Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 18 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 32



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 09 de Diciembre de 2014

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II.CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

A. Consideraciones generales

PRIMERA. Existen campos de ejercicio de los derechos humanos en los que resulta indispensable una serie de garantías reforzadas, que bien pueden aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la Ley, en tanto que el bien jurídico que protegen arropan a colectivos que requieren una atención especialmente cualificada, para evitar su marginación, exclusión, o discriminación. Una de esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que atañe a la situación de las personas con discapacidad, quienes a lo largo de las últimas décadas han comenzado a ser tuteladas por instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, tendientes a remover y abolir las barreras que impiden y/o dificultan su plena integración social y el ejercicio de sus derechos cívicos.

SEGUNDA. A pesar de los innegables empeños que han sido dedicados a mejorarla, la condición de las personas con discapacidad en el mundo ha seguido la misma ruta de dualización que se ha abierto en las últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la educación, la protección social, el empleo, la accesibilidad al medio físico, los servicios sociales y de apoyo, el consumo, la cultura, el ocio, el deporte, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes tradicionales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad.

TERCERA. En los inicios de la segunda década del milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva implica mucho más que la incorporación de las personas con discapacidad a todas las esferas del quehacer humano. Supone un modelo para impedir la exclusión y para exaltar que el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión.

CUARTA. En el marco de esta certeza, la educación y el empleo son, para las personas con discapacidad, elementos determinantes del proceso de integración social y los cimientos de la igualdad y la dignidad como bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad. La formación integrada en el sistema educativo general produce ventajas innegables, siempre que el sistema disponga de recursos y herramientas especializados para la atención de las situaciones que lo requieran. En opinión de las dictaminadoras, el espíritu de las propuestas vertidas en este proyecto (adaptación del espacio, asignación de materiales didácticos, especificación de metodologías y técnicas, o profesionalización del personal docente) son factores que garantizan el éxito de la educación integrada, tanto como los soportes institucionales y normativos que, derivados de este ejercicio, consoliden su permanencia en el tiempo y su instauración definitiva en la cultura nacional. La educación encaminada a atender a las personas con discapacidad plantea en cada nación una labor de considerable complejidad. La estructura educativa de los países experimenta una presión cada vez mayor propensa a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudios, desarrollar aptitudes sociales y personales, incorporar tecnologías, priorizar la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar a los educandos para un mundo en rápida evolución. Para su efectiva cristalización, los foros de experiencias y buenas prácticas abiertos a la participación de la sociedad civil han demostrado ser una extraordinaria contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en esta materia y a la desdramatización de la complejidad que el proceso de integración en el sistema educativo comporta muchas veces para los profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas.

QUINTA. Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en 2010 más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapaci­dad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Según la Encuesta Mundial de Salud (EMS), elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 785 millones de personas (15.6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La EMS señala que, del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2%) tienen dificultades muy significativas de fun­cionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3.8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Sólo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”. Las fuentes localizadas por las codictaminadoras sobre la discapacidad coinciden en señalar que ésta afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnera­bles. Datos de la Encuesta Mundial de Salud 2010 indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas a base de indicadores múltiples en países seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las fami­lias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los demás niños.

SEXTA. En junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial dieron a conocer el Informe Mundial sobre Discapacidad, cuya información se basa en los datos del WorldHealthSurvey de 2002-2004 que se realizó en 59 países. Según el documento, la prevalencia promedio de la población con discapacidad adulta es del 15.6%, 650 millones de personas. En los países con mayores ingresos fue de 11.8%, mientras que la prevalencia aumenta a 18% en países con menores ingresos. En promedio, 2.2% de la población mundial, es decir 92 millones de personas, viven con dificultades de movilidad o funcionalidad severas. La prevalencia aumenta con la edad, comenzando a los 45 años (11 al 18% de la población dependiendo si es un país de mayores a menores ingresos), llegando a representar más del 40% hasta el 60% de la población mayor de 75 años. En 1970 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se estimaba en 10% cuando la edad promedio a nivel mundial era de 22.4 años. Hoy la prevalencia de la discapacidad ha aumentado a 15%, es decir, aumentó 5% y la edad promedio mundial aumentó a 28 años. De seguir esta tendencia, explica el texto, se podría concluir que para el año 2050 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial será de 35 %. Ello demuestra “que la prevalencia de la discapacidad como un hecho médico no se puede prevenir. Segundo, lo importante sobre la prevalencia de discapacidad en la población mundial no es que el porcentaje continúe en ascenso sino que la discapacidad hoy se asocia con poca participación o inclusión social y altas tasas de desempleo, así como la pobreza”. Es decir, en 2050, de no cristalizarse el cambio de paradigma sobre la discapacidad –tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-, el 35% de la población mundial vivirá en situación de exclusión y pobreza.

SÉPTIMA. En relación al derecho a la educación, el Informe de la OMS y el BM destaca que “los niños con discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no discapacitados (sic) de ingresar en la escuela, permanecer en ella y superar los cursos sucesivos”. Según el texto, “el fracaso escolar se observa en todos los grupos de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado en los países más pobres. La diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños no discapacitados (sic) que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la India hasta el 60% en Indonesia. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos porcentajes de matriculación en la escuela primaria, como los de Europa oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela”. En términos de género, la agencia internacional señala que, a nivel global, el 61.3% de los hombres sin discapacidad han completado su educación primaria y en promedio ha recibido 7.03% de educación; mientras que solamente el 50.6%, es decir 10% menos, los hombres con discapacidad han completado su educación primaria con 5.96 años de educación en promedio; es decir, un año menos que los hombres sin discapacidad

OCTAVA. El principio que universaliza el derecho a la educación fue consagrado por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que explícitamente afirma: “Todos tienen derecho a la educación”, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en su nivel primario. Hacia 1960, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adopta la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que prohíbe “destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o colocar a una persona o grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana”. La garantía de la no discriminación también se hace presente en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de la Educación para Todos – tanto en la Declaración de Jomtién (1990) como en la de Dakar (2000).

NOVENA. En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales fue sustancial para consolidar el concepto de Educación Inclusiva (en contraposición al concepto de Educación Especial) al interior de los marcos jurídicos domésticos, que desde hace unas décadas han incorporado de manera específica los derechos de las personas con discapacidad. El primer instrumento relevante en esta materia es la resolución de Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 1993. Este marco afirma el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad, y especifica además que esto debe ocurrir “en entornos integrados”, velando porque “la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza”. Además, observa que la educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación, condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos para atender las necesidades de personas con diversas discapacidades. La resolución, además, advierte a los Estados sobre la importancia de contar con una política claramente formulada, que sea comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general, además de permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables, pudiendo añadirle distintos elementos según sea necesario, proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de apoyo.

DÈCIMA. Un año más tarde, en 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educacionales Especiales, promovida por el gobierno español y por la UNESCO, de la cual fueron signatarios representantes de cerca de 100 países y diversas organizaciones internacionales. El espíritu de esta declaración es el del “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para todos’, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”. La declaración deja claro que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de sus estudiantes, y no al revés. La Declaración de Salamanca subraya que el enfoque inclusivo es importante no solamente para las personas con discapacidad, sino que para el conjunto de estudiantes ya que promueve valores y posturas de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos.

DÉCIMA PRIMERA. Cinco años más tarde, en 1999, se aprueba otro marco clave: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de Deficiencia, conocida también como Declaración de Guatemala. Esta Convención reconoce que la discapacidad sigue siendo un grave obstáculo a la plena participación en la vida social, cultural, económica y educacional de la región, y parte de la premisa de que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidad. De ahí se reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se considera que cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad es una violación de sus derechos fundamentales. La declaración reconoce la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a la población con discapacidad mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad. De acuerdo con esta concepción, la discapacidad no es un rasgo individual, sino que es en gran medida efecto de un entorno hostil.

DÉCIMA SEGUNDA. En la misma década de los 90, la UNESCO -reconociendo el derecho a la educación para todos y en aprecio a la diversidad-, propuso una transición del enfoque educativo homogeneizante a uno inclusivo que asegura el ejercicio del derecho a la educación de los grupos históricamente excluidos, entre ellos las personas con discapacidad, y reconocido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación inclusiva se plasma finalmente en los Acuerdos Ministeriales de la 48 sesión de la UNESCO, entendiendo que el sentido primordial de la educación, debe ser garantizar la participación de todas y todos para la vida, en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento. De modo que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual, que permita avanzar hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento. Así, se entiende a la educación inclusiva como el principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos.

Como compromiso en el Acuerdo Ministerial allí suscrito, México se comprometió a:

Adecuar las legislaciones educativas internas en materia de derechos humanos, en correspondencia con los estándares establecidos en los instrumentos internacionales. Aunado a ello, que consideren a la Educación Inclusiva para toda la vida, como un derecho público y social, tal como fue Declarado en la Conferencia Regional de Educación, en Cartagena, Colombia, en el mes de abril de 2008.

DÉCIMA TERCERA. En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la Observación General Nº 9 relativa a “Los derechos de los niños con discapacidad”, la cual reafirma el principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades, reiterando que la educación inclusiva “no debe entenderse y practicarse simplemente como la integración de los niños con discapacidad en el sistema general independientemente de sus problemas y necesidades”, debiendo la escuela adaptarse y hacer los ajustes necesarios para responder y acoger las personas con discapacidad. Esta observación introduce la idea de mantener servicios y programas de apoyo, inclusive de educación especial, siempre y cuando esté al servicio de la inclusión más eficaz de la persona con discapacidad en la clase regular, la que debe estar matriculada en los años que correspondan a la educación obligatoria.

DÉCIMA CUARTA. Por último, en diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, clave para la interpretación del derecho por su nivel de detalle. La Convención de las Naciones Unidas retoma la definición de “discriminación por motivos de discapacidad” presente en la Convención Interamericana y añade que la denegación de “Infraestructura razonables” también configura una forma de discriminación. Esta Convención entiende por “ajustes razonables” a las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida (…) para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Este concepto es importante cuando se trata de disfrutar del derecho a la educación en el sistema regular de enseñanza, el cual tendrá que responder a las necesidades y especificidades de los estudiantes con discapacidad. La Convención no sólo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela regular, prohibiendo que se les recuse la matrícula, sino también presenta requisitos y estrategias para su permanencia y éxito en la escuela, entre ellas, la puesta en marcha de ajustes razonables en función de las necesidades individuales; dar el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; y proporcionar medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Estas tres estrategias diferenciadas deben ser desplegadas, según explicita la Convención, “de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”, incluso la tercera, que supone la posibilidad de un apoyo adicional que extrapole el ambiente de educación regular. En este sentido, para que las medidas personalizadas sean efectivamente de apoyo y no sustituyan el derecho a tener acceso al ambiente escolar regular, deben ser impartidas en el contra turno y no en el mismo horario en que el estudiante frecuenta la clase común. En el plano legislativo, el artículo 4º, inciso 1, fracción A) de la CDPD, establece que los Estados Partes están obligado a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención” y en su fracción B) a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para modificar, o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.”

Cabe destacar que la Convención, desde su diseño en el primer periodo de sesiones del Comité especial en 2002, previó nuevos procedimientos para la participación de la sociedad civil. Esta participación se plasmó como obligación para los Estados Firmantes en el artículo 4º, inciso 3 cuya redacción especifica que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”

Es en este marco, y bajo el amparo de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que se detalla más adelante, se crea, al interior del Senado de la República, el “Mecanismo de Consulta y Diálogo para la Armonización de la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, del que derivan las propuestas descritas en el antecedente quinto de este proyecto.

DÉCIMA QUINTA. En el plano doméstico, en marzo de 2011 el Congreso de la Unión culminó el proceso federal de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, promulgándose el 9 de junio, tras las ratificaciones necesarias. La reforma constitucional sobre derechos humanos es uno de los instrumentos más destacados del Legislativo mexicano para hacer efectivos los derechos fundamentales. Para efectos de argumentación sobre el tema del dictamen, baste citar la modificación de los artículos 1º y 3º constitucionales. El primero de ellos especifica que los derechos, en vez de “otorgarse”, simplemente se “reconocen”. A partir de la reforma se estipula que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta modificación implica elevar a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México que, naturalmente, incluyen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), lo que se traduce en el fortalecimiento de la obligación del Estado mexicano de cumplir con la letra el espíritu de dicho tratado. En opinión del constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, con la reforma en este sentido, la Constitución “se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable”. En el mismo artículo 1º se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. La misma disposición señala, en el párrafo tercero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

En el caso del artículo 3º, la reforma establece que una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos.

DÉCIMA SEXTA. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó, en agosto de 2013, en la revisión del amparo directo 990/2013, que “todas las normas secundarias deben respetar los contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia e institución sustantiva o procesal que en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo establecen los parámetros mínimos que las normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la Norma Suprema haga referencia expresa a todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos se regulan”. Cabe mencionar que el referido pronunciamiento quedo señalado en la tesis aislada CCXXXVII/2013, que a la letra dice:

DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS SECUNDARIAS DEBEN RESPETAR LOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO INNECESARIO QUE ÉSTE HAGA REFERENCIA EXPRESA A TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE EN DICHOS ORDENAMIENTOS SE REGULAN.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una norma suprema de la Nación, organiza a los poderes del Estado y protege los derechos humanos, ya sea que éstos que éstos se encuentren contenidos en aquélla o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicanos sea parte; de ahí que todas las normas secundarias deben respetar los contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia e institución sustantiva o procesal que en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo establecen los parámetros mínimos que las normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la Norma Suprema haga referencia expresa a todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos se regulan; considerar lo contario, implicaría el riesgo de que alguna quedara fuera del control constitucional, lo cual es inaceptable, pues la Constitución no debe considerarse como un catálogo rígido y limitativo de derechos concedidos a favor de los gobernados, que deba interpretarse por los tribunales en forma rigorista o letrista, ya que eso desvirtuaría la esencia misma de los derechos, al no ser posible que en la actual complejidad política, económica y social de un medio cambiante como el nuestro, aquélla haga referencia específica a todas y cada una de las instituciones sustantivas o procesales reguladas en normas secundarias; por el contrario, los derechos humanos contenidos en la Constitución deben interpretarse en cuanto a principios e ideas generales que tienen aplicación en las referidas instituciones.

[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 724.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 293/2011 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, relativa a la definición constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, donde diez de los once ministros avalaron a favor que éstos tienen el mismo rango constitucional que los señalados en el Capítulo Primero “De los Derechos Humanos y sus Garantías” del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la constitución mexicana es la norma fundamental que articula el orden jurídico interno e internacional derivado de su principio constitucional de supremacía, además, de que ésta fija la directriz para la eficacia de los derechos humanos debido a que en ella existe un control de constitucionalidad y uno de convencionalidad. Además, el Tribunal Pleno, señaló que la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que el Estado Mexicano no se ha parte, será obligatoria para los jueces mexicanos, siempre favoreciendo a la persona.1

Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se manifestó a través de una tesis aislada en el mes de octubre de 2013, producto de la revisión del amparo 202/2013, en la cual el máximo tribunal del país reconoce y reitera dos niveles de análisis de la constitucionalidad, el primero de carácter ordinario y el segundo de carácter intenso, ambos encuentran su origen en los principios de control difuso y control de convencionalidad, respectivamente. La tesis aislada en referencia, CCCXII/2013, a la letra dice:

INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias de intensidad de control constitucional y el uso del principio de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta y cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma competencial de contenido limitado o de libre configuración, aun cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, página 1052.

DÉCIMA SÉPTIMA. Con fundamento en la CNPD, el 30 de mayo de 2011 fue expedida la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el propósito de establecer un marco jurídico capaz de delinear las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto normativo prevé un ordenamiento estructurado en 60 artículos distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos.

El Título Segundo de la Ley, “Derechos de las Personas con Discapacidad”, define de forma integral los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, lineamientos del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, así como el “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. Específicamente, el catálogo de disposiciones en materia educativa de la Ley establece lo siguiente:

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.

Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios.

Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad;

VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional;

IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana;

X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;

XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual;

XII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal;

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así la requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y

XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

DÉCIMA OCTAVA. La Ley General de Educación es un ordenamiento que establece la concurrencia de los órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en la educación que se brinda a través en las instituciones educativas y regula la participación de los particulares. Sus disposiciones definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

DÉCIMA NOVENA. La Ley contiene preceptos normativos cuya finalidad es sentar las bases jurídicas necesarias para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas especiales. En primer término, la norma establece que educación especial es una atribución exclusiva de las autoridades locales en cuanto a la prestación del servicio, esto es, cada entidad federativa dispondrá lo necesario para dar cobertura a las personas que soliciten la prestación del servicio. No obstante, tal como lo dispone el artículo tercero constitucional, la elaboración de los planes y programas así como la formación de profesores es una actividad que corresponde a la autoridad Federal con la participación de los sectores vinculados a los procesos educativos.

VIGÉSIMA. El artículo 41 de la ley define a la educación especial como aquella dirigida a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a quienes tengan aptitudes sobresalientes. Si bien la educación especial se desarrolla en el contexto de la educación básica y está comprendida en ella, por la naturaleza del servicio educativo que se presta, no se considera equivalente, porque atiende a los educandos de acuerdo a sus necesidades bajo una perspectiva de inclusión y equidad. Cabe destacar que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización deberán considerar la integración de los educandos a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos o, en su caso, satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje en centros especiales que procuren la convivencia social y productiva de quienes no logren su integración en los centros escolares regulares. La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como a los maestros y personal de las escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

VIGÉSIMA PRIMERA. El Congreso de la Unión ha participado activamente en las diferentes modificaciones a la Ley General de Educación en materia de educación especial, las cuales reflejan en buena medida los debates teóricos y técnicos respecto de la forma como debe ser atendida la población que presenta algún tipo de discapacidad, así como de quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes. De manera particular, el 12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al primero y segundo párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación. El propósito de aquella reforma fue “mejorar y fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de manera eficiente el servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales”, a través de incorporar en los libros de texto contenidos relativos a la discapacidad para favorecer una cultura de apertura hacia el potencial de las personas con discapacidad y, asimismo, hacer explícito el propósito de contar “con los recursos materiales y humanos que demandan la integración educativa de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, puntualizando la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Especial”.

VIGÉSIMA SEGUNDA. En el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2009, se llevó a cabo una segunda modificación al texto del artículo 41 de la ley, en la cual se establecieron nuevas bases para la identificación de las personas con aptitudes sobresalientes así como la promoción, desarrollo y aplicación de modelos educativos para alumnos, además de regular la obligación de la autoridad de emitir lineamientos específicos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior. Finalmente, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados aprobaron durante la LXI legislatura una nueva modificación al texto del artículo 41 a fin de precisar la conceptualización de personas con discapacidad en el mismo, reforma que fue publicada el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial.

VIGÉSIMA TERCERA. El 14 de diciembre de 2011, es decir, un par de meses antes de la remisión del instrumento al que se refiere el presente dictamen, el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, que fue recibida por la Cámara de Diputados el 01 de febrero de 2012. El texto del decreto fue el resultado de los trabajos realizados en el marco delMecanismo de Consulta y Diálogo para la Armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República y en el que participaron activamente diversas organizaciones de la sociedad civil de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las modificaciones la LGE derivadas de este Mecanismo fueron resueltas y aprobadas en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR EL SENADO
EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011

VIGÉSIMA CUARTA. Por lo que se refiere a la prestación de los servicios educativos a las niñas y niños con discapacidad, resalta el hecho de que no existe información reciente respecto de la cobertura, naturaleza de las discapacidades y población atendida en centros educativos regulares, información indispensable para el diseño de políticas públicas, al menos, en cuanto a su desarrollo educativo. La información oficial de que se disponía, proviene del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del año de 2004 denominado Las personas con discapacidad en México: una visión censal, (ISBN: 970-13-3590-2), en el cual se informa que, con información del Censo de Población del año 2000, en México se contabilizaron un millón 795 mil personas con discapacidad, equivalentes al 1.8 por ciento de la población nacional registrada en esa fecha. Cabe destacar que aquel censo definió persona con discapacidad a “aquella que presenta alguna limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. La cifra de personas con discapacidad ha sido actualizada en el reciente Censo de Población 2010, a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que describe que actualmente hay 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 48 por ciento son adultos mayores de 59 años, y 2 de cada diez son menores de 30 años. De acuerdo con el documento estadístico, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, sólo 378 mil 863 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no tiene instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la secundaria; el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres grados.

VIGÉSIMA QUINTA. El INEGI destaca que el 58.3% de la población con discapacidad tiene limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación de ver, 12.1% de las no puede oír, el 8.3% no puede hablar o comunicarse y el 8.5% tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad que tienen otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por causa de enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad desde su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. El censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número de personas que pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades escolares, independientemente de que está clara su necesidad especial educativa.

VIGÉSIMA SEXTA. Las dictaminadoras no dejan de observar que el estudio que ha sido referido ha sido elaborado recientemente y que aún faltan procesos de análisis más detallados. Otras cifras menos recientes indican que, hasta el año de 2009, de las poco más de 200 mil escuelas de educación básica que hay en el país, sólo en 27 mil 717 planteles, se recibe apoyo de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las 3 mil 577 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que significa que los maestros del 70 por ciento de las escuelas del país aún no cuentan con el apoyo especializado para atender a los alumnos con discapacidad. A través de las USAER se atendió a 466 mil 718 alumnos; 318 mil con necesidades educativas especiales y 148 mil con discapacidad y aptitudes sobresalientes. También se ha asesorado a través de los mil 676 Centros de Atención Múltiple, CAM, se dieron servicios a 59 mil 727 educandos con condiciones distintas a la discapacidad que asisten a escuelas regulares o a servicios de educación especial. Asimismo, los CAM brindaron atención a 99 mil 85 niñas y niños con discapacidad diagnosticada, además de 19 mil 634 personas en educación para el trabajo, 47 mil 069 padres de familia y 11 mil 473 profesores.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. El Informe Mundial sobre Discapacidad referido anteriormente señala que de los niños que acceden a la educación primaria en países de menores ingresos, la relación de conclusión de los estudios entre niños con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 puntos porcentuales. Según el documento, en México se provee al 0.73% de los niños con discapacidad de educación básica, mientras que solamente el 0.26% accede a la educación media superior. Del total de las 224 mil 768 escuelas de educación básica, únicamente 27 mil 259 cuentan con esquemas de apoyo de educación especial y solamente se cuentan con 1 mil 530 Centros de Atención Múltiple. El 12.12% de los centros educativos tiene capacidad para atender a alumnos con discapacidad mediante servicios de educación especial. Estos números evidencian que el derecho a la educación que promueve el sistema educativo nacional está aún lejos de responder a las necesidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos de las personas con discapacidad, sobre todo en términos de accesibilidad, ajustes razonables, formación de docentes, prácticas educativas, cobertura educativa, materiales didácticos, cultura incluyente, logro educativo y eficiencia terminal.

VIGÉSIMA OCTAVA.Finalmente, la Segunda Encuesta Nacional de Discriminación 2010, registra la percepción de las personas con discapacidad. En ella, el 17.7% de las personas con discapacidad refiere que no ha podido realizar actividades habituales de estudio o trabajo y para 23.8 % ha sido difícil o muy difícil. Siendo estas actividades donde ha sido más complicada su participación. Esta información evidencia la persistencia de prácticas excluyentes que violentan el derecho a la educación de millones de niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad en nuestro país.

VIGÉSIMA NOVENA.El modelo que actualmente ha adoptado la educación especial desde hace casi un década se orienta a la educación inclusiva, a fin de evitar efectos de exclusión, marginación o discriminación no deseados, enfocado a una comunidad educativa que se pretende incluyente con las personas con discapacidad, comprometida con el proceso de desarrollo de competencias, la sensibilización de los educandos y el fortalecimiento de las instalaciones para facilitar la accesibilidad al entorno físico. En este sentido, uno de los objetivos de los programas actuales de la educación especial es elevar el logro académico de los alumnos con necesidades especiales, así como el incremento de la cobertura y matriculación, paralelamente a la profesionalización del personal de educación especial y regular.

B. Consideraciones particulares sobre el contenido del Proyecto de Decreto

TRIGÉSIMA. Trazar el camino legislativo basado en el principio de inclusión educativa constituye una de las tareas más apremiantes del marco jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la educación han seguido un cauce positivo, dejando al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la construcción de mecanismos que garanticen no sólo el acceso universal al sistema, sino, además, que el servicio sea prestado con dignidad, igualdad y equidad. En esta transición, la consolidación de la identidad jurídica de las personas con discapacidad ha sido identificada como una de las variables más influyentes para el logro de la zancada cualitativa de la dinámica escolar.

TRIGÉSIMA PRIMERA Para las dictaminadoras, consolidar un modelo de educación basado en el principio de inclusión depende, en gran medida, de la existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su instauración en la cultura nacional, lo que implica la incorporación de herramientas que faciliten su instalación definitiva en el imaginario de los mexicanos. En esta tarea, la acción legislativa es indispensable para atender los señalamientos y tendencias internacionales en materia educativa, tanto como las demostraciones empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen estos propósitos.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Dado que en cada Cámara fueron presentados proyectos con objeto similar y redacciones encaminadas a actualizar la LGE en materia de educación inclusiva, al filo de la LXI Legislatura los integrantes de las comisiones de Educación de ambas Cámaras, en un esfuerzo de colaboración, analizaron los instrumentos de manera conjunta para obtener un nuevo proyecto de decreto, cuyo contenido recupera las aportaciones más importantes de las dos propuestas y constituye el texto normativo de este dictamen.

Cabe exaltar que el presente decreto incorpora una serie de modificaciones a los artículos 2, 10, 33, 41, 59 y 75, con el propósito de armonizarlo con las recientes reformas a la Ley General de Educación -publicadas el 11 de septiembre de 2013, lo que en ningún caso altera el sentido de los artículos originalmente modificados, salvo la redacción del nuevo párrafo sexto del artículo 41, cuyo contenido amplía las consecuencias jurídicas y el alcance de la propuesta convenida por las cámaras, pues incorpora a los maestros y personal de escuelas regulares de educación media superior (antes sólo contemplaba al personal de escuelas de educación básica) como sujetos de capacitación y orientación.

Derivado de lo anterior, se proponen devolver a la Cámara de Diputados –para sus efectos constitucionales-, el proyecto del presente dictamen.

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Segunda someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, penúltimo párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionan la fracción VI Bis al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; y el artículo 54 Bis, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I.-… a X.- ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV. a XIV. ...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 33. ...

I. y II.. ...

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;

III. a XVII....

...

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las escuelas de educación especial. En ambas modalidades se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme a la legislación nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los programas y modalidades que dicha autoridad determine.

Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ...

...

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ...

...

...

Artículo 75. ...

I. a XV. ...

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y

XVII.-…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.”.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los cinco días del mes de marzo de 2014.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

COMISIÓN ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks para presentar el dictamen correspondiente a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia, distinguidos legisladores.

Presento el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y Estudios Legislativos, Segunda que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

Voy a referir mi intervención a tres momentos: primero, el diagnóstico; segundo, el proceso que ha seguido esto y; tercero, cuál es el tratamiento que se está sugiriendo.

Diagnóstico.

Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en el año 2010 más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial. Según la Encuesta Mundial de Salud elaborada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca de 785 millones de personas, el 15.6 por ciento de 15 años y más, viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a los 985 millones de personas.

El informe mundial sobre discapacidad referido anteriormente señala que, de los niños que acceden a la educación primaria en países de menores ingresos, la relación de conclusión de los estudios entre niños con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 puntos porcentuales.

Según el documento en México, se provee al 0.73% de los niños con discapacidad de educación básica; mientras que solamente el 0.26% accede a la educación media superior.

Del total de las 2,224 mil 768 escuelas de educación básica, únicamente 27 mil 259 cuentan con esquemas de apoyo a educación especial, y solamente se cuenta con 1,530 centros de atención múltiples.

El 12.12% de los centros tiene capacidad para atender alumnos con discapacidad, mientras servicios de educación especial.

La cifra que produce el Censo de Población 2010, a cargo del INEGI, describe que actualmente 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 48% son adultos mayores de 59 años y dos de cada diez son menores de 30 años.

De acuerdo con el documento estadístico, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad, que se encuentra en edad escolar, solo 378 mil 863 asisten a la escuela.

Lo que hoy estamos presentando, es una minuta de la Cámara de Diputados, que tiene antecedentes desde legislaciones anteriores, y aprovecho para reconocer y agradecer a todos los miembros de la Comisión de Educación, y en especial, también, a la de Estudios Legislativos, Segunda, que preside mi amigo el Senador Alejandro Encinas.

En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales, fue sustancial para consolidar el concepto de educación inclusiva, en contraposición al concepto de educación especial; al anterior o al interior de los marcos jurídicos domésticos, que desde hace unas décadas han incorporado de manera específica los derechos de las personas con discapacidad.

La educación inclusiva se plasma, finalmente, en acuerdos ministeriales. De la 48º Sesión de la UNESCO, entiendo que el sentido primordial de la educación, debe ser garantizar la participación de todas y todos para la vida; en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento.

De modo, que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes; característica y explicativa de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación.

Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual, que permita avanzar hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento.

Así, se entiende la educación inclusiva, como el principio rector general, para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y el acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos.

Como compromiso, en acuerdos ministeriales, se ha ido adecuando todo esto, y por último, en diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, clave para la interpretación del derecho por su nivel de detalle.

Esta Convención, no solo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela regular, prohibiendo que se le recuse la matrícula, sino también que presente requisitos y estrategias para su permanencia y éxito en la escuela, entre ellas, tres componentes.

Primero. La puesta en marcha de ajustes razonables en función de las necesidades individuales.

Segundo. El dar el apoyo necesario en el marco del Sistema General de Educación, para facilitar su formación efectiva.

Y tercero. Proporcionar medidas de apoyo, personalidades con la eficacia requerida.

El modelo que actualmente ha adoptado la educación especial, desde hace casi una década, se orienta a la educación inclusiva, a fin de evitar efectos de exclusión, marginación y discriminaciones no deseadas, enfocar una comunidad educativa que se pretenda incluyente, con las personas con discapacidad; comprometida con el proceso de desarrollo de competencias, la sensibilización de los educandos y el fortalecimiento de las instalaciones para facilitar la accesibilidad al entorno físico.

Este trazo legislativo, ha llevado varias etapas. Y hoy lo que estamos presentando, es una modificación a la Ley General de Educación.

Punto tercero. Que incluye trece modificaciones a la ley.

Armoniza la ley general, con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, amplía el objeto de educación especial, que basado en un modelo de inclusión, tendrá como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes.

Determina que la educación inclusiva, supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los padres y tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares, que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento, de comunicación o bien con aptitudes sobresalientes.

Asimismo, establece que dicha educación atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación y con perspectiva de género.

Adicionalmente, mandata que los libros de texto y demás materiales educativos, sean editados en formatos accesibles. Obliga a las autoridades educativas, a desarrollar programas de capacitación, asesoría y apoyo a maestros, que atiendan a alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.

Asimismo, establece la capacitación de maestros en educación especial y educación regular.

Recientemente, el 6 de noviembre, aquí, aprobamos modificaciones a la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes, y tendremos que ir armonizando estas tareas. De esta forma les cumplimos a las personas que están con un derecho a la inclusión, con base en las normas y a los convenios internacionales.

Es cuanto.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Romero Hicks. Está a discusión en lo general el presente dictamen. Informo a la Asamblea, que para la discusión de éste dictamen, se han inscrito los siguientes oradores.

Senadora Hilda Estela Flores Escalera, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Senador Roberto Albores Gleason y Senador Raúl Morón Orozco.

En este sentido, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Estela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del presente dictamen.

Pero antes, compañeras Senadoras y Senadores, como saben ustedes tenemos una cantidad muy considerable de dictámenes, para aprobar. Les pedimos que hagan, incluso, de su gala de síntesis, para poder estar en función del tiempo, y colaborar y avanzar en el despacho de los asuntos. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras.

De acuerdo con la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación y reduciendo la exclusión, en y desde la educación.

Su principal finalidad es garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, que asegure su presencia, participación y logros de aprendizaje; con especial énfasis, en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados; constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de educación para todos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedica su artículo 24, a la educación de las personas con discapacidad, señalando que los estados parte, reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, debiendo asegurar un sistema de educación inclusivo, a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establecen la fracción XII del artículo 2, que la educación inclusiva, es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Senadoras y Senadores, la importancia de incorporar las adecuaciones a la Ley General de Educación, tendientes a fortalecer y perfeccionar los procesos educativos a favor de las personas con discapacidad va más allá de cumplir con algún instrumento internacional, es un tema de cumplimiento de derechos humanos que adquiere mayor relevancia cuando tenemos que de acuerdo con el INEGI existe una importante disparidad entre la población con y sin discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere, debido a que mientras que 56 por ciento de las personas en edad escolar, sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con discapacidad.

Asimismo, el INEGI menciona que en cuanto al promedio de escolaridad o los años aprobados, que alcanza la población, se observa que mientras la población sin discapacidad de tres años y más tiene un promedio ligeramente superior a siete grados aprobados, la población con discapacidad apenas alcanza cuatro puntos, cinco grados.

Finalmente es importante señalar la vigencia y oportunidad del presente dictamen, debido a que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó las observaciones finales al informe inicial de México, el 30 de septiembre de este año. Dentro de estas observaciones en materia de educación, el Comité manifiesta su preocupación por la persistencia del modelo de educación especial, la falta de escolarización de niñas y niños con discapacidad y; la ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos, recomendando a México reconocer en su legislación políticas y un sistema de educación inclusiva.

Por lo anteriormente señalado, conscientes de la oportunidad que tenemos de trabajar para revertir las cifras expuestas y potenciar el acceso de las personas con discapacidad a los niveles educativos, en un marco de igualdad de oportunidades, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos, por supuesto, a favor de este dictamen que además viene a dar un paso adelante dentro del proceso legislativo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora, sobre todo por la consideración del contenido, su capacidad de síntesis y el uso racional del tiempo.

Esta presidencia saluda a integrantes de la Asociación Jóvenes en Movimiento del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes asisten a esta sesión a fin de presenciar el debate legislativo en la asamblea.

Sean ustedes cordialmente bienvenidos.

También esta presidencia saluda a un grupo de alumnos de la carrera de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, también asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta asamblea.

Sean ustedes cordialmente bienvenidos.

A continuación se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Cuando se discutió este dictamen en la Comisión de Educación por supuesto que sin ninguna duda votamos a favor del mismo en la Comisión, y votamos a favor del mismo porque como educador me queda claro que no va a haber educación de calidad sino se garantiza que esta sea inclusiva, es decir, sino se garantiza que se respete a cabalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para tener una educación de calidad.

Tenemos que decirlo, fuerte, porque sí nos preocupa en exceso que el Senado de la República está haciendo la tarea de manera puntual para que este tipo de asuntos se aprueben de manera unánime porque llevan como espíritu que la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que el artículo 1o. de la Constitución de la República, se apliquen a plenitud.

Sin embargo, seamos sinceros, ¿el gobierno federal está haciendo la tarea para garantizar que los derechos humanos de los estudiantes, de los alumnos de México se respeten? La respuesta es que no.

Ahorita platicaba con otro profe, igual que yo, y le pregunte ¿en cuantas escuelas había trabajado?, y coincidimos, el dice que trabajó en cinco y yo también trabajé en cinco escuelas secundarias técnicas, pero conocemos miles de escuelas en Morelos y miles de escuelas al interior de la República, y lo que sucede con los alumnos que tienen discapacidad o con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, es verdaderamente dramático, son los incomprendidos y los desplazados del sistema educativo nacional.

Según la estadística, uno de cada, diez tienen problemas de aprendizaje o tienen un problema de discapacidad, es decir, si el sistema nacional educativo tiene poco más de 28 millones de estudiantes, en educación básica, estaríamos hablando que dos millones 800 mil seres humanos están siendo discriminados, están siendo excluidos, están siendo violentados en sus derechos humanos, esto es gravísimo, ¿cuál es el destino que tienen estos niños?

La violación sistemática de sus derechos fundamentales, la exclusión de la escuela y de la sociedad, el escarnio de sus compañeros, expresiones como: “este niño es un tonto, no entiende lo que el maestro le explica”, “eres un burro, no entiendes absolutamente nada”, así se expresa un estudiante de otro estudiante, porque el estudiante que expresa eso evidentemente desconoce si ese niño tiene una afectación y por eso tiene problemas de aprendizaje, o tiene una discapacidad ya sea visual, ya sea auditiva, motriz o de otro tipo, su compañero no lo sabe, solamente discrimina con el permiso de quien está al frente del grupo.

Insistimos, no sólo se trata de modificar la ley como en este caso, ya lo hizo la Comisión de Educación y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para garantizar de manera real una educación inclusiva se requieren políticas públicas que atiendan con carácter de urgente a los niños discapacitados, y a los niños con problemas de aprendizaje del sistema educativo nacional.

Mientras el Ejecutivo Federal no atienda de manera urgente a este tipo de estudiantes, sus discursos seguirán siendo demagogia pura.

Por eso, seguiremos luchando desde la izquierda porque la educación inclusiva sea una realidad, porque estamos convencidos de que lográndolo, la igualdad se dará en estas instituciones, y sobre todo, tendremos un México que ha alcanzado la educación de calidad a la que nos comprometimos al incorporar en el artículo 3o. constitucional este concepto.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del presente dictamen.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señor Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, quien nos visita en este Salón de Sesiones.

Sea usted bienvenido, señor Magistrado Presidente.

Tiene la palabra, señor Senador.

El Senador Roberto Armando Albores Gleason: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

La educación es un instrumento fundamental para construir una sociedad mejor preparada, competitiva y con menos desigualdad, de ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengamos acceso en la formación de calidad.

Justamente este es el objetivo de las reformas y adiciones a la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva que hoy debatimos, y que estoy seguro aprobaremos, para que las personas con discapacidad tengan garantizado el derecho al acceso, y permanece en el sistema educativo nacional en 2 niveles y modalidades, sin que sean objeto de discriminación y sean tratados con equidad y en igualdad de oportunidades.

Los legisladores del PRI, estamos conscientes de que la educación inclusiva es el medio idóneo para que los mexicanos podamos transitar hacia mejores estadíos de vida que permitan su desarrollo individual y colectivo pleno.

Es incuestionable que un México próspero, con mayores oportunidades para todos, sólo es posible con una educación inclusiva que responda a las exigencias del contexto actual, el cual exige el fomento y la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones fundamentales para el enriquecimiento social y cultural.

Por lo anterior, es una prioridad para el Estado mexicano y sus instituciones que a la brevedad se elaboren, mantengan actualizados y editen los libros de textos gratuitos en forma accesible para las personas con discapacidad. Es decir, se trata de hacer accesible el conocimiento sin restricción de ningún tipo.

Para nuestro país, la educación inclusiva debe ser uno de los pilares fundamentales para impulsar su crecimiento económico y promover el desarrollo social.

Por ello celebramos que estas nuevas disposiciones contemplen que las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que tengan como objeto prestar servicio educativo de nivel preescolar, sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

Debemos estar concientes de que hoy, más que nunca, vivimos insertos en una gran área global, que es una realidad ineludible, propia del espíritu de nuestro tiempo en la cual la educación inclusiva no puede ser ajena a la sociedad del conocimiento en la que se vive.

Por ello será motivo de sanción el negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión a los planes de estudio.

La educación y el empleo son derechos titulados por nuestro marco jurídico positivo. Constituyen elementos determinantes para la integración social y representan los cimientos para una igualdad efectiva para todos los sectores de la población.

Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda aún persisten retos que debemos de atender como el analfabetismo, la brecha digital y el abandono escolar, pero con la aprobación de estas modificaciones a la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, estamos dando pasos importantes para asegurar mejor asignación de materiales didácticos pertinentes, especificación de metodologías y técnicas apropiadas, y personal capacitado, actualizado y certificado, todo esto con la única finalidad de hacer accesible la educación para todos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, los Senadores del PRI votaremos a favor de estas modificaciones para tener una verdadera educación inclusiva que haga de este país uno más justo, igualitario y equitativo, en el que todos tengamos acceso a una educación de calidad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

Finalmente, se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero, quiero expresar una enorme satisfacción, y por supuesto, mi voto a favor del presente dictamen, que más que un asunto de educación inclusiva, representa un acto de justicia social a favor de las personas con discapacidad.

Aprobar en esta sesión, disposiciones que armonizan nuestro marco regulatorio nacional con los derechos establecidos con la Convención para las Personas con Discapacidad y diversos tratados internacionales, es condición indispensable para fortalecer los procesos de gestión escolar e institucional, como elementos que permitan la transformación de los servicios educativos, con un enfoque de inclusión, no discriminación, educación para todos y corresponsabilidad social.

En este nuevo marco regulatorio, partimos de la premisa de la accesibilidad a la educación especial bajo el reconocimiento de que las personas con discapacidad o con actitudes sobresalientes merecen todo el apoyo de las instituciones del Estado, no sólo porque hoy representan el 15 por ciento del total de la población en México y el mundo, sino porque su plena integración al desarrollo social y educativo es una condición de actitud democrática, solidaria, asequible, incluyente, y tolerante. Es el reto hacia el que nuestra sociedad debe transitar en todas las esferas de la vida social.

Por eso hoy los Senadores de la Comisión de Educación, hemos tenido especial cuidado en asegurar que dentro de la Ley General de Educación se establezcan políticas y criterios de inclusión que permitan a la autoridad educativa desarrollar programas y estrategias específicas para la atención educativa de la población que presenta discapacidad, necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes, como los formatos didácticos y diseños pedagógicos accesibles, acompañados de una infraestructura educativa acorde a las necesidades y condición personal. Un cambio en la cultura de la inclusión educativa y la no discriminación.

No se podría lograr, sin embargo, si no quedaran establecidas disposiciones que promuevan la formación permanente de los docentes, directivos, asesores técnicos y apoyos administrativos, en esta forma legislativa como elementos de mejora para la atención educativa que se brinda en los servicios de educación especial.

Hoy requerimos maestros especiales para nuestros alumnos especiales.

Fomentar la participación social, y vinculación institucional de manera más eficiente en los procesos educativos, debe ser otro reto de la educación especial. En esta ley ha quedado establecida, no sólo como una obligación de todos, sino como un derecho de la sociedad, de la familia, del propio sector privado y público para contribuir a la integración y desarrollo de nuestros alumnos especiales.

Los principios básicos sobre los que se ha sustentado esta reforma educativa y que constituyen el eje nuclear sobre el que habrán de girar todas las actuaciones de la autoridad educativa, en el enfoque de la nueva educación especial son: el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a participar en la sociedad.

El derecho a la educación, como un derecho fundamental que debe traducirse en mayores oportunidades de cobertura, acceso y disposición de recursos e infraestructura para responder a las necesidades educativas en este sector de la población.

El derecho a la igualdad de oportunidades, como un principio general entre los derechos humanos a través de un modelo educativo pertinente para las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Y finalmente, el derecho a participar en la sociedad, que indica que las personas no deben ser discriminadas en las actividades cotidianas desarrolladas en sociedad y en el campo educativo por su condición especial. Sin dejar de reconocer, que se trata de una reforma de avanzada, es menester reconocer que en este tema, de la educación especial, debemos seguir legislando con una visión de mayor justicia, visión y responsabilidad.

Debemos de seguir generando condiciones de atención especial para superar el déficit que cada individuo presenta o para canalizar y potenciar de forma adecuada las aptitudes sobresalientes de otros, partiendo del diagnóstico de estas deficiencias y centrándose en la creación de situaciones educativas diferenciales como una orientación tecnológica y científica ante los problemas que plantean las diferencias individuales.

Debe ser un compromiso, seguir fortaleciendo marcos jurídicos regulatorios que garanticen para nuestros alumnos especiales todo el apoyo que necesiten dentro y fuera de la escuela en sus necesidades psicológicas, biológicas y médicas. Desde el Partido de la Revolución Democrática, seguiremos impulsando un enfoque educativo de educación especial basado en el currículum, en las personas educativas ante la diversidad y en la creación de situaciones educativas, que permitan el desarrollo personal dentro de un marco diverso e incluyente.

Asumimos que los individuos aprenden de forma diferente y en diferentes tiempos y situaciones, por lo que la escuela debe acomodarse a esas diferencias generando un modelo instructivo que dé respuesta a las necesidades de los distintos estudiantes.

Asumimos que los alumnos en las aulas se caracterizan por la heterogeneidad, la instrucción y organización de las mismas.

Pugnaremos por respetar y combinar al máximo los objetos y procesos comunes a cada grupo sociocultural de alumnos con las características individuales de los mismos. Pugnaremos por un enfoque cultural integrado.

Finalmente, los invito, compañeras y compañeros Senadores, a que sigamos trabajando desde nuestra función legislativa en la generación de condiciones normativas y regulatorias que nos permitan transitar a un modelo pedagógico especial y de calidad para nuestra educación especial en México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar del resultado de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron, 105 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.

1 Versiones taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los días 26, 27 y 29 de agosto de 2013, y 2 y 3 de septiembre de 2013, http://www.scjn.gob.mx/pleno/Paginas/ver_taquigraficas.aspx


PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: (12:00 horas) Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 88 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 9 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinte minutos del jueves cuatro de diciembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador David Penchyna Grub, su Segundo Informe Legislativo y de Gestión.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, su Segundo Informe Legislativo.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, su Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibieron del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, dos informes de actividades:

1) Del Foro “C100 del Golfo de México” organizado por el C100 de Luisiana los días 20 y 21 de noviembre de 2014, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

2) Del “Diálogo sobre Políticas de Desarrollo basados en Recursos Naturales” en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los días 17 y 18 de noviembre de 2014, en París, Francia.

Los informes de actividades quedaron de enterados.

Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, el informe de su participación durante la reunión de trabajo del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2014, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad universal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda y con opinión de la Comisión Especial de Movilidad. Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. Intervinieron las senadoras: Adriana Dávila Fernández del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Centroamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de la sustitución de la Diputada María de las Nieves García Fernández por el Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, como Consejero Propietario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

Se recibió del Gobernador del estado de Morelos, oficio por el que solicita al Presidente de la Mesa Directiva convocar a la creación de una comisión de especialistas de alto nivel para continuar el debate iniciado por la OEA en los últimos años, en relación al tema del narcotráfico, específicamente de la marihuana.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls Hernández.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del periodista y escritor Vicente Leñero Otero.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Iniciativas)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de adecuar la legislación secundaria federal al concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y del Senador Mario Delgado Carrillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Reglamento del Senado de la República, a efecto de dar mayor celeridad al posicionamiento y trámite de las proposiciones de urgente resolución sobre temas coyunturales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

El Senador Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las y los Jóvenes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el subsecuente al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 Bis y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 265 Bis y la Sección Décima, al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción v, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.Quedó de primera lectura.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.-Intervino el Senador Félix González Canto, por la comisión para presentar el dictamen. El proyecto de decreto fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vi al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.-Intervinieron los senadores: Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen por la Comisión de Asuntos Indígenas y René Juárez Cisneros, para presentar el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión hicieron uso de la palabra los senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Óscar Román Rosas González del PRI, a favor; y Manuel Bartlett Díaz del PT, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.-Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Intervinieron los senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue desechada; y Braulio Fernández Aguirre del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 72 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

  

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima Cobos, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Manuel Loya Valverde, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario.- Intervinieron los senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Manuel Bartlett Díaz del PT; Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria; Dolores Padierna Luna del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD. No se admitió a discusión la propuesta del Senador Pedraza. El dictamen fue aprobado en sus términos por 50 votos en pro, 16 en contra y 2 abstenciones.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Ing. Lauro López Sánchez Acevedo como Tesorero de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Luisa María Calderón Hinojosa, Carlos Mendoza Davis, Martín Orozco Sandoval y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F y 172-G a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

De los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco Búrquez Valenzuela, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

De los Senadores Ivonne Álvarez García, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Jesús Casillas Romero, Roberto Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio y se adiciona un segundo párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Planeación Alimentaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones coordinadas que permitan disminuir los efectos negativos de la temporada de frentes fríos 2014-2015 que se presentarán en el estado de Durango.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar una inspección y verificación sobre la importación de plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano, las cuales están prohibidos por causar daños a la salud humana y al medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Armonización Contable a informar respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  particularmente, en lo relativo a la armonización de los sistemas contables y difusión de la información financiera por parte de las entidades federativas y municipios del territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a comparecer a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, con motivo de las detenciones arbitrarias en contra de jóvenes que se han realizado a partir del 20 de noviembre a la fecha.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de diversas entidades federativas a establecer en su legislación penal la investigación oficiosa del delito de violencia familiar.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Adrián y Wilson, defensores de los derechos de los migrantes en Tequixquiac, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, rinda un informe detallado sobre la inauguración y funcionamiento del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Aguascalientes por el sobresaliente proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicitan investigaciones exhaustivas sobre el contrato de abastecimiento de gas etano de PEMEX Gas y Petroquímica Básica al consorcio brasileño Braskem, filial de la empresa Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI y el financiamiento de Bancomext para esta obra.- Se turnó a la Comisión de Energía.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñe e implemente una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a instrumentar las acciones necesarias a fin de hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar un capítulo al Plan Nuevo Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Regional.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a que, en coordinación con sus homólogas estatales, diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el cual el Senado felicita al Ejecutivo Federal por haber sido distinguido con el reconocimiento “Global Partner Award” otorgado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, otorgado por su pronta y eficaz respuesta ante las afectaciones causadas por el huracán Manuel, en la comunidad La Pintada del Municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias a dar seguimiento al caso del albergue La Gran Familia.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería en la estructura orgánica de esa Secretaría, con el fin de promover el crecimiento de dicha actividad económica en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe de la cancelación de la construcción del tren de alta velocidad México- Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo, en enero del 2015 y, en su lugar, adoptar un nuevo criterio y determinar los precios de los combustibles tomando como referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos y citó a la siguiente el próximo martes nueve de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Saldaña Pérez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su programa anual de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual legislatura y el acta de su sexta reunión ordinaria.








De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su informe de trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de esta LXII Legislatura.








De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Jesús Casillas Romero y Angel Benjamín Robles Montoya, sus respectivos informes de actividades legislativas.








Del Senador Jesús Casillas Romero con la que remite su informe de actividades legislativas.








Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con la que remite su informe de actividades legislativas.








Del Senador José Rosas Aispuro Torres, con el informe de la “2a Reunión del Comité Preparatorio de la 4a Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos”, realizada los pasados días 17 y 18 de noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unida, en Nueva York.

El Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, de cada uno de los informes.

Pasamos al siguiente asunto.








CONTRALORIA INTERNA

La Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe detallado y ejecutivo semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la propia Cámara, correspondiente al período enero-junio 2014.

El Presidente Sánchez Jiménez: El informe queda en poder de la Secretaría, para consulta de las y los ciudadanos Senadores, y se pondrá a consideración de la Asamblea, en la próxima sesión.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que el Presidente de la República se ausentará del territorio nacional, el 10 de diciembre de 2014, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República del Perú, para participar en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pacífico, en materia de Cambio Climático en la 20a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, sobre Cambio Climático, y 10a Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, acto que se realizará en la ciudad de Lima, Perú.



El Presidente Sánchez Jiménez: La Asamblea ha sido enterada. Remítase la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Saldaña Pérez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con nombramientos de personal diplomático a favor de las ciudadanas Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotencia de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la Mancomunidad de las Bahamas; así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.








Y Dolores Jiménez Hernández, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Honduras.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnense ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Saldaña Pérez: También se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos Sara Valdes Bolaño, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Socialista de Viet Nam y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya.








Y Francisco Javier Niembro Cibrian, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Qatar.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnense los dos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Saldaña Pérez: Asimismo, se recibieron nombramientos a favor de las y los ciudadanos Alejandra García Williams, como Cónsul General de México en Sacramento, California.








Carolina Zaragoza Flores, como Cónsul General de México en Laredo, Texas.








Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en Austin, Texas.








Y Oscar Rodríguez Cabrera, como Cónsul General de México en Houston, Texas.



Todos, en los Estados Unidos de América.

El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnense dichos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Saldaña Pérez: De la Secretaría de Gobernación, se recibió también un oficio con el Informe Anual de Desempeño 2014 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/3003/14
México, D.F., 8 de diciembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción VII del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio número COFEME/14/4285, el C. Virgilio Andrade Martínez, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, envía el Informe Anual de Desempeño 2014 de dicha Dependencia.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Presidente Sánchez Jiménez: Remítase el Informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.








CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

 






La Secretaria Saldaña Pérez: La Colegisladora remitió también un proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes.



El Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo nueve y se adicionan los párrafos catorce y quince del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer los principios generales en materia de economía del cuidado.

La Senadora Diva, va a usar también el tiempo para presentar otra iniciativa, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Vamos a darle oportunidad de que aborde ambas iniciativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias señor Presidente, por su cortesía de poder hablar, de dos iniciativas que el día de hoy presentamos.

Una de ellas, el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Yo creo que todos y todas, recordamos el tema del ABC; es un dolor que nos va acompañar por mucho tiempo, porque es increíble que a estas horas, todavía no hay un responsable sobre el tema.

Ha habido cualquier cantidad de diligencias, de marchas y demás, y hace muy poco, el Procurador General de la República, reabrió la investigación.

Puedo decir que es un hecho inédito, sobre todo por la materia que nos ocupa. Pero cuando uno revisa, lo que tiene que ver con la seguridad de las niñas, niños que están en estancias infantiles, guarderías, como el nombre que tengan, pero que desarrollan este cuidado alternativo para que las mujeres podamos, puedan desarrollarse laboralmente, encuentren que hay cuestiones que no son tan grandes que no se puedan resolver.

Y uno de los temas que trata esta iniciativa es lo que tiene que ver con los hidrantes, o sea, los apaga fuegos, es increíble que solamente por acuerdo con los prestadores de servicio se hable de esta parte; pero esta iniciativa nosotros queremos que aparezca en la ley, que tenga que ver con la protección civil, que tienen que tener nuestras niñas, niños en las guarderías, en las estancias infantiles.

Hay normas que nos obligan a que esto se dé. Nosotros hemos presentado esta  iniciativa que tiene que ver con tener a salvo, mantener la seguridad completa, mientras las madres trabajan en las instancias donde se les otorga este cuidado, eso es por un lado.

Por otro lado, yo quiero compartir con ustedes que, desde la llegada a este Senado de la República, un equipo de especialistas hemos estado haciendo un trabajo referente a algo que ya nos alcanzó, que va un poco ligado a la anterior iniciativa, y me refiero a una reforma constitucional que estoy proponiendo al artículo cuarto en el párrafo nueve, que tiene que ver con la economía del cuidado, la economía del cuidado.

Ya existe en muchos países en el Continente y en otros continentes, porque esta parte que no se atiende como se debe, no solamente estamos hablando de estancias infantiles, que con los adultos mayores en un pueblo donde el asilo de ancianos no existe, o qué con los enfermos mentales, qué con la gente que tiene enfermedades terminales, ¿qué pasa?, ¿quienes se encargan del cuidado de estas personas, llámese niños, hasta adultos mayores?

Yo quisiera compartir con ustedes que en el cuerpo de la iniciativa hay algunos datos muy interesantes: en el 45.1 por ciento de los hogares viven menores de 15 años y esto es alrededor de seis millones de hogares; en el 52.2 viven personas con algún problema de salud o discapacidad, que requieren de cuidados permanentes, es decir, cerca de 694 hogares.

El 7.9 por ciento, alguno de los miembros del hogar, requiere cuidados de manera temporal, por enfermedad o accidente, y son alrededor de 1.1 millones de hogares.

Lo interesante es que la mayoría de estos cuidados lo dan las mujeres, son las que se hacen responsables de los adultos mayores, de los discapacitados, de los enfermos mentales, de enfermos terminales, y esto repercute en la familia, en los hogares, esto tiene un precio, tiene un costo que nosotros estamos proponiendo en nuna reforma en el párrafo nueve del artículo cuarto constitucional, que luego desembocará en una ley secundaria que hable exactamente de la economía del cuidado, y nosotros estamos proponiendo una agregado al párrafo nueve; dice de la manera siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera permanente sus derechos, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud y educación.

Nosotros estamos proponiendo desarrollo integral al padre, y a la madre que tienen el deber corresponsable de compartir el cuidado, criar, formar, educar, mantener, asistir a sus hijos e hijas; un minuto nada más, señor Presidente.

Más adelante estamos proponiendo el fondo de la propuesta de esta reforma constitucional: el Estado en los diversos órdenes de gobierno, las familias y las organizaciones de la sociedad garantizarán a las personas en situación de dependencia, tales como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, enfermos temporales o permanentes de manera corresponsable, universal y subsidiaria, el acceso universal a los servicios de salud, cuidado, seguridad social, y en general atención integral para su desarrollo humano, que aseguren su calidad de vida de conformidad a lo que establece la Ley General.

Y finalmente: el Estado en los diversos órdenes de gobierno, en coordinación con el sector privado, familias y organizaciones de la sociedad, garantizará la creación de oportunidades para la inclusión laboral de las personas adultas mayores y con discapacidad, de conformidad con la ley, con el fin de que se integren a la comunidad y ejerzan sus derechos plenamente.

Tenemos enfrente la necesidad, a partir de que nuestro bono demográfico viene bajando y subiendo, el tema de la edad de adultos mayores, la Ley de Economía del Cuidado. Esta reforma constitucional tiene una amplia necesidad de ser discutida y aprobada para luego trabajar todo lo que tiene que ver, con la parte reglamentaria al artículo cuarto constitucional, en su fracción novena.

Muchas gracias, señor Presidente, por esta posibilidad que nos da de presentar estas dos iniciativas: una constitucional y una a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y del cuidado que tiene que ver con la protección civil.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativas

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En octubre de 2011 se construyó, aprobó y promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

A pesar de que son diversos elementos los que regula ese instrumento jurídico, es preciso recalcar que la mayor preocupación se enfocó en las medidas de seguridad y de protección civil con las que deben contar este tipo de centros, con el objeto de evitar algún siniestro.

La intención de esa Ley se circunscribe al fomento de lo que se entiende por Protección Civil, la cual podemos conceptualizarla como:

Las acciones “cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes, proteger a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas1”. En un sentido más puntual, la protección civil engloba un elemento trascendental en la construcción de una Ley como la que pretendemos modificar: la administración o gestión de riesgos.

La gestión de riesgos es: “Un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles”2, lo cual quiere decir que la administración de riesgos involucra no sólo a las autoridades sino a la sociedad civil en general para crear conciencia y condiciones necesarias para, sobretodo, prevenir desastres tanto naturales como antrópicos, o bien, saber cómo actuar en caso de que algún evento de esa naturaleza ocurra. La gestión de riesgos, es incluso retomada en la Ley General de Protección Civil al señalar en la fracción XXVII del Artículo 2 que la Gestión Integral de Riesgos es:

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;

En ese sentido, resulta de gran importancia el Capítulo VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, referido a las medidas de seguridad que deben implementarse en esos centros en materia de protección civil; desde la estructura preventiva con la cual deben contar los espacios donde se otorgue el servicio de atención y cuidado a niñas y niños, hasta los protocolos de evacuación en caso de cualquier siniestro, atendiendo así a los lineamientos establecidos tanto en Normas Oficiales Mexicanas como en la Ley General de Protección Civil e, incluso, en los Reglamentos de Construcción con los que cuentan las entidades federativa o sus municipios.

Así como creemos que resulta imprescindible realizar medidas de seguridad adecuadas a los Centros de Cuidado Infantil, también debemos comprender que la prestación del servicio de Guardería es vital para la economía mexicana, así como para el desarrollo pleno de familias enteras, por lo que es necesario precisar algunos elementos de protección civil que se plasman en el artículo 42 de la Ley.

En este orden de ideas es que el objetivo de la presente iniciativa es solventar varios problemas tales como:

1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos (especialmente en el caso contra incendios).

2. Permitir que los inmuebles que presten el servicio de guardería proteja a las niñas, niños, así como el personal que labora en el mismo de forma efectiva e inmediata en caso de algún siniestro, además de que dichas opciones sean sustentables para los encargados de los Centros de Atención y ello no les impida mantener la operación de los mismos.

3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en los Centros sean las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se señalen en reglamentos y normas oficiales especializadas en la materia, a través de una verificación y análisis de riesgo específico para cada uno de los inmuebles atendiendo a sus particularidades.

El trazado actual de la Ley establece, específicamente en su Artículo 42, el tipo de instalaciones con las que deben contar los Centros de Atención en materia de Seguridad y Protección Civil, sin embargo, consideramos que dicha clasificación es limitativa ya que no se describe la infraestructura en la materia con base en otros ordenamientos que regulan aspectos de protección civil y gestión de riesgo, es decir, a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, en la cual se delimitan los tipos de equipos contra incendio, (entre otras cosas relativas a la prevención de este tipo de contingencias), el artículo 42 del ordenamiento jurídico en comento hace una mención, a nuestro parecer, inadecuada de las instalaciones con las que deben contar los Centros, esto al señalar que los inmuebles donde se alojen deben tener instalaciones hidráulicas ; además de que no considera de qué forma o con base en que los lineamientos deberán establecer el tipo de riesgo de cada Centro de Atención..

Bajo este contexto a pesar de que otra Norma Oficial Mexicana, la NOM-032-SSA3-2010, hace una mención similar a la establecida en la ley, creemos que lo más adecuado es ampliar la visión tal como lo hace la NOM-002-STPS-2010 en la ley, ya que, considerar como única instalación adecuada la denominada “sistema hidráulico” es limitante de otros sistemas que han probado una eficacia mayor y que elimina consecuencias desfavorables que con los sistemas hidráulicos no se pueden evitar, ejemplo de ello es evitar la destrucción de mobiliario o que obstaculice la evacuación del inmueble en caso de siniestro toda vez que un piso mojado será siempre peligroso para transitar.

Respecto de este tema, la propia NOM-002-STPS-2010, en su numeral 4.9, menciona los tipos de equipo contra incendio de la siguiente manera:

4.9 Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican:

a) Por su tipo en:

1) Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente;

2) Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente, y

3) Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego que se pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros.

b) Por el agente extintor que contienen, entre otros:

1) Agente extintor químico húmedo: Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo A, B, C o K, y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o una combinación de éstas, y

2) Agentes extintores especiales: Son productos que se utilizan para apagar fuegos clase D.

Como podemos observar, la Norma citada señala que, en el caso de sistemas fijos contra incendios se incluyen: los sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros. Ello quiere decir que no existe razón por la cual en el artículo 42 de la Ley que pretendemos modificar se señale únicamente como instalación permitida la hidráulica, ya que, en atención a los lineamientos de la NOM-002-STPS-2010 y a la propia tecnología existente en el mercado se cuentan con alternativas de equipos para mitigar incendios. Además de las alternativas, es preciso señalar que el tipo de instalación contra incendios se encuentra ligada al tipo de riesgo en el que se encuentra el Centro de Atención, el cual, generalmente, se ubica entre los niveles más bajos de riesgo de acuerdo a dicha Norma, por lo que es necesario señalar en la Ley que se deben instalar equipos móviles (como extinguidores) y equipos fijos en general, sin limitar a las instalaciones hidráulicas, ya que como hemos comentado, en ocasiones resulta contraproducente para la evacuación y genera pérdidas totales en cuanto al mobiliario y estructura se refiere.

Parte importante de la administración de riesgos es la determinación de factores de riesgo, es decir, las amenazas y vulnerabilidades de las instalaciones para poder esclarecer de forma precisa el tipo de riesgo ante el cual nos enfrentamos. Es decir, nos encontramos ante una identificación de riesgos tal como señala la Ley General de Protección Civil, la cual implica:

“Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad”3

Esto es, “el análisis del riesgo de incendio, implica la valoración objetiva de una serie de factores del riesgo y el establecimiento de las medidas adecuadas de protección, que disminuyan el mismo hasta límites tolerables. La experiencia ha demostrado que ciertos riesgos sólo son tolerables cuando están protegidos por instalaciones fijas de extinción de accionamiento manual y en muchos casos automático”4; creer que los riesgos son los mismos para todas las situaciones se convierte en un acto de irresponsabilidad, ya que, lejos de prevenir cualquier siniestro podríamos estar propiciando algunos otros al operar sistemas contra incendios inadecuados en atención a la clasificación de riesgo que pudiera tener.

En el caso de las Guarderías, debemos comprender que el riesgo en términos de sus instalaciones, es decir, al interior, es calificado como bajo, toda vez que, si nos basamos en la Tabla A.1 del Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, relativa a la Clasificación de Riesgo de Incendio, tanto la superficie en metros cuadrados, como el mínimo manejo de sustancias inflamables o explosivas, demuestran que no existen factores de riesgo amplio que requieran medidas de seguridad extremas.

En conclusión, la modificación del artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, permitirá brindar certeza jurídica mediante la determinación de riesgo en los Centros de Atención Infantil con base en la Normas Oficiales Mexicanas y Reglamentos en la materia.

Por lo anterior consideramos de suma importancia que en la ley se establezca, por un lado, la amplitud para instalar equipos contra incendios que no sólo se circunscriban a instalaciones hidráulicas, sino que se permita la implementación y consecuente operación de otros dispositivos que han mostrado su eficacia y, por otro lado, la obligatoriedad de analizar y determinar el tipo de riesgo de que se trate no sólo con base en el número de población como lo marca la NOM-032-SSA3-2010, sino que, además se consideren los factores de riesgo señalados en la NOM-002-STPS-2010 y tengamos una clasificación de riesgo plena y adecuada en donde se vele por la seguridad de niñas y niños, y, al mismo tiempo, permitan que las personas encargadas de los Centros de Atención tengan la posibilidad de adecuar sus instalaciones para prevenir de forma adecuada la aparición de siniestros.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para quedar como sigue:

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2014.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

1 http://www.proteccioncivil.org/carta-presentacion

2 http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestionriesgo/pdf/spa/doc17733/doc17733-c.pdf

3 Ley General de Protección Civil. Artículo 2º, Fracción XXX

4 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_044.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO 9 Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS 14 Y 15 DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LOS PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE ECONOMIA DEL CUIDADO

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita Diva Hadamira Gastélum Bajo Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 8, fracción I, numeral 1, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este pleno la Iniciativa con Proyecto de Decretopor el que se reforma el párrafo nueve y se adicionan los párrafos catorce y quince del artículo 4 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer los principios generales en materia de economía del cuidado, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El término economía del cuidado se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con el cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes que requieren atenciones especiales temporales o permanentes, adultos mayores, enfermos, entre otros, que se encuentran en situación de dependencia y que forman parte de una sociedad, así como todas aquellas actividades que realizan las personas en el hogar, trabajos domésticos, remunerados o no remunerados, que constituyen parte esencial de la economía de una nación y que en la mayoría de los casos no están reconocidas formalmente.

A mayor abundamiento, haremos un repaso por algunas de las definiciones y sus elementos constitutivos, que se han realizado por investigadoras y académicas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Para Corina Rodríguez Enríquez1

"se trata de aquellos elementos que cuidan o nutren a las personas, en el sentido de que les otorgan los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir en sociedad (UNIFEM, 2000). Así́, el cuidado refiere a los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio.

Asociarle al término cuidado el concepto de economía implica concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que generan, o contribuyen a generar, valor económico. Es decir, lo que particularmente interesa a la economía del cuidado es la relación que existe entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico.

Una primera aproximación iguala la noción de cuidado a la de trabajo no remunerado realizado en el ámbito del hogar. Esta es la concepción de economía del cuidado que mayor difusión ha tenido en los trabajos de la economía feminista. Y está asociada a la noción de reproducción social, entendida fundamentalmente como reproducción de la fuerza de trabajo. Desde este punto de vista, la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la atención de los miembros del hogar, la crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos o discapacitados".

Para Soledad Salvador2

"La economía del cuidado [careeconomy] se define como el trabajo realizado, primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado de las personas que se complementa con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios públicos y privados y trabajo social voluntario. Existe, por lo tanto, una esfera de esa economía del cuidado que es remunerada y otra que es no remunerada. El trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito familiar es el núcleo de ese proceso de reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias" (Picchio, 1999).

La economía del cuidado es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la salud y las capacidades de la fuerza de trabajo, pero también en el desarrollo y mantenimiento del tejido social: el sentido de comunidad; de responsabilidad cívica; las reglas, las normas y los valores que mantienen la confianza, la buena voluntad y el orden social.

Estas actividades, en general, se consideran como dadas y no se introducen en la discusión de políticaeconómica. Pero la riqueza de un país consiste no solo en los bienes y servicios producidos por el sector privado y el sector público, sino también en lo que la economía del cuidado provee que son las capacidades humanas y la cohesión social".

Para Rosario Aguirre:3

En términos generales, el cuidado se puede concebir como una actividad femenina generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. Comprende tanto el cuidado material como el inmaterial, que supone un vínculo afectivo, emotivo, sentimental entre el que brinda el cuidado y quien lo recibe. Se basa en lo relacional y no es solamente una obligación jurídica establecida por la ley, sino que también contribuye a construir y mantener las relaciones familiares. En ese sentido, Arlie Russell Hochschild (1990) indica que: "El cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se puede considerar que sean completamente naturales o sin esfuerzo. Así, nosotras ponemos en el cuidado mucho más que naturaleza, se ponen sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo". Además, el cuidado puede ser provisto de forma remunerada o no remunerada. Pero aun fuera del marco familiar, el trabajo de cuidados se caracteriza por la relación de servicio y preocupación por los otros. El cuidado es pago o impago a consecuencia de elecciones políticas, valoraciones culturales compartidas y el sistema de género imperante.

Existen dos grandes tipos de cuidado: por una parte, el cuidado proporcionado a niños, niñas y adolescentes, donde junto con la obligación hay una poderosa fuente de gratificación y, por otra, el cuidado dedicado a la atención ante una enfermedad, crónica o aguda, llamado cuidado asistencial (Murillo, 2003)

En el caso del cuidado infantil, hay una frontera difusa entre actividades de cuidado y actividades propias de la educación inicial, por lo que en este caso la noción de cuidados presenta particular interés para evidenciar actividades que de otra forma permanecerían ocultas.

En el caso del cuidado de las personas mayores dependientes, existen también dificultades para que las tareas que lo integran sean reconocidas como tales cuando son prestadas de manera informal. Una clave para entender esta situación la proporciona Soledad Murillo (2003), cuando precisa que el cuidado está inmerso en la lógica del sacrificio, sacrificio que puede entrañar —sin pretenderlo—un grado de reconocimiento social, a pesar de que la enfermedad se haga crónica y termine por "robarle" el tiempo a quien lo prodiga".

La paulatina y cada vez mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, el lento proceso de debilitamiento de la tradicional familia patriarcal, conjuntamente con los procesos de ajuste de los presupuestos públicos ocurridos en la región, que implicaron un profundo proceso de retracción de las instituciones del Estado Bienestar, impusieron un contexto crítico para la organización del cuidado.4

El cuidado es proveído en su mayoría por las mujeres, quienes durante siglos han sido responsables de estas tareas, debido a una construcción social de género que permea la sociedad, la cualles ha asignado el rol de cuidadoras. Es decir, no es una elección libre y propia, esta sesgada por una visión androcentrista y sesgos biologicístas que permean la sociedad y aun cuando este trabajo es trascendente para el sostenimiento de las sociedades y tiene un fuerte impacto en la economía, continúa siendo invisibilizado.

Además, cada día estas tareas se vuelvenmás complicadas, ya que un gran número de mujeres se han insertado en el mercado laboral, sin que la inserción de los hombres a las tareas de cuidado y domésticas sea significativa.Asimismo, la integración de las mujeres al mercado laboral necesariamente tuvo que generar políticas para el reconocimiento económico del trabajo no remunerado ejercido por las mujeres en el ámbito doméstico y de cuidado.

Estas actividades de cuidado que satisfacen algunas de las necesidades de niñas, niños, enfermos/as y adultos/as mayores y comprenden las tareas de apoyo, educación, limpieza, alimentación y recreación, entre otras, para las y los niños, enfermos y/o adultos/as mayores, integran la economía del cuidado. Las necesidades de cuidado difieren en tipo e intensidad, según la edad, características de salud y condición de discapacidad.

Las tareas de cuidado generan trabajo doméstico, como la limpieza de ropa, cuarto, donde juegan o permanecen las personas que reciben el cuidado, o bien la comida que diariamente se debe realizar. En este sentido, vemos que el trabajo de cuidado está estrechamente ligado con el trabajo doméstico y puede ser pensado como un cuidado indirecto o una precondición para el cuidado directo que se realice.5

Las actividades de cuidado y las tareas domésticas, tienen un alto valor social y económico, que no ha sido reconocido lo suficiente. Según datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México, el trabajo no remunerado representó 21.6% del PIB en 2011 y el trabajo de cuidado y apoyo a los integrantes del hogar, es el grupo de actividades de mayor peso económico, pues constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 74.1% a dicho valor.6

Es necesario resaltar, que al interior de los hogares existe una marcada división sexual del trabajo, entendida como la asignación de tareas específicas y particulares a mujeres y hombres, la cual se encuentra en la raíz de las desigualdades de género, que se manifiesta en el mundo del trabajo.7

Esta división sexual del trabajo hace responsable de los cuidados y tareas domésticas a las mujeres, es decir, el trabajo reproductivo y no remunerado es responsabilidad de ellas y el trabajo extradoméstico y remunerado de los hombres, ya que persiste la idea de que las mujeres están "naturalmente" dotadas para proveer cuidados, debido al sistema sexo – género que ha predominado en nuestra sociedad, y que ha causado una importante desigualdad entre mujeres yhombres. Además, ocultando que debido al trabajo de cuidado que realizan las mujeres, el mercado se sostiene, ya que en sí mismo no es sostenible.

Pero esta desigualdad no se presenta solo entre mujeres y hombres, además existe una seria desigualdad entre las mujeres, debido a las diferencias de su situación económica.

Las mujeres con mayor ingreso suelen contar con tecnológica en sus hogares, con la que se apoyan para la realización de las tareas, o bien, contratan a otras mujeres para la realización del trabajo de cuidado y doméstico.Es decir, las familias con mayores ingresos lo resuelven a través del mercado. Cabe señalar, que en general las mujeres con hijos/as tienen una preferencia en laborar en trabajos de medio tiempo, con el fin de realizar sus tareas de cuidado, lo que resulta en menor sueldo. Las mujeres en situación de pobreza dedicadas a las tareas de cuidado y domésticas, cuentan con una menor posibilidad de salir a trabajar y generar ingresos para su familia.

Asimismo, hay mujeres que cuentan con una red de apoyo, ya sea la madre, hermana o la hija mayor que ayuda en el cuidado del enfermo, adulto mayor o hijo/a, sin embargo continúan siendo otras mujeres las apoyan con dichas tareas.

Es importante señalar, que el número de mujeres que laboran en un trabajo extradoméstico va en aumento, pero generalmente deben llegar a sus hogares a realizar las tareas que por su condición de genero les han sido asignadas, es decir realizan una doble y hasta triple jornada laboral, lo que las desgasta de sobremanera. Además, se han generado muy pocas estrategias para flexibilizar los horarios, con el fin de que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral en condiciones óptimas para la atención de ambas responsabilidades.

La presión de ser las únicas responsables y cumplir con las tareas domésticas, de cuidado y las extradomésticas, les genera estrés y enfermedades periódicas y padecimientos como: hipertensión, problemas menstruales, depresión, ansiedad, insomnio, recaídas periódicas por enfermedades respiratorias y cansancio crónico entre otros síntomas, así como inseguridad pues es habitual que no cuenten con suficiente preparación para proveer cuidado de mayor especialización. 8

Es claro que cuando las mujeres ven dificultad en crear una familia y laborar en su trabajo extradoméstico, tienden a dejar a un lado la opción familiar o bien son más vulnerables a la pérdida de sus empleos formales o laboran en empleos de medio tiempo, generando menores ingresos para sus familias. En este sentido, debemos trabajar para que las mujeres no tengan que renunciar a alguno de sus derechos, y en caso de que así lo deseen, ejerzan su derecho a ser madre y profesionistas.

La crianza de los hijos no es una responsabilidad exclusiva de las madres, la reproducción social9 requiere de la corresponsabilidad del Estado, el mercado y los integrantes de la familia.

A la fecha, se han desarrollado políticas públicas y acciones afirmativas para el cuidado, sin embargo no se han tenido los resultados esperados, esto debido a la falta del reconocimiento del cuidado y de la corresponsabilidad como una acción prioritaria para atacar este problema y la falta de interés por parte de las autoridades.

Es necesario tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población y por ende, el aumento del número de personas con necesidades de cuidados especiales, además de una importante presencia de niñas y niños, lo que implica el aumento de la "demanda" de cuidados, y un incremento sostenido en los próximos años. 10

Según datos de la Encuesta Laboral y Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012,11las personas necesitan de cuidados en los hogares por tres diferentes causas: 1) son niños pequeños o adolescentes que requieren de atención; 2) están enfermas, 3) tienen algún tipo de limitación que le impide valerse por sí mismas.

Las tareas de cuidado no son actividades menores, ya que en el 52% de los hogares urbanos mexicanos hay al menos un integrante que se encuentra en los 3 grupos anteriores.

En 45.1% de los hogares viven menores de 15 años, esto es alrededor de 6.0 millones de hogares.

En 5.2% viven personas con algún problema de salud o discapacidad por lo que requieren de cuidados permanentes, es decir, cerca de 694 mil hogares.

En 7.9% alguno de los miembros del hogar requirió cuidados de manera temporal, por enfermedad o accidente, son alrededor de 1.1 millones de hogares.12

El principal grupo receptor de cuidado son los niños y niñas menores de 15 años, que representan el 86.8% de quienes reciben cuidados; 15.3% de las personas recibieron cuidados porque estuvieron enfermas de manera temporal y 10.0% son personas con necesidades de cuidado continuo, debido a limitaciones permanentes.13

La mayor parte de las mujeres con algún tipo de limitación permanente son adultas mayores (67.9%); en el caso de los hombres, 41.9% pertenecen a ese grupo de edad. Lo anterior responde, entre otros factores, a que las mujeres viven más que los hombres y por tanto hay más mujeres expuestas a sufrir deterioro funcional por edad avanzada, además del desgaste físico relacionado con la maternidad y el cúmulo de trabajo realizado.14

La mayor parte del trabajo de cuidado al interior de los hogares se realiza de manera no remunerada y recae principalmente en los integrantes del mismo hogar. De los poco más de 13 millones de personas que realizaron trabajo de cuidado, entre 81.8% y 90.4% son miembros del mismo hogar, que en términos absolutos representan a alrededor de 9.7 millones de cuidadoras(es) de menores de 15 años, que desagregados por sexo son 7.2 millones de mujeres y 2.5 millones de hombres.15

Cabe destacar la importancia del cuidado a personas con discapacidad, para esta tarea además de tiempo se debe dedicar un gran esfuerzo, ya que estas personas en ocasiones necesitan de cuidados especiales.

Sin duda es trascendental la generación de políticas públicas que apoyen en la creación de empleo, servicios de cuidado médico especializado, ofertas de educación especial y urbanización para el desplazamiento de personas con discapacidad, pero lo principal es el reconocimiento de sus derechos humanos.

Instrumentos internacionales

Al realizar una revisión sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como los de las personas adultas mayores y con discapacidad, ratificados por el Estado mexicano, a los cuales se les debe dar cumplimiento, se encontró que los derechos de las personas adultas mayores, a la fecha no han sido objeto de atención por parte de la comunidad internacional, es por ello, que no existe un instrumento internacional del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas que reconozca de manera específica los derechos de las adultas mayores.

Cabe señalar, que desde 1948 se han propuesto iniciativas para la integración de una normatividad internacional en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, sin embargo por diferentes razones no se han aprobado, únicamente la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad de la Federación Internacional de la Vejez16 logró avanzar hacia su constitución final en la forma de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad.17

Aun cuando no existe una normatividad amplia en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, diferentes convenciones internacionales y pactos reconocen los derechos humanos de las personas adultas mayores, en materia de cuidados, como por ejemplo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,18 en su artículo 10 señala que:

ARTÍCULO 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social.

Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó la Recomendación general Nº 27 sobre las mujeres mayores y la protección de sus derechos humanos,19en su recomendación general señala que:

"Los Estados partes deben tomar medidas adecuadas, incluyendo aquellas de orden legislativo, dirigidas a eliminar la discriminación contra las mujeres mayores. Deben adoptar políticas y medidas sensibles al género y a la edad, que aseguren a las mujeres mayores participar plena y efectivamente en los ámbitos político, social, económico, cultural, civil o cualquier otro.

Los Estados partes tienen la obligación de asegurar el pleno desarrollo y avance de las mujeres a lo largo del ciclo de vida, tanto en tiempos de paz o de conflicto como en situaciones de desastre.

Los Estados partes deben recolectar, analizar y diseminar información desagregada por edad y sexo y proporcionar información sobre la situación de las mujeres mayores, incluyendo aquellas que viven en áreas rurales, zonas de conflicto, mujeres de grupos minoritarios o con discapacidad.

Los Estados partes deben proporcionar a las mujeres mayores información sobre sus derechos y la forma de acceder a los servicios legales, junto con velar, entre otros aspectos, por el derecho de propiedad de las mujeres mayores y asegurarles que no sean privadas de su capacidad legal de forma arbitraria o discriminatoria".

En contraste, la normatividad internacional que tutela los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, a diferencia de otros grupos ha logrado posicionarse como una referencia constante para quienes diseñan política pública y trabajan con niñas, niños y adolescentes. Desde 1924 en Ginebra se firma la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y poco tiempo después la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños. Cabe aclarar que además existen otros protocolos facultativos específicos que norman el actuar de los Estados, en casos específicos como los conflictos armados y la prostitución infantil.

La Convención sobre los Derechos del Niño, es la carta magna de los derechos humanos de la infancia y en ella se reconocen los derechos humanos de la niña, el niño y las y los adolescentes y la necesidad de su protección especial. Esta Convención constituye la base de los principios que deben regir el actuar delos Estados en la materia.

En relación a la economía del cuidado, cabe resaltar que dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño20 en el artículo 18 se señala que:

ARTÍCULO 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad21 tiene por objeto proteger y promover los derechos humanos de este grupo de personas que también requieren cuidados especiales.

Lo anterior, no implica que los derechos humanos de las personas con discapacidad apenas sean reconocidos, pues en 1993 las Naciones Unidas adopta las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,22 la cual sirvió como modelo de legislación para algunos países, aun cuando las mismas no son vinculantes.

En relación a la economía del cuidado, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad no hace ningún señalamiento sobre la corresponsabilidad de Estado y la familia para con las personas con discapacidad, sin embrago obliga a los Estados a garantizar el respeto a la dignidad de este grupo de personas.

Análisis de derecho comparado

Cabe señalar que la economía del cuidado está regulada en varios países como son: Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá y España.

1) Venezuela

Venezuela es uno de los países con mayor avance legislativo en la materia. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Capítulo V De los derechos sociales y de las familias,23 en su artículo 75 señala que:

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.

Asimismo, el artículo 76, segundo párrafo de la misma Constitución señala que:

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

Sin duda la Constitución de Venezuela señala de manera clara no solo la obligación de las familias, sino además separa el deber del padre y la madre como sujetos individuales que tienen obligaciones para con sus hijos/as, lo cual, de manera oportuna elimina la responsabilidad única de la madre a educar, y criar a sus hijos/hijas, en función de las responsabilidades que por género se le han asignado a las mujeres.

En relación a las personas adultas mayores la Constitución obliga al Estado a garantizarles una atención integral, seguridad social y trabajo, este mandato se refleja en el artículo 80, a saber:

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

Por otro lado, el artículo 81 obliga al Estado a dar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad y a garantizarles una igualdad de oportunidades, al establecer que:

Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana.

2) Ecuador

La Constitución de Ecuador24 es la más avanzada de Latinoamérica en materia de corresponsabilidad de Estado y la familia.

En relación a las personas adultas mayores se dedica el artículo 38 en específico el numeral 2, como sigue:

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.

A las personas con discapacidad se les garantizan sus derechos al cuidado en el artículo 48, numeral 7, establece que:

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.

En cuando a la protección de las personas integrantes de la familia, en el artículo 69 señala:

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa.

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción.

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella.

Asimismo el artículo 319 establece que:

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

Por su parte el artículo 329 hablar sobre los derechos de las y los jóvenes, a saber:

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin.

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones.

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores.

Y el artículo 333, reconoce la labor no remunerada, como sigue:

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares.

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.

Asimismo, este artículo señala que el Estado extenderá la protección social a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.

3) Colombia

Por su parte Colombia aprobó el día 11 de noviembre de 2010, la Ley para la Inclusión de la Economía del Cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales,25 la cual tiene por objeto; medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

Dicha Ley en su artículo 2, relativo a definiciones, establece el concepto y alcances de la definición de economía del cuidado y de trabajo de hogar no remunerado, como se describe a continuación:

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una sociedad.

Trabajo de Hogar no Remunerado: Servidos domésticos, personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa.

Esta ley constituye un instrumento fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas a favor de la igualdad de género y para la puesta en marcha de políticas para la corresponsabilidad del Estado, mercado y familias para una vida laboral y familiar plena.

4) España

España en diciembre de 2006 aprueba la Ley 39/2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.26

En esta Ley en su artículo 18 establece la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, como sigue:

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.

2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.

3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente.

4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.

Adicionalmente, en la Disposición adicional decimotercera, prevé el sistema de protección de los menores de 3 años, como sigue:

Disposición adicional decimotercera. Protección de los menores de 3 años.

1. Sin perjuicio de los servicios establecidos en los ámbitos educativo y sanitario, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 3 años acreditados en situación de dependencia. El instrumento de valoración previsto en el artículo 27 de esta Ley incorporará a estos efectos una escala de valoración específica.

2. La atención a los menores de 3 años, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se integrará en los diversos niveles de protección establecidos en el artículo 7 de esta Ley y sus formas de financiación.

3. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se promoverá la adopción de un plan integral de atención para estos menores de 3 años en situación de dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.

De acuerdo con el Libro Blanco de Atención a Personas en situación de Dependencia en España:27

Los principios generales de los servicios para la atención de personas en situación de dependencia desde el ámbito sanitario, serían:

- Acceso universal y gratuito en condiciones de igualdad efectiva.

- Debe priorizarse un enfoque preventivo de la dependencia basado en atención durante todo el ciclo de vida de las personas, mediante programas de promoción de la salud.

- Las prestaciones deben estar orientadas a la atención de las

necesidades individuales de las personas ajustadas a su historia de

vida y a su entorno familiar y social.

- Debe consensuarse un sistema de valoración de la dependencia apoyándose en criterios comunes que orienten la elaboración y la gestión de los planes de cuidados.

- Se garantizará un enfoque integral, coordinando el conjunto de niveles y dispositivos asistenciales de salud y sociales.

- Debe primar el mantenimiento del usuario en su entorno a la institucionalización.

- La cartera de servicios debe ser una oferta básica que posibilite una atención con criterios homogéneos en toda España, independientemente del ámbito geográfico.

- Los servicios deben ser eficaces, efectivos y eficientes (debe ofertarse una atención sanitaria basada en la evidencia).

- La extensión de esta cartera a toda la población debe ser posible gracias a la financiación prevista para el Sistema de Atención a la Dependencia.

- Debe responder a las garantías y derechos de los usuarios en relación a seguridad, calidad, accesibilidad, movilidad y tiempo en el acceso a las mismas.

- Deberán establecerse sistemas de evaluación y mejora de la calidad de esta prestación.

Esfuerzos internacionales

Parlamento Latinoamericano

Asimismo en la Reunión extraordinaria de la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano, misma que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de Panamá, se aprobó por unanimidad la Ley Marco sobre Economía del Cuidado,28 la cual tiene por objeto reconocer como labor productiva el trabajo no remunerado de cuidado humano que se realiza en los hogares.

En el artículo 2º señala los principios que rigen la economía del cuidado a saber:

Artículo 2. Principios.- La presente normativa, se fundamenta en los siguientes principios:

a) Solidaridad.- Construcción de una cultura basada en la ayuda mutua que debe existir entre las personas que conforman la sociedad y especialmente entre las/os miembros de las familias;

b) Participación.- En los procesos de formulación de políticas públicas y propuestas normativas se contará con la participación de la sociedad civil y de manera especial la de las mujeres;

c) Universalidad.- Toda persona en situación de dependencia y aquellas encargadas de proveer el cuidado tienen derecho a acceder a servicios de calidad y calidez en condiciones de igualdad y sin discriminación; y,

d) Progresividad.- Se aplicarán las disposiciones más favorables o aquellas que en garanticen, de mejor manera, los derechos de las personas cuidadoras y de aquellas que requieren de cuidados, independientemente que sean de legislaciones nacionales o internacionales; y

e) Corresponsabilidad.- Las actividades de cuidado debe ser asumidas por todos los miembros de la familia, sin distinción de género, promoviendo la distribución corresponsable del trabajo no remunerado, de manera que dichos trabajos no recaigan exclusiva o mayoritariamente en las mujeres, facilitando su participación activa en la vida económica, social, política y cultural del país.

Es de resaltarse que el principio de la corresponsabilidad, aun cuando no habla de los Estados como corresponsables del cuidado, si promueve la distribución de esta tarea entre los miembros de la familia, eliminando el estereotipo de la mujer como responsable del rol de cuidado.

Por su parte, en el artículo 4, la Ley prevé que:

Artículo 4. Reconocimiento.- Los Estados se comprometen a reconocer como labor productiva el trabajo no remunerado de cuidado humano que se realiza en los hogares. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para incorporar al sistema de seguridad social a las trabajadoras/es no remuneradas del cuidado del hogar.

Asimismo, los derechos de las personas cuidadoras del hogar se recogen en el artículo 15, a saber:

Artículo 15. Derechos de las personas cuidadoras del hogar.- Las personas encargadas de brindar cuidados no remunerados en el hogar, además, de los derechos establecidos en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, son titulares de los siguientes derechos:

a) A ser retribuidas o compensadas por el trabajo de cuidado que realizan en sus hogares así como a gozar de beneficios relacionados con la seguridad social;

b) A realizar las actividades de cuidado del hogar en óptimas condiciones y ser reconocida como actor fundamental en la economía familiar;

c) A contar con herramientas que le permitan su realización personal y familiar, que le permita continuar y desarrollar su vida; y,

d) Adquirir y mejorar sus capacidades personales para potenciar su autocuidado así como las estrategias de afrontamiento adecuadas en el proceso de cuidado.

Por su parte, en el artículo 20 se crea el Sistema Integral de Cuidados, el cual tiene como objeto:

Artículo 20.- Sistema Integral de Cuidados.- Con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de dependencia y de las personas encargadas del cuidado, los Estados miembros, promoverán la creación de un Sistema Integral de Cuidados en sus respectivos países.

Otros países como Perú, Chile y Uruguay comienzan a realizar las Encuestas sobre el Uso del Tiempo, con el fin de conocer el impacto que el trabajo doméstico y de cuidado tienen en la economía nacional. Asimismo, cuentan con distintas licencias como las de; maternidad, paternidad, dependientes enfermos, así como programas de seguridad social para adultos mayores.

Diagnóstico nacional

En relación al marco normativo nacional que tutela los derechos humanos de las y los niños y adolescentes, las personas con discapacidad y adultas mayores, cabe destacar la amplia legislación que nuestro país tiene en la materia. Actualmente se cuenta con diversas leyes para garantizar el respeto a los derechos humanos de estos grupos y para dictar el accionar de los tres niveles de gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la eliminación de la violencia, contenidos en las siguientes leyes:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

Ley de los Derechos las Personas Adultas Mayores.

En el caso de las leyes citadas con anterioridad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece como obligaciones de las Secretarías de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I a VII. …

VIII. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención;

IX a XII. …

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …

II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;

III y IV. …

Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre los cuidados establece que:

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

A a C. …

Artículo 31. La Federación, el Distrito Federal, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán normas tendientes a:

A a C. …

D. Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con estos servicios, a su creación.

E. …

Finalmente, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que:
Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad.

b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.

c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.

Por otro lado, en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. PROIGUALDAD 2013-2018, en el apartado V relativo al bienestar y desarrollo humano, se reconoce que en nuestro país el 76.7 % (casi tres millones) de la población de 15 a 24 años se dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado, como se describe a continuación:29

V. Bienestar y desarrollo humano

"Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o incorporada al trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado.

Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con lenguaje incluyente, sin discriminación de género; hay que promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al interior de las escuelas.

Por lo anterior es necesario conformar un sistema integral de evaluación equitativo adecuado a las particularidades regionales del país; establecer horarios escolares armonizados con los horarios de los progenitores trabajadores; modernizar la infraestructura de las escuelas y comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y superior con el sector productivo. Todo ello considerando como eje transversal la perspectiva de género y con especial atención en las necesidades y condiciones diferentes de las y los alumnos: hablantes de lengua indígena, población jornalera agrícola migrante, escolares en situación de pobreza o sin acceso a una alimentación adecuada, problemas de obesidad, discapacidad, así como niñas y niños con capacidades sobresalientes.

No obstante, el PROIGUALDAD 2013-2018, establece como objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad, para lograrlo propone 7 estrategias y 58 líneas de acción claras y precisas, aún existe una larga brecha por recorrer

para alcanzar la meta de la política pública y lograr la igualdad sustantiva en nuestro país, que ahora se agudiza a partir de la necesidad de desarrollar una política pública transversal sobre la economía del cuidado complemento indispensable para equilibrar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en armonía con la necesidad de recibir cuidados propios, a sus hijos, hijas, adolescentes, adultos mayores, enfermos y cualquier persona receptora de los mismos.

Es decir, hasta ahora, nuestra legislación secundaria no reconoce el modelo adecuado, que cumpla con los principios internacionales sobre economía del cuidado tratándose de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, discapacitados permanentes o temporales, enfermos mentales, entre otras personas que requieren cuidados en el hogar, en instituciones gubernamentales o en organizaciones de la sociedad civil, más bien ha adoptado un modelo de corresponsabilidad, enfocado tradicionalmente a la familia y por tanto, dicho modelo recae en las mujeres, quienes son las que de manera voluntaria o no, consciente o no y no remunerada en la mayoría de los casos, asumen la responsabilidad del cuidado del hogar y de brindar atención a los receptores del cuidado y en el mejor de los casos, cuando la mujer tiene un trabajo o forma parte de la fuerza laboral y productiva, es ella, quien se encarga de proveer los cuidados necesarios para el cuidado y soporte asistencial de los receptores del cuidado a que nos hemos venido refiriendo, en algunos casos, remunerado y en otros por medio de asistencia familiar, amigos, trabajadoras domésticas, entre otros.

Uno de los principales problemas de las personas adultas mayores, es la falta de seguridad social, esto debido a que han tenido que dar cumplimiento a las tareas que por género la sociedad les ha asignado, en este sentido, gran número de mujeres adultas mayores no cuentan con una seguridad que les permita continuar viviendo dignamente.

Esta situación aunada a la pobreza que se vive en 40% de los hogares mexicanos, genera un abandono de un número importante de las personas adultas mayores.

Sin duda la iniciativa de reforma constitucional que se propone, de aprobarse, tendrá un impacto, y en consecuencia, se deberá armonizar la legislación secundaria que atiende a las personas adultas mayores, a las niñas, niños y adolescentes y a las personas con discapacidad, todas ellas incluidas en el concepto de economía del cuidado, como receptoras del beneficio, conforme al diamante del bienestar.30 Leyes que en términos enunciativos, más no limitativos señalamos a continuación:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La iniciativa de reforma constitucional, de aprobarse, tendrá un impacto en la legislación secundaria que requerirá de la armonización de la legislación secundaria y desarrollo de políticas públicas eficaces o sustantivas que permitan atender a las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, enfermos temporales o permanentes. Además, como se ha comentado anteriormente, en tanto que tradicionalmente las mujeres son quienes en su mayoría han fungido como cuidadoras, debido a su rol de género, la iniciativa impactará la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de incluir en la primera Ley, la obligatoriedad del Estado de ser corresponsable en las tareas de cuidado, no solo de niñas y niños por ser una cuestión de reproducción social, además de las personas con discapacidad y adultas mayores para garantizar su desarrollo en condiciones de igualdad y bienestar.

Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se deberá incluir como una forma de violencia de género, la falta de oportunidades de las mujeres para desarrollarse plenamente en los distintos ámbitos de su vida, debido principalmente por ser la única responsable de las tareas de cuidado y domésticas, las cuales del impiden la realización de otras actividades, como las remuneradas y de profesionalización.

Sin duda, los cambios a nivel nacional, estatal y municipal, así como el desarrollo de una política pública transversal, dirigida a los receptores del cuidado, requiere de los esfuerzos conjuntos de la familia, organizaciones de la sociedad civil, sistemas de salud, programas sociales, asistenciales, acciones afirmativas, legisladores, gobernantes, iniciativa privada, para lograr consolidar en forma sustantiva, el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de los receptores del cuidado y, en consecuencia, de sus cuidadores, formales o informales.

Asimismo, la presente iniciativa tiene como propósito avanzar de un "régimen de bienestar liberal de proveedor único" a un "régimen de bienestar estatal de proveedor único",31eliminar la visión de que el trabajo de cuidado es una responsabilidad exclusiva de los miembros de la familia (principalmente de las mujeres quienes como hemos comentado por construcción de género se les han atribuido estas tareas) y la provisión extra-hogar, gubernamental u oficial es simplemente un complemento para ayudarlos.

En este sentido, al ser el cuidado parte de la reproducción social, y un aspiración del estado de bienestar, existe una corresponsabilidad entre las familias, el Estado, así como el sector público y privado de la tarea de establecer el principio constitucional para el reconocimiento al derecho humano fundamental al cuidado y la economía que genera un sistema de protección adecuado para el desarrollo integral de todos los ciudadanos receptores o cuidadores.

Asimismo, la presente iniciativa abonará a un cambio cultural respecto a los roles de género, valores y estereotipos relacionados a la asignación de tareas domésticas y de responsabilidades familiares o bien a la igualdad en el trabajo, los cuales durante siglos han generado un fuerte desigualdad de género excluyendo a las mujeres de la esfera económica, política, cultural y social.

Asimismo, se promoverán oportunidades para el desarrollo de las mujeres, quienes al no ser las únicas responsables de las tareas de cuidado y domésticas, podrán integrase al empleo y a la toma de decisiones, ya que la carga del cuidado mengua sus oportunidades de desarrollo en otros ámbitos.

Cabe señalar, que en los hogares de estratos medios y altos, las mujeres tienen trayectorias laborales más estables y formales, potenciado este hecho, entre otros aspectos, por la posibilidad de contar en la organización de las actividades de cuidado con servicio doméstico contratado, apoyo de familiares y colaboración de los cónyuges varones.32En los hogares de estratos más bajos, por el contrario, las mujeres experimentan trayectorias laborales intermitentes.33

Esta propuesta fomenta el afianzamiento del principio de la igualdad de género y promueve la reflexión social respecto a continuar con la discriminación de género o bien promover nuevos valores que eliminen las desigualdades actuales, donde ningún miembro de la familia tenga que dejar de lado su profesionalización o actividades sociales y de descanso por el cuidado de las y los niños u otros miembros de la familia.

En este sentido, la propuesta promueve una vida familiar de calidad, el crecimiento personal y elimina la subutilización de la mitad de la población.

Es imperativo el reconocimiento del derechos de niños/as adultas/os mayores y enfermos al cuidado, y que el Estado garantice el cuidado integral como corresponsable del mismo.

La legislación debe promover el principio de universalidad en la prestación de servicios, con miras a la promoción de la igualdad al acceso de los cuidados y garantizar los derechos de las personas que deben ser cuidadas y de quienes deben proveer el cuidado.

Esto permitirá que se desarrollen apoyos para quienes proveen cuidados o para quienes necesitan recibirlos, servicios públicos de cuidado, y provisiones a través del mercado de trabajo, como licencias de maternidad/paternidad.

Actualmente, las políticas de cuidado que se han generado siguen asignando la responsabilidad a las mujeres, así podemos ver las guarderías de horarios extendidos que aun cuando benefician de momento a las mujeres, no generan un cambio estructural, pues las mujeres al final siguen trabajando una doble jornada.

Como hemos podido observar, la economía del cuidado requiere un enfoque integral, transversal para poder desarrollar una política pública adecuada en materia de cuidados que, a la par de la igualdad sustantiva, requiere esfuerzos conjuntos, cambios culturales, institucionales, en la educación, en el hogar, la familia, los círculos sociales y desde luego los tres órdenes de gobierno, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, empresas, sector público y privado.

Cabe señalar, que la economía del cuidado se ha posicionado en la agenda de género como un problema público de atención prioritaria, pues es fundamental y condición indispensable para avanzar hacia la igualdad sustantiva en nuestro país.

Por las razones expuestas ante Ustedes, respetuosamente ponemos a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Único: Se reforma el párrafo nueve y se adicionan los párrafos catorce y quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …
...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, el padre y la madre tienen el deber corresponsable de compartir el cuidado, criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

...

...

...

El Estado en los diversos órdenes de gobierno, las familias y las organizaciones de la sociedad, garantizarán a las personas en situación de dependencia, tales como niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, enfermos temporales o permanentes, de manera corresponsable, universal, y subsidiaria, el acceso universal a los servicios de salud, cuidados, seguridad social y en general atención integral para su desarrollo humano que aseguren su calidad de vida, de conformidad a lo que establezca la Ley General.

El Estado en los diversos órdenes de gobierno, en coordinación con el sector privado, familias y organizaciones de la sociedad, garantizarán la creación de oportunidades para inclusión laboral de las personas adultas mayores y con discapacidad, de conformidad con la ley, con el fin de que se integren a la comunidad y ejerzan sus derechos plenamente.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2014.

Diva Hadamira Gastélum Bajo

SENADORA DE LA REPÚBLICA

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Solamente para preguntarle a la Senadora Gastélum, además de felicitarla por estas grandes iniciativas que transforman realidades, pedirle si no tuviera algún inconveniente en que yo la pudiera suscribir.

El Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Diva. Adelante, gracias.

Los turnos de las iniciativas serán los siguientes: El proyecto de reformas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y en cuanto al proyecto de reformas al artículo 4o. constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

29 Publicado en el DOF, el 30 de agosto de 2013, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013

30 Fuente: Tomado de A. Evers, M. Pilj y C. Ungerson, Payments for Care: A Comparative Overview, Avebury Ed., Aldershot, 1994, ReinoUnido.

31 Para mayor información Cfr. Guillermo Sunkel, Regímenes de bienestar y políticas de familia en América Latina, en Familias y Políticas Públicas en América Latina, Coordinadora Irma Arriagada, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, octubre de 2007 CEPAL, pp. 171-185, Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2520/S0700488.pdf?sequence=1

32 RODRÍGUEZ Corina. "Economía del cuidado, equidad de género y nuevo orden económico
Internacional". En Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico
internacional emergente. Girón, Alicia; Correa, Eugenia. CLACSO, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2007.

33 CERRUTTI Marcela "Trabajo, organización familiar y relaciones de género en Buenos Aires" en Wainerman, Catalina (ed.) Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. UNICEF. Argentina, 2003.

1 Rodríguez Enríquez, Corina. Economía del cuidado, equidad de género y nuevo orden económico internacional. En publicación: Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico internacional emergente. Girón, Alicia; Correa, Eugenia. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Octubre. 2007. ISBN 978-987-1183-78-4.
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/giron_correa/22RodriguezE.pdf

2 SALVADOR, Soledad, COMERCIO, GÉNERO Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA: GENERANDO CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN POLÍTICA, Estudio comparativo de la "economía del cuidado"
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, Octubre 2007, p. 6.

3 AGUIRRE, Rosario, Los cuidados familiares como problema público y objeto de políticas, en Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros, Irma Arriagada, Coordinadora, pp. 191 y 192. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2520/S0700488.pdf?sequence=1

4 RODRÍGUEZ Corina, "La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay". Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL. Santiago de Chile, 2007. Pp.23

5 ESQUIVEL, FAUR Y JELIN; "Las lógicas del cuidado infantil; Entre familias, el estado y el mercado". IDES, Argentina, 2012. Pp.107

6 INEGI," Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2007-2011" Boletín del Prensa Núm. 174/13, Aguascalientes, México, 7 de mayo 2013.

7 RODRÍGUEZ Corina, "La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay". Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL. Santiago de Chile, 2007. Pp.229.

8 HIGUERA María Hilda P., Tesis "La erradicación de las desigualdades entre las y los trabajadores de la Administración Pública Federal para la organización de sus tiempos laborales y familiares". FLACSO, 2011.

9 La reproducción social, se refiere específicamente a que el cuidado de las personas y es trascendental para la continuidad de las sociedades. En este sentido la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la crianza de los niños y el cuidado de los enfermos o discapacitados. Sin la reproducción social el estado envejecería y sería imposible el sostenimiento de la población, en tanto la fuerza productiva sería poca.

10 ESQUIVEL, FAUR Y JELIN; "Las lógicas del cuidado infantil; Entre familias, el estado y el mercado". IDES, Argentina, 2012. Pp.107

12 INMUJERES; "El trabajo de cuidados; ¿Responsabilidad compartida? México 13 de diciembre 2013, Pp.5

13 Idem. P. 5

14 Idem P6.

15 Idem. P.8

16 Cfr. http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/4/43684/Modulo_2.pdf

17 ídem.

18 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf

20 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf

21 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 13 de diciembre de 2006, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 2007. Dicho instrumento entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para el Estado mexicano, el 3 de mayo de 2008, previa su ratificación el 17 de diciembre de 2007 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008. México formuló la siguiente Declaración Interpretativa: ³µDeclaraciòn Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad¶. Los Estados Unidos Mexicanos formulan la siguiente declaración interpretativa, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas¶. Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendan su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero. El Estado Mexicano reitera su firme compromiso de generar condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación. Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse ²en estricto apego al principio pro homine² la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas.

22 Naciones Unidas, Resolución Aprobada por la Asamblea General, Cuadragésimo octavo periodo de sessiones, de 20 de diciembre de 1993.






Tiene la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, 116 y 117 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 73 FRACCION VIII, 116 FRACCION II, Y 117 FRACCION   VIII DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Hoy es un día especial, querría dedicárselas a los jóvenes, aquí hay un grupo de jóvenes michoacanos, de cuyo trabajo vengo a dar cuenta hoy, pero antes de hablar de la iniciativa o de las iniciativas, quiero hablar de una joven michoacana, enfermera de 19 años, que fue levantada el día 3 de diciembre y cuyo cuerpo dejado destrozado. Fue encontrada unos días después.

Urge, además de reprobar esta, otra vez robo de la vida, urge que vayamos a insistir una vez más, en una política de prevención, de recuperar el sentido de la vida, que es nuestra tarea fundamental.

Ella se llamaba Erika Casandra Bravo Caro, y era una enfermera que se dedicaba a cuidar bebés. Nada tenía que ver, ni con la violencia, ni con el desprecio por la vida.

Vaya nuestro saludo a todas las jóvenes de Michoacán, y nuestro compromiso por reivindicar la vida, por prevenir la violencia y por volver a tender lazos de solidaridad, más que de confrontación en nuestro estado de Michoacán.

Y con su permiso, señor Presidente, la otra parte de este día es para los jóvenes que acudieron a una convocatoria, porque sabemos que son trabajadores, que son creativos, que están preocupados por su estado.

Y como diría Maquío, hablamos del cambio, y el cambio es la característica fundamental de la juventud. Los jóvenes sí cambian. Los viejos no cambian, muchachos.

Y diría Maquío: “Yo soy un chavalo de 53 años, que quiere cambiar a nuestro país”.

Las iniciativas que hoy presento, no son sólo a nombre propio, pues, son resultado de la convocatoria denominada: “Jóvenes con iniciativa”.

Me complace compartirles que durante los meses de octubre y noviembre, de este año, invité a los jóvenes de Michoacán de distintas universidades a sumarse a la urgencia de construir soluciones viables para los problemas que aquejan a mi estado y a nuestro país.

Luego de un largo proceso en el que fueron presentadas 21 iniciativas de 68 jóvenes que están aquí presentes, provenientes:

De la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Latina de América, de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Zamora, de la Universidad de Veracruz, Plantel Zamora, de la Universidad de la Ciénega, de la Universidad La Salle, de la Universidad Internacional Jefferson, del Instituto de Estudios Superiores de Occidente y de la Universidad de Guadalajara.

Puedo decir que los temas que en general preocupan a los jóvenes de Michoacán, son: los relativos al primer empleo, incentivo a jóvenes universitarios, regulación del endeudamiento de los estados y municipios, rendición de cuentas de quienes ejercen recursos federales, dotar al Senado de la República de mayores atribuciones, en caso de conflictos armados, ello derivado de la inseguridad que se vive en Michoacán, originada por la existencia de distintos grupos armados.

Las iniciativas ganadoras que hoy presento fueron determinadas por un jurado en el que participaron instituciones académicas, y que son:

Limitar la contratación de compromisos financieros, nacionales y subnacionales de Guillermo Cortez, Leonardo Vallejo, y Andrea Martínez;

Dotar al Senado de mayores atribuciones en caso de conflictos armados dentro del país: Vidal Nieto, Paloma Méndez y Eridany Roa;

Servicio social obligatorio de la educación media superior, de Yareslie Vega, Monserrat Guerrero, Enya Sepulveda y Joel Guerrero;

Estas iniciativas han sido publicadas el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria de la siguiente manera:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción VIII; 116, fracción II, y 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es conexa con la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de la fracción VI, del artículo 76 constitucional.

E iniciativa con proyecto de Decreto por el que se incorpora el artículo 23 bis a la Ley General de Educación.

El objetivo de la primera iniciativa es limitar la contratación de compromisos financieros, nacionales y subnacionales, estableciendo mecanismos regulatorios que permitan detonar el crecimiento sano de las finanzas públicas.

Nuestro sistema federalista impide a la autoridad administrativa central tener ingerencia en los límites, fiscalización y evaluación del endeudamiento de las jurisdicciones locales, facultad arrogada a las legislaturas estatales.

Sin embargo, los poderes de la unión tendrían que tener facultades más amplias en estas materias, como puede ser la autorización y/o el establecimiento de topes máximos de endeudamiento de entidades federativas.

Esta iniciativa pretende evitar que el estado de Michoacán, y otros estados de la república, lleguen a un nivel de endeudamiento inexplicable, que a la fecha se encuentren en suspensión de pago a proveedores del gobierno, poniendo en riesgo hasta los servicios de salud.

Es preocupante que cinco entidades federativas tienen el 100 por ciento de su deuda garantizada con participaciones federales, que otros once estados, la deuda la tengan garantizada con más del 90 por ciento de sus participaciones.

Las reformas que plantea esta iniciativa permitirán al país contar con una mayor estabilidad financiera aprovechar al máximo sus recursos económicos y generar las condiciones necesarias para el desarrollo económico de México.

La iniciativa propone un nuevo modelo de contratación de deuda que garantice al Estado mexicano consolidarse como rector de la política económica del país; dar un nuevo impulso a las inversiones públicas y buscar contribuir a la estabilidad económica de nuestro país; para lograr lo anterior se proponen reformas a nuestra Constitución encaminadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano los elementos necesarios para aprovechar al máximo los recursos con los que el país cuenta.

En relación a la segunda iniciativa que pretende dotar al Senado de mayores atribuciones en caso de conflictos armados dentro del país, propone reformar diversos artículos de la ley reglamentaria de la fracción VI, del artículo 76 constitucional.

Plantea que en los últimos años, los mexicanos, hemos vivido un clima de incertidumbre y violencia como consecuencia de la delincuencia organizada y su crecimiento, situación que se ha radicalizado en diversas regiones del país como lo es en el estado de Michoacán, especialmente en la zona denominada Tierra Caliente.

Refiere quedar a la incapacidad del gobierno del estado para brindarle seguridad en virtud de la ineficacia de las autoridades locales, la población se propuso organizarse para salvaguardar su seguridad a través de grupos denominados “Autodefensas”.

Los grupos de autodefensa se expandieron por 27 municipios del estado michoacano.

La violencia en Michoacán, entonces, no se ha detenido, sino que momentáneamente se agrava debido a los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa a la defensa organizada, a lo que abona un ambiente de incertidumbre social debido a la ineficiente actuar de las autoridades gubernamentales.

La suma de todo lo anterior, atrajo la atención e interés del gobierno federal, que en los primeros días del 2014 desplegó distintos operativos policiales, militares y políticos que pretendían asumir el control de la seguridad del estado, tales labores comenzaron en los municipios de Apatzingan y Uruapan.

El 15 de enero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto creó mediante Decreto la Comisión por la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con fundamento en los artículos 21 y 89, fracción I de la Constitución, nombrando a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado.

El 4 de febrero de 2014, el Presidente de la República presentó el Plan Michoacán, en el cual se establecieron acciones a tomar por parte del Gobierno Federal, cuya meta era recobrar la paz en el estado.

A pesar del estado de necesidad con el que obraron los grupos de autodefensas en el Estado de Michoacán, el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, contiene en su primer párrafo la prohibición de hacer justicia por propia mano, o de ejercer violencia para reclamar un derecho, por lo cual, aunque el levantamiento armado a fin de protegerse de los grupos delictivos resultaba legítimo, estuvo al margen de la ley.

Por otro lado, la Constitución mexicana, en su artículo 76, fracción VI, como una de las facultades exclusivas del Senado de la República es la de resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra, con este fin al Senado, o cuando por motivo de dichas cuestiones se hayan interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas.

En este caso, el Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución General de la República y a la del estado.

Pero ¿Cuál se desprende que es facultad exclusiva de esta Cámara de Senadores? La de resolver las cuestiones políticas cuando se haya interrumpido el orden constitucional en un estado con motivo de conflicto de armas.

Sin embargo, la misma ley reglamentaria de la fracción VI, del artículo 76 constitucional, en sus artículos 2o. y 3o., no hace mención como tal de la interrupción del orden constitucional cuando medie un conflicto de armas, ni tampoco se señalan los casos en los que se intervendrá cuando el origen que le afecte gravemente sea distinto a las diferencias, conflictos, hechos o actos que provengan de los poderes estatales y sus representantes, lo que constituye por sí una omisión legislativa, ya que la misma C onstitución le confiere al Senado dicha atribución, por lo que resulta preciso modificar y adicionar distintas disposiciones de la ley reglamentaria.

Por lo que constitucionalmente corresponde al Senado establecer los lineamientos y medidas necesarias para recobrar el orden constitucional cuando se haya interrumpido con motivo de un conflicto de armas.

Estoy tomando un poco más de tiempo, Presidente, porque estoy hablando de cuatro iniciativas al mismo tiempo.

Finalmente, en relación a la tercera iniciativa que presento, referente a incorporar un artículo 23 Bis a la Ley General de Educación, propone establecer la obligación para los estudiantes del nivel medio superior de prestar servicio social. De igual forma, pretende establecer que los estudiantes de educación media superior, de formación propedéutica presten servicio social exclusivamente en áreas acordes al perfil del estudiante. Dicha iniciativa prevé que la prestación del servicio social deberá ser remunerativo.

Lo anterior, con base en que el contexto social, cultural y económico que actualmente enfrenta el Estado mexicano, impacte en el ánimo de nuestros jóvenes quienes tienen que abandonar sus estudios para ayudar a sus familias.

Los jóvenes tienen un papel fundamental en el desarrollo del país, motivo por el cual necesitan de herramientas e incentivos para poder alcanzar su máximo potencial, y que de esta manera puedan contribuir positivamente al desarrollo de nuestra nación.

El nivel medio superior es trascendental para la vida profesional de las personas, ya que en esta etapa es cuando se define cuáles son las aptitudes y cualidades que posee el joven para posteriormente estudiar el nivel superior.

La mayoría de los jóvenes no están conscientes de ello y no eligen correctamente su carrera profesional, provocando la frustración de los estudiantes al grado de tomar la decisión de no continuar estudiando, proseguir los estudios de una manera desinteresada y sin obtener los resultados esperados, creando profesionistas poco profesionales y capacitados para desarrollarse en su área, además de la pérdida económica y de tiempo a causa de la deserción escolar.

Los beneficios de realizar el servicio social obligatorio desde el nivel medio superior…

El Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Calderón Hinojosa, le ruego se encamine a terminar.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Estoy terminando, señor Presidente.

Es enmarcar la capacitación para el trabajo conforme a su vocación, continuar con estudios de tipo superior y abrir posibilidades y mostrar realidades distintas donde podrían desempeñarse en un futuro profesional.

Esta es la explicación de las cuatro iniciativas, las cuales están en la Gaceta Parlamentaria, y que le pido sean integradas en el Orden del Día.

Le agradezco, señor Presidente.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4, 6, 7, 9, 15, 16 Y 22 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 23 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Sánchez Jiménez: Bien. Como ya lo expresó la Senadora, presentó cuatro iniciativas, vamos a darle turno a cada una de ellas:

El proyecto de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de reformas a la Ley General de Deuda Pública se turna a la Cámara de Diputados.

El proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del artículo 76 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y por último, el proyecto que adiciona la Ley General de Educación se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a participantes de la convocatoria “Jóvenes con Iniciativa” de Morelia, Michoacán, invitados justamente por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Al igual que a los profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Bienvenidas y bienvenidos.

Vamos a presentar una iniciativa firmada por diversos Senadores de diversos grupos parlamentarios.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar a nombre propio y de los Senadores Arely Gómez González, Laura Angélica Rojas Hernández, Pablo Escudero Morales, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez, un proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores Arely Gómez González, Laura Angélica Rojas Hernández, Pablo Escudero Morales, María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez)

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Como ya lo ha señalado el Presidente de la Mesa Directiva, vengo a nombre de los Senadores Arely Gómez González, Laura Angélica Rojas Hernández, un servidor, Pablo Escudero Morales, María Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, a quien agradezco que me haya dado su turno para presentar esta iniciativa; y de Armando Ríos Piter, una iniciativa por la cual se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide una nueva la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es resultado de un esfuerzo de trabajo plural en donde, yo digo, sin precedente en la historia del Poder Legislativo, particularmente en el Senado; y que es resultado de las discusiones que distintos representantes de varios grupos parlamentarios, con el apoyo de especialistas, tanto académicos, como representantes de organizaciones de la sociedad civil, los propios órganos garantes, el Instituto Federal de Acceso a la Información, como los órganos garantes en los estados, y representantes de la academia, venimos a formular como resultado de estas discusiones.

Como ustedes recordarán, el pasado 7 de febrero, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales con lo que se pretender fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, sobre todo en los asuntos públicos, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país, a través de la transparencia y el acceso a la información pública.

Esta reforma constitucional nos mandató al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de transparencia gubernamental, misma que fue presentada la semana pasada por la Senadora Arely Gómez, y el día de hoy, pues también atendiendo a ese mandato constitucional, una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En esa reforma constitucional, como ustedes recordarán, se estableció la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información, que de aprobarse la Ley General que se presentó la semana pasada cambiaría su denominación por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esta autonomía se hizo extensiva a todos los órganos garantes en las entidades federativas, estableciendo también una muy importante ampliación de los sujetos obligados, en donde hoy se considera también a los partidos políticos, a los sindicatos y a todos los entes públicos o privados que administren o ejerzan recursos públicos o autos de autoridad, así como también se establece la obligación de preservar la inapegabilidad de las resoluciones del IFAI, su facultad de atracción, dotándolo, además, al Instituto Nacional de Acceso a la Información de legitimidad para promover acciones de inconstitucionalidad.

En la discusión de diseño, del nuevo diseño normativo, algunos de los sectores que participaron en los debates, tanto en el ámbito político, legislativo y académico, plantearon la posibilidad de establecer un sistema normativo que pudiera coexistir en nuestro país, y que permitiera contar con una Ley General en materia de transparencia y acceso a la información en donde se establecen los principios, bases y procedimientos de la materia, y una Ley de carácter federal que incorpore de manera más puntual las atribuciones, facultades y obligaciones del órgano garante federal, y de manera exhaustiva. Creo que es de los principales avances, las obligaciones de transparencia a lo que están obligados los sujetos de carácter federal.

El proyecto de Decreto que presentamos incluye nuevas modalidades, por ejemplo, el concepto de igualdad sustantiva, entendido éste como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres. Establecen los mecanismos de nombramientos de los comisionados, donde se realizarán mediante una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado de la República, y donde se limita la injerencia del titular del Ejecutivo Federal a la posibilidad de objetar la designación de algunos de los nombramientos realizados por el Senado de la República.

El acceso a hombres y mujeres al propio órgano garante en igualdad de condiciones, representa un avance muy significativo, ya que sienta el primer precedente para que un organismo con autonomía constitucional incorpore el principio de igualdad sustantiva en su integración.

En la iniciativa que presentamos se desarrollan, además, las obligaciones específicas para los sujetos obligados del orden federal, así como las facultades, funciones y competencias que corresponden a los demás órganos con autonomía constitucional.

Se incorporan también obligaciones específicas que responden a lo dispuesto en la Constitución, para cumplir con el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional en materia energética, para garantizar la transparencia en todas las actividades de exploración, extracción, distribución y refinación de hidrocarburos; el otorgamiento de contratos, licencias, alianzas o convenios que permitan el escrutinio público y transparenten las facultades para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, los Órganos Reguladores coordinados en materia energética, las empresas productivas del estado, sus filiales y subsidiarias; el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

También como cabeza de sector a la propia Secretaría de Energía, ya que independientemente de que es exhaustiva, la relación de obligaciones de todos los sujetos en el ámbito federal, se da un tratamiento en particular al tema de energía que se deriva de las obligaciones de transparencia que se establecieron tanto en el ámbito constitucional como en las leyes secundarias en materia energética.

Se establece así que obligaciones de transparencia, se establecen en ese sector para garantizar la fiscalización ciudadana, la seguridad energética y económica, la protección ambiental y el respeto a las comunidades afectadas, así como para otorgar certeza a las inversiones en beneficio del país y cerrar el paso a prácticas ilegales o a la corrupción.

En materia de procedimientos, en la iniciativa se incorpora la prueba de daño, que tendrá que realizarse cuando se clasifique información como reservada, con lo cual se limita el uso de esta clasificación de la información de materia discrecional al establecer que la carga de la prueba deberán realizarla los sujetos obligados para justificar toda negativa de acceso a la información, por lo cual se incluye también la prueba de interés público para ponderar dos derechos que pueden entrar en contradicción y en conflicto acotando la necesidad, idoneidad y proporcionalidad y previendo un procedimiento; específico para realizar esta prueba.

Es indudable que esta iniciativa recoge lo fundamental de la reforma constitucional, la experiencia que se ha venido gestando en el ámbito federal y en el ámbito local, y destaca, en el centro de sus preocupaciones, por supuesto, el derecho ciudadano al acceso a la información pública y la obligación de rendición de cuentas por parte de todos los entes públicos o privados que administren recursos o reciban recursos públicos.

En resumen, la iniciativa propone proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los órganos autónomos, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad en el ámbito del gobierno federal.

Y, tiene por objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentando la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, y favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de la autoridad de todos los sujetos obligados contribuyendo a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.

Con esta ley, se abroga la actual Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y esperamos que pueda ser dictaminada a la brevedad para que cumplamos con el mandato constitucional, que si bien nos pone como fecha límite el 8 de febrero del 2015, toda vez que hay consensos tanto en la ley general como en esta iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública pueda dictaminarse en este mismo período de sesiones, por lo cual le solicito señor Presidente, pueda hacer una excitativa a las Comisiones a las cuales se ha turnado la ley general, y a la que turne, en este caso, la ley federal para que se convoque a sesión el día de mañana y dictaminar oportunamente ambas iniciativas.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas, por supuesto, túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, y por supuesto hacemos un llamado a que consideren estas Comisiones reunirse a la brevedad para su dictaminación.

Aprovechamos para saludar la presencia de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados justamente por el Senador Alejandro Encinas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza, con el aval del grupo parlamentario del PRD, para presentar proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de la Alimentación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ALIMENTACION

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Como se ha comentado aquí, esta iniciativa tiene el aval del grupo parlamentario del PRD, que seguramente en su momento va a contar con el aval de todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores.

En calidad de Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, hubo todo un procedimiento de consultas de reuniones con académicos, con sector social y pequeños productores e iniciativa privada, para ir recogiendo elementos de visión y poder presentar esta ley que crea el Instituto Nacional de la Alimentación.

Agradezco a mi grupo parlamentario este respaldo; esta Ley del Instituto Nacional de la Alimentación contribuye a garantizar el derecho al ejercicio que tenemos todos los habitantes del país a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Permite cumplir con los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, con los objetivos del milenio y con las metas 2015 establecidas por las Naciones Unidas.

La ley previene la participación de gobierno y sociedad en la aplicación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones que permitan la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos a todos los habitantes del país.

Comprende acciones coherentes que deberán ejecutarse por los tres órdenes de gobierno, y por ciudadanos o grupos sociales para superar las situaciones de carencia e inseguridad alimentaria; prevenir o dar respuesta a los riesgos y vulnerabilidad, y garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación.

Establece el marco legal para la creación de un sistema permanente de atención a las personas, familias y hogares que están o pueda caer en situación de carencia alimentaria y pobreza extrema.

Estas políticas implican inclusión, desarrollo humano y empoderamiento de los sujetos del derecho, a la vez que proponen la política de esta que permite garantizar el acceso a los alimentos y fortalecer la soberanía del estado en esta materia.

En la ley se establecen normas, se crean instituciones, mecanismos, reformas, programas y acciones de gobierno necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso de todos los sujetos del derecho a alimentos suficientes, para así mismo garantizar una vida sana.

El fondo y el contenido principal de la ley, es conciliar intereses de todos los sectores activos y pasivos en la distribución y consumo de alimentos, en el esfuerzo por garantizar la seguridad y disponibilidad de los alimentos.

En la más alta concepción, la ley comprende las políticas de apoyo en caso de: desabasto o crisis debidos a fenómenos naturales, vulnerabilidad social, especulación o carencias; en este sentido, se propone la creación de una instancia de reserva de alimentos, y otra de atención de personas, con objeto de aplicar las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que derivan del mandato de garantía del derecho a la alimentación.

Se propone la creación de un conjunto de nuevas instituciones, escúchenlo bien, compañeros, estas son el Instituto Nacional de la Alimentación, es un organismo público del Estado mexicano, autónomo, con personal jurídica y patrimonio propio, para impulsar la aplicación de las políticas públicas de disponibilidad, educación, capacitación, transferencia de tecnología, apoyo alimentario y reserva de alimentos.

Se crea también el Sistema Nacional de Información Alimentaria, con el objeto de mantener información actualizada de la producción, transformación, distribución, comercialización de alimentos.

Fondo de ingesta alimentaria. Establecerá programas para atender a personas, hogares y comunidades que sean afectadas por fenómenos naturales, catastróficos, especulación u ocultamiento, asegurando la disponibilidad de alimentos.

También se creará el Instituto de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional. Será el encargado de coordinar la capacitación de técnicos especializados de acuerdo a los sectores y regiones de desarrollar paquetes tecnológicos adecuados a las circunstancias, características y necesidades de los productores rurales.

También se propone la creación de la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria. El objetivo de esta agencia es certificar la calidad e inocuidad de los alimentos y la ausencia de elementos tóxicos que puedan provocar daño al consumidor.

Y por último, se propone la creación de la reserva nacional de alimentos para garantizar las existencias de alimentos que aseguren la disponibilidad para las necesidades normales y permitan atender las emergencias que se presenten.

A fin de crear las condiciones necesarias para asegurar la disponibilidad de alimentos, la ley establece medidas para fomentar las redes públicas y privadas de distribución, fortalecer los mercados locales, promover los sistemas de intercambio en pequeña escala, apoyar la creación de mercados locales, regionales, centrales de abasto, centros de acopio y distribución, para consolidar una red de redes de distribución de alimentos que abarque a todo el país.

Se proponen programas integrales a una estructura de políticas públicas, que no sólo resuelvan la situación de carencia alimentaria, sino que aporte al desarrollo integral y sustentable de la sociedad rural. En la primera etapa debe ponerse atención especial a las familias con mayores índices de pobreza.

Este instituto funcionará con participación del gobierno federal, de los gobiernos en su caso, estatales y gobiernos municipales en una réplica en cada uno de ellos, también participarán los sectores privado y social a fin de que este consejo se reúna de manera autónoma; atienda y programe las necesidades de alimentación en nuestro país.

Un tema fundamental de la seguridad alimentaria es la inocuidad y sanidad de los alimentos. Para ello se propone la agencia nacional de certificación de la calidad alimentaria a partir de organismos ya existentes que deben convertirse en organismos con autonomía de gestión para el cumplimiento de los fines de esta ley.

La disponibilidad de alimentos, se entiende como la posibilidad de toda persona en edad productiva a alimentarse y alimentar a sus dependientes adecuadamente, sea con los frutos de su propio trabajo y conocimientos, en interacción con la biodiversidad de su entorno, sea con los recursos financieros obtenidos a través de trabajos distintos a la producción de alimentos, gracias a un sistema eficaz de abasto público y privado garantizado por el Estado.

Se propone la integración de una figura de la despensa mexicana que se integrará por los cien alimentos de mayor producción, demanda y consumo, determinados por la encuesta de consumo aparente que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, complementado con la información del Sistema Nacional de Información Alimentaria y la proporcionada por las cámaras relacionadas con la producción, distribución, transformación y comercialización de alimentos.

Se establece el plato del buen comer mexicano, con carácter regional, constituido por la suma de cereales, leguminosas, frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, semillas y agua suficiente para la preparación de los alimentos, que permite el acceso a una alimentación equilibrada y a una vida sana culturalmente aceptada y libremente determinada.

La ley establece el derecho de toda persona, comunidad o grupo de personas a solicitar la intervención de las autoridades locales y del Instituto Nacional de la Alimentación y otras instituciones que deben garantizar el acceso a los alimentos.

En los casos de desastres naturales, sequías, pérdida de cosechas, ocultamiento, especulación, aumento exagerado de los precios, desabasto o cualquier evento que signifique o conduzca a una situación de carencia alimentaria.

Se pone especial atención al tema de la educación alimentaria y nutricional, y se establece que la Secretaría de Educación Pública incluirá en los contenidos de la educación información sobre el valor nutricional de los alimentos y la adecuada combinación de los mismos para inducir una mejor alimentación en las familias y sus educandos.

Se establecen las responsabilidades de las Secretarías de despacho del Ejecutivo en los contenidos de la educación alimentaria y la específica de la SEP, de incorporar la materia de educación en la alimentación y nutrición de la Secretaría de Salud, de establecer las normas de salud relacionadas con el consumo de alimentos, la de Desarrollo Social para incorporar en sus programas una vertiente de instrucción alimentaria para un mejor aprovechamiento de los alimentos.

Porque entendemos que no hay que dejar camino por vereda y no hay que darle vueltas a los problemas, sino buscar soluciones de fondo, es que hoy proponemos a esta soberanía la Ley del Instituto Nacional de la Alimentación.

Compañeros, por falta de tiempo voy a acabar de abordar esta cuestión, pero le pido a la Mesa Directiva que integre la parte de mi documento completo y que agradezco a todos ustedes la paciencia con que he sido escuchado.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de tres iniciativas, que en virtud de que la fracasada reforma del campo no lo permitió, a partir de esta comisión estamos proponiendo esta serie de iniciativas.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

El senador Isidro Pedraza Chávez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 y 72 y de los numerales X, XXIX 2o. y 3o. y XXIX fracciones D, E, F, G, L, N de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 1, 164, 169 y demás aplicables del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la Iniciativa con Aval de Grupo Parlamentario con Proyecto de Decreto que crea el Instituto Nacional de la Alimentación, a partir de la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la segunda mitad del siglo XX México se transformó de una sociedad rural-urbana a ser una sociedad urbano-rural. Actualmente el 75% de la población del país vive en las ciudades y un numero aun mayor depende de las ciudades, por trabajos temporales, o porque enfocan su producción a proveer a las ciudades.

En los últimos 15 años la población del país creció de 90 a 118 millones de habitantes, distribuidos en 29 millones de hogares. El 23% de la población total del país, 26 millones de personas, vive en las zonas rurales.

El crecimiento de las ciudades ha creado oportunidades de empleo o de ocupación laboral más o menos estable para millones de hombres y mujeres originarios de las comunidades rurales, lo que sumado a la falta de oportunidades en el campo ha producido un aumento en la migración campo-ciudad.

Por su situación geográfica México es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, la principal afectación es en el campo. Los sectores productivos asociados a las zonas rurales han sido y son afectados por estos efectos.

Pero hay otras afectaciones en la sociedad rural, estas sociales. La primera es que las condiciones en que se desarrollan las actividades productivas, en las que predomina la siembra de temporal, la convierten en muy vulnerable a los eventos climáticos irregulares. El aumento de frecuencia e intensidad de los ciclones incrementan las superficies pérdidas o no cosechadas.

En los años recientes ha aumentado en números absolutos la población con carencias; en términos de acceso a los alimentos, para 2008 la encuesta (ENIGH) indica que el 18.2% de la población se encuentra en algún grado de carencia alimentaria. Según la medición multidimensional de la pobreza, la carencia por acceso a la alimentación ese año fue superior al 10% en todas las entidades federativas. (CONEVAL/ENIGH).

Según los datos más recientes proporcionados por CONEVAL correspondiente al Análisis y medición de la pobreza 2012, el porcentaje de personas con alguna carencia se redujo en 0.6% entre 2010 y 2012, aunque debido al crecimiento poblacional, en números absolutos el número de personas con carencias aumentó.  El número de personas en pobreza extrema es de 11.5 millones que representan al 9.8% de la población total del país y las que viven en situación de vulnerabilidad y podrían caer en carencia alimentaria son 7.2 millones, el 6.2 % de la población. Estas dos cifras nos dan un total de 16% en situación de riesgo alimentario permanente. (CONEVAL: 2013)

La población estimada para el 2030 según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, será cercana a los 137 millones 500 mil habitantes, lo que significa un crecimiento paralelo de la demanda de alimentos, que de no atenderse a través del estímulo a la producción nacional de alimentos llevará a un aumento relevante de las importaciones y a la pérdida efectiva de Soberanía en esta materia.

Un elemento a considerar es que la demanda de alimentos no es directamente proporcional al crecimiento de la población. Según datos de CANACINTRA los cambios poblacionales, las mejoras en ingreso, la migración campo-ciudad y el efecto de imitación (cambio a la calidad), conducen a una variación en el tipo, calidad y cantidad de alimentos que se demandan. En los treinta años (1982-2012) recientes la demanda de alimentos migró de la proteína vegetal a la proteína animal: se redujo el consumo de maíz y frijol y creció prácticamente en la misma proporción, el consumo de cárnicos.

La aplicación de políticas económicas neoliberales condujo a la pérdida de Autosuficiencia Alimentaria. Han sido cuarenta años de crecimiento mínimo en el campo; pese a esto la producción de alimentos no ha decrecido, si bien no ha alcanzado los porcentajes necesarios para cubrir la demanda nacional, por lo que a la par del crecimiento poblacional ha crecido la importación de alimentos y el déficit de balanza comercial agroalimentaria.

Actualmente somos la economía #14 en el mundo; pero, ocupamos el noveno lugar mundial en producción agroalimentaria y tenemos el séptimo mayor mercado de alimentos del mundo, con un gasto estimado total en productos alimenticios de $903,000 millones de pesos al año. (Datos de 2012, Roberto Guadarrama, Conacoce, A.C., Encuentro Social por la Alimentación, enero 2013)

México cumple algunos de los parámetros que señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, respecto a Seguridad Alimentaria, aunque está lejos del mínimo de 75% que señala la misma organización internacional para considerar que se tiene Seguridad Alimentaria plena.

El criterio de FAO considera que existe Seguridad Alimentaria si la producción nacional de alimentos llega al 75% del consumo nacional, o si el país está en condiciones económicas para satisfacer a través de la adquisición en el mercado internacional la demanda de alimentos necesarios para su población. Nosotros pensamos que la Seguridad Alimentaria debe ser un resultado de la producción nacional y que se expresa en que la producción de alimentos es mayor a la demanda nacional estimada, y la balanza comercial agroalimentaria está equilibrada o es superavitaria.

La disponibilidad es el gran reto de la Seguridad Alimentaria. El crecimiento demográfico y la dispersión de esfuerzos y políticas relacionadas con la producción y distribución de alimentos ha creado dificultades para garantizar el acceso a alimentos a la creciente población del país.

Las deficiencias en infraestructura en la etapa de post cosecha, la carencia de almacenes, bodegas, caminos y medios de transportación provocan perdidas y mermas relevantes.

Hoy en día existen varias redes de distribución, comercialización y venta de alimentos. Esto que es bueno, no representa ventajas para los consumidores finales.

Entre los problemas que más afectan están las pérdidas post cosecha, la monopolización de productos, el control de mercados por grupos monopolistas, la imposibilidad de incluir a cientos de miles de pequeños productores en las actividades de comercialización, problemas que mantienen precios altos en los alimentos, sin que esto signifique mejora en los ingresos de los productores primarios.

En el país existen 29 millones de hogares que adquieren sus alimentos en una red de distribución y comercialización de casi millón y medio de puntos de venta, que van desde mercados locales, pequeños abarrotes, venta en mercados informales, tiendas de barrio y de pueblo, changarros diversos, hasta centrales de abasto, supermercados y tiendas de conveniencia.

En este total de hogares, hay una cifra no determinada de comunidades rurales y zonas suburbanas en las que no existen centros de distribución de alimentos y un número no estudiado de hogares de las comunidades rurales, que son productores de autoconsumo y solo participan con sus excedentes en mercados locales o regionales; también hay mercados tradicionales que operan consistentemente en centros de población predeterminados al margen de los sistemas fiscales convencionales y de las estadísticas académicas.

Las grandes cadenas representan el 17%, de los puntos de venta, los expendios tradicionales son más de un millón doscientos mil. (Datos del Dr. Roberto Guadarrama en el Encuentro Social por la Alimentación).

Al examinar la Red de Distribución el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta la existencia de:

78 Centrales de abasto;

2,367 mercados públicos;

16,053 comercios al por mayor de abarrotes, alimentos, aguas embotelladas;

Poco más de 908 mil comercios minoristas;

5,755 tianguis;

21,988 tiendas DICONSA;

Más de 10,000 tiendas LICONSA;

La población ocupada en comercio de alimentos, agua y abarrotes, es el 14.58% de la población económicamente activa

Sobre el acceso a agua potable INEGI reporta un 98% de la población del país.

Los datos anotados son preocupantes: según lo asentado en el Informe de Desarrollo Humano 2012 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el 2%, de la población mexicana, 2, 240 000 personas, vive con 1.25 dólares al día y un 4.8%, 5, 376 000 habitantes, vive con 2 dólares al día. Estos más de 7 y medio millones de mexicanos están en situación de carencia alimentaria; seis de cada diez, más de cuatro millones de personas, residen en el medio rural; pero las carencias alimentarias en las zonas urbanas también han aumentado en los últimos años.

La inseguridad alimentaria se entiende como un problema de producción, disponibilidad, acceso y consumo de los alimentos. Sin embargo la seguridad alimentaria no garantiza un buen estado nutricional. Los alimentos deben ser de calidad y diversidad, y deben ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo saludable. (CONEVAL)

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en México existe disponibilidad de alimentos en la medida en que la oferta de alimentos es de 3270 kilocalorías per cápita al día y los requerimientos mínimos para la población mexicana es de 1850 kilocalorías per cápita al día (CONEVAL/FAO). Esta es una estimación promedio nacional, con una visión macroeconómica, que se debe matizar con los datos de acceso material y económico a los alimentos.

Respecto al acceso económico a la alimentación los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los hogares, ENIGH, son: los hogares en el decil de ingreso más bajo destinan en promedio 52% de su gasto a la compra de alimentos, a diferencia del decil más alto que destina únicamente el 23%. (CONEVAL/ENIGH, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares / INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Por otra parte, paradójicamente, enfrentamos un problema creciente de obesidad que no se ha podido controlar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2006, México se encuentra en una transición nutricional con prevalencia simultanea de problemas de desnutrición-anemia y sobrepeso-obesidad, (ENSANUT/ CONEVAL/INNSZ). El sobrepeso y la obesidad son resultado del desbalance energético, es decir, la energía calórica ingerida en la dieta es superior al gasto energético, la energía que el organismo no gasta se transforma en tejido graso que se acumula y provoca la obesidad. (Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, INNSZ)

En esta transición se ha abandonado la cultura alimentaria tradicional para entrar a un patrón de consumo basado en alimentos industrializados, con prevalencia de cárnicos y comida de alto valor agregado, fundamentalmente a base de alimentos importados, lo que añade al problema de la falta de producción nacional, el del alza en los precios internacionales de los alimentos. (INNSZ/ Abelardo Ávila Curiel)

El resultado de estos 30 años de transición alimenticia está a la vista: cerca del 70% de la población adulta presenta sobrepeso: 71.9% entre las mujeres adultas, 66.7% entre los hombres. La frecuencia es mayor en la población urbana que en la rural con una tendencia a que se borren las diferencias (CONEVAL).

De acuerdo a expertos los adultos obesos de hoy son los niños que no fueron atendidos hace treinta años en su problema de desnutrición. Es decir, un adulto obeso es el niño desnutrido que sufrió daños metabólicos brutales y hoy sufre una enfermedad crónica. Tan solo en los últimos seis años murieron por diabetes mellitus medio millón de mexicanos y el problema sigue creciendo, ya que la actual generación de niños presenta un porcentaje elevado de obesidad. (INNSZ/ AAC)

Ante este panorama la Ley tiene que considerar la educación nutricional, la orientación alimentaria, la capacitación en nutrición para las y los responsables de los hogares, la protección al derecho de los niños a ser educados para una buena nutrición, la información oportuna sobre valores nutricionales, la disponibilidad de una despensa adecuada a las necesidades alimenticias de la población, la transferencia de tecnología de alimentación y nutrición, el aprovechamiento de los alimentos y sistemas alimentarios regionales.

Según la FAO el problema de la desnutrición por deficiencia en el consumo radica en el acceso desigual a los alimentos. Por este motivo, tanto en la cumbre mundial sobre la alimentación de 1996 como en la Cumbre del Milenio de 2000 se refrendó el compromiso y la necesidad de reducir el porcentaje de población que sufre hambre y desnutrición en el ámbito mundial en un 50%, y se estableció como plazo para el cumplimiento de dicho objetivo el año 2015.

El 13 de Octubre del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición a los artículos cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de establecer el Derecho a la Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y al agua necesaria para su transformación y para su consumo personal, así como la Garantía del cumplimiento del derecho.

Adicionalmente el Artículo veintisiete de la propia Constitución establece la obligación para el Estado de promover el desarrollo rural integral, entro otros propósitos para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Como consecuencia de estos mandatos contenidos en la Constitución es obligación del Estado garantizar la disponibilidad de alimentos para toda la población.

En el ámbito internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas se han creado una gran cantidad de instrumentos jurídicos, en los que México es parte. Algunos de estos son:

● La Declaración Universal de Derechos Humanos,

● La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición,

● El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

● La Cumbre Mundial sobre la Alimentación

● El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

● La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del Año

y más recientemente

Los Objetivos del Milenio y las Metas Post 2015 establecidas por la Organización de las Naciones Unidas

Fundamentos jurídicos y legislativos

Artículos 1, 4, 25, 26, 27, 28 y115 constitucionales,

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que Estado Mexicano sea parte, así como de las Garantías para su protección."

El Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el Derecho a la Alimentación como parte de los Derechos Humanos.

● fracción tercera: "Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El estado lo garantizará."

● fracción sexta: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible."

Art. 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático...

● Fracción tercera: Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector privado y el social.

Art. 26.- El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática... habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación.

Art. 27.- 10. I...XIX...

Fracción XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra... El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Artículo 28.-

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas... la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios... y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

...La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses...

Artículo 115...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:

a) ...

b) ...

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios...

d)...

Como complemento del marco normativo mexicano del derecho a la alimentación, se incluyen los Tratados, Convenios, Compromisos y Acuerdos Internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia.

Carta de las Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, / Programa Mundial de Alimentos, PMA.

Grupo de Alto Nivel de Expertos, FIDA / Comité con sede en FAO, la Secretaria se ejerce de manera conjunta por FAO, FIDA Y PMA

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, firmado por México el 23 de marzo de 1986, reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación adecuada… y a una mejora continua de las condiciones de existencia… así como el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”. (Art. 11, párr. 2)

Declaración de Roma de 1996 sobre la Seguridad Alimentaria Mundial reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, CDESC, integrado por estados miembros de la FAO, el PMA y el FIDA y por estados no miembros de la FAO, pero sí de la ONU, representantes de organismos y órganos de la ONU con mandato especifico en el campo de seguridad alimentaria, Sociedad civil, ONG´s y redes sociales, sistemas de investigación agrícola, instituciones financieras, asociaciones del sector privado, fundaciones filantrópicas, actores no gubernamentales organizados en forma autónoma, vinculados al Mecanismo internacional de la Sociedad Civil y/o al Mecanismo del sector privado, propone esta definición del Derecho a la Alimentación:

OBJETIVOS DEL MILENIO

En el marco de los compromisos internacionales establecidos en Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales, nuestro país tiene la obligación de desplegar políticas públicas de atención a los Objetivos del Milenio acordados en la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos se sintetiza en Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

CONTENIDOS DE LA LEY

La Ley del Instituto Nacional de la Alimentación contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de todos los habitantes del país a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; permite cumplir con los Tratados y Convenios Internacionales de los que México es parte, con los Objetivos del Milenio y las metas Post 2015 establecidas por las Naciones Unidas.

La Ley previene la participación de Gobierno y Sociedad en la aplicación de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que permitan la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos a todos los habitantes del país.

Comprende acciones coherentes que deberán ejecutarse por los tres órdenes de gobierno y por ciudadanos o grupos sociales, para superar las situaciones de carencia e inseguridad alimentaria, prevenir o dar respuesta a los riesgos y vulnerabilidad y garantizar de manera efectiva el Derecho a la Alimentación.

Establece el marco legal para la creación de un sistema permanente de atención a las personas, familias y hogares que están o pueden caer en situación de carencia alimentaria y pobreza extrema.

Estas políticas implican inclusión, desarrollo humano y empoderamiento de los sujetos del derecho, a la vez que proponen la política de Estado que permite garantizar el acceso a los alimentos y fortalecer la Soberanía del estado en esta materia.

En la Ley se establecen normas, se crean instituciones, mecanismos, reformas, programas y acciones de gobierno necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso de todos los sujetos del derecho a alimentos suficientes para asimismo garantizar una vida sana.

El fondo y contenido principal de la Ley es conciliar intereses de todos los sectores activos y pasivos en la distribución y consumo de alimentos, en el esfuerzo por garantizar la seguridad y disponibilidad de alimentos.

En la más amplia concepción, la Ley debe comprender las políticas de apoyo en casos de desabasto o crisis debidos a fenómenos naturales, vulnerabilidad social, especulación o carencias. En este sentido se propone la creación de una instancia de Reserva de alimentos y otra de Atención a personas.

Con objeto de aplicar las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que derivan del mandato de Garantía del Derecho a la Alimentación, se propone la creación de un conjunto de nuevas instituciones.

Estos son:

I. Instituto Nacional de la Alimentación, es un Organismo Público del Estado Mexicano, Autónomo, con Personalidad Jurídica y patrimonio propio; para impulsar la aplicación de las políticas públicas de disponibilidad, educación, capacitación, transferencia de tecnología, apoyo alimentario y reserva de alimentos.

II. Sistema Nacional de Información Alimentaria, con el objetivo de mantener información actualizada de la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos,

III. Fondo de Ingesta Alimentaria; establecerá programas para atender a personas, hogares y comunidades que sean afectadas por fenómenos naturales catastróficos, especulación u ocultamiento asegurando la disponibilidad de alimentos.

IV. Instituto de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional encargado de coordinar la capacitación de técnicos especializados de acuerdo a los sectores y regiones, de desarrollar paquetes tecnológicos adaptados a las circunstancias, características y necesidades de los productores rurales,

V. Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria, objetivo es certificar la calidad e inocuidad de los alimentos y la ausencia de elementos tóxicos que puedan provocar daño al consumidor.

VI. Reserva Nacional de Alimentos, para garantizar las existencias de alimentos que aseguren la disponibilidad para las necesidades normales y permitan atender las emergencias alimentarias.

A fin de crear las condiciones necesarias para asegurar la disponibilidad de alimentos, la Ley establece medidas para fomentar las redes públicas y privadas de distribución, fortalecer los mercados locales, promover los sistemas de intercambio en pequeña escala, apoyar la creación de mercados regionales, centrales de abasto, centros de acopio y distribución, para consolidar una red de redes de distribución de alimentos que abarque a todo el país.

Se proponen programas integrados en una estructura de políticas públicas, que no solo resuelvan la situación de carencia alimentaria, sino que aporte al desarrollo integral y sustentable de la sociedad rural. En la primera etapa debe ponerse atención especial a las familias con mayores índices de pobreza.

Un tema fundamental de la Seguridad Alimentaria es la inocuidad y sanidad de los alimentos. Para ello se propone la creación de la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria, a partir de organismos ya existentes que deben convertirse en organismos con autonomía de gestión para el cumplimiento de los fines de la Ley.

La disponibilidad se entiende como la posibilidad de toda persona en edad productiva a alimentarse y alimentar a sus dependientes adecuadamente, sea con los frutos de su propio trabajo y conocimientos en interacción con la biodiversidad de su entorno, sea con los recursos financieros obtenidos a través de trabajos distintos a la producción de alimentos, gracias a un sistema eficaz de abasto público y privado, garantizado por el Estado.

Se propone la integración de la figura de la Despensa Mexicana, que se integra por los 100 alimentos de mayor producción, demanda y consumo, determinados en la encuesta de consumo aparente que realiza el Instituto Nacional de Estadística. (INEGI), complementado con la información del Sistema Nacional de Información Alimentaria y la proporcionada por las Cámaras relacionadas con la producción, distribución, transformación y comercialización de Alimentos.

Y se establece el Plato del buen comer mexicano, con carácter regional, constituido por la suma de cereales, leguminosas, frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, semillas y agua suficiente para la preparación de los alimentos, que permita el acceso a una alimentación equilibrada y a una vida activa y sana, culturalmente aceptada y libremente determinada.

La ley establece que toda persona, comunidad o colectivo de personas, tienen derecho a solicitar la intervención de las autoridades locales y/o del Instituto Nacional de la Alimentación y de otras instituciones, que deben garantizar el acceso a alimentos en los casos de desastres naturales, sequías, pérdida de cosechas, ocultamiento, especulación, aumento exagerado de los precios, desabasto, o en general cualquier evento que signifique o conduzca a una situación de carencia alimentaria. Por ello se propone la creación del Fondo de Ingesta Alimentaria que atienda esas carencias.

Se pone especial atención al tema de la Educación Alimentaria y Nutricional y se establece que la Secretaría de Educación Pública incluirá en los contenidos de la educación información sobre el valor nutricional de los alimentos y la adecuada combinación de los mismos, para inducir una mejor alimentación en las familias de sus educandos.

Se establecen las responsabilidades de las Secretarías de despacho del Ejecutivo en los contenidos de la Educación Alimentaria y la específica de la SEP de incorporar la materia de educación en alimentación y nutrición; de la Secretaría de Salud de establecer las normas de salud relacionadas con el consumo de alimentos; la de Desarrollo Social para incorporar en sus programas una vertiente de instrucción alimentaria para un mejor aprovechamiento de los alimentos.

En consideración a lo expuesto, presento a esta Honorable Cámara la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional. Su objetivo es garantizar el ejercicio del Derecho a la Alimentación establecido en el Artículo 4 párrafos tercero y sexto y en el párrafo segundo de la fracción vigésima del artículo 27de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su finalidad es establecer un organismo público, el Instituto Nacional de la Alimentación, encargado de coordinar a los tres órdenes de gobierno, instituciones, empresas públicas, privadas y de propiedad social, organizaciones sociales y ciudadanos para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 2.- Esta Ley tiene como finalidad crear las condiciones para que todo habitante en el territorio nacional, de acuerdo a su tradición cultural y a su libre elección, tenga garantizado el acceso material y económico permanente a alimentos nutritivos, suficientes, de calidad e inocuos, y al agua potable necesaria para su transformación y para la hidratación, cuya combinación aporte los nutrientes necesarios para mantener sus funciones vitales y desarrollarse en cada etapa de su vida.

Artículo 3.- En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la alimentación. El Instituto Nacional de la Alimentación será responsable de garantizar el trato igual a todas la personas sin discriminación por origen étnico, social o nacional, genero, edad, discapacidad, condiciones de salud, religión, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 4.- Los tres órdenes de gobierno de conformidad con sus competencias y de lo establecido en esta Ley, aplicarán políticas públicas específicas para atender a las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza alimentaria, que la sufran temporalmente por cualquier causa o que estén en riesgo de caer en esa situación.

Artículo 5.-La Ley establece las bases para una política de coordinación gobierno-sociedad, que se operará a través del Instituto Nacional de la Alimentación, que tiene el objetivo de proveer al Estado de capacidad para atender la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para todos los habitantes del país, atender las emergencias alimentarias, evitar la especulación y la volatilidad de los precios y garantizar la estabilidad de la oferta de alimentos.

Del Instituto Nacional de la Alimentación

Artículo 6.-Se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN como un Organismo Público Autónomo del Estado Mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo7.-El Instituto es la institución del Estado para cumplir los objetivos de accesibilidad plena a los alimentos, eliminación de la desnutrición infantil, aseguramiento de la disponibilidad de alimentos, establecimiento de una reserva nacional de alimentos, difusión de buenas prácticas alimentarias y atención a personas en situación de carencia o emergencia alimentaria.

Artículo 8.- El Instituto en coordinación con las instancias de gobierno responsables de las políticas sociales de desarrollo social, creará programas para identificar a las personas, familias, hogares y comunidades que estén en situación de pobreza alimentaria o en riesgo y establecerán las acciones de prevención, remediación o desarrollo necesarias para modificar las condiciones que provocan esa situación, contribuyendo al combate a la pobreza.

Artículo 9.- El Instituto tiene la misión de actuar en el marco de las responsabilidades que se definen en esta Ley para garantizar que todas las personas en el territorio nacional tengan acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y saludable, de acuerdo a su tradición cultural y libremente determinada, coordinando y promoviendo la participación de Gobierno y Sociedad en Políticas Públicas de disponibilidad alimentaria que buscan que la población llegue a un estado nutricional adecuado garantizando el cumplimiento del Derecho a la Alimentación, para lo cual :

I. Establecerá los mecanismos para la aplicación de las políticas públicas enfocadas a garantizar el ejercicio del Derecho a la Alimentación,

II. Formulará y ejecutará programas de apoyo a la producción, conservación, transformación, disponibilidad, distribución y acceso a los alimentos, en coordinación con el Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional,

III. Vigilará el ejercicio pleno del derecho a la alimentación,

IV. Elaborará y ejecutará programas de capacitación en nutrición,

V. Promoverá la organización de grupos de compras en común y cooperativas de consumo en las zonas de expulsión de migrantes,

VI. Intervendrá en los casos de desastres naturales en coordinación con las autoridades y con organismos sociales de atención a personas, para asegurar la alimentación a las personas afectadas,

VII. Creará y administrará un Sistema Nacional de Información Alimentaria,

VIII. Contribuirá a la organización de un Sistema de disponibilidad y Accesibilidad de alimentos,

IX. Organizará, administrará y operará la Reserva Nacional de Alimentos,

X. Organizará, administrará y operará el Fondo de Ingesta Alimentaria,

XI. Creará y administrará el Sistema Nacional de Información Alimentaria,

XII. Creará y administrará el Centro de Educación, Capacitación, y Asesoría alimentaria y nutricional,

Artículo 10.- El Instituto como entidad autónoma del Estado tiene entre otras atribuciones y funciones:

I. Establecer sus reglamentos y planes de operación,

II. Coordinar la participación de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales en actividades de disponibilidad de alimentos,

III. Administrar Fondos y Programas enfocados a la atención a personas, grupos o comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad alimentaria, o que se vean afectados por desastres naturales, desabasto o especulación,

IV. Promover la cultura alimenticia a través de información por los medios masivos de comunicación, a fin de prevenir la desnutrición y las enfermedades derivadas de mala nutrición

V. Establecer convenios con las Secretarias de Educación y Salud para incluir la educación alimentaria en el sistema nacional de educación básica,

VI. Diseñar, producir y difundir programas de promoción de políticas de disponibilidad alimentaria,

VII. Coordinar el sistema de evaluación y seguimiento permanente de las condiciones nutricionales de la población,

VIII. Elaborar programas de capacitación para un mejor aprovechamiento de los alimentos,

IX. Formular y ejecutar programas ordinarios y especiales de distribución, acceso y disposición de alimentos,

X. Coordinarla ejecución de los proyectos de acceso a los alimentos que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes y programas que determine el Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional, y de los planes estatales y municipales enfocados a los mismos fines,

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud en la vigilancia de los programas de nutrición y alimentación que realice,

XII. Coordinarse con organismos filantrópicos de la Sociedad Civil enfocados a la atención alimentaria a personas y grupos vulnerables,

XIII. Coordinarse con Instituciones de Educación Superior y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para la promoción de investigaciones relacionadas con los procesos de conservación, transformación y disponibilidad de alimentos,

XIV. Coordinar con el INEGI y CONEVAL la difusión de la información estadística sobre alimentación y sobre el estado nutricional de la población,

Artículo11.- El patrimonio del Instituto se integra:

I. Con recursos destinados a la atención alimentaria que se encuentran en presupuestos del Programa Especial Concurrente para el Campo del PROAGRO, actualmente sectorizado en SAGARPA y de los programas de Abasto Social, de Apoyo Alimentario y de Desarrollo de Zonas Prioritarias, actualmente sectorizados en SEDESOL,

II. Con el 0.5% del excedente de la renta petrolera;

III. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal;

Artículo 12.- Los órganos de dirección del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo General, el Consejo de Administración, el Director General y Presidente del Consejo de Administración, las Direcciones Generales de los Organismos Autónomos, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información.

La Asamblea General

Artículo 13.- La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto. Es un organismo incluyente para propiciar el diálogo de Gobierno y sociedad, por lo que en su composición participan representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, representantes de los sectores productivos público, privado y social, representantes de los centros de educación superior e investigación, organismos consultores del Gobierno Federal y representantes de las empresas de alimentos. Se integrará por representantes designados por once sectores de la siguiente manera:

● Siete por el Ejecutivo Federal,

● Siete por el Congreso de la Unión,

● Siete por las organizaciones nacionales campesinas,

● Siete por los sistemas producto a nivel nacional,

● Siete por instituciones académicas vinculadas al ramo,

● Siete representantes de la propiedad social;

● Siete por organizaciones de la sociedad civil,

● Siete de las Cámaras de productores e industrializadores

● Siete de Organizaciones ganaderas,

● Siete de Organizaciones pesqueras,

● Siete de las empresas de comercialización de alimentos, y

● Cinco representantes por cada organismo autónomo sectorizado en el Instituto.

Artículo 14.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I. Examinar y en su caso aprobar el presupuesto de ingresos y egresos y el Plan de Trabajo anual del Instituto, y los programas multianuales,

II. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y sus reformas,

III. Aprobar los Reglamentos de los Organismos Autónomos y elegir a los Directores Generales o Equivalentes;

IV. Aprobar las Reglas de Operación de los Programas del Instituto;

V. Aprobar normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información;

VI. Designar a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información;

VII. Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto.

Artículo 15.- Los miembros de la Asamblea General durarán en su encargo 4 años y podrán ser designados, reelegidos o removidos libremente por el organismo o institución que los designe. La forma de elegir o designar a los representantes de cada sector será responsabilidad del propio sector que realizará las convocatorias respectivas de acuerdo a sus reglas internas. En el caso de los organismos autónomos la representación se integrará por el Director General o equivalente y cuatro personas más de acuerdo a como lo determine su Reglamento Interno.

Artículo 16.- La Asamblea General del Instituto deberá reunirse de manera ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria por convocatoria del Director General una sola vez cada año.

Artículo 17.- Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el Director General.

El Consejo General

Artículo 18.- El Consejo General del Instituto se integra por 13 miembros, cinco designados por el Ejecutivo Federal, cuatro elegidos por el Senado de la República y cuatro elegidos por la Asamblea Nacional del Instituto.

Artículo 19.- El Consejo General es un Órgano de vigilancia y asesoría del Instituto. Tiene por objeto revisar la operación, establecer políticas generales para un mejor funcionamiento, proponer programas ordinarios o especiales, aprobar en primera instancia los Informes Anuales que presentará el Director General, evaluar la funcionalidad interna del Instituto, proponer mejoras a las políticas sustantivas del Instituto.

Artículo 20.- El Consejo es el órgano de Gobierno del Instituto en el lapso entre las Asambleas Nacionales y tendrá las atribuciones y facultades de la Asamblea durante ese tiempo.

Artículo 21.- Para ocupar cargo de Consejero en el Consejo General del INAL se requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad, con experiencia técnica en el tema, no estar ocupando un cargo en el Gobierno, no haber sido dirigente de Partido Político en los últimos cinco años, no pertenecer a las directivas de organismos privados o públicos relacionados con los sectores productivos alimentarios.

Artículo 22.- Los miembros del Consejo General durarán en su encargo 4 años y podrán ser reelegidos para un segundo período por el mismo órgano de Gobierno que los eligió. Los Consejeros que sean elegidos por la Asamblea Nacional dejarán de pertenecer a ese Órgano durante el tiempo en que sean Consejeros.

Artículo 23.- Los Consejeros contarán con apoyo del Instituto para la realización de sus funciones y podrán asistir, con voz, pero sin voto, a las Asambleas Generales.

Artículo 24.- El Consejo se reunirá al menos una vez al mes en sesiones abiertas en las que podrán participar como invitados representantes de los sectores que integran el Instituto o personas interesadas en el avance de los programas y acciones de atención a la alimentación y nutrición.

Artículo 25.- El Consejo contará con Comisiones para realizar estudios y análisis relacionados con los programas y actividades del Instituto. Las Comisiones generarán insumos programáticos, formularán propuestas para mejorar el funcionamiento y operación y emitirán opiniones sobre los temas que les sean encomendados.

Artículo 26.- Cada Comisión será coordinada por un Consejero y será integrada por un número no menor a tres ni mayor a siete personas. Los temas a desarrollar estarán vinculados a las actividades del Instituto y serán, indicativamente:

● Comisión de Estudios de la Seguridad Alimentaria: aspectos de seguridad material y económica de acceso a los alimentos.

● Comisión de seguimiento a los programas de Alimentación y nutrición.

● Comisión de monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria y nutricional de poblaciones en pobreza y carencia alimentaria y de los programas de Atención a personas en situación de pobreza; Esta Comisión será la encargada de establecer los parámetros y metodología para crear el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Atención a personas, familias y hogares del Fondo de Ingesta Alimentaria.

● Comisión de estudios sobre el Abasto, comercialización y reserva de alimentos,

● Comisión de Fomento de la participación social en la atención a temas de disponibilidad y calidad alimentaria;

● Comisión de Educación, capacitación y transferencia de tecnologías;

● Comisión de Evaluación interna del cumplimiento de los planes y programas del Instituto;

● Comisión de Relaciones interinstitucionales y con organismos internacionales.

El Director General

Artículo 27.- El Director General será nombrado por el Senado de la República de una terna propuesta por el Presidente de la República.

Para ocupar cargo de Director General se requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y con experiencia técnica y administrativa. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez.

Artículo 28.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que le corresponden conforme a la ley,

II. Presidir las sesiones de la Asamblea General con voz, pero sin voto;

III. Presidir las sesiones del Consejo de Administración;

IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;

V. Presentar anualmente al Consejo de Administración y a la Asamblea General el informe de actividades del ejercicio anterior;

VI. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último día de octubre de cada año, el programa de trabajo del siguiente año;

VII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus funciones y remuneraciones;

VIII. Enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación operativa que guarda el Instituto y sobre los avances en el logro de la mejora nutricional de la población, y

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

DEL COMITÉ TÉCNICO

Artículo 29.- El Director General contará con un Comité Técnico que le auxiliará en la determinación de los programas prioritarios y para vigilar que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone el Presupuesto de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan anual y multianual del propio Instituto.

El Comité Técnico es un grupo multidisciplinario que se integrará de acuerdo a necesidades de planeación y operación del Instituto El Director General tendrá libertad para nombrar y remover a los integrantes del Comité Técnico.

Artículo 30.- El Comité Técnico del Instituto contará con un Grupo de Expertos plural y apartidista, que tiene como propósito coadyuvar al Sistema en la elaboración de propuestas y recomendaciones tendientes a asegurar una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. Sus recomendaciones serán consideradas en la formulación de las políticas públicas del Instituto y del Plan Nacional Alimentario.

Artículo 31.- el Grupo de Expertos deberá contar al menos con: Un Secretario Técnico Ejecutivo, designado por el Director General del Instituto, encargado de coordinar los trabajos del Grupo. Al menos 5 académicos o investigadores de alguna de las Instituciones de Educación Superior que serán designados por su trayectoria profesional y prestigio en temas vinculados a los objetivos del Instituto y 4 designados por su conocimiento de las actividades de producción, transformación, distribución o comercialización de alimentos

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 32.- El Consejo de Administración estará integrado por diez y siete miembros, designados por la Asamblea General a proposición del Ejecutivo Federal, del Senado de la República, de las organizaciones nacionales campesinas, de los sistemas producto, de las instituciones académicas vinculadas a los sectores de producción de alimentos, de los representantes de la propiedad social, de las organizaciones de la sociedad civil, de las Cámaras y organismos consultivos del Poder Ejecutivo Federal. Por cada consejero propietario se designará un suplente.

Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser parte de la Asamblea General.

Artículo 33.- Los integrantes del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelegidos o removidos por la Asamblea General, a propuesta o petición de la representación que los hubiere propuesto por conducto del Director General.

Artículo 34.- El Consejo de Administración será presidido por el Director General del Instituto o por uno de los representantes del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que determine la Asamblea Nacional.

Artículo 35.- El Consejo de Administración sesionará, por lo menos, una vez al mes.

Artículo 36.- El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I. Resolver sobre las operaciones del Instituto,

II. Examinar los presupuestos, planes de trabajo, los programas, las evaluaciones internas y el informe de actividades formulado por la Dirección General;

III. Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, las Reglas de Operación de los programas del Instituto;

IV. Aprobar los nombramientos del personal directivo de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto.

V. Proponer a la Asamblea General los programas y reglas de operación de la Reserva Nacional de Alimentos y del Fondo de Ingesta Alimentaria,

VI. Aprobar la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

VII. Las demás que le señale la Asamblea General o se desprendan de la presente Ley.

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO

Artículo 37.- Para cumplir los objetivos señalados en esta ley el Instituto cuenta con tres Subdirecciones Generales y tres Organismos autónomos sectorizados. Las Subdirecciones Generales se harán cargo de las áreas operativas que son:

● Subdirección de Información Alimentaria y Nutricional, responsable del Sistema Nacional de Información Alimentaria,

● Sub dirección de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria, responsable de la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria,

● Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología responsable del Centro de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional.

Los Organismos Autónomos Sectorizados se harán cargo de acciones sustantivas de Atención a la sociedad, estos son:

● Fondo de Ingesta Alimentaria,

● Reserva Nacional de Alimentos,

● Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA

Artículo 38.- El Instituto Nacional de la Alimentación creará y operará un Sistema Nacional de Información Alimentaria, que será dirigido por el Subdirector de Información Alimentaria y Nutricional.

Artículo 39.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria recabará información de instituciones de gobierno, organizaciones sociales, centros de educación e investigación, productores, industrializadores, comercializadores de alimentos, y empresas de comunicación social, para proporcionar a la población información suficiente y oportuna sobre el ejercicio del derecho a la alimentación y los derechos de cada persona.

Artículo 40.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria operará entre otros un programa de seguimiento de los programas de nutrición a niños y niñas menores de seis años. Para tal efecto establecerá en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el reloj de la nutrición, un sistema de información oportuna y permanente, que aporta información en tiempo real del estado nutricional de los niños y niñas y del avance de los programas de atención alimentaria.

Artículo 41.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria mantendrá información actualizada de los programas de producción, transformación, almacenamiento y distribución y del valor indicativo de los productos alimenticios considerados en la Despensa Mexicana. Esta información estará disponible en redes y medios sociales de comunicación y deberá actualizarse semanalmente.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.

Artículo 42.- La Sub Dirección responsable de la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria, dará seguimiento a las actividades de los actores sociales que toman parte en los procesos de disponibilidad de alimentos que comprenden conservación, transformación, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, de las variaciones en los precios y de las políticas de distribución de alimentos que lleve a cabo el Gobierno Federal.

Artículo 43.- La Coordinación de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria será responsable de:

I. intervenir en las acciones de estimulo a la distribución de alimentos subsidiados o a fondo perdido en beneficio de las personas, hogares o familias en situación de pobreza alimentaria o pobreza extrema,

II. establecer convenios con organizaciones sociales filantrópicas, bancos de alimentos, grupos de interés y fundaciones que participen en la dotación de alimentos a personas o familias en pobreza para facilitar su participación en las acciones de superación de la situación de carencias,

III. establecer convenios con la SEDESOL para la participación del sistema de distribución de alimentos DICONSA-LICONSA en la creación y operación de una Red Nacional de Distribución de Alimentos que cubra las necesidades de ciudades, pueblos y comunidades, asegurando el acceso a los alimentos a toda la población y contribuyendo a la superación de la situación de carencia alimentaria en zonas urbanas y rurales marginadas.

IV. proveer las condiciones para brindar atención especial a la población en situación de vulnerabilidad, en riesgo o con carencias alimentarias graves, hasta lograr que superen la situación y se integren a programas de producción de alimentos o a empleos remunerados o a los programas compensatorios, a fin de garantizarles el acceso permanente y estable a la alimentación.

Artículo 44.- La Sub dirección de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria el Instituto, a través de la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria:

I. estimulará los procesos de conservación, almacenamiento y distribución, procurando la participación social, para asegurar la accesibilidad de todos los habitantes del país a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad..

II. proporcionar a los pequeños productores asesoría técnica, administrativa y de organización para la conservación, transformación y distribución de alimentos.

III. promoverá la organización de empresas, cooperativas, sociedades de solidaridad social, uniones de producción rural y otras formas de organización de productores, comercializadores y consumidores a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad a alimentos.

IV. proporcionará atención especial a programas de compras en común y cooperativas de consumo encabezados por mujeres, particularmente en las zonas de expulsión de migrantes.

V. propiciará la participación de la sociedad civil a través de las instituciones de educación superior e investigación, de organizaciones civiles representativas de los campesinos, de grupos de interés y de Organizaciones No Gubernamentales, en la solución de la accesibilidad de alimentos.

VI. promoverá el empleo y el autoempleo en comunidades pequeñas aportando tecnología para la creación de microempresas de conservación y transformación de alimentos en pequeña escala y apoyará la organización de empresas locales de comercialización para su ingreso a los mercados locales.

VII. asesorará a los integrantes de grupos o empresas en la obtención de financiamiento para el desarrollo de sus microempresas.

VIII. en coordinación con las instancias de gobierno que regulan la pesca, buscará establecer una red de distribución de alimentos de mar que cubra todo el territorio continental del país y contribuya a mejorar la ingesta diaria de los mexicanos.

IX. en coordinación con las instancias de gobierno que correspondan revisará la reglamentación relativa a los aprovechamientos de manglares, esteros y áreas marítimas rivereñas y reservas territoriales con vocación para la acuacultura, a fin de facilitar el desarrollo de aprovechamientos productivos que contribuyan a la disponibilidad y accesibilidad de alimentos no convencionales.

Artículo 45.- Para asegurar la estabilidad de la oferta de alimentos el Instituto participará con el Gobierno Federal promoviendo la creación de una Red Nacional de Almacenamiento público - privado, a través de esquemas de financiamiento a empresas privadas y sociales para construir o habilitar establecimientos permanentes o temporales de almacenamiento en municipios y comunidades rurales y en zonas sub urbanas con carencias alimentarias.

Artículo 46.- El Instituto impulsará el fortalecimiento de los mercados locales a partir de la organización de los productores para crear la cadena completa de producción-conservación-transformación-comercialización, un círculo virtuoso que permita la circulación económica beneficiando a todos los eslabones de la cadena y promoverá la creación de un sistema público - privado de distribución y comercialización en mercados regionales y locales y en comunidades rurales y urbanas que no tengan comercio establecido.

Artículo 47.-Para asegurar la estabilidad de la oferta de alimentos en zonas con carencias de servicios comerciales la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria promoverá que el Sistema de Financiamiento Rural, financie la creación de una Red de almacenes populares de alimentos en los municipios y comunidades en los que no existan comercios establecidos.

Artículo 48.- En los casos de municipios o comunidades de población mayoritariamente indígena, el Instituto en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, crearán almacenes comunitarios para regular el acopio, guarda y conservación que garantice la disponibilidad de alimento se implementará mecanismos para el desarrollo de mercados tradicionales locales en comunidades en los que hayan operado en el pasado o en centros de atracción regional.

LA ESTABILIDAD DE LA OFERTA DE ALIMENTOS

Artículo 49.- La estabilidad de la oferta de alimentos tiene dos aspectos: por una parte se trata de que existan suficientes alimentos disponibles, por otra que los precios sean estables y accesibles. Es obligación del estado crear las condiciones para que las redes de distribución atiendan a todas las comunidades del país.

Artículo 50.- Las Secretarías del Ejecutivo Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios y las Instituciones que ofrecen programas compensatorios de transferencias monetarias, contribuirán con medidas operativas a lograr la estabilidad de precios en la oferta de alimentos, evitando la especulación y vigilando que se mantenga el precio promedio nacional de cada alimento.

Artículo 51.- El Instituto apoyará a la Red de Disponibilidad de Alimentos integrada por los sistemas públicos y privados de distribución, centrales de abasto, depósitos regionales de alimentos, almacenes de granos, frigoríficos, mercados centrales urbanos, mercados tradicionales en poblados y comunidades rurales, expendios de alimentos y comerciantes individuales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la oferta, para que todos los habitantes del país tengan acceso material permanente a suficientes alimentos de calidad para mantener o mejorar sus condiciones de vida.

Artículo 52.- Las instalaciones de las Redes Nacional de Almacenamiento y de Distribución de Alimentos estarán conectados permanentemente, en tiempo real, al Sistema Nacional de Información Alimentaria, a través de un esquema de cuentas que permita conocer las existencias y movimientos de alimentos en todo el país en todo momento, para establecer la versión virtual de la Reserva Nacional de Alimentos.

Artículo 53.- El Gobierno Federal establecerá las reglas necesarias para realizar intervenciones a través del Instituto Nacional de la Alimentación y de la Reserva Nacional de Alimentos a fin de evitar las acciones de monopolización de los productos alimenticios, propiciando la creación de redes de distribución regionales, mercados locales y sistema de almacenes y alhóndigas que permitan a los productores tener acceso libre a los mercados.

CENTRO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS.

Artículo 54.- La Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología tendrá la responsabilidad de promover programas y acciones de Educación y Capacitación y de obtener tecnologías contemporáneas y hacerlas llegar a las personas, grupos y empresas que contribuyen a la producción y disponibilidad de alimentos.

Artículo 55.- La Sub Dirección contará con un Centro de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional que elaborará contenidos sobre alimentación sana, nutritiva y culturalmente aceptable y establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Educación Pública para incluir en los programas de la educación que proporciona el Estado, materiales que eduquen sobre el valor nutricional de los alimentos y la adecuada combinación de los mismos, para de esta manera inducir una mejor alimentación en las familias de sus educando.

Artículo 56.- La Secretaría de Salud establecerá las normas de salud relacionadas con el consumo de alimentos en los centros escolares y proveerá de los instrumentos de seguimiento para prevenir enfermedades relacionadas con consumos alimentarios. El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología contribuirá a la vigilancia de las normas que apruebe la Secretaría.

Artículo 57.- El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología,

I. establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Educación Pública para implementar programas, mecanismos y formas de participación social para que en las escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria se incorpore la materia de educación en alimentación y nutrición, mediante el desarrollo de un modelo educativo que considere la situación de salud del país y resulte coherente con los principios de igualdad educativa y con la política nacional de salud nutricional y acceso a la alimentación,

II. establecerá convenios de coordinación con las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de sus correspondientes en los Estados, las organizaciones sociales y las familias, a fin de profundizar la educación alimentaria en los ámbitos escolar y social,

III. apoyará a través de mecanismos de capacitación y transferencia de tecnologías a todas las formas de producción presentes en la sociedad mexicana: autoconsumo, pequeña producción campesina, pesquería artesanal, acuacultura familiar o de grupo, agricultura, ganadería y fruticultura de traspatio, aprovechamientos sustentables de Vida Silvestre, aprovechamiento de Productos Forestales no Maderables; mediana producción agrícola, ganadera y pesquera; procesos de transformación artesanal e industrial, de almacenamiento, conservación, transformación y comercialización a fin de lograr la disponibilidad plena de alimentos para toda la población,

IV. participará en la promoción y creación de Pequeñas y Medianas Empresas de almacenamiento y comercialización, y de redes de distribución de alimentos, y en acciones encaminadas a mejorar las condiciones de acceso a los alimentos de los habitantes de la sociedad rural,

V. promoverá la creación de empresas de industrialización en pequeña escala, proporcionando capacitación a los pequeños productores en métodos de conservación y transformación artesanal de alimentos y apoyará su comercialización fomentando la creación de mercados locales y regionales,

VI. promoverá el empleo y el autoempleo en comunidades pequeñas aportando tecnologías de administración para la creación de empresas locales de comercialización para su participación en mercados locales,

VII. proporcionará tecnología para la conservación ex situ e in situ de las variedades vegetales, forestales y animales que se cultivan o aprovechan como alimento en comunidades y regiones del país, para propiciar el fortalecimiento de los sistemas de mercados locales.

Artículo 58.- Los modelos educativos en materia de alimentación sana y nutritiva, que se elaborarán con la concurrencia o bajo la coordinación de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología, se propondrán para que sean adoptados de forma general en el sistema educativo nacional, a fin de coadyuvar a conseguir una dieta equilibrada, sana y correcta para todos los educandos y sus familias, así como para conseguir que se utilicen las mejores prácticas en el manejo y preparación de alimentos.

Artículo 59.- El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología, integrará un Banco Conocimientos Agroalimentarios, Forestales y Pesqueros, con el objetivo acopiar, reunir, clasificar y poner a disposición de los productores de alimentos los resultados de la investigación científica sobre producción, procesamiento, transformación y aprovechamiento de alimentos. Asimismo adquirirá tecnologías desarrolladas en otros países que puedan contribuir a mejorar la producción y productividad del campo mexicano.

DE LOS ORGANISMOS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA
FONDO DE INGESTA ALIMENTARIA

Artículo 52.- El Instituto Nacional de la Alimentación contará con un Fondo de Ingesta Alimentaria, FIAL, responsable de la atención a personas, familias y comunidades en situación de carencia alimentaria o que se vean afectadas por fenómenos naturales o por acciones especulativas, con programas limitadas en el espacio y el tiempo.

Artículo 53.- El Fondo de Ingesta Alimentaria, establecerá programas de atención para la población con carencia alimentaria o en su umbral por vulnerabilidad socioeconómica y dentro de este grupo en particular a mujeres gestantes y lactantes, así como sus lactantes desde el momento del nacimiento hasta los seis años de edad, a niños hasta los 12 años de edad que sean parte de familias en situación de pobreza, a adultos mayores, a personas con discapacidad, indígenas en sus comunidades o desplazados, a migrantes, a personas en abandono, en situación de calle, en instituciones hospitalarias o de beneficencia y otras personas en situación de carencia alimentaria.

Artículo 54.- El Fondo de Ingesta Alimentaria establecerá programas para atender a personas, hogares y comunidades que sean afectadas por fenómenos naturales catastróficos, asegurando la disponibilidad de alimentos. En su operación deberá coordinarse con las autoridades del Gobierno Federal que determinan la Declaración de Emergencia. Estas acciones se ajustarán a los tiempos marcados en la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Federal.

Artículo55.- El Fondo de Ingesta Alimentaria intervendrá con recursos materiales en apoyo a comunidades, grupos, hogares o personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema; estas intervenciones solidarias podrán tener carácter productivo; en ese caso se apoyará a los beneficiarios por una sola vez con asistencia técnica, bienes de capital e insumos a fondo perdido. Las Reglas de Operación del Fondo establecerán las reglas a las que deberán ajustarse estas acciones.

Artículo 56.- Toda persona, comunidad o colectivo de personas, tienen derecho a solicitar, por sí misma o mediante sus representantes legales, la intervención de las autoridades locales, del Instituto Nacional de la Alimentación del Fondo de Ingesta Alimentaria y de otras instituciones señaladas en esta Ley y en otros ordenamientos de carácter Federal, para garantizar el acceso a alimentos en los casos en que:

I. se presenten situaciones de desabasto por causas fortuitas, desastres naturales, sequías o pérdida de cosechas y se haga necesario adoptar medidas de emergencia para garantizar el abasto de alimentos,

II. que una situación de vulnerabilidad derive en pobreza alimentaria,

III. se presenten ocultamiento, especulación o aumento exagerado de los precios de los alimentos, que los hagan inaccesibles para los hogares del nivel más bajo de ingresos,

IV. los establecimientos o mercados públicos sufran desabasto o el abasto no sea en la cantidad, calidad y variedad acorde a los hábitos culturales de la población,

V. se encuentre(n) en situación de refugio temporal o en reclusión.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS

Artículo 57.- El Instituto a través del Fondo de Ingesta Alimentaria establecerá programas permanentes para:

I. garantizar, en coordinación con el Sistema Educativo Nacional, a los educandos de escuelas públicas y privadas de los niveles básico y primaria el acceso a alimentación adecuada,

II. atender a los niños no escolarizados, que estén en situación de carencia alimentaria, desde los seis hasta los doce años de edad, para asegurar que reciban una dotación alimenticia suficiente para su desarrollo;

III. brindar atención alimentaria a niños y niñas hijos de trabajadores agrícolas migrantes que acompañan a sus padres en los campos de cultivo, a niños migrantes que viajen solos o acompañados por personas diferentes a sus padres, a niños en situación de calle.

IV. asegurar el acceso a alimentosa los adultos mayores de 60 años, a través de un Programa Especial de Atención Alimentaria,

V. realizar programas de atención a la población en pobreza extrema a fin de abatir la carencia alimentaria,

VI. promover el conocimiento de los valores alimenticios de los componentes de las dietas regionales a fin de asegurar un mejor aprovechamiento biológico y una mejora en el estado nutricional de las personas,

VII. garantizar a las familias en situación temporal de carencia alimentaria el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente para tener la seguridad del sustento del hogar.

Para estos programas se coordinará con gobiernos municipales, organizaciones sociales de atención a la niñez y otros grupos sociales que actúen en esta materia.

Artículo 58.- El Instituto Nacional de la Alimentación como órgano coordinador de las políticas de accesibilidad alimentaria suscribirá convenios de coordinación con Secretarías de Gobierno, instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación, gobiernos estatales y municipales, organizaciones empresariales, no gubernamentales, filantrópicas, de atención a personas, grupos de interés y organismos consultores del Ejecutivo, a fin de promover las políticas públicas de atención a la población con carencia y las mejores prácticas de alimentación, para lo cual, el Fondo de Ingesta Alimentaria

I. realizará campañas de orientación nutricional y de difusión de información sobre alimentación adecuada para lograr un estado nutricional apropiado de la población del territorio mexicano,

II. buscará la generación y recuperación de conocimientos agrícolas, ganaderos, pesqueros, de procesamiento, conservación y transformación de alimentos y su difusión y transferencia a los productores.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Artículo59.- El Fondo de Ingesta Alimentaria con apoyo del Sistema Nacional de Información Alimentaria, de los grupos operativos de los programas y de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en los programas de Atención a Personas, Hogares y Familias que ejecute el Fondo establecerá un Padrón de Beneficiarios de los programas que debe contener información sobre:

● Situación social de acuerdo a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y de los propios investigadores del Instituto;

● Situación alimentaria de acuerdo a indicadores construidos por CONEVAL, INEGI, el Sistema de Información Alimentaria del Instituto y expertos en desarrollo social de las instituciones de educación superior;

● Situación nutricional individual del estado nutricional de acuerdo a indicadores construidos por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, la Secretaría de Salud, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIGH, y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT y del seguimiento diario que se hará a través del reloj de la nutrición que será operado por el Instituto en coordinación con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán;

● Información geográfica y social: Estado, Municipio o Delegación, localidad, datos del hogar, familia, escolaridad, asignación étnica, empleo o situación familiar al respecto y los que se consideren necesarios para la obtención de atención del Fondo de Ingesta Alimentaria.

El Consejo Nacional tendrá una Comisión Especial responsable de establecer la Encuesta de Ingreso a los Programas de Atención del Fondo, y dará seguimiento al Padrón de Atención Alimentaria y Nutricional.

Indicativamente el padrón deberá contener información sobre los siguientes grupos o personas:

a. Infantes en Atención perinatal, desde el momento de nacimiento hasta los tres meses de edad;

b. Recién nacidos, de tres meses a tres años de edad;

c. Primera Infancia, de tres a seis años de edad;

d. Niños y niñas escolarizados(as) desde los seis a los doce años (educación primaria);

e. Pres adolecentes y adolecentes, de los 12 a los 16 años de edad (educación secundaria y media);

f. Niños no escolarizados de seis a doce años de edad;

g. niños y niñas migrantes internos; (hijos de trabajadores migrantes nacionales en territorio nacional);

h. niños y niñas inmigrantes; (migrantes de otros países en territorio nacional durante su traslado; o acompañando a sus padres en labores de campo (zona sur-sureste) en el país);

i. Niños y niñas migrantes acompañados de adultos que no son sus padres o viajando sin compañía;

J. Niños y niñas en reclusorios (hijos de madres reclusas);

K. Niños y niñas en situación de calle en zonas urbanas;

l. Niños y niñas en situación de marginalidad y pobreza en zonas indígenas y marginales;

Artículo 60.- Para la atención alimentaria permanente a infantes, niños, niñas, pre adolecentes, adolecentes y personas mayores de sesenta años en situación de pobreza extrema o carencia alimentaria grave, el Instituto establecerá la Cartilla de la Alimentación en la que se dará seguimiento a la situación alimentaria y nutricional de todas las personas atendidas por programas del Fondo de Ingesta Alimentaria.

La Cartilla será emitida en el primer contacto que el infante o la persona tenga con personal de atención vinculado al Instituto y deberá contener información directa sobre los indicadores de nutrición adecuada que serán determinados por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.

Artículo 61.- El Instituto tendrá un Padrón de escuelas que serán atendidas por el Fondo de Ingesta Alimentaria para garantizar la adecuada nutrición de los educandos que podrá proveer:

a. Desayunos escolares; (que garantice la ingesta básica adecuada para una buena nutrición de acuerdo a parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición y/o la Secretaría de Salud)

b. Canasta auxiliar básica, para apoyo alimentario a los hogares relacionados con las escuelas incluidas en el padrón.

c. En las escuelas de tiempo completo, el Fondo proporcionará la comida de medio día a los educandos incluidos en su padrón.

Artículo 62.- Adicionalmente el Fondo contará con un padrón general que incluirá a:

a. personas en pobreza y carencia alimentaria (zonas urbanas y rurales)

b. personas en situación de calle o abandono familiar;

c. personas migrantes sin hogar fijo;

d. personas en reclusión sin familiares reconocidos;

e. desempleados, discapacitados, sin referencia familiar o de hogar;

f. personas inhabilitadas por edad o accidentes de trabajo;

g. hogares en pobreza multidimensional y carencia alimentaria;

h. En general personas mayores sin posibilidades de acceso a alimentación suficiente.

i. Migrantes (atención temporal en sitios específicos y/o a través de organizaciones de la Sociedad Civil que los atiendan)

DE LA RESERVA NACIONAL DE ALIMENTOS.

Artículo63.- El Instituto Nacional de la Alimentación creará y operará la Reserva Nacional de Alimentos para garantizar las existencias de alimentos considerados en la Despensa Mexicana que aseguren la disponibilidad para las necesidades normales y permitan atender las emergencias alimentarias ocasionadas por fenómenos naturales y situaciones de crisis por ocultamiento e intervendrá, con instrumentos de Ley y de mercado, en casos de aumento inmoderado de los precios de los alimentos.

Artículo 64.- La Reserva Nacional de Alimentos es el instrumento del Estado para garantía de la estabilidad en la oferta y de la accesibilidad para todos los hogares, familias y personas en el país.

Artículo 61.- La Reserva Nacional de Alimentos se compone de un sistema dual, material y virtual:

● La Reserva Material se integra por existencias de alimentos;

● La Reserva Virtual se integra por la información de los productos almacenados en el Sistema Nacional de Almacenamiento.

Artículo 65.- La Reserva Material se integrará por una parte proporcional de la producción nacional de alimentos y de la importación, mientras esta siga siendo necesaria, a fin de constituir un inventario suficiente para garantizar la estabilidad de la oferta alimentaria y la capacidad de atención en casos de emergencia o alza inmoderada de precios.

Artículo 66.- La Reserva virtual se integra con la información en tiempo real de las existencias de cereales, legumbres, granos, semillas, lácteos, carnes y pescados almacenados en el Sistema Nacional de Almacenamiento y tendrá la autoridad para disponer de estas para proveer al Fondo de Ingesta Alimentaria y asegurar la atención a la población que lo requiera durante el periodo que la declaratoria de emergencia especifique

Artículo 67.- La Ley Orgánica del Instituto de la Alimentación establecerá los mecanismos para que la Reserva Nacional de Alimentos intervenga mediante mecanismos mixtos, de mercado y de Ley, para equilibrar la oferta y mantener la estabilidad de precios de los alimentos básicos en niveles aceptables, como garantía del equilibrio en la oferta y la accesibilidad para todas las familias.

Artículo 68.- En la Ley Orgánica del Instituto de la Alimentación se establecerá el porcentaje de la producción de alimentos que deberán conservarse y tenerse disponibles para el establecimiento, desarrollo y consolidación de la Reserva Nacional de Alimentos y las normas para la aplicación de la reserva virtual en las situaciones de emergencia.

Artículo 69.- En los casos de ocultamiento o especulación la Reserva Nacional de Alimentos intervendrá para abastecer a las comunidades u hogares y con medidas de mercado para regular los precios de los alimentos. En los casos de refugio temporal o reclusión colaborará con las autoridades responsables en la provisión de alimentos a los refugiados o reclusos.

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD ALIMENTARIA

Artículo 70.- El Instituto de la Alimentación creará y formará parte de la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria, para las siguientes funciones:

I. vigilar que los alimentos no contengan sustancias nocivas sean estas naturales o producto de la aplicación de agroquímicos durante los procesos de comercialización.

II. vigilará que las etiquetas contengan la información que los reglamentos definan sobre contenidos alimenticios, origen y caducidad.

III. realizará los estudios de certificación para alimentos orgánicos y de los provenientes de aprovechamientos de vida silvestre.

IV. certificará el cumplimiento de las normas de calidad de los alimentos importados, sean estos a granel o industrializados y emitirá los documentos de autorización de comercialización.

V. certificará la sanidad de los alimentos de origen animal y la calidad de los productos, incluyendo el que estén libre de hormonas y suplementos nutricionales que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores.

VI. certificará los procesos de transformación industrial de alimentos para asegurar a los consumidores la inexistencia de agroquímicos, sustancias nocivas o suplementos que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores.

VII. vigilará las fechas de caducidad de los alimentos industrializados.

La Ley de creación de la Agencia y su reglamentaria, establecerán las facultades, y funciones de la misma. La Agencia actuará en coordinación con la SENASICA.

Artículo 71.- La Secretaría de Salud será la encargada de establecer las normas de calidad que deben cumplir los alimentos para ser comercializados. El Instituto establecerá un Convenio de Coordinación con la Secretaría a fin de aplicar los criterios establecidos a través de la Agencia de Certificación de la Calidad Alimentaria.

PROGRAMA: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Artículo 72.- El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad material y económica de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y la accesibilidad de esos alimentos en forma sostenible y que no dificulte el goce de otros derechos humanos.

Artículo 73.- La disponibilidad se entiende como la posibilidad de toda persona en edad productiva a alimentarse y a alimentar a sus dependientes adecuadamente, ya sea con los frutos de su propio trabajo y conocimientos, en interacción con la biodiversidad de su entorno o con los recursos financieros obtenidos a través de trabajos distintos a la producción de alimentos, gracias a un sistema eficaz de abasto público y privado, garantizado por el Estado.

Artículo 74.- La disponibilidad nacional de alimentos se mide por el balance de la oferta de alimentos, constituida por la suma de la producción nacional, más las importaciones, menos la exportación, que se compara con el consumo aparente, para determinar las necesidades de producción e importación de alimentos en cada ciclo económico.

LA DESPENSA MEXICANA

Artículo 75.- Para establecer un método de medición permanente y operativo de la disponibilidad de alimentos, se establecerá un listado de productos alimentarios básicos al que se denomina Despensa Mexicana que se integra por los 100 alimentos de mayor producción, demanda y consumo determinados en la Encuesta de Consumo aparente que realiza el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, el índice del Banco de México, la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información Alimentaria, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENASUT, e información de las Cámaras relacionadas con la producción, transformación, distribución y comercialización de Alimentos. Es una suma dinámica de cereales y sus derivados, huevos, leguminosas, frutas, verduras, hierbas y especias, carnes, pescados, mariscos, aceites, lácteos, semillas, agua, bebidas, productos industrializados y azucares, conforme a la información actualizada de consumo aparente y será ajustada semestralmente.

Artículo 76.- El Instituto Nacional de la Alimentación integrará semestralmente la información incluyendo las vertientes regionales y los cambios que se reflejan en la demanda aparente y en el consumo cotidiano de los alimentos, y publicará una lista indicativa del contenido actualizado de la Despensa Mexicana y de su costo.

Artículo 77.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria y el Instituto Nacional de la Alimentación serán los encargados de mantener información actualizada de producción, transformación, almacenamiento y comercialización de alimentos para buscar la transparencia del mercado alimentario y de tener al día las cifras de disponibilidad coadyuvando a la planeación de las actividades de producción, distribución y comercialización de alimentos.

EL plato del buen comer

Artículo 78.- Para promover el equilibrio nutricional se establece el Plato del buen comer mexicano, constituido por la suma de alimentos, que permita acceder a una alimentación equilibrada, culturalmente aceptada y libremente determinada a una nutrición adecuada y a una vida activa y sana.

Artículo 79.- La variedad de alimentos está basada en las tradiciones alimenticias de cada región, en la producción local y en la capacidad de acceso económico de los consumidores finales. El Instituto Nacional de la Alimentación reconocerá las variantes regionales del Plato del buen comer y establecerá programas de producción y asesoría técnica para el desarrollo de cultivos de los componentes de cada una de las dietas regionales.

Artículo 80.- El consumo de alimentos de los hogares se mide por lo que efectivamente consumen los hogares, familias o individuos, ya sea proveniente de su producción, del intercambio o adquisición en el mercado local o nacional, de ayudas en especie o monetarias, así como de su preparación y distribución intrafamiliar. El consumo del hogar no es solo resultado del acceso material a los alimentos, sino de su preparación, hábitos, cultura alimenticia y libre determinación. El Instituto establecerá programas para garantizar el consumo básico de alimentos a todos los hogares, familias y persona y de difusión de conocimientos para mejorar la ingesta nutricional.

ACCESO ECONÓMICO A ALIMENTOS.

Artículo 81.- El acceso económico a los alimentos es la posibilidad de las personas o familias de obtenerlos siempre, independientemente de las fluctuaciones de precios, siendo responsabilidad del Gobierno Federal equilibrar estos de tal manera que el poder adquisitivo de los ingresos más bajos permita obtener una alimentación adecuada, sin sacrificar otras necesidades básicas.

LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Artículo 82.- Las políticas públicas de Garantía del Derecho a la Alimentación comprenden programas que facilitan la accesibilidad de alimentos a todos los habitantes del país, contemplando la diversidad social y cultural existente.

Artículo 83.- El Instituto Nacional de la Alimentación reconociendo los valores y formas tradicionales de relación de las comunidades indígenas y campesinas promoverá su inclusión en los programas de disponibilidad de alimentos. El Instituto proporcionará tecnología a los grupos de propiedad social para el desarrollo de proyectos de almacenamiento, conservación, transformación y comercialización de alimentos, incluyendo los provenientes de la vida silvestre, para facilitar su participación en programas de accesibilidad alimentaria y de desarrollo social y humano.

Artículo 84.- El Instituto Nacional de la Alimentación establecerá una política de estímulo al comercio local en comunidades de menos de 500 habitantes, mediante políticas de micro créditos a bajo costo y de inversión directa en la construcción de bodegas rurales, centros de acopio y locales para comercialización de alimentos.

DE LA SUSTENTABILIDAD, CONSERVACIÓN, DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

Artículo 85.- El Instituto Nacional de la Alimentación promoverá la conservación de los recursos naturales, sin obligar a las comunidades que viven en ecosistemas frágiles a renunciar a las actividades de producción y acceso a alimentos mediante el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en las tres modalidades reconocidas por la Ley General de Vida Silvestre, colecta, captura y caza; y reconoce la reproducción intensiva o extensiva de animales y plantas silvestres con fines de generación de alimentos, como actividades que contribuyen a la garantía de acceso a la alimentación.

Artículo 86.- De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley General de Vida Silvestre y otras relativas, el INAL promoverá el uso eficiente de los recursos biológicos, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y la conservación productiva del entorno, en actividades enfocadas a la producción de alimentos, buscando que estas contribuyan al logro de la disponibilidad y que la satisfacción de las necesidades de la actual generación no afecte el derecho que tienen las generaciones siguientes a iguales o mejores condiciones de acceso a los bienes naturales.

Artículo 87.- El Instituto Nacional de la Alimentación en coordinación con las organizaciones sociales vinculadas al manejo y conservación de vida silvestre, establecerá programas multianuales para la producción, repoblación, diseminación, cultivo y aprovechamiento de las especies alimenticias de flora y de fauna silvestres, con atención particular a las especies endémicas o que estén en riesgo o sujetas a protección, para asegurar su subsistencia, y establecerá en acuerdo con las autoridades ambientales las cuotas de captura y aprovechamiento sustentable.

Artículo 88.- El Instituto Nacional de la Alimentación promoverá el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre en cualquiera de las modalidades de caza: autoconsumo, deportiva o económica ajustándose a lo que establece el Art. 116 del Reglamento de la LGVS. Se considera caza de autoconsumo la que se realiza con objeto de proveer alimentos al hogar, incluida la comercialización de los excedentes; caza deportiva, la que se regula por las autoridades que incorpora el objetivo del consumo directo y caza de aprovechamiento económico la que se realiza con objeto de obtener alimentos y otros derivados para su venta en los mercados. Las autoridades ambientales, deberán establecer las tasas anuales de aprovechamiento.

Artículo 89.- El Instituto Nacional de la Alimentación realizará en coordinación con las autoridades ambientales y los responsables de los programas de desarrollo social productivo, estudios de aprovechamiento sustentable de los recursos alimentarios en bosques, humedales, zonas costeras, cuerpos de agua continentales y zonas áridas.

Artículo 90.- El Instituto Nacional de la Alimentación promoverá el aprovechamiento de Productos Forestales No Maderables como parte de la suma de alimentos que se incluye en la accesibilidad alimentaria y protege los procesos de selección, empaque y libre comercialización en mercados regionales y nacionales y como productos de exportación en los términos de la Ley Forestal y las Normas Oficiales Mexicanas que los regulan.

Artículo 91.- La conjunción de una política de estímulo a la producción y productividad, con políticas de inclusión y desarrollo social en zonas en situación de pobreza, se orienta a lograr la disponibilidad y accesibilidad alimentaria en un contexto que comprende a todos los sectores sociales, a cada hogar y a todas las personas y que debe procurar una alimentación adecuada y el equilibrio nutricional.

Artículo 92.- Para asegurar la eficacia y el impacto social de los programas vinculados a políticas públicas enfocadas a garantizar el Derecho a la Alimentación que aplicará el Instituto Nacional de la Alimentación, estos deberán ser elaborados con normas técnicas probadas y contarán con indicadores de cumplimiento que permitan comprobar su eficacia en la práctica a través de evaluaciones periódicas de resultados.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.

Artículo 93.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará con siete miembros, designados por el Senado de la República por mayoría simple a proposición del Gobierno Federal, de las Comisiones de Desarrollo Rural, Autosuficiencia Alimentaria, Agricultura y Ganadería, Pesca y Acuacultura y Desarrollo Social, de las organizaciones representativas de los campesinos, las Cámaras y organismos consultivos del Poder Ejecutivo Federal, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas y de investigación científica vinculadas a la Alimentación y Nutrición o por ciudadanos en lo particular. Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

● Ser una persona de reconocido prestigio.

● Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia agropecuaria, financiera, legal o administrativa.

● No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal

● Ser propuesto por una de las instancias señaladas en el enunciado de este artículo.

● No haber sido dirigente de un Partido Político en los últimos cinco años y no ser miembro o dirigente de algún organismo público o privado relacionado con la producción, industrialización o comercialización de alimentos.

Artículo 94.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información sesionará por lo menos una vez al mes. El Presidente del Comité será elegido por sus pares en la primera sesión de cada año. Podrá ser reelecto hasta por dos años.

Los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelegidos para otro periodo o removidos por la Asamblea General, a petición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto del Director General.

Artículo 95.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto en relación al objetivo específico para el cual fue constituido;

II. Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto;

III. Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego al Ley de Transparencia y Acceso a la Información;

IV. Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los Órganos del Instituto, la aplicación del presupuesto y el avance de los programas específicos;

V. Proponer a la Asamblea General la remoción de los funcionarios y empleados del Instituto que hayan incurrido en faltas a su obligación de informar;

VI. Mantener al día la información sustantiva de los programas y acciones del Instituto y asegurar su disponibilidad a través de los medios y redes de comunicación y vigilar la confidencialidad de los datos que deben mantenerse reservados.

Artículo 96.- La evaluación de resultados del Instituto Nacional de la Alimentación será realizada anualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las adecuaciones legislativas y las leyes para crear los organismos operativos considerados en la Ley se expedirán en el siguiente Período Ordinario de Sesiones del Congreso.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los reglamentos y demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento.

CUARTO.- El Instituto Nacional de la Alimentación se constituirá en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la presente Ley. Para el efecto se convocará a la Primera Asamblea del Instituto, se integrará el Consejo Nacional y se designará la Dirección General.

QUINTO.- En el siguiente período ordinario de sesiones del Senado de la República después de la aprobación y publicación de esta Ley deberán presentarse los proyectos de Ley para la creación de los organismos Fondo de Ingesta Alimentaria; Reserva Nacional de Alimentos; Sistema Nacional de Información Alimentaria; Centro de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional; y Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria.

México Distrito Federal, el 9 de diciembre de 2014

Atentamente

Sen. Isidro Pedraza Chávez.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias a usted, señor Senador. Se inscribe íntegramente la iniciativa del Senador y se turna a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir la importación, exportación y reexportación del marfil, así como de ejemplares exóticos, sus partes y derivados para la utilización y producción de pieles en la industria textil del vestido y del calzado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, CON EL OBJETO DE PROHIBIR LA IMPORTACION, EXPORTACION Y REEXPORTACION DEL MARFIL, ASI COMO DE EJEMPLARES EXOTICOS, SUS PARTES Y DERIVADOS, PARA LA UTILIZACION Y PRODUCCION DE PIELES EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DEL VESTIDO Y DEL CALZADO

(Presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores.

El hombre ha utilizado siempre a los animales para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, hemos olvidado que el hombre forma parte del gran ecosistema y nuestra supervivencia depende de todas las especies que conforman este ecosistema.

Aceptemos que los animales son seres con capacidad de sentir y sufrir. No hagamos uso de ellos como simples trofeos.

Por ello, el día de hoy presento una serie de iniciativas que combaten la utilización de animales en prácticas que sólo muestran la vanidad y frivolidad del hombre, tales como la muerte de animales sólo para la utilización de su piel en la industria textil, del vestido y del calzado, para dar una imagen de moda y riqueza.

La importación y exportación de marfil, actividad que ha dejado en grave riesgo a las poblaciones de elefantes, sólo para la utilización de sus colmillos, y la práctica conocida como aleteo de tiburón, actividad que consiste en atrapar a los tiburones, cortarle sus aletas y devolver aún con vida el cuerpo al mar, llevar a cabo para la elaboración de una sopa de origen oriental.

Por lo anterior y reconociendo que el respeto a los animales debe ser la constante para lograr una vida en armonía con la naturaleza, las iniciativas tienen por objeto, primero, prohibir en la Ley General de Vida Silvestre, la importación y exportación de marfil, así como de animales exóticos para la utilización y producción de pieles para la industria textil del vestido y del calzado.

Segundo, incorporar en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables la prohibición del aprovechamiento exclusivo de las aletas de cualquier tipo de especie de tiburón, sancionando la actividad con multas que van desde 673 mil hasta 2 millones de pesos.

Tercero, fortalecer la protección de todas las especies de tiburón, con reformas al Código Penal Federal para sancionar con penas de 1 a 9 años de prisión y multa de 20 mil hasta 200 mil pesos a quien capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tiburón.

Cuarto y último, prohibir en la Ley General e Vida Silvestre el aprovechamiento de las especies de tiburón blanco, tiburón ballena, tiburón peregrino y pez sierra, por ser estas especies amenazadas en su ambiente natural.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA LA PROTECCION DEL      TIBURON

(Presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE, PARA LA PROTECCIÓN DE TIBURÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pesca es una actividad económica, que ha permitido la subsistencia del hombre, desde hace miles de años, la cual ha ido evolucionando para tener nuevas técnicas de recolección.

La actividad pesquera tiene un valor económico, social y alimentario, es parte de una cadena productiva que genera empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y es parte de la seguridad alimentaría.

En México las especies comercialmente explotables en aguas continentales y territoriales se dividen en 4 grupos1:

1. especies pelágicas o masivas (atún, sardina);

2. especies demersales (huachinango, huachinango rojo, lisa, pargo, tiburón, cazón, peto);

3. crustáceos y moluscos (camarón, langosta, abulón, ostión, almeja, pulpo, caracol, erizo);

4. especies de cría: mojarra, tilapia, carpa, trucha, bagre y langostino.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca (SIAP), la producción anual nacional en 2013 fue de 1.75 millones de toneladas de peso vivo, lo cual se tuvo un valor de producción de 19.9 miles de millones de pesos, lo cual se refleja en la siguiente tabla:

Especie

Peso vivo
(toneladas)

Peso desembarcado
(toneladas)

Precio
(pesos por kilogramo)

Valor de la producción (miles de pesos)

Abulón

479.13

280.73

306.38

86,010.00

Algas

7,842.18

2,863.11

6.21

17,778.00

Almeja

14,956.28

13,575.01

14.77

200,513.00

Anchoveta

137,538.32

119,551.58

0.95

113,752.00

Aún

129,168.83

128,817.98

13.25

1,707,129.00

Bagre

6,754.40

6,668.96

30.38

202,586.00

Bandera

8,907.42

8,738.15

9.16

80,079.00

Baqueta

981.7

929.61

35.24

32,760.00

Barrilete

20,890.30

20,889.41

7.29

152,350.00

Berrugata

9,072.08

8,972.24

12.12

108,785.00

Besugo

791.67

786.43

21.4

16,829.00

Bonito

3,083.76

3,077.96

6.87

21,151.00

Cabrilla

5,757.36

5,373.08

7.94

42,660.00

Calamar

36,381.41

35,825.57

4.88

174,899.00

Camarón

127,516.78

115,605.86

65.06

7,521,403.00

Caracol

12,964.72

5,532.10

20.12

111,293.00

Carpa

33,003.42

32,627.02

12.75

415,896.00

Cazón

6,229.64

5,851.64

17.6

102,976.00

Charal

2,932.30

2,599.86

9.11

23,690.00

Cintilla

1,314.53

1,314.53

10.79

14,180.00

Corvina

8,261.02

7,943.09

22.16

176,006.00

Erizo

4,092.33

4,086.34

41.31

168,814.00

Esmedregal

1,333.39

1,286.26

25.03

32,194.00

Fauna

4,852.07

4,784.10

8.69

41,570.00

Guachinango

8,531.66

8,369.85

44.99

376,518.00

Jaiba

26,878.05

26,815.07

13.04

349,652.00

Jurel

16,575.39

16,525.82

8.29

137,070.00

Langosta

3,534.59

3,399.04

145.34

494,005.00

Langostino

2,482.80

2,482.58

54.39

135,030.00

Lebrancha

3,101.49

3,099.56

7.82

24,237.00

Lenguado

4,228.51

4,003.05

19.53

78,190.00

Lisa

9,897.65

9,883.34

9.15

90,411.00

Lobina

476.91

461.58

30.41

14,036.00

Macarela

9,614.25

9,614.24

1.23

11,778.00

Mero

10,707.98

9,901.27

33.47

331,350.00

Mojarra

102,039.00

99,745.60

18.54

1,848,806.00

Ostón

42,945.11

42,523.95

4.44

188,665.00

Otras

70,322.99

67,067.15

12.4

831,732.00

Otras sin registro oficial

3,771.80

3,771.80

20

75,436.00

Pampano

5,044.95

5,040.67

11.84

59,687.00

Pargo

6,053.07

5,851.11

33.22

194,396.00

Pepino de mar

2,762.39

2,762.39

24.2

66,858.00

Peto

3,976.38

3,944.97

21.91

86,416.00

Pierna

1,691.75

1,572.89

10.5

16,511.00

Pulpo

24,846.65

23,402.74

27.71

648,497.00

Raya y similares

9,360.44

7,702.43

10.64

81,946.00

Robalo

8,086.26

7,905.47

47.96

379,140.00

Ronco

2,966.62

2,935.46

9.66

28,347.00

Rubia y Villajaiba

1,867.54

1,737.39

24.73

42,959.00

Rubio

2,556.44

2,453.87

14.6

35,838.00

Sardina

727,815.97

637,073.22

0.98

627,153.00

Sargazo

2,279.88

1,908.37

2.61

4,983.00

Sierra

15,798.51

15,789.17

16.51

260,645.00

Tiburón

21,200.10

18,941.88

17.02

322,388.00

Trucha

9,756.56

9,738.37

45.9

446,981.00

Total

1,746,276.73

1,594,404.92

-

19,854,961.00

Fuente: Tabla extraída del SIAP producción pesquera por especie. http://www.siap.gob.mx/pesca-produccion-anual/

El incremento de la producción en peso vivo de 2011 a 2013 fue de 85 mil toneladas, lo que permite que la pesca continúe siendo una actividad económica importante en nuestro país.

Producción Nacional de Pesca

Año

Peso vivo
(toneladas)

Peso desembarcado
(toneladas)

Valor de la producción (miles de pesos)*

2013

1,746,276.73

1,594,404.92

19,854,961.00

2011

1,660,475.00

1,507,179.00

17,785,719.00

*Precio de playa o primera mano

Fuente: Elaboración propia, con información del SIAP, producción pesquera por especie y del anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2011

Sin embargo, debemos considerar que la sobreexplotación de los recursos pesqueros conlleva a problemas asociados, como son la captura incidental de especies no objetivo, el descarte de las especies sin valor comercial, y el deterioro ambiental.

Dentro de estos problemas, quiero destacar el de la pesca Incidental, pues es una de las amenazas ambientales más preocupantes, al poner en peligro el equilibrio natural de los océanos.

Si bien la pesca incidental se define como la captura no intencional de especies no objetivo durante el aprovechamiento de especies productivas, es destacable que esta actividad puede terminar con la existencia de muchas especies marinas.

Ejemplo de este tipo de problemas es la pesca incidental de tiburón, durante el aprovechamiento de atún con redes de cerco y de camarón con redes de arrastre de fondo.

Los tiburones, son de las especies más antiguas en la tierra, y las más expuestas a los impactos de la pesca y también tienen un valor dentro de la producción nacional.

Peso vivo
(toneladas)

Peso desembarcado
(toneladas)

Precio
(pesos por kilogramo)

Valor de la producción (miles de pesos)

 

Producción Nacional de Pesca

1,746,276.73

1,594,404.92

-

19,854,961.00

Producción Nacional del Tiburón

21,200.10

18,941.88

17.02

322,388.00

 

Como podemos ver, la producción del Tiburón, es muy baja, pues la captura de estas especies solo equivale al 1.21% del peso vivo de especies a nivel nacional, y 1.62% del valor de la producción nacional.

Sin embargo, diversos estudios han mostrado que la pesca incidental es una práctica que permite ilegalmente2 la captura de tiburón y que desafortunadamente se sigue realizando, a pesar de contar con normatividad internacional y local que buscan inhibir dicha práctica.

Existe información científica que estima que, a finales de los años 80´s, aproximadamente 12 millones de elasmobranquios3 (casi 300.000 toneladas) fueron capturados cada año incidentalmente, de éstos 4 millones fueron capturados con redes de deriva y más de 8 millones con espineles, por las pesquerías de atún en Japón, Corea y Taiwán principalmente.4.

De acuerdo con la Fundación SaveOur Seas, con datos científicos de 20065:

● Cada año se capturan entre 26 y 73 millones de tiburones, con un promedio de 38 millones por año.

● Esta cifra es equivalente a 1.7 millones de toneladas por año.

 Según la FAO y Naciones Unidas, 20066, el cálculo promedio de aleta de tiburón es de 390 mil toneladas por año, que equivale a 10 millones de tiburones.

Desafortunadamente esta pesca de tiburones se realiza para el consumo de sus aletas, que en el ámbito internacional7 tienen un alto valor económico, que para el 2011 se calculaba en 700 dólares el kilogramo de Aleta8.

Las aletas de tiburón son un producto con gran valor de mercado que ocupa poco espacio, haciendo más fácil su manejo y almacenamiento que la carne. La disparidad entre el excepcional costo que alcanzan las aletas y el bajo costo de la carne crea un incentivo económico para capturar tiburones sólo por sus aletas. La práctica conocida como aleteo (aprovechar sólo las aletas del tiburón y devolver el resto del cuerpo al mar), descarta la mayor parte de la porción comestible del tiburón, aproximadamente un 95% del animal. Por lo cual, es sin duda una pérdida cuantiosa de recursos pesqueros, que ocasiona la disminución de poblaciones de tiburones.

De acuerdo con la organización internacional SaveOur Seas y con datos de FAO, 2008, los países que capturan más tiburones por sus aletas son9:

● Indonesia 107,290 ton

● India 81,237 ton

● España 55,790 ton

● Argentina 46,461 ton

● Taiwan 40,776 ton

● EUA 36,906 ton

● México 29,315 ton

Siendo los países importadores de aleta de tiburón:

● Hong Kong 58%

● China 36%

● Malasia 2%

● Indonesia, Taiwán, Tailandia 1% cada uno

● Otros países 1%

A razón de lo anterior, en el ámbito internacional son dos organismos multilaterales que se han ocupado de establecer medidas para la protección, conservación y aprovechamiento de los tiburones:

A) La Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), la cual entró en vigor el 1 de julio de 1975 y a la cual México se adhirió desde 1991; y

B) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la cual nuestro país participa y tiene que cumplir con acuerdos adquiridos, el Comité de Pesca, de este organismo aprobó en 1999 el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI - Tiburones).

Ante estas organizaciones, y las demandas internacionales, de la práctica nada sustentable, ni humana que existe en el mundo, ya son muchos los países que han logrado en su legislación prohibir la práctica del aleteo, como los de la Comunidad Económica Europea, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Namibia, Nicaragua, Omán, Palau, Panamá, Seychelles, África del Sur, Estados Unidos y Colombia.

Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas es un asunto complicado, pues quienes lo hacen van a bordo de embarcaciones de bandera extranjera. Se aletean tiburones en el Indopacífico, Australia, Costa Rica y Ecuador, por citar algunos ejemplos (CITES CoP14 Doc. 59.1).

Por su parte, México se integra en esta lista de países que prohíben la actividad de aleteo, a través de:

● La publicación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 2007, de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, pesca responsable de tiburones y rayas, la cual tiene como propósito inducir un aprovechamiento sostenible de tiburones y rayas, y contribuir a la conservación de elasmobranquios y de otras especies que son capturadas incidentalmente.

En esta norma se establecen medidas de protección para las especies no objetivo, y los tiburones, en donde se prohíbe el aleteo10, se obliga el aprovechamiento de todo el pez para consumo humano, prohíbe la pesca de especies de tiburón que se encuentran amenazadas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

En este mismo sentido, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sanciona, entre otras, la extracción, captura, posesión, transporte y comercio de especies declaradas en veda con talla o peso inferiores al mínimo y el Incumplir con lo establecido en las normas oficiales que deriven de la Ley, como a continuación se indica:

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a XVIII. …

XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación;

XX a XXV. …

XXVI. Incumplir lo establecido en las normas oficiales que deriven de esta Ley;

XXVII a XXXI. …

Estas acciones se sancionan con una multa equivalente de11:

A) Por el supuesto de la fracción XIX, 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente ($672,967.29 a $2,018,700 pesos)

B) Por el supuesto de la fracción XXVI, 101 a 1,000, días de salario mínimo vigente ($6,796 a $67,290 pesos)

Si bien, la sanción por extraer especies en veda es alta, al final, la práctica continua realizando, debido a que las reglas no son claras, es decir, si un tiburón blanco es considerado una especie en riesgo no refiere a que sea una especie en veda, pues la dimensión del riesgo no define la acción de Declaratoria de veda total e indefinida a la pesca del ejemplar. Asimismo, es necesario considerar que la actividad de aleteo, no extraen al animal solo cortan aletas, por lo cual no entraría en este supuesto.

Ahora bien, la sanción por no cumplir la norma es muy baja, considerando que la ganancia por kilo de aleta de tiburón es de 700 dólares, es decir $9,674 pesos.12

Por lo anterior, y considerando que es una exigencia internacional, la prohibición de la práctica del aleteo, y que México ya cuenta con una estructura que lo prohíbe, pero que desafortunadamente no ha logrado inhibir dicha práctica, por estar en una norma oficial mexicana y no en la Ley especifica en la materia, la presente iniciativa, busca realizar reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para:

1. Prohibir a embarcaciones pesqueras de bandera extranjera y nacional, el arribo y descarga de aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo, en puerto mexicanos.

2. Que se considere como sanción:

A) Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de tiburón, en embarcaciones pesqueras de matricula y bandera mexicana o   bandera extranjera

B) Arribar y/o descargar aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo

3. Imponer como multa el equivalente a 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente ($672,967.29 a $2,018,700 pesos), por las sanciones antes citadas.

4. Se realizará el decomiso de las embarcaciones, artes de pesca y productos obtenidos a quienes realicen el aprovechamiento exclusivo de cualquier tipo de especie de tiburón.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno  la siguiente iniciativa, con objeto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  reforman los artículos 74, 75, 132, 138, 140, 141 y 142 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 74.- Se requiere permiso para la descarga en puertos mexicanos, que realicen embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca comercial. Para ello los interesados deberán adjuntar a su solicitud el título correspondiente al amparo del cual se realizó la actividad pesquera, expedido por la autoridad competente del país de origen, y cumplir con los demás requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

Queda prohibida el arribo y descarga de aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo.

En los casos de emergencia, contingencias climáticas y averías en las embarcaciones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 75.- La legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se acreditará con los avisos de arribo, de cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación y con la guía de pesca, según corresponda, en los términos y con los requisitos que establezca esta Ley y su reglamento. Para las especies obtenidas al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, la legal procedencia se comprobará con el permiso respectivo.

Queda prohibido el arribo y descarga de aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo.

Para la comercialización de los productos de la pesca y de la acuacultura, los comprobantes fiscales que emitan deberán incluir el número de permiso o concesión respectiva.

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a XXX. …

XXXI. Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de tiburón, en embarcaciones pesqueras de matricula y bandera mexicana o bandera extranjera;

XXXII. Arribar y/o descargar aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren abordo

XXXIII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I.…

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXIII del artículo 132;

III. …

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI y XXXII del artículo 132.

Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 140.- El decomiso de las embarcaciones se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, III, X, XIII, XVI, XIX, XXXI y XXXII del artículo 132 de la presente Ley, así como cuando se incurra en reincidencia de la infracción establecida en los numerales XVII y XVIII del mismo artículo, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 141.- El decomiso de los vehículos se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones XIX y XXVII del artículo 132 de la Ley, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 132, independientemente de la multa correspondiente.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2014.

Sen. Jorge Emilio González Martínez.

1 Juárez T. Miriam, Flores E. María de la Luz, de Luna M José, 2007; El Sector Pesquero en México, Documento Interno de Trabajo de Financiera Rural.

2 Práctica ilegal, por desconocer cual es la cantidad real de captura incidental que no es liberada por los pescadores.

3 Especies de tiburones y rayas

4 Lamilla G, Julio, 2005, Bycatch: tiburones en peligro, Oceana, protegiendo a los océanos del Mundo;  http://oceana.org/sites/default/files/reports/Tiburones.pdf

5 http://saveourseas.com/articles/how_many_sharks_are_caught_each_year

6 Idem

7 Países asiáticos

8 De a cuerdo con la Administración Nacional de Océanos y la Atmosfera (NOAA) http://www.abc.es/20120929/sociedad/abci-finning-tiburones-201209281622.html

9 SaveOur Seas, con datos de FAO, 2008

10 Aleteo refiere a la práctica de aprovechar exclusivamente las aletas de cualquier tiburón, desechando el cuerpo al mar,  en donde se calcula, se desperdicia un  95% del ejemplar.

11 Los montos fijados en la iniciativa, son el cálculo realizado, considerando que para el 2014, el salario mínimo es de $67.29

12 Considerando que el precio por dólar fue de  13.82 el 17 de noviembre 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, PARA LA PROTECCION DEL TIBURON

(Presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, Jorge Emilio González Martínez, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA LA PROTECCIÓN DEL TIBURÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

Por su privilegiada ubicación en el globo terráqueo, el territorio de México alberga una gran diversidad de recursos naturales, los cuales constituyen la fuente fundamental de insumos para la satisfacción de las necesidades básicas de los mexicanos, así como base para la extracción de las materias primas que se requieren para la realización de las actividades económicas necesarias para el desarrollo nacional.

De dicha diversidad natural, destacan los más de 11 mil kilómetros de litorales que rodean el territorio nacional1, cuya variedad y conservación hacen posible el desarrollo de actividades fundamentales para la economía nacional, como el turismo, el establecimiento de puertos para el intercambio comercial y la pesca.

En materia pesquera, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía2, México ocupa el cuarto lugar en el continente americano por su volumen de captura, únicamente superado por Perú, Estados Unidos de América y Chile. De conformidad con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en 2013 la producción nacional pesquera fue de 1 millón 746 mil toneladas, con un valor de casi 20 mil millones de pesos3.

Las principales especies de captura pesquera en México son4:

La sardina, con 727 mil toneladas, equivalentes a un 49% de la producción nacional;

Los túnidos, con 146 mil toneladas, equivalentes al 10% de la producción nacional;

La anchoveta, con 137 mil toneladas, equivalentes al 9% de la producción nacional, y

El camarón, con 67mil toneladas, equivalentes al 4% de la producción nacional).

La presente iniciativa tiene por objeto la protección de una especie marina cuya captura es marginal en volumen, comparada con otras especies, pero con impactos ambientales significativos: el tiburón, que representa únicamente el 1% de la producción pesquera nacional que se realiza de manera lícita, cifra que evidentemente se incrementa si se toman en consideración los volúmenes de pesca ilegal de tiburón que se realiza de manera clandestina.

Como cualquier organismo vivo, los tiburones desempeñan un papel fundamental para el equilibrio natural de los ecosistemas marinos donde se desarrollan, pues mantienen estable la población de las especies de las que se alimentan, las cuales se propagarían sin control, depredando a las que están debajo en la cadena e incidiendo en la base de la vida en los océanos, como los son las plantas marinas.

Desde el punto de vista económico y social, la pesca de tiburones representa una fuente de alimento e ingresos para las comunidades pesqueras. Sin embargo, cuando dicha actividad se lleva a cabo sin respetar la normatividad encaminada a promover el aprovechamiento sustentable de estas especies, su captura pone en riesgo el equilibrio de las poblaciones y hasta su propia existencia, toda vez que constituyen especies altamente vulnerables por su recuperación lenta y la complejidad de su ciclo de vida, caracterizado por una madurez sexual lenta, tasa de fecundidad baja, largos periodos de gestación, baja tasa de crecimiento y longevidad alta.

No obstante lo anterior, se calcula que existen entre 250 y 300 especies de tiburones a nivel mundial, cuya captura se ha registrado desde la antigüedad para la elaboración de "sopas de aleta" que se realiza hasta hoy en algunos países de Asia, donde representa un platillo tradicional. Por la alta connotación religiosa y social de estas sopas, las aletas de tiburón tienen gran demanda y alcanzan precios elevados.

Considerando que pocas pesquerías están preparadas para aprovechar la totalidad de los ejemplares de tiburón (piel, aletas, carne, órganos y dientes), aunado a que tan sólo por el valor de las aletas como subproducto la captura de tiburones para cercenar sus aletas y devolver el ejemplar al mar (práctica del “aleteo”) resulta altamente redituable, ésta se ha incrementado, llegando a realizarse aún a pesar de las restricciones implementadas en el marco del Derecho interno de los Estados y del Derecho Internacional, las cuales van desde regulaciones técnicas para la pesca de estas especies, limitaciones y restricciones, vedas temporales y hasta prohibiciones totales.

Uno de estos primeros esfuerzos, en el ámbito internacional, lo constituyó el Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por más de 170 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 28º período de sesiones celebrado el 31 de octubre de 1995. Este Código tiene como objetivo fundamental establecer principios, de conformidad con las normas del derecho internacional pertinentes, para que la pesca y las actividades relacionadas con la pesca se lleven a cabo de forma responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y comerciales pertinentes. Sin embargo, por su propia naturaleza, constituye un instrumento de carácter voluntario, de tal suerte que su fuerza jurídica es limitada.

Más adelante, la misma FAO emitió un  Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (IPOA–Sharks) en 1999, en el que alentó a todos los Estados con buques que se dediquen a la pesca especializada de tiburón, o que regularmente capturen tiburones de forma fortuita en otras actividades de pesca, a que adopten un plan de acción nacional para la conservación y ordenación de los stocks de tiburones.

En el ámbito del Derecho Comunitario Europeo, el Consejo de la Unión Europea expidió el 26 de junio de 2003 el Reglamento 1185/2003, relativo al cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques, el cual fue reforzado con medidas aún más estrictas en 2012.Con este Reglamento, la Unión Europea se propuso prohibir el aleteo, es decir, la práctica de cercenar las aletas de los tiburones en los buques y arrojar al mar el resto de sus canales, para lo cual reconoció que la forma más práctica y eficaz es prohibir el cercenamiento de las aletas a bordo y prohibir que las aletas de tiburón cercenadas se mantengan, se transborden o se desembarquen.

En el caso de nuestro país, existe la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la cual tiene por objeto, entre otros, regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana “NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento”, tiene por objeto inducir el aprovechamiento sostenible de los tiburones y rayas, así como contribuir a la conservación y protección de elasmobranquios y otras especies que son capturadas incidentalmente. De manera particular, protege a las especies de tiburón mediante: (i) vedas por zonas y temporadas; (ii) prohibición del aleteo5; (iii) limitación del esfuerzo pesquero, y (iv) mejoramiento de la selectividad de los sistemas y artes de pesca. Todo lo anterior, a fin de mantener la captura de tiburón en niveles sustentables, de manera que el recurso pueda seguirse aprovechando a mediano y largo plazo.

Finalmente, el artículo 420 del Código Penal Federal (CPF) establece un catálogo de descripciones típicas, algunas de las cuales podrían tener como finalidad la protección del tiburón en México. No obstante lo anterior, los alcances de esta tutela penal son limitados, por lo cual se pretende fortalecer, tal como se desprende del siguiente:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto reformar la fracción I del artículo 420 del CPF, a fin de fortalecer la protección de las especies de tiburón en México, estableciendo como delito sancionable con prisión de uno a nueve años de prisión y multa de trescientos a tres mi días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tiburón, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

El texto vigente del artículo 420 del CPF establece lo siguiente:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida,  o cuando se realicen con fines comerciales.

De la lectura del artículo transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis punibles relacionadas con las especies de tiburón en México:

La captura, transformación, acopio, transporte o daño de ejemplares de especies acuáticas, como el tiburón, declaradas en veda (fracción II).

Cabe mencionar que esta hipótesis únicamente se actualiza cuando exista una declaratoria de veda para la pesca de tiburón, de tal suerte que su protección no es permanente;

La realización de actividades de pesca o captura con un medio no permitido de alguna especie de fauna silvestre, o que ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres (fracción III).

Sobre este supuesto, cabe mencionar que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1o de la Ley General de Vida Silvestre, el aprovechamiento sustentable de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, es regulado por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

En tal sentido, la Norma Oficial Mexicana “NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo” contempla cinco especies de tiburón en alguna categoría de riesgo: el tiburón peregrino, el tiburón blanco, el tiburón ballena, el pez sierra peine y el pez sierra de estero, clasificándolas como especies amenazadas, es decir, que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguenoperando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

Considerando que sólo las especies de referencia son consideradas fauna silvestre, únicamente el tiburón peregrino, el tiburón blanco, el tiburón ballena, el pez sierra peine y el pez sierra de estero pueden encuadrar en la descripción típica contenida en la fracción III del artículo 420 del CPF, de tal suerte que no todas las especies de tiburón son sujetas de protección penal bajo este supuesto, y

La realización de cualquier actividad con fines de tráfico, o la captura, transporte, acopio, introducción al país o extracción del mismo de algún ejemplar, producto, subproducto o recursos genéticos de especies silvestres, en veda o clasificada en alguna categoría de riesgo (fracción IV).

En relación con este supuesto, el encuadramiento de la conducta a la descripción típica resulta aún más complejo, pues en el caso de la primera hipótesis se debe acreditar la finalidad de tráfico, y en el resto de los casos las especies objeto de protección penal igualmente se encuentran limitadas a las que ostentan la calidad de especies de vida silvestre, declaradas en veda o clasificadas en alguna categoría de riesgo.

A fin de eliminar cualquier obstáculo para la protección de las especies de tiburón en México, derivados del principio de aplicación exacta de la ley penal, se propone reformar la fracción I del artículo 420 del CPF, a efecto de que, junto con las tortugas y los mamíferos marinos, los tiburones formen parte de su objeto material de aplicación, sancionando con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tiburón, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

En tal sentido, se propone que la fracción I del artículo 420 del CPF quede de la siguiente forma:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga, tiburón o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. a V. …

En este sentido, el tipo penal define claramente la conducta prohibida y el objeto material sobre el que recae, para la protección del ambiente como bien jurídico tutelado por el Derecho Penal. Asimismo, cabe mencionar que la protección penal de los tiburones no será discrecional y sin sus respectivos límites, sino que el tipo penal contiene una ilicitud como elemento normativo, de tal manera que se protege a las especies que suponen una regulación de carácter administrativo y sólo en los casos de inobservancia de ésta procederá la sanción penal de la conducta típica.

La presente reforma constituye una modificación sencilla pero sustancial al CPF, pues se estará protegiendo a las especies de tiburón, elevando su tutela penal al mismo nivel que las tortugas o los mamíferos marinos, como especies fundamentales de la riqueza natural de nuestro país. De esta forma, México estará contribuyendo al combate de la captura de tiburones en todo el mundo, cuya existencia se pone en riesgo en caso de que no se adopten medidas determinantes como la que se propone en esta iniciativa.

Por los argumentos expuestos, los Senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga, tiburón o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. a V. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2014.

Sen. Jorge Emilio González Martínez.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador González Martínez.

El Senador González Martínez ha aprovechado su participación para presentar tres proyectos, vamos a darle turno a cada uno de ellos.

El proyecto de reformas a la Ley General de Vida Silvestre se turna a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, Primera.

Y por último, el proyecto de reformas al Código Penal Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.


1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/

3 CONAPESCA. La pesca y acuacultura en cifras 2013. México, 2014. Pág. 20. Disponible en: http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/la_pesca_y_acuacultura_en_cifras_2013

4 Ídem.

5 Práctica pesquera consistente en capturar tiburones para cercenar sus aletas a bordo de las embarcaciones y devolverlos al mar.






Tenemos una iniciativa firmada por diversos Senadores de diversas fracciones parlamentarias, por lo tanto tiene el uso de la tribuna el Senador Ernesto Cordero Arroyo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Héctor Larios Córdova, Zoé Robledo Aburto y José Francisco Yunes Zorrilla, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio y del Código Fiscal de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el SenadorErnesto Javier Cordero Arroyo, a nombre propio y de diversos Senadores)

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy buenas tardes compañeras y compañeros.

El principal objetivo de cualquier país, es la generación de nuevas empresas y de empleos que permitan generar prosperidad y justicia social a sus habitantes.

No sólo por los nuevos empleos que se generan, sino porque la apertura de nuevas empresas genera competitividad, mejores y nuevos bienes y servicios que puedan abastecer a la sociedad.

Para haber empresas se necesitan dos cosas: certeza jurídica y que los trámites sean razonables, que en términos de tiempo y de costo no sea muy oneroso abrir una empresa.

Lamentablemente, la complejidad jurídica y lo altos costos que implica abrir una empresa en México inhibe que muchos jóvenes emprendedores, mexicanas y mexicanos, tengan la oportunidad de abrir una empresa en México.

Por eso hoy los Senadores José Yunes, el Senador Zoé Robledo, el Senador Héctor Larios y su servidor, queremos presentar una iniciativa; una iniciativa que permitirá abrir empresas en un solo día, lo que ha sido el sueño de muchos emprendedores y jóvenes mexicanos, lo podemos hacer realidad en las Cámaras.

Se trata de generar el sistema electrónico de sociedades mercantiles con la finalidad, repito de abrir empresas en un solo día. Abrir en un solo portal electrónico sin la intervención de fedatarios públicos, sin costo alguno, sociedades mercantiles básicas.

En este sistema, únicamente podrán participar y podrán constituirse sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, sociedades que por sus características tienen un máximo de 50 socios y además las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador.

Es decir, estamos hablando de las sociedades mercantiles más elementales y básicas que son las que generalmente aperturan empresas medianas y pequeñas.

Estas sociedades mercantiles son factibles abrirlas a través de un portal electrónico, únicamente con la firma electrónica avanzada de los socios que van a abrir esta nueva empresa.

En este sistema y en este portal se podrán abrir empresas en un solo día porque va a ser a través de este portal donde se podrá tramitar la solicitud de nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se podrá transmitir su inscripción en el Registro Público y en el Registro de Comercio, y además nos permitirá tramitar el Registro Federal de Contribuyentes de la nueva empresa.

Es así, que sin un solo peso y en un solo día se podrán abrir sociedades mercantiles.

Esto es lo que el país requiere en estos momentos, soluciones creativas que permitan impulsar el espíritu emprendedor y creativo de muchas mexicanas y de muchos mexicanos que con esto podrán abrir fuentes de empleo, que es lo que el país en estos momentos más requiere.

Estamos muy entusiasmados, creemos que esto puede ser un parteaguas para el “emprendedurismo” mexicano y que sin, duda esto podrá ser una solución.

Esta iniciativa forma parte de una agenda que establecen instituciones académicas y asociaciones de jóvenes emprendedores en todo el país.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey confió en que en el Senado de la República podamos llevar a buen término esta agenda, y nosotros estamos convencidos aquí que sí se puede hacer; empresas en un solo día alentando el espíritu emprendedor de los jóvenes mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ernesto Cordero. Senadores, con el propósito de sumarse a la iniciativa, le pido a la Secretaría tome nota de todos los que están levantando su mano para incorporarse.

¿Acepta usted, Senador Cordero?

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Por supuesto.

El Presidente Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores, daremos turnos a las iniciativas de las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Arely Gómez González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI.

El proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Proyecto de Reforma a los artículos 4 y 7 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Los textos de las intervenciones de la Senadora Marcela Guerra sobre estas iniciativas se insertarán de manera íntegra en el Diario de los Debates.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO

(Presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Arely Gómez González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Arely Gómez González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL PARRÁFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de las reformas en materia de justicia penal que se aplicaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2008, en lo que respecta a la que se aplicó a su artículo 22, implico que se agregará a este precepto normativo, una nueva figura jurídica a través de la cual el dominio sobre bienes relacionados con la comisión de delitos podría revertirse a favor del Estado.

La extinción de dominio de bienes y la resultante aplicación de éstos a favor del Estado, se concibió como un instrumento jurídico ineludible para el combate al crimen organizado, así como facilitar la implementación de más eficaz persecución de bienes de procedencia ilícita, que se encuentran en la economía con la apariencia y la supuesta formalidad de ser bienes de origen lícito.

Es por esto que podemos afirmar que dicha figura corresponde a un derecho personal indemnizatorio, del que es titular la sociedad y que se ejerce a través del Estado, cabe hacer mención que esta figura jurídica tiene una naturaleza propia e independiente respecto de la acción penal que puede ejercer el ministerio público.

Por ello, el procedimiento de extinción de extinción de dominio culmina con una sentencia declarativa, en el sentido de que el Estado no reconoce la propiedad de una persona física o moral sobre determinado capital, bien mueble o inmueble en el que se materializa en el caudal o patrimonio de origen ilícito, y consecuentemente disuelve la propiedad de la cosa pasando ésta al propio Estado, sin contraprestación alguna.

Por su parte, el Artículo 3° de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional, la define como "…la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado."1

Sin embargo la aplicación de la figura de extinción de dominio ha quedado restringida a nivel constitucional, a un catálogo limitado de delitos en el sistema de numerus clausus, situación que dificulta que dicha figura pueda aplicarse a otros delitos distintos a los listados en el catálogo correspondiente, toda vez que se ha acotado su implementación y jurídicamente se ha condicionado su alcance.2

La limitación que representa el hecho de que la acción de extinción de dominio solo se pueda hacer valer respecto a las conductas típicas que se señalan en la fracción II del segundo párrafo del artículo 22 Constitucional, sin duda resta efectividad a la norma para combatir a los grupos criminales cada vez mejor organizados y que cuentan con un poder económico significativo, situación que plantea retos mayores a la acción del Estado y que implican la necesidad de proveer mecanismos defensivos más eficaces a favor de la sociedad , así como evitar el daño o peligro que genera la materialización de conductas delictivas que día a día van variando, a través de acciones preventivas o persecutorias amplias, completas y efectivas.

México enfrenta la crisis de violencia más grave de las últimas décadas, toda vez que no sólo se co­meten más delitos sino que cada vez son más violentos.

En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados con el crimen organizado aumentaron de manera dramática, a la par de los secuestros y las extorsiones. 3

De acuerdo a información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en febrero de 2014 se denunciaron más delitos cada 24 horas en relación con lo ocurrido en enero del mismo año, de igual forma, en el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto Febrero 2014, se muestran las tendencias a nivel nacional sobre los delitos de alto impacto cometidos durante los dos primeros meses del 2014.

El aumento en el porcentaje de denuncias de secuestro de enero a febrero de 2014, es un dato que urge a implementar mejores mecanismos para mejor los resultados en materia de combate y prevención de este fenómeno delictivo, no hay que olvidar que este ilícito que conlleva severas afectaciones psicológicas, sociales y económicas para las víctimas.

La base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que se elaboró a partir de aseguramientos logrados durante 11 meses, muestra que del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, la dependencia incautó 447 armas de fuego (que representa una incautación mensual promedio de 40 piezas), de las cuales 325 eran de largo alcance.

Los decomisos de las 447 armas se concentraron en Sinaloa (29.75 por ciento), Michoacán (14.09 por ciento, Sonora (13.42 por ciento), Estado de México (11.86 por ciento) y Tamaulipas (10.96 por ciento).

En el periodo de referencia se incautaron 154 granadas, de las que 79 por ciento correspondieron a 40 milímetros (para lanzagranadas); le siguieron las de mano o de fragmentación (18 por ciento), de manufactura artesanal (2 por ciento) y minas antipersonales (1 por ciento).

La cifra está muy por debajo de las 4 mil 973 armas que del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 decomisó la Secretaría de la Defensa Nacional, esta dependencia en su base de datos tiene registradas 8 mil 540 armas de fuego, que están en proceso de investigación y son rastreadas con el apoyo de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos para conocer el lugar de compra e identidad del comprador.

Mientras que la Procuraduría General de la República combate el tráfico y posesión de armas, en sólo dos días, un grupo de delincuentes robaron 39 armas de corporaciones policiales del Estado de México, mientras que en Jalisco se descubrió una fábrica ilegal de armamento, lo que constituyó un hallazgo sin precedentes en México.4

La situación de seguridad en México se ha deteriorado en los últimos años debido al constante aumento de delitos y actos violentos que afectan día a día a los ciudadanos, actualmente, es una realidad que la criminalidad y la violencia afectan la calidad de vida de la población y generan un clima de inseguridad que afecta la cimentación de la democracia y las posibilidades de progreso económico y social.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), que ofrece información referente al nivel de victimización y delincuencia, denuncia del delito, características de las víctimas de delito, los delitos y los daños causados, percepción sobre la inseguridad, desempeño institucional y la caracterización de los delitos en los hogares, entre otros, arroja que:

● El 33.9% de los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2013.

● Durante 2013 hubo 22.5 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,224 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente diferente a la que se tuvo en 2012.

● Durante 2013 se generaron 33.1 millones de delitos asociados a 22.5 millones de víctimas.

● A nivel nacional 131,946 secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 123,470 víctimas durante 2013.

● De los 33.1 millones de delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 55% de los casos, lo que representa en términos absolutos 18.2 millones.

● De los 18.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban arma en el 50.2% de los casos.

● De los delitos donde el delincuente portaba arma, en el 8.1% de los casos fue utilizada el arma.

● De los 18.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en el 39.7% de los casos la víctima manifestó que participó sólo un delincuente.

● El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representa un monto de 213.1 mil millones de pesos, es decir, 1.27% del PIB. Lo cual equivale a 5,560 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

● Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 64 mil millones de pesos.

● En 2013 se denunció el 9.9% de los delitos, de los cuales el 62.7% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público.

● Del total de delitos, se inició averiguación previa en el 6.2% de los casos. Lo anterior, representa un 93.8% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.

● Del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, se refiere que en el 49.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia

● Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la Pérdida de tiempo con 31.4% y la Desconfianza en la autoridad con 21%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.

● A nivel nacional que el 58.1% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del Desempleo con 46.1% y el Aumento de Precios con 37.7 por ciento.

● El espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura, con 81.8%, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

● A nivel nacional, entre las actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de hacer en 2013 fueron entre otras, permitir que sus hijos menores de edad salieran de casa y usar joyas, con 69.6% y 67.4% respectivamente.

De acuerdo con el Índice de Paz, México 2013, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el costo de la violencia en el país está sujeto a más de 60 indicadores, entre los que destacan pobreza, gastos en seguridad privada, pólizas, corrupción, inversión en tecnología, caída en la actividad económica debido a un mal entorno social, ineficacia gubernamental y del Sistema Judicial, pobre estado de Derecho, establece que:

● El impacto económico total de la violencia en México se estima conservadoramente en 4.4 billones de pesos por año, cantidad que representa 27.7% del PIB nacional.

● El costo directo de la violencia es de aproximadamente 600,000 millones de pesos.

● El costo indirecto de la violencia es de 1.9 billones de pesos como consecuencia de la pérdida en productividad, destrucción y sufrimiento debidos a la violencia.

● El impacto económico total de la contención de la violencia equivale a más de 37,000 pesos por cada ciudadano mexicano.

● Si el gasto de contención de la violencia se mantuviera en los niveles de 2003, México ganaría 682,300 millones de pesos por año, lo cual bastaría para pagar la modernización de la infraestructura de transporte público del país o pagar una sexta parte de la deuda pública nacional.

Es por esto, que si efectivamente se busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio resulta indispensable generar una legítima coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de la inteligencia financiera, de los registros de la propiedad, de las instituciones bancarias y de las unidades de investigación patrimonial en todos los niveles en nuestro país. 5

La delincuencia organizada en México debe ser combatida en cada una de sus modalidades, atacando su crecimiento económico y patrimonial para que de esa manera se pueda debilitar su estructura hasta lograr su total desvanecimiento.

Por ello, el objeto de la presente Iniciativa es abrir la posibilidad de que se aumente el catálogo de delitos que dan pie a la acción de extinción de dominio y que se señalan actualmente en el artículo 22 Constitucional, a efecto de que dicha acción se pueda implementar contra delitos como el acopio de armas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, robo de hidrocarburos o sus derivados, así como en contra de todas aquellas conductas o hechos que constituyan delitos que afecten, pongan en peligro o lesionen bienes jurídicos considerados como de mayor trascendencia e importancia por las leyes penales mexicanas.

Se estima que lo anterior se puede lograr insertando en la fracción II, del párrafo segundo del artículo 22 Constitucional, la mención de que la extinción de dominio procederá en los términos y respecto de los bienes relacionados o vinculados a los delitos que prevea la ley reglamentaria del citado artículo y que sea en dicha legislación, en la que se mencionen los delitos, las acciones y el patrimonio que serán susceptibles de dicha figura extintiva de dominio.

Dicho enunciado normativo se sustenta en el principio de legalidad contenido en el artículo 14 Constitucional y que consiste en el hecho de que para que una conducta sea incluida en el catálogo delincuencial, tiene que pasar por el proceso legislativo, a través de los órganos y formalidades que se establecen en el sistema jurídico mexicano, por ello, la determinación de los delitos debe corresponder al poder legislativo.

Para generar la base legal para que la determinación de que los delitos que pueden ser sujetos a un procedimiento judicial independiente, distinto al que se siga contra los inculpados de delitos de delincuencia organizada, en donde lo que se juzgue es si el bien fue objeto, instrumento o producto de la delincuencia organizada y, si ello es así, se proceda a la aplicación de dichos bienes en favor del Estado a través del ejercicio de la extinción de dominio, sea en la propia ley, este se funda en la necesidad de que el catálogo de dichos ilícitos se incluya en la ley reglamentaria, situación que posibilitará que incluso la modificación del mismo, sea más sencilla, en comparación a todo lo que conlleva el proceso legislativo para modificar un artículo constitucional.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL PARRÁFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 22. …

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. …;

II. Procederá en los términos y respecto de los bienes relacionados o vinculados a los delitos que prevea la ley reglamentaria en materia de extinción de dominio, respecto de los bienes siguientes:

a) … a d) …

III. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2014.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.




1 Ley Federal de Extinción de Dominio

2 GLUYAS MILLÁN, Ricardo. La extinción de dominio como instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo.

3 CIDAC con datos de denuncia del SNSP y homicidios relacionados al crimen organizado de Presidencia; población a partir de estimaciones de CONAPO y Censo de Población y Vivienda 2010.

4 http://www.milenio.com/policia/Cuernos-chivo-AR-15-preferidos-carteles-narco-armas-delincuencia-armamento_0_389361087.html

5 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José de Jesús. Extinción de Dominio, escenarios internacionales, contexto en México y propuestas legislativas. 2012.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 4 Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Arely Gómez González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Arely Gómez González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS4, FRACCIÓN I Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La extinción de dominio de bienes y la resultante aplicación de éstos a favor del Estado, es un instrumento jurídico ineludible para implementar una apropiada persecución de bienes de procedencia ilícita, que se encuentran en la economía con la apariencia y formalidad de ser bienes de origen lícito, en virtud, por ejemplo de haber sido adquiridos por un prestanombres, y que son utilizados por la delincuencia organizada en la comisión de sus actos delictivos.

El Artículo 3 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional la define como "…la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado."1

Es así que el proceso de extinción de dominio culmina con una sentencia declarativa, en el sentido de que el Estado no reconoce la propiedad de una persona física o moral sobre determinado capital, bien mueble o inmueble en el que se materializa el capital de origen ilícito, y consecuentemente disuelve la propiedad de la cosa pasando ésta al propio Estado, sin contraprestación alguna.

Sin embargo la aplicación de la figura de extinción de dominio ha quedado restringida, a nivel constitucional, a un catálogo de delitos en el sistema de numerus clausus, por lo que ésta no puede aplicarse a otros delitos distintos a los que se encuentran listados en el catálogo correspondiente ya que se ha acotado su implementación y jurídicamente se ha condicionado su alcance.2

Por lo tanto, uno de los objetivos de la presente Iniciativa, es que los delitos que se mencionan en la fracción II, del segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos se incluyan expresamente en la Ley de Extinción de dominio, haciendo notar que mediante diversa iniciativa suscrita por las hoy proponentes y que se presentará de forma paralela a la presente, se está proponiendo trasladar el mencionado catalogo a la ley reglamentaria.

Por otro lado, como segundo objetivo de la presente iniciativa, es el de incluir en la Ley reglamentaria del artículo 22 Constitucional, los delitos que se mencionan en su fracción II y además que se puedan incluir al acopio de armas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados y los casos de posesión o resguardo ilícito de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados en el catálogo de delitos por los que se puede generar la extinción de dominio.

La delincuencia organizada es un delito que requiere toda la atención de las autoridades, por ello, se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ante el fenómeno de que la delincuencia común ha evolucionado o ha perfeccionado su métodos delictivos, estableciendo líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, bien estructurado y que persigue a través de acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social.

El término de delincuencia organizada fue acuñado por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia, toda vez que hace referencia a la organización o unión de delincuentes para conjuntar esfuerzos en grupo y valiéndose de la violencia y la intimidación llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La delincuencia organizada siempre ha buscado a toda costa crear alianzas y vínculos en todos los niveles, incluyendo el político y con las autoridades de distintos órdenes, valiéndose de actos de corrupción a efecto de facilitar sus operaciones ilegales que pueden incidir en aspectos financieros, mercantiles, bancarios, bursátiles o comerciales, de igual forma, emplean el soborno, la extorsión, el "cobro de piso" o servicios de protección, secuestros, trata de personas, entre otras actividades ilícitas que les generan grandes ganancias ilegales, también realiza adquisiciones ilegítimas, controlan centros de juego legales o ilegales y centros de prostitución.

Es por esto, que la delincuencia organizada constituye uno de los más graves problemas que dañan y perjudican a la sociedad de todas partes del mundo y se han vuelto un problema para la mayoría de las naciones, toda vez que valiéndose de conexiones con organizaciones similares de otros países, forman redes en todo el mundo conformando la delincuencia organizada transnacional.

Por lo que hace a los delitos contra la Salud, o comercio ilícito de sustancias psicotrópicas y narcóticos, es una conducta delictiva íntimamente relacionada con la delincuencia organizada, que se relacionan con otros delitos como el acopio y tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de indocumentados, extorsión y secuestro, entre otros.

La comercialización de sustancias psicotrópicas y narcóticos genera que los grupos delictivos más dominantes tengan luchas intestinas con grupos que puedan representarles alguna competencia por las "plazas" o lugares geográficos en los que se comercializan dichos narcóticos, por lo que en los últimos ocho años se ha incrementado la disputa entre organizaciones criminales por el control del territorio utilizado para la distribución y trasiego de drogas, generando un grado de violencia que afecta gravemente a la sociedad.

La lucha contra el tráfico de drogas y contra los grupos de narcotraficantes debe ser decidida, integral, constante y bien organizada y, para ello, es necesaria la implementación de acciones coordinadas en el marco de cooperación tanto nacional como internacional para abatir el tráfico y producción de drogas que introducen o se producen en nuestro país y que tienen como destino Estados Unidos de América, así como lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

El robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización que afecta a México y a la mayoría de las naciones del mundo y está claramente vinculado con la delincuencia organizada y hasta con grupos delincuenciales que utilizan los vehículos no solo para cometer ilícitos, sino que también los usan para que contengan explosivos y bombas como parte del terrorismo.

Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones el robo de vehículos no siempre es un fin en sí mismo, ya que los automóviles robados también son objeto de tráfico para financiar otros delitos, o pueden utilizarse para perpetrar otras actividades delictivas como ya ha quedado mencionado en el párrafo anterior.

Por lo que hace al secuestro, este es uno de los delitos que mayor afectación social genera, ya que el daño sufrido por la víctima repercute en un fuerte impacto físico, psíquico y moral, sobre todo por las actos de crueldad, amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema a que es sujeta la víctima, por lo que el secuestro representa una amenaza a la estabilidad en todos los sectores de la población.

La proliferación de organizaciones delictivas dedicadas al secuestro ha ido en aumento, convirtiéndose en una verdadera industria delictiva, ya que el secuestrar a personas genera grandes recursos económicos, por ello, a esta conducta delictiva se le debe enfrentar en todas las formas posibles, utilizando los medios y recursos contundentes y adecuados.

El secuestrar a una persona, tiene como objetivo la obtención de recursos económicos a cambio de su libertad, por lo que en muchas ocasiones, el secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como es el caso del tráfico de menores.

Si bien es cierto que en la presente administración se han implementado diversas acciones para combatir el secuestro, resulta imperante mayor coordinación de todos los niveles de gobierno, especialmente con la participación y colaboración estrecha de los sectores de procuración de justicia para hacer frente a este delito tan lesivo.

En nuestro derecho vigente mexicano, tenemos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que prevé las sanciones, las distintas hipótesis comisivas y las circunstancias que agravan este delito, por ende, en nuestro sistema penal, la privación ilegal de la libertad es un delito considerado grave porque afecta los valores fundamentales de la sociedad y los sujetos activos del delito no tienen derecho a gozar de beneficios legales como la libertad bajo caución.

La Trata de Personas, es un delito en el que se utiliza a las víctimas para explotarlas en la prostitución, pornografía o en trabajos en condiciones inhumanas, los sujetos que materializan este delito están en una constante búsqueda de personas que puedan ser explotadas, siendo los sectores más vulnerables las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los indocumentados migrantes y las personas en situación económica precaria.

Derivado de la necesidad de contar con un marco jurídico que prevea las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, así como para establecer los tipos penales en esta materia, sus sanciones y la determinación de los procedimientos penales aplicables a estos delitos, se público en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sin duda, son muchos los factores que permiten que una persona pueda ser víctima de los tratantes, siendo ejemplo de estos, la desintegración familiar, la deserción escolar, la falta de oportunidades de los jóvenes para acceder a estudios o para conseguir un empleo, entre otros, por ello, para combatir la trata de personas, no sólo debemos exigir la acción inmediata de las autoridades que procuran y administran justicia, sino que todos los sectores de la sociedad debemos de participar y coordinarnos activamente con el Gobierno y con todos los actores involucrados, para que la solución y combate de este delito sea frontal y efectivo.

Consideramos importante hacer mención que los delitos de acopio y tráfico de armas están previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; su comisión no se da de manera aislada, habitualmente van acompañados por otras conductas ilícitas, en la mayoría de las ocasiones, son cometidas por organizaciones delictivas, en el caso del acopio, a fin de ser utilizadas para la comisión de otros delitos, como el tráfico de drogas, el secuestro y homicidios.

Conforme a la descripción típica del artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por acopio debe entenderse "la posesión de más de cinco armas de fuego de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea". Al respecto, el artículo 11 de la citada Ley establece un catálogo de las armas que son consideradas como de uso exclusivo de las citadas fuerzas armadas.

El bien jurídico protegido del tipo penal de acopio de armas, es la seguridad pública, y para la aplicación de la sanción por dicho delito, el juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.3

Por su parte, el tráfico de armas está previsto en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que lo define como "la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control".

Los bienes jurídicamente protegidos son la seguridad pública, así como el registro y control aduanero de materiales de guerra o sujetos a control por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De una interpretación armónica e integral de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se advierte que por seguridad nacional debe existir un control y registro permanente de las armas, municiones, explosivos y demás objetos prohibidos.

Lo clandestino del ilícito se pone de manifiesto desde el momento en que el sujeto oculta de tal manera el objeto material, que no es posible evidenciar a primera vista, que ahí se encuentra, sino que por el contrario, se debe llevar a cabo otro tipo de búsqueda para poder percatarse de su existencia, lo que ineludiblemente conduce a analizar cada caso concreto; esto es, el elemento clandestinidad se surte desde el momento en que el sujeto activo oculta su existencia poniéndolas fuera del control de la autoridad competente y no hace de su conocimiento la pretensión de introducir al territorio nacional tales artefactos, siempre y cuando estén contenidos en un lugar de difícil acceso.4

En México, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la posesión de toda arma de fuego debe informarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su inscripción en el Registro Federal de Armas, encontrándose prohibido portar y poseer armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, salvo algunas excepciones.

El artículo 11 de la ley en mención señala cuáles son esas armas exclusivas, mientras que el artículo 84 consigna penas de cinco a treinta años de prisión a quien participe en la introducción de manera clandestina al país de las armas, municiones, explosivos y materiales reservados para el uso de las fuerzas armadas5, toda vez que el tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado.

El tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representa actualmente el 15% de los delitos federales cometidos en todo el país, lo anterior, equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados con tráfico o posesión de armas y las entidades federativas con mayor índice de este delito son Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Distrito Federal, Sonora y Guanajuato.

Por lo que hace a ciudades fronterizas en donde hay mayor incidencia de posesión y portación ilegal y tráfico de armas son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; San Luis Río Colorado en Sonora; y Nuevo Laredo en Tamaulipas, por lo que hace al Distrito Federal, las zonas que presentan mayor importancia en cuanto a tráfico de armas son el Centro de la Ciudad, Tepito, y las colonias Doctores, Buenos Aires y Peralvillo.

A lo anterior se suma el frecuente decomiso de armas en municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala que únicamente hacen suponer un continuo e intenso tráfico de armas en Escuintla, Acapetahua, Tuxtla Chico, Suchiate, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mapastepec, Acacoyagua, Huixtla, Motozintla y Metapa de Domínguez.

Según datos no oficiales, hay un arma de fuego por cada diez habitantes del mundo y en la última década México transitó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el mismo ámbito, algunas estimaciones indican que cada 24 horas ingresan al territorio nacional unas 2 mil armas para abastecer la demanda, el cálculo anual es de 20 millones de armas ilegales, más cinco millones 500 mil que cuentan con permiso de la autoridad respectiva.

El informe "Tráfico de Armas México-USA" indica que la ruta del Golfo es la más activa, y tiene como sitios de ingreso las ciudades de Acuña y Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo y Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, de donde baja a Veracruz y termina en Chiapas, hay rutas como la del Pacífico, que no toca a la entidad, pero por ejemplo está la del sur, de Balancán, Tabasco, y Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, como puntos de ingreso, de donde se divide hacia Veracruz y Oaxaca.

La vecindad con uno de los primeros fabricantes de armas como lo es Estados Unidos de América, propicia que el movimiento sea principalmente del norte hacia el sur, dicho problema ha sido denunciado incluso en la tribuna de las Naciones Unidas en un llamado a detener ese tráfico.

En la frontera México-Estados Unidos hay 19 lugares de cruce formales y un número indeterminado de cruces informales (PGR 2009), mientras que en Estados Unidos existen alrededor de 100,000 permisionarios de venta de armas, de los cuales unos 12,000 se encuentran en la zona fronteriza; es decir, un gran mercado legal y poco control para la venta.

El Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma algo distinto: dice que hay 6,700 sitios de venta al menudeo, entre tiendas y casas de empeño, en la frontera con México, de un total de 55,000 en el país, de las armas decomisadas en nuestro país y rastreadas, el 39% provenían de tiendas en Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona, y el resto de otros estados (GAO 2009: 20). Pandillas callejeras y de las prisiones en territorio estadounidense están relacionadas con ese tipo de actividades. Los lugares de compra son las tiendas de armas, las ferias y casas de empeño.

También se ha detectado el tráfico de granadas y fusiles AK-47 por la frontera sur de México, es importante resaltar que en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas tipo AK que fueron fabricadas en otros países. También hay armas que podrían haber sido importadas legalmente a Estados Unidos de diferentes países y desviadas hacia el mercado ilegal en México, un ejemplo de esto es que en el país circulan armas hechas en EEUU, China, Alemania, Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria y los precios fluctúan entre 800 y 2000 dólares según el modelo, la marca, la antigüedad, etc.6

En cuanto a la destrucción, se menciona una media de 800 mil armas de fuego, pero el tamaño del problema de estas armas no reguladas es grande, pues por cada una que se destruye, se fabrican otras diez, la organización humanitaria internacional "Oxfam" menciona que el Día de la Destrucción de Armas de Fuego es un momento en el que ciudadanos corrientes de todo el mundo realizan una acción positiva para abordar de frente el problema, pero cuando se producen 10 armas de fuego nuevas por cada 1 que se destruye, los esfuerzos se ven sumamente debilitados .

Los seis países exportadores de armas, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, suministran tres cuartas partes de las armas que hay en el mundo, por lo que el 2 de abril de 2013 derivado de múltiples esfuerzos y negociaciones, los gobiernos representados en las Naciones Unidas aprobaron un Tratado sobre el Comercio de Armas, sin embargo, de los seis grandes exportadores, hasta la fecha ni China ni Rusia han firmado. Alemania, Francia y Reino Unido lo hicieron el 3 de junio y Estados Unidos, el 25 de septiembre del mismo año.

Este acuerdo se refiere a una prohibición para los Estados a transferir armas convencionales a otros países si tienen conocimiento de que serán utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión, por su parte, el comercio ilegal de armas vive un apogeo en todo el mundo y la presencia de conflictos de todo tipo que se dirimen ahora mismo por medio de la violencia parece incentivarlo aún más, con tratados o sin tratados.7

Los altos índices de criminalidad que se han presentado en el país durante los últimos años, son consecuencia, entre otras razones, de la proliferación de armas de fuego, así como de su posesión, portación, acopio y tráfico ilícitos, lo que hace muy difícil que los cuerpos de seguridad pública consigan hacer frente de una manera eficaz y eficiente a los grupos delictivos que se encuentran fuertemente armados.

Cuando se logra la detención de algunos miembros de estas organizaciones se aseguran cantidades significativas de armamento y municiones, de ahí que también deban consignarse por la comisión de este delito.

El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el beneficio que se obtenga por parte de miembros de la organizaciones delictivas que estén bien estructuradas para la obtención ilegal de los órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los trasplantes clandestinamente. 8

Este tipo de delito lo encontramos previsto y regulado en el artículo 461 de la Ley General de Salud que nos señala "Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud se le impondrá…" lo que indica más adelante el artículo 462 del mismo ordenamiento.

Además, la Ley General de Salud, en su artículo 314, fracción X, nos da una definición de órgano, siendo de la siguiente manera:

"Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: X) Órgano, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas."

Aunque de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Informática y procreación de órganos y tejidos no se ha podido constatar fehacientemente la ejecución delictiva del tráfico de órganos en nuestro país, por lo que referirse al tráfico de órganos o tejidos de seres humanos, implicaría a organizaciones bien estructuradas que cuenten con el personal médico adecuadamente capacitado para realizar dichas operaciones y con la capacidad de mantener una tecnología médica de punta.

Y por lo que hace a la sustracción y posesión clandestina de hidrocarburos, dichas conductas son consideradas como un robo y durante muchos años las bandas criminales dedicadas a la ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos, se han beneficiado con ganancias de más de diez mil millones de pesos al año, y dichas conductas ilícitas lesionan la riqueza y la economía nacional.

Es por esto, que si efectivamente se busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio resulta indispensable generar una legítima coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de la inteligencia financiera, de los registros de la propiedad, de las instituciones bancarias y de las unidades de investigación patrimonial en todos los niveles en nuestro país. 9

Por ello, la delincuencia organizada en México debe ser combatida en cada una de sus modalidades, atacando su crecimiento patrimonial para, de esa manera debilitar su estructura hasta lograr su total erradicación.

La presente iniciativa propone actualizar la legislación procesal a que se refiere la fracción I del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio, toda vez que el 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene disposiciones de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Este código adjetivo recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

Por ello, en el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas, por lo que en todos los casos, entre la Declaratoria referida y la entrada en vigor del mismo deberán mediar sesenta días naturales.

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas, una vez que haya entrado en vigor el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del mismo, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

Derivado de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del Decreto se abrogan, se entenderá referida al primero código en mención.

Como ya se dijo en párrafos anteriores, la segunda propuesta de la presente iniciativa, consiste en incluir de manera expresa el catálogo de los delitos por los que se puede iniciar la acción de extinción de dominio en el artículo 7 de la Ley que se pretende reformar, a efecto de dotar a dicho precepto de mayor claridad y precisión y de aumentar el número de delitos que serán susceptibles de la medida extintiva de dominio, por afectar bienes tutelados que afectan en gran medida no solo a la o las personas que pudieran considerarse como víctimas directas, sino a toda la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS4, FRACCIÓN I Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

II. … a IV. …

Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, acopio de armas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados y de posesión o resguardo ilícito de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 9 de diciembre de 2014.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.



En otro apartado del Orden del Día, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.


1 Ley Federal de Extinción de Dominio

2 GLUYAS MILLÁN, Ricardo. La extinción de dominio como instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo.

3 Procuraduría General de la República.

4 Procuraduría General de la República.

5 Informe de política del IDPC, El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes

6 ÍDEM

7 http://www.cuartopoder.mx/armas/

8 Procuraduría General de la República.

9 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José de Jesús. Extinción de Dominio, escenarios internacionales, contexto en México y propuestas legislativas. 2012.






La Secretaria Saldaña Pérez: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 76 Y ADICIONA EL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








La Secretaria Saldaña Pérez: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 76 Y ADICIONA EL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII BIS DEL ARTICULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el pasado 30 de Abril de 2014, el Diputado Federal Genaro Carreño Muro Olvera de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5º. De la Ley de Institutos Nacionales de Salud, y suscrita por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.

2.- Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 27 de Noviembre de 2014 fue aprobada por la H. Cámara de Diputados con 295 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

4.- Con fecha 2 de Diciembre fue recibida por la H. Cámara de Senadores la minuta que reforma el artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. La cual fue turnada a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, para su estudio y Dictamen

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Reformar la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de poner el nombre del Doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, al Instituto Nacional de Rehabilitación.

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

MINUTA APROBADA

ARTÍCULO 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

 

I.          a          VIII. …

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;

IX.        a XI.    

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

 

I. a VIII. ...

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, para la atención de las personas con discapacidad;

IX. a XI. ...

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

IX. a XI. ...

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este tema de interés público.

B. El 20 de noviembre de 2000, se inaugura el Centro Nacional de Rehabilitación, centro para la atención de las personas con discapacidad, en el cual primeramente se incluye el Instituto Nacional de Ortopedia, Rehabilitación y posteriormente Comunicación Humana. El 23 de junio de 2005 obtuvo la denominación actual de Instituto Nacional, ya que anteriormente era Centro Nacional.

El Instituto Nacional de Rehabilitación, es el cumulo de esfuerzos, que desde 1973, inició la Secretaría de Salud y Asistencia y el Gobierno de la República Mexicana, a través del Programa Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), para ofrecer a la población en general (niños, jóvenes, adultos y tercera edad), una Institución que les asegurara obtener soluciones eficaces, ante las diferentes discapacidades que afectan a la población de todo el país.

Con la suma de los esfuerzos humanos, materiales y financieros de los Institutos de Medicina de Rehabilitación, Comunicación Humana y Ortopedia, el Instituto Nacional de Rehabilitación se ha colocado como una Institución innovada, transformadora de la realidad social y equitativa.

C.El Instituto Nacional de Rehabilitación , es una Institución única en su género en México y América Latina, un objetivo primordial de esta institución es abatir la incidencia de la discapacidad que generan en una importante proporción, los servicios de atención médica que reducen la letalidad a expensas de dejar secuelas discapacitantes.

Es una Institución de transformación y de cambio. De Transformación; porque la atención médica, a través de la investigación científica, ofrecerá eficaces modelos de prevención, de resolución (curación) definitiva, a un alto porcentaje de discapacidades y es de Cambio; porque el Sistema Nacional de Salud, será alimentado y enriquecido permanentemente con los avances de una medicina de excelencia y eficacia en la atención de la discapacidad,

D. El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, continuando al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación en el marco de las competencias de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, promueve la enseñanza para que la atención a las personas con discapacidad sea eficiente y profesional en México, obteniendo reconocimientos internacionales, teniendo grandes logros como:

1.- Alcanzar la Escuela Superior de Rehabilitación con las licenciaturas en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y órtesis y prótesis.

2.-Promuever la enseñanza de especializaciones médicas con duración de cuatro años en audiología, otoneurología, foniatría, medicina de la actividad física y deportiva, medicina de rehabilitación, ortopedia, genética médica, oftalmología, otorrinolaringología, reumatología y cirugía de cabeza y cuello.

3.- Diversos cursos de alta especialidad de un año, maestrías, posgrados y doctorados, por ejemplo el doctorado en investigación médica.

E. Hoy en día el instituto otorga grandes beneficios al apoblación mexicana ya que atiende a 7 mil 800 ingresos, 850 mil terapias, 260 mil 264 consultas para dar un universo de 1 millón 118 mil 64 mexicanos atendidos anualmente como pacientes, atendidos, la atención medica en: ortopedia pediátrica, deformidades neuromusculares, reconstrucción de cadera y rodilla, reconstrucción de hombro y codo, ortopedia del deporte y artroscopia, cirugía de columna vertebral, cirugía de mano y microcirugía, tumores músculo esqueléticos, infecciones óseas, traumatología y urgencias, sin dejar de mencionar los diversos servicios de medicina de rehabilitación audiología otorrinolaringología, oftalmología, genética, reumatología, medicina del deporte y atención a quemados.

F. El Instituto Nacional de Rehabilitación promueve la creación del Centro Nacional de Atención e Investigación de Quemados (Ceniaq), centro que sin duda se encuentra a la altura de los mejores del mundo, que en el PEF de 2006 la Cámara de Diputados promovió su creación y con su experiencia el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra crea dos comités, uno de ellos denominado Comité Técnico para la creación del Ceniaq en el cual, especialistas en atención de quemados, así dependencias de gubernamentales y privadas como Pemex, ISSSTE, IMSS, los Servicios Médicos del gobierno del Distrito Federal, entre otros, el segundo un comité social en el cual entre otros la Fundación (Michou y Mau, IAP) participó activamente para su conformación, en estos dos comités.

G. El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, nace el 23 de Noviembre de 1932, se gradúa como Médico Cirujano en 1956 de la Facultad de Medicina de Universidad Nacional Autónoma de México, en 1959 termina la especialidad en medicina de rehabilitación en el Hospital Infantil de México, así como diversas certificaciones nacionales e internacionales.

Cabe hacer mención que el Dr. Ibarra en su carrera laboral, inicio como ayudante de laboratorio, posteriormente fue técnico en medicina física, jefe de servicio de rehabilitación, jefe de departamento, subjefe de división y jefe de división del Hospital Infantil de México, Director General de Rehabilitación de la SSA, Coordinador del Programa Cree del DIF, Director General de Instituto Nacional de Ortopedia y desde 1997 hasta 2005, Director General del Centro Nacional de Rehabilitación y desde entonces Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación, electo para dos periodos.

Así mismo se señala que ha dirigido más de 100 tesis en medicina de rehabilitación, así como impartir cursos de electrodiagnóstico y electromiografía, ha sido profesor y director de la Escuela de Técnicos en Rehabilitación de la Secretaria de Salud, así como también profesor de posgrado de la facultad de medicina de la UNAM. También ha impartido más de 40 cursos en instituciones públicas y privadas, desde el Centro Nacional de Rehabilitación hasta la UNAM, en su gran mayoría la materia de Rehabilitación para las personas con discapacidad.

La participación del doctor Ibarra Ibarra desde 1957 en la Sociedad Mexicana de Medicina para el Trabajo no solo se centró en el territorio nacional, sino alcanzó a otras latitudes del mundo como miembro de The American PublicHealtAssociation y The Royal Society of Health resaltado la participación en más de 20 Asociaciones Médicas en México. Cabe citarse, que el Dr. Luis Guillermo Ibarra ha participado en más de 80 conferencias y en 50 congresos nacionales e internacionales en materia de rehabilitación.

A lo largo de su carrera ha dejado un gran legado para el pueblo de México, ya que ha escrito para todos aquellos médicos en rehabilitación, 78 obras. También ha sido galardonado entre premios, reconocimientos, medallas y diplomas más de 80, muchos de ellos honoríficos y al mérito por su gran labor en pro de las personas con discapacidad en el país.

H. Se coincide con la colegisladora en las modificaciones que realizo a la iniciativa, en virtud de que al incluir “ para la atención de las personas con discapacidad”, hubiese representado una limitante para la atención médica brindada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que atienden a pacientes con problemas de ortopedia pediátrica, deformidades neuromusculares, reconstrucción de cadera y rodilla, reconstrucción de hombro y codo, ortopedia del deporte y artroscopia, cirugía de columna vertebral, cirugía de mano y microcirugía, tumores músculo esqueléticos, infecciones óseas, traumatología y urgencias, sin dejar de mencionar los diversos servicios de medicina de rehabilitación audiología otorrinolaringología, oftalmología, genética, reumatología, medicina del deporte, así como atención a quemados.

G. El objeto de esta minuta es poner el nombre de doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra al Instituto Nacional de Rehabilitación; reconocimiento en vida y en funciones como director del mismo y como se ha hecho en otros institutos, por ejemplo:

a) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

b) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

c) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

d) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Por el legado que se ha dejado en cada rama de la medicina por estos médicos, promoviendo, preparando, y avanzando en cada materia para salud de millones de mexicanos, y sobre todo por lo mucho que ha dado el Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra, esta propuesta es considerada loable.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

IX. a XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

El Presidente Barbosa Huerta: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Saldaña Pérez: (Leyendo)



El Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Secretaria Senadora. Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Armando Albores Gleason.

El Senador Roberto Armando Albores Gleason: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde que en 1824, Chiapas, por la libre decisión de sus habitantes se unió a la República Mexicana, nuestro país aumentó el caudal de sus riquezas, no solamente con los recursos naturales y los paisajes de esa pródiga tierra, sino con la contribución siempre solidaria, con la patria grande de hombres y mujeres de Chiapas.

Algunos son especialmente destacados por la entrega y el compromiso con su sociedad y su tiempo.

Recuerdo a Belisario Domínguez, el héroe civil de México, por antonomasia.

Rosario Castellanos, escritora de talle universal.

El inolvidable poeta Jaime Sabines, entre otros.

A este grupo de chiapanecos, cuya obra trasciende su espacio y su época, pertenece el escritor, promotor cultural y luchador social incansable que es Eraclio Zepeda.

A él se refirió Octavio Paz, diciendo: “La primera y única vez que vi a Eraclio Zepeda, me pareció, en efecto, una montaña. Si se reía, la casa temblaba, si se quedaba quieto, veía nubes sobre su cabeza. Es la quietud, no la movilidad, un signo fuerte, la tierra áspera que esconde tesoros y dragones”.

Esa montaña a la que aludió nuestro Premio Nobel, es una montaña viva, construida con talento y generosidad, que sigue compartiendo con nosotros los frutos de décadas de creación y lucha.

El mundo de Eraclio Zepeda, está lleno de vivencias y sentimientos que nos muestran por qué es el escritor de narrativa, más importante en la actualidad chiapaneca y uno de los más importantes de México y de la lengua española.

En el transcurrir de su vida no se ha cansado de dar felicidad; conciencia y reflexión a miles, quizás millones de electores y oyentes, pues su papel como creador no se circunscribe a la edición de sus libros, sino a la antigua práctica de la narración oral, en la cual no tiene parangón.

Es escritor, cuentista y poeta, pero además cuentero. Término que desde el siglo pasado puso él en el vocabulario de la literatura mexicana.

Precisamente por esa razón, opina el también escritor Marco Antonio Campos, que el mundo hubiera sido menos mágico sin Eraclio Zepeda.

Otros expertos refieren con razón que leer a Zepeda, es una de las experiencias más gratificantes de la narrativa mexicana contemporánea, pues es considerado como una de sus voces más originales y sólidas. Testimonio de ello son sus poemas, cuentos y novelas, reunidas en los libros Benzulul, Asalto Nocturno, Andando el Tiempo, Hora de Vuelo, Las Grandes Lluvias, Tocar el Fuego, Sobre esta Tierra y Viento del Siglo, estas cuatro últimas, una tetralogía que conforman una saga a través de varias siglos de la historia de Chiapas.

Más vale publicar poco que arrepentirse mucho, dice el propio autor. Pero gracias a este conjunto literario, Eraclio ha logrado dar una visión más amplia de la realidad chiapaneca, a partir de los personales y anécdotas en gran parte vinculada a sus raíces y al profundo conocimiento de su natal estado.

En ese sentido, el escenario chiapaneco surgido de la imaginación de Zepeda, equivale al de Rulfo, ambos muestran la diversidad que nos caracteriza como nación; ambos alcanzan la universalidad a partir de lo regional.

Zepeda escribe porque está convencido que escribir es un acto solidario. Es capaz de registrar momentos de cambio con sagacidad creadora y mostrarnos en el espejo de la literatura una sociedad llena de conflicto y permanente crisis.

Para hacerlo, desde sus inicios Eraclio Zepeda ha poseído una fuerte conciencia social, que influye en el dramatismo de sus relatos; no exentos, por otro lado, de un fino sentido del humor.

Benzulul, por ejemplo, apareció en una época crucial para la literatura y la historia de México, y puede considerarse, además, de una obra de arte, un documento antropológico escrito con la experiencia directa, con la gente y desde una perspectiva crítica; una obra centrada en las relaciones sociales entre individuos y clases; una interpretación de la sociedad expresada en un lenguaje que sabe reproducir y recrear con maestría el hablar popular.

En sus obras, Zepeda nutrió de universalidad y sin vanidades; ha dado voz a los pueblos originarios. Con esa misma voz el autor se sumó a la demanda legítima de paz, con justicia que todavía resuena en las montañas de Chiapas.

Narrador sin parangón, literato excepcional, político y diplomático comprometido con la justicia y la dignidad; profesor de varias generaciones en México y en otras partes del mundo, Eraclio Zepeda encarna al ser humano, en sus más altos valores.

Por ello, esta comisión que honrosamente presido, propone a esta soberanía que la Medalla Belisario Domínguez 2014, sea el infatigable y pródigo narrador, al cuentista y cuentero Eraclio Zepeda, hacerlo, amigas y amigos Senadores, significa premiar la vigencia de lo mejor del país, significa premiar la capacidad de empatía por la que un ciudadano notable logra darle voz a los afanes de una comunidad; una comunidad que en su fortaleza significa tal vez, solamente, un pequeño valle entre las intrincada sierras, pero en realidad representa los anhelos, las esperanzas y las angustias de toda una nación en su grandeza, esa gran nación es la nuestra, es México.

Muchas gracias.

El Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

Para fijar posición del grupo parlamentario del PAN, tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Cuentista, dramaturgo, novelista reciente, poeta retirado, exdiputado, maestro, antropólogo, luchador social. Heredero de la palabra por parte de su padre y de su abuelo, enamorado de la palabra en boca de su esposa; vocero de la palabra en el sin fin de relatos que lo mismo entristecen con la fatalidad que dicta la naturaleza, que lo mismo divierten con el recurso al absurdo como método crítico de nuestra realidad, la de ayer y la de hoy.

De pluma y voz entrañable, un cuentista irremediable, un crítico “irredento”, con el poder de esos que tanta falta le hacen al México de hoy.

La capacidad de Eraclio Zepeda, de combinar actividades e identidades, se replica en su prosa, una escritura suelta que en unos relatos parece la vocera misma de la melancolía y en otros la estampa clara de la ironía.

Zepeda asume la identidad nacional como una constante en su escritura, con la meticulosidad de, quien recuerde a “Ibargüengoitia”, el arraigo que hace pensar en Rulfo y el coqueteo permanente con realismo mágico, Zepeda plantea la dicotomía, el contraste, como el hilo conductor de su narrativa.

Al recuperar el tema indígena, es cuidadoso de replicar sus significados y sus significantes, al comprender la palabra como manifestación del ser antes que del pensar, el autor se convierte en una figura de la tradición oral, de nuestra narrativa milenaria que se ha mantenido incólume, hasta nuestros días.

Su obra se ocupa preponderante de la identidad nacional, únicamente se puede ser universal si se es profundamente nacional, si tus raíces están bien asentadas en tu tierra los frutos pueden estar en cualquier lugar del planeta, dice Zepeda.

El indigenismo y el mundo de rituales y mitos, el “sincretismo” que nos constituye y que una y otra vez nos hace debatirnos con la “otra edad”, la naturaleza indomable, fatal que se enfrenta a la comprensión parcial que ofrece la ciencia, el arraigo a la tierra, a la comunidad, a las costumbres; la lucha armada permanente en la que se evidencia la humanidad, cobarde, vanidosa y torpe.

Las costumbres como asideros de comportamiento y orden social, la muerte dispersa por tanto en sus cuentos como un acto solitario, e inevitable, y también liberador.

En ello la escritura de Zepeda se reflejó perenne, de esa prosa temporal que lo revela como antropólogo, y que nos plantea y nos replantea a los debates que nos definen como mexicanos.

Si reconstruimos su obra en anécdotas y pasajes, muchos de ellos guardan una vigencia incuestionable, por un lado refleja condiciones férreas, Zepeda siempre ha sido un hombre de convicciones y tradiciones de izquierda, la derecha no conduce a nada, nada más la izquierda, la izquierda va para el corazón, dice por ejemplo el personaje del embotellador de almas.

Hoy podríamos debatir con Zepeda que la concordia y la discordia dependen del lugar que se ocupa en el espectro político, sino del sentido de humanidad que se profesa en la izquierda o en la derecha.

A pesar de su portentoso raigambre revolucionario Zepeda miró con escepticismo la insurgencia zapatista, no en razón de su causa sino en razón de los métodos planteados para la lucha.

En una entrevista con la Revista Proceso reveló que fue propuesto por Luis Donaldo Colosio para encabezar la Comisión para la Paz frente al levantamiento zapatista, un levantamiento que pensaba era mediático, un ejército para la televisión, no para pelear.

Pero su activismo que lo llevó a participar en la revolución cubana, no puede entenderse como una mera faceta, la denuncia es la esencia de su obra, obra que es manifestación del entendimiento de un orden regido por la memoria y por la verdad; la memoria como garante de la sabiduría, heredera de los padres, la verdad en una concepción que no se reduce a una cuestión moral sino existencial, la palabra oral que siempre existe dentro de un contexto a diferencia de la palabra escrita; la denuncia a autoridades que fusilan de manera inmediata al protagonista para no perder el tiempo con un proceso legal, el acuso es insolvente. La denuncia a un sistema de justicia que criminaliza a los indígenas.

La complejidad del acuerdo, los alcances de la incomunicación entre quienes se conciben distintos aunque sean semejantes, el malentendido como el huérfano de la palabra que hoy parece replicarse en los debates de oídos sordos y de palabras huecas que muchas veces atestiguamos en nuestro tiempo actual.

Pero también una y otra vez, en esos cuentos, cervezas frías, las terapeutas, nuestros agentes de tránsito, la denuncia, la burla de un gobierno absurdo, indolente, ostentoso y racional, la crítica de un gobierno que ostenta la opulencia y deja en el abandono de la miseria al resto, que "cimenta" en las formas que contrasta con el entorno, de un gobierno que asume causas que no comprende porque no conoce a quienes las ha de vivir, de una denuncia vigente y permanente, de una denuncia que viene de la empatía y de la observación, de una renuncia que refleja una profunda humanidad y que con ello ofrece reconciliación, un autor que eligió la fantasía para atestiguar una y otra vez la crónica crítica de nuestra realidad, esa es la voz de Eraclio Zepeda, es la voz de nuestro Eraclio Zepeda, nuestro premio Belisario Domínguez.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Roberto Gil.

Tiene el uso de la palabra, por el grupo parlamentario del PRD, el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoe Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del PRD, de este lado porque estamos acompañados por don Belisario Domínguez. Don Belisario Domínguez que en 1913 fue asesinado, y cuyo único delito había sido que en épocas de tribulación convirtió la verdad en argumento y su voz libre en arma de combate, a pesar de que en ese momento quizá era una voz que iba a contracorriente. Huerta lo mató pero las acciones de Belisario Domínguez continúan como un paradigma de la nación mexicana en general, y por supuesto para el Senado de la República como uno de nuestros compañeros, al que más hay que imitar.

Ese es el origen de la Medalla Belisario Domínguez; hoy han cambiado los tiempos y las realidades nacionales, pero el ideal permanece, y don Belisario Domínguez es actual y por eso mismo su nombre sigue siendo intenso y sigue siendo el referente máximo para reconocer a los mexicanos de mayor valía en todos los órdenes de la vida nacional.

La Medalla Belisario Domínguez convierte a quienes la reciben en miembros de la Orden de la conciencia crítica de los mexicanos, por eso hoy nos honramos en anunciar que la Comisión Medalla Belisario Domínguez ha tenido a bien que sea Eraclio Zepeda Ramos, quien la reciba este año.

Eraclio, mejor conocido como “Laco Zepeda”, es un mexicano de creaciones literarias universales, su dominio de la lengua castellana le ha permitido como a pocos usar los aportes idiomáticos de los pueblos indios y mestizos vivientes en el Estado de Chiapas, es un hombre de ideas y de pensamientos con una excelente capacidad para convertirlos en una narrativa vigente, prometedora y activa.

Su creación no es de panfletos, sino una comunión de inducciones para reflexionar sobre nuestras raíces o lo que nos ha legado Belisario Domínguez. Eraclio Zepeda es un hombre que convierte las “seis letras” pacíficas en razonamientos contestatarios y simultáneamente lúdicos.

“Laco” no inventa mundos, sino que nos crea los que ha visto, así sea en un poblado de los desiertos africanos o en las regiones próximas para Los Altos de Chipas.

Laco Zepeda no nos recita un discurso a favor de alguna utopía, sino que nos induce a pensar críticamente con un sustrato profundo, y él transita impávido y divertido.

Hace viajes y hace travesías que convierte en postales inquietantes. Introduce un lenguaje que no copia al realismo mágico, ni a las expresiones del costumbrismo.

Como él mismo lo ha dicho, no hace una narrativa indigenista, sino que nos describe una comunión de evidencias.

Nos habla de los indios y de los chinos, también de los nómadas del desierto y de las aventuras y desventuras de un joven escritor en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en el mismo corazón de China, con la misma intensidad.

Él no pontificó sobre las ideas de justicias y de libertad, aún cuando ocasionalmente tomó las armas para defender el compromiso.

Lo hizo en Cuba, cuando siendo un profesor de la Universidad de Santiago, le sorprendió la invasión de Bahía de Cochinos, y no dudó en tomar su fusil, su Mauser para combatir al lado de Fidel Castro, y del Che Guevara, ante esta invasión.

Lo hizo, incluso, para el cine. Eraclio Zepeda, como actor tiene el récord que pocos mexicanos pueden presumir de haber sido el único actor mexicano que ha dado vida dos veces al papel de Pancho Villa.

En Ring México-Insurgentes, en 1973; y en “Campanas Rojas”, de Felipe Cassaldro.

Cuando ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en 2012, Vicente Quitarte dijo lo siguiente en su discurso de bienvenida, al lado de poetas hermanos por elección, la espiga amotinada fue creada por Eraclio Zepeda.

Su juventud, vivió cambios trascendentales de la historia, quiso y logró estar en primera fila.    Fue testigo y actor de las grandes utopías formuladas por las revoluciones en Rusia, China y Cuba. Desde ahí manifestó sus calidades de militante, maestro y comunicador hipnótico.

Cuando se lo ha exigido México, ha ocupado cargos de responsabilidad pública y ha enfrentado asperezas de quienes no recuerdan con frecuencia e intensidad debidas a una frase lapidaria de José Martí:

“Quienes no tienen el valor de sacrificarse, han de tener al menos el pudor de callarse ante los que se sacrifican”.

Militante el Partido Obrero Campesino del Partido Comunista. Fundador del Partido Socialista de México. Fundador del Partido de la Revolución Democrática.

Eraclio Zepeda no es una persona que ha hecho militancia con su literatura, ha hecho de su literatura una forma de acción política.

Para los chiapanecos es un referente moral y de compromisos vitales con las ideas.

Su literatura, a pesar de todo, nunca ha sido panfletaria. Es una literatura, que si se tiene que describir de una forma, es la literatura humana.

Referente inicial, y pionero de lo que hace, se ha llamado el realismo mágico.

Hay magia en las ideas de cambiarse de nombre para retomar creencias y discriminaciones, pero también hay magia en la resurrección de una madre y la realización de un culto del mundo y del inframundo.

En sus creaciones, Eraclio Zepeda, viven y reviven en un jugo solar las relaciones entre el mundo y el inframundo. Por eso es digno de la Medalla “Belisario Domínguez”.

Como Juan Rodríguez Benzulul, piensa que es posible liberarse y alcanzar la plenitud. Juan Rodríguez Benzulul lo apuesta todo, y Laco los llama, igual que él, a no tener temores.

Es un hombre de palabras libres, un hombre que ha seguido la consigna de Belisario.

Es necesario decir la verdad, pero es atractivo que las palabras libres se hagan ver como una literatura que atrae, y sobre todo, una literatura que preocupa.

Los personajes de Eraclio son hombres y mujeres de carne y hueso, y también son recreaciones del más allá que regresan al mundo para hacer algunos prodigios. Personajes que no viven en paz, y que nos inducen a pensar que la realidad es de México, y que la realidad es de Chiapas, no son como para echarse a descansar.

Eraclio Zepeda es un hombre de viejas letras que construye nuevas palabras y una literatura renovadora.

Don Belisario también fue un hombre de palabra de honor y de letras. Murió por decir la verdad, y pagó su vida por la osadía de llamar a las cosas por su nombre.

Por eso, las palabras de Eraclio Zepeda sirven, hoy, en este momento difícil del país, para mantener viva las buenas semillas.

Sirvan como epílogo de esta alocución, el valor de las palabras de Eraclio Zepeda, dichas por uno de sus personajes: Tata Juan, una de sus voces conjuradas, y a las cuales ha sabido mantenerse fiel.

Tata Juan, el personaje de Eraclio que nos dice: “Quien dice la verdad, tiene la boca fresca como si masticara hojitas de hierbabuena; y tiene los dientes limpios y blancos, porque no hay lodo en su corazón”.

Enhorabuena.

Muchas gracias.

El Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

La Mesa Directiva de este Senado de la República hace un reconocimiento a la Comisión para procesar la entrega de lo que sería “La Medalla de la República”.

Es la Medalla del Senado de la República, pero es la más importante presea que entrega el Estado mexicano a un mexicano o mexicana, destacados en las artes, en la literatura, en su desempeño como persona honrada, respetada, patriota, alta mexicana o mexicano.

En este caso, ha corrido este galardón en favor de Eraclio Zepeda Ramos.

Nuestro reconocimiento a ustedes, integrantes de la Comisión, por cierto, todos chiapanecos, y por eso han hablado con tanto sentimiento y casi como poetas.

Felicidades, Senadores poetas de la Comisión de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”.

También destaco que con igual sentido hicieron la propuesta, y este Pleno aprobó en el primer año de esta legislatura, para el maestro Ernesto de la Peña, y en el siguiente año, para un político muy respetado, que sin él no se entendería el México actual, el señor Manuel Gómez Morín.

De verdad, nuestro reconocimiento, y dado que se han agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. Solicito, y de manera muy respetuosa, a quienes en la parte de atrás están formando un rodeo de excelentes personas, tengamos respeto por la sesión y no se escuche hasta acá las formas de alegría que se llaman “carcajadas”.

En consecuencia, el Senado de la República, confiere la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, correspondiente al año 2014, al ciudadano Eraclio Zepeda Ramos.

Se solicita al Pleno de la Comisión de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, que acuda a participar al señor Eraclio Zepeda Ramos, la determinación de esta Asamblea de entregarle el galardón, comuníquese.

¡Felicidades!

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes del Diplomado “Mujeres y Políticas”.

Del Instituto “Griselda Álvarez”, Asociación Civil, del Estado de Colima, invitados por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

También esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes del Consejo Estatal de Abogados del estado de Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Honorable Asamblea, para normar el desarrollo de la Sesión Solemne, que celebraremos el próximo lunes 15 de diciembre, la Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

La Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo. Si hubiera interés de alguna Senadora o Senador de participar hágalo saber. No habiendo interés de Senador o Senadora para participar, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo mencionado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, Presidente.

El Presidente Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, el Senado de la República celebrará Sesión Solemne el 15 de diciembre, del año en curso, a las 12 horas en el recinto de Xicoténcatl No. 9, en el Centro Histórico, para entregar la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, correspondiente al año 2014, al escritor Eraclio Zepeda Ramos. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado llevar a cabo las acciones correspondientes para la realización de la Sesión Solemne.

Háganse las invitaciones y comunicaciones correspondientes derivadas del Acuerdo.






Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa directiva suscribió los siguientes Acuerdos:

Por el que se establece que el Senado de la República contará con artesanías representativas de la cultura de las entidades federativas y del Distrito Federal para obsequiar cuando se reciba la visita de dignatarios o integrantes de los cuerpos diplomáticos u homólogos de otros países.

Por el que se integra el protocolo de atención a las visitas internacionales que se reciban de dignatarios o representantes de órganos legislativos de otros países, el envío de una carta para el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada Acuerdo.

La Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al primer Acuerdo:








Doy lectura al segundo Acuerdo:



Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Queda enterada la Asamblea. Comuníquese.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforman la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para establecer criterios de accesibilidad para personas con discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 7 Y SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 6 Y EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 182, 183, 187 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de febrero de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

3. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la presente iniciativa es establecer un mecanismo eficaz para garantizar la obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y municipios, a realizar obra pública con criterios de accesibilidad universal a favor de las personas con discapacidad.

Asimismo, promover la accesibilidad en los edificios públicos y de infraestructura física educativa, a través de la implementación de ajustes razonables.

CONSIDERACIONES

1.- El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y a través de la cual el Estado Mexicano se comprometió a hacer efectivos dentro del territorio nacional, los mandatos y disposiciones que ella se describen, teniendo como uno de sus principios principales el de “accesibilidad”.

Dicho principio, encuentra su fundamento en el Artículo 9 de la citada Convención, el cual a la letra señala que “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”

Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Capítulo VI, que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

Para ello, señala el artículo 16 de la Ley, los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, debiendo la autoridad coordinar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas, supervisando la aplicación de disposiciones legales o administrativas para garantizarlo.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley establece que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplará lo siguiente:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya el uso de señalización y facilidades arquitectónicas, y 

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

2.- En cuanto al tema de accesibilidad a la infraestructura educativa, la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

● Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

● Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

● Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en la Fracción XII del Artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Con base en lo anterior, podemos asegurar que los planteles de educación sean accesibles es un aspecto fundamental para lograr los fines de la “educación inclusiva”

En ese sentido, el Estudio “Legislar sin Discriminación” señala en su Tomo III “Educación Inclusiva”, que debe establecerse que las instalaciones físicas contarán con “diseños universales” a través de los “ajustes razonables” para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad1.

Tratándose del tema de accesibilidad arquitectónica o de infraestructura aún existe mucha confusión sobre su alcance o qué se debe de entender, ya que no se tiene el conocimiento preciso de las especificaciones y normas existentes que son la base para el diseño de las adecuaciones físicas en favor de las personas con discapacidad.

Ejemplo de ello, lo tenemos al ver que en diversos inmuebles cuentan con rampas demasiado inclinadas, sanitarios muy estrechos o demás espacios exclusivos para las personas con discapacidad, que no cuentan con los componentes que los hagan adecuados y funcionales.

3.- En materia de accesibilidad arquitectónica, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 2, que se entenderá por “ajustes razonables” a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Mientras que por “diseño universal”, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Lo anterior, quiere decir que para que un edificio o construcción pueda considerarse “accesible” debe contemplar los dos criterios.

4.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda, coinciden con las proponentes cuando señalan que datos de la Organización Mundial de la Salud establecen que más de mil millones de personas en el mundo, es decir aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial total, sufren diversas formas de discapacidad.

En ese sentido, conforme a números del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad, alrededor del 6 por ciento de la población nacional, a quienes el Estado debe proveerles de las condiciones necesarias para que puedas desarrollarse en un marco de igualdad.

De igual forma, los Legisladores integrantes están de acuerdo en razón de que el Congreso de la Unión debe construir el andamiaje jurídico necesario para que, bajo los principios de inclusión y accesibilidad, se garantice a las personas con discapacidad, el derecho a vivir con dignidad, sentar las bases que permita el desarrollo pleno de sus potencialidades y dotar de espacios físicos en donde puedan transitar con normalidad.

Asimismo, las dictaminadoras coinciden que no se puede hablar del acceso a la educación, a la salud, a la recreación y a la cultura, si los edificios públicos donde se ofrece el servicio no cuentan con las adecuaciones para que las personas con discapacidad puedan acudir a solicitar estos servicios.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas están a  favor de aprobar la Iniciativa materia del presente a fin de promover:

● La obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios que realicen obra pública, incluyan criterios de accesibilidad universal en favor de personas con discapacidad.

● Que en la construcción de espacios físicos destinados a la educación se contemplen los criterios de accesibilidad universal.

● La reducción progresiva de las barreras arquitectónicas de edificios públicos, de acceso al público y de la infraestructura física educativa a través de la implementación de ajustes razonables.

5.- En cuanto a las reformas propuestas por la Senadora Iniciante, los integrantes de las Comisiones Unidas expresan lo siguiente:

a).- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

En cuanto a la reforma del artículo 7 para establecer la garantía de criterios de accesibilidad universal en las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se realicen con recursos federales, las Codictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta, proponiendo algunos ajustes con la finalidad de perfeccionar sus alcances y mejorar su contenido.

Para ello, proponen establecer que por “accesibilidad” deberá entenderse en relación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios en la materia que con base en ella se emitan, con la finalidad de homologar criterios y establecer la legislación especialista en la materia a la cual hay que atender.

De igual forma, se propone señalar en el tercer párrafo propuesto que los “ajustes razonables” deberán entenderse a la citada Ley general en materia de discapacidad.

Finalmente, en lo correspondiente a la reforma a la fracción I del artículo 17, las Dictaminadoras coinciden en la necesidad de que la Ley para la inclusión sea observada en la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, en estrecho sentido con las adecuaciones propuestas al artículo 7 de la Ley que se propone modificar.

b).- Ley General de Infraestructura Física Educativa

Las Dictaminadoras coinciden en las reformas propuestas a los artículos 6 y 11 de la Ley en materia de Infraestructura Física Educativa que tiene por objeto establecer en nombre correcto de la Ley general en materia de discapacidad.

Sin embargo, en la adición correspondiente al artículo 11 que a la letra dice: “…especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE…”, los integrantes de las Comisiones Unidas estiman que dicha propuesta puede generar confusiones al ser términos específicos de la legislación internacional y nacional en materia de discapacidad que no están definidos en la Ley que se propone reformar.

Por ello que se estima adecuado mantener la redacción actual del artículo ya que con ella se entiende que la planeación a la que se refiere debe atender a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a todos los principios y criterios que la componen.

6.- En virtud de los aspectos narrados en el desarrollo del presente, las Comisiones Unidas se pronuncian a favor de la propuesta materia del presente Dictamen, convencidas de que uno de los primeros grandes pasos que debemos dar en el camino a la inclusión de todas las personas en la sociedad, es tener la infraestructura adecuada para promover el libre tránsito y acceso a los lugares públicos que incidan en la posibilidad de las personas con discapacidad de acceder a más derechos y oportunidades.

Debemos tener claro, en plena sintonía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la accesibilidad no debe entenderse como sinónimo de una rampa, sino que aquélla debe ser considerada al construir y modificar el entorno, tomando en cuenta de manera amplia las necesidades de las personas con discapacidad. Ello respaldado con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en las que se señala que “…las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y la construcción del entorno físico.”

Finalmente, como último punto de este Dictamen, senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas estimamos adecuado establecer, dentro de los artículos transitorios de la propuesta y atendiendo uno de los principios que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la entrada en vigor del decreto debe llevarse a acabo bajo el “principio de progresividad” que se establece en su artículo 4 como una “obligación general” de los Estados Parte y que a la letra dice:

“Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.”

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda:

RESUELVEN

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 7. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberán promover criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad, conforme a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan.

Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería que se realicen para la ejecución de una obra deberán contemplar dichos criterios de accesibilidad.

Asimismo, se deberán atender estos criterios cuando los trabajos tengan por objeto la ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de obra pública.

Artículo 17. …..

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan;

II. y III. ….

SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La ejecución de las acciones que deban realizar las dependencias y entidades responsables de la Administración Pública a que se refiere el presente decreto, deberán cubrirse atendiendo el principio de progresividad al momento de su aplicación, y en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 2 de diciembre de 2014

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. En este sentido, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar el dictamen correspondiente a nombre de las Comisiones, en términos de los dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros:

El propósito de mi intervención, es fundamentar este dictamen que ya ha dado cuenta el señor Presidente, y que tiene que ver con el principio de accesibilidad, que, como ustedes saben, es una de las prioridades de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, retomada en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su capítulo VI, donde establece que las personas con discapacidad tienen acceso a la accesibilidad universal, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que les permitan algo, y aquí lo subrayo, que como derecho humano debe tener garantizada toda persona, que es el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Para ello, señala que la accesibilidad debe comprender lo siguiente:

Primero. Ser de carácter universal, obligatorio y adaptado para todas las personas.

Segundo. Incluir el uso de señalización y facilidades arquitectónicas.

Tercero. Que dicha adecuación sea progresiva.

En cuanto al tema de accesibilidad, a la infraestructura educativa, es importante señalar que la adecuación de los espacios destinados a la educación deben ser una prioridad, tanto por la necesidad de que más personas con discapacidad tengan la posibilidad de acceder a este derecho, y las consecuencias positivas que esto generaría en la superación de las personas, así como en el fomento a la cultura de inclusión en la sociedad.

En ese sentido el estudio “Legislar sin Discriminación” publicado por CONAPRED, señala en su tomo tercero: educación inclusiva que debe establecerse en la legislación, que las instalaciones físicas deberán contar con diseños universales a través de los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Tratándose del tema de accesibilidad arquitectónica o de infraestructura aún existe mucha confusión sobre su alcance o qué se debe de entender debido a que no se tiene el conocimiento preciso de las especificaciones y normas existentes, que son la base para el diseño de las adecuaciones físicas a favor de las personas con discapacidad.

Ejemplo de ello lo tenemos al ver que en diversos inmuebles cuentan con rampas demasiado inclinadas, sanitarios muy estrechos o demás espacios exclusivos para las personas con discapacidad, que no cuentan con los componentes, que los hagan adecuados, y funcionales, por supuesto en el caso que hubiera espacios adaptados.

En materia de accesibilidad arquitectónica, la citada ley de inclusión, señala que deberá entenderse por ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Mientras que el diseño universal se define como: el diseño de productos entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Lo anterior quiere decir, que para que un edificio o construcción pueda considerarse accesible debe considerar ambos criterios.

Senadoras y Senadores: es una realidad que en el Congreso de la Unión debemos construir el andamiaje jurídico necesario para que, bajo los principios de inclusión y accesibilidad, se garantice a las personas con discapacidad el derecho a vivir en condiciones de igualdad, sentando las bases que permitan dotar de espacios físicos en donde puedan transitar libremente.

Lo anterior, en virtud de que no se puede hablar de un acceso al ejercicio de derechos si los edificios públicos donde se materializa no cuentan con las adecuaciones para que las 7.7 millones de personas con discapacidad puedan acudir a ejercerlos.

Por lo anterior, y segura de contar con el apoyo de todas y todos ustedes, a nombre de las Comisiones Unidas, y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que recientemente acabamos de conmemorar, pongo a su consideración el presente dictamen que tiene como objetivo promover la obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y municipios a que realicen obra pública a incluir criterios de accesibilidad universal.

Que en la construcción de espacios físicos destinados a la educación, se contemplen dichos criterios, y que la reducción progresiva de las barreras arquitectónicas de edificios públicos de acceso al público y de la infraestructura física educativa, sea a través de la implementación de ajustes razonables.

Por su atención estimadas compañeras y compañeros, pero especialmente por su apoyo, porque seguramente vamos a contar con él, muchísimas gracias a todos.

Muchas gracias, señor Presidente, es cuanto.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted.

Está a discusión en lo general, para esos efectos informo a la Asamblea que en la discusión en lo general de este dictamen se han registrado los siguientes oradores, Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, a favor del mismo; Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, también a favor del mismo, y en este sentido se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD; para hablar y motivar a favor de este dictamen.

Nos informan que la Senadora Lorena Cuellar declina a favor del Senador Fidel Demédicis Hidalgo a quien se le concede el uso de la palabra para que exponga los argumentos correspondientes y las motivaciones a favor del presente dictamen, tiene usted el uso de la palabra, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Una felicitación sincera a los compañeros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, desconozco por qué este tema no fue turnado a la Comisión de Educación, para que cuando menos opináramos; es un tema sensible, es un tema que pone en el centro del debate la discriminación de que son objeto los estudiantes de nuestro país que tienen capacidades diferentes.

En el mes de diciembre del año 2012, discutimos la reforma constitucional en materia educativa; algunos meses después discutimos las leyes secundarias de esta reforma.

¿Por qué votamos en contra de las leyes secundarias de la reforma educativa?

Porque a pesar de la insistencia del grupo parlamentario del PRD, de que se trataran de manera integral los temas que tienen que ver con el modelo educativo en México, hubo una resistencia tenaz del grupo parlamentario del PRI, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Recuerdo aquellas discusiones, que por cierto una muy importante se dio fuera del Senado, en un local, si no mal recuerdo, de un banco, insistimos en que no iba a poder garantizarse el concepto que plasmamos en el artículo 3o. de la Constitución de la República referente a la educación de calidad, porque no se estaban tratando en la reforma educativa los temas torales que pueden garantizar que este concepto sea una realidad concreta, que les pedíamos discutir.

Lo primero fue que definiéramos el perfil del educando que debe de surgir del Sistema Educativo Nacional, revisar la currícula para ver si ésta correspondía a ese perfil.

Que revisáramos con mucha puntualidad el tipo de educando que se tiene en las escuelas del país en cuanto a alumnos con capacidades diferentes, con problemas de aprendizaje, con problemas de nutrición, de escuelas que están ubicadas en lugares de pobreza o de pobreza extrema.

Condiciones que necesitan superarse para lograr educación de calidad; y lo queremos reiterar es que todos ustedes se negaron a darle al país esta posibilidad. Por eso votamos en contra.

También les pedimos que se revisaran las condiciones físicas de las escuelas en cuanto a iluminación, en cuanto a ventilación, en cuanto a acústica, en cuanto a accesibilidad para alumnos con capacidades diferentes, en cuanto a espacios para atender a los alumnos con problemas de aprendizaje.

Espacios para atender los accidentes escolares, que tuvieran sanitarios dignos, espacios deportivos adecuados, espacios para actividades extracurriculares, espacios para la lectura, entre otros.

Jamás se quiso aceptar que las escuelas de México cumplieran a cabalidad con estas condiciones a partir de mandatarlo en la ley o en las leyes secundarias de la reforma educativa.

Está claro, en la reforma educativa esto no se trató ni se tratará por una sola razón, no hay voluntad política ni del Ejecutivo ni del ciudadano presidente ni del ciudadano secretario; y por supuesto de ninguno de los que pueden remediar esto en la práctica, no tienen voluntad política para transformar de fondo el Sistema Educativo Nacional.

Déjenme decirles que en las condiciones en que se encuentra o en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en México, es imposible lograr educación de calidad. Quien lo sostenga miente, miente y miente.

Déjenme decirles también que no es suficiente, no es suficiente modificar la ley si no se acompaña de políticas públicas y presupuesto suficiente para modificar las condiciones materiales de las escuelas.

Tenemos que reconocer que adecuar las leyes es el inicio. El Legislativo ya está haciendo su trabajo, van a adicionar un artículo 7, reformar al artículo 17 en su fracción primera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y reformar los artículos 6 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para garantizar a la letra los alumnos con capacidades diferentes tengan accesibilidad universal con el objeto de que su inclusión en el proceso enseñanza-aprendizaje se dé en condiciones de igualdad y respetando en todo momento su derecho a la educación y sus demás derechos fundamentales.

Corresponde ahora al Ejecutivo Federal hacer su parte, implementando políticas públicas que hagan efectivo lo plasmado en la ley en comento, para evitar en todo momento la discriminación, la violación de los derechos fundamentales, la vejación y el sufrimiento que se le genera a estos seres humanos por la condición particular que tienen.

Veremos en la práctica qué tan grande es el amor del ciudadano Presidente, el ciudadano Secretario de Educación, por estos seres humanos que siguen padeciendo de manera sistemática el desprecio de un sistema que no tiene voluntad para evitar su sufrimiento.

Por una educación sin discriminación de ningún tipo, a favor del dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar, para motivar el presente dictamen, en este caso a favor. Tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros Senadores el poder sacar adelante estos proyectos que fortalecen las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerables de nuestra población. En primer lugar, quiero referirme a la iniciativa que reforma distintas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la Ley General de Infraestructura Física y Educativa, con esta reforma serán obligatorios los criterios de accesibilidad universal en las obras públicas que lleven a cabo las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios.

Recordemos que en el año 2010, la población con algún tipo de discapacidad representó el 51.1 por ciento del total de nuestra población. Es decir, a poco más de 5.7 millones de personas y, por otra parte, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Discapacidad, cuatro de cada diez personas consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan.

Estos datos nos acercan a una realidad que vive este sector de nuestra sociedad y que todos los días experimentan bajo distintas formas de discriminación, pero impactando de manera muy especial los factores productivos, asociados al nivel de desempleo, a los perjuicios en cuanto a su productividad y a la evidente exclusión del mercado laboral.

Este dictamen aporta elementos para facilitar su movilidad y atiende directamente al principio de igualdad de sus derechos, en el que las necesidades de las personas deben constituirse bajo la base de la planificación de la sociedad y sus recursos, con la intención de garantizar que todas las personas participen activamente en su papel social.

Por otra parte, en cuanto a los puntos de Acuerdo que aquí se ponen a su consideración, quiero hacer notar el exhorto para que se lleven a cabo campañas de información y difusión de la cartilla de información básica para la localización de niñas, niños y adolescentes, implementada en el marco del Programa Nacional de Alerta Amber México, con la intención de que dicho documento llegue a un número mayor de padres de familia y puedan contar con las medidas de prevención para el cuidado de sus hijos. Puesto que este programa es conocido por apenas el 31 por ciento de los mexicanos; es decir, sólo tres de cada diez personas lo conoce.

Por otra parte, ponemos a su consideración el exhorto cuya intención plantea que en aquellos estados donde aún se permite el matrimonio entre menores de edad, lleven a cabo los ajustes a su marco jurídico con la intención de establecer como requisito la mayoría de edad, y de esta manera garantizar y permitir el sano desarrollo de las personas antes de pretender formar una familia.

Asimismo quiero comentarles que les presentamos un dictamen que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en su plan de trabajo, el desarrollo de indicadores específicos sobre la problemática de la explotación infantil a través de los medios electrónicos.

Esto es un problema que en los últimos años se ha colocado de manera importante en la agenda pública, puesto que son alarmantes las cifras de niños que son enganchados por medios electrónicos y se convierten así en víctimas de la explotación con fines de explotación sexual o pornográfica.

Quiero concluir haciendo notar otra de las propuestas que ponemos a su consideración, puesto que es de la mayor pertinencia la elaboración de un reglamento que permita que las niñas y los niños que viven con sus madres como reclusas, tengan las condiciones necesarias para que tengan un desarrollo integral acorde con su edad.

Estos niños y niñas por largo tiempo han sido víctima del sistema penitenciario, lo cual resulta inadmisible y contrario al marco jurídico internacional y nacional.

Estos niños y niñas reflejan la falta de una buena alimentación, servicios médicos y psicológicos, además de servicios educativos y lúdicos apropiados para su edad.

Por esto, compañeras y compañeros Senadores, quiero solicitarles su apoyo a estas propuestas, pues creo firmemente que el estado debe garantizar por todos los medios y recursos a su alcance que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias Senadora.

En virtud de que no hay más oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse también los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar en su momento del resultado de la votación correspondiente.

En tanto esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Marqués, Querétaro y jóvenes por los derechos humanos invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién, que asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos.

VER VOTACION

La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 


1 “Educación Inclusiva”, Colección Legislar sin Discriminación -‑Tomo III-‑, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México D.F. 2013.





Tenemos enseguida la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de Decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION INCLUSIVA

(Dictamen de segunda lectura)

comisiones unidas de Educación y de
Estudios Legislativos, Segunda

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

1. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2011 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por la diputada federal Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2010, fue presentada la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por los diputados federales María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

3. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados efectuada el 24 de marzo de 2011, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General de Educación, por la diputada federal Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, en uso de sus atribuciones, acordó turnar los instrumentos a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo a cada una de las Iniciativas de referencia y decidió iniciar su discusión conjunta, debido a que proponen reformas sobre temas coincidentes.

6. Con fecha 23 de febrero de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 305 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.

7. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 28 de febrero de 2012 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

8. Con fecha 25 de noviembre de 2014, a solicitud de la Comisión de Educación, la Mesa Directiva autorizó la rectificación del turno de dicho instrumento, para quedar en las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

9. El 13 de noviembre de 2008 los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación.

10. El 12 de mayo de 2010 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

11. El 5 de octubre de 2010 la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

12. El 13 de julio de 2011 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

13. En la Cámara de Senadores, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, remitió las Recomendaciones No Vinculatorias al Senado de la República de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, tituladas: Propuestas de reformas legislativas para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Propuestas de Reformas Legislativas para Armonizar la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura).

14. El 10 de noviembre de 2011 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

15. El dictamen correspondiente a las Iniciativas enumeradas en los puntos anteriores se presentó a discusión en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2011. El Proyecto de Decreto se aprobó por unanimidad de 72 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)

16. El 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la Minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

17. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

18. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

19. Con fecha 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 382 votos en pro. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó el proyecto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

20. La Cámara de Senadores recibió la minuta ese mismo día y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

21. Debido a la coincidencia normativa de ambos proyectos, por acuerdo de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Educación del Senado de la República, se presenta el dictamen correspondiente, atendiendo los instrumentos radicados en ambas cámaras.

  1. CONTENIDO DE LA MINUTA

El instrumento remitido por la colegisladora tiene el propósito de armonizar, bajo el principio de inclusión, el contenido de la Ley General de Educación con los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

La Cámara de Diputados expresa sus inquietudes sobre las condiciones de la atención educativa que reciben los niños y jóvenes –con y sin discapacidad– que tienen necesidades educativas especiales, así como por las limitaciones del sistema educativo mexicano para implementar una política integral de inclusión.

Asimismo, la cámara de origen plantea la necesidad de actualizar el marco conceptual empleado en el campo de la educación especial, de manera que éste contribuya, desde el ámbito legislativo, a la consolidación de una cultura de la inclusión.

Con el propósito de cristalizar dichos objetivos, los diputados federales aprobaron la actualización de diversos artículos de la LGE, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
EL 23 DE FEBRERO DE 2012

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 2o. ...

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

VIII. a XVI. ...

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda, de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación.

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica, y

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con discapacidad.

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que participen en el programa.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 2º.-Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, por lo tanto, los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 6º BIS.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios asegurará la inclusión de los educandos en el sistema educativo nacional, en un marco de respeto, igualdad y equidad.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a IV .- …

IV Bis.- Promover y fomentar el respeto a los grupos vulnerables para contribuir en su proceso de desarrollo e integración social.

V.-…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII.-…a XVI.-…

Artículo 10.-

I.-…a VII.-…

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.-.. y II.- …

III.- Elaborar y mantener actualizados, y en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV.-… a la XIV.-…

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:

I.-… a la III.- …

IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa inclusiva.

Artículo 23. …

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.-… y II..-…

II Bis.- Desarrollarán programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;

III.-…a XV.-…

Artículo 41.-La educación especial está destinada a las personas con discapacidad transitoria o definitiva, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad y no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, esta educación propiciará su atención educativa en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión a estos planteles, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma integración a la vida social y productiva, con base en la aplicación de métodos, programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. En cualquier caso, las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial promoverá el trato digno a las personas con discapacidad por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y las aptitudes para comunicarse en Lenguaje de Señas Mexicana, en el Sistema de Escritura Braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los educandos.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

...

...

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.-…

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.-...

Artículo 59.-

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. …

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m)






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático para difundir el informe anual de la situación general del país, en materia de cambio climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para Informar de la votación en su momento.

VER VOTACION

La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor y 0 en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático; se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, en materia penal de amparo y del Poder Judicial de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Dictamen de segunda lectura)



El Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, así se hará, solicitamos a Servicios Parlamentarios que integren esa intervención de manera textual, y en virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación.

VER VOTACION

La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron 98 votos a favor; 0 en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está aprobado en lo general el proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para a Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación; y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Senadoras y Senadores, informo a ustedes que habremos de votar enseguida diversos puntos de Acuerdo en cuyo caso los grupos parlamentarios han acordado que las intervenciones se integren por escrito al Diario de los Debates, son tres de la Comisión para la Igualdad de Género, son tres de la Comisión de Asuntos Indígenas, trece de la Comisión de Salud, tres de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, uno de la Comisión de Cultura; siete de la Comisión de Juventud y Deporte; así como seis de la Comisión de Recursos Hidráulicos; seis de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; uno de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía.

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno, para la elaboración del dictamen de la citada proposición.

II. En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPOSICION”, se sintetizan los términos, los alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, la Comisión para la Igualdad de Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión.

IV. Por último, en el apartado de “ACUERDO”, se plantea el sentido y decisión, relativo a la PROPOSICIÓN planteada.

ANTECEDENTES

1. En la Sesión del 25 de abril de 2014, correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de la LXII Legislatura, las senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través del oficio DGPL-2P2A.-4476 turnar la proposición con punto de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura, para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el Dictamen correspondiente, mismo que fue recibido el mismo 25 de abril de 2014.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

I. Las Senadoras promoventes señalan que internacionalmente se ha reconocido que las niñas viven condiciones que las colocan en situaciones de vulnerabilidad, de mayor discriminación y violencia.

II. Que debido a esta discriminación es que las niñas suelen tener menor acceso a la educación y a una enseñanza de calidad; así como a disfrutar menos de los derechos, oportunidades y beneficios de la niñez y la adolescencia.

III. Que con base a la resolución del Foro Global de Mujeres Parlamentarias realizada en Islandia los días 3 y 4 de abril del presente año, se propuso que para la conmemoración del día de la niña en 2014, los Congresos que así lo aprobaran, realizaran una sesión especial con la finalidad de que un grupo de niñas participaran y vivieran la experiencia de un parlamento, potenciando su interés en la política, la cual, se vincula a la definición de la agenda post 2015 que a nivel mundial plantea la importancia del empoderamiento de las mujeres en especial de las niñas y jóvenes.

IV. Por lo anterior, presentan la siguiente propuesta con punto de acuerdo, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados, con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WIP)

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido nuestro país, quien la ratificaría en septiembre de 1990.

Es por ello que al firmar dicha Convención, los países integrantes asumen el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

Como lo menciona las promoventes, es en esta Convención en donde se establece, en su artículo segundo, el conjunto de derechos que deben ser respetados y asegurados por cada uno de los Estados parte para con las niñas y niños en su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Asimismo, la Convención hace mención de los derechos de las niñas y niños a la libertad de expresión, a la libertad de asociación ya la libertad para reunirse pacíficamente. Así como al derecho de recibir información y sobre todo, el derecho a recibir educación.

Cabe hacer mención que el artículo 29 de la Convención establece que la educación de las niñas y niños deberá ir encaminada, entre otras cosas, a inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país en que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; así como preparar a las niñas y niños para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.

SEGUNDO.- Que la Plataforma de Acción de Beijing estableció nueve objetivos en lo relativo a la situación de las niñas, a saber:

1. Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña;

2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a la niña;

3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia de sus necesidades; y su potencial;

4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación profesional;

5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la nutrición;

6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan;

7. Erradicar la violencia contra las niñas;

8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y política; y

9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la necesidad de trabajar en favor de las niñas y adolescentes en aras de mejorar su desarrollo social, educativo, económico y cultural.

TERCERO.- Derivado de estas obligaciones internacionales contenidas en la Convención anteriormente mencionada, así como en la Plataforma de Acción de Beijing, es que el Estado mexicano se ve obligado a tomar cartas en el asunto en lo que se refiere al tema de niñas, niños y adolescentes.

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4o, párrafo séptimo que las niñas y los niños son un sector de la población a quien el Estado debe proveerles lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos.

Aunado a ello la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 10 de junio de 2011 aportó un gran avance en el reconocimiento y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer en el artículo 1º lo siguiente:

“Toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano”.

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la modificación a los artículos 4 y 73 constitucionales, en los que se estipula la obligación de “Velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.”

Asimismo, México, en mayo de 200, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a este sector de la población, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución.

Tal como lo señalan las promoventes, el artículo tercero de la Ley establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Asimismo, este artículo señala entre sus principios rectores el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

Además, en su Capítulo Sexto ahonda sobre el derecho a la identidad que tienen las niñas y niños, y que está compuesto por los siguientes elementos:

- Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil;

- Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución;

- Conocer su filiación y origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban;

- Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.

Por otro lado, el artículo 32 señala que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo tercero constitucional; incluyendo el impulso de la enseñanza y respeto de los derechos humanos; en especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia. Así como se deben prever mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana.

Además de lo anterior, la Ley también prevé, en los artículos 38 a 42, el derecho a la participación, señalando que “Niñas, niños y adolescentes tiene derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros.”

Es por lo anterior, que esta Comisión Dictaminadora concuerda con las proponentes en que se debe promover el empoderamiento de las niñas, en aras de erradicar la discriminación y violencia de la que son objeto.

CUARTO. Aunado a lo anterior, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (INN) ha mencionado que “El derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación activa, a emitir opinión sobre las decisiones que les conciernen y a ser escuchados por parte de los adultos, constituye un componente básico y fundamental en el proceso de construcción de una ciudadanía responsable.”1

Así, UNICEF ha mencionado que “Como seres humanos, los niños, niñas y adolescentes también participan y se expresan en sus espacios de relaciones. Tradicionalmente esta capacidad les había sido limitada pero el reconocimiento de estos/as como sujetos de derechos obliga a entenderlos/as como personas con igualdad de derechos a los/as cuales no se puede discriminar por razones de edad. La perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cambia el panorama: ya éstos/as no callan cuando hablan los adultos, sino que junto a ellos/as se expresan y exponen opiniones y las mismas son consideradas”2

Aunado a lo anterior, es importante mencionar, como lo hacen las proponentes, que la Asamblea General de las Naciones designó en 2011, el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, reconociendo que el empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, son fundamentales para el crecimiento económico, así como la erradicación de la pobreza. Se reconoce también, que la participación de las niñas en las decisiones que las afectan, son clave para romper el ciclo de discriminación y violencia y para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Haciendo hincapié en que dicho empoderamiento y participación sólo es posible con el apoyo y participación de padres, tutores, familiares y cuidadores, así como de los niños y los hombres, y en general, de la comunidad.

Asociando el derecho a elegir y ser elegido y a partir del nuevo enfoque derechos en el que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos titulares de derechos, podemos decir que si bien no son electores, pueden ejercer derechos políticos a partir del derecho a la participación y expresar su opinión con respecto a los asuntos que afecten a la niñez.

En México, el derecho a la participación de las niñas y los niños, se ha hecho efectivo a través de prácticas como el “Parlamento de las Niñas y los Niños”, en el cual, este sector de la población tienen un espacio para expresar sus ideas, opiniones y propuestas generales, proyectando el interés superior de la niñez en la construcción de una convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la transparencia y el conocimiento de principios y valores universales.

No obstante, el análisis de la perspectiva de género ha demostrado que en el caso de las niñas y los niños, también existen diferencias que perpetúan la desigualdad, razón por la cual, la Organización de las Naciones Unidas planteó la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Niña cuyo objetivo es el reconocimiento de los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que por su condición relativa a la edad y el sexo confrontan las niñas en todo el mundo.

Así, concordamos con las proponentes en impulsar el acuerdo del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WIP), el cual propone que, dentro del marco del Día Internacional de la Niña, se realice una sesión especial en los Congresos Nacionales que así lo aprueben, para que las niñas participen y vivan la experiencia de un Parlamento, potenciando su interés en la política.

QUINTO. Finalmente, la Comisión para la Igualdad de Género reconoce la importancia de los argumentos vertidos en la Proposición con Punto de Acuerdo y estima de manera POSITIVA con MODIFICACIONES las razones y fundamentos contenidos tanto en la exposición de motivos como en el Acuerdo, por ello se debe poner a consideración del Pleno.

Lo anterior, con el objeto de esclarecer el exhorto, ya que ni el Congreso de la Unión, ni los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizan sesiones “especiales”, sino ordinarias, extraordinarias y solemnes. Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que en aras de cumplir con el objetivo del Acuerdo, dichas autoridades deben promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito. Lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de octubre, agendando dicha conmemoración como efeméride en la sesión ordinaria de que se trate y con la presencia de niñas y adolescentes.

Habiendo tomado esto en consideración y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones II y III, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

ACUERDO

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de octubre, para que asistan a una sesión ordinaria en dichas Cámaras, en la que se agendará dicha conmemoración como efeméride, con el fin de que éstas vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WPI)

Dado en el Sala de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el día 9 de julio de 2014.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.


1 www.iin.oea.org

2 UNICEF, Derecho a la participación de los Niños, Niñas y Adolescentes, p. 14






COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)








COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)








COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un informe que permita conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados; y a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste, relativo a la proposición presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan la presente determinación.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 20 de febrero de 2014, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a implementar políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas maternas indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-1001 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Destaca el Senador proponente, invocando diversas resoluciones en la materia aprobadas por la UNESCO, el reconocimiento al papel que la lengua materna desempeña en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la identidad cultura; agrega datos también de la UNESCO sobre los riesgos de desaparición de las lenguas indígenas y las causas de la desaparición de las lenguas.

Concluye proporcionando datos del INEGI de 2010, en el sentido  de que en el país habitan6’695,228 personas de cinco y más años de edad que hablan lengua indígena; y que la mayoría de estas personas se concentran en los estados que integran la región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con 4’894,894 de habitantes, que representan un 73.11% de indígenas en el país.

Enseguida, propone un punto de acuerdo que a la letra dice:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Estado implementen políticas públicas para el fomento y desarrollo de las Lenguas Maternas Indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas.

SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretada de Educación Pública del Gobierno Federal a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste.

TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta Soberanía la situación actual en las que se encuentran las Lenguas Maternas y sus hablantes en el país.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. La proposición en estudio consta en síntesis, de tres puntos para exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI); al primero, para que implemente políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; a la SEP, para que implemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en el país; y a CDI, para que informe sobre la situación que se encuentran las lenguas maternas y sus hablantes.

Por razones de método, se analizarán conjuntamente los puntos primero y tercero, pues ambos se refieren a lenguas indígenas; y con posterioridad, el tercero, relativo a infraestructura escolar indígena.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: “Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley…”. El objeto general previsto en dicho ordenamiento se encuentra previsto en el artículo 1: “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. La fracción Numeral 14 describe además, uno de sus objetivos particulares:“I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;”

En este orden, el artículo 14 del ordenamiento en consulta crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia” enunciando en cuatro incisos, sus atribuciones para el cumplimiento de este objeto, de los cuales se transcriben los dos primeros:

“a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.”

Considerando el objeto del INALI y las atribuciones que le corresponde ejercer, la suscrita Comisión estima que a ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal corresponde atender el exhorto propuesto en los puntos primero y tercero del documento turnado, es decir, implementar políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; e informar sobre la situación que se encuentran las lenguas maternas y sus hablantes. Continuando con el examen  de los mismos puntos de la proposición, se considera bajo un enfoque lógico, que será factible exhortar al INALI con el objeto de que implemente políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, una vez que esta entidad haya informado sobre la situación que guardan las lenguas maternas y sus hablantes, tal como expresamente fue solicitado, pues los datos que brinde permitirán al Senador proponente, a esta Comisión o al Pleno, exhortar a dicha entidad con mayor precisión y certeza.

Por tanto, se estima procedente exhortar al INALI para que rinda un informe que permita conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados. Teniendo conocimiento de ese informe, como ya se indicó, el proponente, la Comisión o el Pleno estarán en condiciones de exhortar al INALI respecto al cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En relación al exhorto a la SEP para que  implemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en el país, es necesario para contextualizar dicha proposición, examinar y referir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta México Incluyente.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en el desglose de dicha meta, establece como uno de sus objetivos:“Objetivo3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”; como una de sus estrategias: “Estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”; y dentro de sus Líneas de Acción, las siguientes:

● Robustecer la educación indígena, la destinada a los niños migrantes, la telesecundaria, así como los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

● Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles educativos poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición.

● Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas.

Para clarificar el contenido de este objetivo, sus estrategias y líneas de acción, cabe señalar lo que el propio Plan Nacional de Desarrollo define:

“Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas propuestas”.1

Correspondiendo al Gobierno Federal atender la infraestructura escolar indígena incluyendo la construida e instalada en comunidades  indígenas, debe determinarse enseguida a qué dependencia  o entidad procede exhortar. Al respecto, la Ley General de Educación establece en su artículo 11 la competencia de la Secretaría de Educación Pública:

“Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.- Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

. . .”

En su artículo 10 determina que la infraestructura educativa es uno de los elementos que constituyen el sistema educativo nacional:

“Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Constituyen el sistema educativo nacional:

. . .

X.- La infraestructura educativa;”

Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece en su artículo 2:

“Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

  1. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; …”
¿

Por infraestructura educativa en su artículo 4 describe:

“Artículo 4.Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

Para el cumplimiento de los objetivos y ejercicio de las facultades que dicha ley confiere se crea el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y se determina su objetivo en sus artículos 15 y 16:

“Artículo 15. Se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México o en el lugar que determine el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 16.El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.

El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.”

De lo anterior se colige que debe exhortarse a la SEP por ser autoridad educativa federal y corresponderle la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y la infraestructura educativa es uno de los elementos constitutivos del sistema educativo nacional; y además, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa por ser el organismo descentralizado expresamente facultado para atender la materia del exhorto planteado. Dicho exhorto debe emitirse en los términos propuestos, con la finalidad de que se implementen estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El H. Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un informe que permita conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados.

SEGUNDO. El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de dos mil catorce.

Comisión de Asuntos Indígenas.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, versión impresa, capítulo VI, pág. 103.






COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias y entidades para que atiendan dentro de sus respectivas atribuciones, la problemática de los pescadores (permisionarios) de la comunidad indígena cucupá que habita en los márgenes y Delta del Río Colorado, en relación al aprovechamiento del recurso pesquero; y se solicita a la CNDH se sirva informar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto al cumplimiento, en su caso, de su Recomendación 8/2002; punto de acuerdo relativo a la proposición que fue presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel.

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 24 de abril de 2014, la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para instruir a las Secretarías de Estado que corresponda, para atender la situación de los integrantes de la comunidad indígena de los cucapá en el Delta del Río Colorado, por las condiciones de subsistencia en las que se encuentran.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-4374 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Expresan las y los Senadores proponentes que la comunidad indígena y ancestral de los cucapá que habita el Delta del Río Colorado, al norte del país, desde hace nueve milenios, ha vivido en la marginación de manera sistemática, ya que ha existido una dramática disminución de su población: 22,000 en 1605, 5,000 en 1827; 1000 en 1990; 225 en 2002.

Señalan que el Informe de Actividades 2002, de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deja testimonio de la Recomendación número 8/2002, dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por actos violatorios a los Derechos Humanos de los habitantes dela comunidad indígena de los cucapá, “a quienes, no obstante que subsisten básicamente de la caza y de la pesca, les han sido restringidas sus actividades pesqueras, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo."

Que de la investigación ordenada en el expediente relativo y del análisis lógico-jurídico delas evidencias obtenidas se acreditó que los Derechos Humanos de los indígenas cucapá se conculcaron en los siguientes rubros: aspecto pesquero, derecho al desarrollo de los pueblos indígenas y aspecto en materia de agua, emitiendo las siguientes recomendaciones:

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le recomendó girar instrucciones a efecto de que se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la comunidad indígena cucapá y, por ende, su derecho a realizar actividades de pesca en la Reserva; y de ser posible, de acuerdo con los estudios que se efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo de la misma y sus subzonas, estableciendo los criterios objetivos necesarios para preservar el equilibrio del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.

Al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le recomendó girar instrucciones, a fin de que se expidan permisos de pesca a la comunidad cucapá en la actual zona núcleo, conforme a las reflexiones realizadas en dicha Recomendación.

Plantean la y los proponentes que los problemas de esta comunidad los llevan a solicitar que se revisen los decretos mediante los cuales se les dota de un porcentaje de pesca, que pese a que les asigna un 20% en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2014, equivalente a 460 toneladas, resulta esta cantidad insuficiente, por las necesidades de la comunidad. Por otra parte, señalan que la CDI y la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California han pedido a autoridades locales adecuen el acceso al Alto Golfo de California para beneficiar a pescadores cucapá. Como antecedente, refieren además el sismo de 7.2 grados que en 2010 afectó el camino de acceso a la pesca, considerando urgente la intervención del gobierno federal ante la falta de atención de la autoridad local. Otra circunstancia adversa que expresan es la disparidad económica que viven los pescadores de comunidades autóctonas que cuentan con 101 lanchas respecto a organizaciones de comunidades vecinas de pescadores del Estado de Sonora que compiten con 410 lanchas propiedad de monopolios de facto.

Por todo ello solicitan se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a las Secretarias de Estado a fin de emitir las acciones necesarias para atender las necesidades de los integrantes de dicha comunidad indígena, bajo el criterio de atender su estado de supervivencia como elemento que permita mejorar las prácticas pesqueras y de acuacultura sustentable, generando elementos de equilibrio y seguridad social a los núcleos pesqueros que como en el caso expuesto corren el riesgo de exterminio. Proponiendo un punto de acuerdo que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO:

Único: El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a instruir a las Secretarias de Estado que correspondan, para la atención de la problemática que viven los integrantes de la comunidad indígena de los cucapáh, que se ubican en el Delta del Río Colorado, generando las acciones que les permitan superar la problemática de subsistencia en la que se encuentran.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por Senadores integrantes de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. La proposición en estudio plantea la problemática que viven los integrantes de la comunidad indígena de los cucapá que viven en los márgenes y Delta del Río Colorado en el Estado de Baja California; y que se exhorte al titular de Ejecutivo Federal a generar las acciones que les permitan superar la problemática de subsistencia en la que se encuentran. Dicha problemática de acuerdo a la información proporcionada, puede sintetizarse de la siguiente forma:

1. Que es insuficiente el volumen de pesca que corresponde al porcentaje que tienen asignado mediante acuerdo del Ejecutivo para la temporada 2013-2014, los pescadores (permisionarios) de la comunidad cucupá que viven en los márgenes y Delta del Río Colorado en el Estado de Baja California.

2. Que se encuentra afectado el camino de acceso al Alto Golfo de California donde dichos pescadores (permisionarios) realizan sus actividades de pesca.

3. Que los mismos, en encuentran en un estado de disparidad económica pues cuentan con 101 lanchas y compiten con organizaciones de pescadores del Estado de Sonora con 410 lanchas.

Además, se hace referencia a la Recomendación número 8/2002 de la CNDH en la que se justificó que a los integrantes de la comunidad indígena cucapáles han sido restringidas sus actividades pesqueras, no obstante que subsisten básicamente de la caza y de la pesca, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo; y que por ello a SEMARNAT y SAGARPA se les recomendó atender dicha problemática en lo que a sus atribuciones corresponde.

A efecto de resolver la procedencia de la proposición en estudio, se constataron los alcances de la Recomendación número 8/2002 de la CNDH coincidiendo con lo expuesto por los proponentes1.

Allegándose mayor información, esta Comisión tuvo conocimiento que con posterioridad a esta recomendación, la Comisión de Política Gubernamental que encabeza la Secretaría de Gobernación auspició con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un plan de desarrollo denominado “plan microrregional cucapá, contenido en un documento titulado “Plan de Desarrollo de la Micorregión Unidos Cucapá”2.

Citando su contenido tenemos que la región cucapá se localiza en la parte norte del Golfo de California en donde se presentan dos estaciones climáticas, la de invierno de latitud media, de noviembre a mayo, y la de verano subtropical, de junio a octubre, y existe un clima más continental que oceánico por estar rodeado del Desierto Sonorense y por la cadena montañosa de Baja California (con alturas de 1000 a 3000 m), lo que disminuye la influencia del Océano Pacifico.

En el mismo texto se expresa, que cucapá quiere decir “gente de agua”. En su propia lengua, el cucapá, se nombra Xawill Kwñchawaay, que significa el pueblo del río. Son bilingües, hablan el español y el cucapá, (los adultos mayores y pocos adultos); provienen de la familia lingüística Yumana y están relacionados con los Kahwan; que es un grupo indígena binacional México-Estados Unidos, con asentamiento en los actuales estados mexicanos de Baja California y Sonora, mientras que los que residen en el vecino del norte se encuentran en Arizona.

Sus principales asentamientos en territorio mexicano, según a presentación del Plan, se ubican en el Ejido Cucapá Mestizo, Colonia La Puerta, Ejido Hipólito Rentería, Sansón Flores, Ejido Cucapá El Mayor, Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), Ejido Mezquital, Familia Meza (Colonia Mariana), Campo del Prado, Rancho San Pedro, San Felipe, en el municipio de Mexicali; y el Rodolfo Sánchez T. (Maneadero), Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) y La Alberca del municipio de Ensenada, municipios del estado de Baja California. Mientras que en Sonora, en las localidades de Puerto Peñasco, Pozas de Arvizu y Luis Encinas Johnson del municipio de San Luis Río Colorado.

Que históricamente, la principal actividad económica realizada por la población cucapá, como medio de subsistencia primordial, ha sido la pesca en el Delta y márgenes del río Colorado, esta actividad constituye un elemento que configura su identidad cultural, de ahí que cucapá se traduzca como “gente del río o agua”. Actualmente la importancia de la pesca es tal, que de ella depende la manutención de las familias. Sin embargo, desde el año 1993 la región conocida como Golfo de California y Delta del Río Colorado fue declarada como Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de Reserva de la   Biósfera. En dicha declaración, se establece la prohibición de pescar dentro de la zona núcleo; y que aún cuando la prohibición no incluye a la población de origen cucapá, la pesca de la curvina golfina por los pescadores indígenas se ha convertido en un tema controversial.

Este plan microrregional, según se aprecia de su contenido, presenta un panorama general de la problemática identificada en los ejes: físico-ambiental, económico, cultural, institucional y de derechos y sociodemográfico, así como potencialidades que inciden en la microrregión “Cucapá”; presenta una serie de estrategias de desarrollo para la solución de las problemáticas identificadas en la zona; así como acciones efectivas que pretenden atenderlas distintas problemáticas identificadas en la microrregión.

Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación publicado en 24 de febrero de 2014, en su Primera Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aparece el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para la temporada 2013-20143.De dicho acuerdo se transcribe lo conducente:

“Que la curvina golfina (Cynoscion othonopterus) es una especie de alto valor pesquero en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es aprovechada por pescadores de las comunidades del Golfo de Santa Clara, Sonora y de San Felipe, además de las organizaciones pesqueras del Bajo Río Colorado y de la Comunidad Indígena Cucapá en Baja California; que investigaciones de la comunidad científica internacional señalan que el establecimiento de cuotas de captura para el aprovechamiento de diferentes especies, puede contribuir al desarrollo de la pesca responsable cuando se cuenta con información de la distribución y abundancia del recurso y control sobre el acceso a la pesca; … que conforme a la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca, una vez alcanzada la cuota de captura total, es posible suspender las actividades de pesca sobre la biomasa remanente, de tal forma que se favorece la recuperación de las poblaciones del recurso; que de acuerdo a la información biológico-pesquera registrada para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es viable asignar una cuota de captura total límite a las unidades de producción que registren captura de la especie citada; … que la asignación de la cuota de captura considera a los permisionarios del Golfo de Santa Clara, Sonora con 411 embarcaciones con permisos individualizados de captura de curvina golfina y a los permisionarios del estado de Baja California, de la comunidad indígena Cucapá y Bajo Río Colorado (con 101 pangas) y para San Felipe (120 pangas, que registraron captura de curvina golfina en la temporada anterior), Baja California.”

De acuerdo con estas consideraciones, del Acuerdo se destacan los siguientes puntos:

“ARTÍCULO PRIMERO. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y con base en la opinión del Instituto Nacional de Pesca, establece una cuota de captura total para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), de 3,620 toneladas de peso eviscerado con buche (vejiga natatoria) de curvina golfina, lo que corresponde a 3,538.6 toneladas de curvina eviscerada y 81.4 toneladas de buche, con una captura total por embarcación de 5,728 kilogramos para la temporada 2013-2014.

ARTÍCULO TERCERO. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a las unidades de producción con permiso vigente, dedicadas al aprovechamiento de la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), cuyos sitios de desembarque están ubicados en San Felipe, Baja California; Golfo de Santa Clara, Sonora y el campo conocido como el Zanjón en Baja California y será aplicable para la temporada 2013-2014.

… ”

De análisis en su conjunto de los datos aportados y corroborados, esta Comisión estima que a doce años de emitida la Recomendación de la CNDH persisten problemas, algunos específicos, dentro de los pescadores (permisionarios) de la comunidad indígena cucapá que habita los márgenes y Delta del Río Colorado en el Estado de Baja California, por el aprovechamiento del recurso pesquero. Por ello, se estima procedente exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que atiendan dentro de sus respectivas atribuciones, la ya referida problemática de los pescadores de la comunidad indígena referida y oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado. Con el mismo propósito se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al camino de acceso afectado referido en la proposición; así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues si bien la proposición no la incluye, la naturaleza jurídica de este organismo descentralizado, su objeto y funciones previstas por su propia Ley, la facultan para intervenir dentro de sus atribuciones, en la problemática planteada. Por otra parte, se estima pertinente también, solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sirva informar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto al cumplimiento, en su caso, de la Recomendación número 8/2002, emitida por dicho organismo constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El H. Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender dentro de sus respectivas atribuciones, la problemática de los pescadores (permisionarios) integrantes la comunidad indígena cucupá que habita en los márgenes y Delta del Río Colorado en el Estado de Baja California, en relación al aprovechamiento del recurso pesquero; y oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado.

Segundo. El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a intervenir dentro de su objeto y funciones, en la problemática planteada.

Tercero. El H. Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sirva informar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto al cumplimiento, en su caso, de su Recomendación número 8/2002.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

Comisión de Asuntos Indígenas.


1 CNDH, Recomendación número 8/2002 dictada en el expediente 007/178/02, consultado el 6 de noviembre de 2014 en: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones

2 Plan de Desarrollo de la Microrregión Unidos Cucapá, 25 de marzo de 2012, sin datos editoriales.

3 Diario Oficial de la Federación publicado el 24 de febrero de 2014, consultado el 6 de noviembre de 2014: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5333652&fecha=24/02/2014






COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

H. ASAMBLEA:

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de Acuerdo por el cual el Senado exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que informe a esta Soberanía respecto de su Programa para la defensa de los derechos humanos de grupos indígenas; y a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas.

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 8 de abril de 2014, el Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta ala Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e implementar una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; y exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas.

SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-2678 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Señala el Senador proponente, en síntesis, que en las sociedades democráticas, el respeto a los derechos humanos de los individuos es fundamental para su pleno desenvolvimiento; que una de las principales características de las sociedades democráticas es su pluralidad, la cual se expresa de diferentes formas y refleja las distintas formas; que los pueblos indígenas son un gran reflejo de la pluralidad que   existe en el mundo y reflejo de la libre determinación de los pueblos como derecho inherente a ellos; sin embargo, a lo largo de los años han sido un sector especialmente vulnerable.

Agrega que México es un país donde proliferan poblaciones indígenas, las cuales, dotan al país de gran identidad cultural y sirven como referencia de pluralidad; sin embargo, a la vez son un grupo que muestra la enorme desigualdad que se vive en estos días; que esta situación no debería ser una realidad en el país, pues México ha firmado varios acuerdos internacionales, donde se reconocen distintos derechos para estos pueblos; que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 41.7% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y el 30.6% en pobreza extrema; además el 47.7%  de la población indígena tiene rezago educativo, el 23.4% no tiene acceso a servicios de salud y el82.3% no cuenta con seguridad social, aunado al 70% de la población que carece de servicios básicos en sus viviendas; que por si fuera poco, de acuerdo con datos de la UNICEF, quienes más sufren son las niñas, niños y adolescentes indígenas; que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012 el 33.1% de los niños de 0 a 5 años indígenas padecen de desnutrición crónica. Aunado a que la tasa de mortalidad infantil indígena es 60% mayor  dela población no indígena.

Señala que todos estos datos demuestran que el Estado no tiene un verdadero compromiso con los derechos de los pueblos indígenas que México está incumpliendo con sus obligaciones estipuladas en el artículo 1° de la Constitución Federal; y no sólo esto, sino que además, está incurriendo en responsabilidad internacional al no velar por los derechos establecidos en tratados internacionales.

Concluye expresando que los pueblos indígenas son pieza clave en la identidad mexicana y como tal deben ser tratados con igualdad e inclusión, basta de segregaciones, es tiempo de forjar nuevos programas para el respeto y garantía a los derechos; a su vez el país debe asumir un mayor compromiso frente a las niñas, niños y adolescentes como sector vulnerable en la sociedad.

Partiendo del anterior análisis, propone un punto de acuerdo que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su elaboración.

SEGUNDA. Coincide con el proponente la suscrita Comisión cuando señala que en las sociedades democráticas, el respeto a los derechos humanos de los individuos es fundamental para su pleno desenvolvimiento; y que una de las principales características de las sociedades democráticas es su pluralidad, como en México, cuyos pueblos indígenas son referencia de pluralidad, pero muestran la enorme desigualdad que se vive, no sólo en estos días, sino que ha prevalecido prácticamente durante nuestra evolución histórica. Coinciden también en la realidad que muestran las cifras que aporta derivadas de estudios de Coneval, Unicef y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Respecto a los puntos que propone, a efecto de dictaminar, es necesario primero considerar que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 2º establece que dicha Comisión Nacional es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Su artículo 5 determina que se integra con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

Analizando el objetivo y funciones de sus Visitadurías, el Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la Cuarta Visitaduría General establece como su objetivo:

“Conocer sobre quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntas violaciones a Derechos Humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente de grupos indígenas, a fin de proporcionar la defensa necesaria y el respeto a los Derechos Humanos”. Sus funciones son:

FUNCIONES:

Recibir, admitir o rechazar quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional;

Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean turnadas, o de oficio, discrecionalmente aquellas sobre denuncias de violación a los Derechos Humanos que aparezcan en los medios de comunicación;

Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de Derechos Humanos que por su propia naturaleza así lo permitan;

Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de medidas precautorias o cautelares para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus Derechos Humanos, así como para que ante las noticias de la violación reclamada, cuando ésta se considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hecho su omisiones aducidos, constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce de sus Derechos Humanos;

Emitir la calificación definitiva sobre la reserva de información o documentación que las autoridades o servidores públicos a quienes se les haya solicitado estimen con carácter reservado la que, en caso de proporcionarse, deberá ser manejada bajo la más estricta confidencialidad;

Implementar las medidas y/o mecanismos necesarios para la atención, recepción y tramitación de quejas; investigación para la resolución de un asunto; conciliaciones; incompetencias; recomendaciones; documentos de no-responsabilidad y recursos de queja e impugnac

Presentar denuncias penales cuando ello fuere necesario, en virtud del acuerdo o de la delegación de facultades hecha por el Presidente de la Comisión Nacional r;

Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdos, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración;

Firmar los acuerdos de conclusión de los expedientes de queja y las cédulas de calificación de los expedientes que se refieran a tortura, principalmente de grupos indígenas;

Coordinar las actividades del programa para la defensa de los Derechos Humanos de grupos indígenas;

Precisamente a través de la Cuarta Visitaduría, el Senado de la República celebró un convenio de colaboración que suscribió el 29 de julio del presente año, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto.

Dicho convenio establece en su primera cláusula: “OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre “LAS PARTES” para desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el país; elaborar y ejecutar programas en materia de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; así como formular programas y proponer acciones de coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del territorio nacional.

En consecuencia, a fin de valorar el cumplimiento de las atribuciones que en materia de grupos indígenas corresponde a la CNDH, esta Comisión considera procedente solicitarle un informe respecto a su programa para la defensa de los Derechos Humanos de grupos indígenas; con el objeto de tener conocimiento puntual de sus acciones.

Respecto al exhorto que propone a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, vale la pena tener presente que dentro de la Meta de México Incluyente, el objetivo 2.1. (Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población) establece como su estrategia 2.2.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”; y las siguientes líneas de acción:

Líneas de acción

● Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.

● Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos.

● Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado.

● Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos.

● Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.

A efecto de valorar los avances que la Secretaría de Desarrollo Social ha tenido respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, esta Comisión estima necesario solicitarle un informe que permita conocer puntualmente dicho avances, tomando como referencia los conducentes objetivos, estrategias y líneas de acción de la Meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ya fueron referidos. Su puntual respuesta hará posible evaluar dentro de las atribuciones de este Cámara el cumplimiento de sus atribuciones respecto a la materia planteada.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que informe a esta Soberanía respecto de su programa para la defensa de los Derechos Humanos de grupos indígenas, para los efectos planteados en el segundo considerando del presente dictamen.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe sobre el cumplimiento y avances en los objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzar la Meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, para los efectos planteados en el mencionado segundo considerando.

Comisión de Asuntos Indígenas.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, cinco Proposición con Punto de Acuerdo, en materia de Cáncer de Mama.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen delos referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar e incrementar los programas de información de factores de riesgo, medidas preventivas y acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer mamario.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 16 de octubre de 2014, las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, así como a los gobiernos municipales, a que los recursos asignados para la prevención y atención contra el cáncer de mama sean destinadas para adquirir unidades médicas móviles equipadas con mastógrafos, restringiendo la compra de utilitarios.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 16 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar a las instituciones de atención a la salud para la adquisición de mastógrafos, su mantenimiento y la procuración de recursos humanos para el manejo de éstos y de interpretadores de estudios.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 04 de noviembre de 2014, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Federación y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, en el marco del “Día Internacional contra el Cáncer de Mama”.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

5. Con fecha 04 de noviembre de 2014, las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovivh Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz e Ismael Hernández Deras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una campaña de prevención, detección y atención del cáncer de mama en hombres, a nivel nacional.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO

Las y los Senadores proponentes, exponen la diversa problemática que se origina a partir del cáncer de mama, como principal causa de muerte en las mujeres, a partir de la falta de diagnósticos oportunos, equipo tecnológico, personal capacitado y difusión de información a las mujeres para la prevención de la detección hasta etapas avanzadas de esta enfermedad.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, que se puede presentar en prácticamente cualquier parte del cuerpo.

El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células mamarias. Generalmente, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón.

Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama.Es en este momento cuando este tipo de cáncer puede darse tanto en hombres como en mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es poco común.

A nivel mundial se estima que una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su vida, lo cual equivale al 12% de la población femenina actual en el mundo que presenta o presentará esta enfermedad.

Según el Banco Mundial, si no se toma una acción global para hacer frente a la enfermedad, en 2030 la incidencia del cáncer aumentará un 70% en los países de ingresos medios y un 82% en los países más pobres.

B. En México, las campañas de información sobre la valoración, protección e intervención de los tratamientos para cáncer son cada vez más efectivos, pero las causas de mortalidad por cáncer en la población de 20 años y más, se debe a que existen factores relacionados con estilos de vida en la población adulta que favorecen la aparición de ciertos tumores malignos como el cáncer de mama.

La Secretaría de Salud amplió y aumentó la normatividad y legislación relativa al control del cáncer de mama a través de las directrices técnicas de la Norma Oficial Mexicana, NOM-041-SSA2-2002 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. No obstante no ha sido suficiente ya que para 2013, el cáncer de mama se posicionó en México, como la primera causa de muerte en mujeres, por tumores malignos.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que de las mujeres de 20 años o más que asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para detección de este cáncer, a 36.3% se les realizó exploración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 a 69 años, a 41% se les hizo una mastografía.

Durante 2011, las entidades que realizaron el mayor número de mastografías en instituciones públicas de salud son el Distrito Federal (33.1%), Puebla (10.9%) y Baja California (5.3%) con 2,114.24, 1,223.91 y 1,070.70 estudios por cada 100 mil mujeres en ese grupo de edad, respectivamente.

Contrario a la tendencia anterior, Veracruz y Jalisco se ubican entre los estados con las tasas más bajas de mujeres evaluadas en relación con el total de su población en riesgo. Presentan tasas de 278.27 y 279.37 por cada 100 mil mujeres en edad de riesgo.

C. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de América Latina y el Caribe; estima que en 2008 se diagnosticaron poco más de 320 mil mujeres con este padecimiento y calcula que para 2030 se incrementará en 60 por ciento.

En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó son los de órganos genitales femeninos y masculinos (21.9%), de mama (18.9%) y de los órganos digestivos (18%).

Si bien el cáncer de mama no se ubica entre los principales para los varones, se presenta en 2 de cada 100 egresos. Mientras en las mujeres, la morbilidad hospitalaria por neoplasias más alta, es debida al cáncer de mama y se presenta en 30 de cada 100 mujeres, seguido de los tumores en los órganos genitales con 24 de cada 100 casos y en órganos digestivos en 14 de cada 100 egresos.

En 2011, la incidencia más alta de neoplasias mamarias entre las mujeres de 20 años y más, se ubica en la población de 60 a 64 años de edad, con 61 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, seguida de las mujeres de 50 a 59 años con 51 casos por cada 100 mil mujeres y en las de 45 a 49 años, 45 casos nuevos, razón por la que la Normatividad mexicana en este sentido, establece que las mujeres a partir de los 45 años, deben realizarse una mastografía cada dos años.

D. El cáncer de mama constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres y hombres, y por ende para el bienestar de las familias, así como para los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Esto es particularmente evidente en los países de ingresos medios en los que la transición epidemiológica y demográfica han progresado en forma notable.

Por ello, esta Comisión Dictaminadora coincide con las y los legisladores proponentes, en que se necesita continuar trabajando en favor de acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad en mujeres y hombres por cáncer de mama, como:

● Promover una inversión equitativa entre las instituciones del sector y los estados, tanto en recursos humanos como en la infraestructura y equipo para la detección y atención.

● Mejorar la información y la sensibilización a la población objetivo sobre los factores de riesgo, y los beneficios vinculados con la detección temprana.

● Formación suficiente de técnicos radiólogos, enfermeras especialistas en oncología, oncólogos y demás profesionales de la salud que puedan aportar a una pronta y mejor recuperación contra el cáncer mama, como psicólogos y nutriólogos.

● Mejorar la red social e institucional para facilitar el acceso, el traslado, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, sobre todo en las mujeres y los hombres de escasos recursos.

● Proporcionar atención paliativa sistemática a todas y todos los pacientes de cáncer en etapa terminal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que dé continuidad a los programas de información sobre los factores de riesgo, medidas de detección oportunas y acceso a los servicios de salud para reducir la mortalidad por cáncer de mama.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se priorice la adquisición de unidades médicas móviles, equipadas con mastógrafos, en los tres órdenes de gobierno, así mismo se procure el mantenimiento de dichos equipos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y las secretarías homólogas de las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia, se fortalezcan las acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, a través de campañas de tratamientos capilares por la pérdida de pelo, tratamientos psicológicos y de medicina alternativa y post-mastectomías, con la finalidad de mitigar dichos efectos.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que promuevan en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el tratamiento del cáncer de mama, de elementos clínicos-psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud que faciliten la mejoría y bienestar de las pacientes.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a promover convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer de mama.

SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones, se realicen campañas de prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama en hombres, para reducir la mortalidad por esta causa.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 04 de noviembre de 2014, el Senador Arquímedes Oramas Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con unto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Proponente, señala la importancia de reforzar acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México.

III. CONSIDERACIONES

A. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Dicho virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o a través de agua o alimentos contaminados y se aloja y multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Aproximadamente de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible y entre el 5 y 10% de los casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

Este virus afecta puede afectar a niñas y niños menores de 5 años, no tiene cura pero se puede prevenir a partir de una vacuna. Afortunadamente la prevalencia de dicho virus se ha reducido en un 99%, tan sólo en 1988, se reportaron 350 mil casos en 125 países del mundo, en 2013, solo se reportaron 416 casos en tres países que son Afganistán, Nigeria y Pakistan.

No obstante, mientras haya un solo niño infectado en el mundo, se corre el riesgo de alrededor de 200 mil casos anuales.

B. El último caso de poliomielitis en México, registrado es de 1990, no obstante, la alerta sigue latente, toda vez que se dio un brote en los últimos meses, con casos confirmados en Camerún, Etiopía, Iraq, Israel, Somalia y Siria y dicha enfermedad se puede exportar a través de los viajeros, poniendo en grave riesgo a la población infantil del mundo entero.

C. En México, de 1940 a 1980, es decir en 40 años, se registraron entre mil 200 y mil 300 casos, no obstante, gracias a las acciones oportunas en esta materia, se controló dicho brote quedando 100% erradicado en nuestro país, para 1990.

Actualmente el sector salud, tiene una cobertura de prevención y control de la enfermedad superior al 95% del territorio nacional, con casi 20 millones de vacunas en contra de dicho virus. Dicha vacuna se suministra en diversas etapas del menor de 5 años, con la finalidad de eliminar la probabilidad de contraer dicho virus, siendo los 2, 4 y 6 meses de edad, fundamentales en la aplicación de dicha vacuna y un refuerzo a los 18 meses de edad.

Como ya se mencionó, los nuevos brotes surgidos en los países señalados, representan para la Organización Mundial de la Salud, un evento extraordinario, que supone un riesgo para la salud pública. Por ello se hizo un llamado a una coordinación a nivel mundial, para erigir acciones oportunas y contener dicho brote y la posibilidad de nuevos brotes en otros países y continentes.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas oportunas que eviten un brote de poliomielitis en nuestro país y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se refuercen las acciones de vigilancia epidemiológica, se destinen mayores recursos presupuestales, se difunda información oportuna a la población y se fortalezcan las campañas de vacunación sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones privadas.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 04 de noviembre de 2014, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones privadas.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Proponente, señala la importancia de celebrar convenios interinstitucionales con la finalidad de reducir el número de cesáreas no necesarias en el Estado de Oaxaca, ya que el parto es la forma recomendada de nacimiento de un infante, que conlleva menos consecuencias tanto para la madre como para el bebé.

III. CONSIDERACIONES

A. La Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que la cesárea es la cirugía mayor más frecuente, no obstante, conforme la Encuesta Global de Salud Materna y Perinatal de la OMS, se demostró que el aumento de la tasa de nacimiento por cesárea, se ha visto asociado con el aumento en la tasa de mortalidad fetal y en el aumento de recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, durante por lo menos los primeros siete días de nacidos. Cuando dicha práctica se creía era mejor, por la reducción que representaba en el tiempo de labor de parto.

La OMS señala también que en el mundo aproximadamente el 15% de los partos no se pueden realizar de manera normal, por lo que ese porcentaje es al que todos los países deberían apegarse como porcentaje máximo, para la práctica de las cesáreas y por ende, cualquier cesárea que no sea médicamente necesaria por considerarse un riesgo para la madre o el menor, se convierte en un procedimiento quirúrgico injustificado.

En México, el porcentaje de nacimientos por cesárea, en hospitales privados, supera el 70% y en hospitales públicos el 41%, dichas cifras triplican el índice óptimo establecido por la OMS, que es de 15% como se mencionó anteriormente, por ende, se consideran innecesarias, además de que multiplican por diez los riesgos que se pueden producir con esta práctica.

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, ENSANUT 2012, en las últimas décadas se ha registrado un incremento de dicha práctica, este incremento no ha producido ningún beneficio global para el bebé o la madre, pero sí está vinculado con una mayor morbimortalidad para ambos, mayor número de partos pretérmino y muerte neonatal y con acretismo placentario en el embarazo subsiguiente en aquellas mujeres con antecedentes de cesárea.

Dicha Encuesta señala que en los últimos 12 años, la cesárea en México se incrementó en 26.2 puntos porcentuales en hospitales privados y 10.3 puntos porcentuales en hospitales públicos.

C. En México se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, dicha norma se encarga de atender y vigilar la salud de la mujer durante esta etapa, así como la correcta aplicación de las prácticas de nacimiento.

Por ende, se debe observar en el Sistema Nacional de Salud, las causas del incremento injustificado en la práctica de esta cirugía mayor, toda vez que se debe valorar por una parte, la formación y regulación de recursos humanos, que impulse la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual, además de fomentar la integración de equipos de personal de la salud que cubra las necesidades de la población usuaria y por otra, el diseño y organización institucional, con la finalidad de que frente a la saturación del servicio, se busque el diseño de espacios que permitan la vigilancia necesaria para el desarrollo más eficiente y satisfactorio del trabajo de parto.

D. En el mismo sentido, el legislador proponente, señala de manera particular, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el índice de cesáreas realizadas para Oaxaca en 2005 fue de 34.06% y que a finales de 2012, se elevó a 51%. Destaca que una gran parte de estas intervenciones quirúrgicas, se realizan a través de la subrogación de servicios con establecimientos de salud del sector privado, por lo que solicita se vigile y regule la práctica de dichas cesáreas injustificadas.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas oportunas que eviten la práctica innecesaria de cesáreas en nuestro país y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se celebren convenios interinstitucionales entre el Sistema de Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se abstengan de practicar cesáreas en tanto no sean necesarias y atenderlos partos vía natural, en el Estado de Oaxaca y las demás entidades federativas, con la finalidad de reducir la práctica injustificada de cesáreas.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que obligue a los servicios de salud privados subrogados, a apegarse a la NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, y abstenerse de practicar cesáreas, en tanto no sean necesarias.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a realizar todas las medidas preventivas y necesarias para contener un posible ingreso de Ébola en nuestro país.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de Octubre de 2014, la Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a realizar las medidas preventivas y necesarias para contener un posible ingreso de ébola en nuestro país.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 21 de Octubre de 2014, la Senadora Mariana Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a

Implementar acciones de prevención y contención a nivel nacional ante la aparición de casos vinculados al virus del Ébola en nuestro continente.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, las senadoras y senadores Marcela Guerra Castillo, Gabriela Cuevas Barrón, David Monreal Ávila, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz, y Laura Angélica Rojas Hernández, integrantes de diferentes Grupos Parlamentarios de la LXII Legislatura, presentaron proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a que para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población frente a la eventual propagación de Ébola.

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para realizar el estudio y dictamen correspondiente.

4.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, el Senador Armando Ríos Peter, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, presento proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a que implemente medidas de prevención del Estado Mexicano frente al virus del ébola.

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para realizar el estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los Cuatro puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país para la salud pública como lo es el tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la entrada de un posible virus de ébola.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la entrada de un posible virus de ébola.

B. El Virus de Ébola de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos, ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus.

C. En los brotes de fiebre hemorrágica del ébola, la tasa de letalidad ha variado, dependiendo del tipo de virus, entre el 25% y el 90%. En el actual brote, la letalidad del virus varía entre los países pero se sitúa en torno a un valor medio del 55%, según la OMS.

D. Hay que resaltar que el brote de Ébola que hoy se trata de contener en el mundo, surgió el 23 marzo 2014 en el África occidental en Guinea y se extendió en Sierra Leona, Liberia y Nigeria.

E. El continente africano está experimentando una de las peores catástrofes de la salud en su historia. Los países afectados actualmente (Guinea, Nigeria, Liberia, Senegal, Sierra Leona) son el hogar de aproximadamente 250 millones de personas. A la fecha se han registrado alrededor de 4900 decesos y un poco más de 9900 casos.

Los datos son alarmantes según datos de la OMS tan solo en la capital de Sierra Leona, Freetown se confirmaron 168 nuevos casos en una semana. La misma organización menciona que al menos 1250 personas, incluyendo 7 médicos del país fallecieron en sierra leona desde el inicio del brote.

F. Hay que señalar que las Naciones Unidas ha expresado, que la propagación de este virus puede convertirse en un desastre humanitario de consecuencias incalculables.

La epidemia ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública de orden internacional, y como amenaza para la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad.

G. Hay que tener datos muy precisos por la magnitud de consecuencias que este virus puede ocasionar por ello se menciona lo siguiente:
Transmisión del virus:

● Se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva.

La transmisión de persona a persona es:

● Por contacto directo: a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas; o

● Por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos, contacto directo con el cadáver de una persona infectada también pueden ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta siete semanas después de la recuperación clínica.

Signos y síntomas

El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días.

● Aparición súbita de fiebre;

● Debilidad intensa;

● Dolores musculares, de cabeza y de garganta;

● Vómitos, diarrea;

● Erupciones cutáneas;

● Disfunción renal y hepática;

● Hemorragias internas y externas;

● Laboratorios muestran la disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas hepáticas.

Diagnóstico

Antes de establecer un diagnóstico de EVE hay que descartar enfermedades que por sus síntomas, se pueden confundir, entre ellas se destaca el paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas.

Diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, a saber:

● Prueba de inmunoabsorción enzimática (ELISA);

● Pruebas de detección de antígenos;

● Prueba de seroneutralización;

● Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR);

● Aislamiento del virus mediante cultivo celular.

Las muestras de los pacientes suponen un enorme peligro biológico, y las pruebas tienen que realizarse en condiciones de máxima contención biológica.

H. Hay que resaltar que por la importancia del caso, el 8 de agosto de 2014 la Directora General de la OMS declaró, posteriormente a la sesión del Comité de Emergencias, el Brote de Ébola en África Occidental como una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, y recomendó en los paí­ses con transmisión efectuar exámenes a la salida de aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos de toda persona con síntomas febriles que puedan asociarse al virus del Ébola.

I. Por ende es menester plasmar la prevención y el tratamiento. Y se destaca que No hay vacuna contra la EVE (ÉBOLA). Se conoce que están a prueba varias, pero ninguna está aún disponible para uso clínico. Así mismo Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral con soluciones que contengan electrólitos.

Parte medular para contrarrestar este grave problema es la Prevención:

● Evitar el contacto físico estrecho con pacientes con EVE y utilizar guantes y equipo de protección personal adecuado para atender a los enfermos.

● Es necesario lavarse las manos con regularidad tras visitar a enfermos en el hospital, así como después de cuidar a enfermos en el hogar.

● Las comunidades afectadas por la EVE deben informar a la población acerca de la naturaleza de la enfermedad y de las medidas de contención de los brotes, en especial la inhumación de las personas fallecidas.

● Los enfermos que mueren por esta causa deben ser sepultados rápidamente y en condiciones de seguridad.

El Control de la infección en centros de atención médica es importante por ello se debe realizar lo siguiente:

● En el paciente, hidratación, control de fiebre y control de la presión arterial.

● Entre ellas se encuentran la higiene básica de las manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal (en función del riesgo de salpicaduras u otras formas de contacto con materiales infectados) y prácticas de inyección e inhumación seguras.

● Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por el virus del Ebola deben aplicar, además de las precauciones generales, otras medidas de control de las infecciones para evitar cualquier exposición a la sangre o líquidos corporales del paciente y el contacto directo sin protección con el entorno posiblemente contaminado.

● Cuando tengan contacto estrecho (menos de 1 metro) con pacientes con EVE, los profesionales sanitarios deben protegerse la cara (con máscara o mascarilla médica y gafas) y usar bata limpia, de mangas largas y guantes (estériles para algunos procedimientos).

Nuestro país no está exento de que este virus pueda introducirse por ello, se deben seguir las recomendaciones de la OMS, para la prevención y en su caso el control del Ébola las cuales son:

● No viajar a los países donde se ha registrado la enfermedad;

● Reforzar y aplicar cuidadosamente las precauciones corrientes al atender a pacientes independientemente de síntomas, ya que se puede confundir con otras enfermedades como paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas;

● Aislar en hospitales los presuntos casos y los confirmados;

● Asignar personal clínico y no clínico exclusivamente a dichas áreas;

● Exigir de manera rigurosa a visitantes y profesionales de la salud, el uso de equipo de protección personal (guantes, bata, botas o zapatos cerrados con cubiertas para zapatos, mascarilla y protección ocular para salpicaduras) e higiene en manos;

● Restringir el acceso a estas áreas en los hospitales; Asegurar la seguridad de las inyecciones y el manejo de objetos punzocortantes;

● Medidas de prevención y control de infecciones al manipular cadáveres. 

J. Hay que destacar que en la región, estos son hospitales y laboratorios de referencia designados por las autoridades de salud de cada país para atender casos.

Argentina: El hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, y al Hospital de Pediatría Pedro Garrahan, en la capital.

Bolivia: No hay información oficial pero se utilizó el hospital Viedma de Cochabamba para descartar la presencia del virus. Utilizarán laboratorios en el exterior.

Estados Unidos y Canadá cuentan con laboratorios de apoyo a países que no cuenten con institutos especializados.

Chile: Las clínicas Alemana y Las Condes, en Santiago. El laboratorio es el Instituto de Salud Pública, y las muestras serían enviadas al CDC-Canadá para su procesamiento.

Colombia: No ha definido su hospital de referencia. Las muestras serían recogidas en el Instituto Nacional de Salud, y enviadas al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Atlanta (EE.UU.)

Cuba: El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri supervisa la atención a posibles casos.

México: El Instituto Nacional de Nutrición atenderá eventuales contagios. El laboratorio designado para hacer las pruebas es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Una vez confirmado el diagnóstico se enviarán al Centro Nacional de Atención a Quemados, en Ciudad de México, donde se ha destinado todo un piso para ese propósito.

Paraguay: Está preparando un área especial dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente para aislar pacientes. Las muestras se analizarán en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

Uruguay: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen hospitales o laboratorios de referencia.

Venezuela: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen hospitales o laboratorios de referencia.

K. La Secretaría de Salud ha realizado diversas acciones sin embargo, debemos reforzarlas, más aun, cuando se han detectado casos en Estados Unidos específicamente en Texas que es frontera con nuestro país.

Por ende, como podemos ver debemos tener todo lo necesario sobre prevención capacitación, aplicación de tecnologías, brindar información, para contener un posible ingreso del virus del Ébola a nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se maneje conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 y se garantice cabal cumplimiento de los procedimientos específicos de vigilancia establecidos en ella y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ante un posible ingreso del virus de Ébola en el país, en todos los hospitales de primer nivel de atención.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se implemente una Red de hospitales, en puntos estratégicos del país, con áreas aisladas que cuenten con suficientes camas, insumos y el equipo adecuado para los profesionales de salud que brinden la atención a pacientes, que en caso de ser necesario deban contener un posible ingreso del virus del Ébola, principalmente en hospitales de primer nivel.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se capaciten de manera pronta, a médicos y enfermeras en todo el país para que sigan los protocolos adecuados para la detección inmediata del virus de Ébola, en los hospitales de primer nivel, principalmente.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice campañas que informen a la población sobre el virus de Ébola, para su prevención y detección oportuna, que se lleve a cabo principalmente en puertos, aeropuertos y hospitales de primer nivel de atención.

QUINTO. El Senado de la República se suma a las recomendaciones contenidas en el Punto de Urgencia aprobado en la Asamblea 131 de la Unión Interparlamentaria, sobre “El papel de los Parlamentos en apoyo de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la Epidemia del Ébola y adoptar las leyes que permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del Ébola y otras enfermedades infecciosas” y exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Salud, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a todas y cada una de las instancias correspondientes, a que realicen las acciones y gestiones para adoptar dichas recomendaciones y para que se implementen en el territorio nacional, las medidas preventivas.

SEXTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población frente a la eventual propagación de esta enfermedad.

SÉPTIMO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a una reunión extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas así como la Organización Panamericana de la Salud con el objeto coordinar acciones de prevención y contención en la región de América Latina así como fortalecer las políticas de financiamiento y cooperación internacional para contener la propagación del virus del Ébola a nivel internacional.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud para que desarrolle estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, tratamiento, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de Marzo de 2014, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República.

2. Con fecha 07 de Octubre de 2014, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Las legisladoras proponentes señalan la importancia de fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Así mismo es importante desarrollar estrategias para apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen esta enfermedad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el padecimiento de Alzheimer, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con impacto social y salud para determinado sector de la población.

C. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° constitucional, señala en su artículo 3° que la salud mental es materia de salubridad general. De igual manera, el numeral 27 de este ordenamiento establece que la salud mental se considera como un servicio básico para los efectos del derecho a la protección de la salud.

D. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos son considerados como enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Dentro de este tipo de trastornos se encuentran la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causados por desnutrición.

F. Según cifras de la OMS, cientos de millones de personas en todo el mundo sufren algún trastorno neurológico: 50 millones tienen epilepsia; 62 millones padecen enfermedades cerebrovasculares; 326 millones sufren migraña; y 24 millones tienen la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

De acuerdo a estimaciones de esta organización internacional, cada año mueren 6.8 millones de personas por trastornos neurológicos.

G. La enfermedad de Alzheimer, también denominada mal de Alzheimer, demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las neuronas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.

H. Es la enfermedad más común de entre las causantes de demencia, es incurable, terminal y emerge con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, sin embargo, el Alzheimer puede atacar a los 40 ó a los 50 años.

Su duración media aproximada, posterior al diagnóstico, es de 10 años, sin embargo esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.

Cabe señalar que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la población tiene una edad de 60 años y más, cifra que se eleva a 22.6 por ciento en las regiones más desarrolladas, por lo que formula una proyección que revela que para el año 2050 uno de cada cinco habitantes del planeta será mayor de 60 años, en virtud de que este sector poblacional mostró una tendencia al crecimiento a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento del nivel de sobreviviencia de la población.

I. Anualmente, según cifras de la OMS, más de 100,000 personas fallecen a causa de la enfermedad de Alzheimer, posicionándose como la cuarta causa principal de mortalidad entre los adultos, después de cardíacas, el cáncer y apoplejía.

J. Cabe mencionar, que algunas de las causas de las que se sospecha originan el Alzheimer se encuentran la predisposición genética, un virus de acción lenta y otros agentes infecciosos, toxinas ambientales y cambios inmunológicos, pero lamentablemente hasta el día de hoy se desconoce la causa exacta que genera este padecimiento.

Actualmente es objeto de intensa investigación científica bajo la aplicación de los conocimientos y técnicas más innovadoras en el campo de la genética molecular, patología, virología, inmunología, toxicología, neurología, psiquiatría, farmacología, bioquímica, y epidemiología.

K. En México, hay más de 350 mil personas que padecen Alzheimer, según los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN). La mortalidad es de 2 mil 30 de estos pacientes cada año. Es mayor en las mujeres, en una proporción de 2.3%, comparada con la de los hombres, que es de 1.2%.

Cifras alarmantes que alertan para que se realicen políticas públicas en favor de tener un diagnóstico temprano así como apoyar a las personas que tienen dicha enfermedad.

K. Por otra parte, debido a la inexistencia de la cura, de la limitada información respecto de las causas que ocasionan el padecimiento de Alzheimer, sus métodos de diagnóstico y tratamientos médicos, esta la Comisión Dictaminadora considera apremiante implementar políticas y programas, tales como el diagnostico oportuno, con la finalidad de evitar que su gradualidad se incremente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud”, Capítulo VII denominado “Salud Mental”, precisamente en el artículo 73 de nuestro ordenamiento general sanitario que a la letra dice:

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

J. Cabe señalar que la conmemoración del 21 de septiembre, traducida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, es una fecha importante ya que se marca el día mundial del Alzheimer, tiene como propósito dar a conocer la enfermedad y difundir información respecto a la misma.

K. Por otra parte se coincide con las propuestas en dar difusión a los tratamientos no farmacológicos, para lo cual se recomienda:

● Preparar un lugar grato donde el paciente se sienta a gusto,no esté expuesto a peligros, pueda andar y moverse con libertad.

● Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras.

● Mantener una adecuada alimentación e hidratación.

● Utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles.

● Eliminar factores que puedan agitarlos y precipitar conductas agresivas.

● Es importante el apoyo a la familia y al cuidador ya que además se registra una alta prevalencia de depresión en los cuidadores de estos pacientes.

Así mismo es necesario ver la posibilidad de incluir dentro de los programas de acción, las acciones siguientes:

1. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y control de enfermedades.

2. Situar la calidad de vida en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

3. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera preponderante a favor de los adultos mayores.

4. En cuanto al financiamiento equitativo y sostenible, garantizar recursos financieros para llevar a cabo las acciones de prevención de enfermedades en personas de la tercera edad, a través de la promoción de la salud.

5. Consolidar y hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a las y los adultos mayores.

6. En el mes de septiembre, llevar a cabo una campaña de difusión a través de los medios masivos de comunicación, sobre la enfermedad de Alzheimer, en el marco del día Mundial de la Enfermedad Alzheimer.

7. Aumentar la atención en la actividad física y alimentación de acuerdo al plan de salud alimentaria en la población del adulto mayor en los centros de salud.

8. Mejorar las detecciones de alteraciones cognoscitivas y de depresión en población de adultos mayores.

9. Fortalecer la educación y la implementación de talleres sobre Alzheimer en los grupos de ayuda mutua en las diferentes instituciones.

10. Mejorar la calidad de vida en salud a través de educación, detección y control del stress, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, depresión y alteraciones cognoscitivas en adultos mayores.

11. Impulsar hábitos saludables y buscar actividades de ocio que impliquen actividad física.

12. Talleres impartidos por fisioterapeutas que enseñan a cómo movilizar a este tipo de pacientes.

13. Implementar un programa de capacitación para la detención oportuna, que tenga como objetivo la capacitación a médicos y enfermeras de primer nivel de atención, así como a los psicólogos que laboran en los servicios de salud para la detención, tratamiento y referencia del paciente con Alzheimer y otros síndromes demenciales.

14. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios.

De esta manera se ayudara a fomentar y preservar durante más tiempo las capacidades de los enfermos, con lo que conseguirá mejorar la calidad de vida de aquella persona con Alzheimer.

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes y considera viable las proposiciones.

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus facultades y competencia, desarrolle estrategias, fortalezca y consolide programas de prevención para un diagnóstico oportuno, tratamiento y apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de agosto de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La legisladora proponente, señala la importancia de promover la donación de sangre entre la población, de manera voluntaria y no solo familiar, ya que una sola unidad de sangre donada puede salvar hasta tres vidas. Así mismo que se informe que al donar sangre, el benefactor obtendrá un análisis completo de su sangre, que le ayudará a prevenir enfermedades y que además las donaciones periódicas ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

III. CONSIDERACIONES

A. A nivel mundial, anualmente el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, su objetivo es concienciar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y en agradecer a los donantes su contribución a salvar vidas humanas.

Este año particularmente, se enfocaron los esfuerzos en alentar a los países y a los asociados nacionales e internacionales, a trabajar en ámbitos de la transfusión sanguínea y la salud materna.

Ya que de acuerdo con cifras de dicha Organización, diariamente mueren alrededor de 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto, de las cuales el mayor riesgo lo representan aquellas cuyas se encuentra en la adolescencia, particularmente de 15 o menos años de edad.

La donación de sangre se relaciona con el beneficio que implicaría para la salud materna, ya que las complicaciones se derivan de hemorragias graves durante el parto y el puerperio con una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, donar sangre representa:

● La posibilidad de salvar vidas y mejorar la salud, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de la sangre necesaria y en tiempo, para poder acceder a ella y realizar las transfusiones de manera segura, ya que de esta forma, se tendrá certeza de que la sangre ya está previamente analizada y libre de infecciones o virus como VIH o Hepatitis.

● La utilización es tanto para intervenciones invasivas y quirúrgicas, como para partos o casos graves de anemia, según sea el caso, no obstante, la demanda crece de manera desproporcional contra la oferta.

● Cada año, se realizan aproximadamente 93 millones de donaciones de sangre, lamentablemente, es únicamente en países desarrollados, donde se perciben donaciones de sangre de 13 veces más que en los países de bajos ingresos, donde más se necesita.

● La tasa media de donación es de 45.4 donaciones por cada mil personas en los países de ingresos altos, frente a 10.1 y 3.6 donaciones en países de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, para lograr la cobertura de las necesidades de un país, se necesita que entre el 1 y el 3% de su población sea donante, pero en 77 países la tasa de donación es inferior al 1%.

● La separación de los diferentes componentes de la sangre, permite que una sola unidad de sangre beneficie a varios pacientes, proporcionando a cada uno de ellos únicamente la fracción que necesita.

C. En México, de acuerdo con estadísticas de 2012, cada cuatro segundos una persona requiere de sangre de manera urgente, del 100% de sangre que se requiere, sólo se repone el 65%, de este porcentaje, únicamente el 2% se dona de manera voluntaria y no por algún vínculo familiar.

Es importante que se dé a conocer la importancia de la donación de la sangre, donde dicho líquido puede salvar varias vidas al mismo tiempo, a partir de la utilización de los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, pero además, se debe dar a conocer que una sola persona puede donar hasta 5 veces al año en el caso de los hombres y entre 3 y 4 veces en el caso de las mujeres, con un lapso de entre 45 y 50 días entre donación.

Lo anterior resulta importante, porque si con una sola donación se pueden salvar varias vidas, con 5 donaciones al año por persona, los números de vidas salvadas por esta causa, incrementaran considerablemente.

Aunado a lo anterior, la recuperación del volumen de sangre donado, es en algunas horas y la incorporación de todos los elementos que se extraen en una donación, tarda entre 4 y 6 días. Dicho acto humanitario, no conlleva efectos secundarios, siendo la  única recomendación, abstenerse de realizar esfuerzos en las horas siguientes a la donación.

México se encuentra entre los países de bajo índice de donaciones de sangre, es decir, menos de 10 donaciones por cada mil personas.

D. Como bien lo señala la Senadora proponente, el pasado 10 de abril del año en curso, se aprobó en sesión Ordinaria del Pleno del Senado, una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la cual se propone garantiza el derecho a la protección de la salud en materia de seguridad transfusional, a través de dos vertientes, el primero, es el fortalecimiento de la regulación, control y vigilancia de la sangre, el tejido hemático y todos su componentes y el segundo, corresponde a la regulación de la seguridad sanguínea que incluye la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de la legisladora, de crear conciencia y cultura de donación de sangre, frente a los grandes beneficios que conlleva en la salud de muchas personas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el Sistema Nacional de Salud, la implementación de campañas de  difusión permanentes, que promuevan la donación de sangre, voluntaria, altruista y de repetición.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el Sistema Nacional de Salud, la consolidación de procesos de donación de sangre voluntaria, altruista y de repetición ágiles, sencillos y seguros que generen confianza en el donador.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que pueda reforzar y promover en instituciones de nivel superior la enseñanza de la especialidad de Geriatría.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de Agosto de 2014, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que refuerce y promueva en instituciones de nivel superior la enseñanza de la especialidad de Geriatría.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

La proponente señala la importancia de fortalecer, reforzar y promover en instituciones de nivel superior la enseñanza de la especialidad de Geriatría.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia de la geriatría en nuestro país.

B. En el mundo existen más de 416 millones de ancianos. Entre los años 2000-2050, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará, previendo que la población de ancianos en el mundo en ese mismo periodo, pase de 605 millones a 2 mil millones de personas.

La Organización de las Naciones Unidas, establece dentro de sus criterios para considerar una población envejecida, cuando más del 5 por ciento de su población tienen más de 65 años, o cuando más del 10 por ciento tiene 60 años o más.

C. Así mismo en México 10 de cada 100 habitantes son mayores de 60 años, el ritmo de crecimiento de este sector de la población se ha ido incrementando, llegando a la cifra actual de 10.5 millones de adultos mayores (lo que equivale al diez por ciento de la población).

D. Cabe señalar que en2013, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, dio a conocer que México cuenta con una población aproximada de 118.4 millones de habitantes. Del mismo modo, la CONAPO ha presentado en diversas ocasiones, algunas proyecciones demográficas relacionadas al tamaño, dinámica y estructura de la población en el país y una de las estimaciones demográficas que más llama la atención, se refiere a la tendencia creciente del grupo poblacional de adultos mayores de 65 años. En consonancia con la última fase de la transición demográfica en México –caracterizada por el descenso de la mortalidad, la fecundidad y la tasa de crecimiento- se espera que las personas mayores de 65 años, aumenten de 7.1 millones en el año 2012, a 9.8 millones en el año 2020 y a 23.1 millones en el año 2050.

E. Hay que hacer énfasis que para garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores, es menester preparar a la sociedad así como a los recursos humanos en los servicios de salud, para que pueda atender las necesidades particulares de las personas de edad avanzada; por ende esto incluye entre otras, contar con personal del sector salud capacitado para atender los problemas y enfermedades propias de este sector de la población, así mismo se requerirá de profesionales de la salud capacitados en geriatría, cuidado y prevención de las enfermedades crónicas típicas de esta edad, pero más aún, trabajar en el diseño de políticas que estén dirigidas a la atención y cuidados paliativos de larga duración.

Por ende, el fin primordial será envejecer pero con calidad de vida y con condiciones que se presten a tenerla, tratando ante todo de contar con el máximo de salud, bienestar y capacidades funcionales adecuadas.

Es de enfatizarse que Instituciones especializadas en la materia a nivel nacional, como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, al igual que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Estudios de América Latina (CEPAL), indican que la población de la tercera edad se convertirá en la población con mayor peso en la sociedad dentro de un plazo no mayor de 20 años, con sus respectivas consecuencias en la demanda de servicios de salud y requerimientos de inversión pública en el sector.

Nuestro país se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico, actualmente está entre los primeros 10 entre los países en envejecimiento acelerado, por lo que en las próximas décadas la población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país

F. Las personas de edad avanzada están predispuestas al padecimiento de enfermedades como la Diabetes Mellitus, misma que es representativa entre las más frecuentes en la senectud, el 44 por ciento de los diabéticos tienen más de 65 años; le siguen la Artrosis o Enfermedad Degenerativa Articular, el 70 por ciento de las personas mayores de 70 años muestran evidencia radiológica de esta enfermedad; la Hipertensión Arterial aumenta notoriamente con la edad, su prevalencia se sitúa en el 65 por ciento en los pacientes mayores de 65 años, asimismo las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de muerte en las personas mayores de 65 años; las Cataratas en nuestro país, son responsables del 45 por ciento de la ceguera, la mayoría de ellas están directamente relacionadas con el envejecimiento, y las padecen personas mayores de 60 años.

G. Con lo anterior podemos decir que la Geriatría toma un papel sumamente importante, entendiendo a esta como una especialidad médica dedicada al estudio de la prevención, diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación de enfermedades en personas adultas mayores que debe prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la prevención de las mismas, que tiene como obligación tomar en cuenta los aspectos sociales que pueden influir en la salud del adulto mayor como son la soledad, el aislamiento y la dependencia.

La Geriatría tiene objetivos muy particulares, tales como prevenir la enfermedad vigilando la salud, evitar la dependencia, dar una asistencia integral, rehabilitar y finalmente proporcionar un cuidado progresivo.

H. Actualmente nuestro país cuenta con el Instituto Nacional de Geriatría, cuyo objetivo central es ayudar a mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los adultos mayores en relación con su salud y bienestar. Siendo este Instituto quien conducirá al fortalecimiento y coordinación con el Sector Salud, en aras del cuidado del adulto mayor.

Hoy en día son muy pocos los profesionistas dedicados a esta rama, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores hay 400 geriatras en todo México.

Nuestro país requiere de especialistas que estén capacitados para trabajar con estimulación cognitiva y las enfermedades que conlleva el envejecer, es necesario que los estudiantes que hoy están en alguna carrera valoren y consideren la importancia de prevenir y cuidar la salud de las personas adultas mayores.

I. La atención de los adultos mayores en nuestra sociedad debe ser atendida de inmediato, y no permitir que la población vaya envejeciendo inadvertidamente; en otros países se le apuesta al envejecimiento con salud, a un envejecimiento con calidad de vida.

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la proposición.

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados a la atención y tratamiento de las personas adultas mayores.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que promueva entre las Universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de geriatría.

COMISIÓN DE SALUD.






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(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de Marzo de 2014, la Senadora Cristina Díaz Salazar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud para que se puedan incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados.

C. La tuberculosis es una infección bacteriana y según la OMS la define como: una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar activa.

D. La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis meses.

E. La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel nacional como mundial. Ésta ha sido identificada por OMS como un problema de emergencia global siendo la segunda causa de muerte generada por un solo agente patógeno. Por lo que es de suma importancia su prevención y sobretodo su tratamiento oportuno.

F. En México está enfermedad sigue siendo un problema importante de salud pública a pesar de los alcances de la vacunación. Asimismo, sigue habiendo un importante subregistro lo que no permite tener el aumento de contagios exacto, solo detectándose en los datos de mortalidad pues mientras en el año 2002 el porcentaje por fallecimiento de tuberculosis fue de un 65.5% de enfermos para el año 2011 aumentó a 70%.

Para el tratamiento de esta enfermedad se han usado por décadas los mismos medicamentos, por lo que la resistencia a estos ha aumentado y cuando se administran no responde el organismo lo que provocan se evite su curación y acelere el padecimiento hasta la muerte.

G. El 24 de marzo de cada año es el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que había disminuido su incidencia y que a partir de las dos últimas décadas resurgió. La Organización Mundial de la Salud indica que una tercera parte de la población mundial padece tuberculosis latente o sea están infectados pero aún no presentan síntomas.

H. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la proposición materia de este dictamen.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen las acciones para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no abandonen el tratamiento.

COMISIÓN DE SALUD.






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(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de octubre de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente solicita información a la Secretaría de Salud con la finalidad de revisar la viabilidad de aplicar el tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, establece que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán, la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes;

Los objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen dos aspectos muy importantes que tienen que ver con la proposición en análisis, que son reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna;

En 2010 aproximadamente 287 mil mujeres a nivel mundial, murieron de complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto y se señala como la principal causa de dichas muertes, es la falta de acceso de las embarazadas a una atención médica de calidad, antes, durante y después del parto.

B. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el país residen 40.8 millones de mujeres de 15 años y más, donde siete de cada diez, lo cual equivale al 71.6%, ha tenido al menos un hijo nacido vivo y 27.1% no los ha tenido.

A pesar de que la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad, fue en descenso de 1989 a 2005 con 16.6 puntos porcentuales, tan sólo en tres años, es decir, de 2005 a 2008, subió 4.7 puntos porcentuales, lo que indicó un grave retroceso con respecto a la tendencia hacia la baja que se estaba mostrando en años anteriores.

Al respecto, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, señala algunos estados con mayor fecundidad en adolescentes, como Coahuila con 86.3 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, seguido de Chiapas con 84.9 y Sonora con 83 y destaca que los estados con más muertes maternas son Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En México, las cinco primeras causas de muerte materna representan 88.3% del total de estas defunciones; en la primera causa se ubican las defunciones obstétricas indirectas1 con 31.9%, seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%; hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2% y las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento.

C. De acuerdo con el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en un estudio denominado Tamiz Genético Prenatal: Marcadores Bioquímicos del Primer y Segundo Trimestre, señala que el tamiz genético prenatal, es un estudio que utiliza la combinación de la edad materna con 2 o más pruebas bioquímicas, para producir un resultado que indique el riesgo del feto de tener ciertas enfermedades.

Dicho estudio se aplica con mayor frecuencia en mujeres embarazadas de 35 años o más, con la finalidad de descartar enfermedades como Síndrome de Down, entre otras y en la madre conlleva la detección de hipertensión arterial, que se pueda convertir en preeclampsia o eclampsia.

La finalidad de la propuesta, tiene que ver con la necesidad de conocer si existen los elementos suficientes dentro del Sector Salud para llevar a cabo la aplicación obligatoria del Tamiz Prenatal a las madres y de esa manera prevenir alteraciones morfológicas o genéticas en el feto y problemas hipertensivos en la madre.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía, si cuenta con la infraestructura, recursos humanos y equipo necesario, para implementar de manera obligatoria, en el Sistema Nacional de Salud Pública, la aplicación del tamiz prenatal a todas las mujeres embarazadas en México.

COMISIÓN DE SALUD.

1 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio, entre otras.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de Marzo de 2014, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para realizar una revisión del funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante el crecimiento de número de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos.

C. La medicina es aquella profesión sumamente importante, ya que su finalidad esencial y general está en la curación de los distintos Trastornos de la Salud que se manifiestan de distintas formas, como también contempla a todo lo relativo a la Prevención de Enfermedades, tomando como objeto de estudio al ser humano y derivando del mismo las distintas ramas que tratan temas específicos. Para llevar a cabo esta profesión, el médico actor principal en ella, debe tener motivos para ejercerla no solo debe saber medicina, sino tener un compromiso con la salud de la población, y debe tener consigo los valores humanos y profesionales de la medicina.

D. Las y los médicos, son el impulso para que nuestro país goce de buena salud, un médico debe cumplir su labor de manera ejemplar en nuestros grandes hospitales y centros de alta especialidad hasta aquellos que bajo condiciones sumamente complicadas en ambientes rurales. En este tenor, en todo momento deberán llevar consigo el juramento hipocrático que hicieron, del cual desataca frases como:

“Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones”.

“En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras”.

Por ello hay que destacar que la preparación de los médicos es difícil, conlleva años de estudio y práctica, lo cual le debe al paciente esa confianza de depositar su salud en manos de gente profesional.

E. Lo anterior se menciona ya que como plasma la legisladora proponente del punto de acuerdo materia de este dictamen, hoy en día existen personas que no tienen la capacidad y preparación suficiente para llevar a cabo esta tan importante rama, la medicina, por ende es un gran problema el hecho de que un paciente sea atendido por una persona que ostenta alguna práctica, experiencia, certificado, diploma o título falso, ya que puede poner en riesgo su salud incluso puede llegar a la muerte.

F. Actualmente en diversos estados del país específicamente en colonias populares existen pequeñas clínicas donde los pacientes son atendidos por quienes se ostentan como médicos y que ejercen esa profesión sin ningún tipo de control, utilizando en algunos casos cartas de pasantes o títulos falsos.

Ello es preocupante ya que en estos establecimientos que se brindan servicios de salud pueden brindar servicio de especialidades como cardiólogos, cirujanos, pediatrías, ginecólogos, nutriólogos, oncólogo y otras especialidades y al ser atendidos por un mismo médico.

Así mismo en los últimos años los consultorios que se ubican junto a una farmacia ha tenido mucho crecimiento, por ende es de llamar la atención para que la autoridad ponga mayor énfasis en la supervisión a este tipo de establecimientos.

G. Cabe recordar que el artículo 5º de la Constitución expresa que profesión “es aquella ocupación u oficio que requiere estudios especiales y una declaración de carácter público de que se han cursado y aprobado”.

Si bien es necesario fortalecer el marco legal para erradicar y sancionar a quienes se ostentan no sólo como profesionales de la salud, sino de otras áreas como el derecho, ingeniería, periodismo o la contaduría, entre otras, se requieren acciones urgentes y prácticas en el ámbito de la medicina, para salvaguardar la integración y salud de toda la población.

Es por ello que son necesarios mayores controles y transparencia en los registros de profesiones, sobre todo de áreas sensibles como la medicina, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable el punto de acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y autoridades del Sector Salud a nivel Federal, Estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, sobre todo en zonas urbano-populares y rurales, ante el crecimiento del número de personas que se ostentan como médicos o con especialidades en diversas áreas de la salud.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD








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(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de Noviembre de 2014, El senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que se estructure una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente señala la importancia de estructurar una política integral para la   utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia de estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso.

B. El Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan llevar a cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en su salud, su vida laboral, su economía, su vida social etc.

Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo comienzan, por ello es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento.

Así mismo la mayoría de los mexicanos cuando tienen alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos ya que el gasto de bolsillo que genera una enfermedad es un detrimento significativo a la persona o mismo a la familia.

C. Por otro lado cabe señalar que los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

D. Ante ello se debe hacer mención que las instituciones de salud pública buscan adquirir productos y servicios a precios cada vez más bajos. Particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es el comprador más grande del gobierno federal, y ha logrado importantes ahorros mediante la utilización de estrategias para la generación de ahorro.

Los esfuerzos por lograr economías de escala deberían verse reflejados en la capacidad de los Institutos de salud pública para brindar atención óptima, de calidad y con medicamentos de última generación.

E. A la par se debe puntualizar que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevas y cada vez más eficaces terapias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de alguna enfermedad. Dicha innovación pierde sentido si las terapias que de ella se derivan no son utilizadas para atender a dichas personas.

Es de señalarse que el precio es un factor determinante para la utilización de las nuevas terapias; sin embargo, se debe considerar que es posible acceder a los    recursos necesarios utilizando los ahorros generados en la adquisición de otros medicamentos.

Como ejemplo podemos decir que tan sólo durante el ejercicio fiscal 2013 y derivado de la compra consolidada de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo ahorros superiores a los 3,700 millones de pesos. La presente propuesta estriba en que dichos recursos sean destinados a la adquisición de terapias innovadoras que puedan traducirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, ya sea reduciendo los efectos secundarios o haciendo las terapias más eficaces en un plazo menor.

F. Es de enfatizarse que en nuestro país las moléculas esenciales tienen buena cobertura; sin embargo, las moléculas nuevas tienen baja cobertura, siendo que dicha moléculas son las idóneas para tratamientos oncológicos y de enfermedades crónicas e infecciosas.

G. Por último se puntualiza que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera a la contratación pública como una palanca fundamental para el crecimiento económico, toda vez que se ha concebido como un elemento catalizador del gasto público.

Así mismo el Programa para un México Moderno y Cercano 2013-2018, en lo relativo a la contratación pública, señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben impulsar, esencialmente, la utilización de esquemas que optimicen el gasto público, mediante la utilización de modalidades tales como la consolidación de compras, los contratos marco y las ofertas subsecuentes de descuento.

Así también en materia de salud, el referido Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II, relativa a México Incluyente, objetivo 2.3. establece como uno de sus objetivos asegurar el acceso a los servicios de salud, mediante el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Así mismo establece que es preciso fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud e incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades.

H. Es por lo vertido en este apartado de consideraciones del presente instrumento legislativo que la comisión dictaminadora considera viable el punto de acuerdo.

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las Instituciones del Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acciones específicas para examinar la posibilidad que el monto de los ahorros obtenidos de la compra consolidada de medicamentos se utilice hasta en un 50% para la adquisición de moléculas nuevas; así como su fomento atendiendo al beneficio que, en términos de farmacoeconomía, representa su adquisición.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el consumo de dicha sustancia.

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de marzo de 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió ante el Pleno del Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el consumo de dicha sustancia.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO

El legislador proponente destaca su preocupación, a partir de ciertos casos que surgieron en Rusia a partir de una droga denominada “krokodil”, a partir de ello, somete a consideración la presente proposición con Punto de acuerdo, con la finalidad de evitar el consumo de dicha droga entre la población mexicana, a través de la difusión de la información necesaria que señale los efectos y consecuencias en la salud.

III. CONSIDERACIONES

A.De acuerdo con el 33º Informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Farmacodependencia, se define a las drogas como “cualquier sustancia psicoactiva que en el interior de un organismo puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala en el Informe Mundial Sobre las Drogas, 2013, que en el panorama global, es motivo de preocupación, la combinación de medicamentos de venta de receta y sustancias ilícitas, especialmente el abuso de sedantes y tranquilizantes, ya que en más del 60% de los países comprendidos en dicho estudio, clasifican esas sustancias entre los tres primeros tipos, de uso indebido.

B. En México, la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011, Drogas Ilícitas, destaca que a nivel internacional, en América del Norte, el uso de opiáceos sin prescripción médica se ha convertido en un problema cada vez más fuerte y el consumo de anfetaminas y éxtasis está casi a la par.

Se señala además que cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el mundo se encuentran en esta región, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años de edad; Cerca del 1.1% de la población utiliza las anfetaminas y una proporción similar utiliza éxtasis.

En la Comunidad Europea, en el caso de la marihuana, anfetaminas y éxtasis, la República Checa tiene la mayor prevalencia a nivel mundial con 15.2%, 1.7% y 3.6%, respectivamente, mientras México tiene prevalencias bajas de consumo de las mismas drogas, de 1%, 0.2% y 0.1% respectivamente, formando parte de los países de menor consumo.

En el caso de la cocaína la mayor prevalencia la registra Escocia con 3.9% y México con 0.4%.

C. Krokodil, también conocida como Crocodile o Permonid, es un análogo de opiáceo inventado en 1932 en Estados Unidos, es un derivado de la morfina, posee efectos analgésicos y sedantes, siendo entre 8 a 10 veces más potente que la morfina, es una droga de rápida actuación y corta duración.

Dicha droga se utiliza como alternativa a la heroína, ya que es una heroína sintética, cuyo costo es más accesible, fácil de conseguir y cuya elaboración puede ser casera.

El abuso de desmorfina de fabricación casera, fue detectado inicialmente en Siberia central y del este en el 2002, pero desde entonces se extendió hacia Rusia y zonas aledañas. A partir de ello, se estima que en 2011, aproximadamente 120 mil personas se inyectaron dicho opiáceo, un estimado de 100 mil en Rusia y 20 mil en Ucrania, además de encontrarse los primeros indicios de consumo en Alemania. Para 2013, se rastreó el uso de dicha droga en Argentina, Estados Unidos de América, particularmente en Arizona e Illinois.

D. Como todas las drogas, Krokodil también provoca una grave adicción y por ende, consecuencias en la salud de las personas, no obstante, la preocupación del legislador se deriva de lo siguiente.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas Ilícitas, demuestra de acuerdo con el Sistema de Registro e Información en Drogas, que en México, la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto, es la marihuana, con una edad de inicio de 11 años y con mayor afectación en el grupo de edad de los 15 a los 19 años, además su nivel de uso es uno de los más frecuentes con un consumo de 20 días o más mensualmente.

Seguido de ello, se encuentran los inhalables entre las drogas más consumidas al menos una vez, con un consumo de 40.4%, afectando al sector de la población de entre 12 y 14 años de edad principalmente.

Tanto la marihuana como los inhalables, son de las drogas más consumidas en nuestro país, porque son aquellas cuyos precios son demasiado bajos.

Krokodil, es como se mencionó una desmorfina casera que surge de la combinación de comprimidos de codeína con varios productos químicos tóxicos, como el líquido de un encendedor, limpiadores insutriales, diluyente de pintura, entre otros, que la convierten en una droga altamente impura.

Dicho proceso y los ingredientes utilizados para su producción, que no tarda más de 30 minutos, la hacen obtener un precio demasiado bajo, en Rusia por ejemplo, la heroína tiene un valor de 40 dólares, en comparación con Krokodil que se puede conseguir en 4 dólares, es decir, diez veces más barata.

Aunado a ello, se debe hacer hincapié, en que dicha droga es de rápida actuación y corta duración, por lo que se suministra con mayor frecuencia y los efectos que esta conlleva, tienen que ver con el resultado de la cocción de las sustancias tóxicas, que causan daño a los tejidos, a las venas y a la piel, que puede llevar a gangrenar los miembros del ser humano.

De manera más específica, Krokodil, puede causar daños a los tejidos, flebitis, que se traduce en la inflamación de la pared de una vena, gangrenas que llevan a la amputación de miembros, infecciones en los huesos de la mandíbula y la cara, llagas y úlceras en la frente, el cráneo, necrosis, que corresponde a la muerte de células o tejidos en orejas, nariz y labios, además de problemas en hígados y riñones.

Los efectos que causa la impureza de esta droga conocida como Krokodil, se deben difundir a los jóvenes, ya que no resulta simplemente en una desintoxicación, sino que sus consecuencias, son irreparables.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realicen campañas de prevención que informen sobre los efectos y consecuencias inmediatas en la salud de las personas, que ocasiona el consumo de drogas, específicamente de la conocida como Krokodil y evitar su consumo.

COMISIÓN DE SALUD.






COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE CULTURA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fué turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a destinar mayores recursos a los programas de capacitación rural para los jóvenes, con el objetivo de dar un mayor impulso a la creación de empresas rurales que alienten la diversificación y la innovación productiva en el campo.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 05 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovido por el Senador René Juaréz Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos a los programas de capacitación rural para los jóvenes, con el objetivo de dar un mayor impulso a la creación de empresas rurales que alienten la diversificación y la innovación productiva en el campo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar el Primer Resolutivo a la Cámara de Diputados y los siguientes tres resolutivos a esta Comisión.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Economía, para que de manera coordinada  puedan fomentar cadenas productivas que permitan el incremento de la productividad y la competitividad regional, así como la implementación y gestión de empresas rurales y unidades productivas encabezadas por jóvenes emprendedores.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente señala que las comunidades rurales se caracterizan por concentrar pobreza y falta de oportunidades, en especial  para los jóvenes.  Condición que pone en riesgo la sustentabilidad de millones de familias que dependen de esta actividad.

También argumenta en relación a la falta de políticas sociales que contribuyan a resolver esta problemática, lo cual es uno de los factores de atraso en el sector rural.

Sostiene que es necesario crear y desarrollar empresas a través de la capacitación y la posibilidad de adquirir tierras por parte de los jóvenes para la creación de unidades productivas en el sector rural. Considera que con ello se podrá aumentar la competitividad y productividad del campo mexicano, al tiempo de  reducir la migración del campo a las ciudades por falta de oportunidades.

Expone la necesidad de dar  impulso a los jóvenes a partir de nuevos emprendimientos y la creación de empresas rurales que alienten la diversificación y la innovación productiva.Para a partir de ello, activar el campo y ofertarles a los jóvenes que en él habitan, alternativas productivas mediante la creación de pequeñas empresas viables y sostenibles que permitan incrementar la productividad y la competitividad.

Resalta la importancia para que las autoridades competentes puedan fomentar cadenas productivas que ayuden a agregar valor a los productos del campo, consolidar mercados locales y sistemas financieros que sirvan para el apalancamiento de proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico en el sector rural, que permitan el incremento de la productividad y la competitividad regional, así como la implementación y gestión de empresas rurales y unidades productivas encabezadas por jóvenes emprendedores.

Señala que el impulso de actividades agroindustriales para los jóvenes en el campo, representa una de las grandes alternativas para que puedan incorporarse en actividades productivas a nivel regional mediante la gestión de proyectos productivos.

Destaca que es menester el impulsar y promover el mejoramiento de las condiciones de vida en el sector rural, enfocándonos de manera prioritaria a la población joven, a fin de que puedan jugar un papel protagonista en la implementación y gestión de proyectos productivos en el campo, que ayude a estimular y fortalecer la economía de las comunidades a través de empresas rurales y unidades productivas.

CONSIDERACIONES

Los Senadores  integrantes de esta Comisión, como responsables en la dictaminación del presente asunto, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por el Senador proponente, en relación a que los jóvenes representan un factor muy importante para el desarrollo nacional, sin embargo, continúan demandando oportunidades  que respondan a sus necesidades y que les generen una mejor calidad de vida y con ello una integración plena para su desarrollo.

Creemos al igual que el promovente, que los jóvenes rurales de nuestro país, ante la falta de estímulos hacia el campo se ven en la necesidad de abandonar sus tierras y bienes de uso común para emigrar a las grandes ciudades, no solo del país, sino también de los Estados Unidos.

Resulta evidente que lo previsto en el artículo 72 de la Ley Agraria, es una opción jurídica viable de acceso a la propiedad rústica por parte de los jóvenes campesinos. Como también lo es, que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene como objeto primordial el "definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”.

Es necesario fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias que atienden directa o indirectamente al sector juvenil, con el objeto de que las políticas públicas dirigidas a este sector de la población, resulten adecuadas y suficientes para alcanzar su plena integración al desarrollo nacional.

Se debe promover entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el óptimo aprovechamiento de los recursos que se destinan para la atención de la juventud. Por ello es necesario dar mayor difusión e información a los jóvenes del campo en relación a la constitución de unidades productivas para el desarrollo integral de la juventud.

Consideramos pertinente el Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes, para dar cumplimiento a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con base en lo anterior, manifestamos nuestra coincidencia con el Senador promovente en que es necesario que se destinen mayores recursos a los programas de capacitación rural hacia los jóvenes, con el propósito de impulsar nuevos emprendimientos y la creación de empresas rurales que alienten la diversificación e innovación productivas.

Motivo de lo anterior es que hemos considerado y toda vez que el resolutivo primero, por materia de competencia, le fué turnado en su oportunidad a la Cámara de Diputados, resolver en atención a los resolutivos que nos fueron turnados y una vez hechas las valoraciones pertinentes, acordamos realizar algunas modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, para que de manera coordinada  puedan fomentar cadenas productivas que ayuden a agregar valor a los productos del campo, consolidar mercados locales y sistemas financieros que sirvan para el apalancamiento de proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico en el sector rural, que permitan el incremento de la productividad y la competitividad regional, así como la implementación y gestión de empresas rurales y unidades productivas encabezadas por jóvenes emprendedores.

Segundo.- El Senado de la República de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  y al Instituto Mexicano de la Juventud, para que de manera conjunta promuevan y difundan en todo el territorio Nacional, la constitución de unidades productivas para el desarrollo integral de la Juventud, al que se refiere el artículo 72 de la Ley Agraria, en beneficio de los jóvenes de nuestro país.

Senado de la República a 2 de diciembre de 2014

Comisión de Juventud y Deporte.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fueron turnadas para su estudio y Dictamen las Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al fortalecimiento de programas que ayuden a contrarrestar la obesidad y sobrepeso, así como para la implementación de acciones a favor de una adecuada alimentación.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con Punto de acuerdo, promovida por el Senador Francisco Salvador López Brito integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se pretende exhortar a las Secretarías de Salud y Educación así como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que incentiven el fortalecimiento de programas con la participación de mujeres y hombres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer todos los programas que ayuden a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en nuestro país.

II. Con fecha 04 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su debido estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el porcentaje de obesidad en nuestro país. Suscrito por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

OBJETO DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición suscrita por el Senador López Brito motivo del presente Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a las Secretarias de Salud y Educación así como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de fortalecer  programas a través de la práctica de algún deporte o ejercicio físico que ayuden a contrarrestar la obesidad y sobrepeso.

En relación a la proposición también materia del presente dictamen, suscrita por la Senadora Gómez del Campo, tiene por objeto exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar acciones a favor de la práctica de la actividad física y  el deporte, así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el porcentaje de obesidad en nuestro país.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En su proposición con punto de acuerdo, el Senador López Brito:

Señala que México es uno de los países con mayor índice de sobrepeso y obesidad en el mundo, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 71,3% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, al igual que la tercera parte de niños y adolescentes.

Menciona que a nivel internacional, Después de Estados Unidos, México ocupa el segundo lugar con este problema entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es decir la obesidad en estos menores es "siete veces más alto" al que causa la desnutrición en los primeros años de vida.

Expone que el país enfrenta la paradoja de que tiene desnutrición infantil en algunas zonas rurales, y al mismo tiempo hay un índice elevado de sobrepeso entre niños que superan este problema, por ende de cada 10 mexicanos 7   tienen problemas de obesidad, es decir 37.2 tiene sobrepeso y ocupamos el segundo a nivel mundial después de Estados Unidos.

Alude que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo, ya que el aumento de este mal en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de 4 tipos de enfermedades: cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes.

Asimismo comenta que en noviembre 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza el levantamiento del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico y que este proyecto tiene la finalidad de generar información estadística, en áreas urbanas, sobre la participación de hombres y mujeres de 18 años y más de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su tiempo libre, así como otras características de interés sobre estas actividades, para la formulación de políticas públicas encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos.

Resaltando que en dicho levantamiento, se encontró que la población mexicana de 18 años y más en áreas urbanas es inactiva físicamente en un 56.2 por ciento, de la cual el 42 por ciento son hombres y 58 por ciento mujeres.

Donde del 43.8 por ciento de activos físicamente, los hombres representan el 54.4 por ciento y las mujeres el 45.6 por ciento, ya que (66.4%), de los ciudadanos acuden a instalaciones o lugares públicos para ejercitarse mientras que la tercera parte de la población activa físicamente (31.2%) acude a instalaciones de uso restringido (instalaciones privadas, de estudio, trabajo o domicilios particulares).

Señalando que todo ello en razón a que en todos los grupos de edad la proporción de activos físicamente es superior en los hombres, registrándose las mayores diferencias por sexo en el grupo de 18 a 24 años, en donde los hombres superan a las mujeres con más de 20 puntos porcentuales, también se observan diferencias considerables en el grupo de 25 a 34 años y en el de 35 a 44 años, con más de 16 puntos.

Por tal motivo que con la finalidad de prevenir enfermedades vinculadas a la inactividad física y procurar la adquisición de hábitos que favorezcan un estilo de vida idóneo en la población, las autoridades en materia de salud pública consideran la promoción de la actividad físico-deportiva como uno de los objetivos prioritarios.

Sintetizando que para el mejoramiento de  la calidad de vida de la población y disminuir la obesidad tan grave que existe en México promoviendo diferentes programas de prevención donde exista actividades físico-deportiva, alimentación saludable y visitar al médico así mismo facilitar en zonas rurales el acceso al agua potable, escuelas y espacios públicos, y

Concluyendo que en los últimos años como una tendencia general en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se han alterado los hábitos sociales y físicos con la prevalencia de la inactividad física e impacto en la salud de la población, surgiendo las denominadas enfermedades generadas por la falta de movimiento (hipocinéticas), tales como: hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad y trastornos musculo-esqueléticos.

Por su parte, en el contenido de la proposición de la Senadora Gómez del Campo:

Parte del Contexto de la celebración el pasado 16 de octubre se  del “Día Mundial de la Alimentación”, también hace referencia al informe sobre “DIETA, NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS” elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Aporta diversos datos obtenidos del informe supracitado, destacando:

● Se ha comprobado que el buen estado cardiovascular y la actividad física reducen significativamente los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud.

● El mejoramiento de los regímenes alimentarios y la actividad física en los adultos y las personas de edad reduce los riesgos de muerte y discapacidad asociados a las enfermedades crónicas.

● En el caso de los niños y adolescentes es necesario implementar medidas complementarias para prevenir la obesidad, tales como:  modificar el entorno para aumentar la actividad física en las escuelas y comunidades, crear más oportunidades para las relaciones familiares (por ejemplo, hacer las comidas en familia), limitar la exposición de los niños pequeños a la intensa publicidad de alimentos ricos en energía y bajos en micronutrientes, y ofrecer la información y las herramientas necesarias para hacer elecciones correctas en materia de alimentación.

De igual forma resalta los datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud al señalar que, ésta, considera como actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Una adecuada actividad física permite contar con un mejor estado de salud, además de que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles.

Así mismo, ha señalado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6 por ciento de las muertes registradas en todo el mundo) y; estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21–25por ciento de los casos de cáncer de mama y de colon, 27por ciento dela diabetes, y aproximadamente un 30por ciento de las cardiopatías isquémicas.

Señala que la OMS afirma que un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:

● Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;

● Mejora la salud ósea y funcional, y

● Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.

La Senadora considera que dado que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, es necesario y  urgente que las autoridades competentes estudien la posibilidad de que en los centros de educación pública se incremente el tiempo destinado a educación física y, en su caso, se implementen acciones permanentes para promover la práctica de actividad física.

Pondera que el combate a la obesidad y sobrepeso, mediante acciones que fomenten la práctica de la actividad física son un factor determinante para mejorar la salud de miles de mexicanos que en la actualidad no cuentan con un espacio para la práctica de ejercicio o de algún deporte.

También considera que es necesario e indispensable que las autoridades federales, estales y municipales, impulsen la creación, y en su caso, amplíen el número de espacios públicos para la práctica de actividad física o de algún deporte.

Sustenta su proposición en diversos datos estadísticos y recomendaciones de instituciones nacionales y organismos internacionales, todo ello con el objeto de aportar más datos de valoración en relación a la importancia de alimentarse  y realizar actividad física de manera adecuada.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de las propuestas en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto planteado por los Senadores proponentes,  además de compartir sus argumentos,  referente a la situación que se vive en nuestro país y respecto a un problema que es ya crónico en materia de salud, el cual día con día se ve reflejado ampliamente en nuestras nuevas generaciones, quienes desde temprana edad manifiestan severos padecimientos relacionados con el sobrepeso y la obesidad.

Creemos firmemente en que es necesario enseñar a los niños la necesidad de realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, por lo que es preciso que realicen actividad física para conseguir un adecuado balance energético entre la energía ingerida y gastada, ya que esta práctica de actividad física junto con una alimentación adecuada, estamos convencidos que reduce el riesgo de obesidad y de todas las enfermedades asociadas a ella. 

Por ello consideramos que nuestro país tiene un grave problema provocado por el sedentarismo que ha derivado en la obesidad, por lo que, la práctica adecuada y continua del deporte es un factor fundamental para combatir dicho padecimiento que además está ubicado como una enfermedad crónica de origen multifactorial que es prevenible.

La obesidad, nos queda claro, es un problema nutricional muy frecuente en los países industrializados, por lo que tanto en niños como en adultos, la prevalencia de la misma ha aumentado de forma drástica y progresiva durante las últimas décadas, por lo que es ampliamente comentado que un niño obeso tiene mayor probabilidad de ser un adulto obeso; y ante ello es sabido que los hábitos de vida saludable deben adquirirse desde la niñez, ya que si no es así, en un futuro será más costoso para la persona modificarlos. 

A lo anterior es de observarse como los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos ampliamente, señalándose que realizar de manera continua ejercicio físico,  acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.

También se reconoce su contribución en la prevención de enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares.

Por ello es que compartimos la idea de que es en la activación física y el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos de vida, así como los valores sobre la salud.

Ante ello consideramos que las instancias públicas tienen la obligación de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, evitando su aparición continua, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis delas proposiciones turnadas a esta Comisión concluimos que el objeto de las mismas coincide y ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que son  de aprobarse en un mismo dictamen,  las proposiciones y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en uso de sus atribuciones y facultades incentiven el fortalecimiento  de programas que a través de la práctica de algún deporte o ejercicio físico, coadyuven a contrarrestar la obesidad y sobrepeso en nuestro país.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales implementen, y en su caso, intensifiquen campañas de concientización sobre los beneficios que aportan a la salud la práctica del deporte y una sana alimentación.

Senado de la República a 2 de diciembre de 2014

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DEJUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a prevenir y evitar actos de discriminación en el deporte profesional.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovido por Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar acciones que permitan prevenir y evitar actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de erradicar la violencia que generan los comentarios racistas en el futbol mexicano a través de la implementación de acciones que permitan prevenir y evitar actos de discriminación en el deporte profesional.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El grupo promovente señala que para combatir el racismo y la discriminación racial, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Señala que en su artículo primero, la Convención mencionada establece que la discriminación racial “denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”.

Menciona que a nivel nacional, el reconocimiento del derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad, color de piel está plasmado explícitamente en varios instrumentos normativos y acciones de política que incluyen, de manera similar a las normas internacionales mencionadas, la creación de instituciones que atienden específicamente a personas, pueblos y comunidades cuyos derechos han sido violados precisamente por estas características.

Expone que la Constitución Política de nuestro país en su artículo primero establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Asimismo comenta que La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que “discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Resaltando que el “Documento Informativo Sobre la Discriminación Racial” que presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señala que la discriminación racial en México es frecuentemente asociada en contra de personas indígenas; sin embargo, aun cuando las incluye, esta categoría involucra también a personas y grupos de personas cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos.

Señalando que todo ello en razón a que diversos medios de comunicación han documentado diversos actos de discriminación en el balompié mexicano en los últimos años, aun y cuando de conformidad con el reglamento de la Federación Mexicana de futbol, la sanción que se impone a un jugador que incurra en una conducta discriminatoria es la suspensión por cinco partidos además de una multa que puede llegar al menos a 400,000 pesos.

Concluyendo que de permitir que este tipo de actos sigan existiendo en uno de los deportes más populares en nuestro país, corremos el riego de replicar y hacer extensivos estos actos fuera de la cancha, por ello es importante implementar las acciones necesarias a fin de evitar todo tipo de discriminación en las competencias deportivas.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por los Senadores promoventes, con referencia a la amplia necesidad de prevenir cualquier actitud o acción con fines preponderantemente racistas y discriminatorios.

Sensiblemente estamos ciertos de que existen diferentes manifestaciones de violencia o discriminación contra las personas por motivo de etnia, sexo, religión, diversidades sexuales y discapacidad que generan sufrimiento, dolor y frustración. Abordar la complejidad y gravedad de estos abusos es subrayar la obligación que tiene el Estado de ocuparse tanto de la violencia como de la discriminación sufrida por las personas menores de edad.

Consideramos que la discriminación, entendida como aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia que se fundamente en aspectos como la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, el color, el género, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, por lo que todo origen de discriminación debe ser erradicado de la sociedad.

Creemos firmemente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene el principio fundamental de la inadmisibilidad de la discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella consagrados sin distinción alguna.

Ante ello el Estado tiene la obligación ineludible de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la formación integral de las personas. Este debe generar proyectos de vida prometedores, sustentados en la revisión, modificación y apropiación de una serie de valores y actitudes que permite la vida en sociedad como sujetos de derechos. Debe contribuir a que las personas sean útiles, productivas y sanas. Las personas que trabajan en el sector público están en la obligación de que su accionar diario deslegitime y luche contra la impunidad del abuso y todo tipo de acción que provoque violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

Por lo anterior manifestamos nuestra coincidencia con los senadores promoventes en que para potenciar la eficacia de las normas antirracismo en cualquier acción de nuestra vida diaria, es necesaria la correcta implementación de medidas encaminadas a la promoción y fomento de una sana convivencia, libre de cualquier tipo de violencia o discriminación.

Es por ello y en consideración al ámbito deportivo, donde los diferentes tipos de violencia es una problemática que se ha venido presentando en la sociedad contemporánea, pues en últimas fechas, diferentes hechos han sido más evidentes a nivel mundial y aunque en menor dimensión pero con una frecuencia en aumento, también se han empezado a manifestar en nuestro país.

Por lo que sus autoridades deportivas deberán elaborar y aplicar normas antirracismo y medidas de igualdad eficaces, en donde para aumentar la sensibilización y mejorar la diversidad es preciso que las  autoridades, federaciones y clubes deportivos incrementen sus actividades dirigidas a aumentar la sensibilización, con el fin de hacer realidad el potencial de integración del deporte.

Los medios de comunicación informan frecuentemente acerca de incidentes racistas y discriminatorios protagonizados por los espectadores de acontecimientos; en el fútbol, por ejemplo, los aficionados suelen ser los principales causantes de estos incidentes, aunque también ocurren entre los mismos jugadores e incluso los árbitros y los funcionarios de los clubes también llegan a verse implicados en este tipo de incidentes.

Por lo que para involucrar a los organismos encargados de promover la igualdad en la lucha contra el racismo y la discriminación, con aquellos que cuentan con facultades expresas en materia deportiva, es necesario promover acciones como las que hoy motivan el presente Dictamen.

Por ello organismos como la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como las instituciones nacionales de derechos humanos, deberían de involucrarse más en la resolución de los problemas de discriminación racial en el ámbito deportivo.

Consideramos que estos organismos deberán colaborar con las federaciones y clubes deportivos para el desarrollo de acciones orientadas al aumento y sensibilización de quienes acuden o participan en cualquier evento o espectáculo deportivo.

Asimismo en incremento a lo expuesto por los promoventes con relación a lo establecido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a las atribuciones del propio CONAPRED, creemos conveniente resaltar que con base en la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, la misma contempla un capítulo específico destinado a la “Prevención de la Violencia en el Deporte” donde expresamente en su artículo 139 contempla la creación de una Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, otorgándole ciertas atribuciones en la materia. Se señala:

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que será la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte.

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el reglamento respectivo, serán:

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte;

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, y las medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos;

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte;

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE sobre la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos deportivos;

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Motivo de lo anterior es que hemos considerado conveniente promover como parte del segundo resolutivo la exhortación de no solo considerar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realice acciones encaminadas a la erradicación de la discriminación en el deporte nacional, sino  que remita un informe detallado a esta soberanía sobre los avances de la conformación de la citada Comisión Especial, así como de los programas y acciones emprendidas por dicho órgano.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, realice las acciones encaminadas a erradicar la discriminación en el deporte nacional y remita, a esta soberanía, un informe detallado sobre los avances de la conformación de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, así como de los programas y acciones emprendidas por dicho órgano.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos.

II. En sesión celebrada el día 01 de abril de 2014, el Senado de la República aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

El objetivo de la propuesta conforme a la exposición de motivos planteada por el Senador Miguel Romo Medina, es el de exhortar a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos; así como actualizar los protocolos de seguridad en los estadios de nuestro país.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El  Senador promovente argumenta que en las últimas décadas el futbol soccer se ha posicionado como uno de los deportes más populares en México y el mundo, que es una actividad en la que convergen dos grandes procesos, por un lado está lo acontecido en el terreno de juego, y por el otro lado, lo relativo a las tribunas.

Pondera el hecho de  que si bien es cierto la pasión forma parte de toda práctica deportiva, dicha pasión no debe traducirse en conductas violentas ni delictivas que deriven en daños patrimoniales, lesiones físicas e incluso en la muerte. No hay paliativos válidos para permitir que la violencia se convierta en parte de la cotidianidad.

Del mismo modo resalta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Destaca también diversos hechos de violencia que se han suscitado en nuestro país a últimas fechas, entre ellos el que se presentó el pasado 22 de marzo del año en curso en el estadio Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Atlas de Guadalajara.

Sustenta su propuesta en la opinión del doctor en sociología y docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fernando Segura Trejo, quién señala en su estudio y análisis sobre la creciente violencia en los estadios del futbol mexicano, que se debe trabajar en políticas públicas antes de que pase una tragedia más grave.

Pondera además los datos empleados por el propio doctor Segura para  ejemplificar el tema, al señalar que en Inglaterra ocurrieron dos tragedias muy graves y se atacó dicho problema. En Argentina, uno de los países con más “barras bravas” han ocurrido múltiples tragedias y el problema sigue estando ahí, sin ser atendido, con respecto a México menciona que parece ser que en tendrá que ocurrir una tragedia para que inicie una catarsis mediática.

En virtud de ello, plantea, que sucesos como los antes referidos, nos obligan a tomar medidas ejemplares, que van desde el fomento de valores cívicos básicos como son: respeto y tolerancia, hasta la aplicación efectiva de la legislación. Es de gran relevancia puntualizar la urgente necesidad de que este problema se resuelva y que no debemos esperar a que ocurra una tragedia de dimensiones mayúsculas como ha pasado a lo largo de la historia.

Por ello la importancia de que cada congreso actualice sus marcos legales correspondientes donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento, no solo en el fútbol.

De la misma forma, cada Estado debe actualizar los protocolos con los que los titulares de seguridad pública  de cada entidad actúan para garantizar la integridad física y psicológica de cada asistente a eventos masivos de espectáculo, deportivos o cualquier otra índole.

Con base en los antecedentes, el objeto y contenido de la propuesta en mención, formulamos  las siguientes:

CONSIDERACIONES

En congruencia con la Minuta aprobada por el pleno del Senado de la República el pasado 1° de abril, y  conscientes de que la violencia en los espectáculos públicos es un problema que se ha venido presentando en  la sociedad contemporánea, donde en los últimos años se ha hecho más evidente a nivel mundial y cada vez son mayores las consecuencias de los actos violentos realizados por espectadores o seudo aficionados en dichos espectáculos, ante lo cual ha sido necesario tomar medidas respecto a esta problemática social.

Es por ello que quienes conformamos esta Comisión dictaminadora, conscientes de la creciente problemática dela violencia en nuestro país, y preocupados por la toma de medidas encaminadas a eliminar dicha conducta, compartimos los argumentos y el objeto de la proposición motivo de estudio.

Asimismo consideramos positivo resaltar la necesidad de la suma de esfuerzos para la atención de dicha problemática, por ello creemos que la respuesta debe sustentarse en la coordinación para la implementación de políticas públicas que nos ayuden a incidir de manera realmente efectiva par aprevenir y erradicar el fenómeno de la violencia en los diversos eventos masivos.

Resulta pertinente, para quienes dictaminamos esta propuesta, referirnos a los tres órdenes de gobierno, por ello creemos conveniente incorporar un tercer resolutivo al punto de acuerdo, en aras de exhortar también a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tal y como lo plantea el Senador proponente en las consideraciones de su propuesta.

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares del Poder Ejecutivo de los 31 Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, actualicen el marco normativo correspondiente en materia de seguridad y protección en eventos masivos, en especial los relacionados a los deportes, así mismo lleven a cabo la revisión y actualización de los protocolos de seguridad en los estadios deportivos de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamentepor conducto de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones promueva entre los municipios del país la actualización, conforme a sus atribuciones, del marco normativo correspondiente en materia de seguridad y protección en eventos masivos, en especial los relacionados a los deportes, así mismo lleven a cabo la revisión y actualización de los protocolos de seguridad en los estadios deportivos de nuestro país.

Tercero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión  exhorta de manera respetuosa a los Congresos de los Estados de la Federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a actualizar los marcos legales correspondientes donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento, no solo en el fútbol.

Senado de la República a 2 de diciembre de 2014

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.






COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DEJUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa al diseño e implementación de políticas públicas y programas transversales para el desarrollo integral de la juventud.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 20 de agosto de 2014, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovida por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se pretende exhortar al Gobierno de la República, para que a través de  las Secretarías de  Estado y los Organismos Públicos diseñen e implementen políticas públicas y programas transversales para el desarrollo integral de la juventud.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad con la propia exposición de motivos de la proposición, el objetivo de la misma y motivo del presente Dictamen, es el que se creen mecanismos que generen mejores condiciones de vida para los jóvenes, más espacios y oportunidades para su participación cívica y que los jóvenes intervengan para determinar su futuro, ello, a través del diseño e implementación de políticas públicas y programas transversales por parte del Gobierno de la República y que incidan en su desarrollo.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador hace referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud que se celebra desde el año 2000 el día 12 de agosto, declarado así por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Documenta conforme lo señala la propia Organización de las Naciones Unidas que este tipo de celebraciones conocidas como internacionales o mundiales, especialmente las establecidas por la misma (ONU), tienen como objetivo contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre y la mujer. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés público sobre los programas y actividades relacionadas con dichos temas.

Por ello, establece que para la ONU, el Día Internacional de la Juventud, tiene como objetivo que los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y  las organizaciones no gubernamentales apliquen plenamente las directrices para la planificación y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, y en particular que faciliten las actividades de los mecanismos de la juventud establecidos por los jóvenes y por las organizaciones juveniles.

Señala que el sector joven de la población tiene la energía y la motivación necesarias para proponer soluciones innovadoras a los problemas del mundo, de sus países y localidades.

Por otra parte, destaca que de acuerdo con la ONU, la finalidad del “Día internacional de la Juventud” es dar a conocer la contribución que los jóvenes aportan a la sociedad, ayudarles a resolver los problemas con que se enfrentan y alentarles a participar en iniciativas de desarrollo, comenzando por su entorno, es decir, su comunidad hasta alcanzar niveles mundiales.

CONSIDERACIONES

Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto planteado por el Senador promovente además de compartir sus argumentos,  referente a la situación que  viven los jóvenes en nuestro país y respecto a la trascendencia que representa su desarrollo integral.

Con la pertinencia de señalar que El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 Establece dentro de la Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población y como línea de acción específica hacia la juventud, el Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes del país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales.

Estimamos necesario, destacar la importancia que representa para el Gobierno de la República, el atender de manera transversal a la juventud, tal y como se desprende de la propuesta del Senador Benjamín Robles  Montoya,

El Programa Nacional de Juventud 2014-2018 establece la ruta de trabajo para hacer transversal la atención a las y los jóvenes. Cumplir con sus objetivos es una prioridad para el  Gobierno de la República.

Del mismo modo la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga enfatizó con motivo de su mensaje dentro del PNJ 2014-2018 “En este Programa se perfilan las líneas transversales para atender las necesidades y construir respuestas institucionales para garantizar los derechos sociales de 37.9 millones de jóvenes. El reto no es pequeño, ya que en el año 2020 tendremos la mayor cantidad de jóvenes en nuestra historia.”

Aunado a lo anterior, el propio Plan señala la necesidad del Gobierno Federal por atender de manera transversal a los Jóvenes, al referirse a  los distintos matices de los principales problemas que enfrentan las y los jóvenes en México exigen de los diferentes actores clave una estrecha colaboración. En consecuencia, y             desde el ámbito de instrumentación de políticas públicas, es necesario que la perspectiva de juventud sea un eje transversal al interior de las dependencias gubernamentales.

De acuerdo con el Projuventud 2014-2018, uno de los principales propósitos del mismo,  es sumar esfuerzos y avanzar en el diseño de propuestas integrales, que permitan materializar el mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil, mediante la operación de proyectos estratégicos que articulen toda las acciones del gobierno y la sociedad, y permitan la efectiva coordinación transversal e intergubernamental a nivel nacional, entre los tres órdenes de gobierno.

También, de manera específica señala, que el acceso a la educación, al empleo y a la vivienda no es tarea sólo de instituciones especializadas, requiere de la transversalidad, la coordinación interinstitucional y la intergubernamental en la hechura y la ejecución de las intervenciones para atender procesos como la transición de las y los jóvenes de la escuela al primer empleo, permanencia en la escuela, o la conformación del historial crediticio para la compra, renta o mejora de la vivienda.

La propuesta materia del presente punto de acuerdo, contribuye y enriquece lo ya planteado por el propio Gobierno de la República en el Programa Nacional de Juventud 2014-2018. Creemos pertinente fortalecer y coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas y programas transversales para la atención al desarrollo integral de la juventud.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la república exhorta respetuosamente a las Secretarias de Estado y los Organismos Públicos de la Administración Pública Federal para que diseñen e implementen políticas públicas y programas transversales para el desarrollo integral de la juventud.

Senado de la República a 2 de diciembre de 2014

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(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Institutos Estatales del Deporte con relación al uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Estatales del Deporte con relación al uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física y Deporte.

III. El 30 de abril de 2014,se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a los Institutos Estatales del Deporte con relación a fomentar el uso de la bicicleta; implementado acciones que permitan la utilización de la vía pública de forma equitativa, en donde peatones, ciclistas y automovilistas convivan de manera segura, respetuosa y cordial; mediante la instrumentación de políticas públicas, programas y actividades que permitan a las y los ciudadanos entender las ventajas de su uso, tanto a nivel personal, como para la colectividad.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores promoventes señalan que el ciclismo se puede considerar un deporte o bien sólo una actividad lúdica, es una forma de transporte barato y eficiente para viajes dentro de la ciudad, la cual ha recobrado un auge importante tanto por los beneficios que genera a la salud de las personas como por el impacto que tiene ecológicamente, ya que al ser utilizada como medio de transporte regular y autosustentable, la bicicleta no emite contaminantes y contribuye a la disminución del calentamiento global.

Argumentan que además reducir la contaminación genera muchos otros innegables beneficios como el ahorro de tiempo en los traslados urbanos de 10 kilómetros o menos, distancia que comprende el 90 por ciento de los traslados diarios que realiza una persona, incluso se combinan al mismo tiempo dos actividades en una sola, esto es, transporte y ejercicio. Debemos de recordar que el sedentarismo es actualmente una de las características que la vida en la ciudad impone a sus habitantes y hacer ejercicio se vuelve una necesidad.

Manifiestan sobre la necesidad de plantear alternativas y conformar los nuevos esquemas urbanos para el siglo XXI, capaces de acercar a sus habitantes con la naturaleza y de brindar entornos más humanos, amigables y equilibrados en los que resulte innecesario que los seres humanos tengan que dedicar una parte importante de su tiempo a transportarse.

Hacen mención a que en países europeos como España, Dinamarca, Polonia, Holanda y Francia, y en algunos asiáticos como China, la bicicleta es un medio de transporte muy común entre sus habitantes. Y es que se cree que alrededor del mundo, 800 millones de bicicletas ruedan cada día, con ventajas no sólo para las personas sino para el cuidado del medio ambiente.

Señalan que en nuestro país algunas ciudades han realizado importantes y significativos esfuerzos, tratando de dotar a los ciclistas de infraestructura especial, para que esta alternativa sea un medio de transporte urbano seguro, entre las cuales podemos destacar la Ciudad de México, León en Guanajuato, Guadalajara en Jalisco o La Paz, Baja California Sur, entre otras.

Resaltan que el actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Finalmente argumentan que de conformidad al Artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte se debe Fomentar el desarrollo de la activación física y el deporte, como medio importante en la preservación de la