores, el 20 de noviembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





    Ocho de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN NUMERAL 4 AL ARTICULO 239 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 110 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 2  DEL ARTICULO 185 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y EL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 25 BIS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 AL ARTICULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 133, 148, 158, 183 Y 184 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    (Dictamen a discusión)








    Cuatro de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

    PROYECTOS DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las siguientes:

    Iniciativas

    1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruíz, Víctor Hermosillo y Celada, Laura Angélica Rojas Hernández, Héctor Larios Córdova, Octavio Pedroza Gaitán, Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Torres Graciano, Rosa A. Díaz Lizama, María del Pilar Ortega Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Herrera Avila, Francisco Domínguez Servien, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, Silvia Garza Galván, Adriana Dávila Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz y Salvador Vega Casillas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura dela Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    2. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las iniciativas descritas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

    Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

    I. Metodología de Trabajo

    Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de estas dos iniciativas conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas estas dos iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    En el capítulo denominado “Contenido de las Iniciativas”, se hace una descripción de las dos iniciativas presentadas por los Senadores promoventes.

    En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de las dos iniciativas en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

    II. Antecedentes

    1. El 05 de marzo de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruíz, Víctor Hermosillo y Celada, Laura Angélica Rojas Hernández, Héctor Larios Córdova, Octavio Pedroza Gaitán, Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Torres Graciano, Rosa A. Díaz Lizama, María del Pilar Ortega Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Herrera Avila, Francisco Domínguez Servien, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, Silvia Garza Galván, Adriana Dávila Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz y Salvador Vega Casillas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para su análisis y dictamen correspondiente.

    2. El 25 de febrero de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,para su análisis y dictamen correspondiente.

    III.- Contenido de las Iniciativas

    1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Daniel Avila Ruíz, Víctor Hermosillo y Celada, Laura Angélica Rojas Hernández, Héctor Larios Córdova, Octavio Pedroza Gaitán, Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Torres Graciano, Rosa A. Díaz Lizama, María del Pilar Ortega Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Herrera Avila, Francisco Domínguez Servien, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, Silvia Garza Galván, Adriana Dávila Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz y Salvador Vega Casillas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    La iniciativa tiene por objeto:

    - Otorgar autonomía presupuestaria a la Comisión Federal de Competencia.

    - Facultar a la Comisión de Competencia para preparar su presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que lo integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

    - La ratificación de los Comisionados por parte del Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal.

    - En cuanto a las visitas de verificación, se propone que el Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practiquen conjunta o separadamente, y en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos.

    2. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    La iniciativa tiene por objeto:

    - Establecer como atribución de la Comisión Federal de Competencia Económica, el publicar semestralmente los indicadores que muestren la posición en el mercado de las principales empresas que participan en los sectores más importantes como:

    A) Los Grupos Financieros en sus modalidades de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones de seguros.

    B) Las empresas con contratos de exploración, extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos.

    C) Las empresas con contratos para la generación y distribución de energía eléctrica.

    D) Las empresas con concesiones de telefonía, Internet y televisión por cable.

    E) Las empresas que pagan remesas internacionales electrónicas de dinero.

    F) Las empresas con títulos de concesión de vías de comunicación federales: autopistas, aeropuertos, puertos y vías férreas.

    G) Las empresas con concesiones mineras de exploración y explotación.

    H) Las empresas con concesiones de transportación aérea de pasajeros.

    I) Las empresas con concesiones de transportación terrestre de pasajeros.

    J) Las tiendas de autoservicio y departamentales.

    K) Las empresas de alimentos, de bebidas y cervezas.

    L) Las empresas automotrices y de autopartes.

    Así plantea el siguiente:

    “DECRETO

    ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la ley federal de competencia económica, para quedar como sigue:

    Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

    ……

    XXVIII Bis 4. Publicar semestralmente los indicadores que nos muestren la posición en el mercado de las principales empresas que participan en los sectores más importantes de la economía, las empresas que deberán ser consideradas para publicar su posición en el mercado son:

    I. Los Grupos Financieros en sus modalidades de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones de seguros.

    II. Las empresas con contratos de exploración, extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos.

    III. Las empresas con contratos para la generación y distribución de energía eléctrica.

    IV. Las empresas con concesiones de telefonía, Internet y televisión por cable.

    V. Las empresas que pagan remesas internacionales electrónicas de dinero.

    VI. Las empresas con títulos de concesión de vías de comunicación federales: autopistas, aeropuertos, puertos y vías férreas.

    VII. Las empresas con concesiones mineras de exploración y explotación.

    VIII. Las empresas con concesiones de transportación aérea de pasajeros.

    IX. Las empresas con concesiones de transportación terrestre de pasajeros.

    X. Las tiendas de autoservicio y departamentales.

    XI. Las empresas de alimentos, de bebidas y cervezas.

    XII. Las empresas automotrices y de autopartes”

    TRANSITORIOS

    UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

    IV. Consideraciones de las Comisiones

    Primera.- Las que dictaminan coinciden con los Senadores promoventes en el sentido de que las garantías de competencia y libre concurrencia generan importantes beneficios a favor de los consumidores. Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Competencia Económica (En adelante LFCE), se estableció una herramienta de promoción y protección para los consumidores, que les permite acceder a bienes y servicios en condiciones óptimas de variedad, calidad y precio.

    Segunda.- El pasado 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada reforma constitucional en materia de “telecomunicaciones”, la cual contiene reformas al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante CPEUM), donde se le otorga “autonomía constitucional” a la Comisión Federal de Competencia Económica (En adelante COFECE).

    Así, de conformidad con el párrafo décimo cuarto del ordenamiento constitucional en comento, la COFECE es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

    En este tenor de ideas, la CPEUM señala que la COFECE, se integrará por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

    Tercera.- Que la CPEUM y LFCE regulan diversas disposiciones en cuanto al establecimiento y funcionamiento de la COFECE.

    La CPEUM dispone en su artículo 28, párrafo vigésimo lo siguiente:
    Que la Comisión Federal de Competencia Económica se regirá conforme a lo siguiente:

    - Dictará sus resoluciones con plena independencia;

    - Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

    - Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

    - Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

    - Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

    Por otro lado, el artículo 10 de la LFCE establece que la COFECE ejerce su presupuesto de manera autónoma.

    En este sentido, el artículo 47 de la LFCE establece una serie de lineamientos a los que se deberá sujetar la COFECE en materia presupuestaria, entre los que se encuentran:

    1) Aprobar su proyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

    2) Ejercer su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

    3) Autorizar las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto aprobado;

    4) Realizar sus propios pagos;

    5) Determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

    6) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública.

    Cuarta.- Que de acuerdo con el artículo 12 de la LFCE, la COFECE en materia administrativa, cuenta con una serie de atribuciones entre las que se encuentran:

    a) La creación de órganos y unidades administrativas necesarias para su desempeño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado;

    b) La Emisión de Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así como de su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

    c) la aprobación de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno.

    Quinta.- Que de conformidad con el artículo 12 fracción XXIII de la LFCE dispone que a la COFECE le compete, realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, con propuestas de liberación, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos al proceso de libre concurrencia y competencia económica, identifique un problema de competencia o así se lo soliciten otras Autoridades Públicas.

    V. Resolutivo

    Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en las iniciativas de los Senadores promoventes, no obstante desde el punto de vista jurídico, han quedado atendidas con la expedición de la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo del año en curso.

    En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

    ACUERDO

    Primero.- Se desechan los siguientes asuntos legislativos:

    1. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 05 de marzo de 2013.

    2. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 25 de febrero de 2014.

    Segundo.- Archívese las dos iniciativas en el presente dictamen, como formal y materialmente concluidas.

    Sala de comisiones del Senado de la República, el 8 de octubre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






    PROYECTO DE LEY DE LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO, LA GENERACION DE EMPLEOS Y LA CREACION DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CAPITA Y BAJO CRECIMIENTO

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO, LA GENERACION DE EMPLEOS Y LA CREACION DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CAPITA Y BAJO CRECIMIENTO, SUSCRITA POR EL SENADOR ARMANDO ALBORES GLEASON, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

    Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

    Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

    I. Metodología de Trabajo

    Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada por el Senador promovente.

    En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

    II. Antecedentes

    1. El 19 de marzo de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento, suscrita por el Senador Armando Albores Gleason, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para su análisis y dictamen correspondiente.

    III.- Contenido de la Iniciativa

    La iniciativa tiene por objeto

    La creación de la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la Generación de Empleos y la Creación de Empresas de Alto Valor Agregado en las Entidades Federativas con Bajos Ingresos PerCápita y Bajo Crecimiento.

    Naturaleza jurídica: Organo adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones.

    Objeto: Propiciar el crecimiento económico acelerado y sostenido en los estados prioritarios, así como ampliar el número de estados prioritarios de conformidad con las prioridades de desarrollo del país.

    Estructura Orgánica: Contará con un Consejo de Coordinación, encabezado por el Presidente de la República, mismo que estará integrado por los titulares de las Secretarías de:

    ● Hacienda y Crédito Público;

    ● Economía;

    ● Trabajo y Previsión Social;

    ● Desarrollo Social;

    ● Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

    ● Comunicaciones y Transportes;

    ● Educación;

    ● Relaciones Exteriores;

    ● Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

    ● Instituto Nacional del Emprendedor

    ● Gobernadores de los estados prioritarios y sus Secretarios de Desarrollo o Fomento Económico y funcionarios estatales, y

    ● Representantes de Universidades y organismos expertos encargados de asesorar y apoyar a emprendedores.

    La Agencia contará con un Secretario Técnico, que será el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien será el responsable de dar seguimiento a los trabajos, acuerdos, y atribuciones de los miembros de la Agencia.

    IV. Consideraciones de las Comisiones

    Primera.- Las Comisiones dictaminadoras coinciden con el Senador promovente, en el sentido de que el objetivo primordial de la política económica es mejorar la calidad de vida de sus gobernados, es por ello que toda política pública que es instrumentada por el gobierno debe impulsar el crecimiento económico.

    Segunda.- Queel artículo 25 constitucional, dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la    dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

    Por su parte, la Ley de Planeación dispone en su artículo 4 que, es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo. En este sentido, el Ejecutivo Federal, envía al Congreso de la Unión para su examen y opinión un Plan Nacional de Desarrollo, el cual contiene las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal.

    Tercera.- Que en materia de crecimiento económico, el Plan Nacional de Desarrollo (En adelante PND) 2013-2018, contempla en el capítulo IV, “México Próspero”, como un compromiso de la presente Administración, “…El Generar un crecimiento económico sostenible e incluyente que esté basado en un desarrollo integral y equilibrado de todos los mexicanos…”

    El PND 2013-2018, dispone que: “El crecimiento es el medio que nos permitirá alcanzar como país un mejor nivel de vida para la población, una sociedad más equitativa y una vía para abatir la pobreza de manera permanente”.

    Cuarta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó las opiniones de las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público sobre la iniciativa objeto del presente dictamen.

    Posteriormente, el 17 de agosto del año en curso, las Secretarías en comento enviaron las opiniones respectivas cuyo criterio es el siguiente:

     

    OPINIONES

    Secretaría de Economía

    Secretaría de Hacienda y Crédito Público

     

    “…La opinión institucional de la Secretaría de Economía es en contra de la iniciativa presentada por el Senador Roberto Armando Albores Gleason por las siguientes consideraciones:

    A. Existiría invasión o duplicidad de funciones y atribuciones concedidas en esta ley a la Agencia respecto a dependencias de la Administración Pública Federal de acuerdo a lo que establecen diversas leyes, reglamentos, decretos, programas y fideicomisos.

    B. Existen inconsistencias jurídicas en la iniciativa que la hacen inviable en los siguientes términos: No se precisa cual es la naturaleza jurídica de la Agencia sin embargo de la redacción del texto hace suponer que se trata de un organismo descentralizado. De ser así el caso, estaría sujeto a la Ley federal de las Entidades Paraestatales, particularmente a lo dispuesto en su artículo 15 en lo que respecta a la constitución, organización y funcionamiento, lo cual no se observa de la iniciativa por lo que respecta a su Organo de gobierno y a su Director General. No se desprende de la iniciativa el sustento constitucional o legal que permita a la Agencia ejercer alguna facultad de “instruir” a las distintas entidades y dependencias del orden federal, así como a utilizar un “poder de mandato” para poner en marcha diversos proyectos. Se definen legalmente seis entidades federativas como prioritarias y se concede a la Agencia la posibilidad de ampliar su número administrativamente, lo cual equivale a una delegación legislativa no permitida en nuestro sistema jurídico.

    Se crea el concepto de Zonas Económicas Especiales sin definir con precisión los apoyos e incentivos, los cuales requieren estar previstos en la ley. Se establece la creación de un Consejo Consultivo sin disposiciones legales precisas los cuales le impiden operar de una manera eficiente. Los artículos transitorios establecen plazos muy cortos para la definición de las Zonas Económicas Especiales y la expedición de reglas de operación del fondo y toda vez que esas zonas y reglas requieren reformas legales, emisión de disposiciones generales o previsiones presupuestales, no permitirían concretarlas en esos plazos.

    Se prevé que la creación de la Agencia y sus órganos, generarían impacto presupuestal toda vez que requeriría de personal e infraestructura para operar, sin que la Iniciativa permita definir o estimar algún monto. Crear un programa de garantías generaría impacto presupuestal, sin que la Iniciativa permita definir o estimar algún monto…”

     

    “…Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 65-A fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se precisa lo siguiente:

    La iniciativa propuesta es susceptible de generar un impacto presupuestario, por lo que es necesario considerar:

    El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, por lo que  se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizarían las erogaciones que genere un nuevo ordenamiento legal. De no ser así, se correría el riesgo de que se aprobara sin contar con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para su cumplimiento, o que se tuvieran que afectar otros programas prioritarios.

    En el supuesto de que el proyecto que se dictamine implique mayores gastos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, primero deberá aprobarse una fuente de ingresos adicional para cubrir las erogaciones respectivas, distinta al endeudamiento.

    Asimismo, debe considerarse el cumplimiento al párrafo tercero del referido artículo 18, el cual establece que las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión deben realizar una valoración del impacto presupuestario al elaborar los dictámenes respectivos. Para ello, cuentan con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y, en su caso, pueden solicitar la opinión de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público…”

    Quinta.- Las que dictaminan, estiman acertadas las opiniones de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

    En primer lugar, la iniciativa tiene un impacto presupuestario no determinado ni siquiera por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al crear la “Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la Generación de Empleos y la Creación de Empresas de Alto Valor Agregado en las Entidades Federativas con Bajos Ingresos Per Cápita y Bajo Crecimiento”, se estaría creando una nueva estructura programática.

    Ante ello, no solo debemos abocarnos al estudio del impacto presupuestario, sino que debemos observar y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

    En segundo lugar, debemos atender a lo que nos advierte la Secretaría de Economía en el sentido de que es innecesaria la aprobación de esta iniciativa, toda vez que actualmente existen disposiciones, programas, políticas públicas, que atienden la situación que se pretende resolver.

    Por ejemplo, hace referencia al riesgo de “duplicidad de leyes” que se tendría de aprobarse esta iniciativa, como lo establecido en las siguientes leyes:

    a) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 34,establece diversas atribuciones y facultades para la Secretaría de Economía a fin de que formule y conduzca las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, así como que coordine y ejecute la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recurso en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, asistencia técnica y otros medios que se requieran;

    b) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene como fin fomentar la competitividad de las MIPyMEs mediante la facilitación de servicios de capacitación, asesoría, información y financiamiento, con el objeto de incrementar la productividad en los mercados de exportación y el interno;

    c) Ley Federal del Trabajo, que dispone en su artículo 253 K, que el Presidente de la República estableció el “Comité Nacional de Productividad” cuyo objeto es contribuir a la definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y prioridades en materia de productividad y empleo.

    d) DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Creación del Instituto Nacional del Emprendedor como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPyMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

    V. Resolutivo

    Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador promovente, no obstante de aprobarse, desde el punto de vista jurídico podría tener las siguientes consecuencias:

    1) Violación al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

    2) Duplicidad de los siguientes marcos jurídicos:

    a) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    b) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    c) Ley Federal del Trabajo.

    d) DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. (Creación del Instituto Nacional del Emprendedor).

    En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

    ACUERDO

    Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 19 de marzo de 2013.

    Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida.

    Sala de comisiones del Senado de la República, el 8 de octubre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






    PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, SUSCRITA POR LA SENADORA MONICA T. ARRIOLA GORDILLO, INTEGRANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

    Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

    Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

    I. Metodología de Trabajo

    Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    En el capítulo denominado "Antecedentes", se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    En el capítulo denominado "Contenido de la Iniciativa", se hace una descripción de la iniciativa presentada por la Senadora promovente.

    En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

    II. Antecedentes

    1. El 08 de octubre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional del Emprendedor, suscrita por la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Partido Nueva Alianza, para su análisis y dictamen correspondiente.

    III.- Contenido de la Iniciativa

    La iniciativa tiene por objeto:

    - Regular al Instituto Nacional del Emprendedor (INE), dotándolo de personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión.

    - Se establecen diversas facultades al INE entre las que destacan:

    a) Apoyar a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras.

    b) Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las emprendedores del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, o esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, el sector privado y el sector académico.

    -Se establece "El Consejo Consultivo" como un órgano de consulta del INE, que tendrá como función el asesorar al Instituto, en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

    - Se establece la figura del "Comisario" quien será designado y removido por el titular del Ejecutivo a propuesta de la Contraloría Interna del Instituto y tendrá entre sus facultades, la de vigilar la correcta operación y ejercicio de los recursos del Instituto.

    Se establecen 2 Fondos:

    a) El Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, y

    b) El Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los emprendedores.

    Así plantea lo siguiente:

    "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

    TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

    ARTÍCULO 1°.- Se crea el organismo descentralizado denominado, "Instituto Nacional del Emprendedor", con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión.

    ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

    I. Agrupamiento empresarial: una concentración de empresas relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas.

    II. Capital semilla y de riesgo: las aportaciones financieras y estratégicas realizadas a través de créditos, aportaciones al capital social, diversos títulos de crédito, contratos relacionados o una combinación de los anteriores, para el inicio, crecimiento o desarrollo de nuevos negocios y empresas de reciente creación.

    III. Centro de Innovación: un espacio físico donde los emprendedores pueden recibir adiestramiento, capacitación, asesoría, y entrenamiento con el objetivo de que desarrollen competencias de gestión, transferencia e innovación tecnológica y de gestión de negocios que sean de utilidad para crear y desarrollar negocios innovadores. Estos centros serán parte de las entidades destinadas a ejecutar programas de educación y fomento de la cultura emprendedora.

    IV. Competitividad de las empresas: la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de las empresas en los mercados regional, nacional e internacional, con base en ventajas asociadas a sus productos y servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen.

    V. Ecosistema de negocios: una comunidad económica fundamentada en un conjunto de organizaciones e individuos que interactúan entre sí, siendo estos los organismos del mundo de los negocios, y que en conjunto con el sistema gubernamental y regulatorio efectivo integran un entorno favorable para la creación, crecimiento y desarrollo empresarial, lo que permite a los miembros moverse en dirección de visiones compartidas para alinear sus inversiones y encontrar roles de soporte mutuo. Esta comunidad económica produce bienes y servicios de valor para los clientes, quienes también son parte del ecosistema. Entre las organizaciones integrantes se encuentran los proveedores, productores, competidores y otros grupos de interés. En un ecosistema de negocios desarrollado se integran efectivamente los elementos de educación, financiamiento, gobierno, sociedad, infraestructura e industrias complementarias y de soporte.

    VI. Emprendedor: un individuo o en forma colectiva como equipo emprendedor al grupo de individuos que persigue una oportunidad de negocio sin limitar su iniciativa empresarial a los recursos con los cuales cuenta al momento de iniciar un proyecto empresarial.

    VII. Empresa de reciente creación: una persona física con actividad empresarial o persona moral que se encuentra en los primeros dos años del inicio de sus actividades como persona física, o de su constitución como persona moral.

    VIII. Fondo Estatal: Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores

    XIX. Fondo Federal: Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores.

    X. Incubadoras y aceleradoras de empresas: los espacios físicos que pueden contar con infraestructura experimental de laboratorios y plantas piloto, asesoría comercial, consultoría y sistemas de gestión de negocios que apoyan la generación y el crecimiento de nuevas empresas, el establecimiento de empresas foráneas, así́ como el crecimiento acelerado de empresas.

    XI. Innovación empresarial: la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto, bien, servicio, proceso productivo o de negocio, que atienda a las necesidades sociales y de mercado.

    XII. Programa Estratégico: el programa diseñado específicamente para fomentar la cultura emprendedora e impulsar a los emprendedores, considerando los aspectos educativos, de financiamiento y entidades de apoyo a emprendedores.

    XIII. Secretaria: Secretaria de Economía. XIV. Secretario: Secretario de Economía.

    XV. Sector financiero: se refiere al conjunto de entidades que ofertan financiamiento comercial o privado, conforme a la ley aplicable, destinado a actividades productivas.

    XVI. Titular del Ejecutivo: titular del Ejecutivo Federal.

    XVII. Transferencia de tecnología: el proceso de transmisión o intercambio de nuevos conocimientos y tecnologías desde el entorno científico al productivo o dentro del entorno productivo para su utilización en la creación y desarrollo de productos, procesos y servicios con valor agregado y viables comercialmente.

    ARTÍCULO 3°.- La participación en la integración y realización de políticas públicas en materia de fomento a la cultura emprendedora e impulso emprendedor se llevará a cabo conforme a los siguientes principios:

    I. La toma de decisiones en materia de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores;

    II. El conocimiento, la cultura emprendedora y la innovación empresarial son factores estratégicos que contribuyen al crecimiento económico y el bienestar social, y son parte fundamental para lograr el desarrollo sustentable, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida de la sociedad;

    III. La generación de conocimiento y de innovaciones empresariales son la base para fomentar el desarrollo, impulsar su transferencia, favorecer la valoración social y estimular la competitividad empresarial;

    IV. La construcción de ecosistemas de negocios estará centrada en las personas, de manera incluyente y orientada al desarrollo humano, social, cultural y económico de las mismas, así como el combate a la pobreza y la desigualdad social tanto en zonas urbanas como rurales;

    V. Se promoverá la divulgación de conocimientos, innovaciones empresariales y sus impactos, con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura emprendedora en la sociedad;

    VI. La política estatal de fomento a la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores preverá áreas prioritarias, proyectos estratégicos y apoyos a largo plazo a la generación de conocimiento, investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, con el propósito de garantizar el fortalecimiento del potencial humano, la creación de instituciones científicas, centros de productividad, centros de innovación, el mejoramiento y modernización de la enseñanza de las áreas clave de negocios, la integración de la ciencia y la tecnología en la cultura emprendedora, la creación de infraestructuras y el fomento de capacidades en esta materia;

    VII. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno fomente la cultura emprendedora e impulse a los emprendedores, deberán buscar el mayor efecto benéfico en la enseñanza y el aprendizaje de las áreas clave de negocios, desarrollo humano, idiomas de negocios, integración de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la calidad de la educación en todos los niveles, e incentivará la participación y desarrollo de nuevas generaciones de emprendedores con visión de largo plazo;

    VIII. El Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, debe participar en el otorgamiento de recursos económicos y financieros para el fomento de la cultura emprendedora y el impulso a los emprendedores, considerándolos como inversión para el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad y el desarrollo económico sustentable;

    IX. Se promoverá a través de incentivos y mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones crecientes en conjunto con emprendedores para la generación de nuevos negocios de amplio impacto económico y social.

    ARTÍCULO 4°.- El Instituto Nacional del Emprendedor tendrá las finalidades siguientes:

    I. Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro,

    pequeñas y medianas empresas;

    II. Impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas;

    III. Promover, desarrollar y amplificar la contribución de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico y bienestar social, por medio de las facultades a su cargo;

    IV. Coadyuvar al desarrollo de políticas públicas que fomenten la cultura y productividad emprendedora;

    V. El estudio, investigación y fomento de elementos jurídicos, programáticos, normativos y de financiamiento necesarios para que a través del fomento de la cultura emprendedora y el impulso a las actividades económicas de los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas se acelere el desarrollo económico y social;

    VI. Contribuir a la generación de un entorno favorable a la innovación, a la creación de nuevas empresas, el desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, así como a las ya existentes, y el desarrollo de ecosistemas de negocios que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social;

    VII. Establecer la integración y contenido del Programa Estratégico para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores a nivel nacional en cuanto a estímulos en aspectos impositivos, educativos, de financiamiento y de entidades de apoyo, así como las disposiciones aplicables a su presupuesto, revisión y actualización con alcances de largo plazo;

    VIII. Fomentar la vinculación de los sectores académico, científico y social con los sectores productivo y financiero, y favorecer la formación de empresas y de profesionistas especializados en facilitar dicho proceso;

    IX. Establecer mecanismos y apoyos para promover la creación, el funcionamiento, la evaluación y sanción de centros de innovación, entrenamiento empresarial, innovación empresarial, alianzas estratégicas, sistemas de innovación, consorcios, agrupamientos empresariales en áreas clave, capital de riesgo y capital semilla que sean requeridos para alcanzar los objetivos de la presente Ley;

    X. Elaboración, fomento y establecimiento de mecanismos de cooperación nacional e internacional que favorezcan la realización de proyectos de investigación y para la creación de capital humano que sea requerido, así como el intercambio de talento especializado para encabezar o dar soporte a dichos proyectos;

    XI. Realizar, en coordinación con las autoridades en la materia, campañas permanentes para fomentar y promover una nueva cultura de emprendimientos basados en el aprovechamiento de conocimientos especializados, la innovación tecnológica, innovación en modelos de negocio y la competitividad internacional, que fortalezca e impulse el desarrollo equitativo de la sociedad;

    XII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la mortandad de las micro, pequeñas y medianas empresas;

    XIII. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a reducir la migración de zonas rurales a zonas urbanas, apoyar actividades productivas de emprendedores y de grupos vulnerables que no forman parte del sistema de educación formal o que no han conseguido insertarse en la vida económica;

    XIV. Establecer mecanismos y apoyos encaminados a democratizar el conocimiento de negocios con visión de largo plazo, e incubar una generación de empresarios preparados para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad;

    XV. Estimular la integración de emprendedores con inventores e investigadores para la creación de empresas basadas en el conocimiento, nuevas tecnologías e innovación tecnológica, complementando así las habilidades, conocimientos y competencias necesarias para el crecimiento acelerado de los nuevos negocios de manera sostenible;

    XVI. Crear un Sistema Integral de Información que otorgue transparencia en el uso, la prioridad de asignación, y la justificación de los recursos económicos y financieros destinados a las actividades contempladas dentro esta Ley, y que permita la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos;

    XVII.Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables.

    ARTÍCULO 5°.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

    I. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;

    II. Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras;

    III. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas;

    IV. Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia;

    V. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado, instituciones académicas, organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio del desarrollo económico nacional;

    VI. Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le asignen para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de convenios específicos;

    VII. Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, o esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, el sector privado y el sector académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su aplicación;

    VIII. Canalizar recursos públicos a proyectos estratégicos, de carácter regional o sectorial, en los que podrán intervenir una o varias empresas que no sean de las comprendidas en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando se cuente con autorización

    expresa del Secretario y se cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

    a)Que se generen beneficios específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas o los emprendedores del país;

    b)Que se generen empleos de calidad en un número congruente con la naturaleza del proyecto, preferentemente en las micro, pequeñas y medianas empresas;

    c)Que el proyecto ayude a elevar la productividad del sector o región; Que sea determinante para completar el eslabonamiento de una o varias cadenas productivas, o

    d)Que el proyecto proporcione al sector o región un flujo importante de inversión que fortalezca y cree condiciones más propicias para las empresas de la región o sector;

    IX. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de agrupamientos regionales de innovación y financiamiento, que incidan en la creación, incubación, crecimiento, aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país;

    X. Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios;

    XI. Impulsar la coordinación de los fondos y programas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con los existentes para un fin análogo en otras instituciones de investigación y del sistema financiero mexicano;

    XII. Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas e inversionistas en el mercado empresarial mexicano;

    XIII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de emprendedores;

    XIV. Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean necesarios para consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, en especial en la materia regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento;

    XV. Conformar la Red Nacional del Emprendedor para lograr una adecuada y eficiente coordinación con todos los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional;

    XVI. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor para dar seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra información de utilidad para la generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, observando las disposiciones legales en materia de información estadística;

    XVII. Realizar los estudios e investigaciones que permitan al Instituto contar con información relacionada con la innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los agrupamientos regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores;

    XVIII. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos encadenamientos productivos regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas que permitan compartir eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia de conocimiento en innovación;

    XIX. Brindar asesoría, capacitación y consultoría en materia de formación emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo;

    XX. Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que permitan contar con información detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los procesos de acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas;

    XXI. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores;

    XXII. Participar, al interior de la Secretaría, en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, en los asuntos de su competencia;

    XXIII. Formular y proponer al Secretario para su aprobación las políticas, criterios generales, lineamientos, normas y elaboración de manuales y procedimientos institucionales para el mejor desarrollo de las funciones del Instituto, así como los anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su competencia;

    XXIV. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo sustentable;

    XXV. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad económica;

    XXVI. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, exposiciones y otros eventos de carácter nacional e internacional que se relacionen con las atribuciones previstas en este artículo;

    XXVII. Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;

    XXVIII. Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;

    XXIX. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores, el acceso al financiamiento;

    XXX. Elaborar y administrar los registros que tenga a su cargo el Instituto;

    XXXI. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas para promover y fomentar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados interno y externo;

    XXXII. Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias públicas competentes;

    XXXIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para su integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores, y

    XXXIV.- Expedir los requisitos, criterios e indicadores por medio de los cuales serán seleccionados de forma competitiva y transparente los beneficiarios, quedando asentados en las convocatorias que se emitan al efecto;

    XXXV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, así como las que le encomiende el titular del Ejecutivo y el Secretario.

    ARTÍCULO 6°.- El Instituto Nacional del Emprendedor estará a cargo de un Presidente, quien será designado por el titular del Ejecutivo.

    Al Presidente del Instituto le corresponde la representación legal y administrativa de ese organismo administrativo descentralizado.

    TÍTULO SEGUNDO

    DEL CONSEJO CONSULTIVO

    ARTÍCULO 7°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Consejo Consultivo, el cual fungirá como un órgano de consulta y tendrá las siguientes funciones:

    I. Asesorar al Instituto en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, a solicitud de su Presidente;

    II. Recomendar acciones para mejorar políticas, programas y acciones específicas del Instituto que respondan a las necesidades económicas del país;

    III. Analizar los asuntos que en casos específicos someta a su consideración el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor;

    IV. Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores;

    V. Asesorar al Instituto cuando así lo solicite su Presidente, respecto de la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios, y

    VI. Hacer recomendaciones con base en los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores.

    ARTICULO 8°.- El Consejo estará integrado por el Secretario, quien lo presidirá, el Subsecretario de Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de Comercio Exterior, el Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes tendrán derecho de voz y voto. Los miembros podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior.

    El Consejo Consultivo contará con un Secretariado Técnico, el cual estará a cargo del Presidente del Instituto.

    El Consejo tendrá como invitados a un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la Secretaría de Turismo, un representante de PROMÉXICO y un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el Presidente del Consejo podrá invitar a representantes del sector privado y académico, así como a un representante de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Los invitados tendrán solo derecho de voz.

    El Secretario emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo.

    TÍTULO TERCERO
    DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA

    ARTÍCULO 9°.- El Instituto contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con un Organo de Coordinación, el cual estará́ compuesto por:

    a) Un Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento;

    b) Un Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional;

    c) Un Director General de Programas de Desarrollo Empresarial;

    d) Un Director General de Programas de Emprendedores y Financiamiento;

    e) Un Director General de Programas para MIPYMES, y
    f) Un Director General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores, así́ como con el personal que se determine en su estructura orgánica, los cuales tendrán las funciones que se establezcan en el Manual de Organización.

    TÍTULO CUARTO

    DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

    ARTÍCULO 10°.- El Instituto Nacional del Emprendedor contará con un Comisario para llevar a cabo las labores de vigilancia de la operación del Instituto, este será́ designado y removido por el titular del Ejecutivo a propuesta de la Contraloría Interna en los términos de la legislación aplicable.

    ARTÍCULO 11°.- Son facultades y obligaciones del Comisario:

    I. Cerciorarse de la correcta operación del Instituto de acuerdo las disposiciones de la presente Ley, dando cuenta

    sin demora de cualquiera irregularidad a la Secretaria;

    II. Exigir una información mensual al órgano de Coordinación;

    III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios, para efectuar la vigilancia de las operaciones;

    IV. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones del Instituto, y el ejercicio de sus recursos.

    TÍTULO QUINTO

    DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO

    ARTÍCULO 12°.- El patrimonio del Instituto se integrará con:

    I. Los recursos federales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, que recibirá́ para su aplicación en los proyectos, obras y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo al objeto y objetivos de esta Ley;

    II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro aporten o afecten;

    III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipales, y los que obtenga de personas físicas o morales, y las demás instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;

    IV. Los recursos que obtenga de las actividades materia de su objeto general;

    V. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los aprovechamientos que obtenga de las operaciones que realice o que le corresponda por cualquier título legal;

    VI. Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera legalmente;

    VII. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales, y

    VIII. Cualquier otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario.

    ARTÍCULO 13°.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública, de conformidad a lo establecido por la legislación correspondiente.

    TÍTULO SEXTO

    DEL FINANCIAMIENTO PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E
    IMPULSAR A EMPRENDEDORES

    ARTÍCULO 14°.- Los fondos con los cuales operará el Instituto para fomentar la cultura emprendedora e impulsar a los emprendedores para el desarrollo de la sociedad, serán los siguientes:

    I. El Fondo Federal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, y

    II. Otros fondos que constituyan el Gobierno del Federal, el Instituto, con dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con los gobiernos de otras entidades federativas, con universidades, instituciones y organismos nacionales y extranjeros y, en general, con cualquier otro tercero, que contribuyan al desarrollo del sector mediante la creación y desarrollo de nuevas empresas.

    Los fondos de participación extranjera a que se refiere el párrafo anterior serán constituidos en términos la Ley de Inversión Extranjera.

    ARTÍCULO 15°.- El Fondo Federal será participativo e incluyente de las dependencias y entidades de la Administración Pública, y podrá contar con la participación de los sectores académico, científico y tecnológico, público, social, financiero y privado, relacionadas con el objeto del Fondo y los objetivos establecidos en esta Ley.

    ARTÍCULO 16°.- El establecimiento y operación del Fondo Federal se sujetará a las siguientes bases:

    I. Su aplicación está sujeta a los principios y objetivos que establece la presente Ley;

    II. En cuanto al fomento de la cultura emprendedora, el Fondo podrá destinar recursos económicos y financieros, en forma directa, a personas y entidades que realicen actividades y proyectos orientados a los programas de educación empresarial, centros de innovación, formación de ecosistemas de negocios, financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas;

    III. En cuanto al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas, el Fondo podrá destinar recursos económicos y financieros a través otros fondos que sean administrados profesionalmente. A estos otros fondos se le entregarán los ordenamientos correspondientes que tenga por objeto el otorgamiento de apoyos y financiamientos para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

    IV. Serán beneficiarios de los recursos del Fondo las instituciones de educación desde nivel primario a universitario y posgrado, tanto públicas como privadas, centros de innovación, empresas de reciente creación, centros de innovación y demás personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para el fomento de la cultura emprendedora e impulso a los emprendedores, que contribuyan al desarrollo de la economía con base en el conocimiento y en la aplicación de innovaciones;

    V. Los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente de acuerdo a los requisitos, criterios e indicadores que se determine el Instituto, y las que se establezcan en las respectivas convocatorias que al efecto se expidan;

    VI. Los recursos del Fondo se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido destinados, su inversión será siempre en renta fija, la que garantice mayores rendimientos, y tendrá su propia contabilidad;

    VII. Los recursos y aportaciones destinados al Fondo que no sean erogados en el año serán acumulados al del siguiente Ejercicio Fiscal;

    VIII. Cualquier canalización o aportación de recursos al Fondo se considerará como erogación devengada del presupuesto del que provengan, por lo tanto, el ejercicio de los recursos deberá realizarse conforme a las reglas de operación del Fondo, y

    IX. El Fondo estará sujeto a las medidas de control, evaluación y auditoría gubernamental.

    TÍTULO SÉPTIMO

    DEL FONDO ESTATAL PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA E
    IMPULSAR A EMPRENDEDORES

    ARTÍCULO 17°.- Se crea el Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, con la partida anual que se establezca en Presupuesto de Egresos de la Federación.

    ARTÍCULO 18°.- Podrá́ recibir recursos del Fondo Federal existente destinado al impulso de emprendedores en proceso de creación de nuevas empresas, al desarrollo de empresas de reciente creación y al fomento de la cultura emprendedora basada en la innovación, manteniendo las reglas de operación y legislación correspondiente según el fondo.

    Su integración, funcionamiento y operación estará́ a cargo del Instituto, y se aplicarán conforme a lo dispuesto en esta Ley.

    TÍTULO OCTAVO DE OTROS FONDOS

    ARTÍCULO 19°.- El Gobierno Federal, así́ como el Fondo Estatal, podrá́ constituir otros fondos de manera coordinada con dependencias y entidades de las Administraciones Publicas Federal, Estatal y Municipales, con universidades, instituciones, organismos nacionales y extranjeros, y con cualquier otra persona física o moral, pública o privada, cuya finalidad principal sea el logro y cumplimiento del objeto y objetivos de esta Ley y el Programa Estratégico en forma sustentable.

    ARTÍCULO 20°.- En todos los casos, los beneficiarios serán seleccionados en forma competitiva y transparente de acuerdo a los requisitos, criterios e indicadores que se determinen en las reglas de operación de estos fondos, y las que se establezcan en las respectivas convocatorias que al efecto se expidan;

    ARTÍCULO 21°.- En cuando a los fondos orientados al apoyo, financiamiento o inversión destinada para la creación, crecimiento o desarrollo de nuevas empresas, empresas de reciente creación o empresas establecidas, deberán ser administrados profesionalmente por personal calificado para cumplir los ordenamientos correspondientes.

    Los fondos de participación extranjera a que se refiere este artículo serán constituidos en términos la Ley de Inversión Extranjera.

    TRANSITORIOS

    PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, en el termino de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá́ hacer las adecuaciones necesarias en el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía.

    TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá́ expedir el Reglamento de la Ley, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de este Decreto.

    CUARTO.- Para la Constitución del Fondo referido en la fracción I del artículo 14, así́ como para la operación del Instituto Nacional del Emprendedor, el Ejecutivo Federal deberá́ considerar los montos necesarios en su Proyecto de Presupuesto de Egresos que someterá́ a consideración de la Cámara de Diputados para el año fiscal correspondiente".

    IV. Consideraciones de las Comisiones

    Primera.- Las que dictaminan coinciden con la Senadora promovente en el sentido de que es necesario impulsar y fortalecer el régimen de emprendedores, quienes aportan un porcentaje importante a la economía nacional. Precisamente son las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), las que componen la columna vertebral de la economía nacional por lo que se requiere mejorar los procesos, condiciones y ubicación de nuevos mercados para las mismas.

    Segunda.- Que el pasado 14 de enero de 2013, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Economía", por el cual se crea el Instituto Nacional del Emprendedor.

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 BIS, de este Decreto, el Instituto Nacional del Emprendedor (En adelante INADEM) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

    El INADEM estará a cargo de un Presidente, quien será designado por el titular del Ejecutivo Federal.

    Al Presidente del Instituto le corresponde la representación legal y administrativa de ese órgano administrativo desconcentrado.

    Cabe destacar, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, el INADEM tiene un presupuesto de $10 mil 088 millones de pesos aproximadamente, esto representa la mitad del presupuesto de egresos que tiene asignado la Secretaría de Economía que cuenta con un presupuesto de $21 mil 183 millones de pesos.

    Tercera.- Queel INADEM cuenta con las siguientes atribuciones:

    I. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;

    II. Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras;

    III. Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas;

    IV. Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia;

    V. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipales, con las organizaciones del sector privado, instituciones académicas, organizaciones y entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en beneficio del desarrollo económico nacional;

    VI. Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le asignen para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de convenios específicos;

    VII. Definir y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores del país, bajo esquemas con cargo a recursos federales, o esquemas de recursos compartidos o mixtos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, el sector privado y el sector académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su aplicación;

    VIII. Canalizar recursos públicos a proyectos estratégicos, de carácter regional o sectorial, en los que podrán intervenir una o varias empresas que no sean de las comprendidas en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuando se cuente con autorización expresa del Secretario de Economía y se cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

    a) Que se generen beneficios específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas o los emprendedores del país;

    b) Que se generen empleos de calidad en un número congruente con la naturaleza del proyecto, preferentemente en las micro, pequeñas y medianas empresas;

    c) Que el proyecto ayude a elevar la productividad del sector o región;

    d) Que sea determinante para completar el eslabonamiento de una o varias cadenas productivas, o

    e) Que el proyecto proporcione al sector o región un flujo importante de inversión que fortalezca y cree condiciones más propicias para las empresas de la región o sector.

    IX. Desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de agrupamientos regionales de innovación y financiamiento, que incidan en la creación, incubación, crecimiento, aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país;

    X. Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios;

    XI. Impulsar la coordinación de los fondos y programas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con los existentes para un fin análogo en otras instituciones de investigación y del sistema financiero mexicano;

    XII. Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas e inversionistas en el mercado empresarial mexicano;

    XIII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de emprendedores;

    XIV. Promover y generar acciones y mecanismos para incidir en los cambios que sean necesarios para consolidar un ambiente favorable para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, en especial en la materia regulatoria, de promoción, de capacidades y de financiamiento;

    XV. Conformar la Red Nacional del Emprendedor para lograr una adecuada y eficiente coordinación con todos los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional;

    XVI. Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor para dar seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra información de utilidad para la generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, observando las disposiciones legales en materia de información estadística;

    XVII. Realizar los estudios e investigaciones que permitan al Instituto contar con información relacionada con la innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los agrupamientos regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores;

    XVIII. Impulsar estudios e investigaciones que permitan reconocer los óptimos encadenamientos productivos regionales, sectoriales y globales; sinergias entre las empresas incubadas, así como plataformas tecnológicas que permitan compartir eficientemente las oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia de conocimiento en innovación;

    XIX. Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo;

    XX. Desarrollar sistemas de información integrales, así como bases de datos, que permitan contar con información detallada relacionada con los esquemas de financiamiento, obtención de capital y de los procesos de acceso y otorgamiento de los créditos en el sistema financiero relacionados con emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas;

    XXI. Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores;

    XXII. Participar, al interior de la Secretaría de Economía, en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, en los asuntos de su competencia;

    XXIII. Formular y proponer al Secretario para su aprobación las políticas, criterios generales, lineamientos, normas y elaboración de manuales y procedimientos institucionales para el mejor desarrollo de las funciones del Instituto, así como los anteproyectos de las reglas de operación de los programas de su competencia;

    XXIV. Impulsar la creación y consolidación de empresas que contribuyan al desarrollo sustentable;

    XXV. Establecer acciones, programas, instrumentos y esquemas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por desastres naturales para reactivar su actividad económica;

    XXVI. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, exposiciones y otros eventos de carácter nacional e internacional que se relacionen con las atribuciones previstas en este artículo;

    XXVII. Definir los mecanismos de evaluación de los proyectos, programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;

    XXVIII. Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los programas, instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto;

    XXIX. Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores, el acceso al financiamiento;

    XXX. Elaborar y administrar los registros que tenga a su cargo el Instituto;

    XXXI. Diseñar y coordinar las acciones, programas, directrices, instrumentos y esquemas para promover y fomentar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados interno y externo;

    XXXII. Coordinar acciones en materia de oferta exportable con las instancias públicas competentes;

    XXXIII. Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para su integración a la cadena productiva como proveedores o distribuidores, y

    XXXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o administrativas, así como las que le encomiende el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario.

    Cuarta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 TER del decreto en comento, el INADEM contará con un Consejo Consultivo, el cual fungirá como un órgano de consulta y tendrá las siguientes funciones:

    I. Asesorar al Instituto en la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, a solicitud de su Presidente;

    II. Recomendar acciones para mejorar políticas, programas y acciones específicas del Instituto que respondan a las necesidades económicas del país;

    III. Analizar los asuntos que en casos específicos someta a su consideración, el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor;

    IV. Hacer propuestas para impulsar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores;

    V. Asesorar al Instituto cuando así lo solicite su Presidente, respecto de la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios, y

    VI. Hacer recomendaciones con base en los resultados de las acciones orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores.

    El Consejo estará integrado por el Secretario de Economía, quien lo presidirá, el Subsecretario de Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de Comercio Exterior, el Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes tendrán derecho de voz y voto. Los miembros podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior.

    El Consejo Consultivo contará con un Secretariado Técnico, el cual estará a cargo del Presidente del Instituto.

    El Consejo tendrá como invitados a un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la Secretaría de Turismo, un representante de PROMEXICO y un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el Presidente del Consejo podrá invitar a representantes del sector privado y académico, así como a un representante de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Los invitados tendrán solo derecho de voz.

    El Secretario de Economía emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo.

    Quinta.-Que el artículo 57 QUATER de este decreto en comento, dispone que el INADEM contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con un Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, un Director General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, un Director General de Programas de Desarrollo Empresarial, un Director General de Programas de Emprendedores y Financiamiento, un Director General de Programas para MIPYMES y un Director General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores, así como con el personal que se determine en su estructura orgánica, los cuales tendrán las funciones que se establezcan en el Manual de Organización.

    Cabe mencionar, que el pasado 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor", el cual tiene porobjeto regular la organización y funcionamiento interno del INADEM.

    Sexta.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo llegar a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la opinión de la iniciativa en comento, observando el siguiente criterio:

    "…. Que el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) establece que la creación de un organismo descentralizado obedece únicamente a los siguientes objetivos: 


    I) La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

    II) La prestación de un servicio público o social, y

    III) La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

    Por otra parte, a fin de constituir un organismo descentralizado, al cual se atribuirá la prestación de un servicio público que originariamente correspondería a la Administración Pública Centralizada, debe analizarse si las funciones que pretenden descentralizarse deben efectivamente ser desarrolladas por un ente distinto a la Administración Pública Federal (APF), o si por la naturaleza de dichas funciones, corresponde exclusivamente a esta última su ejecución.

    Por mandato de la LFEP, ley reglamentaria del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM), los organismos descentralizados de la APF deben contar con determinada estructura, como bien refiere dicha propuesta.

    El hecho de crear un organismo descentralizado, implicaría necesariamente el incremento de gasto corriente en materia de servicios personales y gastos de operación, con la consecuente reducción de recursos disponibles para la ejecución de otros programas federales de carácter prioritario.

    Para que la propuesta pueda ser llevada a cabo debe señalarse una fuente alterna de financiamiento, por lo que se requiere tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto…."

    V. Resolutivo

    Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa de la Senadora promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, han quedado atendidas con la expedición de los siguientes ordenamientos jurídicos:

    1. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 2013.

    2. Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2013.

    3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2014.

    En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

    ACUERDO

    Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional del Emprendedor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 08 de octubre de 2013.

    Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida.

    Sala de comisiones del Senado de la República, el 8 de octubre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






    PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 26 Y 44 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 26 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 44 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SUSCRITA POR EL SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

    Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

    Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

    I. Metodología de Trabajo

    Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

    En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

    En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada por el Senador promovente.

    En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

    II. Antecedentes

    1. El 17 de octubre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 26 y se adiciona un artículo 44 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su análisis y dictamen correspondiente.

    III.- Contenido de la Iniciativa

    La iniciativa tiene por objeto:

    - Establecer diversos mecanismos para el caso de las renovaciones de los contratos de servicios de las dependencias gubernamentales derivados de una licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, entre los que se encuentran:

    1. La renovación de estos contratos podrá realizarse sin necesidad celebrar un nuevo procedimiento de adjudicación, siempre que así lo convengan sus intereses.

    2. Se deberá comunicar al Comité y al Organo Interno de Control a más tardar en la sesión siguiente a la autorización del Oficial Mayor o su equivalente.

    3. Las áreas operativas que lo pongan  a consideración del Oficial Mayor o su equivalente, deberán justificar ampliamente la convivencia de continuar con los servicios de que se trate, para lo que deberá emitir un dictamen, además de evaluar la calidad de los servicios recibidos. Señalando los beneficios económicos, sociales, administrativos, institucionales.

    4. Se indicará el monto y porcentaje del incremento en la contraprestación, que deberá ser un porcentaje inferior o igual al índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México. Tratándose de bienes adquiridos en moneda extranjera, podrá formularse la actualización que corresponda al tipo de cambio.

    IV. Consideraciones de las Comisiones

    Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente en el sentido que los recursos públicos deben de administrarse de manera eficiente y transparente como lo mandata nuestro marco constitucional.

    Segunda.- Que el artículo 134 párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante CPEUM), dispone lo siguiente:

    “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

    Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado…”

    Tercera.- Que la Ley de Adquiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (En adelante LAASSP), es rreglamentaria del artículo 134 de la CPEUM, en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

    a) Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

    b) Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

    c) La Procuraduría General de la República;

    d) Los organismos descentralizados;

    e) Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

    f) Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

    Cuarta.- Que el artículo 24 de la LAASSP, establece que las dependencias y entidades para convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

    Así, las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que de acuerdo con la naturaleza de la contratación, asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, siendo estas;

    a) Licitación pública;

    b) Invitación a cuando menos tres personas, o

    c) Adjudicación directa.

    Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

    Cabe mencionar que las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

    Quinta.- Quela licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

    Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

    La licitación pública podrán ser con el carácter de nacional, internacional bajo la cobertura de tratados e internacionales abiertas.

    Sexta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la LAASSP, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

    Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública.

    Séptima.- Que el pasado, 02 de abril de 2014, la Secretaría de Gobernación, por conducto del titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, envío a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, el oficio SELAP/300/542/2014 que contiene opinión de la Secretaría de Economía, en relación a la iniciativa materia del presente dictamen.

    La Secretaría de Economía emite el siguiente criterio:

    “… Esta Secretaría de Economía considera que la iniciativa no es viable, toda vez que los artículos que se pretenden reformar resultarían inconstitucionales en razón de que los mismos violarían lo establecido por los párrafos tercero, cuarto, séptimo y último del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que la LAASSP no puede ir más allá de lo establecido por la CPEUM, provocando que el articulado que se pretende reformar con la iniciativa fuera inconstitucional al establecer un nuevo método de contratación.

    Por lo tanto, la iniciativa excede el marco legal de la LAASSP al constituir un nuevo procedimiento de contratación (por renovación), sin estar reconocido en la CPEUM y mucho menos en la propia ley…”

    V. Resolutivo

    Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, estas dictaminadoras consideran que al pretender establecer en la LAASSP la figura de la renovación de contratos de servicios derivados de una licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento de adjudicación, se estarían violentando el principio de “imparcialidad” a que se refiere el párrafo quinto del artículo 134 constitucional, al establecer que cuando las licitaciones públicas de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Por lo que en este caso se estaría actuando con imparcialidad y desventaja para los participantes.

    En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

    ACUERDO

    Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 26 y se adiciona un artículo 44 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 17 de octubre de 2013.

    Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida.

    Sala de comisiones del Senado de la República, el 8 de octubre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






    Uno de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE AMPARO

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE
    ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.

    En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

    METODOLOGIA

    1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

    2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

    3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

    4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

    5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

    Fundamentos legales y reglamentarios.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

    DICTAMEN

    I.- Antecedentes Generales

    1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 25 de abril de 2014, los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.

    2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

    II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

    Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las razones siguientes:

    1. Señalan los Senadores que “dentro del juicio de amparo, la suspensión significa la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar, paralizar temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del amparo; tiene como objeto paralizar o impedir el acto reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen.” Asimismo, respecto de la previsión establecida en el artículo 190 de la Ley de Amparo y los relativos en la Ley de Amparo abrogada, señalan que “lo relevante de la disposición en comento es la intención de proteger a los trabajadores del peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, sin embargo no obstante que la facultad de decidir en qué casos esta medida es necesaria, la Suprema Corte ha emitido criterios orientadores que han llevado al juzgador a negar indefectiblemente la suspensión, salvo los casos que los propios criterios señalan, hasta por un monto suficiente que discrecionalmente garantice la subsistencia del trabajador por el tiempo de duración del juicio de garantías y así este puede variar de un Tribunal a otro en mayor o menor medida según la estimación subjetiva que cada Presidente de Colegiado considere prudente y si bien el tercer párrafo del precepto legal en cuestión, así como el segundo párrafo del artículo 174, prevén la procedencia del otorgamiento de una garantía para evitar la ejecución del laudo aun por ese lapso, la Suprema Corte ha coincidido en que esa garantía debe ser obligatoriamente en efectivo y que además la misma debe ser entregada al trabajador, esto en interpretación del mencionado artículo 174.”

    2. En ese contexto, los legisladores iniciantes puntualizan que “es loable la intención de ambas jurisprudencias sustentadas en un principio moral y de conciencia; empero, no se puede pasar por alto que esa entrega hasta antes de que se dicte una sentencia de sobreseimiento o de negativa de amparo pudiera implicar la privación de propiedades o posesiones de una persona que aun no ha sido vencida en juicio, de ahí que quizá la entrega en cuestión deba esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que con ello se protegerían los intereses de ambas partes, pues por un lado el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por el otro, la patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no admita impugnación, alguna le sea favorable, tomando en consideración que la protección de la subsistencia del trabajador es solo una garantía y no propiamente un pago. Sobre todo, si la necesidad de acudir en diversas ocasiones a un juicio de amparo obedece evidentemente a que fue objeto de violación de garantías por la autoridad responsable, y ante esa circunstancia las cantidades entregadas pudieran llegar a superar incluso el monto total a que tuviera derecho el trabajador, máxime si el laudo final le resulta absolutorio al demandado patrono, de qué manera vería realizado su anhelo de justicia al haber obtenido sistemáticamente la protección de la justicia federal, si los montos entregados van a ser irrecuperables por razones obvias.”

    3. Finalmente, los legisladores iniciantes concluyen su argumentación manifestando que “como puede advertirse, no obstante que el supuesto de garantía de la subsistencia del trabajador por virtud de la suspensión de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, además de que este supuesto no se contenía en la Ley de Amparo anterior a la vigente a partir de abril del 2013, es claro que de los actos de ejecución debe conocer un Juez de Distrito en amparo indirecto, el cual donde también proveer sobre la suspensión, sin embargo el precepto legal antes transcrito hace alusión a que “el Presidente del Tribunal respectivo” a su juicio, al conceder la suspensión no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, situación que por jurisprudencia, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya contemplaba garantizar esa subsistencia en amparo indirecto cuando era dable que un juez de Distrito conociera de amparo contra laudo si como violación señalaba igualmente la omisión o el irregular emplazamiento, lo que hace suponer que el legislador, pretendía proteger esa subsistencia pero respecto de actos posteriores a la emisión de un laudo que no permite ya defensa alguna, lo cual, indudablemente es totalmente correcto, empero, dejaría de tener razón la disposición legal en estudio artículo 190 de la nueva Ley de Amparo, que prevé un supuesto en el que como ya se ha dicho, la parte patronal quejosa aún no ha sido vencida en juicio mientras esto no ocurra, no existe justificación más allá de la moral para que el monto que otorga como garantía de la referida subsistencia sea entregado a su contraparte si aún no se define la concesión o negativa del amparo solicitado. De otra manera y por las mismas razones en que se determina esta entrega, podría considerarse prudente que las garantías exhibidas sobre daños y perjuicios también se hagan efectivas antes de la resolución del fondo del amparo, para que el trabajador pueda disponer de ese fondo en beneficio de su precaria situación económica.”

    4. De esta forma, los Senadores puntualizan su propuesta al expresar que “por todo lo anterior consideramos conveniente que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador le sea entregada a este una vez que se dicte la ejecutoria que, en su caso, niegue el amparo o sobresee en el juicio, en búsqueda de una equidad para ambas partes, aprovechando que la interpretación del artículo 190 en comentario lo permite, pues este solo alude a la posibilidad del demandado patrón de garantizar la subsistencia del trabajador para evitar que el laudo se ejecute por el monto relativo a la duración de un juicio de amparo. Aun cuando la Cuarta Sala sostuvo en jurisprudencia que el monto o los montos entregados para la subsistencia del trabajo deberá deducirse del pago total, no se prevé que el laudo sea absolutorio y que por ende deba reintegrarse el monto entregado, lo cual sería materialmente imposible dada las condiciones económicas del trabajador y por ende quedara irreparablemente consumada una afectación en los bienes del quejoso sin haber sido previamente vencidos en juicio.”

    Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

    Texto vigente en la Ley de Amparo

    Texto propuesto por la iniciativa

    Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

    Artículo 190.-

    Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

    Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia que podrá garantizar mediante deposito, que será entregado al actor si el amparo es negado o sobreseído.

    Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.

    III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta

    El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

    Artículo 107.

    I. a IX. …

    X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

    Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

    XI a XVIII. …”

    En ese sentido, es claro que el Constituyente optó por dejar al arbitrio del legislador ordinario la determinación de los casos y mecanismos relacionados con el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva en el Juicio de Amparo.

    Con lo anterior es innegable que es a través de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución como el legislador ordinario puede regular los aspectos relativos a esta institución jurídica y, por lo tanto, su libertad solo está limitada por el respeto a los derechos fundamentales y a los principios básicos del sistema constitucional.

    En ese contexto, el artículo 190, segundo párrafo, de la Ley de Amparo regula la suspensión de los actos reclamados, en especial en materia laboral, de la manera siguiente:

    Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

    Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

    Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.”

    Asimismo, el artículo 152 de la Ley de Amparo, al regular los casos de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, siguiendo el criterio anterior, estipula lo siguiente:

    Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.”

    Con lo anterior se aprecia que el legislador ordinario ha establecido una protección para el trabajador tanto en los amparos promovidos en contra del laudo o resolución que ponga fin al juicio, como de los presentados para impugnar la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de dicho laudo, consistente en que solamente podrá obsequiarse la suspensión de los actos reclamados sobre lo que exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador por toda la duración del juicio.

    Esto implica que la autoridad responsable deberá asegurarse que el trabajador tenga asegurada su subsistencia durante el proceso de control constitucional y para ello ordenará que el patrón entregue, en efectivo, los recursos necesarios para lograr tal propósito, al trabajador.

    Como bien lo apunta la iniciativa, si bien esta determinación (entregar en efectivo el importe) no está contemplada de manera textual en la Ley de Amparo, existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación que así lo indican y que obligan a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a cerciorarse de que esa circunstancia sea cumplida.

    Así las cosas, los siguientes criterios jurisprudenciales establecen claramente que en aplicación del artículo 174 de la hoy abrogada Ley de Amparo –precepto que es recogido por el vigente artículo 190 de la nueva Ley de Amparo- tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, debe asegurarse la subsistencia de la parte obrera sin importar si el proceso se substancia por la vía del amparo directo o indirecto, pues por tratarse de una cuestión laboral la autoridad responsable se debe cerciorar que la parte obrera pueda subsistir la duración del juicio:

    “Epoca: Novena Epoca Registro: 201817 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Agosto de 1996 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.26 K Página: 740 SUSPENSION EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, el citado precepto es aplicable también a los casos en que se resuelve un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo indirecto porque en tratándose de la ejecución de un laudo, además de la regla que para su otorgamiento establecen los artículos 124 y 125 de la ley de la materia, tiene igualmente aplicación lo dispuesto por el artículo 174 de dicho cuerpo legal, en razón de que por tratarse de una cuestión laboral, debe evitarse a la parte obrera el peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Queja 20/96. Condominio Torre Palladio. 24 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Eduardo Flamand Merino.”

    “Epoca: Octava Epoca Registro: 231817 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Laboral Tesis: Página: 706 SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. APLICACION DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. En todos los casos en que corra peligro la subsistencia de la parte obrera o de sus beneficiarios, en tanto se resuelve el Juicio de Garantías, la suspensión es improcedente hasta por el importe de seis meses de salario; o sea que tal improcedencia se da no sólo en el amparo directo, sino en la vía indirecta ante el Juez de Distrito, pues la finalidad del artículo 174 de la Ley de Amparo es garantizar la subsistencia de la parte obrera, situación en la que está interesada la sociedad, sin importar la vía en que se ejercite la acción de amparo.

    SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente en revisión 246/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.

    Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción 5/90 resuelta por la Cuarta Sala, de la que derivó la tesis 4a./J. 13/90, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, página 249, con el rubro: "SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO."

    En el mismo sentido pero integrando elementos de convicción adicionales que permiten atisbar con mayor profundidad el alcance de esta figura jurídica encontramos la siguiente tesis de jurisprudencia que establece que toda vez que los laudos laborales son ejecutables de manera inmediata si no se solicitó la suspensión y, que en caso de haberse solicitado, el trabajador ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta de Conciliación y Arbitraje consideró procedente su acción, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir.

    “Epoca: Octava Epoca Registro: 207951 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 13/90 Página: 249 SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 5/90. Entre las sustentadas por el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de octubre de 1990. Cinco votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Emiliano Hernández Salazar.

    Tesis de jurisprudencia 13/90 aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el doce de noviembre de mil novecientos noventa. Cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan Díaz Romero, Carlos García Vázquez, José Martínez Delgado, Felipe López Contreras y Ulises Schmill Ordóñez.”

    Cabe hacer mención en este punto que esta protección que, por hermenéutica, originalmente solo había sido considerada para los trabajadores regulados por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución, fue ampliada a los trabajadores al servicio del Estado, por Tesis de Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se reforzó la importancia de la concepción de la subsistencia del trabajador, tal y como se aprecia a continuación:

    “Epoca: Novena Epoca Registro: 173433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 209/2006 Página: 819 SUSPENSION EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena. Contradicción de tesis 172/2006-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 29 de noviembre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

    Tesis de jurisprudencia 209/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil seis.”

    En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado claramente en tesis de jurisprudencia que se reproduce a continuación, que el dinero entregado al trabajador como parte del recurso necesario para su subsistencia no es un mecanismo de garantía sino parte de las prestaciones de la condena, habida cuenta de que ello constituye parte de la ejecución del laudo, pues no se otorgó la suspensión al quejoso sobre esa parte de la ejecución.

    Esto es, existe una diferencia sustancial entre la entrega del recurso para la subsistencia del trabajador y la entrega del monto económico que garantiza el pago de daños y perjuicios que puedan generarse si eventualmente se negara el amparo y la protección de la Justicia Federal, puesto que el primer supuesto está inmerso en el proceso de ejecución del laudo, es decir, es parte del cumplimiento de la resolución del tribunal del trabajo que beneficia al trabajador, y en el segundo supuesto se está ante un procedimiento adjetivo que la propia Ley de Amparo establece con la finalidad de salvaguardar los derechos e intereses del tercero perjudicado.

    Esa diferencia puede apreciarse claramente en la siguiente tesis de jurisprudencia de la antigua Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

    “Epoca: Octava Epoca Registro: 207822 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 58, Octubre de 1992 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 24/92 Página: 24 SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL. La cantidad de dinero que el trabajador actor recibe del demandado con el fin de asegurar su subsistencia mientras se resuelve el juicio de garantías promovido en contra del laudo condenatorio, forma parte de las prestaciones de condena, habida cuenta de que fue entregada al actor al haberse negado parcialmente la suspensión de la ejecución del laudo, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, esto es, en esa parte se ejecuta el mencionado laudo. En esas condiciones, resulta procedente que si se niega el amparo, en el incidente de liquidación respectivo se deduzca dicha cantidad de dinero del importe total de las mencionadas prestaciones laborales. Contradicción de tesis 64/91. Entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: José Manuel Arballo Flores.

    Tesis de jurisprudencia 24/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.”

    En ese contexto, es meridianamente clara la trascendencia de esta figura jurídica que permite proteger dos valores fundamentales en el Juicio de Amparo: i) la subsistencia económica del trabajador y su familia y ii) el derecho de acceso a la justicia a través de la entrega de recursos económicos al trabajador que le permiten continuar la substanciación del proceso de control constitucional.

    Es de advertirse que con esta modalidad aplicable a la suspensión de actos reclamados en materia laboral el legislador ordinario ha pretendido imponer una acción afirmativa que dé oportunidad al trabajador de hacer frente a los compromisos económicos que se le presentan, en especial cuando ha perdido de manera injustificada su empleo.

    Por la importancia que evidentemente reviste esta modalidad de la suspensión del acto reclamado, el Poder Judicial de la Federación ha sentado tesis aislada que establece reglas claras para decretarla, tal y como se aprecia a continuación:

    “Epoca: Décima Epoca Registro: 2003164 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.T.2 L (10a.) Página: 2157 SUSPENSION EN AMPARO DIRECTO LABORAL. REGLAS PARA DECRETARLA TRATANDOSE DE LAUDO CONDENATORIO. La suspensión del laudo favorable al trabajador en el juicio de amparo, considerando los valores que con ella podrían afectarse, se rige tanto por los principios generales aplicables a la suspensión del acto reclamado, como por principios específicos, pues además de observar los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo, deben seguirse las reglas particulares de los numerales 125 y 174 de la propia ley. Así, la medida cautelar no puede colocar al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, por lo que, previamente a otorgar la suspensión, el juzgador debe observar las siguientes reglas: 1. Calcular el tiempo en que ha de resolverse aquél (por regla general es de seis meses); 2. Descontar del importe total de la condena, la cantidad equivalente al salario que percibía el trabajador durante el plazo estimado de duración de la instancia de amparo, para que ese monto sea entregado en efectivo al obrero; 3. Por el sobrante, conceder al patrón la suspensión solicitada, pues sólo de esta forma la medida no afectaría la subsistencia del trabajador. Además, debe proveerse sobre los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al trabajador con la medida suspensional, que deben calcularse sobre el remanente de lo condenado una vez descontado el importe necesario para asegurar su subsistencia, pues la consecuencia jurídica de su otorgamiento, en caso de que no prospere la demanda de amparo intentada, no sería la pérdida de la cantidad materia de la condena, sino el menoscabo que le ocasiona no disponer, durante el tiempo que dure el juicio, de esos recursos (daños), lo que se traduce en el impacto que la inflación tiene sobre esa cantidad, por lo que debe actualizarse; así como la privación de las ganancias lícitas (perjuicios) que podría haber obtenido de incorporar dicha cantidad a su esfera jurídica (intereses); 4. Para computar los daños, debe acudirse al Indice Nacional de Precios al Consumidor como factor de actualización, previsto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se obtiene de dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el correspondiente al mes más antiguo, que se multiplicará por el importe del monto base para el cálculo de daños; y, 5. A efecto de calcular los perjuicios, lo prudente es tomar en consideración el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, o algún otro indicador similar, de los últimos seis meses, la que se dividirá entre doce, se multiplicará por la cantidad de la condena disminuida con lo fijado por la subsistencia y, luego, se multiplicará por los meses de duración estimada del juicio.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. Queja 44/2011. Trisa Comercial, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 2011. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

    Incidente de suspensión 28/2012. Gustavo Adolfo Villegas Nava. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

    Queja 18/2012. José Gerardo Rubio del Cueto Lara. 14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Saúl Silvestre Angel Godínez.”
    Con todo lo anterior podemos construir la visión que tanto el legislador ordinario como el Poder Judicial de la Federación han sostenido sobre prohibir la suspensión del acto reclamado cuando se reclama un laudo laboral que beneficia al trabajador, hasta por el monto necesario para su subsistencia, destacando los siguientes elementos:

    1. Busca asegurar que el trabajador que fue despedido injustificadamente pueda enfrentar los compromisos económicos primarios (comida, habitación, vestido, educación, etcétera) de él y su familia durante la substanciación del Juicio de Amparo;

    2. Pretende equilibrar la relación procesal entre patrón y trabajador, permitiendo que la parte obrera cuente con recursos económicos para hacer frente a los gastos y costas del juicio (pago de honorarios de abogados, trámites, etcétera);

    3. El recurso económico que se entrega al trabajador no es una medida de garantía otorgada por el quejoso (patrón), sino la ejecución de una parte del laudo que beneficia al trabajador;

    4. El recurso económico debe entregarse en efectivo al trabajador;

    5. La autoridad responsable (Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje) está obligada a cerciorarse que la suspensión del acto reclamado solamente se otorgue respecto de lo que exceda el monto necesario para la subsistencia del trabajador durante el juicio de garantías;

    6. Por estar relacionado con un proceso laboral, es de interés público y por ello debe protegerse debidamente el derecho del trabajador para contar con estos recursos que le permitan subsistir; y,

    7. Debe otorgarse sin importar la vía por la que se promueva el juicio –ya sea amparo directo o indirecto- y sin importar la naturaleza jurídica de la relación laboral –regulada por el Apartado A o por el B, del artículo 123 de la Constitución-.

    Ahora bien, la iniciativa propone modificar sustancialmente la concepción de esta figura jurídica pues argumenta que la entrega de ese dinero al trabajador puede traer perjuicios a la parte quejosa (patrón) en caso de que el juicio de garantías le sea favorable, pues de acuerdo con la Exposición de Motivos sería imposible que el quejoso recuperara tal monto, dada la condición económica tan precaria de la parte obrera, que para cuando se haya resuelto el juicio seguramente ya habrá erogado dicha cantidad.

    Asimismo, señala la iniciativa que la parte quejosa aún no ha sido vencida en juicio por lo que la entrega de esa cantidad debe constituir un mecanismo de garantía y no considerarse como un pago parcial de las obligaciones derivadas del laudo que beneficia al trabajador.

    Por estas razones, la iniciativa propone modificar el artículo 190 de la Ley de Amparo para establecer que no deberá entregarse al trabajador el dinero necesario para su subsistencia, sino que en su lugar la parte quejosa deberá depositarlo en una cuenta y, una vez que se concluya el juicio de amparo sería entregado a la parte obrera, con lo que de acuerdo a la Exposición de Motivos se protegería a ambas partes en el proceso.

    Al respecto es importante retomar varios de los puntos plasmados en las páginas anteriores, pues los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras diferimos sustancialmente con la argumentación vertida en la iniciativa de mérito.

    Como es de público conocimiento uno de los grandes productos jurídicos de la Revolución Mexicana fue la expedición de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 5 de febrero de 1917, pues en ellas se incluyeron diversos dispositivos jurídicos que aseguran la vigencia y protección de los derechos sociales que son base y fundamento de nuestro sistema jurídico.

    Destacaron entre estos derechos sociales los relativos a la propiedad social de la tierra consagrados en el artículo 27 de esa Constitución, a la educación pública establecido en el artículo 3o y, por supuesto los derechos laborales que encarnaron en el artículo 123 de ese documento fundacional.

    La inclusión de estos y otros derechos en la Constitución de 1917 fue, sin duda alguna, una exigencia de la realidad social que privaba en nuestro país, pero con el paso del tiempo esos estándares nacionales se convirtieron en un referente a nivel mundial, pues la comunidad internacional adoptó varios de ellos en sus propios regímenes jurídicos internos y pronto fueron recogidos por tratados internacionales.

    Así las cosas, la protección a los derechos de los trabajadores se convirtió en una piedra angular de todo el sistema de producción y económico, pues se prohibió continuar con los abusos que muchos patrones ejercían sobre la parte obrera, haciendo nugatorios derechos básicos como jornadas de trabajo adecuadas, salarios dignos, seguridad social, protección ante incapacidades o decesos, regulación sanitaria de condiciones laborales y, por supuesto, derechos procesales que permitieran que la diferencia socioeconómica entre las partes no fuera un obstáculo que inhibiera la salvaguarda del derecho de acceso a la justicia.

    Estas prerrogativas y derechos se consagraron posteriormente en la legislación secundaria que hasta nuestros días mantiene esos y muchos más mecanismos de protección a la parte obrera. Baste recordar que en fechas recientes la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tesis de jurisprudencia  que confirma y ratifica que figuras protectoras de la parte trabajadora en el Juicio de Amparo, como la suplencia de la queja, son constitucionales y acordes con el nuevo contexto de respeto a los derechos humanos, pues constituyen acciones afirmativas que permiten que el trabajador acceda al proceso jurisdiccional en un plano de mayor equidad frente al patrón, quien consistentemente cuenta con mayores recursos económicos, sociales y  educativos. Para mayor ilustración, a continuación se transcribe la tesis citada:

    “Epoca: Décima Epoca Registro: 2005259 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. CXXVIII/2013 (10a.) Página: 1595 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SOLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en la que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal. Amparo directo en revisión 3291/2013. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

    SEGUNDA SALA
    _______________
    Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. "Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

    Como se puede leer, el criterio de nuestro máximo tribunal constitucional sostiene que incluso en el nuevo contexto de respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, sí es proporcional y es necesario mantener un esquema de suplencia de la queja diferenciado entre patrón y trabajador, pues ello constituye una acción positiva para equiparar a ambas partes en el proceso de control constitucional y por ende no es violatorio de ningún derecho humano contemplar en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que la suplencia de la queja solo aplicará a favor del trabajador.

    En este contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que este criterio jurisprudencial no es aplicable solamente a la institución de la suplencia de la queja en materia laboral sino a todos los mecanismos adjetivos que en la materia propician una protección a los derechos de los trabajadores y permiten que este grupo poblacional acceda al derecho a la justicia con mayor igualdad frente a la parte patronal.

    Como es de conocimiento generalizado, en la mayoría de las ocasiones, en un juicio laboral el patrón cuenta con mayores recursos económicos que el trabajador, lo que le permite contratar mejores abogados para que lo representen y, además, al contar con un ingreso económico estable –lo que no tiene el trabajador que ha sido despedido- puede enfrentar de mejor manera el tiempo que dure un proceso jurisdiccional.

    Esto fue tomado en cuenta por el legislador ordinario quien ha considerado que una vez que el trabajador ha obtenido laudo favorable en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la substanciación del juicio de amparo promovido en contra de esa resolución no debe ser un obstáculo que haga nugatorio su derecho de acceso a la justicia, pues al no contar con recursos económicos para proveer de sustento a su familia, mucho menos los tendrá para sufragar los gastos y costas que surjan del juicio de control constitucional.

    Por ello, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso y tampoco pueden éstas revocar sus resoluciones, es necesario proveer el mecanismo que permita que dichos laudos sean ejecutados lo antes posible o, en su defecto, si se interpusiera un juicio de garantías, que se asegure la subsistencia del trabajador con parte de los recursos que ya ha ganado en el procedimiento laboral. Para mayor referencia se transcribe a continuación el numeral 848 señalado:

    “Artículo 848.- Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.”

    En congruencia con lo anterior, el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo establece que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación, es decir, el legislador ordinario proveyó un procedimiento breve de ejecución, precisamente para evitar que, como en otras materias, la ejecución de la resolución pudiera alargarse durante meses debido a la constante interposición de recursos legales. El mensaje del legislador y del sistema jurídico es muy claro: es necesario reconocer que el trabajador se encuentra en una posición asimétrica respecto del patrón y por ello sus derechos deben ser salvaguardados mediante mecanismos y acciones afirmativas que aseguren la equidad en la disputa jurisdiccional. Para mayor ilustración se transcribe el numeral citado:

    “Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación.

    Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.”

    En este escenario es bastante claro para los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras que la previsión normativa que prohíbe otorgar la suspensión del acto reclamado, cuando éste sea un laudo laboral a favor del trabajador, es una herramienta de justicia social que se inserta en un contexto de protección  de los derechos de un grupo social que normalmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a su contraparte patronal.

    Adicionalmente, es importante recordar que concordamos con los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación y consideramos que la entrega de los recursos económicos al trabajador para asegurar su subsistencia no son un mecanismo de garantía sino la ejecución parcial del laudo, a diferencia de lo sostenido por la iniciativa que interpreta tal entrega como un mero mecanismo adjetivo de garantía.

    Asimismo, diferimos de la interpretación que concede la iniciativa a las situaciones que pueden derivarse después de haber concluido el juicio de garantías pues si bien es cierto que es posible que al quejoso (el patrón) le sea otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, no lo es así que en esos casos éste tenga un menoscabo irremediable en su patrimonio, pues el procedimiento de ejecución de la resolución determinará los haberes y deberes de cada parte en el juicio.

    Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, estimamos necesario desechar la propuesta de reforma al artículo 190 de la Ley de Amparo, pues como se ha expresado ampliamente, modificar esta figura adjetiva del Juicio de Amparo vulnerará severamente uno de los mecanismos de protección de los derechos procesales de los trabajadores, dejando a muchos de ellos en un estado de indefensión material pues al no contar con los recursos necesarios para proveer a sus familias de los satisfactores básicos, mucho menos podrán hacer frente a las erogaciones inherentes a un proceso jurisdiccional.

    Además, consideramos también que ésta es una acción positiva o afirmativa que busca poner en un mismo nivel a ambas partes en el juicio y ello tiene su fundamento en el devenir histórico de nuestro país reflejado en nuestra Constitución.

    IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

    Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un profundo y muy responsable análisis sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo que establecería que los recursos necesarios para la subsistencia de la parte obrera en un Juicio de Amparo en la que el patrón impugnara un laudo que le es desfavorable, podrían ser depositados por la parte actora en una cuenta y solamente cuando concluyera el juicio de garantías serían entregados al tercero perjudicado o en su caso devueltos al quejoso.

    Después de desentrañar diversos aspectos que llevaron al legislador ordinario a ratificar esta medida en la Ley de Amparo vigente, nos hemos percatado que las razones que condujeron al Congreso de la Unión para incluirla en las leyes de amparo anteriores continúan vigentes.

    En ese sentido, como legisladores de la Unión propugnamos por la expansión de los derechos de todos los ciudadanos y por lograr un equilibrio en el ejercicio de dichas prerrogativas, para que todas las personas puedan tener garantizado su derecho de acceso a la justicia como base para la efectiva vigencia de todos los demás derechos consagrados en nuestra Constitución, los tratados internacionales y en las leyes.

    Reconocemos que a pesar de los muchos avances que hemos logrado en los últimos años, aún persiste la desigualdad sustantiva y adjetiva en muchas materias y, por ello, es nuestro deber como representantes de los Estados de la Federación y del Pueblo, consolidar mecanismos que permitan la equidad procesal inter partes en todas las ramas del derecho.

    En ese contexto es claro que no es posible acceder a lo propuesto por la iniciativa de mérito pues si bien busca que la parte patronal adquiera un mayor grado de certeza jurídica respecto del dinero que entrega al trabajador para su subsistencia durante el Juicio de Amparo, también hay que reconocer que para muchos trabajadores ese es el único ingreso económico que pueden conseguir mientras se substancia el proceso jurisdiccional, por lo que es de enorme trascendencia para él y su familia.

    Hay que recordar que esta entrega no es arbitraria puesto que para llegar a ella es necesario que la Junta de Conciliación y Arbitraje haya emitido laudo o resolución que ponga fin al juicio laboral y que en dicho laudo se haya reconocido el despido injustificado del trabajador, por lo que el recurso para la subsistencia del obrero es parte de las prestaciones que el tribunal ya ha resuelto a favor de éste.

    Pero más allá de esa consideración meramente técnica hay que reconocer que aún en la actualidad existe una diferencia sustancial entre el patrón y los trabajadores que son despedidos injustificadamente de sus empleos, pues mientras el representante patronal continuará obteniendo ingresos de sus medios de producción y con ello podrá enfrentar el juicio laboral y en su caso el de garantías sin mayores sobresaltos económicos, el trabajador se queda sin fuentes de ingresos, con una familia que sostener y además con un proceso jurisdiccional que podría durar meses y que reclama la contratación de abogados y pagos de gastos y costas.

    Ante ello es evidente que la situación material es absolutamente asimétrica y sin la existencia de mecanismos como el que se ha analizado en el presente dictamen, una gran parte de los trabajadores que enfrentan procesos de amparo promovidos por los patrones en contra de laudos que benefician a la parte obrera, desistirían de ellos por imposibilidad material y económica, lo que implicaría la denegación de la justicia a millones de personas y fomentaría que los patrones trataran de alargar lo más posible los procesos laborales para forzar a sus contrapartes a desistir o a aceptar arreglos perjudiciales para éstas.

    Ello contravendría todo el sistema de protección laboral que se ha construido en México durante casi un siglo y provocaría un retroceso mayúsculo en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

    Reconocemos que la protección de los intereses y derechos de los patrones también es igualmente importante pero en este caso, al existir una desigualdad material tan palpable, es evidente que la tarea del derecho es construir el andamiaje legal que permita que esa desigualdad material disminuya en el plano formal.

    Además, tal y como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, este tipo de medidas en la ley constituyen acciones afirmativas que buscan crear equidad procesal entre partes que se encuentran en posiciones asimétricas, lo que es absolutamente congruente con el nuevo entorno de vigencia y respeto a los derechos humanos consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.

    En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

    ACUERDO

    Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo.

    Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente concluido.

    Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE
    ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA






    Ocho de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CODIGO PENAL FEDERAL, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE TERRORISMO

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 259 BIS Y 260 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

    (Dictamen a discusión)








    PROYECTO DE DECRETO REFORMA EL ARTICULO 50 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso L), de la fracción I, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

    METODOLOGIA

    1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

    2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

    3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

    4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

    5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

    Fundamentos legales y reglamentarios.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

    DICTAMEN

    I.- Antecedentes Generales

    1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 09 de enero de 2013, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso L), de la fracción I, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

    II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

    El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las razones siguientes:

    1. Señala el Senador que “en 1990 se adicionó el título vigesimocuarto, capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal para incorporar el capítulo de delitos electorales, el cuál ha sido reformado en dos ocasiones, en 1994 y 1996, mejorando las condiciones de la contienda electoral con la finalidad de prevenir, a través de la amenaza de sanción penal, conductas que afectan a los procesos electorales. Asimismo, durante 2007 y 2008 se realizaron importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria en materia electoral en la búsqueda continua de perfeccionar la normatividad que rigen los procesos de elección de nuestros representantes populares.

    2. Continúa expresando el legislador que “se advierte que la competencia de los jueces federales para conocer de los delitos en materia electoral se limita a aquellos casos en que estos son cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, lo que restringe de gran manera su ámbito de competencia, dispersando en diversas autoridades la facultad de conocer de estos ilícitos, lo que además impide aprovechar la especialización de los órganos jurisdiccionales” y que “las conductas que describe el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal afectan al sistema político electoral mexicano en su conjunto, al atacar las instituciones y procedimientos dispuestos por nuestras normas fundamentales para llevar a cabo la elección de los representantes populares que habrán de regir los destinos de nuestro país, que es el sustento de la democracia representativa. De tal suerte, toda vez que se trata de fenómenos delictivos que vulneran bienes jurídicos de esencial importancia para la federación en su conjunto, consideramos que deben ser los tribunales federales los que conozcan de ellos en su totalidad.”

    3. Finalmente señala el Senador que “por tal motivo, se propone reformar el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de dotar de competencia a los jueces federales para conocer no solamente de los delitos cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, sino de todas las conductas previstas en el título vigesimocuarto del Código Penal Federal.”

    Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

    Texto vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

    Texto propuesto en la Iniciativa

    Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

    Artículo 50. …

    I. De los delitos del orden federal.

    I. ...

    Son delitos del orden federal:

    1. a k)
    2.  

    a) a k)

    l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y

    l) Los cometidos por o en contra de servidores públicos electorales, de funcionarios partidistas, de organizadores de actos de campaña, de administradores de recursos de los partidos políticos, en los términos del título vigesimocuarto del Código Penal Federal, y

    m)

    m)

    II y III.

    II y III.

    III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta

    Como puede apreciarse, la Iniciativa con proyecto de decreto tiene como fin incluir en la competencia de los jueces penales federales a las conductas constitutivas de delitos contempladas en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, cuando éstas sean cometidas en contra de cualquier personas que tenga un papel de organizador o dirigente en alguna campaña política.

    En efecto, de aprobarse la iniciativa de mérito se daría competencia a los juzgados penales federales para conocer de todos los delitos que se cometan en contra de organizadores de actos de campaña o de administradores de recursos de los partidos políticos, quienes son ciudadanos sin ningún cargo oficial en la Administración Pública Federal o en algún organismo autónomo de carácter federal.

    En ese contexto, es importante señalar que en últimas fechas se han dado diversas reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que deben ser tomadas en consideración antes de entrar al estudio de esta iniciativa.

    En el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014 se publicó el Decreto por el que se reforma, entre otros dispositivos, el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

    I a XX.- …

    XXI.- Para expedir:

    a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

    b) y c)

    XXII a XXX…”

    Con ello se creó una nueva distribución de competencias en materia electoral, pues el Constituyente Permanente determinó otorgar al H. Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General de Delitos Electorales.

    En atención a esta modificación, el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión del día 30 de abril de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Delitos Electorales.

    La Minuta fue remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su estudio y dictamen, la cual fue sometida a la consideración del Pleno de esa Colegisladora en sesión de fecha 14 de mayo de 2014, aprobándose en sus términos y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de mayo de 2014.

    La nueva Ley General de Delitos Electorales incluyó todos los supuestos posibles que se han derivado de la realidad que hemos vivido en los últimos procesos electorales, así como de un profundo estudio de los diversos regímenes jurídico-penales en la materia. Por ello, esta ley, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno y su función es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular, tal como se lee a continuación:

    Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.”

    Así las cosas, la nueva Ley General de Delitos Electorales establece en su Título Segundo todas las conductas consideradas como delito en la materia, con lo que se mejora sustancialmente la legislación al respecto, pues recoge lo mejor de los tipos penales del Código Penal Federal, de otros códigos penales locales y la experiencia que la realidad nos ha aportado en los últimos años.

    Además, los artículos 21 y 22 de la recién aprobada Ley General de Delitos Electorales establecen claramente la distribución de competencia entre las autoridades de la Federación y las de las entidades federativas, tal y como puede leerse a continuación:

    Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

    I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;

    II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

    III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o

    IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

    A. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales; o

    B. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la organización de algún proceso electoral local, en términos de lo previsto en la Constitución.

    Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.”

    Asimismo, el artículo 23 del citado ordenamiento legal establece la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno para coordinarse y prestar auxilio a la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en dicha ley, tal y como se aprecia a continuación:

    Artículo 23. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.”

    En ese contexto, es importante reconocer que con la reciente expedición de la Ley General de Delitos Electorales se ha creado un dispositivo legal que define claramente cuáles son las competencias de cada orden de gobierno en la materia, lo que es acorde a lo establecido en la reforma constitucional del mes de febrero de 2014 antes aludida.

    Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos que la iniciativa que se estudia ha quedado sin materia, pues el H. Congreso de la Unión ya ha aprobado la nueva Ley General de Delitos Electorales en la que se distribuye de manera precisa y detallada el ámbito de competencia de cada orden de gobierno en materia penal-electoral, cumpliendo debidamente con el mandato constitucional al respecto.

    Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar la Iniciativa que se ha estudiado.

    IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

    Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos analizado la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, encontrando que existe una imposibilidad jurídica que impide aprobarla, pues recientemente se han dado reformas importantes en la materia que han modificado sustancialmente el panorama y el marco normativo correspondiente.

    Es necesario subrayar que la necesidad de cumplir con el mandato constitucional vigente desde el pasado mes de febrero de 2014, llevó a este Senado de la República a analizar y discutir diversas iniciativas que expedían la nueva Ley General de Delitos Electorales.

    Después de meses de estudio y trabajo conjunto, los integrantes de este Senado de la República aprobaron la nueva norma jurídica que establece los tipos penales y distribuye las competencias en la materia, la que fue prontamente estudiada y aprobada también por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y enviada al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación.

    Con ello, el Poder Legislativo Federal cumplió su obligación de expedir la ley citada, en la que se incluyeron los temas que habían sido propuestos por la Iniciativa que se estudia, por lo que debe considerarse que en este tema, el Congreso de la Unión ya ha adecuado la legislación secundaria con los mandatos constitucionales y, por ello, esta Iniciativa con proyecto de Decreto ha quedado sin materia.  

    En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

    ACUERDO

    Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente concluido.

    Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






    PROYECTOS DE REFORMAS AL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, las Iniciativas siguientes:

    1. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    2. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

    METODOLOGIA

    1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

    2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a las Iniciativas con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

    3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a los temas que las componen.

    4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de las propuestas, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

    5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

    Fundamentos legales y reglamentarios.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de los proyectos de Decreto que se mencionan.

    Asimismo, considerando que ambas iniciativas están íntimamente relacionadas, pues abarcan la misma temática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran legalmente viable analizarlas en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes para conocer del asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

    DICTAMEN

    I.- Antecedentes Generales

    1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 21 de mayo de 2014, los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

    3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 04 de junio de 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

    II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

    Toda vez que las dos iniciativas proponen la misma modificación -derogar la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-, con lo que se eliminaría el recién aprobado haber de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sus argumentos son consistentes entre ellas, solamente mencionaremos que los legisladores iniciantes en ambos casos motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto debido a que consideran que la adición de dicha fracción, no guarda relación con los procesos electorales que fueron materia de la pasada reforma político-electoral y, por el contrario, dicha disposición es inconstitucional ya que le impone a la Comisión de Administración del citado Tribunal una atribución discrecional contraria a la política de sueldos en el Estado mexicano, establecida en la Constitución, carente además de los criterios que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país.

    Por ello, ambas Iniciativas con Proyecto de Decreto propusieron la derogación de la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

    Texto vigente

    Texto propuesto por la Iniciativa

    Artículo 209.- La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

    Artículo 209.-

    I a XXX.-

    I a XXX.-

    XXXI.- Determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior, y

    XXXI.- Se deroga

    XXXII.-

    XXXII.-

    III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta

    La Iniciativa con proyecto de decreto se centra en un  objetivo: Derogar la facultad de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior, la cual fue adicionada al publicarse la reforma de diversas leyes en el marco de la reforma política-electoral, en el Diario Oficial de la Federación del pasado 23 de mayo de 2014.

    No obstante lo anterior, es importante señalar que en últimas fechas diversos legisladores presentaron sendas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado de la República, con esa misma intención.

    En atención a algunas de esas iniciativas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sesión del día 19 de junio de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza.

    La Minuta fue remitida al Senado de la República para su estudio y dictamen, la cual fue sometida a la consideración del Pleno de esta Cámara en sesión de fecha 19 de junio de 2014, aprobándose en sus términos y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de junio de 2014.

    Con la aprobación de la Minuta de referencia se derogó la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que coincide plenamente con la intención de las iniciativas materia del presente dictamen.  Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos que la iniciativa que se estudia ha quedado sin materia.

    Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar las Iniciativas objeto del presente Dictamen.

    IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

    Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con las consideraciones expresadas por los Senadores y Senadoras iniciantes,  relativas a la necesidad de derogar la atribución que se otorgó a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al publicarse parte de la llamada Reforma Política-Electoral.

    No obstante lo anterior, es necesario advertir que esa concordancia con lo expresado por los legisladores iniciantes, llevó a este Congreso de la Unión a analizar y discutir el tema en un Período Extraordinario de Sesiones, en el que se aprobó la derogación de la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, enviándose el proyecto de Decreto respectivo al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación.

    Con ello, el Poder Legislativo Federal concluyó la revisión de esta temática y determinó que era viable y necesario derogar la facultad antes mencionada, por lo que debe considerarse que en este tema, el Congreso de la Unión ya ha adecuado ese ordenamiento legal y, por ello, estas Iniciativas con proyecto de Decreto han quedado sin materia.  

    En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar el contenido de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación materia del presente dictamen, por lo que si fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asuntos totalmente concluidos.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

    ACUERDO

    Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    Artículo Segundo. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI, del artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    Artículo Tercero. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asuntos totalmente concluidos.

    Senado de la República, el 25 de noviembre de 2014.

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 142 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

    (Dictamen a discusión)

    COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA
    Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

    H. ASAMBLEA:

    A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.

    En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

    METODOLOGIA

    1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras.

    2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

    3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

    4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

    5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

    Fundamentos legales y reglamentarios.

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

    DICTAMEN

    I.- Antecedentes Generales

    1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 15 de noviembre de 2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.

    2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

    II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

    El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las razones siguientes:

    1. Señala el Senador que la iniciativa “tiene como interés fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar un mayor plazo a los jueces para que puedan ordenar la detención de quienes hayan cometido delitos graves y con ello evitar que la impunidad sea la constante realidad en el país”, pues de estudios publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogra y el Delito (UNODC) se desprende que en México en los primeros cinco años del sexenio anterior fueron “detenidas medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal integrados, como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras, lo cual deriva en que el 95 por ciento de los delitos queden en la impunidad.

    2. Continúa manifestando el legislador que “ante ello, es urgente una reforma al Código Penal Federal que permita aminorar las cargas de trabajo en los juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una orden de aprehensión en delitos graves y con ello evitar que quien haya incurrido en este tipo de conductas no pueda evadirse de la acción de la justicia” pues “hoy, el juez cuenta únicamente con veinticuatro horas para la emisión de la orden de aprehensión o su negativa por delito grave. Esta iniciativa propone la modificación de dicho numeral, con el objeto de que el juzgador cuente con mayor tiempo para que emita esa resolución, toda vez que dicho plazo resulta insuficiente.”

    3. Finaliza el legislador manifestando que “se propone la modificac