Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 18 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 34



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Diciembre de 2014

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (12:33 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea, el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del jueves 11 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cuarenta y dos minutos del miércoles diez de diciembre de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el Informe de su participación en el Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, celebrado del 19 al 21 de noviembre de 2014, en Washington DC. Estados Unidos de América.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Margarita Flores Sánchez, sus Informes de actividades durante:

1) La Reunión Extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano”, celebrada los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2014, en Panamá y

2) La 39ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui, realizada en Madrid, España, los días 14 y 15 de noviembre de 2014.

Los informes quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Víctor Hermosillo y Celada, su Informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2014.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se turnó a la Auditoría Superior de la Federación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X y se recorre la siguiente a la fracción XI del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 43, numerales 3 y 4; y 104, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

(Memorial de particulares)

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el día 9 de diciembre de 2014, senadores de diversos grupos parlamentarios se reunieron con ciudadanos integrantes del Comité de Padres de Familia de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para entregar un documento y ser presentado ante el Pleno del Senado de la República.- La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al documento. Intervinieron los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Patricio Martínez García. El documento se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Presidencia informó que en la reunión de Mesa Directiva de esta fecha, se autorizaron las siguientes ampliaciones de turno solicitadas por la Comisión de Gobernación:

1) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por diversos senadores, el 2 de diciembre de 2014 y

2) Al proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, presentada por diversos senadores, pasado 9 de diciembre.
El turno de los asuntos se amplió para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5º de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; y Omar Fayad Meneses del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se designa a la ciudadana María Ampudia González y se ratifica a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez, por la comisión, para presentar el dictamen; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El acuerdo fue aprobado por 94 votos a favor. El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta legal a las ciudadanas María Ampudia González y Carmen Moreno Toscano, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Sin discusión, fue aprobado por 84 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Intervinieron las Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo, por las comisiones, para presentar el dictamen; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 80 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección Décima al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, que estará conformada por el artículo 265 bis.-Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD. El proyecto de decreto fue aprobado 85 votos en pro. Se remitió al Diario Oficial para su publicación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado por 80 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción v, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.-Intervinieron los Senadores: Eviel Pérez Magaña, por las comisiones, para presentar el dictamen; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 82 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados por el que se desechó el proyecto de decreto que adicionaba el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

3) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

4) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 300 y 301 del Reglamento del Senado.

5) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que derogaba las fracciones II y III y reformaba la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado.

6) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República.

7) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

8) De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9) De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Estudios Legislativos, Primera; y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

10) De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin discusión, los dictámenes en sentido negativo por los que se acuerda desechar los proyectos de decreto, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8º fracción V y 37, párrafos segundo y tercero de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa Huerta, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de noviembre, “Día Nacional del Artista Intérprete”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley general en materia bienestar y protección animal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción VIII y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide Ley General de Bienestar y Protección Animal y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Civil Federal y de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ismael Hernández Deras y Jorge Emilio González Martínez, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a analizar y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a las instituciones bancarias que de manera arbitraria y discriminatoria cancelan las cuentas de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en razón de que minan las actividades lícitas de dichas sociedades.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud a informar sobre la verificación, inspección y certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a esperar el resultado del trabajo legislativo referente a la dictaminación de la iniciativa que crea la unidad de medida y actualización, para determinar el salario mínimo para el año 2015.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la creación de un programa que impulse a localidades del país que por sus características cuenten con el potencial de desarrollar turismo de naturaleza y aventura.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiséis minutos y citó a la siguiente el próximo jueves once de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el Acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Adán Augusto López Hernández, con la que remite su respectivo informe de actividades legislativas, correspondientes al segundo año de ejercicio de esta LXII Legislatura.








De la Comisión de Energía, con la que remite su respectivo informe de actividades, correspondiente al segundo año de ejercicio de esta LXII Legislatura.








De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con las que remite los siguientes informes:

De la 131° Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, del 11 al 17 de octubre de 2014.








De la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, los días 19 y 20 de noviembre del año en curso.








De la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe sobre la XX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en Ottawa, Canadá, los pasados días 24 y 25 de noviembre de 2014.



La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente…

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Permítame un momento.

Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Solicito pasar a la tribuna para hacer más extenso el tema de informar sobre la Reunión Interparlamentaria de México con Canadá, porque así lo juzgo conveniente.

Solicito, el permiso, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Sí.

Bueno, está Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Y vamos a concederle cinco minutos para su participación.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Si, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Me permito tomar esta tribuna para rendir el informe y entregarlo a esta Mesa Directiva es una carpeta informativa de la XX Reunión Interparlamentaria de México con Canadá, celebrada en noviembre, 24 y 25 del año presente, en Ottawa, Canadá. Quiero hacer mención específica del éxito que se obtuvo en el encuentro entre legisladores canadienses y mexicanos.

Asistimos 14 Senadores, siete Senadores y siete Diputados Federales, haciendo un total de 14 legisladores.

Y asistieron por parte de la Cámara de Comunes, igualmente la misma cantidad y de los señores Senadores de Canadá.

Los temas en cuestión, fueron prácticamente dos temas, dos temas sustantivos, que versaron sobre la cooperación económica y la competitividad, porque todos sabemos que Canadá para nosotros es un socio estratégico, no solo a los 20 año del NAFTA, sino tenemos grandes acuerdos con Canadá; cumplimos años de relaciones bilaterales diplomáticas, es importante también hacer mención que tenemos acuerdos, para el tránsito y movilidad de las personas especialmente de los trabajadores agrícolas.

Por eso, el tema de cooperación económica y competitividad fue una visión estratégica, es una visión estratégica para América del Norte y también incluye una agenda de movilidad y vínculos humanos.

Es importante destacar que al final de esta Interparlamentaria de México con Canadá, destacamos particularmente un comunicado conjunto, de esta reunión, y decirles que por primera vez un documento oficial donde los parlamentarios canadienses reconocieron y manifestaron su receptividad frente a los llamados de México a suprimir cuanto antes el requisito de visa a nuestros connacionales.

La visa, debemos de ser muy claros, es un irritante en la relación bilateral entre Canadá y México. Sobre todo, porque tenemos 40 años, 70 años, más bien, 70 años de relaciones diplomáticas; 40 años del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y 20 años del Tratado de Libre Comercio.

Además, tenemos otro instrumento internacional que cumple 10 años, la Alianza México con Canadá.

En la comisión que me honro en presidir y todos mis compañeros, quiero hacer mención, de quienes asistieron por parte nuestra y decir que sus intervenciones fueron de la más alta relevancia.

Y me refiero al Senador Fidel Demédicis, al Senador Víctor Hermosillo y Celada, al Senador Alejandro Tello Cristerna, al Senador Patricio Martínez García y al Senador Octavio Pedroza Gaitán.

También me permito extender el reconocimiento por sus valiosas intervenciones y sapiencias al Diputado Eloy Cantú Segovia, a la Diputada Adriana González Carrillo, al Diputado Fernando Zárate, a la Diputada Beatriz Córdova Bernal, a la Diputada Gabriela Medrano, al Diputado Alejandro Rangel Segovia, al Diputado José Rangel Espinosa y María Talamante. También al Diputado Jaime Bonilla.

Es importante destacar que todos los instrumentos internacionales que han sido aprobados a través del tiempo por esta soberanía, por este Senado de la República, han sido de una gran utilidad nacional.

Muchas gracias, por permitirme externar estos resultados de la Reunión Interparlamentaria México con Canadá.

Y le digo a todos mis compañeras y compañeros, que está precisamente ya contenida en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Y hago entrega oficial y física de este informe.

(Se entrega Informe)

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Recibimos el Informe. Está Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en el Debate General del 69º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 20 al 25 de septiembre de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/3132/14
México, D.F., 10 de diciembre de 2014

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1493/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lie. Enrique Peña Nieto en el Debate General del 69° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 20 al 25 de septiembre de 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Se recibió también de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto que adiciona los artículos 116 y 122 constitucionales.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Asimismo, se recibió de la Colegisladora un proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de desindexación del salario mínimo.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En otro apartado de nuestra agenda, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes, para primera lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X BIS AL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Senadora Proponente formuló una Iniciativa mediante la cual expresa su preocupación por el incremento en la temperatura global, como consecuencia de las actividades del ser humano, que origina una transformación continua a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y por ende, afectaciones en la salud de las personas.

Por ello propone que se reforme la Ley General de Salud, con la finalidad de que se incluya en el Artículo 46, la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, por lo que corresponde a la infraestructura de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, de 2005, elaborado por la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el clima y la temperatura de la superficie de la Tierra dependen del balance entre la energía solar, traducida como radiación ultravioleta, que recibe el planeta y la energía, como la radiación infrarroja que emite.

Ahora bien, de la energía del sol que llega a la atmósfera de la Tierra, una parte se refleja al espacio por nubes y aerosoles, otra parte se absorbe selectivamente por los gases presentes en la atmósfera y el resto alcanza la superficie del planeta, donde una fracción es absorbida y otra reflejada.

La energía absorbida es posteriormente redistribuida por la circulación de la atmósfera y de los océanos y, eventualmente, es regresada al espacio en forma de radiación de longitud de onda larga es decir, radiación infrarroja. La superficie de la Tierra y la parte baja de la atmósfera se calientan a una temperatura tal que la radiación infrarroja que se emite es prácticamente igual a la energía solar que se absorbe. De esta forma, la radiación recibida, la que se emite, la que altere la redistribución de la energía en la atmósfera y entre ésta y la Tierra o los océanos, son supuestos que pueden afectar el clima.

Los gases de efecto invernadero reducen la eficiencia con que la Tierra emite radiación infrarroja, transformada en calor, lo anterior produce un calentamiento en la parte baja de la atmósfera y la superficie del planeta. Este fenómeno que tiene millones de años de existencia, se ha producido a partir de la existencia de gases como el bióxido de carbono, el ozono, el metano y el vapor de agua que, de manera natural, se encuentran en la atmósfera. De esta manera la temperatura promedio de la superficie del planeta es significativamente superior a lo que sería sin la presencia del efecto invernadero.

Sin embargo, el desequilibrio en la cantidad de gases de efecto invernadero además de otros factores y procesos tanto naturales como resultado de las actividades del ser humano, como el uso de aerosoles o las erupciones volcánicas, son procesos que pueden influir en que se genere calentamiento global y por ende, transformaciones en el cambio climático.

Dadas las consecuencias que se generan a partir del cambio climático, a nivel mundial, se han suscitado mediciones entre los países, con la finalidad de calcular la emisión mundial de Dióxido de Carbono, las concentraciones de Óxido nitroso y Metano, que provocan el desequilibrio en los gases de efecto invernadero.

De acuerdo con el Carbon dioxide emissions from use of fossil fuels, para 2005, Estados Unidos, China, Rusia, Japón e India, emitían en conjunto, el 52% de las emisiones de CO2, por consumo y quema de combustibles fósiles.

C. Desde 1992, se integró la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo consiste “en lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.”

Aunado a lo anterior, con la finalidad de continuar coadyuvando a las acciones en favor de detener en la medida de lo posible el cambio climático, en 1998, se publicó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, elaborado en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, que establece en su artículo 2 que tiene el fin de promover el desarrollo sostenible, donde las partes suscritas que son los países del mundo, cumplan los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones.

Conforme la exposición del presente, se demuestra que desde hace ya varios años se han realizado a nivel mundial diversas acciones con el fin de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. En septiembre de este año 2014, recién se celebró la Cumbre Sobre el Clima 2014, Una Acción Catalizadora, donde se enfatizó en que actualmente se dispone de soluciones asequibles y ampliables que permiten el funcionamiento de economías más limpias y amables con el medio ambiente.

D. México, es un país comprometido con el medio ambiente, y es de esa manera, que ha sido uno de los países precursores en promover una legislación en la materia. Al respecto, el 06 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objeto, de acuerdo con el Artículo 2, lo siguiente:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

VI. Establecer las bases de concertación con la sociedad, y

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Aunado a lo anterior, el Artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, en comento, establece en su fracción VI, que se considerarán acciones de adaptación, “la construcción y mantenimiento de infraestructura”; en el mismo sentido, la fracción XVIII, del mismo precepto, establece que también se considerarán acciones de adaptación “la infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud, y producción y abasto de energéticos.

Finalmente, cabe hacer mención de la Norma Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2013, NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, esta Norma Mexicana tiene como objetivo, especificar los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo en su Apartado VI.4 México Próspero, se plantea el objetivo 4.4 que versa en “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”; dicho Plan también hace referencia en la Estrategia 4.4.3, “al fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono” en cuyas líneas de acción, se destaca para efectos del presente dictamen, “La promoción del uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero”.

E. Conforme a lo expuesto, la legisladora manifiesta su preocupación conforme al consumo de energía tanto en edificios nuevos como existentes, donde puede reducirse en un estimado del 30 al 50% sin reflejar una inversión significativa en costos. Por lo cual destaca el ahorro de energías, a partir de diseños inteligentes, mejoras en el aislamiento, aparatos eléctricos de bajo consumo, ventilación, calefacción y aire acondicionado eficiente y la política de conservación y ahorro de los usuarios y ocupantes de los edificios, conforme la publicación de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, titulada “Hacia una Economía Verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación dela pobreza”.

Es por todo lo anterior que estas Comisiones Unidas coinciden con la legisladora proponente, en promover los mecanismos para que los hospitales existentes y futuros, se conviertan en instalaciones verdes y sustentables, con planes de manejo especializados para reducir el gasto de los mismos, conservando e incluso mejorando los niveles de cuidado y calidad de los servicios de salud. Aunado a lo anterior, conforme a los ordenamientos jurídicos señalados, es imperante que la infraestructura de servicios de salud, adopten las medidas necesarias para contribuir, a la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. Por ello estas Comisiones resuelven realizar una modificación en la redacción de la propuesta, donde se modifica “aplicara en todo momento”, por “podrán aplicar”, con la finalidad de que de manera gradual, la Secretaría de Salud mediante la planeación de su presupuesto y acciones en infraestructura, introduzca progresivamente tecnologías autosuficientes y sustentables con el medio ambiente.

Propuesta Sen. Ma. Elena Barrera Tapia

Propuesta Comisión de Salud

Artículo Único.- Se Reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades aplicará en todo momento las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Único.- Se Reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.


TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UNA FRACCION V BIS, AL ARTICULO 73, Y SE REFORMA    EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
ESTUDIOS LEGISLATIVOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, y Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de Noviembre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental en niños y adolescentes.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 13 de Diciembre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis., del artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Senadora Proponente plantea reformas a la Ley General de Salud, con la finalidad de focalizar la atención de la salud mental a las niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.

1. La primera iniciativa pretende reformar el artículo 77 de la Ley General de Salud, a efecto de aumentar la responsabilidad de guardia o custodia de los padres o tutores que ejercen la patria potestad de quienes ostenten la representación de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales.

Asimismo, establece que las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales, deberán tener un énfasis de atención hacia niños y adolescentes con este tipo de padecimientos.

2. La segunda propuesta tiene como objeto, integrar en la atención primaria, la salud mental, ello se logrará al establecer que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes fomentan y apoyar la implementación estratégica y gradual de los servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención primaria a la salud, que permita abatir la brecha de atención.

Así mismo la Iniciativa promueve la colaboración de Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con organizaciones de la sociedad civil, en favor de la salud mental.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud mental en México.

B. La salud mental es un fenómeno complejo que se determina a partir de múltiples factores de carácter social, ambiental, biológico y psicológico, ésta puede derivar enfermedades como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han incrementado en los últimos tiempos.

C. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de acciones y estrategias de salud pública eficaces, para prevenir, tratar y rehabilitar a los pacientes que así lo requieran. 

La salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la situación económica, en donde la incidencia de estas enfermedades, exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además que en ocasiones pueden originar una persona con discapacidad mental, que como consecuencia disminuye o frena el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares. La salud mental debe ser un tema toral para el desarrollo de las personas como individuos y como la suma de una población sana.

D. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. 

De acuerdo con dicha Organización, se calcula que aproximadamente el 20% de las niñas, niños y adolescentes del mundo, tienen trastornos o problemas mentales. Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años de edad, y que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios cuenta con un solo psiquiatra infantil para entre 1 a 4 millones de personas.

Además se considera que la causa de que cerca del 23% de los años perdidos por alguna discapacidad, recaiga en los trastornos mentales, se debe especialmente a los trastornos ligados al consumo de sustancias.

E. En nuestro país la salud mental debe ser tomada en cuenta con mayor énfasis en la prevención, detección y tratamiento. El Gobierno Federal ha realizado a lo largo de los años diversas acciones para contrarrestar el problema. Entre los servicios que ofrece el Seguro Popular, actualmente, se incluyen diversas acciones preventivas como la detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria, diagnóstico y tratamiento de trastornos afectivos (distimia, ciclotimia, estado hipomaniaco, depresión y trastorno afectivo bipolar), diagnóstico y tratamiento de trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, crisis de angustia y pánico y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, trastorno de estrés postraumático y adaptativo), diagnóstico y tratamiento de trastornos psicóticos (esquizofrenia, ideas delirantes, psicóticos y esquizotípico).

F. México es uno de los países donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados independientemente de la gravedad del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Hoy en día las enfermedades mentales plantean que la atención primaria debe de ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. Por ello podemos decir que en nuestro país, debemos continuar desarrollando la legislación en la materia y vigilar que la capacitación para el personal que atiende a pacientes con enfermedades de salud mental, sea continua y de calidad.

La integración de la salud mental en la atención primaria de salud no solo proporciona mejor asistencia, sino que también reduce el dispendio por investigaciones innecesarias y tratamientos inapropiados e inespecíficos.

F. La salud mental infantil, representa un elemento clave para el desarrollo del menor, las niñas, niños y adolescentes necesitan gozar de salud física y mental.

Hay que mencionar que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a un gran problema ya que las primeras alteraciones que se presentan en el infante pueden ser aquellas que corresponden al desarrollo psicomotor, ejemplo de ello, es el control de sus esfínteres a la edad promedio, así como aprender a hablar o a caminar.

Después de lo mencionado, se deben considerar los trastornos de la conducta, entre ello, el déficit de atención (TDAH), que es la incapacidad para prestar atención a una tarea concreta durante un período prolongado, inquietud, impulsividad y desorganización, o bien, los casos de ansiedad y depresión infantiles.

Así mismo los trastornos generalizados del desarrollo, tratan de condiciones como los síndromes autista (autismo de Kanner), de Rett y de Asperger, así como del Trastorno desintegrativo de la infancia. Las niñas y niños que enfrentan alguna de estas enfermedades, podrán tener limitaciones para hablar, además de la ausencia de gestos que demuestren su estado de ánimo, así como la dificultad para comprender los mensajes no verbales de las demás personas.

De igual forma, tendrán problemas para socializar, incluso para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre. En ocasiones el niño intentará establecer amistades, pero no sabrá cómo hacerlo y constantemente será presa de burlas, debido a su ingenuidad.

Como vemos nos encontramos en un problema de salud pública el cual debe contrarrestarse, a partir de promover la mejora en el acceso a las consultas médicas que atiendan la salud mental, enfocadas a las niñas, niños y adolescentes y proporcionar servicios y métodos de apoyo para la salud mental que atiendan las necesidades del desarrollo de los infantes.

G. No obstante los retos que hacen falta por cumplir en materia de salud mental, existen avances entre los cuales debemos señalar: 

• Que se dispone de un programa de acción que incluye lineamientos para las políticas en salud mental así como estrategias, acciones y metas encaminadas a solucionar los problemas prioritarios.  

• Que la población que no se encuentra cubierta por la seguridad social, tiene la posibilidad de ser atendida dentro del Seguro Popular donde el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), suscrito dentro del Seguro, incluye la cobertura de los principales trastornos mentales.  

• Que se encuentran disponibles por lo menos un medicamento de cada clase terapéutica en la mayoría de los establecimientos de salud mental, en un mayor porcentaje en hospitales psiquiátricos y en un menor en servicios de consulta externa.  

• Que existe un órgano independiente del sector salud que vigila los derechos humanos de los pacientes. 

• Que se realiza un trabajo continuo y sistemático de investigación que aborda diversos aspectos de salud mental como los estudios epidemiológicos, las evaluaciones clínicas, las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas, así como los estudios genéticos.

Sin embargo existen también debilidades, ejemplo de ello son:

• Que la atención de las enfermedades mentales, no está del todo integrada en los programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario.

• México carece de un programa nacional de salud mental específico para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos; tampoco existe acciones focalizadas a los problemas mentales de los adultos mayores.  

• A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos (económicos, normas, etc.). 

• El presupuesto asignado a salud mental está por debajo de la media de los países de ingresos medios-altos que está alrededor del 3.5%; además la distribución resulta inadecuada, pues el 80% se asigna al mantenimiento de los hospitales.  

• Los recursos humanos especializados en salud mental (psiquiatras, psicólogos, enfermeros), que trabajan en el sector público, es reducido.  

• Los servicios que existen están concentrados en las grandes urbes, lo cual dificulta el acceso a las poblaciones rurales e indígenas que suelen vivir en regiones distantes a estas ciudades.  

• Existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en actividades relacionadas con la salud mental. 

Por lo anterior se deben visualizar ciertos puntos como:

• Mejorar la capacitación. 

• Fortalecer los programas de promoción y prevención en salud mental. 

• Establecer los servicios de atención primaria como eje articulador de la atención en salud mental. 

• Disminuir el porcentaje de admisiones involuntarias. 

• Ampliar la atención de la salud mental en hospitales generales y reducir las camas en hospitales psiquiátricos. 

• Mejorar los programas de rehabilitación y reinserción de los pacientes. 

• Consolidar la protección social en salud mental.  

• Incrementar el financiamiento de operación e inversión en salud mental. 

H. En la misma materia, pero en el caso de las personas adultas mayores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo y señala que se prevé que en el año 2100 la cantidad de personas de 60 años de edad o mayores, se triplique. En dicho grupo de edad, la discapacidad ocasionada por algún trastorno mental, equivale al 6.6% a nivel mundial, aunado a ello, alrededor del 15% de los adultos mayores en el mundo, enfrentan algún trastorno mental.

Principalmente el 3.8% de la población adulta mayor, se ve afectada por trastornos de ansiedad y por problemas por abuso de sustancias psicotrópicas equivalen al 1%, otro de los padecimientos que afecta a por lo menos una cuarta parte del grupo de personas de 60 años o más, corresponde a los daños autoinfligidos.

La OMS, señala también, que en el mundo se calcula que hay aproximadamente 35.6 millones de personas aquejadas por demencia, lamentablemente la tendencia reportará que dicha cifra se duplique cada 20 años, con el aumento de adultos mayores, de modo que se prevén 65.7 millones de afectados en 2030 y 115.4 millones de afectados en 2050 por dicha enfermedad mental.

I. En razón a lo anterior es que estas comisiones dictaminadoras coinciden con la proponente en expresar en ley la importancia que tiene la salud mental tanto en infantes como en adultos mayores y focalizarla, sin embargo, se vierten lo siguientes puntos:

1 Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, consideran que la iniciativa donde se pretende modificar el artículo 77 de la Ley General de Salud, va acorde con lo establecido en el artículo 3º, fracciones II y VI del ordenamiento antes señalado que a la letra establece:

Ley General de Salud (vigente)

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
I. …
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;
II bis. a V. …
VI. La salud mental;
VII a XXVIII….

Con ello podemos ver que se refiere a la atención médica de los grupos vulnerables como es el caso de las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores.

No obstante lo anterior, la última reforma publicada en la materia, en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2013, se reformó el Artículo 77 párrafo primero de la siguiente manera:

Ley General de Salud vigente en 2012

Reforma a la Ley General de Salud, enero de 2013

Artículo 77.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento.

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

El comparativo anterior, nos muestra cómo se logró eliminar la barrera en la Ley General de Salud, que limitaba la atención inmediata y oportuna de todas las personas con trastornos mentales y del comportamiento, a sólo los menores. Al modificar el término “menores” por el de “personas”, se reduce la brecha para la atención de todos aquellos que padecen alguna enfermedad mental.

No obstante el noble espíritu que se propone en la Iniciativa en análisis, que modifica el Artículo en comento, se retrocedería al especificar “niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”, ya que el término “personas”, engloba de manera general y sin problemas de género ni de edad, a todas aquellas personas que enfrenten alguna enfermedad mental. Por lo anterior, se considera viable, únicamente la reforma al párrafo segundo del Artículo 77, con las siguientes modificaciones:

Ley General Vigente 2014

Propuesta de Reforma Legisladora

Propuesta Comisión

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.
A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.
En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.
A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niños y adolescentes.
(…)

Artículo 77. (…)
A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
(…)

2.- Por otra parte la reforma que plantea hacer modificaciones al artículo 73, fracción V y adiciona una fracción V Bis, de la Ley General de Salud, en la cual se pretenden establecer disposiciones sobre el fomento y apoyo en los servicios de salud mental por parte de las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, se coincide con el espíritu de la Senadora proponente, como se vertió en este apartado de consideraciones, donde se considera viable, sin embargo, se observa que en términos del artículo 5 de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se integra por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto del orden Federal como local, y por las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud.

Por ende, toda vez que dentro del Sistema Nacional de Salud ya se contemplan los establecimientos a que hace referencia la propuesta en análisis, estas Comisiones Unidas dictaminadoras, sugieren cambios que salvaguardan el espíritu de la propuesta y por ende, la intención de la Proponente.

1. Dichos cambios sugieren que la fracción V del artículo 73 sufra un cambio donde en la redacción se establezca “contemplar que la implementación de los servicios de salud mental sea en todos sus niveles de atención”, de esta forma se genera una mejor interpretación y al igual que en la modificación anterior, se establece una generalidad. 

2. Así mismo en lo que respecta a la fracción V Bis, que se pretende adicionar al artículo 73 de la multicitada Ley, a efecto de contar con un texto de carácter general, como lo es la Ley General de Salud, se sugiere realizar una permuta a la iniciativa de la siguiente manera: “La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos”.

3. En relación con la propuesta referente a la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en la materia, se considera que esta se encuentra contemplada ya en las fracciones VII y VIII del artículo 73 de la Ley en comento, por lo que acotarla únicamente a las acciones señaladas en la fracción V Bis, limitaría su participación respecto de las establecidas en las demás fracciones que a la letra señalan:

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:
I. VI. 
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y
VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

4. Hay que mencionar que en el artículo único del decreto de la Iniciativa que se analiza y dictamina, se establece la adición de una fracción VI Bis, al artículo 73, de la Ley General de Salud, no obstante, en la propuesta del articulado en el cuerpo del decreto final se establece una fracción V Bis, respecto de la cual estas comisiones consideran la viabilidad con los cambios sugeridos y por tener relación directa con la fracción V y no la VI Bis, como lo plantea el intríngulis del decreto ya que la fracción VI menciona lo referente a “La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental”, tema que no tiene relación directa con la pretensión de la Iniciativa.

Por lo anterior es que se vierten los cambios de la siguiente manera:

Ley General de Salud (vigente)

Propuesta de Iniciativa

Propuesta de modificación de las comisiones dictaminadoras.

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:
I. a IV. (…)

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

 

VI. VIII. (…)

Artículo 73.- (…)
I a IV. (…)
V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención primarias a la salud que permita abatir la brecha de atención;

V BIS. La promoción en colaboración con Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

VI. VIII. (…)

Artículo 73.- (…)
I a IV. (…)
V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

 

V BIS. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

VI. VIII. (…)

Es importante destacar, que los establecimientos como se denominan en la propuesta de las Comisiones dictaminadores, de la fracción V Bis, del Artículo 73, tienen relación directa con la denominación y definiciones ya establecidas en la Norma Oficial Mexicana, NOM-025-SSA2-2012, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención hospitalaria médico-psiquiátrica, con la finalidad de integrar conceptos que la Secretaría de Salud ya tiene específicamente definidos para su mejor y más pronta operación.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.- (…)

I. a IV. (…)

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V BIS. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

VI. VIII. (…)

Artículo 77.- (…)

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

(…)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la reforma al Artículo 73, se harán con los recursos financieros y materiales con los que cuente la dependencia, por lo que no requerirá transferencias presupuestarias para su cumplimiento.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; ESTUDIOS LEGISLATIVOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA






Uno, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el capítulo correspondiente al "Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan el dictamen.

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2013, los Diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Por otra parte, en sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2013, la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 38 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 4 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta en comento, y en esa misma fecha el expediente fue remitido al Senado de la República.

4.- Ahora bien, en sesión ordinaria del Senado de la República, de fecha 6 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

6.- Con fecha 5 y 6 de marzo de 2014, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Estudios Legislativos y de Comercio y Fomento Industrial, del Senado de la República, realizaron el foro denominado “Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario”, en donde se escucharon los puntos de vista de todos los actores involucrados en el sector, tales como autoridades, concesionarios, organismos internacionales, especialistas, académicos y cámaras empresariales.

Las intervenciones de todos los participantes del foro, sin duda contribuyeron a que estas Comisiones Unidas tuvieran una visión más clara de la situación actual y de las necesidades del sector ferroviario de nuestro país. Entre lo destacado de las intervenciones, en términos generales se encuentra lo siguiente:

A) Las autoridades señalaron que el sistema ferroviario debe verse como una unidad, como un todo que compita con otros modos de transporte, y también y de manera creciente, intermodal, es decir, hacia el interior del sistema ferroviario, por lo cual, se vuelve fundamental asegurar la competencia, a través del fortalecimiento de las herramientas que abonen a su efectiva aplicación, como la interconexión y la adecuada regulación de sus respectivas tarifas, los derechos de paso y de arrastre entre los diferentes concesionarios en condiciones de certeza y de equidad, entre otras.

B) Por su parte, los concesionarios manifestaron que la figura de permisionarios prevista en la presente minuta, no generará más competencia, sino que por el contrario, crearía ineficiencias, generaría congestión en vías y patios, lo que se traduciría en retrasos y riesgos de accidentes que afectarían la industria nacional, adicionando mayores costos por la subutilización de los activos. En este mismo sentido, señalaron que al haber varias empresas, se generarían conflcitos en la prioridad de trenes y en la velocidad en el servicio, lo que pondría en riesgo la operación al multiplicar el número de vehículos y prioridades en el proceso.

Asimismo, manifestaron que la figura de los permisionarios ocasionaría el incremento del costo de operación, toda vez que se contaría con más trenes, pero más cortos y menos productivos, lo que incidiría en el aumento de las tarifas.

Por lo que se refiere al título de concesión, expusieron que todos los aspectos sustanciales que se establecen en dicho título, únicamente podrían ser modificados en los términos de las concesiones y mediante el acuerdo del Estado y de los propios concesionarios. Consideraron que el título de concesión confiere derechos de exclusividad al concesionario para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga, a través de la vía férrea y cuando el concesionario deje de contar con los derechos de exclusividad, la autoridad podría en este caso, otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios de hacer uso de estas vías.

Como conclusión, manifestaron que al introducirse la figura de los permisionarios, se limitaría la capacidad del Estado de ejercer su rectoría en el sector ferroviario, eliminando los derechos otorgados a los concesionarios en sus respectivos títulos y se afectarían los derechos de los inversionistas sin la indemnización que corresponda en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables, y en su opinión, de implementarse esta reforma no se lograrían los objetivos planteados en la misma y por el contario, se afectará la operación ferroviaria y se incrementarán los costos operativos.

C) El representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó diversos datos estadísticos y gráficos, así como cuadros comparativos de esta industria en diferentes países.

Señaló que la participación ferroviaria en México, a partir del año 1995 ha crecido del 19% al 25%, en contra de lo que sucede con el transporte terrestre, en otros países de Europa, en donde la participación ferroviaria ha perdido terreno en contra del transporte terrestre. Asimismo, precisó que los ferrocarriles mexicanos, en comparación con los sudamericanos y centroamericanos, son las más productivas y eficientes. Por lo que se refiere a las tarifas, las aplicadas por los concesionarios de nuestro país, son las más bajas en América Latina: uno de ellos aplica la más baja y el otro se encuentra en el rango de las tarifas más bajas de la región.

Posteriormente señaló los objetivos y principios que se aplican en los sistemas ferroviarios de éxito en el mundo: todo gobierno debe contar con un sistema ferroviario eficiente que responda al mercado con precios financieramente sustentables, para generar ingresos para la reinversión; se debe buscar atraer tráfico del sector carretero con la finalidad de reducir los impactos ambientales, daños a las carreteras y para mejorar la seguridad y evitar congestión en dicho sector.

Por otra parte, enunció algunas recomendaciones para el sector ferroviario en nuestro país, entre las que se encuentran: mejorar la capacidad regulatoria con datos y análisis, mejorando el uso de los derechos de paso, y en donde el análisis lo indique, extender los derechos de acceso en mercados específicos; realizar contribuciones financieras públicas a inversiones que impulsen políticas públicas para el mejoramiento de la infraestructura de este sector, como por ejemplo, ampliación de gálibo, libramientos urbanos, inversiones para seguridad, entre otros.

D) Los usuarios de carga del servicio ferroviario coinciden en que es necesario un servicio ferroviario competitivo y de clase mundial. Destacó que, aún cuando es evidente que a partir de la privatización ha habido mejoras en el servicio, tal como se puede apreciar en los tiempos de tránsito, la puntualidad, la correcta operación de los trenes y el volumen de toneladas operadas, todavía hay espacio para algunas mejoras. Entre ellas destacaron: una regulación adecuada y más clara, criterios transparentes en el establecimiento de tarifas, ya que muchos de ellos sufren aumentos superiores a inflación (generalmente en sobrecargos por combustibles y ajustes tarifarios), y la necesidad de políticas más eficaces en la red para la protección por robos y daños a la carga.

E) En opinión del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), un sistema ferroviario que atienda el interés público debe: procurar los requerimientos de transporte del sector productivo nacional; favorecer el desarrollo de su productividad y competitividad, sin recursos públicos y privados ociosos; reducir tarifas; incrementar los jugadores que participen en el sector, y  desaparecer monopolios.

Las ventajas de la propuesta radican en que: reducirá el acceso discriminatorio a la red, siempre y cuando haya un regulador eficiente; reducirá la probabilidad de tarifas anticompetitivas; se incrementará el tráfico interlineal y competencia (de origen geográfico) y se reducirán precios en el corto plazo

F) El Colegio de Ingenieros Civiles de México, estima que se debe impulsar el movimiento de carga, basados en la confiabilidad ganada por el servicio, en particular para el transporte de productos automotrices, minerales y combustibles.

Reconoce que el actual régimen de concesiones ferroviarias en México ha resultado positivo, con los servicios ofrecidos por cuatro operadores básicos, en una red de 17,800 kilómetros.

Expone como estrategias del transporte ferroviario: Fomentar la competencia multimodal entre ferrocarril y autotransporte, asegurar la interconexión de los ferrocarriles, aumentar su velocidad de crucero, establecer rangos de tarifas y desarrollar un programa intenso de señalización con cruceros.

G) Los académicos del Instituto Politécnico Nacional, reconocen que en el transcurso de 16 años los concesionarios ferroviarios han mostrado francos avances en materia operativa, han modernizado el parque motriz con locomotoras de mayor potencia y buen estado de mantenimiento; han incorporado a su flota de arrastre equipos de menor antigüedad y con características adecuadas para los diversos tráficos que atienden.

La competencia intramodal esperada ha devenido en la operación de monopolios regionales, debido a la carencia de facto de la interconexión entre las líneas ya que los derechos de paso que deberían permitir los concesionarios se impiden por la vía de altos precios que hacen inviable su operación.

Por estos motivos, es indispensable otorgar al Estado la facultad de establecer el monto de la contraprestación por el derecho de paso y fijarle la responsabilidad de garantizar la interconexión de la red ferroviaria.

Así mismo, la determinación de registrar todas las tarifas que establezcan las empresas ferroviarias es un acierto

En conclusión considera que la propuesta de reforma  es plausible pues atiende la problemática sustantiva que padece actualmente el sistema ferroviario.

H) Para la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, A.C. (AMIT), entre las acciones que se consideran para fomentar el uso del ferrocarril de carga y pasajeros destacan:

- Perfeccionar los atributos medioambientales del ferrocarril.

- Mejorar su rendimiento energético (innovación tecnológica).

- Mejorar la competitividad del ferrocarril, asegurando la calidad del servicio.

- Incrementar su productividad.

- Ampliar y mejorar la oferta.

- Extender la intermodalidad.

- Mejorar la inter-operatividad.

- Resolver las deficiencias institucionales en el funcionamiento de los mercados, las regulaciones y las concesiones ferroviarias.

I) La Confederación de Asociaciones de agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), manifestaron su apoyo a la iniciativa y ven con beneplácito las modificaciones propuestas, además de que consideran necesario contar con mayor seguridad en la custodia de mercancías dentro de los patios de ferrocarriles.

J) Por su parte los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consideran que las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a que se refiere la Minuta enviada al Senado por la Cámara de Diputados, cuyo análisis da lugar a este foro, representan un avance importante en el proceso de mejora regulatoria de este importante servicio público inscrito en esta área prioritaria para el desarrollo nacional, porque reivindica la intervención del Estado en la regulación del servicio público,

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. La minuta con proyecto de decreto a estudio se basa en una iniciativa de los Diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y otra de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dentro de la exposición de motivos de la primera propuesta, los diputados que impulsan la iniciativa consideran que es de suma importancia incrementar la inversión y mantenimiento de un sistema de transporte ágil, moderno y eficiente como es el ferrocarril, para el desarrollo de las economías regionales, el transporte entre núcleos poblaciones y centros de producción, complemento a las cadenas logísticas, el fortalecimiento de las redes de transporte binacionales y en consecuencia impulsar la competitividad y el crecimiento de la Nación.

En la iniciativa se hace mención a que el Estado conserva en todo momento el dominio de la red ferroviaria, la cual se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Al término del plazo de la concesión, esta debe ser devuelta en condiciones adecuadas para su operación.

Señalan que el rezago del Sector Ferroviario en México ha visto disminuida su competitividad, sobre todo en los últimos 10 años, pues la participación del transporte ferroviario en la movilización de transporte terrestre de carga fue del 20% en el 2000 y de 26% en el 2006, desde entonces a la fecha se ha mantenido constante. Asimismo, la participación de ferrocarril en el transporte de carga terrestre alcanzó el 40% en 1977 y desde entonces ha declinado por el crecimiento de la infraestructura carretera.

Exponen que el problema más notable ha sido que la tarifa de carga que aplican los tres principales concesionarios se ha incrementado entre cuatro y hasta ocho veces, en los últimos 12 años, muy superior a la inflación acumulada que ha sido del 61.6%.

Igualmente, los diputados destacan que el sector ferroviario de México, tiene grandes fallas regulatorias, pues persiste el obstáculo en las tarifas de interconexión entre concesionarios de las troncales de redes de ferrocarril. Las tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios son limitadas y prevalece la ausencia de un acuerdo que impide la interconexión entre sus redes, por lo que la interconectividad entre ambas redes ha disminuido la eficiencia de la red férrea nacional en prejuicio de los usuarios y por ende de la economía como un todo.

Los diputados promoventes argumentan que desde que se otorgaron las concesiones del sistema ferroviario nacional en 1997, no se han licitado rutas ferroviarias que adicionen y complementen a la red actual. Por ello, es indispensable que las autoridades pongan un orden en cuanto a los intercambios de tránsito (derechos de paso y de arrastre) entre líneas ferroviarias, para hacer transparente el proceso y no desplazar a los usuarios potenciales del servicio a otros modos de transporte con menor eficiencia y mayores riesgos, y que establezcan bases tarifarías en los casos donde no exista competencia.

Consideran que para la regulación y fijación de las tarifas de interconexión, se tienen que buscar las condiciones de libre mercado y dejar la intervención de la autoridad sólo en los casos en los que los concesionarios y permisionarios no lleguen a un acuerdo.

Los diputados buscan que a través de esta reforma exista la posibilidad de que la SCT pueda otorgar las concesiones y/o permisos a las empresas que solamente construyan infraestructura y la cual puedan permitir que se utilice por otros concesionarios mediante el pago de una contraprestación.

Asimismo, en su exposición señalan que la reforma permitirá la inversión privada para la construcción de nuevas líneas y licitar nuevas rutas que complementen y eleven la competencia intramodal del ferrocarril, así como en la participación en espuelas y líneas cortas que incrementen la densidad de la red y la calidad del servicio integrando condiciones de operación de mayor eficiencia.

Además la propuesta establece la revocación de las concesiones, en el caso de que éstas impidan o limiten el uso de los servicios de interconexión; en el caso de que incumplan los términos del título de concesión, y en caso de no mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas.

Además posibilita a la SCT para establecer las bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de la parte afectada, previa opinión de la ahora Comisión Federal de Competencia Económica cuando considere que las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables.

Por su parte, la iniciativa de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional advierte la necesidad de establecer que los concesionarios en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizarán la instalación, conservación y mantenimiento de señalamientos como semáforos, barreras y campanas electrónicas en los cruces con otras vías de comunicación. Asentar que los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán respetar los límites máximos y establecidos para la emisión de ruido y los horarios para el uso de silbato establecido en el reglamento respectivo.

2.- La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, dentro del dictamen respectivo a las iniciativas, realizó las siguientes consideraciones:

a) Expresa su interés en reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para hacer del ferrocarril el medio de transporte que coadyuve al desarrollo regional del país para que a través de su modernización sea competitivo, eficiente y de bajo costo para los usuarios del servicio.

b) Está de acuerdo en la motivación de la iniciativa en el sentido de que el Estado conserva en todo momento el dominio de la infraestructura, la cual se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Lo anterior, ratifica que el Estado es soberano en materia de concesionar los servicios públicos como es el servicio ferroviario. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo ordenamiento del país y cualquier Ley Secundaria o Título de Concesión no puede contravenir a lo establecida en ella, ni al espíritu con el que fue hecha la misma.

c) Considera procedente que es necesario reformar de manera integral la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y concuerda en regular en el artículo 1 de esta ley la garantía de interconexión en las vías férreas, así como procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte. En este sentido, la reforma a la fracción V del artículo 6, establece que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; regula las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, y fija las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

d) Señala que se deben aprovechar las ventajas del transporte ferroviario, como es el caso de sus costos de uso. Lo anterior, ya que la participación del ferrocarril está rezagada con respecto a las economías con las cuales se compite en el comercio internacional.

e) Coincide con los promotores de la iniciativa en modificar las fracciones II y V, del artículo 15, para establecer que no se requiere permiso o concesión, para la construcción e instalación de espuelas y líneas cortas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia entre dos puntos o su interconexión con la vía férrea de un concesionario. Por su parte, en la fracción V del mismo artículo, la propuesta establece que se requerirá permiso para la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando estas se ofrezcan para su explotación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

f) Reconoce que la sustitución intermodal no ha sido suficiente para que la participación del transporte de carga por vías férreas crezca a niveles internacionales.

g) Expone que existe carga que debiera ser intensiva en el uso del ferrocarril y que ahora es intensiva en el autotransporte de carga, lo anterior es resultado del costo relativo del uso del ferrocarril y de la exclusividad otorgada y administrada desde la concesión, que no ha incentivado la inversión en una mayor extensión de la red nacional del servicio de transporte ferroviario.

Lo anterior, exige incrementar las oportunidades de apertura o concurrencia de nuevos participantes en infraestructura ferroviaria, así como garantizar que las extensiones a las redes troncales tengan un acceso irrestricto o interconexión a las vías de los actuales concesionarios. La ausencia de inversión en el sector para expandir la red férrea es evidente, por lo que la reforma no pretende desincentivar la inversión, al contrario se abren oportunidades de mayor inversión y abatir el estancamiento de la red ferroviaria.

h) Concuerda con las reformas propuestas al artículo 21 de la Ley en donde se establecen las causales de revocación de las concesiones y permisos.

i) Considera que con estas reformas a la Ley, se eliminaría el ejercicio anticompetitivo de la exclusividad territorial para sustituirlas por la apertura del mercado de transporte ferroviario haciendo del total de la extensión actual de la red férrea concesionada arena de competencia intramodal (entre concesionarios); elevaría la eficiencia del uso de las redes, y complementaría las redes actuales con la penetración por medio de la inversión de los propios usuarios.

j) Conviene en la necesidad de reformar el artículo 21 de esta Ley, pues de esta manera se revoca la concesión o permiso a quienes ejerzan prácticas anticompetitivas argumentando la exclusividad territorial a quienes impidan o limiten el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre, independientemente de lo que establezcan sus respectivos títulos de concesión.

K) Prevé que estas reformas crearán un mercado abierto donde concurran distintos prestadores del servicio que conformen un sistema integral basado en troncales, ramales, espuelas o niveles de flujo enlazados en una misma red con varios puntos de interconexión creando múltiples rutas origen destino, hasta ahora limitadas, y que puedan multiplicarse elevando la productividad, competitividad y beneficio social de la red ferroviaria nacional.

l) Estima procedente la reforma al artículo 35 de la Ley, en el que se establece que los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

En este mismo sentido, está de acuerdo en la reforma al artículo 36 de la Ley en el que se establece que los concesionarios deberán acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso.

Es por ello que las reformas a estos artículos contemplan la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar tanto las condiciones de competencia como las recomendaciones a la SCT para determinar los términos y condiciones a ser aplicables en la interconexión entre concesionarios.

m) Analizó la propuesta de la Diputada Esther Quintana Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, particularmente en lo referente a garantizar el bienestar de las personas que por diversas causas se encuentran expuestas al ruido de los silbatos al paso de los trenes. Sin embargo, consideró que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario vigente ya prevé que para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites en un centro de población, se debe cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental. Además de que prevé  sanción para el caso de incumplimiento a las disposiciones aplicables, entendiendo que se encuentran contempladas las normas oficiales mexicanas que apliquen al servicio ferroviario, particularmente a la que hace referencia la proponente NOM-081-ECOL-1994.

n) Determinó que la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Servicio ferroviario para establecer que la SCT, en coordinación con los concesionarios, realizarán la instalación, conservación y mantenimiento de señalamientos como semáforos, barreras y campanas electrónicas en los cruces con otras vías de comunicación, resulta inadecuada, ya que la construcción, mantenimiento y conservación de dicho cruce está a cargo de un Permisionario y no del Concesionario de la vía, tal como lo estipula el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y del Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado el 25 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, consideró necesario atender la demanda de la diputada promovente y busca adecuar su propuesta a una redacción viable, por lo que se adicionó al artículo 53 para establecer la obligatoriedad de los concesionarios a instalar e instrumentar la debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como restricciones al nivel de emisiones de ruido y otros contaminantes, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad y se controle el nivel de emisiones conforme a la normatividad federal y local.

ñ) Coincide con las propuestas de reforma en el tema de las tarifas que aplican los concesionarios y permisionarios, que se establecen en los artículos 46, 47 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. De esta manera, los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia; todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deberán registrarse previamente ante la SCT; deberán colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios así como por medios electrónicos y por medio de Internet; la SCT deberá establecer bases de regulación tarifaria, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando considere que las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables y cuando considere que no existe competencia efectiva, o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas; las bases tarifarias que se establezcan, se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron;

Por lo anterior, se propuso el proyecto de decreto que se reproduce a continuación:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo; 6, fracción V; 15, fracciones II y IV; 21, fracciones II, V, y actual IX, así como el segundo y tercer párrafos; 35, segundo párrafo; 36; 46, segundo párrafo; 47; 53; 59, fracción IV y, se adicionan los artículos 15, con un segundo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 21, con las fracciones 9 y 10, recorriéndose la actual 9, pasando a ser 11; y 35, con un tercer párrafo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

Artículo 6. …

I a IV. …

V. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo; y, establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva, en términos del artículo 47 de la Ley;

VI. a IX. …

Artículo 15.

I.

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas y líneas cortas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia entre dos puntos o su interconexión con la vía férrea de un concesionario, mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso.

III.

IV. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando estas se ofrezcan para su explotación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación. La contraprestación se sujetará al procedimiento previsto en los artículos 35 y 36.

Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I.

II. Interrumpir la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

III y IV. …

V. Aplicar tarifas que no se encuentren registradas ante la Secretaría;

VI. y VII. …

VIII. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las  concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

IX. Ejecutar u omitir acciones que impidan o limiten, o tiendan a impedir o limitar el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre establecidos en los artículos 35 y 36 de la presente Ley, independientemente de lo que establezcan sus respectivos títulos de concesión; así como obstaculizar o negar los servicios de interconexión o espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación.

X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, II, VI, VII, IX, X y XI.

En los casos de las fracciones III, IV, V, VIII y XII, la Secretaría podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en dos ocasiones por la causa prevista de la misma fracción.

Artículo 35.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la secretaría escuchará a las partes, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

La Secretaría podrá pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar las condiciones y contraprestaciones a ser aplicables. Los concesionarios deberán remitir a la secretaría y a la Comisión Federal de Competencia Económica copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

Artículo 36. Los concesionarios deberán acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso, por virtud de los cuales puedan compartir una vía férrea determinada. El concesionario de la vía férrea será el responsable del despacho de los equipos ferroviarios y de la conservación y mantenimiento de la vía.

La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente derechos de arrastre y derechos de paso. Cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la secretaría escuchará a las partes y a los usuarios con interés en realizar actividades de transporte entre las vías férreas de los concesionarios involucrados, a fin de fijar las condiciones y contraprestaciones, en un plazo máximo de 30 días, conforme a las cuales se otorgarán dichos derechos.

La Secretaría podrá pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar las condiciones y contraprestaciones a ser aplicables. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría y a la Comisión Federal de Competencia Económica copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

Artículo 46.

Todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deberán registrarse previamente ante la Secretaría para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios así como por medios electrónicos y por medio de Internet.

Artículo 47.La Secretaría deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando considere que:

I. Las tarifas registradas no se apliquen en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables.

II. No existe competencia efectiva, o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas.

Los concesionarios, los usuarios o la Secretaría podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita juicio sobre la subsistencia de tales condiciones.

Las bases tarifarias que se establezcan conforme a este artículo, se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Artículo 53. Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría:

I. a debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como restricciones al nivel de emisiones de ruido y otros contaminantes, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad y se controle el nivel de emisiones conforme a la normatividad federal y local;

II. Los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

Artículo 59.

I. a III…

IV.Aplicar tarifas distintas a las registradas ante la Secretaría o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

V. a X. …

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las tarifas actuales estarán vigentes en tanto la Secretaria no reciba por parte de los concesionarios y permisionarios todas las tarifas que deban ser registradas, en un plazo que no podrá excederse de seis meses. En caso de un incremento en las tarifas vigentes, el concesionario y permisionario deberá justificar técnicamente dicho aumento.

Tercero. El reglamento deberá especificar los cargos, tarifas, contraprestaciones y cobros adicionales que los concesionarios y permisionarios puedan tomar en consideración para integrarse al costo total de los servicios contratados en los términos de la presente Ley, con excepción de aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Secretaría.

Cuarto. La Secretaría tendrá un plazo de 120 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario.

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de decreto a estudio, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. Estas dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con el objetivo de impulsar su modernización y lograr que éste sea competitivo, eficiente y de costo accesible para los usuarios del servicio, además de aprovechar las ventajas que tiene este medio de transporte y con ello contribuir al desarrollo del país, posibilitando el crecimiento económico y social.

B. Estas Comisiones ratifican que el Estado conserva en todo momento el dominio de la infraestructura ferroviaria, siendo el Estado plenamente soberano para concesionar los servicios públicos como lo es el servicio ferroviario.

C. Por lo que respecta a la propuesta de modificación al artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, estas dictaminadoras están plenamente convencidas en establecer como objetivos prioritarios, la garantía de interconexión en las vías férreas, así como procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte. Asimismo, coinciden que el texto normativo precise que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y que corresponde al Estado ser rector de su desarrollo, además de proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promover el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia y complementariedad entre los diferentes modos de transporte.

En este contexto, estas Comisiones dictaminadoras sugieren hacer un agregado al segundo párrafo del artículo 1 la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario contenido en la Minuta, con el objeto de puntualizar que el Estado, al ejercer sus funciones de rectoría, garantizará también la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

Con este agregado, estás dictaminadoras convienen en fortalecer dicho precepto al precisar que no sólo se garantiza la libre competencia, sino que se fortalece uno de los objetivos más importantes para el desarrollo del servicio, a saber: la eficiencia operativa en la prestación del servicio.

Artículo 1. …

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

D. Estás dictaminadoras, con la finalidad de contar con una terminología más clara, consideraron imperativo incorporar a nivel de ley, las definiciones de interconexión, derecho de paso y derecho de arrastre, así como la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte cuyo contenido se expone más adelante.

Es de destacar, que las definiciones de estos servicios de interconexión, derecho de arrastre y de paso, hasta ahora sólo se hacen presentes a nivel de reglamento, por lo que para estas Comisiones es necesario elevarlos a nivel de ley, con el propósito de asegurar que dichas definiciones técnicas de los diferentes tipos de intercambio de tráfico sean precisas y no sean desvirtuadas al ser contempladas en otro tipo de ordenamientos como lo son reglamentos o normas oficiales mexicanas. La intención es que dicha terminología se ajuste al verdadero sentido de lo que debe entenderse por este intercambio de tráfico.

Conforme a lo anterior, se adiciona el artículo2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con las fracciones I, II, III, VI, VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Agencia: la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

II. Derecho de arrastre: es el que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

III. Derecho de paso: es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

IV. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

V. Equipo ferroviario: los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas;

VI. Fondo: el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales  Ferroviarios;

VII. Interconexión: es el servicio que comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal;

VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

IX. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares;

X. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros;

XI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas;

XII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes, y

XIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación.

E. Uno de los temas más sensibles que actualmente repercute en la prestación del servicio ferroviario es el de la inseguridad, los robos constantes de carga y combustible, así como las afectaciones y maltrato a las vías férreas en diferentes zonas del país. En este contexto, estas dictaminadoras consideran importante incorporar una adición al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a efecto de precisar que las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten el servicio público de transporte ferroviario son de carácter federal, ya que todo lo relacionado a las vías generales de comunicación ferroviaria es de jurisdicción federal. Con ello se evita la confusión respecto a las competencias entre el fuero común y el fuero federal.

Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias en cualquier materia que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

F. En relación con la modificación a la fracción V del artículo 6 de la ley contenido en la Minuta, donde se establece que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, además de fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva, estas dictaminadoras acuerdan en que dicha atribución pase a formar parte de las atribuciones que tendrá la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, por lo que quedaría incluido en el artículo 6 Bis que se propone por parte de estas Comisiones.

Igualmente, dicho artículo se modifica a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sólo conserve las atribuciones contenidas en las fracciones I y II del artículo 6 vigente, y todas las demás atribuciones pasan a formar parte del nuevo artículo 6 Bis relativo a la Agencia que se pretende crear.

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.

G. En concordancia a las adiciones al artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, relativas a la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, estas dictaminadoras proponen la adición de un artículo 6 Bis y adiciones al texto del artículo 24y 59 de la propia ley, con el objeto de precisar y hacer las correlaciones correspondientes a sus atribuciones y funciones.

Estas adiciones son en concordancia a las prácticas internacionales sobre agencias o entidades reguladoras del transporte, por lo que para estas Comisiones es necesaria la creación de un órgano especializado en materia ferroviaria llamado Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, quien absorberá a la Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal, y que permanecerá dentro de  la estructura orgánica actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La Agencia absorberá todas las facultades que actualmente competen a la Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal, y contará con las demás facultades que le den la capacidad de ser un órgano regulador altamente especializado, acorde con estándares internacionales.

Dentro de las atribuciones de la Agencia le corresponderá determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas; verificar que se cumplan con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario; garantizar la interconexión en las vías férreas cuando son vías generales; establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia; emitir recomendaciones; dirimir controversias e imponer sanciones, realizar estudios e investigaciones; entre otras. Todas ellas encaminadas a regular con mayor eficiencia los servicios y la operación del sistema ferroviario.

Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer la capacidad de la autoridad para recabar información de todo tipo, que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios.

Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la expedición y aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables;

II. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;

III. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en los casos de derechos de arrastre y de paso;

IV. Establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva;

V. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

VI. Interpretar esta Ley para efectos administrativos;

VII. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario;

VIII. Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria;

IX. Cooperar con las autoridades migratorias, de Seguridad Pública y con los concesionarios, para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver cuestiones de migración e inseguridad que afecten el servicio público de transporte ferroviario, garantizando que en todo momento se respeten los derechos humanos;

X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46;

XI. Registrar los servicios diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas así como emitir recomendaciones en los términos del artículo 46 de esta Ley;

XII. Elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores de los servicios ferroviarios;

XIII. Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar su retorno al Estado para ser concesionadas en términos a lo establecido por esta Ley;

XIV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la propia Agencia, así como dictar medidas precautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la Nación;

XV. Participar y organizar foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario;

XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios;

XVII. Dirimir cualquier controversia entre los usuarios y concesionarios como prestadores del servicio ferroviario;

XVIII. Solicitará los concesionarios todo tipo de información que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios, y

XIX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

Al ejercer sus facultades, la Agencia garantizará en todo momento el desarrollo eficiente y en un entorno de competencia de la industria ferroviaria.

Artículo 24. Los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

La Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto.

La Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos en el párrafo anterior y, en su caso, emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener los estándares del servicio ferroviario.

Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría, por:

I. La ausencia de condiciones de Seguridad Pública que impidan o no permitan llevar a cabo la prestación del servicio público;

II. Casos fortuitos o de fuerza mayor;

III. Falta de pago de las tarifas pactadas con el usuario de que se trate, o

IV. Las demás causas que se establezcan en la presente Ley.

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

I. a III. …

IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

V. a IX. …

X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de mil quinientos a dos mil salarios mínimos, y

XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Estas colegisladoras estiman pertinente que sea el Ejecutivo Federal, mediante Decreto, quien formalice la creación de la Agencia, dotándola de los instrumentos y recurso para actuar, y disponiendo sobre su organización y funcionamiento como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

H. Con respecto al artículo 9 de la ley, relativo a los lineamientos para el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública, estas Comisiones dictaminadoras sugieren adicionar un tercer y cuarto párrafos a la fracción I de dicho artículo, a efecto de precisar que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Artículo 9. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 90 días naturales;

En caso de no emitir una convocatoria pública para las nuevas concesiones, conforme al plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado podrá interponer su inconformidad ante el superior jerárquico, mismo que en un plazo no mayor a 15 días naturales resolverá lo conducente.

La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de esta Ley.

II. a VII. …

I. Estas dictaminadoras acuerdan eliminar la figura de permisionario, que de acuerdo a la minuta enviada por la Cámara de Diputados le otorgaba la posibilidad de utilizar las vías férreas sin tener el carácter de concesionario. Lo anterior, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios, conforme a lo establecido en sus títulos de concesión, al cumplimiento de las condiciones, y a los plazos plasmados en ellos. Esta eliminación, además de dar certidumbre jurídica a los concesionarios, preserva la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción y de carga, de tal forma que aquellos concesionarios presentes y futuros operen en forma integrada con ambos elementos complementarios que constituyen el servicio público ferroviario. Adicionalmente, se hacen algunas precisiones de redacción al segundo párrafo de la fracción del artículo 15. Conforme a lo anterior, estas Comisiones proponen el siguiente texto:

Artículo 15. Se requiere permiso para:

I. …

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso;

Para efectos del párrafo anterior se entiende por carga propia aquella destinada por el propietario o propietarios de la línea al autoabastecimiento; a su integración en los procesos de producción interna, o a su transporte hacia un punto terminal con las redes del servicio público de transporte ferroviario, siempre y cuando dicho traslado de carga o pasajeros no implique comercialización a terceros.

III a IV…

V. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

(Se elimina los dos últimos párrafos de la fracción V, contenidos en la Minuta de la Colegisladora)

J. Estas dictaminadoras sugieren hacer diversas adecuaciones al orden de las fracciones del artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario contenido en la Minuta, relativas a la revocación de concesiones y permisos. Lo anterior, con el objeto de precisar debidamente los alcances de dicho precepto jurídico, además de involucrar al nuevo órgano que representa la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en dichas resoluciones. En tal sentido, se sugiere el siguiente texto:

Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento;

II. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

III. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad;

IV. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

V. Ejecutar u omitir acciones que tengan como resultado impedir o limitar de forma injustificada el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre obligatorios y los establecidos en términos de la presente Ley; así como obstaculizar o negar la conexión de espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación de acuerdo  con lo previsto en esta Ley.;

VI. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VII. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios;

VIII. Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las  registradas ante la Agencia;

IX. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

En los casos de las fracciones IV a XI, la Secretaría, previa opinión de la Agencia, podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en tres ocasiones en un periodo de 5 años por la causa prevista en la misma fracción.

K. Estas dictaminadoras convienen en fijar los alcances del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, y para ello se sugiere la adición del artículo 31, y la adición de los artículos 31 Bis, 31 Ter y 31 Quáter. Lo anterior, con la finalidad de contar con recursos para construir y mantener cruzamientos de vías férreas y que éstos cuenten con la señalización adecuada.

Para tal efecto, se precisa que la federación, los estados, el municipio y los concesionarios contribuirán para la creación de un fideicomiso con el objetivo de acabar con las actuales fallas y retrasos que existen en el sistema de ferrocarril, ocasionadas por la falta o mal señalamiento de las vías, resultando en la diminución de la velocidad del tren y el robo de la mercancía. Para ello se hará un mapeo de todos los cruces y la SCT priorizará aquellos que requieran dicha señalización.

Igualmente, se hacen las adecuaciones correspondientes al artículo 53 de la ley, con el objeto de hacer la correlación correspondiente el articulado adicionado.

Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan.

En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad.

Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la Agencia.

El patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso, de otras entidades públicas o privadas, en forma proporcional y conforme a los términos y condiciones que establezcan las reglas de operación del Fondo, con el objeto de que se otorguen los apoyos correspondientes a que se refiere el artículo 31 Bis de esta Ley, en el entendido que las partes aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de aportaciones que en el mismo periodo se realicen al patrimonio del Fondo.

El Fondo tendrá, entre otros, los siguientes fines:

I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar los cruzamientos susceptibles para mejorar la eficiencia y seguridad en la operación del servicio público de transporte ferroviario;

II. Evaluar las condiciones correspondientes a la señalización y operación en los cruzamientos de las vías férreas;

III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel internacional.

El Fondo se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

Artículo 53.Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al Reglamento de esta Ley:

I. Realizar las aportaciones al Fondo previsto en el artículo 31 Bis de esta Ley;

II. Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

L. Estas dictaminadoras consideran procedente la reforma al artículo 35 de la Ley en el que se establece que los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario. En este caso, sólo se sugiere incorporar el servicio del derecho de arrastre, además de establecer la intervención de la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios los servicios de interconexión, derecho de arrastre y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Agencia escuchará a las partes, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días naturales, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia podrá solicitar la opinión  de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

M. Con el objetivo de precisar las causales de derecho de paso, estas dictaminadoras sugieren la modificación del artículo 36 de la ley contenido en la minuta, así como la incorporación de un artículo 36 Bis. En este sentido, los concesionarios estarán obligados a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso en tres aspectos: el primero, aquél contemplado en los títulos de concesión; el segundo, cuando sea pactado por mutuo acuerdo; o el tercero, cuando sean establecidos por la Agencia por falta de condiciones de competencia efectiva en una ruta o trayecto determinado.

Asimismo, es relevante aclarar que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá efectuar las declaratorias de oficio y solicitar toda la información necesaria.

El proceso a seguir en caso de que sea necesaria la intervención de la Agencia se establece en el artículo 36 Bis propuesto.

Artículo 36. Los concesionarios deberán permitir la interconexión en su modalidad de derechos de paso obligatorios: (i) estipulados en los títulos de concesión; (ii) cuando sean pactados de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean establecidos por la Agencia previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinado, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Cualquier derecho de paso otorgado en términos de este artículo deberá de contemplar la vía, los productos, la longitud y los puntos de origen y destino de los derechos de paso.

La longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario.

Artículo 36 Bis. A partir de la resolución de ausencia de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Agencia escuchará a las partes, con el objeto de fijar las condiciones y contraprestaciones de los derechos de paso, en un plazo máximo de 30 días naturales.

Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia  considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso  y podrá solicitar la opinión   de la Comisión Federal de Competencia Económica.

N. Estas comisiones consideran también la adición del artículo 36 Ter con el que se prevé darle al usuario la capacidad de elegir en una ruta donde opera más de un concesionario, el acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta correspondiente, o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o destino. Esto con la finalidad de dar certidumbre al usuario y generar las condiciones para tarifas competitivas.

Artículo 36 Ter. Cuando el servicio público de transporte de carga o pasajeros que solicite el usuario se refiera a rutas que involucren la participación de más de un concesionario, el usuario tendrá el derecho de elegir entre acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta que le corresponde o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o el concesionario de destino. 

Ñ. Por lo que respecta al régimen de tarifas contenido en el artículo 46 de la ley, estas dictaminadoras recomiendan la modificación de la propuesta de la Colegisladora, con lo cual se deja en claro que se conserva la libertad de los concesionarios para establecer las tarifas máximas, pero se impone la obligatoriedad para la desagregación de tarifas de servicios diferentes del flete.

Igualmente, se hace una distinción entre la tarifa de flete y de servicios diversos con el fin de apegarse a los mejores estándares internacionales en la materia, ésta con la intención de tener un catálogo y reglas de aplicación específicos de los servicios diversos que prestan los concesionarios y así dar al usuario la certeza de recibir precios competitivos y un servicio de calidad.

La Agencia tendrá la facultad de monitorear la aplicación de esquemas de ajuste de tarifas tal como lo es el aplicable al costo por combustible, además se contempla la posibilidad de que la Agencia solicite a la Comisión Federal de Competencia Económica el análisis de ciertas conductas o prácticas que eventualmente puedan exigir condiciones de regulación tarifaria.

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional  respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

O. En el artículo 47, estás dictaminadoras sugieren incluir un segundo párrafo para que dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establezca la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante.

Artículo 47. La Agencia deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

Para los efectos del párrafo anterior la Agencia, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establecerá la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante, garantizando en todo momento la eficiencia del servicio.

Las bases tarifarias que se establezcan conforme al párrafo anterior se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Estas dictaminadoras acuerdan modificar los artículos transitorios contenidos en la Minuta de la colegisladora y agregar cinco artículos transitorios más para precisar los alcances de la entrada en vigor de las reformas y adicionas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para los efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer y segundo párrafos; 4, primer párrafo; 6; 9, fracción I; 15 y su fracción II; 21, II, III, V, así como el segundo y tercer párrafos; 24; 31; 35, segundo párrafo; 36; 46, primer y segundo párrafos; 47; 53; 59, fracción IV, y se adicionan los artículos 2, con las fracciones I, II, III, VI y VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 6 Bis; 15, con la fracción V; 21, con la fracción X, modificándose el orden de las fracciones, II pasa a ser IV, III pasa a ser V, IV pasa a ser VII, V pasa a ser VIII, VI pasa a ser III, VII pasa a ser II, VIII pasa a ser IX y IX pasa a ser XI; 31 Bis; 31 Ter; 31 Quáter; 35, con un tercer párrafo; 36 Bis; 36 Ter; 46 con un tercer y cuarto párrafos y 59 con una fracción X, recorriéndose en su orden la subsecuente a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

Artículo 2.

I. Agencia: la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría;

II. Derecho de arrastre: es el que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

III. Derecho de paso: es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

IV. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

V. Equipo ferroviario: los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas;

VI. Fondo: el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales  Ferroviarios;

VII. Interconexión: es el servicio que comprende el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban realizarse para la continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario respectivo a su destino u origen, incluyendo los servicios de terminal;

VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

IX. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares;

X. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros;

XI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas;

XII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes, y

XIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación.

Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

Artículo 6.

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes sectoriales respectivos, y

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.

Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura física de interconexión, la expedición y aplicación de las normas oficiales mexicanas aplicables;

II. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables;

III. Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en los casos de derechos de arrastre y de paso;

IV. Establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva;

V. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

VI. Interpretar esta Ley para efectos administrativos;

VII. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario;

VIII. Promover la expansión y el uso de la red ferroviaria;

IX. Cooperar con las autoridades migratorias, de Seguridad Pública y con los concesionarios, para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver cuestiones de migración e inseguridad que afecten el servicio público de transporte ferroviario, garantizando que en todo momento se respeten los derechos humanos;

X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46;

XI. Registrar los servicios diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas así como emitir recomendaciones en los términos del artículo 46 de esta Ley;

XII. Elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores de los servicios ferroviarios;

XIII. Valorar el uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso por los concesionarios y en su caso, determinar su retorno al Estado para ser concesionadas en términos a lo establecido por esta Ley;

XIV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la propia Agencia, así como dictar medidas precautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes en beneficio de la Nación;

XV. Participar y organizar foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario;

XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios;

XVII. Dirimir cualquier controversia entre los usuarios y concesionarios como prestadores del servicio ferroviario;

XVIII. Solicitar a los concesionarios todo tipo de información que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios, y

XIX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

Al ejercer sus facultades, la Agencia garantizará en todo momento el desarrollo eficiente y en un entorno de competencia de la industria ferroviaria.

Artículo 9.

I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 90 días naturales;

En caso de no emitir una convocatoria pública para las nuevas concesiones, conforme al plazo establecido en el párrafo anterior, el interesado podrá interponer su inconformidad ante el superior jerárquico, mismo que en un plazo no mayor a 15 días naturales resolverá lo conducente.

La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos los tramos técnicamente posibles de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre, en términos del artículo 35 de esta Ley.

II. a VII. …

Artículo 15.

I. …

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de trasporte público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso;

Para efectos del párrafo anterior se entiende por carga propia aquella destinada por el propietario o propietarios de la línea al autoabastecimiento; a su integración en los procesos de producción interna, o a su transporte hacia un punto terminal con las redes del servicio público de transporte ferroviario, siempre y cuando dicho traslado de carga o pasajeros no implique comercialización a terceros.

III a IV…

V. La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

Artículo 21.

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento;

II. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

III. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad;

IV. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas;

V. Ejecutar u omitir acciones que tengan como resultado impedir o limitar de forma injustificada el uso de los servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre obligatorios y los establecidos en términos de la presente Ley; así como obstaculizar o negar la conexión de espuelas o realizar cualquier otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta continua de comunicación de acuerdo  con lo previsto en esta Ley.;

VI. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VII. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios;

VIII. Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las  registradas ante la Agencia;

IX. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre;

X. No mantener las vías férreas concesionadas de acuerdo con los estándares establecidos en los reglamentos o normas oficiales mexicanas, y

XI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

Por solicitud de la Agencia, la Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I a III.

En los casos de las fracciones IV a XI, la Secretaría, previa opinión de la Agencia, podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, en tres ocasiones en un periodo de 5 años por la causa prevista en la misma fracción.

Artículo 24.

La Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto.

La Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos en el párrafo anterior y, en su caso, emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener los estándares del servicio ferroviario.

Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría, por:

I. La ausencia de condiciones de Seguridad Pública que impidan o no permitan llevar a cabo la prestación del servicio público;

II. Casos fortuitos o de fuerza mayor;

III. Falta de pago de las tarifas pactadas con el usuario de que se trate, o

IV. Las demás causas que se establezcan en la presente Ley.

Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan.

En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad.

Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la Agencia.

El patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso, de otras entidades públicas o privadas, en forma proporcional y conforme a los términos y condiciones que establezcan las reglas de operación del Fondo, con el objeto de que se otorguen los apoyos correspondientes a que se refiere el artículo 31 Bis de esta Ley, en el entendido que las partes aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de aportaciones que en el mismo periodo se realicen al patrimonio del Fondo.

El Fondo tendrá, entre otros, los siguientes fines:

I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar los cruzamientos susceptibles para mejorar la eficiencia y seguridad en la operación del servicio público de transporte ferroviario;

II. Evaluar las condiciones correspondientes a la señalización y operación en los cruzamientos de las vías férreas;

III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel internacional.

El Fondo se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios los servicios de interconexión, derecho de arrastre y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Agencia escuchará a las partes, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto, a fin de establecer las condiciones y contraprestaciones en un plazo máximo de 30 días naturales, conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios, dentro de un procedimiento que incluya a los concesionarios involucrados.

Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia podrá solicitar la opinión  de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

Artículo 36. Los concesionarios deberán permitir la interconexión en su modalidad de derechos de paso obligatorios: (i) estipulados en los títulos de concesión; (ii) cuando sean pactados de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean establecidos por la Agencia previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinado, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Cualquier derecho de paso otorgado en términos de este artículo deberá de contemplar la vía, los productos, la longitud y los puntos de origen y destino de los derechos de paso.

La longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión a dicho concesionario.

Artículo 36 Bis. A partir de la resolución de ausencia de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Agencia escuchará a las partes, con el objeto de fijar las condiciones y contraprestaciones de los derechos de paso, en un plazo máximo de 30 días naturales.

Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso y podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Artículo 36 Ter. Cuando el servicio público de transporte de carga o pasajeros que solicite el usuario se refiera a rutas que involucren la participación de más de un concesionario, el usuario tendrá el derecho de elegir entre acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta que le corresponde o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario de origen o el concesionario de destino. 

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional  respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

Artículo 47.La Agencia deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

Para los efectos del párrafo anterior la Agencia, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, previa audiencia de las partes, establecerá la tarifa conforme a la cual deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante, garantizando en todo momento la eficiencia del servicio.

Las bases tarifarias que se establezcan conforme al párrafo anterior se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Artículo 53.Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al Reglamento de esta Ley:

I. Realizar las aportaciones al Fondo previsto en el artículo 31 Bis de esta Ley;

II. Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

I. a III. …

IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

V. a IX. …

X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de mil quinientos a dos mil salarios mínimos,  y

XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Agencia deberá ser creada por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Secretaría a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal mantendrá a su cargo las facultades que esta Ley le otorga a la Agencia hasta en tanto ésta sea creada.

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para tal fin a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que no requerirá recursos adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable en el ejercicio fiscal en el que entre en vigor este Decreto.

Los recursos humanos, financieros y materiales con los que actualmente cuente la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal pasarán a formar de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario creada en los términos del presente Decreto.

Cuarto. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario.

Quinto. La Agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, con la previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.

Sexto. Los compromisos contenidos en los títulos de concesión que no hayan sido cumplidos por los actuales concesionarios a juicio de la autoridad competente, tendrán un año para ser solventados. En caso contrario se actualizará la causal de revocación a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

Séptimo. Una vez que la Agencia se encuentre en funciones, los concesionarios deberán: (i) registrar sus tarifas máximas de flete; y, (ii) proponer para su registro el catálogo de servicios diversos que podrán ofrecer a sus usuarios, las reglas de aplicación correspondientes a esos servicios diversos y sus tarifas máximas para efectos de lo establecido por el artículo 46 de la presente Ley.

La solicitud de registro a que se refiere este artículo deberá hacerse dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del Decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

En tanto la Agencia registre las tarifas máximas de flete así como los catálogos de servicios diversos, junto con sus reglas de aplicación y tarifas, continuarán vigentes las tarifas máximas de flete y los servicios diversos y tarifas registrados ante la Secretaría.

Octavo. La Agencia, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su creación, emitirá los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario al interior de zonas urbanas o centros de población.

Noveno. Una vez que la Agencia se encuentre en funciones, requerirá a los concesionarios para que, en un plazo no mayor a 180 días naturales, entreguen un inventario de las vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso. La Agencia verificará el inventario y procederá a establecer y ejecutar el mecanismo para, en su caso, reintegrarlas a la Nación.

Los concesionarios procederán a reintegrar las vías cortas o ramales sin demora y en el estado físico en que se encuentren, para lo cual se celebrará el acta de entrega-recepción respectiva. En ningún caso, la reintegración a la Nación de ramales o vías cortas no explotadas o en desuso será objeto de cualquier tipo de pago o contraprestación por ninguna de las partes.

A partir de la reintegración de los ramales o vías para ser concesionadas cada una por separado, la Secretaría contará con un plazo de 180 días naturales para concesionarlas mediante licitación pública conforme a lo establecido por el artículo 9 de la presente Ley.

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos,
con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial






Otro, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACION CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS.

(Dictamen de primera lectura)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Informo a la Asamblea que se retiró de la agenda el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Ciudades y el Territorio y que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal, por no contar con las firmas que establece el Reglamento.






Compañeras y compañeros Senadores, nuestros siguientes asuntos a discutir son once dictámenes para ratificación de personal diplomático, los cuales discutiremos y votaremos en tres grupos de acuerdo con la región geográfica de que se trate. La toma de protesta se realizará al finalizar la votación de cada grupo. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, tenemos la discusión y ocho dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Solicito a la Secretaría, dé lectura al punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores, se reserva para su discusión y votación conjunta con el siguiente dictamen.






La Secretaría dará lectura al punto resolutivo del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Está a discusión. Al no haber oradores, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.






Dé lectura la Secretaría al punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador de México en la República Dominicana.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Se encuentra a discusión. Al no haber participantes, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.






El siguiente dictamen contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora de México en Guatemala.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Está a discusión el resolutivo. Al no haber participante, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.






Dé lectura la Secretaría al punto resolutivo del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Está a discusión el resolutivo. Al no haber participante, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.






Solicito a la Secretaría dé lectura ahora al punto resolutivo del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Está a discusión. Al no haber participante, se reserva para su votación en conjunto con el siguiente dictamen.






Dé lectura la Secretaría al punto resolutivo del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Ignacio Piña Rojas, como Embajador de México en la República de Panamá.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Está a discusión el resolutivo. Al no haber participantes, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.






La Secretaría dará lectura al punto resolutivo del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador de México en la República del Perú.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Hemos agotado los dictámenes relativos a la zona geográfica América Latina y El Caribe.

Ha solicitado el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Gracias, señor Presidente.

El día de hoy están aquí con nosotros once embajadores, diez de ellos forman parte del Servicio Exterior Mexicano, y uno de ellos ha tenido una larguísima y muy buena trayectoria dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nos da mucho gusto, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, recibir un paquete de nombramientos, como el que recibimos en esta ocasión.

Todos aquellos quienes han estado trabajando en su vida siguiendo una vocación, la de representar al Estado mexicano en el exterior.

Y digo que es una vocación porque sin duda no debe ser sencillo mudarse a otro país, iniciar de nuevo buscando casa, familia, estando sin duda en un lugar a veces hasta desconocido.

Para las familias, que de hecho aquí nos acompañan, también esta vocación representa a veces enormes sacrificios, y hoy nos da mucho gusto darles la bienvenida a este Senado de la República, hoy que acompañan a sus familiares, bienvenidos.

Estos dictámenes, ahora hablaré únicamente por los de América Latina que son los que se han sometido a votación de este pleno.

Hicimos una reflexión con la convicción de que todos ellos serán dignos representantes del Estado mexicano. Todos tienen una amplia trayectoria y han ocupado cargos de gran responsabilidad, que estamos seguros les permitirá realizar sus funciones con patriotismo, dedicación y el profesionalismo que se requiere en las representaciones diplomáticas; pues tendrán la alta encomienda de promover los intereses de México, y proteger a nuestros connacionales en el exterior.

Con estos nombramientos, en lo que va de la presente legislatura, estaremos aprobando la ratificación de 71 jefes de misión y cónsules, la mayoría de ellos, miembros del Servicio Exterior Mexicano, y ciudadanos que han demostrado tener la capacidad para estrechar los lazos de nuestro país con el resto del mundo.

En primer término, en otros ocho dictámenes que se refieren a embajadas de la región latinoamericana, y respecto a los cuales pusimos un especial interés por dos razones: primero, por tratarse de países con quienes tenemos una fuerte hermandad, y segundo, porque compartimos los retos comunes que demandan una coordinación eficaz en nuestra propia región, en nuestra casa.

Con Belice, además de estrechar los lazos históricos, que ya nos unen, también nos une una frontera de más de 200 kilómetros, por cuyos cruces formales pasan más de 500,000 personas al año, y un volumen de 1 millón 350,000 vehículos.

Sin duda esto implica un gran potencial a desarrollar en años venideros, pero también un enorme reto en materia de seguridad, tomando en cuenta que Belice es el tercer país con la mayor tasa de homicidios en América Latina.

Si bien se ha establecido un grupo de alto nivel de seguridad fronteriza, y se han organizado reuniones bilaterales, el esquema de cooperación en esta materia aún no se ha consolidado.

Además, hay ventanas de oportunidad en temas como el turismo, la cercanía territorial con una de las zonas turísticas más dinámicas del país en la Península de Yucatán, es una ventaja que se debe aprovechar.

Además se debe institucionalizar el uso y aprovechamiento de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, ya que desde el año pasado se ha estado explorando el potencial energético de una amplia región entre México, Guatemala y Belice que, sin duda, puede consolidarse en un área de desarrollo.

Sobre nuestros lazos con Bolivia, debemos recordar que estamos sólo a tres años de celebrar el 150 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que si bien han tenido sus desencuentros, se han ido fortaleciendo desde la pasada administración.

De hecho se logró llevar a cabo la tercera reunión de la Comisión Binacional México Bolivia, después de 7 años de no haberse activado este mecanismo. A pesar de ello, y de que entró en vigor el acuerdo de complementación económica desde 2009, nuestros intercambios comerciales siguen siendo muy modestos, por lo que deben de explorarse mecanismos para aprovechar el buen momento por el que atraviesa la economía de Bolivia, que al día de hoy es uno de los países de la región que más crece; y se espera que este año tenga un crecimiento hasta del 5.5 por ciento, y que además cuenta con grandes reservas de hidrocarburos. Ha reportado cifras récords en los niveles de inversión extranjera directa.

En, el caso de El Salvador, hemos logrado construir una relación activa, dinámica y muy particular que podría resultar más enriquecedora, si fomentamos una estrecha colaboración y cooperación en ámbitos como el económico, el migratorio y el de seguridad.

En materia económica, se han observado progresos considerables: entre el año 2000 y 2013 el intercambio comercial creció un 190 por ciento; el año pasado El Salvador ocupó el sexto lugar como nuestro socio comercial en Centroamérica, y México se ubicó como el cuarto socio comercial de El Salvador.

Sin embargo, y aprovechando la firma del Tratado de Libre Comercio Unico, se podrían explorar nuevas áreas de oportunidad como el sector textil, la agroindustria, el turismo, la electrónica, la industria automotriz y las telecomunicaciones.

En materia migratoria, sin duda, es necesario que México y El Salvador continúen impulsando el intercambio de experiencias, medidas y acciones regionales a fin de aminorar los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país.

En el ámbito de seguridad, resulta imperante que el gobierno mexicano reitere su compromiso por coadyuvar con las autoridades salvadoreñas a fin de lograr la paz, el respeto a los derechos humanos, y el combate al crimen organizado que han cobrado más de 35,000 vidas durante los últimos años en aquel país hermano.

Por lo que hace a Guatemala, es importante recordar que en diferentes momentos, México ha jugado un papel destacado en los procesos de paz, y ha manifestado su disposición y hermanamiento con esta nación vecina.

En la actualidad es importante que ese espíritu de solidaridad se demuestre nuevamente para darle una solución real al fenómeno de la migración; además, es importante recordar que México y Guatemala son receptores de mesas de trabajadores que se encuentran en los Estados Unidos.

En el caso de Guatemala representan entre el 9 y 10 por ciento del PIB, por lo que es importante impulsar de manera conjunta medidas de desarrollo regional e inversión productiva que permitan aprovechar el uso de estos recursos.

De igual manera debemos subrayar el tema de la seguridad en el caso de Guatemala.

Compartimos una frontera de 1,000 kilómetros, y esto implica una responsabilidad compartida que no podemos dejar atrás.

De acuerdo con estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, Guatemala se ubica en el cuarto lugar de los países centroamericanos con mayores índices de criminalidad.

Respecto a las relaciones diplomáticas entre México y Nicaragua resalta nuestra afinidad en temas como el desarrollo social, la educación, el combate a la pobreza, el combate al narcotráfico y la erradicación del hambre.

Actualmente Nicaragua es el país más pobre de América Latina, solo después de Haití. El porcentaje de pobreza, ronda el 58 por ciento, mientras que el de indigencia se encuentra en un 29 por ciento.

En este sentido, es muy importante que se reafirme el compromiso de impulsar el desarrollo y la prosperidad mediante el comercio y la inversión.

Por lo que se refiere a las relaciones entre México y Panamá, éstas se han ido fortaleciendo cada vez más a través del diálogo político, el intercambio comercial, el entrelazamiento de sus economías, el flujo de personas y la cooperación en temas como educación, cultura, ciencia y tecnología.

En específico el comercio bilateral es una de las áreas que más se han desarrollado entre ambas naciones. Sin embargo, tenemos que aprovechar aún más que Panamá es una de las economías con mayor crecimiento en la región, tiene el PIB per cápita más alto de Centroamérica y cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas.

Otra área de oportunidad que se ha identificado entre nuestras naciones es sin duda el turismo.

Existen las condiciones propicias tanto económicas, como políticas para profundizar aún más los vínculos con Panamá.

El penúltimo de los dictámenes es el relativo al nombramiento del Embajador de México en Perú, país con el que tenemos relaciones históricamente prósperas que se han elevado al de una relación estratégica, por la profunda comunión de ideas, intereses y valores. Debemos tener presente que la Alianza del Pacífico ha permitido dar un mayor dinamismo y proyección a las relaciones entre países.

Por ejemplo, el suprimirse el requisito de visa nacionales peruanos en noviembre de 2012, se logró un aumento en el flujo de turistas: tan sólo el año pasado se registró un total de 125,000 turistas que visitaron nuestro país, cifra superior en un 40 por ciento al de 2012.

Perú, si bien es un país de crecimiento medio, en los años recientes ha registrado un crecimiento económico constante, y se encuentra entre las 40 naciones con mayor crecimiento en desarrollo humano.

El último de los dictámenes que se presentan junto con la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, es el nombramiento del Embajador en República Dominicana. Las relaciones con este país se establecieron hace 125 años y atraviesan por un buen momento de diálogo y colaboración recíproca.

En este sentido, se debe explorar la posibilidad de relanzar un nuevo instrumento de consulta que permita llegar a acuerdos en temas de interés común, como la cultura y el combate al cambio climático.

En el ámbito cultural, se debe priorizar el intercambio de raíces y valores, fomentar e impulsar exposiciones, muestras y talleres que permitan mostrar lo mejor de ambos países.

Por lo que se refiere al cambio climático, existe un gran interés de parte de los países del caribe para abordar el tema.

De acuerdo con el Indice Global de Riesgo Climático 2014, en la región caribeña se encuentran cinco de los diez países más vulnerables del mundo, y entre ellos se encuentra justamente República Dominicana.

Ante la realidad por la que atraviesan estos países y México, los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, juzgamos oportuno los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal.

Por ello sometemos al pleno de esta Honorable Asamblea la ratificación como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de los ciudadanos: Carlos Quesnel Meléndez, en Belice; Héctor Humberto Valezzi Zafra, en el Estado plurinacional de Bolivia; Francisco Javier Olavarría Patiño, en El Salvador; Mabel del Pilar Gómez Oliver, en la República de Guatemala; Manuel Ignacio Díaz Reynoso en la República de Nicaragua: José Ignacio Piña Rojas, en la República de Panamá; Ernesto Campos Tenorio, en la República del Perú; y Juan Carlos Tirado Zavala, en la República Dominicana.

Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, sometemos el día de hoy a consideración de esta soberanía ocho dictámenes para la aprobación de nombramientos diplomáticos en la región.

La relación con Centroamérica a donde pertenecen cinco de los ocho nombramientos, es hoy más que nunca de vital importancia para nuestro país, implica dinamismo y por todos los retos que tenemos en la frontera sur.

Los grandes mecanismos de integración a nivel Latinoamérica no deben hacernos perder de vista el relevante rol que desempeña nuestro país con el resto de las naciones de Centroamérica.

México está llamado a tener mayor presencia, no sólo por que China parece estar ahora más cerca de esta región que nuestro país, sino porque compartimos retos que además de ser comunes están interconectados. El primero y más claro, es el tema de la seguridad.

En esta región están las ciudades con mayores índices de homicidios del mundo.

Según la oficina contra la droga y el delito de la ONU, Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo, ya que mientras la tasa promedio de homicidios a nivel mundial es de 6.2 víctimas por cada cien mil habitantes, en Centroamérica es de 26 muertes por cada cien mil habitantes. Esto quiere decir, cuatro veces mayor.

Debemos desarrollar de manera conjunta a las capacidades institucionales tanto mexicanas como de los países Centroamericanos, sólo así vamos a poder combatir la corrupción que es hoy la principal arma de los grupos del crimen organizado.

Esta inseguridad va de la mano con un tema que hemos impulsado desde aquí, desde el Senado de la República, que es el tema de la migración.

Necesitamos repensar completamente en nuestra política y gestión migratoria para que en lugar de que sea persecutoria se convierta en una política humana y muy sensible.

Es importante, que desde las embajadas se impulse una mejor coordinación con los países de origen para efectuar un traslado más seguro y eficiente de las personas migrantes. Por la sencilla razón de que el 95 por ciento de los extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana son centroamericanos.

El enfoque debe ser orientado hacia su protección, porque son una población sumamente vulnerable. Muestra de ello es que ya se alcanzó una cifra récord, 18.4 por ciento de ellos son menores de 18 años.

Otro tema que enfrentamos, es la vulnerabilidad frente al deterioro del medio ambiente. En estos temas, estamos seguros que los nombramientos que ratificaremos el día de hoy, si así lo decide esta Soberanía, serán nombramientos muy atinados, porque conocen a la región, porque han hecho una muy buena labor a lo largo de los años por el Servicio Exterior Mexicano y tienen además, trayectorias largas que los distingue por sus buenos resultados.

Carlos Quesnel Meléndez, en Belice; Mabel del Pilar Gómez Oliver, en Guatemala; Francisco Javier Olavarría Patiño, en El Salvador; José Ignacio Piña Rojas, en Panamá; Miguel Ignacio Díaz Reynoso, en Nicaragua, todos ellos harán un gran trabajo.

Nos complace además haber escuchado durante las comparecencias los planes de trabajo que pretenden impulsar.

Además de estos cinco nombramientos para países Centroamericanos, dictaminamos nombramientos para Bolivia, Perú y República Dominicana.

Estamos seguros que con el Embajador Ernesto Campos Tenorio, actual director para América Latina y el Caribe de la Cancillería, sabrá reactivar importantes proyectos como el Acuerdo de Asociación Estratégica.

Tenemos pendientes además seguir el proceso de consolidación de los 23 tratados vigentes, así como de los diez recién suscritos con este país socio de la Alianza del Pacífico.

También va a ser muy importante estar muy atentos con lo que ocurra en nuestra tercera frontera que es el Caribe, región donde se ha propuesto el nombramiento del ciudadano Juan Carlos Tirado Zavala, para desempeñarse como Embajador en la República Dominicana.

Este país es nuestro principal socio comercial en el Caribe y hace falta fortalecer aún más la relación, fomentar el diálogo y aumentar la cooperación en todos los ámbitos.

Finalmente, para ocupar la titularidad de la Embajada en Bolivia, ha sido designado Héctor Humberto Valezzi Zafra.

Coincidimos en que tenemos enormes oportunidades comerciales con ese país, particularmente en la industria energética.

Son muchos los retos regionales, son muchos los retos bilaterales y muy variados. Pero estoy convencida que cuentan con la preparación y la disposición para atenderlos.

Quiero externar a los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo que acrecienten los esfuerzos en materia de seguridad y de combate al crimen organizado. La gran mayoría de los países en los que estaremos enviando a nuestros representantes, son víctimas del narcotráfico, ocupan algún rol en la cadena de este delito, algunos como productores, otros como procesadores, también como depósitos y tránsito, como lavadores de dinero o como refugio de los líderes de los cárteles.

Los convoco para que asuman el compromiso de informar anualmente de cada una de las acciones que emprendan en este Senado de la República.

Será también crucial reposicionar a México en estos países, buscar este reposicionamiento de la mala imagen que se ha tenido por diversos temas, entre ellos el tema que más nos ocupa en estos momentos, es el de la seguridad pública.

Estoy segura que México deberá asumir el liderazgo al que está obligado para seguir construyendo una agenda común con la región y recuperar entre todos, la seguridad, la paz y la tranquilidad de los habitantes.

Es cuanto, señor Presidente.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia,

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, sometemos hoy a consideración de esta Soberanía 8 dictámenes para la aprobación de nombramientos diplomáticos en la región.

La relación con Centroamérica, a donde pertenecen 5 de los 8 nombramientos, es hoy más que nunca de vital importancia para México por lo que implica el dinamismo y los retos que tenemos en la frontera sur.

Los grandes mecanismos de integración a nivel latinoamericano, no deben hacernos perder de vista el relevante rol que desempeña nuestro país con el resto de naciones de Centroamérica.

México está llamado a tener ahí mayor presencia, no sólo porque China parece estar ahora más cerca de esta región que nuestro país, sino por que compartimos retos que además de ser comunes, están interconectados.

El primero y más claro es el de la seguridad.

En esta región están las ciudades con mayores índices de homicidios del mundo. Según la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo, ya que mientras la tasa promedio de homicidios a nivel mundial es de 6.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, en Centroamérica es de 26 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir, 4 veces mayor.

Debemos desarrollar de manera conjunta las capacidades institucionales tanto mexicanas como de los países centroamericanos. Sólo así podremos combatir la corrupción, que es hoy la principal arma de los grupos del crimen organizado.

Esta inseguridad va de la mano con otro reto que compartimos: la migración.

Necesitamos repensar completamente nuestra política y gestión migratoria para que en lugar de que sea persecutoria, se convierta en una política humana y sensible orientada hacia el desarrollo, con el objetivo de que cada día la gente tenga menos incentivos para dejar sus lugares de origen. Debemos buscar pasar del enfoque reactivo a la implementación de  una estrategia de gestión integral de las dinámicas fronterizas.

Mientras eso ocurre, es importante que desde las embajadas se impulse una mejor coordinación con los países de origen para efectuar un traslado más seguro y eficiente de las personas migrantes, por la sencilla razón de que el 95% de los extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana son centroamericanos; el enfoque debe ser orientado hacia su protección porque son una población sumamente vulnerable, muestra de ello es que ya se alcanzó una cifra record, 18.4% de ellos son menores de 18 años.

Enfrentamos también la vulnerabilidad frente al deterioro medio ambiental.

Se requiere de un trabajo conjunto y agresivo para prevenir y combatir la contaminación, la deforestación y conservar la biodiversidad de la zona porque se han extinguido 4 especies y son 180 especies de animales y 549 de plantas las que están en peligro.

En estos y muchos más temas estamos seguros que se abocarán, en caso de ser ratificados por esta Soberanía:

CARLOS QUESNEL MELÉNDEZ en Belice

MABEL DEL PILAR GÓMEZ OLIVER en Guatemala

FRANCISCO JAVIER OLAVARRÍA PATIÑO en El Salvador

JOSÉ IGNACIO PIÑA ROJAS en Panamá

MIGUEL IGNACIO DÍAZ REYNOSO en Nicaragua

Todos ellos integrantes del Servicio Exterior mexicano, con largas trayectorias  dentro como fuera de nuestro país.

Nos complace haber escuchado de ellos la intención de fomentar las relaciones económicas y de inversión, su visión para aprovechar las oportunidades de negocios en las áreas de tecnología, desarrollo de infraestructura y en materia agrícola; igual de importante, es su disposición para impulsar nuevos acuerdos sobre transporte aéreo, limitación marítima y cooperación técnico-científica; en particular, quiero destacar que en el caso de Guatemala compartimos la urgencia de fortalecer el Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad para tener una frontera próspera y segura.

Además de estos 5 nombramientos para países centroamericanos, dictaminamos nombramientos para Bolivia, Perú y República Dominicana.

Hay que decirlo, el Ejecutivo federal dejó pasar un año sin titular en la Embajada de México en Perú, pero estamos ciertos de que el Embajador ERNESTO CAMPOS TENORIO, actual Director para América Latina y el Caribe de la Cancillería, sabrá reactivar importantes proyectos como el Acuerdo de Asociación Estratégica. Además, tenemos pendiente seguir el proceso de consolidación de los 23 tratados vigentes, así como de los 10 recién suscritos con este país socio de la Alianza del Pacífico.

También debe ser importante que el Senado esté atento a lo que ocurra con nuestra tercera frontera que es el Caribe, región donde se ha propuesto el  nombramiento del ciudadano JUAN CARLOS TIRADO ZAVALA para desempañarse como embajador en República Dominicana.

Este país es nuestro principal socio comercial en el Caribe, y hace falta fortalecer aún más la relación, fomentar el diálogo y aumentar la cooperación en todos los ámbitos, desde el político, económico-comercial y de inversiones. Tenemos varios instrumentos de cooperación bilateral tanto técnica-científica como educativa y cultural con República Dominicana, pero es necesario que se encaminen y aprovechen para el desarrollo económico y social de ambos países.

Finalmente, para ocupar la titularidad de la Embajada en Bolivia ha sido designado HÉCTOR HUMBERTO VALEZZI ZAFRA. Coincidimos en que tenemos enormes oportunidades comerciales con ese país particularmente en la industria energética. Está pendiente la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica, así como la promoción conjunta de inversiones, la participación de empresas mexicanas en licitaciones de infraestructura en esa nación, y la cooperación en los rubros de hidrocarburos, agrícola y educativo.

Así, los retos tanto regionales como bilaterales son muchos y muy variados, sin embargo, tras estudiar a detalle los planes de trabajo de cada una de las personas nombradas para la titularidad de las embajadas, estamos convencidos de que cuentan con la preparación y la disposición para atenderlos.

Particularmente, quiero externar a los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo, que acrecienten los esfuerzos en materia de seguridad y de combate al crimen organizado. La gran mayoría de los países en los que esteremos enviando a nuestros representantes son víctimas del narcotráfico y ocupan algún rol en la cadena de este delito, algunos como productores, otros como procesadores, también como depósitos y tránsito, como lavadores de dinero o como refugio de los líderes de los cárteles. También, los convoco para que asuman el compromiso de informar anualmente a este Senado sobre sus acciones y logros.

Sabemos que la diplomacia es una herramienta inmejorable para fomentar la cooperación internacional que es clave para resolver la crisis que hoy enfrenta nuestra región. Si América Latina ha vivido una década de avances tanto democráticos como económicos, México debe asumir el liderazgo al que está obligado para construir la agenda común en los años por venir para que el desarrollo llegue a todos los sectores de la población y esa sea la piedra angular para la recuperación de la seguridad, la paz y la prosperidad.

Enhorabuena por estos nombramientos, en caso de ser aprobados sus nombramientos les deseamos el mayor de los éxitos en su encomienda.

Es cuanto.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene el uso de la tribuna, desde su escaño, la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias. Tomando en cuenta que la política exterior es un conjunto de decisiones públicas que toma el gobierno de la República y en relación con los demás actores del sistema internacional y del conocimiento de la realidad internacional, nos propusimos compartir con todos mis compañeras y compañeros, a nombre del Partido Revolucionario Institucional que los compañeros hoy en comento, son sujetos aptos y capaces para ser ratificados como embajadores en los países de: Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Perú, porque comparecieron en tiempo y forma.

Consideramos, como ya se dijo aquí, que son personas honorables, que son personas con experiencia, que son personas que pertenecen al Servicio Exterior.

A nombre del Partido Revolucionario Institucional queremos decir que no tenemos ningún inconveniente en que este pleno ratifique a los ciudadanos en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Por no haber más oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los ocho dictámenes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias. Aprobados los dictámenes. En consecuencia, se ratifican los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos:

Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.

Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana.

Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala.

Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.

Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en la República de Nicaragua.

José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá.

Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en la República de Perú. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran la Embajadora y los Embajadores que acaban de ser ratificados, por lo que solicito a las Senadoras y los Senadores: María del Rocío Pineda Gochi, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Morón Orozco, Juan Gerardo Flores Ramírez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Félix González Canto y Marcela Guerra Castillo, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Pido a todos los Senadores y Senadoras y a los presentes ponerse de pie, por favor.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Les agradezco, Senadores.

Ciudadana y ciudadanos Embajadores, les informo que el Senado de la República acaba de aprobar la ratificación de sus nombramientos de la siguiente forma:

Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador en Belice.

Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador en Bolivia.

Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador en República Dominicana.

Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora en Guatemala.

Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador en El Salvador.

Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador en Nicaragua.

José Ignacio Piña Rojas, como Embajador en Panamá.

Ernesto Campos Tenorio, como Embajador en Perú.

Les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de México mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación?

Los Embajadores Carlos Quesnel Meléndez, Héctor Humberto Valezzi Zafra, Juan Carlos Tirado Zavala, Mabel del Pilar Gómez Oliver, Francisco Javier Olavarría Patiño, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, José Ignacio Piña Rojas: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Sí así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señora y señores Embajadores!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en sus respectivos cargos.

Solicito a la Comisión designada acompañe a la Embajadora y a los Embajadores cuando deseen retirarse del recinto.

Muchas gracias y felicidades.

(La Comisión cumple)






Procedemos a la discusión de los dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Solicito a la Secretaría, dé lectura al punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez como Embajador de México ante la República de Serbia.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Se reserva para su discusión y votación conjunta con el siguiente dictamen.






Dé lectura, la Secretaría, al punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora de México en Ucrania.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias. Hemos agotado los dictámenes relativos a la zona geográfica de Europa. Están a discusión los dos dictámenes.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Europa, ponemos ahora a su consideración los nombramientos hechos por el Titular del Ejecutivo Federal, en la Embajada de México en Ucrania y en la Embajada de México en la República de Serbia, concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

México fue el primer país de toda América Latina en reconocer a Ucrania como un país independiente.

Hace 22 años que ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas, pero fue hasta el año 2009, que finalmente contamos con un embajador residente.

Esto ha permitido fortalecer la presencia de nuestro país y profundizar los vínculos en varios ámbitos, lo que es muy importante, si consideramos que Ucrania representa para México una importante oportunidad para potenciar nuestras relaciones, ya que se concibe como un puente entre Occidente y Euroasia.

Tiene una población de más de 45 millones de habitantes y un alto grado de especialización en sectores tecnológicos que son de interés para nuestro país.

Si bien nuestra relación es relativamente reciente, ya contamos con un marco jurídico bilateral integrado por tratados internacionales en materia de cooperación educativa y cultural, cooperación científica, técnica y tecnológica, y de cooperación económica.

Además, la relación con Ucrania, con quien podría pensarse que tenemos poco en común, se ha podido concretar en instrumentos con mucho potencial, como el Acuerdo de Cooperación entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Estatal Ucraniana, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias para desarrollar satélites en nuestro país.

Sin embargo, en el tema comercial aún hay mucho por hacer.

Sin bien, desde el año 2007, se creó la Comisión Intergubernamental para fortalecer las inversiones, diversificar los flujos comerciales y la cooperación, no se ha avanzado mucho al respecto.

Ucrania es el socio comercial número 56 de México a nivel mundial; a septiembre de 2012, sólo se tenían registradas 3 empresas con inversión de Ucrania en México.

Finalmente, las relaciones de México con Serbia, así como con Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro, representan un reto mayor para México por ser países lejanos, recientes y diferentes, donde se deben realizar acciones a favor de la estabilidad de la región y de la promoción de los derechos humanos.

Es importante recordar que estos cuatro estados son potenciales miembros de la Unión Europea, lo que por sí mismo representa una de las razones para que México se interese desde ahora en intensificar relaciones y en identificar oportunidades de comercio e inversión.

Aunque nuestro comercio y nuestras relaciones bilaterales con Serbia se han caracterizado por el respeto y la cordialidad, han sido monotemáticas al haberse concentrado en el tema de Kosovo. Por ello, los intercambios económicos y políticos han sido muy limitados.

Lo mismo sucede con las relaciones que tenemos con Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. De ahí que el reto está en estrechar las relaciones bilaterales, buscar oportunidades de cooperación y negociar instrumentos jurídicos que enriquezcan el marco legal para permitir una mayor movilidad de bienes y servicios con estas naciones.

Ante estos retos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras damos nuestro voto de confianza a los ciudadanos María Luisa Beatriz López Gargallo, y José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, para que funjan como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de México en Ucrania, y en la República de Serbia, respectivamente.

En ambos casos, consideramos que cuentan con la experiencia, la trayectoria y los resultados en los cargos anteriores, suficientes para hacer una digna representación del Estado mexicano ante estos países.

Esperamos que ofrezcan su mayor esfuerzo y dediquen toda su capacidad y su conocimiento para el bien de México.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy ponemos a su consideración dos nombramientos diplomáticos enviados por el Ejecutivo Federal.

El primero de ellos corresponde a la ciudadana María Luisa Beatriz López Gargallo, nombrada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante Ucrania.

Quisiera resaltar que las relaciones diplomáticas entre México y Ucrania se establecieron en 1992, después de que Ucrania declarara su independencia de la antigua Unión Soviética.

Desde entonces ambos países, hemos mantenido una relación de amistad y respeto en la que existe un creciente interés mutuo en promover mayores acercamientos y fortalecer la relación bilateral, tanto en el ámbito político como económico y de cooperación. Muestra de ello es el hecho de que nuestro país ocupa el segundo lugar, únicamente después de Brasil, entre los principales socios comerciales de Ucrania en América Latina y el Caribe.

Por su parte, Ucrania es socio comercial número 56 de México a nivel mundial.

En lo que respecta al ámbito de diálogo político bilateral, este se desarrolla en un marco de mecanismo de consultas políticas México-Ucrania, cuya cuarta reunión se celebró en octubre del año 2010.

Ese diálogo político ha permitido detectar oportunidades de cooperación, especialmente en el sector aeroespacial, en el que la Agencia Espacial Mexicana firmó un memorándum de entendimiento con su contra parte ucraniana para fortalecer la cooperación en actividades de este sector.

De igual manera, dictaminamos en Comisiones Unidas el nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia, y en forma concurrente ante Bosnia Herzegovina, la República de Macedonia y Montenegro.

La República de Serbia se constituyó como estado sucesor de la extinta República Socialista Federativa de Yugoslavia, manteniendo su representación diplomática en nuestro país.

Por su parte, México cuenta con una Embajada en Belgrado, concurrente ante Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro, lo que ha permitido la continuidad de los contactos políticos bilaterales y dar seguimiento a la situación de la región.

Las relaciones bilaterales actuales, entendidas de 2006 a la fecha, entre México y la República de Serbia, se han caracterizado por el respeto y la cordialidad, por una gran simpatía de la población serbia, por nuestro país.

En el ámbito económico, las relaciones entre nuestro país y Serbia son limitadas, y manejan un monto muy reducido en el comercio, por lo que resulta indispensable promover misiones comerciales mexicanas, así como la participación en las ferias comerciales que se tienen programadas a realizarse el próximo año en Serbia, las cuales abarcarán diversos sectores, como el agrícola, de turismo y la industria automotriz.

Hago votos para que los nombramientos de los ciudadanos María Luisa Beatriz López Gargallo y José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, favorezcan el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestro país y Ucrania y la República de Serbia en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Después de haber analizado detenidamente los perfiles profesionales y la experiencia de ambos ciudadanos, así como la presentación de su plan de trabajo para el encargo al que han sido propuestos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que cumplen con el perfil requerido para desempeñarse como representantes diplomáticos en nuestro país en el exterior.

Quiero agradecer, por supuesto, el trabajo dedicado y el esfuerzo realizado por mis compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, y por supuesto, por la compañera Gabriel Cuevas, como siempre al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como a los mismos integrantes de las mismas.

Compañeras y compañeros: como ya se ha mencionado, estos países están a punto de ingresar, también, a lo que es la Unión Europea, por lo cual representa un acercamiento estratégico, el que puedan tener nuestros representantes ante la Unión.

Sobre todo, porque como es sabido, a últimas fechas y por lamentables sucesos que se han venido dando en nuestro país, en el caso de Guerrero, nuestro país está en el foco, nuestro país está en el centro de atención a nivel mundial y es muy importante que los embajadores, prácticamente en todos los continentes, puedan dar una digna representación y puedan trabajar en pro, de que mejoremos el tema de derechos humanos en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rabindranath Salazar Solorio.

Compañeras y compañeros, no hay más participantes registrados. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los dos dictámenes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias. Aprobados los dictámenes. En consecuencia, se ratifican los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

Y de María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México, en Ucrania. Comuníquese.

En el salón contiguo, a este recinto, se encuentran la Embajadora y el Embajador que acaban de ser ratificados, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Oscar Román Rosas González, Octavio Pedroza Gaitán, Rabindranath Salazar Solorio, Juan Gerardo Flores Ramírez, Ana Gabriela Guevara, Carlos Romero Deschamps y Marcela Guerra Castillo, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Merodio Reza: Pido a todos los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Solicitamos ponerse de pie, por favor. Ciudadano José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, María Luisa Beatriz López Gargallo: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia, y como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Ucrania, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez y María Luisa Beatriz López Gargallo: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Si así no lo hicieran que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señora y señor Embajadores!

A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en sus respectivos encargos.

Solicito a la Comisión designada acompañe a los embajadores cuando deseen retirarse del salón.






Tenemos ahora la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Angel Isidro Rodríguez, como Embajador de México en el Estado de Kuwait.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros:

Presentamos también el día de hoy un último dictamen a su consideración, que es el nombramiento que hace el Presidente de la República a favor del ciudadano Miguel Angel Isidro Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el estado de Kuwait.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, aprobamos por unanimidad este nombramiento, porque consideramos que el ciudadano propuesto cuenta con los conocimientos, la experiencia y el perfil necesario para este cargo.

El próximo año estaremos celebrando el 40 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Kuwait, y es un muy buen motivo para seguir apuntalando la relación que se ha ido construyendo en los últimos años.

En este sentido, es importante que la comisión conjunta para la cooperación entre México y Kuwait comience a rendir frutos y permita profundizar nuestros vínculos a fin de potenciar las relaciones económicas y comerciales, y así aprovechar las ventajas competitivas que tiene cada nación.

Además, hay temas en los que podemos intercambiar experiencias, como el funcionamiento de la autoridad de inversiones de Kuwait, un fondo creado con la finalidad de invertir los recursos obtenidos de la venta del petróleo, y que podría ser de gran utilidad ahora que en México hemos creado el Fondo Mexicano del Petróleo con el propósito de garantizar que los ingresos sean aprovechados en beneficio de las futuras generaciones.

De igual manera, México y Kuwait convergen en muchos temas de la agenda multilateral, y podría buscarse su apoyo en foros internacionales para impulsar recomendaciones e instrumentos en materia de seguridad y eficiencia energética, desarrollo sustentable, transiciones y economías bajas en carbono.

Ciertamente el diálogo político y el empresarial se han intensificado, pero aún no tienen resultados concretos. Todavía no existe registro oficial de inversión mexicana en ese país, y sólo se cuenta con dos empresas con inversión kuwaití establecidas en México, así que hay mucho camino por andar.

Compañeras y compañeros:

Con la aprobación de éste y de los otros nombramientos, el Senado de la República está cumpliendo con las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 76 de nuestra Constitución; sin embargo, aquí no debe terminar nuestra función, las y los Senadores debemos dar un puntual seguimiento al trabajo de cada uno de los embajadores y de los avances que vayan registrando de acuerdo con los planes de trabajo presentados a las comisiones dictaminadoras para asegurar la instrumentación de una política exterior responsable.

Antes de concluir, y ya que este es el último dictamen, quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como a cada uno de los integrantes de las comisiones codictaminadoras y de sus Presidentes. Muchas gracias por todo este trabajo que sin duda abona a una mejor representación del Estado Mexicano en el mundo.

Es cuanto.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para referirme al nombramiento que el Titular del Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades, expidió a favor del Embajador Miguel Angel Isidro Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait y los dictámenes emitidos tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores, como en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico.

Para nuestra Comisión, este nombramiento es motivo de beneplácito porque la relación de México con Kuwait debe ser asimilada como una relación estratégica por el Poder Ejecutivo, cuestión que se manifiesta sin duda con este nombramiento.

Hacer hoy política exterior en el mundo, es sin duda mucho más complejo que en años anteriores debido: a los desafíos que impone un escenario globalizado, el ascenso de las regiones y la creciente presencia de actores en un entramado de organismos internacionales.

A este escenario, se añade el hecho de que los centros de poder político en el mundo se están modificando, producto de la redistribución de los polos de generación de riqueza y de conocimiento, lo que ha permitido que el eje tradicional de toma de decisiones se amplíe en un número mayor.

Ha llegado la hora para México, ha llegado la hora para su cuerpo diplomático, ha llegado la hora de contribuir con su conocimiento, eficacia y capacidad negociadora para que la política exterior sea una herramienta que sirva para incrementar el capital político de nuestro país en el mundo, y consolidarnos como un México, país líder nacional.

Las oportunidades de inversión y de comercio que benefician a nuestro país, deben seguir siendo aprovechadas mediante el diálogo, la relación estrecha con los países que mejores perspectivas muestran hacia el futuro, y debe ser el objetivo para que el progreso de México se sienta en el bolsillo de los mexicanos a mediano y a largo plazo.

Señores Senadores: México, en su historia por escribirse, requiere de un gran esfuerzo y compromiso de todos los mexicanos.

México y los mexicanos debemos dar una clara señal al mundo que nos observa, que frente a los últimos acontecimientos somos más, muchos más los que deseamos un futuro promisorio para nuestro país, y que estamos seguros; y así actuamos diariamente, en que más cabe en una mano abierta que en un puño cerrado.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: No habiendo más participantes inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: En consecuencia, aprobado el punto de Acuerdo, se ratifica el nombramiento del Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Miguel Isidro Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait, comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Miguel Angel Isidro Rodríguez, por lo que solicito a los Senadores Teófilo Torres Corzo, Jorge Luís Lavalle, Iris Vianey Mendoza, Juan Gerardo Flores Ramírez, Ana Gabriela Guevara, Lilia Guadalupe Merodio y Marcela Guerra Castillo lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones, y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Por otro lado, esta Presidencia saluda a integrantes de la Organización PROAHID, Proyecto Hidalgo, Región del Mezquital, en Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

La Secretaria Merodio Reza: Les solicito ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Les solicito atender la sesión, señoras y señores Senadores. Ponerse de pie, favor.

(Todos de pie)

Ciudadano Miguel Angel Isidro Rodríguez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en el Estado de Kuwait, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El C. Miguel Angel Isidro Rodríguez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señor Embajador.

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Embajador Miguel Angel Isidro Rodríguez, cuando desee retirarse del Salón.

(La comisión cumple)

Compañeras y compañeros:

Les informo que el documento sobre la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el debate general de la Sexagésimo Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, realizada en la Ciudad de Nueva York, del 20 al 25 de septiembre de este año, se recibe con trámite de enterado y se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la comunicación que nos remitió el Senador Carlos Mendoza Davis.

COMUNICACION

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la comunicación del Senador Carlos Mendoza Davis.

Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Presente.

Carlos Mendoza Davis, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, 12 y 13, fracción cuarta del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicito licencia por tiempo indefinido al ejercicio de mi cargo como Senador de la República a partir del próximo 20 de diciembre.

Por lo anterior, solicito se someta a consideración de esta soberanía mi solicitud para los efectos del numeral 2 del artículo 13 del mismo Reglamento.

Es cuanto.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Permítame un momento, permítanme. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

Unico.- Se concede licencia al Senador Carlos Mendoza Davis para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 20 de diciembre del 2014.

Está a discusión.

Senador Mendoza Davis, ¿con qué objeto?

El Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Si me permite hacer uso de la tribuna a propósito de la solicitud.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

El Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Llegamos a esta soberanía mediante el respeto a los resultados del proceso democrático y el respaldo de los ciudadanos.

Llegamos para representar con decoro y con valentía a nuestras entidades y a nuestros partidos.

Eso nos une, nuestra vocación democrática y nuestro amor por México y sus estados.

Provengo de una tierra limpia y generosa, noble y gallarda, bella y solidaria. Es mi mayor honor ser sudcaliforniano.

Es también un privilegio, haber tenido la oportunidad de servir a Baja California, Sur, representando sus intereses, abonando sus causas, defendiéndola, participando con modestia en su progreso.

En mi vida y mi recuerdo, siempre tendrá un lugar muy especial, muy honroso, mi participación en ésta, una de las legislaturas más productivas de la historia de la República, que con generosidad le ha dado a México las reformas que necesita.

Logramos enviar a todo el territorio el mensaje de que la política une, no divide. De que es posible una forma diferente de actuar, de que reformar es avanzar, que coincidir es un privilegio de la voluntad y de la libertad.

Cuando fue preciso, elevé mi inconformidad y disentí, pues estar en contra es promover el equilibrio y dar grandeza y profundidad a la representación democrática.

Me comprometí con mi gente precisamente a apoyar lo que fuera para su bien y a rechazar lo que les perjudicara, suelo honrar mi palabra.

Lograr acuerdos es un imperativo del progreso. Ser oposición es un privilegio de la democracia.

Por ello me propuse ser un opositor leal y digno. Le reitero a todos y a todas mi admiración y mi respeto, no estar de acuerdo no implica ser adversario. Al contrario, la experiencia me ha enseñado que se construye la sólida amistad, que se nutre, precisamente de la diferencia.

Con quienes tuve la fortuna de compartir los trabajos en comisiones, muchas gracias.

A quienes han ocupado en esta Legislatura la coordinación de mi bancada les reconozco su conducción sensible y propositiva.

A los miembros de la Junta de Coordinación Política, mi aplauso por su altura y su amor por México; a la Mesa Directiva, y por supuesto a la Presidencia del Senado, gracias por ser garante de la libertad y de la legalidad.

A mis compañeras y compañeros de bancada gracias por su aprecio, gracias por su acompañamiento, gracias por sus enseñanzas, a las Senadoras y Senadores de los demás partidos, mi reconocimiento a su talento y a su solidaridad, a todos ustedes gracias por su amistad.

Amigas y amigos todos, México nos está hablando, escuchémosle, hoy más que nunca se demanda nuestra humildad, nuestra empatía, nuestra capacidad para conducir transformaciones y nuestra tolerancia para construir armonía y convivencia.

Me despido de esta soberanía, de ustedes, amigas y amigos, Senadoras y Senadores para emprender un nuevo camino; consciente de los retos inmensos de este tiempo mexicano. Les ruego conceder la licencia que solicito a partir del 20 de diciembre, pueden tener la certeza que si me voy es para seguir sirviendo, sirviendo a México y sirviendo a Baja California Sur.

Parto más convencido del valor de debatir, también de valor de escuchar y de hermanar; parto no solo lleno de experiencias constructivas, de enseñanzas positivas, sino también de entrañables afectos con quienes hoy comparto este Honorable Pleno.

Gracias por su generosidad y por apoyo, sepan que donde quiera que me encuentre tendrá en mí a un amigo, un sincero amigo, un amigo para siempre.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la palabra al Senador Emilio Gambo Patrón, desde su escaño.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente. Quiero, a nombre del grupo parlamentario decirle a un entrañable compañero Senador, que después de dos años, tres meses pide licencia. Senador Carlos Mendoza, hacemos un reconocimiento a su seriedad, a su trabajo como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como integrante en las Comisiones de Seguridad Pública, en la de Justicia, Medio Ambiente, que siempre lo vimos abierto a buscar en la mesa de trabajo los grandes consenso por México.

Como coordinador de este grupo puedo decir que Carlos cumplió como Senador de la República; que toma una decisión muy personal que respetamos, que algunos de mi grupo no le íbamos a dar permiso, le íbamos a decir que se quedara aquí en el Senado, sin embargo le deseamos de verdad que en esto que emprende lo haga con ese profundo amor, que todos los que van a ser candidatos a nueve gubernaturas, o candidatas, lo hagan pensando siempre en su estado, y que lo hagan por la patria, por este gran país, que es México. Gracias Carlos, aquí tienes también un amigo y seguiremos viéndonos.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Senador Fernando Mayans.

El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, quiero expresar a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que le deseamos todo el éxito a un gran representante del pueblo de Baja California, como lo fue su padre, y ahora Carlos, que seguramente logrará sus metas porque es un hombre honrado, un hombre justo y es un hombre cabal. Lo vamos a extrañar aquí en el Senado, Carlos, nuestro amigo, y en nombre del PRD te deseamos todos los éxitos y que tus metas se logren, sin lugar a dudas que así va a ser.

Gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Sonido en el escaño del Senador José Francisco Yunes.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente. Buenas tardes señoras Senadoras, señores Senadores. Solo dejar constancia de la enorme presencia y el gran compromiso que el Senador Carlos Mendoza Davis demostró a lo largo de este tiempo en los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Vamos a extrañar, sin lugar a dudas, la presencia de un hombre que sabe trabajar, que honra la palabra en los consensos, que también, de manera leal sabe defender sus posiciones y que nunca ha dejado el interés nacional, el interés de sus representantes y el cariño a su gente, como el hilo conductor de todas sus participaciones.

Le deseamos la mejor de las suertes al Senador Carlos Mendoza Davis y desde la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, seguramente lo estaremos acompañando y observando.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Senadora, Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño). Bueno, agradecer muchísimo el trato político del Senador Carlos Mendoza Davis, decirle que el trabajo en comisiones con él siempre fue muy profesional, de mucho nivel, de mucha altura, que toda opinión por más diferente a veces hasta contrapuesta que tuvimos, siempre tuvo una opinión franca, sincera, fundamentada de su parte.

Le felicitamos por este reconocimiento que en realidad le hace su partido, le deseamos éxito y un abrazo como compañeros.

Muchísimas felicidades.

El Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Al igual que mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, queremos expresar nuestro reconocimiento al trabajo del Senador Carlos Mendoza Davis, que hoy deja las filas del Senado, le reconocemos la seriedad con la que se desempeñó en esta Cámara Alta, y lo exhortamos y sabemos que en este nuevo desafío que emprende el día de hoy trabajará con la misma seriedad.

Le reconocemos la lealtad con la que ha defendido siempre sus argumentos, estamos seguros que seguirá conduciéndose exactamente de la misma manera en estos nuevos desafíos.

Por mi parte, y por parte del grupo parlamentario, es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Quiero unirme a este reconocimiento, a un joven Senador que ha hecho bien su tarea, que ha hecho su trabajo y que se ha ganado el respeto, como aquí lo hemos oído de todos sus compañeros Senadores.

Conozco y conocí a su padre, su padre fue fundador del estado, lo recuerdo muy bien, de manera que tiene un nombre ilustre, un nombre que nos recuerda la construcción de ese gran estado que usted representa en este Senado. Felicidades y en recuerdo a su padre, dobles felicitaciones.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Cierra las participaciones el Senador Jorge Luis Preciado.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Muy buenas noticias, el que el Senador Carlos Mendoza se vaya a contender por la gubernatura de Baja California Sur, en primer lugar nos hace sentir muy contentos como grupo parlamentario; y en segundo lugar muy seguros de que sin duda alguna nosotros no queremos que regrese, o si regresa que sea solamente a visitarnos como Gobernador de su estado.

Estoy convencido de que el trabajo que hizo aquí en el Sanado de la República, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la gestión que hizo para su estado y lo activo que estuvo ahora que tuvieron la tragedia del huracán, sin duda alguna serán los elementos que valorarán los bajacalifornianos para tomar una decisión importante y una posición, una decisión responsable y sobre todo que conocen a Carlos Mendoza, conocen a su padre, conocen su trabajo y por supuesto, conocen al gobierno que hoy está en aquella entidad.

Así que Carlos, te deseamos la mejor de las suertes, te deseamos que el próximo 7 de junio del año que viene, tengas un extraordinario éxito y ahora sí, hablando como compañeros de partido, que refrendes el triunfo de Acción Nacional en Baja California Sur.

Mucha suerte, enhorabuena y felicidades.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Muy bien, veo que hay consenso, pero tenemos que hacerlo formal. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación Económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: En consecuencia, se concede licencia al Senador Carlos Mendoza Davis para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 20 de diciembre del 2014.

Suerte, Senador Mendoza Davis.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en relación con las rutas y ciclos migratorios de las especies con desplazamiento natural.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 76 Y ADICIONA EL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de control de la generación de residuos peligrosos por parte de pequeños generadores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 47 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Barbosa Huerta: Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Si hay algún orador u oradora interesado en hacer uso de la palabra, háganlo saber. Como no lo hay, en virtud de eso, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Gracias señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático, en materia de preservación de ecosistemas acuáticos, marinos y costeros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 7º DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para ese efecto, se ha inscrito, y tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen correspondiente.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, presentamos ante esta Honorable Asamblea un dictamen relativo a una iniciativa que fue presentada el pasado 28 de noviembre del 2013 por los Senadores Layda Sansores San Román, Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Angel Chico Herrera, así como un servidor, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

Explico algunas de las principales consideraciones del presente dictamen; considerado relevante para generar avances en materia de gobernanza costera. Son 17 las entidades federativas que tienen frente el litoral.

En el aspecto municipal, la CONABIO da cuenta de 263 municipios costeros: 150 de los cuales tiene frente de mar, y 113 tienen influencia costera.

Se calcula que la zona costera habita el 15 por ciento de la población del país, es decir, 16.85 millones de personas.

México tiene una superficie marítima de 3 millones 149 mil 920 kilómetros.

La línea costera de nuestro país tiene una longitud de 11 mil 122 kilómetros.

Los ecosistemas costeros son de los más complejos y productivos del mundo, ya que en ellos se encuentran manglares y arrecifes coralinos, donde habitan especies que apoyan la producción pesquera en la plataforma continental.

Los manglares de México ocupan el cuarto lugar, a nivel mundial, con una superficie de 764 mil.

Es por lo anterior, que les pedimos sumarse a esta importante reforma. Consideramos la importancia ecológica y socioeconómica de los ecosistemas marítimos y del territorio insular del país para el desarrollo de México.

Es necesario generar políticas públicas para reducir el impacto que el cambio climático ejerce sobre estos, y las actividades que dependen de ellos, directa o indirectamente.

El estudio, la conservación y el uso sustentable de los recursos que provee el ecosistema serán de gran utilidad, no sólo para garantizar su viabilidad en el futuro, sino para la preservación de la actividad pesquera y ecoturística.

Los empleos turísticos indirectos asociados a la actividad pesquera le dan sustento aproximadamente a 12 millones de personas, es importante que se asegure un buen futuro económico a sus familias.

También consideramos que se contribuirá a propiciar la seguridad alimentaria de los mexicanos, ya que no se debe perder de vista que aproximadamente el 73 por ciento de la producción pesquera nacional se destina al consumo humano directo.

La reforma pretende establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la ley del mismo tema, los tratados internacionales aprobados y las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia: preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas, callos, arrecifes y los recursos hídricos.

Es tiempo, de continuar esta ruta reformadora. Es tiempo de lograr cambios que atiendan, con visión de futuro, la protección de nuestros recursos naturales. Es tiempo de asegurar que México cuide responsablemente nuestras costas, nuestras islas, los bellos manglares y arrecifes, pero sobre todo, pensar que el desarrollo sustentable, millones de personas que viven de la pesca, del ecoturismo y de cada actividad productiva que en estos espacios se realizan.

Es tiempo de seguir avanzando para lograr un medio ambiente que permita el aprovechamiento de las oportunidades que México está por generar.

Votemos a favor de asegurar que el camino de prosperidad sea para las nuevas generaciones.

Muchísimas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador Pozos Lanz.

Se consulta a la Asamblea ¿si hay alguna otra intervención en torno a este dictamen?

En virtud de que no hay oradores que se hayan registrado, ábrase el sistema electrónico de votación, por un lapso de tres minutos, para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar, en su momento, del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Senadora Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI, del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de los Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.






Enseguida tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X y se recorre la siguiente a la fracción XI del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, para establecer la obligación de los Senadores, de informar anualmente de sus actividades a la ciudadanía.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X Y SE RECORRE LA SIGUIENTE A LA FRACCION XI DEL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular de los Senadores Miguel Angel Chico Herrera y Enrique Burgos García)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura correspondiente.

Consulte la Secretaría, si es tan amable.

La Secretaria María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Informo a esta Asamblea, que las comisiones dictaminadoras entregaron oportunamente una propuesta de modificación, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorpore al texto del dictamen correspondiente, que se encuentra en este momento a discusión.

La Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura a la propuesta, que adiciona las fracciones X y XI al artículo 10 del Reglamento del Senado de la República.

Debe decir. Artículo 10.

1.- Son obligaciones de los Senadores:

Fracción X, informar a la ciudadanía, al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas durante el mismo. Y

Fracción XI. Las demás que establecen la Constitución y las leyes.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Solicite la Secretaría, consulte a la Asamblea, si se autoriza su incorporación al texto del dictamen.

La Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta, en votación económica, a la Asamblea, si acepta la incorporación de esta propuesta al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea, que el señor Senador Isidro Pedraza, ha presentado un documento para que se incorpore al Diario de los Debates, sobre este dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:

El presente dictamen tiene la finalidad- que se establezca como obligación de los Senadores informar a! término de cada año de la legislatura a la Ciudadanía sobre las actividades realizadas durante el mismo.

Esta iniciativa es fue una propuesta que el Partido Revolucionario Institucional realizó en la pasada Legislatura, en ese entonces los proponentes manifestaron que se debe exponer el trabajo realizado por los Senadores y con eso demostrar el compromiso y la responsabilidad a través de la rendición de cuentas que tiene cada Senador. Sin embargo en esta Legislatura los senadores de esta bancada dentro del proceso en comisiones se manifestaron en contra. Establecer como obligación que los Senadores rindan informes sobre su trabajo legislativo de manera anual contribuye al fortalecimiento de la transparencia y Rendición de Cuentas por parte del Poder Legislativo

La rendición de cuentas es un componente esencial en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Además con la Reforma Constitucional en materia de transparencia el Senado de la República asumió el compromiso de ser un parlamento abierto el cual tenga un mayor acercamiento con la ciudadanía y rinda cuentas a cada uno de ellos sobre el trabajo que se realiza en esta Cámara.

Es por esto que nuestro Grupo Parlamentario votara a favor del presente dictamen para quedar como sigue:

Articulo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

I. a IX...

X Informar a los electores al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas durante el mismo, y.

XI. Las demás que establecen la Constituci6n y las leyes.

El Presidente Zamora Jiménez: En consecuencia de la autorización, de la incorporación, se pone a discusión el proyecto, para que si hay algún Senador o Senadora que desee intervenir, en consideración a la propuesta, tiene toda la libertad para que puedan subir los Senadores a debatir este punto.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la señora Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

La recomendación, de que no solamente sea una obligación de que los Senadores den su informe, sino también las Senadoras.

Por favor, si es tan amable.

Gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Tomamos en cuenta la consideración de la Senadora. En consecuencia de esta consideración, que se ha presentado, y en virtud de que no hay más oradores registrados, instruyo se abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente, con la adición que se agregó. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación correspondiente, en el momento oportuno.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron: 93 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona la fracción X y se recorre la siguiente, la fracción XI del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, se remite al Diario Oficial de la Federación para la publicación correspondiente.

Compañeros Senadores, les informo que a petición de la Comisión de Justicia, y por Acuerdo de la Junta Directiva de la misma y de la Mesa Directiva, se retira de la agenda la discusión y votación del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, relativo al delito de cohecho.






En consecuencia, pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República, en relación con los tratados internacionales que se reciben en materia de derechos humanos.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 238 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular de los Senadores Miguel Angel Chico Herrera y Enrique Burgos García)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. Informo a la Asamblea que las Comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación, por lo que solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza su incorporación, y en el momento correspondiente al texto del dictamen que se encuentra en este momento a discusión.

La Secretaria Saldaña Pérez: Debe decir: "Artículo 238 numeral 5, tratándose de la aprobación de tratados internacionales, por lo que se reconozcan derechos humanos en los términos del artículo 1o. constitucional, el Senado dará trámite inmediato y prioritario a su estudio y discusión".

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Consulte la Asamblea si se incorpora esta modificación al dictamen correspondiente, y antes de ello ha solicitado la Senadora Angélica de la Peña hacer uso de la palabra, lo cual se le concede. Y solicitamos que se le conceda sonido en su escaño a la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para una observación, creo que entendí que la Secretaría mencionaba un párrafo 5, y es un párrafo 4.

El Presidente Zamora Jiménez: Correcto. Le solicitamos a la Secretaría dicte de nueva cuenta el trámite correspondiente.

Muchas gracias, Senadora.

La Secretaria Saldaña Pérez: Efectivamente hay un error, debe decir 4.

El Presidente Zamora Jiménez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se incorpora la modificación al dictamen correspondiente, la modificación que propusieron las Comisiones que dictaminaron.

Secretaría consulte a la Asamblea, por favor.

La Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si está de acuerdo en incorporar la propuesta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la inclusión de la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del proyecto, en caso de que ésta exista, será con la aplicación de la modificación que acaba de ser autorizada por esta Asamblea.

Para exponer sus motivos con relación a este dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, e integrante del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

El asunto que está a discusión es una propuesta de reforma que data de la Legislatura pasada, es precisamente de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, los Senadores Renán Cleominio Zoreda y Rosario Green Macías.

Nos parece que es muy importante que rescatemos esta iniciativa, que agrega, efectivamente, un párrafo 4 al 238 de nuestro Reglamento, y que además, va en congruencia con la armonización que tenemos que seguir impulsando a partir de la reforma, la gran reforma estructural, un parteaguas en nuestro marco jurídico fundamental del 11 de junio de 2011.

Es decir, tiene que ver con los tratados internacionales, y de manera particular este párrafo aduce a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que tengan, efectivamente, un trámite inmediato, prioritario para su estudio y discusión. Por lo tanto, vemos con una gran simpatía que en esta Sesión aprobemos, como nos lo proponen las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera, para que podamos seguir adecuando, armonizando nuestra normatividad, y de manera particular la que tiene que ver con la organización de los trabajos del Senado de la República, en este caso de manera muy particular, desde nuestro Reglamento.

Por lo tanto lo vemos con una gran simpatía.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

En virtud de que no hay más oradores registrados… Adelante, ¿Desde su escaño?

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente una referencia obligada, por supuesto, y lo hizo la Senadora Angélica de la Peña, a un ex legislador de Yucatán, gran legislador, como fue, por supuesto, el abogado Cleominio Zoreda Novelo, a quien desde este espacio le mandamos, por supuesto, una felicitación.

Yo creo que hoy más que nunca, va a ver reflejado el fruto de su trabajo, y de verdad solamente reconocer que fue alguien que representó muy bien, por supuesto, al estado de Yucatán, y agradecerles a quienes dictaminaron, la referencia, sobre todo a la Senadora Angélica de la Peña, la referencia que hizo hacia el abogado Cleominio Zoreda.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Araujo Lara, por supuesto el paisanaje se impone, y por supuesto el reconocimiento también a quien ha hecho su trabajo legislativo.

Informo a la Asamblea que se recibió de parte del Senador Isidro Pedraza su participación en este dictamen, el cual se incorporará de manera íntegra al Diario de los Debates.

(Intervención del senador Isidro Pedraza Chávez)



En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos correspondientes a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar en su momento de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto con la adición correspondiente.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Saldaña Pérez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona el numeral cuatro al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República, remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia con proyecto de Decreto por el que se aprueba el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre México y Cuba, firmado en la Ciudad de México el día primero de noviembre del año 2013.

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE  2013

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.

La Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen, quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen, y para esos efectos, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para presentar este y los siguientes dos dictámenes sobre instrumentos internacionales, a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento correspondiente.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Por economía parlamentaria trataré de ser breve, en una sola intervención quedan incluidos los tres dictámenes de la Comisión que me honro en presidir, y quisiera compartirles, primero agradecer también a las Comisiones de Justicia; a la Comisión de Hacienda; de Relaciones Exteriores el que se hayan podido dictaminar para presentarlos en este período ordinario.

El primer dictamen es un tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal con Cuba, los tres tienen que ver con Cuba; las relaciones diplomáticas que tenemos con este país han llegado ya a los 112 años de edad, ya pasamos el centenario de relaciones diplomáticas con Cuba, y en este tratado que consiste en 26 artículos, estamos buscando que sean más ágiles los mecanismos de asistencia jurídica, facilitar la investigación en hechos delictivos, por ejemplo, a través de la entrega de objetos y medios de prueba localización e identificación de personas, recepción de declaraciones y testimonios, realización de peritajes, realización de audiencias por videoconferencias, así como también ejecución de medidas precautorias sobre activos o bienes.

Aquí lo que queremos hacer con este tratado, lo que queremos lograr, es poder fortalecer las herramientas de cooperación entre ambas naciones, concretamente con el tema de procuración de justicia.

El segundo dictamen, es un tratado entre México y la República de Cuba también sobre extradición.

Actualmente, éste ha sido un tratado que en los últimos 89 años no se le había cambiado ni un punto, ni una coma, era importante poder actualizarlo. Este instrumento compromete a entregar recíprocamente a las personas respecto de las cuales se haya iniciado un proceso penal o aquellas que sean requeridas para la ejecución de una condena; comprende, entre otros aspectos el procedimiento a seguir, la documentación que deberá acompañar a las solicitudes, las disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a este procedimiento, los delitos fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, el principio de especialidad, la entrega de objetos, la protección de la información y su relación con otros tratados.

Este tratado, vale la pena mencionar que es plenamente coincidente con nuestra Constitución y con el Derecho Internacional.

Por último, el dictamen que habla del cuarto protocolo, adicional del acuerdo de complementación económica 51.

Aquí, lo más relevante es establecer con claridad un régimen de solución, de controversias que va a permitir fortalecer la certeza de ambos países en el desempeño del intercambio comercial, y como consecuencia esto lo impulsará.

Se establecen plazos mucho más ágiles e instancias a las cuales recurrir, como es el caso de un tribunal arbitral integrado por individuos no nacionales seleccionados con experiencia en las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

Por último, quiero decirles que la relación con Cuba ha ido creciendo entre al año 2000 y el año 2010, ha crecido en una tasa promedio anual superior al 9 por ciento. Esto refleja un dinamismo distinto que tenemos con Cuba. De hecho tuvimos una reunión Interparlamentaria en pasados meses, en la que tratamos muchos de estos temas.

Y por economía parlamentaria yo solicitaría al Presidente de la Mesa Directiva que pudiese integrarse en su totalidad mi intervención.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Con su venia.

Quiero compartir a este pleno que por economía parlamentaria en una sola intervención presentaré 3 dictámenes. Primero, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia nos fue turnado el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal suscrito en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013 por nuestro país y la República de Cuba.

Cabe destacar que actualmente la relación bilateral se basa en 28 tratados, convenios y memorandos de entendimiento reflejo de 112 años de relaciones diplomáticas muy activas. En el marco de un acentuado impulso a estos vínculos entre ambos países, es importante poner al día todos y cada uno de los instrumentos con los que contamos, en específico, con aquellos que nos permitan combatir los actos delictivos que, en muchos casos, no distinguen fronteras; Es importante decir que ambos países ya cuentan con un antecedente en materia de Asistencia Jurídica que es un acuerdo de abril de 1996; dada la evolución y necesaria actualización del marco normativo para enfrentar los nuevos retos en este rubro, es que se realizaron las negociaciones para contar con este nuevo instrumento.

Es un Tratado consistente en 26 artículos que entre otros aspectos hará posible que sean más ágiles los mecanismos de asistencia jurídica, así como facilitará la investigación de hechos delictivos -por ejemplo- a través de la entrega de objetos y medios de prueba; en la localización e identificación de personas; en la recepción de declaraciones y testimonios; en la realización de peritajes; en la realización de audiencias por videoconferencia; así como la ejecución de medidas precautorias sobre activos o bienes.

Es una apuesta por fortalecer las herramientas de cooperación entre ambas naciones en materia de procuración de justicia que al día de hoy, estás integradas por: un acuerdo para combatir el Narcotráfico Internacional y otro sobre la Ejecución de Sentencias Penales. Sobre todo, se robustece la capacidad institucional para sancionar la comisión de delitos y servirá sobre todo, para poner alto a la impunidad que aprovecha, precisamente, vacíos legales.

DICTAMENTRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICIÓN

El segundo instrumento fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores y a la Comisión de Justicia, es el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013.

Actualiza un Tratado con 89 años de antigüedad que ya teníamos firmado con el país caribeño.

Este Instrumento se integra por 23 artículos en los cuales las Partes se comprometen a entregar recíprocamente a las personas respecto de las cuales se haya iniciado un proceso penal o aquellas que sean requeridas para la ejecución de una condena; lo cual comprende entre otros aspectos: el procedimiento a seguir y la documentación que deberá acompañar a las solicitudes;  las disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a este procedimiento, los delitos fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, el principio de espacialidad, la entrega de objetos, la protección de la información, su relación con otros tratados, así como disposiciones sobre su entrada en vigor, enmiendas y su terminación.

Es necesario señalar que este Tratado Internacional es plenamente coincidente con nuestra Constitución y con el Derecho Internacional, y en ningún momento contraviene lo dispuesto en el artículo 15 de nuestra Carta Magna que establece que esta Soberanía no puede aprobar tratados para la extradición de reos políticos o aquellos que alteren los derechos humanos. Con la aprobación de este Instrumento coadyuvaremos a inhibir que nuestro territorio nacional sea utilizado como refugio para quienes delinquen en otros países.

Es un acuerdo que se suma a una serie de tratados en la materia que México ha suscrito con países de nuestra región como es el caso de Argentina y Costa Rica, también con países de Norteamérica como son Estados Unidos y Canadá e incluso con Francia.

PRIMER DICTAMEN
DICTAMEN
CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 51

Por último, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial hemos trabajando conjuntamente en el análisis y dictaminación del Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica 51.

Es importante decir que buena parte de la insatisfacción social reciente en la región encuentra su razón de ser en las condiciones de la economía de nuestros países, ver al Comercio como una palanca para el desarrollo significa también darle oportunidades a quienes hoy no las tienen.

Por ello, desde la administración anterior se han impulsado una serie de rondas de negociaciones con países que son considerados estratégicos para las relaciones de nuestro país con el exterior, particularmente, viendo a América Latina como una región con un enorme potencial, no en vano el crecimiento promedio del ingreso per capita en la región ha sido cercano al 3% en los últimos años.

Uno de los países que enfrenta un futuro prometedor es la República de Cuba. El marco jurídico que norma las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones, es uno de los más amplios comparado con los que se tienen con cualquier otro país del mundo. México y Cuba tienen acuerdos de comercio, inversión, turismo, energía, pesca, transporte aéreo, aduanas, minería, así como diversos instrumentos para la reestructuración de adeudos, además de otros de carácter empresarial.

En abril de 2012, el ex Presidente Felipe Calderón fue recibido por el Presidente Raúl Castro y ambos mandatarios coincidieron en la importancia de incrementar la cooperación comercial a través del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 51; meses más tarde, funcionarios de ambas naciones subscribieron un Marco General de Negociación para su Ampliación y Profundización, mismo que llegó a su fin en noviembre de 2013, y que contempla los rubros de acceso a mercados; régimen de origen; obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; solución de controversias; cláusulas de salvaguardias; cooperación; y normativas institucionales.

Lo más relevante es que este Cuarto Protocolo establece con claridad un régimen de solución de controversias que permitirá fortalecer la certeza de ambos países en el desempeño del intercambio comercial y como consecuencia, esto lo impulsará. Se establecen plazos ágiles e instancias a las cuales recurrir como es un Tribunal Arbitral integrado por individuos no nacionales seleccionados con experiencia en las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

Cabe destacar que la relación comercial con Cuba creció a una tasa promedio anual superior al 9%. Un dato que refleja una nueva etapa de dinamismo es que a partir de 2010, esa tasa de crecimiento ha sido superior al 23%.

Así mismo, es necesario tomar en cuenta la coyuntura que vive el país caribeño, representa un momento histórico de apertura comercial que inició en el año 2008 y que se ve incentivado con el lanzamiento del proyecto del Puerto del Mariel como uno de sus pilares, este proyecto permitirá crear una zona económica exclusiva que seguramente se convertirá en un polo de desarrollo con grandes oportunidades para las empresas mexicanas.

Por todo lo antes expuesto, las comisiones dictaminadoras consideramos relevante someter a la consideración de este Pleno para su aprobación cada uno de estos tres instrumentos que abonan a consolidar los pasos que hemos dado en materia comercial, de asistencia jurídica y de procuración de justicia que nos confirman como países aliados en el impulso al desarrollo económico y a la seguridad de nuestros pueblos.

Agradezco a las Juntas Directivas e Integrantes de las Comisiones Dictaminadoras por su trabajo y apertura para que podamos presentar el día de hoy al Pleno estos 3 importantes instrumentos internacionales.

Es cuánto.

Muchísimas gracias y espero que haya sido muy rápida y eficiente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Con todo gusto solicitamos a Servicios Parlamentarios que se integre al Diario de los Debates el documento correspondiente de manera íntegra.

Se concede el uso de la palabra al señor Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para referirse de manera similar a los tres dictámenes.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

En la fracción del Partido de la Revolución Democrática nos congratula la celebración de los tratados en materia de asistencia jurídica en materia penal, el tratado sobre extradición y el cuarto protocolo adicional del acuerdo de complementación económica número 51 entre México y la República de Cuba.

Estos instrumentos jurídicos se suman a otros igual de relevantes, como la ampliación de línea del crédito para mayor comercio, inversión, la carta de intención para la cooperación bilateral, el acuerdo de cooperación en materia turística, el memorando de entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales.

Saludamos cada uno de los esfuerzos que nos llevan a profundizar las relaciones entre estos dos pueblos unidos por vínculos entrañables de amistad, de solidaridad y de cooperación.

Incrementar el nivel de colaboración con la República de Cuba ha sido positivo para nuestro país, en términos de la promoción del bienestar social, del intercambio cultural, del desarrollo educativo, pero también en muchos otros ámbitos.

Tenemos mucho qué aprender y mucho qué hacer con Cuba y con los demás pueblos latinoamericanos con quienes compartimos flagelos y problemas comunes.

Cuba es uno de los países del mundo que más porcentaje del Producto Interno Bruto invierte en educación, un total del 12.9 por ciento, muy lejano al porcentaje que destinamos en México.

La inversión en la educación y su definición como área prioritaria y estratégica para el futuro es la medida más relevante para combatir las desigualdades sociales y construir una ciudadanía plena en cualquier parte del mundo.

Un aspecto que el pueblo cubano ha asumido con visión y decisión suficiente.

No es posible hoy en día, que abordemos los temas de la migración, de la seguridad, del desarrollo y el combate a las desigualdades sin una perspectiva regional. Sabemos que existe una tendencia de crecimiento importante en el terreno del intercambio comercial entre México y Cuba.

Por ello, es importante apoyar la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica llamado ACE-51, que permita un flujo de productos agroindustriales, lácteos, embutidos, químicos, medicamentos e instrumentos y aparatos médicos, lo que redundará en beneficio de ambas naciones y en su desarrollo económico y social.

Aprovecho la ocasión para solidarizarnos una vez más con el pueblo cubano que hoy sigue resistiendo el injusto bloque económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. México lo ha hecho a través de diversos pronunciamientos en el marco de la CELAC, y de otros espacios en la región y debemos seguir firmes en esa postura.

Cuba ha dado señales claras de voluntad para modificar distintos aspectos de su modelo económico, para adecuarlo a las circunstancias de dicha nación.

No obstante, por parte de los Estados Unidos sólo vemos medidas de endurecimiento.

Desde la izquierda hemos defendido siempre la postura de una integración regional con carácter humanista, democrático, plenamente respetuosa de los derechos fundamentales.

Una integración respetuosa de los sectores productivos nacionales, que amplíe los horizontes de inversión, de cooperación y de solidaridad más allá del mero intercambio comercial, más allá de América del Norte y de la región de Asia-Pacífico, donde están concentrando gran parte de los esfuerzos.

Una América Latina unida, cimentada en ideales de justicia, de soberanía, de independencia y de libertad. Por ello apoyamos los acuerdos que hoy estamos a punto de aprobar, porque surgen de un diálogo político respetuoso, de la negociación constructiva, acorde a los intereses políticos, económicos y comerciales de ambos países.

Cuba es nuestro principal socio comercial del Caribe, un pueblo amigo, que ha sabido enfrentar sus grandes dificultades con entereza, con patriotismo y con mucha dignidad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Raúl Morón Orozco, y gracias por su capacidad de síntesis que ha demostrado en su intervención.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario de PAN, para referirse de igual manera a los tres dictámenes.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.

Así como lo expresó el Senador Raúl Morón, estoy plenamente convencida que Cuba es un país con el que sentimos una fuerte y especial hermandad.

Compartimos no sólo el idioma, sino también un pasado histórico y retos comunes que requieren de una gran coordinación y esfuerzo.

Ahora que las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Cuba han cumplido 112 años, se vuelve fundamental fortalecer y renovar nuestro marco jurídico bilateral, y por ello es que se ponen a su consideración tres dictámenes que buscan aprobar los siguientes instrumentos internacionales.

El primero de ellos es el Tratado Sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal; el segundo que se pone a su consideración es el Tratado entre México y Cuba sobre Extradición y finalmente, la actualización un protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica número 51.

Sin duda lo que hemos trabajado en nuestra historia acerca de Cuba es importante, es mucho. Pero hace falta que se esté actualizando.

El trabajo de negociación con Cuba empezó hace casi tres años, en el que se buscó renovar precisamente este acuerdo de complementación y distintos instrumentos internacionales que han sido firmados por el Ejecutivo Federal. No sólo estos tres, que estos tres sí son aquellos que nosotros debemos aprobar, sino muchos otros que han fortalecido la relación y que sin duda sí es un logro que hay que reconocer en el gobierno actual: el fortalecimiento de la relación entre México y Cuba.

Y por ello es que estos tres instrumentos, tanto el Tratado Sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, el de Extradición, tienen que ver con fortalecer una zona que hoy se encuentra amenazada por la inseguridad, una zona donde si bien siempre será prioridad el respeto a los derechos humanos, dentro de ese marco debe haber mucho mayor coordinación, intercambio de información, intercambio de experiencias y, sin duda, las facilidades para poder trabajar como un solo equipo.

Por último, en lo que tiene que ver con actualización del Acuerdo Complementación Económica 51, hay que precisar que este Acuerdo de Complementación ya existía; pero se volvió muy importante al hacer más amplia la posibilidad de estos intercambios.

Cada vez, tanto Cuba como México, somos más competitivos en distintas industrias. Pero si no actualizamos el marco normativo, las posibilidades de intercambio se ven frenadas.

Es importante por ello esta actualización, y enhorabuena al trabajo que se realiza desde el Ejecutivo Federal, pero también reconocer el trabajo que se ha realizado desde este Senado de la República en fortalecer desde la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, una relación que ha tenido muchos años y que sin duda la amistad de México y Cuba tendrá muchos años más.

Es cuanto.

El Senador Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuevas Barrón, por su intervención.

Esta presidencia saluda a un grupo de jóvenes provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el señor Senador Gerardo Sánchez García; ellos asisten a este recinto con la finalidad de presenciar el trabajo legislativo del Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos.

De la misma manera, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de secundaria que pertenecen al Programa Decidiendo hoy y mañana, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, invitados por el Senador José María Martínez Martínez, asisten a este recinto para presenciar el trabajo de los legisladores, durante la sesión ordinaria. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra, en tribuna, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Buenas tardes, compañeras y compañeros.

El día de hoy estamos a punto de votar un dictamen, el cual es de suma trascendencia, no solo para nuestra nación sino también para nuestro país hermano y vecino, la República de Cuba.

Este dictamen busca ratificar el Tratado Sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de México el pasado primero de noviembre de 2013, remitido por el Ejecutivo Federal.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se expresa que el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba.

De tal manera que de aprobarse este Tratado se fortalece la procuración de justicia entre ambas naciones, con este Tratado reforzamos uno, el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en La Habana el 25 de mayo de 1925, y respecto del cual se suscribió un nuevo Tratado, el primero de noviembre de 2013.

El acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, sobre cooperación para combatir el narcotráfico internacional, firmado en La Habana el 27 de julio de 1990, y el Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en la ciudad de México, el 23 de abril de 1996.

Sobre el tratado en comento podemos destacar que México y Cuba se prestarán asistencia jurídica en materia penal y que el mismo se extenderá a las investigaciones y procedimientos penales sobre cualquier delito previsto por legislación nacional de cualquiera de las partes.

Además se establece que la asistencia jurídica se prestará cuando la solicitud se refiera a delitos relacionados con impuestos, derechos de aduana, control de cambios, y otros de naturaleza fiscal.

No se faculta a las autoridades de una de las partes a ejercer en el territorio de las otras funciones cuya competencia es exclusivamente reservada a las tres autoridades de esa otra parte. También se establece que el Tratado no será aplicable para la detención de personas con fines de extradición.

Por otra parte, señala que las partes celebrarán consultas sobre temas de interpretación o aplicación del Tratado sobre una solicitud de asistencia jurídica en específico, y por otro lado, que las controversias derivadas de la interpretación o aplicación del Tratado, se resolverán de forma amigable por la vía diplomática.

Y por último, quedará sin efecto el Tratado de Cooperación entre México y Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscrito el 23 de abril de 1996 con el objetivo de mejorar la justicia entre nuestras naciones hermanas.

Y es que hay que recordar que la relación diplomática con la República de Cuba siempre ha sido cooperativa y propositiva con miras al fortalecimiento de nuestras naciones.

Como Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores estoy a favor del presente dictamen, toda vez que como quintanarroense tengo muy claro el vínculo tan estrecho que existe entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano.

Realmente esta es una nueva era que estamos iniciando, que esperamos que se vaya fortaleciendo día con día en la que se desenvuelvan de manera seria las relaciones de México con Cuba, que lamentablemente durante un tiempo tuvieron un impasse de estatismo, pero que actualmente ya tenemos que reconocerlo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo han tenido la voluntad de que nuevamente se estrechen los vínculos de amistad, de cooperación, esperamos que se genere una mayor cooperación en el tema de la educación y de la inversión en mayor desarrollo humano y social.

En Cuba hay dificultades económicas, pero en contraposición hay mucha inversión en desarrollo humano, en desarrollo social; aspiramos los mexicanos a leer el número de libros que nuestros hermanos del pueblo cubano leen porque necesitamos empoderarnos en ese sentido, no solamente en seguir invirtiendo en infraestructura, infraestructura material, necesitamos en México, igual que en Cuba, invertir en infraestructura humana, en educación.

Gracias.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar en su momento de la votación. Abrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba firmado en la Ciudad de México, el día 1 de noviembre del año 2013. Remítase al Ejecutivo Federal.






Enseguida tenemos la segunda lectura a otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado entre México y Cuba sobre Extradición, firmado en la ciudad de México, el día 1 de noviembre del año 2013.

TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICION, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura correspondiente.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar en su oportunidad del resultado de la votación.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la ciudad de México firmado el día 1 del mes de noviembre del año 2013. Remítase el presente al Ejecutivo Federal.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica número 51 celebrado entre México y Cuba.

CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NO. 51 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy, consulte, si es tan amable la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se omite su lectura.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. Se encuentra a discusión el presente dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento el resultado de la votación correspondiente.

VER VOTACIÓN

La Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación económica, número 51, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado Ad Referéndum, por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de noviembre del año 2013, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.






Tenemos la discusión de dos dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar proyectos de Decreto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

La Secretaria Merodio Reza: Están a discusión los siguientes dictámenes:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 96 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al Artículo 96 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Senador Carlos Navarrete Ruiz, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al Artículo 96 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De acuerdo con el Legislador proponente, señala la importancia de integrar una fracción al Artículo 96 de la Ley General de Salud, en el que se establezca, el desarrollo de acciones que contribuyan a la innovación tecnológica para mejorar el tratamiento preventivo y curativo de enfermedades propias de la mujer.

Es por ello que sugirió adicionar la fracción VII del Artículo 96 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Artículo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos;

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social;

III. A la prevención y control de los problemas de salud;

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud; y

VI. A la producción de insumos para la salud.

 

Artículo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos;

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social;

III. A la prevención y control de los problemas de salud;

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud;

VI. A la producción de insumos para la salud, y

VII. A la innovación tecnológica para mejorar el tratamiento y curativo de enfermedades propias de la mujer.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes en el mundo, siendo entre los tipos de cáncer más comunes, el de pulmón, hígado, estómago, colon, mama y próstata.

Uno de los argumentos principales del Senador proponente, consiste en las estadísticas de mortalidad a causa de cáncer de mama como una de las principales causas de muerte en las mujeres, no obstante, observamos que de acuerdo con la OMS, los principales tipos de cáncer se pueden presentar en órganos que tanto hombres como mujeres tienen, es el caso de los pulmones, hígado, estómago y colón.

Aunado a ello, si se trata de género, el cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más frecuentes en los hombres y se incrementa conforme avanza la edad. En 1999, dicho cáncer se ubicó en segundo lugar en el grupo de hombres de edad postproductiva, con una tasa de 71.7 hombres afectados por cada 100 mil hombres, frente a 23.7 mujeres afectadas por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años en 2011.

De tal manera observamos que una enfermedad como el cáncer no se puede tratar con enfoque de género, porque puede afectar en igual o mayor medida, a los hombres o a las mujeres.

C. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que la Constitución Mexicana, garantiza en su Artículo 4º, no sólo el derecho a la protección a la salud, sino que también garantiza la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Además del Artículo 1º de la Constitución Mexicana, que prohíbe toda discriminación motivada por género.

La propuesta que el Legislador proponente suscribió para su análisis, estaría violentando todos los derechos que establecen los Artículos Constitucionales señalados, toda vez que es una adición, que a pesar de su noble intención, estaría discriminando al género masculino, por tratarse de “enfermedades propias de la mujer”, contravendría la igualdad de género ante la ley y privilegiaría la protección a la salud de las mujeres.

D. Actualmente la Ley General de Salud, en el mismo Artículo 96 que se pretende adicionar, ya establece los supuestos en los que la investigación en materia de salud debe perseguir para beneficio de toda la población mexicana, toda vez que se prevé la prevención a la salud y el impulso a la investigación científica, en toda clase de enfermedades que afecten la salud de la ciudadanía, donde de manera general se encuentran contenidas tanto afecciones a la salud de las mujeres yd e los hombres. De esta manera el precepto en comento establece:

Artículo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I.Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos;

II.Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social;

III.A la prevención y control de los problemas de salud;

IV.Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

V.Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud; y

VI.A la producción de insumos para la salud.

Es por ello, que se considera que la redacción vigente del Artículo 96 de la Ley General de Salud, no necesita adiciones, toda vez que de manera general integra la salud de todas y todos los mexicanos y por ende, las Comisiones Dictaminadoras estiman viable desechar el proyecto de decreto por el que se pretende adicionar una Fracción VII, al Artículo 96 de la Ley referida.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único. Se desecha y se da por concluido el procedimiento del instrumento legislativo que pretendía adicionar la fracción VII al Artículo 96 de la Ley General de Salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 97 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 97 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de octubre de 2011, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 97 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De acuerdo con el Legislador proponente, señala que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son precursores esenciales de la competitividad y del crecimiento económico de cualquier país.

Es por ello que sugirió reformar el Artículo 97 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Artículo 97. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y con la participación que corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología orientará al desarrollo de la investigación científica y tecnológica destinada a la salud.

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud.

Artículo 97. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y con la participación que corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología orientará al desarrollo de la investigación científica y tecnológica destinada a la salud.

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud, privilegiando aquella encaminada a la generación de medicamentos y otros insumos para la salud.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En México, de acuerdo con la Ley General de Salud, según lo establece el Artículo 2, fracción VII, una de las finalidades que tiene el derecho a la protección a la salud, tiene que ver con el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Tanto la investigación científica como la investigación tecnológica, pueden dar lugar a un sinnúmero de proyectos que beneficien la salud de la población mexicana.

Ejemplo de ello, se muestra en la Ley en comento, misma que regula la investigación para la salud en los seres humanos; en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; salud mental; nutrición de la población; efectos de la contaminación del ambiente en la salud de la población mexicana; radiaciones; prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales o laborales; prevención y control de enfermedades transmisibles; prevención de accidentes; asistencia social; invalidez y los factores que la condicionan; alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas; farmacodependencia; medicamentos huérfanos; estupefacientes; substancias psicotrópicas; biomédica; órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos; entre muchas otras que se pueden originar con la finalidad de encontrar solución a diversos padecimientos.

C. La Ley General de Salud, también contiene un Título Quinto, denominado Investigación para la Salud, que delimita lo que la investigación para la salud debe comprender, para el desarrollo de acciones que deben contribuir a:

• El conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos;

• El conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social;

• La prevención y control de los problemas de salud;

• El conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

• El estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud; y

• La producción de insumos para la salud.

Aunado a ello, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud en lo referente a la investigación para la salud en los sectores público, social y privado.

Tanto la Ley General de Salud, como el Reglamento referido, establecen un marco de amplias posibilidades de áreas de la salud de las personas, que se pueden abordar como temas de investigación. Además es en el Reglamento, donde se especifican los requisitos que cada proyecto de investigación debe contener y los protocolos a que deben apegarse, con la finalidad de respetar normas legales y éticas.

D. En materia de investigación, no solo la Secretaría de Salud tiene cabida, sino que también la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tienen la facultad de orientar al desarrollo de la investigación científica y tecnológica destinada para la salud.

Derivado de lo anterior, abordando la propuesta del Legislador, de aprobarse en sus términos, se coartaría la posibilidad de desarrollar en igualdad de condiciones cualquier otra investigación, que no tenga que ver con la producción de insumos para la salud, toda vez que su propuesta pretende que se privilegien las investigaciones encaminadas a la generación de medicamentos y otros insumos para la salud.

Ello, también limitaría el derecho a la protección de la salud garantizado en el Artículo 4º Constitucional, párrafo Cuarto, que además integra el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, según lo establece el Artículo 2º, fracción VII de la Ley General de Salud.

Actualmente la redacción que tiene el Artículo 97 de la Ley General de Salud, es la adecuada para que de manera equitativa, se logre emprender cualquier investigación científica y tecnológica encaminada a la salud, y que reciba el apoyo y estímulo de las autoridades competentes.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, estiman viable desechar la Iniciativa en comento, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único. Se desecha y se da por concluido el procedimiento del instrumento legislativo que pretendía reformar el párrafo segundo del Artículo 97 de la Ley General de Salud.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias señora Secretaria. En consecuencia, se pregunta a la Asamblea si algún integrante desea hacer uso de la palabra o tiene reservas respecto de estos dictámenes en sentido negativo. Por no haber reservas, ni solicitudes de hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan los anteriores proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Comuníquense.






Tenemos la discusión de 13 dictámenes emitidos por comisiones que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos, y dé lectura a todos y cada uno de los resolutivos de los 13 dictámenes.

La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen de la Comisión de Turismo.

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, se promueva la creación de observatorios turísticos  que analicen y establezcan los indicadores turísticos que permitan fortalecer las políticas públicas para potenciar el sector turístico de nuestro país, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten el acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 23 de octubre de 2014, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con los gobierno de las Entidades Federativas, se promueva la creación de observatorios turísticos  que analicen y establezcan los indicadores turísticos que permitan fortalecer las políticas públicas para potenciar el sector turístico de nuestro país.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 31 de octubre de 2014 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo del Senador Armando Ríos Piter propone lo siguiente:

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, se promueva la creación de observatorios turísticos que analicen y establezcan los indicadores turísticos que permitan fortalecer las políticas públicas para potenciar el sector turístico de nuestro país.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La proposición del Senador Armando Ríos Piter refiere que un mecanismo de difusión y promoción de la actividad turística son los observatorios turísticos, los cuales constituyen una herramienta esencial para cualquier destino, ya que permiten trazar de manera efectiva el perfil de los visitantes, conocer sus expectativas y el grado de satisfacción de su estancia.

El Senador promovente establece que con esta información, las entidades públicas y privadas pueden encaminar eficazmente las líneas estratégicas, proyectos y actividades turísticas a seguir.

El promovente hace mención que los observatorios turísticos como centros de datos, documentación e información asociada a los recursos turísticos, podrán realizar un análisis, planificación, seguimiento, gestión y promoción de los destinos turísticos; tomando en cuenta variables como el análisis de la evolución de la oferta y demanda de hospedaje, la evaluación de parámetros de sustentabilidad, la evolución de la competencia nacional o internacional, la tecnología aplicada en el sector, la tipología del turista, entre otras variables económicas y financieras.

El Senador promovente establece que aunque en México ya se cuenta con observatorios virtuales estatales en Guanajuato, Baja California, Puebla y próximamente en Guadalajara, Monterrey, Quintana Roo y en Guerrero, se requiere fortalecer la creación de estos organismos, que brinden la información oportuna, eficaz y veraz para la toma de decisiones.

Por último, el promovente señala que estos organismos serán una herramienta de accesos a indicadores sociodemográficos en materia de género, salud, edad, nivel educativo, ocupación, ciudad de origen, frecuencia de visita, motivos de visita a la ciudad, duración de estancia, entre otros.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que el Turismo es una actividad económica importante para el país, la cual necesita allegarse de toda la información necesaria para la toma de decisiones que permitan potencializar los buenos resultados que hasta ahora tiene y que propicie una mejor calidad de vida para los mexicanos.

La Comisión de Turismo comparte con el promovente su preocupación por implementar en este sector mecanismos novedosos que contribuyan a su adecuado crecimiento, alentando la participación del Estado, académicos y la sociedad civil, como es el caso de los observatorios turísticos.

Los observatorios turísticos son instituciones que nos proporcionan información sobre un campo concreto de la actividad humana, el turismo, que ayuda a la toma de decisiones y al desarrollo de mejores políticas públicas.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal, un observatorio turístico permite documentar de forma exacta la evolución y efectos de la actividad turística en un destino y proporciona un instrumento que ayuda a mejorar su competitividad. La razón principal para la creación de un observatorio turístico en destinos de México es la clara necesidad de contar con un instrumento para monitorear la actividad turística; esto en virtud de que la gestión de los destinos se ha vuelto un proceso de gran orientación local.

Los senadores integrantes de la Comisión de Turismo establecen que la creación de Observatorios turísticos:

• Ayudará a la toma de decisiones de la iniciativa privada y pública de un territorio que se identifica como un destino turístico, real o potencial

• Servirá para controlar los resultados y eficacia de las políticas turísticas y ayudaran a su posible corrección.

• Sera una sólida base para la elaboración de diagnósticos e informes de los destinos turísticos a los que se aplica.

Esta Comisión Dictaminadora considera que con la creación de observatorios turísticos en toda la República Mexicana se consolidará una red nacional para la obtención, análisis y publicación de información que integre diferentes variables y que facilite a prestadores de servicios, autoridades y profesionales tomar decisiones de índole diversa.

Además, estamos convencidos que con la información que arrojarán los observatorios turísticos, tendremos un mejor conocimiento de la actividad turística en diferentes zonas del país, se tendrá información certera que nos facilitará la mejora de los destinos turísticos propiciando así la inversión y el financiamiento.

Los integrantes de esta Comisión Legislativa destacan que en nuestro país ya están en funcionamiento, como lo dice el Senador promovente, observatorios turísticos en Baja California, Guadalajara, Guanajuato y Puebla; además en algunos estados y ciudades, su creación es un proyecto sólido que está en marcha, por ejemplo: Monterrey, Quintana Roo, Guerrero y algunos otros de instituciones educativas.

En virtud de la importancia de los observatorios turísticos en nuestro país, la Secretaría de Turismo emitió el documento Diseño y Aplicación del Modelo de Observatorio Turístico para destinos de grandes ciudades, aplicado en la Ciudad de México.

El objetivo general de este documento es el diseño y aplicación de un modelo de observatorio turístico con información integral, homogénea, comparable, accesible, consistente, periódica, actualizada y relevante que refleje la situación de la actividad turística de la Ciudad de México y que coadyuve a la innovación en la planeación, la gestión la sustentabilidad del sector turístico.

Aunque es para la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora, considera que es aplicable a cualquier región de nuestro país que cuente con las características idóneas que facilite su instalación y su funcionamiento.

En conclusión, los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo consideramos importante seguir trabajando en la creación de observatorios turísticos que nos permitan obtener información necesaria para implementar nuevas estrategias de mercado y mejorar nuestra oferta turística a fin de poder atender a un número mayor de turistas en el mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo para que en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, continúe promoviendo la creación de observatorios turísticos, que permitan fortalecer las políticas públicas del sector turístico de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE TURISMO






La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen de la Comisión de Turismo.

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort en Guerrero, a fin de generar una mayor derrama económica que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristain Navarrete, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Víctor Hermosillo y Celada, Salvador López Brito y Martín Orozco Sandoval.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 7 de octubre de 2014, los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristain Navarrete, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Víctor Hermosillo y Celada, Salvador López Brito y Martín Orozco Sandoval, presentaron  proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort en Guerrero, a fin de generar una mayor derrama económica que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 13 de octubre de 2014 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort en Guerrero, a fin de generar una mayor derrama económica, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Los promoventes señalan que en la actualidad millones de peregrinos anualmente realizan viajes a santuarios por motivos de fervor y devoción religiosa, mencionan que algunos peregrinos buscan realizar un voto, satisfacer una promesa, pedir algún tipo de beneficio o dar gracias por un beneficio ya recibido.

Dan cuenta de que el turismo religioso tiene como motivación fundamental la fe, y que de acuerdo con la World Religious Association (WRTA) mueve al año más de 300 millones de personas que gastan anualmente 18,000 millones de dólares; tan sólo en 2012, el turismo religioso representó el 30% del turismo mundial total. Asimismo, mencionan que el turismo religioso es considerado un turismo fiel al sitio de visita debido a que el visitante realiza viajes al mismo sitio en periodos cortos de tiempo.

Los promoventes mencionan que de acuerdo con el “Documento de la Santa Sede sobre el Peregrinaje 2000” el 60 o 70 por ciento de las personas que visitan los centros de culto religioso son cristianos, sobre todo católicos, quienes dedican parte de sus vacaciones a realizar una peregrinación; siendo El Vaticano, Lourdes, Claromontana, Fátima y Guadalupe los centros de culto más grandes del mundo cristiano.

También señalan que dado el alto número de personas que visita los centros religiosos, en algunos lugares -como Lourdes o Fátima- se han establecido una serie de servicios en torno al santuario, que es el principal atractivo, creando museos, recorridos especiales, actividades alternas e incluso pueblos o mini ciudades santas, incrementando con ello la estancia de los visitantes y su derrama económica.

Aquellos santuarios en donde no se han planificado estos servicios, como la Basílica de Guadalupe, tienen una derrama económica menor, pues la mayoría de sus visitantes permanece unas horas en ella y se retiran.

En lo que respecta a México, los promoventes mencionan que su pueblo se ha caracterizado por su profunda religiosidad lo que le ha llevado a configurar espacios sagrados a lo largo y ancho de su territorio nacional; algunos de ellos tienen servicios que van desde sencillas áreas destinadas para el descanso después de una larga caminata, hasta el desarrollo de infraestructura turística establecida y en forma, como es el caso de restaurantes y hoteles.

En nuestro país los principales centros de peregrinación pertenecen a la iglesia católica: la Basílica de Guadalupe, en el Distrito Federal; la Basílica de San Juan de los Lagos, en Jalisco; y, el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México.

Mencionan también que los estados de Aguascalientes y Guerrero cuentan con diversos destinos turísticos religiosos.

Sobre Aguascalientes refieren que en el municipio de San José de Gracia la llegada del Señor Original acrecentó la religiosidad, y que el Santuario del Cristo Roto es un sitio emblemático que genera más de 400 mil visitas al año; en este santuario se puede apreciar la estatua de 25 metros del Cristo Roto, siendo el segundo más grande de Latinoamérica, también se pueden apreciar los distintos cristos a escala que albergan las iglesias del estado, cada uno con su descripción y milagros que ha concedido.

Sobre el estado de Guerrero, refieren que cuenta con sitios y símbolos religiosos en diversos destinos turísticos.

En Acapulco se encuentra la Capilla Ecuménica La Paz, conocida como Capilla de la Paz y la Virgen de los Mares, la que se ubica en plena bahía de Acapulco junto a la isla de la Roqueta a la cual es visitada por sus fieles cada 12 de diciembre; en Chilapa de Álvarez se encuentra la Catedral de Chilapa, la cual es la  tercera catedral más importante del país, detrás de la Catedral Metropolitana y la Catedral de Puebla; en Petatlán está el Santuario Nacional del Santo Señor de Petatlán el cual es muy visitado en su feria anual; en Pungarabato se encuentra la Catedral de Fray Juan Bautista Moya dedicada al fraile del mismo nombre, quien es conocido por sus méritos milagrosos y religiosos como el Apóstol de Tierra Caliente; en Taxco de Alarcón se encuentra la Parroquia de Santa Prisca, el Santuario del Señor de la Santa Veracruz, el Templo y Ex Convento de San Bernardino de Siena, la Parroquia de Chavarrieta y la Capilla de la Santísima Trinidad;  en Tlapa de Comonfort se ubica el Convento y Santuario de San Agustín.

Dadas esas consideraciones, el reto y las oportunidades de atender, promover, proteger y aprovechar el turismo religioso, y que en el estado de Guerrero gran parte de su economía depende del turismo, los promoventes solicitan que se exhorte a la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en los municipios mencionados a fin de generar una mayor derrama económica, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con los promoventes del punto de acuerdo en el sentido de que la historia de México está asociada a una intensa y ferviente vocación religiosa, como resultado del proceso de evangelización realizado durante la conquista y en que como legado de esta época tenemos importantes monumentos arquitectónicos como templos, ex conventos, santuarios, etc. que se han constituido como centros de devoción religiosa y fiestas o ritos locales, a los que acuden miles de personas.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establece en el tomo 14 de los Cuadernos del Patrimonio Cultural y Turismo1 que por el santuario de Guadalupe se calcula que pasan de 12 a 14 millones de peregrinos o visitantes al año; por San Juan de los Lagos, casi 7 millones de peregrinos anuales; 2 millones y medio de peregrinos por año se estiman para el Santuario del Santo Niño de Atocha en Fresnillo, Zacatecas; la misma cantidad para el santuario de Cristo Rey, ubicado en el cerro del cubilete en Guanajuato; 2 millones más de personas visitan al Señor de Chalma; e igual suma visita a la Virgen de Zapopan; millón y medio visita al Santísimo Señor de los Milagros en San Juan Nuevo, Michoacán; 1 millón 200 mil acude a las festividades de la Virgen del Rosario en Talpa, Jalisco; y medio millón acude a visitar el Santuario del Señor de los Rayos en Temastián, Jalisco, sin contar con otros importantes centros religiosos en otras entidades del país, lo que supone más de 30 millones de personas que anualmente se desplazan en el interior sólo por motivación religiosa.

Como se puede apreciar, México cuenta en diversos estados de la República Mexicana múltiples atractivos y santuarios religiosos, que son joyas históricas, religiosas y arquitectónicas que podrían ser aprovechadas de manera integral, generando un impacto económico y social para las comunidades que los rodean y como medio para hacer conocer al mundo parte de nuestra riqueza cultural.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten con los promoventes que el movimiento constante hacia los santuarios mexicanos ha propiciado el crecimiento de las comunidades ya existentes o su creación a partir de un punto que se ha considerado sagrado por la fe de alguien en una situación determinada; por lo que consideran que el turismo religioso debe aprovecharse como herramienta para el desarrollo económico y para la promoción y conservación del patrimonio cultural.

El número de visitantes en sitios religiosos en México es importante, pero podría aumentar significativamente con la promoción adecuada de estos sitios religiosos y la coordinación adecuada entre los centros de peregrinaje y los gobiernos federal estatal y municipal.

Esta Comisión Dictaminadora considera que el turismo religioso puede potenciar el que se impulsen otros lugares y ofertas turísticas cercanas a los santuarios, por ello, considera oportuno realizar un exhorto para impulsar la promoción de todos los sitios turísticos religiosos que existen en la República Mexicana, incluyendo dentro de ellos a los ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort en Guerrero.

Asimismo, considera oportuno exhortar a la Secretaría de Turismo a trabajar de manera coordinada con los gobiernos de los estados para impulsar el turismo religioso.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Turismo para que por conducto del Consejo de Promoción Turística de México se diseñen e implementen campañas de promoción turística de los diferentes destinos turísticos religiosos de México.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a los gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que continúen trabajando de manera coordinada a fin de impulsar el turismo religioso.

Dado en el Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

COMISION DE TURISMO.

1 Disponible en http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf14/articulo13.pdf





La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen de la Comisión de Turismo.

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Turismo en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero, a establecer un corredor turístico de la salud con el objeto de elevar la competitividad y las inversiones en dicha región como polo de desarrollo, presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, René Juárez Cisneros, Fidel Demédicis Hidalgo, María Alejandra Barrales Magdaleno y Sofío Ramírez Hernández.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 7 de octubre de 2014, los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, René Juárez Cisneros, Fidel Demédicis Hidalgo, María Alejandra Barrales Magdaleno y Sofío Ramírez Hernández, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Turismo en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero, a establecer un corredor turístico de la salud con el objeto de elevar la competitividad y las inversiones en dicha región como polo de desarrollo.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 13 de octubre de 2014 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

Único. El Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Turismo en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero establecer un Corredor Turístico de la Salud con el objeto de elevar la competitividad y las inversiones en dicha región, como polo de desarrollo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Señalan los promoventes que el turismo de la salud es el proceso de salir del país o estado de residencia para recibir tratamientos en el extranjero; buscando alta especialización, acceso más rápido y mejores costos. El turismo médico se refiere a los procedimientos quirúrgicos y tratamientos con medicamentos; así como procesos de orden ambulatorio (dentales, oftalmológicos y algunos cosméticos). Mientras que, el turismo de bienestar abarca aquellas actividades orientadas al relajamiento, cambios de estilo de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, entre otros.

Los promoventes dan cuenta de que el turismo médico se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos en el mundo. En 2010, el gasto global en salud alcanzó un monto de 6,548 miles de millones de dólares, del cual los Estados Unidos participaron  con el 40% del gasto en salud.

Continúan señalando los promoventes que, de acuerdo con la Organización Pacientes Sin Fronteras (Patients Beyond Borders), en 2012 México se posicionó como el segundo destino de turismo médico a nivel mundial, sólo detrás de Tailandia, lo que implica que nuestro país recibe a 7 millones de personas al año que viajan fuera de su país en busca de tratamientos médicos.

Los promoventes consideran que la creciente demanda de turismo médico en México se debe a una serie de factores, dentro de los que destacan que: 47.1 millones de estadounidenses no tienen seguro o no tienen una cobertura específica, mientras que 25 millones tienen seguros de cobertura deficiente; que las agencias de turismo en EU promueven paquetes incluyendo check-up o tratamientos; la calidad del capital humano (el porcentaje de médicos especialistas con respecto al total de médicos en México es de 63.4%, cifra 5.7% superior a la de los países miembros la OCDE); las mejoras en la infraestructura médica del país; los bajos costos; la tendencia creciente de los estadounidenses de buscar ahorros en servicios de salud; la ubicación geográfica estratégica de México; su clima; y sus atractivos destinos de sol y playa para el mercado potencial representado por Estados Unidos y Canadá.

Los promoventes también refieren que la industria de turismo de salud en México ofrece una gran variedad de servicios tanto de turismo médico como turismo de bienestar. En relación al turismo de bienestar, mencionan que existen importantes spas en los que se ofrecen diversas experiencias y, que, en cuanto a la industria de turismo médico, México ha evolucionado a ser un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de especialidades y procedimientos, los cuales compiten directamente con los ofrecidos en otros países desarrollados.

La principal demanda de turismo médico se concentra en entidades fronterizas como Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, entre otros.

Los promoventes señalan que dada la creciente demanda del sector y la concentración que existe de éste en el norte del país, resulta impostergable diversificar la oferta turística médica; lo cual es posible con el establecimiento de un corredor turístico de la salud en el Distrito Federal, Morelos y Guerrero que permita elevar la competitividad y las inversiones en la región.

Señalan los promoventes que el turismo de bienestar podría potenciarse en los estados de Morelos y Guerrero, debido a que son destinos que actualmente cuentan con la infraestructura para ofrecer este tipo de turismo, el cual sumado al turismo tradicional podría generar un gran beneficio para su economía por la derrama económica y la generación de empleos que se producirían, lo cual contribuiría a que estos estados mejoren su desarrollo humano y economía.

En cuanto al Distrito Federal hacen referencia a que alrededor de 25 millones de personas viajan a esta entidad en búsqueda de servicios de salud. La Ciudad de México, además de ofrecer diferentes clínicas de salud y belleza, cuenta con diversos centros de atención médica integral con médicos expertos, apoyados con tecnología de vanguardia. En 2012, de acuerdo con la Secretaría de Salud, existían 35 hospitales certificados, de los cuales 34 estaban homologados con los estándares internacionales.

Finalizan los promoventes señalando que el Distrito Federal, el estado de Morelos y el estado de Guerrero son entidades que cada año reciben a millones de turistas, y que con la diversificación de la oferta turística hacia el turismo de salud mediante la ppropuesta del Corredor Turístico Distrito Federal–Morelos–Guerrero, se pretende fortalecer al sector de la salud, con la premisa de que existen los recursos necesarios para detonar dicha actividad económica en la región en beneficio de la población.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país.

En el caso concreto del turismo de la salud reconocen que es un segmento que en los últimos años ha crecido notablemente y que representa una gran oportunidad para detonar el desarrollo socioeconómico de nuestra nación.

En los últimos años, los turistas han descubierto que el cuidado de la salud y la atención médica que se oferta en México es de gran calidad, a un precio muy competitivo en comparación con el ofrecido en los países de América del Norte, y que además contamos con infraestructura hospitalaria de vanguardia y con profesionales médicos altamente calificados para brindar una atención y servicio de calidad mundial.

De conformidad con la página VisitMéxico, dependiente del Consejo de Promoción Turística de México, nuestro país cuenta con más de doce destinos especializados en turismo médico donde se prestan servicios de alta calidad en diversas especializadas tales como: oncología, ortopedia, cardiología, cirugía en general, gastroenterología, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad, odontología, cirugía de la columna y cirugía bariátrica.

Asimismo, señala que la Secretaría de Salud Federal ha certificado a 105 hospitales, 98 de los cuales están homologados con estándares internacionales y que contamos con las mejores condiciones para que el turista se recupere por nuestros variados climas, ambientes naturales y hoteles de la más alta calidad.

Por lo que se refiere al turismo de bienestar, esta Comisión Dictaminadora reconoce que existe una tendencia entre los visitantes de buscar experiencias en las que se pueda experimentar un bienestar pleno, un equilibro entre cuerpo, mente y espíritu. En este sentido, nuestro país oferta tratamientos de bienestar tradicional y alternativo en más de 450 spas y centros de bienestar reconocidos con normas de calidad nacionales.

Este tipo de tratamientos se ofertan en los principales destinos de sol y playa como: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Ixtapa, Acapulco, Huatulco, Riviera Nayarit, Mazatlán, Los Cabos, Manzanillo, Puerto Vallarta, entre otros; en ciudades coloniales como San Miguel de Allende, Guanajuato, Morelia, Oaxaca o grandes metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Querétaro, Cuernavaca o León.

En el documento “Turismo de Salud”, editado por ProMéxico se señala que  alrededor de diez estados del país tienen clúster médicos que agrupan a sesenta hospitales que exportan servicios de salud. Además, existen otros hospitales y clínicas que aunque no están agrupados en clústeres, proveen de servicios de salud a extranjeros. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, los principales destinos para el turismo médico son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez, Navojoa, Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Cd. de México, Monterrey, Cancún, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro.

El mismo documento señala que el turismo médico de México en 2013 creció un 10 por ciento con respecto al año anterior y pronostica que el mismo se incrementará a una tasa promedio de 7 por ciento en los próximos tres años, por lo que se refiere al turismo de bienestar, da cuenta de que la industria de los spas registró un valor de 1,321 mdd en 2013 y que presentará una tasa de crecimiento promedio anual de 4% en los próximos tres años.

En virtud de lo anterior esta Comisión Dictaminadora coincide con los promoventes del punto de acuerdo en el sentido de impulsar el turismo de la salud como un mecanismo para elevar la competitividad y las inversiones en nuestro país, asimismo señalan que en días pasados el gobierno de Nuevo León, en conjunto con la Secretaría de Turismo Federal lanzaron el Programa Sectorial de Turismo Médico, con el que se proponen políticas públicas para aprovechar las oportunidades del sector y se promueve al estado por sus servicios integrales en el sector salud.

De igual forma reconoce que la Secretaría de Turismo ha puesto en marcha la Estrategia para el Desarrollo, Posicionamiento y Promoción de la industria de Turismo de Salud, la que establece las siguientes líneas de acción:

1) La configuración de una oferta integral de turismo de salud que permita contar con productos exportables de Turismo Médico y de Bienestar.

2) El fortalecimiento de la imagen de México como proveedor de servicios de Turismo de Salud mediante campañas que promuevan al país como destino atractivo y competitivo.

3) La generación de un sistema de información e intercambio de conocimiento de la industria que permita contar con estadísticas confiables para medir el flujo y el impacto económico del turismo de salud en el país, así como el intercambio de mejores prácticas.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente someter a consideración de esta Soberanía la aprobación de un punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicite a la Secretaría de Turismo a informar a esta Honorable Asamblea los avances de la Estrategia para el Desarrollo, Posicionamiento y Promoción de la industria de Turismo de Salud, asimismo, se le exhorta a impulsar en Turismo de Salud en el Distrito Federal, los estados de Guerrero, Morelos y aquellos otros que cuenten con oferta de exportación en la materia.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo Federal, informe a esta soberanía los avances de la Estrategia para el Desarrollo, Posicionamiento y Promoción de la industria de Turismo de Salud.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo Federal a impulsar el Turismo de Salud en el Distrito Federal, los estados de Guerrero, Morelos, así como en aquellos otros estados que cuenten con oferta de exportación en la materia.

Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE TURISMO






La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictamen de la Comisión de Turismo.

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del “Día Mundial del Turismo 2014”, presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 4 de noviembre de 2014, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del “Día Mundial del Turismo 2014”.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 10 de noviembre de 2014 la Comisión de Turismo recibió la propuesta citada.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

PRIMERO.- El Senado de la República, hace patente un Reconocimiento a la Organización Mundial del Turismo (OMT), por los trabajos realizados en el marco de la celebración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, a conmemorarse el 27 de septiembre del actual, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en particular, porque se preste especial atención a la contribución del turismo al desarrollo comunitarioa fin de destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, como es el caso de nuestros “Pueblos Mágicos”.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a continuar  con el énfasis que ha emprendido en la promoción de los destinos turísticos de los “Pueblos Mágicos” de México, en reconocimiento a los habitantes que con su extraordinaria cotidianeidad han mantenido la esencia mágica de sus comunidades.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas del país, a sumarse a la conmemoración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, promoviendo la incorporación y reconocimiento de sus comunidades con potencial de “Pueblo Mágico”, a efecto de aprovechar el turismo como elemento para su desarrollo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente menciona que el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, en lo que respecta a nuestro país, aporta el 8.4% generando 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones indirectos.

Establece que México se encuentra entre los principales destinos turísticos del mundo, ya que es el sexto país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una gran y variada  gastronomía, tiene el segundo sistema de arrecifes a nivel mundial y además cuenta con increíbles destinos de playa.

Menciona el Senador promovente, que México cuenta con el programa Pueblos Mágicos desarrollado por la Secretaría de Turismo para resaltar el valor turístico de las poblaciones, actualmente se tienen 83 de estos pueblos que constituyen un elemento de desarrollo comunitario.

Establece que el 27 de septiembre del presente año se celebró el Día Mundial del Turismo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde el tema de esta celebración fue “Turismo y Desarrollo Comunitario”. Como parte de esta celebración se llevó a cabo el Congreso de Investigación Turística Aplicada, donde participaron académicos de renombrada calidad para tratar el tema del programa Pueblos Mágicos.

Por último, menciona que en la celebración del Día Mundial de Turismo se hace propicio retomar con mayor auge la promoción de los destinos que pertenecen a este programa de la Secretaría de Turismo y así logar el impulso de más comunidades que puedan acceder a este programa y que este esfuerzo se vea reflejado en la mejoría y desarrollo de los habitantes.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Turismo reafirman la importancia del turismo en nuestro país, el cual es fuente de crecimiento, herramienta para el combate a la pobreza y promotor de la igualdad de oportunidades; es una actividad generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, participando mayoritariamente jóvenes y mujeres.

Asimismo, compartimos con el promovente que México tiene diversos atractivos turísticos que le permiten ser uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, contamos con destinos de turismo de naturaleza, cultural, de sol y playa, religioso, gastronómico, de negocios, los cuales hacen que México sea una gran oferta para las distintas necesidades.

En este año, la Organización Mundial de Turismo designó a México como sede para la celebración del Día Mundial del Turismo, lo que representa un reconocimiento a los esfuerzos que nuestro país realiza en la materia y al importante papel que juega en el concierto internacional.

Esta Comisión Legislativa reconoce el trabajo realizado conjuntamente por el gobierno federal y la Organización Mundial de Turismo, en la organización del evento para la celebración del Día Mundial del Turismo, con ello se puso en el contexto internacional el potencial que en materia turística tiene nuestro país y además se muestra el trabajo que se ha desarrollado para fortalecer el trabajo comunitario en territorio nacional.

El tema central este año fue “El Desarrollo Comunitario”, con ello se contribuyó a sensibilizar a la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico.

Esta Comisión Dictaminadora establece que el turismo es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a nivel local y municipal, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones y programas que puedan beneficiar a sus comunidades, con las actividades turísticas se pueden crear espacios de microempresas donde participa toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos.

Los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo reconocen que en los trabajos del Día Mundial del Turismo, uno de los temas centrales fue el programa Pueblos Mágicos implementado por el gobierno federal, el cual ha dado excelentes resultados.

En voz de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, e incluso cotidianidad que los hace distintos. Todo ello significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la vida y alma de una comunidad.

Esta Comisión Dictaminadora considera que el programa turístico denominado Pueblos Mágicos, trata de desarrollar e impulsar a comunidades a lo largo de nuestro país, cifras de la Secretaría de Turismo establecen que se han generado 6 mil millones de pesos en derrama económica, se han recibido 4 millones de turistas en los 83 Pueblos Mágicos que se tienen actualmente.

Los Senadores integrantes de esta Comisión establecen que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de septiembre del año en curso de los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, se refuerza esta herramienta para el desarrollo de nuestras comunidades, ya que reforzará la participación social, fomentará la competitividad y la inclusión productiva, promueve la sustentabilidad ambiental y sin duda, reconoce impulsa y empodera la participación comunitaria; además es necesario que cada vez más localidades se incorporen a este programa.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera reconocer el trabajo realizado por el gobierno federal para la celebración del Día Mundial del Turismo el pasado 27 de septiembre.

Así también, exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar fortaleciendo el trabajo de empoderamiento de la participación comunitaria con el programa Pueblos Mágicos y, en la medida que el presupuesto lo permita, procure aumentar las localidades incorporadas a este programa turístico.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República reconoce el trabajo realizado por el Gobierno Federal y la Organización Mundial de Turismo en la celebración del Día Mundial del Turismo el pasado 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Segundo: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo a seguir fortaleciendo el trabajo de empoderamiento de la participación comunitaria en la actividad turística con el programa Pueblos Mágicos; y procure aumentar las localidades incorporadas a este programa turístico en los términos que se disponen en las nuevas Reglas de Operación del Programa Pueblos Mágicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE TURISMO.






La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al último dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Autosuficiencia Alimentaria.

COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;
Y DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








La Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

COMISION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Muchísimas gracias. En ninguno de los dictámenes recibimos reservas para su discusión, y doy cuenta al Pleno, compañeros Senadores. Informo que el Senador Francisco Salvador López Brito, entregó a esta Mesa sus posicionamientos sobre los seis dictámenes de la comisión de Agricultura y sobre los dos negativos de la Comisión de Salud. Esta Presidencia instruye a la Secretaría, para que dichos posicionamientos sean integrados al Diario de los Debates.

(Intervenciones del Senador Francisco Salvador López Brito)



En este sentido, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos, en el sentido en que se han propuesto.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Secretaria Senadora. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para impulsar la educación básica para adultos.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, Aniversario del Natalicio de Justo Sierra Méndez, en 1848; a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 20 de julio, aniversario de la muerte del General Francisco Villa, en 1923, a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que dichos asuntos se incorporen en la agenda de este día, para el trámite correspondiente.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los dictámenes a los asuntos de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXVII DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174, 175, 176, 177, 182, 183,  186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 16 de abril de 2013, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2014  el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esa misma fecha se acordó remitir el expediente correspondiente al Senado de la República.

3. Con fecha 13 de febrero del 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos
Segunda.

4. Con fecha 01 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.

5. Con fecha 11 de diciembre de 2014, en reunión extraordinaria las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad/mayoría el presente dictamen.

I. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

De acuerdo con las consideraciones vertidas por la colegisladora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza  el derecho a la educación de todo individuo indicando que el Estado impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

A su vez refiere que uno de los segmentos que debe tener una especial consideración es el de los servidores públicos, toda vez que a su cargo se encuentra instrumentalizar las tareas del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno. En este sentido la colegisladora expresó que resulta primordial que el propio Estado garantice que los servidores públicos tengan la mejor formación posible.

La colegisladora expresó la necesidad de abatir el rezago educativo en que se encuentran los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, donde tan solo a nivel federal se detectó gracias al programa desarrollado por el Instituto Nacional de Educación de los Adultos mediante acuerdo firmado en el 2007 con fecha de vencimiento en el 2012, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y el Colegio de Bachilleres, denominado el “Buen Juez por su Casa Empieza “, que de las 226 Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que participaron en el programa, solamente 32 se reportaron al 2012 con un saldo de libres de rezago educativo.

Derivado de lo anterior, la Minuta en estudio, expone que es la Secretaría de Educación Pública, la dependencia idónea para coordinar los trabajos de formación en educación básica que sean necesarios al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con las mismas, así como la coordinación de dichos servicios educativos, con estricto respecto a su autonomía y en el marco de la ley, con los estados, municipios y el Distrito Federal.

Para dar cumplimiento a ello, los transitorios del decreto, establecen que la Secretaría de Educación Pública y las demás autoridades con quien se coordinen, realicen en un periodo de 180 días los diagnósticos necesarios para la implementación de programas efectivos que combatan el rezago educativo, así como la obligación de establecer plazos y metas en base a los diagnósticos realizados, y establecer los incentivos y facilidades para que se lleven a cabo.

II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el espíritu de la reforma planteada toda vez que la educación es un derecho fundamental al que todos los mexicanos deben tener acceso.

La educación es una herramienta básica para que las personas logren desarrollar íntegramente las capacidades que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.  En este sentido, la Constitución establece la obligación por parte del Estado de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior a todos los mexicanos.

Para que una sociedad progrese, resulta necesario atender todo tipo de rezago educativo que se presente en ella, pues de no hacerlo, el riesgo de que se produzcan problemas que dañen el tejido social es latente.

Debemos reconocer que es necesario que los servidores públicos deben tener un correcto nivel de enseñanza ya que son ellos los que tienen a su cargo la instrumentalización de las tareas del Estado para su correcto funcionamiento.

En este sentido, la importancia de que  los servidores públicos tengan una educación de calidad radica en que estos, al ser parte del cuerpo de funcionarios al servicio del estado, en sus tres órdenes de gobierno, tienen la responsabilidad y obligación de prestar sus servicios bajo los principios que rigen la función pública, establecidos en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que a la letra dice:

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reputa como servidores públicos a  los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Así mismo, el párrafo cuarto del artículo 108 establece que las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

También, según Sergio Monserrit Ortiz, Soltero, “se debe considerar como servidor público a aquella persona física que ha formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en su defecto, que figure en las listas de raya de los trabajadores temporales.”

Los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos en que gran parte de la calidad del servicio que ofrecen los servidores públicos a la sociedad,  depende de la calidad de su formación educativa, es por ello que constituye una obligación del Estado el brindar las herramientas que garanticen que los servidores públicos tengan la mejor formación posible, toda vez que esto redundará en beneficios concretos a la sociedad en su conjunto.

Un informe de las Naciones Unidas define al profesionalismo de la siguiente manera:

El profesionalismo en el gobierno, o en cualquier oro campo, se basa en dos pilares: uno es una base de competencia, un cuerpo especial de conocimientos o una habilidad definida, adquirida a través del estudio y la práctica […...] El concepto de profesionalismo, sin embargo, también sugiere un sistema de valores compartidos, un código de conducta ética que se manifiesta en la aplicación del conocimiento, el uso de habilidades particulares, y en el ejercicio de control sobre la práctica 1

Atender el rezago educativo que se presenta en gran parte de los servidores públicos en México, es un reto y una oportunidad para el perfeccionamiento y profesionalización, lo que a su vez constituye un requisito indispensable para mejorar la calidad de las instituciones del Estado mexicano.

Con base en las consideraciones vertidas por la colegisladora, resulta alarmante que de las 226 Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, solamente 32 se reportaron al 2012 con un saldo libre de rezago educativo.

Es por ello que la presente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende responder al desafío al que el servicio público se enfrenta hoy en día mediante la organización, promoción y supervisión de servicios de educación básica para adultos dentro del mismo.

Para poder lograr la confianza de los ciudadanos, el conocimiento y la experiencia de los servidores públicos son fundamentales, ya que son requisitos indispensables para la eficacia, tanto en el desempeño de los gobiernos como en el desarrollo de las actividades profesionales.

La revitalización del servicio público puede ser considerada como un elemento primordial para los desafíos que enfrenta cualquier gobierno del mundo. Por ello es importante revertir la erosión de los servicios públicos y reforzar las normas de calidad en el desempeño, no sólo de los gobiernos, sino también por extensión, de todas las profesiones que trabajan en el ámbito público en general.2

Los miembros del servicio público pueden ser médicos, enfermeras, abogados, contadores, administradores, trabajadores, sociales, entre otros. Lo que une a todos bajo un mismo pabellón, aparte del hecho obvio de que reciben un salario con fondos públicos, es que todos están al servicio, no de partidos políticos o grupos de presión, no de una empresa privada sino del interés general, bajo el imperio de la ley. La primacía de lo general sobre el servicio del bien común y la adhesión a la legalidad es lo que proporcionan el contenido del servicio público profesional.

Con todo lo anterior se promoverá la construcción de un mejor servicio público en donde los servidores cuenten con una mejor educación que les permita no sólo ofrecer un mejor servicio a la sociedad mejorar sino también para aspirar a superarse como personas lo que les puede permitir a mejorar su calidad de vida.

En conclusión, los integrantes de estas comisiones unidas concordamos con la colegisladora en la necesidad de promover que los funcionarios públicos del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno finalicen la educación básica que garantiza la Constitución y los tratados internacionales de la materia.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38.-

I a XXVI.- …

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios.

XXVIII a la XXXI.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública, así como las demás autoridades con quienes se coordinarán para llevar a cabo los servicios de educación básica para adultos en los términos del presente decreto, deberán llevar a cabo un diagnóstico inicial para la identificación de la población objetivo de estos servicios, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación del presente decreto, mismo que deberá actualizarse cada año.

TERCERO.- Para los programas de educación básica para adultos, en los términos del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, deberán establecer los plazos y las metas para lograr los objetivos que se fijen, de acuerdo a los diagnósticos señalados en el artículo transitorio anterior, tomando en consideración las asignaciones presupuestales previstas para ello.

CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública, las dependencias del gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar las facilidades necesarias para que los servidores públicos que se encuentran en rezago educativo puedan concluir su educación básica.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

1 Naciones Unidas , 1999:103

2 ARGYRÍADES Demetrios, “El servicio público en encrucijada. El significado y la importancia de la profesionalización en el servicio público. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 19, núm. 58, enero-abril, 2012, pp. 97- 110, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL PREMIO NACIONAL DE CULTURA CONTRIBUTIVA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, les fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, 86, 88, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el 3 de julio de 2014, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

4.- El 6 de noviembre de 2014, el Pleno de la H. Cámara de Diputados, previa discusión, aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, turnándose al H. Senado de la República en esa misma fecha.

5.- El 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva dio cuenta de la Minuta en estudio, siendo turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estadios Legislativos Segunda.

6.  En reunión extraordinaria del 11 de diciembre de 2014, los integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron por unanimidad/mayoría el presente dictamen.

I. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

De acuerdo con el legislador proponente, las obligaciones contributivas del ciudadano tienen como objeto financiar las necesidades de toda la sociedad, a través de diversas acciones como la creación de infraestructura y  la satisfacción de las necesidades de la población mediante políticas a favor de la obra pública, el desarrollo social y la puesta en marcha de programas en los muy diferentes ámbitos que contribuyan al bien común.

Se expone que estas obligaciones contributivas se perciben de manera negativa por parte de la sociedad, considerándose como una contribución poco efectiva en su aplicación, dado que no consideran positivo del todo las políticas públicas que se realizan con ese presupuesto.

Asimismo, destaca la necesidad de cambiar la forma de percepción de esta recaudación para fortalecer la idea del pacto social, de confianza con las autoridades para que ellas puedan trabajar en las necesidades que bajo la ley están obligadas a satisfacer.

De la misma manera, se explica que el proponente impulsa la idea de la cultura contributiva, para entenderse como “una nueva conciencia confiriendo la idea de que el compromiso de los contribuyentes en imperativo en un marco ético y responsable; por otro lado, en las obligaciones de las autoridades estatales, el sistema tributario será sustentable en un marco justo y participativo para que, en una democracia, el empoderamiento ciudadano sea efectivo en el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones como compromiso ético y social de las obligaciones tributarias”. Es por lo anterior, que con el Premio propuesto, se fortalecerá esta idea que beneficie la confianza, cooperación y solidaridad.

La presente Minuta tiene como finalidad fomentar la Cultura Contributiva entre la sociedad, mediante la creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva que se entregará a las personas físicas o morales que realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo de esta misma Cultura. El premio, se vislumbra como un camino para incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la Nación, así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de aplicación práctica para fortalecer el Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva.

Igualmente, se indica que el Premio se entregará en las siguientes categorías:

I.- Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes en el marco de la Cultura Contributiva.

II.- Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en el régimen democrático.

III.- Investigaciones y estudios académicos, jurídicos o tecnológicos sobre fortalecimiento del Sistema de Administración Tributaria o de la Cultura Contributiva.

De la misma manera, se detalla que el Premio consistirá en medalla, diploma y podrá adicionarse con una entrega en numerario o especie cuyo monto determinará el Consejo de Premiación. Este será entregado anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

La tramitación del Premio correspondería a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual emitirá las reglas para que se conforme el Consejo de Premiación el cual se constituirá por ciudadanos con una calidad moral, académica e intelectual reconocida, así como representantes de los sectores público y privado, al igual que un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Adicionalmente, se indica que las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Se indica que las recompensas, únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Asimismo, los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción. En ese mismo orden de ideas, los jurados están facultados para proponer dos o más personas con iguales merecimientos participen ente sí el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.

Por último, se señala que las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.

II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 1975, fue creada con el fin de regular las distinciones que hace el Estado a aquella parte de la población que sean merecedoras de algún premio, estímulo o recompensa que la misma Ley establece. Estos premios se dan con el fin de reconocer una trayectoria o acciones específicas que sean valiosas o relevantes para México, el mundo o de la sociedad.

El objeto de la presente Minuta, de crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva es considerado por los integrantes de estas Comisiones Unidas, positivo y benéfico para fomentar la idea de responsabilidad que beneficia a toda la población de México. Igualmente, consideramos que la creación del Premio incide directamente en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para consolidar la Cultura Contributiva.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente establece en la fracción XV del artículo 5 lo siguiente:

XV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantía de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos que para superar la visión donde prevalece por parte de la administración tributaria una idea de hostilidad fiscal que da al contribuyente el estereotipo de presumible evasor fiscal; y por parte del contribuyente, un rechazo de los impuestos que otorga a la administración tributaria el estereotipo de opresor fiscal, es necesario cambiar los principios que rigen la moral tributaria y la cultura contributiva, mediante la construcción de un conjunto de valores que permitan el establecimiento de relaciones de confianza, que busquen la legitimidad de los impuestos, dentro de un estado democrático y social de derecho.

En este sentido se percibe la necesidad de construir una relación de confianza entre el estado y el ciudadano para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, en cuyo contexto resulta ineludible fomentar esa nueva relación basada en la colaboración y confianza mutuas, mediante la cimentación de una nueva cultura contributiva.

El éxito de las reformas fiscales depende en parte, de la vinculación entre impuestos y gastos, pero también de que la población sea consciente de que los impuestos son lo que permiten generar servicios públicos que benefician a toda la sociedad1.

La moral tributaria como el conjunto de valores y principios éticos que guían las acciones, tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes, opera de dos vías; sin moralidad tributaria de los funcionarios de estado es imposible la moral de los ciudadanos.

Desde la perspectiva del contribuyente, la moral tributaria se manifiesta en la motivación intrínseca de pagar impuestos bajo el convencimiento de que son positivos para el bienestar de la sociedad; desde la perspectiva de la administración tributaria, la moral tributaria se promueva a través de la creación de un entorno propicio para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, para lo cual se requiere generar lazos de confianza, respeto y reciprocidad en todas las acciones de la administración tributaria.

Junto con la necesidad de transmitir la idea de que los impuestos son imprescindibles para mantener los servicios públicos, la reflexión contemporánea de un cambio en la posición del estado fiscal, en el que la mentalidad de hostilidad fiscal debe ser reemplazada por una visión abierta y colaborativa de amabilidad fiscal.

Circunscribir el tema tributario a un enfoque financiero, económico o jurídico resulta insuficiente. Es conveniente atender una perspectiva integral y profundizar en la relación entre ciudadanos y autoridad, donde la cultura contributiva permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber solidario con valores propios, congruentes con los valores propios de la democracia mexicana.

La existencia de una cultura contributiva, facilita el cumplimiento de deberes formales de los contribuyentes, de ahí la importancia de impulsarla transversalmente en el ámbito nacional, como factor para lograr de manera voluntaria el aporte de los ciudadanos a los ingresos públicos.

El fomento de la cultura contributiva entendida como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a las leyes que la rigen requiere involucrar a la población para que comprenda la importancia de sus responsabilidades tributarias.

En el contexto de la ética tributaria hay valores como responsabilidad, la cooperación, el compromiso y la solidaridad. Que tanto los contribuyentes como las autoridades fiscales, deben observar. Un antecedente que explica los bajos niveles de ética contributiva, deviene del hecho que en nuestro país el pago de impuestos deriva de una obligación legal, no moral, por tanto se infiere un problema de conciencia social; es concebido como un acto individual no colectivo, es decir, el pagador de impuestos no se asume como un ente que se responsabiliza, coopera, se compromete y se solidariza con lo que menos tienen. 

Pagar impuestos se limita a un acto formal para evitar sanciones, en buena medida derivado de una larga tradición de opacidad, discrecionalidad y corrupción, que históricamente han desmotivado que el ciudadano realice el pago de sus contribuciones como un acto cívico.

Las autoridades deben cumplir sin excepción con la rendición de cuentas, transparentar e informar cuánto, cómo y en qué se gasta lo recaudado. Solo con esta ecuación incidiremos en materia de cultura contributiva.

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único.- Se adicionan el artículo 6, con una fracción XVIII; un Capitulo XXIII denominado “Premio Nacional de Cultura Contributiva”, que comprende los artículos 124, 125, 126 y 127, recorriéndose los actuales para ser los artículos 128, 129, 130 y 131 en un Capítulo XXIV denominado “Disposiciones Generales” de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6.- …

I. a XVII.-

XVIII.- De Cultura Contributiva.

CAPITULO XXIII

Premio Nacional de Cultura Contributiva

Artículo 124.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará a las personas físicas o morales que realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo de la Cultura Contributiva como la vía para incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la Nación, así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de aplicación práctica para fortalecer el Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva.

Artículo 125.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará en las siguientes categorías:

I.- Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes en el marco de la Cultura Contributiva.

II.- Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en el régimen democrático.

III.- Investigaciones y estudios académicos, jurídicos o tecnológicos sobre fortalecimiento del Sistema de Administración Tributaria o de la Cultura Contributiva.

Artículo 126.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva consistirá en medalla, diploma y podrá adicionarse con una entrega en numerario o especie cuyo monto determinará el Consejo de Premiación. Será entregado anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Artículo 127.- El Premio se tramitará ante el organismo federal Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en ejercicio de su autonomía, y a través de sus instancias competentes emitirá las reglas para la integración del Consejo de Premiación que se constituirá por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual y representantes de los sectores público y privado, así como un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

CAPÍTULO XXIV

Disposiciones Generales

Artículo 128.- Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Artículo 129.- Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción, en los términos de las leyes fiscales aplicables.

Artículo 130.- Salvo que esta Ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.

Artículo 131.- Las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1 OCDE perspectivas económicas de América Latina 2012





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA 26 DE ENERO, "ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUSTO SIERRA MENDEZ, EN 1848”, AL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, les fueron turnadas para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174,175,176, 177, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.   

3. En fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales., la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.  

4. En reunión extraordinaria del 11 de diciembre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, se aprobó el presente dictamen por (unanimidad/mayoría) de los presentes el dictamen correspondiente.

I. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos pertinentes referir algunos elementos argumentativos expuestos en la propuesta original presentada por la Colegisladora, por considerar que en los mismos se puntualizan y explican atinadamente la trascendencia de la importancia de lo que en materia se quiere conmemorar.

De la exposición de las consideraciones vertidas en la Minuta, se desprende que “la identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria”.

A su vez, “esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos”.

Igualmente, “el objeto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la república”.

Esta misma Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, “rinde homenaje a los próceres de la patria quienes, con su legado, hicieron posible la consolidación de instituciones, además de que sus personalidades trazaron ejemplos que son dignos de ser recordados puesto que afianzaron nuestra identidad y la libertad de la que hoy gozamos”.

Considerando lo anterior, la Minuta que se presenta a consideración, tiene por objeto “añadir al catálogo de hechos la conmemoración del nacimiento del insigne filósofo, periodista y político, Justo Sierra, nacido en la colonial Campeche, el 26 de enero de 1848, hijo del doctor Justo Sierra O’Reilly y nieto de Santiago Méndez, gobernador, en ese tiempo, de Yucatán”.

Dentro de su trayectoria personal, destaca que el ciudadano Justo Sierra ocupó un curul en la Cámara de Diputados, representando a los ciudadanos de Veracruz. En 1873, ocupó la secretaría de Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y escribía en los principales periódicos de la capital y de los Estados; además de impartir cátedra de declamación en el Conservatorio Nacional de Música. En el año de 1894 fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al formarse la subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Justicia y de Instrucción Pública, el ciudadano Justo Sierra fue llamado para encabezarla. Participó en la planeación de los estudios de la Escuela Nacional Preparatoria tomando una postura crítica sobre el positivismo así como de la supresión de los estudios filosóficos y de la metafísica.

Más adelante, en 1905, por iniciativa suya, fue creada la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes y su obra más destacada fue la restauración de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 22 de septiembre de 1910. Al triunfo de la revolución maderista, le fue pedida su colaboración en el nuevo régimen, aceptando el cargo de embajador de México en España, muriendo en el cargo, en Madrid, el 12 de septiembre de 1912.

Justo Sierra dejó una gran obra escrita que fue compilada por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre cuyos títulos se encuentran: Poesías Literarias, Crítica y Artículos Literarios, Periodismo Político, Discursos, Viajes al Exterior, Revistas Políticas y Literarias, La Educación Nacional, Actuaciones y Documentos, Ensayos, Textos Elementales de Historia, Historia General, Evolución Política del Pueblo Mexicano; Juárez, su obra y su tiempo.

Es de esta forma, se considera que Justo Sierra se perfila como “el gran humanista quien dedicó su vida a la restauración de la Universidad Nacional teniendo por anhelo la ciencia como búsqueda de la verdad hasta sus últimas causas y no sólo para el mero bienestar social o económico siendo así uno de los grandes próceres nacionales e insigne campechano que grabó para siempre su nombre en nuestra historia”.

II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, concordamos en lo general con los argumentos vertidos en las consideraciones del Dictamen, así como con el proyecto de Decreto que adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos que Justo Sierra Méndez fue un mexicano ejemplar que se enfocó en el impulso y fortalecimiento de la educación  y sus instituciones en beneficio de los ciudadanos en México.

De ahí la importancia de establecer una fecha conmemorativa, con el fin de recordar a un ciudadano que logró desempeñar con responsabilidad el ejercicio de los cargos que le demandaron su época y su nación.

Asimismo, los integrantes de las comisiones coincidimos en que la Minuta puntualiza correctamente los hechos históricos que logró consolidar el ciudadano Justo Sierra Méndez, base de lo que en el tiempo actual representa una labor objetiva, constructiva y democrática para reforzar los derechos y oportunidades de los ciudadanos mexicanos.

De aprobarse el dictamen que se presenta, no solo se estaría conmemorando el natalicio de este personaje ilustre de nuestra historia como nación, si no que a la vez estaríamos contribuyendo a que la sociedad no se limite en conocimientos claves de representación histórica, al contrario, el objetivo más allá de todos aquellos intereses que puedan presentarse, es el de reforzar y enriquecer nuestra cultura. De esta manera, los legisladores pretendemos aportar a nuestra nación una visión más amplia de los personajes históricos que sin oposición alguna marcan la vida, la historia y la trascendencia de México.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, consideramos que con la aprobación de la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, estaremos dando el lugar que se merece a Justo Sierra, quien fue un personaje fundamental en la construcción de las instituciones educativas de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único.- Se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue

Artículo 18. …

a)…

26 de enero:
Aniversario del nacimiento de Justo Sierra Méndez, en 1848

b)…

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA 20 DE JULIO, “ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA EN 1923”, AL INCISO B) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fecha 5 de junio “Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En consecuencia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 166, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas señaladas por la Cámara Revisora.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el 11 de septiembre de 2012, se dio cuenta del oficio por el que el Congreso del Estado de Chihuahua propone la adición al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria celebrada  por el Pleno del Senado de la República el 8 de octubre de 2013, se aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 10 de octubre de 2013, siendo turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

5. En sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2014 por el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, por el que resuelve devolver al Senado de la República, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

6. En reunión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, se aprobó por unanimidad/mayoría el presente dictamen.

I. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente referir algunos elementos argumentativos expuestos en la propuesta presentada por la Colegisladora, por considerar que  los mismos puntualizan y explican el sentido por el cual se acordó remitir la Minuta en estudio en sentido negativo.

• Esta Comisión coincide con la legisladora y afirma el gran legado de Francisco Villa como uno de los grandes líderes revolucionarios, lo que deriva en la adición propuesta a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; sin embargo los integrantes de esta Comisión advierten del lamentable evento ocurrido en esta fecha el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en el Estado de Sonora, cobró la vida de 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados.

• En efecto, el movimiento de la sociedad civil, particularmente de los padres de familia quienes fueron afectados de forma directa por esta tragedia lamentable, obligó al Ejecutivo Federal a expedir un decreto publicado el tres de junio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación por el que se decreta como un día de luto nacional al 5 de junio, “consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos”. En este sentido, el decreto determina:

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 15 y 19 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en las instalaciones de la "Guardería ABC, Sociedad Civil", a raíz del cual fallecieron 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados;

Que la magnitud de la tragedia conmueve y une al pueblo de México, refrendando la solidaridad para con los padres y familiares de los menores que perdieron la vida y que resultaron heridos;

Que el Gobierno de México, al tiempo que reitera que se continúa trabajando para evitar que tragedias tan lamentables se repitan en nuestro país, está consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos, y

Que en testimonio a dicha tragedia, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la "Guardería ABC, Sociedad Civil" en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• De acuerdo con lo anterior, esta Comisión, si bien resalta la gran herencia dada al México de hoy legada por el prócer Francisco Villa, es también de destacar que la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, marcó la historia de nuestro país, especialmente por la pérdida de vidas inocentes y las consecuencias que, a partir de la desgracia, expusieron fallas graves en los servicios de las estancias y guarderías, revelando insuficiencias y carencias que deben ser remediadas a fin de que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, especialmente sobre los niños y niñas quienes, desde su tierna edad, deben ser protegidos en el goce de sus derechos obedeciendo al principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la minuta proyecto de decreto no se considera viable.

A pesar de las consideraciones vertidas por la Colegisladora en las cuales se expresa la inviabilidad de reformar el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente también, referir los argumentos por los cuales se reconoce la importancia que tiene para nuestro país el reconocimiento al General Francisco Villa personaje histórico que fue un pilar de gran importancia en la construcción de nuestra historia como nación. Así mismo en dichas consideraciones, se plantea la posibilidad de adicionar una nueva fecha conmemorativa distinta a la de la propuesta original.

• La identidad nacional ha sido el tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia de la democracia y del amor a la patria.

• Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

• El objeto de la Ley sobre el escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la república. Uno de esos símbolos es nuestra Bandera Nacional que refleja las características culturales y sociales del pueblo mexicano y que es un motivo de unidad y de cohesión social de nuestra nacionalidad.

• Sin embargo, los integrantes de esta Comisión estiman que, a través de una nueva iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pueda proponerse la adición de una fecha conmemorativa distinta que rinda homenaje al héroe revolucionario el General Francisco Villa, especialmente al cumplirse el centenario de diversos hechos que dieron paso al orden constitucional que nos rige actualmente.

CONSIDERACIONES

No cabe duda que la tragedia ocurrida en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 representa uno de los eventos más trágicos y lamentables que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia contemporánea.

Del mismo modo en que la colegisladora se expresó al respecto, estas comisiones reconocemos que esta desgracia no puede ser pasada por alto, por tanto estamos conscientes que esta fecha debe de continuar siendo conmemorada como  día de luto nacional ya que es una manera de no olvidar nunca estos hechos que lastimaron de forma permanente no sólo a los padres y familiares de las niñas y niños que lamentablemente perdieron la vida o sufrieron algún tipo de lesión, sino a todas las familias mexicanas.

Conscientes de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos la inviabilidad de aprobar en sus términos la presente Minuta por las consideraciones referidas por la Colegisladora.

Con base en ello, resulta cierto que no es posible la conmemoración de dos eventos en una misma fecha, y menos tomando en cuenta la naturaleza tan distinta de ambos acontecimientos.

Sin embargo, estas Comisiones Unidas, atendiendo a la propuesta realizada por la Colegisladora en el sentido de que se presente una nueva  propuesta de fecha conmemorativa que rinda homenaje al General Francisco Villa proponemos adicionar un décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con el fin de que el 20 de julio la Bandera Nacional sea izada a media asta para conmemorar la muerte del General Francisco Villa.

Los integrantes de estas comisiones consideramos que con esta nueva propuesta se preservará el espíritu de honrar la memoria del General Francisco Villa en una fecha distinta a la conmemoración de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, evitando así que se empalmen la conmemoración de dos acontecimientos distintos en una misma fecha.

Con la propuesta que estas comisiones dictaminadoras realizamos, se modifica por completo la propuesta original que el H. Congreso del Estado de Chihuahua remitió a este Senado de la República misma que fue materia del dictamen elaborado por estas comisiones y  que fue recibido en  la Cámara de Diputados el 10 de octubre de 2013.

A pesar de ello, mediante la adición de éste décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, se le brinda un merecido reconocimiento y se elimina una deuda pendiente con las valiosas aportaciones que el General Francisco Villa realizó para la  consecución de la Revolución Mexicana.

La presente propuesta, también resulta viable ya que el 20 de julio no es considerada hasta ahora como una fecha en la que la Bandera Nacional deba ser izada a media asta  en señal de duelo nacional.

Al respecto, el artículo 15  de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales dicta lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, espectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Las autoridades educativas Federales, Estatales y Municipales, dispondrán que en las instituciones de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores escolares o a una hora determinada en ese día durante la mañana, así como al inicio y fin de cursos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, los integrantes de  las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único.- Se adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923”, al inciso b) del Artículo 18 de la Ley Sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

a)…

b)…

20 de julio:
Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

Los dictámenes están disponibles en sus escaños; por lo que solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Zamora Jiménez: En consecuencia, quedan de primera lectura.






Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones de la agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE TURNO Y TRAMITE DE LOS ASUNTOS QUE SON COMPETENCIA DE LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS EN RELACIONES EXTERIORES

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí y ROBERTO ALBORES GLEASON, Senador de la República por el estado de Chiapas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 231; SE REFORMANLOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 235; SE REFORMA EL NUMERAL 2DEL ARTÍCULO 236; SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 238; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 239; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 241; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 247; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 248; Y SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 280 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Senado de la República es un actor clave para el adecuado funcionamiento de la política exterior mexicana. Esto no surge de las circunstancias de un momento, sino de la historia de nuestra República y de las facultades contenidas en nuestra Constitución, que a su vez son desarrolladas por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República.

Para cumplir con esto, el Senado cuenta con comisiones legislativas que le auxilian en la atención de los asuntos. Las comisiones son el espacio ideal para el análisis, discusión y votación de los asuntos que se le encomiendan al Senado. Constituyen los talleres de confección legislativa de cualquier parlamento ya que le permiten ahorrar tiempo, dividir sus trabajos, desarrollar investigaciones y crear acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios representados en el órgano legislativo.

Los sistemas de comisiones que funcionan en los parlamentos modernos varían en número, estructura y facultades, pero también comparten fines y características comunes, que se mantienen de un lugar a otro. Por ejemplo, las comisiones son: a) órganos colegiados constituidos por decisión el Pleno; b) buscan la especialización de sus miembros; c) cuentan con un grupo limitado de legisladores; d) preparan y atienden los asuntos que la Constitución y demás normas aplicables le confieren al legislativo; e) emiten un dictamen, proyecto de resolución, punto de acuerdo, informe o reporte; f) algunos llegan a tener competencia legislativa plena para la resolución de determinados asuntos; g) dependiendo de los fines, duración o asuntos a tratar pueden ser permanentes (ordinarias, con soporte en una ley) o temporales (especializadas o de investigación, con soporte en un acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno).1

Sin embargo, el sistema de comisiones del Senado de la República tiene una característica particular. Sus comisiones conocen de asuntos que tienen que ver con la política interior, pero también, con todo lo relacionado con la política exterior, la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales que realizamos con otras naciones.

Esto nos obliga a contar con una estructura de comisiones ordinarias “especializada en relaciones exteriores” que legisle, supervise y atienda todos los asuntos relacionados con la política exterior, la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales.

Lamentablemente nuestra actual estructura de comisiones ordinarias especializadas en relaciones exteriores se mantiene regulada por un “acuerdo parlamentario” que restringe y limita su operatividad. La propia doctrina que ha estudiado el tema de las relaciones del Poder Legislativo y sus comisiones sostiene que nuestro sistema de comisiones debe ser fortalecido y modernizado para que el Senado ejerza sus facultades de forma más eficiente.

Para corregir esta crítica, hace unos días presenté ante el Pleno de esta cámara, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXVI del Artículo 90 y se crea un Artículo 90 BIS en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa que hoy presento es el complemento de esa primera propuesta de reforma a la Ley Orgánica. Ambas permiten organizar, de manera exacta, el turno y discusión de los asuntos de las comisiones de relaciones exteriores, siguiendo dos principios esenciales relativos a su creación: a) Por región; o, b) Por materia.

Con base en lo anterior, podemos organizar a las comisiones de relaciones exteriores especializadas, en dos grupos:

1. Comisiones especializadas en relaciones exteriores “por materia”:

● Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales;

● Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.

● Relaciones Exteriores, Técnica.

2. Comisiones especializadas en relaciones exteriores “por región”:

● Relaciones Exteriores, África;

● Relaciones Exteriores, América del Norte;

● Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y,

● Relaciones Exteriores, Europa.

Además de esta clasificación natural por competencias creada para lograr una atención más eficaz de los asuntos que se turnan a las comisiones especializadas en materia de relaciones exteriores, también se hizo una revisión a las facultades que la Constitución le confiere al Senado de la República y a las actividades que realizamos con base en el Reglamento del Senado, para cumplir con dicho mandato constitucional. El resultado es el siguiente:

A. Facultades constitucionales del Senado de la República, en materia de política exterior.

Según el texto de nuestra Constitución, las comisiones especializadas en relaciones exteriores deben auxiliar al Senado de la República al desahogo de los siguientes asuntos:

1. Aprobar el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. (artículo 21, párrafo octavo)

2. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente o secretario rindan al Congreso. (artículo 76, fracción I)

3. Ratificar al Secretario de Relaciones Exteriores, embajadores y cónsules generales; así como a los empleados superiores de Relaciones Exteriores.(artículo 76, fracción II)

4. Autorizar la salida de tropas nacionales, el paso de tropas extranjeras y la estancia de escuadras de otra potencia en aguas mexicanas. (artículo 76, fracción III)

5. Permitir que el presidente salga del territorio nacional, por más de siete días. (artículo 88)

6. Aprobar la celebración de tratados internacionales así como sus declaraciones interpretativas. (artículo 89 fracciones III y X)

B. Actividades en materia de política exterior, contenidas en el Reglamento del Senado de la República, que realizan los legisladores.

Para ejercer las facultades constitucionales, el Reglamento del Senado de la República faculta a sus integrantes (y a la Cámara como parte del Poder Legislativo) no sólo para la realización de actividades de tipo legislativo, sino también para llevar a cabo reuniones, visitas o eventos de política exterior, diplomacia parlamentaria y relaciones exteriores:

1. Análisis del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales. (artículo 236, numeral 2)

2. Remitir al presidente de la República, para su conocimiento y consideraciones, los resultados del análisis sobre política exterior.(artículo 236, numeral 3)

3. Desarrollar diplomacia parlamentaria con otros congresos o parlamentos. (artículo 280, numeral 1)

4. Recepción de visitas de delegaciones de parlamentarios, jefes de estado o de gobierno, agentes diplomáticos, autoridades de otros países y representantes de organismos internacionales. (artículo 280, numeral 2)

5. Visitas de sus integrantes al extranjero. (artículo 280, numeral 2)

6. Representación del Senado en reuniones internacionales. (artículo 284)

Todo lo anterior, en su conjunto, nos da el panorama general de los asuntos que son competencia de las comisiones ordinarias especializadas en relaciones exteriores.

Sin embargo, el problema que existe actualmente inicia con los criterios para el turno de los asuntos. Y en particular, la posición que tiene la Comisión de Relaciones Exteriores para participar “en todos los asuntos” de “todas las comisiones”.

Esto rompe el principio de especialización que da origen a cualquier comisión legislativa, ya que en teoría las 8 comisiones de relaciones exteriores fueron creadas para atender determinados asuntos, por la región o por la materia que su propia denominación indica. En consecuencia, todas cuentan con facultades para dictaminar, investigar, informar y opinar los asuntos que se les turna. Ninguna debe depender de otra para ello.

¿Qué caso tiene que el Senado cuente con 8 comisiones especializadas en relaciones exteriores por región o por materia, si una de ellas es la que interviene en todos los asuntos, de todas las comisiones?

Por ello, proponemos el siguiente mecanismo para el turno y desahogo de los asuntos competencia de las comisiones de relaciones exteriores.

I. Asuntos que se turnan a las comisiones especializadas en relaciones exteriores “por materia”(Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; y Relaciones Exteriores, Técnica)

La propuesta de reforma al Reglamento del Senado regula a las tres comisiones ordinarias especializadas en relaciones exteriores por materia, bajo los siguientes criterios:

I.1.- Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.- A la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales le corresponde:

a. Estudio y dictamen de los instrumentos internacionales y convenciones diplomáticas (Artículo 238, numeral 1)

b. Nombramientos de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales (Artículo 241, numeral primero, párrafo segundo)

c. Reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (Artículo 248, numeral 1)

d. Actividades relativas a la diplomacia parlamentaria (Artículo 280, numeral 1)

e. Actividades relativas a las relaciones internacionales (Artículo 280, numeral 2)

I.2.- Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales

a. Estudio y dictamen de los instrumentos internacionales y convenciones diplomáticas (Artículo 238, numeral 1)

b. Actividades relativas a la diplomacia parlamentaria (Artículo 280, numeral 1)

c. Actividades relativas a las relaciones internacionales (Artículo 280, numeral 2)

I.3.- Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica.- La Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica, tendrá un papel clave y decisivo para el control-legislación y el control-fiscalización que realiza el Senado de la República en materia de política exterior. Pero además, será la instancia de mediación entre las demás comisiones especializadas en relaciones exteriores cuando se presenten temas en los que haya dos o más regiones, dos o más materias o una región y una materia.

También se encargará de dar trámite a los permisos de salida del territorio nacional del presidente de la República; y de la ratificación del nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores y empleados superiores de Relaciones Exteriores; está es una facultad de recién creación a nivel constitucional que no ha sido utilizada, ni tampoco regulada hasta hoy.

En este sentido, la reforma que propongo hacer al Reglamento del Senado de la República faculta a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica para:

a. Coordinar los trabajos de análisis de la política exterior que se realiza en comisiones, pudiendo convocar a cualquier otra comisión especializada en dicha materia (Artículo 235, numeral 1);

b. Enviar los resultados del análisis en materia de política exterior al Pleno del Senado de la República (Artículo 235, numeral 3);

c. Dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales e institucionales relativos a dicha materia (Artículo 236, numeral 2);

d. Autorizar la salida de territorio nacional al presidente de la República cuando ésta sea por más de 7 días (Artículo 231, numeral 2, fracción I);

e. Autorizar la salida y entrada de tropas extranjeras a territorio nacional cuando la solicitud de autorización tenga relación con dos o más regiones, dos o más materias, o una región y una materia de las que le competen a las comisiones especializadas en relaciones exteriores (Artículo 247, numeral 1, párrafo tercero);

f. Mediar el análisis y estudio de instrumentos internacionales; de nombramientos de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales; la salida y entrada de tropas extrajeras a territorio nacional; siempre y cuando tengan relación directa con dos o más materias, dos o más regiones o una región y una materia (Artículos 238, numeral 2 y 241 numeral 1, párrafo tercero);

g. Ratificar del nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores y empleados superiores de Relaciones Exteriores (Artículos 239, numeral 1, fracción VII y 241, numeral 1, tercer párrafo).

II. Asuntos que se turnan a las comisiones especializadas en relaciones exteriores “por región” (Comisiones de Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y, Relaciones Exteriores, Europa)

A las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y, Relaciones Exteriores, Europa, les corresponderá conocer de los siguientes temas:

a. Estudio y dictamen de los instrumentos internacionales y convenciones diplomáticas (Artículo 238, numeral 1)

b. Nombramientos de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales (Artículo 241, numeral primero, párrafo segundo)

c. Salida y entrada de tropas nacionales y extranjeras en territorio nacional (Artículo 247, numeral 1, párrafo segundo)

d. Actividades relativas a la diplomacia parlamentaria (Artículo 280, numeral 1)

e. Actividades relativas a las relaciones internacionales (Artículo 280, numeral 2)

La falta de reglas para el turno de los asuntos ha provocado que en muchas ocasiones, los países con quien México tiene relaciones diplomáticas, no sepan ante qué comisión acudir para el desahogo de su agenda institucional. En otras, encontramos casos de invitaciones al cuerpo diplomático que reside en México para participar en eventos o reuniones de trabajo organizadas por nuestros compañeros, en las que no se toma en cuenta la especialización de las demás comisiones, lo que genera confusión, una sensación de descortesía y la falta de coordinación al interior y exterior del Senado de la República.

Cabe señalar que regular el funcionamiento de comisiones ordinarias por acuerdo parlamentario es un método incorrecto y bastante cuestionado por la doctrina, ya que la figura del acuerdo parlamentario tiene una función muy específica; ajena a la creación de comisiones ordinarias. Basta consultar cualquier texto sobre el tema para entender que los acuerdos parlamentarios son resoluciones tomadas por el órgano legislativo para atender temas específicos con una duración limitada por la propia legislatura.

Por ejemplo, David Vega Vera comenta que: “Los acuerdos parlamentarios tienen el propósito de fijar normas de carácter temporal para la atención y desahogo de algunos asuntos específicos. Constituyen pactos entre las fracciones partidistas de las cámaras que se someten a la aprobación del Pleno. Pueden ser pronunciamientos políticos de los grupos o fracciones que integran el Poder Legislativo y que producen efectos de definición respecto de problemas o soluciones nacionales.”2

Jorge Fernández Ruiz señala algo similar al decir que “ante la ausencia, obsolescencia u oscuridad de las normas reguladoras del funcionamiento de las cámaras, éstas han recurrido al acuerdo parlamentario para complementar, actualizar o interpretar su normativa interna, a efecto de proveer al mejor desempeño de sus funciones… se puede entender por acuerdo parlamentario, la norma jurídica adoptada por cualquiera de las cámaras, mediante resolución económica de la misma, con el propósito de proveer al mejor desempeño de sus funciones.”3

El acuerdo parlamentario es un instrumento que debe usarse ante la ausencia de supuestos normativos tanto en el Reglamento como en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero no debe ser visto como instrumento para regular la organización de las comisiones ordinarias del Senado de la República. Por otra parte, la creación de comisiones ordinarias debe tramitarse conforme al procedimiento legislativo tradicional que se utiliza para reformar la legislación que regula al Congreso de la Unión y no mediante un acuerdo parlamentario, cuyos fines quedan superados al momento de crear comisiones ordinarias.

Tengamos presente otro dato para entender el ajuste que se propone: Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, el Senado de la República recibió 92 asuntos relacionados con alguna de las comisiones de relaciones exteriores, de los cuales el 63.04% (58 asuntos) fueron turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores, el 9.78% (9 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, el 8.69% (8 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, el 7.60% (7 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, el 7.60% (7 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, el 3.26% (3 asuntos) a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y a las Comisiones de Relaciones Exteriores África y Organismos No Gubernamentales, no les fue turnado ningún asunto.4

Es oportuno mencionar que en septiembre de 2013, para equilibrar la asignación de turnos de los asuntos en materia de política exterior, los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores solicitaron a la Mesa Directiva establecer la “especialización” como criterio de asignación, generándose el “Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a las Comisiones de Relaciones Exteriores”.

Aunque en un inicio el acuerdo daba elementos para una distribución más equitativa, nuevamente el 28 de octubre de 2013, la Mesa Directiva emitió un Adendum para que la Comisión de Relaciones Exteriores, participara “invariablemente y en segundo turno en todos y cada uno de los asuntos que conozcan las comisiones con competencia específica”. Esto trajo consigo un incremento del número de temas que deben ser atendidos por la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, no sólo conoce en primer turno de los asuntos que son de su competencia directa, sino también de todos los demás temas que se turnen a las otras comisiones de relaciones exteriores (en segundo turno).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I,  NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 231; SE REFORMANLOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 235; SE REFORMA EL NUMERAL 2DEL ARTÍCULO 236; SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 238; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 239; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 241; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 247; SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 248; Y SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 280 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

ÚNICO.- Se reforma la fracción I  numeral 2, del artículo 231; se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 235; se reforma el numeral 2 del artículo 236; se reforman los numerales 1 y 2 del artículo 238; se adiciona la fracción VII al artículo 239; se reforma el numeral 1 del artículo 241; se reforma el numeral 1 del artículo 247; se reforma el numeral 1 del artículo 248; y se reforma el numeral 2 del artículo 280 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

TITULO OCTAVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 231

1. …

2. Conforme a los artículos 37 y 88 de la Constitución, en lo que concierne al Senado se ejercen con procedimientos especiales las facultades compartidas con la Cámara de Diputados relativas a:

I. Solicitudes de permisos del Titular del Ejecutivo Federal para ausentarse del territorio nacional por más de siete días. El presidente de la Mesa, si así lo decide, podrá turnar directamente el asunto a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica; y,

II. …

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS

SECCION PRIMERA
DEL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Artículo 235

1. Cuando el análisis de la política exterior se realiza en comisiones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica, coordinará los trabajos y, en su caso, podrá convocar para el mismo fina las especializadas en la materia.

2. También pueden coadyuvar en el análisis otras comisiones para examinar aspectos específicos vinculados con sus respectivas competencias.

3. La Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica, someterá los resultados del análisis a consideración del Pleno, para los efectos procedentes.

Artículo 236

1. De los resultados que las comisiones presentan al Pleno sobre el análisis de la política exterior en su conjunto o de aspectos específicos de la misma o del examen que realiza el Pleno en forma directa, se pueden derivar conclusiones en las que el Senado expone sus opiniones.

2. Como parte de las tareas de análisis sobre la política exterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica, dará seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales e institucionales relativos.

3. Los resultados del análisis sobre la política exterior se remiten al Presidente de la República para su conocimiento y consideración.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y CONVENCIONES DIPLOMÁTICAS

Artículo 238

1. Los instrumentos internacionales referidos en el artículo anterior serán turnados directamente, para su estudio y dictamen, a la comisión especializada en relaciones exteriores por región o materia que corresponda, en los términos de este Reglamento.

2. Cuando dichos instrumentos correspondan a dos o más regiones, dos o más materias o una región y una materia, se turnarán directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica y, en su caso, a otras comisiones cuyas materias se corresponden con el objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el dictamen.

3. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las comisiones cuidan el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales.

SECCIÓN TERCERA
DE LA APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES

Artículo 239

1. Corresponde al Senado la aprobación o ratificación de nombramientos que hace el Presidente de la República para los siguientes cargos, conforme lo disponen los artículos relativos de la Constitución:

I. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

II. Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México;

III. Procurador General de la República;

IV. Ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales;
V. Empleados Superiores de Hacienda;

VI. Coroneles y demás jefes superiores del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, así como los grados equivalentes en la Armada; y

VII. Secretario de Relaciones Exteriores y empleados superiores de Relaciones Exteriores.

Artículo 241

1. Una vez que se recibe la comunicación del Ejecutivo Federal sobre un nombramiento, si éste corresponde a los mencionados en la fracción VII del artículo 239, el Presidente de la Mesa da cuenta al Pleno y turna directamente el expediente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica.

Si el nombramiento corresponde a embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales, el Presidente de la Mesa da cuenta al Pleno y turna directamente el expediente a la comisión especializada en relaciones exteriores por región o materia que tenga relación directa.

Si el nombramiento tiene relación directa con dos o más regiones, dos o más materias, o una región y una materia, se turna directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica y en su caso, a otras comisiones cuyas materias corresponden con la materia o región, a fin de que coadyuven en el dictamen.

2. Inmediatamente la comisión o comisiones verifican que el expediente se acompaña de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo por la Constitución o las leyes.

3. De encontrarse alguna omisión o defecto en la documentación correspondiente, la comisión o comisiones lo comunican al Presidente para que requiera de inmediato al Ejecutivo Federal la complete o corrija.

SECCIÓN CUARTA
DE LAS AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

Artículo 247

1. Cuando el Senado recibe del Presidente de la República una solicitud de autorización o consentimiento en términos de las fracciones III y IV del artículo 76 de la Constitución, el Presidente procede a turnarla de inmediato a comisiones a efecto de que se dictamine y presente el proyecto relativo en la siguiente sesión del Pleno.

Si la solicitud corresponde a la fracción III del artículo 76 de la Constitución, el Presidente de la Mesa da cuenta al Pleno y turna directamente el expediente a la comisión especializada en relaciones exteriores por región o materia que tenga relación directa.

Si la solicitud de autorización o consentimiento tiene relación con dos o más regiones, dos o más materias, o una región y una materia de las que le competen a las comisiones especializadas en relaciones exteriores, se turnará directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Técnica, y en su caso, a otras comisiones cuyas materias corresponden con la materia o región, a fin de que coadyuven en el dictamen.

Artículo 248

1. Cuando el Ejecutivo Federal requiere la aprobación del Senado para reconocer, en cada caso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el Presidente da cuenta al Pleno de la solicitud y la turna directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y, en su caso, a las comisiones competentes, las que dictaminan en los términos de este Reglamento.

2. Las solicitudes que se reciben y las resoluciones que les recaen son publicadas en la Gaceta.

TÍTULO NOVENO
DE OTRAS ACTIVIDADES DEL SENADO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 280

1. La diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como parte del Congreso de la Unión, en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones internacionales que los agrupan.

2. De manera unicameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. También constituyen relaciones internacionales del Senado las visitas oficiales de sus integrantes al extranjero, como parte de delegaciones o representaciones integradas al efecto.

Las actividades relativas a la diplomacia parlamentaria y a las relaciones internacionales serán atendidas por las comisiones especializadas en relaciones exteriores, que tengan competencia directa con la región o materia de la visita, salvo que la Mesa Directiva o su Presidente acuerden un mecanismo de atención diferente.

3. La diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales que realiza el Senado se apegan a los principios normativos de la política exterior mexicana.

TRANSITORIOS



PRIMERO.- El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región, serán competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar los asuntos relacionados con las siguientes subregiones de conformidad con la clasificación M49 de la Organización de las Naciones Unidas:

a) La Comisión de Relaciones Exteriores África, será competente para conocer los asuntos relacionados con los Estados pertenecientes a las subregiones de África oriental, África occidental, África Central y África Austral y África del Norte.

b) La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, será competente para conocer los asuntos relacionados  con los Estados pertenecientes a la subregión de  América del Norte.

c) La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe será competente para conocer los asuntos relacionados con los Estados pertenecientes a las subregiones de América Central, Caribe y América del Sur.

d) La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, será competente para conocer los asuntos relacionados con los Estados pertenecientes a las subregiones de Asia Central, Asia del Sur, Asia Occidental, Asia Oriental, Sudeste Asiático, Micronesia, Melanesia, Polinesia, Australia y Nueva Zelanda.

e) La Comisión de Relaciones Exteriores Europa, será competente para conocer los asuntos relacionados con los Estados pertenecientes a las subregiones de Europa del Norte, Europa Oriental, Europa Occidental y Europa del Sur.

Dado en el salón de sesiones, el 11 de diciembre de 2014.
 

Sen. Teófilo Torres Corzo y Sen. Roberto Albores Gleason

1 Cfr. José Luis Hernández Sánchez, Comisiones legislativas y sistemas penitenciarios. El cambio de la justicia penal, Tirant lo Blanch, México, 2014.

2 Cfr. Diccionario universal de términos parlamentarios, Francisco Berlín Valenzuela (coordinador), segunda edición, Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, pp. 30 y 31.

3 Poder Legislativo, Porrúa, segunda edición, México, 2004, p. 450.

4 El número de asuntos, se obtuvo a partir de los temas atendidos y reportados por todas las Comisiones de Relaciones Exteriores en su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. No se hace una distinción por la designación como comisión de primer o segundo turno. Contempla los siguientes temas: ratificación de nombramientos diplomáticos, análisis de instrumentos internacionales, autorización para la salida de tropas, puntos de acuerdo, iniciativas y minutas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 95, 96 Y 100 BIS DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 96 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 100 BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La generación de residuos y la mala gestión de los mismos, originan una serie de problemas que afectan al medio ambiente, al bienestar y la salud humana.

La salud puede verse afectada por la transmisión de enfermedades parasitarias, infecciosas o respiratorias a través del contacto directo con residuos o por transmisores como mosquitos y ratas, entre otros animales que han estado en contacto con los desechos.

En cuanto a los impactos ocasionados al medio ambiente podemos encontrar: daño a los ecosistemas y afectación a los recursos paisajísticos. También por ejemplo, los lixiviados1 que generan los residuos, pueden contaminar cuerpos de agua superficiales o filtrarse y afectar el agua subterránea o inclusive, pueden afectar la productividad de los suelos.

Los desechos también son fuente de contaminación atmosférica, generan gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. En México, la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático reportó que las emisiones de bióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) en 2010 fueron 148,252.2 Gigagramos (Gg); el sector desechos genera el 5.9% (44,130.8 Gg) de este total. Asimismo, el sector desechos se divide en las siguientes categorías con sus emisiones correspondientes: eliminación de desechos sólidos 22,117.7 Gg de CO2 eq (50.1%), tratamiento y eliminación de aguas residuales 20,396.4 Gg de CO2 eq (46.2%), incineración e incineración abierta de desechos 1,239.9 Gg de CO2 eq (2.8%) y tratamiento biológico de los desechos sólidos 376.8 Gg de CO2 eq (0.9%); observando así, que la eliminación de desechos sólidos es el mayor generador de este sector. La Quinta Comunicación resalta que con respecto a 1990 se observó un incremento de 167.0% de CO2 eq proveniente del sector residuos, con un tasa de crecimiento media anual de 5.0%; por lo que no encontramos una mejora en el sector y peor aún, seguimos observando el resultado de una deficiencia en su gestión.

El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señala que se generan 37.5 millones de ton/año de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) (basura producida en ciudades, la cual incluye desechos generados en casas habitación, comercios, instituciones, lugares de recreación y otros); 84 millones de ton/año de 14 corrientes de Residuos de Manejo Especial (RME) y 1.9 millones de ton/año de Residuos Peligrosos.

Para el tema específico de los RSU, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que del total de residuos generados en el 2012 (42,102.80 toneladas), la mayor producción fue de basura de comida, de jardinería y materiales orgánicos similares (22,070.30 ton); seguido por residuos de papel, cartón, productos de papel con 5,822.80 ton; otro tipo de basura, la cual es residuos finos, material de demoliciones, hules y pañales desechables, entre otros (5,098.70 ton); posteriormente los plásticos con 4,585.00 ton; de vidrio se generó 2,475.70 ton; los metales con 1,448.30 ton y finalmente los textiles con 602 ton. Esta generación aumentó del año 2000 (30,733.00 ton) al 2012 (42,102.80 ton) 36.9%.

Las características de este tipo de residuos permiten aprovecharlos y darles otro uso antes de desecharlos definitivamente, los esfuerzos deben concentrarse en fomentar acciones que permitan reducir, reusar y reciclar. Hoy en día, únicamente el 4.9% (2,100.00 toneladas) se recicla, y del reúso y sobre la reducción pocos esfuerzos se conocen; por ello y dado que nuestra cultura es totalmente consumista, poco valoramos al medio ambiente y las consecuencias de su afectación.

Lo ideal debiera ser agotar todas las opciones posibles antes de llevar los residuos a algún sitio de disposiciones final; es decir, reducir, reusar, si estos dos no son posibles, reciclar y por último, la disposición final.

Con la secuencia anteriormente mencionada, se podría incrementar la vida útil de los rellenos sanitarios y se evitaría saturar otro tipo de vertederos (u otros sitios de disposición final), también se podría disminuir el uso de nuevas materias primas. Otra ventaja es la disminución de los gases de efecto invernadero emitidos por el sector residuos y causantes del cambio climático, existiría menor impacto ambiental causado por los residuos tanto a especies como a ecosistemas, entre otros muchos más beneficios.

La responsabilidad compartida es definida en la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Así, la reducción, el reúso, el reciclaje y la disposición final de los residuos, es responsabilidad de todos los sectores involucrados en la cadena de consumo y generación: fabricantes, distribuidores, consumidores finales y gobierno.

Consideramos que las acciones de reúso son de especial relevancia, ya que la reducción es más bien voluntaria y sólo se puede promover o fomentar, el reciclaje es necesario pero también requiere el uso de energía para realizar los procesos de transformación, en cambio, el reúso puede ser una obligación que involucre a toda la cadena.

El reúso debe fomentarse desde la fuente, retorno de materiales, envases, embalajes, empaques u otros. También los distribuidores deben llevar a cabo acciones de separación y reúso, así como para facilitar un sistema de recolección y retorno. Los consumidores finales deben retornar los materiales y, finalmente, el gobierno debe procurar mediante acciones que esto suceda.

El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012, expone un ejemplo de una tienda de autoservicio que poco a poco ha implementado acciones para lograr las 3R´s (reducción, reúso y reciclaje), pero que también ejemplifica lo poco que se reúsa.

El 67.97% de los residuos generados por la empresa son aprovechados y el restante 32.03% va a disposición final. Esta compañía reporta que del porcentaje de residuos aprovechados, el 49.89% son enviados a reciclaje y el 12.50% son donados. Mencionan que con respecto a la reutilización, únicamente se realiza en una sola tienda (de las cinco tiendas con las que cuenta), y sólo se reúsan las cajas de plástico rígido.

Este es un ejemplo de esfuerzos que realizan las compañías distribuidoras, pero que refleja lo poco que se practica el reúso. Existe, y el mismo documento mencionado lo reflexiona, un alto potencial de aprovechamiento de los residuos generados por estos establecimientos, los planes de manejo deben reflejar esta área de oportunidad, y debe ser una responsabilidad de todos.

La legislación en la materia, debe ser la base para alcanzar una gestión integral de residuos, que fomente la reducción, reúso y el reciclaje. Poco a poco las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos han empezado a dar forma a esta gestión y a incorporar el principio de responsabilidad compartida.2

La presente iniciativa pretende dar la importancia adecuada a la responsabilidad compartida. Este elemento constituye el compromiso que tenemos todos ante la prevención y la mejor gestión de los residuos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 95 y la fracción VII del artículo 96 y se adiciona el artículo 100 BIS de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 95.- La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, se llevarán a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables, observando siempre el principio de responsabilidad compartida.

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. a VI. …

VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y para la instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que sean de su competencia. Asimismo, para fomentar y difundir las acciones que permitan la devolución, retorno o separación de los residuos;

VIII. a XIII. …

Artículo 100 Bis.  Los productores de productos que al desecharlos se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial, deberán realizar acciones de manejo integral de residuos, observando lo previsto en el artículo 28 de esta Ley, deberán fomentar su reducción, su reúso y su reciclaje, considerando principalmente su retorno a la empresa productora. 

Los productores cuyos productos o materiales utilizados para los envases, empaques o embalajes que no puedan ser reutilizados, deberán procurar que su fabricación sea con materiales que permitan el reciclado, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico, térmico o permitan que su eliminación no sea perjudicial a la salud o al medio ambiente.

Los distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos deberán procurar en todo momento  la reducción, el reúso y el reciclaje de los materiales o residuos generados, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván

1 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, define los lixiviados como: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.

2 Por ejemplo, la fracción IV del artículo 27 y la fracción III del artículo 28, los cuales señalan: “Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos: IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados, y”. “Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; así como los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido, y”






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 222, FRACCION I; SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 212, CON UN TERCER PARRAFO; 221, CON UN TERCER PARRAFO; 222, CON UN PARRAFO SEXTO A LA FRACCION II; LOS CAPITULOS DEL XIV AL XVII AL TITULO DECIMO; Y 225, CON UNA FRACCION XX-BIS; Y SE DEROGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 214 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora de la República, de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, Dolores Padierna Luna integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 222, FRACCIÓN I; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 212, CON UN TERCER PÁRRAFO;221, CON UN TERCER PÁRRAFO; 222, CON UN PÁRRAFO SEXTO A LA FRACCIÓN II; LOS CAPÍTULOS DEL XIV AL XVII AL TÍTULO DÉCIMO; Y 225, CON UNA FRACCIÓN XX-BIS; SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 214, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes:

Combatir la impunidad en nuestro país es una labor difícil que aún no se ha consolidado como una prioridad y compromiso de todos los órdenes de gobierno y, que ha desatado una serie de irregularidades económicas, políticas y sociales, que actualmente han quedado al descubierto pero que pese a la presión social siguen sin investigación ni castigo.

Aunado a lo anterior, debemos destacar que nuestro país, desde años anteriores se ha colocado entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que elabora anualmente Transparencia Internacional.

El país se ubicó en la posición 103 de 175 países analizados y tuvo una mejora marginal de un punto en su calificación, que pasó de 34 a 35 en este año. El puntaje va del 0 (percepción de altos niveles de corrupción) al 100 (bajos niveles de corrupción).

México tiene un puntaje similar al de países como Bolivia, Moldavia, Nigeria, Argentina, Ecuador y China. Con esta calificación, el país se encuentra dentro de los más de dos tercios de naciones que obtuvieron una puntuación inferior a 50. Tan sólo detrás de México se encuentran Honduras, Nicaragua Venezuela y Paraguay.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto la falta de castigo a los corruptos, que cuando éstos abusan de su poder, ponen en riesgo la seguridad política, económica y social del país, por lo que es hora de un esfuerzo mayor e integral para frenar la corrupción.

Por su parte, la clase políticasufre las consecuencias de la corrupción en la falta de confianza de la gente hacia  los partidos, que sólo se explica a partir de que la sociedad civil se percata de que los políticos han beneficiado indebidamente a sus allegados y a sus familias, y que una vez que éstos salen del  ejercicio activo del poder político, lo hacen en condiciones substancialmente mejoradas como producto del  enriquecimiento ilícito en el que participaban y promovían, justificándose a partir  de la impunidad de que se han rodeado. Esto es el efecto más pernicioso de la corrupción, esa perversión del sistema democrático y un clima de indignación y frustración en la sociedad, que observa cómo su vida gira en torno a escándalos, abusos, y en general conductas que distan mucho de la gestión eficaz del poder público.

Lamentablemente estas prácticas han traído como consecuencia que se corrompan los demás y se genere una situación de caos en la que se hace muy difícil identificar al culpable y darle su correspondiente castigo.

Todo esto ha sido permitido en contra de nuestras leyes, creándose una cultura del engaño y la maquinación, en el que todo se mide en función del dinero y del poder, lo que ha debilitado a las instituciones democráticas, y ha creado la desconfianza de la gente hacia todas las estructuras del poder público y político, erosionando por consecuencia la formación de valores ciudadanos y brindando la oportunidad para que broten otros tipos de corrupción.

Por todo esto, se propone la incorporación en el Código Penal Federal de nuevas figuras típicas, que prevean las diversas modalidades, en las que han evolucionado las conductas corruptas y se les aplique la sanción correspondiente, asimismo modificar la ya existente, estableciendo con precisión las diversas modalidades y conceptos.

II. Fundamentos de la propuesta:

El tema de la corrupción en México, es un hecho que está a la vista de todos, por lo tanto, estamos obligados a participar decididamente en su combate.

Es claro que el gobierno del país debe dar muestras de voluntad para castigar ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, de acuerdo a las diversas modalidades que día a día evolucionan en esta materia.

En este sentido, esta iniciativa propone la incorporación en el Código Penal Federal, de nuevas conductas típicas que combatan las diversas modalidades de corrupción y modifica las ya existentes, elevando penas y perfeccionándolas con un lenguaje sencillo y accesible, para todos los operadores jurídicos, funcionarios, jueces y ciudadanos, que son los factores esenciales para hacer de las leyes un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción.

III. Descripción de la propuesta:

Esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222, fracción I; adiciona los artículos 212, con un tercer párrafo;221, con un tercer párrafo; 222, con un párrafo sexto a la fracción II; los Capítulos del XIV al XVII al Título Décimo; y 225, con una fracción XX-Bis; y deroga la fracción IV del artículo 214, del Código Penal Federal, en general concentra una diversidad de conductas típicas en materia de corrupción, que lamentablemente algunas se encuentran dispersas en distintos órdenes normativos, haciendo más complicado el combate a la corrupción, por lo que, he considerado prudente incorporar estas figuras delictivas en un solo ordenamiento, que deba ser claro y preciso en la lucha contra este flagelo.

Es preocupante que México se encuentra entre los países con fallas significativas en el marco legal para prohibir las prácticas de corrupción, la falta de coordinación o la descentralización en la ampliación de la Ley y la falta de cumplimiento con los estándares internacionales. El diagnóstico es negativo en cuanto a la coordinación entre el Ministerio Publico, la Secretaria de Hacienda, la Procuraduría General de la Republica y la Suprema Corte.

Aunado a todas estas fallas, México no cuenta con legislación clara y contundente contra la corrupción privada, que de cabal cumplimiento a las convenciones internacionales, a las tendencias y recomendaciones globales en la materia.

Lo anteriormente expuesto contrasta con el discurso oficial del gobierno federal sobre el combate a la corrupción que, como en muchos otros temas, no se apega a las mejores prácticas internacionales, convirtiéndose en un ejemplo más de simulación.

La actual administración no le da prioridad al combate contra la corrupción, por ello, es imprescindible investigar y en su caso sancionar prácticas recurrentes como las  que hemos atestiguado recientemente en el sector público y con sus familiares directos, que llevan a  la ciudadanía a dudar de forma justificada del verdadero fin de la actividad pública.

De ahí que sea importante también tipificar y establecer sanciones administrativas y penales a quienes desde el ámbito privado sobornen a funcionarios públicos con el objetivo de obtener una posición ventajosa, es decir, la corrupción del sector privado en el ámbito público.

En el combate a la corrupción no solo es importante tener una normatividad actual o completa, es necesario que sea efectiva y que se aplique.

En nuestro país, se ha constituido el Capitulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción por ello las y los legisladores federales debemos asumir el compromiso y participación decidida para lograr la erradicación de este flagelo que tanto daña a los gobiernos y órganos de estado, a la ciudadanía y obstaculiza la acción de la justicia.

El sistema de la corrupción menciona cuatro círculos viciosos: la economía informal, los negocios internacionales, el sistema de justicia y el sistema político, que deberán romperse de manera simultánea si se quiere erradicar la corrupción enraizada a un gobierno.

En razón de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Artículo Único: SE REFORMA: el artículo 222, fracción I; SE ADICIONA: los artículos 212, con un tercer párrafo; 221, con un párrafo tercero; 222, con un párrafo sexto a la fracción II; los Capítulos del XIV al XVII al Título Décimo; y 225, con una fracción XX-Bis; SE DEROGA: la fracción IV del artículo 214, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TITULO DECIMO
Delitos Cometidos por Servidores Públicos

CAPÍTULO I. …

Artículo 212. …

Cuando los delitos cometidos en el presente Título sean cometidos por una persona jurídica, los mismos serán sancionados con las penas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

CAPITULO II
Ejercicio indebido de servicio público

Artículo 214.-…

I a III. …

IV. (Se deroga)

V. a VI. …

CAPÍTULOS III a VIII. …

CAPITULO IX
Tráfico de Influencia

Artículo 221.-  …

I. …

II. …

III. …

Al particular que influya en un servidor público o autoridad, derivada de su relación personal con éste o con otro servidor público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, se le incrementará la pena a que se refiere el párrafo anterior en una mitad.

CAPITULO X
Cohecho

Artículo 222.- …

I.- El servidor público que, en provecho propio o de un tercero, reciba o solicite, por sí o por interpósita persona, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o acepte ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que deba practicar.

Ir a Norma modificadora

II.- …

Por una sola ocasión, quedará exento de sanción penal el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dadiva u otra retribución realizada por autoridad o servidor público, denuncie el hecho ante la autoridad competente, siempre que no haya transcurrido más de dos meses, desde la fecha de los hechos.

CAPÍTULOS XI a XIII. …

CAPÍTULO XIV
De la prevaricación de los servidores públicos

Artículo 224 BIS

El servidor público que, a sabiendas de que se comete un daño desproporcionado a una de las partes, dicte una resolución en un asunto administrativo se le sancionará con la inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión, de siete a diez años.

Artículo 224 BIS- I

Al servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, proponga, nombre o dé posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a persona o personas sin que cubran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le impondrá multa de tres a ocho meses de salario mínimo y suspensión de empleo o cargo público, de seis meses a dos años.

Artículo 224 BIS-II

La misma multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta o nombramiento mencionados en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. Asimismo, el nombramiento quedará sin efectos de forma inmediata.

CAPÍTULO XV
De la omisión del deber de perseguir delitos por abandono.

Artículo 224 BIS- III

El servidor que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, se le sancionará con la inhabilitación para empleo o cargo público por un período de cinco a diez años.

CAPÍTULO XV
Del desacato o  desobediencia

Artículo 224 BIS- IV

1. El servidor público que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, serán sancionadas con tres a seis años de prisión, multa de tres a doce meses de salario mínimo e inhabilitación para empleo o cargo público, de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, no incurrirán en responsabilidad penal las autoridades o servidores por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición.

Artículo 224 BIS- V

1. El servidor público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia, se le impondrá de uno a cinco años de prisión; multa de tres a doce meses de salario mínimo, y suspensión de su empleo, cargo o comisión de seis meses a dos años.

CAPÍTULO XVI
De la destrucción de documentos públicos y de la violación de secretos

Artículo 224 BIS- VI

El servidor público que dolosamente sustraiga, destruya, inutilice u oculte, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, se le impondrá pena de prisión de tres a diez años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión, de tres a seis años.

Artículo 224 BIS- VII

1. El servidor público que, por razón de su encargo, tenga la custodia de documentos, de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y a sabiendas, inutilice su acceso o consienta su destrucción, se le impondrá de seis meses a un año de prisión o multa de seis a veinticuatro meses de salario mínimo y, en cualquier caso, inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión de uno a tres años.

2. El particular que destruya o inutilice los medios a que se refiere el numeral anterior, será sancionado con multa de seis a dieciocho meses de salario mínimo.

Artículo 224 BIS- VIII

El servidor público que revele secretos o información restringida por la ley, de las que tenga conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, se le impondrá multa de doce a dieciocho meses de salario mínimo e inhabilitación para desempeñar su empleo, cargo o comisión de cinco a diez años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara algún daño para el servicio público o a terceros, se impondrá prisión de uno a tres años, e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión de tres a cinco años.

CAPÍTULO XVII

De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales

Artículo 224 BIS- IX

Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios, a los servidores públicos extranjeros, en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de sus funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales, serán sancionados con penas de prisión de cinco a quince años y multa de doce a veinticuatro meses de salario mínimo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subsidios o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.

Cuando la conducta sea cometida por un servidor público, la pena será de diez a veinte años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de diez a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero:

a) Cualquier persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, tanto por nombramiento como por elección.

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública.

c) Cualquier funcionario o agente de una organización internacional pública.

Artículo 225.

I  a XX. …

XX-Bis. El Juez o Magistrado que por imprudencia grave dictara sentencia o resolución que resulte en un daño desproporcionado a una de las partes, se le suspenderá de su encargo para el ejercicio de las funciones, de dos a seis años.

XXI a XXXIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PVEM)

Los suscritos Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Importancia de las Áreas Naturales Protegidas.

México cuenta con el 17 por ciento total de la diversidad biológica del mundo, y, además posee el 75 por ciento del total de especies,1 sin embargo, se encuentra muy atrasado en términos de conservación a nivel mundial.

Los primeros esfuerzos del gobierno federal para la conservación, prevención y protección de áreas naturales y preservación del medio ambiente comenzaron en 1917, con la publicación de decretos para áreas naturales de jurisdicción federal, con diversas categorías y estatus de protección.

Durante las décadas de los setentas y ochentas, se fortaleció la importancia en el medio ambiente y se otorgaron las condiciones adecuadas para aumentar la protección a las Áreas Naturales Protegidas.

Al día de hoy han sido decretadas 176 Áreas Naturales Protegidas2 en todo el país con carácter federal (25 millones 387 mil hectáreas, 12.92% del territorio nacional); 41 reservas de la biosfera; 67 parques nacionales; 5 monumentos naturales; 8 áreas de protección de recursos naturales; 37 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios.

En términos ambientales, las áreas naturales protegidas ayudan a almacenar 15 por ciento de las reservas mundiales de carbono terrestre, ayudan a reducir la deforestación, así como la pérdida de especies y hábitats y sustentan el modo de vida de más de mil millones de personas3.

Otros servicios ecosistémicos que las Áreas Naturales Protegidas permiten conservar son la regulación del clima, el control de la erosión y la retención de sedimentos, la formación del suelo, la polinización de los cultivos, control biológico, provisión de refugios, producción de comida y materia prima, entre muchos otros.

Asimismo, son una de las mejores herramientas para hacer frente a los impactos del cambio climático4, ya que provén medios prácticos y efectivos para tratar aspectos de la adaptación a través de protección y abastecimiento en los ecosistemas.

En el 2010, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, publicó la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas5 que promueve la mitigación, adaptación, conocimiento, cultura, desarrollo de capacidades, políticas públicas, vinculación y asistencia técnica, a fin de crear estrategias de cambio climático para las áreas protegidas.

Es por ello que hoy en día uno de los más grandes retos para sostener los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, son las áreas protegidas y otras modalidades de conservación radican en lograr la adaptación, ejecución de sus programas de manejo apropiado y de las repercusiones presentes y futuras derivadas del cambio climático.

Cabe destacar que las áreas naturales protegidas han demostrado ser una pieza fundamental para la conservación de la biodiversidad y para que continúen siéndolo es indispensable contar con una mayor efectividad en su manejo.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), menciona que: "La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país."

Un sistema de áreas naturales protegidas6 debe incluir un grupo de áreas seleccionadas en forma lógica y organiza­da, las cuales en conjunto conformen una red en la que los diversos componentes conserven diferentes porciones de la biodiversidad.

Así mismo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del 30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que deben considerarse para incorporar a un ANP en el Registro del SINAP, aquellas áreas que presenten especial relevancia con ciertas características.

De acuerdo con el Reglamento antes citado, aquellas áreas que se incorporan al Sistema Nacional deberán presentar especial relevancia en algunas de las siguientes características:

Riqueza total de especies;

Presencia de endemismos;

Presencia de especies de distribución restringida;

Presencia de especies en riesgo;

Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

Diversidad de ecosistemas presentes;

Presencia de ecosistemas relictuales;

Presencia de ecosistemas de distribución restringida;

Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;

Integridad funcional de los ecosistemas;

Importancia de los servicios ambientales generados, y

Viabilidad social para su preservación.

Situación, que permite visualizar que todas las áreas naturales protegidas tienen la misma posibilidad de ser incluidas en el Sistema. Sin embargo, sólo se tiene hasta el día de hoy 61 Áreas Naturales Protegidas, incorporadas7 (34 Reservas de la Biosfera, 15 Parques Nacionales, 10 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 1 Monumento Natural y 1 Santuario). Las cuales cubren una superficie del 51.31 % de las 25,334,353 hectáreas decretadas.

Por ello, es importante fortalecer este Sistema e integrar en él, todas las áreas naturales protegidas, indicando su importancia y resaltando las características de cada una de ellas, de acuerdo con evaluaciones y opiniones del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La incorporación de las áreas naturales en el sistema posibilita ejecutar acciones que incrementen o disminuya su protección.

Por ejemplo, en noviembre de 2013, el gobierno federal emitió un decreto presidencial para modificar la categoría de protección del Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), para quedar ahora como Zona de Protección de Flora y Fauna.

Dicha situación, causo una serie de cuestionamientos sociales, por parte de las Organizaciones Civiles, que pudieron evitarse con la publicidad del estatus del área. Puesto que la modificación de categoría fue consecuencia de un estudio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)8, donde indica que el decreto de 1936 del Parque nunca conto con delimitación, ni zonificación de su superficie, por lo que el área no tenía claridad de las actividades permitidas en diferentes perímetros.

El Parque Nacional Nevado de Toluca es un ejemplo de los problemas que enfrentan las ANP, debido a la falta de responsabilidad de las partes, tanto de la sociedad como del gobierno, provocando la explotación ilegal y el exterminio de nuestras áreas naturales protegidas.

El cambio de categoría, tiene como fin que el área protegida construya un plan de manejo donde delimite el área y zonificación de la superficie del área, e integrar directamente afectados y a otros actores relevantes e interesados en participar en el proceso.

Situación por la cual, es de suma importancia fortalecer las herramientas actuales, para que sirvan de base en la determinación y transparencia en la toma de decisiones.

Por ello, la presente iniciativa, busca que todas las áreas naturales protegidas, sean incluidas en el Sistema Nacional, pues cada una de ellas tiene una gran relevancia por su biodiversidad y características ecológicas, recordemos que es la razón por la cual, fueron decretadas Áreas Naturales Protegidas.

A pesar, de que en nuestro país desde hace varios años se han realizado actividades para evitar la destrucción de nuestras áreas naturales protegidas, aún falta mucho por hacer, existen algunos huecos en nuestra LGEEPA, que podrían auxiliar a evitar problemas como el ejemplo mencionado en el párrafo anterior.

En el artículo 74 de la LGEEPA se establece la integración del Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el cual se deben de inscribir todos los decretos existentes, consideramos importante que al inscribirse estos decretos, deberán de contener un mínimo de información, para efectos de control y de importancia de las áreas naturales, a fin de lograr más eficacia.

Adicionalmente, el artículo 76 integra el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sin embargo consideramos importante incluir actualización constante de los programas de manejo. Asimismo, contemplar áreas prioritarias con su debida justificación, con el objeto de que se les otorgue mayor presupuesto y conforme a resultados logre consolidarse en su protección y atención pertinente.

Adicionalmente existen 279 ANPestatales9 con decreto vigente, su cobertura comprende casi 14% del total de la superficie de las ANP decretadas en México, las cuales después de la publicación de la LGEEPA establecieron un marco legal espejo en su legislación local, debido a que en cada Estado existen situaciones particulares.

Por lo que consideramos establecer en la ley que los Estados, también elaboren un sistema de registro de estas, para efectos de coordinación de protección de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que prestan, en áreas identificadas como de alta importancia, informando de manera adecuada y trabajando en conjunto con la población afectada.

En este sentido, para lograr la protección de los recursos naturales se debe involucrar a los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, el sector privado, la sociedad en general y la comunidad científica de tal manera que su acción conjunta y coordinada mantenga el equilibrio ecológico de los ecosistemas y sus recursos naturales, mismos que constituyen el soporte básico de las actividades humanas.

Actividades en las Áreas Naturales Protegidas

Del territorio nacional, 56 millones de hectáreas están cubiertas por bosques y selvas, donde el 80 por ciento es propiedad comunal o ejidal10.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la silvicultura genera anualmente una actividad económica valuada en 3 mil 763 millones de pesos, representa 0.22 por ciento del producto interno bruto11.

Existen ejemplos a seguir de áreas naturales protegidas exitosas como la de Sian´kan en Quintana Roo12, donde formularon su programa de manejo con la participación activa de las comunidades. Establecieron un consejo donde participaba tanto gobierno como las comunidades representadas por sus pescadores, ganaderos, productores, pobladores, así como la academia.

Entre los factores fundamentales para el éxito del manejo de esta área fue que los ganaderos fueron invitados a dejar gradualmente el área, y los pescadores se autorregularon, permitiendo tener aprovechamiento pesquero ordenado. También se publicó un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, para definir el crecimiento máximo de vivienda y servicios en el área.

Mientras estas comunidades no integren sus actividades económicas a las necesidades y/o prioridades del área natural protegida, estas no podrán consolidarse y avanzar de manera positiva. Es decir, tanto la comunidad como el  área natural protegida, deben de evolucionar en concordancia, porque de otra manera ambas partes, podrán verse desprotegidas de los peligros y amenazas constantes que las acechan.

Este proceso debe realizarse entre las entidades de gobierno responsables, propietarios de los terrenos, habitantes de las zonas, así como academia o expertos en el tema buscando integrar prácticas de protección y restauración con prácticas de uso y aprovechamiento de bajo impacto y criterios de sustentabilidad con la suficiente flexibilidad para adecuarlas a cada realidad regional.

Todo ello de manera que se permita a los propietarios y habitantes de esos terrenos no sólo cumplir con los acuerdos realizados en términos de protección de manera efectiva sino que, apoyados por sociedad y gobierno, les permitan también aportar con propuestas de manejo y protección sostenibles e innovadoras para México.

Consideramos que las acciones que realiza el gobierno federal en favor de conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, con la participación corresponsable de todos los sectores, son estratégicas y a su vez trascendentales, ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades aldeanas a estos ecosistemas, así como prevenir al país de desastres naturales e impactos negativos.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se establece como estrategia la conservación de los ecosistemas representativos y sus recursos naturales, así como la consolidación del SINAP. Nuestro ecosistema junto con el cambio climático evoluciona de manera acelerada y no podemos permitir que estas se deterioren por falta de fortalecimiento y protección en su manejo.

Por los argumentos expuestos, los suscritos se permite someter a consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 47, adiciona un último párrafo al artículo62, un segundo párrafo al artículo 74; y se reforma el artículo 76 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO 47.- En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de promover nuevas actividades productivas  en caminadas a propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

ARTÍCULO 62.- Una vez establecida un área natural protegida, solo podrá́ ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.

Las modificaciones a que refiere el párrafo anterior serán basadas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 74.- La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de interés federal, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho Registro los datos de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan y con al menos la siguiente información:

a) Nombre del Área Natural Protegida
b) Categoría de manejo
c) Ubicación
d) Superficie
e) Localización
f) Importancia ecológica
g) Relevancia nacional
h) Asentamientos Humanos dentro de las ÁNP
i) Impactos antrópicos
j) Grado de afectación

Asimismo, se deberá́ integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 BIS de esta Ley.

Cualquier persona podrá́ consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá́ ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 76.- La Secretaría integrará un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo las áreas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley. Tendrá por objeto determinar si son necesarias estrategias adicionales para su protección y justificará, en su caso modificaciones de su extensión, cambios de uso de suelo o cualquiera de sus disposiciones, así como cambio de categoría de manejo de un área natural protegida.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas será actualizado cada 3 años, se integrará con la información del Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas y será avalado por el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien determinará por cada área el grado de importancia ecológica y relevancia para el país. Dicho Consejo podrá promover modificaciones de extensión y en su caso, los usos de suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, ante la Secretaria.

Las áreas que cuenten con mayor grado de importancia ecológica y relevancia para el país serán prioritarias de financiamiento, o apoyos de gobiernos estatales y municipales, organizaciones no gubernamentales o de instituciones académicas o de investigación.

Para el caso de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal y Municipal, los Gobiernos de los Estados y de Distrito Federal podrán establecer Sistemas  Estatales que permitan incorporar sus áreas al Sistema Nacional, a través de convenios de Coordinación con la Secretaría.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Para determinar la importancia ecológica y relevancia para el país de las áreas naturales protegidas, establecido en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley, la Secretaría en un plazo no mayor a 60 días realizará las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre del 2014.

Suscribe

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 SarukhánKermezJose, Seco Mata Rosa María Seco. (2012). Dos décadas de Historia 1992-2012 . México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

2 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/

3 http://www.fao.org/docrep/011/i0670s/i0670s13.htm

4 Dudley N., et al. (Editores) 2009. Soluciones naturales: las áreas protegidas ayudan a las personas a enfrentar el cambio climático. IUCN-WCPA, TNC, PNUD, WCS, El Banco Mundial y WWF. Gland, Suiza. Washington DC y Nueva York, USA.

5 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas 2011

6 https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-no.030.pdf

7 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/sinap.php

8 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2013. Estudio Previo Justificativo para la Modificación de la Declaratoria del Parque Nacional Nevado de Toluca, ubicada en el Estado de México, México.

9 Capital Natural de México: Volumen 2, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2009

10 Proyecto: Bosques y Cambio Climático y Marco de Planeación para los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional Forestalhttp://www.conanp.gob.mx/difusion/pdf/archivos_gef/cuencas_costeras/MPPI_(SIL).pdf

11 Idem

12 Patrimonio Cultural de México, 100 casos de éxito, SEMARNAT y CONABIO, 2010






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 42, FRACCION VIII, INCISO F) DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VIII, INCISO F) DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 74 las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre las cuales destaca aprobaranualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual, es el cálculo de gastos previstos para el ejercicio fiscal de un año determinado  para el funcionamiento del aparato administrativo del gobierno, incluyendo a las entidades federativas, municipios y dependencias gubernamentales. Es decir, su contenido refleja las prioridades que se deben atender con los recursos públicos con que el Estado cuenta.

La aprobación del Presupuesto de Egresos comienza con la realización por parte del Ejecutivo Federal del Proyecto de Presupuesto correspondiente al siguiente año del ejercicio fiscal, el cual deberá ser entregado a la Cámara de Diputados a más tardar el día 15 del mes de noviembre o, según sea el caso, si es el inicio de un nuevo sexenio presidencial, la fecha limite será el 15 de diciembre.

La Cámara baja se encarga del análisis, discusión y aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual, debería estar orientado a garantizar los principios sociales previstos en la Constitución Política Federal (educación, salud, empleo, vivienda y alimentación), sin embargo, la realidad muestra que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha convertido en un control político y discrecional por parte de los Diputados.

Generalmente en el Poder Legislativo se observa un mayor peso en las prácticas de gestoría de recursos y más intercambios clientelares, en la lógica de negociación del gasto público. Cada año, los legisladores pueden modificar aproximadamente entre el seis y diez por ciento del gasto total —la llamada bolsa negociable—. El resto del presupuesto se considera ineludible o comprometido porque incluye partidas con obligatoriedad jurídica o política, como el pago de sueldos y salarios, los subsidios, las pensiones y los programas sociales, así como las transferencias a entidades federativas.1

Dentro del porcentaje negociable, muchos legisladores fijan su atención en partidas que dan visibilidad y reconocimiento político y que benefician a grupos organizados, entre ellas: carreteras y caminos rurales, proyectos hidráulicos (presas, plantas de tratamiento de agua), recursos para universidades públicas y hospitales, programas del campo y de desarrollo social, así como programas de arte y cultura.2

El otorgar apoyos a las entidades federativas o municipios a los que pertenecen los legisladores no es el problema, por el contrario, contribuye al desarrollo de la región; sin embargo, la problemática surge cuando estos recursos son otorgados a cambio de favores personales, políticos, económicos o incluso nepotismo.

En México, el proceso de negociación es muy complejo y, entre múltiples fuerzas políticas éste genera en ocasiones improvisación además de falta de criterios técnicos para justificar diversos programas; el convenio del gasto público se da por distintas maneras. Pero la causa central es política:

Al igual que en otros países, muchos legisladores centran su atención en la gestoría de recursos para proyectos de beneficio político y local sin prestar atención al contenido global del presupuesto. Algunos legisladores se han convertido en gestores de recursos, en lugar de evaluadores del presupuesto, como es su función de acuerdo con la Constitución.3

Entre las presuntas  maneras de negociar el gasto público, resalta el intercambio clientelar, en el cual, supuestamente el gobierno otorga recursos a proyectos rentables a cambio del voto de los legisladores. Esta práctica no sólo se da en las partidas presupuestarias, sino que en ocasiones se negocian plazas en el gobierno, aumentos salariales y otros beneficios políticos, como promoción de carreras políticas.

Ante la ineficaz forma en que se ejerce el gasto público en los últimos años, aunado a la libre etiquetación y asignación de partidas, hoy en día, las consecuencias han sido lamentables, corrupción, clientelismo, opacidad y los casos conocidos como “moches”, han vulnerado la transparencia y rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es claro que si un Diputado tiene la posibilidad de asignar millones de pesos al año para diferentes fondos, sin duda, habrá alcaldes y gobernadores que acudan a ofrecer recompensas a cambio de recibir estos presupuestos. En esta tesitura, muchos legisladores se han prestado al llamado “moche” que es el cobro de comisiones para gestionar recursos federales a favor de municipios o entidades federativas.

Ante esta situación, diversos legisladores federales han sido acusados por presidentes municipales de solicitar sumas de dinero a cambio de otorgar partidas presupuestales a sus Ayuntamientos.

Lamentablemente, diversos escándalos en la Cámara de Diputados por los “moches” a cambio de recursos públicos o etiquetar inversiones para obras de infraestructura, muestra la escasa transparencia con la que se conduce el Poder Legislativo en México y la falta de voluntad política para implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Analistas coinciden en que no existe nada de malo en que un Diputado o Senador pretenda llevar recursos a su distrito para iniciar con una obra pública o para implementar programas sociales. Lo que es incorrecto y desleal es que los legisladores se beneficien con el erario y generalmente, esto se debe a que no rinden cuentas sobre los acuerdos que toman.4

Gustavo López Montiel, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, planteó que “la nula transparencia de la Cámara de Diputados y los pocos mecanismos de información sobre la forma en que se asignan los recursos públicos generan molestia en la ciudadanía”, agregó que “Estos acuerdos en lo ‘oscurito’ se dan también en muchos lugares del mundo, pero obedecen más bien a la falta de reglas formales. Como no hay una ley que diga cómo se debe hacer, al final de cuenta lo que predomina son acuerdos informales que se van modificando dependiendo de las personas y de los momentos”.5

Ante esta situación, hoy el Congreso de la Unión se ve obligado a regular sus propias acciones. Es necesario, establecer reglas para que los Diputados Federales no distribuyan recursos federales a discreción a cambio de "moches".

En este orden de ideas y con el objetivo de evitar el uso indebido en la asignación de recursos públicos discrecionales en el Presupuesto de Egresos para 2015, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, acordó que el reparto de dinero a las dependencias y entidades federativas, así como de municipios y el Poder Judicial se llevaría a cabo por medio de solicitudes de recursos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios a través de escritos firmados de manera impresa y electrónica, esto con el objeto de tener mayor control de las peticiones y de quienes las hacen.6

El formato se puede descargar del micrositio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y los rubros a llenar son: nombre o razón social del proponente, y las propuestas en relación al paquete económico para el ejercicio fiscal con una justificación.

Lo anterior resulta un gran avance por terminar con las prácticas de corrupción e impunidades derivadas de los “moches”; sin embargo, el formato no está reglamentado; asimismo, carece de lineamientos como el establecer el monto económico a destinar, y cuál será la distribución mediante fondos y partidas particulares.

El solicitar una “comisión” a cambio de gestionar y otorgar recursos públicos, son actos de corrupción a base de gratificaciones que muchos reconocen en privado, pero de la que pocos se atreven a hablar en público. Hoy, el Congreso Federal sorprende a sus representados con una manera más de generar corrupción, aún y cuando históricamente el país padece en distintos aspectos de la vida diaria.

El pasado 2 de diciembre del presente año, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su “Índice de Percepción de Corrupción 2014”; en el cual, de un total de 175 países, México se encuentra en el lugar 103. La metodología de este instrumento de 100 puntos posibles (lo que se traduce en percepción de bajos niveles de corrupción), México obtuvo 35 puntos, lo que se significa que el país está reprobado en corrupción.7

Pese a estas cifras, es inadmisible que el Congreso de la Unión creé formas de aumentar la corrupción que aqueja al país. Es momento que los legisladores asuman responsabilidades y se reglamenten estos actos que propician desconfianza en los ciudadanos y temor por parte de Presidentes Municipales y Gobernadores de que no se reducirá el recurso que por Ley deben percibir.

La sociedad está alerta respecto al seguimiento del dinero público, ante esto, se propone que los legisladores estén obligados a presentar de manera escrita y electrónica un formato de solicitud de recurso para llevar a cabo proyectos y programas de las dependencias federales, entidades federativas, municipios y Poder Judicial, especificando el monto del recurso solicitado, y su distribución mediante fondos y partidas particulares.

En este tenor, se propone modificar el artículo 42 fracción VIII, Inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que en el marco de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores estén obligados a presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un formato suficientemente pormenorizado, elaborado por dicha Comisión, por medio del cual, soliciten los recursos para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios, especificando el monto del recurso solicitado, y su distribución mediante fondos y partidas particulares. La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas propuestos por los legisladores a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido; asimismo, vigilará que los costos y los montos propuestos por los legisladores estén apegados a las condiciones del mercado, a fin de garantizar la austeridad y evitar el desvío de recursos.

Asimismo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a criterio de ésta, decidirá si es necesaria alguna reunión con los solicitantes para obtener mayor información sobre los proyectos propuestos; las reuniones  serán objeto de una declaratoria de publicidad.

Finalmente, los legisladores que soliciten, acepten o reciban una comisión económica a cambio de gestionar recursos federales a favor de municipios o entidades federativas darán incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 47 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VIII, INCISO F) DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

ÚNICO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VIII, INCISO F) DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para quedar como sigue:

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. a VII. …

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

f)En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Los legisladores están obligados a presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un formato suficientemente pormenorizado, elaborado por dicha Comisión, por medio del cual, se soliciten los recursos para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios, especificando el monto del recurso solicitado, y su distribución mediante fondos y partidas particulares. La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación, atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido; asimismo, vigilará que los costos y los montos propuestos por los legisladores estén apegados a las condiciones del mercado, a fin de garantizar la austeridad y evitar el desvío de recursos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a criterio de ésta, decidirá si es necesaria alguna reunión con los solicitantes para obtener mayor información sobre los proyectos propuestos; las reuniones  serán objeto de una declaratoria de publicidad.

Los legisladores que soliciten, acepten o reciban una comisión económica a cambio de gestionar recursos federales a favor de municipios o entidades federativas darán incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 47 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:
I. a VII. …
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:
f)En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:
I. a VII. …
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:
f)En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Los legisladores están obligados a presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un formato suficientemente pormenorizado, elaborado por dicha Comisión, por medio del cual, se soliciten los recursos para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios, especificando el monto del recurso solicitado, y su distribución mediante fondos y partidas particulares. La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación,   atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido; asimismo, vigilará que los costos y los montos propuestos por los legisladores estén apegados a las condiciones del mercado, a fin de garantizar la austeridad y evitar el desvío de recursos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a criterio de ésta, decidirá si es necesaria alguna reunión con los solicitantes para obtener mayor información sobre los proyectos propuestos; las reuniones  serán objeto de una declaratoria de publicidad.

Los legisladores que soliciten, acepten o reciban una comisión económica a cambio de gestionar recursos federales a favor de municipios o entidades federativas darán incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 47 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

1 Ugalde Luis Carlos. La Negociación Política del Presupuesto en Péxico 1997-2012 [en línea]. Resumen Ejecutivo. Integralia. México. 2014. Disponible en: http://integralia.com.mx/publicaciones/resumenejecutivo.pdf [consulta 03 de Diciembre de 2014].

2 Ibídem.

3 Ugalde Luis Carlos. Clientelismo presupuestario [en línea]. Revista Nexos. México. 2014. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=22312 [consulta 03 de Diciembre de 2014].

4 Redacción. “Los moches”, sean del PAN, PRI o PRD, evidencian la opacidad en la que opera el Poder Legislativo: analistas [en línea]. Sin Embargo. México. 2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/21-03-2014/938696 [consulta 03 de Diciembre de 2014].

5 Ibídem.

6 Jiménez Horacio, Nieto Francisco. Buscan diputados frenar “moches” [en línea]. El Universal. México. 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/buscan-diputados-frenar-8220moches-8221-218683.html [consulta 03 de Diciembre de 2014].

7 Transparency International. The 2014 Corruption Perceptions Index [en línea]. 2014. Disponible en: http://www.transparency.org/cpi2014/results [Consulta 03 de Diciembre de 2014].






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Presentada por la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La suscrita Senadora MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición forzada cobra una especial relevancia en el contexto actual mexicano, a raíz de los hechos ocurridos el 26 de Septiembre en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero.

Desde 2007, cincuenta y cuatro personas han desaparecido semanalmente, ocho cada día, para un total de 22 mil 610 desaparecidos desde esta fecha.

Como podemos observar, este delito no es una novedad, ni ha sido exclusivo de los tiempos actuales.

Con la lamentable tragedia que han sufrido las familias de los normalistas se ha logrado dar una nueva dimensión al asunto que ha captado, incluso, las críticas de la política y la prensa internacional.

El 2014 se ha convertido en el año donde más desapariciones han ocurrido, con un total de 5 mil 98. En el 2013, México cerró con 4 mil 514 desapariciones. Estás cifran manifiestan claramente el hecho de que éste delito ha tenido un incremento preocupante en la administración en curso.

Los esfuerzos, sin duda, no han escaseado, y existe una palmaria voluntad en los tres poderes de la unión para llevar a cabo acciones contundentes que erradiquen con eficiencia este quebranto a nuestra sociedad.

Dentro del Senado de la República existen iniciativas como la del Senador Roberto Gil Zuarth, que busca modificaciones precisas a la constitución, específicamente a los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado B, fracciones  III y V; apartado C, fracción V; 29, segundo párrafo y 73, fracción XXI, inciso a), para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una ley general contra la desaparición forzada que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, distribuya la competencia entre los órdenes de gobierno y establezca las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como para establecer la prisión preventiva oficiosa y reforzar el marco de derechos de las víctimas de estos delitos.

La desaparición forzada representa una doble vertiente de agravio para la sociedad, ya que no sólo las víctimas directas resienten el perjuicio en su persona e integridad, con el padecimiento de las torturas y la constante alarma de perder la vida, sino el estremecimiento llega a los familiares también.

El dolor, aunque inexplicable en las palabras, ha podido observarse en las imágenes de las familias que actualmente luchan por encontrar a sus desaparecidos.

La desaparición forzada de personas viola todo un conjunto elemental de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario.

La lista del quebranto es larga: desde el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la vida; a la identidad; hasta el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización y el de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales existe una violación al derecho a la protección y a la asistencia a la familia; a un nivel de vida adecuado, y a la salud.

En 1992 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, expide la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en donde rigen normas obligatorias que deben de ser acatadas exhaustivamente por todos los estados. 1

Al ser este delito una violación de las prohibiciones que figuran en otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  se requiere que se expidan normas que tipifiquen adecuadamente todos los actos de desaparición forzada de personas como delitos graves, leyes encaminadas a sancionar y prevenir la comisión de esos actos, y que se cumplan con los lineamientos mínimos en sus tipos penales. 

Según lo establecido por la Declaración, todo acto de desaparición forzada constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano.

Al obligar a los Estados a emitir medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo eficaces para prevenir o erradicar los actos de desaparición forzada, en particular para tipificarlos como delitos continuados en su legislación penal y establecer la correspondiente responsabilidad civil, se han emitido una serie de recomendaciones por parte de la ONU a México en la materia, y que, al día de hoy, no han sido cumplidas de manera completa.

Es por lo anterior, que me parece de elemental importancia que se modifiquen los artículos mencionados en los resolutivos de la presente iniciativa, pertenecientes al Código Penal Federal, para incluir los lineamientos que establecen los estándares e instrumentos internacionales en la materia. Entre éstos se encuentra el reconocimiento de que el delito puede ser cometido por una persona o grupo de personas que actúan con la aquiescencia o colaboración del Estado, el reconocimiento explicito de la naturaleza continuada del delito, y el incremento de la sanción por la negativa del victimario de proporcionar información al respecto.

Nuestra obligación de realizar acciones contundentes con inmediatez, es menester ante la creciente ola de este tipo de delitos y la infiltración del crimen organizado en todos los niveles del gobierno.

Julio César Maldonado Conde, Docente e Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, expresó en la segunda parte de su trabajo sobre desaparición forzada, publicado en el ANUARIO No. 24 del Instituto de Derecho Comparado, de manera lúcida, los efectos que produce este delito a nivel social:

“Cuando el delito constituye un evento esporádico, que no obedece a ningún plan generalizado, o es propiciado por alguna circunstancia de carácter coyuntural, la desapariciones forzadas tienen un efecto limitado y de poca repercusión a nivel social. El hecho de que la colectividad tenga conocimiento de ellas, dependerá del manejo de la información en los medios de comunicación, pero en general la sociedad no se siente amenazada.

Esto no significa que la gravedad del delito disminuya. La desaparición forzada de una persona es tan importante como la de cientos o miles. Lo que cambia es la percepción general sobre la intimidación que produce este tipo de acontecimientos.

Una situación muy diferente se presenta cuando la Desaparición Forzada de Personas se realiza de manera sistemática y reiterada, es decir, cuando se le convierte en un instrumento de dominación política o en un método represivo utilizado de manera prolongada. En estos casos el delito se transforma en el medio más absoluto de irrespeto a las leyes de convivencia social y humana. Cuando esto pasa, la sociedad empieza a padecer un proceso creciente de pérdida de la confianza en las instituciones y las leyes.

La violencia y la impunidad, característicos de este delito, generan entonces más violencia en la sociedad que las padece de forma continua. Bajo estas circunstancias se pueden dar fenómenos como: la inhibición de los mecanismos sociales y psicológicos del respeto y defensa a la vida; y la repetición múltiple, en todos los niveles, del modelo de omnipotencia e impunidad practicado por quien detenta el poder. Es así como empiezan a proliferar las pandillas juveniles, los secuestros organizados y las mafias en general.

El vacío social producido con las desapariciones reiteradas, no es llenado, como normalmente suele ocurrir con otras especies delictivas, por la condena y castigo proveniente de la autoridad. La justicia es sustituida por una serie de enunciados en los que la verdad social es silenciada.

La sociedad puede llegar, incluso, a una situación de irracionalidad tal que no exista una diferencia clara entre deberes y derechos, y se pierdan por completo las normas mínimas de convivencia. La ausencia de la Ley puede llevar, en definitiva, a la pérdida de los valores. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas en una resolución sobre esta materia señaló que las desapariciones forzadas afectan los valores de la sociedad humana, al sustraer a la víctima de la protección de la ley.

Una sociedad que viva en el terror provocado por las desapariciones forzadas sistemáticas, sometida al silencio, sin mecanismos legales de reparación del daño infringido, será una sociedad prisionera de sí misma.

A manera de conclusión, puede apreciarse en estas reflexiones, que la Desaparición Forzada de Personas es vista por la doctrina internacional como un delito con efectos específicos, no comunes a la mayoría de las otras especies delictivas.

El hecho de que el sujeto activo sea siempre en definitiva el Estado, y que sus consecuencias sociales sean de tal profundidad cuando el delito es reiterado, hace entender el por qué del interés y la preocupación internacional sobre esta materia. Si este tipo de conductas llegaran a convertirse en una práctica cotidiana y sin castigo aparente, la estabilidad y legalidad del orden mundial se pondría en peligro.”2

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estableció que México enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas, pues a las víctimas de los años recientes se suman las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los años 60, 70 y 80, quienes merecen justicia, verdad y reparación del daño.

Debemos de manifestar nuestro compromiso y voluntad con las víctimas del delito y la comunidad internacional de derechos humanos, a través de las medidas legislativas, administrativas y judiciales pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 215 A y 215 C, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, cualquiera que fuere su forma, aquel servidor público o individuo o grupo de individuos que, independientemente de que hayan participado en la detención legal o ilegal, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, privare de la libertad a una o más personas.

La sanción que corresponda se incrementara en dos terceras partes cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Este delito se considera continuado de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo, fracción tercera del presente Código.

Artículo 215-C.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de manera perpetua para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos, así como servicios de seguridad privada.

TRANSITORIO

Único.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Folleto informativo No. 6: Desapariciones forzadas o involuntarias. Rev. 3

2 Maldonado Conde, Julio Cesar. El Delito De La Desaparición Forzada De Personas Como Mecanismo De Protección De Los Derechos Humanos. Anuario No. 24 del Instituto de Derecho Comparado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1º fundamenta la igualdad como valor universal, estableciendo que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Desafortunadamente debido a que la discriminación, involucra, entre otros, a factores sociales y culturales, ésta persiste en muchas partes del mundo, agravando las desigualdades e impidiendo el desarrollo de las personas, comunidades y/o sociedades.

La discriminación, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca además en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro.1

En México, desde 2001 se incorporó a la Constitución en el artículo 1º una clausula antidiscriminatoria, por lo que todas las personas que se encuentran dentro de su territorio tienen formalmente reconocido el derecho a la no discriminación, esta cláusula se fortaleció con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la que introdujo el reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México forma parte y de las garantías para su protección, favoreciendo además la protección más amplia para las personas y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Es importante destacar que además de la cláusula antidiscriminatoria, en junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la que estipula las bases para una política orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona por parte de particulares, personas físicas o morales o algún servidor público,  además de promover la igualdad de oportunidades mediante la inclusión de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

En el mismo sentido, de acuerdo con el otrora Instituto Federal Electoral,2 a nivel estatal existen 19 entidades federativas que cuentan con una clausula no discriminatoria en su Constitución; 23 entidades cuentan con leyes para prevenir la discriminación; y 13 códigos penales estatales tipifican la discriminación como delito.

Como se puede apreciar existe un vasto universo de disposiciones normativas tendientes a combatir la discriminación, sin embargo, a pesar de la existencia de este marco normativo que prohíbe la discriminación, diversos grupos poblacionales  continúan siendo discriminados.

En 2005 la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) realizada por la Secretaria de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mostró que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales3.

Dicha encuesta revelo que 9 de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinaron que existe discriminación por su condición, así como 1 de cada 3 personas pertenecientes a dichos grupos dijo haber sido segregada por su condición durante 2004 y que el 30% ha sido discriminado en el trabajo.

Los resultados de la ENADIS 20104, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, volvieron a demostrar que la discriminación no afecta únicamente a algún grupo específico de la población, sino que afecta a un gran número de personas por razones distintas, entre las cuales están diversas condiciones de vida y características de identidad.

La referida encuesta revelo que cuatro de cada diez mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida.

Asimismo, la población mexicana considera que los derechos de las personas homosexuales, migrantes e indígenas se respetan poco y nada, le siguen en el orden la falta o el poco respeto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar, las de otra raza, las discapacitadas y las adultas mayores.

Por su parte, las minorías étnicas perciben que su principal problema es la discriminación, así cada cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo, tres de cada diez consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno y uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para acceso a servicios de salud o educación.

La encuesta nos permite observar que la prohibición legal de la discriminación queda como letra muerta cuando desde los distintos medios de socialización no se fomenta la no discriminación y el respeto por la diferencia.

La discriminación se arraiga en el plano de lo sociocutural, se ha hecho parte de la vida cotidiana de algunas personas e incluso hay quienes la asumen como natural, llegando a pasar de forma inadvertida y a expresarse de manera inconsciente y automática, hasta llegar a grados en los que puede determinar comportamientos masivos, como la violencia y generar prejuicios y estereotipos.

En cualquiera de sus variantes, la discriminación lastima y lesiona a los seres humanos y a la misma sociedad, atenta contra la dignidad humana y lesiona los derechos humanos, razón por la cual se hace necesario que desde todos los medios de socialización se construya una cultura de no discriminación.

Teniendo presente que los medios masivos de difusión han tomado una importante fuerza en el proceso de socialización de niños y jóvenes, y que cada día con mayor frecuencia la televisión, la radio, la prensa, el cine y el Internet son medios a través de los cuales las personas adquieren valores, sentido de pertenencia e identidad con su comunidad, asimismo son referentes para la aprehensión de patrones socioculturales que se consideran normales dentro del entorno colectivo, considero necesario reformar el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, propicie la no discriminación.

Cabe señalar que esta propuesta se encuentra acorde con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez que el artículo 226 señala que a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. Constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá, entre otras acciones: evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas.

Asimismo se encuentra acorde con el artículo 256 el que establece como uno de los derechos de las audiencias: el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Sin duda lo señalado por el artículo 226 favorece la socialización en los niños de la  no discriminación, pero observamos que las prácticas discriminatorias se dan tanto por niños y adolescentes como por adultos, razón por la cual considero importante introducir en la ley que en la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, se propicie la no discriminación.

Con esta reforma contribuiríamos a que se garantice el derecho de las audiencias a la no discriminación.

Estoy convencido de que el emprender desde el espacio público y el privado acciones tendientes a combatir la discriminación y erradicar los estereotipos producirá cambios paulatinos en la cultura de los mexicanos para evitar la discriminación.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

ÚNICO: Se adiciona una fracción VIII al artículo 223 pasando las actuales fracciones VIII y IX a ser las fracciones IX y X respectivamente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 223. …

I. a VII. …

VIII.  La no discriminación;

IX. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

X. El uso correcto del lenguaje.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Félix González Canto.

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010, Resultados Generales, Consultado el 3 de diciembre de 2014 en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

2 Instituto Federal Electoral. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. México, IFE- Colegio de México, 2014, p. 36,disponible en Internet en http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf consultado el 5 de diciembre de 2014

3 Véase Resultados Enadis 2010, disponible en Internet en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf consultado el 3 de diciembre de 2014

4 Idem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 215-A, 215-B, 215-C, 215-D, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 215-E Y 215-F DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Presentada por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Senador JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 215-A, 215-B, 215-C, 215-D, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 215-E Y 215-F DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno de la desaparición forzada de personas es una práctica que constituye una de las violaciones a los derechos humanos más graves, crueles y atroces, que puedan realizarse. Su comisión no solamente lastima a la víctima como un ser individual, sino también lacera profundamente a la sociedad en su conjunto y denota una de las perversiones más acabadas de la función gubernamental.

El origen de la práctica de las desapariciones forzadas se remonta hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen del nazismo. Específicamente, el 7 de diciembre de 1941 el Estado Mayor del Ejército Alemán emitió un decreto conocido como “Nacht und Nebel Erlass” (Decreto Noche y niebla) que versaba sobre un conjunto de directrices para procesar a las personas que hubieran cometido crímenes contra el Reich en los Territorios Ocupados.1El resultado de la ejecución de estas directrices por las autoridades del Tercer Reich se tradujo en un sinnúmero de desapariciones forzadas en contra de los opositores del régimen, configurándose así la práctica sistemática de las desapariciones forzadas como método de represión.

Posteriormente, durante las décadas de los años sesenta y setenta apareció el fenómeno de la desaparición forzada en la región de América Latina. Esta práctica fue utilizada como método de control social y político por las dictaduras militares de aquella época. Así, a principios de la década de los años sesenta y setenta, las desapariciones forzadas de personas surgen en Guatemala y comienzan a extenderse hacia El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México.

Durante ese tiempo el concepto mismo de “Desaparición forzada” no fue definido de manera uniforme debido a la heterogeneidad de las prácticas en cada país. Sin embargo, actualmente existen rasgos fundamentales que nos ayudan a definir y a distinguir este fenómeno de otros delitos. Esto es importante toda vez que resulta necesario contar con una definición para dar cuenta de las prácticas que perjudicaron a miles de personas y, tener así, un marco normativo que contribuya a prevenir, sancionar y erradicar esta ofensa contra la dignidad de la persona humana.

En este sentido, la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, contenida en la resolución A/RES/47/133 de 12 de febrero de 1993, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aporta una serie de elementos que permiten precisar el concepto de desaparición forzada. Al respecto, esta resolución señala que la desaparición forzada implica que “[…] se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley”.2

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada ha establecido que constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que “[…] la caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas [...] sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) intervención directa de los agentes estatales o por la aquiescencia de éstos y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada”.3

En síntesis, es posible afirmar que la desaparición forzada se caracteriza por los rasgos siguientes:

a) Privación de la libertad.

b) Privación de la libertad como consecuencia de la participación de agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.

c) Falta de información o negación sobre el paradero de la persona desaparecida.

d) Como consecuencia de lo anterior, la imposibilidad para la víctima de encontrarse bajo el amparo de la ley.

Así, la desaparición forzada como una práctica que vulnera un conjunto de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la integridad física así como al derecho de acceso a la justicia, por su gravedad, es considerada un delito de lesa humanidad. En este tenor, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7, párrafo primero, inciso i), que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático.

Además de la trascendencia de contar con un concepto que considere los elementos constitutivos  y distintivos de la desaparición forzada de personas, también resulta de vital importancia para la prevención, sanción y erradicación del delito, hacer referencia a dos aspectos que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada. En primer término, la responsabilidad internacional del Estado en casos de desaparición forzada y, en segundo lugar, la obligación delos Estados parte del sistema Interamericano de tipificar el delito de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales. En ambos casos, la Corte Interamericana ha señalado la importancia de determinar la fuente normativa aplicable, la cual, a juicio de la Corte, no solamente se debe circunscribir a la Convención Americana sino también otros instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En el caso de México es fundamental recordar la serie de visitas que han realizado al país diversos grupos de trabajo y de relatores pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Al respecto, es posible citar la visita del Grupo de Trabajo  sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 18 al 31 de marzo de 2011.

En nuestro país las desapariciones forzadas alcanzan su punto álgido entre los años 1974 y 1981, las cuales tuvieron lugar, principalmente, dentro del contexto de guerrillas rurales en la zona de Guerrero, Chiapas y Veracruz. La mayoría de las personas desaparecidas pertenecían a organizaciones indígenas, campesinas y políticas. No obstante, el fenómeno de las desapariciones forzadas sigue presente y continúa lesionando a la sociedad mexicana.

La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, en septiembre del presente año, representa uno de los sucesos más ominosos de los años recientes. Sin duda, el caso de los normalistas desaparecidos muestra con toda claridad el conjunto de irregularidades en que han incurrido las autoridades de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. En primera instancia, se advierte la omisión y la falta de respuesta de las autoridades para garantizar la obligación de no repetición del acto ilícito. Ello, en razón de que el abuso de la fuerza por parte de los elementos de las policías derivado de la intervención estatal para atender la problemática de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ha producido múltiples pérdidas de vida, así como represiones, detenciones y desapariciones desde el año 2007 a pesar de las recomendaciones hechas en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En segundo lugar, existe un problema fundamental que potencia la violación a los derechos humanos, el cual consiste en la deficiente actuación de las autoridades en dos rubros esenciales: en primer término, la debida respuesta de las autoridades frente a la desaparición de víctimas y, segundo, la debida diligencia en la investigación de las ejecuciones así como la denegación de justicia. Las razones de tal funcionamiento defectuoso son múltiples. La corrupción y la colusión de las autoridades con diversos grupos de la delincuencia son dos de los grandes problemas a resolver para el buen funcionamiento de las instituciones en su tarea de preservar y vigilar el respeto en todo momento de los derechos humanos.

En este sentido, la circunstancia antes descrita ya había sido advertida por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 con motivo de la visita de trabajo realizada por la Relatoría para México de dicha Comisión Interamericana a nuestro país entre el 26 y el 30 de septiembre de 2011. En aquella ocasión, el Relator de la Comisión Interamericana expresó su preocupación respecto de la situación grave de inseguridad por la que está atravesando el Estado mexicano.

Por otro lado, también cabe destacar lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas en su informe de diciembre de 2011. En efecto, el gobierno mexicano invitó al Grupo de Trabajo antes mencionado para visitar el país del 18 al 31 de marzo de 2011 con el fin de conocer, estudiar y analizar el estado de las labores realizadas por el Estado mexicano en materia de desapariciones forzadas.

Como resultado de la visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se publicó un informe en el que, por una parte, se reconocen los esfuerzos del Estado mexicano en materia de derechos humanos y los retos vinculados a una situación compleja en materia de seguridad pública en el contexto de una lucha contra el crimen organizado.4 Sin embargo, el Grupo de Trabajo advierte que se debe seguir trabajando para hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación  de todas las víctimas de desaparición forzada.5 En este sentido, dentro del informe se precisan algunas recomendaciones que comprenden distintas dimensiones de la problemática tales como su prevención, investigación, sanción y reparación.

Dentro del conjunto de recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo, una de ellas constituye un avance primordial dado que es un punto de partida para todas las demás. En otras palabras, uno de los asuntos más importantes es el que se refiere al elemento normativo. En este orden de ideas, el Grupo de Trabajo atinadamente observó la multiplicidad normativa que existe en el Estado mexicano en razón de su configuración federal. Así, la facultad normativa es compartida por las entidades federativas, el Distrito Federal y la Federación. Por esta razón, el Grupo de Trabajo precisó que el tipo penal de la desaparición forzada no es homogénea en todo el país.

De igual forma, el Grupo de Trabajo detalló que en algunos casos no existe una tipificación autónoma del delito de desaparición forzada. Es decir, que se contemple un tipo penal distinto y, en consecuencia, que exista una sanción para esta conducta sin recurrir a las preceptuadas para delitos como el secuestro, la tortura o el homicidio. Al respecto, es importante recordar que la Corte Interamericana ha señalado que “[…] en atención al carácter particularmente grave de la desaparición forzada de personas, no es suficiente la protección que pueda dar la normativa penal existente relativa al plagio o secuestro, tortura, homicidio, entre otras. La desaparición forzada de personas es un fenómeno diferenciado caracterizado por la violación múltiple y continuada de varios derechos consagrados en la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión  y acarreando otros delitos conexos”.6

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo refirió un conjunto de inconsistencias en la definición del delito de desaparición forzada de personas en relación con diversos instrumentos internacionales. Sobre este aspecto, la determinación del sujeto activo y la sanción contemplada son los principales puntos de divergencia. Esto en virtud de que la mayoría de los tipos penales sobre la desaparición forzada hacen referencia solamente a los actos cometidos por las autoridades, excluyendo así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno, con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia. Por otra parte, respecto de la sanción, se señaló que las penas contempladas varían en razón de la jurisdicción y que los castigos no resultan proporcionales a la gravedad del delito en comparación con otros crímenes similares.

De tal suerte, es posible sintetizar las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas a fin de solventar las inconsistencias en el ámbito normativo. Por ello, es imperioso que el delito de desaparición forzada se encuentre previsto en todas las entidades federativas y sea considerado como un delito autónomo. Asimismo, es necesario que se armonice la definición de la desaparición forzada de la legislación penal interna con lo establecido en diversos instrumentos internacionales. Esta recomendación de tipificación, homologación y armonización del delito desaparición forzada es congruente con la obligación contenida en los artículos I, párrafo primero, inciso d), y III de la  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Por tal motivo, en consonancia con la obligación antes señalada y en atención a las recomendaciones realizadas en el ámbito legislativo por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, es fundamental redoblar los esfuerzos para prevenir, erradicar e impedir la impunidad de estas conductas atroces. En tal virtud, como un gran primer paso es necesario que el marco normativo federal se encuentre acorde con los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada. Es verdad que se trata de un esfuerzo inicial dado que una reforma al Código Penal Federal resultaría insuficiente para garantizar la homogeneidad y armonización en todo el país, por lo que sería necesario contar con una Ley General sobre Desaparición Forzada. También es cierto que en el Senado de la República se han presentado diversas propuestas en torno al tema, entre las cuales destaca el proyecto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarle al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General contra la Desaparición Forzada, el cual se encuentra bajo análisis.

Indudablemente, con la expedición de una Ley General contra la Desaparición Forzada se crearía un piso común en la materia. Ello abonaría a la unificación de la definición del delito así como la armonización respecto de los estándares internacionales y contribuiría a la coordinación y distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, en razón de la situación grave por la que atraviesa nuestro país, es urgente legislar al respecto.

Es decisivo tener en cuenta que el proyecto para reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir una ley general en materia de desaparición forzada, debe transitar por el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe recordar que nuestra constitución, desde un punto de vista de teoría constitucional, es una constitución rígida. Ello quiere decir que el procedimiento de reforma constitucional es “agravado”, esto es, se trata de un procedimiento de formación normativa  más complejo que el procedimiento ordinario de formación de las leyes. En este sentido, el artículo 135 constitucional dispone que toda reforma al texto constitucional debe colmar dos requisitos: a) Que el Congreso de la Unión acuerde las reformas o adiciones por cuando menos las dos terceras partes de los individuos presentes, y b) que tales reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Lo anterior, como podrá advertirse, supone un procedimiento mucho más complejo y que se extiende temporalmente en función de que es necesaria la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

El contexto político y social de violencia, impunidad y vulneración a los derechos humanos que se vive actualmente, nos conmina a disponer de la forma más expedita que los cambios se realicen puntualmente y sin demoras. En este desafío para todas las autoridades e instituciones no es dable escatimar esfuerzos para lograr el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por tal motivo, me permito proponer la reforma al tipo penal de desaparición forzada prescrito en el artículo 215-A del Código Penal Federal a fin de contar a nivel federal con un tipo penal que sea acorde con los estándares internacionales en la materia. Lo anterior, ciertamente, no excluye la posibilidad para que en un futuro se reforme la Constitución y, posteriormente, se expida una Ley General contra la Desaparición Forzada. Por el contrario, esto representaría un primer paso, el más expedito por ahora en la consecución del objetivo de alcanzar una homogeneidad y un piso común en materia de desaparición forzada.

Por esta razón, propongo que se incorporen los siguientes aspectos sustantivos al tipo penal vigente:

a) Respecto al sujeto activo, precisar que el autor o partícipe en la comisión del delito no se circunscriba únicamente a los agentes del estado o funcionarios públicos sino señalar la posibilidad de la comisión por parte de particulares con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado.

b) Inclusión de la negativa a reconocer la detención o dar información sobre el paradero de las personas.

c) Inclusión de la imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales.

d) Establecer el carácter de delito continuo o permanente en tanto no se encuentre a la persona.

e) Imprescriptibilidad de la acción.

f) Inserción de agravantes.

De nueva cuenta, reitero que esta propuesta no descarta ni imposibilita que en un futuro se lleven a cabo las modificaciones en torno a una Ley General sobre Desaparición Forzada. Indiscutiblemente, se trata de una labor que es impostergable dadas las circunstancias actuales de nuestro país y del compromiso absoluto con el respeto a los derechos humanos y la consecución de un verdadero estado de derecho.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 215-A, 215-B, 215-C, 215-D, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 215-E Y 215-F DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS:

ÚNICO.- SE REFORMAN el primer párrafo del artículo 215-A; el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 215-B; el primer párrafo del artículo 215-C; el primer párrafo del artículo 215-D; se ADICIONAN el segundo párrafo del artículo 215-A; las fracciones I a VIII del artículo 215-C; el artículo 215-E; el artículo 215-F; y se DEROGA el párrafo cuarto del artículo 215-B, todos del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma o método, o bien autorice, apoye o consienta a persona o grupo de personas la cometan, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona o personas, por lo que se les impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas, aquellos que aun cuando no sean formalmente servidores públicos, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o aquiescencia de los servidores públicos.

Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le sancionará con una pena de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo e inhabilitará de forma definitiva para el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión.

El que cometa el delito de desaparición forzada de personas no tendrá derecho a gozar de la conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o cualquiera de los otros beneficios que este Código establezca.

Artículo 215-C.- Se impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, cuando en la comisión del delito de desaparición forzada de personas concurriere alguna de las agravantes siguientes:

I. Que por causa o con ocasión de la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte.

II. Que la víctima hay sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones o violentada sexualmente.

III. Que la víctima sea una persona con discapacidad, mujer embarazada, indígena, periodista, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cuatro años, o madre o padre de hijos menores de edad.

IV. Que los responsables del delito realicen acciones tendientes a ocultar el cadáver de la víctima.

V. Que con la desaparición forzada se pretenda ocultar o asegurar la impunidad de otro delito.

VI. Que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos punibles.

VII. Que se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación y persecución de los delitos.

VIII. Que haya sido ejecutada por un grupo de personas en asociación delictuosa.

Artículo 215-D.- Si la víctima fuera liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su privación de libertad, los autores o partícipes proporcionen información que conduzca a la liberación de la víctima o al paradero de los restos corpóreos de la misma, así como la información relativa a la responsabilidad y paradero de los autores intelectuales, las penas previstas en los artículos 215-B y 215-C de este Código serán disminuidas hasta en una tercera parte.

Artículo 215-E.- Las autoridades que tengan a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permitan por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada en dichos lugares, se le impondrá la pena de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa. Lo mismo aplicará para aquellos particulares que permitan el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada en su propiedad.

Artículo 215-F.- El delito de desaparición forzada de personas, será calificado como grave y no será susceptible de perdón, indulto, amnistía o figuras análogas, ni será considerado de carácter político para los efectos de extradición.

El delito de desaparición forzada de personas es un ilícito de ejecución permanente, en tanto se desconozca el paradero de la víctima, por lo que es imprescriptible tanto la acción penal como la sanción derivada de su comisión.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

1 Parayre Sonia, “La desaparición forzada de personas como violación continuada de los derechos humanos y su incidencia en la determinación de la competencia ratione temporis de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 29 Enero-Junio 1999, p. 26.

2 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Resolución A/RES/47/133 de 12 de febrero de 1993, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

3 Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 140.

4 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 20 de diciembre de 2011.

5 Idem.

6 Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párrafo 92.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 222 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 8, 9 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO   SOCIAL

(Presentada por los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

Los que suscriben, EVIEL PÉREZ MAGAÑA y ROBERTO ALBORES GLEASON, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 11, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país de contrastes; su desarrollo social muestra una enorme desigualdad acompañada de altos índices de pobreza que transita y se transmite entre generaciones de los grupos más vulnerables y es ajena al resto de la sociedad. Esta desigualdad conlleva al deterioro del tejido social y el nulo o escaso crecimiento de un país.

Un Estado no puede desarrollarse si no hay justicia social y equidad entre todos los grupos sociales que lo conforman. En este tenor, el impulso de los programas y acciones en materia de desarrollo social es base fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos.
Acorde a los resultados de la medición de pobreza en 20121, en México había 53.3 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 41.8 millones vivían en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales ascendía a 33.5 millones y las personas vulnerables por ingresos a 7.2 millones. Alrededor de una quinta parte de la población nacional no tenía problemas de ingresos ni carencias sociales, es decir, no eran pobres ni vulnerables.

Por otra parte, existen once estados (Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Durango) donde más de la mitad de su población en 2012 era pobre y siete entidades federativas (Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, el Distrito Federal y Guanajuato) concentraban poco más de la mitad de las personas en pobreza.

En lo que se refiere al espacio del bienestar económico, en 2012 una de cada cinco personas (23.5 millones) tuvo un ingreso tan bajo que aun usándolo todo no le permitía adquirir la canasta alimentaria; ésta, en agosto de 2012, tuvo un valor de 1,125 pesos mensuales por persona en las zonas urbanas y 800 pesos en las rurales; y poco más de la mitad de la población (60.6 millones) obtuvo un ingreso inferior a 2,328 pesos mensuales en las zonas urbanas e inferior a 1,489 pesos en las rurales, es decir, un ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica.

Un factor adicional que impide el desarrollo social es la discriminación de los grupos sociales, un ejemplo de esto es la discriminación que día a día sufren las mujeres, los 6.7 millones que hablan alguna lengua indígena, los más de 5.7 millones que viven con alguna discapacidad, las niñas y niños además de las personas de edad avanzada, entre otros2, factor que sin dudad ha generado una situación de indefensión, de abandono y de incapacidad para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o para hacer frente a los problemas cotidianos.

La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan estos sectores de la población mexicana constituyen los mayores desafíos para el óptimo desarrollo del Estado. Por lo anterior, resulta urgente diseñar e implementar las políticas públicas que permitan eliminar paulatinamente las desigualdades sociales y fortalecer las bases para crear una verdadera sociedad, que tenga garantizada la más amplia protección a sus derechos, ya que para mejorar la calidad de vida de los mexicanos se debe de garantizar la igualdad de oportunidades.

En tal virtud, para eliminar dicha desigualdad y pobreza, la Ley General de Desarrollo Social prevé, en el artículo 8, que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. No obstante, el desarrollo social no presupone únicamente la eliminación de las desventajas de dichos grupos, si no que a través del mismo, se propicie su participación en la vida del Estado y se elimine de forma paulatina la discriminación y exclusión de la que son víctimas, por lo que dichas acciones y apoyos se deben traducir en mecanismos eficientes de desarrollo y no deben tener únicamente por objetivo disminuir su desventaja.

La participación e inclusión social de la población en todas las actividades del estado es un instrumento fundamental, favorece la construcción de una sociedad democrática, en la que todos sus miembros participan de forma activa en la toma de decisiones que afectan su desarrollo.

Es de precisar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 también se prevé concretar dicho mecanismo a través de la Meta “México Incluyente”, con la que se busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

Así, para lograr el más amplio desarrollo de todos los grupos sociales, es necesario que el Estado diseñe e implementen todos aquellos instrumentos y estrategias basadas en la participación y el diálogo de la ciudadanía con la autoridad, que le permitan a la sociedad recobrar la confianza en el gobierno y sus instituciones, así como la construcción de acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.

PROPUESTA DE REFORMA

En razón de las consideraciones vertidas, las modificaciones que se prevén recaen en el cuerpo normativo de la Ley General de Desarrollo Social. Al efecto, se proponen reformas a sus artículos 8, 9 y 11, fracción I.

Consiste la reforma al artículo 8 en establecer que además de que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tengan derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, tendrán derecho a que se les garantice su inclusión y participación en las políticas públicas del Estado, lo que encuentra concordancia con la meta nacional “México incluyente”.

Con la relativa al artículo 9 se busca que las oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que habrán de implementar los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, también se destinen a la población que se encuentre en condiciones de pobreza.

Finalmente, con la adición a la fracción I del artículo 11, se prevé que la Política Nacional de Desarrollo Social tenga como parte de sus objetivos la superación de la pobreza, objetivo que se vincularía diversa disposiciones del ordenamiento en reforma, entre estas las contenidas en el artículo 14, que establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir como una de sus vertiente la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 11, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, que propicien y garanticen su participación e inclusión en las políticas públicas del Estado.

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad o en condiciones de pobreza, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación, la exclusión social y la pobreza;

II. a IV. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Eviel Pérez Magaña y Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 Informe de pobreza en México 2012, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 136 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

Los que suscriben, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFOAPPEL, Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 12 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona la Ley de Nacionalidad. Éste tuvo por objeto adicionarla fracción VI del artículo 3 de la citada ley, a fin de reconocer el carácter de documento probatorio de la nacionalidad mexicana, a la matrícula consular que cuente con fotografía digitalizada, banda magnética e identificación holográfica.

El Certificado de Matrícula Consular de Alta Seguridad es el documento público que expiden las Representaciones de México en Estados Unidos de América y Canadá, que acredita que el titular de dicho documento se encuentra domiciliado y registrado dentro de la circunscripción de la Representación de México en el Exterior, que lo expide a petición de un mexicano por una temporalidad de cinco años.

Dicho documento es expedido por el gobierno mexicano, en ejercicio del derecho de consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

De esta forma, todo mexicano tiene derecho a ser matriculado en el registro por la oficina consular que corresponda a su domicilio, independientemente de su condición migratoria en el país en el que se localice.

La Matrícula Consular cuenta con altas medidas de seguridad que han probado que es un documento seguro y confiable. Entre las últimas modificaciones que ha adoptado la nueva matrícula consular destaca un chip electrónico, con varios hologramas y varios gráficos internos que garantizan mayores medidas de seguridad contra su falsificación.

Aunado a ello, de conformidad con el Reglamento de Matrícula Consular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2005, para la expedición de tal documento, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Comparecer personalmente ante la oficina consular que corresponda a su domicilio;

2. Comprobar su nacionalidad con:

a) Acta de nacimiento;

b) Certificado de nacionalidad mexicana

c) Carta de naturalización;

d) Declaratoria de Nacionalidad Mexicana, o

e) Pasaporte expedido después de 2006 por cualquier consulado o en territorio nacional después de 1995.

3. Comprobar su identidad con alguna de las siguientes identificaciones oficiales con fotografía:

a) Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral;

b) Licencia de manejo mexicana o de alguna localidad en la circunscripción de la Representación Consular con medidas de alta seguridad

c) Certificado de estudios emitido por la Secretaria de Educación Pública de México;

d) Pasaporte expedido después de 2006 por cualquier Consulado o en territorio nacional después de 1995.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el pasado 23 de mayo de 2014, se habilitó la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan solicitar y obtener credenciales para vota rexpedidas por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de las representaciones diplomáticas de nuestro país.

Se estima que al 2012, residían en Estados Unidos 32.5 millones de mexicanos, para los cuales la Matrícula Consular se ha convertido en documento indispensable de identificación para su utilización en aspectos cotidianos como incorporación a bancos, departamentos de policía y distritos escolares en el extranjero, más del 95% de los ciudadanos mexicanos en el exterior cuenta con este documento.

Dados los requisitos establecidos para la obtención de la matrícula consular y el número de mexicanos en el extranjero que han realizado este trámite, es de considerarse que la misma sea expresamente reconocida por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como documento de identidad a fin de que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía, garantizando el derecho de los ciudadanos residentes en el extranjero de identificarse con dicho documento, con independencia de aquellos que sean previstos en los acuerdos que al respecto determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

El “Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero” emitido por la Coordinación de Voto en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, señala que para el proceso 2006, se reportó la recepción de un poco más de 57 mil solicitudes de inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero, de las cuales 40 mil 876 prosperaron para quedar formalmente inscritos, y de ahí, únicamente se contó con la cantidad de 32,632 votos válidos. En cuanto a los resultados del proceso federal 2012 fueron muy similares a 2006, ya que si bien incrementó la participación en un 23%, alcanzaron la cifra de 40,737 votos válidos.

Estas cifras indican la necesidad de incentivar y hacer aún más eficiente la participación política de los connacionales que se encuentran en el exterior, por lo que el integrar la matrícula consular como documento probatorio de identidad para la obtención de la Credencial para Votar con Fotografía sin duda será de gran utilidad para lograrlo.

Partiendo de este análisis la presente iniciativa está motivada, encaminada y dirigida a la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el numeral 2 del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

“Artículo 136.

1.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, además, podrán identificarse con la matrícula consular con banda magnética e identificación holográfica. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos presentados.

3. a 8. …”

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks y Sen. Ernesto Ruffo Appel.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VACUNACION

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE VACUNACIÓN, de conformidad con los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el descubrimiento de la primera vacuna contra la viruela, en 1796, las vacunas se han convertido en una herramienta de salud pública fundamental e imprescindible, toda vez que han demostrado ser altamente eficaces y costo-efectivas para salvaguardar la vida y la salud de las personas, además de tener un impacto exponencial en la calidad de vida, productividad y desarrollo económico de la población.

La vacunación es considerada, internacionalmente, como un bien público, puesto que generan una externalidad positiva hacia los miembros de la comunidad, por lo que corresponde al Estado garantizar su implementación, principalmente ante la presencia de riesgos a la colectividad provenientes de factores ambientales respecto de los cuales el individuo no tiene control alguno.

El artículo 4° de nuestra Constitución Política establece como derecho fundamental la protección de la salud de toda la población mexicana, obligación de la cual deriva la Ley General de Salud. De la misma manera, con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, todas las instituciones del Estado mexicano están ahora obligadas a garantizarle a todas las personas el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Es debido a la reforma constitucional, y a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México forma parte, que resulta evidente la necesidad de reformar la Ley General de Salud para establecer con claridad todo un conjunto de disposiciones que consagren a la vacunación como un derecho efectivo, real, y que se instrumenten los mecanismos necesarios para que el Sistema Nacional de Salud pueda implementarle en su totalidad lo antes posible.

Es cierto que en México la vacunación no nos es ajena. Desde 1973 se dio inicio a la vacunación masiva en nuestro país mediante el Programa Nacional de Inmunizaciones, en el que se estableció la aplicación obligatoria de vacunas contra enfermedades como la Tuberculosis, Poliomielitis, Difteria, Tos ferina, Tétanos y Sarampión.

Posteriormente, en 1998 se incorporaron las vacunas contra la Rubéola y Parotiditis; en 1999, contra Hepatitis B y contra la Haemophilus Influenzae B (pentavalente); en 2004 se añadió la vacuna Anti-influenza al esquema de vacunación; y en 2006 se agregaron Neumococo y Rotavirus. En 2011, última vez que se incorporaron nuevas vacunas al Esquema Nacional de Vacunación, se incluyó la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano.

También hay que reconocer que las campañas de vacunación en México han resultado exitosas, principalmente debido a la organización de jornadas intensivas de vacunación: primero las Fases Intensivas de Vacunación; después los Días Nacionales de Vacunación; Semanas Nacionales de Vacunación; y finalmente, las Semanas Nacionales de Salud.

De hecho, México contaba hasta hace unos años con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo, lo que durante muchas décadas posicionó a nuestro país como pionero y líder en América y el mundo por haber conseguido los más amplios y completos niveles de inmunización en la población. Sin embargo, en años recientes se han evidenciado notables deficiencias en la vacunación, reflejándose en muertes por enfermedades prevenibles y por el resurgimiento de enfermedades que se consideraban abatidas en nuestro país.

Actualmente no existe un marco jurídico que otorgue permanencia, solidez y sustentabilidad al Programa Mexicano de Vacunación. Solamente existen 10 artículos en la vigente Ley General de Salud que refieren a la vacunación -incluyendo dos menciones a vacunas de uso veterinario-; no hay un título o capítulo dedicado a vacunas específicamente, sino artículos dispersos, en los cuales la vacunación ni siquiera es referida como un derecho de las personas. El Consejo Nacional de Vacunación no está contemplado en la Ley; subsiste como un Decreto del Ejecutivo Federal. Tampoco existe disposición alguna que garantice la existencia de una línea presupuestal específica.

Tristemente, México perdió su liderazgo mundial en materia de vacunación: han resurgido enfermedades que estaban bajo control, y el número de muertes por enfermedades prevenibles se ha incrementado con los años; se perdió la rectoría de la Secretaría de Salud Federal sobre las entidades federativas e instituciones del sector; la excesiva burocracia ha propiciado frecuentes casos de desabasto; se ha pasado a privilegiar criterios financieros o presupuestales sobre criterios médicos y sanitarios al momento de actualizar el Esquema Básico; BIRMEX, empresa pública productora de vacunas, está en crisis.

La inmunización de la población y la reducción de enfermedades prevenibles, ambas por medio de la vacunación, son asuntos de salud pública y de seguridad nacional e internacional, las cuales requieren de la participación activa y permanente de todas las instituciones de nuestro país, públicas y privadas, coordinadas por el gobierno federal y en consonancia con las disposiciones internacionales, previniendo con ello múltiples riesgos que atentan contra la salud de la población, la gobernabilidad y que ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política de México.

El pleno resurgimiento de enfermedades de antaño, ahora controladas o erradicadas por la vacunación, acarrearía consecuencias funestas para nuestro país y para el mundo. Un rebrote de sarampión, del cual no se tiene registro en nuestro país desde comienzos de la década de los 90, podría significar la muerte de miles de mexicanos, razones por las cuales no podemos permitirnos error o descanso alguno en lo que a estrategias de vacunación refiere.

En atención a lo anterior, en 2008 Senadores de la República presentaron ante el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), con gran aceptación, la Ley Marco en materia de Vacunación para América Latina, para que los países miembro contaran con un modelo jurídico para homogeneizar sus ordenamientos jurídicos, ya que la transmisión de enfermedades prevenibles no respeta barreras geográficas ni fronteras políticas. Si un país pone en práctica una política orientada a reducir la incidencia de una enfermedad prevenible mientras que un país vecino se abstiene de ello, el resultado será dejar inalterado el riesgo que corren las poblaciones de ambos países, puesto que el segundo actuará como reservorio del agente infeccioso.

Durante su XXV Asamblea Ordinaria, celebrada en la Ciudad de Panamá el 3 de diciembre de 2009, el Parlamento Latinoamericano emitió la Resolución AO/2009/12, mediante la cual se aprobó la referida Ley Marco, misma que fue comunicada a los congresos integrantes del órgano regional referido, a efecto de que pudiera ser utilizado como referente en las reformas que se impulsaran en el ámbito de las inmunizaciones.

A partir de ello, varios países ya han reformado su marco jurídico para mejorar sus sistemas de vacunación. Irónicamente, México se ha quedado rezagado, por lo que resulta imperante actualizar la Ley General de Salud para eliminar barreras y hacer más eficiente el sistema de vacunación para recuperar el liderazgo que durante muchos años México tuvo en la región y el mundo.

En ese sentido, la presente iniciativa toma en consideración la referida Ley Marco y retoma varias de sus disposiciones para incorporarlas a nuestra legislación. Dichas disposiciones incluyen modificaciones para mejorar no sólo el esquema de vacunación, sino derribar barreras regulatorias, presupuestales, operativas y de producción de vacunas para colocar a México nuevamente como punta de lanza en la materia y asegurar que ningún mexicano o mexicana mueran por enfermedades prevenibles.

Las estrategias de inmunización de la población contra enfermedades catastróficas, para ser exitosas, dependen de la implementación de medidas que son siempre de carácter nacional; obligatoria, predominante e incontrovertible; y que incluso, ante una emergencia sanitaria, pudiesen requerir de medidas extraordinarias.

Por ello, es imperante establecer con claridad en la Ley General de Salud que las disposiciones en materia de vacunación son adoptadas única y exclusivamente por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, instancia rectora del Sistema Nacional de Salud y máxima responsable de la determinación e instrumentación de las políticas de prevención, control y atención de riesgos sanitarios.

Las políticas en materia de vacunación, a diferencia de cualquier otra medida sanitaria, requieren que una única autoridad centralice, coordine y determine todos y cada uno de sus componentes, desde el diseño de la estrategia de inmunización; el proceso de adquisición de los insumos necesarios; su resguardo en óptimas condiciones y suministro a cada rincón del país; la estricta supervisión de la seguridad y eficacia de los biológicos; y la permanente vigilancia epidemiológica.

Recientemente se le propuso a este Congreso de la Unión reformar el Sistema Nacional de Protección Social en Salud para establecer disposiciones en materia de transparencia y uso efectivo de los recursos que la Federación aporta para el Seguro Popular; paralelamente se impulsan esquemas de compras coordinadas entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Si bien es cierto que las condiciones actuales de la economía nacional, aunado a las recientes recomendaciones internacionales en materia de gerencia pública, abogan por estrategias que permitan un uso más eficiente de los recursos públicos a disposición del Estado, en beneficio de las finanzas públicas, en materia de vacunación hay que ser extremadamente cuidadosos en no sacrificar la calidad en aras del ahorro, motivo por el cual la iniciativa que ahora se somete a su consideración propone:

• Consolidar la vacunación como un derecho.

• Otorgar a las vacunas el carácter de insumos de seguridad nacional.

• Fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación para garantizar la rectoría normativa del Poder Ejecutivo federal.

• Reforzar la operación continua del Programa, incluyendo el establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en todas las instituciones de salud.

• Consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de inmunizaciones.

• Garantizar que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible, para cubrir las coberturas necesarias.

Asegurar la suficiencia presupuestal para la instrumentación de las acciones de vacunación desde la ley establece el andamiaje financiero que requieren las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso a los servicios de inmunización, al mismo tiempo que no implica un gasto adicional sino una inversión en salud pública que a su vez se traduce en aumentar la prevención de las enfermedades para las cuales existe vacuna.

En ese sentido, la evidencia publicada ha demostrado que la vacunación es la intervención en salud más costo efectiva y justo esa valoración, va a ser uno de los elementos de análisis para determinar los nuevos biológicos que vayan a incorporarse al esquema de vacunación como obligatorios.

Los riesgos derivados de una defectuosa inmunización de nuestra población serían catastróficos para nuestro país, tal y como quedó demostrado en la reciente pandemia de influenza AH1N1, cuando el surgimiento de una nueva cepa del virus significó la vida de centenares de personas en nuestro país y millares en todo el mundo, aún y cuando el patógeno AH1N1 resultó ser un subtipo relativamente “benévolo”.

Con la experiencia de la pandemia a cuestas, recientemente se han estado sumando esfuerzos para recuperar el liderazgo de nuestro país en materia vacunación, tratando de garantizar el acceso de la población a una mayor cantidad de vacunas, asegurando en todo momento su calidad y eficacia. Sin embargo, resulta fundamental proveer el andamiaje jurídico necesario para lograrlo, motivo por el cual se propone la presente iniciativa.

El H. Congreso de la Unión siempre ha velado por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Ahora es un momento más que oportuno para llevar a cabo una reforma integral en materia de vacunación que le permita al Estado mexicano dar cabal cumplimiento al derecho a la salud de las y los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración y aprobación de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 144, 408 y 420 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles que estime necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije dicha Dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. La Secretaría de Salud, determinará, en los términos de esta Ley, los sectores de la población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, mismas que serán obligatorias para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la vacunación de personas como medida de seguridad en aquellos casos señalados en el artículo 157 Bis 7 esta Ley.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 13, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de esta Ley.

SEGUNDO. Se adiciona un Capítulo II Bis denominado Vacunación, al Título Octavo, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II BIS
VACUNACIÓN

Artículo 157 Bis 1. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho a recibir gratuitamente, en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa Nacional de Vacunación, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Los individuos serán corresponsables con el Estado de mantener actualizado su estado vacunal y estarán obligados a realizar lo conducente para que les sean aplicados los biológicos que correspondan.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas respectivas.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación de la Secretaría, deberán instrumentar mecanismos para garantizar la vacunación de los individuos que forman parte de los grupos de población cautiva.

Para efectos de esta Ley, por grupo de población cautiva deberá entenderse al conjunto de individuos que se encuentran bajo custodia en instituciones del Estado cuyo servicio es de cuidado, capacitación, control o que comparten de manera, tanto temporal como permanente, un área geográfica específica.

Los responsables de los establecimientos a que se refiere este artículo darán todas las facilidades y colaborarán en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Artículo 157 Bis 2. Las vacunas que formen parte del Programa Nacional de Vacunación deberán suministrarse y aplicarse a la población en los términos y las condiciones señaladas por las disposiciones aplicables, sin que puedan alegarse en contrario razones económicas, de falta de abasto en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o de cualquier otro tipo.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán, en el ámbito de sus atribuciones, establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 157 Bis 3. Las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los  lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, deberán desarrollar campañas de comunicación educativa permanentes, con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para el individuo como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

Artículo 157 Bis 4. Para efectos de este Capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Definir, previa opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación;

II. Dictar las normas oficiales mexicanas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en territorio nacional;

III. Conducir el Programa Nacional de Vacunación y coordinar las campañas y operativos nacionales de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios;

IV. Coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los lineamientos para su operación;

V. Supervisar y evaluar  las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo, y

VI. Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 157 Bis 5. En el Programa Nacional de Vacunación se integrarán aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud, previa opinión del Consejo Nacional de Vacunación, como la apropiada selección de biológicos para el control efectivo de las enfermedades inmunoprevenibles en el territorio nacional.

Artículo 157 Bis 6. Los establecimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán tener disponibles en todo momento, las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Vacunación. Esto, sin perjuicio de que se puedan realizar campañas u operativos específicos de carácter ordinario o extraordinario.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud estarán obligadas a participar con recursos humanos, materiales y financieros en los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando la Secretaría de Salud o alguna otra de las autoridades sanitarias del país así lo requieran.

Artículo 157 bis 7. La Secretaría de Salud podrá ordenar la aplicación de vacunas de manera extraordinaria en los siguientes casos:

I. Cuando las personas no hayan sido vacunadas de acuerdo con el Programa Nacional de Vacunación;

II. Ante brotes o epidemias;

III. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades transmisibles o agentes infecciosos en territorio nacional, o de alguna que se considere controlada o erradicada;

IV. Ante un desastre natural que por sus características incremente el riesgo de aparición de enfermedades inmunoprevenibles;

V. Ante la aparición de un nuevo agente infeccioso o la reaparición de uno que se consideraba controlado o erradicado, y

VI. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables.

Las acciones de inmunización extraordinaria serán obligatorias para todos los individuos en el territorio nacional.

Artículo 157 Bis 8. El Consejo Nacional de Vacunación es una instancia permanente, multidisciplinaria e intersectorial, de consulta para definir, promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación del territorio nacional de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.

El Consejo se regirá por las disposiciones de esta Ley y las de su reglamento interno, basando su actuación en la evidencia científica, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.

El Consejo Nacional de Vacunación tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. Proponer a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las políticas, estrategias y medidas que considere necesarias para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas;

II. Proponer la inclusión de vacunas al Programa Nacional de Vacunación en los casos siguientes:

a. Cuando se trate de una nueva vacuna que cuente con Registro Sanitario en el país;

b. Cuando se trate de una nueva vacuna con alto potencial de obtener Registro Sanitario en el país dentro del corto o mediano plazo;

c. Cuando se trate de una vacuna recomendada para su aplicación por organismos internacionales de salud o que haya obtenido la aprobación de las autoridades sanitarias de sus países de origen;

d. Cuando se trate de una vacuna que ya forme parte del Programa pero, de acuerdo con la evaluación correspondiente, requiera la inclusión de una  o más dosis como refuerzo para protección de la población, y

e. En general, respecto a todas aquellas vacunas que hayan demostrado ser seguras y eficaces;

III. Emitir opiniones y proponer a la Secretaría de Salud ajustes al Programa Nacional de Vacunación, así como a las campañas, operativos y cualquier acción relacionada con la prevención, el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades que pueden evitarse por vacunación;

IV. Proponer que se realicen estudios de factibilidad en torno a las acciones propuestas para el Programa Nacional de Vacunación;

V. Opinar sobre los sistemas de información e indicadores de desempeño vinculados con las acciones de vacunación;

VI. Sugerir modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con la prevención, el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación de vacunas;

VII. Expedir su Reglamento Interno, y

VIII. Las demás que le asignen esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 157 Bis 9. El Consejo Nacional de Vacunación se integrará por los siguientes miembros, quienes tendrán derecho a participar en las sesiones del mismo con derecho a voz y voto:

I. El Secretario de Salud, quien lo presidirá;

II. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien fungirá como Vicepresidente del Consejo;

III. Los directores generales de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Nacional de Pediatría, así como del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”;

IV. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual no podrá tener nivel inferior a Subsecretario;

VI. Tres secretarios de Salud o sus equivalentes, de las entidades federativas;

VII. Los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, Academia, Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y

VIII. Tres representantes de organizaciones, sociedades o instituciones científicas o de organismos internacionales, cuyo objeto se vincule con la vacunación.

Los miembros a que se refieren las fracciones VI y VIII de este artículo se renovarán cada tres años, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto señale el Reglamento Interno del Consejo.

El Titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, fungirá como Secretario Técnico del Consejo y tendrá voz en las sesiones del mismo.

En las sesiones del Consejo Nacional de Vacunación podrán participar con voz, pero sin derecho a voto, representantes de las empresas productoras de vacunas relacionadas con los temas que se aborden en la sesión del pleno que corresponda. Para tal efecto, se difundirán con una semana de anticipación los órdenes del día de las sesiones, a través de los sitios de internet de la Secretaría y del propio Consejo.

Artículo 157 bis 10. Todos los aspectos de la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Vacunación no previstos en esta Ley se definirán en su Reglamento Interno.

Artículo 157 bis 11. Las vacunas podrán ser administradas por médicos, paramédicos, enfermeras y, en general, por cualquier persona capacitada de acuerdo con lo que determine la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Artículo 157 bis 12. Las cartillas del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud son documentos gratuitos, únicos, individuales e intransferibles, a través de los cuales se lleva el registro y control de las vacunas que se han aplicado a un individuo.

La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de cada una de las cartillas del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, mismo que deberá ser utilizado en todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado en todo el territorio nacional. Asimismo, la Secretaría determinará en la Norma Oficial Mexicana respectiva las indicaciones para el llenado de las cartillas.

Artículo 157 Bis 13. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de eventos adversos o temporalmente asociados a la vacunación, de conformidad con que señalen esta Ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 157 Bis 14. Todas las vacunas para uso en seres humanos que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Estarán igualmente sujetos a control sanitario el resto de los insumos para la vacunación, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, establecerá lineamientos para la simplificación del registro de vacunas, otorgamiento del permiso de importación o liberación de lotes, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. Se trate de vacunas certificadas por organismos internacionales de salud o autorizadas por países o autoridades con altos estándares de vigilancia sanitaria. En estos casos, los procedimientos se llevarán a cabo de manera administrativa, sin necesidad de realizar pruebas en territorio nacional y se resolverán en un plazo máximo de diez días naturales;

II. Se considere el historial de seguridad y calidad de la vacuna, así como la experiencia en el mercado mexicano;

III. Se tomen en cuenta los resultados de las visitas de inspección de la Comisión Federal a las plantas fabricantes en el extranjero;

IV. Se evalúe la factibilidad de realizar las pruebas de control de calidad en México, así como el impacto de las pruebas en la disponibilidad de vacunas indispensables, y

V. Los demás que determine la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En casos de emergencia o por considerarse necesario por razones de política de salud pública o de seguridad nacional, la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, según corresponda, podrán solicitar bajo su estricta responsabilidad que se autorice una vacuna o libere uno o varios lotes de la misma sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto.

Artículo 157 bis 15. Por su importancia para la salud pública y la seguridad nacional, el Estado Mexicano garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad permanente de todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de vacunación. A efecto de lo anterior, la Cámara de Diputados asignará cada ejercicio los recursos presupuestales etiquetados para ese fin dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en los rubros siguientes:

I. Los recursos necesarios para implementar las acciones del Programa Nacional de Vacunación en la Secretaría de Salud, las entidades federativas y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Entre los recursos a los que se refiere esta fracción deberán incluirse los necesarios para la compra de las vacunas y los insumos para la vacunación,  así como aquéllos para fortalecer la operación de la Cadena o Red de Frío a partir de que ingresen en custodia de la institución;

II. Los recursos necesarios para que la Secretaría implemente, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley;

III. Los recursos necesarios para que las entidades federativas implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley;

IV. Los recursos necesarios para que las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de vacunación previstas en esta Ley, y

V. Los recursos necesarios para que el Sistema de Protección Social en Salud implante las acciones de vacunación entre sus afiliados. Para efectos del presente artículo, la Secretaría de Salud conservará los recursos financieros que le correspondan al Distrito Federal y a los estados para adquirir las vacunas y los insumos de vacunación de manera directa, por lo cual dichos recursos serán entregados siempre en especie a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

La Cámara de Diputados se asegurará de que los recursos asignados para las acciones de vacunación en los rubros señalados se incrementen anualmente para garantizar que las coberturas no decaigan; para cumplir los objetivos del Programa Nacional de Vacunación; para cubrir el crecimiento demográfico, y para hacer frente a las necesidades producto de la aparición de nuevas enfermedades o nuevas vacunas.

La Secretaría de Salud y las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud estarán obligadas a considerar anualmente en sus anteproyectos de presupuesto anual recursos para los rubros señalados, considerando los criterios de incremento que se mencionan en el párrafo anterior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá contemplar las previsiones presupuestales necesarias para los siguientes casos:

I. Para transferencias extraordinarias de recursos que permitan ampliar el techo presupuestal para cubrir el costo de las acciones de vacunación extraordinaria señaladas en el artículo 157 bis 7, constituir una reserva estratégica, o enfrentar cualquier otra circunstancia extraordinaria que determine la Secretaría de Salud, conforme a la recomendación del Consejo Nacional de Vacunación. Los recursos para acciones extraordinarias de vacunación deberán incluir el monto necesario para la compra de vacunas y los insumos para la vacunación, así como para la realización de todas las actividades necesarias por parte de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y

II. Para cubrir el costo de incorporación de nuevas vacunas al Programa Nacional de Vacunación en cualquier momento del ejercicio fiscal, incluyendo la compra de los biológicos y de los insumos para la vacunación.

III. Artículo 157 bis 16. Por su importancia para la seguridad nacional, a las vacunas les será aplicable la excepción prevista en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido, se deberán llevar a cabo compras centralizadas que comprenderán las vacunas y los insumos para la vacunación necesarios para cubrir las necesidades de las secretarías de salud estatales y de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mismas que serán coordinadas por la Secretaría de Salud. Asimismo, se realizarán compras coordinadas para atender los requerimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en el nivel federal y estatal, las cuales también serán conducidas por la Secretaría de Salud.

Para la realización de las compras centralizadas y coordinadas se deberá justificar, a juicio de la Secretaría de Salud Federal, que se cumple al menos uno de los objetivos siguientes:

I. Reducir los costos administrativos y de transacción en la adquisición, mediante mecanismos de compras coordinadas nacionales e internacionales;

II. Cuando la patente o el licenciamiento exclusivo de una vacuna corresponda a un solo titular;

III. Atender una situación que ponga en riesgo la salud pública del país;

IV. Cuando la seguridad nacional se encuentre en riesgo;

V. Facilitar la introducción al mercado nacional de vacunas de reciente desarrollo y probada efectividad;

VI. Cuando la adquisición de vacunas con el apoyo de o a través de organismos internacionales ofrezca condiciones favorables en materia de precio y oportunidad, y

VII. Permitir la continuidad en el suministro, el abasto permanente y la aplicación de vacunas.

En la adquisición de los insumos a los que se refiere el presente artículo, se deberá favorecer la transparencia en los procedimientos respectivos, mismos que serán auditables por los órganos fiscalizadores correspondientes.

La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos aplicables a las adquisiciones de vacunas, de acuerdo con lo previsto en el presente artículo.

Artículo 157 bis 17. La operación en el ámbito local del Programa Nacional de Vacunación, incluyendo los aspectos administrativos, de distribución de los insumos y de prestación de servicios, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para la adecuada y oportuna operación del Programa, las entidades federativas deberán contar con la infraestructura física necesaria, así como con personal capacitado y actualizado.

Artículo 157 bis 18. La Secretaría de Salud establecerá los indicadores que deberán ser usados como referencia para la definición de las políticas públicas en materia de vacunación, además de servir como elemento para la vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destinen a las acciones de inmunización.

Cuando derivado de la supervisión que la Secretaría de Salud Federal haga a las entidades federativas se determine que, de acuerdo con los indicadores establecidos, el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría de Salud procederá a notificar a las autoridades de control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en contra del Secretario de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos involucrados. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil o penal que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los funcionarios locales.

Artículo 157 bis 19. El Ejecutivo Federal promoverá, a través de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con las demás instancias competentes, la creación de incentivos fiscales, así como de otros mecanismos de fomento que estimulen y aceleren la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas en el territorio nacional, particularmente las dirigidas a combatir las enfermedades consideradas como de importancia en salud pública para el país.

Asimismo, el Ejecutivo Federal favorecerá la cooperación, la colaboración y las inversiones del sector privado para la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y la producción de vacunas en el territorio nacional, de acuerdo con lo que señalan la Ley de Asociaciones Público-Privadas y otras disposiciones aplicables.

TERCERO. Se adiciona un artículo 462 bis 1 a la Ley General de Salud, conforme a lo siguiente:

Artículo 462 Bis 1. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a sabiendas de ello:

I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el Programa Nacional de Salud o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y

II. Venda a terceros las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga el Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

CUARTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no podrá exceder de los sesenta días naturales para convocar e instalar el Consejo Nacional de Vacunación con la composición que se señala en el presente Decreto.

El Consejo Nacional de Vacunación tendrá un plazo de treinta días hábiles para emitir su Reglamento Interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión de instalación.

QUINTO. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y de las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán todas las acciones necesarias para garantizar que para que en el siguiente ejercicio presupuestal se destinen los recursos necesarios para desarrollar las acciones de vacunación, en los términos previstos en el presente Decreto.

SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de sesenta días para establecer los lineamientos para la adquisición de vacunas a los que se refiere el presente Decreto.

SÉPTIMO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no excederá de los noventa días naturales para emitir los lineamientos correspondientes a los indicadores para la evaluación del desempeño en las acciones de vacunación a los cuales se refiere el presente Decreto.

OCTAVO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no excederá de los 180 días naturales para emitir las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar, Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Sen. Lilia Merodio Reza, Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Sen. Juana Leticia Herrera Ale, Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora y Sen. María Elena Barrera Tapia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICION DE PODERES

(Presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito Senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PODERES. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 76 los supuestos en los que es posible que se de la “desaparición de poderes”, al respecto, el texto constitucional establece lo siguiente:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I-IV […]

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.

VI-XIV […]

Al parecer, la redacción del texto constitucional es ambigua. Los posicionamientos que ha tomado la opinión pública, la doctrina y la práctica versan sobre si para la declaración de desaparición de poderes es necesario que previamente hayan desaparecido los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-  o sólo uno de ellos.

Técnicamente, se ha constatado la desaparición de poderes en 48 ocasiones que se establecen a continuación.

Fecha

Estado

Razones de la declaratoria

7 de mayo de 1918

Tamaulipas

Dos diferentes Gobernadores y Congresos estatales se atribuían la legitimidad.

11 de noviembre de 1918

Guerrero

El Gobernador y el Congreso del Estado se revelaron contra el gobierno federal

22 de agosto de 1919

Tamaulipas

25 de septiembre de 1920

Michoacán

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

8 de junio de 1920

Guanajuato

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

25 de junio de 1920

Querétaro

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

5 de julio de 1920

Jalisco

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

5 de julio de 1920

Tamaulipas

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

5 de julio de 1920

Estado de México

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

19 de julio de 1920

Puebla

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

5 de julio de 1920

Campeche

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

5 de julio de 1920

Yucatán

Habían desaparecido los poderes con motivo del Plan de Agua Prieta

16 de noviembre de 1920

Morelos

La situación interna del estado no permitía el establecimiento de poderes

14 de febrero de 1924

Tamaulipas

El gobernador constitucional se levantó en armas contra el gobierno federal

31 de marzo de 1924

Puebla

Los poderes locales se declararon en rebeldía

28 de abril de 1924

Oaxaca

12 de septiembre de 1924

Morelos

29 de diciembre de 1924

Chiapas

No se había verificado elecciones libres

24 de febrero de 1927

Nayarit

Se acusó a un grupo de tomar el control del Congreso del Estado

1 de julio de 1927

Puebla

Había tres corporaciones que se titulaban Congreso del Estado y el Gobernador era acusado de diversos delitos

20 de octubre de 1927

Veracruz

La Legislatura se había dividido y después al gobernador

20 de octubre de 1927

Chiapas

Los poderes constitucionales fomentaban la rebelión contra el gobierno federal

24 de octubre de 1929

Nayarit

El gobernador fue acusado de diversos delitos

8 de marzo de 1930

Jalisco

A consecuencia de la Guerra Cristera habían desaparecido los poderes

10 de agosto de 1931

Nayarit

El gobernador y la legislatura local se encontraban enfrentados

15 de octubre de 1931

Jalisco

El Congreso del Estado había destituido al gobernador sin estar facultado para ello

10 de agosto de 1931

Colima

Las autoridades constitucionales había manipulado un proceso electoral

24 de septiembre de 1931

Durango

El gobernador anterior fue acusado de mantener tratos con el Arzobispo de Durango

1 de junio de 1932

Guanajuato

El gobernador fue acusado de violaciones a las garantías individuales

16 de enero de 1933

Tlaxcala

Se desaparecieron los poderes por comprobarse violaciones al voto en un proceso electoral

23 de julio de 1935

Tabasco

El gobernador fue acusado de violar las leyes federales

21 de agosto de 1935

Colima

Se ha acuso a las autoridades constitucionales de violar la Constitución

5 de noviembre de 1935

Guerrero

El gobernador fue acusado de complicidad en el asesinato de varios campesinos en Coyuca de Catalán

16 de diciembre de 1935

Guanajuato

Se acusó a los poderes de fraguar una conspiración y de tomar medidas contrarrevolucionarias

16 de diciembre de 1935

Durango

El Congreso del estado no cesó en sus funciones al terminar su periodo consticional

16 de diciembre de 1935

Sinaloa

El gobernador fue acusado de enriquecimiento ilícito

16 de diciembre de 1935

Sonora

El Gobernador fue acusado de violaciones a las garantías individuales y a la autonomía municipal

3 de octubre de 1936

Chiapas

Las autoridades del estado fueron acusadas de obstaculizar un proceso electoral

26 de mayo de 1938

San Luis Potosí

Los poderes locales se levantaron en armas contra el gobierno federal

21 de febrero de 1941

Guerrero

Las autoridades del estado intervinieron en las elecciones locales

19 de agosto de 1941

San Luis Potosí

Se consideró que los poderes se habían disgregado y desaparecido al no poder ejercer sus funciones

8 de enero de 1946

Guanajuato

Se desaparecieron los poderes tras los acontencimientos del 2 de enero de 1946 en León en que manifestantes se enfrentaron al ejército

9 de abril de 1947

Tamaulipas

El gobernador fue acusado de solapar el asesinato de un periodista

21 de mayo de 1954

Guerrero

Los poderes del estado fueron acusados de violar las garantías individuales

4 de enero de 1961

Guerrero

Se desaparecieron los poderes tras los incidentes del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo en que en una protesta estudiantil el ejército disparó contra los manifestantes

4 de agosto de 1966

Durango

Se desaparecieron los poderes tras los acontecimientos del Cerro del Mercado

31 de enero de 1975

Guerrero

El gobernador fue acusado de fraude

29 de abril de 1975

Hidalgo

Se acusó los poderes de violaciones a las garantías individuales

Del total de declaraciones se obtiene lo siguiente, del total de desapariciones de poderes:

• Por lo menos el 35% de las declaraciones tuvieron que ver con una cuestión política.

• El 8% se justificó por la violación a derechos humanos.

• El 33.3% se extinguió sólo a un poder.

• El 10% se extinguió por lo menos un poder (posiblemente dos).

Por otra parte, en la práctica –en relación a la entidades federativas- tampoco se llega a un acuerdo en el que se establezca el supuesto de desaparición de poderes. En ese sentido, como se observa en la siguiente tabla, tan sólo eñ 53.1% de las entidades federativas poseen un procedimiento para el caso que prevé el artículo 76 constitucional. Además, no todas coinciden en que es necesario la desaparición de los tres poderes, lo que se puede inferir de su redacción. El resto de las entidades no toma en consideración el texto constitucional en la fracción planteada.

Entidad

Artículo de la Constitución local

Aguascalientes

Artículo 91. En caso de que desaparecieren los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Supremo Tribunal de Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si desaparecieren todos los Poderes, será Gobernador Provisional el último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a falta de éste y por su orden, el último Jefe de Gabinete, el Presidente de la Diputación Permanente, o bien, quien haya fungido como Presidente de la anterior legislatura.

Campeche

Artículo 109 Cuando hayan desaparecido los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia si hubiere permanecido dentro del orden Constitucional, integrado por los Magistrados Propietarios y Suplentes en ejercicio, cuando menos en sus dos terceras partes, procederá a elegir un Gobernador Provisional, dentro de los tres días siguientes a la desaparición de los otros Poderes.

En caso de empate en la votación, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 113

En el caso de que ninguna de las prevenciones anteriores fuese aplicable a la desaparición de los Poderes, se atenderá a lo dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República.

Coahuila

Artículo 193 Cuando hayan desaparecido los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, si hubiere permanecido dentro del orden Constitucional, integrado por los Magistrados Numerarios y Supernumerarios en ejercicio, cuando menos en sus dos terceras partes, procederá a elegir un Gobernador Provisional dentro de los tres días siguientes a la desaparición de los otros poderes. En caso de empate en la votación, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido reunirse en la forma prevista en el párrafo anterior, o hubieren desaparecido los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el último Presidente del Tribunal que haya sido en el período Constitucional anterior, y a falta de éste los demás Magistrados en orden a su antigüedad y si esta es igual para todos, conforme a su designación.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, convocará a elecciones dentro de los noventa días siguientes al que asumió el cargo el gobernador provisional conforme al párrafo que antecede. En todo caso, el gobernador provisional no podrá ser electo para el período para el cual haya convocado el Instituto conforme a este párrafo.

Cuando hubieren desaparecido los tres poderes quien asuma provisionalmente el mando del gobierno, designará, también, con carácter provisional, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, a su vez, deberán nombrar a los Magistrados Unitarios de Distrito, a los Jueces de Primera Instancia, y demás titulares de los órganos jurisdiccionales que establezca la ley.

En el caso de que ninguna de las prevenciones anteriores fuese aplicable a la desaparición de los Poderes, se atenderá a lo dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

Colima

Artículo 55.- […]

Llegado el caso previsto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, el Gobernador provisional convocará a elecciones extraordinarias dentro de un término que no excederá de quince días, y el electo tomará posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva.

Guanajuato

Artículo 133. Si el Senado de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, declara desaparecidos los Poderes del Estado de Guanajuato, por el voto de la mayoría de los Presidentes Municipales de la Entidad, será nombrado un Gobernador Provisional, quien, de inmediato, convocará a elecciones, las que se celebrarán en un plazo que no podrá exceder de tres meses, contado a partir de la declaratoria de desaparición de Poderes.

Guerrero

Artículo 73. Llegado el caso de la desaparición de los poderes del Estado se observará el procedimiento establecido en  la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal de la República.

Tamaulipas

Artículo 156. En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según el siguiente orden de preferencia:

El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por nacimiento;

El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de éste los demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por nacimiento;

El último Presidente del Congreso, y a falta de éste los anteriores, prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito anterior.

Tabasco

Artículo 80. Al ocurrir la desaparición de Poderes, el Gobernador provisional convocará a elecciones de nuevos Diputados para que concluyan el período.

La convocatoria se hará en tiempo oportuno, a fin de que los nuevos Diputados queden instalados antes de que el Gobernador Provisional cumpla seis meses de gestión.

Artículo 81. Si la desaparición de Poderes ocurriese en los primeros dos años del período constitucional que le corresponde al Gobernador, el Provisional convocará a nuevas elecciones, para que el electo concluya lo que falte de período. La convocatoria se lanzará en tiempo oportuno para que el nuevo Gobernador tome posesión antes de que el Provisional cumpla año y medio de gestión.

Si la desaparición de poderes ocurriese en los cuatro últimos años de un período constitucional, el Gobernador Provisional terminará ese período con el carácter de Sustituto. Cuando en razón a la época en que tenga lugar la desaparición de poderes no hubiere Gobernador Constitucional que inicie el período, el Provisional cesará como tal y se procederá en los términos del artículo 48.

Jalisco***

Artículo 113. Si por cualquier circunstancia no pudiere reunirse el Congreso y desaparecieren los poderes Legislativo y Ejecutivo, el ciudadano que designe el Supremo Tribunal de Justicia se hará cargo del Ejecutivo del Estado con el carácter de Gobernador provisional y procederá en el término de quince días, a expedir la convocatoria para elegir diputados e integrar el Congreso del Estado. Una vez hecha la elección e instalada la Legislatura se procederá conforme a las disposiciones aplicables de esta Constitución.

Michoacán

Artículo 160.- En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de los funcionarios siguientes por el orden de designación: 
.
I.- El Presidente de la última Legislatura.
.
II. El Secretario de Gobierno, o el Secretario de Finanzas, conforme a los artículos 57 y 61, fracción VI, de esta Constitución;

III. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

La persona que asuma el Poder Ejecutivo convocará desde luego a elecciones, sujetándose en lo posible a la forma y términos prescritos por esta Constitución.

Morelos

Artículo *69.- Cuando por circunstancias anormales no pueda integrarse el Poder Ejecutivo conforme al artículo anterior, y se llegue el caso de que el Senado nombre un Gobernador Provisional de acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución General de la República, el nombrado deberá expedir la convocatoria respectiva para la elección de Congreso del Estado, dentro del término improrrogable de sesenta días.

Integrado el Congreso del Estado, procederá a hacer la designación de Gobernador, con arreglo a los artículos 64 y 65 de esta Constitución, expidiendo en su caso la convocatoria que corresponda.

En todo caso que el Gobernador por cualquier circunstancia no pueda otorgar la protesta de Ley ante el Congreso o la permanente en su caso, rendirá la protesta ante un notario legalmente autorizado para ejercer sus funciones dentro del territorio del Estado.

 

Nuevo León

Artículo 144. Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los Magistrados en funciones del Superior Tribunal de Justicia, a mayoría absoluta de votos, nombrarán un Gobernador Provisional; pero si desaparecieren todos los Poderes será Gobernador Provisional, por Ministerio de Ley, el último Presidente del Tribunal; a falta de éste y por su orden, el último Secretario de Gobierno, los demás Magistrados, y los Presidentes de la Legislatura desde su elección.

Artículo 147. Si no pudieren cumplirse las prevenciones de los artículos 144 y 145, se estará a lo dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal.

Oaxaca

Artículo 72 Las faltas absolutas del Gobernador serán cubiertas con arreglo a las disposiciones siguientes:

I. Si la falta ocurriere estando reunido el Congreso en período ordinario o extraordinario de sesiones, inmediatamente procederá a la elección de Gobernador Interino Constitucional por voto de las dos terceras partes de la Asamblea. Se considerarán, como falta absoluta, los siguientes casos:

a). Muerte, incapacidad grave y abandono del cargo por más de treinta días;

b). Cargos de responsabilidad oficial, revocación de mandato o delitos del orden común calificados por el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado;

c). Haber solicitado licencia por más de seis meses, salvo que ocupe otra función en el Gobierno Federal;

d). Renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado;

e). Por virtud de una resolución de destitución emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

II. Si la falta ocurriere estando la Legislatura en receso, se reunirá a más tardar dentro de los siete días siguientes, sin necesidad de convocatoria, y sólo para el efecto de hacer la elección en los términos de la fracción anterior; presidirá las sesiones el Presidente de la Diputación Permanente;

III. El Gobernador Constitucional Electo conforme a la fracción I, convocará a elecciones de manera que el nuevamente electo para completar el término legal, tome posesión a más tardar a los seis meses de ocurrida la falta;

IV. Si la falta se presentare en los últimos tres años del período constitucional, se elegirá Gobernador Constitucional en los términos de la Fracción Primera, el que deberá terminar el período respectivo;

V. Si por cualquiera circunstancia, no pudieren reunirse la Legislatura o la Diputación Permanente y desaparecieren los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado que lo substituya, se hará cargo del Ejecutivo del Estado y convocará a elecciones de diputados y Gobernador, las cuales se efectuarán a los treinta días de que se haya producido la desaparición; los diputados electos instalarán la Legislatura a los quince días de efectuadas las elecciones, y el Gobernador tomará posesión a los quince días de instalada la Legislatura;

VI. Si hubiere completa desaparición de Poderes del Estado, asumirá el cargo de Gobernador Provisional cualquiera de los dos Senadores, en funciones, electos por el Estado, a juicio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en los términos de la parte conducente de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. El Gobernador Provisional electo tomará posesión del cargo tan pronto como tenga conocimiento de su designación y procederá a la integración de los Poderes en la forma establecida en la fracción anterior, debiendo tomar posesión los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el mismo día en que lo haga el Gobernador;

VII. Si no obstante las prevenciones anteriores, se presentare el caso previsto por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal , el Gobernador Provisional que nombre el Senado deberá convocar a elecciones de diputados al día siguiente de que tome posesión del cargo; estas elecciones deberán efectuarse a los treinta días de la convocatoria, y la Legislatura deberá quedar instalada dentro de los veinte días siguientes; y una vez en funciones la Legislatura, procederá como está prevenido en la fracción primera de este artículo

Querétaro

Artículo 15. Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador provisional, por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura anterior a la desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de prelación, los Presidentes anteriores. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro emitirá convocatoria a elecciones para Gobernador del Estado y diputados a la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, la convocatoria será expedida por el Gobernador provisional en un plazo igual, tomando las provisiones necesarias para realizarlas. (Ref. P. O. No. 34, 26-VI-14)

Sinaloa

Artículo 32. En caso de desaparición total del Congreso, el Ejecutivo del Estado, en lo inmediatamente posible, convocará a elecciones.

Artículo 144 […]VI. En el caso de que el orden constitucional desaparezca totalmente en el Estado, el Gobernador Interino que designe el Gobierno Federal, rendirá la protesta ante el pueblo del lugar de la residencia oficial para el efecto, previamente convocado.[…]

 

Sonora

Artículo 159. En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas siguientes en el orden de su enumeración:

I. El Presidente de la Diputación Permanente que intervino en la instalación de la Legislatura desaparecida.

II. El último Presidente del Supremo Tribunal inmediatamente anterior al desaparecido.

III. El último Secretario de Gobierno del régimen inmediatamente anterior al desaparecido.

Cuando la desaparición ocurriere durante los dos primeros años del período constitucional, la persona que asuma el Poder Ejecutivo convocará desde luego a elecciones de Gobernador y de Diputados, sujetándose a la forma y términos prescritos por esta Constitución, y designará con carácter provisional a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Cuando dicha desaparición sobreviniere durante los cuatro últimos años del período, el que asuma el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de Diputados y nombrará con carácter provisional a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

La instalación de la Legislatura, en uno y otro caso, la hará la última Diputación Permanente, la cual será presidida por el Vice-Presidente de la misma si su Presidente hubiere asumido el Poder Ejecutivo de conformidad con este artículo. Los Magistrados del Supremo Tribunal, nombrados con carácter provisional, seguirán en funciones entre tanto aprueba el Congreso los nombramientos de Propietarios, que deberá someterle el Ejecutivo a más tardar dentro de treinta días contados a partir de la instalación de la Legislatura. Quien asumiere el Poder Ejecutivo en los casos de este artículo dictará todas aquellas medidas estrictamente indispensables para la buena marcha de la Administración Pública.

En el segundo de los casos mencionados, la  persona que asuma el Poder Ejecutivo comunicará al Ejecutivo Federal la situación que prevalece para que se dé cumplimiento a la designación por parte del Senado, de Gobernador sustituto Constitucional, mediante terna que para tal efecto le enviará el Presidente de la República, de conformidad con la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal.

Veracruz

Artículo 83 En caso de declaratoria de desaparición de Poderes por el Senado de la República, si este no designare a quien asumirá el Poder Ejecutivo con el carácter de provisional, lo hará alguno de los individuos que fungieron como servidores públicos en los Poderes inmediato anteriores a los que se declaran desaparecidos, en el orden siguiente:

El último Presidente del Congreso;

El Presidente de la última Diputación Permanente;

El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Zacatecas

Artículo 162. Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, por voto de mayoría de sus miembros, nombrará un Gobernador provisional; pero si desaparecieren todos los Poderes del Estado, se hará cargo del Gobierno, con el carácter de Gobernador provisional por ministerio de ley, el último Presidente del Tribunal Superior de Justicia y, a falta de éste, los demás, por orden regresivo de sus nombramientos; y, a falta de todos ellos, el último Presidente de la Legislatura desaparecida.

El Gobernador provisional, tan luego como las circunstancias lo permitan, convocará a elecciones de Gobernador y Diputados, no pudiendo ser electo para el periodo al que convoque.

Artículo 163. Si no pudieren cumplirse las prevenciones de los artículos anteriores, se estará a lo dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe destacar que en la útima década se ha solicitado en dos ocasiones la desaparición de poderes; en 2006 en el caso de Oaxaca y en 2014 en el caso de Guerrero, en ambos casos el Senado ha acordado que sólo podrá declararse cuando los 3 poderes de una entidad federativa hayan desaparecido.

Como se puede observar, no ha existido uniformidad en el criterio de aplicación de la desaparición de poderes. Es necesario dotar de certeza jurídica a los gobernados, adecuar las normas y reformar a la Carta Magna en torno a las necesidades que se vislumbran. Hoy en día existen dos graves problemas en torno a esa figura: (i) saber bajo cuáles causas puede declararse la desaparición de poderes; y (ii) que la figura tenga los suficientes candados para que no se abuse de su uso y se usada con fines políticos. Es por esa razón que se propone en cuanto al fondo de la reforma los siguientes

Puntos relevantes de la propuesta y justificación

• Posibilidad de decretar la desaparición de un solo poder. Existen múltiples argumentos a favor y en contar de las diversas interpretaciones respecto a si debe desaparecerse uno o todos los poderes para la declaratoria; sin embargo, se considera que si se interpreta en estricto sentido necesariamente tendría que decirse que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han colapsado y no son aptos para la realización de ninguno de sus deberes; por lo que en esta propuesta considera que debe ser posible la desaparición de un poder sin que necesariamente hayan desaparecido los tres.

A mayor abundamiento, el fin del Legislador es adecuar la norma a las necesidades y circunstancias cambiantes para proteger a la sociedad. Hoy estamos ante la total incertidumbre de un Estado que ha sido permeado por la Delincuencia Organizada, como lo es hoy Guerrero, en donde no sabemos que Alcaldes, policías o servidores públicos están o no permeados por la Delincuencia organizada; estamos ante la posibilidad de que no sólo Guerrero cuente con la situación ates descrita ya que no es un hecho aislado en donde se ha concentrado la delincuencia. Es así que el Estado, debería tener una opción viable y que de certeza jurídica a los gobernados:

1. Cuando un poder ha desaparecido o se encuentra gravemente corrompido y el poder Legislativo de esa entidad no ha realizado ninguna acción en su contra o no existe un procedimietno para el caso.

2. Cuando existan graves violaciones a derechos humanos, violencia desmedida tolerada por alguno de los poderes, y ninguno de los otros poderes ejerza ninguna acción en contra del poder actor.

3. Cuando los tres poderes han desaparecido.

• Mecanismos de seguridad para evitar sea utilizado con fines políticos. Asimismo, para dotar certeza y legalidad a la propuesta, también se prevén mecanismos que aseguren que la desaparición de poderes no tendrá una mera causa política para su realización. En ese sentido, se propone que el mecanismo para su aplicación sea similar al establecido en el artículo 111 constitucional:  la votación requerida para la desaparición de poderes debe ser “por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de éste órgano legislativo el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I-IV […]

V. Declarar la desaparición de uno o más poderes constitucionales de una entidad federativa con la aprobación por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión. Podrá ser decretada a extinción de un poder en los siguientes casos:

a. Cuando una entidad se encuentre gravemente permeado por la corrupción.

b. Cuando existan pruebas suficientes para suponer que el ejecutivo o la mayoría de los servidores pertenezcan a la delincuencia organizada.

c. Cuando se hubieren realizado graves violaciones a derechos humanos o violencia desmedida y los poderes no establezcan las medidas necesarias para detener esas violaciones.

En los casos de los incisos a, b y c además, deberá haber inacción de otro u otros poderes que restaure el orden social o que dichas acciones hayan sido agotados sin restaurar el orden .

El Senado deberá declarar la desaparición de poderes en el caso en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hayan desaparecido previo a la declaración.

Si ha desaparecido el poder Ejecutivo, las entidades federativas determinarán la forma en que deberá nombrarse el Gobernado provisional. En caso de que no se prevea en la Constitución local o que se hubiera declarado la desaparición del poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo, el Senado  nombrará un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. En ningún caso, el Gobernador provisional podrá ser titular del poder o pertenecer a los poderes desaparecidos.
VI-XIV […]

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y OFICIOS ARTESANALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México tiene un inmenso patrimonio artesanal que encontramos en  regiones y los pueblos de distintas entidades de la República, donde existen profundas raíces culturales.

La creación de artesanías es parte de la esencia y de la identidad de nuestras regiones, y de un legado único que tiene sus antecedentes principales en la época prehispánica.

La artesanía en México refleja la diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros pueblos y nuestros antepasados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las características de los productos artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos “que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”

Las artesanas y los artesanos mexicanos, son ejemplo de destreza, de  habilidad, de compromiso con el perfeccionamiento de un arte que data de siglos. 

Hay una enorme cantidad de talleres familiares, donde se ha continuado algún oficio por varias generaciones. Son lugares llenos de historias de trabajo y sacrificio, donde se transmite la experiencia de padres o madres a sus hijos. Oficios que han permitido a las familias salir adelante a pesar de las condiciones adversas.

La producción artesanal representa una pequeña porción de la economía nacional, sin que por ello, deba demeritarse su enorme relevancia para el país.

Desde finales de2011 se había documentado que había en el país cerca de 1millón 800 mil miembros de la población económicamente activa trabajando en las actividades artesanales. De ellos, 507mil 368 eran parte de la población ocupada y 1millón 290 mil 547 de la subocupada.1

Había más de 250 mil mujeres subocupadas dedicadas a la labor artesanal.

Un dato demasiado alarmante, es que la mayor parte de la población ocupada en la actividad artesanal percibía ingresos menores a un salario mínimo.

Por si esto fuera poco, más de 85 mil trabajadores de la población económicamente activa (PEA) que laboran en el sector artesanal no recibían ingresos.

A pesar de la gran diversidad y riqueza artesanal de México, sólo unos cuantos productos tienen mercado de exportación, como son la talavera, el barro negro, el repujado, los textiles bordados a mano, la  manta, los tejidos en mimbre, muebles de madera, cerámica y artículos de decoración en barro.

Además de la agobiante situación económica, los artesanos mexicanos se enfrentan a otros factores que contribuyen al abandono de esta actividad tan valiosa.

Al respecto, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, ha documentado entre otros desafíos2:

• La dificultad para conservar elementos culturales ancestrales

• La penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta tecnología y de forma masiva que se ofrecen bajo el título de artesanías.

• Los altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse.

• La presencia de intermediarios.

• Las exigencias del mercado por imponer ciertos diseños ajenos a toda tradición y contexto artesanal nacional.

En efecto, actualmente, existe una importación masiva e indiscriminada de productos asiáticos, que golpea fuertemente a nuestros artesanos. Además, no existen campañas para invitar a la población a consumir los productos de origen mexicano.

Sabemos que FONART es uno de los programas que más ha permitido apoyar a los artesanos mexicanos, ya sea con acciones de capacitación,  asistencia técnica, apoyos a la producción y la comercialización, y concursos de arte popular. 

También existen esfuerzos en Bancomext, en la Secretaría de Economía, y distintos programas e instituciones estatales. 

No obstante, sabemos que un amplio sector de la población que se dedica a esta actividad no recibe beneficios gubernamentales y como he señalado, gana menos de un salario mínimo.

Lo cierto es que el Estado mexicano no cuenta con una política definida en materia artesanal. 

Una política que reconozca la verdadera trascendencia de la producción de artesanías en México, que garantice su rescate y su preservación, como parte de un patrimonio invaluable, que nos debe llenar de orgullo como mexicanos.

Debe garantizarse una mayor inversión, estímulos fiscales, asesoría y acompañamiento permanente, un modelo de producción adecuado en cada región, de acuerdo a sus circunstancias propias, con pleno respeto a las costumbres y tradiciones. Sobre todo, con la participación activa de los artesanos mexicanos.

Es preciso mantener vivas las antiguas tradiciones artesanales del país.

Para ello, hacen falta recursos, apoyo, pero sobre todo un compromiso firme del Estado mexicano, que se traduzca en políticas efectivas, donde participen las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y los propios artesanos, ya sea organizados o de manera individual.  

Es indispensable que se revalorice y se difunda el patrimonio artesanal de México, para preservar la diversidad cultural y garantizar a nuestros artesanos de herramientas que les generen condiciones económicas distintas, para que mejoren sus condiciones y su calidad de vida.

De manera concreta, se propone adicionar la Ley de la Microindustria y la actividad artesanal, para establecer las siguientes responsabilidades a cargo de la Secretaría de Economía;

I. Establecer un Programa Nacional de Rescate y Promoción de la Producción Artesanal.

II. Sistema de apoyo a la Conservación de las tradiciones y oficios artesanales en los pueblos y comunidades del país.

III. Generar procesos autogestionarios de organización, capacitación, producción y comercialización, con apoyo del Gobierno Federal.

IV. Diseñar con los artesanos, un modelo de producción adecuado en cada región, de acuerdo a sus circunstancias propias, con pleno respeto a las costumbres y tradiciones.

V. Establecer mecanismos efectivos para que los artesanos participen en el diseño, implementación y evaluación del programa al que se refiere la fracción I de este artículo.

VI. Promover el trabajo de los artesanos, mediante la organización de visitas a sus propios centros de trabajo, la realización en forma periódica de ferias, exposiciones y concursos.

VII. Suscribir convenios con las autoridades educativas de las regiones donde existan tradiciones y oficios artesanales, a efecto de buscar la inclusión de contenidos que permitan la enseñanza de dichas tradiciones y oficios.

VIII. Convocar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a un Consejo Nacional de Artesanos, que deberá ser el órgano que oriente la Política Nacional en la Materia.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 7 bis a la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

ARTICULO 7º Bis.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, tiene las siguientes obligaciones:

I. Establecer un Programa Nacional de Rescate y Promoción de la Producción Artesanal.

II. Apoyo a la Conservación de las tradiciones y oficios artesanales en los pueblos y comunidades del país.

III. Generar procesos autogestionarios de organización, capacitación, producción y comercialización, con apoyo del Gobierno Federal.

IV. Diseñar con los artesanos, un modelo de producción adecuado en cada región, de acuerdo a sus circunstancias propias, con pleno respeto a las costumbres y tradiciones.

V. Establecer mecanismos efectivos para que los artesanos participen en el diseño, implementación y evaluación del programa al que se refiere la fracción I de este artículo.

VI. Promover el trabajo de los artesanos, mediante la organización de visitas a sus propios centros de trabajo, la realización en forma periódica de ferias, exposiciones y concursos.

VII. Suscribir convenios con las autoridades educativas de las regiones donde existan tradiciones y oficios artesanales, a efecto de buscar la inclusión de contenidos que permitan la enseñanza de dichas tradiciones y oficios.

VIII. Convocar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a un Consejo Nacional de Artesanos, que deberá ser el órgano que oriente la Política Nacional en la Materia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del senado de la República, el 11 de diciembre de 2014

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

2 Apoyado en el estudio de Olga Correa Miranda. Actividad artesanal. Instituto de Geografía. UNAM. Disponible en: www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/seccionesinicio/atlas/atlas_web/pdefes/4_economia/Subtema_IX/E_IX.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS MOTIVADOS POR DISCRIMINACION

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS MOTIVADOS POR DISCRIMINACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La segunda guerra mundial marcó una de las épocas más duras en la historia moderna del mundo, y puso en evidencia la situación de odio racial, religioso, cultural e ideológico que persistía en los distintos países que se vieron involucrados en ella. De los hechos inauditos generados durante este periodo se dio origen a toda una revolución en el pensamiento de las personas y de las naciones a favor de la igualdad en los derechos de todas y todos.

A raíz de estos hechos, en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, así como promover el progreso económico y  social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Desde entonces la ONU ha tenido como una de sus principales tareas: la eliminación y erradicación de la discriminación tanto en la ley como en la práctica.

Han pasado muchos años desde este acontecimiento, sin embargo, en nuestro país como en la mayoría de los países en el mundo persisten actos de discriminación hacia distintos grupos de la sociedad.

A lo largo de estos años la comunidad internacional ha adoptado diversos instrumentos internacionales para atacar de manera efectiva el origen y las consecuencias de la discriminación en todos los rincones del mundo. En 1948 se creó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la cual busca eliminar la práctica de este delito de lesa humanidad.

En 1963, la Asamblea General celebró la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, documento que reafirma la igualdad entre todas las personas independientemente de su raza, color o nacionalidad, y que dio origen en 1965 a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Continuando con las acciones en 1966, la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Debido a la situación que se vivía en el mundo, los países miembros aprobaron en 1973 la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, crimen que permanecía en práctica en algunas naciones, siendo más evidente en Sudáfrica.

En 1978 se celebró la Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial y en 1983, la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, ambas en Ginebra, Suiza. En 2001 las naciones celebraron la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica.

Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la resolución A/HRC/27/L.27/Rev.11, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, celebró el reporte realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, titulado “Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity2, y solicitó ampliar y actualizar dicho reporte.

A la par de dichos esfuerzos, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha conservado a la discriminación como uno de los principales problemas a erradicar en la región, consagrando en su Corpus Iuris una serie de tratados específicos para atender a los diversos grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad3.

Además en los principales instrumentos del sistema, como la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1967, se establece en el artículo 3° la defensa de los derechos fundamentales sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo y sexo.

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, marca en su artículo 1° la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades de todas las personas sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y en su artículo 24 consagra la igualdad ante la ley de todas las personas, sin discriminación.

Además de dichos instrumentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la interpretación de dichos instrumentos internacionales, ha ampliado el alcance de dichos derechos consagrados en estos cuerpos normativos, determinando que el principio de no discriminación es un principio de jus cogens entendido como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional, imperativa de derecho que no admite pacto en contrario, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

“En concordancia con ello, este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico.”4,

A la par de este criterio la Corte Interamericana ha establecido que:

“Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”5

Resulta importante recordar que sobre los criterios de la Corte Interamericana,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el expediente varios 912/2010 y  en la Contradicción de Tesis 293/2011, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluyendo aquella en los casos en los que el Estado Méxicano no fue parte, resulta obligatoria para los jueces, siempre que sea más favorable a la persona.

México también ha sido un agente promotor de las políticas orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos sin discriminación. Desde principios del siglo XIX quedó plasmada en la Constitución la denominada cláusula antidiscriminación, la cual prohíbe toda forma de desigualdad de trato hacia los grupos históricamente discriminados. En el año 2003, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue publicada el mismo año y con la que se creó el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED).

En 2011, nuestro país llevó a cabo profundas reformas constitucionales en materia de derechos humanos que pusieron a nuestro país a la vanguardia en el tema, ese mismo año el Presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró el 19 de octubre como “Día Nacional contra la Discriminación”, sin duda un paso adelante en el combate contra la discriminación en el país.

El 14 de junio de 2012, fue publicado el decreto por el cual se incluye en el Código Penal Federal el delito de Discriminación dentro del Título “Delitos contra la Dignidad de las Personas”. Este nuevo tipo penal se ha incluido en 14 entidades de la República.

Entendiendo que la discriminación es un obstáculo que frena el desarrollo en el país, la actual administración ha redoblado esfuerzos para atacar de manera adecuada la discriminación, un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que tiene como metas nacionales un México en paz y un México Incluyente. Estas metas buscan, entre otros, garantizar la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Dentro del PND se reconoce la obligación de generar políticas públicas tendientes a “corregir las desigualdades en el país, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades”6 y cuenta con estrategias transversales con enfoque particular en grupos en situación de vulnerabilidad.

Aunado a esto, el 30 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2013-2018. Dicho programa señala las acciones gubernamentales en la materia, a través de seis objetivos para generar condiciones de igualdad así como para prevenir y sancionar la discriminación en el país.

Adicionalmente, el 21 de marzo de este año se publicó en el DOF el Decreto por el cual se declara el 17 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofóbia”, anteriormente llamado “Día de la Tolerancia y Respeto a las Diferencias”, nombre que fue severamente criticado por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este día es reconocido internacionalmente por ser el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. 

La SCJN también ha contribuido a la lucha contra la discriminación en el país. En el 2013 determinó que expresiones como “puñal”  o “maricón” son homófobas, pues fomentan la discriminación y la intolerancia hacia las personas homosexuales7.

“Tanto el término “maricones” así como el diverso de “puñal”, desgraciadamente son utilizados en nuestro país como referencias burlescas hacia la homosexualidad generalmente en relación a los hombres, por medio de los cuales, mediante la construcción de estereotipos se hace referencia a la falta de virilidad por una parte, y a una acentuación de actitudes y rasgos femeninos por la otra.

Los anteriores términos constituyen expresiones formuladas en tono de pretendidas bromas, que se dirigen a ridiculizar a quienes el discurso dominante de la sociedad ha señalado como “hombres afeminados” e inferiores, sin que el uso de dicho lenguaje se limite a constatar una “diferencia” con los homosexuales, pues por medio del mismo se interpretan las diferencias y se extraen conclusiones, las cuales propician que se considere a las personas homosexuales como sujetos con las cuales la identificación del resto de los miembros de la colectividad es impensable.

A consideración de esta Primera Sala, el empleo de los términos “maricones” y “puñal”, actualizó un discurso homófobo, ya que mediante dichas expresiones se realiza una referencia a la homosexualidad, pero no como una preferencia sexual personal –perfectamente válida en una sociedad democrática y plural-, sino como un aspecto de diferenciación peyorativa.”

El máximo tribunal de la Nación continúa en la misma sentencia señalando:

“Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, dichos términos conllevan la conformación de un discurso dominante, mediante el cual la heterosexualidad se identifica con un calificativo de “normalidad”, mientras que la homosexualidad, caracterizada por la referencia a la misma por medio de burlas y estereotipos, se constituye en una categoría de inferioridad, lo cual justificaría la existencia de una intolerancia hacia las personas homosexuales basada solamente en razón de su preferencia sexual, situación que resulta inadmisible acorde al texto constitucional.”

En resumen podemos dar cuenta de los grandes avances que se han llevado a cabo por la comunidad internacional y por el gobierno mexicano, que responden a las necesidades de las sociedades plurales y democráticas como lo es actualmente nuestro país. Sin embargo, en nuestro país no hemos podido erradicar de fondo algunas prácticas discriminatorias que permanecen fuertemente arraigadas a nuestra sociedad. En este sentido, eliminar la discriminación es una condición indispensable para garantizar un Estado democrático y hacer de México una sociedad de derechos.

JUSTIFICACIÓN

Los crímenes de odio o los crímenes motivados por discriminación, son actos criminales que van desde daños a edificios religiosos, daños a monumentos, quema de iconografía religiosa hasta amenazas, lesiones e incluso homicidio a un individuo o grupo de individuos, así como un prejuicio contra la raza, color, religión, origen nacional, identidad étnica, orientación sexual, identidad de género o discapacidad de una persona. Es decir, las víctimas u ofendidos son escogidos intencionalmente debido a sus características personales.

Es importante resaltar que siempre que se comete un crimen motivado por prejuicios, toda la comunidad de la víctima queda afectada, vulnerable y victimizada. Estos crímenes también pueden llevar a represalias y a violencia intergrupal, en este sentido, el impacto de estos crímenes es mucho mayor que el impacto a la víctima.

En general, estos actos de violencia fortalecen la intolerancia, promueven el odio y generan la ruptura del tejido social.

Esta noción de crímenes de odio o crímenes motivados por discriminación se ha introducido paulatinamente al lenguaje jurídico en el mundo, “gracias al movimiento de derechos humanos para incrementar las sanciones a los delitos, agresiones o crímenes cuyas víctimas fueran identificadas como miembros de minorías socialmente desfavorecidas,”8

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, realizada por el (CONAPRED)9, es un instrumento que nos brinda un reflejo de la discriminación que viven estas minorías actualmente.

Algunos de los datos que arroja este instrumento son: cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida.

La encuesta señala que el respeto a los derechos delas personas homosexuales, migrantes, indígenas, personas con discapacidad y personas de otra raza es poco o nada. Así como casi cuatro de cada diez personas de nivel socioeconómico medio alto/alto consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan. Aunado a esto, tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad; mientras que una proporción similar considera que su principal problema son las burlas, las críticas y la falta de respeto.

Estas condiciones de discriminación generan un ambiente adverso para las personas pertenecientes a estos grupos sociales y los ubica en una especial situación de vulnerabilidad.

Un ejemplo de ello son los datos de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofóbia, los cuales señalan que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)10 por el simple hecho de ser parte de esta comunidad.

A esto debemos sumar el llamado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el reporte sobre discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género11 que señala como recomendación a los Estados miembros del consejo “(e) Promulgar una legislación contra la discriminación que incluya la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género entre las bases prohibidas y que reconozca formas transversales de discriminación; garantizar que la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género está incluida en el mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos;”.

Otro grupo que vive en esta situación son las personas con discapacidad, comunidad que según datos del INEGI rebasa los 5.7 millones de mexicanos, a los cuales históricamente se les ha señalado de manera lamentable como inútiles, incapacitados o estorbo, si bien se han generado políticas públicas tendientes garantizar su inclusión en la sociedad, aún persisten muchos estigmas y prejuicios que los ubican en una especial situación de vulnerabilidad.

También encontramos en los últimos años enfrentamientos y persecución religiosa en algunas comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Por ejemplo, en julio de 2012, la comunidad Nueva Jerusalén, en Michoacán, incendió dos escuelas porque sus pobladores las consideraban “dominio del diablo”12

Otra entidad que se ha enfrentado a estos problemas es Chiapas, en donde estos conflictos relacionados con diferencias religiosas tienen varios años y según algunas organizaciones civiles y religiosas existen por lo menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque.

Si analizamos el panorama nacional nos percatamos que estos crímenes son preocupantemente comunes en nuestro país.

Al incluir estas modificaciones debemos tomar en cuenta que el tipo penal es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a las que se les asigna una pena o sanción. La obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad (todo lo que no está prohibido está permitido), una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho.

De este modo, cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser “tipificado”, o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Es por esto que se pretende ampliar la definición del delito de discriminación para incluir preceptos que se omiten en la legislación penal y agregar agravantes a delitos ya contemplados en el Código Penal por las acciones motivadas por odio hacia determinado grupo o minoría.

Las modificaciones propuestas son:

1.- Incluir en el tipo penal de discriminación los conceptos de  orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental y religión, así como la eliminación del concepto de preferencia sexual, esta modificación atiende a la precisión de los términos incluidos en el tipo penal:

La orientación sexual, es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas”13.

La identidad de género, “es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”14.

Es por la precisión en los términos mencionados que se plantea la eliminación del término preferencia sexual ya que la palabra preferencia puede hacer referencia o asumir una decisión consciente. En este sentido, es importante precisar que esto es un error ya que la orientación sexual no se escoge.

Al incluir los términos discapacidad física o mental se responde a la necesidad de incluir a las personas con alguna discapacidad dentro de los grupos que pueden ser discriminados, ya que como se ha señalado anteriormente en nuestro país permanecen prejuicios hacia las personas con alguna discapacidad.

Finalmente, el término religión responde a la necesidad de proteger a las minorías que profesan distintas religiones que pueden llegar a ser discriminadas por las mayorías de alguna localidad en el país.

2.- Incluir en el tipo penal de discriminación una fracción IV que se refiere a amenazas motivadas por discriminación. Esto atiende a que el delito de discriminación contempla una penalidad mayor al delito de amenazas contemplado en los artículos 282, 283 y 284 del Código Penal Federal.

3.- Incluir las lesiones motivadas por discriminación como agravante de las lesiones con arreglo a las reglas ya existentes en el delito.

4.- Incluir el tipo penal de homicidio motivado por discriminación el cual excluye al homicidio por razón de género, al ser un tipo especial ya considerado en el Capítulo V del Título decimonoveno del Código bajo el nombre de “Feminicidio” regulado en el artículo 325.

5.- Incluir la agravante para las fracciones I, II, y IV del artículo 397 que tipifica el delito de “Daño en Propiedad Ajena” cuando este sea motivado por discriminación hacia un grupo religioso, político o de cualquier otra índole que tenga como finalidad atentar contra la dignidad humana o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estas medidas buscan a la par de castigar, generar consciencia ya que uno de los principales problemas para la persecución de estos delitos se debe a que la discriminación persiste en las instituciones encargadas de la administración de justicia en el país, por ejemplo, “al denunciarse un crimen en el cual la víctima es homosexual o lesbiana, de inmediato se procede a considerar como crimen pasional, desechando por esta vía todo vínculo con lo que pudiera considerarse crimen de odio y haciendo a la víctima responsable de lo sucedido”.15Por las mismas circunstancias, es frecuente que este tipo de crímenes sean poco denunciados ante las autoridades.

Esta concepción se ha convertido en un prejuicio y una huella clara de la discriminación que viola derechos fundamentales, dejando impunes a quienes cometen tales delitos u otorgando penas que no corresponden con las consecuencias que genera el delito.

Entre la diversidad de posturas frente a la erradicación de la discriminación, una cosa es clara: el abordaje de esta debe trascender el ámbito penal, de modo que apunte a la transformación de los aspectos estructurales del problema y no se limite a castigar sus manifestaciones.

Es importante continuar con la revisión y en su caso derogar preceptos en las leyes que resulten discriminatorias, formular políticas públicas que promuevan y garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad, fortalecer la participación ciudadana e incluir de forma seria y objetiva una perspectiva de derechos en los planes educativos que conduzca a la valoración de la diferencia cultural y humana; todas estas son algunas de las medidas propuestas por activistas e investigadores.

Sin embargo, entendiendo que este tipo de delitos representan un daño profundo a la sociedad y que el imponer penas más duras a los criminales que escogen a sus víctimas debido a su raza, origen, religión origen étnico, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, resulta en un reconocimiento a la situación especial de vulneración en la que viven estos grupos y de esta manera garantizar una mayor protección a dichos grupos por parte del estado.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía:

Decreto

Único: se reforma el artículo 149 Ter y se adiciona una fracción IV; se adicionan los artículos 300 bis y  320 bis, y se reforma el artículo 397 del Código Penal Federal.

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa a quien motivado por razones de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

Fracción I a III…

IV. Amenace con causarle un mal en su persona, en sus bienes o en su honor.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.

Este delito se perseguirá por querella.

Artículo 300 bis.- Si las lesiones fueren motivadas por discriminación contra la persona por razones de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que preceden

Artículo 320 bis.- Al responsable de un homicidio motivado por discriminación contra la víctima en razón de su origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, orientación sexual, identidad de género, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas, religión o de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión.

Se considera que el homicidio es motivado por discriminación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, motivadas por discriminación, odio o desprecio;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima motivada por discriminación, odio o desprecio;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Artículo 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;

III.- Archivos públicos o notariales;

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.

La pena se agravará hasta la mitad en las fracciones I, II y IV cuando estos sean motivados por discriminación hacia un grupo social, étnico, religioso, político o de cualquier otra índole que tenga como finalidad atentar contra la dignidad humana o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

3 Algunos de estos instrumentos son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para” de 1994; Convención Interamericana para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999; Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia de 2013 y,  la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia de 2013.

4 Corte IDH,  Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición Jurídica Y Derechos De Los Migrantes Indocumentados” 17 de septiembre de 2003. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo 101.

5 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de octubre de 2012. Párrafo 236.

6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

7 SCJN, Amparo Directo en Revisión 2806/2012

8 Cfr. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil, Revista Letras, número 130, mayo 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/ls-crimenes.html

13 Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf

14 Ibid.

15 Cfr. Op Cit. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE EMPLEO Y REINSERCION PRODUCTIVA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas alrededor  del mundo viven con alguna forma de discapacidad y casi 200 millones experimentan dificultades considerables  para llevar a cabo actividades cotidianas.

A futuro, el número de personas viviendo con  discapacidad aumentará y será un motivo de preocupación debido al envejecimiento de la población asociado al aumento en la esperanza de vida, así como a la  mayor prevalencia de enfermedades crónicas tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, cáncer, entre otros. 

En México, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, de 7 millones 739 mil personas con discapacidad, 3.5 viven en pobreza y sólo 1.5 millones están incorporadas a la población económicamente activa (PEA).

La alarmante cifra de 3.5 millones de personas con discapacidad viviendo en pobreza, responde al hecho generalizado a nivel mundial que muestra que estas presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad.

En promedio, de acuerdo con la OMS,  las personas con disca­pacidad y las familias con al menos un miembro con discapacidad enfrentan retos mayores en cuanto a  inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable, servicios deficientes de salud y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad.

Es un hecho que las personas con discapacidad  se ven en la necesidad de cubrir costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares, además de medicamentos o servicios de atención a la salud. En parte debido a estos gastos, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares, sin embargo el mayor problema que enfrentan sigue siendo la exclusión que agrava sus condiciones de vida al no permitirles la incorporación a la vida laboral y productiva.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado en 2011 por el Banco Mundial, “en los países de ingresos bajos, las personas con discapacidad, en comparación con las personas sin discapacidad, tienen una probabilidad un 50% mayor de enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos”.

Definitivamente la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnera­bles y los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos, entre los que se incluye México.  Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos presentan asimismo una mayor prevalencia de la discapacidad. Además las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad, esto debido en parte al aumento de riesgos asociados a trabajos informales o peligrosos.

Asimismo dicha encuesta refiere que las tasas de empleo son menores entre los varones y mujeres dis­capacitados (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y mujeres no discapa­citados (65% y 30%, respectivamente).

Por otra parte, un estudio realizado en 27 países por  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comprobó que las personas con discapacidad, en comparación con sus homólo­gas no discapacitadas, experimentaban desventajas significativas en el mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin discapacidad (75%) y la tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre las personas sin discapacidad (49% y 20%), respectivamente.

Tomando en cuenta los datos anteriores, y considerando las cifras presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de la presentación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad,  se hace evidente la urgencia de actuar en un tema que afecta  a más de 7 millones de mexicanos  que podrían enfrentar condiciones de marginación y vulnerabilidad en parte asociada al desempleo.

Si reconocemos que  en nuestro país todas las personas tenemos derecho – al menos escrito-  a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social, es necesario garantizar que esas condiciones se cumplan para la población con discapacidad.

Tomando en cuenta que el artículo 5º de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley Federal del Trabajo, señalan que a ninguna persona se le puede impedir, se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, debemos garantizar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a las actividades que elijan.

Además el artículo 123 de nuestra Constitución, señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México es parte, se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su  artículo 6  señala que es facultad del Titular del Poder Ejecutivo el “instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas”. A pesar de ello, la realidad muestra que las personas con discapacidad no están siendo incluidas en su mayor parte en la economía del país y se encuentran segregadas y en condiciones de vulnerabilidad frente a un entorno de precariedad laboral y limitadas opciones para el autoempleo.

Es importante que como sociedad seamos capaces de reconocer que la discapacidad forma parte de la condición humana.  Casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a edades avanzadas experimentarán dificultades crecien­tes de funcionamiento. Por ello, este fenómeno  complejo, y las desventajas asociadas son múltiples, sistémicas y variables.

De acuerdo con nuestro marco jurídico, en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,  religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Adicionalmente, según lo dispuesto por el Artículo 1º de nuestra Constitución, en México “todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece”.

Para que podamos hacer efectivos  esos derechos, es necesario eliminar todo tipo de obstáculos, entre en los que se encuentra la accesibilidad a espacios públicos y al transporte haciendo posible que las personas con discapacidad participen en el empleo y la vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia económica.

En busca de alternativas para eliminar los obstáculos que enfrenta la población con discapacidad, esta propuesta concreta busca que se promuevan y suscriban convenios específicos de colaboración entre el gobierno federal y  el sector privado que contengan mecanismos de seguimiento y vigilancia, y brinden a las personas con discapacidad la garantía de un trabajo formal con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, en condiciones de accesibilidad.

Adicionalmente y tomando en cuenta que la generación de empleos en México es escaza,  es  pertinente considerar la alternativa del autoempleo, razón por la cual a través de esta iniciativa se faculta al ejecutivo para que impulse la generación de alternativas de financiamiento dirigido a personas con discapacidad que deseen emprender un negocio.

Por otro lado, dentro de las recomendaciones que hace la OMS a los países, se incluye el  garantizar la accesibilidad tanto a espacios urbanos como a edificios concretos  a través de la cooperación entre los sectores público y privado.

En respuesta a lo anterior y dado que la experiencia demuestra que para que las personas con discapacidad puedan incorporarse a los centros de trabajo, es necesario eliminar las barreras físicas y brindar las condiciones para su acceso; esta propuesta plantea que la Secretaría del Trabajo  y Previsión Social a través de un programa de financiamiento, apoye a las empresas y centros laborales para que realicen obras tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

En cuanto al transporte, la meta de accesibilidad continúa a lo largo de toda la cadena de desplazamiento de las personas con discapacidad hacia los centros de empleo, pero puede alcanzarse a través de programas impulsados por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales. Estos programas deben abarcar a todos los medios de transporte público, incluidos los taxis que son una parte importante del sistema integrado de transporte.

En la implementación de medidas como las planteadas, la OMS ha sugerido la formación del personal de transporte, junto con financiación gubernamental para la construcción de rampas, aceras rebajadas y  pasos de peatones que mejoran la seguridad y aseguran la accesibilidad.

A partir de esta reforma que permitirá que se lleven a cabo las medidas anteriormente expuestas, sin duda se habrá avanzado en la inclusión de las personas con discapacidad a la economía nacional, mejorando sus vidas, las de sus familias y las condiciones de la sociedad mexicana en general.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se  reforma la fracción II; se adicionan las fracciones XIII,  XIV y XV del artículo 6;y se adiciona la fracción IX al artículo 11; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. …

II. Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas; a través de la vinculación de las políticas de protección social con programas de reinserción productiva y laboral.

III al XII.  …

XIII. Promover y suscribir convenios específicos de colaboración, con el sector privado que contengan mecanismos de seguimiento y vigilancia, y brinden a las personas con discapacidad la garantía de un trabajo formal con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, en condiciones de accesibilidad. Todo lo anterior, considerando las características propias de género y sexo, edad, formación profesional y evitando en todo momento que se reproduzcan estereotipos de subordinación, prestando especial atención a grupos en situación de discriminación y/o exclusión.

XIV. Impulsar la generación de alternativas de financiamiento para que las personas con discapacidad puedan autoemplearse a través de microempresas para lo cual se  debe brindar asesoría y financiamiento.

XV. En coordinación  con los gobiernos estatales, impulsar que todos los sistemas de transporte público cuenten con las condiciones que permitan la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

XVI. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I al VII …

VIII. Promover que los centros de trabajo cuenten con instalaciones que garanticen la accesibilidad a través de un programa de apoyo financiero para llevar a cabo obras tendientes a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos

TRANSITORIO.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE LENGUAJE DE SEÑAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE LENGUAJE DE SEÑAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una persona con discapacidad es aquella que presenta alguna limitación física o mental para realizar actividades cotidianas tanto en el hogar como en la calle y por ende, en medios laborales.

Sabemos que nuestro país tiene grandes retos para garantizar el derecho a la inclusión plena de estas personas debido a múltiples obstáculos, tanto sociales como culturales, ya que la infraestructura de los espacios públicos no está desarrollada para atender sus necesidades, además, no reciben atención médica o terapéutica conforme a las necesidades especiales de cada persona y, por si fuera poco, en muchas ocasiones, sumada a la discriminación que sufren por su discapacidad, también son objeto de burlas y rechazos por cuestiones de género, condición socioeconómica o etnia a la que pertenecen, ya que tampoco hay conciencia por parte de los demás, ni consideraciones hacia ellos.

El artículo 1 de nuestra Constitución reconoce los Derechos Humanos para todos los mexicanos, lo que hace una obligación del Estado proteger el derecho a la accesibilidad y a la plena inclusión para que las personas con algún tipo de discapacidad cuenten con las herramientas físicas, psicológicas, económicas, legales, sociales, y más, que les permitan desarrollarse en condiciones de igualdad y gozar de una vida plena.

Sin embargo, para cumplir el objetivo de tan noble naturaleza y justicia inherente, deben llevarse a cabo un conjunto de acciones transversales para garantizar tanto su accesibilidad física, como de información y comunicación para hacer de su conocimiento de estos derechos a las personas que cuentan con discapacidades sensoriales o intelectuales, ya que muchas veces solo reconocemos aquellas limitaciones visibles, pero olvidamos la atención de todos los padecimientos intangibles.

La falta de información oportuna y confiable es uno de los mayores desafíos en materia de discapacidad, ya que en muchas ocasiones la complejidad que implica conseguir una comunicación asertiva entre la persona en esta situación con el personal administrativo, médico y la sociedad en general constituyen una forma de discriminación y exclusión cuando no se presenta de forma adecuada.

Aunado a esta problemática, la falta de conocimiento por parte del personal dedicado a atender a este sector de la población en otras técnicas y medios de comunicación, además del hablado y escrito, complican aun más la temática tratada y dan pauta a que el mismo Estado, cuando es quien en muchas ocasiones presta los servicios de atención, no permita a los ciudadanos ejercer los propios derechos que las leyes les reconoce.

Ante esta problemática, consideramos viable, la implementación de la Lengua de Señas Mexicanas, para lograr un medio eficiente de acercamiento, comunicación y atención para todas las personas que requieren una modalidad diferente a la escrita o hablada para comprender los diversos mensajes que tienen que recibir, tanto para conocer sus derechos, como para hacerlos valer por sus propios medios, sin la necesidad de un intérprete o la impotencia de quedarse sin entender nada y tener que aceptar la respuesta errónea de los que los  demás creen, limitando así, también su libertad y capacidad de entender.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 20101, la población con discapacidad considera que después del desempleo, la discriminación es una de las dificultades más comunes entre ellos, que no les permite ser autosuficientes y los obliga a depender de un tercero.

El mismo documento nos indica la alarmante cifra que seis de cada diez personas con discapacidad en el país consideran que los servicios médicos que reciben no son suficientes, dado que no reciben toda la atención médica que necesitan, por si fuera poco, en el país, 77.2% de estas personas utiliza los servicios de salud públicos cuando se enferma y solo el 18.8% recurre a los servicios de medicina privados, que tampoco garantizan un servicio de calidad y dedicado especialmente para trabajar con este sector, aunado a que cientos de clínicas y hospitales privados carecen aun mas de la infraestructura necesaria, debido a los altos costos que implica y a la falta de obligatoriedad para tener todas y no solo unas de las medidas especiales que requieren.

Por otra parte, de acuerdo con la ENIGH-20122, en México 7 millones de personas (6.6%) de la población total,  presenta alguna discapacidad para realizar al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. La mayoría son personas adultas mayores de 60 años, y 8 de cada 10 personas con discapacidad es mayor de 29 años, por lo que la edad representa un factor a considerar en la temática.

La ENIGH-2012, señala que los adultos mayores son el grupo de edad en el que se concentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad. De cada 100 adultos mayores, 31 reporta discapacidad, mientras que del total de adultos sólo 6 de cada 100, de jóvenes y niños sólo 2 de cada 100 tiene discapacidad, respectivamente.

Asimismo, dicha Encuesta también indica que las personas con problemas para oír representan un 16% de todas las personas con alguna discapacidad y que un 8,6 % tiene dificultades para hablar o comunicarse, más un 8,1% que presenta una afección mental, porcentajes que demuestran el número de personas que actualmente son discriminadas por el simple hecho de no poder comunicarse plenamente con los demás, situación que se agrava cuando las personas que estas dedicadas a atenderlas administrativamente o en materia de salud, también desconocen la manera adecuada de estar en contacto con estas personas, lo cual constituye un Estado que presta servicios selectivos.

La ENIGH reporta que en el país existen 31.5 millones de hogares, y de ellos, 6.1 millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una persona con discapacidad, con cifras tan grandes como las anteriores, es indispensable dotar al personal de las herramientas que garanticen servicios de calidad para todos, ya que al menos en múltiples hogares se vive con la necesidad de suspender actividades individuales para acompañar a la persona discapacitada, debido a que realizar los trámites y recibir la atención pareciera estar en otro idioma, al no existir nexos de comunicación directos, entre el médico tratante o el personal administrativo y el afectado, involucrando en su situación a familiares y amigos en el mejor de los casos, y en otros, quedando en el abandono total, ante la falta de apoyo y la incomprensión de las autoridades y servidores públicos.

La salud es un derecho constitucional y uno de los principales objetivos del sistema de salud es alcanzar la cobertura universal. Nuestro país reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y para ello se ha comprometido en diversos instrumentos jurídicos y procesos institucionales, sin embargo, aunque existe un marco legal amplio, en la praxis dista de lo que se consagra en estos documentos.

Además, retomando el factor de la edad y la importancia que tiene en la problemática, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT-2012)3, reporta que 5.1 millones de personas adultas mayores presentan alguna forma de discapacidad, de los cuales, 82.3% reportaron ser derechohabientes de alguna institución pública: 40.6% del IMSS, 29.9% del Seguro Popular, 10.2% del ISSSTE y 1.6% reportaron afiliación a otras instituciones públicas. Sin embargo, pese a estas cifras y a que muchos de ellos, debido a la edad, presentan complicaciones para oír y escuchar adecuadamente, no se ha instaurado un sistema especial para tenderlos, por parte de ninguna de las instituciones anteriormente mencionadas.

Además de las barreras de comunicación que existen por parte de la discapacidad y el analfabetismo, también se suma a esta situación el carácter indígena de la población, en donde evidentemente los retos son mayores puesto que bien sabemos que este sector suele ser objeto de múltiples formas de discriminación, por lo que si sumamos el factor de discapacidad, es susceptible de ver agudizados los problemas de inclusión derivado de su condición.

En este sentido, destaca también la resolución A/68/L.1sobre discapacidad y desarrollo asume el compromiso de los Estados Miembros, para asegurar que en todas las políticas de desarrollo, incluidas las relativas a la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y el acceso a los servicios sociales básicos, considere las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con discapacidad, con la intención de garantizar la accesibilidad de todos sin razón alguna para condicionar, limitar o excluir a alguien por rasgos culturales.

En este contexto el Censo 20104 indica que del total de población con discapacidad, 7.9%, son hablantes de lengua indígena y una vez más, la edad como factor influyente, hace notar que la mayoría de este grupo son adultos y adultos mayores, ya que de cada 100 personas, 62 son personas adultas mayores.

La información disponible hasta ahora sobre la situación de las personas con discapacidad en México, dan un complejo panorama de los obstáculos que presentan en su día a día y nos permite observar una diversidad de necesidades de las personas que deben ser atendidas mediante políticas públicas, programas o acciones institucionales, que efectivamente les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y la accesibilidad a los programas sociales y servicios de salud que requieren por su propia condición especial, siendo el Estado, quien debe dar la pauta y poner el ejemplo ante la sociedad, para que con ello, también se cree una conciencia individual y social que garantice la inclusión de las personas tanto en infraestructura como en círculos afectivos, laborales, familiares, etc, que nos permitan a todos en la población, aceptar, reconocer y apoyar a las personas que requieren de una ayuda colectiva, con el fin de garantizar una vida plena en todos sus aspectos.

Por otra parte, la estrategia 1.7 del  Programa Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 señala textualmente que deben: “Implementar en programas, acciones, atención y difusión, la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema de Escritura Braille, intérpretes o peritos”; por tanto, es necesario revisar el marco jurídico para consolidar las acciones y estrategias institucionales en la materia.

En suma, con esta iniciativa buscamos trabajar en la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad, a través de la instrucción del personal médico y administrativo que labora en los nosocomios del país para que sea obligatoria su instrucción mínima en lenguaje de señas de mexicano.

El Lenguaje de Señas Mexicanas es una opción que contribuye a la comunicación de calidad para las personas que ven, entienden y sienten el mundo de una manera diferente.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. a XI. …

XII. Instruir al personal médico y administrativo que atiende a la población con discapacidad en el conocimiento del Lenguaje de Señas Mexicanas, para garantizar una comunicación optima, consentimiento pleno y eliminar la discriminación, exclusión o desinformación por parte de cualquier persona en esta situación, y

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

1 Resultados sobre personas con discapacidad, ENADIS 2010, CONADIS-CONAPRED http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

2 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2012, INEGI

3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Discapacidad y dependencia en adultos mayores mexicanos: un curso sano para una vejez plena. Instituto Nacional de Salud Pública.2012.

4 Censo de Población y vivienda 2010. INEGI http://www.censo2010.org.mx/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 23 DE LA LEY DE PLANEACION Y 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE REFORMA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; Y 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al desarrollo, lleva implícito un análisis sobre los principios que sustentan al mismo, así como su vinculación con los derechos humanos. Si bien, podemos entenderlo en términos de bienestar económico y social; también puede asociarse con libertades fundamentales y la vivencia de un régimen democrático.

En el contexto internacional, la interacción de las economías han puesto sobre la mesas una serie de teorías sobre la concepción del Estado- Nación; donde inicialmente un país consideraba como aspiración política el desarrollo de un determinado territorio, esto, sin embargo, se ve completamente distinto en la realidad puesto que la interacción de bloques económicos evidencia que la prioridad ante los tratados y convenios es el mercado y no los individuos.

Nuestro país se encuentra involucrado en esta dinámica, misma que por inercia ha dado una concepción del desarrollo carente de sensibilidad para poder sacar de la pobreza a más de la mitad de la población.

Bajo esta perspectiva, los derechos humanos de las personas se encuentran seriamente amenazados ante un concepto de desarrollo “deshumanizado”, que tiene como eje al capital, teniendo como consecuencia fenómenos sociales tales como la desintegración familiar, el tráfico y consumo de drogas; la disociación parental, etcétera.

En este contexto, en las sociedades menos desarrolladas es en donde impacta con mayor fuerza esta propuesta económica que se fundamenta en la concentración del capital en pocas manos y la depauperización acelerada de la sociedad en su conjunto.

Por ello, es necesario replantear el derecho al desarrollo en nuestro país, debiendo revisar los mecanismos que reproducen las condiciones de desigualdad y abusos que privan para la sociedad en su conjunto.

Nuestra Constitución señala en sus artículos 25 y 26 que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional y la organización de un sistema de planeación democrática que dote de equidad al crecimiento económico a través de un Plan Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, la Ley de Planeación establece en el artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Asimismo, los artículos 22 y 26 establecen los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados.

Dentro de los programas especiales que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se deberán publicar, se encuentra el Programa Nacional de Desarrollo Social.

Los artículo 39 y 43  de la Ley General de Desarrollo Social se establece su formulación a través del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia. De igual manera, establece que SEDESOL coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas sectoriales, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.

Para estos efectos, de conformidad con el marco normativo y reglamentos existen una serie de lineamientos específicos, siendo ausente la temporalidad para su presentación.

Si consideramos la importancia que debe tener la normativa para solventar los problemas asociados a la visión mercantil de la planeación nacional, consideramos imprescindible establecer un plazo para la presentación de este Programa Sectorial, puesto que muchas veces, como es el caso del vigente Programa Nacional de Desarrollo Social, es presentado hasta con año y medio posterior a la conclusión del Gobierno predecesor.

El Estado Mexicano no debe recatar en los esfuerzos que tenga a su alcance para enfrentar los problemas que como sociedad enfrentamos. Como legisladores tenemos una importante tarea desde nuestros distintos ámbitos de competencia para aportar en la recomposición de nuestra gente.

Con el establecimiento de un plazo para la presentación del Programa Sectorial de Desarrollo Social, podemos tomar acciones concretas y de manera temporal para fortalecer el respeto a los derechos las y los mexicanos que hoy día sufren las consecuencias por la falta de oportunidades para vivir en un entorno que les permita desarrollarse y darles posibilidades de construir lo que ellos aspiren en su vida.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

PRIMERO. Se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 23. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución.

Su consulta, elaboración, aprobación y publicación deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días naturales después de la publicación del Plan.

SEGUNDO. Se adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 15. La Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación, quien en todo momento debe concertarla participación de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Suscribe

Sen. Lorena Cuellar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 16 de octubre de 2014, se recibieron en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, una serie de propuestas elaboradas por la organización de la sociedad civil Greenpeace México A. C.

Dichas propuestas contienen una serie de iniciativas de reforma legislativas a distintos ordenamientos legales vigentes, entre los que se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.   

El Partido Verde Ecologista de México, hace suyas las propuestas que envió Greenpeace México A. C. al Congreso y las presenta como iniciativas legislativas.

México ha vivido graves desastres ecológicos, que han afectado la integralidad  de los ecosistemas y la salud de las personas.  Por lo que resulta importante reforzar, no solo la aplicación del marco legal vigente, sino también actualizarlo y garantizar con ello el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es la ley marco del sector ambiental, en la que se encuentran establecidos tanto los principios como los principales instrumentos de política ambiental del país.

Sin embargo, uno de los principios normativos de mayor relevancia a nivel internacional como es el precautorio, consagrado en la declaración de Río durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1992, del cual México es parte, no forma parte del cuerpo de dicha ley marco.

Cabe destacar que dicho principio ha extendido su aplicación de la protección a la salud humana, al manejo de recursos naturales incluidos la pesca y la bioseguridad. Hoy en día, el principio precautorio constituye uno de los  pilares que rigen la política ambiental global, la política pesquera europea, el Convenio de la Diversidad Biológica y la política de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en México.

Considerando este contexto, resulta importante que el principio precautorio se incorpore al cuerpo de la Ley marco del sector ambiental, para que las autoridades encargadas de su implementación puedan evocarlo al momento de su acción de gobierno. Por ello se propone que se asiente tanto en las definiciones establecidas en el artículo 3 de dicha Ley, como en los principios que rigen la política ambiental mexicana establecidos en el artículo 15 y su aplicación por distintos órdenes de gobierno prevista en el artículo 16.  Es fundamental que las autoridades puedan considerar este principio al momento de ejercer sus facultades y que no solo aplique para las autoridades del orden federal, sino también para las entidades federativas y los municipios en lo que respecta al ejercicio de sus facultades en materia ambiental.

Por su parte, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de la planeación democrática y deliberativa. En el sentido de reforzar este derecho constitucional la presente iniciativa busca fortalecer los mecanismos de consulta de las comunidades previstos en el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. Por ello, se establece el derecho a una consulta libre, previa e informada cuyo resultado en caso de negativa sea vinculante. Por consulta libre se entiende que el proceso de consulta se desarrolló libre de interferencias, presiones o intentos de influenciar los resultados por agentes externos a la comunidad consultada. Por previa se entiende que la consulta tiene que ser organizada y llevada a cabo con suficiente anticipación para poder impedir el desarrollo del proyecto en cuestión en caso de respuesta negativa por parte de la comunidad. En tercer lugar, se establece que la consulta debe ser informada por lo que se entiende que a la comunidad afectada se le brinda información que sea suficiente, entendible y equilibrada para que la población esté capacitada para tomar una decisión que sea en el interés de su comunidad. Se establece además que los resultados de la consulta son vinculantes en caso de negativo con lo que se protege el derecho humano de las comunidades de decidir sobre las actividades que se desarrollan en su territorio y tienen impactos directos en sus vidas, en particular concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Mexicana.

Reforzando y aplicando de esta manera la consulta libre, previa, informada y vinculante se garantiza el derecho constitucional a la participación deliberativa y democrática en la planeación nacional y se previenen futuros conflictos sociales y socio-ambientales al crear mecanismos de diálogo y de participación además de reducir decisiones discrecionales e incentivos de corrupción.

De igual forma se refuerzan los derechos de los pueblos indígenas armonizando así la legislación nacional mexicana con lo establecido en los artículos 6, 7, 8 y 13 en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990.  Dichos artículos establecen los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados en proyectos que afecten su forma de vida, a establecer sus prioridades de desarrollo y a participar plenamente en las políticas que las impactan directamente.

Adicionalmente, en materia de impacto ambiental se proponen algunas causales adicionales para que la autoridad tenga la facultad de negar una autorización de impacto ambiental, como son:

• Cuando los decretos de las áreas naturales protegidas, los Programas de Manejo de las áreas naturales protegidas, los ordenamientos ecológicos del territorio no permitan dichas obras o actividades, lo que fortalece el carácter obligatorio de estos instrumentos;

• Cuando se afecte o fragmente un ecosistema considerado hábitat crítico o área de refugio para proteger especies acuáticas o se genere una barrera física a un corredor biológico del que dependan una o más especies protegidas por la Ley General de Vida Silvestre o sujetas a alguna categoría de riesgo por las normas oficiales mexicanas, para garantizar la integridad de los ecosistemas y evitar su fragmentación;

• Cuando la obra o actividad de que se trate se encuentre en territorio indígena y no se hayan garantizado los derechos de consulta, previa, libre e informada a que hace referencia los artículos 6, 7 y demás aplicables del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, o que el promovente no sufrague antes de la resolución de impacto ambiental los gastos de dicha consulta, así como cuando se haya consultado a una comunidad indígena y ésta, a través de sus órganos de representación reconocidos por el Estado mexicano, manifieste que el consentimiento informado de la comunidad determine la negativa a autorizar la obra o actividad de que se trate en su territorio, atendiendo principios de progresividad de los derechos humanos;

• Cuando exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o no se hayan acompañado los estudios técnicos que garanticen la viabilidad de la obra o actividad, que deben correr por parte de los promoventes;

• Cuando atendiendo el principio precautorio, se presuma peligro de daño grave e irreversible a los recursos naturales o a la biodiversidad, o al ecosistema de que se trate como consecuencia de la realización de la obra o actividad que se trate, poniendo en práctica la implementación de este principio en caso necesario;

• Cuando existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate, pueda provocar graves impactos ambientales, independientemente de la parte que los presente, lo que busca garantizar en todo momento del  bien común; o

• Cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emita su opinión en contra de la ejecución de dicha obra o actividad, ya que actualmente su opinión no tiene carácter vinculante y muchas veces ha expresado su negativa a que se emita una autorización por las implicaciones para la conservación y manejo de un área protegida.

Otro tema relacionado con el impacto ambiental y que es de particular interés, es que en ningún caso puedan entrar en operaciones aquellas obras o actividades que no hayan cumplido con la totalidad de las condicionantes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues es frecuente que primero desarrollen la obra o actividad y esperen a que llegue la sanción para pagar la multa y seguir operando, lo que se podría convertir en una debilidad de este instrumento. Al no poder entrar en operaciones, los promoventes deberán considerar los costos asociados a no cumplir con este instrumento.

Por otra parte, debe quedar claro que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la responsable de vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, “en todo momento”, lo que incluye desde la fase de construcción, la operación, clausura y post-clausura de la obra o actividad de que se trate. Es una práctica que dicha Procuraduría solo verifica la construcción, ocasionalmente la operación y casi nunca la clausura y post-clausura.

Un tema que ha sido recurrente en las mesas de discusión sobre actualización del impacto ambiental es la que se refiere a los prestadores de servicios de impacto ambiental y su relación con los promoventes de obras o actividades. Se considera necesario reconocer un vínculo entre ambos actores, ya que así se verán obligados a establecer mecanismos de aseguramiento entre ambos para que su desempeño o las obras y actividades que realicen procuren respetar la legalidad, ya que de no ser así, ambos pueden ser sancionados.

Por último, en lo que respecta a medidas de seguridad, se considera necesario que el supuesto de la clausura temporal, parcial o total sea actualizado para incluir aquellas obras o actividades que debiendo contar con autorización en materia de impacto ambiental se ejecuten sin la misma, a fin de que la autoridad que realiza la verificación de la ley, pueda aplicar esta medida de seguridad procurando en todo momento la protección el ambiente y del derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 3, 15, 16, 34, 35, 35 BIS 1 y 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:

I. a III. …

IV.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas;

V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y

VI.- La formulación y ejecución de acciones de prevención y control de la contaminación agua, suelo y atmósfera.

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- a XXIV.- …

XXIV bis.- Precaución.-Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de información o certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

XXV.- a XXXIX.- …

ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I.- a XVIII.- …

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales;

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales, y

XXI. La falta de certeza científica absoluta, no será justificación para que ante un posible impacto negativo o daño inminente, grave o irreversible, a los recursos naturales o la biodiversidad, como consecuencia de cualquier actividad o de la contaminación del agua, aire y suelo, que ponga en riesgo el equilibrio ecológico, la autoridad no aplique medidas precautorias que garanticen el derecho a un medio ambiente sano.

ARTÍCULO 16.- Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I a XVI y XX a XXI del artículo anterior.

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, deberá llevar a cabo una consulta pública conforme a las siguientes bases:

I. Publicará en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en su portal electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la integración del expediente respectivo, el listado de todos los proyectos que serán sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual deberá contener los datos de identificación del proyecto y el promovente;

II. A partir de la publicación del listado a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría pondrá a disposición de cualquier ciudadano, la manifestación de impacto ambiental respectiva.

Los promoventes de los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental podrán solicitar que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado apegándose a la Ley en materia de transparencia y acceso a la información. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances del proyecto y los impactos ambientales previstos

III. Asimismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del listado antes citado, el promovente deberá publicar un extracto del proyecto en un periódico de circulación en la localidad de que se trate, o de la entidad federativa correspondiente;

IV. Cualquier interesado, dentro de un plazo de treinta y cinco días hábiles contados a partir de la publicación del listado referido en la fracción I del presente artículo, podrá proponer a la Secretaría el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones y comentarios que considere pertinentes;

V. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación señalada en la fracción I, cualquier ciudadano podrá solicitar que se lleve a cabo una reunión pública de información cuando se trate de obras y actividades comprendidas en las fracciones  del artículo 28 de esta Ley.

Esta reunión será organizada por la Secretaría en coordinación con las autoridades locales y los gastos serán a cargo del promovente.

La realización de la reunión pública de información de las obras y actividades contenidas en las fracciones del artículo 28, será determinada por la Secretaría con base en la solicitud y en la información que presente el solicitante de la reunión.

Cuando la obra o actividad de que se trate se encuentre en un predio propiedad de una comunidad indígena o pueda afectar un territorio indígena, la Secretaría estará obligada a promover de oficio la reunión de información con la comunidad indígena de que se trate, en las formas y tiempos que garanticen el cumplimiento de los artículos 6, 7, 8 y demás aplicables del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del que México es parte. Los gastos que se generen por esta consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, correrán a cargo del promovente.

La Secretaría, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la solicitud de reunión pública de información, emitirá la convocatoria en la que expresará el día, la hora y el lugar en que la reunión deberá verificarse. Dicha reunión deberá celebrarse en el municipio de la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto.

La convocatoria se publicará por una sola vez en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en el portal electrónico de la Secretaría. Cuando la Secretaría lo considere necesario podrá llevar a cabo la publicación en otros medios de comunicación que permitan una mayor difusión;

VI. La reunión pública de información se llevará a cabo dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y se desahogará en un solo día.

Dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de la reunión pública de información, los asistentes podrán presentar por escrito a la Secretaría sus observaciones respecto a los aspectos ambientales del proyecto, anexando elementos técnicos si los  consideran necesarios, y

VII. La Secretaría deberá agregar al expediente las observaciones y conclusiones derivadas de la consulta pública y de la reunión pública de información que se hubieren recibido, para su consideración en el momento de resolver. Asimismo, dichas observaciones y conclusiones deberán consignarse en la resolución de impacto ambiental correspondiente.

La Secretaría responderá fundada y motivadamente a las observaciones que versen sobre aspectos ambientales del proyecto respectivo, mismas que se publicarán en la sección de la Gaceta Ecológica y en su portal electrónico.

En caso de que el predio donde se pretende desarrollar la actividad se encuentre dentro de la poligonal de un área natural protegida o en su área de influencia, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá determinar si dicha obra o actividad genera o puede generar afectación o daño a dicha área y exponerlo en la reunión pública de información.

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas y tratados internacionales aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o

III.- Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los decretos de las áreas naturales protegidas, los Programas de Manejo de las áreas naturales protegidas, los ordenamientos ecológicos del territorio y demás disposiciones aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies;

c) Se afecte o fragmente un ecosistema considerado hábitat crítico o área de refugio para proteger especies acuáticas o se genere una barrera física a un corredor biológico del que dependan una o más especies protegidas por la Ley General de Vida Silvestre o sujetas a alguna categoría de riesgo por las normas oficiales mexicanas;

d) En caso de que la obra o actividad de que se trate se encuentre en territorio indígena y no se hayan garantizado los derechos de consulta, previa, libre e informada a que hace referencia los artículos 6, 7 y demás aplicables del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, o que el promovente no sufrague antes de la resolución de impacto ambiental los gastos de dicha consulta;

e) Cuando se haya consultado a una comunidad indígena y ésta, a través de sus órganos de representación reconocidos por el Estado mexicano, manifieste que el consentimiento informado de la comunidad determine la negativa a autorizar la obra o actividad de que se trate en su territorio;

e) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o no se haya acompañado los estudios técnicos que garanticen la viabilidad de la obra o actividad;

f) Que, atendiendo el principio precautorio, se presumapeligro de daño grave e irreversible a los recursos naturales o a la biodiversidad, o al ecosistema de que se trate como consecuencia de la realización de la obra o actividad que se trate;

g) Existan estudios científicos que demuestren que la obra o actividad de que se trate, pueda provocar graves impactos ambientales, o

h) La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emita su opinión en contra de la ejecución de dicha obra o actividad.

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate.

En ningún caso podrán entrar en operaciones aquellas obras o actividades que no hayan cumplido con la totalidad de las condicionantes establecidas por la Secretaría de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vigilará en todo momento el exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente durante la construcción, operación, clausura y postclausura de la obra o actividad de que se trate.

ARTÍCULO 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables solidarios del promovente ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, las obras o actividades que debiendo contar con autorización en materia de impacto ambiental se ejecuten sin la misma, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II.- a III.- …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 11 de diciembre de 20104.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2 Y 117 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 117 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 16 de octubre de 2014, se recibieron en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, una serie de propuestas elaboradas por la organización de la sociedad civil Greenpeace México A. C.

Dichas propuestas contienen una serie de iniciativas de reforma legislativas a distintos ordenamientos legales vigentes, entre los que se encuentra la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.   

El Partido Verde Ecolo